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CUADERNOS DEL INSTITUTO RAVIGNANI

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LA FORMACION DEL SISTEMA

POLITICO MODERNOL eg itim idad , O pinión P ública y D iscurso P arlamentario . A rgentina 1862 - 1868

Alberto Rodolfo Lettieri

Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DecanoDr. Luis A. Yanes

VicedecanoDr. José Emilio Burucúa

Secretario Académico Lie. Ricardo R Graziano

Secretario de Investigación y Posgrado Prof. Félix Schuster

Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil Prof. Gladys Palau

Secretario de Supervisión Administrativa Dr. Antonio Marcelo Scodellaro

INSTITUTO DE HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA "DR. EMILIO RAVIGNANI"

DirectorProf. José Carlos Chiaramonte

Prosecretaría de Publicaciones Prof. Gladys Palau

Coordinador Técnico de Publicaciones Lie. Mauro Dobruskin

Coordinadora Editorial de Publicaciones Lie. Sara I. Pérez

Consejo Editor Berta Braslavsky Francisco Bertelloni Susana Romanos de Tiratel Fernando Rodríguez Adrián Vila Susana Zanetti Carlos Herrán

Serie CUADERNOS DEL INSTITUTO RAVIGNANI

Consejo EditorialProf. José Carlos ChiaramonteDra. Noeml GoldmanProf. Oscar Terán

Producción Editorial Prof. Fernando J. Boro Juan José Santos

Número 8, Buenos Aires, 1995

© Facultad de Filosofía y Letras - UBA -1995 Puán 480, Buenos Aires, República Argentina

I.S.S.N. 0524-9767

CUADERNOS DEL INSTITUTO RAVIGNANI

En el primer número de esta serie de Cuadernos del Instituto Ravignani incluimos una Advertencia sobre sus objetivos, cuyo texto estimamos conveniente reproducir: "Se inicia una serie destinada a publicar distintos trabajos que contengan información útil para los investigadores y cuyo grado de elaboración, aunque no estuviese en estado final, permita darlos a conocer; como, por ejemplo, avances de investigación de los integrantes del Instituto y otros materiales de interés similar. Asimismo, serán incluidos en la serie otros trabajos, como algunas tesis de licenciatura de egresados de la Facultad, cuya circulación se considere también provechosa. La dirección de la serie estará a cargo de la Dirección del Instituto y su Consejo Asesor, quienes seleccionarán los trabajos a publicar en base a su calidad y al aporte que signifiquen para el conocimiento de la historia argentina y americana” .

En este Cuaderno se edita un trabajo del Profesor Alberto Rodolfo Lettieri, becario de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, resultado parcial de las investigaciones sobre discursividad política durante la Organización Nacional desarrolladas en el año 1992.

Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"

O n 4 m m s del Instituto Ravignani, núm. 8, 1995

Introducción

Desde los inicios de nuestra vida independiente, el problema de cómo gobernar a estas sociedades se presentó como un interrogante común y de difícil solución dentro de las reflexiones de pensadores y políticos a orillas del Plata. Según se ha demostrado ya de manera suficiente, la necesidad de construir una "legitimidad de reemplazo"1 para el principio monárquico caído con la Revolución de Mayo demandó un continuo ejerció de prueba y error que, partiendo de las tesis exclusivistas sostenidas por la primera generación de unitarios2 , fue incorporando paulatinamente la exigencia de consenso social para cualquier combinación que pretendiera contar con posibilidades efectivas de éxito.3

Sin embargo, de atenemos al juicio de los estudios históricos clásicos y la sociología electoral, deberíamos inferir que esa certeza compartida dentro del pensamiento de la época4 no encontró una adecuada traducción en la praxis política. En efecto, partiendo de supuestos y metodologías divergentes, tanto los análisis institucionales como la escuela germaniana arribaron a una conclusión similar: una extrema ilegitimidad habría signado al sistema político moderno argentino, al menos hasta la puesta en vigencia de la Ley Sáenz Peña. Los argumentos esgrimidos habitualmente para fundar esta interpretación han sido: la concentración de la capacidad de decisión política en un estrecho sector del tejido social, la generalización del escaso índice de

participación electoral —considerado como indicador del divorcio entre sociedad civil y poder político—, etcétera.5

Recién en los últimos años, los estudios históricos han comenzado a cuestionar exitosamente tales juicios, partiendo de la disección del proceso de formación del espacio público durante la Organización Nacional. En efecto, la recuperación de la dimensión informal de la dinámica política posibilitó comprobar la existencia de un fluido diálogo entre sociedad civil y poder político, cuyos mecanismos de intercambio más significativos estuvieron estrechamente ligados al desarrollo de la prensa escrita, la proliferación del asociacionismo civil y !a práctica sistemática de la movilización popular.6

Lejos de estar agotados, los aportes de esta corriente han servido como disparador para el desarrollo de nuevos enfoques y perspectivas analíticas. En nuestro caso, eso se traduce en el estudio de la construcción de esa nueva legitimidad postergada durante casi medio siglo, empresa que no parece resolverse únicamente a través de un acuerdo sobre los orígenes del poder político o el respeto de una normativa común, sino que habría incluido como condición excluyente la producción de un consenso en la expresión política de esa sociedad civil, la Opinión Pública, sobre el ejercicio del poder político.

En las páginas siguientes ofreceré algunos avances de mi investigación sobre la Opinión Pública durante los inicios del sistema político moderno — 1862-1868—, en la cual se adopta una perspectiva original, el estudio de la

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discursividad política, en este caso localizada en uno de los espacios deliberativos por excelencia dentro del sistema republicano: el Senado de la Nación.

A fin de facilitar la exposición, he dividido el trabajo en cuatro secciones. En la primera, a partir de un rastreo del plano semántico tomando diferentes diccionarios publicados a lo largo del siglo, se postulará la coexistencia de dos representaciones de la Opinión Pública en la Argentina de mediados del siglo XIX. Ambas visiones serán desarrolladas por separado en la segunda sección, destacando sus características y tratando de establecer su vinculación con las fuerzas * políticas nacionales. La tercera sección estará dedicada al análisis de la relación entre Opinión Pública y sistema político, a partir de tres cuestiones básicas dentro del debate político de la época: la representación política, la cuestión Capital, y el avance de la demagogia y el despotismo. La cuarta y última sección, finalmente, estará destinada a conclusiones.

Algunas definiciones iniciales

El proceso iniciado en 1862 incluye un conjunto de características particulares que realzan su significación dentro de la historia argentina: la construcción definitiva, luego de tantos intentos fallidos, de una unidad política, un Estado Nacional; las tentativas por construir un sistema político moderno, etcétera, definen algunos de sus rasgos más destacados. Sumado a esto, tampoco es posible obviar su pretensión fundacional, aluvial, la noción de un nuevo comienzo luego de décadas signadas por la discordia.

En estricta relación con esto, también es posible advertir desde sus inicios una iniciativa declarada por parte de los actores políticos, tendiente a crear un espacio de intercambio discursivo7 , fijando ciertas reglas de juego signadas por su "propensión forense":

"El foro ha sido por mucho tiempo el único terreno de la ciencia y de las letras entre nosotros, y de ahí nace esa propensión,

ese afán, esa preocupación de imitar las formas y los modos forenses."8 Aún cuando esta propensión resulte propia

del discurso parlamentario en general, la exigencia de establecimiento de cierto consenso mínimo al momento de utilizar determinados conceptos, puede ayudar a comprender mejor un horizonte de ideas característico de un momento determinado, una percepción de la propia realidad que influirá notablemente al momento de decidir diversas estrategias políticas.

En estricta relación con esto y adentrándonos ya en nuestro objeto de estudio, no es ocioso formular un interrogante inicial: ¿qué tipo de consenso se establece alrededor de la noción de Opinión Pública?, es decir: ¿de qué se está hablando cuando alguien se refiere a la Opinión Pública? En realidad, los caminos para intentar avanzar sobre alguna respuesta mínima son variados, y ninguno puede descalificarse de antemano

La lectura de algunos diccionarios de consulta habitual durante el período no resulta una introducción superflua, en la medida en que las definiciones y usos que registra un concepto determinado en una cronología específica pueden ayudar a comprender el fenómeno que se describe. A tal fin, hemos tomado las definiciones provista por el Diccionario de la Lengua Castellana, compuesto por la Real Academia Española y el Diccionnaire de la Langue Francaise de l'Academie Francaise, en sus ediciones de 1803 y 1875 en el primer caso, y de 1800 y 1877 en el segundo.

Sugestivamente, en el caso del Diccionario de la Lengua Castellana, el término Opinión Pública se encuentra ausente, registrándose sólo el de Opinión, el cual —significativamente— no variará a lo largo de los 72 años que median entre ambas ediciones. Sus acepciones fundamentales son: "a) "Dictámen, sentir ó juicio que se forma de alguna cosa, habiendo razón para lo c o n tra r io b ) "Hacer opinión: fr. Ser hombre cuyo dictamen se mira como autoridad en cualquiera materia."9

En el caso del Diccionario de la Academia

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Francesa, si bien en su edición de 1800 también el término Opinión Publique se encuentra ausente, presentándose una definición de Opinión similar a la anterior, en la de 1877 puede observarse un drástico cambio: "Opinión - (...) 3* L’opinion publique, ou, simple- ment, l’opinion, ce que pense le public. (...) L’empire fonde sur l’opinion et l’imagination regne quelque temps, et cet empire est doux et volontaire;(...) la forcé est la reine du monde, et non pas l’opinion; mais l’opinion est celle qui use de la forcé, Pase, pens, V,5. (...) I’opinion est comme la reine du monde, id. (...) L’opinion, j ’apelle ainsi l’accord des esprits sur toute chose qui interesse les hommes: une forcé apparentement, car le pense de tous peut devenir I’ action de tous, Dupont-White, La Liberte Politique, p. 189, 1832."10

A pesar de su falta de coincidencia e, incluso, aparente contradicción, deberá apuntarse inicialmente que, durante el período que nos ocupa, ambas definiciones del término Opinión se encuentran presentes dentro del discurso parlamentario, alentando la construcción de dos visiones sobre la Opinión Pública. La primera de ellas, que denominaremos progresiva, cercana a la acepción francesa, le adjudica un rol de desinataria y a la vez referente permanente del discurso político, percibiéndosele como protagonista—componente activo—: la Opinión Pública actúa sobre la realidad, impone criterios y juicios. La segunda visión, que denominaremos regresiva, ads- cripta a la definición castellana y la del antiguo francés, le otorga en cambio el rol de actor colectivo formado a partir de la acción que admite sobre sí, es decir, subordinado y modelado de acuerdo a paradigmas externos, generalmente elaborados en ámbitos sumamente restringidos que pretenden abrogarse el monopolio ó, cuanto menos, la mas alta concentración de luces.

La confirmación de la presencia de dos definiciones académicas opuestas y su posterior elaboración en dos visiones contradictorias de la Opinión Pública, permiten adelantar una primera certeza: nos encontramos con un objeto de naturaleza y características dudosas,

lo cual, si bien potencializa sin duda su riqueza, dificulta su análisis.

¿Cómo enfocar entonces su tratamiento? Un segundo interrogante puede permitimos avanzar en este camino: ¿Esta referencia a una Opinión Pública dotada de ambas características, progresiva y regresiva, resulta generalizada ó, por el contrarío, existe algún tipo de identificación discursiva entre actores y significados? Es decir, ¿pueden definirse diferentes estrategias discursivas que privilegien una ú otra concepción de la Opinión Pública de manera relativamente coherente y continua ó, en cambio, la conclusión a que puede arribarse es que se representa a la Opinión Pública como un destinatario abstracto, de perfiles indefinidos, del cual se rescatan características positivas o negativas de acuerdo a tácticas puntuales, en el marco del juego político?. Seguramente, una profundización sobre ambas visiones permitirá comenzar a desentrañar nuestros interrogantes.

Dos representaciones sobre la Opinión Pública

La representación progresiva de la Opinión Pública

Al dirigir su primer mensaje como Presidente electo de la Nación Argentina, en 1863, Bartolomé Mitre afirmará que:

"La situación se ha formalizado y el orden público se halla fundado sobre la base inconmovible de la opiniónpública y en las conveniencias de todos los ciudadanos."11 Esta Opinión Pública que ofrece su base al

orden público, parece reconocer ciertos ámbitos específicos de formación: "(...) los clubs, la prensa, en el seno de la Legislatura Provincial"12 , experimentando el poderío de una "potencia nueva"13, capaz de imponer su propia ley. Así, la afirmación de que "(...) en las democracias la opinión pública es la ley"14, la "ley soberana"15 , alcanzará cierta popularidad entre los actores políticos durante los primeros años del Gobierno de Mitre. Mas

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aún, no sólo es la ley, sino que se aceptará que "(...) nosotros (los senadores y políticos en general) debemos sujetarnos á ella."16

En el seno de la verdadera "cultura de la movilización" que se desarrolla en Buenos Aires entre la caída de Rosas y mediados de la decada de los ’6017, la noción de una Opinión Pública constituida en guía de los asuntos políticos encuentra aceptación dentro de cierto discurso político que la admite como referente privilegiado —tal el caso del mitrismo—, adoptando como máxima de gobierno que "(...) es preferible errar con los pueblos antes que violentar su voluntad."18

En un principio, de cualquier modo, el consenso a este respecto puede ampliarse al conjunto de las fuerzas políticas representadas en las Cámaras. El convencimiento de que proceder en contra de sus exigencias sería como "(...) edificar palacios en el aire (...)"19 llega a tales extremos que, por ejemplo, el propio Senado se despoja de su autorepresentación como poder moderador, admitiendo que

"(...) este cuerpo no hará más que interpretar la voluntad del pueblo argentino."20De cualquier forma, este pueblo a que se

hace referencia no está constituido por el conjunto, sino por una porción limitada que constituye la Opinión Pública, en la medida en que, según se coincide, en la Argentina hay "(...) cuatro quintas partes de habitantes (que) no toman parte de la cosa pública".21

Resquebrajando este acuerdo inicial, paulatinamente dos estrategias comenzarán a delinearse con respecto a la Opinión Pública. Por el lado del mitrismo y sus aliados del interior, la tendencia a justificar sus actos como respuesta a las "(...) exijencias de la opinión (,..)"22 se irá profundizando, revelándose particularmente apta para favorecer el desarrollo de una política de centralización y fortalecimiento del Ejecutivo, limitando la participación de las Cámaras. Así, las declaraciones en sentido de que"(. . .) un Gobierno de instituciones, tiene que respetar la opinión pública (,..)"23 , puesto que obrar en sentido contrario "(...) habría sido mas que un hecho

desacertado, un verdadero crimen"24 , se suceden como contestación invariable a los reclamos y críticas de la oposición.

Esta oposición, en tales circunstancias, ensaya un camino diferente. Si bien en un principio, resonando aun los ecos de Pavón, Valentín Alsina admitirá que: "La opinión pública, que es la ley soberana, habrá de aprobar esta marcha del Senado"25, la respuesta ante la ofensiva discursiva del mitrismo incluirá la búsqueda de un recorte en sus atribuciones informales, no sólo intentando subordinarla a la acción institucional, sino —como ya veremos— resaltando el rol de Cámara Madura que corresponde al Senado En esta iniciativa, V. Alsina se encontrará acompañado del conjunto de senadores opositores que, una vez garantizada cierta estabilidad política, buscarán establecer también ciertos límites a la acción del Poder Ejecutivo en el Interior.

La Opinión Pública como tribunal civil

Este juicio temprano de Valentín Alsina permite introducirnos dentro de una nueva dimensión que presenta la Opinión Pública: la de t r ibuna l laico ó con tra - t r ibuna l26 , ampliamente difundida en la modernidad occidental. En efecto, si bien la Opinión Pública obra al margen de la justicia institucional, su propia catadura moral y la ausencia de pautas inamovibles que dificulten su accionar le permiten llegar allí donde las leyes encuentran trabas para pronunciar sentencias unánimemente admitidas.

"Si no hay ley, si no hay tribunal que castigue el agravio inferido á uno de los altos poderes públicos, la opinión pública se encargara de aplicar el castigo, que es al fin el mas fuerte de todos ",27 Este "severo y soberano Tribunal"28 ,

capacitado para aplicar las mas terribles condenas29 , no encontrará mayores límites a su acción dentro de esta visión progresiva. El propio Mitre, en 1867, no dudará en someter su acción al "(...) triple fallo de la ley, de la

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Cuadernos del Instituto Ravignani, núm. g, 1995

opinión y de la posteridad ’.30 Resulta significativo también observar su reconocimiento como instancia prestigiada, cuya sentencia resulta en ocasiones prioritaria incluso con respecto a la de la propia justicia. Así, por ejemplo, resulta habitual la preocupación de los legisladores

"(...) respecto á la moralidad del Congreso á cuyo respecto jamás convendría que la opinión pública decayese en manera alguna."31

La prensa en la noción progresiva de la Opinión Pública

Como es sabido, la prensa escrita adquiere gran importancia en Buenos Aires a partir de Caseros, lo cual se confirma en el cuidado y la marcada defección dedicados habitualmente por los actores de la época. No solo la prensa otorga publicidad a los hechos que denuncia32 , sino que cuenta con un público que las transforma en exigencias públicas que los funcionarios deberán satisfacer ante el riesgo de un juicio adverso33, llegando a obtener respuestas allí donde los legisladores fracasan:

"¿Será que en boca de los periodistas, sea verdad, lo que en boca de algunos Senadores es una torpe calumnia?"34, —se pregunta indignado Nicasio Oroño.Pero la prensa no solo es denuncia. Tam

bién es un medio reconocido por el cual los hombres ilustrados difunden la educación al pueblo.35 Si bien, en ocasiones, se hacen oir algunos reclamos sobre ciertos excesos en el uso de la libertad de prensa, a menudo los propios agraviados salen en su defensa:

"Si los que abusan, ó se presumen de abusar de la libertad de pensar, la más santa y más grande de todas las libertades, han de ser llevados ante un consejo de guerra, ya sean militares, mas valiera despojarles de una vez los derechos de ciudadanos, y cerrar desde luego las imprentas."36 "La palabra escrita no es lo mismo que la palabra hablada."37Del mismo modo en que la prensa

contribuye a la ilustración del público, desde la visión progresiva se la observa como un canal por medio del cual la opinión pública puede expresarse. Esta consideración no es nueva, en la medida en que, si bien se trata de una prensa facciosa, esos partidos nabrían surgido a partir de una "(...) emanación genuina de la opinión"36, según afirma taxativamente el presidente Mitre. El caso de la prensa resulta particular; en ocasiones, incluso, la misma oposición más dura con respecto a la opinión, es decir, la proveniente del Interior, la que más dificultades encuentra para controlarla y modelarla, buscará cortejar a este medio como un ansiado auxiliar que le permita denunciar "(...) el ejercicio de funciones que no se ajustan á la constitución"39 por parte del ejecutivo.

"Ahí esta la prensa para denunciar sus abusos; están los Gobernadores y Lejis- laturas provinciales, está el comercio y el interés particular, que vigila siempre con más eficacia que todos los poderes juntos, la situación de aquellos en quienes deposita su capital."40

Opinión Pública bonaerense y Opinión Pública nacional

La Opinión Pública se presenta, dentro de esta visión progresiva, como referente y a la vez destinataria privilegiada del discurso político, especialmente en el caso del mitrismo, donde se la representa gozando de una permanente vigencia: exigiendorespuestas que exceden incluso las mismas funciones oficiales; esgrimiendo latente el terrible recurso de su capacidad de emitir sentencias, etcétera.41

Por otra parte, se nos informa que se ha formado a partir de la ilustración y la experiencia de un pueblo, que se ubica territorialmente en un espacio que no excede la ciudad de Buenos Aires, y que se expresa a través de los clubs, la prensa, y la Legislatura Provincial.42 De hecho, y a no ser por la verificación de una naciente Opinión Pública hacia fines del período en la mercantil ciudad de Rosario

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—lo cual confirma su estrecha relación con el incipiente mundo en tránsito hacia la modernidad— Opinión Pública y Opinión Pública bonaerense parecen ser, dentro del discurso político, una sola y única cosa: una isla de progreso en medio de la barbarie, donde se comprueba un interesante desarrollo de las libertades civiles.

"Pero no sucede lo mismo, respecto de las demás provincias, y de ahí la necesidad de hacer cuanto fuere posible para llevar al régimen interior de cada una de ellas el tono que han alcanzado aquí (en Buenos Aires) las instituciones, el espíritu público, la dignidad del hombre."43El intento por inducir a la conformación de

una Opinión Pública verdaderamente nacional, formada a partir de sus diversas expresiones provinciales, no recibirá demasiado empeño y afrontando serias resistencias en todo el interior: el intento por controlar las respectivas provincias, convertidas en bastiones cada vez mas inaccesibles al acercarse la reelección presidencial de 1868, en poco permitirá considerar la posibilidad de un ejercicio mayor de las libertades civiles.

De cualquier modo, aún cuando el optimismo discursivo aparente decaer ante la negligencia de ciertos caudillos locales que desconocen las reglas de juego del sistema republicano, lo cual lleva al Ministro del Interior a afirmar que

"No hay virtud en las almas de aquellos que se consideran perseguidos para ejercer su acción ante el Congreso, ante la opinión del pueblo1,44;

incluso la oposición más radicalizada, finalmente, buscará seducir a la Opinión Pública ante el riesgo del desmembramiento intemo:

"(...) no se salvan las instituciones sino con el apoyo de la opinión (...) Las armas no son nada sin el apoyo de la opinión ”45 ,

afirmará desesperado en 1868 Nicasio Oroño, uno de sus principales objetores.

El cierre del período, pues, encontrará a los actores mas opuestos compartiendo una certeza esencial, mas allá de sus estrategias previas: la Opinión Pública implicaba nueva

mente en este momento, como seis años atrás, la única base que permite garantizar el orden público, evitando la resurrección de la anarquía y el desmembramiento intemo.

La representación regresiva de la Opinión Pública

A pesar del notable desarrollo que adquirió la visión progresiva de la Opinión Pública, correlativamente se irá desarrollando otra, regresiva, que alcanzará marcada adhesión durante el período.

En esta segunda visión puede advertirse una percepción crítica de sus características, que empalma con la prescripción de la necesidad de actuar sobre ella a fin de generar determinadas pautas y juicios críticos dentro de la sociedad que garanticen la estabilidad del sistema político De este modo, si bien en ningún momento se intenta cuestionar su rol como tribunal laico, esta visión privilegiará la necesidad de "(...) ganar el dominio sobre la opinión"46, como antídoto para contrarrestar la temida amenaza de la anarquía 47

La noción regresiva de la Opinión Pública en los '60 se irá difundiendo con una leve posterioridad con respecto a la progresiva, al calor de la diferenciaciones y reacomodamientos políticos en el marco de la disputa facciosa. Así, ante la definición inicial del mitrismo ampliamente positiva, la oposición bonaerense de la mano de Valentín Alsina, ya en 1862, comenzará a caratular sus exigencias como"(...) no suficientemente reflexivas por lo común"48 , a lo que Félix Frías agregará un año más tarde la necesidad, en ocasiones, de combatir las

"(...) preocupaciones populares (...) cuandosus opiniones no estén de acuerdo con larazón y la justicia."49Esta noción que surge desde la oposición,

que reconoce en la capacidad de error de la Opinión Pública su naturaleza, deberá distinguirse de la posición que adopta el mitrismo al respecto. En este caso, si bien debe aceptarse cierta posibilidad de equívoco en

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sus expresiones, como debe conceder el Ministro de RR. EE. ante el clamor popular motivado por un supuesto desmembramiento del ejército en 1863:

"(...) las nueve décimas partes de lo quecree la opinión pública, es incierto... Losmales provienen de otras causas..."50 ,

no se lo advierte como un defecto congénito. Sus fallas sólo subsistirán "(...) mientras la prensa continúe propagando esas doctrinas subversivas...".51

La nueva percepción impulsada desde la oposición habrá de exigir una revisión de su relación con los actores políticos que ocupan bancas en el Senado Argentino. La Opinión -se sugiere en principio- resulta un arma de importancia para prevenir ia anarquía pero, para ello, deberá convertirse en una fuerza "compacta".52 El medio mas adecuado para lograrlo -continuando el razonamiento- es, sin duda, acentuar el protagonismo de las Cámaras: conseguir que la Opinión Pública sea"(...) formada fuera y dentro de este recinto ',53 ha de ser el objetivo a alcanzar.

El intento por compartir la formación de esta Opinión Pública desde el Congreso alcanzará su argumentación más completa en el ardor de las estridencias políticas, siendo su causa invariable la capacidad de los Gobiernos para modelarla a voluntad: no solo las iniciativas políticas se encaran habitualmente a partir de un impulso oficial54, ignorándose las exigencias públicas, sino que estos gobiernos, que "violentan a los pueblos"55, la han convertido en una "(...) víctima que marcha uncida á las aspiraciones de los que mandan (...)m56 , advirtiéndose esto particularmente en el caso de las intervenciones provinciales, a causa del "(...) rigor con que se ha castigado el desahogo de la opinión en las Provincias oprimidas" 57

En este contexto, cuando ya los partidos no resultan una "emanación genuina de la opinión"58 , sino que sus miembros perduran "sirviendo opiniones diversas"59 , haciendo oídos sordos a los reclamos públicos, la Opinión Pública comienza a manifestarse como una fuerza gelatinosa,

dispuesta a recibir sobre sí la acción y fijación de criterios por parte de los hombres públicos y las fuerzas políticas.

Lejos de contribuir a la "(...) formación de ciudadanos virtuosos y capaces"60, según pretende la retónca oficial —se argumenta—, la Opinión Pública parece destacarse por su inestabilidad y constante variación. Dentro de este cuadro de situación, la oposición, en un trayecto constante hacia un enfrentamiento radical con el oficialismo, encontrará en el Senado su reducto más preciado, a partir del cual intentará impulsar un accionar consecuente con el fin de adquirir un decidido predominio en el control de la Opinión Pública. No resulta extraño, entonces, que la búsqueda de una legitimación de su discurso se convierta en uno de sus objetivos más preciados durante el periodo.

La disputa en tomo a la enunciación resultará, pues, de extrema relevancia, y sobre ella convergirán los adversarios en una lucha que no admite descuidos ni pausas. Ante la auto- denominación de "Gobierno Ilustrado" que se asigna el mitrismo, el Senado reclamará para sí —y, en extensión, para todo el Congreso— la de ámbito donde"(...) existe la mayor suma de luces"61 de la República. Sumado a esto, su capacidad de acceso al ejercicio del discurso se sustenta en una transformación esencial: frente a su antigua autoproclamación de intérprete de la Opinión Pública, este Senado comenzará a definirse como "poder moderador"62 , compuesto por verdaderos "(...) embajadores de las Provincias, (...) (mas que por) representantes del pueblo"63, cuerpo conservador suficientemente capacitado para derramar su inmensa sabiduría y equilibrio sobre el pueblo, y sobradamente apto para emitir iniciativas ”(...) con el objeto de que la opinión pública madurase (...)"64 criterios y pensamientos. Según señala el Sr. Villafañe:

"Estamos al principio de nuestra vida constitucional y tenemos que formar háb:tos, fijar principios y opiniones..."65;

para ello, una prerrogativa fundamental que intentará abrogarse el Senado será, pues, la

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Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani”

de "(...) ¡lustrar la opinión, para hacerle ver todas las ventajas."66

Esta concepción de la Opinión en el sentido de "hacer la opinión", que no resulta sino un calco de la vieja definición del francés y la aún vigente en el diccionario español, parece significar una rémora de "(...) la colonia (que) vive todavía en nosotros, en las ideas y en las prácticas, como vive en los hijos el aire, las maneras, y a veces hasta las costumbres de los padres, (a causa del) (...) tutelaje que ejercen en el presente, las habitudes y los recuerdos del pasado".67 La conclusión es sencilla: los "(...) hombres competentes que haya en las provincias"68 deberán ser los referentes de la "opinión general"69, en la medida en que no serán sino ellos los formadores de una opinión que signará el criterio público.

Esta noción regresiva de la Opinión Pública sanciona prerrogativas informales extremas en beneficio de los actores públicos, dotándolos, por ejemplo, de la capacidad de "(...) crear una opinión artificial para levantar al país (...)"7° , cuando resulte conveniente; reconoce la existencia de una elite con capacidad de acceder a información privilegiada con respecto al conjunto de la sociedad71 e, incluso, llega a reinstalar en ocasiones el secreto de gobierno, considerando la publicidad de los actos del Poder Ejecutivo como un acto volitivo72 , sujeto a su propia evaluación de aquello que constituye el interés general.

La difusión del discurso en la Opinión Pública

Un nuevo aspecto de esta disputa por la legitimación de la enunciación política se habrá de desarrollar a partir de la necesidad de establecer canales que faciliten una difusión generalizada en el seno de la Opinión Pública de criterios y pautas que constituyen cada discurso, por una parte, y de la producción del Senado en su conjunto, por otra. Dos serán las estrategias básicas que comprenda tal intento: una, restrictiva, que privilegiando la fidelidad y perfección de las publicaciones

promueve tomar a su cargo de manera autónoma la impresión y difusión de sesiones y legislación; y otra, mucho mas inclusiva, sostenida en un contadictorio interés por utilizar la prensa facciosa como medio, con la cual habrá de establecerse una relación de complementaríedad conflictiva.

Una estrategia restrictiva

Tradicionalmente, la publicidad de los debates en ej Senado se había encarado por medio de la publicación del Diario de Sesiones, el cual no resultaba un canal apropiado para garantizar una difusión generalizada, ya que tampoco había constituido ese su objetivo. Ediciones en numero estrechamente limitado, con considerable retraso en su publicación con respecto a la actualidad de los debates, reflejaban el mínimo interés existente en que los asuntos tratados alcanzaran estado público. Una prueba terminante al respecto nos es ofrecida durante las sesiones del año 1863, cuando, ante una consulta de V. Alsina con respecto a la distribución en las provincias del Diario de Sesiones del año anterior, el presidente del Senado debe reconocer su ignorancia al respecto, convocando entonces al secretario. Su respuesta es elocuente:

"Sr. Secretario: El número de ejemplares contratado es de cuatrocientos. Se ha repartido á todos los señores Senadores, á los miembros de la Cámara de Diputados, á los del Poder Ejecutivo y á otros empleados; á los jefes de oficina principalmente. A las provincias no se ha repartido."73 La conformación de un sistema político a

nivel nacional en el cual las provincias ignoraran debates y legislación sancionada en el Congreso Nacional marcaba la significación que se les acordaba, impidiendo a la Cámara madura la posibilidad de aspirar a un protagonismo mayor dentro del juego político. Así parece entenderlo el propio V. Alsina, quien afirma que:

"Es preciso que se sepa en la República que es lo que se dice aquí. Las provincias

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no tienen mas que las noticias vagas que por los diarios puedan obtener, y que siempre se dan incompletas, ni contienen los discursos íntegros; y es preciso no solo que la República, sino que los hombres se vayan instruyendo."74A pesar de la promesa del Presidente de la

Cámara de ocuparse personalmente del asunto y la votación de mayores fondos para imprimir 1.000 ejemplares al año siguiente, la convicción de que

"Actualmente hay un diario de sesiones que sólo sirve para monumento de los archivos ó para consultarlo los que van a lejislar para conocer la opinión de los lejisladores..."75,

que por sus características resulta inapropiado para cumplir con "(...) la necesidad que ahora se desea llenar "76 , se mantiene durante todo el período.

Esta necesidad, que bajo el velo de una mayor difusión encubre la pretensión de un mayor protagonismo de la Cámara de Senadores dentro del juego político nacional77, al tiempo que un marcado interés por diferenciarse y, a menudo, objetar la política del gobierno nacional, buscará salvarse a través de diversas estrategias, como ser, la impresión de "(...) una hoja ó periódico especial que no tenga mas misión que publicar las sesiones"78; ó bien la redacción en términos sencillos y posterior publicación y distribución en el conjunto de las provincias de aquellas leyes que se sancionen referidas a "(...) ciertos deberes y derechos que la Constitución consagra, y que no obstante, permanecen en la sombra".79 Sin embargo, ambas iniciativas se revelan inmediatamente como escasamente aptas, sobre todo al tenerse en cuenta el vuelo alcanzado por la prensa periódica en aquellos días.

El Senado y la prensa periódica

La relación que se establece entre el Senado y la prensa periódica, como adelantáramos, adquiere las características de una complementariedad conflictiva. La prensa, "(...) in

dustria bulliciosa (que) tiene cien lenguas para hablar"80 , constituye históricamente un medio formador de la Opinión Pública.81 Cuando desde el Senado se intenta aprovechar este canal, no se ignora que a la vez se inaugura una dura lucha por la legitimidad de la enunciación política. De este modo, no se perderá la oportunidad de descalificar el discurso del otro-

"(...) las imprentas son un elemento político... A los empresarios de la imprenta, poco les importa la educación pública... No, señor, es negocio y nada más ,,e2 ,

subrayando sus características negativas, a fin de proceder posteriormente a la búsqueda de una legitimación del discurso propio.

A pesar de que el intento por participar activamente a través de la prensa resulta reciente, la publicación de extractos de sesiones en diarios y periódicos no implicaba precisamente una novedad. La diferencia que se observa en este momento es el cambio de actitud del Senado con respecto de la prensa periódica, exigiendo una supervisión de su propio discurso. Esto es particularmente importante, se aduce, puesto que "Todos saben que en las publicaciones de la prensa entra en mucha parte el espíritu de partido"83, lo cual da lugar a que se cometan "{...) muchos errores y omisiones .

La importancia de un canal del cual resulta imposible prescindir, impondrá rápidamente un tono conciliador a la agresividad inicial de la Cámara.85 La moderación ha de privar, evitando los extremos, favoreciendo un elemental consenso que se verá a menudo jaqueado por la característica irritabilidad de cada bando

"(La) (...) imprenta —se aceptará ahora— es como la fuerza vegetativa de la tierra, que produce toda clase de frutos, produce lo bueno, produce lo malo".86 También habrá consenso en admitir ciertas

reglas de juego, sancionadas por la Opinión Pública: "La palabra escrita no es igual á la palabra hablada ”87 . "(...) no todo lo que se le dice á un hombre público por la prensa, es cierto1,88 , etcétera.

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La prensa escrita, pues, ofrece un caudal enorme de lectores que componen un botín del cual nadie desea quedar excluido. Esa numerosa porción de publico, a menudo despreciada por su escasa ilustración, prueba de lo cual la mayoría de los Senadores pretende encontrar en su "(...) decidida afición a la lectura de romances, novelas, etc."89 que se incluyen habitualmente en los periódicos, destinados a los sectores menos favorecidos de la sociedad —las cuales son motejadas como "promiscuas"—, significa un atractivo caldo de cultivo de solidaridades y adhesiones para la mayoría de los actores políticos.90

Así como la prensa otorga un canal de difusión y un público numeroso, el intercambio exige su contraparte: la difusión de las sesiones parece haber "(...) refluido en beneficio del diario cuya publicación le ha dado mayor crédito."91 De este modo, la espinosa relación entre prensa y Senado exigirá, finalmente, una condición que implique, al menos desde lo formal, una base sin fisuras: la garantía de una libertad de imprenta que constituya la continuidad lógica de la libertad de pensamiento.92

De cualquier forma, las relaciones entre Senado y prensa nunca se destacan por su cordialidad. Así, por ejemplo, al debatirse en 1864 la revisión de la ley sancionada el año anterior fijando un impuesto a la importación de papel, la iniciativa no prosperará, aduciéndose que su aplicación no había implicado un aumento en el precio de los diarios, los cuales habían conseguido financiarlo por otras vías.

También, en ocasiones, el problema de la libertad de imprenta parece llegar a límites sumamente conflictivos. Un caso típico es el ocurrido en 1864, cuando el oficial Calvete amenaza al senador Piñero con la "(...) adquisición de algunos latigazos administrados por algunos que se ha permitido ofender (...)"93 , a través de una carta publicada por El Pueblo. El interrogante básico que se plantea en ese momento es:

"Cuando la prensa, que es arma de civilización, se convierte en una arma de barbarie, ¿se ha cometido o no delito?"94

Los debates al respecto ocupan seis sesiones prácticamente íntegras en una jugosa discusión, en la cual las posiciones varían permanentemente. Frente al ofrecimiento del Poder Ejecutivo de intervenir, sancionando al militar por tal condición, y las propuestas de utilizar un correctivo que no supere la política facciosa:

"Si el Diputado ó Senador atacado cree que necesita hablar, que lo haga (...) en manos de esos miembros esta la misma arma con que se les ha ofendido. Que ese Diputado ó Senador, acuda entonces á empuñarla; que haga lo que se ha visto muchas veces en Buenos Aires; que la prensa ó sus amigos, ó los periódicos que participen de sus ideas, emprendan su defensa; y con eso consigue escudar al mismo tiempo á la Cámara á la que pertenezca."95"Si es injuriado un miembro del Congreso, este mal queda neutralizado, porque el que es injuriado, ó insultado, es, a la vez, ó defendido por sí mismo, ó bien defendido por los hombres que son de su amistad y de su opinión. De esta manera, todo queda compensado"96,

la solución es muy otra: el procesamiento judicial del agresor anticipará una franco retroceso de la libertad de expresión, profundizada con la sanción del Estado de Sitio que, al año siguiente, acompañará el ingreso dei Estado Argentino en la Triple Alianza. Asi, por ejemplo, podemos recordar las expresiones del ministro de RR.EE. con respecto a las críticas de El Nacional7 , ó bien la ofuscación del Dr. Ugarte —también ejerciendo el Ministerio de RR.EE.— ante una crítica de La Nación Argentina que alega desconocer:

"Tengo en mi mano la Constitución Nacional y no encuentro escrito en ella entre los deberes oficiales de un Ministro de Estado, la obligación de leer los diarios que se ocupan en difamar al Gobierno."98 La complementariedad conflictiva entre la

Cámara de Senadores y la prensa encontró su base en la integración entre el principio de libertad de expresión y la política facciosa. Este cóctel provocó una inestabilidad constante

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y permanentes contratiempos a medida que las distancias entre los diversos círculos y partidos provinciales se ensanchaban, con motivo de la inminente renovación presidencial.

La ofensiva sobre la Opinión Pública

Aún cuando el fin confesado de la actividad política durante todo el período haya sido la búsqueda del consenso, según se extrae de analizar la discursividad política, la inminencia de la confrontación electoral comenzó a hacer rápida mella sobre la representación de la Opinión Pública como un todo unificado. Si bien desde un principio el Senado se había constituido en ámbito de conciliación de opiniones diversas" , el fortalecimiento de los intentos individuales por legitimar las posiciones propias a costa de las del extraño, particularmente en el caso de los representantes opositores del interior, implicó un ataque frontal a la existencia de una Opinión Pública uniforme en la Argentina.

Si tomamos en cuenta ambas nociones de la Opinión Pública, tal como hemos visto hasta ahora, se había dado una suerte de identificación entre la Opinión Pública bonaerense y la Opinión Pública argentina. En este momento, en cambio, los intereses de la hora favorecerán un cuestionamiento de la homogeneidad de la Opinión Pública en la Argentina. Este argumento, impulsado por un conjunto de senadores nucleados alrededor de la figura del representande por Santa Fe, Nicasio Oroño, postula tanto un fortalecimiento de la Opinión Pública en diversos puntos del país, implicando una multiplicación de tribunales informales:

"ella (la Opinión Pública) —se afirma— se encuentra tan dividida como se encuentra dividida la República."100 "Si el Senador por Córdoba se sentase en las bancas del Congreso reunido en otro punto que no fuese Buenos Aires, conocería la opinión del pueblo arjentino. No es aquí donde debemos estudiar la opinión del pueblo arjentino, sino la opinión de una provincia "101

afirma N. Oroño en sucesivas intervenciones. Rápidamente, este cuestionamiento gana actualidad:

"(...) y les diré también, como decía el señor Senador por Santa Fé, que se e- quivocan grandemente los que pretenden consultar la opinión del país oyendo la barra del Congreso en Buenos Aires."102 En este clima enrarecido, el declarado

intento de dotar de una racionalidad mayor a la Opinión Pública a partir de la difusión de la ilustración residente en ese gran centro de las luces argentinas, el Senado Nacional, va dejando paso progresivamente a una argumentación cada vez mas agresiva y directa El ataque sobre la Opinión Pública, impulsado por los senadores del Interior, recibe inmediata respuesta por parte del autonomismo porteño, el cual construirá una herramienta clave intentando desbaratar el asedio discursivo: el temor. Privilegiando una perspectiva cuyos ejes son las hipótesis de conflicto y anarquía, el autonomismo emprende la defensa recurriendo al fantasma de

"(...) el más triste mal que tengamos que deplorar: resucitar las divisiones que nos han dividido en otro tiempo. Puede renovarse en estas circunstancias..."103,

construyendo un discurso mas apto para ser destinado a una "(...) mayoría dotada con la libertad de ser ignorante y miserable"104 —según advierte Sarmiento—, que a una Opinión Pública que hasta no hacía mucho se aspiraba a esclarecer, sobreexitando particularmente los espíritus en una coyuntura crítica.105

La extrema tirantez de la situación alcanza su correlato en las redefiniciones de la Opinión Pública que se arriesgan hacia el fin del período, a partir de los senadores más reacios del Interior. El intento por presentarla como una fuerza mucho mas constreñida y conservadora, legitimándose únicamente en el caso de ser emitida desde ciertos ámbitos drásticamente limitados identificados con las instituciones políticas que habían aspirado a subordinarla, refleja las características del conflicto que se adivina: ante la inmediatez de un

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proceso electoral que promete una inminente cris is po lítica , la búsqueda de una concentración de poder en un número reducido de actores, evitando las influencias informales, resulta apropiada para aquellos con menor capacidad de influir sobre esta Opinión Pública:

"Eso mismo viene a robustecer nuestra opinión. Si el señor Senador por Córdoba lanzo ese proyecto, según dice, para ver como se recibía en la opinión pública; habiendo rechazado el Congreso ese proyecto, quiere decir que la opinión pública lo rechazó."106 "Ha dicho también el señor Ministro, que busquemos la opinión legítima del pueblo, que no resolvamos esta cuestión de la manera como se esta resolviendo. Yo le pregunto al señor Ministro, ¿cual es la opinión lejítima? ¿No es la de los representantes, la del Poder Ejecutivo y la de la Corte Suprema?"107

Algunas consideraciones sobre las visiones expuestas de la Opinión Pública

Habiendo expuesto ya algunas de las características primordiales que adquiere cada una de las visiones de la Opinión Pública, resulta conveniente adelantar algunas reflexiones sobre nuestro interrogante inicial: ¿pueden definirse diferentes estrategias discursivas que privilegien una ú otra concepción de la Opinión Pública de manera relativamente coherente y continua, ó bien se observa a la Opinión Pública como un destinatario abstracto, del cual se rescatan sus componentes positivos y negativos de acuerdo a tácticas puntuales dentro del juego político?

En primer lugar, debe afirmarse que es posible detectar ciertos puntos de contacto entre oficialismo y oposición en lo referido a su caracterización de la Opinión Pública. Como se ha podido apreciar, salvo en limitadas situaciones puntuales, tanto su rol de "contra-tribunal" como su participación dentro de la vida política nacional como un actor colectivo informal son reconocidas universal

mente: el único momento en el cual existe cierto cuestionamiento a una extensión de la Opinión Pública mas allá del ámbito de las instituciones se registra en 1868 cuando, ante la proximidad de un proceso electoral, la oposición mas extrema del interior, formada a partir de ios restos del viejo partido federal, intenta restar legitimidad a la influencia de sectores mas amplios de la sociedad bonaerense, fundamentalmente a causa de su escasa capacidad de acción sobre esa Opinión Pública. Las imperfecciones de! sistema representativo, que facilitan la negociación política entre círculos estrechos desestimando una participación mas amplia de la ciudadanía, estimulan sin duda una táctica que pretende excluir del juego político a un componente fundamental en la transición hacia una modernidad mas completa, como es el caso de la Opinión Pública.108 Sin embargo, incluso esta iniciativa por mantener porciones de poder significativas dentro de ámbitos extremadamente reducidos ni siquiera es absoluta: al tiempo que se la impugna, estrechando su dominio, la perspectiva de una crisis electora! o bien un probable enfrentamiento armado que implique un retomo a las viejas fórmulas de anarquía intestina exige que estos mismos actores revean su postura, resaltando la necesidad de que la fuerza se subordine a la opinión como correctivo necesario para garantizar un devenir pacífico 109

Ahora bien, si admitimos estas similitudes en cuanto al rol adjudicado a la Opinión Pública dentro del juego político: ¿es posible encontrar asimismo elementos de juicio que nos permitan diferenciar ambas visiones sobre la Opinión Pública? Para intentar responder este segundo interrogante, debereremos recordar una afirmación inicial: la propensión forense admitida por los actores exigía establecer cierto consenso mínimo que favoreciera el intercambio discursivo, lo cual se comprueba en el caso de la Opinión Pública, esta "nueva potencia", "contra-tribunal", etcétera.

Esta comprobación permite descubrir, también, la existencia de un horizonte de ideas común, el cual admite al menos dos

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perspectivas que derivarán en otras tantas estrategias con relación a la Opinión Pública: una visión progresiva y otra regresiva, como hemos visto.

En el caso del mitrismo en auge, se advierte una tendencia marcada a privilegiar ia visión progresiva de la Opinión Pública, es decir, aquella en la cual potencializa su componente activo, actúa sobre la realidad, imponiendo reclamos, juzgando, aprobando la acción institucional, conformándose a partir de ámbitos preponderantemente privados. El discurso político mitrista admite una subordinación a las imposiciones de la Opinión Pública, impulsando mínimos cuestionamientos en situaciones puntuales. El primero de ellos es un caso de fuerza mayor, en 1865, cuando el inicio de la Guerra del Paraguay lo impulsa a admitir la posibilidad de actuar sobre la Opinión Pública, a fin de mantenerla compacta en una coyuntura crítica. Esta alternativa, sin embargo, es incluso desechada ante la respuesta que la Opinión Pública elabora frente al conflicto. El segundo, en cambio, en 1863, como hemos visto, se relaciona con su capacidad de emitir juicios equivocados: en el ardor de una diferenciación facciosa, sostiene que la prensa opositora contribuye a la conformación de juicios erróneos en la Opinión Pública, pretendiendo desprestigiar la acción del gobierno.

En el caso de la Oposición, salvo en la oportunidad señalada correspondiente al ano 1868, la perspectiva del autonomismo y las fuerzas del interior resulta, en general, compartida. A partir de un inicio en el año 1862, donde se privilegia la noción progresiva, al calor del repudio obtenido por el proyecto oficial sobre ia cuestión Capital, el ardor de la disputa facciosa motivará un vuelco hacia la visión regresiva, que tenderá a representar a esta Opinión Pública como susceptible de ser formada a partir de la fijación de criterios elaborados desde las instituciones legislativas —provinciales y nacionales—, lo cualdevendrá en una ardua lucha con los ámbitos privados formadores de la Opinión Pública. Si bien habitualmente no se cuestiona el rol de

contra-tribunal adjudicado a la Opinión Pública, se intenta influir de manera determinante en una etapa previa: la de elaborar tales juicios. Se privilegia, pues, su componente pasivo, aun cuando en ocasiones, una vez conseguida la instalación de determinados criterios en su seno, se registren tácticas puntuales que la acercan a la visión progresiva.

De acuerdo a lo expuesto, puede apreciarse un proceso de diferenciación discursiva que atraviesa el período, donde la Opinión Pública no parece componer un referente abstracto sino que, por el contrario, la búsqueda de sus adhesión demuestra la preponderancia que adquiere en la sociedad de la época. En relación con esto, pues, la disputa por la legitimación de denunciación políticaadquiereuna importancia esencial, demandando la atención excluyente de los actores políticos durante el período.

Opinión Pública y sistema político

Según puede apreciarse, las dos primeras secciones de nuestro trabajo han tenido un perfil fundamentalmente descriptivo, es decir, hemos intentado básicamente recuperar el significado de! concepto Opinión Pública dentro de una realidad determinada, lo cual nos permitió comenzar a penetrar dentro del horizonte de ideas vigente.

Sin embargo, nuestro análisis quedaría incompleto si no prestásemos atención a ciertos aspectos esenciales referidos a la relación tramada entre Opinión Pública y sistema político, en el marco del discurso político de la época.

Como ya subrayáramos en un comienzo, el proceso iniciado en 1862 se destaca por su pretensión fundacional dentro de la historia argentina. La construcción de un sistema político, pues, exigirá la elaboración de un consenso que establezca determinadas pautas mínimas que posibiliten su estabilidad y reproducción.

La experiencia de la anarquía, ios combates fratricidas, el caudillaje, etcétera, exigi-

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rán elaborar un crudo diagnóstico de la situación, el cual permite comprobar que la mera sanción de una ley fundamental no resulta suficiente para garantizar el fortalecimiento de vínculos indisolubles y de un sistema político nacional sino que, por el contrario, es necesa- "c adosarte algún tpc de sustento e" 'a realidad práctica que impida ó, cuanto menos, dificulte una resurrección de la discordia.

"...Ella (la Constitución) es buena; pero de puro buena, es mala.(...) tiene defectos que la hacen ilusoria."110La transición entre la elaboración teórica

del texto constitucional y la aplicación práctica de un conjunto de estrategias que facilitaron la centralización del poder político, el monopolio de la violencia por parte del Estado central, la construcción de la nacionalidad, etcétera, nos resulta relativamente familiar a partir de un conjunto de importantes trabajos al respecto.111 No sucede lo mismo, en cambio, en lo referido a los intentos de construcción de un sistema político previo a 1880 ni, mucho menos, a la participación de la Opinión Pública en su elaboración.

Un primer interrogante a plantear sería, entonces, el siguiente: ¿cúal ha sido la participación la Opinión Pública en la conformación del sistema político moderno?

Un camino incial, en este caso, podría intentarse a partir del rastreo de la relación entre Opinión Pública y sistema político, teniendo en cuenta aquellos asuntos en que esta Opinión Pública aparece con mayor recurrencia dentro del discurso parlamentario.

Según hemos podido comprobar a través de nuestra investigación, estos temas son tres: la cuestión Capital, los defectos del sistema de representación política, y los riesgos de un avance del despotismo y la demagogia.

Si tenemos en cuenta que estos tres problemas son, seguramente, los mas relevantes dentro del proceso de construcción del sistema político moderno argentino, la referencia constante a la Opinión Pública en los debates a su respecto nos permite establecer una relación inicial. Sin embargo, aún no sabemos cómo participa ni cuál es la función que se le

asigna dentro del discurso político en cada uno de estos temas, lo cual nos exige analizarlos en particular.

La Opinión Pública y la cuestión Capital

Como es sabido, el problema de la designación de un espacio territorial que sirviera como residencia permanente de las autoridades nacionales bajo su propia jurisdicción, es decir, su federalización, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Nacional, constituyó un punto de disputa permanente durante el periodo 1862-1880, lo cual resulta fácilmente perceptible en el discurso parlamentario.

Dentro de este plano, inicialmente, dos serán las cuestiones básicas a resolver, íntimamente relacionadas: la primera, referida a la oportunidad de la designación; la segunda, a la reacción de la Opinión Pública.

"Esta cuestión (Capital), como he dicho antes, es de oportunidad (,..)"112 "Cualesquiera otro temperamento que se adopte, no ha de satisfacer las exigencias políticas del país, ni la opinión pública tampoco..."113"...la opinión pública, (...) es la que nos debe guiar en estos asuntos."11'1 Sin embargo, elaborar una solución que con

temple ambos aspectos no resulta sencillo. Si bien existen ciertos puntos consensuados, como ser, que "(...) la primera necesidad del país es mantenerse unido(...)"115, ó bien que

"(...) no es una ley la que hoy tratamos de hacer, es mas bien un contrato, un compromiso en que encontramos derechos existentes, opiniones formadas de antemano, precupaciones arraigadas en los pueblos, preocupaciones de que no es posible prescindir; es verdaderamente un contrato en que tenemos que consultar los intereses de todos (,..)"116 ,

la sensación de que "(...) es una temeridad promover una cuestión cuya discusión puede ajitar y dividir los espíritus (...)"117 priva generalmente en última instancia.

La cuestión Capital recibe un tratamiento

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permamente durante e! período, y en ningún caso se encuentra ausente la Opinión Pública. Frente a la propuesta inicial de federalización de Buenos Aires lanzada por el mitrismo, oficialismo y oposición resultan acordes en escuchar sus dictados:

"Oigamos á la opinión pública en los clubs, en la prensa, en el seno de la Legislatura Provincial; voces que se han de levantar para formar un foco de luz, para designar con certeza el punto más conveniente para la Capital permanente de la República."118 —propone el catamarquenoNavarro, aliado con el mitrismo."No contrariemos, señor, y menos condenemos tales sentimientos en los pueblos; al contrario, fortifiquémoslos, porque llegados ciertos casos, una hábil política sabe siempre ponerlo á provecho. Los pueblos se apegan fuertemente á sus hábitos y su pasado como se apegan al color simbólico de sus banderas, á la fama de sus hombres eminentes, y á todas esas entidades inmateriales é impalpables, que circulan en el alto mundo de las ideas, porque forman su capital simbólico y moral. (...) Pero no serían solamente sus intereses políticos y morales, los que serían sacrificados por la capitalización de todo su territorio. En cierto modo, sufrirían también grandemente sus intereses materiales "119 —responde V. Alsina, líder en la oposición a la federalización, ante el signo favorable a su postura por parte de la Opinión Pública.La federalización de Buenos Aires es

seguramente el tema donde la Opinión Pública ejerce mas plenamente su rol de contra-tribunal, sin que existan mayores cuestionamientos al respecto. En verdad, como hemos visto, tanto oficialismo como oposición la consideran como referente prioritario para sus argumentaciones, habitualmente enfrentadas. Así, por ejemplo, el futuro ministro Elizalde, luego de proponer sin mayor éxito tanto la ley de federalización como la de "(...) delegación de la soberanía provincial (...)"12° en el P.E., inicia una nueva ofensiva al respecto. En su opinión, es preferible dictar

una ley maia a no hacerlo puesto que, mientras en el segundo caso los espíritus quedarán latentes, en el primero

"(...) la prensa, la opinión pública, nosotros en el Congreso, todos los órganos posibles, empezarán á hacemos comprender la necesidad en que estamos de hacer que ese hecho cese lo mas pronto posible.(a- gregando que) (...) los pueblos tienen derecho hasta de levantarse con las armas en la mano para echar abajo esas leyes, porque los poderes públicos no tienen derecho de hacer leyes semejantes."121 La exposición de Elizalde resulta brillante,

y nos permite advertir hasta qué punto la Opinión Pública constituye un referente privilegiado. Al proponer una ley que sabe no gozará de consenso en la Opinión Pública, no duda en reconocerle de antemano sus derechos, intentando apaciguar una reacción crítica sobre la cual no le caben mayores dudas. Sin embargo, no tiene otro remedio que exigir su sanción, en la medida en que constituye un punto medular del proyecto político del mitrismo.122

La postergación de una solución definitiva mediante la Ley de Residencia, en poco consigue calmar los espíritus En tanto mitrismo y alsinismo se trenzan en un debate a fondo sobre la cuestión Capital con Buenos Aires como sede123, la Oposición de! Interior inicia una ofensiva intensa proponiendo a la ciudad de Rosario. Este será, seguramente, el momento de mayor interés que presenta el conflicto —desde la perspectiva de la Opinión Pública—, pues permitirá adjudicarle un rol central en la estabilidad y continuidad de un sistema político nacional, alejando los riesgos de una nueva anarquía.

El diseño de este rol de garante de la integridad nacional tiene una recorrido difuso, que arranca en 1862, al señalar V. Alsina:

"(...) admitid en seguida, por un instante, la hipótesis sombría, pero nada imposible por cierto, que hoy ó mañana la silla del poder supremo llegara á ser empañada por el hábito ponsoñozo de la ambición, productora siempre de miras torcidas ó siniestras

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(...); decidme, si estáis seguros de evitar el peligro; decidme si en ese caso podréis garantirme desde ahora el sostén y salvación de las libertades argentinas."124 El argumento fundamental para impulsar la

candidatura de Rosario como Capital había sido, precisamente, el peso de"(...) las exijencias de la opinión (...) sobre las autoridades nacionales"125, al residir estas en la ciudad de Buenos Aires, el cual no oponía mayores resistencias a las objeciones corrientes, que giraban básicamente en tomo a la tesis inicial expuesta por Alsina:

"(...) ¿cuáles son las opiniones políticas del partido dominante en et Rosario? —se pregunta el senador por Córdoba Piñero— (...) son los antiguos federales que gobiernan (...) (y este no es un) partido capaz de gobernar con la ley en la mano."126

Por otra parte,"Si el Rosario es el mas grande centro de población mercantil que tiene la República, claro es que las autoridades nacionales van a encontrarse en idénticas condiciones á las que se encuentran hoy en Buenos Aires: los intereses de localidad, las exijencias de la opinión, van a hacerse sentir sobre la acción de las autoridades nacionales.”127 Sin embargo, la candidatura de Rosario se

mantiene latente, ganando cada vez mas fuerza en la oposición del interior. Estos argumentos cambiarán, de manera decisiva, al acercarse la elección presidencial. Dos serán las tesis opuestas en este caso.

"Buenos Aires no puede ser la Capital de la República, porque les intereses de las Provincias reclaman que sea Capital de Provincia, para que así sirva para defender los derechos de los pueblos, de la arbitrariedad de sus mandatarios, del absolutismo y de la absorción de facultades que es la enfermedad epidémica de nuestros gobiernos, que por respeto á la opinión exigente de este gran pueblo, se han de contener muchas veces en la pendiente resbaladiza de sus errores."128Esta primera tesis, expuesta por el Sr.

Granel, propone la candidatura de Rosario

adjudicándole a la Opinión Pública el rol de correctivo de las debilidades de una comunidad política incapaz de impedir la llegada de un déspota a la primera magistratura. Curiosamente, la tesis opuesta —que propone a Buenos Aires— le adjudica una función similar:

"Aún no sabemos si será un hombre de bien ó un caudillo el que subirá á ocupar el primer puesto de la República Argentina. Yo sostengo que en presencia de todos esos peligros, es bueno que las autoridades nacionales permanezcan aquí; yo pienso que si el hombre que se elija para Presidente de la República es un hombre de escasas aptitudes, como lo temen muchos, yo quiero verlo mas bien en Buenos Aires que en el Rosario. Aquí hallaría estímulos para sus buenas acciones y encontraría también un freno para sus malas pasiones, si pretendiera hacer el mal."129 Ante la debilidad del sistema político en for

mación, el discurso político considerará a la Opinión Pública contra el despotismo en la Argentina. Este consenso resulta compartido por todos los sectores, mas allá de la vigencia de las disputas sobre la localización definitiva de la Capital. A tal punto esta "nueva potencia" hace sentir su influencia sobre el discurso político, que ¡as últimas fundamentaciones proponiendo a la ciudad de Rosario se basan, justamente, en la falta de interés de la Opinión Pública bonaerense por convertir a su ciudad en Capital:

"Sr. Oroño: (...) yo le pregunto cuál es la opinión del pueblo de Buenos Aires, manifestada por sus órganos lejítimos. La opinión del pueblo de Buenos Aires, señor, es que no quiere la capital en Buenos Ai- res.(...) Si el pueblo de Buenos Aires no quiere la capital en esta ciudad, y el resto de la República quiere, por otra parte, que la capital salga de Buenos Aires, resulta que tanto los que hacen oposición como los que sostenemos este proyecto, estamos completamente de acuerdo La razón, fundada en los temores ó en los inconvenientes enumerados por el señor Senador por Córdoba, desaparecen

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completamente en vista de la opinión de los pueblos."130El argumento de Nicasio Oroño recibirá la

aprobación de las Cámaras sobre la Capitalización de Rosario, la cual resultará estéril, sin duda, ya que le será aplicado el veto presidencial. En su exposición, el senador por Santa Fe había ignorado un detalle esencial: si bien la Opinión Pública bonaerense no deseaba la capitalización de su ciudad, se oponía terminantemente a su radicación en una provincia extraña. Aquí, finalmente, Opinión Pública y ocasión confluyen, según lo anticipado por el Ministro del Interior:

"¿(...) es ahora el momento oportuno para zanjar esta gran cuestión? Yo creo que no lo es... Dentro de dos meses vamos á descender á la vida privada. Quién sabe si el voto de nuestros conciudadanos nos llamara otra vez á ocupar un puesto público... ¿Qué inconveniente hay en esperar dos ó tres meses más, ó hasta el principio de las sesiones del año próximo? Entonces se sabría si había una fuerza de opinión compacta que apoyara la decisión del Congreso cualquiera que ella fuese."131

La Opinión Pública y el problema de la representación política

El problema de la representación política en el marco de la política facciosa ha ocupado habitualmente la atención de los investigadores desde fecha temprana, los cuales han aportado importantes elementos de análisis para conocer con cierta profundidad algunas de sus características mas salientes, tales como el avance permanente de las autoridades —provinciales y nacionales— y facciones sobre los derechos civiles de la población, la amplia difusión de un fraude que se convierte en estructural dentro del sistema, o bien la escasa participación de la población y la recurrencia permanente a la violencia en los actos comiciales, entre sus rasgos mas destacados. Sin embargo, tampoco en este caso se ha analizado con mayor detalle la relación

entre Opinión Pública y representación política, en el plano del discurso parlamentario.

Evidentemente, teniendo en cuenta los trabajos previos, la esperanza de Mitre en 1864 en sentido de que el sistema político: "(...) sea lo que debe ser: el vasto campo de grandes partidos consagrados al amor de una idea"132 presenta, cuanto menos, un sesgo excesivamente voluntarista, un divorcio total con las prácticas políticas de la realidad que le circunda. En ella difícilmente podría considerarse como "(...) buenos ciudadanos (a todos aquellos que hacen uso) del ejercicio del sufragio en las elecciones populares (.,.)"133 , puesto que los riesgos a correr seguramente los eximían de una participación efectiva.134 Sin embargo, si el sufragio "(...) constituye el único acto medio del cual el pueblo ejerce una influencia directa sobre el Estado."135 y, por otra parte, las autoridades no pueden "(...) garantir el derecho de sufragio, (...) única base de la soberanía de los pueblos"136, parece comprobarse en principio una legitimidad dudosa, ya que en tales condiciones la ciudadanía difícilmente podría participar en la elección de sus representantes, a la vez que una especie de divorcio entre Estado y sociedad civil. Ahora bien, ¿resulta esta una interpretación apropiada del problema?

Según analizaran en profundidad H. Sabato y E. Palti137, la discusión sobre la cuestión ciudadanía deberá aguardar hasta fines de siglo. En el período que nos ocupa, por el contrario, el concepto ciudadanía no constituye una entidad uniforme, puesto que

"(...) en la República existe una ley de ciudadanía que se dictó en el Paraná en virtud de lo que mandaba la Constitución de 1852; pero viniendo á quedar reformada en su esencia por las reformas que aceptó la Convención Nacional (...): una ley rige en Buenos Aires y otra en la República."138 De este modo, un ciudadano no sería lo

mismo en Santa Fe que en Buenos Aires, y aún cuando sea posible encontrar algunas iniciativas iniciales de Rufino de Elizalde señalando la necesidad de "(...) traer todo á un

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sistema"139, ia comunidad política se muestra mucho más interesada en asegurar sus conexiones hacia adentro de las instituciones y los ámbitos de decisión, que en garantizar las condiciones y mecanismos para una participación electoral amplia.

Varios son los inconvenientes que podrían señalarse como trabas a una definición positiva en tal sentido: la concentración del poder en pocas manos a lo largo de todo el interior que no permite garantir efectivamente los derechos civiles; la voluntad de los actores políticos por retener sus posiciones de privilegio; etcétera. Sin embargo, la explicación mas sencilla puede encontrarse con sólo echar una mirada sobre la política occidental: la imple- mentación de una representación política amplia se encontraba todavía en gérmen en todo Occidente140, y ese sistema que las viejas naciones aún no estaban preparadas para resistir difícilmente pudiera viabilizarse en una formación política embrionaria como la Argentina, donde el próximo traspaso del poder por vía electoral causaba de antemano serias convulsiones en el organismo político.

El repaso de estos problemas no nos ha permitido avanzar demasiado con respecto a los rasgos ya conocidos del problema de la representación política. Sin embargo, constituye la introducción imprescindible para plantear un problema central: ¿cúal es el papel que la Opinión Pública juega dentro del sistema representativo? Para intentar una respuesta, deberemos exponer previamente algunos elementos.

En una interesante intervención del año 1862, V. Alsina defiende la independencia juicio de los representantes con relación a quienes los han elegido, al no tratarse d e "(...) una representación cuyos miembros vienen á ocupar sus asientos con instrucciones previas de sus comitentes”.135 Por el contrario, en su opinión, su deber consiste en

"(...) manifestar lo que cada uno piensa que es la opinión pública, según su propio juicio. (...) de aqui á tres años, representará la opinián que de aquí á tres años haya. (...) Si las ideas son entonces las mismas

de ahora, las seguirán representando; si fuesen otras, se impregnarán de ellas, las adoptarán, y siempre serán representantes de la opinión del pueblo."136 La argumentación de V. Alsina, ampliamen

te consensuada, apunta a resolver una aparente contradicción del sistema representativo, y que no constituye sino una de las principales garantías de respeto a los derechos de las minorías137 , consistente en que más allá de las imperfecciones del sistema electoral, ¡os representantes no deben mayores explicaciones a sus electores, es decir, a aquellos que les han delegado su función, sino que su tarea consiste en interpretar a la Opinión Pública, prestando atención a sus variaciones y señales.

A diferencia de la noción de ciudadanía, que permite legitimar la representación previa y posteriormente a su ejercicio, la de Opinión Pública permite hacerlo en la acción, mediante su rol de contra-tribunal. De aquí proviene su protagonismo dentro del universo de ideas de la época, ya que al cuestionarse las características de ejercicio de las instancias de legitimación constitucional —el sufragio—, la Opinión Pública instituye en correctivo para la dudosa legititimidad de la representación política, consintiendo a nombre del conjunto de la ciudadanía, del interés común, el manejo de la cosa pública. En el caso de las provincias del Interior sucederá algo similar, aún cuando en la mayoría de los casos se trate de una Opinión —según la concepción regresiva desarrollada oportunamente— formada por vecinos, quienes tanto "hacían la política"138 como, a la vez, "hacían la opinión"139

La aceptación de la capacidad de legitimación política de la Opinión Pública —y de la Opinión en las realidades provinciales— demuestra su vigencia dentro del juego político, complementando un defectuoso ejercicio del sufragio. De este modo, a diferencia de lo postulado por Mitre, en sentido de que:

"La elección no sólo es el medio de establecer la rotación de los empleos; es una manifestación del criterio popular aplicado á los Gobiernos y á la Legislación"140,

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ese criterio deberá recurrir a otras instancias para expresarse, como la prensa, las asociaciones ó la movilización pública. Ello, sin embargo, no es óbice para su efectiva influencia sobre el curso político adoptado. Más aún, desde el punto de vista de la Opinión Pública, la instancia electoral implica sobre todo unaacción preventiva contra el entronizamiento de un despota ó bien la continuidad ininterrumpida de los actores, porque —enfatiza V. Alsina—:

"(...) los puestos deben alternarse en su ejercicio, no puede hacerse un monopolio de ellos (...) (sin embargo) (...) el principio universal, indestructible, es éste: un Representante del pueblo, representa las ideas del pueblo en aquel momento en que ejerce sus funciones como tal Representante... En fin: lo que contesto al señor Ministro es que los Representantes, de aquí á tres años, serán representantes de la opinión."141

La Opinión Pública entre el despotismo y la demagogia

Esta última cuestión, referida a la rotación y el monopolio de cargos nos permite adentramos inicialmente en el punto final de nuestro trabajo, referido al tratamientode una cuestión que adquiere consideración central dentro del discurso de los actores políticos de la época: la siniestra relación que se dibuja entre despotismo y demagogia, y la función de correctivo que corresponde asumir la Opinión Pública, a fin de controlar sus avances.

Como hemos visto, la construcción de un sistema político republicano no resulta una tarea sencilla; por el contrario, la vigencia del despotismo todavía se percibe como una amenaza permanente que no solo"(...) inocula principios de descomposición y de muerte al cuerpo político"142 —según diagnostica el presidente Mitre—, sino que facilita un avance voraz del "(...) abuso, que puede erigirse en sistema de gobernar".143

Rémora de aquel pasado que se refleja en su protagonismo actual, las diversas realidades provinciales son denunciadas como

subordinadas a "(...) la opresión de un bando político (.,.)"144 , ó bien bajo el riesgo de un constante avance de la "(...) centralización administrativa, (...) incompatible con nuestro modo de ser legal y que tan mal se aviene con nuestras aspiraciones republicanas".145 Estas lecturas, teñidas con el mismo sesgo toc- qevilleano que distinguirá su tratamiento del problema del avance del Estado sobre la sociedad, alertarán permanentemente sobre los riesgos del avance del gobierno centra! sobre las realidades locales a través de múltiples estrategias, en particular la de la intervención.

"(...) las intervenciones, son la escalera con la que los que mandan, levantan a sus fieles, para asegurar su predominio ó para favorecer las aspiraciones de sus adeptos, haciendo una desconsoladora farsa de las instituciones republicanas".146 Esta "farsa", sin embargo, no sólo se

comprueba en el caso de las intervenciones, sino en la influencia que el Poder Ejecutivo, en su rol de "colegislador"147 , impone sobre "(...) aquellos ánimos menos fuertes”148, según llega a reconocer incluso el propio Ministro del Interior, ya que en la práctica el Ejecutivo no sólo eleva proyectos, sino que

"(...) aún viene todavía á la Cámara el Ministerio á abogar por su proyecto (...) viene á defenderlo con sus puntos y comas, y con el calor necesario para conseguir el triunfo: y ¡qué pobre sería el Gobierno que no tuviera una tercera parte de votos para hacer pasar su proyecto! He ahí el mal. Yo sostengo que este camino nos lleva á la conmoción funesta, ó á una dictadura, y todo ello vendría de que se vicia en la práctica la índole de nuestras instituciones. El Congreso es legislador; debe iniciar las leyes; el Poder Ejecutivo es colegislador; puede ayudar con sus informes, con la experiencia que tiene de la administración, pero está en segundo término en cuanto á la acción legislativa."149Sin embargo, este avance del Ejecutivo

sobre las Cámaras y algunas realidades provinciales por medio de las intervenciones, sumado a la opresión ejercida por las fac-

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dones y autoridades locales, no resulta el único problema funesto que se despliega sobre la sociedad argentina. Este mismo asunto puede colocarse bajo "(...) otro punto de vista: los peligros á que están expuestas las libertades bajo la acción ó influencia de la demagogia".150 Entre ambos se tejen "(...) afinidades ó relaciones tan íntimas que á mi juicio, no puede tratarse de la una, sin que se sienta inmediatamente la necesidad de traer á discusión la otra".151

De este modo, la "(...) demagogia, que pasea en todas partes su tea incendiaría (..,)"152 y el despotismo constituyen una dupla siniestra que no escapa a la percepción de los actores que, sin embargo, deben reconocer a desgano en ellas las condiciones de su propia continuidad en el ejercicio de la cosa pública, al facilitar un monopolio de los cargos, De este modo, por ejemplo, cuando el senador Piñero eleva una denuncia por absorción de funciones públicas en manos de una familia tucumana, subrayando que:

"(...) la Legislatura de Tucumán ha elegido Senador al hermano del Gobernador, que el gobernador ha hecho retener el empleo en manos de su hermano, y que lo ha hecho renunciar para venir en seguida á ocupar el puesto de Senador."153 ,

la respuesta ensayada por el senador Félix Frías destruye posibles argumentos para seguir avanzando al respecto:

"Todos los S.S. que están sentados en esta Cámara han venido por la influencia de sus respectivos amigos de las Provincias (,..)"154 ,

influencia de la cual nadie puede prescindir en este ámbito y que se emparenta directamente con la concentración del poder político en sectores estrechos de la sociedad.

Paradójicamente, la necesidad de transgredir la moral para conservar porciones de poder no se acompaña de ceguera ante sus consecuencias mediatas, según resulta habitual en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Una vez más, la inspiración toc- quevilleana retoma la escena al exponerse las consecuencias de este estado de cosas, que

no puede favorecer sino un desarrollo mas pleno del despotismo. Así, pues, los riesgos que afronta una pervivencia del sistema republicano son enormes, puesto que "(...) el espíritu publico se entibiaría considerablemente (.,.)"155 en vistas de "(...) la indiferencia de los hombres, la indiferencia del pueblo (...) (causada por) la profunda inmoralidad á que ha venido a parar el sistema electoral entre nosotros por el abuso, por el fraude no castigado hasta ahora (,..)"156 , la pérdida del "(...) amor á la cosa pública"157 , etcétera, lo cual potencializa el peligro de "(...) romper un sistema de política que hasta aquí ha producido los peores resultados imaginables".158

Cuadro repetido en la Argentina decimonónica, donde

"Nuestra historia revela que tenemos masalta conciencia del bien que paciencia ycapacidad para realizarlo"159 ,

los temores de una nueva disgregación retornan a escena: "(...) mal puede hacerse una confederación entre provincias, cuyos gobiernos internos sean heterogéneos"160 —advierte preocupado el senador. Zavalía, ante las amenazas de crisis electoral en el 68; es fácilmente comprobable la pérdida de "(...) la confianza en un orden de cosas que no puede tener equilibrio estable."161 , advierte un año antes el presidente Mitre, en medio de una andanada de premoniciones.

En una coyuntura tan crítica, ¿es aun posible encontrar alguna llama de esperanza dentro de nuestros oscuros horizontes? Dos respuestas, fundamentalmente, se ensayan en este caso. La primera, puramente administrativa, propone establecer trabas a la acción del Ejecutivo en las provincias, reglamentando e l"(...) principio constitucional de intervención".162 Sin embargo, al tratarse de una iniciativa que no excede el ámbito institucional, aún cuando pudiera fijar tales límites en nada posibilitaría recortar los excesos de las autoridades provinciales. Por otra parte, se subraya, sabido es "(...) la facilidad que hay en nuestro país para abusar de la intelijencia que puede darse á las leyes, para abrogarse facultades que no

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tienen los poderes públicos"163 , lo cual pondría en duda su misma operatividad.

El correctivo, pues, no deberá buscarse en la letra, sino a partir de la participación de una Opinión Pública que actúe como freno para los avances del poder público. En lo que hace a las críticas a los abusos del poder central, el propio Senado impulsa el ejemplo, al proponerse un voto de censura a la acción del Ejecutivo, en atención a la "(...) explícita condenación que la opinión hace de sus actos"164 :

"El objeto, pues, del voto de censura será puramente moral y va dirigido únicamente al gobernante en el interés de contenerlo ó de indicarle el buen camino si es que quiere, en el ejercicio de sus facultades, merecer el apoyo de la opinión (...) (motivado en la) (...) explícita condenación que la opinión hace de sus actos."165 Sin embargo, aún cuando se afirme que,

como "(...) dijo Tocqueville, (...) en las democracias el pueblo es un señor á quien es preciso complacer hasta en los últimos límites de lo posible"166, a menudo la mediación del Senado se encuentra viciada por intereses facciosos que concluyen, como habitualmente sucede, en el aplazamiento de la medida. Por el contrario, esta sanción moral que el Senado posterga, sí la hará efectiva la Opinión Pública en su rol permanente de contra-tribunal, llegando allí donde las instituciones no alcanzan y desparramando, de este modo, sus "saludables influencias" sobre todo el cuerpo político y social.

Una vez más, pues, al hacer efectiva su capacidad de juicio, la Opinión Pública se constituye en "(...) garantía efectiva de los derechos individuales (,..)"167 , como ser: "(...) publicar sus ideas libremente por la prensa, reunirse para fines útiles, entrar y salir del territorio, y ejercer, en fin, cualquier derecho de los que le están deferidos como a individuo"168, trascendiendo simultáneamente el plano individual para proyectarse en el terreno de lo público. De esta forma, la Opinión Pública se erige también como "(...) base inconmovible (del) orden público".169

Así, frente a la manifiesta "intolerancia

política"170 que se percibe en el conjunto de la República a causa de la acción de las autoridades nacionales y provinciales, se coincide también en que la manera más efectiva de contrarrestarla es

"(...) llevar al régimen interior de cada una de ellas (las provincias) el tono que han alcanzado aquí (Buenos Aires) las instituciones, el espíritu público, la dignidad del hombre"171 ,

es decir, todo aquello que en definitiva constituye la Opinión Pública.

Esta relación estrecha entre preservación de las instituciones y participación activa de la Opinión Pública se incorporará al discurso parlamentario, admitiéndosele como la única salvaguarda de las instituciones republicanas. El convencimiento de que "(...) no se salvan las instituciones sino con el apoyo de la opinión"172 , puesto que

"(el) (...) absolutismo y (...) la absorción de facultades que es la enfermedad epidémica de nuestros Gobiernos (se han de) contener muchas veces (...) por respeto a la opinión exigente de este gran pueblo"173,

habrá de adquirir así un consenso generalizado, sobre todo en aquellos momentos donde la crisis política resulta mas inminente. De este modo, aún a riesgo de resultar exagerada, la afirmación del Ministro del Interior al observar la reacción de la Opinión Pública bonaerense ante los coletazos de la crisis electoral, expresa una esperanza compartida: la de que"(...) en un pueblo así constituido no puede existir el despotismo".174

Conclusión

A diferencia de lo sostenido por las interpretaciones tradicionales de nuestras ciencias sociales, la producción de una legitimidad suficiente para el sistema político moderno constituyó una preocupación prioritaria dentro de la comunidad política, particularmente —como hemos visto— durante los primeros tramos de su gestación. En tal sentido, es posible identificar una voluntad compartida de

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construcción de un consenso, piedra de toque del nuevo emprendimiento, que admite cuanto menos dos niveles de análisis. Por un lado, el consenso hacia adentro de la comunidad política, expresado no sólo a través del acuerdo político que permite alcanzar un equilibrio inestable —resultado necesario de ladistribución de porciones de poder escasas entre intereses múltiples—, sino también en el manifiesto interés por consensuar una "cultura del lenguaje", una asignación compartida de sentidos que, a mediano plazo, permitiera garantizar la cohesión de la clase política nacional en ciernes.

Sin embargo, a nadie escapaba la debilidad del incipiente orden en ciernes, la desconfianza mutua después de las disputas fratricidas, el escaso respeto merecido históricamente por la letra escrita durante la larga etapa precedente. Dentro del discurso político, por ejemplo, es casi un dato que la Constitución de 1852, reformada en el ‘60, no resulta por si sóla herramienta suficiente para garantizar la reproducción del sistema político. Por ese motivo, la necesidad de apuntalar el sistema republicano se materializará en un acuerdo generalizado que incluye como piedra de toque la asignación de un decidido protagonismo a aquello que constituye dentro del ideario liberal el "fundamento esencial y operativo"175 de la democracia: la Opinión Pública.

Según hemos analizado en detalle, más allá de la coexistencia de representaciones de

diversa procedencia sobre ese fundamento, la urgencia por garantizar una legitimidad suficiente que el simple ejercicio de un sufragio viciado por el fraude estructural no acordaba, posibilitará convergir en una representación común. En sintonía con ello, el intercambio discursivo sólo excepcionalmente —como en el caso de la elección presidencial— pondrá en duda la capacidad de legitimación que experimenta esa Opinión Pública, desplazando la disputa hacia la legitimidad de su representación, esto es, de aquellos indicadores que permiten asignarse con justicia el carácter de voceros y formadores de opinión a determinados ámbitos y actores, como las cámaras, la prensa, ¡as asociaciones, los actores políticos, etcétera.

En este proceso, pues, resulta difícil poner en duda el delineamiento de un consenso liberal, atendiendo sobre todo a aquellos valores e indicadores que, como vimos, constituyen su núcleo prescriptivo. Per el contrario, el fin del período analizado deja planteada la duda sobre el futuro de ese protagonismo de la Opinión Pública, de su carácter de espacio clave para la producción del consenso y la legitimidad del poder político, a medida que el sistema se vaya estabilizando y la instituciona- lización política constituya mucho más que una expresión compartida de deseos a mediano plazo dentro de la comunidad política. En sucesivas etapas de investigación se intentará proponer nuevas respuestas al respecto.

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NOTAS

* Deseo agradecer la paciencia en la lectura de farragosos informes y la formulación de sugerencias y críticas a Hilda Sabato, Alejandro y Fabián Herrero y mi mujer Laura Garbarini. También al Profesor José Carlos Chiaramonte por haberme aceptado como becario del Instituto y por su habitual cordialidad y deferencia. Finalmente, a la predisposición y afecto de Abel, Angélica, Fabiana, Graciela y Marcelina del Instituto Ravignani. Como es de práctica, errores y omisiones son de mi responsabilidad.

1. Botana, Natalio R.: La tradición republicana, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1984, p. 8.2. Al respecto, ver: Romero, José Luis: Las ideas políticas en la Argentina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1975.3. Un Interesante análisis en: Halperín Donghi,Tulio: "Liberalismo argentino y liberalismomexicano: dos destinos divergentes", en: El espejo de la historia, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1987.4. Coinciden en este juicio, con diversos matices, V.F. López, Sarmiento, Echeverría, Alberdi, etc., participantes efectivos ó espirituales de la Generación del ‘37, donde originalmente se propuso esta tesis.5. Un interesante análisis al respecto puede consultarse en Sábato, Hilda: "Participación política y espacio público en Buenos Aires, 1860-1880: a l g u n a s h i p ó t e s i s " , I I J o r n a d a s In te r/E scue las/D epartam entos de H isto ria , Universidad Nacional de Rosario, ponencia, mimeo, 1989.6. Ibídem. También consultar de la misma autora: "Citizenship, political participation, and the formation of the public sphere in Buenos Aires, 1850s-1880s", en: Past and Present, aug. 1992.7. En las primeras sesiones del Nuevo Congreso de 1862, la necesidad de definir una "(...) cultura del lenguaje que usan entre sí los Poderes Públicos" constituye una preocupación ampliamente compartida. Intervención del senador Elizalde en: Congreso de la Nación, Cámara de Senadores, Diario de Sesiones (en adelante DdS), 27/5/62, p.11.8. DdS 1867, intervención del senador Rojo, p. 107.9. Real Academia Española: Diccionario de la lengua castellana, 4ta. ed., Madrid, MDCCCIII; y Novísimo diccionario de la lengua castellana, que comprende la última edición íntegra del publicado

por la Academia Española, Librería de Garnier Hermanos, París, 1875.10. Diccionnaire de la langue francaise -par e littre de l'academie francaise, Libraire Hachette et. Cié., Paris, 1877, p. 832-833.11. CdS, Mensaje de apertura de sesiones del Presidente Bartolomé Mitre, 1863, p. 9.12. CdS, Sr. Navarro, 5/7/1862, p. 7.13. "Es indudable que se ha levantado en el mundo una potencia nueva, que se llama la opinión pública de las naciones (...)". DdS, B. Mitre, Mensaje, 1866, p. 6. "En Buenos Aires, la opinión pública es ya una verdadera potencia", Sr. Villafañe, 3/9/18654, p. 496.14. DdS, Sr. del Barco, 25/7/1865, p. 218.15. DdS, Sr. V. Alsina, 5/6/1862, p. 29.16. DdS, Sr. del Barco, 25/7/1865, p. 218.17. ver: Sábato, Hilda: "Participación Política...".18. Esta interpretación es común dentro del gabinete presidencial de Mitre, como lo comprueban las intervenciones de los Ministros de Hacienda y Gobierno del 5/6/1862, DdS, p. 67 y 57 respectivamente.19. DdS, Sr. Madariaga, 20/8/1867, p. 359.20. DdS, Sr. Elizalde, 3/7/1862. p. 134.21. DdS, Sr. Piñero, 29/8/1867, p. 356.22. DdS, Bartolomé Mitre, Mensaje, 1864, p. 14.23. DdS, Sr. Ministro del Interior, 5/6/1862. p. 89.24. Ibídem, 2/6/1864, p. 372.25. DdS, V. Alsina, 5/2/1862, p. 29.26. Ver: Ozouf, Mona: L'opinion publique, París, 1982, p. 424 y ss27. DdS, Ministro de Justicia, 2/6/1864, p. 372.28. DdS, Sr. Madariaga, 19/5/1864, p. 36.29. El Sr. del Balrco formula una brillante intervención al respecto el 15/9/1864. DdS.30. DdS, Mitre, Mensaje, 1867, p. 11.31. DdS, Sr. T. Rojo, 21/7/1864, p. 36.32. "Sobre esto no tengo ninguna prueba plena, ni sé si será verdad, pero son denuncias que se hacen publicamente (por)(...) la prensa que tiene algún crédito.", Sr. del Barco,DdS, 15/9/1864, p. 562.33. "En esto, señor, no hay pasiones; ai contrario, no es más que dar satisfacción pública mostrando que queremos ocupamos de este asunto.(...) Entonces, el público será satisfecho", Sr. Madariaga, DdS, 19/5/1864, p 4234. DdS, Sr. N. Oroño, 1868, p. 690.35. Para el senador del Barco: ”(...) de la ilustración de estos hombres resulta la educación del pueblo, á quien se le comunica esa enseñanza

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por medio de la prensa, como hace la prensa de Buenos Aires, que tiene ya una reputación formada. Lo mismo ha sucedido también en las provincias donde ha habido hombres ilustrados, que han formado la opinión de muchos otros y éstos la opinión pública.", DdS, 1864, p. 522.36. DdS, Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, 2/8/1864, p.368.37. Ibídem, p. 371.38. DdS, Mitre, Mensaje, 1864, p. 10.39. DdS, Sr. Nicasio Oroño, 21/7/1868, p. 243.40. Por ejemplo, ante la exigencia pública de explicaciones ante la conducta por parte del Ejecutivo en Santa Fé, de la cual sólo se tenían referencias por informaciones periodísticas, y no por vía institucional. El Sr. T. Rejo objeta que: "El proyecto, pues, sancionado por esta Cámara, iría á responder á la opinión publica, no á fines verdaderamente oficiales que forman nuestro único objeto.", DdS, 1/9/1868, p. 479-480. Por cierto, la posición legalista de Rojo no obtiene ningún respaldo.4 1 . "(...) no será extraño -argumenta el Sr. Oroño- que si los señores Ministros obtienen una resolución favorable de la Cámara, reciban al mismo tiempo un fallo adverso de la opinión del país. La razón pública adelanta con una celeridad admirable." DdS, 26/9/68, p. 687.42. Ver al respecto exposición del Ministro de Gobierno del 3/7/1862, DdS, p. 162.43. DdS, Sr. Villafañe, 3/9/1864, p. 496.44. DdS, N. Oroño, 6/7/67, p. 150-1.45. DdS, N. Oroño, 18/8/1868, p.458.46. DdS, Sr. Vega, 1/7/1862, p.104-105.47. "Lo demás -concluye el Sr. Vega- es exponemos á que venga la anarquía.", ibídem.48. DdS, V. Alsina, 12/8/62, p. 287.49. DdS, Sr. F. Frías, 23/6/1863, p. 133.50. DdS, Sr. F. Frías, 5/8/1863, p. 384.51. Ibídem.52. DdS, Sr. V. Alsina, 1/7/1862, p. 113.53. Ibídem.54. "(,..)¿por qué esperar siempre á que caiga la palabra de un Ministro ó de un Presidente para moverse recién en el sentido del deber (...)?"-critica el Sr. Villafañe. DdS, 19/5/1864, p. 41.55. DdS, Sr. Granel, 21/7/1868, p. 110.56. Ibídem.57. DdS, Sr. Oroño, 26/9/1868, p. 578.58. DdS, Mitre, Mensaje, 1863, p. 12.59. DdS, Sr. Granel, 13/8/1868, p. 334.60. DdS, Mitre, Mensaje, 1863, p. 15.

61. DdS, Sr. Zavalía, 7/6/1868, p. 134.62. El Sr. F. Frías afirma que "(...) (somos) nosotros Senadores, precisamente el poder moderador, que está colocado siempre frente á frente á las pasiones del pueblo para contenerlas y moderarlas.", DdS, 2/6/1866, p. 75., adoptando ia definición propuesta por N. Botana en: El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Sudamericana, Buenos Aires, 1985, 2da. ed., en particular Cap. IV.63. "Venimos nombrados más como embajadores de las Provincias, que como representantes del pueblo (...)", subraya el Sr. Madariaga e! 2/6/1866, p. 81. DdS.64. DdS, Sr. Piñero, 1868, p. 288.65. DdS, 2/7/1864, p. 312.66. Perspectiva que critica el Sr. Elizalde el 21/6/1862, p. 160, DdS.67. DdS, Sr. Frías, 23/7/1868, p. 183.68. Sr. V. Alsina: "(el Senado deberá limitarse a)(...) consultar á los hombres competentes que haya en las provincias, á procurar indagar y descubrir, en fin, cual sea la opinión general á este respecto.", DdS, 6/10/1864, p. 754.69. Ibídem.70. Capacidad que en el caso del gobierno nacional reconoce el Ministro del Interior el 9/5/1865, p. 59.71. "Creo que los representantes del país tenemos derecho á saber algo más de lo que sabe todo e! mundo", reclama el Sr. Frías el 2/10/1886, DdS, p. 676-7.72. "Por otra parte -sostiene el Ministro del Intedor-, es un derecho perfecto que tiene el Poder Ejecutivo de dar mayor ó menor publicidad á tales ó cuales actos.”, DdS, 28/9/1865, p. 420.73. DdS, 26/10/1863, p. 70674. DdS, 29/10/1863.75. DdS, Sr. Granel. 19/5/1866, p. 40.76. El Sr. Granel indica, además, que: "(...) era indispensable que la publicación del Diario de Sesiones se hiciera de una manera peridica, es decir, que saliese dos veces por semana, para que pudiera hacerse conocer ia opinión del Congreso en el país, y pueda irse formando así la opinión de los Ique van a decidir las cuestiones futuras.", ibídem.77. La oposición, mayoritaria dentro del Senado, denuncia repetidamente ser objeto una progresiva marginación en el tratamiento de los asuntos públicos por parte del poder central, proponiendo actuaren consecuencia. Sr. Frías: "Me ha parecido

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Cuadernos del Instituto Ravignani, núm 8, 1995

notar en el Poder Ejecutivo, no diré que sea este un propósito ni un sistema de su política; me ha parecido notar que, á pesar de que nos tiene muy cerca y somos sus vecinos, se olvida á menudo de que existimos; y por esta razón he creído conveniente que diéramos de vez en cuando señales de vida.", DdS, 1866, p. 212. El propio Frías agregará a este argumento la necesidad de tomar la palabra y ponerse ’’(...) en contacto con algunos pueblos abandonados por la autoridad nacional (...), tocar la conciencia pública (...) y darles los medios de defenderse á sí mismos. (...) poner al pueblo de esas provincias en aptitud de cumplir los deberes que la Constitución les impone.", DdS, 28/9/1867, ,p. 518-519.78. DdS, Sr. Navarro, 21/6/1866.79. DdS, Sr. Villafañe, 3/9/1864, p. 496. En términos similares se expresaba el Sr. Navarro el 16/8/1864: "(...) es preciso que se fijen sus disposiciones de manera que estén al alcance de las inteligencias más vulgares.", p. 395.80. DdS, Sr. Ministro de Hacienda, 18/7/1863, p. 395.81. Sr. del Barco: "(...) de la ilustración de estos hombres resulta la educación del pueblo, á quien se le comunica por medio de la prensa, como hace la prensa de Buenos Aires, que tiene ya una reputación formada.", DdS, 1864, p. 522.82. Dds,Sr. Ministro de Hacienda, 18/7/1863, p. 395.83. DdS, Sr. Ministro de Justicia, 1864, p. 371.84. DdS, Sr. Elias, 7/9/1863, p. 500.85. "Sólo un diario con circulación bastante puede hacer llegar con rapidez á los habitantes de la Repúblical, las palabras del Parlamento Argentino; y así se hace en todos los países del mundo. Las sesiones de los Congresos son publicadas, por los diarios ordinarios, sin que esto estorbe que se haga una publicación separada, para los archivos y demás objetos á que en la forma de libro puede servir.", Sr. Llerena, DdS, 1866, p. 198.86. DdS, Sr. Ministro de Justicia, 1864, p. 371.87. DdS, Sr. Ministro de Hacienda, 18/7/1863, p. 291.88. DdS, Sr. Ministro de Justicia, 1864, p. 371.89. DdS, Sr. V. Alsina, 1864, p. 523.90. Valentín Alsina encuentra incluso una pequeña utilidad en este tipo de lecturas, en tanto el conjutno de los senadores manifiesta una aierta reprobación. DdS, 6/10/64, p. 523.91. DdS, Sr. Elias, 8/8/1868, p. 254.92. En opinión del Ministro de Relaciones Exteriores: "Si somos demasiado meticulosos con

aquellos que se propasan (...) Entonces vamos á declarar que han incurrido en delito todos los que han dicho injurias contra el Congreso; y le voy á tomar del <Naclonal> 300 artículos acusables é injuriosos contra el Presidente de la República, contra las Cámaras, etc., diciendo que las leyes dictadas por el Congreso son criminales, que se han hecho multitud de cosas por el estilo, y nadie ha dicho nada.(...) Los señores Senadores cuando se ocuparon de dar la ley de Justicia Federal, han escapado de la palabra prensa como brasa ardiendo.", DdS, 1864, p. 310-311.93. Transcripción en el Diario de Sesiones del 21/7/1864 de la carta enviada a los editores de El Pueblo y publicada el 13/7/1864. DdS, 1864, p. 264.94. DdS, Sr. Frías, 1864, p. 302-303.95. DdS, Sr. V. Alsina, 26/7/1864, p. 299.96. DdS, Sr. T. Rojo, 26/7/1864, p. 301.97. Ver nota 89.98. DdS, 21/9/1867, p. 462-463.99. "(se trata de buscar)(...) los medios de formar, diré así, un compromiso de opiniones que nos conduzca al objeto que todos deseamos encontrar.(...) algún medio, que tal vez conciliara todas las opiniones.", Sr. Ministro de Gobierno, DdS, 1862, p. 66-67.100. DdS, Sr. N. Oroño, 11/8/1868, p. 321.101. Ibídem, 8/8/1868, p. 287.102. DdS, Sr. Granel, 8/8/1868, p 290.103. DdS, Sr. F. Frías, 1868, p. 484.104. D.F. Sarmiento, Mensaje Presidencial, DdS, 1868, p. 651.105. "Hemos sobresccitado la opinión con estos debates, y tenemos en un estado de tirantez molesta á la atención pública (...)", Sr. V. Alsina, DdS, 1868, p. 155.106. DdS, Sr. N. Oroño, 1868, p. 301.107. DdS, Sr. Aráoz, 1868, p. 345.108. Sobre los diversos roles adjudicados a la Opinión Pública en el tránsito hacia la modernidad, pueden consultarse: Ozouf, Mona: L'Opinion...; Gunn, J.A.W.: Beyond liberty and property, McGill- Queen's University Press, Kingston and Montreal, 1980; Habermas, Jurgen: Historia y crítica de la opinión pública, G. Gilli ed., México, 1986; etcétera.109. Incluso N. Oroño deberá reconocer que: "(...) no se salvan las instituciones sino con el apoyo de la opinión.(...) las armas no son nada sin el apoyo de la opinión.", DdS, 18/8/1868, p. 458.110. DdSI, Sr. Navarro, 1864, p. 144111. Ver: Halperín Donghl, Tulio: Una nación para el desierto argentino, CEAL, Buenos Aires, 1982;

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Oszlak, Oscar: La formación del Estado argentino, Ed. de Belgrano, Buenos Aires, 1985; etcétera.112. OdS, Sr. Ministro del Interior, 11/8/1868, p. 314.113. DdS, Sr. Rojo, 18/8/1868, p. 368.114. DdS, Sr. Ministro de Hacienda, 5/6/1862, p. 72.115. DdS, Sr. Frías, 1/9/1866, p. 479.116. DdS, Sr. Ministro de Gobierno, 1862, p. 96.117. DdS, Sr. Frías, 1/9/1866, p. 479.118. DdS, Sr. Navarro, 3/7/1862, p. 164.119. DdS, 19/9/1862, p. 50.120. DdS, Sr. Elizalde, 28/6/1862, p. 86.121. Ibídem, 3/7/1862, p. 129.122. Al respecto, ver: Halperín Donghi, Tulio: Una nación..., p. 86 y ss.123 . "(...) en Buenos Aires hay una lucha constante que viene trabajando al país; de un lado se ve á los que pretenden hacer de Buenos Aires la Capital de la República, trabajando contra sus instituciones prpovinciales en el interés de derrocadas; de otro lado los autonomistas trabajando contra el Gobierno Nacional y contra la Capital de la República en Buenos Aires. La causa de todo esto no es mas que la cuestión Capital.", Sr. Piñero, DdS, 1866, p. 200.124. DdS, Sr. V. Alsina, 19/6/1862, p. 50.125. DdS, Sr. Rojo, 18/8/1868, p. 368. Denunciando los peligros de las grandes ciudades como sede de las autoridades nacionales, se expresa el Sr. Bazán: "Para mí, señor Presidente, es una verdad que tiene la importancia de un dogma de fe, que las grandes ciudades, las ciudades populosas y ricas, no son las más á propósito, en el sistema de gobierno que nos rige, para la residencia permanente de las autoridades federales; no sólo porque la acción de éstas no podría ejercitarse con la libertad y el desembarazo que son tan necesarios, para consagrar su atención á los intereses comunes, sino también, porque los graves peligros para las libertades públicas y para la misma libertad é independencia de las autoridades nacionales.", DdS, 17/8/1868, p. 359.126. DdS, 20/8/1867, p. 341.127. DdS, Sr. Rojo, 18/8/1868, p. 368.128. DdS, Sr. Granel, 1868, p. 335.129. DdS, Sr. Frías, 17/8/1868, p. 324.130. DdS, 2/6/1868, p. 287.131. DdS, Sr. Ministro del Interior, 11/8/1868, p.314.132. DdS, Bartolomé Mitre, Mensaje presidencial, 1864, p. 15.133. DdS, ibídem, 1866, p. 12.134. Al respecto, ver: Sábato, Hilda y Palti, Elias: "¿Quién votaba en Buenos Aires?: Práctica y teoría

del sufragio, 1850-1880", en: Desarrollo Económico Na 119, IDES, Buenos Aires, Oct.-Dic. 1990.135. DdS, Bartolomé Mitre, Mensaje, 18654, p. 14.136. DdS, Sr. Zavalía, 1868, p. 136-137.137. Sábato, Hilda y Palti, Elias: "¿Quien votaba..."138. DdS, Sr. Elizalde, 26/7/1862, p. 258.139. Ibídem.140. Al respecto, ver: Duverger, Maurice: Los partidos políticos, F.C.E., México, 1987; Sartori, Giovanni: Partidos y sistemas de partidos, Alianza ed., Barcelona, 1992; etcétera.141. DdS, V. Alsina, 2/8/1862.142. DdS, Bartolomé Mitre, Mensaje, 1864, p. 112.143. Ibídem.144'. DdS, Sr. del Barco, 19/8/1865, p. 277.145. DdS, Sr. Villafañe, 3/9/1864, p. 507.146. DdS, Sr. Granel, 21/7/1868, p. 110.147. DdS, Sr. Ministro del Interior, 20/6/1863, p. 163-164.148. Ibídem.149. Ibídem.150. DdS, Sr. Villafañe, 3/9/1864, p. 496-497.151. Ibídem.152. DdS, Sr. Frías, 11/8/1868, p. 318.153. DdS, 12/5/1866, p. 18.154. DdS, Sr. Frías, 12/5/1866, p. 20.155. DdS, Sr. Rawson, 3/7/1862, p. 133.156. DdS, Sr. Ministro del Interior, 28/8/1866, p. 459.157. DdS, Bartolomé Mitre, Mensaje, 1866, p. 13.158. DdS, Sr. Rojo, 28/9/1867, p 518-519.159. DdS, D.F. Sarmiento, Mensaje, 1868, p. 578.160. DdS, Sr. Zavalía, 1868, p. 136.161. DdS, Bartolomé Mitre, Mensaje, 1867, p. 11.162. DdS, Sr. Rojo, 25/6/1864, p. 146.163. Ibídem, 28/5/1868, p. 57.164. DdS, Sr. N. Oroño, 26/9/1868, p. 667.165. Ibídem. En igual sentido se expresaba el Sr. Madariaga en 1864, al proponer una minuta de crítica: "En esto, señor, no hay pasiones; ai contrario, no es más que dar una satisfacción pública mostrando que queremos ocuparnos del asunto.", p. 42.166. DdS, Sr. Victorica, 29/9/1864, p. 693.167. DdS, Sr. Ministro del Interior, 23/6/1864, p. 141.168. Ibídem.169. DdS, Bartolomé Mitre, Mensaje, 1863, p. 9.170. Ibídem, 1864, p. 12.171. DdS, Sr. Villafañe, 2/8/1864, p. 476.172. DdS, Sr. N. Oroño, 18/8/1868, p. 458.173. DdS, Sr. Granel, 13/8/1868, p. 385.174. DdS, 23/6/1868, p. 141.175. Sartori, Giovanni: Teoría..., T.I., p. 116 y ss.

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Indice

Introducción 5

Algunas definiciones iniciales 6

Dos representaciones sobre la Opinión Pública 7

La representación progresiva de la Opinión Pública 7

La Opinión Pública como tribunal civil 8

La prensa en la noción progresiva de la Opinión Pública 9

Opinión Pública Bonaerense y Opinión Pública Nacional 9

La representación regresiva de la Opinión Pública 10

La difusión del discurso en la Opinión Pública 12

Una estrategia restrictiva 12

El Senado y la prensa periódica 13

La ofensiva sobre la Opinión Pública 15

Algunas consideraciones sobre las visiones expuestas de la Opinión Pública 16

Opinión Pública y sistema político 17

La Opinión Pública y la cuestión Capital 18

La Opinión Pública y el problema de la representación política 21

La Opinión Pública entre el despotismo y la demagogia 23

Conclusión 25

Notas 27

Esta publicación se imprimió en en los talleres de la Prosecretaría de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, Puan 480, (1406) Buenos Aires, Argentina.

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