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El NUEVO MODELO PRODUCTIVO que propone Izquierda Unida Página 1

Documentos para el debate 3

El NUEVO MODELO

PRODUCTIVO que propone

Izquierda Unida


1 Tras seis años de crisis

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En febrero de 2010, Izquierda Unida celebraba sus I Jornadas sobre un nuevo modelo productivo. Si bien la crisis ya mostraba su dureza y había sido correctamente analizada en los materiales de nuestra IX Asamblea Federal, aún no se había producido “la caída del caballo” de Rodríguez Zapatero con su conversión a las políticas de recorte y austeridad tras su visita a Bruselas en mayo de 2010, ni se había recibido la famosa carta del BCE.

Tras más de seis años de profunda crisis económica (2008-2014), se puede afirmar que la estrategia de la austeridad ha fracasado. La OCDE e, incluso, el Banco Central Europa lo hacen entender tras sus últimos estudios y medidas. El empleo no despunta en los países europeos ni en España. Las medidas de recorte han situado a las economías europeas en el estancamiento o la recesión. El modelo neoliberal de construcción europea, asentado en el consenso de Bruselas entre socialdemócratas y conservadores está agotado.

El comportamiento del “núcleo duro” del capitalismo español

El análisis de clase de la composición del capitalismo español durante la dictadura franquista identificó a los sectores determinantes bajo la denominación de oligarquía financiera y


terrateniente. Durante la transición y con el auge del neoliberalismo se abandonó en nuestra sociedad el análisis de clase. Esto ocurrió en la Universidad y en las publicaciones, pero también entre las fuerzas políticas y sociales. El “mercado” apareció como un asignador neutral y eficiente de los recursos. Incluso se ha teorizado la dilución de la clase obrera (no solamente las modificaciones en su estructura y composición). Paradójicamente, o no tanto, sólo la CEOE siguió creyendo en la lucha de clases y aplicando importantes recursos para ganarla.

Una alternativa al actual modelo productivo debe partir de un análisis, aunque sea somero, de la estructura fundamental del capitalismo español, de su evolución y transformaciones y de su relación con el poder político. Este es uno de los principales desafíos teóricos que está pendiente.

Junto a ello, se ha hecho muy poco por estudiar el impacto de la crisis sobre la pequeña burguesía, cuyas modificaciones objetivas y subjetivas fueron ya objeto del trabajo de Carlos Marx. Seguramente, algunos de los fenómenos políticos emergentes podrían ser mejor valorados con ese análisis.

Los elementos esenciales que nos permiten un criterio acertado es la consistencia de la contradicción capital/trabajo como factor central y articulador del resto de las contradicciones y la consideración de que el problema del poder está vinculado a esa contradicción, al modo de producción y la obtención de la plusvalía.

En su proceso de internacionalización, la estrategia del gran capital español ha consistido en consolidar y reforzar sus ventajas comparativas, mientras que se ha preocupado escasamente por superar sus desventajas con relación a otros competidores (por ejemplo, altos costes financieros, escasa tecnología e innovación, calidad y servicio post-venta muy deficientes, escaso músculo financiero para las empresas que no forman parte del núcleo de hierro del sistema o no mantenían relaciones preferentes con él, modelos de gestión ineficientes, etc.).

Estas ventajas comparativas han sido esencialmente las siguientes:

Salarios bajos y escasa protección social; fiscalidad muy favorable; reducidos costes medioambientales para las empresas (cuya consecuencia ha sido un deterioro muy grave del medioambiente y la externalización a la sociedad de esos costes); privatización casi total del sector público que aprovechó la acumulación primitiva generada por los beneficios de un mercado público cautivo para financiar la expansión internacional (Telefónica, Repsol, eléctricas, etc.); un poderoso sistema financiero que controlaba una parte importante del sector productivo y tiene estrechas relaciones con el poder político; una cierta diversificación hacía sectores más modernos, fundamentalmente ligada al desarrollo del sector servicios y a los contratos públicos; políticas de externalización destinadas a sacar de las empresas las áreas y departamentos que no constituían el núcleo central del negocio ni las fuentes decisivas de la plusvalía ni del control de la producción.

La funcionalidad capitalista del modelo actual

Pero este modelo productivo español, siendo perverso para los intereses del pueblo trabajador y las necesidades de la economía real, ha sido completamente funcional para el desarrollo del núcleo central del capitalismo español: el sector financiero, las multinacionales energéticas y las constructoras. La especulación del suelo (y no, esencialmente, de la construcción residencial) generó una acumulación inicial gigantesca que ha financiado la


extensión e internacionalización del capital financiero y de las grandes corporaciones, que algunos autores elevan al 50% del PIB. Para comprender esto es necesario tener en cuenta la vinculación esencial entre capital financiero y grandes empresas y el sentido de la misma, así como la política de privatizaciones del bipartidismo.

Por ejemplo, analizando los flujos de inversión. Entre 1980 y 1998 predomina la inversión directa procedente del exterior (en torno al 6% neto del PIB), mientras que entre 1998 y 2006, hay una salida de capital ligeramente superior (el 6,2%del PIB). Hay un consenso bipartidista implícito: en el primer periodo (1980-98, gobernado esencialmente por el PSOE), se facilita la entrada de capital extranjero mientras se inicia una operación de privatización y acumulación en las grandes corporaciones aunque reservándose un cierto control público de estas. En el segundo periodo, gobernado por el PP, se acelera y culmina el proceso, expulsando al Estado de sus posiciones de control y vinculando las operaciones a gestores empresariales “nacionales” vinculados al poder político (los famosos compañeros de pupitre y las puertas giratorias). Fruto de ello, los principales grupos de capital de España se trasforman en líderes en el terreno internacional de empresas de servicios públicos: telecomunicaciones, electricidad, sistema financiero (seguros y banca), aguas, infraestructuras y energía (gas y electricidad), primero en Latinoamérica y luego también en Europa.

¿Qué significa esa especialización del gran capital español? Sus inversiones se hacen en servicios sin apenas arrastre comercial, mientras que la internacionalización basada en la industria hubiera incorporado crecimiento de las exportaciones, no sólo por la relación filial/matriz sino, sobre todo, a través de las pyme proveedoras (es el caso, por ejemplo de la industria auxiliar del automóvil). Eso explica que pese a la fuerte presencia de transnacionales de origen español, las exportaciones españolas a América Latina estén tradicionalmente estabilizadas en el 6% del total de las exportaciones. Pero, ojo, no hay que minusvalorar esta internacionalización. Se trata de sectores estratégicos esenciales para el sistema capitalista (en ellos se juega sentido y el poder en la globalización) y para cada país (representan porcentajes muy altos del PIB, superiores en muchos lugares al 50%). Los ejecutivos de las “nuevas” grandes empresas españolas formaron parte del grupo de empresarios que más rápido y mejor comprendieron la oportunidad de ganar tamaño internacional en servicios. Su rol de “nuevos conquistadores”, asociada por supuesto a la capacidad de corromper, fue denunciada en muchos países latinoamericanos.

En 1994 no había en el mundo ninguna empresa de servicios entre las 50 primeras corporaciones, en 1998 eran 18 y en los primeros años 2000, más de 25. La denominación “servicios” es actualmente más imprecisa que antes, agrupa el 66% del PIB y el 70% del empleo, con subsectores de alto valor económico y alta capacidad de tracción futura, vinculados a la economía del conocimiento, junto a otros segmentos secundarios. Por ejemplo, en EEUU el subsector de ocio y cultura aporta más valor que el automóvil.

En España, considerando también “el español como recurso económico”, estamos en el 3,3% del PIB, tanto como el sector primario y el doble que la energía. En Andalucía, por ejemplo, los servicios intensivos en conocimiento aportan (según datos de Eurostat) un 25,4% a su PIB mientras que la industria de alta y media tecnología sólo aporta un 2,4%. Servicios tampoco es equivalente a turismo. El peso de los servicios no turísticos en las exportaciones españolas ha aumentado sensiblemente, duplicándose desde 1995 hasta superar el 20% del total. Hemos multiplicado por cuatro nuestra presencia en servicios de ingeniería y arquitectura asociados a la construcción y aumentado consistentemente nuestra cuota en servicios destinados a empresas (B2B), y también al transporte.

Todo ello explica que no se pueda definir al capitalismo español como un capitalismo retrasado o poco desarrollado y que sea más cierto afirmar que ha obtenido beneficios muy


significativos de un modelo de integración en la economía mundial bien desarrollado. Ante algunas teorías, resulta conveniente citar los estudios de Antonio Sanabria en el trabajo titulado “Algunos apuntes en torno al mito de la competitividad en España” y publicado por la Fundación 1 de Mayo. Así el Excedente Bruto de Explotación sobre PIB de Alemania, P. Bajos, España, Grecia e Italia han convergido entre 1995 y 2012. En concreto, entre España y Alemania, la diferencia ha pasado de unos 10 puntos (1995) a unos 2 (2010).

La salida neoliberal de la crisis

La crisis del capital financiero español es el acontecimiento de mayor trascendencia política y económica en muchos decenios. Las vinculaciones entre el capital financiero y las grandes empresas, los medios de comunicación y algunos partidos políticos dan un cariz especialmente grave a la crisis sistémica en nuestro país. La fracción dominante del capitalismo español tendrá serias dificultades para jugar ese papel en el futuro. El capital financiero es incapaz de resolver las contradicciones a las que le ha llevado su propia lógica y el consentimiento desregulador. Esto abre nuevas posibilidades a políticas de alianzas diferentes, siempre que la hegemonía corresponda a las fuerzas que aportan la concepción global que explica la trasformación y la alternativa hacia una nueva sociedad. Esas políticas de alianzas deben tener una base objetiva que es la recuperación de la producción nacional, sobre la base de un desarrollo sostenible que genere pleno empleo y que implique una incorporación cualitativamente diferente en la economía internacional. No hay más riqueza que la que produce el trabajo humano.

Derrotar el bipartidismo El nuevo modelo productivo exige romper con las políticas llevadas a cabo en los últimos decenios, tanto por el PSOE como por el PP. En este mismo documento hemos valorado las diferencias existentes entre ambos, que son reales, pero es necesario subrayar que los dos partidos mayoritarios (junto a los nacionalistas) coinciden en el proyecto liberal de construcción europea, la disminución del coste del trabajo como factor de incremento de la llamada “competitividad”, el desmantelamiento de los servicios públicos y la aplicación política de medidas funcionales a los intereses del capital financiero. Ambos han coincidido en el mantra ideológico de que “no hay otra salida”.


2 El Nuevo Modelo Productivo

(NMPA)

Una alternativa estratégica, que ligamos a un nuevo proyecto de país

Cuando hablamos de Nuevo Modelo Productivo (NMPA) no estamos refiriéndonos a un nuevo sistema de relaciones de producción que acabe con la explotación de los seres humanos y su alienación, que entendemos como un socialismo profundamente democrático. El objetivo último de IU es claro: los documentos de la X Asamblea declaran que IU “pretende contribuir a la transformación del actual sistema capitalista en un sistema socialista, fundamentado en los principios democráticos de justicia, igualdad solidaridad, libertad y respeto por la naturaleza, el medio ambiente y las diferencias personales, y defensora de la paz como principio para la convivencia entre los pueblos”. Asimismo se afirma que dicha sociedad socialista se organizará a través de un estado social y democrático de derecho, republicano, federal y laico.

Para Izquierda Unida la construcción de un nuevo modelo productivo es una propuesta estratégica porque el modelo que ha materializado el desarrollo capitalista en la formación social española en los últimos decenios está en crisis profunda. Esto es más claro aún con la crisis del capital financiero, fracción dominante en el capitalismo español.

Un modelo productivo que ha sido perverso para la sociedad española. En él está la causa principal de que la crisis mundial del sistema sea en España más grave y profunda.


El modelo productivo español no se ha caracterizado solamente por una polarización sectorial hacia la construcción residencial (espoleada por la especulación del suelo) y determinado tipo de servicios (fundamentalmente, la hostelería de escaso valor añadido).

Además de ello, los principales rasgos de ese modelo son: salarios bajos y escasa protección social, dependencia tecnológica, grave endeudamiento de las empresas y las familias, elevado déficit comercial (sólo parcialmente limitado en los últimos meses), alto impacto medioambiental, una fiscalidad regresiva insostenible, un elevado porcentaje de economía sumergida y una significativa corrupción inseparable del desarrollo del modelo.

Esto ha tenido como consecuencias más significativas desde nuestro punto de vista el elevado incremento del paro (al comienzo de la crisis, la tasa de desempleo en España y en los principales países europeos es equivalente -en torno al 9,5%-; ahora, la media europea es del 12,6% mientras que el índice en España es del 25%), una elevada polarización de la renta, con un descenso importante de la participación de las rentas salariales en la renta nacional, un retroceso de la productividad (compensado en los últimos años por el incremento del paro) y una degradación ecológica de proporciones importantes.

Un modelo incompatible con el neoliberalismo

El NMPA es una alternativa de modelo de sociedad. La salida de la crisis no se dilucidará en el terreno económico, sino en el político. Su contexto global es una democracia política y social avanzada.

Con ese criterio, no se trata sólo de generar una alternativa económica. Se trata también de una alternativa política, social, cultural e ideológica, una alternativa para la movilización, la acumulación de fuerzas, la participación y la regeneración democrática. El NMPA es incompatible con el neoliberalismo. Su objetivo inmediato es equilibrar mercado y Estado, situando como propios los intereses de la mayoría social, la creación de empleo estable y de calidad, y el desarrollo sostenible desde los puntos de vista humano, social y medioambiental

La construcción del NMPA no puede ser fruto de un acto, sino de un proceso en el que la participación y la movilización son imprescindibles. En este sentido, su vinculación con el proceso constituyente que IU propone es clara.

El nuevo modelo que defendemos es mucho más que una alternativa macroeconómica. Cada propuesta debe partir de los problemas de las personas y definir soluciones concretas, capaces de generar complicidad, apoyo y alianzas. Exige la participación más amplia en su elaboración y debe ser un factor fundamental en la convergencia social alternativa.

Contenidos fundamentales del NMPA que proponemos

La construcción de nuestro NMPA debe partir del análisis crítico del modelo fracasado y de las políticas neoliberales que lo han sustentado e impulsado, incorporando como orientación estratégica de la alternativa nuestro concepto de nuevo proyecto de país. La contradicción capital/trabajo está en el centro de esta elaboración:

Considerar el pleno empleo, digno y de calidad, como el eje determinante del nuevo modelo productivo con políticas de reparto del trabajo y producción sostenible. En última instancia, el Estado debe ser “empleador de último recurso” mediante un sistema de Trabajo Social Básico garantizado.


Defender lo público y el papel de lo público en la economía. En nuestra propuesta, el Estado debe reequilibrar el mercado, no solamente corregirlo. El Estado debe volver a entrar en la economía, no sólo como salvavidas coyuntural, sino para quedarse. El Estado y otras formas de propiedad social, pública y democrática.

Modificar el modelo de relaciones laborales, que es en España uno de los rasgos más negativos del actual modelo productivo, acentuado por las reformas laborales. Y una parte esencial del cambio en el modelo de relaciones laborales es la reforma empresarial y no la reforma laboral. Hay que cambiar la gestión empresarial en este país; hay que penalizar el modelo de salarios bajos, precariedad y desregulación.

Introducir la democracia en la economía, desde la planificación sostenible del desarrollo hasta la gestión de cada empresa concreta.

Desarrollar legalmente la exigencia de cumplimiento de los derechos subjetivos establecidos, pero olvidados en la actual Constitución Española en el marco de un proceso constituyente: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, etc.

Modificar profundamente el sector financiero, recuperando y desarrollando el papel de la Banca Pública. Los Bancos intervenidos deben permanecer en manos del Estado indefinidamente.

Enfocar desde el interés general, democráticamente expresado, los desafíos de la reforma del modelo energético, del uso de los recursos naturales como el agua y de los retos del cambio climático.

Defender y desarrollar la protección social, la Seguridad Social, y los servicios sociales. Asegurar la dignidad en la vida de las personas mediante una política de recursos y rentas básicas garantizados

Garantizar la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos, con propiedad y gestión públicas.

Producir un cambio radical en los fundamentos de la política agraria para que verdaderamente apoye un modelo social de agricultura, productivo y sostenible. La alimentación debe ser considerada un asunto estratégico y la soberanía alimentaria un principio rector.


3 La crisis en Europa y en

España

Para generar una alternativa correcta, conviene distinguir bien entre las características y consecuencias globales de la crisis sistémica del capitalismo y sus peculiaridades en el marco de la UE, puesto que no existe la misma respuesta en otras áreas de fuerte desarrollo capitalista como Japón y EE.UU, en los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) o en países importantes como Australia o África del Sur.

Por la misma razón es importante distinguir entre las consecuencias generales de esa crisis en la UE y en la zona euro, debidas al proceso de construcción europea dirigido por el neoliberalismo, y las experimentadas en las relaciones centro-periferia de la zona euro.

En este sentido, no podemos ignorar que hay condiciones específicas de la formación social española distintas de una generalización que nos englobe entre los “países del sur”. Si no es así, nosotros mismos invalidamos nuestros análisis sobre la crisis del sistema constitucional español, que no es el mismo que en otros países, sobre el bipartidismo, que no existe en otros lugares, y sobre la perversión del modelo productivo implantado por el capitalismo español que es muy diferente al de otros países.

Por ejemplo, como hemos dicho más arriba, las cifras de desempleo son aproximadamente las mismas hasta 2008 en la mayor parte de los países mayores de Europa (en torno al 9% de la población activa) incluida España. Es a partir de ese momento y, como consecuencia del agravamiento de la crisis cuando se disparan las diferencias hasta hacer que el paro en España sea más del doble de la media europea y la cifra de desempleo juvenil supere a todos los demás países europeos. Eso es inexplicable sin un análisis concreto de España.

Una crisis sistémica


En las II Jornadas decíamos: “La caracterización de la crisis como una crisis global del sistema capitalista y no una mera crisis financiera ha permitido a Izquierda Unida elaborar una propuesta alternativa también global. Estamos ante el fracaso del modelo neoliberal y globalizador que quiso encontrar en la internacionalización geográfica (posibilitada en gran parte en la extensión del mercado que representó la caída de los países del llamado socialismo real), en la inclusión de nuevos sectores, hasta ahora públicos, en el mercado y, por tanto, su consideración como mercancías, y en una financiarización extraordinaria de la economía, la solución a la caída de la tasa de ganancia evidente desde mediados de los años setenta.

Es una crisis global, en la medida que afecta a aspectos estructurales del modelo capitalista dominante y se manifiesta –como en un caleidoscopio- como crisis financiera, de producción y empleo, de materias primas y recursos energéticos, medioambiental y como crisis monetaria. Afecta también a aspectos super estructurales de la política y la democracia, incluyendo el modelo de construcción europea. La crisis deriva de la injusticia. España no es más pobre que hace cinco, diez o quince años, pero el reparto de la renta es mucho más desequilibrado.

Una crisis del modelo de construcción europea

La raíz de los problemas por los que atraviesa la Unión Europea se encuentra en su diseño político y económico, de tal forma que para la superación de la crisis será imprescindible una democracia mayor y más participativa, una gobernanza económica orientada al crecimiento sostenible y al empleo, y políticas redistributivas en defensa del modelo social europeo. Será necesario pasar de la Europa de los mercados a la Europa de los pueblos.

En particular, Europa –a diferencia de otras regiones geográfico-comerciales- se encuentra atrapada por el fracaso de las políticas de austeridad. Los recortes presupuestarios agudizan la recesión que, a su vez, alimenta el déficit público y el círculo perverso se cierra con el refuerzo de las políticas de austeridad por parte de los Gobiernos. En esta espiral depresiva se imponen devaluaciones salariales internas y recortes presupuestarios, laborales y sociales. Son políticas injustas, que aumentan la desigualdad y asfixian la actividad económica y al empleo.

Europa necesita políticas de estímulo para intentar salir a corto plazo de la crisis y para ello es preciso flexibilizar los objetivos de déficit y abandonar la política de austeridad y recortes.

El Banco Central Europeo ha de tener un papel activo a corto plazo en la gestión de la crisis y debería ser reestructurado para cambiar de prioridades y objetivos, centrándose en la creación de empleo y no únicamente en satisfacer los intereses de las instituciones financieras de los países que componen el núcleo central de la Unión Europea.

Y es necesario lograr una mínima armonización de las políticas fiscales en materia tributaria, implementar sin retraso un impuesto a las transacciones financieras y luchar de forma decidida contra los paraísos fiscales.

La Unión Europea no puede continuar por más tiempo sin garantizar la sostenibilidad de las deudas soberanas de todos sus Estados y sin hacer nada para salir de la recesión.

Propuestas de IU:

1.- Un plan de inversiones por un importe equivalente al 2% del PIB europeo (unos 190.000 millones anuales) sería una buena medida si se trata de inversión nueva, que puede


ser financiada a través del Banco Europeo de Inversiones y de la emisión de euro obligaciones, y no de una simple reordenación de partidas de los fondos estructurales ya aprobados.

2.-La adopción de un plan de emergencia para la financiación de la creación de empleo y el establecimiento de las bases para una Estrategia Europea de Inversiones Sostenible, a través del nuevo instrumento financiero denominado bonos de proyecto emitidos por el Banco Europeo de Inversiones y tantos otros instrumentos como sean necesarios, que aumente la capacidad de financiación para inversiones que tengan como objetivo modificar la estructura productiva de los países miembros a fin de que todos presenten estructuras productivas diversificadas y de alta productividad, garantizando la transformación hacia una economía verde.

3.-Flexibilización inmediata de los objetivos de déficit y deuda pública. Renegociar los objetivos presupuestarios de medio plazo (MTBO) para permitir una política fiscal expansiva.

4.-La utilización por parte de las instituciones europeas, en el ámbito de sus mandatos, de todos los instrumentos a su alcance para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. El Banco Central Europeo también debe “de facto” cambiar sus prioridades y abogar por el crecimiento, aplicando una política monetaria expansiva.

5.-Avanzar hacia una unión bancaria en el ámbito europeo que permita el desarrollo de una banca pública europea cuyo objetivo sea financiar las inversiones a largo plazo y cuya actividad de gestión de depósitos esté nítidamente separada de la actividad de inversión. La Unión Bancaria requiere en primer lugar la modificación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a fin de que este pueda recapitalizar directamente a las entidades financieras, sin generar mayor deuda y déficit público estatal. Cualquier intervención bancaria a nivel europeo debe comportar un exhaustivo control democrático.

6.-El desarrollo de una política de coordinación salarial a nivel europeo que vincule el crecimiento de los salarios reales al crecimiento de la productividad en los países con déficit comercial, y que establezca un aumento de los salarios reales superior al crecimiento de la productividad en los países con superávit comercial. Asimismo, el establecimiento de topes salariales (políticas de salarios máximos) tanto en el sector público como en el sector privado. Para estos objetivos, el diálogo social a nivel europeo debe ser reforzado. Los sindicatos deben participar a su vez en el diseño de políticas públicas macroeconómicas.

7.-El establecimiento de una cámara de compensación monetaria europea para las transacciones comerciales, a fin de que se introduzcan incentivos adecuados para evitar excesivos déficits o superávits comerciales.

8.-La reestructuración del Banco Central Europeo para que rinda cuentas al Parlamento Europeo, así como su modificación estatutaria para establecer como prioridad la consecución del pleno empleo y la capacidad de intervenir en el mercado primario de deuda pública estatal. Dicho cambio debe darse en el marco de una Convención Europea para la modificación de los tratados en donde se incluyan otras modificaciones institucionales en la Unión Europea para garantizar una Unión Política y Económica.

9.-La prohibición de las operaciones con derivados de crédito o credit default swap vinculadas a la deuda pública, así como de todas las operaciones financieras al descubierto.

10.-El desarrollo de una política energética europea destinada a sacar, en un tiempo máximo de 10 años, toda industria energética del ámbito del mercado en aras de adecuar el modelo de producción y consumo a las exigencias del entorno natural. El primer paso para esto es el cumplimiento con los objetivos marcados en la estrategia EU 2020.


La salida de la crisis en España

El Gobierno confía en superar las graves consecuencias de las políticas de austeridad mediante la mejora de la balanza comercial. Se trata de una previsión sin fundamento serio por la desaceleración del crecimiento de nuestros mercados de destino (empezando por los de la UE que concentran el 66% de las exportaciones españolas). Pero no se trata sólo de eso: la reinversión de los beneficios empresariales es muy escasa y el descenso del gasto y la inversión públicas agravan el problema. La depresión del consumo interno afecta también a las empresas exportadoras (que sólo venden en el exterior el 37,7% de su producción). Las políticas de austeridad han fracasado también en España. Todas las medidas, sin excepción, tomadas por los Gobiernos del bipartidismo, tanto directas como indirectas, han tenido por objetivo mejorar el balance de los bancos. Esto, por supuesto, también ha ocurrido en Europa, donde el Comisario Almunia estima en más de 600.000 millones de euros la suma de ayudas a la banca, sin contar las políticas, pero en España ha sido aún más significativo. Entre los 3 grupos nacionalizados (BFA-Bankia, Catalunya Banc y NCG) suman unas ayudas de 211.485 millones (integrados por capital, avales, traspaso de activos a la SAREB y préstamos del BCE). A ello habría que añadir los créditos bajo interés del BCE al conjunto de la banca española por un importe próximo a los 370.000 millones de euros. A día de hoy todavía hay dudas de solvencia y Europa exige nuevas pruebas de estrés.

El cambio de modelo productivo que está imponiendo la derecha conservadora con su estrategia de salida de la crisis basada en la austeridad, la devaluación interna y las reformas desreguladoras del mercado laboral, el recorte de pensiones y bienes públicos y la entrega al sector privado de las actividades públicas que ofrezcan algún indicio de poder contar con una demanda solvente susceptible de generar beneficios privados es fundamental para reponer e, incluso, acrecentar la tasa de ganancia del capital.

Esa austeridad traba el arranque de la economía. Bastaría con cambiar esas políticas por otras medidas destinadas a impulsar el crecimiento, sea desde el gasto público, el aumento de los salarios, una mayor demanda de los socios del norte de la eurozona o desde proyectos europeos de mayor envergadura en la inversión de infraestructuras comunes o en apoyo a la contratación de los jóvenes. Esas medidas podrían ahorrar mucho sufrimiento social y evitarían bastantes de los costes económicos producidos por la destrucción en curso de recursos productivos. La autocrítica hecha por la OCDE, el FMI y el BCE es insuficiente.

No parece que las iniciativas comunitarias y del BCE que a corto plazo se van a poner en marcha en ese sentido tengan suficiente envergadura, dada la frontal oposición que expresan los países del norte de la eurozona y las instituciones comunitarias a que una prematura reactivación o una mutualización de deudas paralicen las reformas estructurales que los países del sur de la eurozona se han comprometido a llevar a cabo.

En el caso español, donde la crisis ha sido mucho más profunda como consecuencia, precisamente, del modelo productivo específico, solucionar los graves desequilibrios, desajustes e ineficiencias de la economía española requiere romper con las políticas de recortes, austeridad y devaluación interna impuestas por la derecha europea y la derecha económica y política española, con el uso cómplice de las instituciones por el bipartidismo, y situar como alternativa inmediata practicable la generación de empleos socialmente útiles y la construcción de mecanismos de protección social que garanticen una vida digna a todas las personas que están siendo arrojadas a los márgenes del sistema y son excluidas de la vida social.


Las medidas urgentes, imprescindibles para la solidaridad y la justicia social, no son suficientes para garantizar un futuro con empleos y bienestar a todas las personas que viven y trabajan o buscan trabajo. Deben articularse en una estrategia a largo plazo de ensanchamiento y modernización de la base industrial de la economía española y construcción de un nuevo modelo productivo.

Pero al mismo tiempo, hay que comenzar una estrategia articulada y coherente, de avances concretos hacia ese modelo.

Ventajas comparativas de la economía española

Hay que propiciar un cambio radical en el modelo de ventajas/desventajas comparativas de los productos españoles. Rechazamos el esquema ideológico contenido en la idea más extendida de competitividad, que finalmente se reduce a la competitividad por precio. Incluso desde ciertas propuestas progresistas, cuando se propugnan soluciones de devaluación competitiva se acepta implícitamente ese criterio que conduce indefectiblemente a la justificación de la reducción de los costes salariales. Según un reciente estudio, la repercusión del coste salarial en el ingreso neto por producto vendido es en España, en media, del 13%, lo que desmonta la relación coste salarial-competitividad. Entre las desventajas comparativas cuya corrección debe ser prioritaria, destacamos las siguientes:

a) Debilidad y dependencia financiera, subsanable mediante una Banca Pública. b) Altos costes energéticos c) Un modelo de gestión empresarial poco eficiente d) Escasa atención a la I+D+i e) Debilidad de la inversión en capital productivo (sólo un aumento medio del 1% en

los últimos 15 años) f) Inadecuación de la Formación Profesional


4 La inserción internacional

de la economía española

Más arriba hemos visto como el sector financiero español, las constructoras y las empresas de servicios, bloque dominante del capital español, han conseguido su inclusión exitosa en el mercado internacional.

Esta inclusión se ha hecho fundamentalmente a través de nuestra incorporación en la Unión Europea y en la zona euro. Como dicen los tecnócratas de Bruselas: “se pierde soberanía, pero se gana fuerza”.

La posición de IU con relación a la Unión Europea es conocida. Hemos estado en contra de todos los tratados, desde Maastricht hasta ahora y mantenemos una oposición consecuente con la Europa del capital y el neoliberalismo. Las políticas de la troika están imponiendo una llamada “devaluación interna” que ha fracasado. En España posiblemente ha habido una reducción de salarios superior al 7%) y seguimos en la crisis. No ha funcionado aquí ni en otros países europeos que han sido “rescatados”.

Otra Europa y otra moneda única La conformación de un nuevo modelo productivo debe ser coherente con esa posición. Luchar contra esta Europa y las consecuencias de esta moneda única es lo mismo que luchar contra el patrón. No hay que irse de la empresa.


La recuperación de la política monetaria soberana implicaría con toda seguridad la salida de la UE. Pero el resultado favorable de las llamadas devaluaciones competitivas no está acreditado, más allá de un corto plazo. Según datos de la OMC, España ha mantenido una cuota exportadora mundial estable en torno a 1,8% del total de las exportaciones mundiales entre 1994 y 2007, habiendo resistido tanto a la pérdida de su soberanía monetaria con el euro como al “efecto China” (quien pasó nada menos que del 2,2% al 8,7% de cuota mundial para el citado período). La devaluación del tipo de cambio no supuso mejoras relevantes en la balanza comercial española. Pese a las tres devaluaciones de la peseta en el período 1992-93 (ya dentro del SME), el saldo comercial ha sido siempre negativo sin excepción. Paradójicamente, sólo ha mejorado en los periodos más agudos de la crisis actual.

Con Juan Torres planteamos que la pertenencia a la Unión Monetaria no impide que en cada país, y en concreto en España, se tomen medidas que permitirían dar un giro distinto a la evolución de la crisis. Es posible obtener fondos mediante una lucha decidida contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Si coincidimos en que el fraude no recuperado se puede situar en los 70.000 millones de euros, y en los 4 años de prescripción, resulta que hay un fraude “vivo” de unos 280.000 millones de euros. La Banca Pública cubre hoy a más de 1/3 del sistema (habría que mantenerla y reorientar su gestión) y la reforma financiera puede dar frutos interesantes, incluso siguiendo recomendaciones del FMI. Se pueden diversificar las fuentes internacionales de financiación e, incluso como apunta Juan Torres, siguiendo a Juan J. R. Calza, se puede implantar una moneda paralela para el mercado interno, sin salir del euro. Al menos es una opción que haría temblar a Bruselas.

La deuda pública era del 36,1% del PIB en 2007, en el final de 2011 era del 68,5 y cuando termine 2014 será, prácticamente del 100% del PIB. En el período reciente de Gobierno del PP ha aumentado en unos 33 puntos.

El servicio de la deuda ha sido de 36.500 millones de euros en 2014 y lo será de unos 35.600 en 2015, más que el déficit del Estado y que el gasto de protección del desempleo. Este año, el Gobierno necesita 243.800 millones para refinanciar la deuda. Existen 321.000 millones de euros de deuda del Estado (más del 45%) en manos de no residentes. Esta parte de la deuda es la de más difícil solución.

Todo el mundo sabe, incluidos los llamados mercados, que la deuda no se puede pagar. Por tanto, quienes utilizan la amenaza de que no será posible financiarse si se toman medidas en relación a la deuda, son los que proponen soluciones poco serias. En IU estamos de acuerdo en apoyar las iniciativas de la actual sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas a favor de un pacto que permita el control y la regularización de las deudas públicas.

1) Mientras el BCE pone a disposición de las entidades financieras una financiación muy barata y prácticamente ilimitada (de nuevo casi 400.000 millones de euros, con un interés básico del 0,15%), los Estados tienen que recurrir a los mercados financieros de deuda pública en un contexto de recesión económica –con sus implicaciones en términos de rentabilidad y precio de los títulos de deuda-. Esta situación, derivada de las fallas de la construcción europea, lleva a la creación de espacios de arbitraje que los bancos han aprovechado. Las entidades financieras pueden acceder a financiación a un tipo de interés muy reducido y prestar esas cantidades al Estado a tipos de interés mucho más elevados.

2) Gran parte de la financiación obtenida por el Estado ha sido para salvar el sistema financiero. El Estado se endeuda no para hacer frente a los gastos corrientes o de inversión en la economía real, sino para prestar el dinero en condiciones favorables a sujetos privados cuyos intereses no coinciden con los de los ciudadanos.


Hoy la suma de la deuda pública y privada supera en España los 4 billones de euros, más de cuatro veces el PIB. La situación de otros países europeos es similar. Las obligaciones que genera el pago de la deuda hacen disminuir la demanda interna y descender los precios. Esto explica que los intentos del BCE por aumentar la masa monetaria danto créditos a bajo interés a la banca no estén dando resultado en la economía real. Son necesarias otras medidas de saneamiento financiero: la reestructuración del sistema, la democratización y nacionalización de las entidades solventes y la reestructuración tanto de la deuda pública como privada.

Gran parte de las emisiones de deuda pública se han suscrito a través de estos mecanismos, produciéndose un ilegítimo rescate a las entidades financieras de toda Europa. Por esa razón IU considera que es posible calificar una parte de los contratos de deuda pública con el concepto de “deuda odiosa” tal y como aparece recogido en la doctrina internacional. Los casos de Argentina en 2001 y Ecuador en 2007 ilustran que es posible realizar estas medidas y que son instrumentos útiles para garantizar el desarrollo económico. En un contexto de recesión es previsible que la capacidad de ingreso del Estado siga mermándose hasta el hacer insostenible el crecimiento de la deuda pública. Hay datos que apuntan a esta dificultad creciente. Entre 2011 y 2010 el déficit primario descendió un 9’09% (hasta el 7% según Eurostat) como consecuencia de las políticas de austeridad, pero el déficit público final sólo descendió un 3’09% (hasta el 9’4% según Eurostat). Este diferente ritmo de crecimiento revela el lastre que supone el creciente peso del pago de los intereses de la deuda pública, los cuales ejercen una punción sobre los recursos públicos e impiden que éstos puedan dedicarse a políticas de reactivación económica. Se confirma así la creciente limitación de la democracia, asumiendo la Troika y los oligopolios el papel de decisores de los asuntos públicos.

La descrita aquí es una peligrosa senda que aúna socialización de las deudas privadas, crecimiento del endeudamiento público, recesión económica y creciente peso de la carga financiera. No es éste un problema que pueda resolverse con más austeridad, como ilustra el caso griego, sino que manifiesta la necesidad de liberar parte del lastre financiero que supone la deuda pública. La deuda ilegítima no se paga. Y la deuda contraída para ayudar al sector financiero debe cobrarse a este sector estableciendo planes concretos y medibles de cobro.

Propuestas de Izquierda Unida

a) Una auditoría de la deuda pública que estudie todas las suscripciones de títulos para poder identificar qué contratos pueden considerarse “odiosos”. El objetivo de la auditoría, que da de ser trasparente y controlada por la ciudadanía, es identificar la deuda odiosa y rechazar su pago, de acuerdo con el derecho internacional.

b) Todo ello debe acompañarse de una política expansiva por parte del BCE y por un nuevo diseño de la UE y permitir el acceso de los estados a la financiación directa del BCE y hacer posible la mutualización de la deuda mediante emisión de euro bonos garantizados por el BCE.

c) En todo caso, es necesario un proceso negociado de reestructuración de la deuda pública de todos los países europeos (incluida España) que tienen una deuda por encima de la media de la UE.

d) Apoyar la iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas para un tratado internacional en relación con la deuda pública.


5 Contra el TTIP

IU se opone a la firma del Tratado de Libre Comercio por su repercusión sobre el empleo, la agricultura y ganadería, la soberanía alimentaria, el desarrollo sostenible, las pequeñas empresas y los derechos laborales

IU es contraria al Tratado de Libre Comercio de la UE con USA porque supone la degradación de las normas y regulaciones en materia social, laboral, alimentaria, medioambiental, sanitaria y energética.

Este tratado, que afecta a más de 800 millones de consumidores, se está negociando sin ninguna transparencia, sin diálogo con los interlocutores sociales, y sin ningún informe de impacto sobre el empleo y las condiciones de trabajo y sobre la agricultura.

Representa un poder de influencia sin precedentes para las grandes corporaciones. Varias de las regulaciones previstas son contrarias al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los posibles impactos de este tratado sobre las reglas de seguridad alimentaria afectan directamente a los consumidores, causando problemas de salud.

Por otro lado, supone una grave desregulación de los mercados, produciendo una mayor privatización de los servicios públicos y una liberalización de los servicios financieros que puede impedir a la administración regular el sector financiero, establecer impuestos y tasas a bancos y transacciones financieras o establecer un control de los capitales.


6 Nuevos proyectos de país

El modelo productivo es parte de un modelo social. Conocemos el modelo aplicado por el gran capital español, y las consecuencias de su desarrollo sobre el pueblo trabajador.

Desde la izquierda es imprescindible desarrollar un modelo alternativo. Nuestra hoja de ruta es clara: la orientación fundamental está en hacer lo contrario a lo que han impuesto hasta ahora el gran capital español.

Esa alternativa exige hegemonía social, capaz de fundamentar un poder político con posibilidades de luchar firmemente contra el fraude fiscal y la economía sumergida (una de las consecuencias del modelo impulsado por la derecha económica y política) y aplicar una reforma fiscal que al menos sitúe la contribución fiscal en la media de la zona euro. El objetivo de ello es poder sostener en el tiempo políticas públicas capaces de hacer avanzar el nuevo modelo.

La cuestión de la hegemonía, extraordinariamente importante y compleja, hay que abordarla en lo que se refiere a esta propuesta, también en sus aspectos políticos y pedagógicos. Es decir, las medidas que se van tomando deben ir generando apoyos sociales cada vez más amplios y determinados. Por tanto, se exige inteligencia, planificación y flexibilidad. Las medidas a tomar deben ser realizables en el contexto y realizadas. Así mismo, hay un aspecto de la hegemonía que no requiere inversión económica. Se trata de incrementar el poder democrático de los trabajadores en la sociedad y en las empresas.


Tres grandes objetivos: PAN, TECHO y TRABAJO

Hemos reiterado que el nuevo modelo productivo es inseparable de un nuevo proyecto de país. Un país donde estén garantizados el pan, el techo, y el trabajo para toda la ciudadanía. Junto a ello, la escuela, la salud, la participación democrática y la dignidad.

Pan, de forma que ninguna persona carezca de los recursos básicos para una vida digna.

Techo para que todos y todas tengan garantizado el acceso a una vivienda suficiente y adecuada.

Trabajo para que quienes lo deseen tengan un empleo digno con una retribución justa y suficiente en función de sus necesidades.

Vivienda digna para todos (Techo)

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes

públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para

hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general

para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción

urbanística de los entes públicos.” (art. 47 de la Constitución Española)

La actitud de la banca española ha demostrado que dejar el derecho a la vivienda al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, no supone una actividad económica sostenible ni generadora de empleo estable, sino un negocio depredador, especulativo y voraz. Desde 2007, se han producido más de medio millón de desahucios hipotecarios en España, sin contar los desahucios por alquiler. Necesitamos apostar por un modelo de ciudad y de territorio más sostenibles.

Por su parte, Izquierda Unida a través de su Ley de Garantía del derecho a la vivienda en Andalucía ha mostrado con los hechos su práctica política.

La vivienda es un derecho constitucional que debe ser garantizado y protegido por las administraciones públicas. España tiene 3’5 millones de viviendas deshabitadas. El despilfarro económico que eso significa es monstruoso. Mientras existen viviendas sin gente hay gente sin vivienda.

En un nuevo modelo productivo ese problema debe quedar resuelto. Las viviendas no son mercancía para engrosar los balances bancarios, las viviendas deben dar habitación. La función social de la propiedad, recogida en la Constitución, alcanza aquí su máximo significado.

Propuestas de Izquierda Unida:

La actuación con relación a la vivienda se basará en los siguientes puntos:

1.-Prioridad a la vivienda pública en alquiler social moderado. El parque acumulado por la SAREB debe transformarse en un parque público para viviendas en alquiler o a la propiedad en usufructo.

2.- Apoyo a las iniciativas cooperativas de propiedad en usufructo, que ha dado buenos resultado en el centro de Europa y en los países nórdicos.


3.- Intensificar la construcción de VPO en propiedad, aunque subordinada a los otros dos objetivos.

En cuanto a la superación de la situación actual: proponemos:

a) Una Ley Estatal que generalice los contenidos fundamentales de la Ley Andaluza.

b) Presentación de un Proyecto de Ley que modifique la actual Ley Hipotecaria, de forma que se garantice el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española y desarrolle las posibilidades de la inembargabilidad del derecho de uso reconocido en la legislación española. Así mismo, el cambio de la Ley debe incluir la modificación del Código Civil para que en caso de impago de hipotecas sólo se responda con el bien hipotecado (dación en pago).

c) Adoptar de forma inmediata una medida, a incluir después en el citado Proyecto de Ley, que garantice la suspensión de todos los procesos de ejecución del desahucio como consecuencia del impago de hipotecas en el caso de personas en situación de desempleo o de cese de actividad por razones económicas en el caso de pequeños empresarios y autónomos. Esa medida debe ser propuesta de forma inmediata, independientemente de la tramitación de la Ley. Por acuerdo entre las partes, tutelado por las Administraciones Públicas, el embargado podrá continuar en el uso de la vivienda a cambio de un pago mensual acorde con sus ingresos mientras dure su situación de desempleo. Ese pago no deberá ser, en ningún caso, superior al 30% de sus ingresos y deberá garantizar una cantidad mínima para los gastos básicos.

d) Dar de forma inmediata las instrucciones necesarias para que las instituciones financieras nacionalizadas o que reciben ayudas públicas suspendan todos los procedimientos de embargo y desahucio sobre viviendas que sean residencia habitual de personas en situación de desempleo o de cese de actividad por razones económicas en caso de pequeños empresarios y autónomos.

e) Tramitación de la ILP presentada por la PAH.

f) Prohibición de que las administraciones públicas desahucien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento podrá ser expulsada de las viviendas públicas.

g) Modificar la ley de protección al consumidor hipotecario, prohibiendo las cláusulas suelo y todas las cláusulas abusivas que perjudiquen a la ciudadanía en beneficio de la banca.

h) Derogar los privilegios fiscales de las SOCIMIS.

i) Crear la Oficina del Defensor de las familias endeudadas, de forma que se reestructuren l . España debe abordar la quita hipotecaria. La burbuja inmobiliaria hizo que los precios medios de la vivienda aumentaran un 149%. Fueron los bancos españoles quienes aprovecharon esa situación de inflación inmobiliaria desmedida para obtener una revalorización artificial de sus activos, sobreestimaron la solvencia de sus deudores, tasaron temerariamente al alza, determinaron las cuotas y los intereses, junto a los vencimientos y todo lo demás.

j) Derogación de la Ley de flexibilización del mercado del alquiler, que precariza y perjudica a las inquilinas e inquilinos, favoreciendo a los grandes propietarios y acaparadores de viviendas vacías.


El derecho a la ciudad

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una vivienda digna a los sectores poblacionales más afectados por la crisis – parque público, bolsas de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densificar la ciudad y apostar por un modelo territorial más sostenible.

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone del tejido residencial, de un tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgicos -los equipamientos- donde se materializan las relaciones humanas. Ciudades para las personas, en detrimento del coche.

Un componente esencial del NMPA será un modelo de Ciudad sostenible, una ciudad compacta en nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barriadas.


7 Una política de rentas

mínimas

La X Asamblea Federal de IU concretó en los documentos económicos aprobados un modelo para asegurar la subsistencia digna de la ciudadanía, bajo el principio de “Ninguna persona sin trabajo, o formación remunerada, o ingreso básico”. Esta propuesta no es exclusiva de IU en el espacio europeo. Los compañeros del Front de Gauche y del PCF son pioneros en su formulación.

La llamada renta básica debe tener un eje fundamental desde nuestro concepto de avance en la construcción del socialismo: es el principio “a cada cual según su necesidad”. Nuestras federaciones han presentado diferentes propuestas alternativas en distintos territorios. Cataluña (ILP por la Renta Garantizada de Ciudadanía), Madrid (Proposición de Ley de Derechos Mínimos Vitales) y Andalucía (Garantía de Derechos vitales), entre otras.

Superar el concepto de renta básica

Las expresiones por una renta básica universal y no condicionada (de la cuna a la tumba y de Patricia Botín a quién se vea obligado a vivir de la mendicidad), que no compartimos, representarían un gasto de entre 300.000 y 400.000 millones de euros (según el nivel de renta básica que se fije, entre 30 y 40 puntos de PIB), lo que equivale a multiplicar por más de tres la actual presión fiscal de la Administración Central. Se han hecho estudios fiscales por parte de los promotores de esta solución, que trabajan sobre criterios perdedor-ganador pero no incluyen propuestas radicales de reforma fiscal de la envergadura necesaria para situar el


gasto público en el 70% del PIB. En gran parte, se parece más al Impuesto negativo que ya propuso en su día el neoliberal Milton Friedman que a otra cosa (la tarifa del IRPF se reduce hasta llegar a anularse cuando se aplica a los ingresos más bajos; a partir del momento en que la tarifa es cero -a la altura del mínimo vital-, debe convertirse en renta conforme los ingresos van disminuyendo).

Tampoco contienen propuestas políticas y económicas más radicales aún para transformar el sistema productivo y las relaciones de producción, sin lo que no es posible ese modelo de renta básica, que elude la cuestión de la explotación bajo el sistema capitalista (plusvalía absoluta y relativa) y, en la práctica, con la idea de hacer desaparecer las prestaciones inferiores a la renta lo que se consigue es hacer desaparecer una parte del salario indirecto (pensiones, seguro de desempleo, etc). Los “ricos”, sin embargo, no perderían sus planes privados de pensiones.

Por otra parte, frente a la expresión monetarista de esas propuestas (renta universal), nosotros defendemos una expresión no exclusivamente monetario (recursos sociales garantizados, por ejemplo). El concepto “renta” funciona en la práctica como el cheque escolar o el cheque sanitario y se aleja bastante de un concepto progresista. Tampoco debe sustituir las diferentes iniciativas autonómicas. Hay que tener en cuenta que entre los recursos transferidos a las CC.AA. hubo las cantidades para estas prestaciones con carácter finalista. Creo que hay que ser muy prudente en esto y una ILP Estatal puede chocar con competencias propias de las CC.AA, a no ser que se defina muy bien su carácter complementario y no sustitutorio.

Garantía para una vida digna

El nuevo modelo productivo debe asegurar que toda persona cuenta con los recursos básicos para desarrollar una vida digna. Proponemos dos mecanismos para lograrlo:

a) Derecho a tener garantizados ingresos y recursos indispensables para una vida digna, mediante las llamadas políticas de rentas básicas.

b) Derecho a un trabajo social básico asegurado, junto a programas de formación para el empleo. Desarrollaremos este apartado en los contenidos relativos a empleo como un Plan Urgente de Empleo y Formación 2015-2019. El NMPA eliminará la constitución de cualquier “ejercito laboral de reserva” formado por parados obligados a buscar trabajo en condiciones indignas. El estado garantizará trabajo, seguro, subsidio o formación a toda la ciudanía. Frente al concepto de “flexiseguridad”, oponemos una auténtica seguridad salarial y profesional. (ver desarrollo en el punto 10)

El derecho a contar con los ingresos y recursos indispensables es un derecho universal pero su objeto son los recursos indispensables y entendemos que no puede reclamarse cuando se tienen ingresos y recursos superiores. Por otra parte, ese derecho puede materializarse bajo forma de renta, pero también bajo la forma de recursos sociales (vivienda, becas, por ejemplo).

Este derecho tiene los siguientes componentes:

a) Recursos universales y no condicionados: Educación obligatoria gratuita y salud universal.

b) Recursos condicionados al nivel de ingresos: Educación no obligatoria, dependencia, transporte público, vivienda, agua, gas y electricidad, etc.


c) Renta garantizada para quienes tengan ingresos inferiores al 70% del SMI modulado según la unidad de convivencia. Habría que trabajar con una perspectiva de sustitución de “renta” por bienes y servicios concretos. La experiencia de Argentina de fabricar textiles, calzados, etc., y de distribuir bienes de alimentación y consumo específicos puede ser estudiada. La idea es que el componente monetario vaya reduciendo su importancia.

1.- Para su reconocimiento se toma como base la unidad de convivencia, que puede ser de una o más personas. Tendrán derecho los mayores de 18 años o menores emancipados y el nivel de rentas y recursos se modulará según el número de personas que integren la unidad de convivencia.

2.- Los fondos y recursos serían proporcionados por el Sistema de la Seguridad Social, bajo la modalidad de prestación no contributiva, de acuerdo con lo establecido en el art. 41 de la Constitución Española "los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad".

3.- La financiación sería mediante la trasferencia del 100% del gasto desde los PGE del Estado.

4. Tiene por finalidad armonizar un nivel equivalente de prestación a todas las personas y no estará sujeto a disponibilidades presupuestarias.

5.- El reconocimiento y gestión de la prestación económica de renta mínima

garantizada de ciudadanía corresponderá a las Comunidades Autónomas, en colaboración con los servicios sociales básicos de las administraciones locales, en los términos fijados por la ley.

6.- La renta básica a percibir en dinero será, al menos, equivalente, al 70% del Salario

Mínimo Interprofesional y evolucionaría con su aumento. El límite de ingresos para que sea reconocido el derecho a esa renta será el mismo.

Se puede estimar que 1,5 millones de personas perciben algún tipo de prestación actualmente (subsidio de desempleo, distintos tipos de rentas de inserción y subsidio agrario) y 2,1 millones no recibe prestación alguna. En un primera fase de aplicación habría que considerar como objetivo la inclusión en políticas de rentas básicas de los 2 millones de personas que no perciben ningún tipo de prestación. El coste de estas medidas puede estimarse en 12.600 millones de euros (1,2% del PIB)

Otra realidad insoslayable es el aumento de la pobreza en España, que según datos armonizados de Eurostat asciende al 28% del conjunto de la población. Y si atendemos a la situación de pobreza extrema también se ha producido un incremento insostenible desde un punto de vista social y humano. Además, la pobreza e incluso la pobreza extrema esta alcanzado a sectores sociales que hasta hace muy poco estaban en situación de seguridad. De manera que hoy los colectivos en los que más está creciendo la pobreza son el de parejas con hijos a cargo y familias monoparentales, fundamentalmente mujeres.


8 Trabajo digno

El modelo productivo desarrollado en España tras la transición democrática es el verdadero causante de la especial repercusión de la crisis en España, especialmente sobre la destrucción de empleo.

Las características de ese modelo productivo que tienen que ver con el empleo en España son:

a) Un rápido ajuste del estancamiento económico a través del aumento del paro y la destrucción del empleo.

b) La existencia de una alta tasa de temporalidad, que se manifiesta en cualquier comparación con el resto de los países de la UE.

c) Una elevada tasa de empleo precario, situación que se ha puesto de relieve aún más con la agudización de la crisis.

El elevado índice de empleos precarios es una constante desde la reforma laboral de 1984 y una consecuencia de la misma, que se ha mantenido a través de todas las reformas posteriores. Todas se han anunciado como remedios para combatir la dualización y la precariedad y todas se han materializado consolidando esas características. Es hora de cambiar de modelo.


El Plan Nacional de Reformas del PP reconoce que en el marco de la crisis los costes laborales unitarios han pasado de crecer al 5,5% a comienzos del 2008 hasta descender en un -2,5% a finales del 2011. Según la OCDE, desde esa fecha los costes laborales unitarios han descendido el 0,7% y los salariales en un 0,4%.. Pero esta ventaja comparativa con nuestros principales socios comerciales no se ha utilizado para la creación de empleo. Ello hace que debamos dudar seriamente de cualquier “pacto de rentas” como base para estimular el empleo y la economía.

Izquierda Unida no avalará ninguna salida que signifique la recomposición del sistema y del modelo productivo perverso que nos ha traído a esta situación. No estamos en la labor de aceptar un nuevo modelo de relaciones laborales con salarios más bajos, reducción de la protección social, pérdida de derechos democráticos de los trabajadores y sindicatos y mantenimiento de un ejército de reserva de trabajadores y trabajadoras en paro, con prestaciones de mera subsistencia en el mejor de los casos. Nos enfrentaremos al hecho de que, si se inicia una leve recuperación, la norma sea “esto es lo que hay”.

En las actuales condiciones, la palanca para la creación de empleo no puede ser exclusiva ni prioritariamente el sector privado. No existe una base objetiva para ello, cuando las empresas carecen de liquidez, el endeudamiento es muy importante y el crédito no fluye. No existe una demanda solvente que garantice el incremento de actividad y el mercado exterior acentuará sus limitaciones objetivas en el próximo período, según los datos internacionales. Las medidas que podrían permitir superar esta situación tardarán tiempo en ser efectivas, incluso en caso de éxito.

EL NMPA incorpora un nuevo sistema de incentivos y penalizaciones sociales y económicas. Frente al beneficio individual exacerbado, debe garantizarse el interés general. Los factores a incentivar son, entre otros:

La creación de empleo digno y de calidad. Las políticas empresariales de conciliación de la vida personal, social y laboral. Las medidas de reparto del trabajo.

Los despidos con beneficios, las deslocalizaciones y las viviendas, locales y oficinas vacíos serán fuertemente penalizados.

Concebimos esta Estrategia por el Empleo (2015-2019) como el resultado de un trabajo colectivo en el que deben converger partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y organizaciones de pequeños empresarios y autónomos y de la economía social.


9 Medidas urgentes para

combatir el paro

A.- Un Programa de Empleo/Formación destinado a parados de larga duración

Dirigido a inscritos desde hace más de un año en los Servicios Públicos de Empleo, y con prioridad para los que lleven más de dos años, de acuerdo con las siguientes características:

a) El contenido será la Contratación en actividades no estructurales de refuerzo en tareas administrativas, de cuidado y vigilancia, de servicios a la Comunidad, de atención a las personas, de mejora del hábitat urbano o rural o de reforma y mantenimiento de instalaciones y servicios públicos, vinculadas a competencias de las diferentes Administraciones Públicas, complementado con una formación en nuevas técnicas y actualización profesional en actividades relacionadas con nuevos yacimientos de empleo vinculados al desarrollo local o susceptibles de mejorar la productividad en su profesión habitual

b) El Programa será financiado exclusivamente por la Administración General del Estado. El coste aproximado es de 13.700 euros/año por trabajador. El objetivo sería llegar a un mínimo de 600.000 trabajadores por un importe de unos 8.200


millones de euros. La gestión corresponderá a las Corporaciones Locales quienes podrían utilizar mecanismos de cooperación público-social.

El retorno fiscal, vía cotizaciones, IVA y otros, supera los 5.000 millones de euros.

c) Los trabajadores acogidos al Programa de Empleo/Formación accederán a un contrato de 35 horas semanales durante seis meses, prorrogable, y percibirán 700 euros netos mensuales (corriendo por cuenta de la Administración las cotizaciones sociales patronales). Se dedicarán 25 horas semanales a trabajo y 10 horas semanales a formación.

d) Este programa deberá tener como salida el mercado laboral regular o bien la opción de Trabajo Social Garantizado que a continuación se detalla.


10 Desarrollar un Sistema de

Trabajo Social Garantizado

Las Administraciones Públicas se convierten en “empleadores de último recurso” para garantizar que los trabajadores en desempleo y los demás trabajadores que lo deseen puedan acceder a un puesto de trabajo garantizado, gestionado por los poderes públicos. El Sistema estaría vinculado en su control y dirección a las Administraciones Locales, mientras que su gestión y aplicación podría contratarse con empresas sin ánimo de lucro, mediante procedimientos de colaboración público-social.

Los puestos de trabajo susceptibles no deberían ser puestos estructurales o estatutarios de las Administraciones, aunque pueden estar sometidos a un sistema de precios públicos.

La retribución mínima sería de 3,5 €/ hora y la jornada normal 35 horas. Esta retribución podría incrementarse como mecanismo regulador del sistema de retribuciones del mercado laboral y en función de la evolución del sistema de salarios mínimos.

El objetivo sería desarrollar el sistema progresivamente de forma que se pudiera alcanzar en el período de 4 años un número de contratos del sistema equivalente al 100% del número de personas paradas y sin seguro de desempleo, lo que no significa que los contratos estén limitados a estos últimos.

La organización del sistema debería tener por objetivo la autofinanciación del mismo. Sin embargo, teniendo en cuenta los retornos fiscales y el ahorro en subsidio de desempleo y rentas de inserción, se podría establecer un margen de financiación pública por parte de los PGE.


11 Medidas para impulsar el

empleo digno. Plan Estratégico

de empleo (2015-2019)

Factor 1.- Empleo “verdes” y en actividades de protección medio ambiental

a) Programa de empleos en el sector forestal. Se orienta hacia puestos de trabajo esencialmente en el medio rural con especial incidencia en pequeños y medianos municipios con los siguientes efectos beneficiosos:

• Consolidación de la población rural • Creación de empleo estable y sostenible • Generación de productos de uso en la industria • Fijación de CO2 y mitigación del cambio climático • Mejora de la calidad de las aguas • Incremento de la biodiversidad • Lucha contra incendios • Incremento del uso público de los espacios naturales. Mejora del turismo rural • Generación de biomasa para producción de energía


Las consecuencias sobre el empleo, tanto temporal en el caso de repoblaciones forestales manuales y mecanizadas, tratamientos selvícolas, adecuación de cauces de ríos, infraestructuras forestales, etc., como en el de empleos indefinidos para servicios, prevención y extinción de incendios forestales, uso público del monte (Espacios Naturales Protegidos), vigilancia, mantenimiento de infraestructuras forestales, etc. son importantes. Los productos forestales también generan empleo estable.

b) Empleos vinculados al cambio de modelo energético

Proponemos adelantar los objetivos de inversión contenidos en el Plan Nacional de 12.500 millones de euros a 2015, en lugar de 2020.

c) Empleos vinculados a la Rehabilitación sostenible le de viviendas

Un ambicioso Plan de Rehabilitación Energética permite por una parte mitigar el paro existente en el sector de la construcción, y por otra reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producidos al habitar viviendas que no se ajustan a dichas normativas europeas y mejorar la comodidad y calidad de los edificios y viviendas. Actualmente, nuestras ciudades son ecosistemas de grandes dimensiones que requieren grandes recursos energéticos, ya que respondieron a transformaciones de la revolución industrial, con una construcción dirigida y planificada atendiendo a fuertes desarrollos para acoger a una creciente población proveniente de las zonas rurales, y desatendieron otras cuestiones como la adaptación de estas ciudades al territorio, al clima o a los problemas generados por el aumento descontrolado del consumo de recursos energéticos El número de viviendas que necesitan una rehabilitación energética de forma prioritaria es de 14,6 millones, tomando como referencia las anteriores a 1979, año en que entró en vigor la norma básica de la edificación sobre construcciones térmicas en los edificios. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la integración de energías renovables en el tejido inmobiliario solo alcanza al 0,9% de las viviendas. A eso hay que añadir que las administraciones locales, autonómicas y general del estado han jugado un papel muy limitado en sus propios edificios.no han jugado Rehabilitar integralmente anualmente el 3% del parque construido (el 60% en 20 años), hasta alcanzar 750.000 viviendas y 45.000 edificios por año para hacerlos más habitables, con mejoras en el comportamiento térmico de su envolvente e instalación de energías renovables, mejoras en la accesibilidad, reducción de la dependencia y la factura energética, así como las emisiones de CO2, supone crear según estudios solventes, 500.000 empleos al año en el sector. Se puede estimar una inversión media en rehabilitación de 25.000 euros por vivienda. La rehabilitación propuesta es generadora de empleo no sólo en el sector de la construcción, sino que tiene un arrastre de actividades y empleo en otros sectores económicos, principalmente en vidrio y materiales de aislamiento, energías renovables y componentes de las redes inteligentes, suministros y abastecimientos de agua, gas, electricidad, eliminación y


tratamiento de aguas residuales y otros residuos, etc., actividades muchas de ellas basadas en tecnologías con futuro orientadas hacia el desarrollo sostenible.

d) Empleos vinculados a la movilidad sostenible

En un escenario de eficiencia energética para 2020, basado en el fomento de modos de transporte colectivo y en especial aquellos con bajo consumo energético, se estima que para el año 2020 el volumen de empleo directo e indirecto del sector podría ascender a 429.000 empleos, con un mayor peso del ferrocarril y la bicicleta. Es decir, un aumento de 150.000 empleos con relación a 2008

Factor 2.- Plan de Creación de empleo en el sector público

Mediante la dotación de los servicios sociales, especialmente educación (escolarización de 0 a 6 años), salud y aplicación de la Ley de Dependencia. Dotación de medios humanos a la Administración de Justicia, Agencia Tributaria e Inspección de Trabajo.

Específicamente se propone la transferencia der recursos con carácter finalista a las CC.AA. con los siguientes objetivos:

a) Apoyo a la educación infantil entre 0 y 3 años para cumplir los objetivos que deberían haberse alcanzado en 2010: contratación de 30.000 profesores para el curso 2015-16: 1.500 millones de euros

b) Apoyo a la contratación de personal para el cumplimiento de la Ley de

Dependencia: 20.000 personas. Coste 1.000 millones.

Las trasferencias se concretan en función de la Firma de Acuerdos Administración Central-CC.AA con compromisos por ambas partes. En función de los compromisos asumidos por las CC.AA. el volumen de creación de empleo podría verse notablemente incrementado. c) Salud pública

D) Servicios tributarios, de empleo y de integración social

Factor 3.- Plan de apoyo al empleo juvenil

El Gobierno subvencionará al empresario con una cantidad equivalente al 50% del total de la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social durante 2015, 2016, 2017 y 23018 con las limitaciones cuantitativas que se establecen más abajo por cada uno de los siguientes tipos de contratos. En ningún caso esta subvención se hará mediante compensación o exención de cotizaciones sociales:

a) Contrato para la formación

b) Contrato en prácticas

c) Contrato nuevo indefinido a tiempo completo de los menores de 35 años.


El límite para esta subvención será de 3.000 euros anuales para los contratos correspondientes a puestos de trabajo donde no se exija titulación superior y de 4.000 euros para aquellos donde por normativa legal o convenio colectivo aplicable se exija titulación superior.

Factor 4.- Empleos de proximidad (algunos mediante convenios de colaboración público-social)

A) Ayuda a domicilio

B) Comercio de proximidad

C) Reciclado de residuos de proximidad

Factor 5.- Políticas de reparto del trabajo

a) Jornada normal de 35 horas.

b) Jubilación con derechos plenos a los 65 años y voluntaria a los 60. Por cada 9 nuevos trabajadores contratados el sistema ingresa lo suficiente para pagar 8 pensiones de jubilación.

Factor 6.- Un Fondo Europeo de Solidaridad por el Empleo financiado por el Banco Europeo de Inversiones

Junto a la modificación del papel del Banco Central Europeo, es necesario utilizar los recursos

existentes que permitirían una intervención urgente para favorecer la inversión productiva,

especialmente la pública y en servicios públicos, así como el logro del pleno empleo digno y de

calidad, en el marco de políticas para un desarrollo sostenible.

En ese sentido, El Banco Europeo de Inversiones puede jugar un papel inmediato. En su

momento, el Gobierno francés propuso desbloquear 120.000 millones de euros para sustentar

esas propuestas.

Izquierda Unida considera que hay que recuperar esa política en lo cuantitativo para crear y

financiar un Fondo Europeo de Inversiones y Solidaridad por el Empleo que atienda programas

nacionales de creación de empleo, con una consideración especial del empleo juvenil, y de

inversión productiva y social. Este Fondo estaría dotado con el 2% del PIB de la UE.

En el caso español consideramos que los recursos de ese fondo deberían atender:

a) Un Plan de reindustrialización del país y de desarrollo de los servicios públicos. Eso

debe ir necesariamente a la nacionalización de sectores estratégicos de la

economía, empezando por el financiero, y a un el desarrollo del sector público en

todos los ámbitos, que posibilite la puesta en marcha de una planificación


democrática de la economía en función de las necesidades sociales y de forma

respetuosa con el medioambiente.

b) Un impulso a la producciones que garanticen la soberanía alimentaria

c) Una especial atención a la economía verde, desde la reforestación hasta las

energías alternativas.

d) El desarrollo de las economías de proximidad, incluidas infraestructuras (que

integren economías locales al servicio de las personas, atendiendo a sus

necesidades, con criterios de suficiencia, de equilibrio territorial y de reposición y

uso sustentable de los recursos).


12 Fraude, economía

sumergida y elusión fiscal

Existe dinero en Europa y en España para financiar la creación de empleo. Nadie ha visto quemarlo por las calles. Puede que haya cambiado de manos, pero sigue existiendo. La lucha contra el fraude y la economía sumergida y una reforma fiscal suficiente, justa, progresiva y equitativa, pueden resolver el problema. No se trata de más impuestos, sino de más justicia fiscal. La financiación del proceso de construcción del nuevo modelo productivo tiene tres patas fundamentales:

a) Los resultados de una lucha decidida contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

b) Una reforma fiscal bajo los principios de suficiencia, progresividad y equidad.

c) Una Banca Pública como instrumento de financiación de la economía real y sostenible y de la creación de empleo (este aspecto se dearrola en otro capítulo).

La diferencia en contribución fiscal con la media de la UE es de 8 puntos en 2013. Existe recorrido para una reforma fiscal progresiva. El fraude fiscal es enormemente elevado. Los datos de expertos de la Agencia Tributaria lo sitúan en unos 8 puntos de PIB. La economía sumergida representa el 24,6% del PIB.


Los recursos del Fondo Social Europeo y del Banco Europeo de Inversiones pueden movilizarse para una política europea de creación de empleo y estímulo de la economía real de la que España debería ser proporcionalmente beneficiada.

Hay que tener en cuenta, además, el impacto de los retornos sobre los recursos fiscales y de la Seguridad Social de cualquier política de creación de empleo. No es solamente que el efecto pernicioso de los recortes haya sido reconocido por el FMI (por cada euro de recorte del gasto público, la economía real se contrae 1,5 euros), sino que en el lado positivo el gasto y la inversión pública juegan un papel reconocido de estimuladores económicos. Las propuestas que se pongan en aplicación se puede evaluar también por sus retornos. Por cada 1.000 euros utilizados en contratación laboral, se recuperan en muy corto plazo, vía impuestos y cotizaciones sociales, más de 580 euros, sin contar el efecto sobre el consumo y, consecuentemente, sobre el conjunto de la actividad económica.

Combatir el fraude, cuestión de voluntad política

La importancia del fraude es perfectamente detectada por la ciudadanía, con todas las consecuencias que eso tiene sobre la moral fiscal. Según el último estudio del CIS al respecto (julio de 2013), el 94,8% de los encuestados consideraba que en España había mucho o bastante fraude fiscal. Como consecuencia, según una encuesta del Instituto de estudios Fiscales, más de la mitad de los españoles justifica el fraude. Frente a todo ello, la recaudación por lucha contra el fraude se sitúa en los 11.000 millones de euros anuales. Según datos de los técnicos fiscales, sólo se recauda un euro de cada 6 descubiertos como consecuencia del fraude.

La economía sumergida, por su parte, alcanza también un volumen significativo. En 2011, FUNCAS la estimó en el 23,7% del PIB, en 2012 VISA Europa la situó en el 19,2% del PIB y en 2013 el informe Tax Gap considera que la economía sumergida en España es la más importante del sur de Europa y alcanza el 29,1% del PIB. Realizando una ponderación de estos estudios se puede estimar que la economía sumergida era en 2012 del 24,6% del PIB, unos 253.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que la contribución fiscal media era del 32,5% en 2012, nos podemos situar en un volumen de fraude, como consecuencia de la economía sumergida, de unos 82.000 millones de euros. La vinculación entre economía sumergida y fraude es evidente, aunque no todo el fraude tenga origen en la economía sumergida.

Limitar la elución fiscal

Los contribuyentes que pueden practicarla, utilizan los resquicios y las contradicciones existentes en la legislación tributaria -algunas intencionadas y otras no- para pagar menos impuestos de forma significativa. Es lo que eufemísticamente se llama optimización fiscal e ingeniería financiera. En este sentido, las autoridades europeas han iniciado una fuerte campaña para limitar la elusión fiscal mediante, entre otros ejemplos, la clarificación del papel fiscal de ciertas multinacionales del sector de la informática o las telecomunicaciones o la llamada Directiva matriz-filial. Contrasta esta preocupación con la situación de, por ejemplo, los Bancos en España, que difícilmente alcanzan una tributación media del 8% cuando el impuesto de sociedades es del 30%. La falta de equidad con empresas de otros sectores y tamaño menor es evidente, cuando estas no pueden aprovechar con la misma facilidad la legislación sobre deducciones, subvenciones, etc.


La cuantificación del volumen económico que representa el fraude fiscal derivado de la economía sumergida (incluidas las cotizaciones sociales) más la originada mediante mecanismos de fraude no vinculados a la misma, puede estimarse de forma prudente en unos 90.000 millones de euros anuales, de los que se recuperan unos 11.000 millones. Tenemos pues un saldo por fraude que no se recupera para la Hacienda Pública de 79.000 millones. Teniendo en cuenta que el fraude fiscal prescribe a los 4 años, se trataría de un volumen de fraude “vivo” de 316.000 millones de euros. Si extendemos el periodo de prescripción de forma que el fraude generado en 2010 no prescriba hasta 2018, podría existir una bolsa de fraude potencialmente recuperable de más de 600.000 millones de euros durante los próximos cuatro años, sin tener en cuenta recargos y multas.

A ello hay que añadir algo más de 38.300 millones de euros en el presupuesto de 2014 como “gastos fiscales”, que son el techo conocido y legal de la elusión fiscal, aunque la delgada línea roja entre elusión y evasión permita suponer cantidades más altas, que no están presupuestariamente reconocidas. No obstante, es evidente que no planteamos la supresión de todos estos gastos fiscales, sino solamente de los que representan una ruptura significativa en la equidad del impuesto correspondiente.

Un instrumento determinante para la financiación de otra política

La anualización de las posibilidades de recuperación de la recaudación fiscal con la aplicación de una Ley como la que proponemos generaría en cuatro años de aplicación una bolsa de 15.000 millones anuales como consecuencia del cumplimiento de objetivos razonables de disminución del fraude y la economía sumergida, a la que habría que añadir unos 75.000 millones anuales como consecuencia de la persecución y recuperación del fraude histórico vivo, simplemente evaluado en el 50% de sus cantidades netas y repartido en los 4 años. Mucho más que el déficit público.

Es perfectamente imaginable que pudieran dedicarse a financiar el apoyo a la contratación laboral digna y al impulso de la economía real unos 45.000 millones de euros anuales como consecuencia del aumento de la recaudación. No es ilusorio: menos del 50% del 50% de la recaudación potencial.

Pero ante todo ello, el Gobierno sólo propone para lograr el ajuste fiscal exigido por las instituciones de la Unión Europea medidas radicales de recorte del gasto que afectan a los principales servicios públicos, a los derechos sociales reconocidos por la Constitución Española, al bienestar de la ciudadanía, y que dificultan la creación de empleo y el desarrollo de la economía real.

No tiene justificación ética ni moral que no se tomen las medidas necesarias para llevar a sus últimas consecuencias la lucha contra el fraude fiscal mientras se exigen importantes sacrificios a la mayoría social.

Las cantidades resultado del fraude fiscal, la elusión y la economía sumergida son cantidades debidas a la Hacienda Pública, ocultadas y/o retenidas por defraudadores y delincuentes fiscales. La recuperación de la totalidad de las mismas es una obligación social y democrática de los poderes públicos, cuya ausencia o debilidad puede ser causa, al menos, de reproche político. Pero este argumento no es el único. Reducir el fraude es una condición necesaria para reducir el déficit público y eliminar el crecimiento acelerado de la deuda, que ya alcanza prácticamente el 100% del PIB, sin tener que deteriorar los servicios públicos, sin renunciar a


gastos públicos de elevada rentabilidad económica y social, y sin hacer recaer desproporcionadamente en términos relativos la carga fiscal sobre las nóminas de los trabajadores y el consumo.

Pretendemos recuperar la lucha contra el fraude fiscal como un objetivo prioritario de la política económica, destinado a financiar en una parte importante la tan necesaria creación de empleo, el impulso de la demanda interna y el desarrollo de la economía real. Nuestra propuesta, en una primera fase, es situar el fraude, la elusión fiscal y la economía sumergida en proporciones equivalentes a la de nuestros principales socios de la UE y en coherencia con las políticas sobre estas situaciones propuestas por la Comisión Europea.

Propuestas de Izquierda Unida Como horizonte temporal en el logro de estos objetivos, consideramos el período 2015-2019, con el siguiente alcance:

Reducir en 10 puntos de PIB la economía sumergida

Reducir el fraude fiscal hasta un máximo de 3 puntos de PIB, como primer paso para su erradicación. Investigar y perseguir el 100% del delito fiscal.

Limitar la elusión fiscal para que las diferencias de tributación entre personas físicas o jurídicas por el mismo impuesto no pueda ser superior a 8 puntos porcentuales de la base imponible.

Se deben fijar objetivos anuales de reducción del fraude y de la economía sumergida y establecerá mecanismos para informar al Congreso de los Diputados de su cumplimiento.

En coherencia con todo ello, se proponen las siguientes medidas concretas:

Contra el fraude

1. Ampliar en un año mediante disposición transitoria el período de prescripción del fraude fiscal en el momento de aprobación de la misma, dos años a partir del primer año de aplicación de la Ley, tres a partir del segundo y cuatro a partir del tercero. La disposición decaería una vez logrado limitar el fraude a un máximo de 3 puntos de PIB. En todo caso, la prescripción prevista por la Ley se extenderá a 10 años cuando se utilicen procedimientos tendentes a ocultar la identidad real del obligado tributario

2. Reducir la consideración de delito fiscal a 50.000 euros de fraude. En el caso de

cotizaciones a la Seguridad Social, se considerará delito cuando el fraude acumulado supere los 50.000 euros en el período de prescripción correspondiente.

3. Revocar la licencia de las Instituciones financieras y entidades emisoras de tarjetas de

crédito y débito que se nieguen a colaborar con la Administración Tributaria en la información y persecución de prácticas de fraude fiscal.

4. Generalizar el criterio de retención a cuenta en la fuente para todas las rentas.

5. Determinar cuando no haya factura o no conste en ella la cantidad del impuesto (para

evitar el con o sin IVA), la más alta de las cantidades entre la que se manifieste como pactada verbalmente o el precio medio del mercado.


6. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

7. Limitar rigurosamente el sistema de estimación objetiva mediante módulos.

8. Extender la responsabilidad solidaria en la deuda originada por fraude fiscal a quienes

colaboren en él, y subsidiaria a quienes subcontraten obras o servicios sujetos a obligación tributaria.

9. Comprobar que es lícito el origen de los 40.000 millones que han aflorado con la

amnistía fiscal regulada en el Real Decreto-ley 12/2012, para evitar que se estén blanqueando capitales de procedencia ilícita, salvo los provenientes exclusivamente de la evasión fiscal. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley el Gobierno vendrá obligado a publicar en el Boletín Oficial del Estado la identidad, las cantidades declaradas y la cuota tributaria autoliquidada por las personas físicas y jurídicas que se han acogido al proceso de regularización fiscal previsto en el Real Decreto-ley 12/2012.

Sobre la economía sumergida

1.- Recoger la obligatoriedad de alta en la Seguridad Social de todos los contratos de trabajo verbales, independientemente de las características del trabajador (incluida su nacionalidad, residencia o situación legal). En el caso de contratos escritos, los datos de cotización serán los realmente pactados de forma verbal o de hecho. El incumplimiento será considerado como fraude.

Limitar la elusión fiscal

1. Modificar la legislación de las Instituciones de Inversión Colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV, incluyendo el criterio de retención a cuenta en la fuente y extender el límite máximo de participación individual (5% del capital) a todas las modalidades de sociedades de inversión, financieras o no, y no sólo a las SICAV. Así se evita el control de la sociedad y el partícipe que quiera invertir o adquirir algún bien reembolsará su participación y tributará por la renta del ahorro diferida, según la diferencia entre el valor liquidativo y el valor de adquisición. Las sociedades no constituidas por los procedimientos de fundación sucesiva y de suscripción pública de participaciones dispondrán de un plazo de un año, contado a partir de su inscripción en el correspondiente registro administrativo, para alcanzar la cifra mínima prevista en el párrafo anterior.

2. Limitar el total máximo de subvenciones, deducciones y exenciones. Esto es especialmente necesario en el Impuesto de Sociedades de forma que quienes tienen un tipo legal del 30% no puedan tributar menos del 24% de la base imponible (dividido en un 3% menos por causas generales y un 3% menos por contratación laboral) y quienes tienen un tipo legal del 25% no puedan tributar menos del 17% de la base imponible (dividido en un 3+5% por las mismas causas)

3. Trabajar para procurar un acuerdo en la OCDE para la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan


o son titulares de bienes y derechos en los países o territorios calificados como paraísos fiscales.

4. Aplicar el Plan de acción de la OCDE contra la erosión de la base imponible y la trasferencia de beneficios de las multinacionales.

5. Transponer la directiva matriz-filial de la Comisión Europea.

6. Prohibir en las instituciones financieras españolas nacionalizadas la operativa hacia y desde paraísos fiscales.

7. Derogar la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por

el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, para evitar que se convierta en una especie de proceso de regularización fiscal permanente y además resulta manifiestamente contrario a nuestro sistema jurídico privar al Ministerio Fiscal y a Jueces y Tribunales del conocimiento de hechos que pudieran constituir delito

Reorganización de instrumentos de la Administración Tributaria y su reforzamiento

material y humano:

1. Creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda. Esto supondrá la habilitación de los 8.500 Técnicos del Ministerio de Hacienda para realizar funciones superiores a las actualmente encomendadas, incrementando así la eficacia en la prevención y reducción del fraude.

2. Duplicar en los primeros dos años de aplicación de la Ley el personal funcionario para

alcanzar ratios por habitante equivalentes a las de los países equivalentes de la UE.

Otras medidas.

1.- Realizar un informe gubernamental, con la colaboración de expertos independientes, que contenga un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España y del fraude fiscal y laboral. Dicho informe estará desagregado territorialmente, por sectores económicos y por tributos. Este informe será presentado y debatido en las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos, que podrán promover las medidas correctoras oportunas.


13 Reforma fiscal justa,

suficiente y progresiva

Según los datos europeos hechos públicos el 17 de junio de 2014, la presión fiscal en España se sitúa en el 32,5% del PIB, una cifra verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media europea, pero es que si se compara con los países próximos al nuestro, como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once puntos por debajo.

La estadística europea incluye una curiosa comparación entre la presión fiscal de 2012 y la de 2002. En prácticamente todos los países europeos de la zona euro esa presión fiscal ha subido, menos, de nuevo, en España, donde es un punto y medio más baja que hace diez años. Solo los países bálticos (pequeños, con modelos neoliberales y con un sistema tributario aún muy incompleto) y algunos de los países del Este (con grandes bolsas de economía sumergida y agencias tributarias rudimentarias) presentan cifras inferiores, además de dos países rescatados: un pseudo paraíso fiscal (Irlanda) y Portugal. Los países nórdicos, Italia y Francia tienen presiones fiscales en el entorno del 45%; Alemania y Holanda, aproximada al 40%.

Propuestas de Izquierda Unida de carácter general:

1. Tributación en la misma base imponible de las rentas del trabajo y del capital. Se integran en la tarifa general del IRPF los rendimientos del capital para mejorar la progresividad, incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a 6 en el caso de inmuebles). Como renta del ahorro sólo se consideran las plusvalías generadas en el medio y largo plazo porque no es ni justo ni equitativo que las


ingentes plusvalías generadas por operaciones especulativas deban considerarse renta del ahorro y beneficiarse de tipos impositivos distintos a los de la tarifa general. En todo caso, no lo parece para los rendimientos de operaciones realizadas en el muy corto plazo.

2. Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación más rigurosa del delito fiscal,

extender la responsabilidad por la deuda tributaria, determinar cuando no haya factura o no conste en ella la cantidad del impuesto, la más alta de las cantidades que se manifiesten como pactadas verbalmente o el precio medio del mercado.

Propuestas con relación al IRPF

1. Consolidar como definitivo el aumento del gravamen complementario en el IRPF. Este

aumento de la cuota íntegra estatal que estableció, de forma temporal, el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre.

2. Eliminar la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales con el resto de

rendimientos e imputaciones de renta y también de realizar dicha compensación en ejercicios posteriores, y se suprime la posibilidad de compensar las pérdidas patrimoniales de juego hasta el límite de las ganancias.

3. Limitación de las ventajas fiscales de los planes privados de pensiones.

Propuestas relativas al IVA

Derogación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sobre el IVA de forma que puedan reducirse y reclasificarse algunos tipos (industrias realmente culturales, compresas, otros productos alimenticios no transformados, ciertos medicamentos, etc.)

Propuestas relativas al Impuesto de Sociedades

1. Establecer un tipo del 35% para las bases imponibles superiores al millón de euros.

2. Limitar las bonificaciones, deducciones, etc. (gastos fiscales) a un máximo del 3% de la

base imponible y a otro 5% como máximo complementario y de carácter directamente vinculado y estrictamente proporcional en el caso de creación de empleo estable, de forma que se evite que las empresas de mayor dimensión disfruten de un tipo efectivo muy inferior al nominal que en muchas ocasiones es incluso menor que el tipo efectivo medio de las empresas de menor dimensión.

3. Limitar la compensación de bases imponibles negativas a los períodos impositivos no prescritos.

4. Reforma del sistema de módulos, limitando su uso. el sistema de estimación objetiva debería tener una triple limitación. Por un lado temporal, debería reducirse a dos años. El de inicio de la actividad y el siguiente. Por otro lado, el nivel de la actividad debería reducirse a beneficios de subsistencia razonable. Finalmente, es conveniente


reservar la estimación objetiva para aquellas actividades cuyo objeto sea destinar los bienes o servicios a un consumidor final.

5. Modificar la legislación de las Instituciones de Inversión Colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), de patrimonios familiares, que cumpliendo los actuales requisitos crean una institución de inversión colectiva cuando en realidad son auténticas instituciones de inversión “privadas”. Extender el límite máximo de participación (5% del capital) a todas las modalidades de sociedades de inversión, financieras o no, y no sólo a las SICAV. Así se evita el control de la sociedad y el partícipe que quiera invertir o adquirir algún bien reembolsará su participación y tributará por la renta del ahorro diferida, según la diferencia entre el valor liquidativo y el valor de adquisición.

Las sociedades no constituidas por los procedimientos de fundación sucesiva y de

suscripción pública de participaciones dispondrán de un plazo de un año, contado a partir de su inscripción en el correspondiente registro administrativo, para alcanzar la cifra mínima prevista en el párrafo anterior."

Propuestas sobre nuevas figuras tributarias

1. Creación de un Impuesto especial sobre Bienes Suntuarios. Será aplicable a los productos y servicios considerados de lujo.

2. Creación de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, con una base impositiva

amplia y que será sustituido, cuando proceda, por un tributo a escala de la Unión Europea o de aquellos países que han acordado aplicarlo por el procedimiento de Cooperación Reforzada.

3. Creación de Impuesto sobre la Riqueza que sustituirá al Impuesto sobre el Patrimonio,

con mínimos exentos similares a los vigentes en el actual Impuesto sobre Patrimonio y tipos efectivos superiores para mejorar la progresividad, e incorporará fórmulas para evitar la interposición de sociedades con las que las grandes fortunas puedan eludir la tributación.

4. Elevación del tipo del Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito (actualmente

en tipo cero) con un gravamen mínimo del 0,2% y la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan establecer recargos sobre el mismo.

5. Elevación hasta el 100% del recargo en la cuota líquida en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles cuando exista desocupación con carácter permanente y definición y reglamentación sobre bases objetivas de esta situación

6. Supresión de la exención en el IAE. Las tarifas serían de 50 €/año con carácter general y del 1 por mil hasta 1.000.000 de € de cifra de negocio de cada actividad. Se mantendrían las tarifas actuales, modificadas con criterios medioambientales a partir de esa cifra de negocio.

Propuestas para construir una fiscalidad verde

1. Introducir criterios medioambientales en impuestos ya existentes. Estos criterios afectan al hecho imponible, el sujeto pasivo, la base imponible y los tipos aplicables.


Los impuestos afectados serían: Impuesto sobre Hidrocarburos, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto especial sobre determinados Medios de Transporte, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se trata de impuestos con incidencia importante sobre la recaudación, que no fueron concebidos teniendo en cuenta la variable ambiental. Se aplicará también este criterio, de acuerdo con los correspondientes certificados de eficiencia energética, a los tipos máximo, mínimo y supletorio del IBI. Igualmente, de acuerdo con la potencia y emisiones de CO2 a los vehículos de tracción mecánica. Así mismo, a la tarifa del IAE, de acuerdo con la repercusión medioambiental de la actividad. Igualmente a los Impuestos sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. Crear nuevos impuestos sobre la energía nuclear, el vertido y la incineración de

residuos, sobre bolsas de plástico de un solo uso, sobre el cambio de usos del suelo y sobre sustancias de elevado nivel de preocupación.

o El Impuesto sobre la energía nuclear constituirá un gravamen sobre la

producción de energía termonuclear y sobre la producción, el depósito y el almacenamiento de residuos radioactivos

o El impuesto sobre el vertido de residuos afectarán a los residuos peligrosos, urbanos, inertes y otros residuos no peligrosos cuando tengan por destino la entrega, el abandono o el almacenamiento bajo determinadas condiciones.

o Impuesto sobre la incineración de residuos. Constituye el hecho imponible la

incineración (con o sin recuperación de energía) de residuos peligrosos, urbanos y otros residuos no peligrosos en instalaciones de incineración de residuos, tanto de titularidad pública como privada, y la coincineración de residuos en instalaciones de coincineración.

o Impuesto sobre bolsas de plástico de un solo uso. El hecho imponible es el

suministro al consumidor de bolsas de plástico en el punto de venta de los artículos o productos que se colocarán en las bolsas, o en cualquier otro punto de venta.

o Impuesto sobre el cambio de usos del suelo que gravará las actuaciones de nueva urbanización, incentivará formas de urbanismo más compactas y su recaudación será afectada al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, creado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

3. Impuesto sobre sustancias de elevado nivel de preocupación. Gravará el uso de ciertas

de estas sustancias (carcinógenas, mutágenas, bioacumulables, tóxicas para la reproducción, grasas trans, etc.). El objeto es internalizar los costes ambientales y sobre la salud que estas sustancias generan, y con ello favorecer el consumo de sustancias alternativas más ecológicas.


Propuestas para enfocar la fiscalidad con criterio federativo

Las reformas que proponemos deben legislarse y aplicarse desde un planteamiento no solo compatible, sino coherente y funcional con un modelo de Estado federal.

La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la igualdad de las empresas en el mercado, así como garantizar la equivalencia de servicios públicos independientemente del territorio. Se evitará la competencia fiscal para atraer, con impuestos más bajos, más industria y comercio

El poder tributario deberá estar dividido en tres niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios. El papel del Senado será fundamental en materia tributaria, como Cámara de representación territorial.

El principio de suficiencia debe estar bien definido tanto para las actuales CC.AA. como para los Ayuntamientos. Actualmente no hay mecanismos fiscales territoriales que permitan evitar el austericidio y la destrucción del Estado Social


14 Prioridades sectoriales en

el Nuevo Modelo Productivo

Es fundamental una migración de las actividades productivas desde los actuales productos y servicios de bajo valor añadido a otros de mayor valor. En este sentido hay que encontrar un equilibrio entre actividades de alto componente tecnológico, pero con escasa necesidad de empleo, y aquellas otras con una mayor necesidad de contratación. En el desarrollo temporal de la propuesta, habrá que prestar primero más atención a estas últimas. La diversificación y diferenciación productiva debe estar implícita en este modelo, a partir de la innovación, que es requisito esencial para el cambio y la mejora del proceso productivo, pero también del producto acabado y ofertado. Más innovación para más productividad. En este esfuerzo, la presencia de lo público es determinante. La intervención pública deberá adaptarse a las características de cada uno de los sectores. Los sindicatos CC.OO y UGT han elaborado un repertorio de sectores prioritarios para focalizar la ayuda y la planificación públicas que hacemos nuestro:

(a) Sectores emergentes. Son sectores beneficiados por las macro tendencias de cambio y en los cuales España tiene ventajas comparativas claras. Estos sectores son los que


más impulso público deben tener, ya que serán los que aportarán un mayor volumen de riqueza y empleo en las próximas décadas. Se incluyen dentro de este grupo: energías renovables; alimentos procesados, en mayor medida los relacionados con los productos de la agricultura ecológica; rehabilitación de edificios; los relacionados con la movilidad sostenible, particularmente la construcción y reparación naval, y construcción de material ferroviario; servicios sanitarios; y servicios sociales. (b) Sectores apuestas de futuro. Son sectores que se benefician de las tendencias de cambio, pero que están escasamente implantados en nuestro país. Se incluyen: mecatrónica; biotecnología médica (investigación en células-madre) e industrial; aparatos médicos; y biocombustibles que no entren en competencia con la producción de alimentos por el uso de la tierra. A ellos habría que añadir la nanotecnología, la micro y nanoelectrónica, la fotónica, los materiales avanzados y los sistemas avanzados de fabricación (que constituyen el grupo de las Tecnologías Facilitadoras Esenciales -KET-, por sus siglas en inglés y que cuentan con facilidades comunitarias de inversión)) . (c) Sectores básicos: Son sectores imprescindibles para mantener el volumen de empleo en España, que en muchos casos deben afrontar importantes procesos de modernización, debido a la transición hacia una la economía baja en carbono, de los cuales pueden salir fortalecidos. En este grupo se incluyen los sectores de: construcción; automoción; turismo;y química. (d) Sectores transversales. Son los sectores cuyo desarrollo es imprescindible para la obtención de ventajas competitivas de los anteriores sectores, y que a su vez se verán beneficiados por su desarrollo. Integrados por: Investigación, Desarrollo, Innovación, y Educación; Servicios empresariales; Transporte; Tecnologías de la información y las comunicaciones; y sector financiero público.

Un modelo productivo limpio El desarrollo científico, técnico y social permite avanzar hacia lo que se vienen denominando un modelo de producción limpia, cuyos fundamentos son: a) La sostenibilidad en el uso de los recursos naturales (agua, materias primas, suelo, etc.) mediante la minimización de su empleo y la aplicación del criterio de priorizar su renovación. Lo que exige una gestión racional mundial de los recursos basada en los principios de la biomímesis. b) La implementación de procesos productivos energéticamente eficientes, de tecnologías limpias y de métodos de organización del trabajo que permitan la optimización de los recursos empleados. c) El criterio de lograr la eficiencia productiva. Lo que se plasmará en la maximización de los bienes y servicios a obtener por unidad de recurso empleada y la no generación de residuos, emisiones y vertidos, lo que supone su eliminación en la cadena de valor y, si no es posible, la minimización de los mismos.

La necesaria transición a otro modelo energético El cambio de modelo energético es un eje principal del nuevo modelo productivo que proponemos. Será preciso modificar sustancialmente el mix energético, los procesos de


producción de energía y, con el mismo nivel de importancia, los patrones del consumo afectando a la construcción, la industria, el transporte y los hábitos domésticos. Deberá reducirse la intensidad energética y los edificios y viviendas pasar de ser consumidores a generadores, mientras los vehículos de transporte deberán desarrollarse desde el consumo de energías fósiles al uso de energías alternativas almacenadas.

Esto implica desacoplar el crecimiento económico del consumo de recursos energéticos. Los criterios de cualquier política energética deberán ser: ahorro y eficiencia, fuentes limpias y distribuidas y democratización del control. Izquierda Unida mantiene su oposición a las centrales nucleares.

Así mismo significa impulsar un nuevo patrón energético, cuya palanca de cambio sea el sector público. Avanzar en la reducción de la dependencia de la generación centralizada de energías basadas en combustibles fósiles y sustituirlo por un modelo descentralizado de generación, preferentemente basado en el aprovechamiento de la energía solar y, aunque en menor medida, de sistemas intercomunicados de energía eólica. Edificios, grupos de edificios y casas aisladas deben y pueden convertirse en centros generadores de energía tendencialmente autosuficientes e interconectados entre sí. Sólo la instalación descentralizada de placas solares generaría a corto plazo, y sin tener que realizar inversiones muy importantes, al menos 300.000 puestos de trabajo directos de cualificación media y media alta. Nacionalizar las redes básicas de suministro energético tanto de electricidad como de hidrocarburos. Explotación unificada bajo control público de la generación eléctrica y del suministro de hidrocarburos.

Es precisa una planificación energética pensada desde un enfoque de demanda, elaborada con participación social, para conseguir la satisfacción de las demandas sociales de servicios energéticos con consumos energéticos tan bajos como sea posible. Sólo se instalarán centrales de generación basadas en fuentes no renovables cuando esté probado que no existen posibilidades de ahorro o de suministro a partir de fuentes renovables.

La energía en España es cara, dependiente y contaminante. Elevadas emisiones de efecto invernadero y un modelo basado en combustibles fósiles importados que van a entrar en fase de escasez y carestía. El sistema de retribución de los operadores es sencillamente pernicioso.

El petróleo supone el 49% del gasto energético, el gas el 23,8% y la nuclear el 10,5%. No hay recurso natural, ni factor económico más estratégico para este país, que la energía. Ningún otro contiene amenazas equivalentes para la economía española. Ante ello, es posible una reducción del 23% del consumo de energía primaria y obtener un 100% de energías renovables en la generación de electricidad para 2030, lo que permitiría un ahorro de la demanda energética global en el sector residencial y de servicios de un 46% en 2050 respecto a 2009. Ante ello, es posible una reducción del 23% del consumo de energía primaria y obtener un 100% de energías renovables en la generación de electricidad para 2030, lo que permitiría un ahorro de la demanda energética global en el sector residencial y de servicios de un 46% en 2050 respecto a 2009.

a) Impulso de las energías renovables y especialmente de la fotovoltáica. b) Reformar el mercado de la electricidad. Recuperar la planificación vinculante c) Desarrollar las políticas de gestión de la demanda d) Nacionalizar las empresas necesarias para asegurar el cumplimiento de esas medidas.

La transición que proponemos hacia un nuevo modelo energético abarca tres grandes campos:


1.-En primer lugar, el impulso público decidido a las energías renovables solar, termosolar, eólica, biomasa, etc., y a la generación distribuida, lo que significa acabar con la errática trayectoria del gobierno actual. en impulsar la disponibilidad. Las renovables debe ser la potencia más firme mediante la hibridación de la energía solar de concentración y la eólica con las centrales de biomasa y con centrales hidráulicas reversibles, a la par que se mejora y confiere mayor estabilidad a la red interna y a las conexiones internacionales. Ello implica que exista un marco regulatorio seguro y serio que impulse las energías limpias y aleje a su vez los movimientos especulativos que pudieran conducir a una burbuja de las tecnologías de las renovables.

2.- Acompañar con la potenciación del transporte colectivo electrificado, particularmente las soluciones ferroviarias para personas y mercancías frente al actual modelo totalmente escorado hacia el transporte motorizado por carretera.

3.- La apuesta por la construcción energéticamente eficiente de inmuebles, comenzando por la promoción de la rehabilitación del obsoleto parque inmobiliario residencial, terciario e industrial existente. No se trata de crear “islas verdes” sino transformar en clave ambiental el conjunto de la actividad productiva: materiales, productos y procesos.

Un Plan de reindustrialización del país Un componente esencial del nuevo modelo productivo es la reindustrialización del país. Entendemos que, al igual que la responsabilidad de la desindustrialización corresponde a políticas impuestas por Europa, el Plan de Reindustrialización debe tener una importante componente europea, especialmente en su financiación. Su Presupuesto debe alcanzar el 2% del PIB europeo y debe estar financiado por el Banco Europeo de Inversiones. En esta idea no estamos sólo, coincide con lo propuesto por la Confederación Europea de Sindicatos y se lograrían 11 millones de puestos de trabajo en 10 años en toda Europa. Lo apoyan CC.OO, UGT, los poderosos sindicatos alemanes, la CGT francesa, etc.

Defendemos el criterio de que el esfuerzo de financiación debe ser proporcional al volumen de paro. Así, significaría en España más de 2,5 millones de puestos de trabajo, sólo por esa vía y con esa financiación. Ese plan de reindustrialización debe tener especial incidencia en las comarcas en declive (por ejemplo, corredor del Henares en Madrid, zonas mineras, y en cada lugar según las circunstancias existentes).

Debe integrar tanto los sectores tradicionales (minería, siderurgia, naval, etc.) como los emergentes, con un adecuado nivel de inversión e I+D+i. Rechazamos la “Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España” aprobada por el Gobierno del PP por su incapacidad para vincular medios a objetivos y aplicar la financiación necesaria.

Propuestas de IU:

Además, debe aumentar la inversión en conocimiento, reforzando los campos de la investigación, la innovación, la educación y la formación permanente. Para ello IU plantea las siguientes propuestas como principales:


Prioridad en la investigación y aplicación de tecnologías que mejoren el empleo

Carácter público del resultado de investigaciones financiadas con fondos públicos

Recuperación de los criterios de cooperación frente al de competitividad en la política tecnológica e industrial comunitaria.

Desarrollo de tecnologías genéricas y respetuosas con el medio ambiente y la salud pública.

Apoyo a la creación de redes y centros europeos de calidad en investigación y educación.

Democratización de la planificación, priorización y gestión de los programas de I+D

Cooperación científica y tecnológica con los países del Tercer Mundo.

Orientación de los recursos de I+D a aplicaciones civiles

IU propone elaborar un programa-marco europeo en políticas educativas y de I+D+i.

Desde el punto de vista sectorial, hay que tener en cuenta modelos más locales, que eviten excesivo uso del transporte y que estén orientados a la satisfacción de los mercados más próximos.

En cuanto a la minería, el cierre de las explotaciones y el fin de las ayudas, fue fijado para 2018 desde la única perspectiva del mercado. IU demanda la continuidad de las ayudas más allá de 2018 y un mix energético que tenga en cuenta al sector. Deben impulsarse las nuevas tecnologías que permiten utilizar el carbón con un adecuado respeto al medio ambiente.

El sector naval debe contar con un sistema de ayudas en el marco de la UE que evite la concentración de la actividad en sólo unos pocos países.

La siderurgia europea debe ser potenciada ligando las ayudas al empleo y exigiendo un tiempo de permanencia más elevado. La UE debe dar respuesta al dumping social penalizando las importaciones de países donde no se respeten los derechos y la seguridad de los trabajadores.


15 Apoyo a la I+D+i

La Investigación científica, el Desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) son ámbitos fundamentales para un desarrollo social y ecológicamente sostenible. Las políticas comunitarias de I+D+i deben ser herramientas para fomentar el desarrollo equilibrado del conjunto de los países europeos y para su cohesión social. Actualmente se están aplicando recortes en I+D+i que están estrangulando el sistema científico. Se está produciendo un franco retroceso en el fortalecimiento de la base de conocimiento: el nivel de inversión en educación sigue siendo demasiado bajo; el aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje permanente es limitado; y sigue siendo alto (especialmente en los países del sur) el número de jóvenes que abandonan sus estudios sin cualificación alguna, o con cualificaciones elementales. En algunos países como España el exilio profesional se ha convertido en una salida para una generación de jóvenes con excelente formación.

El programa Horizonte 2020 cuenta con el mayor presupuesto dedicado a I+D+i en la historia de la UE y concentra todos los instrumentos dedicados a formación e investigación. Sin embargo, sus estructuras de gestión, evaluación y decisión, tuteladas por los países centrales y por los grandes consorcios, son inútiles para hacer realidad el objetivo de la Estrategia de Lisboa de alcanzar una inversión media del 3% del PIB dedicado a I+D. Las prioridades en este ámbito pasan por aumentar la inversión en conocimiento, reforzando los campos de la investigación, la innovación, la educación y la formación permanente.

IU plantea las siguientes propuestas:

1. Apoyo a la creación de redes y centros europeos de calidad en investigación y educación, mejorando la dimensión europea del aprendizaje permanente con el reconocimiento de cualificaciones y aptitudes; creando títulos, certificados y diplomas europeos públicos; y estableciendo normas mínimas comunes de calidad y seguridad


ambiental en la educación y la formación. Desarrollo y homogeneización de las carreras profesionales del personal de la investigación facilitando la movilidad.

2. Garantizar el carácter público del resultado de investigaciones financiadas con fondos públicos, rechazando su apropiación privada. Los resultados de la investigación científica y tecnológica subvencionada con fondos públicos, deben ser de libre utilización y difusión, así como también aquellas que afecten a necesidades básicas (como medicamentos, etc.).

3. Prioridad en la investigación y aplicación de tecnologías que mejoren el empleo en función de la relación innovación/volumen-calidad del empleo generado. Promoción de la investigación orientada a las necesidades sociales: protección del medio ambiente, energías renovables y limpias, salud laboral y ambiental.

4. Recuperación de los criterios de cooperación frente al de competitividad en la política tecnológica e industrial comunitaria.

5. Desarrollo de tecnologías genéricas y respetuosas con el medio ambiente y la salud pública.

6. Democratización de la planificación, priorización y gestión de los programas de I+D, que se basará en criterios de rentabilidad social. Crear condiciones para que aumente la inversión en investigación, pero manteniendo niveles elevados de financiación pública en campos prioritarios. Limitación del papel de los grupos industriales en la orientación de la política tecnológica. Garantizar la ausencia de conflictos de interés de los miembros de organismos de la UE, particularmente en la evaluación de productos pre comercialización.

7. Modificación de las estructuras de gestión, evaluación y decisión en todos los instrumentos del programa Horizonte 2020 para hacerlos más democráticos y abiertos, , que facilite el acceso a la financiación a los países o regiones menos desarrolladas.

8. Inclusión de la cohesión como criterio relevante para las propuestas de investigación, destacando las que pueden resolver problemas en las regiones menos desarrolladas.

9. Aplicación del principio de precaución en la evaluación de los programas europeos, especialmente en Biotecnología, Medio Ambiente, telecomunicaciones y Energía. Prohibir la investigación y uso de compuestos químicos que dañen el medioambiente. La legislación comunitaria deberá obligar a la industria a probar la inocuidad de sus producto, garantizándola antes de su comercialización.

10. Recuperación y fomento de la investigación en temas socioeconómicos, con especial énfasis en estudios de marginación y exclusión social, emigración, discriminación, consecuencias sociales del paro y de la precariedad laboral y de la exposición a tóxicos.

11. Establecimiento de un presupuesto mínimo dedicado a temas socioeconómicos en cada instrumento del programa. Línea de financiación para proyectos de investigación que respondan a las demandas de las organizaciones sociales.

12. Generación de Políticas integradas de participación en proyectos europeos y nacionales. Redistribución del esfuerzo investigador que integre las demandas en I+D de todos los países miembros. La asignación de recursos a estas políticas facilitará alcanzar el objetivo del 3% del PIB en I+D y ayudará a reducir la brecha entre países.

13. Fomento de conferencias de consenso y de la participación ciudadana en las decisiones tecnológicas: financiación, seguridad, uso y aplicación de las tecnologías generadas..

14. Cooperación científica y tecnológica con los países en desarrollo.


15. Orientación de los recursos de I+D a aplicaciones civiles, descartando el modelo de desarrollo vía innovación militar. Aprobación de una Ley Europea de Objeción Científica que legalice la oposición de los científicos a trabajar en programas de “Defensa” Militar.

16. Ampliar el marco de la regulación europea respecto a la limitación de estudios con animales, promoviendo alternativas éticas y limitando estrictamente el estudio a aquellos campos de probada rentabilidad social, fundamentalmente dentro de la investigación médica, en los que no exista alternativa.

17. IU propone elaborar un programa-marco europeo en políticas educativas y de I+D+i, basado en los principios básicos de: una educación pública, democrática y laica de calidad; un sistema científico-técnico que sustente un desarrollo social y ecológicamente sostenible; un modelo que contribuya a la extensión de la cultura científica independiente indispensable para elegir y decidir el modelo social en que queremos vivir.

Un problema especial plantean las Estrategias regionales de Especialización Inteligente (RIS3), que serán en el futuro una condición indispensable para acceder a los Fondos FEDER. Sus formas de elaboración, plazos, evaluación y control de las mismas constituyen un aspecto muy importante de los programas autonómicos.

Otra Ley de la Ciencia

Un contenido en una futura Ley de la Ciencia, que acompañe al nuevo modelo productivo, debe tener los siguientes objetivos:

1. Ayudar a la creación de un tejido productivo de calidad en el que la innovación e investigación jueguen un papel fundamental.

2. Responder a la nueva realidad autonómica, asegurando la coordinación efectiva de las actividades de I+D+I entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas.

3. Establecer un marco adecuado de relaciones entre el sector público y las empresas. Un marco que tenga en cuenta las características de la I+D de las instituciones públicas y de innovación de las empresas, y que sea claro y seguro para todos: empresas e instituciones públicas, con criterios claros sobre propiedad industrial e intelectual, y sobre los retornos de las actividades comunes; y de participación de las instituciones públicas en resultados y modelos de relación entre Spin-off y sus centros de origen.

4. Incluir el derecho a la carrera profesional evaluable para el conjunto de las funciones de investigación: científicos, técnicos y de gestión en el marco del Estatuto del Empleado Público y sujeto a las normas de negociación incluidas en el mismo, dignificando y dando estabilidad al colectivo en su conjunto.

5. Asegurar la financiación adecuada y el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Nacional de Reformas de alcanzar el 2 por ciento del PIB para 2010.

Es preciso configurar el Programa Marco de Investigación e Innovación Tecnológica (PMI) se plantea como el instrumento primordial de la política científica y tecnológica de la Administración General del Estado, diseñado y financiado en colaboración con las Administraciones Autonómicas, para impulsar el desarrollo del sistema español Ciencia-Tecnología-Empresa.


Este Programa debe ser elaborado con participación en términos de igualdad (con las correcciones oportunas según PIB, población, inversión en I+D+i, etc.) a imagen del Programa Marco Europeo; y financiado por todas las administraciones, que aseguraría el cumplimiento del principio de subsidiariedad, de no duplicar esfuerzos.


16 Una nueva Política Agraria

Comunitaria

El impacto de la PAC en España no ha sido positivo, y esto se ha agravado con las reformas habilitadas a partir de 2003 y sus adaptaciones específicas en el caso español. La población activa en la agricultura ha descendido en un 8% y se sitúa en el 4% del conjunto de la población activa. La renta agraria es el 65% de la media de renta de los diferentes sectores productivos. El diferencial de precios entre lo pagado al agricultor y lo que paga el consumidor se sitúa entre el 400 y el 500%.

La dependencia de nuestra agricultura de las importaciones es creciente, precisamente por el paradigma en el que se basa la PAC de que lo importante son los precios baratos. Pero la entrega del comercio agrícola a los grandes monopolios, y la consiguiente especulación ha hecho quebrar ese paradigma. No obstante, entendemos que la reforma de la PAC es un buen instrumento para el desarrollo sostenible y el mantenimiento del empleo en amplias zonas del país, y para la soberanía alimentaria. Actuamente, el 70% de las ayudas de la PAC las reciben el 25% de los agricultores y ganaderos.


En el nuevo modelo productivo, el objetivo de garantizar la Soberanía Alimentaria es esencial. Su principio básico es derecho de los pueblos a decidir sobre su política agraria por ellos mismos, respetando el medio ambiente. Ello significa prioridad a las producciones locales agrarias y a la calidad en la alimentación. Debe regular el acceso a la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos.

Propuestas de Izquierda Unida:

1.- Elaboración de un Plan de Desarrollo Rural Integral: el desarrollo de la producción agrícola y las oportunidades de empleo deberían constituir el criterio central del desarrollo rural, con la aplicación de políticas basadas en el sector, apoyando la biodiversidad agrícola y el empleo rural, especialmente para jóvenes y mujeres. Los subsidios deberían darse bajo criterios económicos, sociales y ambientales y no bajo criterios de beneficio de los grandes productores en algunos sectores. Frente a la actual política de desacoplamiento de las ayudas de la PAC con relación a la producción, es necesario reorientar la distribución de su presupuesto de la PAC y hacerlo, en particular, hacia las necesidades de las zonas rurales, los pequeños productores, las zonas desfavorecidas y las zonas montañosas.

2.- Fomento de la agricultura y ganadería de producción ecológica con un objetivo multifuncional: la protección del material multiplicativo de las plantas, garantizando el derecho de agricultores a tener sus propias semillas, aplicando programas de desarrollo de la agricultura y la ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de organismos modificados genéticamente (OMG) en la producción de alimentos, defendiendo y valorando la denominación de origen, incluso en los mercados no europeos.


17 Por una Banca Pública

La crisis del capital financiero es una oportunidad irrepetible para eliminar su influencia sobre la determinación político-social de las prioridades. ¿Qué se produce?, ¿cómo se produce? y ¿para quién se produce? deben ser los contenidos de competencia exclusiva de una planificación democrática de la economía. El sistema financiero debe ser estrictamente regulado y las únicas instituciones financieras de envergadura sistémica deben ser las públicas.

En España ya hemos pagado el coste de la Banca Pública, en más de 46.000 millones de euros, más el importe de avales y subvenciones que pueden verse más adelante.. Han sido un verdadero rescate que ha comprometido recortes y políticas antisociales. Ahora comienzan a privatizar esos bancos y los venden a buen precio a los amigos y a los fondos de inversión extranjeros. Izquierda Unida hará todo lo que pueda para que permanezcan en manos públicas. La existencia de Banca Pública es una necesidad impostergable para la financiación del nuevo proceso productivo, de acuerdo con criterios democráticos y sostenibles. Es garantía de que el crédito fluye hacia los sectores productivos que pueden pilotar el modelo de desarrollo alternativo. La Banca Pública garantizará el crédito necesario para las pyme. La


legislación favorecerá la operativa de las pequeñas empresas, propiciando ventajas en la licitación pública, favoreciendo el comercio de proximidad, incorporando la I+D+i.

La Banca privada española es incapaz de cumplir su función y lo será durante mucho tiempo como consecuencia de su endeudamiento. (casi 1 billón de euros). Según un estudio internacional dado a conocer por la Fundación 1 de Mayo, sobre el comportamiento de 560 bancos privados y públicos en la actual crisis a escala mundial, los bancos privados han restringido en mayor medida el crédito, lo redujeron como media un 5,5%, mientras que los bancos públicos han incrementado sus líneas de crédito en un 9,4% como media, contrarrestando la caída de crédito privado. Esto es así porque los bancos públicos no tienen como único objetivo maximizar los beneficios, sino también impulsar la actividad económica, por lo que:

• Prestan más que el sector bancario privado. • Evitan parcialmente que la crisis financiera se extienda a la economía real. • Tienen un importante papel en la reconversión de los sectores productivos tras la crisis. • El crédito de los bancos públicos es muy importante para que las medidas de política

monetaria de reactivación tengan éxito.

Ante situaciones de crisis, los bancos públicos son más recapitalizables que los bancos privados, ya que los gobiernos tienen más recursos que los banqueros privados y por ello sufren menos retiradas de depósitos, son considerados más seguros por los ahorradores.

Propuestas de IU a corto plazo:

1. Deben ser nacionalizadas de forma permanente todas las instituciones financieras intervenidas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) (Novagalicia Banco, Catalunya Banc y BFA/Bankia) y aún no adjudicadas a otros bancos privados. La suma de activos de estas, supera los 500.000 millones de euros y su presencia en el territorio es global. Todas ellas deben constituir un único Banco Público, que sería de los primeros del país (dependiendo su posición concreta de las auditorías que se hagan sobre el conjunto de la Banca). Esta fórmula ofrecería una extensa red de oficinas, aunque con cierta concentración territorial, y de personal especializado para realizar su tarea de intermediación con garantías de profesionalidad y adecuado control de riesgos. El control de las entidades financieras ha de ser democrático y la Banca Pública no realizará operaciones especulativas.

2. Proponemos introducir en la UE la ley Glass-Steagall, de forma que los representantes

de la banca no puedan formar parte de los Consejos de Administración de las empresas industriales, comerciales o de servicios.

3. Transformar en derechos políticos (es decir a participar en la gestión efectiva) todas las

ayudas públicas de capital y de otro tipo susceptibles en su conversión en ayudas de capital

4. El proceso de nacionalización que proponemos no puede ser una actividad aislada.

Deben establecerse sinergias y relaciones con el ICO y deben recuperarse fichas bancarias que permitan una Banca Pública especializada en la Economía Social (Banco Público Cooperativo) y en otros sectores (Banco Hipotecario, Banco de Crédito


Territorial, etc). Debe ser rescatada por el sector público la Obra Social de las Cajas de Ahorro, de forma que se garantice su mantenimiento y papel.

5. Izquierda Unida presentará las propuestas necesarias para detener cualquier proceso de privatización de las instituciones actualmente intervenidas y advierte de que cualquier proceso de esa naturaleza será revertido, examinando cuidadosamente su ejecución y las posibles irregularidades o ilegalidades que hayan podido producirse.

6. La cartera de participaciones industriales en sectores estratégicos (energía, transporte, tecnologías avanzadas, química y farmacia, etc) de las entidades nacionalizadas debe pasar a dominio público como contrapartida a la aportación de capital público. Izquierda Unida se opondrá a cualquier privatización de los mismos

7. La cartera de participaciones financieras en instituciones extranjeras debe ser estudiada para la posible venta de sus activos con la finalidad de mejorar la situación de las entidades. Las participaciones financieras en instituciones españolas deben ser conservadas en los activos de cada entidad.

8. Los activos inmobiliarios en poder de las empresas inmobiliarias segregadas y/o traspasados a la SAREB deberán ser territorializados. Propondremos que las CC.AA. creen Empresas Públicas de Gestión de Vivienda Social. Como método prioritario consideramos un Programa de Vivienda Social en usufructo, que podría ser financiado con cargo a un Plan de Viviendas 2015-2019 y la emisión de cédulas hipotecarias. Esos activos deben ser utilizados para dar una salida a la escasez de vivienda social existente en España.


18 Apoyar el tejido

productivo real

Recuperar y fortalecer el sector público

Las medidas iniciales para fortalecer el sector público son:

a) Creación de una Compañía de Ahorro Energético (CAE) de titularidad pública y con presencia de los trabajadores y los agentes sociales para impulsar las políticas de ahorro y uso eficiente de la energía.

b) Se creará un Polo Integral de la industria del medicamento de propiedad y gestión públicas, que se responsabilizará de la investigación, la producción nacional, la seguridad y la distribución mayorista de los medicamentos.

c) Se desarrollará un polo público en todos los sectores estratégicos de la economía, especialmente en el energético, transporte, alimentario, comunicaciones, nuevas tecnologías. Se asegurará el carácter público de la propiedad y gestión del agua.

Priorizar la participación de la economía social y generar modelos de colaboración público-social. Apoyo específico a la pyme y autónomos

Izquierda Unida considerará pioritarias en el marco de nuevo modelo productivo las pequeñas empresas y los autónomos, junto a las cooperativas y las empresas de economía social.


Entendemos como pequeñas empresas a estos efectos las que tienen menos de 20 trabajadores.De ellas, las de menos de 10 trabajadores, según los datos del INE (DIRCE a 1 de enero de 2014), considerando sólo empresas con actividad, se subdividen en:

a) Empresas sin ningún trabajador asalariado (principalmente autónomos): 1, 67

millones (53,6% del total de las empresas españolas) b) Empresas de 1 o 2 trabajadores: 921.000 (29,5% del total). El porcentaje de empresas con 2 o menos trabajadores es del 83,1% c) Empresas de 3 a 9 trabajadores, 395.000 d) Empresas de 10 a 19 trabajadores, 70.000

En total las empresas con menos de 20 trabajadores representan casi el 98% del total. En el período de crisis (2008-14) han desaparecido más de 300.000 empresas Esta situación debe ser el punto de partida para cualquier transformación del modelo productivo. Proponemos en ese marco dos Planes Estratégicos:

a) Plan Estratégico de Apoyo a la pyme y autónomos

b) Plan Estratégico de Desarrollo de la Economía Social

Propuestas generales de Izquierda Unida comunes a ambos Planes

A) Generales

1.- Simplificación real de los procesos y exigencias administrativas. Vincular todas las administraciones al criterio “ventanilla única”.

2.- Establecer criterios de discriminación positiva para pyme, autónomos y empresas sociales en la contratación pública. Vincular estos criterios a los de cantidad y calidad del trabajo y procedimientos de sostenibilidad y responsabilidad social.

a) Proponemos reservar el 20% de las licitaciones cuyo importe en gastos de personal supere el 50% del valor total del contrato a empresas con menos de 20 trabajadores.

b) Introducir cláusulas para todas las licitaciones que valoren la cantidad y calidad del trabajo adscrito al contrato, el mantenimiento del empleo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios colectivos.

3.- Creación de una cuenta fiscal que asegure el cobro de las deudas de las

Administraciones Públicas con los proveedores de bienes y servicios, una vez pasado un límite de 30 días. La compensación se haría contra las deudas o entregas a cuenta del IVA, IRPF o Sociedades, en el caso de la Ad. General del Estado, de la parte autonómica de esos impuestos o de los impuestos cedidos en las deudas de las Administraciones de CC.AA. y de los tributos y tasas municipales en el caso de los Ayuntamientos.

4.-Creación de una Fundación tripartita para la Formación en Gestión de Empresas y

Recursos Humanos.

6-Apoyo económico a Programas de Calidad de producto y de Servicio Post-Venta y utilización del ICEX como instrumento de apoyo técnico en esos Programas


7.- Incentivar en estas empresas los elementos de ganancia de tamaño, innovación, internacionalización y cooperación.

8.- Desarrollar programas concretos de fomento de la cooperación empresarial y desarrollo de clusters y de la innovación en la estructura empresarial y en la gestión.

9.- Apoyo a la implantación local y a los circuitos comerciales de proximidad: mercados y distribución.

10.- Desarrollar nuevos instrumentos de financiación. Priorizar el crédito de la Banca Pública y establecer mecanismos específicos con apoyo pública de garantías y seguros.

B) Financieras

Implementación de nuevas líneas de crédito, mediante acuerdo del ICO con las instituciones financieras nacionalizadas (Banca Pública), bajo los criterios determinados por el Gobierno, que podrán ser adoptados también de forma voluntaria por otras instituciones financieras, con créditos para necesidades de liquidez, desarrollo de actividades de I+D+i., y para la prospección de mercados. El Gobierno adoptará un compromiso de subvención de intereses.

Considerar prioritario el apoyo a la pequeña empresa entre las actividades del ICO. Subvencionar los intereses de préstamos de la línea ICO- SGR en 3 puntos para empresas y autónomos de menos de 10 trabajadores que serán facilitados directamente por el ICO, apoyándose en los estudios de riesgo de las Sociedades de Garantías Recíprocas.

Propuestas sectoriales de Izquierda Unida:

A) En el sector primario:

1.- Impulso de un Plan de Reforestación, vinculado a la creación de empleo en el subsector

2.- Impulso de un Plan de Desarrollo Rural con financiación PAC

3.- Apoyo específico a la innovación en la industria agroalimentaria

4.- Puesta en valor de recursos minerales estratégicos y aplicación de sistemas de explotación sostenibles e innovadores que limiten los efectos medio ambientales, vinculado a políticas de mantenimiento y/o desarrollo del empleo en las comarcas mineras.

5.- Impulsar en Europa la reforma de la Política Agraria Comunitaria. El impacto de la PAC en España no ha sido positivo, y esto se ha agravado con la reforma de 2003 y sus adaptaciones específicas en el caso español. La población activa en la agricultura ha descendido en un 8% y se sitúa en el 4% del conjunto de la población activa. La renta agraria es el 65% de la media de renta de los diferentes sectores productivos. La dependencia de nuestra agricultura de las importaciones es creciente, precisamente por el paradigma en el que se basa la PAC de que lo importante son los precios baratos. Pero la entrega del comercio agrícola a los grandes monopolios, y la consiguiente especulación ha hecho quebrar ese paradigma. 6.- Reglamentar la trazabilidad de los precios de los productos y apoyo público a la creación de Cooperativas de Comercialización que permitan la agrupación de la oferta frente a las grandes superficies y la venta directa a los consumidores.


7.- Desarrollo de un Plan de Garantía de la Soberanía Alimentaria que tome como principio el derecho de los pueblos a decidir sobre su política agraria por ellos mismos, respetando el medio ambiente. Ello significa prioridad a las producciones locales agrarias y a la calidad en la alimentación. Debe regular el acceso a la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos. 8.- Elaboración de un Plan de Desarrollo Rural Integral: el desarrollo de la producción agrícola y las oportunidades de empleo deberían constituir el criterio central del desarrollo rural, con la aplicación de políticas basadas en el sector, apoyando la biodiversidad agrícola y el empleo rural, especialmente para jóvenes y mujeres. Los subsidios deberían darse bajo criterios económicos, sociales y ambientales y no bajo criterios de beneficio de los grandes productores en algunos sectores. Frente a la actual política de desacoplamiento de las ayudas de la PAC con relación a la producción, es necesario reorientar la distribución de su presupuesto de la PAC y hacerlo, en particular, hacia las necesidades de las zonas rurales, los pequeños productores, las zonas desfavorecidas y las zonas montañosas. 9.-Fomento de la agricultura y ganadería de producción ecológica con un objetivo multifuncional: la protección del material multiplicativo de las plantas, garantizando el derecho de agricultores a tener sus propias semillas, aplicando programas de desarrollo de la agricultura y la ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de organismos modificados genéticamente (OMG) en la producción de alimentos, defendiendo y valorando la denominación de origen, incluso en los mercados no europeos.

B) En el sector industrial: Plan de reindustrialización, de acuerdo con lo especificado en otro punto de ester documento.

C) En el sector de la construcción y el hábitat: Plan de rehabilitación sostenible de viviendas vinculado a la creación de empleo (desarrollado en otro punto de este documento).

D) En el sector turismo: Estrategia para el desarrollo de un turismo de calidad, sostenible y desestacionalizado, apostando por segmentos turísticos emergentes y/o distintos de los tradicionales aún sin consolidar, por la diversificación y la especialización.

E) en los restantes servicios:

1.- Impulso de las energías renovables, de acuerdo con los términos del punto específico.

2.- Plan de reactivación del comercio en los núcleos urbanos, con especial incidencia en los cascos históricos, su especialización e innovación.

3.- Medidas de apoyo a la industria cultural. El español como recurso económico, la industria audiovisual y la expresión artística. Vinculación entre turismo de calidad y arte.

Medidas específicas para el apoyo a la pyme y autónomos

1.- Un Programa Primer Trabajador para para subvencionar durante dos años la realización del primer contrato indefinido por parte de una empresa o autónomo actualmente sin trabajadores:

a) 30% de la retribución bruta durante el primer año, hasta un máximo de 6.000 euros/año


b) 20% de la retribución bruta durante el segundo año, hasta un máximo de 4.000 euros/año. 2.- Una política de compensación a las pequeñas empresas y autónomos por nuevas contrataciones que sean necesarias para mantener la producción por el paso de la jornada normal de trabajo a 35 horas semanales, de acuerdo con las propuestas de IU para la creación de empleo mediante el reparto del trabajo, definida en otro punto de este mismo documento. 3.- Una política de compensación por el incremento del SMI hasta los 1.100 euros 4.- Apoyo específico a las iniciativas artesanales emprendedoras y a proyectos singulares

en el sector del comercio y la artesanía.

5.- Programas de apoyo a microempresas en zonas rurales

Medidas específicas para el desarrollo de las cooperativas y la economía social

1.- Establecer un Consejo estatal de la Economía Social

2.- Implantar sistemas de colaboración público-social en la gestión y desempeño de ciertos servicios.

2.- Acordar nuevos modelos legales de empresas cooperativas, por ejemplo las cooperativas de uso de viviendas.

3.- Favorecer la incorporación al mercado laboral a través de empresas sociales y cooperativas, con especial incidencia en jóvenes, mujeres, colectivos en riesgo de exclusión (en este caso, por ejemplo, a través del Programa Empleo/ formación que defendemos) y colectivos de trabajadores de empresas en crisis para continuar la actividad y mantener el empleo.

4.- Programas de capacitación de personas socias y trabajadoras de economía social.

5.- Apoyo a las cooperativas de segundo grado y especialmente a las cooperativas de crédito.

6.- Modificación de la Ley de Sociedades en lo que se refiere a las Sociedades de Responsabilidad Limitada y de la Ley de Cooperativas en las Cooperativas de Trabajo Asociado para suspender durante 8 años la obligatoriedad de los correspondientes Fondos de Reserva y de Formación para todas aquellas empresas de nueva creación resultantes de la asociación de un mínimo de tres y un máximo de 20 trabajadores bajo la forma jurídica de S.L. o Cooperativa.

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