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DESAFÍOS Y POTENCIALIDADES DE LA AUTONOMÍA Y LA GESTIÓN TERRITORIAL INDÍGENA EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO

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Derechos&Desarrollo Nº 4

DESAFÍOS Y POTENCIALIDADES DE LA AUTONOMÍA Y LA GESTIÓNTERRITORIAL INDÍGENA EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO

Autoras:Magali Vienca Copa Pabón Amy M. Kennemore Elizabeth López Canelas

Depósito legal: 4-1-2888-08ISBN O.C.: 978-99974-0-388-9ISBN: 978-99974-0-392-6

Revisión TécnicaWalter Limache, Katherine Illanes, Carlos Revilla

Coordinación de publicación:Carlos RevillaKatherine Illanes

Ilustraciones y diseño de tapa:Marco Peñaloza y Jorge Olmos D.

Edición Gráfica:Jorge Olmos Durán

Impreso en:Ediciones Gráficas Virtual Primera edición: 500 ejemplaresLa Paz - Bolivia, 2018

Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social - UNITASDirectora Ejecutiva: Susana ErósteguiCalle Luis Crespo N° 2532. SopocachiTeléfonos: 591-2 - 242 0512 / 241 7218 | Fax: 591-2 - 242 0457La Paz - [email protected]

La presente publicación ha sido elaborada en el marcodel programa de cooperación de la Unión Europea.

La responsabilidad sobre el contenido de este libro corresponde a sus autoresy no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea ni de UNITAS


Derechos&Desarrollo Nº 4

Magali Vienca Copa PabónAmy M. KennemoreElizabeth López Canelas

ÍNDICE

PRESENTACIÓN .....................................................................................................................................................................................................................................7

INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................................................................................................................................11

a. Abordaje a la problemática principal y preguntas de investigación..................................................................................................................14

b. Metodología para la identificación y diagnóstico de casos concretos ................................................................................................15

ENTRE LA AUTODETERMINACIÓN Y LA AUTONOMÍA.UNA MIRADA HISTÓRICA DESDE LAS LUCHASINDÍGENAS Y LAS DINÁMICAS DE RELACIONAMIENTOCON EL ESTADO COLONIAL .........................................................................................................................................................................20

1.1. ¿Qué es la autodeterminación? .........................................................................................................21

1.2. La larga marcha a la autodeterminación.....................................................................22

1.3. El nuevo “régimen de ciudadano” del Estado del 52 .................................................................................................................................................................32

1.4. El multiculturalismo neoliberal de los años 90 .............................................36

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¿AUTONOMÍA PARA QUÉ? CONTINUIDADESY NUEVAS PARADOJAS EN EL MARCO DE LAAUTONOMÍA Y DESARROLLO ..................................................................................................................................................................42

2.1. La “domesticación” de la autonomía indígena en la Asamblea Constituyente .............................................................................................................43

2.2. ¿Cuáles son las implicaciones de esta situación en cuanto al cumplimiento de los objetivos del PDES y la Agenda 2030? .......................................................................................................................45

2.3. Nuevos Obstáculos a la participación de los pueblos indígenas en los procesos de desarrollo en los parámetros del PDES y la AIOC ................................................................................55

PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA DE LOS PUEBLOSINDÍGENAS EN LOS PLANES DE DESARROLLO .........................................................................................67

3.1. Entre la autonomía y la auto determinación: Distintas vías al desarrollo y la gestión territorial indígena .............................................................................................................................................................68

3.2. Participación e incidencia en políticas sobre la Consulta Previa .......................................................................................................................................89

REFLEXIONES SOBRE LOS FACTORES QUECONDICIONAN LA PARTICIPACIÓN DE LASNPIOC Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS ..............................................................................................................98

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES SOBRE ACCIONES NECESARIAS PARA SUPERAR LOS OBSTÁCULOS QUELIMITAN EL CUMPLIMIENTO DEL PDES Y LA AGENDA 2030 ............................103

BIBLIOGRAFÍA ..............................................................................................................................................................................................................................106

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PRESENTACIÓN

Promover una participación activa e inclusiva en la im-plementación del Plan de Desarrollo Económico Social

(2016 – 2020), la Agenda Patriótica 2025, y la Agenda de Desarrollo 2030, desde un enfoque multisectorial, implica el involucramiento de todos los actores para integrar mejor las diversas necesidades y preocupaciones de la población en la formulación de políticas de desarrollo sostenible a todos los niveles y para involucrarlos en la implementación y seguimiento de los procesos.

En ese marco, dada la relevancia de reforzar el mutuo en-tendimiento entre sociedad civil, gobierno, cooperación interna-cional, sector privado, academia, autoridades locales y regionales para explorar maneras de mejorar las políticas y los programas de desarrollo en Bolivia, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, sus instituciones asociadas y programas abren, año tras año, oportunidades para el intercambio de cono-

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cimientos, el debate público, el enriquecimiento y articulación de agendas, desde una perspectiva nacional, para la construcción de propuestas participativas de políticas públicas.

Específicamente, este conjunto de estudios es el resultado de un proceso participativo de investigación y debate público ini-ciado en el año 2017 por UNITAS y sus instituciones asociadas en el marco del Proyecto: “Sumando Voces, Multiplicando Acciones: las OSC como actoras del desarrollo y políticas sostenibles” con el apoyo de la Unión Europea. El mismo busca mejorar la partici-pación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los procesos de desarrollo nacional, para el ejercicio pleno de sus derechos y la eficacia de políticas públicas, en democracia, y es ejecutado por ACLO, CEJIS, Casa de la Mujer, SEMTA, CEDLA, IPTK, Mujeres en Ac-ción, IICCA, CIAC, CENDA, DNI-B, e INDICEP.

Los 6 estudios encargados a investigadores/as y académi-cos/as de reconocida trayectoria y experiencia, son la base para profundizar procesos de generación de conocimientos, debate e incidencia en políticas públicas, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) y la Agenda Global de Desarrollo 2030. Apelando a metodologías de Investigación Acción Participativa (IAP) las asociadas de UNITAS, levantaron 14 diagnósticos que, desde la perspectiva de sujetos que viven los efectos de la pobreza y la desigualdad en ámbitos locales espe-cíficos, evaluaron la implementación del PDES por parte del nivel central, departamental y municipal del Estado, así como el grado de convergencia institucional multinivel en relación a procesos de planificación (ley 777), asignación de recursos, coherencia y efecti-vidad con respecto a las necesidades de población.

De la articulación temática de los resultados de los diag-nósticos y de 6 foros departamentales realizados durante el 2017, surgieron 6 temas de estudio que exploran el estado de

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situación de problemáticas sociales de alta relevancia en el con-texto actual así como de las políticas previstas e implementadas para atenderlas.

Los estudios abordan temáticas tales como hábitat urbano y vivienda en un contexto de acelerada urbanización; la situación institucional y financiera de la política de seguridad social en la prestación de servicios de salud; el desempeño de las políticas pú-blicas dirigidas a enfrentar la violencia y la discriminación hacia Ni-ñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes así como el cumplimiento de los derechos de las mujeres para vivir una vida libre de violencia; cuestiones de soberanía y seguridad alimentaria; inclusión social, autonomías y gestión territorial indígena.

La pertinencia social y la legitimidad política de dichos aportes se nutre de las problemáticas, preocupaciones y priorida-des de quiénes viven los efectos de la pobreza y la desigualdad en los ámbitos donde las instituciones asociadas tienen una larga trayectoria de trabajo y un profundo conocimiento del entorno y las condiciones de vida de sus habitantes.

Estas y otras situaciones vinculadas a los compromisos del Estado en materia de Desarrollo Sostenible llevan a la necesidad de promover y articular la reflexión y el aporte de actores del sec-tor público, la cooperación, la academia y la sociedad civil con mi-ras a identificar los caminos más pertinentes para alcanzar metas comunes de la manera más efectiva.

Cabe recordar que en diciembre de 2011, el Cuarto Foro de Alto Nivel (FAN) en Busán colocó las Alianzas Incluyentes en el centro del debate, subrayando la importancia de enriquecer el debate con las opiniones y contribuciones de un número mucho mayor de actores, con experiencia de primera mano en la coope-

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ración para el desarrollo. La introducción de "incluyente" nace de tres convicciones, confirmadas en una serie de acuerdos: a) Todos los actores implicados, en su propia capacidad y con su propia ex-periencia, poseen un papel complementario a desempeñar en el logro de los objetivos de desarrollo; b) deben realizarse esfuerzos para garantizar que los beneficios lleguen a todos sin dejar a na-die atrás; c) la inclusividad conlleva una mayor participación pero también responsabilidades mutuas.

Esperamos que los resultados de los estudios que contri-buyen con información y análisis actualizados sobre la situación de las problemáticas en el marco de los temas priorizados, sean motivo de un diálogo franco a partir del intercambio de ideas y saberes diversos; que generen oportunidades para establecer complementariedades y sinergias entre los diferentes actores a nivel nacional y subnacional, así como la creación de alianzas que posibiliten avances importantes en la reducción de la pobreza y la desigualdad en Bolivia.

Agradecemos a las organizaciones sociales, las institucio-nes y los investigadores/as por sus aportes en este proceso de construcción colectiva de conocimientos, para abrir nuevos y más amplios espacios que permitan promover activamente la partici-pación de las organizaciones de la sociedad civil en el análisis y elaboración de propuestas de políticas públicas, y diseñar nuevos paradigmas del desarrollo que respondan a la realidad nacional.

Susana ErósteguiDirectora Ejecutiva

UNITAS

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El presente trabajo aborda el objetivo general de: “SU-MANDO VOCES, MULTIPLICANDO ACCIONES: LAS OR-

GANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC) COMO ACTORAS DEL DESARROLLO Y POLÍTICAS SOSTENIBLES”. Dicha iniciativa bus-ca contribuir a mejorar la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OCS) en los procesos de desarrollo nacional, para el ejercicio pleno de sus derechos y la eficacia de políticas públicas, en democracia: ¿Cómo podemos mejorar la participación de las OSC en procesos de desarrollo para abordar los desafíos para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) frente de la expansión amplia de un modelo de desarrollo que va en contra de ellos? Respecto al tema de la autonomía y la gestión territorial indígena, ¿cuáles son los desafíos y las potencialidades del nuevo marco de la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC) para abordar estas problemáticas? Frente a un consenso sobre el “neo-extractivismo”, ¿cuáles son los mecanismos de de-fensa que pueden utilizar los pueblos indígenas para gestionar sus territorios y ejercer su derecho de la auto determinación?, ¿cuáles

INTRODUCCIÓN

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son las implicaciones de esta situación en cuanto al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y la Agenda 2030? Son algunas de las preguntas que pretende-mos abordar a lo largo del documento.

Un desafío en relación a los ODS es precisamente su aplica-ción en territorios indígenas, una mirada a las autonomías y la ges-tión territorial indígena en el marco de procesos de desarrollo nos muestra coincidencias entre las agendas propias de las NPIOC y los ODS. Esto, no es solo porque que las poblaciones de las NIOC si-guen siendo reconocidas como grupos vulnerables1, sino también, y a manera de abordar la misma problemática, porque el ejercicio pleno de sus derechos colectivos requiere el cumplimiento de ODS en cuanto acceso a la educación (Objetivo 4), la justicia (Objetivo 16) y servicios básicos (Objetivos 6 y 7); la creación de medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático (Objetivo 13); la promoción de modalidades de consumo y producción sostenibles (Objetivo 12); y la protección a la biodiversidad (Objetivo 15).

Sin embargo, las oportunidades para las NIOC a acceder a servicios y recursos para ejercer su auto determinación y la ges-tión territorial enfrentan grandes obstáculos en la orientación del modelo de desarrollo vigente en Bolivia, lo cual se basa en la extracción de recursos naturales y la producción de mono agri-cultura orientada a la exportación de materia prima (Orellana Ai-llón, 2006; Arteaga y Revilla, 2017). En su último informe sobre la situación actual de los derechos indígenas en 2016, por ejemplo, Sin los Pueblos Indígenas no hay Estado Plurinacional2, el entonces Defensor del Pueblo Rolando Villena Villegas afirmó que:

1 En 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la situación del acceso a la Justicia e inclusión social en Bolivia, realizado a petición del Estado Boliviano. Ver CIDH, acceso a la Justicia e inclusión social: el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, OEA/Ser.L/V/

2 Doc. 34, de fecha 28/07/2007, Capítulo IV.E.2.294. En su 2016 informe sobre la situación actual de los derechos indígenas en Plurinacional Bolivia, el Defensoría del Pueblo con-firmó que las condiciones de pobreza y marginalización no ha cambiado.

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__________ Los pueblos indígenas están siendo objeto de un sistemático mecanismo de descrédito y estigmatiza-ción, cooptación de sus organizaciones naturales e imple-mentación de estrategias prebendales que, no aportan a su desarrollo bajo sus propias visiones, y les niegan el de-recho a implementar sus propias economías en el marco de una economía plural, sancionada por nuestra Constitu-ción. (2016, p. 4)

Desde la perspectiva del presente trabajo, uno de los de-safíos más grande es cómo se puede abordar esta situación den-tro del marco de las mismas agendas del PDES y los ODS tema que nos convoca por los múltiples cuestionamientos y desafíos. En la 3ra. Consulta Nacional de la Sociedad Civil “LLAMANDO LA ACCIÓN PARA INCIDIR EN LA AGENDA DE DESARROLLO” (UNITAS, 2015) las y los participantes plantearon sus dudas sobre los límites del cuestionamiento al sistema capitalista desde los ODS. Severo Villarroel, representante de CENDA, expresó su preocupación por el riesgo de que “al profundizar en esto de la ONU, de la Agen-da 2025, es olvidarse de una agenda propia. Las organizaciones tenían una agenda propia, era muy sencilla, muy concreta, pero difícil de cumplir” (Ibid., p. 53). Al responder, René Orellana, Em-bajador de Medioambiente y Cuestiones Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, resaltó que “no vamos a atacar las causas estructurales de un capitalismo depredador y expansivo que está convirtiendo en mercancía todo a vida”, y recomendó que “dentro de ese campo de batalla, tenemos que estirar lo más posible y poner diques de contención” (Ibid., pp. 48-49)

Las reflexiones de Alejandro Barrios de IBON Internacional, llaman la atención al eje principal de tensión y disputa al momen-to de cuestionar los limites dentro de los parámetros estableci-dos por el Estado: “¿Cómo se va a vincular ahora la sociedad civil? ¿Cómo se va incluir ahora la sociedad civil en los siguientes pasos

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que se tiene que dar para esta construcción de agenda en el mo-mento en que aterriza a nivel nacional? ¿Quién va a componer los indicadores de estas agendas? ¿Cuál es el canal de participación para la sociedad civil?” (Ibid., p. 41).

Las problemáticas planteadas parecen absolutamente per-tinentes en el marco de un proceso aún en construcción y discu-sión. Sin embargo, es importante recordar que los pueblos indí-genas en Bolivia siempre han participado y han tenido incidencia en procesos de desarrollo, sea directamente, como en el caso del sistema colonial de la mita y pago tributario que se basaba en las formas de organización y administración colectiva indígena (Ba-rragán, 2015); o indirectamente, como tema de preocupación y debate entre intelectuales indigenistas sobre la “cuestión india” que informaban de una gran cantidad de las políticas publicas del Estado republicano (Gotkowitz, 2012). Por lo tanto, nuestro estu-dio parte del presupuesto de que la manera en la que se define la autonomía indígena condiciona radicalmente cualquier análisis sobre la situación de las problemáticas y, a su vez, la naturaleza de cualquier propuesta o recomendación que busca abordarla. Por lo tanto, en lugar de enfocar solamente en el contenido de la AIOC, el PDES y los ODS como medida de su aplicabilidad, contamos con una metodología que nos permite identificar los procesos mediante los cuales se da significado a la autonomía y la gestión territorial dentro del marco de procesos de desarrollo.

a. ABORDAJE A LA PROBLEMÁTICA PRINCIPAL Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Partimos de los principios de la educación popular y la in-vestigación acción participativa desarrollados por Paulo Freire y Orlando Fals Borda, que insistían que el conocimiento emerge de la experiencia de las clases populares, dentro de sus limites y con-tradicciones, del poder de decidir cuáles son las luchas y formas de organización más capaces de concretar nuevas realidades. Para

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abrazar y verdaderamente aprender de la capacidad que tienen los actores locales de reflexionar sobre los procesos de desarro-llo actual, tenemos que entender plenamente la naturaleza de los factores que condicionan su participación. Con este fin, plantea-mos cuatros preguntas principales de investigación: (1) ¿Hasta qué punto permite el marco jurídico de la AIOC y la consulta fortalecer la participación en este sentido?; (2) ¿O, hasta qué punto buscan regular los términos de discusión sobre procesos de desarrollo, para mitigar —en lugar de transformar— los efectos negativos de desarrollo?; (3) ¿O, aún más, hasta qué punto son funcionales a nuevos procesos de desarrollo que paradójicamente limitan la auto determinación y gestión territorial indígena? En una coyun-tura caracterizada por la creciente burocratización e institucionali-zación de las reivindicaciones de los pueblos indígenas y las OSC, la cual homogeniza cada vez más la complejidad de sus realida-des, (4) ¿Cómo articulamos esas problemáticas concretas con sus proyectos, horizontes y alternativas propias, en el largo alcance?

b. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS CONCRETOS

Planteamos que no se puede pensar los límites solo desde el contexto del Estado Plurinacional, sino tenemos los legados de las formas de participación a través de la historia, en particular to-mando en cuenta las medias de la sindicalización del Estado post 52, las del reconocimiento multicultural de los años 90, e incluso las que han sido los canales por los que el Estado regula el avance de la AIOC y el TIOC hoy en día.

En su estudio etnográfico sobre “la esquiva promesa” de la titulación oficial como Tierra Comunitaria de Origen (TCO)3 como mecanismo para enfrentar el poder de transnacionales que ex-

3 Con la promulgación de la CPE y subsiguiente Ley 031 de Autonomía, se convirtió la figura del TCO en Territorios Indígena Originario Comunitarios (TIOC).

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plotan hidrocarburos dentro de su territorio, Anthias plantea que debemos ver estos procesos como el resultado de “articulaciones contingentes” que ensamblan una amplia gama de discursos, inte-reses políticos y procesos históricos y dinámicos de contestación y gobernanza. La investigadora sostiene que no podemos entender las posibilidades y los desafíos de la coyuntura política actual sin tomar en cuenta estos procesos desordenados y disputados, e in-siste que resistimos “la tentación de colocar al Estado y sus discur-sos en el centro del análisis” (Anthias, 2014, p. vii)4. El aporte trata de detallar los procesos contingentes y ambivalentes a través de los cuales los guaraní lograron obtener reconocimiento estatal para las primeras demandas de TCO; nos ayuda entender como la TCO, marcado por la lógica de la reforma agraria, las demandas para el territorio de las marchas de los años 90, el auge de ONGs que bus-caban apoyarlos en el nombre de “etno desarrollo” y la reestructura-ción neoliberal, entre otros procesos, se convierte en una categoría nacional legal de territorios llena de contradicciones, ambivalen-cias y limites (Ibid., p. 67). A la vez, la autora sostiene que “lo cierto es que los pueblos indígenas cuestionan estos límites continua-mente, haciendo que las consecuencias de las demandas por los derechos culturales estén lejos de ser algo pre-determinado” (2014, p. 23; ver también Lewis, 2009; Postero, 2009).

Partiendo de este enfoque, analizamos la situación de las problemáticas de la autonomía y la gestión territorial indíge-na desde una mirada histórica, para entender las articulaciones contingentes que los rigen. Nos interesa reflexionar sobre las ar-ticulaciones que han facilitado el establecimiento de “puntos en común” en procesos de desarrollo que, aunque formado en el

4 Su análisis se basa en el aporte de Gustafson sobre el surgimiento de la EIB en Bolivia, lo cual demuestro cómo las elites estatales, los movimientos sociales y regionales, y los ac-tores transnacionales buscan articularse y conectarse a través de las diferencias mediante la traducción estratégica de puntos de interés común y el silenciamiento de puntos de controversia’” (2009, p. 24; citado en Anthias, 2014, p. 14; ver también Tsing, 2000).

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pasado, siguen condicionando las potencialidades y desafíos que marcan la coyuntura actual. Mientras estos procesos tienen mu-cha potencialidad de ofrecer alternativas al desarrollo y la partici-pación, planteamos que, a tiempo en que las agendas propias de los protagonistas locales son institucionalizadas, a menudo colo-cado dentro de otras posibilidades y horizontes globales, pierden mucho de su potencialidad.

En consonancia con este aporte metodológico y concep-tual, la primera sección del estudio comienza con una breve dis-cusión sobre la significación de la autonomía, mediante un análisis del contenido histórico de la autodeterminación en el proceso de las luchas indígenas en Bolivia. Este aporte histórico nos ayuda a ver más allá de las contingencias y contradicciones del presente, al conectar los puntos que permiten ver las repeticiones y las ruptu-ras a través de la historia. Más allá de reivindicar la historia para dar cuenta de las deudas históricas con los pueblos indígenas o reme-morar a los mártires del pasado indígena (Tupak Katari, Bartolina Sisa, etc), se buscará identificar a los sujetos que hacen historia, dentro de sus propias dificultades y paradojas.

En la segunda sección del trabajo, buscamos aportar a dis-cusiones sobre las oportunidades y límites del PDES con un enfo-que en los efectos de la institucionalización de conceptos como Vivir Bien y el territorio en el Plan y los parámetros que establecen la participación de las NIOC en procesos de desarrollo. Planteamos que los límites se encuentran no solo en un modelo de desarro-llo basado en extractivismo y la redistribución económica estatal, sino también, y quizás de manera más elusiva, se establece los li-mites en la institucionalización de conceptos como el Vivir Bien y el territorio indígena, los cuales, son supuestamente chocantes con este modelo y pretenden fomentar alternativas a ello.

En la tercera sección, contamos con un diagnóstico a pro-fundidad sobre la participación e incidencia de los pueblos indí-genas en los planes de desarrollo con un análisis de los procesos

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concretos dentro de los cuales los actores mismos están reflexio-nando. Al reconocer lo complejo de las condiciones históricas, prácticas culturas y experiencias situadas de los pueblos indígenas en la situación actual, la identificación de casos concretos se basa en la necesidad de demostrar la amplia gama de vías y ensambla-jes que condicionan su participación. La sección esta sub divida en dos partes, según los dos parámetros jurídicos que funcionan como “canales de participación” en procesos de desarrollo nacio-nal, departamental y municipal: la AIOC y la consulta.

Debido al hecho de que, más que los límites y la falta de im-plementación, son pocos los casos que han seguido plenamente estos caminos; en cada sub sección damos una mirada a un pano-rama de procesos y prácticas dentro de sus parámetros. En cuanto al la AIOC, miramos no solo el caso de Charagua sino también dis-tintos niveles en los cuales se busca ejercer la auto determinación y la gestión de territorio por otras vías, como distritos indígenas y la jurisdicción indígena originaria campesina, en igualdad jerár-quica con las jurisdicciones agroambiental y ordinaria del Estado. En cuanto a la consulta, también miramos la manera en la que los actores locales manejan las posibilidades y los limites de este mecanismo de participación y monitoreo de procesos de desarro-llo que efectúan en sus comunidades, y su habilidad de ejercer la auto determinación en manera directa. .

Dentro de cada parámetro, analizamos el juego de herra-mientas —vías jurídicas, institucionales, financieros, representati-vas y participativas— que estableció estos parámetros para luego ver cómo están aplicando estas herramientas los pueblos indíge-nas en busca de responder a las problemáticas que enfrentan. En línea con UNITAS, planteamos entender estos procesos como “liti-gios estratégicos” en el sentido que tiene:

__________ “…el objetivo de alcanzar cambios mayores en la sociedad. Se trata de utilizar la ley como un medio

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para dejar huella, más que simplemente ganar el caso en particular. Esto implica una preocupación por el efecto del caso en otros segmentos de la población y el gobierno, además del resultado del caso para las/los interesados.5”

Partiendo desde las reflexiones y estrategias de los actores mismos, veremos hasta qué punto se logran aplicar estas herra-mientas para ejercer la auto determinación y la gestión territo-rial indígena, cuáles son los factores institucionales, financieros y políticos) que condicionan su potencialidad. Al reconocer lo complejo de estos casos, el riesgo es ver estos procesos como aislados y excepciones a la norma. Al contrario, planteamos que, al buscar otra salida, ellos generan incidencia para la aplicabili-dad políticas públicas que se articulan para darles nuevo conten-dido a procesos de participación y desarrollo al nivel municipal, departamental y nacional.

En la cuarta sección reflexionamos sobre los factores que condicionan la participación de las NPIOC y el cumplimiento de los ODS. En base a estas reflexiones, fundamentaremos en la últi-ma sección una serie de propuestas y recomendaciones que dan cuenta de las acciones necesarias para superar las debilidades y obstáculos institucionales, financieros y políticos que limitan la participación de los pueblos indígenas en los procesos de desa-rrollo, para el ejercicio pleno de su derecho a la auto determina-ción, la gestión territorial y la eficacia de políticas públicas, en de-mocracia y concordancia con los ODS.

5 Carlos Revilla, EDUCACIÓN POPULAR Y LITIGIO ESTRATÉGICO: Una propuesta meto-dológica para democratizar las herramientas de exigibilidad de Derechos Humanos y promover la acción colectiva, 13 de septiembre de 2018, disponible en: https://redunitas.org/2018/09/13/educacion-popular-y-litigio-estrategico-una-propuesta-metodologi-ca-para-democratizar-las-herramientas-de-exigibilidad-de-derechos-humanos-y-pro-mover-la-accion-colectiva/.

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Revisar la historia de las luchas indígenas implica enfren-tar varios sesgos, mismos que son necesarios de despe-

jar para una mejor reflexión. En primera instancia podemos que-dar tentados por idealizar las luchas indígenas del pasado y buscar en ellas un molde para reivindicar el presente, en esa lógica de re-conocimiento e inclusión indígena desde el Estado: por ejemplo, en la Constitución actual, párrafo segundo de su preámbulo, se inserta una referencia importante a las luchas indígenas como la inspiradora de los cambios constitucionales y de la construcción misma del Estado Plurinacional, lo cual nos alude a un sentido de ruptura histórica con un pasado excluyente y la incorporación in-dígena mediante el proceso constituyente, las leyes y las institu-ciones estatales, creando así una dualidad entre el pasado y el pre-sente, que es el que precisamente queremos poner en cuestión.

Una segunda advertencia a la hora de revisar la historia de las luchas indígenas es reivindicar los proyectos indios como una totalidad, como mencionamos, sin identificar los matices de los procesos de contestación y separándolo del contenido e interpre-

ENTRE LA AUTODETERMINACIÓN Y LA AUTONOMÍA. UNA MIRADA HISTÓRICA DESDE LAS LUCHAS INDÍGENAS Y LAS DINÁMICAS DE RELACIONAMIENTO CON EL ESTADO COLONIAL

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taciones que tuvo para los mismos actores. Por ello, en esta sec-ción revisaremos los hitos históricos que demuestran cómo los su-jetos hacen historia, dentro de sus propias dificultades y paradojas. Buscamos identificar las articulaciones contingentes construidas en distintos momentos, entre el ejercicio de la autodeterminación y la canalización de sus propuestas o desafíos al Estado mediante la creación de nuevas instituciones, políticas públicas y modelos de desarrollo que las incorporan. Terminamos con una breve dis-cusión sobre los distintos significados entre los conceptos de la autodeterminación y la autonomía indígena del Estado.

1.1. ¿QUÉ ES LA AUTODETERMINACIÓN?Podemos entender la autodeterminación en el sentido

dado por Audra Simpson (2014) como la “soberanía anidada” al interior del Estado, “a la vez dentro de y aparte de la gobernanza colonial” del Estado nación. La autodeterminación se convierte en ese lugar de enunciación de lo propio, que llama a interpelar las formas asimétricas del control estatal en las dinámicas del reco-nocimiento. La autodeterminación, como anotó Sinclair, es una manifestación de la soberanía india que pone en crisis al Estado Colonial. Pues como explica Audra Simpson, el Estado colonial solo es posible por el despojo indígena. Por lo tanto, la autode-terminación desde ese lugar de lucha por la soberanía propia y sobre los derechos pre-constituidos, es un “proyecto” en disputa por buscar espacios de ejercicio de derechos y de poder. Por ello debemos preguntarnos en qué medida la autonomía indígena pone en crisis la soberanía e instituciones coloniales, y si es o no algo histórico buscado por los indios.

También podemos concebir la autodeterminación en el marco de un pacto comunal, desde abajo, de articulación del poder comunal a proyectos propios. Significa que los indios son los agentes de su propio desarrollo, en esa metamorfosis del Ay-llu que nos refiere Untoja (2018), las que son encubiertas por las

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llamadas economías comunitarias. Significa también restituir el territorio como un espacio de enunciación de la autodetermina-ción en el marco de la defensa y control territorial desde abajo. El poder comunal juega en los márgenes del Estado, y construye sus propios canales de relacionamiento más allá de los espacios de reconocimiento del Estado, y sus “diferencias” culturales que minimizan y funcionalizan al sujeto “indígena”. Si bien la autono-mía y la representación política pueden satisfacer una parte de las demandas, su institucionalización puede ser una barrera para la autodeterminación. Por lo tanto, veremos la autodeterminación en las prácticas concretas de la contestación.

En esta relación entre el Estado y los pueblos, es preciso identificar la dicotomía racial y de discriminación que atraviesan las instituciones y normativas estatales, por ejemplo “la apariencia de protección que se ofrecía a los indígenas, la relación entre las dos repúblicas era esencialmente de explotación” (Postero, 2009, p. 52). La dicotomía, en el contexto actual se transforma en reco-nocimiento e inclusión de los “otros”, sin que, como señala Untoja (1992), se superen la dicotomías entre dominadores y dominados, patrones y pongos, desarrollado y subdesarrollado.

1.2. LA LARGA MARCHA A LA AUTODETERMINACIÓN Debemos situar la autodeterminación dentro de los pro-

yectos anticoloniales que pusieron en crisis una y otra vez los fun-damentos del orden político colonial, como nos sugiere Thomp-son en el periodo insurgente de 1780- 1781 en el siglo XVIII donde las luchas anticoloniales ponen el crisis los fundamentos del po-der colonial: la soberanía española y la subordinación política de los indios (2010, p. 200). Thompson nos muestra dos dimensiones donde se podría mover la autodeterminación indígena en la era de las insurgencia anticolonial: en primera instancia la autodeter-minación como parte de los proyectos anticoloniales buscados por los insurgentes, los que podrían incluir, el rechazo a la subordi-

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nación indígena, la sustitución del Rey, y la afirmación de la auto-nomía; y por otra parte el ejercicio de la autodeterminación en la re-configuración de las instancias de poder e intermediación en-tre el Estado Colonial y las comunidades. La crisis de la “cacicazgos” —intermediarios que son elegidos por su condición de linaje inka, convertido en dispositivos de control y explotación indígena—, y de otros agentes externos que son repudiados y en muchos casos reemplazados por representantes elegidos desde abajo, a esta re-configuración nuestro autor lo denomina “infracontrol” o control desde abajo.

En este sentido, la afirmación auto determinista que puede estar o no en oposición a la corona, pone en crisis las formas y mecanismos de dominación concretas (estructuras coloniales de control, mediación y legitimidad a nivel regional y local), dentro de las estrategias de control y autogobierno interno. Esto pode-mos llamar el poder comunal mediante el desconocimiento de los intermediarios coloniales, y su sustitución con un poder comunal articulado, así lo encontramos en los datos proporcionados por Thompson respecto a las casusas que movieron. Esto es evidente, por ejemplo, a los sublevados en el levantamiento de Jesús de Machaca, en frases como “A ellos les toca mandar” (1975), o en los mismos levantamientos de 1780 y 1781 “muerto el corregidor ya no había Juez para ellos, sino que el REY era el común por quien man-daban ellos” los cuales nos dan pistas importantes del contenido el poder comunal en el “común por quien mandaban ellos”. Así el poder comunal anticolonial termina por re-estructurar las relacio-nes con el sistema colonial en una dinámica de relacionamiento entre las comunidades que no termina por adaptarse plenamen-te a los parámetros administrativos y jurídicos que se busca es-tablecer desde arriba, sino que pone en crisis las formulaciones institucionales coloniales mediante el desborde y la organización desde abajo. De esta manera el poder comunal pone en tensión la soberanía e independencia propia frente al Exterior:

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__________ En primer lugar, la comunidad (el común) de-cía representar al Rey y gobernar en ausencia de la auto-ridad colonial ilegitima o ya difunta. En segundo lugar, la comunidad se llamaba a sí misma Rey. En otras palabras, la soberanía había sido recuperada por el pueblo. Este se-gundo sentido pudo haber desplazado efectivamente al Rey, aun sin deponerlo de forma abierta. La formulación oscilaba entonces entre la autonomía sin separatismo, por un lado, y por otro, un proyecto explícito de soberanía co-munal.

El líder aymara [Tupak Katari] se lanzó a ocupar el vacío que habían dejado los caciques, como un representante político orgánico, aunque relativamente nuevo. En rela-ción con las propias comunidades, él intento investirse con el prestigio tradicional y con la autoridad concentra-da, jerárquica y patriarcal de los señores nativos, que invo-lucraba imposiciones de arriba abajo. Pero en relación con la sociedad colonial como un todo, la importancia históri-ca de Tupac Katari y su movimiento reside en el poderoso impulso hacia arriba que sacudió los cimientos y los mu-ros podridos del edificio colonial. (Ibid., pp. 302-303)

El poder comunal articulado, en este periodo de insurgen-cia, nos muestra la dinámica de la autodeterminación como esta búsqueda de un horizonte propio, que se mueve y dinamiza por medio de la recuperación y ejercicio del poder indio o indígena “dentro de la propia estructura y cultura política de la comuni-dad” (Ibid., p. 219) que no deja de ser, al mismo tiempo, un hori-zonte histórico.

En las tierras bajas, conocemos la revuelta de Apiaguanqui Tumpa en 1892, con la conocida batalla de Kuruyuki, durante el gobierno de Aniceto Arce, que terminó masacrando y conminan-

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do a la esclavitud a una buena parte del pueblo Guaraní, sin em-bargo ésta es solo una de las batallas realizadas; a lo largo de 300 años, los guaraníes desarrollaron una serie de revueltas sostenidas, bajo la lógica de guerra de guerrillas, mismas que buscaban volver a sus territorios, los relatos históricos narran por ejemplo que:

zz 1790 – 1815 el líder KUI MBAE busca alianza con los inde-pendentistas para luchar contra la corona Española. Ayu-dan y enseña técnicas de guerras de guerrillas a Juana Azurduy y a Manuel A. Padilla, con la esperanza de también ellos volver a su territorio.

zz 1815 (finales), Kui Mbae se presenta ante el general Belgra-no, en Potosí para entregarle 2.000 guerreros para la causa de la independencia, con la misma condición, que se res-pete su territorio una vez expulsados los españoles.

zz 1825 - 1826: GUIRACOTA I, GUIRACOTA II y MANDEPORAI intentaron hacer entender a las nuevas autoridades del reciente Estado Boliviano que ellos también lucharon por la independencia, pero estos le siguen quitando tierras, los abusos eran más o peor que cuando los españoles.

Los diversos levantamientos y alianzas de estos pueblos, con la finalidad de recuperar su territorio y buscar una autodeter-minación de facto, muestra el proceso activo y de participación de los guaraníes a lo largo de le historia colonial y republicana.

Cabe señalar cómo también estos procesos giran en torno de debates sobre el desarrollo. En su discusión sobre las políticas sobre tierras altas en el siglo XVIII, por ejemplo, Barragán (2012) analiza cómo se desarrollaron reflexiones sobre la importancia de la agricultura en base a una relación entre la propiedad individual, y el interés y trabajo de los pueblos indígenas. La autora mostró cómo, al promover una visión de desarrollo absoluta liberal frente al sistema colonial, se vinculaba la distribución de tierras con el sis-

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tema de la mita, vista como un retraso al desarrollo porque “la au-sencia de arraigo atentaba contra la propiedad porque siendo el trabajo una ‘pena’, era necesario un aliciente, un interés, un móvil, elementos destruidos absolutamente por la mita, atentando en contra de cualquier posibilidad de aumento de la riqueza” (ibid., p. 21). Este razonamiento destaca un paradoja que las elites libe-rales enfrentan a través de la historia, de cómo se puede legitimar su autoridad en base a definiciones del trabajo libre y la ciudada-nía universale, mientras se maneja categorías de diferencia que delimitarían quién puede acceder a estas ideales y permitirían su dominación sobre el indio y su mano de obra (Larson, 2004: 13; Postero, 2009: 34-36). La respuesta en Bolivia fue intentar erradi-car la propiedad comunal a partir de la Ley de Ex Vinculación de 1874 – medida estatal que daba por extinguida a la comunidad por medio de la expropiación privada – y de generar una “revolu-ción cultural” para “rehacer los indios en campesinos productivos”, mediante una seria de políticas públicas a través de los años 20, 30 y 40 que intervenía en las vidas privadas de las familias rurales (Larson, 2004, p. 34).

En su análisis de los efectos de la política de la Ley de Ex Vinculación en las comunidades del Norte Potosi, Tristan Platt (2016) nos ofrece otro panorama de las reivindicaciones de las tie-rras comunales frente a las política estatales. Además demuestra la auto determinación que los originarios asumen frente de ciertas instituciones coloniales como, por ejemplo, el “pacto de recipro-cidad” establecido en la Colonia por medio del pago de tributos como una garantía para asegurar el derechos de los Ayllus a la tierra. Un dato interesante es que en los Ayllus de Norte Potosí, los curacas realizaban el pago directo de los tributos sin funcionarios intermediadores, desconociendo así a la autoridad sub prefectoral y estableciendo una relación directa con las autoridades fiscales. Como parte de este control desde abajo, retuvieron para sí los pa-drones actualizados, desconociendo la Ley de Ex Vinculación de

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1874, la cual pretende eliminar los ayllus por ser atentatoria de su organización interna. Platt señala, “Como de costumbre, lo indios parecen haber empezado su resistencia por la vía legal, mostran-do sus títulos coloniales y de Revisita, para sostener sus reclamos contra los propietarios particulares” (2016, p.159).

Sin duda las medidas estatales como la Ley de Ex Vincula-ción tuvieron impactos diferentes en las tierras comunales, muchas de ellas influenciadas y dinamizadas por las propias estrategias de resistencia asumidas por los afectados en su relación con el Esta-do, que, como apunta Barragán se desarrollan “fuera de los meca-nismos ‘tradicionales’ de la participación política” (2012, p. 16). Un evento que marca esta “relación” fue la rebelión del movimiento in-dio de Pablo Zarate Willca en 1899, durante la Guerra Federal, don-de nuevamente la voluntad comunal entra en juego en su relación con el Estado, como refiere Roberto Choque “desde los sucesos de Mohoza (1899), la mayoría de las masas indígenas ya no creían en Pando ni en Alonso, sólo en Pablo Zarate Willca que representaba a su causa de lucha” (2014, p. 181). Para Choque, a pesar de existir una virtual alianza con José Manuel Pando, los indígenas de Mohoza de-finieron su autonomía de lucha dejando de depender de los federa-listas, buscando por su parte la abolición de la Ley de Ex Vinculación de 1874, por eso: “no daban vivas ni a Alonzo ni a Pando, sino todo era a Willka y Huaicho” (Ibid.). Este sentido auto determinista que a pesar del juzgamiento y condena de Pablo Zarate Villca y otros líderes indígenas el año 1903, nos muestra la fuerza de articulación, protagonismo y poder constituyente de las comunidades. Zarate Willca pone en cuestión lo que fue llamado el “problema indio” visi-bilizando su anulación por el Estado liberal: donde la “ubicación de los indígenas y las culturas populares hibridas en los márgenes de la pertenencia nacional’” (Postero, 2009, p.62).

En el caso de la Amazonía y el Chaco, se partió del ima-ginario del salvaje y de la selva, fue vaciado de contenido, para imponer una mirada de desarrollo, basada en mostrar que es-

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tos territorios debían ser domados, bajo esa premisa han sido despojados y colonizados. Por su parte, en las luchas legales de los indios a principio del siglo XX, conocido como el mo-vimiento de caciques apoderados (La Paz, Oruro, Potosí y Co-chabamba), se establecen nuevos puntos de tensión con el Estado, pues el camino legal se mueve entre un orden colonial arraigado en las comunidades, un poder estatal instituido y la fuerza auto determinista de las comunidades. Los caciques, al reivindicar los títulos coloniales para la defensa de la tierra, re-sistir a la Ley de Ex Vinculación y a la servidumbre personal, y luchar por la justicia y el amparo, utilizan el armazón legal para exigir el cumplimiento de sus derechos y la resistencia jurídica a aquellas Leyes que eran contrarias a sus derechos e intereses comunales6. Barragán hace una reflexión muy lúcida respec-to a la trayectoria de los caciques, destacando la historización de las “resoluciones” favorables a su lucha, que son utilizadas

__________ "como una estrategia absolutamente creativa que buscaba lo que podemos conceptualizar como ‘ratifi-cación en cadena’ u obtención de las mismas determina-ciones de diferentes autoridades e instancias. Esto podía ser más efectivo si existían resoluciones de instancias su-periores que se enarbolaban en instancias inferiores: solo mostrarlas permitía obtener o ratificar lo que se había lo-grado 'arriba' porque 'abajo' nadie se atrevería a contrade-cir a los 'superiores' ” (Ibid., p. 29).

Esta autora demuestra que “las demandas de las voces colectivas singularizadas por los caciques apoderados se con-virtieron en públicas, en sociales, en nacionales, obligando a las

6 Algunos derechos fueron amparados por leyes como la del 23 de noviembre de 1912 que prohibía los servicios forzados; Ibid., p. 183.

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fuerzas políticas de entonces —liberales, republicanos, grupos y movimientos sociales y el propio indigenismo que surgía— a no prescindir de esta ‘problemática’: tuvieron que involucrarse, in-formarse, tomar partido e incluso negociar” (Ibid., p.35). Postero, citando a Silvia Rivera, denota que la abolición de las comunida-des y el proceso expoliador de tierras fue la clave para la revita-lización de los sistemas tradicionales de autoridad comunal en el escenario de la autodeterminación: “los caciques que habían mantenido funciones culturales y religiosas durante las primeras décadas del siglo XX empezaron a asumir roles políticos que tras-cendían la comunidad” (2009, p. 61).

Ahora bien, donde mejor podemos expresar la tensión entre el proyecto y la práctica de la autodeterminación y los proyectos Estatales es la lucha, organización y efectos del Congreso Indígena de 1945. En este importante evento se en-frentaron dos intereses: por un lado el Estado a la cabeza de Villarroel, que buscaba institucionalizar el poder del Estado y crear un orden legal en el campo (Gotkowitz, 2012, p. 261); y por otra la forma que los actores indígenas que interpretaron, aplicaron y se apropiaron de las Leyes emergentes del Congre-so, hasta provocar la revolución del 52. Gotkowitz plantea que,

__________a la larga, lo que Villarroel hizo fue, más bien, depositar la ley directamente en manos de los líderes in-dígenas locales: caciques y principales de las haciendas, comunidades y ayllus. En vez de resolver una evidente crisis de la Ley, el Congreso Indígena exacerbó la agita-ción social en el campo fortaleciendo a los delegados para que sean los agentes de la ley en sus áreas de in-fluencia. (Ibid.)

Gotkowitz nos describe las condiciones que favorecie-ron la realización del Congreso, entre ellas, la influencia de los

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caciques apoderados y el contacto de los colonos con otros sectores, dirigentes y abogados urbanos, entre ellos Luis Ra-mos Quevedo y Alberto Mendoza López. Mediante estas ar-ticulaciones contingentes, crearon un Comité que encabezó en sus inicios el proceso organizativo del Congreso donde se emularon proyectos propios de autodeterminación. Entre es-tos proyectos se enfatizaba en la recuperación de la tierra para la comunidad, y la liberación indígena (restituir el imperio inka-sico), y en causa común se convocó a las autoridades legítimas (poder comunal) y no a los representantes de los hacendados y autoridades estatales. En estas articulaciones la autora puntua-liza también diferencias locales en los proyectos, donde, por un lado, existían líderes que buscaban alianzas multiétnicas y poli-clasistas, y por otro, existían propuestas que buscaban afianzar el concepto de autonomía.

En esta articulación contingente la autora muestra el desplazamiento, por intervención y control del Estado, de estos proyectos iniciales y las agendas propias del Congreso, que se movieron al interior de los límites estatales, pero reafirmando, una y otra vez, la autodeterminación: “A la larga, el gobierno de Villarroel logró controlar la agenda oficial del Congreso Indíge-na. Pero no pudo controlar la agenda no oficial promovida por las nuevas redes de organización” (Ibid, p. 267). Algo similar, en-contramos en un ejemplo más concreto, previo al Congreso, en la creación de una oficina de defensa gratuita de indios, en la cual se demuestra que los canales de articulación comunal se dieron en los márgenes del Congreso, lugares insospechados de influencia y confluencia de los indígenas (Ibid.)

El resultado del Congreso para el Estado significó una nor-mativización que estableció la remuneración de los trabajos no agrícolas, abolición del ponguaje y mitanaje, escuelas y norma laboral agraria. Empero, para los pueblos y comunidades la inter-pretación y efectos de estas leyes sería en una dirección distinta

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a la planteada por el Estado. Encontramos así la labor de los de-legados-indios que se convirtieron en mensajeros de los resulta-dos del Congreso; se apropiaron de las leyes favorables y, desde un “respaldo del Presidente Villaroel”, buscaron cambios radicales que interpelen los problemas irresueltos por el Congreso, en par-ticular el problema de la tierra. Se sabe que no hubo un proceso de implementación de los decretos por parte del Estado, y como señala Gotkowitz, el ejercicio de la Ley permaneció en manos de los hacendados y autoridades locales.

Sin embargo, dentro de los márgenes de la Ley, se creó un movimiento de desborde a los límites del Estado, y una con-testación que utiliza la Ley como instrumento de lucha y apertu-ra a espacios de autodeterminación. Así, partiendo de una auto determinación en los escenarios de falta de implementación y contradicciones en la aplicación de la Ley, en las reivindicaciones indígenas prevalece el espíritu normativo propio frente a los ran-gos normativos impuestos. Un dato curioso es que a raíz de las interpretaciones desde abajo el Estado se ve obligado a aclarar los alcances de los Decretos de Villarroel: “La principal causa de la agitación, decía un hacendado, era la interpretación “sesgada” de las leyes de Mayo “que han colocado al campesino en condicio-nes de adoptar posiciones levantistas y de insolencia con respec-to a sus patrones” (Ibid., p. 299).

Este es otro elemento de la autodeterminación expresada en la articulación de los líderes, delegados y representantes co-munales elegidos, convirtiendo el Congreso y los decretos un es-pacio de contestación. En este marco, la experiencia del Congreso Indígena de 1945, nos enseña la capacidad de apropiación del espacio estatal por parte de los indios y su adecuación a agendas propias de lucha. Ello explica por qué la Ley (derechos y garantías) se convierte en un impulso poderoso, donde los indígenas si bien no se desligaban del Estado, afirmaban su autodeterminación en el significado y efectos de la Leyes.

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1.3. EL NUEVO “RÉGIMEN DE CIUDADANO”7

DEL ESTADO DEL 52 Finalmente, en el Estado del 52 encontramos nuevamen-

te contingencias en la normativización y aplicación de modelos de tratamiento del “problema indio”. Nos referimos, por ejemplo, al modelo de ciudadanía y de la reforma agraria. De una parte, la ciudadanía, como anota Postero (2009), fue la primera forma del “reconocimiento” marcada y reforzada por la discriminación je-rárquica, el racismo y el patriarcado. El reconocimiento deriva en una mayor presencia e injerencia del Estado en las dinámicas del poder comunal y como consecuencias la intensificación de “redes clientelares manejados por políticos de nivel nacional y local”, así la categoría de “campesino” (Ibid., p. 67) se adecua a las “formas e imágenes aceptables de la actividad social y de la identidad in-dividual y colectiva” (Corrigan y Sayer, 1985, p. 3, citado en Pos-tero, 2009, p.67). Como veremos en adelante, estas categorías de inclusión imponen parámetros para canalizar la participación por establecer medias de determinar quién puede accederlo y cuál tipo de relación tiene con el Estado y procesos de desarrollo. Silvia Rivera, quien posteriormente refirió al “indio permitido” durante un encuentro sobre derechos culturales en Latinoamérica, llamó la atención a un proceso parecido en los años 90, cuando se hizo evidente que los derechos culturales funcionan como dispositivo de poder para dividir y domesticar los movimientos indígenas.

En el ámbito de la tierras, Platt advirtió que el Estado del 52 abandono la “vía terrateniente” hacia el “capitalismo agrario”, “proponiéndose más bien el modelo campesino, basado en la transferencia de valores del sector rural hacia los sectores urbanos e industriales, a partir de un proceso de ‘acumulación primitiva

7 En su recorrido por las distintas épocas de raza y ciudadanía a través de la história boli-viana, Postero usa el termino de “regímenes” para capturar las relaciones complejas entre procesos de gobernanza, desarrollo y luchas para la auto determinación; ver (Postero 2009, pp.45-90).

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permanente’, cuyo principal medio de extracción de los exceden-tes campesinos sería el mercado” (2016, p. 164). El autor plantea que “pese a la retórica de algunos artículos, el objetivo principal de la Reforma Agraria fue la creación de una masa de pequeños propietarios antes que la defensa del Ayllu” (2016, p. 166). En cada etapa la demanda de restitución de la tierra ha sido respondida excluyendo los proyectos históricos de los demandantes, es de-cir la autodeterminación, lo que propicia la reforma agraria es la titulación de tierras individuales, sin que el Estado pierda su titula-ridad, promoviéndose la figura de “dotación” de tierras, cuando lo que se demandó era la “devolución” —que significa recuperar con la tierra el poder propio, la autodeterminación.

La dinámica de la autodeterminación en las medidas es-tatales post 52 han encontrado también dinámicas de contesta-ción, tales como la re-articulación del poder comunal en torno al katarismo y la fundación de la Confederación Nacional de Tra-bajadores Campesinos, donde se reafirmaron los proyectos de lucha en documentos históricos como el manifiesto de Tiwanacu y la Tesis política de la CSUTCB de 1983. Dichos documentos afir-maron a los indígenas como propietarios y habitantes originarios del territorio, en busca de la auto determinación. Como señala Regalsky (n.d.), la ruptura con el Pacto Militar que generó espa-cios donde, debido a la debilidad del Estado, las comunidades empezaron a utilizar la estructura del CSUTCB para resolver sus propios conflictos y gestionar su territorio según sus propias nor-mas y procedimientos —una mezcla de la estructura de sindica-to con sus usos y costumbres— “evitando apelar a autoridades judiciales o policiales”. En las tierras bajas, el movimiento indígena de los años 90 se fortaleció a partir de la crisis de representación y legitimidad de la clase elite a raíz de las políticas corruptas y promesas incumplidas de reformas neoliberales, impulsado la primera “Marcha indígena por el Territorio y la Dignidad” en 1990. Seguida por una serie de demandas, estas marchas tuvieron un

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impacto histórico en Bolivia, impulsando reformas constituciones y jurídicas que reconocieron la categoría de las TCOs.

De hecho, en la historia contemporánea, las movilizaciones y participación activa de los pueblos del Chaco y la Amazonia en defensa de sus territorios y formas de vida han sido permanentes y han tenido resultados concretos, entre otros cabe señalar:

zz 1990. El logro de esta marcha es la aprobación de un De-creto Supremo que reconocía la existencia de los primeros territorios indígenas y el reconocimiento nacional e inter-nacional de la existencia de los pueblos indígenas de las tierras bajas.

zz 1996. Esta movilización indígena consiguió dos objetivos centrales: 1) Promulgación de la Ley del Instituto Nacional de Re-

forma Agraria (INRA) o Ley 1715.2) El reconocimiento de 33 Tierras Comunitarias de Ori-

gen (TCOs). zz 2000. Con esta marcha se consiguió como resultado inme-

diato, la modificación de la Ley INRA y un Decreto Supremo que reconocía oficialmente las lenguas de los pueblos in-dígenas de las tierras bajas.

zz 2002. Se logró un convenio con el Gobierno y los par-tidos con representación parlamentaria que comprome-tieron la viabilidad de la Asamblea Nacional Constituyen-te como mecanismo de reforma a la Constitución Política del Estado.

zz 2005. Los indígenas de tierras bajas y altas consiguieron re-formar la Ley de Hidrocarburos o Ley 5830, donde se espe-cificaba en un capítulo de la normativa sobre los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia.

zz 2006. Los indígenas de tierras bajas obligaron al Parlamen-to Nacional la aprobación de la Ley de Reconversión Comu-

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nitaria de la Reforma Agraria, normativa que sustituyó a la Ley INRA, ampliando el proceso de saneamiento de tierras.

zz 2010. Siendo que el Gobierno pretendía descalificar los pe-didos como inconstitucionales, hicieron respetar las com-petencias exclusivas de las Autonomías Indígenas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD).

zz 2011. A pesar de la represión en Yucumo, los 34 pueblos del oriente aglutinados en la CIDOB y con apoyo de la CO-NAMAQ, lograron la reforma de la Ley Corta que pone freno a una carretera que pretendía atravesar por el corazón del parque Isiboro Sécure (Tipnis) (Armata, 2012)

En los años 90, la acumulación de las marchas por el terri-torio ya ha logrado plantear el tema de territorio al nivel nacional, como reivindicación central del movimiento indígena. Sin em-bargo, como señala Regalsky en varios congresos nacionales, las NPIOC nunca pudieron definir un concepto singular de territorio, lo cual podría articular las múltiples nociones, prácticas y esperan-zas que lo llenan con significación para distintos grupos:

__________ En realidad, ¿qué es "el Territorio"? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando reclamamos "la devolución de nuestro territorio"? Los campesinos de comunidades ay-maras y quechuas que tienen títulos individuales recibidos de la reforma agraria del 53 ¿cómo pueden ahora recupe-rar un dominio territorial? ¿Cuál es la organización política que va a administrar esos territorios? ¿Quién encarnará la nación aymara o la nación quechua, cuyas comunidades de base están organizados en sindicatos comunales o en centrales campesinas o en ayllus con jurisdicciones geo-gráficas muy delimitadas, a diferencia de los Chimanes o los Moxeños o Chiquitanos que si pueden tener Consejos o Cabildos que los representan como identidades o como

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naciones, pero que son minoritarios numéricamente den-tro de la República? ¿Quién va a representar a los aymaras o quechuas que viven en las ciudades, donde son la mayo-ría de la población? (Regaksly, s.f.).

Por esta vía, vemos una línea de cuestionamiento que hace eco a lo que Alejando Barrios y varios otros participantes en la 3ra Consulta Nacional “LLAMANDO LA ACCIÓN”, manifestaron sobre quién iba a determinar los mecanismos de participación. Nos im-porta, por lo tanto, ver los procesos mediante las cuales se silencia estas problemáticas y se homogeniza los múltiples significados que implica responderlas.

1.4. EL MULTICULTURALISMO NEOLIBERAL DE LOS AÑOS 90De esta forma, reflexiones sobre las políticas del recono-

cimiento multicultural son particularmente útiles. En los años 90, muchos académicos se han preocupado por la paradoja res-pecto al surgimiento del reconocimiento de derechos colectivos al territorio y autodeterminación que coincidió con el “giro” de ajustes estructurales y políticas de descentralización neolibera-les (Hale, 2002; Hale y Millaman, 2006; Postero, 2007; Rivera Cu-sicanqui, 2004; Speed, 2008). Usando los términos de Postero, podemos entender cómo “el multiculturalismo respaldado por el Estado” convierte a los indígenas en peticionarios de demandas que se canalizan mediante el Estado (2009, p. 33). Por ejemplo, las formas de reconocimiento en la etapa del multiculturalismo estuvieron marcadas por el reconocimiento de las Tierras Co-munitarias de Origen (TCO). Dentro del multiculturalismos se reconoce las TCO en un marco de participación política, pero sin autodeterminación, porque el Estado quiere reconocer la par-ticipación en el uso y aprovechamiento sostenible de recursos naturales poniendo límites a sus derechos sobre los recursos na-turales. Dentro de este marco, lo gobierno avanzó el “reconoci-

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miento” del pluralismo cultural sin la “redistribución”, o cambios significativos a relaciones económicas y de poder que pretende responder a los cruces de injustica de explotación y discrimina-ción que han experimentado los pueblos indígenas tras siglos de racismo colonial (2009; 34).8

Cabe señalar que los límites del reconocimiento a cambio estructural son incorporados en la propia arquitectura del dere-cho a la libre determinación fundamentado por las declaraciones internacionales. En su análisis de la elaboración de la DNUDPI, Engle (2018) demuestra cómo miembros de algunos de los go-biernos signatarios como los Estados Unidos y Canadá se resistían a la declaración bajo el argumento de que la libre determinación desafía su propia soberanía como estado nación, logrando así dis-minuir su potencialidad. En el Art. 46.1 de la DNUDPI, por ejemplo, se establece que la declaración no “se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la uni-dad política de Estados soberanos e independientes”.

Vacilantes al inicio, los representantes del movimiento in-dígena aceptaron el artículo 46.1 en fin, con la garantía que otros aspectos de la declaración se mantendrían, tales como los dere-chos a la tierra y los recursos naturales, y la consulta previa, libre e informada. Aunque limitada, el conjunto de derechos a la cultura se convirtió en un nuevo género o plataforma mediante el cual los pueblos indígenas obtuvieron una “voz” al nivel internacional para articular sus demandas y por ello fue muy efectivo en sus luchas (Tsing 2007; ver también Andolina et al., 2009; Engle 2018). Tsing previene contra una visión demasiada celebratoria de esta voz, se-ñalado que es “la convención del género y no el/la interlocutor/a que tiene el poder” de definir los términos bajo los cual se habla y se escucha estas demandas (2007, p. 38).

8 Ver también Fraser (1997).

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Engle plantea que estas negociaciones ilustran la ‘promesa esquiva’ del desarrollo vinculado a los derechos a la cultura, avi-sando que hay un “lado obscuro de la virtud” que atribuye en gran medida a la reificación de la cultura”:

__________ ….aun si tiene éxito en la consecución de los derechos a las tierras o al desarrollo sobre la base de la protección de sus prácticas tradicionales, a menudo la capacidad de los pueblos indígenas para tomar decisio-nes autónomas se ve restringida. En el contexto de las tierras, por ejemplo, en general se les prohíbe participar en el libre mercado. Respecto al desarrollo, a veces se los limita a formas de desarrollo ecológicamente sustenta-bles. Y si bien se espera que los pueblos indígenas reco-nocidos estén a la altura de su presunto respecto cultural por el medio ambiente, la tierra y la propiedad comunal, con frecuencia son obligados a renunciar a estos aspec-tos de su cultural que se considera entran en conflicto con lo que universalmente se entiende como derechos humanos. (2018: 29)

Vemos la aplicación de estas definiciones de cultura en pro-yectos de “etnodesarrollo” o “desarrollo con identidad” del Banco Mundial y Oxfam International a partir de los años 90, los que, a pesar de que reproducían los limites, lograron ofrecer cierto alivio a la pobreza que sufren los objetos de estas intervenciones.

Se trata, en otras palabras, de establecer barreras a la par-ticipación e incidencia de los pueblos indígenas en procesos de desarrollo, paradójicamente al mismo momento de reclamar sus derechos. Desde esta perspectiva, podemos apreciar cómo el multiculturalismo respaldado por el Estado es funcional a procesos de desarrollo, convirtiéndose en un “multiculturalis-mo neoliberal” susceptible a los procesos de reestructuración

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económica y la descentralización. Charles Hale señala que “los proponentes de la doctrina neoliberal respaldan proactiva-mente una versión sustantiva, si bien limitada, de los derechos culturales indígenas, como un medio de resolver sus propios problemas y adelantar sus propias agendas políticas” (2002, p. 487; citada en Anthias, 2014: 13).

Al respaldar un conjunto de derechos culturales mínimos y rechazar otros, Hale sostuvo que el “multiculturalismo neolibe-ral” crea “una dicotomía entre unos indígenas reconocidos y otros recalcitrantes”, entre “indios permitidos”, quienes son reconocidos mediante un acuerdo implícito que aceptan ciertos derechos por no revindicar otros que puedan desafiar el estatus quo, y los “indios sin permiso” conflictivos que si lo hacen y por ello son “condena-dos a los espacios raciales de pobreza y la exclusión social” (citada en Postero, 2009, p. 37). En Chile, varios estudios muestran cómo el gobierno invoca la todavía vigente Ley Antiterrorista, promulgada por el dictador Pinochet en 1984 para legitimar la represión vio-lenta de su oposición, para criminalizar a los Mapuche por defen-der sus territorios, quitando todo sus derechos político-jurídicos.9

En Bolivia, Postero muestra como estas lógicas funcionan mediante la Ley de Participación Popular (LPP) de 1994. En su et-nografía, Postero demuestra cómo la ley estableció nuevas formas de participación indígena al nivel municipal, pero sin producir una redistribución de recursos ni desafiar las desigualdades de poder estructural. En su estudio llama la atención a la manera en la que la ley formó la base de procesos de la “producción de sujetos” en cur-so al interior de un nuevo régimen de neoliberalismo. Utilizando el concepto de Foucault de la “gubermentalidad”, la investigadora plantea que estos procesos inculcaban los conceptos de indivi-dualidad y auto regulación con el propósito de reducir las pro-babilidades de desafíos directos a las políticas neoliberales (ibid.).

9 Ver por ejemplo Richards (2016).

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El caso demuestra, como también advierten varios otros autores, el rol de las ONGs durante este período, cuya proliferación se dio paralelamente al “vaciamiento del Estado” bajo el neoliberalismo, que alentaba la transferencia de funciones estatales tradicionales a una sociedad civil “empoderada”.10 En las tierras altas, Regalsky (s.f.) plantea que la participación popular pretendía restablecer la relación estado-campesino indígena, diezmada por la ruptura del Pacto Militar Campesino en los años después de la dictadura de Hugo Banzer.

Este abordaje a la historia desde la perspectiva de la diná-mica entre luchas para la auto-determinación y el reconocimiento estatal —en relación a procesos de desarrollo— nos muestra que la representación y participación indígena han sido siempre pro-ducto de construcciones complejas y controvertidas, las cuales fueron influenciadas por instituciones estatales y discursos indí-genas. Además, llama la atención la “ manera en que los pueblos indígenas siempre ha aprovechado las grietas y aberturas de la cambiante, y a veces contradictoria, agenda de desarrollo a través de la historia, convirtiéndose en protagonistas importantes de la reconfiguración de los modelos nacionales y globales de ciuda-danía y desarrollo” (Antias, 2014, p. 52; ver también Andolina et al, 2009: 76; Postero 2009; Anthias y Radcliffe, 2013). Como plantea Postero, es precisamente por su capacidad de navegar las inclu-siones y exclusiones de la LPP que “habilitaron a los ciudadanos, especialmente los ciudadanos indígenas, para actuar en contra de las limitaciones permanentes del multiculturalismo y los costos de la política económica neoliberal” (2009, p. 312).

Al analizar las oportunidades y limitaciones del PDES para contribuir a los ODS y responder a las demandas que surgieron en la historia reciente en Bolivia, es importante tomar en cuenta que el Estado Plurinacional es producto histórico de los procesos dinámi-

10 Ver también Andolina et. al 2009: 43; Anthias 2014 Li, 2007; Valdivia, 2005.

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cos de contestación y gobernanza. A través sus protestas y deman-das, los movimientos sociales hicieron visible la crisis del modelo de multiculturalismo neoliberal y participaron directamente en la construcción del Estado Plurinacional. El mayor desafío al hacer esta tarea tiene como raíz la asunción, respalda por el gobierno, que el multiculturalismo neoliberal ya no es un marco relevante en Bolivia, habiendo sido superado por un nuevo modelo de política cultural “posmulticultural” del gobierno de Morales (Postero, 2009).11

Con base en estos aportes, planteamos que es importante reconocer que seguimos viviendo los efectos del multicultura-lismo liberal. Por ejemplo, los canales de acceso a la autonomía indígena en el Estado Plurinacional son aquellas que fueron es-tablecidas en la etapa multicultural (Municipio y TCO), asimismo el régimen de ciudadanía se convierte en una ciudadanía indíge-na con participación en los marcos de los gobiernos municipales (distritos indígenas), departamentales y nacionales, mediante la representación política, sin que se ponga en crisis la instituciona-lidad estatal y donde se busque la re-configuración y articulación del poder comunal. Por lo tanto, nos preguntamos si ésta era la autonomía buscada por los pueblos indígenas en la asamblea constituyente y en las luchas indígenas. En este sentido vemos con mayor claridad que la resistencia indígena todavía se mueve en los marcos de la auto determinación y continua en este senti-do en tensión con el Estado, y los parámetros que éste creo para las autonomías indígenas, verificándose que no existe una ruptura histórica como tal, sino una formulación discursiva de una duali-dad entre pasado y presente, respaldo por rituales y “performan-ces” de un “Estado Indígena” (Postero, 2018).

11 Al rechazar esta idea, Anthias nos proporciona una mirada a los legados del multicultu-ralismo neoliberal en la consolidación de las TCOs para demostrar cómo se informa sobre las actuales tensiones sociales, en un contexto donde los TIOCs siguen siendo centrales en las agendas de los pueblos indígenas para afrentar un nuevo modelo económico que se basa en la expansión del extracivismo y el agro negocio.

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Como veremos en el análisis del PDES, se establecieron nuevos parámetros del “indio permitido” mediante la

construcción e incorporación de conceptos como “Vivir Bien”, los cuales, junto a nuevos dispositivos de poder jurídico, sirven para prohibir acciones que buscan cambio estructural en el ejercicio de auto determinación y la gestión territorial indígena. En esta sección revisaremos el desplazamiento de la auto-de-terminación dentro del proceso constituyente, para luego ana-lizar las oportunidades y los obstáculos para la autonomía de gestión territorial indígena dentro del marco subsiguiente de políticas públicas y normas que pretenden construir el Estado Plurinacional.

Si bien los parámetros de la AIOC ya estuvieron reducidos a su funcionalidad para el “proceso de cambio” dirigido por el Es-tado, Tockman (2017) señaló que “ahora están siendo construidas

¿AUTONOMÍA PARA QUÉ? CONTINUIDADES Y NUEVAS PARADOJAS EN EL MARCO DE LA AUTONOMÍA Y DESARROLLO

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en una arena política en la cual la correlación de fuerzas —tanto local como nacional— es distinta con respecto a la que existía hace una década”. En esta sección, intentamos dar una actualiza-ción al diagnóstico sobre la situación de la problemática, toman-do en cuenta tanto los legados del multiculturalismo neoliberal como las nuevas paradojas para la autonomía indígena en cuan-to a esta reconfiguración de la correlación de fuerzas en los años más recientes.

2.1. LA “DOMESTICACIÓN”12 DE LA AUTONOMÍA INDÍGENA EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE En su propuesta, el Pacto de Unidad estableció que la au-

tonomía indígena “debe ser entendida como un camino hacia nuestra autodeterminación como naciones y pueblos, para de-finir nuestras políticas comunitarias, sistemas sociales, económi-cos, políticos y jurídicos, y en este marco reafirmar nuestras es-tructuras de gobierno, elección de autoridades y administración de justicia, con respecto a formas de vida diferenciadas en el uso del espacio y el territorio”.13 La AIOC se dispone como el mecanis-mo de construir el Estado Plurinacional y, en base a los derechos colectivos consagrados en los Tratados Internacionales de Dere-chos Humanos, “poner fin al latifundio y a la concentración de la tierra en pocas manos, y al monopolio de los recursos naturales en beneficio de intereses privados”.14

Sin embargo, esta visión sufrió de una “domesticación” en la Asamblea Constituyente, rechazada o modificada severamente en la versión final del la CPE que fue aproada en el 2009 (Gar-cés, 2010).15 En una manera similar a los debates sobre la libre

12 Garces (2010) usó el término para referir al proceso mediante el cual las propuestas del Pacto de Unidad se reducen en la Asamblea Constituyente.

13 Propuesta de las Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores hacia la Asamblea Constituyente”, Sucre, 5 de agosto de 2006, p. 4

14 Ibid15 Respecto a los temas de la autonomía, Garcés señala que lo más relevante es la parti-

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determinación en el caso de la DNUDPI, los debates dentro de la Asamblea Constituyente muestran cómo se limita el desafío que representa la reivindicación de los pueblos indígenas a la au-to-determinación a una mera cuestión de su integración dentro del Estado Plurinacional.

No obstante, cabe señalar que en la coyuntura en la que se discutió estas tensiones, no se veía el desafío a la soberanía nacio-nal tanto de las propuestas del Pacto como de grupos élites como los de la organización llamada “Nación Cambia”, lo que impulsó el marco jurídico de las cuatro autonomías que son reconocidos en la CPE16. Dado de que la autonomía departamental de la llama-da “media luna” pondría en juego el control de una alta cantidad de recursos naturales y tierra productiva, constituyentes del MAS promovían la inclusión de otros niveles autonómicos (indígena y regional) que sumarían al nivel municipal para quitar la com-petencia y peso político a la autonomía departamental (Salve-chon, 2012, p. 192). Además, en respuesta a la tensión culminante que lleva a los días finales de apropiar la CPE, representantes del gobierno del MAS rompieron con el espacio participativo de la Asamblea y llevaron a cabo los fines del proceso en Oruro, lejos de la participación de las OSC. De esta manera, paradójicamente, el temor de perder la oportunidad histórica de construir el Estado

cipación de los pueblos indígenas en la Asamblea Departamental (Art. 278), dentro del marco de espacios de planificación y gestión (Art. 280), o vía la conversión a la AIOC (Art. 293) que goza con competencias municipales y se define por los límites puestos por las actuales TCOs (Art 303). Respecto a tierra y territorio, el principio de redistribución fue severamente afectado, dado de que el Estado central tiene la competencia privada en cuanto a “Política general sobre tierras y territorio, y su titulación” (Art. 298, 1, 17), y el “Régimen” de la tierra (Art. 298, II, 28), de la política forestal (Art. 298, II, 7) y de recursos hídricos (Art. 298, II, 5), entre otros. En los procesos de saneamiento, lo más preocupante es que los limites de tipificación del latifundio no tienen carácter retroactivo (Art. 399) y la vía empresa agrícola permite que el latifundio corporativo pueda burlar el límite máximo de las 5000 Has acordado antes.

16 Fundada en 2000, esta organización busca su fin geopolítico de independencia nacional del Estado boliviano por revindicar el derecho de autodeterminación reconocido por la ONU por vía pacifica de referendo (Schavelson, 2012, p.193)

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Plurinacional justificó hechos que iban en contra de la visión de-mocrática histórica que pretendía lograr (Postero, 2010).

En cualquier caso, la modificación de más de 100 artícu-los de lo trabajado por la Asamblea Constituyente en Oruro en el Congreso Nacional en octubre de 2008 consolidó la visión ins-trumentalista sobre la autonomía indígena. Garcés sostiene que fuera del espacio de la Asamblea, y fruto de un pacto político de senadores y diputados de los partidos más importantes en las negociaciones (MAS, PODEMOS, UN, MNR), estas modificaciones desarticularon el “poder constituyente”17 del Estado Plurinacional. Esta desarticulación es evidente en los más de 100 artículos antes mencionados, y vemos claramente su efecto en la situación actual la autonomía y la gestión territorial indígena que muestran los es-tudios pertinentes.

2.2. ¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DE ESTA SITUACIÓN

EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PDES Y LA AGENDA 2030? Ahora bien podemos preguntarnos cómo el PNDES y la

Agenda Patriótica han dejado de lado el imaginario extractivista colonial de una economía primaria exportadora, o si más bien el concepto de Vivir Bien, se ha convertido en un dispositivo de po-der (Acosta, 2015) de los planes desarrollistas del gobierno, como afirma la ex ministra de Comunicación del Ecuador, Mónica Chuji, el cual asegura que la “…filosofía del ‘Vivir Bien’ ha sido utilizada por los gobiernos populistas para encubrir la expropiación de los recursos naturales y los territorios indígenas”18.

17 Ver Negri (1994).18 La entrevista esta disponible en línea: https://www.noticiasfides.com/economia/se-

gun-indigena-ecuatoriana-el-34vivir-bien-34-sirvio-para-expropiar-territorios-en-la-ama-zonia-392138.

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No es posible analizar la Agenda Patriótica y el PNDES sin antes analizar la filosofía que los guían y organizan en relación al Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de Bolivia, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 – 2020. Para analizarlo, debemos retrotraernos a la noción de “Vivir Bien” o “suma qamaña”:

__________ El Vivir Bien es el horizonte civilizatorio y cul-tural alternativo al capitalismo y a la modernidad que nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indí-gena originario campesinos, y las comunidades intercul-turales y afrobolivianas, y es concebido en el contexto de la interculturalidad. Se alcanza de forma colectiva, com-plementaria y solidaria integrando en su realización prác-tica, entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las económicas, las ecológicas y las afectivas, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y recursos de la Madre Tierra. Signi-fica vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solida-ridad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. Es Vivir Bien entre nosotros, Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir Bien consigo mismo.19

En su momento el viceministro boliviano de Descoloniza-ción Félix Cárdenas, aseguró que esta nueva “filosofía” que viene de los pueblos indígenas podría constituirse en los pilares de un restablecimiento del equilibrio con la madre Tierra, de manera es-pecífica se refiere a la posibilidad de evitar la degradación ambien-tal ocasionada por el desarrollo20.

19 Artículo 5. 2 de la Ley N° 300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.20 Disponible en: https://www.bolpress.com/?Cod=2012111109.

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Un primer consenso entonces es que el concepto de Vi-vir Bien o suma qamaña, viene de una noción construida de los pueblos indígenas y de manera particular de los pueblos indí-genas del occidente de Bolivia (Prada, 2011; Albo, 2011; Acosta, 2011; Schavelzon, 2015), un segundo consenso es que se refiere básicamente a la posibilidad de vivir en armonía con la natura-leza y con y entre la sociedad misma en diferentes niveles que no son necesariamente económicos. Javier Medina traduce el qamaña aymara como “buena vida, calidad de vida, bienestar, estilo de vida, buen vivir; quien sabe, felicidad, alegría […] y que los aymaras llaman qamaña” (2001, p. 26 citado por Xavier Albó (2011) en Schavelzon, 2015, p. 182).

Ahora bien, la primera vez que se usa el concepto de Vivir Bien de manera institucional y oficial, es en el Art. 8 de la CPE el año 2007, no se realiza una definición sino un enunciado como parte de los “Principios, Valores y Fines de Estado”, cinco años más tarde, el 2012 en la Ley No 300 es desarrollada y conceptualizada, aunque su discusión y comprensión del Vivir Bien evidentemen-te es un poco más antigua. Raúl Prada, establece que la noción de Vivir Bien data de una discusión realizada a fines de la década del 90 que se concretiza en la década del 2000, esta discusión es realizada por grupos de “indianistas e indigenistas” que buscaban traducir las palabras desarrollo y progreso a las lenguas indíge-nas (Prada, 2011), pero no deja claro quiénes son estos grupos y dónde se da el escenario de discusión o si han quedado registros de dichas discusiones. Por su parte Alberto Acosta (2015), quien coincide con Prada en cuanto a las fechas de la discusión del tema, plantea además que indudablemente el concepto de “Vivir Bien” nace de los pueblos indígenas andino amazónicos, los cua-les proponen una alternativa a pensar más allá de la modernidad capitalista teniendo como base el respeto entre humanos y el

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equilibrio con la naturaleza21. Por medio de dicha argumenta-ción, Acosta pretende desvirtuar las críticas al concepto de Vivir Bien sobre su posible creación política o académica (Ibid).

Sin embargo, a criterio de Pedro Portugal, no existió una verdadera participación de los indígenas en la discusión y elabo-ración del concepto del Vivir Bien. Como consecuencia, la cons-trucción del término se basó en el esquema colonial de poder que “reconoce a unos —los criollos— como creadores y maes-tros, y a los otros —los indios—, solo como informantes discípu-los”22. En ese sentido, Portugal afirma que “fueron los escritores criollos y occidentales quienes dieron la tónica en la creación de ese concepto: es una crítica a occidente a partir de las visiones y expectativas de los propios occidentales que, para tener valor, es colocada como si fuese pensamiento y palabra de los indígenas” (Portugal, 2017). Siendo en ese escenario discursivo los indígenas como la reserva moral de la humanidad23, ya que son presenta-dos como sinónimo de preservación del medio ambiente, como sinónimo de cuidado de la Madre Tierra, y como un ser que ha logrado vivir al margen de las lógicas de desarrollo coloniales, muy similar al concepto del “indio permitido”.

Las críticas posteriores que se realizan al concepto del Vivir Bien, se refieren al uso de este concepto o filosofía funda-cional como sinónimo de desarrollo, sobre todo cuando es in-

21 Idea central que se refleja también en la definición del gobierno cuando afirma que “Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. Es Vivir Bien entre nosotros, Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir Bien consigo mismo” (Artículo 5. 2 de la Ley N° 300, Marco de la Madre Tierra).

22 Hace referencia a la relación entre los académicos y los indígenas como informantes.23 “Estoy convencido de que los pueblos indígenas son la reserva moral de la humanidad.

Entre los pueblos indígenas no existe la mentalidad de ser individualista, personalista o egoísta y por ende no hay una actitud de tratar de adueñarse de los recursos y con-trolarlos en beneficio propio” (Evo Morales; disponible en: https://www.servindi.org/actualidad/2685). Sin embargo, cuando los indígenas exigen el pago de indemnización por daños a empresas petroleras que podrían en riesgo inversiones, el Presidente Morales considera que estos indígenas “ya no son la reserva moral” de la humanidad.

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troducido en los “planes de desarrollo”. Por ejemplo, las políticas públicas de construcción de carreteras, explotación de recursos no renovables y otros son presentados como parte del “Vivir Bien”, alejándose así del concepto inicial de los pueblos indíge-nas (Schavelzon, 2015).

El análisis realizado sobre el Plan de Desarrollo del gobierno del Ecuador (SENPLADES, 2009), también relevante para nuestro contexto, es que el “Buen Vivir o Vivir Bien”, “se concibe como ‘desa-rrollo y Estado’; siendo el Estado quien ‘determina en términos tec-nocráticos, economicistas y humanistas lo que es Buen Vivir y de-sarrollo’ (Catherine Walsh, 2010; citado por Schavelzon, 2015:186). En ese sentido, Walsh pregunta “¿en qué medida este VB/BV se se-para de la matriz colonial de poder, de los viejos desarrollismos del pasado y de los intentos de humanizar el capitalismo y el proyecto neoliberal”? (Ibid.).

Estas críticas válidas en cuanto la contraposición entre de-sarrollo y Vivir Bien, institucionalizado desde los PNDES, no termi-nan de dar cuenta de lo que nos propone Portugal (2017): el suma qamaña como un concepto instrumentalizado políticamente. Un primer elemento que es necesario comprender es que al ser el “Vivir Bien” una filosofía de vida de los pueblos indígenas, por con-siguiente existen tantas formas de Vivir Bien como pueblos indíge-nas alrededor del mundo, por lo tanto no se puede homogenizar el concepto y tampoco dar un uso exclusivo del mismo a Bolivia o Ecuador (Acosta, 2014). En ese mismo sentido su institucionali-zación dentro el PNDES es absolutamente arbitrario, el Vivir Bien es posible de entender desde prácticas concretas y cotidianas, desde las historias situadas, en el momento en que las mismas se generalizan y homogeneizan “sus contenidos pueden ser llenados de cualquier manera” (Rivera, 2014). Algo similar ocurriría con las autonomías indígenas, demanda que viene que una larga lucha de los pueblos indígenas y que tiene como eje central el derecho a su autodeterminación, que en términos de Crespo, el estado ha

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vendido, cooptado e institucionalizado este proceso, convirtién-dolo en una política de estado que desvirtúa la demanda inicial (Crespo, 2015).

Si una de las claves del Vivir Bien es precisamente “buscar un equilibrio en la relación con la madre tierra”, lo que significa salir de un paradigma desarrollista depredador y contaminante, es importante entonces cambiar el patrón de incentivo al extractivis-mo e iniciar un procesos de remediación ambiental y de cambio de matriz económica.

¿Cuáles son los desafíos y las potencialidades del nuevo marco de la AIOC para abordar estas problemáticas? Con relación al tema de recursos naturales, la Ley No 031 de Autonomías y Des-centralización, reafirma el espíritu de la CPE que delega funciones secundarias a los pueblos indígenas en cuanto a la gestión de los recursos naturales existentes en sus territorios. Por ejemplo en el Art. 88 inciso V, numeral 4 parágrafo a), establece que los gobier-nos indígenas originario campesinos pueden proteger el medio ambiente, la biodiversidad y los recursos forestales entre otros de la contaminación ambiental, se especifica que los mismos serán realizados en base a sus “normas y prácticas propias”, la pregunta es entonces: ¿cómo las normas y prácticas propias pueden hacer frente a pasivos ambientales mineros o contaminación de cuen-cas por desechos tóxicos?

La orientación de la Ley No 031 es fortalecer saberes en tanto estética y solamente dinámicos para transformar produc-tos y ser comercializados; en el Art. 88 numeral VIII incisos 1 y 2 se hace referencia a que los gobiernos IOC deben preservar el hábitat y paisaje en base a sus prácticas culturales, como si estos territorios fueran espacios aislados de las políticas de desarrollo y de la intervención de diversas empresas forestales, petroleras o mineras. El informe 2010 de la Fundación Tierra establece que el 84% de las Concesiones Forestales en Tierras Fiscales han sido otorgadas a empresas forestales, solamente el 13,4% están sien-

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do administradas por Agrupaciones Sociales, y del total de con-cesiones forestales aproximadamente un 20% se hallan en TIOC demandadas.

En relación a la presencia de empresas hidrocarburíferas, el mismo informe menciona que existen 18 contratos de ex-ploración y explotación en 20 TIOC de tierras bajas, de manera similar al 2008 se habrían identificado 4100 peticiones mineras de las cuales el 32% se encuentran en TIOC demandadas. Lo que preocupa es la tendencia a la ampliación de la frontera extracti-va en zonas o sobre territorios indígenas (Campanini, 2014) que afecta directamente a estas poblaciones, negándoles la posibi-lidad de “preservar su hábitat y paisaje”. Las políticas extractivas sobre los recursos estratégicos, en territorios indígenas son un problema estructural que afecta directamente a los derechos de los pueblos indígenas, lo que evidencia una contraposición, una confrontación entre el desarrollo tradicional y el “Vivir Bien” (Cam-panini, 2014; CEJIS, 2017).

Si bien la Ley No 031 limita la gestión territorial indígena y su control sobre los recursos naturales, los informes sobre la situa-ción actual de las AIOC muestran que son pocos los que aún pue-den aprovechar de las oportunidades que ésta brindaría. Según el Informe de la Fundación Tierra, los territorios indígenas se han convertido en propiedades agrarias (Graciela Zolezzi Ch., 2014), es decir, la conversión de TIOC a Entidades Territoriales Autónomas, dificultan la autogestión territorial, puesto que es el INRA es quien da la titulación de los territorios a los pueblos indígenas, convir-tiéndolas de esta manera en un derecho agrario, con dos vías de administración: la territorial y la municipal, según el mismo infor-me solamente dos TIOC (Lomerio en Sta. Cruz y Cavineno en Beni) han optado por la vía territorial en tanto que 11 en proceso han optado por los municipios indígenas (Ibid.).

Para el caso de las tierras bajas es un hecho sumamente complicado porque a nivel municipal solamente 8 TIOC (de las 59)

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se encuentran en un solo municipio, las restantes lo que eviden-temente no permite una verdadera gestión territorial (FAN, 2014 citado por Graciela Zolezzi Ch., 2014). A la vez de interferir en la participación política y la gestión económica, por ejemplo: en el caso del municipio de Riberalta, cuyos límites no están claramente definidos, y en el cual cuatro TIOC abarcan el 46% de la superficie municipal, el Estado ha aplicado en diferentes momentos, criterios distintos para delimitarlo, ocasionando que algunas comunidades se hayan incluido o excluido en el proceso de planificación admi-nistrativa municipal y se hayan desplazado a municipios vecinos en las elecciones nacionales, con la consecuente irregularidad en la asignación de recursos por coparticipación tributaria (Ibid., 43). Como se ha mencionado, solamente el procedimiento de conver-sión de TIOC a municipios autonómicos es un atentado a la ges-tión del territorio y, por lo tanto, a los recursos naturales existentes en sus territorios.

Estas experiencias suman a acusaciones en curso de que las TCOs ofrecían a los pueblos indígenas “tierra y no territorio” (An-thias, 2014, p. 67; ver también Paredes y Canedo, 2008). Una cita del Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija nos ayuda entender las implicaciones de esta distinción:

__________ Un hecho fundamental para entender las de-mandas indígenas es que el territorio es mucho más que la tierra, es un espacio de reproducción económica pero también un espacio para la apropiación simbólica, que tiene mucho significado para las culturas indígenas e im-plica la naturaleza integrada de los recursos. Por esa ra-zón, cuando las comunidades hablan de territorios, ellas no hablan del otorgamiento de tierras sino de espacios que contienen tierras, árboles, ríos, lagos, es decir, el con-junto de recursos que corresponden a sus estrategias de sobrevivencia (citada en Anthias, 2014, p. 67).

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Esta visión fue sostenida por las propuestas del Pacto de Unidad, que plantea que el territorio es el núcleo para su auto-de-terminación, dado de que sirve como el base y impulso organiza-tiva desde donde toma “decisiones políticas autónomas” respec-to a su “desarrollo económico, social y cultural en el marco de la posesión, aprovechamiento y control de sus tierras y territorios” (Paye, Arteaga y Ormachea, 2013, p.12).

En su estudio exhaustivo sobre la tendencia de la tierra y recursos naturales en territorios originarios, CEDLA señalo que en gran medida la norma y el discurso del gobierno sostiene esta vi-sión. Citan, entre otros ejemplos, la Ley No 3545 la cual regla la titulación colectiva por sustanciarse en las decisiones colectivas y la posición de la ex diputada Achacollo, quien señala:

__________ la demanda [de tierra y territorio] hoy día con la nueva ley de Reconducción Comunitaria, es que son las organizaciones campesinas o indígenas las que definen, tienen un territorio concreto, titulado y ellos deciden qué van a hacer con sus ríos, qué van a hacer con el bosque que tienen, y si es que parece petróleo mineral, primero se consulta a las organizaciones cam-pesinos oindígenas cómo quieren verlo cuál va a ser la nueva modalidad, el nuevo tratamiento que se le tiene que dar, porque son los hermanos campesinos e indí-genas los dueños verdaderos de etas tierras. (citada en Paye, Arteaga y Ormachea, 2013, p.11)

No obstante, el mismo estudio sobre la situación de la titu-lación de TCO y TIOC en comparación a datos respecto a la explo-tación de recursos naturales no renovables demuestra que

__________ las posiciones ideológicas de territorialización del movimiento de los ayllus y/o reconstitución de territo-

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rios tradicionales no implican ‘poder indígena’ sino una for-ma de acumulación dada al interior de comunidades (grupos diferenciados en ellas y entre ellas) con expectativas cifradas en los precios de los recursos (commodities) en el marco de un modelo de desarrollo primario exportado de carácter ex-tractivista (Paye, Arteaga y Ormachea, 2013, p. 23)

En otros casos, la incoherencia y superstición de títulos en el proceso de saneamiento dirigido por INRA ha sido la fuente de fragmentación local, provocando conflictos violentos que han llegado a la violando los derechos humanos. En el caso de la Marka Quila Quila, por ejemplo, el ejercio de su derecho al te-rritorio ha sido bloqueado constantemente por agresiones en su territorio de parte de terceros que acompañaban a las brigadas del INRA en su intento por sanear individualmente un territorio que cuenta con una demanda de titulación colectiva como Tie-rra Comunitaria de Origen (TCO) desde el año 200624. Si bien el problema tiene como raíz procesos complejos de fragmentación a partir de las intervenciones de las haciendas del siglo XIX y la emergencia de los sindicatos campesinos a partir del año 52, queda evidente que procesos de saneamiento han empeorado estas tensiones en vez de ofrecer una manera de resolverlos.

En su libro reciente, Postero (2017) dispone un análisis a profundidad sobre la paradoja central del “proceso de cambio” que pretende de desmontar la colonialidad y todas sus herencias, por un lado, y utiliza los mecanismos del Estado liberal para lo-grarlo, por el otro.25 Su diagnóstico de la situación actual parte del argumento principal que “la indigeneidad ha sido transformada

24 Para los antecedentes del caso y la situación actual, ver: https://sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/5862-la-marka-quila-quila-por-la-reconsti-tucion-y-la-integralidad-de-su-territorio?fbclid=IwAR0RKuLuzi3miP3WteqJUXOiBj-tOM2B2IuDdEOtQfnbQzzF7yx-OH8f21uE.

25 Disponible en línea: https://www.ucpress.edu/book/9780520294035/the-indige-nous-state.

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en Bolivia de un sitio de emancipación a uno de constricción del Estado nación liberal” (2017, p. 5). Muestra como – por el control del Estado – la descolonización y la autonomía local se aplican a nivel discursivo y simbólico, desplazan la reivindicación histórica de los pueblos indígenas de la auto determinación por un discur-so de “liberación económica” que combina demandas por justicia económica con un énfasis en la soberanía nacional (ibid.).

Ahora nos podemos preguntar, ¿en qué medida estos nue-vos parámetros impiden a la participación directa de las comuni-dades, con la posibilidad de responder a estos problemas en una manera más adecuada?

2.3. NUEVOS OBSTÁCULOS A LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO EN LOS PARÁMETROS DEL PDES Y LA AIOC

Elegimos dos casos emblemáticos que muestran los efec-tos cómo se mueven los legados del multiculturalismo neoliberal en el ámbito de los nuevos parámetros del PDES y la AOIC en la coyuntura de hoy.

El primero caso nos muestra claramente cómo el conte-nido del Vivir Bien está dado institucionalmente por el Estado, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurina-cional (TCP). El caso es de la Comunidad de Santa Ana, provincia los Andes del Departamento de La Paz, y tiene como principal antecedente la expulsión del Pedro Vega Vega y su familia de la comunidad, por varias infracciones contra la comunidad e incum-plimiento de una serie de resoluciones emitidas por la magna asamblea de la comunidad. La ejecución de la decisión estuvo a cargo del Consejo Amawtico de Justicia de la jurisdicción indíge-na originario campesina de Santa Anta, instancia que se confor-mó el 27 de junio de 2013. El Consejo se conforma con base en la estructura, principios y filosofía del antiguo Consejo Amawtico

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Ancestral que era la instancia encargada de la resolución de con-flictos en el Ayllu. Antes de su conformación, se resolvían con-flictos en la comunidad mediante las normas y procedimientos del sindicato agrario, bajo la autoridad del secretario de justicia del mismo. Para las autoridades del Consejo, dado el hecho de que su estructura organizativa se base en la lógica corporativista del Estado pos 52, corre “el riesgo de politizar sus decisiones, que distorsionaría la aplicación de la justicia”26.

El Consejo comporta el retorno a los territorios indígenas de la administración de justicia a partir del ejercicio de la igualdad jerárquica entre las jurisdicciones Indígena Originaria Campesinas (JIOC) y las del Estado (Art. 179.II de la CPE). Como explicaremos en la siguiente sección, existe una lucha por la igualdad jerárquica en una serie de conflictos competenciales suscitados por los Con-sejos ante el TCP. Estos conflictos de competencias son un nuevo mecanismo jurídico establecido por la constitución mediante el cual las autoridades de la JIOC y las de la justicia agroambiental y ordinaria se disputan la competencia de un caso concreto. Allí mostraremos cómo, en un contexto donde las vías formales hacia la AIOC son bloqueadas y, así el marco constitucional del plura-lismo jurídico en Bolivia se ha convertido en un espacio de lucha e innovación legal por parte de muchos líderes indígenas origi-narios en los últimos años. Antes, cabe evaluar los efectos de la institucionalización de estos procesos, que va imponiendo nue-vos parámetros que amortiguan su potencialidad como vía para la auto determinación y la gestión territorial indígena.

En el caso de Santa Ana el riesgo de institucionalizar la justi-cia indígena se concretiza en las medidas que empleó el TCP para determinar la competencia del Consejo Amawtico sobre los dere-chos propietarios que se definieron dentro de su propia jurisdic-ción mediante jurisprudencia que interpreta los principios y valores

26 Fs. 703 a 709, citada en la SCP 0003/2015-S1, Sucre, 29 de enero de 2015.

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como el “Vivir Bien”. El camino que posibilita el desarrollo de esta jurisprudencia es la acción de amparo constitucional “un mecanis-mo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protec-ción de los derechos fundamentales y garantías constitucionales” (SCP 0002/2012). En el caso concreto, en respuesta a la Sentencia 001/2013 emitida por el Consejo de Justicia de la Comunidad, Pe-dro Vega Vega presentó una acción de amparo constitucional ante el TPC. Para considerar y resolver el caso el magistrado relator del TCP solicita a la Unidad de Descolonización (UD) realizar un peritaje cultural antropológico sobre la cultura, estructuras orgánicas y cos-movisiones de una comunidad involucrada en el proceso.

Cabe señalar que la formación de la UD fue fruto de las propuestas del Magistrado Gualberto Cusi M., apoyadas por Efren Choque Capuma, quienes fueron los primeros dos magistrados indígenas elegidos por voto popular como representantes de la Sala Especializada (Copa, 2017). Con la finalidad de descolonizar la institucionalidad del TCP, se formó un equipo interdisciplina-rio (antropólogos, sociólogos, historiadores, lingüistas, psicólogo, amautas y ex autoridades de las tierras altas, intermedias y bajas y abogaros) como funcionarios de la Unidad.

En su estudio etnográfico sobre el pluralismo jurídico igua-litario en el Estado Plurinacional, Vienca Copa (2017) muestra la tensión profunda que se generó entre las posibilidades y límites de este marco al momento de institucionalizarlo. Respecto a la Unidad, señala que hubo dos etapas: La primera fue caracterizada por rupturas en lo jurisdiccional y administrativo, a partir de la generación propuestas e informes técnicos con criterios intercul-turales y a fines de descolonizar el derecho y generar espacios de contacto directo entre magistrados y las autoridades IOC en casos concretos, como audiencias públicas, encuentros y visitas a los territorios. En esta primera etapa, la UD se destaca por un per-fil crítico y radical promoviendo cambios mediante un constante activismo interno y externo en contacto con los magistrados y

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magistradas, y abogados de la Salas. Sin embargo, muestra que en una segunda etapa el papel de la UD se fue reduciendo a la emisión de informes técnicos de campo, solo en casos solicitados por la Sala, “sin mayor incidencia en la dinámica institucional y jurisdiccional interna”, que se realizó “dentro de las practicas jurídi-cas y una estructura institucional que no sufren mayores cambios desde la perspectiva de descolonización” (2017, p. 43).

El papel de la UD en el caso de Santa Ana nos muestra las implicaciones de este giro. Si bien el objetivo principal de los in-formes es dar nuevos contenidos propios y coherentes con las vivencias y prácticas de los pueblos, los cierto es que éstos son puestos en consideración de la Sala relatora, instancias en la que se pueden establecer los parámetros con qué medir la JIOC para luego determinar si la autoridades del Consejo de Justicia han vio-lado o no sus propios principios, al resolver el caso concreto. Para realizar esta tarea, los magistrados del TCP al interior de la juris-prudencia, SCP 1422/2012, diseñaron el “test del paradigma del Vivir Bien” como indicadores en base a cuatro elementos funda-mentados. Según la sentencia, el contenido del test se basa en los informes de la UD. Sin embargo, es evidente que hizo su propia interpretación del informe, sin seguir las recomendaciones del mismo. Parecido a lo que se ha mencionado en relación al PDES, vemos cómo se construye el concepto sin la participación de los a quienes supuestamente esta atribuido.27

En base a estas medidas, se estableció en la SCP 0003/2015-S1 que el Consejo Amawtico de Santa Ana reprobó el examen. Al citar extensivamente una sección del análisis del caso concreto, vemos esta lógica:

27 La jurisprudencia indicativa del test vivir bien muestra la institucionalización del concep-to; ver SCP 0016/2013, SCP 0041/2013-L, SCP 0079/2015, SCP 0173/2014, SCP 0300/2012, SCP 0423/2014, SCP 0962/2013, SCP 1312/2012, SCP 0962/ 2013, SCP 1479/2012, SCP 1487/ 2012, SCP1802/2013, SCP 2065/2012, SCP 2056/2012.

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__________ En el marco de la cosmovisión propia de los comunarios de Santa Ana, seestablece que la menciona-da decisión no está de acuerdo al “sara thakhi”, entendi-do como el camino sagrado que conduce hacia el Vivir Bien y al Muyt'a -proceso circular y cíclico de toma de res-ponsabilidades, mismos que son valores de la ritualidad y la cosmovisión de la comunidad citada para la aplica-ción de la justicia y significa que todos los elementos de la naturaleza, referidos a la administración de justicia de-ben ser tomados, la responsabilidad de manera colectiva y dinámica. Ahora bien, de acuerdo a los elementos brin-dados en el peritaje cultural antropológico realizado por la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucio-nal Plurinacional, no se respetaron los procedimientos acordes con la cosmovisión de la comunidad indígena originario campesino de Santa Ana, procedimiento que se encuentra detallado en la conclusión II.14; ya que en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitu-cional Plurinacional, se señaló también que en ese aná-lisis de ejercicio de la justicia indígena originaria cam-pesina y resguardo de los derechos fundamentales con relación al paradigma del Vivir Bien, por lo cual la pro-porcionalidad, para sanciones graves, deberá también ponderarse la decisión asumida en relación a la estricta necesidad de la misma; es decir, para sanciones graves, el test del paradigma del Vivir Bien, implicará asegurar que la decisión fue absolutamente necesaria resguardar bienes jurídicos superiores amenazados con la conduc-ta sancionada, este aspecto tampoco fue cumplido en la presente problemática; pues, la decisión afecta a la cos-movisión de la comunidad en relación a dos grupos en condiciones de vulnerabilidad, sujetas a una protección reforzada como es el caso de las mujeres y el de meno-

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res (nietos), ya que la sanción de demolición y expulsión, afecta en todo caso en la convivencia pacífica de los hijos menores de edad de los accionantes.

En mérito a todos los aspectos señalados, luego de haber realizado en el caso concreto el test del paradigma del Vi-vir Bien, en la especie, al haberse concluido que la deci-sión cuestionada mediante la presente acción de amparo constitucional, no cumple con los componentes del refe-rido test del paradigma del Vivir Bien, en el marco de una visión plurinacional comunitaria; por lo cual se tiene que los derechos de los accionantes a la propiedad.

Basándose en este análisis, el TCP resolvió.

1º REVOCAR la Resolución 005/2013 de 2 de octubre, cursante de fs. 496 a 503, pronunciada por el Juez de Partido, de Sen-tencia Penal y Mixto de Pucarani del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, res-pecto a todos los derechos denunciados como lesionados, disponiendo el cese de todo acto contrario al paradigma del Vivir Bien desarrollado en la presente Sentencia Consti-tucional Plurinacional.

2º Anular la Sentencia 001/2013, debiendo las autoridades del Consejo de Justicia de Santa Ana pronunciar una nueva re-solución respetando los derechos fundamentales estable-cidos en la Constitución Política del Estado y en las normas del bloque de constitucionalidad.

3º Disponer, que las autoridades demandadas y sus instancias pertinentes solucionen conforme a sus normas y procedi-mientos propios, sobre la vivienda demolida, e informen al respecto al Tribunal de garantías, en el plazo de seis meses a partir de su notificación con el presente fallo.

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Una de las problemáticas que plantea esta sentencia, es la ausencia de la interpretación y contenido que dan al Vivir Bien los miembros de la propia comunidad de Santa Ana, generan-do parámetros que pueden caer en la homogenización de un principio basado en la producción intelectual, divorciada de los casos concretos. Eso también, no permite considerar por otra parte las dimensiones complejas de la relación urbano-rural, di-cotomías coloniales y expansión comercial en las que se mueve el mundo aymara.

De manera que, en sentido similar a lo que señaló la ex ministra de Comunicación Mónica Chuji en Ecuador, podemos ver ahora como el Vivir Bien se convierte en un dispositivo de poder. Lo más irónico para el Consejo, fue el hecho de que, además de anular su sentencia, exigen que demuestra a la TCP que sus normas y procedimientos propios conformen al mis-mo “paradigma” que se aplicó para desconocer su autoridad. Como nos explicó Beatriz Bautista Bautista, una de las impul-soras aymaras del Consejo Amawtico, el hecho de decir que la comunidad no sabía manejarse según el Vivir Bien fue casi absurdo, provocando muchas reflexiones al momento de res-ponder a la resolución:

__________ Tenemos que trabajar con los consejos y sus autoridades, con sus ideas con sus opiniones y así hemos trabajado para responder esta pregunta, que es vivir bien para nosotros y que es Vivir Bien para el Tribunal Constitucional y nosotros en Santa Ana hemos traba-jado, y ellos han dicho que es Vivir Bien desde nuestra perspectiva. Vivir Bien no es robar, Vivir Bien no es men-tir, Vivir Bien no es dejar de saludar a la gente, el saludo por ejemplo fundamental, pero el tribunal eso no lo va-lida como parte del Vivir Bien, elementos tan simbólicos, el Vivir Bien. Pero si no sabes saludar en una comunidad,

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el Vivir Bien ya no porque el saludo expresa la visibilidad de la persona, el respeto mismo entonces elementos tan pequeños como esto influyen mucho en una comunidad.

Como veremos en la próxima sección, la JIOC brinda mu-chas oportunidades para cumplir con los ODS, las que se pue-den perder con la falta de apoyo institucional o, como en este caso, de quitar su competencia en base a parámetros que es-tán lejos de la realidad. Además, cabe señalar que, el Consejo de Justicia coordinó directamente con la policía y representantes del gobierno para ejercer su propia Sentencia 001/2013, la que también se da en un contexto de diversas acciones y procesos en la jurisdicción ordinaria y agroambiental, inclusive en la Al-caldía municipal, que no dan respuestas a la problemática. En este sentido, veremos cómo en conflictos competenciales en los que la jurisdicción indígena lucha por consolidarse por medio de la coordinación y cooperación entre jurisdicciones, indicen en un mecanismo que es fundamental del marco del pluralismo jurídico establecido en la CPE y regulado por la Ley de Deslinde Jurisdiccional (Ley No 073 de 2010).

Además, existen muchas paradojas en este proceso que se pueden analizar a partir de la intervención de las instancias Es-tatales como de las tensiones entre miembros de la comunidad que acuden a varias jurisdicciones. Sin embargo, a los fines de este estudio podemos decir que el Consejo de Justica, en el marco del ejercicio pleno de sus derechos, incide en la creación de una perspectiva del Vivir Bien que es plasmada en una respuesta a la Sentencia del TCP, que refleja que su visión del tema fue ignora-da por las instancias que moldean los parámetros y sentidos de este principio, y que dichas propuestas de abajo constituyen en un marco general posibilidades serias de crear políticas públicas, interpretaciones y mecanismos para la implementación de los ob-jetivos de los ODS.

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El segundo caso, “Defensa Territorial y Autonomía de los pueblos indígenas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) de Bosque de Chimanes” (2018), destaca mucho de los mismos para-lelismos que el primero. El caso fue elaborado por Fátima Monas-terio, abogada e investigadora del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).28 En su estudio, Monasterio cuenta la experiencia las comunidades del Territorio Multiétnico – TIM con el proceso “espinoso” de la autonomía institucional. Dado de que el saneamiento colectivo de sus territorios no ha sido suficiente para el ejercicio pleno de su auto determinación y para enfrenar procesos de despojo, en 2010 los pueblos indígenas de este terri-torio decidieron iniciar el proceso de conversión a AIOC de base territorial. La autora señala los mimos obstáculos y restricciones que se encuentran todas las comunidades que han optado por la consolidación formal de sus autonomías (ver también Anexo 1: “Rutas jurídicas y políticas publicas para la AIOC”).29 Pero ade-más, llama la atención a la tensión profunda en el fondo de estos procesos: la brecha enorme entre parámetros y medidas institu-cionales de definir el territorio, desarrollo y cultura, por un lado, y la realidad —demasiada compleja, engorrosa y dinámica— que nunca lograría encajar estos parámetros, por el otro lado.

En el caso del Territorio Multiétnico – TIM, Monasterio muestra que esta realidad está basada en la culminación de procesos históricos que han marcado el área y las vidas de las distintas comunidades que la inhabita. Denominada “Bosque de Chimanes”, el territorio se encuentra en la Amazonía Sur bolivia-na (departamento del Beni, provincia Moxos y Yacuma) y forma la base organizativa de cinco pueblos indígenas: Chimanes, Mo-jeño Trinitario, Mojeño Ignaciano, Yuracaré y Movima: “cada uno

28 El articulo esta disponible en línea: http://cejis.org/wp-content/uploads/2018/09/Defensa-Territorial-y-Autonom%C3%ADa-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-del-Terri-torio-Ind%C3%ADgena-Multiétnico-TIM-de-Bosque-de-Chimanes.pdf.

29 Ver también Villagoméz (2018) y Tockman (2017).

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con sus formas de organización política, social, cultural y produc-tiva han desarrollado sus propios mecanismos de ocupación, ha-bitación y uso de este espacio y de relación entre ellos” (Ibid., p. 3). Plantea que, muy lejos de estar estáticos, la cultura de estos pueblos se “han desarrollado a lo largo de su historia modalida-des de resistencia y defensa territorial que les ha permitido su sobrevivencia y reproducción, dando lugar a varios procesos de (des/re)territorialización” (Ibid.). En gran parte, señala la autora, se trata de responder presiones a partir de la mitad del siglo XX en su territorio, por la colonización y los intereses económicos de la sociedad nacional en un área rica en recursos naturales.

En este contexto, los cinco pueblos revindicaban sus dere-chos al territorio – esto siendo el lugar desde donde articulaban las demandas por la auto determinación y el territorio a partir de la pri-mera “Marcha por el Territorio y la Dignidad” en el año 1990. Por un recorrido del ensamblaje complejo de jurisprudencia que informó el saneamiento por el INRA, Monasterio muestra el proceso a través del que comprende el área titulada como TCO TIM y el Área Indíge-na determinada por el D.S. No. 22.611/90, que era ocupada por las ex-concesiones forestales. Al enfrentarse a la cascada de requisitos y procedimientos largos de la consolidación a la AIOC, esto fue su punto de quiebre: que requieren una consolidación del territorio que no le permite debido a intereses terceros. La autora señala que, a pesar de que existe reconocimiento de esta realidad en la misma normativa que regula las autonomías, el discurso sobre el territorio avanzado por Gonzalo Vargas en su libro Territorialidad y Autogobierno (2016) no condice con esta realidad. Al presidente del TIM, dirigió una nota expresando su “preocupación”:

__________Se debe tramitar la ley de creación de unidad territorial y para ello, como hemos manifestado en reitera-das ocasiones, la base fundamental es el territorio consoli-dado (…)

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La constitución y consolidación de la AIOC del TIM (…) se debe constituir sobre la base de las tierras colectivas o co-munitarias de origen debidamente consolidadas confor-me a ley, y que ha adquirido esta categoría mediante el procedimiento correspondiente ante la autoridad agraria (…) subrayado en el original.

Por tanto (…) y reiterándole nuestra recomendación, el proceso de consolidación necesariamente pasa por el tema agrario, lo cual está al margen de nuestras com-petencias, por lo que no corresponde que este proceso sea una exigencia para nuestro Viceministerio. (citada en Monasterio, 2018, pp. 11-12)

Como plantea la autora, se trata de ponerse “en pausa el proceso hasta que los sujetos autonómicos ‘decidan’ ajustarse a la institucionalidad dominante” (Ibid.).

Casi igual que el caso de Santa Ana, vemos la imposición de parámetros del Estado a las comunidades, la cual quitan sus derechos e impiden gestionar su propio territorio; Monasterio sustenta, “No fue sino hasta la definición de los límites territo-riales de la jurisdicción indígena que se puso en evidencia una contradicción irreconciliable en tanto se pretenda constituir go-biernos indígenas en el marco de la institucionalidad dominante y sin trastocar las estructuras de poder” (Ibid., p. 2). Como resul-tado, los pueblos del Territorio Multiétnico del Bosque tuvieron que aplazar el proceso autonómico, ya que “no necesitan entrar en debates o largas discusiones: ese es su territorio, donde está la Loma Santa, el espacio que habitan históricamente y que ac-tualmente necesitan para vivir” (Ibid.). La paradoja, entonces es que, en pleno Estado Plurinacional, quizás la opción más viable para la auto determinación y gestión territorial indígena es decir “No” a la autonomía.

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Estas experiencias muestra una paradoja en relación al mo-delo de economía comunitaria formulada por la Constitución y los Planes de Desarrollo, frente a las medidas estructurales asumidas y que tienden a desestructurar un territorio y los intereses el control y la gestión territorial comunitario. Esta contingencia nos lleva a cuestionar sobre el papel de las AIOC frente al modelo de desarro-llo del Estado, el reciente proceso autonómico de Gutiérrez ilustra también este problema que vienen resistiéndose al megaproyec-to Hidroeléctrico Rositas y exploraciones hidrocarburiferas que el Estado impulsa en su territorio.

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En este escenario de límites y nuevas paradojas, vemos que muchas agendas de desarrollo están pendientes.

En medio del armazón jurídico constitucional del reconocimiento de las NPIOC, éstas continúan su lucha por el ejercicio de sus de-rechos. En este nivel vienen desarrollando nuevas estrategias que nos permiten visibilizar los límites y enfrentar los mismos, desde una amplia gama de estrategias para ejercer su auto determina-ción. Planteamos que, al enfrentar los límites de las herramientas disponibles hacia este fin, los pueblos indígenas crean y adaptan sus propios canales de participación en el diseño y monitoreo de políticas públicas e incidencia de procesos de desarrollo. Al ver la participación desde esta perspectiva, es importante tomar en cuenta que cada vía es condicionada por distintos factores geo-gráficos, históricos, culturales, institucionales, políticas, etc. Por lo tanto, en lugar de hablar de una situación o estrategia global entre los pueblos indígenas en Bolivia, lo que queremos mostrar es el mosaico de experiencias, las que en su turno nos ofrezcan distintos aprendizajes.

PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS PLANES DE DESARROLLO

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En esta sección ofrecemos una mirada a este mosaico por analizar una gama de estrategias que están construyendo los pue-blos indígenas, según los dos parámetros que funcionan como “canales de participación” en procesos de desarrollo nacional, de-partamental y municipal: la AIOC y la consulta. Dentro de cada parámetro, analizamos el juego de herramientas —vías jurídicas, institucionales, financieras, representativas y participativas— que estableció estos parámetros para luego ver cómo están aplican-do estas herramientas los pueblos indígenas para responder a las problemáticas que se enfrentan. Partiendo desde las reflexiones y estrategias de los actores mismos, veremos hasta qué punto se lo-gran aplicar estas herramientas para ejercer la auto determinación y la gestión territorial indígena, cuáles son los factores institucio-nales, financieros y políticos que condicionan su potencialidad. Al reconocer lo complejo de este mosaico, el riesgo es ver estos pro-cesos como aislados y excepcionales a la norma. Al contrario, plan-teamos que, al buscar otra salida, ellos generan incidencia para la aplicabilidad de políticas públicas que se articulan para darles un nuevo contendido. Concluimos, que la innovación de estrategias y contenidos de estos procesos brindan nuevas posibilidades para cumplimiento de los ODS.

3.1. ENTRE LA AUTONOMÍA Y LA AUTO DETERMINACIÓN: DISTINTAS VÍAS AL DESARROLLO Y LA GESTIÓN TERRITORIAL INDÍGENA

3.1.1. La auto determinación en la primera AIOC de Bolivia: Caso Chargua En un artículo reciente, Tockman y Postero (n.d.) preguntan

hasta qué punto el nuevo gobierno de Charagua está llevando a cabo la auto determinación: ¿Hasta qué punto, “como algunos afirman, se trata de un ‘municipio con poncho’, un gobierno muni-cipal venido en ropa indígena, o han producido a través de déca-

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das de lucha una nueva forma de democracia intercultural?” (n.d., p.2). Al examinar los primeros cinco meses como AIOC, plantean que, aunque no en forma “robusta” como está establecida en la DNUDPI, ya hay evidencia que la asamblea deliberativa de Ñem-boati Guasu ha establecido su propia forma judicial de gobierno. Los autores señalan, que es cierto el hecho de que siempre han mostrado cierta flexibilidad a través de la historia de negociar con el Estado para mantenerse independientes. Desde esta perspec-tiva, podemos entender la AIOC como la última expresión de una estrategia de largo plazo, donde “se ha apropiado la forma limitada de autonomía a sus propios fines, modificando su potencia para la auto determinación” (Ibid., 7).

Considerando las limitaciones burocráticas que se han enfrentando en el camino de consolidar su autonomía, pode-mos apreciar la importancia de este logro. Además, los autores señalan que los líderes del movimiento para la autonomía en Charagua han tenido que negociar con facciones internas, así como enfrentarse con la oposición de una gama de actores ex-ternos como mestizos que viven en el centro de Charagua Pue-blo y colonos en la Estación. Analizando el proceso de redactar el Estatuto, demuestran cómo, mediante las negociaciones con estas fuerzas, se estableció una estructura hibrida y descentrali-zada que permitiría a cada zona dentro de la AIOC tener su au-tonomía local, con la meta de establecer una “democracia inter-cultural” (Ibid., 9). La asamblea deliberativa de Ñemboati Guasu, como la instancia “colectiva” de tomar decisiones, se encarga de manejar lo legislativo, según sus propias nomas y procedimien-tos, así se construye el Plan Operativo Anual (POA), el plan de seis años y el presupuesto para la AIOC y de supervisar el órgano ejecutivo (Ibid., 9).

Aunque se queda en gran parte bajo la estructura liberal del municipio, y que la distribución de poderes dentro de la asam-blea sigue siendo una fuente de tensión, los autores sostienen que

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“mediante su protagonismo, la asamblea deliberativa de Ñemboati Guasu ha logrado reivindicar sus visiones y prioridades dentro de este nuevo sistema de gobierno” (Ibid., 11). Al hacerlo, han dado nuevo contenido a las instituciones locales. Bajo la estructura de la asamblea, por ejemplo, el órgano ejecutivo no es el que diseña y supervisa el POA, como es el caso con los municipios. Sino, el POA de Charagua Iyambae se trata de un conjunto de planes operativos que cada zona elabora según sus propias necesidades y prioridades (Ibid., 12). Sin duda, los autores planean, que se van a seguir enfren-tando obstáculos, que dependerá del interés de todos los sectores de participar en este nuevo experimento democrático (Ibid, 15). Empero, aún con sus incertidumbres, consideramos que el proce-so demuestra las nuevas formas de participación e incidencia en planes de desarrollo y políticas públicas que van construyendo las NPIOC, mediante la apropiación de estructuras estatales.

3.1.2. Caso del Jatun Ayllu Yura: Proceso hacia la autonomía indígena y las luchas por la tierra y territorioMucho antes de la incorporación e implementación de la

autonomía indígena en la Constitución, el Jatun Ayllu Yura (Potosí) ha venido encarando procesos de lucha por la tierra y territorio, la reconstitución, y la auto determinación:

__________ …Desde la incursión española siempre ha ha-bido levantamientos, la pelea siempre ha sido la tierra y el territorio, actualmente la lucha ya no es armada ahora la lucha es jurídica y para eso debemos tener pleno co-nocimiento de nuestros derechos30.

30 Extracto de la entrevista a Cenobio Fernández Ruiz, exautoridad de la Nación Qhara Qhara y el Jatun Ayllu Yura; y parte de la comisión de Autonomía y reconstitución, por parte del IPDRS, difundida en el marco del primer curso Virtual “Autonomías Indígenas en Bolivia: perspectivas críticas y alternativas, desarrollado entre el 12 de junio y el 23 de julio de 2018. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ht-bvoawOx0&t=1s.

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En base a lo que ellos llaman los documentos ancestrales, —pueden ser las revisitas y títulos de la época colonial, o los re-gistros de tributos— las autoridades y miembros del Jatun Ayllu Yura fundamentan su condición pre-colonial y enuncian su auto-determinación re-significando el sentido de la reconstitución en diferentes momentos.

En la etapa pre-constituyente el Jatun Ayllu Yura confluye con la emergencia y lucha de la CONAMAQ, siendo parte del Con-sejo de Ayllus del Norte Potosí (CAOP), que se convierte en un espacio para canalizar sus propuestas y demandas, posteriormen-te, debido a los cambios de liderazgos y a la cooptación política de la CAOP por parte de los partidos políticos, las autoridades del Ayllu Jatun Yura vieron que no se avanzaba de manera concreta en el proceso de su reconstitución, lo que los empuja a plantear su autonomía organizacional, impulsando el saneamiento de su territorio como Tierra Comunitaria de Origen (TCO).

La lucha de Yura por lograr la titulación colectiva inicia el año 1993, tras las reformas multiculturales, y concluye el año 2012, donde finalmente logran contar con el título como TIOC (nueva denominación a la TCO). En el camino se confrontan una serie de dificultades como consecuencia de los límites creados por el Esta-do en diferentes momentos: efectos del proceso de sindicalización del Estado del 52 y el fenómeno de municipalización creado por la LPP. Ambas se manifiestan en el conflicto de límites de Jatun Ay-llu Yura con una comunidad organizada sindicalmente colindante que defiende el título que habría sido otorgado por el Estado del 52 privilegiando el saneamiento individual31 de base sindical.

__________ El territorio de Jatun Ayllu Yura se fragmentó en dos polígonos por el conflicto de colindancia con la co-

31 Jatun Ayllu Yura, IPDRS, CIPCA, FAA.DR y ENI Bolivia, Memoria del seminario, Autonomía y gobiernos indígenas, Jatun Ayllu Yura (Potosí), 9 y 10 de septiembre de 2017.

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munidad de Chaquilla. Para que se logre titular el polígo-no 1 de la TCO, se dejó como polígono 2 una superficie de 3000 a 3200 ha, que llevan el nombre ancestral Churro.

No se logró conciliar los mojones denominados Carpalla y Negra Cuesta, y resultaron afectadas las comunidades Thojrapampa y Taru del Ayllu Wisijsa- Yura. La comunidad de Chaquilla, tenía en su poder un Título ejecutorial otor-gado por el Consejo Nacional de Reforma Agraria de 1953, que incluye una superficie de 4.140 m., ubicada entre el mojón de Cullku y el mojón de Carpalla. Según las investi-gaciones, se presume que se trata de un error de interpre-tación de los funcionarios del CNRA, al titular la documen-tación que presentó la comunidad de Chaquilla32.

Frente a los límites de la política agraria en este periodo, el Jatun Ayllu Yura33 decide reconstituirse y articularse para lograr un proceso de participación más autónomo y consolidar su au-togobierno. Una muestra de ello es el proceso de su reconfigura-ción interna, dando que en la perspectiva de la “nación” estable-cida en la actual Constitución, el Jatun Ayllu Yura va a actualizar sus vínculos históricos junto a otros ayllus y markas con la Nación Qhara Qhara. Así, promoviendo la reconstitución de la parciali-dad Urinsaya (reconstituida) de la Nación Qhara Qhara en base a documentos ancestrales y mediante un proceso de deliberación entre comunidades, ayllus y markas iniciado el año 2010, y que logra consolidarse el 18 y 19 de septiembre de 2012 (por man-dato del séptimo Jach´a Tantachawi del CONAMAQ realizado el

32 Jatun Ayllu Yura, “Estudio de caso…”, p. 10.33 Para conocer las dificultades que enfrento el Ayllu Yura para la titulación como TCO ver:

Movimiento Regional por la Tierra, Bolivia, Estudio de caso, Jatun Ayllu Tura: Identidad, territorio y autogobierno, Ayllu Qullana, marzo de 2015.

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22 y 23 de diciembre de 201134), con la auto reconstitución de la parcialidad Urinsaya Visijsa de la nación Qhara Qhara. Esta parcia-lidad está constituida por cuatro Jatun Ayllus: Jatun Ayllu Yura, Jatun Ayllu Chaqui, Jatun Ayllu Pati Pati, y Jatun Ayllu Caisa. A su vez, ésta se articula con la estructura territorial del Jatun Ayllu Yura constituida por cuatro ayllus: Qullana, Visijsa, Chiquoche, y Qurqa (dos aransaya y dos urinsayas) y cuarenta y tres comuni-dades, las cuales están legal y legítimamente representados por las autoridades originarias (kurakas y mama t’alla). De esta ma-nera, el año 2012 se consagra a las autoridades de la parcialidad (Zenobio Fernández Ruiz y Clara Ramos Aillon, Francisco Ibarra de la Nación Qhara Qhara) y además una autoridad de Justicia Indígena del Jatun Ayllu Yura (Pablo Chipana)35 para el ejercicio de su propia Justicia Originaria en el marco de sus normas y pro-cedimientos propios:

__________ Jatun Ayllu Yura está dentro del municipio de Tomave, en Tomave nosotros estamos como Jatun Ayllu Yura, pero tenemos nuestros vecinos que son TCOS, pero nosotros somos de la nación de los Qhara Qhara36

Esta reconfiguración interna, junto a la titulación colecti-va por la vía de la TIOC, son determinantes para que Yura pueda encarar una nueva lucha legal hacia la autonomía indígena. La voluntad de Yura de acceder a la autonomía fue expresada en el cabildo de 26 de noviembre de 2016, y plasmada en un acta es-crita en idioma quecha. Los pasos legales y administrativos para el acceso a la AIOC vía TIOC está llena de brechas burocráticas que

34 Datos proporcionados por Martha Cabrera, representante del Jatun Ayllu Yura, en el marco de una reunión realizada el 14 de marzo de 2014.

35 Actualmente hay una autoridad de Justicia Mayor del Ayllu, como autoridades de justicia en cada comunidad (justicia menor)

36 Entrevista realizada por el IPDRS a Cenobio Fernández Ruiz, en el marco del Seminario de Autonomía y gobiernos indígenas, del 9 y 10 de septiembre de 2017.

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limitan bastante el proceso, entre ellas, el Certificado de Ances-tralidad37 ante el Ministerio de Autonomías, la viabilidad guber-nativa y base poblacional establecidos en el art. 56, 57 y 58 de la Ley No 031, debiendo cumplir una serie de requisitos legales para garantizar el cumplimiento de cada uno, sin considerar el proceso mismo para encaminar el acceso a la autonomía, como la consti-tución de un órgano deliberativo, consulta, elaboración, revisión y aprobación en referéndum de su Estatuto Autonómico indígena, la autogestión económica de Yura para financiar los mismos, etc., actualmente Yura está en la etapa de elaboración de su Estatuto Autonómico, en un contexto no muy propicio dado que en casi una década de vigencia de la CPE solamente tres de veinte Entida-des Territoriales Indígenas lograron concluir el proceso favorable-mente (Charagua Iyambae, Uru Chipaya y Ragaypampa), los que ahora enfrentan nuevos límites en la “implementación”, como la gestión de recursos públicos de la AIOC, que todavía están sujetos a las normas de control y administración públicas no acordes a las dinámicas y desafíos de las autonomías (Ley SAFCO y sus de-cretos), acoplando a las AIOC a los modelos de administración y gestión de los municipios.

En medio de todo Yura ha creado espacios de crítica e in-terpelación del proceso, por ejemplo, en el seminario desarrollado en el Territorio de Yura el 9 y 10 de septiembre de 2017 se iden-tificaron las siguientes problemáticas de la Autonomía Indígena:

zz Persistencia del Estado monista de raíz republicana y colonial.

zz Si bien la CPE establece la plurinacionalidad del Estado, existe un proceso de construcción desde arriba que es for-mal y nominal, y otro proceso de construcción desde abajo,

37 Lograron se emita el Certificado de Ancestralidad mediante Resolución Administrativa 015/ 2013 el 24 de diciembre de 2013

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que promueven los procesos autonómicos indígenas y que reivindican la diferencia, las normas y procedimientos pro-pios e interpelan el carácter monista del Estado, la justicia ordinaria y la democracia representativa.

zz Las naciones y organizaciones indígenas originarias, en su apuesta por la autonomía y el autogobierno, difieren de la democracia occidental y su sistema de partidos políticos

zz Las naciones y organizaciones indígenas originarias, en su apuesta por la autonomía y el autogobierno, difieren del multiculturalismo y la lógica de los movimientos sociales sustentados en organizaciones gremiales matrices que ge-neran estructuras verticales, y que por lo visto, son co-opta-bles y no sostienen la agenda de los territorios que preten-den afiliar y representar.

zz La aspiración a la autonomía indígena originaria campesina representa una amenaza al modelo municipal, que según advierten no ha descentralizado el poder político ni los re-cursos económicos a las entidades territoriales, y sólo ha generado élites locales, que en su interés por permanecer en sus lugares de privilegio y en resguardo de sus redes clientelares y de corrupción, promueven la oposición a las AIOCs a nivel local.

zz Existe un frágil nexo entre las reivindicaciones por la tierra y territorio de la segunda mitad del siglo XX, y la actual as-piración a la autonomía indígena originaria campesina. La garantía de sostenibilidad de estos procesos autonómicos depende de la capacidad de sus promotores, de incorporar activamente a la juventud rural, indígena y campesina. Este traspaso generacional del proyecto político de la reconsti-tución territorial, el autogobierno y la administración pro-pia, es una tarea de todos los territorios.

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zz La burocracia estatal no debe reemplazar el aliento de los proyectos políticos que se sustentan en la autonomía in-dígena originaria campesina. La tarea de desburocratizar el proceso autonómico convoca a entidades autónomas y territorios que aspiran a la autonomía, a articularse y respal-darse mutuamente.

zz La CONAIOC tiene como tareas principales: el cuestiona-miento al marco legislativo que traba y burocratiza los pro-cesos autonómicos; la articulación de AIOCs por vía muni-cipal y territorial; y además, la promoción de encuentros, eventos y actividades de incidencia independientes.38

Una pregunta fundamental en este proceso encarado por Yura, son las finalidades (proyectos) que los mueve a luchar por la constitución de una autonomía indígena estatal con todas sus limitaciones. Una muy concreta es su papel como Distrito Indí-gena dentro del municipio de Tomave, que a pesar de gestionar sus recursos propios, la dependencia con el municipio ha gene-rado límites frente a los proceso de articulación comunal con los ayllus, markas, parcialidades de la Nación Qhara Qhara, que abarca varios municipios y dos departamentos (Potosí y Sucre). La otra, que tiene carácter más estratégico, es su concepción de la autonomía indígena como instrumento que podría fortalecer otros procesos y, en un marco mayor, consolidar un proyecto propio de autodeteminación, el que, dicho sea de paso, vienen ejercitando en varios ámbitos que desbordan los parámetros de la AIOC:

__________ La meta de ellos y nosotros [es que] Yura va ser la base para avanzar en la consolidación de nación

38 Jatun Ayllu Yura, IPDRS, CIPCA, FAA.DR y ENI Bolivia, Memoria del seminario, Autonomía y gobiernos indígenas, Jatun Ayllu Yura (Potosí), 9 y 10 de septiembre de 2017.

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Qhara Qhara, para que otros pueblos hagan su auto-nomía […] que ellos hagan incidencia para que los de-rechos políticos pasen a la nación, los derechos econó-micos pasen a las autonomías indígenas, esa es una de las metas, de un impacto para otros pueblos […] hemos aprovechado momentos claves, TCO, las autonomías, y darnos nuestro lugar39.

Esta visión articulada pone en cuestión la visión del Es-tado para la autonomía indígena, como un proceso localizado en una TCO o municipio, pues en el caso de Yura éste se ubica dentro de proyectos de autodeterminación más densos, amplios y extensivos. Por otra parte, esta articulación de buscar varias autonomías para consolidar la Nación, también responde a las nuevas necesidades y luchas de los Ayllus que forman parte de la Nación Qhara Qhara, una de ellas es el saneamiento de los te-rritorios, un caso particularmente complejo es la encarada por la Marka Quila Quila que viene enfrentando una lucha legal y social contra el INRA y sindicatos por mantener la integralidad de su te-rritorio ancestral frente a una serie de medidas legales asumidas por el Estado para limitar este proceso (se anuló el procesos de saneamiento como TCO de más de una década, exigencia de la personería jurídica a pesar de las sentencias a su favor por parte del TCP, entre otras)40.

Como veremos en seguida, las comunidades del Jatun Ay-llu Yura, desde esta perspectiva, construyen su autodeterminación interna y externa en relación contra otras luchas y vías, además de la autonomía, por ejemplo, el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria y la consulta previa.

39 Entrevista a Samuel Flores, 04 de octubre de 2018.40 Un resumen del proceso de lucha: https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/

nuestras-actividades/5862-la-marka-quila-quila-por-la-reconstitucion-y-la-integrali-dad-de-su-territorio

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3.1.3. Poblaciones indígenas en la ciudad, el caso de Villa Paraíso

La capitanía guaraní de “Villa Paraíso” se ubica en el contexto urbano, y desde hacer varias décadas vienen peleando por su au-todeterminación frente a los modelos estatales de reconocimiento vecinal y la expansión de la mancha urbana por medio de asen-tamientos que desbordan los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo local de las grandes urbes municipales. La historia de esta comunidad se articula al recurrido de PUEBLO NUEVO41, población guaraní que se asienta en el periodo posterior al Estado del 52 y que actualmente se encuentra al medio de asentamientos urbanos no guaraní. Situación que la pone en riesgo, por lo que ellos han buscado en su cosmovisión de la tierra sin mal del pueblo o nación Izoseño-guarani42 una forma de defensa de sus derechos.

El año 2012 está comunidad decide emitir una resolución para desconocer los asentamientos individuales de personas aje-nas a la comunidad, situación que ha llevado a encarar denuncias por supuesta vulneración de derechos individuales ante el TCP. Esta instancia consultó a la UD sobre sí Villa Paraíso puede ser con-siderada un pueblo indígena y qué parte de su territorio, la cual en su informe arrojó los siguientes resultados:

__________ Villa paraíso se ubica en la zona de Pauri-to que cuenta con 5 capitanías guaraníes, a su vez en el Plan 3000 con 7 capitanías guaraníes; ambas en el distri-

41 Villa Paraíso viene a ser la ampliación de Pueblo Nuevo, una de las primeras comuni-dades guaraníes en constituirse en lugar. Pueblo Nuevo es la primera comunidad que crea su propia Capitanía en 1965; fue la primera que decidió adoptar el modelo político de las zonas de origen y de crear una capitanía, se debe a don Inocencio Román, de origen Izoceño recién llegado, en los años sesenta de Argentina…Son ellos que lograron quienes impulsaron el pase del sindicato a la capitanía de la Zona…Con el sindicato no mantenían su cultura como debe ser

42 Simón de Souza, utiliza la denominación “Izoceño-Guaraní” o “izoceño”, según la zona de origen: Izosog. Según esta investigadora los miembros de la comunidad guaraní de Pueblo Nuevo son Izoceño- Guaraníes.

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to 14 del municipio de Santa Cruz. En este contexto, vi-lla Paraíso fue fundada el 15 de abril de 1992 como una extensión de Pueblo Nuevo. Respecto a su concepción de su territorio de Villa Paraíso se sustentó el principio de Ivi Iyambae de los guaraníes- izoceños, relacionada con las olas migratorias que Guaranies desde épocas coloniales, estableciendo las circunstancias históricas, geográficas y culturales por las que los guaraníes se trasladan a la zona de Pueblo Nuevo desde las primeras épocas de la zafra du-rante la república de Bolivia, hasta constituirse una “capi-tanía guaraní” en Santa Cruz que, a diferencia de muchas migraciones, se trasladan a estas zonas en familias gran-des, bajo sus propias instituciones y prácticas, conscientes de su identidad cultural y esencia histórica.

Villa Paraíso forma parte de la concepción de “territorio” (Iviguasu- Iyambae) de los guaraníes y su constante bús-queda de la tierra sin mal. Villa Paraiso es considerado por los guaraníes como parte de su iviguasu (su gran te-rritorio), por tanto consideran que las tierras donde ha-bitan actualmente, incluyendo el territorio urbano, es su territorio vital43.

En este contexto los guaraníes no excluyen lo rural de lo urbano, ya que el ámbito urbano se convierte en el espacio de continuidad territorial donde se producen y reproducen las co-munidades y “barrios” guaraníes con identidad propia, “allá donde hay inseguridad jurídica de los terrenos y donde la escasez de ali-mentos es su pan de cada día, allá donde lo único que aumenta son las enfermedades y la pobreza. Cabe destacar de forma pro-

43 VISION MUNDIAL. 2011. Diagnostico “Programa nuevo amanecer” en comunidades guaraníes y barrios de los distritos municipales 14 (Cantón Paurito) y 8 (Plan 3000) del Municipio de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz-Bolivia. Pág. 5.

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minente el desempleo, el limitado acceso a los servicios básicos, y la vivienda inadecuada. Además, los pueblos indígenas…pueden experimentar discriminación y tener dificultades para mantener su idioma, su identidad y su cultura así como para educar las futu-ras generaciones” (Bogado, 2010, p. 100).

Asimismo, el informe de la UD estableció que los habitan-tes de Villa Paraiso cuentan con títulos como “propiedad comuni-taria”; sin embargo, de ello, también existen asentamientos con títulos individuales por la venta de tierra por parte de los “con títu-lo”. Al respecto de su lucha para constituirse como autónomas el Sub-alcalde de Paurito, citado en el informe, señaló:

__________ Las capitanías guaraníes han solicitado ser sección municipal, sin embargo también existen migran-tes de otras zonas...Villa Paraíso se encuentran ya en la mancha urbana44…hay un proyecto de ley en el munici-pio que les impide obtener títulos por que no es terreno apto para vivienda en el norte, por el vertedero de basura “Normandia” que se encuentra a 150 mts. aprox…son zo-nas donde más problemas de terrenos existe…

Para el municipio si bien los barrios guaraníes son parte de la mancha urbana, no cuentan con títulos, ni la urbanización está debidamente aprobada, debido fundamentalmente al problema del vertedero “normandia” que se encuentra muy próxima a la zona.

La organización básica de la comunidad Villa Paraíso es la “Capitanía”; que junto a otras capitanías conforman la Capi-tanía Provincial de Andrés Ibáñez45, que se encuentra afiliada a

44 Según la Subalcadia, la población de Paurito en año 1992 fue de 5.388 habitantes, que aumento 22.218 habitantes en el año 2001 y actualmente según datos extra oficiales del censo 2012 Paurito cuenta con 28.852 habitantes.

45 La capitanía provincial, se organiza por distritos donde existen capitanías. El distrito de Paurito tiene como representante de las capitanías al Sr. Javier Cruz.

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la Capitanía Grande de ZONA CRUZ46, que a su vez forma parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)47, y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), ambas de la Confedera-ción de Pueblo Indígenas de Bolivia (CIDOB). El caso de Villa Pa-raíso comporta varios conflictos al modelo de gestión territorial, desarrollo y autonomía indígena del Estado, en primer lugar, la de superar la dualidad urbano-rural en los procesos de recono-cimiento y ejercicio indígena, en segunda instancia respecto a la cuestión del desarrollo urbano frente a las “informalidad” creada por el Estado (son urbanizaciones no autorizadas por estar cerca del vertedero).

Por otra parte, esta comunidad indígena en espacios de asentamientos urbanos refleja que los procesos de auto determi-nación son más complejos de aquellos modelos previstos por la norma constitucional. En primer lugar, en el caso de Villa paraíso, expresa las dificultades del Estado para reconocer, y en última ins-tancia poner en duda su condición de pueblo indígenas en con-texto urbano.

Un fenómeno mucho más complejo ocurre con los migran-tes aymaras y quechuas en las periferias urbanas, los que pueden o no reproducir sus propias instituciones, pero que al igual que los guaraníes son situados en los márgenes y dentro de “lo informal”, respecto a su comercio por ejemplo. Otro problema mayúsculo es el de la auto identificación, que es mucho más difícil de ser expre-sado en contextos urbanos, debiendo considerar el Estado otros criterios, para no desconocer su existencia o encubrir el problema con la integración y amestizamiento.

46 Aglutina a los pueblos, comunidades y barrios guaraníes organizados en capitanías de las provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Sara, Obispo Santiesteban y Ñuflo Chaves del departamento de Santa Cruz (Art. 7 del Estatuto de Zona Cruz).

47 La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), se funda en octubre de 1987, como la “repre-sentación natural de la sociedad guaraní” con una estructura funcional a los objetivos trazados. En la actualidad la Asamblea del Pueblo Guaraní aglutina y representa a 25 zonas y más de 300 comunidades. (Alberto y Puerta, 2012, p. 667)

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3.1.4. La JIOC dentro del marco del pluralismo jurídico igualitario

Como se ha mencionado, en un contexto donde las vías formales hacia la AIOC son bloqueadas, el marco constitucional del pluralismo jurídico en Bolivia se ha convertido en un sitio de lucha e innovación legal por parte de muchos líderes indígenas originarios en los años recientes. Lo fundamental de este marco es el Art. 179.II de la CPE que establece que “la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía”. Según Boaventura de Sousa Santos (2012), este marco se trata de un proyecto de “constitucionalismo transformador”, ya que pone en cuestión el monopolio sobre la justicia del Estado li-beral, junto con los conceptos y culturas jurídicas dominantes que se lo han mantenido históricamente.

No obstante, parecida a la “domesticación” de la autonomía indígena durante la Asamblea Constituyente, vemos la reducción de este potencial transformador, al dejar dicha condición de po-sibilidad en el Estado, desplazando el potencial transformador de abajo hacia arriba. Vemos esto tanto en el proceso constitu-yente que como en la etapa legislativa y diseño de las políticas públicas que delimitan las distintas jurisdicciones y establece los procedimientos para casos vinculados a la JIOC y la confirmación y estructural del TCP con la incorporación del dos magistrados indígenas (Copa, 2017). En su estudio, además de llamar la aten-ción a la falta de participación en el diseño de esta normativa, Copa muestra como, parecida al multiculturalismo neoliberal, la inclusión parcial de la igualdad de las jurisdicciones en la prácti-ca “despliega con mayor rigurosidad elementos restrictivos y ex-cluyentes que cierran la posibilidad de generar condiciones de igualdad entre los sujetos que luchan por el ejercicio efectivo de sus derechos” (Ibid. p. 1).

Al mismo tiempo de documentar etnográficamente la ló-gica e implementación de estos “dispositivos de ocultamiento”,

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como se denomina la autora, en su práctica a través las distin-tas etapas de los conflictos de competencia en el TCP, mues-tra cómo los actores mismos siempre manejan dentro de los márgenes de sus límites para construir “lo propio”. En la misma manera de la “agenda propia” de desarrollo que hizo referencia en la 3ra Consulta Nacional, consideramos lo propio como “una posibilidad de identificar nuestros propios límites y posibilida-des, y avanzar” (Ibid., p. 60). En este sentido, lo propio surge en contingencia con las condiciones estructurales del Estado que le impide su desarrollo.

El caso de la creación del Tribunal Mixto de Justicia Indí-gena Originaria Campesina de la Provincia de Inquisivi nos ayu-da demonstrar este punto. El caso tiene como antecedente un conflicto de límites entre dos comunidades, la Comunidad de Titiamaya y la Comunidad de Sopocari. Por razones históricas, ambas comunidades caminaron por senderos distintos: Titia-maya que compró sus tierras a la Corona de España y que ac-tualmente está en proceso de reconstitución como comunidad originaria, y Sopocari que fue absorbida a la hacienda, aunque después compraron también parte de su tierra para consolidar-se como sindicato agrario. El conflicto por el acceso a las tierras productivas del lugar ha sido la causa de muchas demandas y contrademandas entre las dos comunidades a través de los años, y nunca se ha resuelta por la justicia ordinaria. La última instancia de esta saga terminó en un proceso penal contra las autoridades de la comunidad de Titiamaya por avasallamiento, en el mayo de 2016, después de que la comunidad de Sopocari presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

La estrategia de presentar un conflicto de competencias salió de un encuentro para fortalecer la JIOC en los territorios NPIOC, a partir de la sistematización de estas experiencias y ca-pacitar a las autoridades en materia de justicia y los derechos de los NPIOCs. Como explica Copa (2017), mediante el proceso del

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conflicto, se promovía transformaciones de su estructura orgá-nica que luego sería institucionalizada como el Tribunal Mixto. El 16 de abril de 2017, por ejemplo, participó en una reunión de varios ayllus de Quime, donde también estaban presentes las autoridades originarias del Titiamaya y otras autoridades de la JIOC del departamento de Sucre como Samuel Flores Cruz ex curaca de la Nación Qhara Qhara y entonces Secretario Perma-nente Tribunal de Justicia Indígena de las Naciones y Pueblos In-dígena Originario Campesinas, una instancia que ejerce la JIOC a nivel nacional, como explicaremos en seguida. Copa nota lo más impresionante del encuentro cuando, después de escuchar las presentaciones de estas experiencias, y sin que lo esperaran, las autoridades de los ayllus de Quime decidieron que fue necesario conformar un Consejo de Justicia de los ayllus, ya que previa-mente solo contaban con un cargo de justica dentro de cada uno (Ibid., pp. 126-127). Además, destaca lo que consideramos lo fundamental de estos procesos, que “el principal tema que unió en ese momento a la JIOC en Quime fue el tema de la tierra y la justicia, que vieron que podía impulsarse por medio del Consejo de Justicia” (Ibid., p. 127).

En el informe que realizó la UD para informar la decisión del TCP en el caso, el antropólogo Víctor Alanes (2017) señala varios puntos que demuestra la manera en la que el territorio articula un ensamble de prácticas, reivindicaciones históricas y reflexiones al respecto. Primero, señala que, aunque las comuni-dades acudan a distintas organizaciones para resolver sus pro-blemas —el ayllu y el sindicato— en la realidad sus estructuras son casi paralelas y se basan en la gestión territorial. Segundo, si el problema tiene como raíz un conflicto histórico sobre límites entre las dos y, el hecho de que ni el INRA ni las instancias de la jurisdicción agroambiental ha podido definir quién tiene acceso legitimo al terreno. Debido a este hecho, plantea que “no podría afirmarse que existió avasallamiento si no se tiene claro que co-

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munidad es propietaria de este sector” (Ibid., p. 28), poniendo en cuestión la competencia de la justicia ordinaria. Finalmente, demostró que el problema, aunque no ha sido resuelto por sus instancias orgánicas, si ha habido experiencias de constituir or-ganizaciones conjuntas, tal es el caso de la “Federación Sindical Mixta”, que podría ser una instancia deliberante para la solución de sus problemas.

Después de más de un año y medio de lucha jurídica, en noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional declaró com-petente al Tribunal de Justicia Indígena Originario Campesina de la Provincia Inquisivi, y dispuso que la Jueza Penal se inhiba de conocer el caso y remita todos los antecedentes al Tribunal. Lo inédito del Tribunal Mixto de Inquisivi es el hecho de que se establece la primera instancia a nivel provincial que es con-formada por las autoridades tanto del Sindicato y del Ayllus, la cual se encuentra resolviendo al interior de sus propias prácti-cas jurídicas.

El Tata Juan Basilio, de la Comisión de Justicia y Limites del Tribunal Mixto quien impulsó su formación nos explicó su impor-tancia de la siguiente manera:

__________ Si yo estaría mandar, solamente a las comuni-dades que son constituidas [como ayllus], seria pocas. Y cuando se trata de mixto que hay algunas comunidades que son sindicatos, secretarías generales y se trata de mix-to llegamos a ellas más, porque las convienen a ellas lle-gar a la justicia indígena para en un tiempo menor posible tener digamos una resolución, que sea a favor o en con-tra. En un tiempo corto posible gastan menos recursos, y además sin sufrir algunos perjuicios de aquellos que han estudiado derecho48.

48 Entrevista, 3 de mayo de 2018.

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Además, consideramos que lo importante de la formación del Tribunal Mixto es el hecho de que, si bien se constituyó en respuesta a condiciones particulares, el proceso en sí visibiliza la manera en la que se va construyendo nuevas instituciones en respuesta a los obstáculos y dinámicas que se enfrentan en sus esfuerzos de ejercer la auto determinación.

Esto es aún más evidente cuando tomamos en cuenta el recorrido del Tribunal de Justicia Indígena de las Naciones Indígenas Originarias Campesinas de Estado Plurinacional, el cual tuve un papel en el impulso de la formación del Tribu-nal Mixta en el encuentro de 2017 que mencionamos. Cabe señalar que este Tribunal también tiene como sus raíz el pro-blema del saneamiento de sus territorios, siendo un tema muy complejo de la Marka Quila Quila frente terceros que buscan saneamiento individual. Un paso importante en su lucha ha sido contra los formalismos burocráticos del saneamiento, los cuales han impedido el saneamiento colectivo de su territorio. En particular, el gran obstáculo que se han enfrentado es el Decreto 29215 del Ley INRA, que incorporó dos artículos que exigen la personería jurídica para titular la TCO. Al exigir que se conforme a una “organización social”, el Tata Flores, ex curaca del ayllu, planteó que violan a sus derechos fundamentales a la libre determinación:

__________ No necesitamos otra identidad, porque no-sotros, como naciones, como pueblos, nos auto determi-namos y el Estado tendría que actuar directo. Según ese Decreto, ahora la situación es al revés, el Estado quizá ve organizaciones de la sociedad civil y no a las comunidades. Dependía del Estado para tener personería jurídica impli-ca la falta de consulta a nivel local en contra de nuestros derechos a exigir justicia, representación y participación, de acuerdo con nuestras propias normas, y una limitación

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estructural y burocrática para pedir nuestro derecho a tie-rra y territorio. Así dependimos del Estado como naciones y pueblos indígenas, un Estado que vino en la historia des-pués de nosotros, aunque se llame república, como antes, o Plurinacional, como ahora. Eso hemos entendido, que nosotros no podemos exigir el reconocimiento Estado, siendo que vino después de nosotros. Así hemos interpre-tado del tema de la preexistencia. Las naciones y pueblos indígenas tienen territorios preexistentes y no necesita-mos reconocimiento ¿no?49

Para abordar estos límites, se desarrolló dos líneas de lu-cha, ambas han logrado tener una incidencia importante en la normativa y las políticas públicas que regulan procesos autonó-micos. El primero se basa en el derecho de la auto identificación. En el año 2012, cuando se habían agotado las posibilidades bu-rocráticas del procedimiento, se encontró otra estrategia, la de la autenticación para el Censo Nacional de Población y Vivien-da. Samuel Flores explicó que entró al Censo como parte de la Nación Qhara Qhara, cumpliendo de ese modo la autenticación que el Estado necesitaba.

Con esta vía de reconocimiento por el Estado como na-ción, Tata Flores nos explicó que se puso en marcha una lu-cha jurídica en base a sus derechos como JIOC: presentaron la acción popular al TCP, demandando la inconstitucionalidad de los Artículos 357 y 396.II del Decreto Supremo 29215 del INRA, por ser contrarios a los Artículos 1, 30.II.4 y 6 y 410.II de la CPE; 1.1 y 2, 14.1, 2 y 3 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y, 2 y 33.1 de la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. El 14 de enero

49 Citada en Kennemore, 2015, p, 2. La entrevista y elaboración del caso se hizo en colabo-ración de las investigadoras de IPDRS; disponible en línea: https://www.sudamericarural.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/158.

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de 2016, la demanda se materializó en la SCP 0006/2016-AIC, que reconoció que para el procedimiento de titulación de tie-rras colectivas basta con el reconocimiento de su condición de NPIOC pre existente al Estado colonial y republicano, por lo que ya no necesitan presentar la personería jurídica —cabe señalar que este requisito fue puesto como condición en la reciente acción planteada por los pueblos en el caso de la hi-droeléctrica Rositas50.

El caso fue un aprendizaje clave para ellos, como reflexiona el Tata Flores:

__________ Con ese resultado nos damos cuenta que las naciones y pueblos indígenas no pueden ser subordina-dos con formalismos administrativos y, asimismo, el Esta-do no es mono cultural sino plurinacional. Las naciones indígenas no somos formalismos del Estado. (Kennemore y IPDRS, 2015, p. 3.)

De hecho, en base a estas experiencias, en los tres años desde su formación, las iniciativas del Tribunal de Justicia Indígena de las NIOCs establecido en Sucre ha sido un factor determinan-te en el desarrollo de una gama de políticas públicas: Entre ellas, podemos destacar el papel de promover la auto identificación en los carnets de identificación del SEGIP a nivel nación, la imple-mentación de mecanismos de coordinación entre jurisdicciones, la participación directa en la formación de peritajes en la JIOC ha-cia el mismo fin, y una serie de acuerdos inter-institucionales para el desarrollo de procedimientos propios de la consulta, los que veremos en seguida.51

50 Ver: https://www.noticiasfides.com/economia/tcp-exige-personeria-juridica-a-las-co-munidades-indigenas-que-rechazan-proyecto-rositas-392191.

51 Para el caso de SEGIP, ver https://porlatierra.org/docs/7fcf99ca1614b228529bf-356d24e3081.pdf.

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Al contrario de una mirada sobre la situación actual en tér-minos de los retrocesos y paradojas que se enfrentan las NPIOC en la coyuntura actual, la visión del Tata Flores nos brinda una mirada desde la perspectiva de otra lógica. Para el Secretario Permanente del Tribunal de la Justicia Indígena, ubicar su potencialidad es una cuestión mucho más sencilla: “es que los problemas nos organi-zan” (citado en Copa, 2017, p. 127).

3.2. PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA EN POLÍTICAS SOBRE LA CONSULTA PREVIA

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a:

__________ Ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o adminis-trativas susceptibles de afectarles. En este marco, se res-petará y garantizará el derecho a la consulta previa obli-gatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no re-novables en el territorio que habitan. (Art. 30. II inciso 15)

Reconociendo de esta manera que la consulta es un de-recho de los pueblos indígenas. Asimismo el Art. 352 también dispone que la consulta deba ser libre, previa e informada y que corresponda a toda “población afectada”, “En las naciones y pue-blos indígenas originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles (Entendida como aquellas medidas que afecten la vida, instituciones, creencias, espiritualidad y tierras que ocupan de acuerdo al Art. 7 de la Convenio de la 169 de la OIT ) y a través de procedimientos apropiados y de instituciones indígenas.

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Finalmente, el art. 403 correspondiente al Capítulo de Tierra y Territorio, refiere que:

__________ I. Se reconoce la integridad del territorio indí-gena originario campesino, que incluye el derecho a la tie-rra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos na-turales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos natura-les no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrado por sus estructuras de representación y la definición de su de-sarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígena originario campesinos podrán estar compuestos por comunidades.

Asimismo entre las competencias exclusivas de la AIOC es-tablecida en el art. 304.I numeral 21 de la Norma Fundamental es-tablece: “Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de con-sulta previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten”.

3.2.1. Obstáculos a la consulta en el camino a la AIOC y la autodeterminación

La consulta a la vez de ser un derecho de los pueblos in-dígenas, es también un importante mecanismo de participación en lo referente a sus territorios y formas de vida. Anthias (2014), al trabajar con los guaraníes y reflexionar sobre el proceso de conso-lidación de las TCOs, plantea que existe una permanente lucha de los pueblos indígenas a lo largo de los gobiernos poscoloniales y neoliberales, estos procesos de lucha se caracterizan por usar de manera directa los diferentes mecanismos jurídicos creados, por

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ejemplo, las TCOs se convierten en vehículos de participación ple-na en el marco de la extracción hidrocarburífera.

Argumenta esta afirmación desde la situación del pueblo guaraní, quienes debido a los impactos ambientales de la extrac-ción de hidrocarburos, la APG IG conociendo sus derechos sobre el Convenio 169 inicia un proceso de reclamo el 2003, de manera concreta se solicita el pago por uso de tierras, compensación por los impactos sociales y ambientales, y medidas para monitorear y encarar estos impactos (Anthias, 2014). Este proceso de defensa duró 7 años. Sin embargo, el avasallamiento a sus tierras continuó y en julio de 2010, enviaron una carta a Presidente Morales, don-de expresaban su protesta por 20 nuevas licencias ambientales a empresas, que operarían dentro su territorio sin consulta previa (APG IG, 2010). Como respuesta el gobierno acusó a la APG IG de ser “una amenaza al desarrollo energético del país”, y desestimó como un chantaje su demanda a ser consultados y compensa-dos (entrevistas B1 y B2; Erbol, 2011). Negando de esta manera el cumplimiento de sus derechos y su participación en la toma de decisiones sobre su territorio, esta negativa es refrendada por los cambios en la normativa de consulta.

Si bien, el derecho a la consulta está establecido y recono-cido de manera general, lo lógico habría sido el desarrollo de una ley de consulta global que en su desarrollo expusiera algunas diferencias relacionadas al sector específico material de consulta. En lugar de ello, se han promovido dos disposiciones sectoriales una para el sector de hidrocarburos y otro para el de minería, misma que han tergiversado el proceso de diálogo y concerta-ción convirtiéndolo en un proceso sin trascendencia por ejem-plo en la Ley Minera la decisión final sobre la instalación de una operación minera es asumida por la autoridad del sector, se ha convertido en un proceso meramente informativo de las opera-ciones de la obra, donde se negocia la compensación e indem-nización (Campanini, 2014).

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En esta línea, por ejemplo se realiza la Ley No 222 de Con-sulta a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígenas y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, sobre la misma el ex defensor del pueblo manifestaba “La consulta instruida y ejecutada en el Tipnis se realizó de manera unilateral sin la coordinación y el respaldo de las naciones indígenas, dueñas de ese territorio y desde una perspectiva autoritaria y colonialista, sin el menor respeto por los principios constitucionales que reconoce una serie de derechos de las naciones indígenas sobre su territorio" (Villena, 2012). En este caso la consulta ha sido realizada por la presión ejercida por los indígenas para paralizar las obras, es decir es una consulta que no cumple con las características de buena fe, informada, cultural-mente adecuada y previa.

En el caso del TIPNIS, la participación en el marco de las políticas del Estado ha estado caracterizada por la movilización, fundamentada en las normas que avalan sus derechos, reivin-dicando el territorio y el respeto a la consulta. En el caso del pueblo guaraní, la serie de trabas y los años de demanda de respeto a sus derechos y las normas, han derivado en la bús-queda de nuevas estrategias de participación. Se tiene claro que el incentivo a la actividad extractiva, de manera particular los hidrocarburos, es el principal obstáculo para la consolida-ción de sus derechos territoriales (Anthea, 2014), por lo mismo han desarrollo con mayor intensidad técnicas de negociación y participación directa.

Una de las técnicas o herramientas es el monitoreo am-biental. En el caso hidrocarburífero el Reglamento de Monitoreo Socioambiental de Pueblos Indígenas Originarios y Comunida-des Campesinas en Actividades Hidrocarburíferas (D.S. Nº 29103 de 23 de abril de 2007), permiten reorientar la discusión sobre la gestión de los recursos naturales desde las NPIOC (CEJIS: 2010). En el pueblo guaraní esta experiencia ha logrado realizar moni-toreo socio ambiental, que a ha dado paso a mejorar las condi-

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ciones de negociación con las empresas, dentro de los límites impuestos para el desarrollo pleno de la ley de consulta, el infor-me del CEJIS sobre esta experiencia destaca por ejemplo que: los monitores ambientales pueden ofrecer información omitida en los EEIA, se construyen líneas de base propias con criterios técni-co científicos, la realización de diagnósticos socio ambientales, el desarrollo de metodologías apropiadas y fortalecimiento técnico político de la organización.

Entonces, frente a las constantes amenazas a su territo-rio y sobrevivencia, los pueblos indígenas desarrollan meca-nismos de participación y presión directa, dentro las mismas reglas del Estado, lo que significa que la lucha de los pueblos indígenas continua.

3.2.2. Caso Municipio de Charagua, la lucha por el derecho a la consulta y la gestión del territorio

El Municipio de Charagua es el más extenso de Bolivia, con una superficie de 71.745 Km2, que representa el 6,5% del territo-rio boliviano. En este municipio hay cuatro Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC). Uno de ellos es el TIOC Charagua Norte, que se ubica en el sector oeste del Municipio y comprende a 30 comunidades de la Nación Guaraní, con una población de 7200 personas.

Como sabemos el 2007, se sancionó el Reglamento de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas en Actividades Hidrocarburíferas a través de la Ley 3058 que establece:

__________ …la protección del derecho de los pueblos indígenas originarios y campesinos a la consulta y parti-cipación cuando dentro de sus territorios se pretendan desarrollar actividades hidrocarburíferas (Art. 114 al 118 del Titulo VIII). En el Art. 119 establece que todo impac-

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to socioambiental negativo directo, acumulado y a largo plazo, que las mismas produzcan, debe ser compensado financieramente por parte de los titulares de las activida-des hidrocarburíferas.

A su vez el DS N° 29033 (2007) de Reglamento de consul-ta y participación de los pueblos indígenas y comunidades cam-pesinas en actividades hidrocarburíferas garantiza y protege el derecho de los pueblos indígenas originarios y campesinos a la consulta y participación, además de describir de manera detallada el desarrollo de dicho proceso. Señala la forma en que las NPIOC pueden organizarse para controlar que las empresas reduzcan y mitiguen los impactos negativos sobre los componentes so-cioambientales; pero no contempla técnicas ni metodologías para la efectiva implementación del monitoreo socioambiental.

El 2009, la empresa Pluspetrol, tras el aval del gobierno pre-tendía dar inicio al proceso de Exploración Sísmica de los Cam-pos Tacobo y Tajibo en el Bloque San Isidro, bloques que se en-cuentran en el territorio de Charagua Norte y en la TIOC Izozog. Cumpliendo la norma, la empresa Pluspetrol inició un proceso de consulta, mismo que fue rechazado por el pueblo guaraní bajo los siguientes argumentos:

__________ 1. La metodología de las reuniones no era pertinente a su cultura, sino que serealizaban a manera de exposiciones con diapositivas y en lenguaje técnico, a partir de una cartilla elaborada por la empresa, cuyos con-tenidos eran poco entendibles para los indígenas.

2. No se daba participación a las comunidades afectadas por el proyecto. El Pueblo Guaraní está organizado en Ca-pitanías Zonales que nuclean a las comunidades de un es-pacio territorial común. A su vez las Capitanías se reúnen

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en la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), máxima instan-cia de representación indígena de la Nación Guaraní. Las reuniones organizadas por el MHE se coordinaban con el Directorio de la Capitanía de la Charagua Norte, pero sin dar participación a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), ni a los miembros de las comunidades que serían afecta-das por la Exploración. (Ibid)

Sobre los hechos Ronald Gomez, TIOC Charagua Norte (2010) expresaba lo siguiente:

__________ Las consultas que ha hecho el Ministerio de Hi-drocarburos tienen muchas deficiencias, porque se las hace con la dirigencia de las organizaciones indígenas y campesi-nas y se omite hablar con las autoridades de cada comunidad.

Les dijimos: no queremos talleres, no queremos explica-ciones teóricas en Power Point, queremos explicaciones en nuestro idioma, queremos hacerlo con nuestros usos y costumbres y de acuerdo a los criterios técnicos que nos indican los monitores socioambientales Guaraní que vi-ven en la zona (Ibid.)

El proceso de reconducción de la consulta, ha partido el 2010, con el impulso de los monitoreos ambientales y desde un análisis técnico, es decir desde la apropiación de elementos técni-cos como base de la discusión, en otras palabras usando las mis-mas palabras y elementos del conocimiento formal y la ley. Este proceso se basó en las formas de organización propias, usando para ello las Asambleas Zonales, lo que facilitaba la participación de todas las comunidades afectadas, para ello se solicitó informa-ción complementaria al ministerio de hidrocarburos sobre el pro-yecto (cartografías, coordenadas, etc.).

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Se realizaron dos asambleas zonales, donde la red de mo-nitores socializó el proyecto, relevaron los impactos ambientales y sociales de la exploración sísmica y organizaron una inspección de campo en Charagua Norte y el Izozog. De la inspección salieron una serie de recomendaciones sobre los componentes sociales, económicos, culturales y de salud Las conclusiones a las que se arribó, dieron recomendaciones que la empresa debía tomar en cuenta antes de la ejecución del proyecto, mismas que fueron aprobadas en una tercera asamblea zonal.

Más allá de si este es un verdadero mecanismo de control y participación en busca del cumplimiento de derechos, la expe-riencia de los Guaraníes de Charagua Norte, releva la importancia de las estructuras propias de organización como las Asambleas como instancias de participación absoluta de las comunidades in-dígenas. Nos pone en evidencia también, cómo las comunidades indígenas están en una permanente búsqueda de uso de meca-nismos que permitan garantizar su participación en la gestión de sus territorios.

3.2.3. La consulta vía la Jurisdicción Indígena Ordinaria Al respecto, del testimonio de Samuel Flores tenemos co-

nocimiento de que recientemente la Empresa Coracoto —una de muchas otras que se ubican en el territorio de los Yura— empezó a desplazarse y extender su presencia en las tierras del Ayllu, lo cual ha merecido un nuevo movimiento de denuncia ante la Au-toridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por los daños ambientales y la falta de consulta previa para el accionar de esta Empresa. Las estrategias asumidas en este caso han desbordado lo local, ingresando a un campo de acción articulado con el Tribu-nal de Justicia Indígena de las Naciones y Pueblos Indígena Ori-ginario Campesinas y las autoridades de la Nación Qhara Qhara, como fue la estrategia legal asumida por estas instancias en ca-sos de denuncia por daños ambientales en territorio indígenas de

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Potosí. Un dato interesante, al respecto, es la cooperación de las carreras de Química, Ingeniería Minera de la Universidad Autóno-ma Tomas Frías para realizar estudios sobre el impacto al medio ambiente, a partir de un Convenio Interinstitucional suscrito el del 28 de junio de 2017, para realizar trabajos de análisis de aguas contaminadas en territorios indígenas por efecto de actividades mineras.

Un resultado de este acuerdo ha sido el reporte de análisis de interpretación sobre las condiciones ambientales de las aguas de la Comunidad Puntura, sector Río Wanqallapi y Keuñamayu, que establecen la existencia de elementos contaminantes en el agua, el cual fue la base de la denuncia ambiental que encara esta comunidad ante el AJAM, y que fue fortalecido por el papel del Tribunal de Justicia Indígena que en el marco de la JIOC, eventual-mente, ordenó a la empresa suspender actividades mientras se realiza el proceso en el AJAM.

En el caso concreto de Yura, frente al avance de la actividad minera, acuden a estas instancias mayores para demandar el cum-plimiento de la consulta y en su caso el estudio de los posibles daños ambientales en el lugar, nos llama la atención cierto temor de que este proceso de denuncia pueda afectar el proceso de la autonomía indígena, debido a la participación de trabajadores de la empresa que viven en el lugar, por lo que esperan que el proce-so de acceso a la AIOC concluya para tomar otras estrategias, pues piensan que esas nuevas condiciones tendrán más posibilidades de negociación y participación económica.

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Pensar los límites como articulación contingente de las medidas de procesos históricos como la sindicaliza-

ción del Estado post 52 y las políticas del multiculturalismo neo-liberal de los año 90, nos permite ver cómo han sido los canales por los que el Estado regula el avance de la AIOC y la TIOC. Este análisis, también nos permite ver diversas caras de los mismos modelos, pues como demostramos las condiciones de posibili-dades de la reconstitución, reterritorialización y articulación pro-pias impulsadas desde abajo, están sujetos aun a estos patrones de desarrollo. La participación regulada e institucionalizada de los OSC y las NIOC deja un papel secundario a estos actores, a pesar que según la constituyente, las relaciones entre Estado y pueblos, debería de basarse en el igualitarismo, redistribución del poder entre otros, estos postulados se han quedado en los márgenes del reconocimiento y los mecanismo técnicos que de-

REFLEXIONES SOBRE LOS FACTORES QUE CONDICIONAN LA PARTICIPACIÓN DE LAS NPIOC Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS

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limitan dicha participación impidiendo cambios significativos en la estructura estatal tradicional (Estado-Nación) y en modelos de desarrollo extractivistas.

Esto permite de alguna manera la construcción e institucio-nalización de discursos académicos homogeneizantes sobre con-ceptos muy variables como el Vivir Bien y el territorio. Como vimos en los casos de Santa Ana y el Territorio Multiétnico – MIT, los pro-pios conceptos y prácticas de las NPIOC, múltiples y dinámicas, se desarrollan en respuesta a procesos de “(des/re)territorialización” que no permiten sobrevivir y reproducir la vida social, formando sus propias agendas sobre el desarrollo y la gestión territorial. Los casos evidencian que, en lugar de reconocer la complejidad de esta realidad, los parámetros bajo los que se desarrollan los PDES y la AIOC exigen que se ajusten a los conceptos homogeneizantes del Estado.

Aun así hay poderosos espacios que están siendo invisibi-lizados y anulados, como los fenómenos que acontece en tierras altas, el problema de los barrios guaraníes, y la migración rural-ur-bano, los cuales debe permitir romper con lo “indígena originario campesino” anclado en lo rural, concebido dentro de esta óptica que los vincula con los derechos de la madre tierra. Esto invisibiliza la exclusión, racismos y problemas de participación indígena en espacios que no son considerados “indígenas”. Así como en el con-cepto de Vivir Bien y territorio vemos cómo estas nociones fun-cionan como dispositivos de poder para ocultar agendas propias de desarrollo y vigilar las líneas de desarrollo del “indio permitido” dentro la agenda dominante.

Además, los límites en los mecanismos creados por el Esta-do visibilizan nuevas luchas que encaran los pueblos para lograr el ejercicio de los mismos. Esta paradoja muestra que más allá de una visión de falta de implementación de espacios de participación, existen dispositivos normativos y de interpretación destinados a ensamblar estos mecanismos con los interés Estatales, sin llegar a

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poner en cuestión la estructural colonial, positivista y económica del Estado, como ente regulador de estos procesos.

No obstante, la misma historia demuestra como las NPIOC se apropian de estos discursos y mecanismos —limitados— para responder a procesos de deterritorialización y ejercer su auto de-terminación. Como hemos demostrado, se trata de la capacidad de identificar los propios límites y posibilidades, y avanzar en el ejercicio de su auto determinación haciendo uso de las herra-mientas disponibles y creando y adaptando sus propios canales de participación en el diseño y monitoreo de políticas públicas e incidencia en procesos de desarrollo.

Finalmente, en los casos concretos podemos ver cómo es-tas adaptaciones contribuyen al cumplimiento de los ODS. Como se ha mencionado al principio, la auto determinación y la gestión territorial indígena coinciden en gran medida con los ODS de la Agenda 2030, dado de que el ejercicio pleno de los derechos de las NIOC requiere su cumplimiento. Según el informe DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN BOLIVIA, las prioridades de los grupos que sufren la desigualdad son el empleo, el apoyo a la producción, el agua y saneamiento básico y los servicios. Estos objetos no solo coinci-den con los de las NIOC en términos de financiamiento y el mane-jo de recursos para los planes de desarrollo a nivel municipal, sino que más bien se trata del hecho de que sus territorios son la base de su auto determinación y reproducción de la vida.

Esto es más evidente en el caso de la autonomía indígena en Charagua, donde se busca cumplir con estos objetivos para su propia agenda de desarrollo y gestión territorial. En el cami-no se están construyendo nuevas instituciones de gobernanza mediante la Asamblea Ñemboati Guasu, que incorporan sus pro-pias agendas en el sistema Estatal. Por otro lado, destacamos la incorporación de nuevos temas, como la importancia de abordar la problemática de la igualdad de género, el empleo y los impac-

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tos del cambio climático para fortalecer la viabilidad de la ges-tión territorial, según las normas y procedimientos de las NIOC. En cuanto a obstáculos en la orientación de desarrollo, es evidente, por ejemplo, la ausencia de políticas de prevención y mitigación de la contaminación y procesos de deforestación, estos conllevan un conjunto de problemas complejos para las NIOC, por socavar la capacidad de sus líderes de responder a sus necesidades y ge-nerar diversos frentes de conflicto y disputa sobre sus precarios recursos naturales.

Sin duda, en este escenario de límites y nuevas parado-jas, vemos que muchas agendas de desarrollo están pendientes. La AIOC y otros mecanismos de participación como la Consulta Previa muestran las herramientas que son usadas por los pue-blos indígenas para fortalecer sus propios procesos de auto de-terminación y gestión territorial. A la vez, existen varios factores que condicionan los límites de estos mecanismos, el recorrido histórico de las luchas de las NIOC para su auto determinación muestra como siempre que hay una apropiación de estas herra-mientas para poner diques de contención que pueden cambiar estructuras e impulsar cambios históricos. En este sentido, vemos cómo, frente a un aparente retroceso en la situación actual por la institucionalización de la autonomía indígena, van construyen-do sus propios mecanismos de participación en forma de repre-sentación y acción directa, estas nuevas vías de participación no solo contribuyen al cumplimento de los ODS sino también les dan un nuevo contenido.

En este sentido, también, es preciso visibilizar que para el Estado boliviano el lugar de estas respuestas propias dadas por las NPIOC se ubican al interior de un modelo de distribución competencial que deja centralmente la responsabilidad de cui-dado de la madre tierra de “acuerdo a normas y procedimientos propios” a las autonomía indígenas, o en las manos de la “eco-nomía comunitaria”, sin que el Estado en el nivel central gene-

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re rupturas, concretice y ponga en tensión el concepto del Vivir Bien con el modelo de desarrollo, neo-extractivismo, etc. Esto crea una paradoja, pues mientras las naciones y comunidades indígenas tiene competencias de cuidado del medio ambiente, el Estado tiene la competencias de impulsar megaproyectos hi-dróelectricos, carreteros, contratos mineros, etc., esta dualidad también oculta las condiciones por las que las comunidades en-tran en los diálogos y participan, pues su papel en los mismos es tan definido y limitando, que muchas veces deben atenerse a las condiciones del Estado o generar una contestación más fuer-te, mediante protestas y luchas que vienen determinadas por procesos de violencia Estatal, claramente denunciados en casos como TIPNIS, Achacachi, Qhara Qhara.

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5 PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES SOBRE ACCIONES NECESARIAS PARA SUPERAR LOS OBSTÁCULOS QUE LIMITAN EL CUMPLIMIENTO DEL PDES Y LA AGENDA 2030

zz Es importante considerar que los parámetros creados por el Estado en los casos concretos mencionados, han

significado la puesta de límites a los procesos de reconfi-guración y articulación interna de las naciones y pueblos para lograr la autonomía, la defensa de su territorio, jus-ticia, etc, mostrando claramente que el Estado no cuen-ta como mecanismos para adecuarse a la realidad de los sujetos que ejercen estos derechos y que por el contrario promueven la encapsulación de las AIOC, en espacios par-ticipativos que limitan su articulación e impiden proceso de contestación más amplio desde la perspectiva de la au-todeterminación.

zz Todavía no se responde, en este sentido, a problemas de tierras, desarrollo propio, justicia, derechos cuyas denuncias de vulneración son crecientes, y aunque están visibilizadas en el marco del incumplimiento todavía no se termina de

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analizar los dispositivos que impiden o determinan dicha “falta de cumplimiento”.

zz Debemos fortalecer instancias de investigación de manera particular en los espacios de ejercicio igualitario y partici-pación que va más allá de los canales institucionalizados, lo que algunos autores refieren a la “democracia radical” (Cohen and Fung, 2004; citado en Tockman y Postero, n.d.; ver también Grisaffi, 2013; Van Cott, 2006) que nos permite considerar las dimensiones complejas de la relación urba-no-rural, dicotomías coloniales y expansión comercial en las que se mueve el mundo aymara, que entre otros proce-sos de desarrollo, tienen incidencia importante y aún no se toman en cuenta en las discusiones sobre los objetivos del PDES y la Agenda 2030.

zz Es recomendable elaborar una serie de protocolos, dirigi-dos a las diferentes instancias estatales, en base a las es-trategias inter-jurisdiccional e inter-institucional que están construyendo las NIOC desde la apropiación de los meca-nismos que condicionan sus canales de participación e in-cidencia en procesos de desarrollo. Por un lado, estas expe-riencias permitirían un diagnostico a profundidad en base de las reflexiones mismas de los actores propios que se en-cuentran más afectados por los daños medioambientales y de desigualdad que los ODS pretenden abordar y por otro lado, se visibilizará la realidad de obstáculos institucionales, financieros y políticos que se enfrentan en los diferentes casos concretos, mismos que responden a la falta de capa-cidades e instancias de investigación Estatales que se iden-tifican en el informe DESAFÍOS (Arteaga y Revilla, 2017).

zz Por otro lado, además de la elaboración de protocolos en base a las estrategias inter-jurisdiccional e inter-institucio-nales que están construyendo las NIOC en respuesta a, y mediante los mecanismos mismos que regulan su partici-

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pación, consideramos que es importante repensar la par-ticipación en sí misma, no con un enfoque en la falta de la implementación sino en el contendido que orienta sus lógicas hacia modelos de desarrollo dominantes.

zz Al hacerlo, también proponemos responder al comenta-rio de Severo Villarroel mencionado al principio del estu-dio, que plantea que “profundizar en esto de la ONU, de la Agenda 2025, es olvidarse de una agenda propia. Las or-ganizaciones tenían una agenda propia, era muy sencilla, muy concreta, pero difícil de cumplir” (3ra CONSTULA NA-CIONAL, 2015, p. 53).

zz Se debe tomar en cuenta que la participación indígena debe ser comprendida en relación a problemáticas más vinculadas al ejercicio, y no tanto al reconocimiento. En el campo del ejercicio, que nos sitúa en los lugares de enun-ciación nos pemitiría considerar criterios como el poder comunal articulado (entre sindicatos, Ayllus, naciones, pue-blos y barrios), la migración, la condición colectiva, familiar e individual que complejizan la participación, con decisión e incidencia desde los sujetos, dejando de pensar en los canales, pues la cuestión formal de ciertos espacios del Es-tado hace que se pueda ignorar y desplazar los temas que son establecidos desde abajo.

108

Acosta, A. (2015). “¿Un paradigma civilizatorio no capitalista? Espíritu del concepto y viabilidad en los mundos andino y amazónico Memoria Tercer Foro Amazónico de Desarrollo Rural, Mesa 4 El vivir bien.

Acosta, Alberto. (2011). Sólo imaginando otros mundos, se cambiará éste. Reflexiones sobre el Buen Vivir. En Vivir Bien: ¿Paradigma no capitalista?

(189 - 209). La Paz: Plural Editores.Alberto Quelca, M. y Santiago Puerta. (2012). “Justicia indígena en tierras

bajas: comunidades guaranies de Charagua”. En: Justicia indígena,

plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia, Boaventura de Sousa Santos y José Luis Exeni Rodriguez (editores). La Paz: Abya Yala y Fundación de Rosa Luxemburg, pp. 647- 596.

Albó, Xavier. (2011). Suma Qamaña - con vivir bien. Cómo medirlo? En Vivir Bien:

Paradigma no capitalista? (133 - 145). La Paz: Plural Editores.Allanes, Victor (2017). “Informe técnico sobre el conflicto de linderos

entre las comunidades Titiamaya y Sopocari, Segunda Sección Quime, Provincia Inquisivi Departamento de La Paz”. Unidad de Descolonización, TCP, Sucre.

BIBLIOGRAFÍA

109

Andolina, R., Laurie, N., Radcliffe, S.A. (2009). Indigenous Development in

the Andes: Culture, Power, and Transnationalism. Durham, NC: Duke University Press.

ANF (2018). “Según indígena ecuatoriana, el ‘vivir bien’ sirvió para expropiar territorios en la Amazonía.” 18 de octubre 2018, de ANF Sitio web: https://www.noticiasfides.com/economia/segun-indigena-ecuatoriana-el-34vivir-bien-34-sirvio-para-expropiar-territorios-en-la-amazonia-392138.

Anthias, Penelope (2014). La esquiva promesa del territorio. Un Estudio de

Caso Etnográfico de la Titulación de Tierras Indígenas en el Chaco

Boliviano. Tesis de doctorado, Geografía, Universidad de Cambridge. Anthias, P., Radcliffe, S.A. (2013). “The ethno-environmental fix and its

limits: Indigenous land titling and the production of not-quite-neoliberal natures in Bolivia.” Geoforum, http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.06.007.

Armata, Edwin (2012). Cronología de las movilizaciones indígenas contemporáneas. Documento de trabajo. La Paz: Programa NINA.

Arteaga, W. y C. Revilla (eds.) (2017). Desafíos para la implementación de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Bolivia. Sistematización y

edición de la Memoria de la Encuesta Virtual y el Diálogo Nacional “Que

Nadie se queda Atrás”. La Paz: UNITAS. Bogado, E. D. (2010). Los Mojeños trinitarios entre lo rural y urbano.

Cochabamba: Villa Libre, cuadernos de estudios sociales urbanos Nro. 6.

Barragán, R. (2012). “Los Títulos de la Corona de España de los Indígenas: para una histórica de las representaciones políticas, presiones y negociones entre Cádiz y la República Liberal.” Boletín Americanista, a.o LXII, 2, nº. 65: pp. 16-37.

Barragán, R. 2015. Bolivia, su Historia. Los primeros cien años de la República,

1825-1925. Junto con Ana María Lema, Pilar Mendieta y Andrea Urcullo. La Paz: La Razón. Coordinadora de Historia.

Campanini, Oscar. (2014). El extractivismo: Factor estructural para la vulneración del derecho a Consulta de los Pueblos Indígena

110

Originarios en Bolivia. En Reflexión y Evaluación sobre Derechos y Territorios Indígenas en Bolivia (57 - 75). La Paz: Tierra.

Bascope, Iván (Coordinador). (2011). MONITOREO SOCIOAMBIENTAL: UNA HERRAMIENTA DE CONTROL Y VIGILANCIA A LAS ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS. La Paz: CEJIS.

Choque, R. (2014). El indigenismo y los movimientos indígenas en Bolivia. La Paz, Convenio Andrés Bello, Universidad Siglo XX y el Instituto Internacional de Integración.

Chumacero R., J.P. (coordinador). (2010). Informe 2010 Territorios

Indígena Originario Campesinos en Bolivia Entre la Loma Santa y la

Pachamama. La Paz: Tierra.Cohen y Fung. 2004. “Radical Democracy.” Swiss Journal of Political Science

10: 23-34.Copa Pabón, M. V. (2017). Dispositivos de ocultamiento en tiempos de

pluralismo jurídico en Bolivia, tesis, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para obtener el título de Maestra en Derecho Humanos,

Corrigan, p. Y D. Sayer (1985). The Great Arch: English State Formation as

Cultural Revolution. Oxford. Basil Blackwell.Defensoría del Pueblo (2016). Sin los Pueblos Indígenas no hay Estado

Plurinacional. La Paz: Defensoría del Pueblo.de Sousa Santos, B. (2012). “Cuando los excluidos tienen Derecho: justicia

indígena, plurinacionalidad e interculturalidad”. En: Justicia indígena,

plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia. Boaventura de Sousa Santos y José Luis Exeni Rodriguez (editores), La Paz: Abya Yala y Fundación de Rosa Luxemburg, pp. 11-48.

Diego, Marin. (2015). El anarquismo en Bolivia, una conversación con Carlos Crespo. 24 d octubre 2018, de ARA INFO Sitio web: http://arainfo.org/el-anarquismo-en-bolivia-una-conversacion-con-carlos-crespo/

Engle, K. (2018). El desarrollo indígena, una promesa esquiva. Derechos, cultura, estrategia. Bogota: Universidad de los Andes.

Fraser, N. (1997). Justice Interruptus, Critical Reflections on the “Postsocialist”

Condition. London: Routledge.

111

Garcés, F. (2010). El Pacto de Unidad y el Proceso de Construcción de una

Propuesta de Constitución Política del Estado. La Paz: Programa NINA, Agua Sostenible, CEJIS y CENDA.

Goodman., A. (2007). “Bolivia: Evo Morales: ‘Los pueblos indígenas son la reserva moral de la humanidad’”. 17 de octubre 2018, de SERVINDI Sitio web: https://www.servindi.org/actualidad/2685.

Gotkowitz, L. (2012). La revolución antes de la Revolución. La Paz: Plural. Grisaffi, Thomas. (2013). “All of Us Are Presidents”: Radical Democracy

and Citizenship in the Chapare Province, Bolivia.” Critique of

Anthropology 33(1): 47-65.Hale, C.R. (2002). “Does multiculturalism menace? Governance, cultural

rights and the politics of identity in Guatemala.” Journal of Latin American Studies 34, 485–524.

Hale, C. R. (2004). “Rethinking Indigenous Politics in the Era of the ‘Indio Permitido.’” NACLA Report on the Americas 38(2): 16-21.

Hale. C.R. y R. Millaman (2006). ”Cultural agency and the poltical struggle in the Era of Indio Permitido,” En: Cultural Agency in the Andes, Doris Summer (editoria). Durham, NC: Duke University Press.

Kennemore, A. y IPDRS (2015). “De tribulaciones a tribunales: Reconstitución de la nación Qhara Qhara” Producción – Diálogos, IPDRS, disponible a: https://www.sudamericarural.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/158.

Larson, B. (2004). The Trials of Nation Making: Liberalism, Race and Ethnicity in the Andes, 1810 -1910. Cambridge: Cambridge University Press.

Lewis, N. (2009). “Progressive spaces of neoliberalism?” Asia Pacific Viewpoint 50, 113–119.

Li, T.M. (2007). The Will to Improve: Governmentality, Development, and the

Practice of Politics. Durham, NC: Duke University Press.Meliá, B. (1988). Los Guaraní -Chiriguano 1: Ñande-Reko nuestro modo de

ser. La Paz: CIPCAMeliá, B. (1994). “La Tierra Sin Mal de los Guaraní Economía y Profecía”. En:

Chiriguano, Pueblos Indígenas de Tierras Bajas. Editor, Jurgën Riester. La Paz- Bolivia.

112

Monasterio, F. (2018). “Defensa Territorial y Autonomía de los pueblos indígenas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) de Bosque de Chimanes”, CEJIS, disponible en línea: http://cejis.org/wp-content/uploads/2018/09/Defensa-Territorial-y-Autonom%C3%ADa-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-del-Territorio-Ind%C3%ADgena-Multiétnico-TIM-de-Bosque-de-Chimanes.pdf.

Ministerio de Justicia (1999). Los Guaraníes de Izozog en: Justicia

Comunitaria. La Paz Bolivia. Orellana Aillón, Lorgio (2006). El Gobierno del MAS no es nacionalista ni

revolucionario. Un análisis del Plan Nacional de Desarrollo. La Paz: CEDLA.

Paredes, J. and G. Canedo (2008). 10 Años de SAN-TCO: La Lucha por los

Derechos Territoriales Indígenas en Tierras Bajas de Bolivia. Santa Cruz

de la Sierra. Bolivia: La Rosa Editorial.Paye, L., W. Arteaga y E. Ormachea (2013). Compendio de espacios mapas

de TCO y TIOC en tierras altas. La Paz: CELDA.Platt, T. (2016) Estado Boliviano y Ayllu Andino, tierra y tributo en el Norte

Potosí. La Paz: Biblioteca Bicentenario de La Paz. Portal economía solidaria. (2010). "‘Vivir Bien’- propuesta de modelo

de gobierno en Bolivia.” 17 de octubre 2018, de Portal economía solidaria Sitio web: https://www.economiasolidaria.org/noticias/vivir-bien-propuesta-de-modelo-de-gobierno-en-bolivia

Portugal, P. (2017). “Suma Qamaña, Poppycock, and Wasted Time”. Special Issue: Concepts of Good Living in Bolivia and Ecuador: Critical Perspectives. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 12(2): 177-187.

Postero, N. (2009). Ahora somos ciudadanos. La Paz: Muela del Diablo.Postero, N. (2010). “Morales’s MAS government: Building indigenous

popular hegemony in Bolivia”. Latin American Perspectives, 37(3), 18–34

Prada, R. (2011). El vivir bien como alternativa civilizatoria: Modelo de Estado y modelo económico. En Más allá del desarrollo (227). La Paz: Abya Yala.

113

Regalsky, P. (s.f.). “Bolivia indígena y campesina. Una larga marcha para liberar sus territorios y un contexto para el gobierno de Evo Morales”. Herramienta: Revista de debate y critica marxista. Disponible en: https://www.herramienta.com. ar/articulo.php?id=343.

Revilla, C. (2018) "Educación popular y litigio estratégico: Una propuesta metodológica para democratizar las herramientas de exigibilidad de Derechos Humanos y promover la acción colectiva," 13 de septiembre de 2018, disponible en: https://redunitas.org/2018/09/13/educacion-popular-y-litigio-estrategico-una-propuesta-metodologica-para-democratizar-las-herramientas-de-exigibilidad-de-derechos-humanos-y-promover-la-accion-colectiva/.

Richards, P. (2016). Racismo: el modelo chileno y el multiculturalismo neoliberal bajo la Concertación 1990-2010. Santiago: Pehuén.

Ros I., Combés, Josey Isabelle. ChiakiKinjo T. Patricia Arias G. Mirta Soruto C. (2003). Los Indígenas Olvidados, los guaraní-chiriguanos urbanos y

peri-urbanos en Santa Cruz de la Sierra. PIEB. La Paz. Schavelzon, S. (2012). El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Etnografía de una Asamblea Constituyente. La Paz: CEJIS – Plural. Schavelzon, S. (2015). Plurinacionalidad y Vivir Bien/Buen Vivir Dos conceptos

leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes. Quito Ecuador: Abya Yala.

Simpson, A. (2014). Mohawk Interruptus: Political Life Across the Borders of

Settler States. Durham, NC: Duke University Press. TIERRA. (2015). Reflexión y Evaluación sobre Derechos y Territorios Indígenas en

Bolivia. La Paz: Tierra.Tockman, J. y N. Postero. (s.f.). “Self-governance in Bolivia’s First Indígenous

Autonomy: Charagua”. Latin American Research Review (en presna).Tsing, A. (2007). “Indígenous Voice”, En Indignous Experience Today, Marisol

de la Cadena y Orin Stadn (coords). London: Bloomsbury.UNITAS (2015). Llamando a la acción para incidir en la agenda de desarrollo

Post 2015. 3ra. Consulta Nacional de la Sociedad Civil. La Paz: UNITAS.

114

Untoja, F. (1992). Retorno al Ayllu, una mirada aymara a la Globalización,

crítica a la economía comunitaria. La Paz: Centro Andino de Desarrollo Agropecuario.

Untoja, F. (2018). Filosofar Aymara desde la rivalidad, AYRA. Valdivia, G. (2005). “On indigeneity, change, and representation in the

northeastern Ecuadorian Amazon”. Environment and Planning A 37, 285–303.

Van Cott, Donna Lee. (2006). “Radical Democracy in the Andes: Indigenous Parties and the Quality of Democracy in Latin America.” Working Paper #333, Kellogg Institute. https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/333_0.pdf.

Vargas, G. (2016). Territorio y Autogobierno. Las Autonomías Indígena Originario Campesinas en el Estado Plurinacional Boliviano. La Paz: Ministerio de Autonomías.

Villagoméz, F. (2018). Estado de situación de la implementación de las

autonomías indígenas en Bolivia. La paz: IPDRS. Yurién Portelles y Lourdes Pérez Navarro. (2012). “Sumaj Kawsay o

Buen Vivir, otra forma de asumir la existencia”. 17 de octubre de 2018, de BOLPRESS Sitio web: (https://www.bolpress.com/?Cod=2012111109).

Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas

Las oportunidades de las Naciones Indígenas Originarias y Campesinas (NIOC) para acceder a servicios y recursos en el camino de ejercer su autodeterminación y sus derechos, se enfrentan con grandes obstáculos tales como la orientación del modelo de desarrollo vigente en Bolivia. Este modelo, que se basa en la extracción de recursos naturales, la expansión de la frontera agrícola y la construcción de megaproyectos de energía, transporte y comunicaciones les afecta directamente y condiciona las acciones que -desde los poderes públicos- tiende a menoscabar la agencia social indígena, los ámbitos y modalidades de toma de decisiones y las formas propias de impartir justicia tanto así como su representatividad política y su capacidad de interlocución horizontal con el Estado. Para que los indígenas puedan ejercer derechos universales, además de sus derechos específicos, la participación indígena debe ser comprendida en relación a aspectos más vinculados “al ejercicio y la práctica” y menos al reconocimiento formal y los procedimientos. Es en el campo “del ejercicio” donde se sitúa el poder comunal articulado (entre sindicatos, Ayllus, naciones, pueblos y barrios), es allí donde se vive la realidad de la migración (rural – urbana; urbano -rural), donde se vive la condición colectiva, familiar e individual y sus cambios y desde donde se promueve toda acción colectiva que complejiza el análisis y el contenido de los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y el concepto de desarrollo sostenible.

DESAFÍOS Y POTENCIALIDADES DE LA AUTONOMÍA Y LA …

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