¿Distrito minero o proyecto puntual?

Evolución de los Derechos Mineros Vigentes (en miles de hectáreas)

2258 2258 2371

6151

8758

12110

1559714825

13188 12766

11099

7452

9276 93119840

11572

13224

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mayo2007

El caso de Majaz se da en dos escenarios claves: (1) El debate en Piura sobre el tema minero que tuvo en

el caso Tambogrande un conflicto emblemático.

(2) Los conflictos que vienen de la región Cajamarca.

En la región norte del país se está debatiendo a fondo la agenda de derechos vinculada a la minería.

La percepción es que la entrada de un proyecto puede ser el inicio de un proceso de expansión minera que no se va a controlar.

Algo similar a lo que ocurre hoy en día en Cajamarca.

Por lo tanto hay una idea clave muy presente: “no me estoy enfrentado únicamente a esta empresa y a este proyecto; en realidad me estoy enfrentando a la pretensión de convertir toda esta región en una nueva zona de expansión minera”.

DERECHOS MINEROS VIGENTES REGIÓN PIURA

AÑOS Ha. %

2002 421082,88 12,4

2003 435554,53 12,8

2004 372421,24 10,9

2005 458654,20 13,5

2006 508669,46 14,9

2007* 618429,76 17,20,00

100000,00

200000,00

300000,00

400000,00

500000,00

600000,00

700000,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007

EVOLUCION DERECHOS MINEROSREGION PIURA (Ha)

2002 - 2007

* A mayo de 2007

“La compañía plantea que la mina actualmente proyectada podría ser el inicio de un “distrito minero” mucho más grande. Esto significa que los efectos potenciales de Río Blanco en el ambiente y el desarrollo no pueden ser analizados independientemente del impacto de este distrito minero más amplio” (resumen ejecutivo del Perú Support Group).

Y la pregunta clave es si los mecanismos que hoy en día existen en el país permiten evaluaciones de ese tipo.

Sabemos que no es así…

Los mecanismos no permiten una evaluación estratégica y plantean evaluar proyecto por proyecto:

Peor aun, se dan una suerte de caricaturas de evaluación; ya que en el país nunca un EIA de un proyecto de envergadura ha sido desaprobado.

Incluso un informe reciente del Banco Mundial ha señalado que en el Perú:

“en cuanto a las elaboraciones de los Estudios de Impacto Ambiental, el BM cuestiona en varios aspectos la parte técnica y la limitada capacidad del MINEM para revisar y aprobar los EIA de manera eficiente. Para el BM, las audiencias públicas previas a la elaboración de los EIA no han dado los resultados esperados. Frente a ello recomienda entre otras cosas, reglamentar la ley de evaluaciones ambientales e integrar los EIA con una evaluación profunda del impacto social”

“Análisis ambiental del Perú: retos para un desarrollo sostenible”

Además, el mismo informe del Banco Mundial nos recuerda que el costo de la degradación ambiental en el Perú llega a la cifra de 8,2 mil millones de soles, lo que equivale al 3,9% del Producto Bruto Interno.

Se debe enfatizar que los procedimientos no son los adecuados.

Mientras no se definan procedimientos adecuados; las poblaciones y sus autoridades están planteando iniciativas como la de la consulta ciudadana en los distritos de influencia directa del proyecto Río Blanco.

Pero además el convenio de estabilidad jurídica -como si nada hubiese pasado- avala las irregularidades que se han cometido en este caso.

“Existen evidencias que la compañía no contaba con el permiso legal correspondiente de las comunidades de Yanta y Segunda de Cajas”

El artículo 11º de la Ley Nº 26505, Ley de Promoción de la Inversión Privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas es muy claro:

señala que: las comunidades campesinas y nativas podrán disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier acto sobre las tierras comunales sólo con acuerdo de la Asamblea General y con el voto conforme de los dos tercios de todos los miembros de la comunidad.

Y ese requisito no ha sido cumplido por Minera Majaz.