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Índice

Introducción………………………… 3

12 Propuestas para el cambio…… 4

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Introducción

El Sistema Público de Servicios Sociales se conceptualiza como el 4º pilar del Estado de Bienestar junto con el de Educación, Sanidad y Seguridad Social. Este Sistema de Protección Social es el más joven, el menos desarrollado y el más desconocido en su estructura y funcionalidad de todos los que componen lo que conocemos como Estado de Bienestar.

Los Servicios Sociales deben ser los instrumentos de los que se dota el Estado para materializar sus derechos sociales, estando destinados a contribuir al bienestar social mediante la prevención, eliminación o tratamiento de las causas que impidan o dificulten el pleno desarrollo de las personas o los grupos en los que cada individuo se integra.

Los citados pilares del Estado de Bienestar, están siendo desmantelados aprovechando la coyuntura de crisis económica en la que nos encontramos. Además el Sistema Público de Servicios Sociales se está poniendo en cuestión como Sistema. Tanto el Gobierno actual como el anterior han sido corresponsables del auge de las políticas neoliberales de austeridad, que han deteriorado e invisibilizado la labor que se realiza desde los Servicios Sociales, ensalzando y promoviendo activamente el papel de empresas y ONG, en muchos casos de carácter asistencialista y caritativo, que no pueden ser en ningún caso ni el paradigma ni las sustitutas de la respuesta del Estado a las necesidades sociales, lo que hace que estemos asistiendo a formas de atención basadas en la beneficencia, en lugar de en los derechos sociales.

Vivimos un momento dramático de emergencia social, por lo que desde Podemos Servicios Sociales reclamamos que los poderes públicos velen por el cumplimiento de la legislación, tanto estatal como la ratificada por el Estado a nivel internacional, en materia de Servicios Sociales, mediante el fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales, y la no mercantilización del sector, siendo la justicia social, la equidad y los derechos sociales los principios rectores de toda política social.

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12 Propuestas para

el cambio

1. Elaborar una Ley de Servicios Sociales a Nivel Estatal que es una de

las asignaturas pendientes que tenemos en este país. Esta ley ha de

incluir unos mínimos de rigurosos cumplimiento. Exigimos la

modificación de la Constitución para que el derecho a los servicios

sociales sea reconocido como derecho subjetivo (y por tanto justiciable) y

universal, del mismo modo que lo son el derecho a la salud y la atención

sanitaria o el derecho a la educación. Además, es preciso elaborar una

ley estatal de servicios sociales que evite las desigualdades y

diferenciaciones arbitrarias que actualmente existen, de cara a garantizar

un catálogo de prestaciones y servicios a todas las personas en razón de

ciudadanía.

Los Servicios Sociales han de satisfacer la necesidad universal de interacción social entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía personal y la integración relacional de todas las personas, sean cuales fueren sus circunstancias sociales, familiares o económicas. Exigimos el reconocimiento del derecho universal a los servicios sociales, actuando en el ámbito autonómico, pero sin renunciar a la necesaria revisión del marco legislativo estatal que requiere el logro de este objetivo estratégico para Podemos. Exigimos la modificación de la Constitución para que incluya el Derecho Fundamental de la ciudadanía a la protección y cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales (Marea Naranja).

2. Derogación de la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre (LRSAL), así como la (Ley1/2014), ambas leyes plantean cambios en las competencias de la administración local.

3. La estructura y los modos de gestión del sistema público de Servicios Sociales debe desarrollarse de la misma forma que el sistema sanitario tiene una red de atención primaria y especializada que garantiza la adecuada cobertura y asistencia a la población. Deben garantizar la adecuada red de servicios de atención primaria con cobertura real de todas las personas residentes en el territorio y la imprescindible proximidad y eficaz derivación técnica hacia servicios especializados o de atención secundaria. Reforzar, consolidar y garantizar el nivel de atención primaria en la intervención social, de proximidad y cercano a la ciudadanía, garantizando la cartera de servicios de atención primaria para todas las personas del territorio. Reconocimiento y consolidación de la red de intervención secundaria, mejorando la eficacia, eficiencia y evitando duplicidades, mediante una

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correcta coordinación y articulación con la red de atención primaria. Desarrollar formas de gestión administrativa que permitan una tramitación más ágil y rápida de las demandas y una mayor adecuación de los servicios prestados a las necesidades reales de las personas. Articular e impulsar la coordinación y cooperación interadministrativa, interdepartamental y multisistema, con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios sociales.

4. Revertir el proceso de privatización del Sistema Público de Servicios

Sociales para ello, es necesario garantizar un sistema de gestión publica. Revisar el papel de las empresas del tercer sector y fomentar las licitaciones mediante clausulas sociales para evitar el "clientelismo". Revertir todos los procesos de privatización de los centros y medidas de atención, tutela y protección que han de volver a ser públicos.

5. Garantizar equipos interprofesionales en todo el sistema, para asegurar el desarrollo de un enfoque comunitario, potenciando la atención centrada en la persona, de forma continuada e integral implementado para ello en todo el sistema la “gestión de caso”. Vincular el desarrollo de los servicios sociales a la creación de empleo digno, estable y de calidad, dado el enorme potencial de este sistema para generar empleo y su elevado nivel de retorno económico (40% sólo en el primer año de forma directa vía impuestos, por ejemplo).

6. Incrementar urgentemente la protección social ante las situaciones de desempleo, riesgo de pobreza, pobreza energética, exclusión social y situaciones de vulnerabilidad. Como medidas de emergencia y de rescate ciudadano, pudiendo corresponder al sistema de servicios sociales la tarea de coordinación de trabajo en red para la adecuada gestión de caso de forma integral y comunitaria, centrada en la persona. Un sistema social, donde todas las personas puedan disponer de los medios y recursos necesarios para vivir dignamente. Donde estén reconocidos los derechos sociales básicos como derechos subjetivos universales, exigibles legalmente por los ciudadanos y según la Declaración Universal de Derechos Humanos (Marea Naranja).

7. Impedir la segregación, institucionalización y el maltrato en instituciones residenciales de todo tipo. Obligando a las entidades que gestionan estos recursos a prestar una atención “centrada en la persona”, de manera que se garantice que la persona dependiente o con discapacidad elija libremente la opción residencial y en ella se respete su libertad y autonomía como persona en todo momento. Se vigilará y sancionará (pudiendo llegar al cierre) de todas aquellas residencias (sean públicas, privadas o concertadas) que vulneren efectivamente los derechos de los residentes.

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8. Apoyar la promoción de recursos comunitarios que favorezcan la permanencia de las personas en su entorno y su participación activa en la sociedad. Se potenciarán los apoyos profesionales en el entorno familiar, los centros de día y diversos dispositivos de proximidad (ayuda a domicilio, educación familiar, respiro familiar no residencial, tele asistencia, etc.).

9. Potenciar todos los programas preventivos (tanto si han sido recortados como eliminados). No sólo por el ahorro económico que supone en tratamientos y atenciones especializadas de mayor coste, sino porque constituyen el modo más efectivo de garantizar los derechos a la protección social de las personas. Desarrollo de programas preventivos frente a las adicciones, el maltrato, la exclusión, la pobreza, el desamparo, el envejecimiento, etc. de la infancia, la adolescencia, la juventud, las mujeres, las personas mayores, y todo tipo de colectivos que pueden ser susceptibles de sufrir alguna de las problemáticas que con programas preventivos se pueden evitar con menor coste.

10. Promover y fomentar la iniciativa social en el ámbito de los servicios sociales. Apoyando a las entidades voluntarias y de la comunidad, así como a las familias con el fin de reforzar los bienes comunales y los bienes relacionales que son tan importantes como los bienes públicos y privados en materia de protección social.

11. Diseño de la política de Servicios Sociales basado en el conocimiento. Evaluación sistemática de programas para la toma de decisiones y el desarrollo de la investigación I+D en servicios sociales. Introducir la evaluación de la política social y los servicios sociales como algo obligatorio, principalmente evaluar todas aquellas iniciativas y políticas que están funcionando (buenas prácticas) para certificar su eficacia y eficiencia y extrapolarlas a distintos contextos, adaptándolas a los mismos, basando su implantación en motivos sustentados. Promover la creación de observatorios coordinados (estatales, autonómicos y locales) de servicios sociales.

12. Promover la ley de dependencia como una ley orientada a dar Servicios, para evitar las situaciones injustas que produce en algunos casos limitar el sistema a una asignación económica. Reactivación y desarrollo integral de la “Ley de Dependencia”, potenciando la permanencia de las personas dependientes en su medio, y profesionalizando los servicios de apoyo técnico y personal. La atención a las personas en situación de dependencia (y a sus familias y comunidades) no puede articularse con eficacia y eficiencia solo desde los servicios sociales (como ocurre en la actualidad), pero tampoco es una atención sanitaria o medicalizable, como psicológica: es preciso diseñar desde el momento de la valoración (tribunales socio sanitarios), la prescripción (plan de intervención en el que debe ser tenido en cuenta el individuo y su familia, y no sólo el personal socio sanitario), y la atención (individual, familiar y comunitaria), procesos intersectoriales, con los adecuados vasos comunicantes entre dispositivos de uno y otro pilar de las políticas sociales, y con los mecanismos de coordinación política y técnica que ello requiere.