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Taller de Periodismo Digital

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La solicitud presentada por el presidente Álvaro Uribe para investigar a Daniel Coronell, director de Noticias Uno del Canal Uno (pública), colaborador de la revista Semana y el diario El Espectador, es un ejemplo de estas maniobras judiciales.

“¿Será necesario dentro de poco que la prensa consiga permiso de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para tener derecho a abordar temas sensibles, como el conflicto armado y la corrupción? Los recientes éxitos de la administración Uribe en su lucha contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ¿le dotan de una legitimidad especial para presionar a algunos periodistas, intentar servirse de ellos como auxiliares de justicia o, lo que es peor, cuestionar su reputación? afirmó Reporteros sin Fronteras.

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Recientemente, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de acusación de la Cámara de Representantes, han citado a varios periodistas por algunos casos que se refieren al escándalo de la “parapolítica”, y a posibles irregularidades en la aprobación de la reforma constitucional, destinada a permitir la reelección del Presidente de la República. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el diario El Espectador, Rodrigo Silva, de la emisora Caracol Radio junto a Edgar Velosa y Sandra Pureza, del Canal Caracol han comparecido en calidad de testigos.

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Amenazado varias veces por paramilitares y obligado a exiliarse en 2005, Daniel Coronell es famoso por su tono crítico con el presidente Alvaro Uribe. El pasado 9 de octubre, el Jefe del Estado le llamó en directo durante un programa de radio para calificarle de “cobarde”, “mentiroso”, “canalla” y “difamador profesional” (ver comunicado del 15 de octubre de 2007). Inmediatamente después el periodista recibió amenazas de las Aguilas Negras, una banda armada procedente del paramilitarismo.

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Por otra parte, William Parra, corresponsal del canal informativo latinoamericano Telesur, y Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, han sido citados en el procedimiento conocido como de la “FARC-política”, que estudia las relaciones entre la guerrilla y algunas personalidades de la oposición. Hasta ahora dichas acusaciones se apoyan en informaciones que las autoridades aseguran haber encontrado al examinar el ordenador de Raúl Reyes, el antiguo número 2 de las FARC, a quien mataron el 1 de marzo de 2008 en Ecuador. A William Parra, y a su colega de Telesur Freddy Muñoz, ya les habían acusado anteriormente de complicidad con la guerrilla (ver el comunicado del 27 de noviembre de 2007). En cuanto a Carlos Lozano, antiguo mediador de paz con la guerrilla, también ha sido objeto de la ira presidencial, por su pretendida relación con la guerrilla.