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La Seguridad Pública en El Salvador Dos años de gobierno de Mauricio Funes

Jaime Francisco Vigil Recinos, MSc.

Puerto Principe, 18 Abril 2011

El Salvador se encuentra a escasos días de cumplir el segundo año de gobierno del Presidente Mauricio Funes y aun no ha podido romper el círculo vicioso de inseguridad, de violencia y delincuencia que tanto aflige a la población. En 2008 y 2009 el entonces candidato era muy crítico de la forma y fondo con que las anteriores autoridades manejaron el tema y se atrevió a generar expectativas en la población. Cuando se cumplió su primer año no se percibieron hechos concretos para asegurar que se estaba fortaleciendo la PNC, ni la investigación del delito ni que los indicadores delincuenciales fueran mejorando. A dos años de su gobierno aún están pendientes acciones concretas en Seguridad Pública que garanticen un ambiente de mayor tranquilidad y seguridad ciudadana. Seguramente la mayor deuda es la necesidad de contar con una política pública de Seguridad Ciudadana que permita que todos los recursos posibles del estado se pongan en función de la Seguridad Interior. Cuanto más se tarde, el país sigue perdiendo miles de vidas humanas y muchísimos recursos financieros como impacto directo de la delincuencia. Cuatro características sobresalen hasta la fecha de las acciones emprendidas en materia de seguridad pública en los veinticuatro meses de gobierno del presidente Funes: i) desconocer aciertos del pasado y hacer de la crítica del pasado su principal eje de acción, ii) el triunfalismo de lo acontecido hasta la fecha que ha sido acompañado con sendas y costosas campañas mediáticas gubernamentales para querer aparentar que vamos por el rumbo correcto; iii) la ausencia de fortalecimiento institucional. A juicio de ser honesto, y dicho sea de paso esas fueron las características y el estilo de su antecesor Antonio Saca. Y finalmente, iv) el sesgo político en la conducción de las instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana que dicho sea de paso están llamadas a ser apolíticas y eminentemente profesionales. Todo ello aunado, ha generado acciones de improvisación y una ausencia generalizada de decisiones estratégicas y consistentes que permitan asegurar un rumbo adecuado a la gestión de la seguridad ciudadana. En el pasado, ha habido ejemplos dignos de admirar en el combate a la criminalidad y que pueden ser utilizados a este respecto. Nueva York y Bogotá vivían presa de altos niveles de criminalidad e inseguridad, pero luego de acciones concretas y de la voluntad para impulsarlas, pasaron a ser ejemplo de transformación no sólo en términos de seguridad y económicos, sino también de percepción por parte de la ciudadanía, lo cual a su vez se tradujo en legitimidad para las instituciones responsables. Aunque en el proceso se emplearon múltiples técnicas e instrumentos administrativos innovadores, la verdadera transformación fue resultado de algo muy simple: el uso del sentido común, y de una visión mucho más definida y transparente de la política pública de seguridad ciudadana. Esos ejemplos aun no hacen eco en la administración del presidente Funes. Algunos teóricos sobre la seguridad ciudadana abordan el tema delincuencial de manera diversa. Mientras que el grueso de personas adopta la línea tradicional que sostiene que el criminal es víctima de sus circunstancias y, por tanto, no se le puede combatir de manera frontal sino que se requieren mecanismos de educación, reinserción e integración social, otros más conservadores creen que la Mano Dura, o parafraseando a Antonio Saca la “Mano Super Dura” es la solución al

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problema de violencia; hay otros mucho más pragmáticos que responden con un planteamiento concreto, hacerle frente a la delincuencia con sentido común y con visión de futuro, transformando completamente el sistema de seguridad ciudadana.. La realidad demuestra que ni uno ni otro son la panacea de manera independiente. En general se necesita de un esfuerzo mucho más integral. De todas maneras cualquiera que sea la línea de pensamiento que se siga, el tema medular es en definitiva el cumplimiento y apego a la ley, de contar con los mecanismos para hacerla cumplir y de impulsar el fortalecimiento institucional. El Salvador necesita de manera urgente desafiar lo que hasta ahora ha sido el dogma policial predominante y la visión de las autoridades responsables de la seguridad pública y dejar de utilizar paradigmas obsoletos, dejar de culpar de todo a lo hecho en gobiernos anteriores y ante todo a las pandillas y a los deportados como la causa principal y “única” del problema de inseguridad del país. Es cierto que las pandillas y las deportaciones desde Mexico y Estados Unidos son todo un problema de atender, pero también es cierto que los verdaderos factores de riesgo que generan la inseguridad y la violencia siguen sin ser atendidos adecuadamente. Se necesita pues estar dispuestos a romper con los dogmas prevalecientes y a retar el “establishment político” como punto de partida para la transformación de tan delicado tema. El gobierno central debe entender que es necesario romper los círculos viciosos que llevaron a la situación que hoy vivimos y que acompañan y hacen posible la criminalidad. La clave, reside en la concepción y la estrategia y esos parecen ser los puntos débiles del gobierno, ahora que es gobierno, puesto que aparentaban ser puntos fuertes cuando las autoridades que ahora gobiernan eran candidatos o diputados y vociferaban sendas críticas al entonces gobierno. Al hacer un balance de lo hecho y de los “éxitos” que se atribuye el mismo presidente Funes y su gabinete de seguridad, él está haciendo todavía más promesas que obras concretas y las pocas obras hechas no permiten tener certeza de que vamos por buen rumbo, ni mucho menos están dando los resultados que con bombo y platillo se anunciaron y se siguen anunciando desde principios de su primer año de gobierno. Sobre el tema violencia podemos decir que el índice de asesinatos se sigue manteniendo entre 12 y 13 homicidios diarios, sin duda este indicador lo podemos situar en el área de los fracasos. Hace dos años, el presidente Funes se comprometió a bajar los índices delincuenciales. La realidad demuestra que algunos índices no se han mantenido, sino que por el contrario han aumentado; cuatro ejemplos bastan para el caso: las masacres han aumentado, las muertes que tiene relación con el transporte colectivo siguen en aumento, el tema de la violencia en menores ha aumentado (lo más reciente es la muerte de estudiantes) y los feminicidios también han ido en aumento. Lamentablemente, el fracaso de su gestión ha dejado ya unos 8,300 homicidios en los 24 meses de su gestión. Los dos mil 500 efectivos del ejército que salieron a patrullar las calles y a controlar el sistema penitenciario, el acuartelamiento de la PNC que se dijo en inicios de su mandato que desaparecería y que luego fue restablecido con menos incentivos para los agentes policiales, no han bajado los índices de delincuencia como tanto se nos dijo durante la campaña presidencial y mucho menos al inicio de los ya 24 meses de gobierno. Por el contrario, algunos analistas creen que está resurgiendo un nuevo tipo de escuadrones de la muerte. De hecho, algunas muertes recientes parecen más acciones de grupos de exterminio que presuntamente intentan hacer el trabajo que el Estado no lleva a cabo para contener la extrema violencia que sacude al país. Lo curioso del caso es que el mismo presidente Mauricio Funes ha reconocido el problema, al hablar de la peligrosidad alcanzada por el "crimen organizado", denotando así la compleja tarea que tiene por delante y la poca efectividad en los 24 meses de su labor. Según datos del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), El Salvador es el país que más policías tiene por habitante en la región Centroamericana, esto sin sumar los efectivos del

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ejército y los cuerpos de agentes metropolitanos. Desde un punto de vista pragmático, lo anterior significa que el problema no tiene que ver necesariamente con número de policías o número de efectivos aunque seguramente que ayuda. Más bien el tema hay que verlo en la ineficacia en el combate y prevención de la delincuencia y violencia así como en la ausencia de acciones claras y herramientas técnicas adecuadas para hacerle frente a tan complejo fenómeno. También tiene que ver con lo que se llama táctica y estrategia en la prevención del delito y de aplicar adecuadamente la inteligencia policial. Demás está decir que también es necesario generar un clima adecuado de convivencia ciudadana y de paz social. En otras palabras, se necesita poner más énfasis en las acciones emprendidas hasta ahora puesto que el plan de seguridad no ha dado los frutos requeridos. Claramente, el gobierno de Funes tiene desafíos urgentes que enfrentar y para lo cual necesita, principalmente, del respaldo de su partido, pero también del respaldo de otros actores socio-políticos. Hasta la fecha el presidente ha estado más ocupado en impulsar vetos a todo lo que recibe del Órgano Legislativo, a administrar una campaña mediática para aparecer bien ubicado en encuestas de opinión, pero muy poco ha hecho para hacerle frente a la delincuencia en general y al crimen organizado. A este respecto, la sociedad civil y los partidos políticos han hecho aportes: ARENA hizo su aporte en Mayo de 2010 y la ANEP ha hecho sendos aportes en sus últimos dos Encuentros Nacionales de la Empresa Privada (ENADE 2010 Y 2011). En ambos casos, los aportes fueron recibidos y enviados a la caja de los recuerdos. Una respuesta inmediata y mediática a ese desafío ha sido la decisión sacar a la calle a la Fuerza Armada, para que apoye a la Policía Nacional Civil (PNC) en tareas de seguridad pública. Desde que fue anunciado por el presidente esto ha sido visto como una decisión controversial, especialmente porque el FMLN –en momentos en que gobernaba ARENA- siempre se opuso férreamente a una medida de esa naturaleza. Sin embargo, la falta de planes concretos para enfrentar la delincuencia y la violencia de país y las urgencias que plantea la propagación del crimen hacen comprensible la decisión del presidente Funes, al menos como una salida de cortísimo plazo, pero mantener a la Fuerza Armada en el mediano y largo plazo no permite avanzar en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenir, perseguir y erradicar el crimen. En todo caso, la participación de la Fuerza Armada debe ser normada de tal forma que pueda cumplir su objetivo acorde a la gravedad de la situación y evolución del accionar criminal general, del crimen organizado y la narcoactividad. Está claro que estos fenómenos criminales se han convertido en una amenaza para el estado y que es necesario actuar coherentemente con esta realidad. Otro hecho que puede mencionarse de la gestión del presidente en este Segundo año de gobierno es la sanción a la Ley de Prescripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal. Sin duda una acción positiva de su gestión. De todas maneras, aun sigue pendiente implementar los mecanismos necesarios para que la ley sea aplicada y cumpla los objetivos planteados. Según un artículo publicado en “Los Angeles Times”, El Salvador ha sido seleccionado por los cárteles de México como centro para la distribución de narcóticos; lo que ha motivado que al país se le haya denominado “El Caminito”. Ante esta encrucijada, el presidente Funes ha generado una acción de acercamiento con el gobierno estadounidense y con la región Centroamericana. Como resultado de su gestión, el presidente Barack Obama en su reciente visita al país el 22 de marzo de 2011 prometió entregar US$200 millones en ayuda a los países de Centroamérica para luchar contra el narcotráfico y la violencia de pandillas. También, anunció la creación de la Asociación Centroamericana de Seguridad Ciudadana y que el dinero será destinado a iniciativas para combatir la pobreza y abordar problemas sociales estructurales que llevan a los jóvenes al crimen organizado. Aunque estas acciones no aparecen reflejadas en el plan de gobierno, todo parece indicar que este es otro punto positivo de su gestión. En todo caso, sigue quedando también pendiente conocer más

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detalles de tales iniciativas, las que si no se apura el paso, el presidente Funes no podrá verlas implementadas. Hace un año, en su discurso ante la Asamblea Legislativa el presidente Funes dijo que un verdadero plan de seguridad no puede tener éxito sin una amplia y eficaz Estrategia de Prevención Social de Violencia. Su discurso fue muy opaco y poco abundante en definir las acciones a emprender para su segundo año en materia de seguridad pública, de allí que al cierre de este segundo año de gobierno sea sumamente difícil evaluar su gestión. A decir verdad, el presidente se comprometió en su “Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno de la República de El Salvador” para el período 2010-2014 con una “Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia” y nos vendió la idea de pretender convertirla en una política de estado. Si el espíritu real del gobierno de la república es el de afrontar la violencia y la criminalidad desde una visión colectiva y diversa de la sociedad que pretenda reducir los altísimos niveles de violencia y de inseguridad, y que incida de manera simultánea en la dimensión estructural del problema, pues a todas luces nada indica que esto se haya logrado o que estemos en el rumbo adecuado. La lucha por consolidar la reforma de seguridad iniciada en 1992 costará muchos más años. Todos los actores relevantes en esta área lo saben. Sin embargo, hay razones para dudar de que los diagnósticos oficiales sean suficientemente autocríticos o de que los planes impulsados hasta la fecha sean adecuados. Si no existen voces de apoyo, de propuesta y también de grupos de presión sobre este tema, y si el presidente no hace un esfuerzo adicional por darle un giro a su política de seguridad ciudadana pues tendrá que estar claro que pierde un recurso necesario para generar acuerdos sobre el quehacer pendiente y se hace más remota la posibilidad de una adecuada fiscalización y transparencia de las acciones del gobierno y por tanto de la seguridad que todos anhelamos. Si el Presidente Funes empleara su capital político en impulsar un proceso concertado, donde la implementación de sus directrices se vuelva la responsabilidad compartida de todas las partes, El Salvador podría tener una receta para avanzar en un área tan difícil como lo es la seguridad ciudadana. Confiar el futuro de la seguridad pública a un sistema de política excesivamente personalizada, poco transparente y caracterizado por negociaciones que excluyen sectores afectados de la sociedad, no puede ser la mejor alternativa. El presidente debe entender que la polarización no contribuye a trabajar conjuntamente para enfrentar el grave problema que tenemos por delante; por lo tanto el reto fundamental es lograr la unidad nacional alrededor de una verdadera política pública de seguridad ciudadana en el que la gran mayoría pueda sentirse parte y segura. Aun quedan tres años más, así que ya veremos que sucede.