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Primer Informe de Actividades Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores

El presente documento pretende informar y compartir con la ciudadanía, el trabajo que se

ha realizado a lo largo del Primer año del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias

correspondiente al Primer año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H.

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de la cual tengo el honor de

pertenecer.

El compromiso es para siempre, ese es mi principal pensamiento, pensamiento que he

pretendido volver acción al legislar en bien de nuestra ciudadanía. No es poco visible para

nadie que vivimos tiempos difíciles, que día con día debemos enfrentarnos a una realidad

frustrante, la falta de oportunidades de recibir una buena educación, de contar con un

empleo seguro, poder salir de nuestras casas con la seguridad que nada afuera nos

espera, una solución a nuestras necesidades.

Cierto es que no es cosa de un día, ni de unos cuantos, también es cierto que se requiere

de voluntades, principalmente de aquellos que nos encontramos en un puesto público,

representando a la población, esa es la parte que debemos recordar que estamos para

servir.

Durante las comparecencias de diversos Secretarios de Despacho, nos dimos a la tarea de

cuestionar, aquellas inquietudes que consideramos importantes temas durante el

desarrollo de estas comparecencias.

En lo transcurrido durante este primer año de labores legislativas, nuestra principal tarea

la hemos enfocado a la legislación, sin dejar de lado la gestión y apoyo a causas con las

que compartimos pensamiento y actuar. Tal ha sido el caso sobre el maltrato a los


animales, respecto al cual trabajamos aportando una iniciativa al Código Penal, buscando

se dé un castigo a aquellos que atentan contra la seguridad y vida animal.

También trabajamos por aportar nuestra perspectiva a través de la iniciativa de decreto

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección de Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.


Es por lo que considero importante compartir la postura de un servidor ante esta

Soberanía, la cual hice manifiesto en la Segunda Sesión Ordinaria de la Sexagésima

Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer año de Ejercicio

Constitucional, celebrada el día catorce de noviembre del año dos mil trece.

“…Con el permiso de la Mesa. Señoras diputadas.

Señores diputados. Medios de comunicación. Ciudadanos todos.

Con su permiso, diputada presidenta.

Como lo reconoce la doctrina, el Poder Legislativo representa con mayor objetividad el

poder soberano del pueblo y éste es esencialmente plural y diverso, que se reconoce en su

cultura democrática desde el momento que vota para elegir a sus representantes. Es por

esto que tenemos la gran responsabilidad ética y política de hacer leyes que respondan de

manera objetiva y justa a sus demandas.

Sin embargo, esta representación, si bien está legalizada por los órganos electorales y

jurisdiccionales, es resultado de un proceso electoral carente de los principios

constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, pues,

como todos sabemos, los actos

dispendiosos de campaña, la coacción y

compra de votos y la anulación de esas

elecciones ilegales muestran que la

cultura del fraude electoral sigue siendo

el mecanismo que burla la voluntad

ciudadana y termina por imponer a

representantes ilegítimos que no sienten

ningún compromiso con la población.


Autocríticamente, estamos obligados a profundizar la calidad de la democracia,

empezando por crear un sistema electoral que castigue severamente a los que burlan la

ley; a los que coaccionan y compran el voto; a los que rebasan los topes de campaña,

haciendo un dispendio que ofende por la situación de pobreza en que vive la mayoría de la

población; a los integrantes del instituto electoral o jurisdiccional que, por acciones u

omisiones graves, consolidan triunfos ilegítimos que nos otorgan poderes no reconocidos

ni respetados por la ciudadanía.

Nosotros, como miembros del PRD, consecuentemente seguiremos luchando por reformar

las leyes electorales y sus respectivos órganos para que se respete cabalmente la

Constitución y se garantice a la población elecciones libres y auténticas, eliminando de una

vez por todas el fraude electoral que destruye el principio fundamental de cualquier Estado

de Derecho, que es el origen legal de su constitución.

Por otro lado, a lo largo de las campañas electorales, cada uno de nosotros vio y escuchó

de manera personal las graves carencias que los veracruzanos tienen. Vimos, en primer

lugar, la pobreza y desempleo en el campo y las ciudades. Padecimos la inseguridad

pública, misma que ubica a Veracruz como un Estado peligroso para vivir donde, además,

esta circunstancia trata de ser ocultada por el mismo gobierno, coaccionando y

amenazando a la prensa para evitar que se hable del tema. En tercer lugar, la corrupción

en la administración, que toca incluso a la misma sociedad civil, es decir, hay un peligroso

deterioro de la ética pública que nace en el corazón del gobierno, el cual, a pesar de la

creación de sendas contralorías y del propio Órgano Superior de Fiscalización, no ha

podido disminuirla.

Por su parte, las mujeres denuncian acremente la falta de igualdad entre los géneros y los

ambientalistas la erosión del derecho a un medio ambiente sano. Vemos, además, la falta

de un presupuesto participativo. Lo que hoy tenemos es un presupuesto inercial, que


consume casi todos los recursos en el gasto corriente y que termina creando un gobierno

rico con un pueblo pobre.

Señoras diputadas, señores diputados. Para el Partido de la Revolución Democrática, los

problemas que nos aquejan son el resultado de la implementación de políticas públicas de

corte neoliberal. Por ello, postulamos de manera crítica y consecuente, la necesidad de

construir un Estado social democrático y de Derecho que ponga en el centro de su acción,

el bienestar de la población veracruzana. Así, el Presupuesto de Egresos debe construirse

con la participación de la ciudadanía con el fin de privilegiar y disponer de recursos que

disminuyan la pobreza, el desempleo, la inseguridad y todos los rezagos que en materia de

derechos humanos venimos arrastrando. La pobreza no termina con la dádiva y el

asistencialismo. Debemos impulsar sistemas cooperativistas que relancen la economía

regional, otorgándoles a los poderes locales como lo son los ayuntamientos, más

presupuesto para incrementar el desarrollo sostenible y sustentable.

Seguro estoy que las economías a pequeña escala y la integración de sus mercados

resolverán más rápido el problema del desempleo y del hambre que el andar regalando

despensas. Sabemos que la corrupción es el resultado de la impunidad.

Esto nos obliga a sacudir fuertemente el sistema de contralorías, al ORFIS, a la

Procuraduría y al mismo Poder Judicial para que actúen realmente con una tolerancia cero

contra esas conductas que lesionan al Estado de Derecho.

Diputadas y diputados. Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática venimos

como una oposición propositiva y ténganlo por seguro que impulsaremos cuanta ley o

reglamento que beneficie al pueblo y votaremos en contra de cualquier intento por

disminuir los derechos que históricamente se han ganado los veracruzanos. Con ellos

sabremos honrar el voto que nos dieron para impulsar una democracia de mayor calidad y

contenido, que garantice democracia y equidad para toda la población…”


Se presento de forma conjunta durante la Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer año de Ejercicio

Constitucional, celebrada el día diecinueve de noviembre del año dos mil trece; el

anteproyecto de punto de acuerdo relativo a la protección del Sistema Arrecifal

Veracruzano con motivo del cambio de la poligonal, hecho por decreto presidencial, en

relación a la construcción de la ampliación de las instalaciones portuarias por parte de la

empresa Administración Portuaria Integral de Veracruz, Sociedad Anónima de Capital

Variable, APIVER, presentado por los diputados Cuauhtémoc Pola Estrada, Jesús Alberto

Velázquez Flores, integrantes del Grupo Legislativo Revolución Democrática-Movimiento

Ciudadano y, también, por el diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo.

Tomando el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, coautor del

anteproyecto; a fin de darlo a conocer a los y las integrantes de la LXIII Legislatura del H.

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

“…CONSIDERACIONES

El Estado de Veracruz es un Estado privilegiado en su clima y geografía, mismo que

proporciona gran variedad de paisajes que, por su belleza y singularidad, han sido

designados como áreas naturales protegidas.

El 24 de agosto de 1992, por iniciativa de diversas dependencias gubernamentales y de la

sociedad civil, se logró que el entonces presidente, licenciado Carlos Salinas de Gortari,

declarara al Sistema Arrecifal Veracruzano como parque marino nacional, siendo uno de

los más importantes a nivel nacional por su tamaño y número de especies que lo habitan.

A partir de la fecha de su declaración como área natural protegida, el Sistema Arrecifal

Veracruzano ha sufrido diversas modificaciones en su extensión protegida, en la que

podemos mencionar las siguientes:


El 25 de noviembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que

establece que en la zona del Sistema Arrecifal Veracruzano se permite la pesca comercial

de las especies en las áreas, épocas, con límites, artes, equipos y métodos que se

establezcan en el programa de manejo, los avisos de veda, normas oficiales y demás

disposiciones jurídicas aplicables, prohibiendo la captura o recolección de corales o de

algas coralígenas. El 7 de julio del año 2002 se establece que la categoría corresponde a

esta belleza veracruzana, que es de parque marino nacional.

El 19 de agosto de 2008 se otorga a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la

superficie de 48,333.98 metros cuadrados con el objeto de utilizarlas con fines de

protección, y el 29 de noviembre de 2012, mediante decreto publicado en el Diario Oficial

de la Federación, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa de manera apresurada y en las

últimas horas de su mandato, decide firmar otro decreto que concluye que es

técnicamente procedente excluir del polígono del parque arrecifal a la bahía de Vergara,

que es la zona norte de la ciudad de Veracruz, en razón de que lo establecido, de acuerdo a

sus análisis, ya no era correcta esa protección.

Siendo este último decreto el que más preocupa y ocupa a la sociedad veracruzana, ya que

con fundamento en nuevos estudios, mediante una supuesta verificación del sistema de

información geográfico, el mismo decreto no se precisa cuáles fueron las técnicas

aplicadas, quiénes realizaron el dictamen, mediante qué instrumentos tecnológicos que

permitieran dar sustento a la exclusión de bahía de Vergara, ya que sólo se asienta de

manera escueta la exclusión, en las cuales se establece que en esta bahía no existen

arrecifes coralinos que se encuentren dentro del polígono y que son especies únicas y

altamente resistentes, a los factores químicos y biológicos.

Se ha decretado la exclusión también, mediante un dictamen emitido por la Comisión

Federal de Mejoras Regulatoria, que es COFEMER, en el cual se reconsidera el haber

dejado fuera del decreto del año pasado a la proporción del arrecife Punta Gorda, donde


se ha registrado que se anidan especies de tortuga caguama, tortugas marinas, tortuga

blanca, tortuga lora, ambas del Atlántico, tortuga de carey y aves como la golondrina

marina menor, el gaviotín, el charal elegante, es decir, un sinnúmero de especies y de flora

y fauna marina viva. Ahí, también, se acerca el delfín manoteado (sic), entre otras. Además

se considera que la zona arrecifal protege la línea de costa contra fenómenos

meteorológicos. Veracruz es constantemente azotado por los vientos del norte y también

por tormentas tropicales y probablemente por huracanes.

Es decir, este decreto es donde se deja sin protección a esta bahía ante la inminente

construcción de las ampliaciones portuarias por la empresa denominada Administración

Portuaria Integral de Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, es decir, se dejan

desprotegidos varios arrecifes para permitir la ampliación del puerto. Hay un juicio de

amparo promovido por distintos ciudadanos, el cual todavía no se resuelve, pero, además,

es pertinente agregar que se encuentra este sistema arrecifal protegido por tratados

internacionales denominados sitios RAMSAR. Compañeras y compañeros diputados.

El desarrollo de nuestro Estado no debe llevar implícita la destrucción de nuestro medio

ambiente, sino por el contrario, debemos construir nuestro bienestar con una expectativa y

perspectiva de respeto y protección a la naturaleza, tal como lo establece la Convención

Internacional de Humedales, reconociendo la interdependencia del hombre y de su medio

ambiente. Cabe hacer mención que el Fondo Mundial para la Naturaleza señala que el

costo económico por la destrucción de un kilometro de arrecife de coral oscila entre los 137

mil a 1 millón 200 mil dólares anuales durante un periodo de 25 años. Diputados, los

conmino a no ser negligentes en nuestro actuar. No olvidemos que Veracruz es uno de los

estados más golpeados por los fenómenos meteorológicos. Tan sólo para este año se

pronosticaron 18 ciclones.

El aporte coralino en la bahía de Vergara y Punta Gorda es un aliado para evitar que

nuestra población sufra los embates climatológicos que traen como consecuencia no sólo


la pérdida de su patrimonio, sino también de la vida. Existe un proyecto de puerto alterno

que desde hace años presentó el doctor Franklin Rendón Bonilla, en el cual platea la

construcción de este puerto alterno en el municipio de Alvarado para no afectar el Sistema

Arrecifal Veracruzano.

Hago un llamado respetuoso y enérgico a las autoridades competentes a revocar o negar

cualquier permiso presente y futuro que atenten contra la flora y fauna marina que existe

en esta bahía de Vergara y playa de Punta Gorda, que carezca de habilidad. Por lo anterior

y con fundamento en lo establecido por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección

al Medio Ambiente, me permito poner a su consideración el siguiente:

ANTEPROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado para que, atendiendo a los objetivos

de protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, se pronuncien a

favor de la defensa de la flora y fauna marina que existe en la bahía de Vergara y playa

Punta Gorda, así como su posición en contra de la construcción de la ampliación de las

instalaciones portuarias por parte de la empresa denominada Administración Portuaria

Integral de Veracruz, Sociedad Anónima, APIVER, que se hará en los nuevos límites del

área protegida y que pueda afectar este arrecife o lesione la barrera de coral que todavía

existe.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través del ingeniero Juan José Guerra Abud,

secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así al ingeniero Joaquín Alvarado

Martínez, secretario del Medio Ambiente del Estado de Veracruz, para que se lleven a cabo

las medidas necesarias para garantizar la protección del polígono del parque arrecifal,

apegándose en todo momento a las leyes nacionales y a los tratados internacionales en


materia de medio ambiente, evitando a toda costa se atente contra del patrimonio

cultural de los veracruzanos.

Tercero. Se mandata a la Comisión Permanente del Medio Ambiente, Recursos Naturales y

Aguas de este Congreso del Estado para que, de acuerdo con sus facultades, investigue la

pertinencia de los estudios realizados por la empresa Argo, Consultores Ambientales, sobre

la manifestación del impacto ambiental que se realizó por encargo de la empresa APIVER.

Convoque, además, a las organizaciones ambientalistas para que colaboren y participen

en la solución de este problema de trascendencia ecológica con sus opiniones, experiencias

y rinda un informe detallado a esta Soberanía sobre el particular.

Se turna el anteproyecto que nos ocupa a la Junta de Coordinación Política…”

Participación durante las comparecencias de diversos secretarios de dependencias que

acudieron a la Glosa del Informe del Sr. Gobernador


Posteriormente durante la Quinta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura

del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer año de Ejercicio Constitucional,

celebrada el día cinco de diciembre del año dos mil trece, sesión en la que contamos con

la visita de los alumnos del Instituto Superior Simón Bolívar Invitados por el suscrito. Esto

con la finalidad que conozcan de forma presencial las actividades que llevamos a cabo en

esta Soberanía.

En dicha sesión propusimos la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas

disposiciones a la Ley 589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave:

“…Compañeras diputadas. Compañeros diputados. Con su permiso, señora presidenta.

Toda vez que la iniciativa para reformar los artículos 166 y 168 de la Ley 589 de Tránsito y

Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se encuentra impresa

debidamente en la gaceta parlamentaria, expondré ante ustedes las ideas más

importantes que motivan la necesidad de tal reforma. Desde hace más de diez años, en

muchas ciudades del país, del Estado y particularmente en la ciudad de Xalapa, hemos

visto el crecimiento exponencial del parque vehicular, lo que, aunado a la mala planeación

y trazo que existe en algunas ciudades del Estado, ha traído como consecuencia un grave

problema de tráfico vehicular que pone en jaque tanto a la autoridad como a los mismos

automovilistas.

En la idea de regular el transporte en todas sus modalidades esta Soberanía aprobó la Ley

de Tránsito y Transporte y creó la dependencia de Tránsito del Estado, que recientemente

se compactó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Esa dependencia, conocida

simplemente como “Tránsito”, lejos de cumplir con sus atribuciones de regular el flujo

vehicular, pronto se convirtió en un mal modelo de la administración pública, siendo el

sentir ciudadano reflejado en la Encuesta Nacional de Corrupción del año 2012, que ubicó


el evitar que un agente de tránsito se lleve su automóvil al corralón o sacar su automóvil

del corralón en el lugar 33 de 35 trámites de servicio público con mayor corrupción,

alcanzando un índice estatal de 59.6, frente a una media nacional de 10.3.

Por otro lado, se reconocen las

teorías en la administración

pública y de la nueva gerencia

pública, que el Estado, para

cumplir de manera más

eficiente sus funciones, puede

idear mecanismos para que la

iniciativa privada, vía

concesiones, cumpla de una

manera más eficiente con sus

funciones. Por ello, en algún momento, Tránsito decidió concesionar el uso de grúas para

las maniobras necesarias de retirar los vehículos que estorbaran o violaran la ley o el

reglamento de tránsito. De igual manera, fueron concesionados los sitios conocidos como

corralones para su depósito temporal. Justamente esas acciones de uso de grúas y

depósito de vehículos en los corralones son las que más molestias le ocasionan a los

ciudadanos porque simplemente están plagadas de actos de corrupción por el cobro ilegal

de la famosa “mordida”.

No sólo lesionando la economía del ciudadano, sino la de la propia hacienda pública que,

lejos de verse beneficiada, que lejos de verse beneficiada con el cobro de infracciones para

acrecentar el fisco, son los concesionarios los que terminan amasando fortunas indebidas.

Esos convenios de concesión están actualmente en la opacidad. Los ciudadanos no

sabemos de qué manera se encuentran regulados, en qué se basan para realizar los cobros

que, por concepto de arrastre, realizan los concesionarios. Asimismo, tampoco sabemos


qué base legal se utiliza para el cobro que, por concepto de pago de corralón, se aplica a la

ciudadanía. Por lo tanto, suponemos que este tipo de concesiones solamente genera

mayor corrupción y benefician a unos cuantos, perjudicando al grueso de la población.

Seguramente todos los que estamos aquí hemos sido víctimas en algún momento del

actual corrupto de los agentes de tránsito que, en contubernio con los concesionarios de

las grúas y corralones, se llevan nuestros vehículos, no con la finalidad de generar una

mayor fluidez en los arroyos vehiculares, sino únicamente con la finalidad de generarse un

ingreso extra y fuera de la legalidad. Sin duda alguna, el problema del transporte y su flujo

continúo en la ciudad requiere de una ley que lo regule, de su aplicación correcta y de la

sanción meritoria por las faltas que cometemos los automovilistas y lo que realmente no

se requiere y debe ser atacado de frente es la corrupción de los mismos agentes de

tránsito, en contubernio con los dueños de las

grúas y sus corralones. La nueva política de

seguridad pública que este gobierno busca

implementar, a través de agentes certificados con

sueldos decorosos, con formación de academia y,

principalmente, con una gran vocación de servir a

la ciudadanía, necesita también estar apoyada en

leyes que permitan que los actos de corrupción

desaparezcan.

Por ello, la propuesta de reforma a la Ley de Tránsito del Estado es radical en ese sentido.

Primero, el Estado debe recuperar su función de retirar por medio de grúas y llevar al

corralón a todos aquellos vehículos que por ley lo ameriten. De tal modo, estoy

proponiendo que Tránsito en este caso, ahora la Secretaría de Seguridad Pública, tenga un

sistema eficiente de grúas y sitios seguros para el depósito de los autos, prohibiendo que

dicha función se concesione a particulares. Segundo. Para evitar que dichas acciones se

presten a la corrupción y a la famosa “mordida”, el acto debe ser filmado para tener


pruebas de que dicha acción realmente obedece a lo dispuesto por la ley, por lo que se

deberán colocar cámaras en todas las unidades de grúas que utilice el Estado. Asimismo, la

autoridad se deberá hacer responsable por cualquier daño o pérdida material que sufra el

automóvil materia de la acción y, por último, a fin de evitar las prácticas de corrupción

utilizadas al momento en que se comete una infracción que amerite que el vehículo

infractor sea levantado y puesto en un corralón, se dispone en la normatividad que el costo

por esa maniobra nunca será superior a la multa a que se haya hecho acreedor el

infractor.

Diputadas y diputados. Estoy convencido que, atacando la corrupción y aplicando la ley de

manera irrestricta, bajo la lógica de cero tolerancia, iremos reconstruyendo el Estado de

Derecho. Si no lo hacemos así, seremos culpables por omisión al dejar que sean los actos

corruptos los que definan la vida en el tráfico de la ciudad. Por ello, en su momento pido el

voto consciente de las diputadas y de los diputados para aprobar las reformas a los

artículos 166 y 168, adicionándole un párrafo, de la Ley de Tránsito y contribuir con ello al

bienestar de nuestras ciudades.

Siendo turnada las Comisiones Permanentes de Transporte y Tránsito y Vialidad Comisión

Permanente de Seguridad Pública…”

En la Sexta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Primer Periodo de

Sesiones Ordinarias del Primer año de Ejercicio Constitucional, celebrada el día doce de

diciembre del año dos mil trece

En el desahogo del dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos del

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2014,

emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, tuve a bien dar nuestro

posicionamiento.


“”…Tiene el uso de la palabra, el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores por parte del

Grupo Legislativo de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, hasta por diez

minutos, para fijar su posicionamiento.

Con su permiso, diputada presidenta.

Compañeras y compañeros diputados de esta LXIII Legislatura. Según cifras del Consejo

Nacional de Evaluación de la Política Social, en nuestro Estado, el grado de rezago social es

alto, siendo la cuarta entidad con mayor rezago social, apenas por debajo de Guerrero,

Oaxaca y Chiapas. De los 212 municipios de la entidad, 5 municipios, Mixtla de Altamirano,

Tehuipango, Zontecomatlán, Mecatlán y Calcahualco presentan un rezago social muy alto,

55 un nivel alto y 60 un nivel medio. En la entidad, el 26.1 por ciento de la población

presenta rezago educativo, 36.9 presenta carencias por acceso a los servicios de salud, el

69.8 por ciento tiene carencias por acceso a la seguridad social, el 24.5 por ciento carece

de espacios de vivienda y, de los que tienen, el 29.5 por ciento no cuenta con servicios

básicos.

Solamente puede ser social y democrática una política económica cuando, en términos

reales, logra distribuir la riqueza a toda la población, bajo el principio de dar una parte

igual a todos y después, un poco más a los que menos tienen, haciendo con ello, realidad

los principios de la justicia distributiva. El Presupuesto de Egresos es, sin duda, la parte

principal para hacer que la población de un Estado tenga prosperidad y mantenga un

desarrollo que vaya con los ritmos del mercado interno y las exigencias de la globalización.

El dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado nos señala en sus

consideraciones que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal

2014 subraya el compromiso de promover en todo momento el desarrollo social, la

estabilidad económica y la generación de empleos. Asimismo, señala que se continuará

con la línea de austeridad en el gasto público, reforzando el nivel de desempeño


institucional, para continuar encausando las acciones gubernamentales hacia las

necesidades de la población. Es bueno saber que del total del Presupuesto de Egresos, el

31.4 por ciento esté destinado a educación, aunque nos hubiera gustado ver que la

Universidad Veracruzana tuviera un incremento mayor al 1.2 por ciento que se le destina

en proporción al ejercicio anterior. Así, también, nos hubiera gustado ver que al sector

salud se le aumentará no sólo el 7.2 por ciento de su presupuesto, sino que como mínimo

se le incrementara el 36.2 como a seguridad pública. Compañeras y compañeros

diputados, este presupuesto no funcionará si el propio gobierno no cumple y no es capaz

de lo que nos ha ofertado al pueblo de Veracruz, se deberá apretar el cinturón y evitar a

toda costa el dispendio en gastos suntuosos, congelar los altos salarios y mostrar a la

ciudadanía, el buen juez por su casa empieza.

Con el Presupuesto de Egresos, que hoy seguramente será aprobado y que es por un

monto de 94,972 millones de pesos, se debe promover un cambio real, cuyo objetivo sea la

consolidación de un sistema educativo con un gran contenido científico, humanístico y

lleno de valores éticos que permite crear ciudadanos honestos, solidarios y altamente

productivos. Un Presupuesto de Egresos que permita incentivar la producción en el campo

y en la industria, con una visión de desarrollo sustentable y ecológicamente responsable,

pero sobre todo, que permita poder disminuir en gran medida el rezago social que

enfrenta, hoy por hoy, Veracruz, aplicándolo a los recursos necesarios en las zonas más

desfavorecidas y pobres de la entidad, para abatir los indicadores de miseria y permitir que

nuestros conciudadanos accedan plenamente a los derechos que les garantiza la

Constitución y, por último, vigilar realmente que la función pública no se corrompa y

sancionar severamente a quien lo hace o intentan hacerlo. El voto de nuestro Grupo

Legislativo será a favor del dictamen que nos ocupa. No es el ideal de un instrumento

político que tenga un gran perfil social, pero, sin duda, si se aplican bien los recursos para

la construcción y la reasignación de obra pública y a los municipios más pobres, se

permitirá iniciar el próximo ejercicio fiscal con un objeto más social. Aún así, debemos


trabajar arduamente para que el erario se aplique mucho más en el gasto de la inversión

pública y no se nos vaya únicamente al gasto corriente. Votaremos a favor, pero no con

ello suscribiremos un cheque en blanco. Nuestro grupo legislativo estará al pendiente de

los resultados que presente su ejercicio y seremos vigilantes de que realmente se cumplan

a cabalidad los considerandos que dan sustento al Presupuesto de Egresos que nos ocupa y

que en su correcto ejercicio se oferte una real y auténtica distribución de la riqueza más

justa y que tanto se merece la ciudadanía de Veracruz…”

Respecto a la intervención que tuvimos durante la Decima Séptima Sesión Ordinaria de la

Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer año de

Ejercicio Constitucional, celebrada el día treinta de enero del año dos mil catorce.

Conjuntamente con el diputados Cuauhtémoc Pola Estrada y un servidor, como integrantes

del Grupo Legislativo de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento

Ciudadano en esta honorable Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los

artículos 33 y 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de

Ignacio de la Llave y con fundamento, también, en los artículos 18, 33, 47, 48 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo; 8° y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior del

Poder Legislativo, se puso a la consideración de esta Soberanía un pronunciamiento con

anteproyecto de punto de acuerdo, en el que se exhortan a las instancias ejecutoras del

FONDEN para que informen a esta Soberanía de las obras y las acciones que se han

realizado para el cumplimiento de las declaratorias de desastres naturales del 2007 al

2013,

Que fundamentalmente a la letra dice:

“…ANTEPROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO Primero. Exhortar a los titulares de la

Secretaría de Infraestructura, de Obras Públicas, Espacios Educativos, Secretaría de


Desarrollo Social, Instituto Veracruzano de la Vivienda y de la Comisión de Espacios de

Salud, como instancias ejecutoras que,

a la brevedad, estreguen a esta Soberanía los acuerdos firmados por la Secretaría de

Gobernación y el gobierno del Estado, así como los anexos correspondientes en donde, de

acuerdo al artículo 22, en la que se emiten ciertas reglas del FONDEN, se detallen las obras

a realizar, los montos a ejercer, las fechas de inicio y conclusión de las obras. Lo anterior de

las declaratorias por desastres naturales emitidas, repito, desde el año 2007 al 2013.

Asimismo, informen de la infraestructura del Estado que actualmente se encuentran

asegurados en caso de algún desastre natural. Segundo. Que los

titulares de estas dependencias mencionadas comparezcan ante esta Soberanía e

informen al pueblo de Veracruz, el estatus detallado de cada una de las obras y las

acciones realizadas con estos recursos, y Tercero. Que el titular, presidente del Comité

Técnico del Fondo de Desastres Naturales de

Veracruz, FONDEN en Veracruz, comparezca

ante el pleno de esta Soberanía y rinda un

informe detallado del estatus de las obras y

acciones realizadas por los desastres

naturales, emitidos desde el año 2007 a la

fecha.

Mismo que fue turnado el anteproyecto a la

Junta de Coordinación Política…”


PRIMER RECESO CONSTITUCIONAL

Durante el primer receso constitucional de sesiones ordinarias, se dio paso a la instalación

de la Diputación Permanente. Durante este período continuamos trabajando con la

intención de impulsar el respeto hacia los animales, basándonos en las estadísticas que

arrojan acontecimientos reales y vigentes, que demuestran que el ser humano ha

emprendido maneras agresivas en diversas formas en contra de los animales; razón que

nos motivo para proponer una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona

diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

lo anterior se hizo durante la Sexta Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente de la

Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave, correspondiente al primer receso de sesiones ordinarias del primer año de

ejercicio constitucional, celebrada el día dos de abril del año dos mil catorce.-

“…Compañeras y compañeros diputados. Representantes de organizaciones animalistas.

Apreciables medios de comunicación. Público en general. Muy especialmente mi

agradecimiento a la licenciada Natalia Parra Osorio, directora de Alto Colombia y ex

candidata al Senado por ese país, por el gran esfuerzo que haces al estar aquí. Gracias,

Natalia.

En el camino hacia la tolerancia

cero ante la violencia es necesario

voltear la mirada a los problemas

sociales que la originan y que

tanto dañan a la sociedad y

principalmente a la infancia. Con

la creación de antivalores y

prácticas que, desgraciadamente,

se han hecho comunes y aunque


la violencia presenta diversas causas, intensidades y formatos, en todos los casos responde

a trastornos de conducta que deben recibir el correspondiente tratamiento a través de un

régimen jurídico y educativo. Una de estas causas es precisamente el maltrato hacia los

animales.

Por ello, debemos dirigirnos a una apuesta legislativa seria, decidida y relevante para la

atención que merece la protección real de los animales, desde una consideración

interdisciplinar y una ley integral sobre su protección, que permita afrontar todos los

aspectos penales, civiles y administrativos que se interrelacionan en esta materia, que

reúna todos los elementos para ser considerada, a su vez, una disciplina jurídica

autónoma.

No hay que olvidar la función pedagógica de la ley y sus efectos sobre la sociedad. Sin

duda, nuestro Estado ofrecería una imagen aún más avanzada si consiguiera dar respuesta

a la sensibilidad social que reclama una distinta consideración jurídica frente al maltrato

animal y a la propia relación de convivencia entre los seres vivos, teniendo en las leyes esa

importante función pedagógica.

La mejor medida para la prevención de la violencia está en la educación, prevista ya para

la infancia, en la que se aprende a convivir de manera pacífica y respetuosa con los seres

vivos con los que compartimos el planeta.

De acuerdo a la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos de

Latinoamérica, COPPA, estudios en material criminal evidenciaron que el desarrollo de la

mente asesina o delictiva de un ser humano inicia desde que son niños al no sensibilizarse

por el dolor de un ser vivo.

El 70% de las personas inculpadas por crueldad animal tiene relación con otros

comportamientos violentos incluido el homicidio. El 48% de los violadores y el 30% de los

pederastas habían cometido maltrato animal en su infancia o adolescencia.


El 68% de las mujeres maltratadas reportaron que sus agresores maltrataban también a

los animales. Numerosos estudios demostraron también que el hecho de que un niño

presente crueldad hacia un animal resultó ser el mayor predictor de futura violencia, ya

que el testigo tiene ocho veces más posibilidades de convertirse, a su vez, en maltratador.

Debido al reconocimiento de la crueldad hacia los animales como un paso potencialmente

previo a la comisión de actos violentos hacia humanos es nuestro deber como legisladores

realizar acciones contundentes que a corto, mediano y largo plazo, permitan avanzar hacia

la disminución en los índices de violencia social.

La apuesta legislativa, pedagógica y preventiva debe implicarnos a todos como ciudadanos

y en especial a los formadores a partir de la mayor sensibilidad que se va experimentando

socialmente, integrando respeto hacia los animales y que permite construir una capacidad

crítica respecto al maltrato de estos seres en todas sus facetas

como camino idóneo para superar las graves situaciones que, en la actualidad, padecen los

animales por la crueldad humana. Hoy en día, el derecho de los animales no sólo es una

corriente de pensamiento, sino un vasto movimiento social y, en ocasiones, no avanzar en

más derechos puede ser reflejo de una opinión pública mal informada.

Los derechos, en general, se regulan en las leyes cuando es necesario una tutela o

protección especial, tal y como ha sucedido con la preservación del medio ambiente, una

materia que fue incorporada en una agenda pública y en las leyes cuando su deterioro

alertó de la necesidad de su salvaguarda.

La defensa de los animales se ha introducido en el ordenamiento jurídico después de

advertir la capacidad que éstos tienen de sentir y sufrir y la íntima relación que conllevan

estas acciones de violencia trasladadas a los distintos actos violentos a los que hoy

estamos expuestos.


Por este motivo, los avances en derecho animal no son ocurrencias ni moda, son fruto de

un consenso social que reconoce que los animales pueden experimentar dolor y

sufrimiento. Los estudios científicos arrojan datos que permiten avanzar en un

reconocimiento más amplio de los derechos de los animales, que tendrán que plasmarse

en políticas públicas y normas vinculantes. Realmente una sociedad moderna y culta debe

incorporar entre sus objetivos básicos, la defensa de aquellos colectivos y sectores

especialmente débiles o frágiles, entre los que también se encuentran los animales.

La intervención del Estado en el trato que se da a los animales es una necesidad que no ha

superado el argumento de no intromisión pública, por tratarse de un asunto que afecta a

la esfera privada y familiar. Esta legislación debe llevar aparejada una implementación y

aplicación adecuada, dotándose de recursos suficientes y de organismos públicos de

control.

En esta tesitura, los avances legislativos de Veracruz como pionero en la protección animal

a nivel nacional, nos lleva a asumir que nuestro Estado está preparado para contar con

una ley de tipo penal, poniéndose a la par del Distrito Federal, como Morelos, San Luis

Potosí, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Colima, Puebla y Guanajuato, que cuentan con

legislaciones similares, pero también países en América Latina como Ecuador, Chile,

Colombia, Venezuela y Argentina, donde ya existe esta figura desde hace algunos años,

con un resultado de gran mejora en su convivencia social. Recordando que nuestra terea

es escuchar y dar solución a las demandas ciudadanas, es para mí un honor trasladar esta

petición ciudadana al Congreso del Estado y ser un enlace con la sociedad, a través de esta

iniciativa, que busca tipificar como delito el maltrato animal e incluirlo en nuestro Código

Penal a través de la creación de un nuevo título denominado, “Delitos contra la protección

a la fauna”.

Asimismo, se busca establecer el mecanismo de canalización de los animales en estado de

maltrato para su debido cuidado, se establecen las sanciones a las que se hacen


acreedores las personas que maltraten o lesionen un animal sin causarle la muerte, se

sanciona también a aquellos que provocan la muerte intencional de un animal no humano,

incrementando las penas para aquellos que, además de esto, utilicen métodos de extrema

crueldad o prolonguen la agonía de los mismos y, muy importante señalar, se busca

castigar a todas aquellas personas que graben y difundan por cualquier medio, actos de

maltrato o crueldad animal, o que lo realicen en presencia de menores de edad.

El Partido de la Revolución Democrática coincide con el movimiento animalista. Hemos

incluido en nuestra plataforma legislativa acciones, partiendo de la ética y la salud pública.

Todas estas líneas van encaminadas hacia la construcción de un Veracruz moderno.

Entendemos, como partido, las necesidades y luchas ciudadanas con una causa justa. De

igual manera, hemos buscado forjar una nación libre, igualitaria, plenamente

democrática, republicana e independiente, donde se den las condiciones de equidad y

justicia, de progreso social e individual, generando prácticas humanistas y en armonía con

el medio ambiente y, en este sentido, seguiremos trabajando en aquellos proyectos que

buscan el desarrollo real de nuestra sociedad.

Se turna a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales…”


Se realizo exposición de cartones denominada: “TOROS SI, TOREROS NO”


SEGUNDO PERIODO ORDINARIO CONSTITUCIONAL

Durante la Octava Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Segundo

Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer año de Ejercicio Constitucional, celebrada el día

diecinueve de junio del año dos mil catorce

De manera conjunta con la Diputada Ana María Condado Escamilla y un servidor;

presentamos una Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Consideramos que la democracia es uno de los vocablos más utilizados en nuestra

sociedad, ya que de ella parte todo discurso político. La igualdad, la libertad, la

participación, la legalidad, la tolerancia, la equidad de género, todos ellos son valores que

se derivan de una forma de gobierno democrática.

Para que esa democracia que tanto se presume pueda llegar a ser una realidad en el

Estado, es que esta iniciativa contempla una de las figuras más importantes de

democracia participativa que existe en el mundo, es decir, la revocación del mandato.

La búsqueda de la democracia participativa refiere a que los ciudadanos tengan mayor

participación en la toma de decisiones políticas que la otorgada tradicionalmente por la

democracia representativa, esto es, facilitar que los ciudadanos tengan la capacidad de

asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las

decisiones públicas. Esto está directamente asociado a la figura de la revocación del

mandato, la cual se entiende como la facultad de los electores para destituir a los

funcionarios públicos de su cargo antes de finalizar su periodo.

Ante la reciente reforma político-electoral que se ha dado en nuestro país y que debemos

implementar en nuestro Estado, necesitamos reforzar el control sobre el gobierno y


promover responsabilidad de los mandatarios hacia los electores mediante el

procedimiento de la revocación del mandato. El electorado tiene la capacidad de destituir

a un funcionario de un cargo público, a quien él mismo eligió, antes de que se concluya el

periodo que le fue conferido.

Por ello, nuestro partido propone que se adicione una fracción al artículo 15 de nuestra

Constitución, la cual consagra como uno de los derechos el revocar el mandato de los

servidores públicos electos popularmente, mediante la figura del referendo revocatorio,

garantizando con ello a la ciudadanía este derecho que privilegia la democracia.

Nuestra iniciativa también

contempla una modificación a la

regla para asignación de

diputados electos por el principio

de representación proporcional, la

cual consiste en que cada partido

político registre únicamente una

lista de diez diputados de

representación proporcional,

acatando en todo momento la equidad de género y al momento de su asignación ésta se

hará de manera alternada y sucesiva, en primer lugar, utilizando el sistema de listas

previamente registradas por los partidos políticos.

En tal efecto, en segundo lugar, atendiendo a los más altos porcentajes de la votación

válida, registrada en su distrito por cada uno de los candidatos del mismo partido. Con

esto lograremos que nuestro sistema le dé una representación real a quienes no votaron

por los candidatos triunfadores en los respectivos distritos y que, en ocasiones, constituyen

una gran parte de los electores totales.


La propuesta del Partido de la Revolución Democrática es que sea el Congreso del Estado

quien, por el voto de mayoría calificada de sus integrantes, designe al titular del Poder

Ejecutivo, ratifique el nombramiento de todos los integrantes del gabinete, verificando que

en la creación de este gobierno de transición, todas las fuerzas políticas del Estado, con

esto lograremos instaurar un régimen verdaderamente democrático, que nos permita el

transitar sin ningún problema a la homologación de nuestras elecciones en el año 2018.

Nuestra propuesta también contempla la creación de 212 consejeros municipales que

cubrirán un periodo de un año, necesario también para la homologación de los consejos

electorales en Veracruz. Dichos consejos electorales deberán ser nombrados también por

el Congreso del Estado, en mayoría calificada por sus integrantes. La iniciativa estipula

también la reelección en tres esquemas planteados por la Constitución federal donde los

funcionarios que busquen esta figura tendrán que ser postulados por el mismo partido que

los llevó a ocupar el cargo.

Por ello, no contempla la reelección de integrantes de los concejos municipales, ya que

éstos no son postulados por partido político, sino que son designados directamente por el

Congreso del Estado. Y hacemos una aclaración que esta iniciativa sólo contempla

adiciones y reformas a los artículos que analizamos necesarios, ya que en todo lo demás

será homologado a las leyes federales. Existen iniciativas que ya fueron presentadas en

este Congreso y unas más por presentarse que se consideran un artículo más extenso y el

cual compartimos. Con estas reformas nuestra entidad alcanzará un desarrollo real y una

democracia verdadera. Veracruz está preparado para esta plataforma política, en un

esquema de transparencia, de equidad y legalidad, avalada por los ciudadanos…”

Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos

Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales…”


En cuanto hace a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura

del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer año de Ejercicio Constitucional,

celebrada el día veintinueve de julio del año dos mil catorce. Se presentó por parte del

suscrito la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de

Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

“… Con el permiso de la Mesa. Muy

buenas tardes a todo el público que

nos honran con su presencia. Saludos

a mis compañeras y compañeros

diputados, a los medios de

comunicación, a todo el público

presente.

Toda vez que la iniciativa que nos ocupa ya obra en su poder, me voy a permitir solamente

leer algunas consideraciones. La violencia es un antivalor que daña la integridad de la

infancia y la infancia es la etapa del aprendizaje del sentido moral, donde la educación

juega un papel primordial e insustituible. La violencia del mundo moderno, tal como el

niño puede descubrirla, le es presentada como algo censurable, pero a pesar de todo,

explicable.

Pero la violencia del espectáculo de las corridas de toros es otra y se presenta con una

caracterización bien definida: el niño descubre que el sufrimiento de uno es la condición

necesaria para el goce de los demás; ve también cómo actos de crueldad son rituales y

constituyen el espectáculo, a expensas de un animal que evidentemente es torturado.


Así, la corrida de toros es la negación de lo que el niño entiende como un valor. En el niño,

la capacidad de sentir empatía no se limita solamente a los seres humanos, sino que esta

emoción la puede sentir también por un animal. Es irresponsable, por tanto, presentar a

los niños un espectáculo donde se torture o mate a un animal en un ambiente festivo

puesto que los niños rechazan, por su naturaleza, este tipo de actos.

El niño descubre, igualmente, que tenemos derecho de hacer sufrir a algunos seres vivos

argumentando que es por arte y cultura. Los adultos que llevan a sus hijos a las corridas de

toros los involucran, quieran o no, en una forma de violencia muy cruda y real. Los

aficionados a esta actividad minimizan el riesgo de incitación a la violencia, opinando que

la víctima no es humana, sino animal, pero este factor debería ser reconsiderado debido al

hecho de que existe una estrecha relación entre la violencia hacia los animales y la

violencia hacia los seres humanos. Se debe analizar también que el impacto de presenciar

imágenes de violencia causa en los niños profundas huellas de índole psicológica.

A este impacto emocional se

añade la falta de herramientas

mentales y psicológicas para

procesar y comprender la crudeza

de estas imágenes, ya que

estamos hablando de mentes que

están aún en formación. De ello

dan cuenta los estudios

psicológicos y psiquiátricos que

hablan del posible trauma que puede sufrir el niño al presenciar la tortura o muerte de un

animal e incluso de una persona debido a que en las corridas de toros los niños no sólo

serán testigos presenciales de la violencia aplicada sobre el animal, sino que también


serán testigos de en muchas ocasiones de muertes violentas de personas o de impactantes

imágenes de cornadas.

Y a diferencia de lo que están viendo estos niños en las corridas de toros, las violencias que

pudieran ver en películas, series de televisión o videojuegos es inferior, ya que en el caso de

corridas de toros, la escena contemplada es de violencia real y no de ficción, produciendo,

entonces, una habituación a la violencia. Por ello, el Comité sobre los Derechos del Niño en

las Naciones Unidas se ha pronunciado a favor de excluir a los niños de la violencia de las

llamadas corridas de toros.

Este comité es la máxima instancia internacional encargada del cumplimiento en el mundo

de la Convención sobre los Derechos del Niño. Para dictar dicho pronunciamiento, el

comité ha tenido en cuenta el interés superior del niño, un principio universal también

incorporado en la legislación interna sobre protección de la infancia en virtud del cual los

derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Así, la legislación concibe la protección

de la infancia y la juventud como un derecho fundamental al que se reconoce y protege

como cuestión prioritaria, primando el interés superior del niño sobre cualquier otro

interés legítimo que pudiera concurrir o entrar en conflicto.

Teniendo en cuenta que el Comité de los Derechos del Niño considera que los espectáculos

taurinos son una actividad violenta, perjudicial para el niño, el acceso a esa actividad

queda relegado a un plan inferior para obtener la máxima satisfacción de otros derechos

prioritarios como el derecho a su desarrollo físico, mental, moral y emocional.

Por este motivo, en este caso se ha considerado que el interés superior del niño prevalece

sobre el de participar libremente en la vida cultural también reconocida en la convención.

Por su parte, la Coordinadora de Profesionales para la Prevención de Abusos, que es un

reconocido colectivo latinoamericano de expertos en psicología, criminología, pedagogía y

la protección de personas vulnerables, insta a tomar medidas urgentes y definitivas para


impedir que los menores de edad sean expuestos a las corridas de toros. Según los

científicos, el impacto de las corridas de toros en los niños y adolescentes es especialmente

preocupante por tratarse de un espectáculo donde la violencia y la victimización no sólo

son reales, sino que también son aplaudidos y valorados por adultos que son perseguidos

como referentes para el menor de edad.

Por todo lo antes mencionado, no podemos dejar pasar por alto estas observaciones y

estudios que instan a proteger a la infancia con medidas simples, pero efectivas, más aún

cuando nuestro Estado es pionero en leyes vanguardistas y de una visión tendientes a la

modernidad, celebradas incluso a nivel internacional. Por lo tanto, nuestro deber como

legisladores es continuar este camino de desarrollo y realizar acciones contundentes que a

corto, mediano y largo plazo, permitan avanzar hacia la disminución de los índices de

violencia social.

En este sentido se propone la inclusión del artículo 14 bis a la Ley de Protección de

Derechos de Niños Niñas y Adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

para restringir la entrada de menores de edad a las corridas de toros, medida con lo que se

resguardan los valores de los infantes, entendiendo a éstos como aquellos bienes

universales que pertenecen a nuestra naturaleza como personas y que, en cierto sentido,

nos humanizan porque mejora nuestra condición de personas y perfecciona nuestra

naturaleza humana...”

Al realizarse la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del

Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer año de Ejercicio Constitucional,

celebrada el día treinta y uno de julio del año dos mil catorce. Presentamos de manera

conjunta con los diputados María del Carmen Pontón Villa, Raúl Zarrabal Ferat y un

servidor la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y de la Ley Estatal del Servicio Civil, con los


diputados María del Carmen Pontón Villa, Raúl Zarrabal Ferat y Jesús Alberto Velázquez

Flores, a la cual dio lectura la diputada María del Carmen Pontón Villa, coautora de la

referida iniciativa

“…Con su permiso, diputada presidenta.

Compañeros diputado; personal de los medios de comunicación, que hoy nos acompañan y

público que está en este recinto. El día de hoy, en mi calidad de integrante de la Comisión

de Hacienda Municipal, responsabilidad que comparto con mis compañeros diputados

Raúl ZarrabalFerat y Jesús Alberto Velázquez Flores, a quienes agradezco me permitan dar

lectura a esta iniciativa que se encuentra ya publicada en la Gaceta Legislativa y en la que

quiero resaltar que es el resultado del trabajo conjunto, del trabajo en equipo y la suma de

voluntades, una muestra de que se puede trabajar en la pluralidad cuando, congruentes

con nuestras diferentes ideologías, encontramos las disidencias desde las cuales podemos

construir herramientas que nos ayuden a resolver los problemas que día a día enfrentamos

en el quehacer legislativo.

Esta iniciativa, además, es producto de las horas de trabajo de muchas personas, de

reuniones constantes y desde esta tribuna queremos, a nombre de la comisión, agradecer

a los abogados especialistas en derecho laboral, al grupo de trabajo que colabora con

cada uno de los integrantes de esta comisión, a los abogados que nos ayudaron en la

revisión del documento y al presidente de la Junta de Coordinación, diputado Juan Nicolás

Callejas y, en general, a todos aquellos que desde cada una de sus respectivas

responsabilidades se dieron tiempo para ayudar a esta comisión a construir la iniciativa

que hoy presentamos bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho al trabajo es la base para una vida digna. Significa que todas las personas

deben tener la posibilidad de ganarse la vida con el trabajo que elijan, en condiciones


seguras y saludables que no sean degradantes de la dignidad humana. Este derecho está

garantizado en el artículo 123 constitucional que en su parte medular indica: “Toda

persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la

creación de empleos, trabajo, conforme a la ley”.

En el régimen laboral mexicano hay dos grandes apartados que regulan las relaciones

laborales: el primero, en el que se establece para los trabajadores del apartado A la

relación patrón-trabajador, y en el apartado B, que señala a los trabajadores burocráticos,

específicamente a los trabajadores de confianza en la fracción XIV, ambos del artículo 123

de la Constitución federal. Así también, el artículo 42 de la Constitución federal y el 110 de

la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado establecen que los trabajadores de confianza no

pueden sindicalizarse, pues, éstos ostentan un estatus especial dentro de la institución

pública, lo cual los obliga a tener un compromiso mayor que los trabajadores ordinarios,

para este caso, que los trabajadores de base. Desde que esta Comisión de Hacienda

Municipal se instaló detectamos el grave problema de que existe un número considerable

de juicios laborales, cuyo cumplimiento se encuentra pendiente, pese a haber recaído

sobre ellos laudos condenatorios que han causado estado; dicha omisión es atribuible a

entidades públicas patronales del Estado de Veracruz, en especial, a los ayuntamientos.

El conflicto se deriva que en la mayoría de los casos existe una ausencia total del pago de

laudos laborales por la falta de recursos económicos, pues, las cantidades son tan altas

que resulta imposible pagarlas. Del total de los laudos que tiene el Estado, el 85% es deuda

municipal, deuda que se ha originado a raíz del cambio de administraciones locales y de

empleados de confianza que se niegan a abandonar sus puestos, recibiendo en ese

momento la liquidación que por ley les corresponde.

Actualmente el monto aproximado de la deuda que tienen los municipios por problemas de

laudos es de 500 millones de pesos de recursos públicos que no están presupuestados, por

lo cual es imposible pagarlos.


Ante esta situación, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado ha

efectuado múltiples requerimientos para la eficaz ejecución de sus laudos y ha hecho uso

de las medidas de apremio establecidas en los ordenamientos legales aplicables, lo que es

igual a la aplicación de multas, sin lograr su cometido. Debido a lo anterior, las entidades

públicas condenadas como argumento de defensa señalan que se trata de un gasto no

programado ni presupuestado, por lo que tienen que realizar gestiones para solicitar la

suficiencia presupuestal y cubrir los pagos respectivos.

La iniciativa que se presenta contempla evitar que los municipios vean afectadas sus

finanzas con juicios laborales originados por empleados de confianza que se niegan a dejar

el cargo, una vez concluida la administración para la que fueron contratados y, a su vez,

erradicar el grave problema económico que esto ocasiona. En primer lugar, proponemos

una adición de un tercer párrafo al artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y

diversas modificaciones a la Ley Estatal del Servicio Civil, específicamente en los artículos

7, 9, 30, 43, 199 y 221. Dichas modificaciones nos permitimos explicarlas a continuación:

Por cuanto hace a la adición de segundo párrafo de la fracción XX del artículo 35 de la Ley

Orgánica del Municipio Libre, ésta radica en obligar al ayuntamiento a otorgar al

trabajador una constancia de trabajo en la que se especifique el cargo a desempeñar de

acuerdo a la clasificación del catálogo de puestos correspondiente, señalando claramente

las causales del término del nombramiento.

Por cuanto hace al artículo 7 de la Ley Estatal del Servicio Civil, la adición que se propone

es que el trabajador de confianza que se integre a los ayuntamientos en cada

administración se encuentre supeditado a las actividades y cargo que se le confiera en su

constancia de trabajo de acuerdo al catálogo de puestos.

Proponemos modificación al tercer párrafo del artículo 9 de la Ley Estatal del Servicio Civil

para el Estado de Veracruz para establecer la obligatoriedad de las entidades públicas a

formular y actualizar anualmente el catálogo de puestos. La modificación a estos dos


artículos es una forma de que los funcionarios municipales entrantes tengan muy claro

cuáles son los puestos que se catalogan de confianza y puedan contratar personal sin el

riesgo de que al finalizar la administración sean demandados laboralmente.

Por otra parte y con el único afán de que las deudas por laudos laborales no se

incrementen de manera exorbitante es que proponemos, además, reformar el artículo 30,

agregando una fracción en la que se establezca como obligación de las entidades públicas

el fijar en sus presupuestos de egresos las cantidades destinadas para el pago de

indemnizaciones.

Esta reforma estará en concordancia con lo que establece el artículo 126 constitucional, en

donde hay una restricción en el ejercicio de los recursos públicos, según la cual ninguna

autoridad puede efectuar pagos que no estén previstos en su presupuesto o en una ley

posterior. En tal virtud, esta propuesta obligaría a las entidades públicas a prevenir y

planificar el pago dentro de su Presupuesto de Egresos al que están sujetos como parte

patronal, derivado de indemnizaciones por la separación de sus empleados, sea por mutuo

consentimiento o por laudo condenatorio emanado de un juicio laboral.

La modificación propuesta al artículo 43 de la Ley Estatal del Servicio Civil deriva de la

necesidad de fijar un plazo considerable para la resolución de un juicio laboral, sin que esto

conlleve a alargarlo por tiempo indefinido, haciendo que el adeudo por prestaciones

laborales llegue a cantidades exorbitantes o impagables, por lo que proponemos que el

pago por concepto de salarios vencidos sea desde la fecha del despido hasta por un plazo

máximo de doce meses.

Se propone la adición de un segundo párrafo al artículo 199 a efecto de evitar las prácticas

dilatorias que entorpecen el desarrollo armónico del procedimiento laboral, acorde al

compromiso de celeridad en éstos, a fin de resolver las controversias en un tiempo

razonable.


Así también se propone reformar el artículo 221, a efecto de otorgar tiempo suficiente

para resolver los juicios laborales sin que esto conlleve a dilación en el proceso, por lo que

se sugiere un tiempo no mayor a doce meses. Como se podrá apreciar, en las propuestas

de estos artículos se establece un término de doce meses, que se considera un plazo viable

para el desarrollo del juicio ordinario, con la precisión de que se parte del auto de inicio,

pues, con antelación a éste, el tribunal debe examinar integralmente el escrito de

demanda para saber qué acciones se intentan y, en caso de ser necesario por detectar

omisiones o irregularidades, requerir la aclaración o precisión, por lo que este tiempo

resulta razonable y proporcional con el término establecido para el cómputo de los salarios

vencidos. Todas estas

propuestas obedecen a la

necesidad imperiosa de

encontrar soluciones que

establezcan un límite en la

generación de salarios vencidos

para evitar las condenas

excesivas e impagables a las

que se les conmina a las

entidades públicas, cuyo presupuesto no puede responder a la deuda, protegiendo de esta

forma el derecho del trabajador al pago de sus salarios, pero también los recursos del

erario público. Así también se combate la dilación procesal de los juicios laborales que en

muchas ocasiones y de manera premeditada se van retardando por parte de los abogados

que representan al trabajador para que la cantidad a pagar por concepto de salarios

caídos se incremente, es decir, estas reformas regularán una relación adecuada entre la

dilación de un juicio y el tiempo límite para el pago de salarios caídos.

Queremos hacer hincapié que estas propuestas de ninguna forma vulneran los derechos

humanos del trabajador, ejemplo de ello es que en el Estado de Morelos se han hecho


reformas similares a su Ley de Servicio Civil y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación

ha resuelto sobre la constitucionalidad y la no vulneración de los derechos humanos de los

trabajadores en relación a los salarios caídos. Éste es el fundamento de nuestra iniciativa,

la cual ponemos a la consideración de este pleno…”

Siendo ésta iniciativa turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social

Durante el desarrollo de ésa sesión ordinaria, también tuve a bien presentar un

Anteproyecto de de punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Transporte, Tránsito

y Vialidad a dictaminar la iniciativa para regular el uso de grúas en el Estado

“…Con el permiso de la Mesa. Diputada Anilú Ingram Vallines Presidenta de la LXIII

Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de

la Llave Presente El suscrito, diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, integrante del

Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática-Movimiento Ciudadano de

esta LXIII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de

Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 33 y 38 de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 33, 47 y 48 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado; 8, 132 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder

Legislativo, pongo a consideración de esta Soberanía el presente pronunciamiento con

anteproyecto de punto de acuerdo para que se exhorte a la Comisión de Transporte,

Tránsito y Vialidad de este honorable Congreso a dictaminar la iniciativa para reformar los

artículos 166 y 168 de la Ley 589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, misma que cabe aclarar, fue presentada ante esta Soberanía en fecha

5 de diciembre de 2013 y turnada en la misma fecha a la citada comisión, sin que hasta el

momento se haya dado algún tipo de trabajo relativo a la dictaminación de la misma, con

base en las siguientes:


CONSIDERACIONES

En algún momento la Dirección de Tránsito del Estado decidió concesionar el uso de grúas

para las maniobras necesarias de retirar los vehículos que estorbaran o violaran la ley o el

reglamento de tránsito. De igual manera, los sitios conocidos como “corralones” para su

depósito temporal. Justamente esas acciones de uso de grúas y depósito de vehículos en

los corralones son las que más molestias le ocasionan a los ciudadanos porque

simplemente están plagadas de actos de corrupción por el cobro ilegal de la famosa

“mordida”; no sólo lesionando la economía del ciudadano, sino la de la propia hacienda

pública, que lejos de verse beneficiada con el cobro de infracciones para acrecentar el

fisco, son los concesionarios los que terminan amasando fortunas indebidas.

Cabe aclarar que entre estos concesionarios siempre podemos encontrar altos

funcionarios del gobierno en turno que son los beneficiados con este tipo de acciones. Sin

duda alguna, el problema del transporte y su flujo continuo en la ciudad requiere de una

ley que lo regule, de su aplicación correcta y de la sanción meritoria por las faltas que

cometemos los automovilistas; también, de que se impulse un transporte público

cómodo, altamente eficiente y económico que disuada a los particulares a usar sus

vehículos; de la creación de rutas alternas y ejes viales cuya lógica impida los cuellos de

botella; de educación vial a los propios peatones, de la creación de estacionamientos que

posibiliten el retiro de vehículos en los costados de las vías, muchas otras alternativas,

pero lo que realmente no se requiere y debe ser atacado de frente es la corrupción de los

propios agentes de tránsito en contubernio con los dueños de las grúas y sus corralones.

Analizando esta situación y atendiendo a un llamado ciudadano para actuar en el tema,

fue presentada el pasado 5 de diciembre una iniciativa para reformar los artículos 166 y

168 de la Ley 589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave, misma que hasta esta fecha no sido dictaminada. ¿Qué tan es urgente y qué tan

necesario es regular ese tema de las grúas? Que la semana pasada vimos al director


estatal de Tránsito del Estado salir a los medios a decir que debido a las continuas quejas y

para evitar abusos y corrupción, en Xalapa se aplicará una nueva forma, acordada con las

empresas concesionarias, y en ésta se especifica el costo del arrastre, que se menciona no

deberá ser mayor al de 150 pesos.

Las empresas concesionarias de grúas tendrán la obligación de entregar un comprobante

fiscal, ya no una simple nota y en las nuevas formas se especifican los datos del corralón y

la dirección, además de que el personal de las grúas llevará un gafete y no están

autorizados para infraccionar a menos que vayan acompañados de un elemento de

tránsito. Cada empresa manejará su corralón y cuentan con un seguro por lo que, desde el

momento que ellos tomen el inventario del vehículo, serán los responsables de cualquier

daño o pérdida que éste llegara a sufrir. Quiero mencionar que estos elementos están

establecidos dentro de la iniciativa de ley que presentamos ante esta Soberanía, que fuera

turnada en fecha 5 de diciembre a la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad y yo

creo, deberíamos agregarle del tortuguismo legislativo también. Es una comisión que no

dictamina.

Hoy me sorprendió ver un dictamen de la Comisión de Transporte y Tránsito que creo es

el primero que ha pasado desde que se instaló este Congreso. Por supuesto que nosotros

compartimos las medidas que acabo de mencionar y que aplica el director de Tránsito del

Estado, pero no necesitamos los veracruzanos un simple convenio con las empresas

concesionarias de las grúas, lo que nosotros necesitamos es que se aplique en la ley y que

en la ley quede estipulado que estas empresas no van a seguir lesionado a los ciudadanos

veracruzanos. Este convenio que están haciendo es un convenio que puede ser al rato

violado por las mismas concesionarias.

Al rato puede desaparecer el convenio, puede venir otro director de Tránsito con otras

ideas y, además, se está aplicando solamente en la ciudad de Xalapa. Debemos hacer

notar que este problema de grúas no sólo se da aquí en la ciudad de Xalapa, se da en la


ciudad de Córdoba, de Orizaba, de Coatzacoalcos, de Poza Rica, en las ciudades grandes,

en el mismo Veracruz, Boca del Río; entonces, es un problema que debe estar

debidamente reglamentado en la ley y no solamente mediante convenios que se les

ocurran a las autoridades en turno.

Recientemente se hicieron reformas al Código Penal con la experiencia y visión progresista

y profesionalismo, debo reconocerlo, del diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo y los

diputados de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, quienes sin importar que

esta iniciativa fuera presentada por el PRD, la pudieron dictaminar y le dieron para

delante, siendo aprobada por esta Soberanía.

Esa iniciativa hoy coloca a Veracruz en un buen lugar a nivel internacional; por lo tanto, no

entendemos por qué, luego de este ejemplo que resultó en un beneficio ciudadano, la

Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad no ha dictaminado una iniciativa tan

importante para los veracruzanos. Sí observamos, en cambio, un rezago innecesario en los

trabajos de la citada comisión. Por ello, hacemos un exhorto a su titular que

lamentablemente hoy no acudió al Congreso, pareciera que lo hizo adrede porque pocas

veces falta el diputado, pero bueno, hoy no quiso venir, no quiso darle la cara al pueblo

veracruzano.

Por ello, hacemos un exhorto para que se le pida un informe detallado del estado que

guarda la iniciativa aquí mencionada y explique cuáles son las causas por las que no se ha

dictaminado la misma, a pesar de que la están estudiando o supongo yo que lo están

haciendo desde el mes de diciembre del año pasado. Estoy convencido que, atacando la

corrupción y aplicando la ley de manera irrestricta bajo la lógica de cero tolerancia, iremos

reconstruyendo el Estado de Derecho. Si no lo hacemos así, seremos culpables por

omisión al dejar que sean los actos corruptos los que definan la vida en el tráfico de la

ciudad. Por lo antes expuesto, vengo ante esta Soberanía a presentar el presente:


ANTEPROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO

Único. Con base a los artículos 53, 54 y 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del

Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, se solicite a la Comisión de

Transporte, Tránsito y Vialidad dictaminar la iniciativa para reformar los artículos 166 y

168 de la Ley 589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave…”

Dicho anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

Se presento la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley

de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave y del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Esto durante la realización de la sesión Tercera Sesión Ordinaria del Segundo Receso,

Diputación Permanente Primer Año de Ejercicio Constitucional. Realizada el día cuatro del

mes de Septiembre del año dos mil catorce.

”…Saludo a todos mis compañeros diputados. A los medios de comunicación.

Muy especialmente quiero dar las gracias a la licenciada Rita María Guerra Nogueira,

presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave. Gracias por su presencia. A Arturo Narváez, director de MATRACA, gracias por estar

aquí. Al contador Ignacio Guadarrama Ramírez, presidente de la Unión Nacional de Padres

de Familia de Xalapa. Gracias por su presencia y a Efrén Jiménez Rojas, coordinador

regional de la Alianza por la Infancia y sus Familias en Veracruz. Gracias.

La niñez debe ser objeto de especial atención, cuidado y reconocimiento. Es interés

superior del niño que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser

considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de

éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.


De conformidad con este principio del interés superior de la infancia, las normas

aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles todo lo

necesario para lograr un crecimiento y desarrollo pleno dentro de un ambiente de

bienestar familiar y social.

Recordando que los menores de edad constituyen el sector más vulnerable de la sociedad,

ya que por su condición de edad, desarrollo cognitivo, afectivo, hasta por sus propias

características físicas, lo posicionan en un estado sumamente victimizable, en

consecuencia es obligado para el Estado, la sociedad y la familia, brindar toda la

protección que se le deba dar a este sector.

En este entendido, las causas que generan el maltrato infantil tienen que ver con diversos

factores culturales, económicos y sociales, entre ellos, la repetición de un ciclo de

violencia experimentado por los padres en su infancia, el desempleo, el uso de alcohol,

drogas y algunas otras sustancias por citar algunos ejemplos.

El niño por su falta de madurez física y mental, necesita de cuidados y protección no solo

familiar, sino también el ámbito legal, para garantizar una infancia feliz, donde los padres,

la sociedad y los gobiernos juegan un papel primordial.

Por ello, estas medidas legislativas deben considerar el interés superior del niño de

manera prioritaria y aplicarse de manera eficaz, ágil y práctica.

Lo anterior, actuando en consecuencia de las cifras alarmantes que en el tema tenemos.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro país

figura en el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidio en menores de 14

años entre los países miembros de la organización. En Veracruz, de acuerdo a datos de la

misma Secretaría de Salud, ocupamos el tercer lugar en casos de violencia infantil.


Si bien es cierto el Estado ha implementado herramientas legales en esta tesitura, por

tomar un ejemplo, en el 2008 se promulgó la Ley de Protección de Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; sin embargo es

apremiante una total protección en el marco jurídico del Estado que les garantice a las

niñas y niños y adolescentes que el maltrato infantil será visto en la ley como un delito,

especificando las conductas que serán castigadas, así como las agravantes que se

aplicarán para lograr una verdadera justicia para las víctimas.

Se busca incorporar entonces, mediante las reformas y adiciones al Código Penal de

Veracruz, un nuevo tipo penal denominado “maltrato infantil”, en el título nueve

denominado “Delitos de maltrato e inducción a la mendicidad”, derogándolo del capítulo

uno de dicho título, en donde actualmente se contempla veladamente la figura, pero no

se sanciona la primer conducta al maltratador ni se establecen agravantes.

En este cambio se propone para este fin, el capítulo uno bis denominado “maltrato

infantil”, considerando que este delito merece un capítulo especial, incluso más allá de la

violencia familiar, porque el maltrato infantil no solo ocurre en el ámbito familiar, sino que

también existen otros espacios donde se maltrata a los menores de edad.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo que señala y obliga tanto la constitución como los

tratados internacionales en materia de protección a los derechos de la infancia, en razón

siempre del principio del interés superior del niño.

En cuanto a la propuesta de reformas y adiciones a la Ley de Protección de Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se busca

establecer claramente el derecho que tienen los menores a ser protegidos contra los

castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes y de esta forma

armonizar el sentido de la iniciativa, en donde se penalizará precisamente esta conducta.


Diputadas y diputados integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en virtud de lo anteriormente expuesto y

fundado, someto a consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa de decreto que

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección de Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Código Penal

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el entendido de que como lo dice el

señor gobernador: -en Veracruz los niños no se tocan- y con el compromiso que tenemos

los legisladores de garantizar una infancia sin violencia.

No olvidemos que el maltrato infantil ha cobrado un sinnúmero de víctimas en la entidad,

muchos de estos casos con consecuencias mortales e impunidad.

Casos como el de los niños Marigel, Catalina, Héctor o recientemente los cinco menores

de edad maltratados, rescatados por elementos de la policía intermunicipal de Poza Rica,

no deben repetirse.

En Veracruz, no debemos tolerar el maltrato infantil.

Los maltratadores deben recibir un castigo ejemplar.

Es cuanto, diputados. Gracias…”

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Atención a

Grupos Vulnerables y Migrantes.


ACCIONES QUE SE HAN GESTIONES

GESTION ANTE: C O N C E P T O MONTO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DE VERACRUZ Y

DIRECCIÓN DE ESPACIOS

EDUCATIVOS.

� EQUIPOS DE CÓMPUTO � IMPRESORAS � DISPENSADOR DE AGUA � MESA BANCOS � PINTARRONES � TELEVISORES. � CUBETAS DE PINTURA

BLANCA. � CUBETAS DE

IMPERMEABILIZANTE � SILLAS � MATERIAL DIDÁCTICO � PUPITRES � CONSTRUCCIÓN DE

AULAS � REHABILITACIÓN

PLANTEL � ESCRITORIOS � MESAS PREESCOLAR � CONSTRUCCIÓN ÁREA

PERIMETRAL � PROYECTOR � CANCHA DE USO

MÚLTIPLE � CANCHA DEPORTIVA � SANITARIOS � CONSTRUCCIÓN DOMO � BALONES � VENTILADORES � CREACIÓN DE

TELEBACHILLERATO � MICRÓFONOS � NICHO P/BANDERA � BOCINAS � GRABADORA � JUEGOS INFANTILES

110 1 2

220 121 30

138

100 625

200 pqtes. 366 14 6

15 240

3 1 2 1

12 7

30 4

1 2 1 2 1

3 pqtes. 100

2 4


� LOCKERS � BANDA DE GUERRA � GAVETAS � PANTALLAS � DISPENSADOR DE AGUA � MICROSCOPIO � TRANSFORMADOR

ENERGÍA � APARATO DE SONIDO � DVD � JUGUETES

6 3 2

1 instalación 2 3

1 1 3

5,000

CENTRO DE

ESPECIALIDADES MÉDICAS

“DR. RAFAEL LUCIO”

� CONDONACIONES � APOYO ECONÓMICO

$219,441.50

SECRETARÍA DE SALUD

� CONDONACIONES � JORNADAS MÉDICAS � SILLA DE RUEDAS � MULETAS � ANDADERAS � QUIMIOTERAPIA � TRASLADO DE HOSPITAL � MARCAPASOS

$314,119.58 3

75 55 55 1 2 1

HOSPITAL “LUIS F.

NACHON”

� CONDONACION $4,580.00

HOSPITAL “GUTIERREZ

ZAMORA”

� CONDONACION $22,500.00

DIF-ESTATAL � SILLA DE RUEDAS � MULETAS � ANDADERAS � JUGUETES

57 20 30

5,000


PATRIMONIO DE LA

BENEFICIENCIA PUBLICA

DEL ESTADO

� TORNILLOS � CROSSLINK � BARRAS � MEDICAMENTOS � REMPLAZO TOTAL DE

CADERA � REMPLAZO RODILLA

IZQUIERDA � SISTEMA

ESTABILIZADOR POSTERIOR DE COLUMNA TRASPEDICULAR

8 1 2 4

1

1

1

SECRETARIA DE

PROTECCION CIVIL

� DESPENSAS � COLCHONETAS � COBERTORES � LAMINAS

8,500 3,600 3,300 2,925

SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL,

HUMANO Y REGIONAL

� PROGRAMA OPORTUNIDADES

� BOTES DE PINTURA � RED DE DRENAJE � LAMINAS � CEMENTO � DESPENSAS � COBERTORES � PINTURA

IMPERMEABILIZANTE � AGUA POTABLE � AMPLIACION RED

ELECTRICA � TECHO DE LAMINA � REHABILITACION DE

MUELLE � TECHO SEGURO

22

600 1

6,500 20 TONELADAS

1,500 1,000

200

1

1 73

1 1


SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA Y

OBRAS PUBLICAS

� REPARACION DE CAMINOS

� CEMENTO � ALCANTARILLAS � GRAVA

4

6 TONELADAS 6

10 VIAJES

SECRETARIA DE SEGURIDAD

PUBLICA

� CURSOS DE CAPACITACION PARA POLICIAS

18 MUNICIPIOS

SECRETARIA DE

DESARROLLO

AGROPECUARIO, RURAL Y

PESCA

� BOMBA ASPERSORA DE MOTOR

� RASTRILLOS � INSECTICIDA � NUTRIENTES � ABONO � REPARACION DE OLLAS

7 3

2 PAQUETES 2 PAQUETES 2 PAQUETES

4

SECRETARIA DE

DESARROLLO AGRARIO,

TERRITORIAL Y URBANO

� UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA

100

DONACIONES � UNIFORMES DE FUTBOL � PATROCINADOR Y

APOYO DURANTE TODO EL TORNEO DEL EQUIPO “BANDA FC” DE XALAPA

� COMPUTADORAS � PANTALLAS � COMPRA DE

MEDICAMENTOS PARA 50 PERSONAS

� APOYO PARA VIAJES ESCOLARES

� VIAJES UNIVERSITAROS

5

PERMANENTE

30 20

$30,000.00

4 $14,000.00


RUEDAS DE PRENSA, BOLETINES, ENTREVISTAS Y PARTICIPACIONES EN MEDIOS DE

COMUNICACIÓN ESTATALES.

M E S T E M A S

Enero � Reforma Electoral.- Iniciativa para regular el uso de grúas en el Estado, acompañado por taxistas de la entidad.

Febrero � Reforma Agraria Integral, necesaria para la reactivación del agro mexicano.

� Escuelas Indígenas como parte importante del Plan Nacional de Desarrollo.

Marzo � Equidad de género y derechos de la mujer

Abril � Presentación de la Iniciativa para tipificar el maltrato animal en el Código Penal de Veracruz, acompañado por Natalia Parra Osorio, activista colombiana y primera animalista candidata al Senado.

Mayo � Inauguración de la Exposición Toros Sí, Toreros No, celebrada en el Congreso del Estado el 25 de mayo, acompañado por Leonardo Anselmi, Director de la Fundación Franz Weber para América Latina, el caricaturista Patricio y representantes de asociaciones protectoras de animales nacionales y estatales.

� Inauguración de la oficina de Enlace el 26 de mayo

Junio � Presentación de la Iniciativa de Reforma Constitucional para el Estado de Veracruz

� Protección de la Tortuga Lora en playas veracruzanas

� Día Internacional del Medio Ambiente.


Julio � Reconocimientos internacionales recibidos por la aprobación de la Iniciativa para tipificar el maltrato animal en el Código Penal.

� Refrenda su oposición a la reforma energética � Acusa PRD a ex gobernadores de malos

manejos en el IPE y llama a que este instituto rinda informe financiero.

� Regulación de grúas urgente y necesaria para los ciudadanos

� Observan irregularidades en administración anterior en el municipio de Xico, acompaña al alcalde actual en la denuncia de estas anomalías.

� Presentación de Iniciativa Infancia Sin Violencia que prohíbe la entrada de menores a espectáculos de tauromaquia

� Presentación de la Iniciativa que Reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Septiembre � Presentación de la Iniciativa para tipificar como delito el maltrato infantil en el código penal, lo acompaña MATRACA, AIFAM y la Asociación Estatal de Padres de Familia.

� Participación del INE refrenda la democracia en elecciones internas del PRD.

� Opina del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Octubre � Mesa de Trabajo sobre la Adecuación del Marco Legal en Veracruz de Atención y Prevención de la Violencia Familiar y Maltrato Infantil, celebrada en el H. Congreso del Estado y organizada por la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional en coordinación con AIFAM México, Sae The Children México, AIFAM Veracruz y MATRACA. Participaron legisladores locales, asociaciones civiles de la entidad, académicos y funcionarios de dependencias gubernamentales.

� Sobrecupo escolar afecta calidad educativa.


Noviembre � Aprobación de la Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

� Que Estado garantice respeto a derechos humanos.

Diciembre � Mejorar salario mínimo, renovación de mandato y eliminación del fuero constitucional una prioridad en agenda legislativa del PRD.

� Posicionamiento sobre la gubernatura de dos años.

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