Dialnet-ElPerdonYElOlvidoEnCentroamericaEntre19902000UnaVi-3080019

PRAXIS 62 - JULIO-DICIEMBRE 2008

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EL PERDN Y EL OLVIDO EN CENTROAMRICA ENTRE 1990-2000:

UNA VISIN FILOSFICA(Aproximacin a las polticas del perdn y el

olvido)

Licda. Diana Solano VillarrealProfesora UNA

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ResumenDurante los aos 80 del siglo pasado en Centroamrica acaecieron los peores crmenes contra la humanidad desde la conquista. Para poner fin a las masacres se consigui un mal logrado pacto en donde el silencio de las vctimas, ha sido el precio apagar. Hoy a dos dcadas de la tragedia se contina intentando silenciar el desesperado grito de un pueblo flagelado. Descriptores: Derechos humanos, crmenes contra la humanidad, Centroamrica.

AbstractThroughout the 80s of the last century in Central America, be- fell the worst crimes against humanity since the conquest. In order to end the massacres an ill-accomplished pact was formed, in which the silence of the victims has been the price. Today, two decades after the tragedy they continue trying to silence the desperate cry of a lashed people.Key words: Human right, crimes against humanity, Centro America.

Introduccin

El trabajo que est a continuacin es un estudio exploratorio sobre el tema de las polticas del perdn y el olvido en Centroamrica, es un modesto acercamiento a las problemticas que con lleva. En este


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sentido, ms que contestar preguntas, este trabajo las realiza, y se toma la libertad de plantear algunas hiptesis y conclusiones preliminares, pues trata de estructurar el marco referencial de lo que se espera se convierta en una investigacin ms profunda a futuro.Es importante aclarar algunos aspectos conceptuales y de estudio mnimos, para comprender mejor la orientacin de esta pequea obra. Conceptual-mente hablando, la palabra Centroamrica no se est refiriendo a los 6 pases que la conforman; solamente, a: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. La razn de esta discriminacin es histrica, en Honduras y Costa Rica no se dieron por esas pocas conflictos armados de la naturaleza y envergadura de los dados especialmente en El Salvador y Guatemala (Fonseca, 1998: 273). De forma solapada participaron en los conflictos, pero no los sufrieron en sus territorios, por ende no firmaron acuerdos de paz internos, slo acuerdos regionales como muestra de apoyo y buena fe a los intereses de los otros pases de un cese al fuego. Belice por su parte, como ex colonia britnica tena asuntos muy particulares que resolver y permaneca desvinculada del resto de Centroamrica. Sobre el estudio se debe decir que se presenta desde una perspectiva general, no se ahonda en las especificidades de cada pas, ni de sus acuerdos de paz, se estudian en cambio las sus caractersticas comunes para establecer una visin panormica de la regin.

Una Justificacin

Para la una buena parte de los centroamericanos (especialmente para los costarricenses) los espantosos crmenes que contra la humanidad se cometieron en gran parte de Centroamrica durante la dcada de los 60, 70 y 80, son conocidos de manera vaga. Torturas, masacres, persecuciones, desapariciones forzadas y violaciones sexuales, no fueron extraas en estas tierras, siendo Guatemala y El Salvador los pases que ms se desangraron durante este derroche de violencia y perversin. Cualquier calificativo pa-rece quedarse corto. No alcanzan las palabras o no existe en una lengua tan rica como el espaol, una que comprenda toda la crueldad a la que fueron expuestas tantas personas en estos territorios.Como agravante de esta situacin, los culpables de esas atrocidades, llme-se ejrcito, grupos paramilitares o guerrillas, en muchos casos continan

Solano El perdn y el olvido en Centroamrica


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hoy sin dar cuenta de sus actos ante la justicia. La impunidad es la penosa realidad vivida por muchas de las vctimas de las ltimas guerras del siglo XX1 en Centroamrica2. Basta ingresar a la pgina de Amnista Internacio-nal3, para enterarse de la alarmante cantidad de casos por violacin a los derechos humanos, pasados y actuales que no prosperan en los tribunales justicia. Al parecer, en estos pases la condicin de vctima, vez de superarse se perpeta.Vctimas, es el nombre que se les ha dado a las personas que padecieron estos horrores, se encuentren o no vivas. Desde luego, la anterior no pasa de ser una descripcin somera, el concepto de vctima es mucho ms am-plio y complejo. Empero, para efectos de esta justificacin, entenderemos por vctima lo que La Comisin de Derechos Humanos en su Resolucin 2005/35 del 19 de abril. Artculo 8, enuncia como tal:

A los efectos del presente documento, se entender por vctima a toda persona que haya sufrido daos individual o colectivamente, incluidas lesiones fsicas o mentales, sufrimiento emocional, prdidas econmicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violacin manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violacin grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda y en conformidad con el derecho interno, el trmino vctima tambin comprender a la familia inmediata o a las personas a cargo de la vctima directa y a las personas que hayan sufrido daos al intervenir para prestar asistencia a vctimas en peligro o para impedir la victimizacin.

Para vergenza de la humanidad son demasiadas las personas que durante el curso de la historia, califican dentro de esta definicin. Todas y cada una, no slo en Centroamrica sino en el mundo entero, pueden dar (si es que pueden hablar de ello) testimonio de los significados que pueden alcanzar los conceptos de dolor, miedo y desesperanza. No obstante, como todos los relatos en la historia estn incompletos, o irremediablemente perdidos en las sombras del tiempo. La mayora de las

1 Nos referimos a guerras en plural, en el sentido de que no se dio una sola, en un slo territorio con caractersticas idnticas, si no ms bien varias, dadas en territorios, momentos y con caractersticas similares pero no iguales.2 Ver el libro >`>`ii>jV>\>>iviV. San Jos: CODEHUCA.3 www.amnista.org3 www.amnista.org



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vctimas y personas en general, no tienen una idea clara de qu ocurri; la realidad de los hechos en Centroamrica ha sufrido tergiversacin y silen-ciamiento, negando as el derecho inalienable de las personas y los pueblos a saber la verdad. La reconstruccin de la memoria es la forma en que accesamos a esa realidad. Las vctimas tienen derecho a una memoria no manipulada. La manipulacin de la memoria en favor de la versin que ms convenga a los grupos de poder o la produccin del olvido, ha recibido varios nombres, Todorov (1995) les ha llamado abusos de la memoria y Asier Martnez (2006) fetichismos. En Centroamrica, as como en muchas otras partes del mundo, los gobiernos se han dado a la tarea de producir el olvido de los horrores experi-mentados por estos pueblos en las dcadas pasadas. Los crmenes perpetrados por los regimenes totalitarios, ahora pretenden ser borrados como si nunca hubiesen pasado para poder sostener lo que Martnez ha llamado democracias devaluadas (2006: 275), quienes nos presentan el olvido como el precio a pagar por ellas. Un precio muy alto y hasta desproporcionado si se quiere; despojar a las vctimas de su memoria equivale a volver a abusarlas. Estudiar las formas en que los gobiernos centroamericanos han im-plementado el olvido, es fundamental para identificar los instrumentos que utilizan. El conocimiento a profundidad de estos mecanismos del olvido, puede servir de punto de partida para la construccin de una memoria no abusada ni fechitizada, consiguiendo algo aproximado a la justicia para estas personas. Empero, en la actualidad no existen estudios sobre las polticas del perdn y el olvido en Centroamrica. Lo que existen son trabajos sobre la memoria y la importancia del rescate de la misma, pero no de este tipo de polticas, su aplicacin o las consecuencias que han trado y siguen trayendo actualmente a la poblacin centroamericana. Entender el origen y contexto en que surgen las polticas del perdn y el olvido, su desarrollo y sus consecuencias es fundamental para procurar un proceso de olvido humano y digno para las miles de personas que de una forma u otra fueron vctimas de los crmenes contra la humanidad cometidos en estas tierras hace demasiado poco tiempo. Ayudar a que Centroamrica construya una memoria responsable y un olvido sano, es una labor de humanidad.



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Antecedentes

Centroamrica tanto como territorio propiamente dicho y como realidad geopoltica ha sido duramente golpeada a lo largo de su historia, especialmente, despus de 1492 fecha en que arriban los espaoles y con ellos la plaga, la muerte, la destruccin casi completa de su legado cultural y la explotacin del ser humano como no se haba visto. Poblaciones com-pletas fueron destruidas y desplazadas; las sociedades, as como las personas, en muchas ocasiones fueron desmembradas4, de las cuales slo nos queda el recuerdo. Con la colonia lleg un sistema social segregacionista basado en la ascendencia y el color de la piel. El destino de las personas, su condicin de libertad o esclavitud, de riqueza y privilegios o de pobreza y privaciones, estaba determinado desde antes de su nacimiento, sin mayores posibilidades de cambiarlo. La llegada de la independencia no cambio especialmente las condicio-nes de la mayora de la poblacin; las ideas de la ilustracin no se aplicaron en Centroamrica, ni en el resto de Latinoamrica como se quiere creer; la libertad, la fraternidad y la igualdad fueron promovidas por los criollos, para los criollos nicamente. La calidad de ciudadano fue un privilegio que se reserv para los hombres adultos descendientes de peninsulares, las mujeres sin importar su condicin social, los mestizos, los mulatos, los autctonos y negros fueron como siempre excluidos del disfrute de los derechos que implicaba esta condicin.5 La sociedad de frrea divisin y mnima movilidad se mantena tc-nicamente igual que durante la colonia, a excepcin de algunos cambios. La esclavitud como institucin y todos los tipos de encomienda fueron completa y finalmente abolidas; pero, al mismo tiempo reemplazadas por otra estructura colonial: el peonaje por deudas. Una forma de explotacin de la mano de obra que no era ms que una esclavitud solapada, la cual reduca a los peones a trabajar no por un salario para subsistir, si no, para pagar las deudas que haba contrado con su propio patrn a causa de la psima paga.4 La obra de Fray Bartolom de las Casas, Brevsima relacin de la destruccin de las India, ofrece valiosa informacin sobre las atrocidades cometidas en Amrica durante el perodo de la Conquista.5 Las constituciones de los pases centroamericanos se basaban en la de los Estados Unidos, por ello consagraban un conjunto de derechos y libertades civiles y polticas como derecho a reunin, libre sufragio, libertad, derecho a no ser detenidos arbitrariamente (Rodrguez, 1995:26).



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La posesin de la tierra sufri algunos cambios, especialmente, luego de 1870 con el inicio de las Reformas Liberales (Samper, 1993: 56) entre las cuales se puede citar la desaparicin de las tierras comunales (Fonseca, 1998: 162), situacin que afect a profundidad y negativamente a los au-tctonos, una de las capas ms desprotegidas de la sociedad. Por otra parte, las grandes propiedades continuaron siendo una forma de posesin de la tierra no extraa, de tal manera que muchos de los actuales propietarios de enormes terrenos en toda Centroamrica los han recibido como legado familiar. La administracin de la justicia tampoco vari significativamente. El derecho centroamericano no poda sino reflejar y servir a la estructura de privilegios que la haba creado, es decir, segua favoreciendo a los menos, quienes posean el poder; sobre los ms, quienes no lo tenan. Es evidente que el diseo mismo del ordenamiento jurdico estaba dirigido al amparo del poder y con ello hacia la desigualdad y la injusticia. En sntesis, podemos decir que la mayora de las estructuras sociales, de justicia, culturales y econmicas que poseemos actualmente, las hemos heredado de la colonia. Todo el sistema de disparidad e injusticia social que imper durante los aos de dominacin espaola, ha seguido imperando durante todo el perodo republicano. Las consecuencias de esta frmula llevaron a su vez a la organizacin de movimientos sociales (y armados) de los aos sesentas y setentas que pedan un cambio para minimizar o acabar con la miseria y la inequidad. La respuesta de los gobiernos a las demandas populares fue brutal. Los grupos de poder no estaban dispuestos a tolerar ningn intento de modifi-cacin a los sistemas que tradicionalmente tanto les haba beneficiado, e inmediatamente organizaron grupos paralelos al ejrcito los cuales junto con este se encargaran de los insurrectos, sin importar en absoluto el mtodo que utilizaran. Por otra parte, siendo Centroamrica rea de influencia estadouni-dense y en medio de la Guerra Fra estos conflictos internos adquirieron una dimensin extra regional que empeor la ya mala situacin en la zona. Las Crisis de los Energticos (1973-74, 1978-79) deriv entre otras cosas en los cambios en los trminos de la deuda externa; los que en un principio fueron prstamos blandos dejaron de serlo para convertirse en una dura afrenta para las economas centroamericanas. El acelerado crecimiento



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econmico experimentado por Estados Unidos luego de la Segunda Gue-rra Mundial lleg a su fin, el anuncio del presidente Nixon respecto a la inconvertibilidad del dlar en oro en 1971 signific el fin de la hegemona de este pas en Europa. La prdida de la influencia sobre el viejo continente deba ser compensada rpidamente, de modo que la respuesta fue sencilla: Centroamrica. Aunado a lo dicho, la llegada al poder de los lderes con-servadores, Margaret Tacher a Inglaterra y Ronald Reagan a Estados Unidos complicaran an ms el panorama durante la dcada de los 80. En el pasado y actualmente6, a Estados Unidos no le preocuparon los Derechos Humanos, especialmente fuera de sus fronteras. Durante los aos 80 los partidos Demcrata y Republicano estaban de acuerdo en no dar ni el mnimo respiro a la izquierda en los pases centroamericanos lo que dio por resultado:

Una poltica por parte de los Estados Unidos que sealaba a los poderes militares, a los poderes econmicos de Centroamrica, que siempre y cuando siguieran la poltica de los Estados Unidos de oponerse a la Unin Sovitica y al comunismo, esto bastaba y podan hacer lo que quisieran en cuanto a sus propias poblaciones, es decir, saban que tenan espacio libre para violar los derechos humanos con casi total impunidad como lo han hecho (Cassel, 1995: 73).

De esta forma se gestaron los genocidios y las peores masacres que se hubieran visto en Centroamrica desde el perodo de conquista espaola; la diferencia estaba en quin diriga y llevaba acabo estas atrocidades, eran sus compatriotas.

Los Acuerdos de Esquipulas

Para el ocho de mayo de 1986, fecha en que asume la presidencia de Costa Rica el Dr. Oscar Arias Snchez, Centroamrica continuaba desgarrndose en conflictos intestinos, sin visas a que la situacin fuera a mejorar ni siquiera a mediano plazo. La falta de consenso en cuanto al Acta

6 Luego del 11 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos valor la posibilidad de autorizar la tortura a combatientes enemigos, nuevo nombre que se les intent dar a los prisioneros de guerra para obviar los acuerdos de la Convencin de Ginebra sobre los segundos (Pfaff,2006:56).



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de Contadora7, comenzaba a debilitar las bases mismas del grupo (Murillo: 1999: 248-249) y las polticas neoconservadoras de Estados Unidos (en especial las militares) hacia la regin, complicaban an ms el de por s sombro panorama. La presencia de dos gobiernos socialistas en su rea de influencia, Cuba en el Caribe y Nicaragua en su patio trasero, era algo ms de lo que Estados Unidos estaba dispuesto a tolerar. As las cosas, es que el presidente Arias inicia una serie de acciones destinadas a transformar el hostil clima de la mayora de los pases centro-americanos en uno de ausencia de guerra, por medio de la firma de acuerdos de corte ms diplomticos, los cuales desafiaban abiertamente la frmula norteamericana del uso de la fuerza. El plan Arias para la Paz, no es un documento especialmente com-plicado, es de hecho bastante claro en cuanto a lo que se deba hacer y los plazos para cumplir. El dilogo figuraba como el instrumento fundamental para conseguir la paz, sin embargo, en cmo lograrlo estribaba el principal problema. No es lo mismo llamar a negociaciones que lograrlas, los gobier-nos centroamericanos se comprometieron a buscar el dilogo y el consenso, pero en esos momentos se estaba pactando entre mandatarios, es decir, slo con unas de las partes, los grupos revolucionarios no fueron convocados a la reunin. Los trminos del cese al fuego y las negociaciones del mismo quedaban en manos de los gobiernos, en ese sentido las limitaciones del tratado eran evidentes. Empero, en la mayora de los pases se consigui un cese de hostilidades para empezar a discutir las condiciones de un posible acuerdo de paz. En cuanto a las polticas a seguir luego del alto al fuego, Esquipulas contempla entre sus puntos ms importantes, la reconciliacin nacional como una prioridad, e insta a utilizar el dialogo ciudadano como garanta plena de participacin popular. Tambin propone establecer decretos de amnista en aquellos pases que la Comisin Internacional de Verificacin y Seguimiento determinara necesario (Ordez y Gamboa; 1997: 15). La democratizacin era la segunda prioridad de los acuerdos de paz. Llevar a las personas a las urnas se convirti en la parte a la cual se le dio ms

7 ...Contadora sent las bases de lo que debera ser un proceso para poner fin a la crisis pero sin lograr cristalizar sus metas en alguna medida por falta de un autntico compromiso entre los gobiernos del istmo y de fuerte y decidida presin externa e interna, sobre los protagonistas de la crisis (gobiernos, ejrcitos, guerrillas y oposicin poltica) pero sobre todo por la falta de mandato, de definicin de los procedimientos y prcticas y de claridad en los temas de la Agenda (Murillo, 1999: 249).



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seguimiento y continuidad. Cumplir con comicios claros y transparentes, daran un poco de credibilidad a los gobiernos de turno quienes podran respaldarse en la voluntad popular para mantener en el poder a las mismas clases sociales que lo han disfrutado desde hace ms de 300 aos; y no es de extraar, pues los citados documentos no tenan como primera prioridad la solucin de un problema subyacente: la desigualdad e injusticia social, mismos que constituyen la raz y el principio de los conflictos que desan-graran la regin por ms de tres dcadas. Los acuerdos de paz de Esquipulas planteaban la necesidad de dedicarle atencin a estos asuntos, pero no se les dio mayor seguimiento y las intenciones se quedaron en el papel. Las razones por las cuales Esquipulas II no dio el seguimiento que merecan las cuestiones ya mencionadas es obvia, el estado de la zona era de emergencia, haba que poner un alto al fuego y despus se continuara con otras situaciones igualmente importantes sin duda, pero no tan urgentes. La situacin de abandono social de zona, luca como problema menor al lado de las matanzas acaecidas, entre el hambre en paz y el hambre en guerra, es preferible la primera.

Los logros de Esquipulas

Sin ser menospreciables, los logros de Esquipulas son ms bien mo-destos, si se tiene en cuenta que de todo lo que planteaba el documento, firmado por los cinco presidentes centroamericanos, no se consigui el principal. Faltaran cuatro aos ms, en el mejor de los casos y nueve en el peor, para la llegada de los acuerdos de paz que detendran del todo las hostilidades. No sera Esquipulas II sino los planes de pacificacin de los 90, los que conseguiran el total cese al fuego; al final lleg la tan ansiada bocanada de aire fresco al terreno de conflictos todava humeante. La situacin a lo interno de la mayora de los pases centroamericanos era demasiado compleja y violenta para solucionarse con la firma de un tratado entre sus presidentes; ese era slo el primer paso, de suma trascendencia indudablemente, pero slo el principio. Concretar un acuerdo de paz entre los grupos revolucio-narios y los gobiernos no iba ser sencillo, haba y todava hay mucho dolor, odio y deseo de ver seales de cambios en las estructuras que iniciaron el conflicto.



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Cul fue entonces el mrito o trascendencia de los acuerdos de paz, especialmente de Esquipulas II? La trascendencia de estos acuerdos descansa sobre el hecho de haber abierto los espacios necesarios para el dilogo, al tiempo que consigui un cese al fuego y hacer negociaciones entre los go-biernos y los grupos revolucionarios (Murillo, 1998: 454). Es difcil decir que hubiera ocurrido en estas tierras si estos acuerdos no se hubieran firmado; tal vez, al final la paz hubiera llegado; pero luego de haber cobrado muchas vidas ms, o tal vez, las masacres no se hubieran acabado todava.

Los Planes de paz

Centroamrica tuvo muchos intentos de acordar la paz desde la firma de Esquipulas II en 1987 y pocos los frutos dados por estos, no se lograba un acuerdo (Acua, 1993: 219-226). Pese a la firma de acuerdos y la promesa de cumplirlos, los resultados nunca llegaban; la paz pareca un don negado a las sociedades centroamericanas. La dinmica ensayo - error de estos tratados estaba minando las pocas fuerzas que le restaban a los pueblos de la regin. La celebracin de comicios no pareca influir especialmente a mejorar el estado de las cosas, as como tampoco la composicin de los congresos. A finales de los ochenta y principios de los noventa, los movimientos revolu-cionarios pierden. En Nicaragua (1990) gana Violeta Barrios de Chamorro del partido Unin Nacional Opositora, en Guatemala (1990) Jorge Serrano Elas del partido Movimiento Accin Ciudadana, en El Salvador (1988) gana el candidato de ARENA Alfredo Cristiani. En El Salvador las cosas fueron un poco distintas, pues aparte de que la diferencia no era tan amplia en el Congreso, la izquierda logra mantenerse a flote por medio de su in-fluencia en algunas instituciones como la polica ahora independiente del ejrcito. Igualmente, sin mayor progreso hacia la paz. Estas negociaciones fueron largas y problemticas, alcanzar los consensos fue una labor ardua en estos pases. Finalmente, en distintos momentos se llegan a firmar acuerdos de paz que dejaron un poco ms conformes a las partes que lo discutan. Por ejemplo, Nicaragua lo firma en 1991, El Salvador en 1992 y Guatemala hasta 1996. La historia de los pueblos determina en buena proporcin el presente y aqu no fue la excepcin; la mayora de los pases centroamericanos sufrieron levantamientos armados de izquierda desde la dcada de los sesenta, pero



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con caractersticas distintas en su inicio, desarrollo y final, lo cual defini a su vez las particularidades de las negociaciones de paz. En Nicaragua, luego del triunfo de la Revolucin Sandinista, no qued mucho que resentir, pues las confiscaciones iniciales, la Reforma Agraria (Garnier, 1993: 148) y los encarcelamientos8 dejaron el gusto de compensacin al de ajuste de cuentas, aqu el olvido del pueblo no lleg por la va del perdn, sino por la va de venganza. En las tierras de Sandino, los resentidos son los repre-sentantes de las clases poderosas quienes fueron objeto de las polticas de expropiacin de un gobierno de izquierda y los de clases acomodadas que decidieron abandonar el pas. En el Salvador y en Guatemala, el nmero de vctimas era tan abrumador como a los flagelos a los que fueron sometidas. Si los resentimientos son proporcionales al dao9, se entiende por qu pactar la reconciliacin les tom casi diez aos. Dejando de lado las particularidades de cada acuerdo de paz, todos plantean discurso de la reconciliacin nacional como emblema y al per-dn como clave. El asunto de la reconstruccin nacional es un asunto espinoso. Reconstruir equivale a volver a construir, a volver a levantar le estructura que exista anteriormente y si se puede mejorarla. El asunto en Centroamrica es que, sobre las condiciones anteriores de desigualdad e injusticia generalizada se encuentra el origen del conflicto. Reconciliar-se para reedificar una estructura deteriorada desde sus cimientos no tiene sentido, con el tiempo se volver a resquebrajar. En Centroamrica aparte del perdn, es necesario cambiar las polticas sociales y de distribucin de la riqueza, no puede existir paz donde no hay acceso al alimento ni justicia social para la mayor parte de la poblacin. Si los gobiernos de la regin desean una paz fuerte y de largo plazo deben cambiar esa realidad. Qu paz se puede sostener si aunque se perdona el dao hecho en el pasado se sigue victimizando de otra forma? Ninguna. La reconciliacin nacional va ms all del perdn por los males pasados, se debe trabajar en una mejora de la condicin social.

8 En varios casos se les expropi, en otros se les conden a prisin y otras personas se autoexiliaron. Lo ms criticable es la ausencia generalizada de procesos judiciales, claros e imparciales para estas personas. 9 Fernando Broncazo, en su artculo Conceptos normativos y reconocimiento del dao, explica la enorme dificultad por no decir imposibilidad (por lo menos hasta el momento) de conceptuar el dao. Pese a ello, nos es necesario para efectos de este trabajo utilizar ese trmino, por el cual entendemos como dao la falta o imposibilidad de usar un miembro del cuerpo por pequeo que sea, as mismo de forma separada o conjunta el dao psicolgico ser la amputacin o imposibilidad de acceder a los recursos emocionales o propiamente psicolgicos que cualquier ser humano necesita para poder enfrentar la vida sanamente, adems del menoscabo a sus propiedades materiales.



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Por supuesto, los planes de paz contemplan acciones para mejorar la situacin general de las clases sociales menos privilegiadas, pero no han pasado de la teora. Las condiciones de pobreza generalizada siguen carac-terizando a buena parte de los pases centroamericanos. A la par de la retrica del perdonar para la reconciliacin, estos planes disponen de la creacin de instituciones para investigar los hechos durante los aos del terror, llegar a la verdad (Comisiones de Verdad por ejemplo) y luego de perdonar olvidar. Empero, este proceso se ve castrado por la cuchilla de la amnista.

La amnista y la impunidad en Centroamrica

La figura de la amnista ha jugado un papel fundamental en la consoli-dacin de los planes de paz en Centroamrica, al punto de que se constituyen como su base. El perdn ofrecido de antemano permiti negociar y dar paso a los nuevos gobiernos democrticos ahora respaldados por el voto popular, mismos que buscaban conseguir la ansiada Reconciliacin Nacional y el perdn y el olvido por parte de las vctimas de los aos del terror. Segn la enciclopedia en lnea Wikipedia, la amnista, (del griego amnestia, olvido), es: una causa de extincin de la responsabilidad penal. Es un acto jurdico, normalmente emanado del poder legislativo, por el que una pluralidad de individuos que haban sido declarados culpables de un delito pasa a considerarse inocentes por desaparicin de la figura delictiva. (Verri, 2002: 354) La definicin misma es llamativa como forma de conciliacin, sin embargo, la amnista no es la nica salida jurdica para una posible re-conciliacin; existe tambin la figura del indulto caracterizada por el no cumplimiento de la pena, es decir, se lleva acabo un proceso legal regla-mentario con la puesta de pruebas de cargo y de descargo, procurando no dejar al acusado en indefensin y desde luego, no prejuzgndolo sobre su supuesto delito o crimen, y si resulta culpable se dicta sentencia, pero esta se le perdona, no la tiene que cumplir. La amnista por su parte, adems de evitar el cumplimiento de la pena, elimina toda responsabilidad civil y penal de las supuestas acciones y no se registran los antecedentes, lo cual no significa que no haya proceso judicial, s lo hay, pero con el objetivo de armonizar las partes.



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Los gobiernos de esta regin privilegiaron la amnista sobre el indul-to, pues este ltimo no le provea de las mismas ventajas que la primera, adems de darle la posibilidad de interpretar este recurso jurdico como lo han hecho, es decir, como un perdn poltico general donde todo queda olvidado, perdonado y silenciado. Un perdn de esta categora es una posi-cin demasiado cmoda y conveniente; evitarse llevar las causas al espacio pblico, aunque luego fueran condonadas, implicaba ahorrarse muchas molestias sin mencionar los riesgos de tales actuaciones. La interpretacin gubernamental de la amnista ha ramificado en dos situaciones muy relacionadas entre s: el debate sobre la aplicacin de las am-nistas (La Rue, 1995: 54) cuya esencia se encuentra en las interpretaciones sobre su naturaleza misma, su objetivo y su procedimiento. Cundo se da? A quin se da? En qu circunstancias se da? y cmo se da? y una pregunta ms: Se puede otorgar amnista a torturadores y genocidas? (La Rue, 1995: 65-66). Si creemos en la versin de Habermas, de que al final slo quedan los discursos, podramos perdernos en la pugna de estos en el espacio lgico de las razones (Brandon) y observar quin convence a quin, pero en vista de que las consecuencias de este enfrentamiento se materializarn en el nivel cero10, la discusin tiene a nuestro juicio una respuesta tajante y sencilla, la amnista no deriva en la abstencin del sistema judicial para conocer las causas que ante ellos se interponen dentro de la temtica de los crmenes contra la humanidad, que se dieron en sus suelos en tiempos pasados. Muy por el contrario, se trata de conocerlos y tratar de hacer justicia. An entendiendo la amnista como la ejecucin de procesos judiciales con miras a la pacificacin, tenemos pendiente la pregunta planeada Se le puede conferir la amnista a cualquier crimen por terrible que sea? His-tricamente, la amnista se haba conferido especialmente a iV en cuanto las acciones por las que fueron perseguidos se remiten al plano poltico, las cuales amenazan o lesionan la base intelectual de un rgimen, y aunque esto se pueda traducir en muchas consecuencias, el delito como tal, no se compara con privar a una persona de sus bienes o su vida. De all, que mxime si se da un cambio de gobierno o de orden, el perdn es

10 Jurgen Habermas nos presenta un panorama distinto, nos plantea la existencia de tres niveles o mundos, en el nivel 0, el mundo objetivo o de los hechos, el mundo en s, mismo que no es accesible, ontolgicamente preponderante e independiente de la mente. En el nivel 1 el mundo de la exposicin de los hechos o lingstico y el nivel 2, el de la comunicacin exitosa, este es epistemolgicamente preponderante, aqu lo verdadero ser entonces lo que se consensa, la argumentacin que se impone.



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factible. No obstante, desde mediados del siglo pasado, la amnista se ha concedido a perpetradores de crmenes lesa humanidad en lugares como: Uruguay, Sudfrica y, por supuesto, Centroamrica. La sola idea de perdonar a una persona o grupos de personas que masacraron, violaron, persiguieron y torturaron sea por razones banales (Cf.: Hanna Arendt: AO) Valorar la posibilidad del perdn para crmenes lesa humanidad, cuan-do el dao a las vctimas es evidente y profundo es un reto a la intelectualidad de las terceras personas, a la espiritualidad y a la capacidad de recuperacin de la primera persona, como para pensar en el perdn poltico proveniente del gobierno o cualquier otro iViV o `V>(Cf.: Lefranc, 2004). Persiste la pregunta Atribuir amnista a este tipo de acciones no es slo humanamente cruel, si no tambin conducente a la impunidad? Las vctimas, los terceros y grupos organizados de estos, que buscan justicia para las vctimas, estn seguros que a los gobiernos de los pases centroamericanos que vivieron las masacres y genocidios durante ms de tres dcadas no slo no les parece, tambin les conviene la amnista. La Ley de amnista de El Salvador 1993 nos muestra cuanta impunidad puede traer una amnista:

A los pocos das de la publicacin del informe de la Comisin de la Ver-dad, la Asamblea Nacional aprob una ley de amnista para, en palabras del arzobispo catlico de San Salvador, monseor Arturo Rivera Damas, esconder 12 aos de atrocidades bajo la alfombra. La Ley de Amnista General para la Consolidacin de la Paz se aprob por mayora simple de los votos de los partidos de la derecha en la Asamblea. El 22 de marzo, el entonces presidente Alfredo Cristiani la sancion. El FMLN no era entonces un partido poltico por lo que no intervino en su aprobacin, aunque la ley tambin beneficiaba a sus miembros. Entre otras cosas, la ley proporcionaba una amnista amplia, absoluta e incondicional a todos los responsables de la comisin de abusos contra los derechos humanos con anterioridad a enero de 1992, independientemente de que hubieran sido condenados o de que se hubieran iniciado procedimientos judiciales contra ellos (www.amnistia.org. 16 de junio de 2007).

El empleo de un recurso jurdico y poltico como la amnista en Cen-troamrica se ha traducido en impunidad. A pesar de la existencia de las Comisiones de Verdad, qu trascendencia pueden tener si los delitos que



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se ventilan y denuncian estn perdonados y olvidados de previo? Para qu llevar estas situaciones al espacio pblico si tcnicamente se han decretado el olvido y que la imposibilidad de llevar a los responsables ante la justicia? Desde el principio de las negociaciones para la paz en Centroamrica, los gobiernos fueron claros y vehementes en lo imprescindible del perdn de todos los crmenes cometidos como requisito para el cese al fuego y posterior reconciliacin nacional. Era simple o se daba la amnista o el de-rramamiento de sangre no se detendra. La situacin era tal, que se acept el requerimiento. El olvido legal de los delitos y la extincin de las responsabilidades de los autores (Diccionario de la Lengua Espaola) aunado a la interpretacin estatal anteriormente mencionada, result no slo una salida atractiva, sino tambin funcional para los gobiernos Centroamericanos, quienes funcionaban como juez y parte del proceso, pues en los casos de Guate-mala, El Salvador y Honduras, la administracin del Estado se encontraba prcticamente en las mismas manos de los que aos atrs llevaron a cabo los genocidios y dems crmenes contra la humanidad de los aos 60, 70 y 80. Esta continuidad estatal, como la llama Lefranc (2004: 238), result ser una de las principales razones por las cuales la aplicacin de la justicia en estos casos es tcnicamente inexistente.

Situacin del derecho internacional y la justicia en Centroamrica

Derecho nacional

En virtud de su protagonismo en la problemtica de la impunidad en Centroamrica, el sistema judicial es un punto bsico a explorar en el intento de comprender las polticas del perdn y el olvido en los pases del orbe, puesto que, difcilmente puede haber olvido si no hay justicia. El fenmeno de la impunidad fue pan de cada da durante la d-cada de los noventa en Centroamrica y, obviamente, la vista se vuelve al sistema judicial que se ha mostrado incapaz de cumplir el papel para el que fue creado: impartir justicia; cuestin por dems compleja. Cmo un sistema no puede llevar a cabo la principal funcin para lo que fue creada? Lefranc, toma prestado de Legendre la expresin criminalidad burocrtica para explicarlo (2004: 223). Un aparato judicial padece criminalidad burocrtica



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cuando no puede cumplir su misin por falta de no slo de medios, sino de las pruebas de imparcialidad obligadas. Centroamrica es un tpico caso de criminalidad burocrtica. En Chile la Corte Suprema fue elegida por el rgimen militar; en Sudfrica la estructura judicial se encontraba todava envenenada de apartheid (Lefranc, 2004: 223) y en la regin centroamericana la lgica del sistema jurdico sigue impregnada de ilegitimidad jurdica. Es decir, contina representando nicamente los intereses de los grupos de poder (Rodrguez, 1995: 25) como lo ha hecho histricamente. La ausencia de legitimidad jurdica se origina en la crnica falta de representacin de los intereses de las clases ms des-protegidas en los gobiernos en general. En apariencia, es ms fcil decir que se va a realizar un cambio que realizarlo. Lefranc lo expresa claramente de la siguiente forma:

Tras un cambio de rgimen, el Estado no parece poder salir fcilmente del callejn sin salida de la criminalidad burocrtica. Adems de darse de bruces con la paradoja de un derecho llevado a sus lmites, la eleccin de la remisin jurdica, en parte dictada por el principio de continuidad jurdica, parece participar de un fortalecimiento de la continuidad estatal y de la conserva-cin, por parte de los gobiernos democrticos, de un funcionamiento dual poco susceptible de permitir la reconstruccin de una funcin ternaria () El Estado no puede morir (2004: 239).

Tenemos entonces a un Estado cuyo gobierno y sistema judicial no tienen la capacidad de ser imparciales y no pueden tomar su lugar como terceros polticos o judiciales (Lefranc, 2004: 234). En este contexto, el gobierno se manifiesta como una de las partes en la causa, resulta ser la segunda persona, el agresor, el perpetrador, el torturador, el genocida. l es, en ltima instancia, el acusado; pero tambin, el juzgador: el tercero a quin le toca mediar, arbitrar conciliar o decidir quin tiene la verdad entre las dos partes contrapuestas y dictar sentencia. La administracin de la justicia, por su parte, como pieza fundamental de la gerencia del Estado, se encuentra en la posicin del tercero, que si bien no particip directamente del delito, lo observ y no intervino convirtindose as en cmplice, transformndose en segunda persona. De la manera en que se han presentado las cosas, nos topamos de frente con una gran problemtica engorrosa en sus extensiones propiamente tericas y en sus consecuencias prcticas puede el gobierno



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juzgase a s mismo? Tal vez s, si supera la criminalidad burocrtica; si el rgimen actual se encuentra la forma de divorciarse del rgimen perverso que lo precedi, quizs. La cuestin estriba en cmo lograr tal cosa. Mien-tras esta ruptura no se consiga, la imposibilidad del Estado de juzgarse a s mismo es patente, las amnistas se seguirn mal utilizando y la retrica de perdn para la reconciliacin seguir proclamndose. Derecho internacional

Es importante conocer, aunque sea panormicamente, la situacin del Derecho Internacional en el espacio temporal estudiado, pues esta permiti, en alguna medida, la perpetracin de los genocidios, torturas y dems crmenes contra la humanidad en Centroamrica. Ante todo, hay que recordar que el principio ms importante en el Derecho Internacional es el respeto a la soberana de los Estados. En buena teora, en el caso de los Estados democrticos representativos, la soberana como autoridad suprema reside en el pueblo (nacin) y se ejerce por medio de sus rganos constitucionales representativos (Diccionario de la lengua espaola, 2001) El gobierno, como administrador del Estado, es encargado de tomar las decisiones que ms beneficien a la mayor cantidad de personas posibles, es decir, el gobierno es el encargado de cumplir la voluntad del pueblo. Siendo as, se entiende por qu no se debe dar la intervencin de ningn ente externo en el arreglo de los problemas dados a lo interno de los pases. Empero qu pasa con la soberana cuando un gobierno masacra a su propia ciudadana? Se pueden respetar a un gobierno que toma la decisin de exterminar a su propia gente? Antes de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos esta pregunta no habra tenido sentido, cada gobierno tena el derecho de mutilar a su poblacin. Despus de la declaracin arriba mencionada esto cambia: la Comunidad Internacional tena no slo el derecho sino el deber jurdico de involucrarse en las violaciones graves de los derechos humanos sin importar donde se dieran (Cassel, 1995: 72). Por supuesto, hacer que esta nue-va figura pasara del papel a la realidad no fue sencillo. Durante la Guerra Fra, la ONU mantuvo un bajo perfil ante las evidentes atrocidades cometidas no slo en Centroamrica, sino en otras partes del mundo. La presencia de las dos superpotencias enfrentadas en su seno le at fuertemente las manos.



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Con la cada del Muro de Berln, no se dio el giro esperado. La des-aparicin de la Unin de Repblicas Soviticas Socialistas (URSS) como bastin ideolgico, poltico y econmico de la izquierda en el nivel mundial no slo no contribuy con un papel ms protagnico de la ONU en asuntos relacionados con violaciones graves de los Derechos Humanos, tambin colabor con una de las cuatro causas que Cassel apunta como explicacin de la reticencia a actuar de la ONU durante la dcada de los noventa. Tales factores son los siguientes:

1. La naturaleza de la ONU es la de promover los derechos de los go-biernos, no los de los Derechos Humanos.

2. Muchos gobiernos de la ONU no son democrticos ni respetan los Derechos Humanos. No quieren que la ONU tenga capacidad de garantizarlos en el nivel internacional.

3. Falta de voluntad poltica para pagar el costo de defender los Derechos Humanos (caso de los Balcanes).

4. Luego de la cada de la URSS se ha perdido inters por los Derechos Econmicos Sociales y Culturales (1995: 74-75).

Todo lo anterior nos explica por qu el Derecho Internacional perma-neci en muchas ocasiones cual espectador asombrado ante las brutalidades que tena al frente, y no se movi para detenerlas. El principio de respeto hacia la soberana de los Estados ha sido un ancla para los intentos de actuacin de la ONU en casos de crmenes contra la humanidad; interve-nir un Estado es una cuestin muy delicada, incluso cuando se invoca la proteccin de los Derechos Humanos, pues a parte de su posible utilizacin como pretexto para invadir un territorio, lo cual ya se ha hecho11, habra que detenerse a examinar entre otras cosas, cmo se llevara a cabo procu-rando el menor dao a la poblacin civil, a quines junto con la ONU les correspondera atender y evitar a los buitres hambrientos de repartirse los que queden de estas regiones.

11 Estados Unidos intent justificar la invasin a Irak, invocando su obligacin de detener las violaciones a los Derechos Humanos que se estaban dando en este pas por parte del gobierno dirigido por Sadam Hussein.



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Sobre el perdn, el olvido y la memoria

Las organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales vinculadas con los Derechos Humanos, claman por que la impunidad acabe y que la verdad de lo que ocurri se conozca. La impunidad en el Salvador es tal que, segn Mirna Perla de Anaya en el libro la Impunidad en Cen-troamrica, para 1994 de cada cuatro personas que sufren un atentado o una agresin, tres no denunciarn pues consideran iiii`]inada cambiar (Anaya, 1995: 50). No es momento de perdn y olvido, no se puede perdonar en situacin de impunidad y menos olvidar, no se puede olvidar una herida cuando an est abierta y sangrante. El gobierno por su parte, no tuvo ningn inters por investigar, ni llevar a cabo procesos judiciales. Como ya se dijo, las amnistas han sido interpretadas como el equivalente a la invisibilizacin de los genocidios y dems crmenes; el perdn y el olvido se dan por sentados, no se habla ms del asunto, ya pas. As las cosas, se entiende que tampoco haya afn por llevar la situacin al espacio pblico, pues, desde la lgica de los gobiernos centroamericanos, no tendra sentido, para qu, si la amnista supone el perdn sin ms? Segn Lefranc, en muchas partes del mundo, la amnista ha sido utili-zada como parte de la retrica del perdn para la reconciliacin y al parecer, Centroamrica es uno de esos casos. Aqu, al igual que en otros pases tales como Sudfrica, la amnista ha sido utilizada para evitar un quebrante en el revestimiento democrtico de estas sociedades12; lo menos conveniente para cualquiera sera un nuevo enfrentamiento armado. An hoy, el pueblo centroamericano no se ha podido recuperar ni fsica ni psicolgicamente de un conflicto an reciente y claro en su memoria; por los rincones de las comunidades se escuchan los murmullos de las terribles experiencias vividas, casi todas las personas tienen algo que relatar, algn trauma que superar. La economa ha experimentado un modestsimo crecimiento y la imagen de los gobiernos sigue siendo percibida con recelo en el nivel internacional. Por eso, conseguir la reconciliacin nacional es una prioridad, lo criticable es el mtodo que estn usando.12 Decimos revestimiento porque los gobiernos en estos suelos estn muy lejos de ser realmente democrticos. Acudir a las urnas cada 4 o 6 aos no agota la democracia. La participacin activa y constante del pueblo en las decisiones del Estado, una administracin de la justicia clara, la equidad social y una adecuada distribucin de la riqueza y las oportunidades son algunos de los aspectos que debe poseer una democracia verdadera, mismos que estn en su mayora ausentes en Centroamrica.



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Perdonar se convierte en una utopa cuando los responsables de las masacres, torturas, desapariciones y genocidios de los que se fue vctima o familiar de vctimas -amparados en las amnistas mal interpretadas- no han sido y posiblemente no sern llevados ante la justicia. Lograr el perdn es fundamental para la curacin de las personas y del colectivo, eso es un hecho; pero intentar imponerlo por medio de las amnistas no es aceptable. El perdn es un proceso largo y complicado, espiritual y psicolgicamente hablando. De acuerdo con Crespo, hace falta alcanzar dos metas: la purificacin de la memoria y el no identificar al ofensor con la ofensa (2004: 98). La primera se funda sobre la superacin de los resentimientos pasados, la segunda sobre el entendimiento de que la persona y su falta son dos cosas separadas; ninguna de las dos es fcil y no hay un camino trazado previamente, cada individuo debe disear su sendero y encontrar la forma de transitar por este, nadie puede hacerlo por l, es un proceso duro y solitario. Es oportuno aclarar que la purificacin de la memoria no significa la ausencia de ella, cuando una persona perdona no olvida totalmente los hechos, los recuerda; pero ya no le provocan sufrimiento. La memoria per-manece, es el registro de los acontecimientos de nuestra vida, de nuestro pasado, lo que nos hace ser lo que somos, lo que nos dota de identidad como individuos y como colectivo. Separar a las personas de sus acciones es, por su parte, comprender que los individuos no se reducen a sus actos, son parte y hablan de ellos, pero no los define13. Por ms banales que sean sus razones, una persona se puede arrepentir genuinamente de sus acciones moralmente incorrectas, solicitar el perdn e intentar reparar lo que sea reparable, actitud que ade-ms ayudara al ofendido a perdonar. En el momento que esto nazca en las personas o bien se interiorice, el perdn llegar.

No se trata, pues, solamente de decir al ofensor no se te tendr ms en cuenta, si no tambin de su afirmacin como persona. Con ello quiero aludir al reconocimiento de que el ofensor tiene un valor superior que trasciende

13 La relacin agente-accin es tan complicada que Kolnai (citado por Crespo, 2002: 108) plantea el dilema en torno a esta relacin. Si se quiebra, o sea, si separamos al agente de la accin, sera moralmente incorrecto juzgar al ofensor, pues este es distinto de su acto. Si no se quiebra, una actitud no negativa hacia el agente llevara a una actitud no negativa, positiva o indiferente hacia el acto, luego este se condona, no se perdona. Crespos soluciona el dilema de Kolnai, apelando una actitud positiva de la persona que perdona con respecto a su ofensor.



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el mal objetivo infligido y el disvalor moral de la accin de infligir este. Perdonar a alguien es ver con nuevos ojos la indestructible plenitud de valor que reside en cada persona (Crespo, 2002: 109).

Visto de esta forma, en el proceso del perdn slo parece haber es-pacio para dos y no necesariamente el ofendido bien puede perdonar sin el arrepentimiento de su ofensor, el agredido concede su dispensa como un regalo que l y slo l puede dar; un tercero en este asunto bien podra sobrar a menos que cumpliera el papel de tercero mediador entre las partes, como ayuda para que se de el dilogo, el entendimiento y la conciliacin, pero nunca arrojndose la prerrogativa exclusiva de la vctima de perdonar (Crespo, 2002: 112- 113). Slo ella sabe cuanto dolor sufre y cmo lo sufre. Un perdn entregado por un tercero es un perdn inmoral, por qu pretende silenciar al ultrajado, revictimizndolo; el perdn es el fin del conflicto, luego de l no queda nada por hacer, ni nada por decir. Interrumpir la gesta del perdn, tiene un resultado clsico: el perdn nace muerto. Igualmente, olvidar es considerado sinnimo de revictimacin, puesto que, luego de todo lo que las vctimas han sufrido, asumir de la nada que ya pas, es absolutamente cruel. En el caso de Centroamrica se clama por la memoria y el recuerdo, no como fetiche de la memoria (Martnez de Brin-gas, 206: 271) si no como el derecho que tiene una vctima a la memoria y a ser escuchada en el espacio pblico. Desde luego, no hablamos de la memoria como habilidad cognitiva, si no de la memoria como conciencia en el sentido psicolgico, capaz de traer al presente episodios de experiencias pasadas, irremediablemente elaboradas y seleccionadas por la subjetividad de cada individuo, que al reunirse con la de otras personas en un contexto igual o similar, sirve de punto de partida para comenzar a construir un nuevo captulo en la memoria histrica de un pueblo. Recordar los hechos pasados y darles interpretacin en un derecho de los pueblos y de los individuos; es el espacio ptimo para la perenne construccin de la identidad de las naciones aprendiendo de sus vivencias, pero tambin una amenaza directa al orden establecido que necesita crear mitos basados en su propia versin de los hechos, para manipular la historia en beneficio propio y perpetuar el status quo. Por esta razn, los gobiernos de todos los Estados en algn momento han invertido tiempo en reescri-bir la historia de sus pueblos, eliminando las partes que no les gustaban o convenan a sus fines. El actual empeo de los gobiernos centroamericanos



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de borrar esa ensangrentada seccin histrica de la memoria de la gente obligando el olvido no es nueva, desafortunadamente, es un instrumento bastante conocido en el ejercicio del poder. Ciertamente, las frmulas no son monolticas, mutan y se reinventan a s mismas con el paso del tiempo hasta alcanzar la formas como la de la actual amnista, quien siendo tambin antigua, es administrada diferente. Con todo, la induccin del olvido no es lo peor, pues el gobierno no lo persigue porque dese el descanso de la gente, sino para que no se hable ms del asunto. Si el olvido no fuera requisito para el silencio, no se tomaran la molestia de buscarlo. El sistema desea que sus habitantes soporten el yugo de su pena sin protestas ni quejas. Afortunadamente, el espritu humano lucha contra la represin hasta el ltimo aliento, dando grades lecciones de fortaleza y obstinacin. Por lo anterior, entre las cuestiones ms interesantes mostradas en el intento de los gobiernos de forzar el olvido en la poblacin se encuentra la obtencin del efecto contrario. Cuanto ms ignor el gobierno el lamento de las vctimas, ms fuerte clamaban ests; cuanto ms se refugia el sistema judicial en las amnistas, ms alto denunciaban las Comisiones de Verdad las orgas de violencia ocurridas. Las amnistas se han mostrado impotentes para engendrar el olvido (Lefranc, 2004: 297) y los resultados no se han hecho esperar. Resultado de las polticas del perdn y el olvido en Centroamrica

En las tierras de los Mayas, las polticas del perdn y el olvido se basan el la impunidad y en el abuso. A los gobiernos no les interesa que las vcti-mas tengan un verdadero proceso de perdn y olvido, slo les interesa que sigan tolerando el yugo del silencio y la injusticia de una reconciliacin auspiciada y casi exigida, por un tercero que no es tal. Desde luego, tales polticas no son abiertas, como tampoco lo fueron las de represin durante el conflicto. La administracin del Estado no va a admitir tal realidad, prefiere mantenerla oculta en la retrica de un discurso que a nadie convence. Los resultados de las polticas del perdn y el olvido en Centroam-rica, no se han hecho esperar y han sido muy variadas en cualidades y en profundidad. Sin embargo, de acuerdo con los objetivos de este trabajo expondremos solamente los resultados polticos, de justicia y los ticos.



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En lo atinente a la justicia, las polticas arriba mencionadas, han llevado la impunidad a niveles estratosfricos. Los sistemas judiciales an infectados de los vicios del anterior gobierno criminal estn imposibilitados para contrarrestar las polticas de amnista; la rigidez, inoperancia y falta de legitimidad de la administracin de la justicia estn sirviendo de caldo de cultivo para la criminalidad. Basta ingresar a la pgina de Amnista Internacional para enterarse del alarmante estado de la criminalidad en Centroamrica. Las denuncias por delincuencia en general y amenazas a mi-litantes de los Derechos Humanos son diarias Qu angustia van a sentir los criminales por compadecer ante la justicia, si esta no se da en sus suelos? El otro resultado jurdico de estas polticas son los cuestionamientos hechos al proceso de entrega de la amnista. Este debate tal y como se ex-plic pginas arriba se fundamenta en la interpretacin que se la ha dado a la aplicacin de la amnista. Es como dice el Estado, que la amnista es un perdn absoluto y automtico? O como alegan los representantes de las vctimas? Una gracia que se puede otorgar si antes se lleva a cabo el procedimiento necesario. Al final, es la figura de la amnista la que est sufriendo un fuerte desprestigio y desgaste. La amnista como forma de perdn poltico en s misma, no en cuanto a su aplicacin, suscita una otra discusin, en esta ocasin tica: es moral el perdn de un tercero? Este cuestionamiento acompaa al debate jurdico sobre la concesin de la amnista, pero va un paso ms all, pues reflexiona sobre la esencia misma del perdn y la factibilidad tica de las polticas del perdn y el olvido, dejando de lado toda la utilidad poltica que tuvieron para poner un alto al fuego. En lo poltico, la aplicacin de las polticas del perdn y el olvido han engendrado dos aspectos muy interesantes, la primera es que lejos de producir olvido, las amnistas como estandarte de estas polticas olvido han conseguido impunidad y esta a su vez que las vctimas reclamen sus derechos levantando su vos ms fuerte a quin quiera escucharlos. Las Comisiones de la Verdad y dems instituciones y organizaciones a favor de los derechos de las vctimas, denuncian sin tapujos no slo las masacres y flagelos sufridos, tambin la imposibilidad de hacer justicia en sus pases. Los inmolados se niegan a callar. La segunda es la puesta al descubierto, la doble participacin que ha tenido el gobierno en lo referente al tema del genocidio. Los gobiernos en



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los aos noventa (y en la actualidad) padecan de criminalidad burocrtica, lo cual los converta en juez y parte en el litigio entre las vctimas del terro-rismo de Estado y del gobierno que lo efectu. En teora, esta circunstancia imposibilitara a los gobiernos a erguirse como terceros polticos; pero en la prctica, no slo lo hicieron, si no que se aplicaron una auto amnista, que ha venido a decapitar los intentos de llevar las causas relacionadas con las masacres, ante la justicia. En este contexto, en 1999 Rigoberta Mench solicit a Espaa su intervencin como tercero supraestatal en la investigacin y prctica de la justicia para estos casos en Guatemala14. Los resultantes de la intromisin de un tercero en los asuntos internos de un Estado son impredecibles por ms que se invoque a la justicia global para la proteccin de los Derechos Humanos. Se est interviniendo y esto es muy peligroso.15 Slo resta esperar.

Conclusiones

Las polticas del perdn y el olvido en Centroamrica estn basadas en la mala interpretacin de la amnista, como reproductora del perdn y en la retrica del perdn, para la reconciliacin como fetichizacin de la memoria, en tanto buscan producir el olvido desde el perdn poltico. La amnista como perdn poltico fue un instrumento polticamente valioso y efectivo para detener las masacres en Centroamrica, que era lo ms apremiante, pero eso no la vuelve ticamente vlida. Al calor del momento, en medio de la desesperacin, se pueden aceptar muchas cosas, incluso la pesadilla del silencio; pero cuando pasa la tormenta y se comien-zan a limpiar las heridas, el peso de un olvido forzado empieza a volverse intolerable. Conocer la verdad es un derecho de las personas y los pueblos, as como tambin lo es la memoria. En su afn por reconciliar a las sociedades, los gobiernos herederos de los gobiernos criminales se apresuran a derro-char el perdn y prescribir el olvido. Su temor a perder el prestigio de sus

14 En 2005 el Tribunal Constitucional avala que Espaa investigue el delito de genocidio en Guatemala, an cuando las vctimas no sean espaolas. 15 Nosotros estamos de acuerdo en que los crmenes lesa humanidad son asunto de todos, pues al agredir de esa forma a un grupo humano, nos arremete a todos. Nuestras preocupaciones se enrazan en la posibilidad de que los terceros supraestatales, una vez dentro de los Estados a intervenir, cedan ante la tentacin de ir ms all en cuanto a la influencia y dominio que puedan ejercer sobre los segundos.



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recin estrenadas democracias los llev a asumir el papel de juez y parte y a condonarse sus propias faltas. El perdn poltico, el perdn de un tercero que ni siquiera es tal (caracterstico de los gobiernos de transicin) no es un perdn real, es un intento de conciliar a las partes en conflicto. El meollo del asunto estriba en que esta conciliacin, al ser inducida, produce desnutridas democracias y una paz temblorosa e inestable. El perdn si no es fruto de un proceso natural de desintoxicacin de la memoria y superacin de los resentimientos no es tal. Por otra parte, lograr completar el ciclo no implica olvido en el sentido amnsico, como desean los gobiernos centroamericanos; no es que los hechos no se recuerden ms, se recuerdan pero con otra visin a pesar del dao que persista. No hay perdn poltico tico si no es antecedido por la confrontacin de los perpetradores ante la justicia; y el que se dio en Centroamrica no es la excepcin, el discurso del perdn y su consecuencia necesaria, el olvido, como nica ruta para la reconciliacin, es una falacia, mxime, si no se solucionan adems los problemas que en principio llevaron al conflicto que ahora se quiere enterrar en las arenas del olvido. Por otra parte, es oportuno recordar, que los delitos que fueron objeto de perdn poltico, no eran crmenes de responsabilidad civil o disciplina-ria, eran y siguen siendo crmenes Lesa Humanidad; innombrables torturas, masacres y la peor de todas las transgresiones contra la humanidad, el genocidio. No se trata de perdonar a un individuo por robarse una cartera, se trata de perdonar a un gobierno guatemalteco por preparar y ejecutar sistemticamente el exterminio de la etnia Maya en sus territorios. Perdonar tales actos se yergue como un fuerte debate tico y jurdico, cuya solucin determinar el curso de la humanidad de all en adelante. Conceder la gracia de la amnista, como se ha concedido en Centro-amrica, lejos de obtener perdn y olvido, ha obtenido ms resentimientos y clamor por la memoria. Cuando a un ser humano le llega el momento de poder expresar su sentir, su dolor y la profundidad de su dao, lo har y pedir justicia. A las personas no se les silencia por decreto, revictimizar a una persona es inaceptable desde cualquier punto de vista, no es tico, no es legal, ni es humano.



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