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Estrategias implementadas por las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Noviembre, 2010.

Cuadernosde trabajo

Estrategias implementadas por las IMEF para prevenir, atender,

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

Coordinación:

Dra. Cristina Herrera Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)

Equipo de trabajo: Dra. Clara Juárez Ramírez (INSP)

Mtro. Mauro A. Vargas Urías (GENDES A.C.) Dra. Marta Torres Falcón (UAM-A)

Mtra. Aremis Villalobos (INSP) Lic. Lizet Virgen Arias

Participando Ando A.C.

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INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………….. 2

II. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES………………………………………………… 8

III. MARCO TEORICO-METODOLOGICO……………………………………………. 14

IV. RESULTADOS DE LA EVALUACION DE PRODUCTOS…………………………. 26

V. RESULTADOS DE LAS VISITAS A LAS ENTIDADES………………………………… 53

VI. CONCLUSIONES GENERALES……………………………………………………… 75

VII. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA…………………………………. 93

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………… 102

ANEXOS…………………………………………………………………………………. 104

Anexo1. Inventario de productos

Anexo 2. Guía de entrevista a IMEF

Anexo 3. Guía de entrevista a instituciones

Anexo 4. Guía de entrevista a OSC y Observatorios

Anexo 5. Cuadro de mapa de actores

Anexo 6. Cuadro de ordenamientos legales

Anexo 7. Carta de consentimiento informado

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I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento es el informe final del proyecto titulado “Estrategias implementadas por las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” que se planteó como una segunda fase de la investigación “Evaluación de las medidas aplicadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, que el INMUJERES en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) desarrolló durante 2009.

El objetivo general del estudio fue realizar una evaluación de los resultados obtenidos a partir de las diferentes acciones que ha desarrollado el gobierno federal en coordinación con las entidades federativas en torno al tema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, para observar si la manera en que se están implementando las acciones es congruente con los objetivos de la LGAMVLV y puede tener impacto en la problemática.

Los objetivos específicos fueron tres: 1. Alimentar el banco de información de consulta en línea con los materiales producidos en 2009 por las entidades federativas, 2. Realizar un análisis de las estrategias desarrolladas por las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para dar cumplimiento a las metas propuestas en materia de violencia de género y observar cómo dichas estrategias se están implementando y 3. Realizar recomendaciones de política pública a partir de la evaluación de las estrategias implementadas.

Los principales resultados en los tres ejes, fueron los siguientes:

1. En relación con el banco de información, se capturaron en línea 235 productos nuevos. De ellos, 185 fueron evaluados y 82 fueron digitalizados. Junto con los evaluados en 2009, los que cuentan con evaluación suman 416 productos. La base de datos completa cuenta con 466 productos. De los productos evaluados el presente año, destacan los siguientes datos:

El 58% proviene de tan sólo ocho entidades federativas; el 42% restante está integrado por los productos de otros 21 Estados.

El 82% de estos productos fue elaborado en el año 2009; 13% no presenta información al respecto.

La mayoría fueron desarrollados bajo la responsabilidad de dependencias gubernamentales. Resalta la baja incidencia de instituciones académicas en esta tarea.

Los Observatorios han representado el 5% del total del universo evaluado. Sobre la procedencia de los fondos que financiaron los productos evaluados, este año

sobresale el Fondo de Transversalidad (INMUJERES) con 60%. Los financiamientos de INDESOL en su conjunto, alcanzan poco menos del 30%.

El 30% de los productos analizados consideran mecanismos de continuidad. El 87% de los productos analizados incidieron, o por lo menos tienen condiciones para incidir

en la problemática planteada en su objetivo. Esta proporción es congruente con la cantidad de productos que reflejan el cumplimiento de sus objetivos.

Poco más de la mitad de los productos tiene un alto nivel de aplicabilidad. Casi el 70% de los productos cuentan con un planteamiento metodológico adecuado. Los marcos teóricos utilizados resultaron adecuados para el 75% de los productos.

En lo referente a la consistencia de los productos, poco más de la mitad tiene alto grado de coherencia interna; mientras que ese porcentaje se eleva a 75% cuando se trata de la coherencia externa.

En lo referente a la cobertura de los productos analizados, la evaluación indica que es predominantemente estatal.

A pesar de la diversidad de temas, la mayoría está centrado en la violencia de género, familiar y sexual; destacan también la transversalización de la Perspectiva de género y la armonización legislativa y normativa.

Respecto al tipo de producto, destacan los estudios jurídicos y los manuales con 19% cada uno. El 26% referido como “otro”, está integrado principalmente por folletos, protocolos, memorias, informes y reportes.

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Entre los sectores poblacionales a quienes se destinan los productos analizados destaca el grupo de “tomadores de decisiones”. Por su parte, resalta la baja frecuencia de productos destinados a víctimas de violencia y, especialmente, la ausencia de oferta para el grupo de agresores.

Lo anterior es coherente con el uso dado a los productos, pues la Incidencia en política pública, es una de las aplicaciones que prevalecen sobre el resto. Por lo demás, la Difusión, Prevención, Sensibilización y Atención a Víctimas ocupan el grueso de esta distribución.

Entre los ámbitos de impacto de los productos, destacan el institucional y el social. Este impacto se enfocó, primordialmente, a las áreas jurídica y social.

2. En relación con el análisis de las estrategias desarrolladas por las IMEF se visitaron las entidades de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. Entre los resultados más importantes de estas visitas se encuentran los siguientes:

Las problemáticas se encuentran relacionadas con distintos ámbitos: el funcionamiento interno de las propias instancias y el ámbito interinstitucional, estructural (sistema de gobierno) e inclusive, político, ideológico y cultural, todos ellos influidos entre sí. Existen “presupuestos etiquetados” a favor de las mujeres, en respuesta a diversos compromisos ratificados por el Estado mexicano, sin embargo, la Equidad de Género no es una prioridad política en los estados. Muchas veces los recursos son desviados para atender problemáticas consideradas por los gobiernos como de “mayor prioridad”. Esto sucede porque se carece de mecanismos efectivos de monitoreo y rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos, así como de candados sólidos sobre las cláusulas de no transferencia en recursos etiquetados. A su vez se observa que, aún cuando existen dichos presupuestos, éstos no resultan suficientes para impactar en el problema de violencia contra las mujeres; se adolece de un uso eficiente de los recursos. No se está contemplando de manera adecuada, en general, la atención a grupos con problemáticas específicas como indígenas, jóvenes, migrantes, etc. Esto se relaciona con la ausencia de una perspectiva que vincule la violencia de género con la violencia social y estructural, que coadyuve en la visibilización de las distintas violencias contra las mujeres. Existen Leyes de Igualdad y de Acceso a una vida Libre de Violencia en todos los estados; sin embargo, prevalecen vacíos aún para lograr su completa aplicación. Hace falta la instrumentación de las mismas, así como una revisión, de tal forma que esté acorde con los compromisos internacionales y con las Leyes Generales. De manera formal, existen los Sistemas Estatales de Violencia; las dificultades aparecen cuando se analiza su operatividad, ya que no han funcionado de la manera más adecuada en la mayoría de los estados. Incluso, en algunos no existe el Programa Estatal. Hay confusión con respecto a la división de funciones para cada institución: cuál es el alcance y delimitación de funciones, tanto por sectores como por niveles de gobierno. Se genera información relacionada con violencia contra las mujeres; la problemática estriba en la claridad, optimización, uso e integralidad de dicha información. No hay claridad sobre cómo se rescatará la información para alimentar el Banco Nacional de Datos sobre Violencia. No se cuenta con un modelo de sistema de registro eficiente y homologado. En cuanto a los protocolos, no se puede hablar de una homologación formal ya que no hay acuerdo entre los modelos aplicados. Se desaprovechan las capacidades de los grupos académicos y de la sociedad civil que cuentan con trayectoria y conocimientos en esta materia.

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En general, es necesario hacer seguimiento y supervisión de las acciones y compromisos realizados por las IMEF, así como de los recursos. Los Observatorios Ciudadanos son piezas clave, pero no se les apoya lo suficiente con recursos a largo plazo, capacitación, apoyo político o información, generalmente por desconfianza o temor. Las dependencias no tienen registros o no los comparten. Un acierto significativo detectado, es que hay un número importante de funcionarias/os capacitadas/os y sensibilizadas/os en todos los estados visitados, en materia de género y violencia. En cuanto al impacto social en general, un logro importante es que existe mayor conciencia en la población y demanda de atención al problema de la violencia, así como mayor visibilidad y posicionamiento de las IMEF ante ésta. Entre las soluciones innovadoras identificadas en beneficio de la población, ante el problema de la violencia, destacan las siguientes:

- Creación de Fiscalías especiales; - Atención itinerante, acercando los servicios a la población; - Atención a agresores, como un apoyo en el abordaje de la violencia contra las mujeres; - Grupos de autoayuda para mujeres - Intervención comunitaria a través de promotoras/ gestores comunitarios, en donde se

involucra a la misma población beneficiaria

Hay desarticulación entre los distintos niveles de gobierno: por un lado, autonomía de los municipios respecto de instancias estatales y, por otro, autonomía de éstas respecto de las federales, lo que va en detrimento de la relación y de la ejecución de acciones coordinadas En general hay dependencia por parte de las IMEF, de la voluntad política del poder ejecutivo en la entidad. Las acciones se generan a partir de fondos federales y estatales, pero mayoritariamente se sostienen con recursos federales. En general no se prevé a través de acciones, la ausencia o recorte de los fondos federales. En varios casos hay un lenguaje de “Perspectiva de género” en las instituciones que no es tal en la práctica, porque no se acompaña de actividades de educación en derechos y promueve roles tradicionales de género. 3. En cuanto a recomendaciones de política pública, las principales son las siguientes:

Política estatal

Consolidar los sistemas estatales de violencia, fortaleciendo y formalizando los vínculos, estableciendo una división clara de lo que compete a cada instancia, tanto por sectores como por niveles de gobierno, potenciando los recursos que cada dependencia posee y buscando una mayor coordinación entre ellas.

Trabajo de convencimiento de las autoridades electas en los estados, sobre la necesidad de continuar con estas políticas. Insistir en que la violencia no compete sólo a instituciones que se ocupan de la atención y la denuncia.

Comprometer a los funcionarios de más alto nivel.

Las IMEF deben asumir con mayor determinación su rol como instancias rectoras de un proceso de institucionalización de la perspectiva de género en los estados. Se deben consolidar los programas existentes de transversalización e institucionalización de la PEG, e impulsarlos allí donde no existen.

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Lograr que las políticas de género sean consideradas como políticas de equidad y no como “problemas de las mujeres”. Ampliar el concepto de violencia contra las mujeres, superando la visión que la reduce a la violencia en la pareja, incluyendo la violencia social, estructural y cultural, y que esto se vea plasmado en la oferta de servicios.

Evitar enfoques asistencialistas, paternalistas y moralmente conservadores sobre las mujeres. Las IMEF deben fortalecerse internamente y posicionarse externamente, para tener mayor estructura

y credibilidad respecto de las demás dependencias y sectores en la entidad. Para ello es necesario impulsar la profesionalización y la capacitación continua de su personal.

Las IMEF necesitan clarificar sus funciones; hasta dónde fungen como principal actor de la

conformación y seguimiento de políticas públicas en materia de género y violencia, o de la atención directa a víctimas.

Crear un equipo evaluador de todos los Sistemas Estatales. Abrir el rango de participación a OSC e instancias académicas comprometidas con la perspectiva

de género.

El Sistema Estatal debería proponer programas donde se trabajen los distintos tipos de violencia, y realizar una homologación en los estados del funcionamiento del mismo, al igual que la construcción de un modelo único con rutas claras de canalización, que garantice el eficaz trabajo en redes formales de actuación.

Ampliar la cobertura de los centros de atención y generar más plazas para su operación. Abrir

refugios en los municipios y fortalecer los existentes, garantizando que puedan cumplir con los requisitos necesarios de privacidad, confidencialidad y seguridad así como contar con todos los servicios que la atención integral requiere.

En el caso de los refugios, promover el modelo que la red nacional ha elaborado, ya que sin sus requisitos no pueden recibir recursos federales. Trabajar con OSC para que estén en condiciones de solicitar recursos para refugios.

Promover el trabajo reeducativo con generadores de violencia hacia las mujeres.

Desarrollar una visión más estratégica de las acciones, que implique un manejo más eficiente de los recursos. Esto requiere una mayor articulación entre quienes administran los fondos y coordinan los proyectos, y el establecimiento de proyectos de co-inversión entre ellos, con otras dependencias y con la sociedad civil.

Establecer mecanismos de rendición de cuentas y monitoreo de recursos, para evitar que los fondos ya etiquetados sean dispuestos por los gobiernos para temas distintos al de género y violencia.

Contar con leyes estatales de acceso es un paso fundamental, pero se requiere la instrumentación y armonización de las leyes estatales con los instrumentos federales, por lo tanto avanzar en las propuestas de reforma y armonización legislativa, ya que muchas leyes aún se contradicen con los códigos y con otras leyes que no están hechas con perspectiva de género.

Es en las Leyes locales donde cabría incluir consideraciones que contemplen el trabajo con población indígena, mujeres en situación de reclusión o involucradas en redes de narcotráfico, población de zona fronteriza, casos de feminicidio, etc.

Sin dejar de lado la atención y la sanción, estructurar una política fuerte de prevención de la

violencia evitando que quede reducida a la simple impartición de pláticas.

Recuperar y aprovechar la información que se ha generado en investigaciones anteriores, solicitando a los/as consultores/as la sistematización de sus resultados, la traducción de los mismos a

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lineamientos de política pública, realizando foros de intercambio de conocimientos y experiencias y buscando que las instancias del gobierno estatal desarrollen la parte que les corresponde.

Dar seguimiento al compromiso del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las Mujeres. Un reto es diseñar un sistema de registro efectivo de los casos de violencia, permitiendo una utilización compartida de la información generada entre las diversas instituciones.

Establecer o fortalecer los vínculos con los Observatorios de Violencia Social y de Género, para permitir la vigilancia del desempeño de las instituciones gubernamentales, y así promover la transparencia en la administración de recursos y la realización de acciones. Para las agencias financiadoras

Realizar visitas los estados, para conocer los obstáculos burocráticos que enfrentan las IMEF y presionar para evitar los retrasos administrativos en el uso de los recursos.

Revisar las reglas de operación para evitar contradicciones con la ley y dirigir los recursos a los

asuntos prioritarios. Permitir a las IMEF diseñar propuestas de trabajo mínimamente bianuales que garanticen el

cumplimiento del proyecto, ya que la movilidad del personal debida a la interrupción de los flujos de recursos va en detrimento de la continuidad de las acciones.

Promover reuniones con instancias estatales y municipales, para establecer una mejor

comunicación sobre lo que cada nivel requiere. Apoyar a los Observatorios de manera más sostenida, ya que son actores fundamentales en el

monitoreo de las acciones y la generación de información clave para orientar las acciones.

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II. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El presente documento es el informe final del proyecto titulado “Estrategias

implementadas por las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas,

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” que

se planteó como una segunda fase de la investigación “Evaluación de las

medidas aplicadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres”, que el INMUJERES en coordinación con el Instituto Nacional

de Salud Pública (INSP) desarrolló durante 2009.

Con el objetivo de impulsar programas y políticas públicas encaminadas a

prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los

gobiernos han sumado esfuerzos mediante instrumentos jurídicos internacionales

como la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación

de la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará. ONU 1993). Este

instrumento ha sido ratificado por los países miembros de la Organización de

Estados Americanos (OEA). México decretó la promulgación de esta Convención

y la publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999.

En línea con esta disposición internacional de derechos humanos de las mujeres,

el Estado mexicano promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el 1º de febrero de 2007. La creación de esta

ley contribuyó a contar con un instrumento jurídico con disposiciones y

condiciones legales que permitan brindar garantías para la seguridad e

integridad física de las mujeres, un desarrollo igualitario entre mujeres y hombres y

garantizar el ejercicio de la libertad de las mujeres en todo el territorio nacional.

Esta disposición es obligatoria para los tres órdenes de gobierno.

El principal propósito de esta Ley es la transformación institucional, para lograr que

el Estado, en sus tres niveles, pueda ser garante efectivo de los derechos de las

mujeres (Lagarde, 2007). Las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas

(IMEF) deben asumir tareas en diversas áreas de políticas públicas: la

transversalización de la perspectiva de género a todas las políticas e instancias

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del gobierno, la creación y fortalecimiento de redes institucionales y sociales, la

creación y fortalecimiento de refugios para mujeres víctimas de violencia y sus

hijos e hijas, la promoción de programas reeducativos para víctimas y agresores,

la promoción de la investigación y difusión de información veraz y el impulso a

reformas legislativas.

Específicamente el artículo 48 de la LGAMVLV asigna al Instituto Nacional de las

Mujeres (INMUJERES) la responsabilidad de los proyectos y programas que realizan

las dependencias de la Administración Pública Federal y las IMEF, que conforman

el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres (SNPASEVCM). En este marco y de manera prioritaria, se debe

trabajar en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los

refugios; impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas

de violencia prevista en la ley; canalizar a las víctimas a programas reeducativos

integrales que les permitan participar activamente en la vida pública, privada y

social; promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones

públicas o privadas sea proporcionada por especialistas en la materia, sin

prejuicios ni discriminación alguna, y con perspectiva de género.

Asimismo el artículo 39 establece la obligación al Ejecutivo Federal de asignar una

partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del

Sistema y del Programa previstos en la Ley. Derivado de ello, se creó en 2008, el

Fondo de Apoyo a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las

Entidades Federativas para la Atención Integral de las Mujeres Víctimas de

Violencia de Género (Fondo MVVG), que a partir de 2010 forma parte del Fondo

para la Transversalidad de la Perspectiva de Género administrado por el Instituto

Nacional de las Mujeres. Ya en 2006 el gobierno federal había creado el

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas

(PAIMEF), con el objetivo de fortalecer las Instancias de Mujeres en las Entidades

Federativas (IMEF) y fomentar la cooperación entre el gobierno, la sociedad civil y

la academia, para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres,

que es administrados por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Por

su parte, el Programa de Coinversión Social (PCS), también del INDESOL, fue

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creado con el objetivo de promover y fortalecer la participación de la sociedad

civil organizada en acciones de desarrollo social que beneficien a personas en

situación de pobreza y/o vulnerabilidad. Algunas de sus convocatorias se refieren

específicamente a género y violencia. Estos tres fondos han aportado recursos a

las entidades federativas y organizaciones sociales para realizar diversas acciones

de prevención, atención, sanción y administración de justicia en el tema de

violencia de género.

En 2009 el INMUJERES en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública

(INSP) desarrolló la investigación “Evaluación de las medidas aplicadas para

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, con la

cual se realizó un meta-análisis de las investigaciones, estudios y encuestas

generadas a partir del apoyo otorgado por el Programa de Apoyo a las Instancias

de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), el Fondo de Apoyo a los

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la

Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género (Fondo MVVG)

y el Programa de Coinversión Social (PCS) en el periodo comprendido entre 2006

y 2008. Se recopiló e hizo un inventario de los productos generados por estos tres

fondos entre 2006 y 2008 (231 productos y 10 audiovisuales). Se conformó un

equipo multidisciplinario para evaluar encuestas, investigaciones, modelos de

intervención y estudios jurídicos y se elaboró un modelo de análisis para cada tipo

de producto. Al mismo tiempo el material fue digitalizado, a fin de facilitar su

consulta en línea. Los productos fueron inventariados y sistematizados en un

catálogo en línea creado ad hoc, que puede ser consultado a través del Centro

de Documentación del Instituto Nacional de las Mujeres en el siguiente vínculo:

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Pag_cat_libre_art48.php (INMUJERES / CEDOC,

2010). La evaluación realizada permitió mostrar un panorama amplio de todos los

estudios, investigaciones, encuestas, propuestas legislativas y modelos de

atención desarrollados por las 32 entidades federativas entre 2006 y 2008 en torno

a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las

mujeres. Estos productos fueron evaluados en términos de su calidad teórico-

metodológica, coherencia interna, consistencia con las leyes y lineamientos

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nacionales e internacionales en materia de violencia contra las mujeres y

especialmente su viabilidad y aplicabilidad potenciales al diseño de programas y

políticas públicas. Del análisis realizado destacan los siguientes resultados: año

con año, los productos entregados por las instancias de mujeres en los estados

habían ido aumentando, a pesar de que persistía una concentración de ellos en

ciertos estados (52% en sólo 7 entidades federativas). PAIMEF había financiado la

mayor parte de los productos evaluados (62%), mientras que el PCS había

apoyado al 13%, el Fondo MVVG a otro 13% y los observatorios de género y

violencia representaron el 8%. En el acervo sobresalieron los manuales,

investigaciones diversas y el desarrollo de encuestas. La mayoría se orientaba a la

incidencia en política pública y en menor medida a la sensibilización y a la

difusión, ya que entre las poblaciones objetivo destacaban los “tomadores de

decisiones”, y le seguían la población en general y algunos grupos específicos.

Poco más de dos tercios tenía autoría de las Instancias estatales de Mujeres y 23%

de OSC. Los temas predominantes eran la violencia de género con diversos sub-

tipos: violencia familiar, violencia laboral, violencia económica, etc., y modelos

de atención o intervención. En cuanto a su calidad, sólo 13% de los productos

analizados no contaba con metodología adecuada y 84% logró incidir o tenía

condiciones para incidir en la problemática que abordó. Más de la mitad de los

productos revisados tenía aplicabilidad alta, metodología y marco teórico

adecuados, y coherencia interna y externa altas. Si bien en esta fase la mayoría

aún no mencionaba si sus resultados fueron aplicados y tampoco proponía vías

de aterrizaje, presentaba resultados que podían ser fácilmente retomados por las

instancias estatales, si se sistematizaban los hallazgos, se elaboraban mecanismos

más concretos de aplicación para obtener apoyo de actores clave, se

capacitaba al personal de forma continua, y se hacía monitoreo y evaluación de

sus resultados.

Paralelamente, se recabó información directa en algunas entidades federativas

seleccionadas, con el fin de corroborar la aplicabilidad de algunos de los

productos entregados. Este primer acercamiento nos permitió identificar las

principales fortalezas y debilidades para la aplicación de los estudios,

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diagnósticos y especialmente modelos de intervención en las entidades

federativas. Entre las fortalezas encontradas destacaba que los fondos federales,

tanto de INMUJERES como de INDESOL, eran considerados piezas fundamentales

de la política contra la violencia de género, en la medida en que los recursos que

aportaban los gobiernos de los estados para tal fin resultaban insuficientes. Las

instancias de las mujeres, por su parte, implementaban diversas estrategias para

hacer más eficiente el uso de estos recursos, por ejemplo flexibilizando la

asignación de proyectos a diferentes fondos, cada año, de acuerdo con sus

vertientes específicas. Por otra parte, gracias a las acciones realizadas, las

funcionarias y actores estatales observaban una mayor aceptación política de la

perspectiva de género en las instituciones estatales y un aumento en la

conciencia de derechos de las mujeres a una vida sin violencia. Se crearon y/o

fortalecieron redes interinstitucionales y con OSC, los proyectos fueron aplicados y

tuvieron continuidad en el tiempo. No obstante, dentro de las debilidades

destacaba el hecho de que la demora en las transferencias impedía planear

adecuadamente las actividades e invertir los recursos de manera eficiente, que

en algunas entidades las instancias no tenían un manejo directo de los recursos, y

que muchas veces los fondos no estaban coordinados entre sí y sus tiempos de

entrega de resultados obligaban a hacer convocatorias poco abiertas para el

desarrollo de proyectos. Este primer acercamiento a entidades que contaban

con productos bien logrados, nos permitió plantear nuevas hipótesis y diseñar la

propuesta de investigación desarrollada en 2010, como una continuación

necesaria de la evaluación realizada en 2009.

Dado que esta evaluación (INMUJERES/CEDOC, 2010) mostró que la eficiencia en

el uso de los recursos federales y la efectiva aplicación de los proyectos requerían

de la conjugación de determinados elementos a nivel estatal y local, se propuso

la realización de un estudio de las estrategias implementadas por las entidades

federativas, con la finalidad de establecer cómo es utilizado y canalizado el

recurso de la federación, cómo son atendidas las reglas de operación de los

programas y cómo se materializan los proyectos implementados a nivel local,

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Esto permitió,

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por una parte, evaluar la efectiva aplicabilidad, continuidad e impacto potencial

de las propuestas y productos entregados en años anteriores, y por otra, realizar

propuestas de política pública a partir de la evaluación de las estrategias

implementadas.

Para ello fue necesario identificar y realizar una observación sistemática de las

estrategias que se habian desarrollado a partir de las investigaciones, estudios,

modelos de intervenciones y encuestas financiadas por el PAIMEF, el Fondo de

Fomento para la Transversalidad de la Perspectiva de Género (FFTPG), el Fondo

MVVG y PCS de 2006 a 2009.

Por otra parte, se propuso continuar sistematizando y evaluando los productos

que las entidades elaboraron y entregaron en años subsecuentes, como parte de

sus compromisos con las instancias que les proporcionaron fondos. De este modo

se pudo profundizar en la evaluación de dichos productos y al mismo tiempo

contar con una base de datos ampliada y actualizada.

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III. MARCO TEORICO-METODOLOGICO

MARCO CONCEPTUAL

En este proyecto también se utilizó como marco conceptual la perspectiva de

género tal como la define una de las promotoras de la LGAMVLV, como

“recurso analítico que implica observar la violencia como mecanismo

reproductor de desigualdades de género entre mujeres y hombres así como de

relaciones de dominación de género, control, impedimentos, desventajas, y

daños para las mujeres y a la par, enormes poderes de género para los

hombres” (Lagarde, 2007). Es decir que las políticas basadas en la perspectiva

de género deben caracterizarse por abordar las causas y los efectos de la

desigualdad y la violencia, con el fin de desarrollar acciones concretas para

desmontarlos.

Por violencia contra las mujeres, entendemos, de acuerdo con el texto de la

misma ley general, “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les

cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la

muerte, tanto en el ámbito privado como en el público”.

Consideramos como acciones eficaces aquellas iniciativas de investigación,

armonización legislativa e intervención que tienen una alta probabilidad de

producir impactos concretos en favor del ejercicio de las mujeres de su derecho

a una vida libre de violencia (atención a víctimas, procuración de justicia,

seguridad y protección, alternativas de desarrollo y autonomía, etc.), así como

la potencialidad para producir cambios socioculturales en el ámbito más amplio

de las relaciones sociales (educación, medios, cultura de la legalidad, opinión

pública, etc.).

Para el análisis de políticas públicas, utilizamos el concepto de gobernanza

participativa propuesto por Fung y Olin Wright (2001) así como los lineamientos

de política pública con perspectiva de género que puede encontrarse en

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diversas publicaciones del INMUJERES (2002; 2007; 2010).

Los actores involucrados en el esfuerzo de visibilización e intervención contra la

violencia de género son diversos, y van desde organismos internacionales,

movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, hasta centros

académicos e instituciones públicas nacionales y locales. No obstante, el debate

acerca de las mejores maneras de tratar el problema sigue abierto, no sólo por la

diversidad de actores involucrados, muchas veces con enfoques contrapuestos,

sino también por el carácter reciente del reconocimiento público del problema y

por la insuficiencia de los esfuerzos de sistematización y evaluación de muchas de

las acciones emprendidas en este marco.

El fenómeno de la violencia contra las mujeres es complejo y todavía

persisten grandes desconocimientos y debates sobre sus causas, factores de

riesgo y mejores estrategias para lograr su erradicación o, en un tono más

realista, su disminución. A pesar del incremento sostenido en la elaboración

de informes, encuestas, estudios y diagnósticos, todavía es poco lo que se

sabe acerca de qué modelos funcionan mejor para determinada población,

circunstancias, nivel o tipo de violencia. Por ejemplo, aún cuando existen

evaluaciones que indicarían que el tratamiento de la violencia a través de

programas de re-educación es efectivo en cierto porcentaje, en comparación

con dejar el asunto sólo en el terreno judicial (Híjar y Valdez 2008, Larrauri, 2007),

los estudios son escasos y a veces carecen del rigor necesario. Se viene

constatando, en varias partes del mundo, que las políticas diseñadas para

promover el derecho básico de las mujeres a vivir sin violencia muchas veces

terminan teniendo efectos no buscados para aquellas que son más vulnerables al

problema. Se dan casos opuestos: desde una excesiva judicialización de los

problemas sociales –con la hegemonía de un discurso que enfatiza la necesidad

de penalización creciente de los agresores por sobre cualquier otra acción-,

hasta la orientación preponderante a la “prevención” de la violencia en la familia

-con la hegemonía de un discurso conservador que en la práctica “reprivatiza” el

tema y obstaculiza el ya de por sí difícil acceso de las mujeres a la justicia. Se ha

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argumentado que ambos extremos resultan ciegos a las mujeres de “carne y

hueso” ya que las terminan construyendo como objetos pasivos de las políticas.

En el caso de las políticas orientadas preponderantemente a la penalización de

los agresores, porque al tratar de enfatizar la necesaria solidaridad de género

suelen hablar en nombre de “todas” las mujeres, desde una supuesta conciencia

de género superior, pasando por alto las vulnerabilidades diferenciales que las

mujeres enfrentan debido a la acumulación de desventajas de clase, etnia,

edad, estatus migratorio, etc. (Larrauri 2007, Hercovich 2002). Estas políticas no

suelen poner igual énfasis en la necesidad de crear las condiciones sociales

básicas para que las mujeres accedan a la autonomía y al goce de derechos

(Birgin 2002). En el caso opuesto, el de las políticas orientadas

preponderantemente a la violencia familiar, en la práctica muchas veces suelen

terminar responsabilizando a las mujeres por los problemas familiares,

desalentando su demanda de justicia y respeto a sus derechos como individuos

(Sagot 2010, Herrera 2009).

A esto se suma la complejidad del entramado institucional y social necesario para

responder al problema, ya que la violencia contra las mujeres es una

manifestación de diversas formas de desigualdad, tanto de género como étnicas

o socioeconómicas, que vulneran sus derechos y autonomía. Esto implica que no

es posible enfrentar la violencia contra las mujeres sin al mismo tiempo atacar sus

raíces sociales y culturales, lo que demanda acciones multisectoriales,

multidisciplinarias y de colaboración entre instancias públicas, privadas y sociales.

Las instituciones no siempre están preparadas para enfrentar este reto, porque

muchas de ellas fueron creadas con diferentes propósitos o con ideologías

claramente opuestas a la perspectiva de género. Por otra parte, la creación de

instancias nuevas, especializadas en el tema, debe apoyarse también en agentes

sociales que no necesariamente cuentan con la formación y los valores

adecuados para responder a la problemática, razón por la cual la

transversalización y la capacitación continua se vuelven asuntos prioritarios a

atender.

17

Finalmente, se espera que las acciones propuestas sean coherentes con los

resultados de diagnósticos y estudios confiables, realizados con el fin de identificar

la problemática específica de cada región e identificar los problemas que se

deben resolver. Resulta relevante, en consecuencia, analizar con qué tipo de

información cuentan las instituciones para fundamentar sus acciones, cómo y de

quién la obtienen, si hacen uso de diagnósticos periódicos sobre todas las

modalidades de violencia que viven las mujeres de diferentes etnias, edades y

condiciones socioeconómicas en sus regiones y cuáles son sus fuentes.

La LGAMVLV ha sido juzgada positivamente por diversos grupos feministas dentro

y fuera del país, en la medida en que trasciende el énfasis casi exclusivo que se

observa en otros países en la familia como principal bien a proteger (y en la

violencia intrafamiliar como principal mal a combatir), ya que introdujo en la

legislación diversos tipos de violencia de género y la figura del feminicidio.

Asimismo, y a diferencia de otros países, México ha destinado cada año mayores

recursos a atender este problema. Sin embargo, aún suponemos que los

mecanismos de aplicación de las medidas concretas pueden actuar en sentido

favorable o desfavorable a los objetivos manifiestos en los discursos políticos que

las apoyan, en este caso el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

como un derecho ciudadano. Es necesario por lo tanto, evaluar si a nivel de la

práctica institucional local se dan las condiciones necesarias para el logro de

estos objetivos. Se debe observar qué sucede en términos de arreglos

institucionales y organizacionales, actores, enfoques, toma de decisiones, poder

relativo de negociación, estrategias de comunicación y de acción, capacidad

de alianzas y redes con otros actores, flexibilidad y capacidad en el manejo de

recursos materiales y humanos, uso de la información y calidad de la misma, así

como la existencia de políticas sociales y redes de contención apropiadas para

mujeres de diversos grupos y condiciones sociales (Birgin, 2002).

La diversidad de enfoques, actores y capacidades a nivel estatal, así como los

canales de información, comunicación y coordinación entre esfuerzos locales,

tienen un peso decisivo al momento en que se ponen en práctica los programas

18

y modelos de intervención -supuestamente basados en estudios y diagnósticos.

La manera de llevarlos a la práctica tiene consecuencias, no solamente para las

mujeres beneficiarias de los programas y servicios que se ofrecen, sino también

para la propia cultura de género y la promoción pública del derecho de las

mujeres a una vida libre de violencia, tanto en la entidad como en el país. El uso

de los recursos destinados a este fin, en consecuencia, puede ser óptimo o sub-

óptimo dependiendo del desempeño de tales factores.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO

La hipótesis de trabajo de este estudio fue que más allá del monto de recursos

que recibe cada entidad federativa para combatir la violencia de género, es

probable que su capacidad real para articular una política integral y coherente

con los lineamientos de la LGAMVLV dependa de la fuerza relativa que tiene la

instancia de la mujer en la estructura de gobierno de su entidad, los grupos,

organizaciones y actores locales en los que deba o pueda apoyarse y la fuerza

relativa de distintas posturas entre los actores que participan en el diseño e

implementación de las acciones concretas (una orientación al empoderamiento

de las mujeres versus una al fortalecimiento de la familia). Nos interesó por ello

analizar los elementos que pueden estar empujando los resultados de las políticas

en una u otra dirección, especialmente considerando que también es probable

que las inercias institucionales puedan ser contrarrestadas, hasta cierto punto, con

estrategias de capacitación de funcionarios/as y personal operativo y la creación

de instancias ad hoc como los servicios especializados, los sistemas de referencia

y los modelos de atención integral basados en diagnósticos y estudios previos.

El objetivo general del estudio fue realizar una evaluación de los resultados

obtenidos a partir de las diferentes acciones que ha desarrollado el gobierno

federal en coordinación con las entidades federativas en torno al tema de

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, para

observar si la manera en que se están implementando las acciones es congruente

con los objetivos de la LGAMVLV y puede tener impacto en la problemática.

19

Los objetivos específicos fueron tres:

Objetivo específico 1. Alimentar el banco de información de consulta en línea

con los materiales producidos en 2009 por las entidades federativas.

Objetivo específico 2. Realizar un análisis de las estrategias desarrolladas por las

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para dar cumplimiento a las

metas propuestas en materia de violencia de género y observar cómo dichas

estrategias se están implementando.

Objetivo específico 3. Realizar recomendaciones de política pública a partir de la

evaluación de las estrategias implementadas.

Se trató, por lo tanto, de hacer los primeros acercamientos descriptivos de la

incidencia de estas iniciativas en las políticas públicas en materia de violencia de

género, a través de un estudio a mayor profundidad de los mecanismos de

aplicación, interacción entre actores, organización y coordinación

interinstitucional, capacidad para cumplir con sus objetivos, entre otros, en una

muestra de estados ilustrativa de diferentes experiencias, de acuerdo con lo que

la evaluación de 2009 permitió vislumbrar. Cabe señalar que la observación de las

medidas aplicadas puso énfasis en los procesos, más que en los resultados, y en

las estrategias de política pública más que en el funcionamiento de los

programas y servicios que se ofrecen en las entidades, para prevenir, atender,

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Los objetivos específicos en esta segunda etapa de la investigación se tradujeron

entonces en los siguientes: 1. Ampliar la base de datos a través de la

sistematización y evaluación de los productos que las entidades elaboraron y

entregaron en 2009, como parte de sus compromisos con las instancias que les

proporcionan fondos; 2. Identificar y realizar una observación sistemática de las

estrategias que se han desarrollado en las entidades federativas a partir de las

investigaciones, estudios, modelos de intervenciones y encuestas financiadas por

el PAIMEF, el Fondo de Fomento para la Transversalidad de la Perspectiva de

Género (FFTPG), el Fondo MVVG y PCS de 2006 a 2009 y 3. Realizar

20

recomendaciones de política pública a partir de la evaluación de las estrategias

implementadas y de los productos entregados. En el presente documento se

muestran los resultados de cada uno de los objetivos específicos.

METODOLOGÍA DESARROLLADA Objetivo específico 1: Ampliar la base de datos a través de la sistematización y

evaluación de los productos que las entidades elaboraron y entregaron en 2009

Para el logro de este objetivo específico, en primer lugar se tuvo una reunión con

el equipo completo de investigadoras/es y con la A.C. que se encarga de la

programación de la plataforma informática donde se trabaja en línea la

evaluación de los productos. La plataforma de captura utilizada en la evaluación

anterior fue revisada y ajustada a los nuevos objetivos.

Para la captura de la evaluación de los productos 2009, se decidió utilizar una

versión restringida de esta plataforma, hospedada en un sitio alterno provisional.

Esto con el fin de evitar cambios involuntarios en los datos y especialmente el

acceso del público a productos que aún se encontraban en proceso de

evaluación y de los que no se contaba aún con la posibilidad de consulta en

línea, con el objetivo de integrarla a la base preexistente y migrarla nuevamente

al sitio de INMUJERES, una vez concluida la captura de las evaluaciones y la

digitalización de los productos. Con el fin de adaptar la plataforma a los nuevos

requerimientos, se discutieron e hicieron los siguientes agregados a la misma:

Opción 2009 en “año de elaboración del producto”

Opción Fondo de Transversalidad en “fondo que financió el producto”

Tablas resumen al final de la evaluación de cada producto con las siguientes

opciones:

Aplicabilidad (alta, media o baja) Metodología (adecuada, poco adecuada o nada adecuada) Marco teórico (adecuado, poco adecuado o nada adecuado) Coherencia interna (alta, media o baja) Coherencia externa (alta, media o baja)

21

Esto con la intención de que la misma base de datos sea la que genere los

cuadros resumen finales, y no tengan que ser elaborados a mano como en la

evaluación pasada.

Se completaron estas tablas para los productos capturados el año pasado,

tomando como insumo los cuadros que se elaboraron para el reporte de 2009.

Se elaboró un inventario de los productos entregados por INMUJERES entre mayo

y octubre de 2010, contándose 277 en total; una vez depurada la lista

(eliminando los productos repetidos), se capturaron en línea 235. De ellos, 185

fueron evaluados y 50 fueron inventariados y subidos a la plataforma en formato

digital pero no evaluados, por haber sido entregados tardíamente por parte de

las entidades. En esta situación se encontraron algunos productos de

Aguascalientes, Coahuila, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla,

Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas (ver

capítulo IV y el anexo 1: inventario de productos). De los productos entregados,

82 fueron digitalizados. Junto con los productos evaluados en 2009, los que

cuentan con evaluación suman 416. La base de datos cuenta con un total de 466

productos hasta la fecha de este informe.

Para la evaluación, se realizó una distribución de los productos a evaluar de

acuerdo con las áreas de expertise de las y los investigadoras/es, entre:

encuestas, otras investigaciones, estudios jurídicos e intervenciones (modelos

educativos, modelos de atención, acciones de prevención y difusión, programas

estatales, protocolos de actuación, etc.).

Se procedió a la evaluación de los productos y a su captura en la plataforma

online creada para este fin -que actualmente contiene los productos entregados

por las Entidades Federativas entre 2006 y 2009-. Posteriormente se realizó una

depuración de la base de datos, ya que se encontró que buen número de los

productos estaban repetidos, ya sea porque habían sido entregados el año

anterior y vueltos a entregar en éste, o bien porque habían sido entregados en un

22

formato y este año en otro. En el capítulo IV, se presentan los resultados de la

evaluación de los productos desarrollados en 2009 y revisados en esta ocasión.

Objetivo específico 2: Identificar y realizar una observación sistemática de las

estrategias que se han desarrollado en las entidades federativas a partir de las

investigaciones, estudios, modelos de intervenciones y encuestas financiadas por

el PAIMEF, el Fondo de Fomento para la Transversalidad de la Perspectiva de

Género (FFTPG), el Fondo MVVG y PCS de 2006 a 2009

Para dar cumplimiento a este objetivo, se conformó un sub-equipo de tres

investigadoras/es que mantuvo reuniones frecuentes con el propósito de diseñar

el trabajo de campo en seis entidades federativas. El objetivo de estas visitas fue

conocer las principales estrategias desarrolladas por las IMEF y la experiencia de

las distintas instituciones con las que éstas se vinculan para la cooperación

interinstitucional en el diseño y aplicación de las políticas públicas en violencia de

género que le permiten cumplir con su encargo institucional así como evaluar los

logros y retos en el proceso de institucionalización de las políticas contra la

violencia de género en las entidades federativas.

Para la selección de las entidades se buscó tener representación de las tres

regiones del país (Norte, Centro y Sur) y de estados que el año anterior hubieran

entregado un número suficiente de productos clasificados como aplicables en la

evaluación, con el fin de observar en campo su aplicación concreta. Los estados

finalmente seleccionados fueron: Aguascalientes, Baja California Sur, Oaxaca,

Puebla, Chiapas y Zacatecas y el calendario de visitas fue el siguiente:

Estado Fechas Chiapas 26 al 30 de julio Oaxaca 15 al 21 de agosto Baja California 14 al 22 de agosto. Zacatecas 16 al 21 de agosto Puebla 23 al 28 de agosto Aguascalientes 6 al 10 de septiembre

Cabe señalar que estas fechas son el resultado de una reprogramación que fue

necesario hacer para adecuarse a los calendarios electorales de los estados, ya

23

que la ley de blindaje electoral impide realizar visitas de evaluación o de otro tipo

que pudieran ser utilizadas políticamente o que impidan a funcionarias/os dar

información.

Para obtener los datos buscados, se diseñó una primera batería de instrumentos

de recolección de información (guías de entrevista a informantes clave y guías de

observación en espacios de atención a víctimas), y se hizo una primera selección

de informantes clave, entre los que se incluía tanto a tomadoras/es de decisiones

como a personal operativo. Luego de una reunión de trabajo con personal de la

Dirección de Evaluación y Desarrollo estadístico de INMUJERES se decidió

privilegiar el análisis de la institucionalización de las políticas contra la violencia,

más que la observación del desempeño de los programas. Debido a esto, tanto

la selección de informantes como los instrumentos sufrieron modificaciones.

Los instrumentos elaborados fueron guías de entrevistas semi-estructuradas para

actores clave, guías de observación participante en espacios de atención a

víctimas de violencia y tablas de sistematización de información relevante a

solicitar a las IMEF. Luego de la primera visita, los instrumentos sufrieron ulteriores

ajustes en función de la experiencia en campo: las preguntas fueron reordenadas

para darles una secuencia más lógica y algunas que resultaron repetitivas fueron

eliminadas, con el efecto de una optimización del tiempo de la entrevista (ver las

versiones finales en los anexos 2: guía de entrevista a IMEF; 3: guía de entrevista a

instituciones; 4: guía de entrevista a OSC y Observatorios; 5: cuadro de mapa de

actores y 6: cuadro de ordenamientos legales).

La lista de informantes clave a quienes se solicitó colaborar con una entrevista fue

sugerida a las instancias y éstas a su vez propusieron otros actores que

consideraron importante entrevistar. La lista enviada fue la siguiente:

Entrevista con la titular de la IMEF Persona responsable de la coordinación de refugios en la entidad (DIF, Sedesol, u otra) Persona responsable de programas de violencia de género en la Procuraduría de Justicia y/o Seguridad Pública estatal

24

Persona responsable de programas de violencia de género en la Secretaría de Salud estatal Persona responsable de programas de violencia de género en la Secretaría de Educación Pública estatal Persona responsable de programas de violencia de género en la CDI estatal o institución similar Persona responsable de un Observatorio de Violencia de Género o de una OSC vinculada con el tema Otros/as actores/as con los que la IMEF tenga vínculos de colaboración y sugiera se tenga una entrevista. En cuanto a la logística de campo, contamos con el apoyo de INMUJERES, desde

donde se nos hizo el primer contacto con las IMEF, enviando un oficio formal y

estableciendo contacto telefónico, al que luego el equipo de investigación dio

seguimiento con posteriores comunicaciones vía telefónica y electrónica, con el

objeto de preparar la agenda de trabajo junto con las Instancias.

En preparación previa a las visitas, se revisaron las leyes y programas estatales de

violencia, los productos evaluados en 2009 entregados por las mismas, los sitios

web de la IMEF, de OSC y de Observatorios en la entidad, e información

periodística relevante sobre las políticas de violencia en la entidad.

Las entrevistas fueron audiograbadas previa solicitud de permiso y firma de carta

de consentimiento informado donde se les dejó información básica del estudio y

teléfonos de la investigadora responsable para cualquier duda (ver anexo 7:

carta de consentimiento informado).

Se llevó a cabo un total de 73 entrevistas (algunas de ellas grupales), en las que

participaron 98 personas, de 54 dependencias: 42 de ellas gubernamentales y 11

no gubernamentales (asociaciones civiles, consultoras privadas, Observatorios

ciudadanos, academia).

Para el procesamiento de los datos se elaboró una guía de transcripción temática

de las entrevistas. Las entrevistas fueron transcritas en procesador de palabras.

25

En el capítulo V se presenta el análisis de la información recogida en los estados,

desglosada por entidad y de manera global, las estrategias de acercamiento a

las entidades y los resultados de las visitas.

Objetivo específico 3: Recomendaciones de política pública

Se realizó un taller de discusión de todo el equipo, donde se revisaron

documentos teóricos sobre género y política pública y a la luz de los mismos se

analizaron los resultados de las visitas a los estados y de la evaluación de los

productos, con el fin de generar los insumos analíticos necesarios para elaborar el

las recomendaciones de política pública que se presentan en el capítulo VII, al

final de este informe.

26

IV. RESULTADOS DE LA EVALUACION DE PRODUCTOS

En esta sección se presenta el reporte estadístico de los productos evaluados en este año. Al final del proceso se han evaluado 185 productos. De ellos, el 58% proviene sólo de 8 entidades federativas: Tlaxcala, Hidalgo, Distrito Federal, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Morelos; el 42% restante está integrado por los productos de otros 21 Estados de la República; la única entidad de la que no se identificó ningún producto hasta la fecha de corte, fue Baja California.

Fuente: INSP/INMUJERES: Estrategias implementadas por las IMEF para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 2010.

27

Productos por Estado Frecuencia

Aguascalientes 5

Baja California Sur 4

Campeche 1

Chiapas 2

Chihuahua 4

Distrito Federal 14

Durango 3

Guerrero 4

Hidalgo 19

Jalisco 4

México 6

Michoacán de Ocampo 11

Morelos 10

Nayarit 2

Productos por Estado Frecuencia

Nuevo León 3

Oaxaca 10

Puebla 5

Querétaro 1

Quintana Roo 7

San Luis Potosí 4

Sinaloa 11

Sonora 3

Tabasco 5

Tamaulipas 4

Tlaxcala 21

Veracruz de Ignacio de la Llave 10

Yucatán 9

TOTAL 182


En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los productos que fueron entregados por las entidades pero no evaluados en esta ocasión:

ENTIDAD FEDERATIVA N° DE PRODUCTOS

Aguascalientes 12

Coahuila 1

Colima 4

28

Estado de México 2

Jalisco 1

Michoacán 1

Puebla 1

Quintana Roo 1

Sinaloa 2

Tabasco 3

Tamaulipas 5

Veracruz 7

Yucatán 1

Zacatecas 9


El 82% de los productos evaluados fueron elaborados en el año 2009 mientras que del 13% no se cuenta con información al respecto.

Productos por año Frecuencia

2003 1

2007 1

2008 1

2009 149

Productos por año Frecuencia

2010 6

Sin información 24

TOTAL 182


29


La mayoría de los productos fueron desarrollados bajo la responsabilidad de dependencias gubernamentales. Resalta la baja incidencia de instituciones académicas en esta tarea.

Productos por tipo de instancia ejecutora Frecuencia

Consultora privada 3

Dependencia gubernamental 131

Otra 3

Institución académica 1

OSC 35

Sin información 9

TOTAL 182


30


Cabe señalar el bajo perfil que los observatorios han representado en el conjunto de productos analizados, puesto que sus trabajos no representan ni siquiera el 5% del total del universo evaluado.

Productos realizados por observatorios Frecuencia

No 158

Sí 8

Sin Información 16

TOTAL 182


31


Sobre la procedencia de recursos que auspiciaron la generación de estos productos sobresale el Fondo de Transversalidad del Inmujeres con el 60% asignado. Por su parte los financiamientos del Indesol, en su conjunto, apenas alcanzan poco menos del 30% del total de materiales revisados.

Productos por Fondo Frecuencia

Fondo Transversalidad (Inmujeres) 109

MVVG (Inmujeres). 15

PAIMEF (Indesol). 26

PCS (Indesol) Observatorios. 3

PCS (Indesol) Proyectos de Género. 24

Sin Información 5

TOTAL 182


32


El 30% de los productos analizados consideran mecanismos de continuidad.

Productos por perspectiva de continuidad Frecuencia

No 70

Sí 53

Sin datos 59

TOTAL 182


33


Es importante subrayar que el 87% de los productos analizados incidieron, o por lo menos tienen condiciones para incidir en la problemática planteada en su objetivo.

Productos por Incidencia Frecuencia

No incidió 2

No tiene condiciones para incidir 18

Si incidió 4

Tiene condiciones para incidir 152

Sin información 6

TOTAL 182


34


Dicha proporción es correspondiente con la cantidad de productos que reflejan el cumplimiento de sus objetivos.

Productos por cumplimiento de objetivos Frecuencia

No 17

Sí 134

Sin Información 31

TOTAL 182


35


Poco más de la mitad de los productos tiene un alto nivel de aplicabilidad.

Productos por aplicabilidad Frecuencia

Alta 96

Baja 21

Media 65

TOTAL 182


36


Asimismo casi el 70% de los productos cuentan con un planteamiento metodológico adecuado.

Productos por metodología Frecuencia

Adecuada 125

Poco adecuada 47

Nada adecuada 8

Sin información 2

TOTAL 182


37


De igual forma, los marcos teóricos utilizados resultaron adecuados para el 75% de los productos.

Productos por marco teórico Frecuencia

Adecuado 137

Poco adecuado 32

Nada adecuado 9

Sin Información 4

TOTAL 182


38


En lo referente a la consistencia de los productos, poco más de la mitad tiene alto grado de coherencia interna; mientras que ese porcentaje se eleva a 75% cuando se trata de la coherencia externa.


Productos por coherencia interna Frecuencia

Alta 100

Media 23

Baja 56

Sin información 3

TOTAL 182

39



Productos por coherencia externa Frecuencia

Alta 132

Media 32

Baja 15

Sin información 3

TOTAL 182

40


Las siguientes tablas y gráficas no se ajustan en sus totales y porcentajes a la cantidad de 182, debido a que algunos de los productos han podido contabilizar más de una opción en las siguientes categorías de análisis.

En lo referente a la cobertura de los productos analizados, la evaluación indica que es predominantemente estatal.

Productos por cobertura Frecuencia

Todas 10

Nacional 13

Regional 6

Estatal 111

Local 69

Otra 4

Sin información 3


41


A pesar de la diversidad de temas que fueron presentados en esta evaluación de productos, destaca que la mayoría está centrado en la violencia de género, familiar y sexual; asimismo destacan la transversalización del enfoque de género y la armonización legislativa y normativa.

Productos por tema Frecuencia

Armonización legislativa y normativa 35

Feminicidio 4

Indígenas 2

Informes de actividades IMEF 10

Migrantes 2

Modelos de atención a la violencia, 28

Modelos de intervención preventiva 12

Mujeres en reclusión 9

42

Productos por tema Frecuencia

Procuración de justicia 13

Programas estatales 10

Transversalización de la Perspectiva de Género (PEG) 33

Trata de personas 13

Violencia de género 64

Violencia familiar 33

Violencia laboral 12

Violencia sexual 20

Otro 24


43


En el rubro de subtemas sobresalen los productos referidos a la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género, la procuración de justicia, la violencia familiar y la seguridad pública.

Productos por subtema Frecuencia

Docentes 6

Feminicidio 9

Hombres 3

Igualdad entre mujeres y hombres

59


Indígenas 6

Mujeres en reclusión 6

Procuración de Justicia 29

Refugios 6

Seguridad Pública 24

44


Trata de personas 14

Violencia de género 52

Violencia familiar 25

Violencia laboral 19

Violencia sexual 18

Otro 22


45


En lo referente al tipo de productos evaluados destacan los Estudios jurídicos con un 19% de los productos y los manuales con un 19%. En lo que se refiere al 26% referido en la evaluación como “otro tipo de producto” cabe señalar que está integrado principalmente por folletos, protocolos, memorias, informes y reportes.

Tipo de producto Frecuencia

Análisis estadísticos 2

Desarrollo de Encuestas 13

Diagnósticos 18

Estudios jurídicos 37

Manuales 34

Materiales didácticos 17

46

Tipo de producto Frecuencia

Otras investigaciones 12

Planes y Programas 9

Otros 50



Otros tipos de producto Frecuencia

Folleto 18

Guía 3

Informe 4

Material de difusión 3

Memoria 4

47

Otros tipos de producto Frecuencia

Protocolo 2

Reporte 5

Otros 10



Entre los sectores poblacionales a quienes se destinan los productos analizados destaca el grupo de “tomadores de decisiones”. Por su parte, resalta la baja frecuencia de productos destinados a víctimas de violencia y, especialmente, la ausencia de oferta para el grupo de agresores.

Productos por población objetivo Frecuencia

Personal de atención directa a víctimas 42

Población en general 49

48

Productos por población objetivo Frecuencia

Tomadores de decisiones 85

Víctimas de violencia 16

Otro grupo específico de población 23



Lo anterior corresponde con el uso que se pretende para el grupo de productos, pues la Incidencia en Política pública, es una de las aplicaciones que prevalecen sobre el resto. Por su parte la Difusión, la Prevención, la Sensibilización y la Atención a Víctimas ocupan el grueso de esta distribución.

Productos por aplicación Frecuencia

Atención a víctimas 48

Capacitación 29

49

Productos por aplicación Frecuencia

Difusión 53

Incidencia en política pública 79

Modelos Replicables 13

Prevención 45

Sensibilización 48



Por su parte, entre los ámbitos sobre los cuales los productos evaluados centraron su impacto, destacan el institucional y social.

Productos por ámbito de impacto Frecuencia

Comunitario 70

50

Productos por ámbito de impacto Frecuencia

Institucional 135

Social 80

Familiar 51

Individual 73

Otros 3



Dicho impacto se enfocó, primordialmente a las áreas jurídica y social.

Productos por área de integralidad Frecuencia

Área educativa 42

Área jurídica 99

51

Productos por área de integralidad Frecuencia

Área médica 28

Área psicológica 61

Área social 100

Otra 16



En el siguiente cuadro, se puede ver un resumen de la evaluación por tipos de producto.

52

CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN POR TIPOS DE PRODUCTO (2009)

aplicabilidad Metodología marco teórico coherencia interna

coherencia externa

alt

a med

ia baj

a

adec

uada

poco adec

uada

nada adec

uada

adec

uado

poco adec

uado

nada adec

uado

alt

a med

ia baj

a alt

a med

ia baj

a

encuestas

7 5 1 9 3 1 11 1 1 8 4 1 10 2 1 13

estudios jurídicos

27 4 3 26 5 3 26 6 2 28 2 4 30 4 0 34

intervencio

nes 55 45 16 75 35 6 83 7 26 53 20 43 79 23 14 116

invest

igaciones

9 11 2 17 3 2 19 2 1 12 6 4 13 8 1 22

subtotales 98 65 22

127 46 12

139 16 30

101 32 52

132 37 16 185

porce

ntajes 53

% 35%

12

% 69

% 25% 6%

75

% 9% 16%

55

% 17%

28

% 71

% 20% 9%

100

%


En el siguiente cuadro se hace una comparación de las principales variables evaluadas, entre los productos de 2009 y los de 2006-2008 (entregados en la evaluación anterior):

ASPECTO EVALUADO PRODUCTOS 2006-2008 PRODUCTOS 2009

APLICABILIDAD ALTA 46.7% 53%

METODOLOGÍA ADECUADA 55.8% 69%

MARCO TEÓRICO ADECUADO 67% 75%

COHERENCIA INTERNA ALTA 55% 55%

COHERENCIA EXTERNA ALTA 54% 71%


53

V. RESULTADOS DE LAS VISITAS A LAS ENTIDADES

Estrategias implementadas por las entidades federativas para prevenir, atender,

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

En esta sección presentamos un análisis conjunto de la información obtenida en

las entidades federativas visitadas.

Avances y retos de la política estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar

la violencia de género

Ordenamientos legales

En las entidades visitadas, las leyes estatales se promulgan con retraso, alrededor

de dos años después de la Ley general de Acceso de 2007, con excepción de

Aguascalientes y Puebla, donde salieron a finales de ese mismo año. En algunos

casos el texto original fue modificado después de recibir críticas de la sociedad

civil, que en general no fue convocada a los debates sobre las leyes. Los

reglamentos de la ley se retrasan aún más. En los casos en que existen, son del

presente año (2010). En varios casos aún no existe reglamento del sistema estatal

o un programa estatal publicado.

Un motivo de retraso que se comentó, es que para tener un programa estatal se

necesita un diagnóstico previo y éste lleva tiempo. Sin embargo, como no hay

forma de justificar ante la Legislatura local la necesidad de un presupuesto si no

hay un programa, se hacen programas “piloto” que después de recibir recursos se

completan con los datos del diagnóstico y del banco de información, en caso de

existir.

54

Las iniciativas de las leyes estatales de acceso y de igualdad en general contaron

con la participación de las IMEF, que aportaron argumentos y datos, pero

enfrentaron discrepancias y dificultades para lograr consenso entre los

legisladores. Entre las controversias más comunes se encuentra el argumento de

que esta ley “viola los derechos de los hombres”, que establece multas

“excesivas”, que impone categorías “innecesarias” como la del feminicidio, etc.

No fueron ampliamente debatidas ni consultadas con las dependencias a

quienes obliga a formar parte del sistema, y mucho menos con organizaciones

civiles y de mujeres. Hay bastante desconocimiento de las leyes, especialmente a

nivel municipal y entre el funcionariado.

El hecho de que exista el instrumento legal ya es un paso fundamental, porque

establece obligaciones y brinda elementos para ser aplicado, sin embargo, debe

hacerse una reforma integral a todo el marco normativo para la ley sea

operativa. En la mayoría de los casos, esto depende de pactos entre actores/as y

de largos cabildeos.

Un ejemplo de elemento novedoso es el de la Ley de acceso de Zacatecas, que

fue vinculada a la ley de igualdad. Esta obliga a la etiquetación intransferible de

recursos para temas de género (incluido el de violencia) y al Modelo de Equidad

de Género (MEG), que es obligatorio para todas las dependencias. La ley incluye

además la “alerta de género” (a pesar de ser una atribución federal), la

obligatoriedad de la reeducación de los agresores y un sistema estatal de

violencia más amplio que el de la mayoría de los estados, con la inclusión de

todas las dependencias que en virtud del MEG tienen recursos para género.

1.2 Sistemas estatales

Los sistemas estatales de violencia en general fueron creados poco después de la

promulgación de las leyes estatales de acceso, pero han enfrentado resistencias

notables y grandes dificultades para conformarse y sesionar. En general, los

titulares de las dependencias no ven a los temas de género como prioritarios y no

55

asisten a las sesiones, enviando a personal sin capacidad de decidir. En los casos

en que sí asisten, es frecuente que luego no informen a quienes se encargan de

estos temas en sus respectivas dependencias, acerca de los acuerdos tomados.

Se ha llegado a cancelar sesiones por falta de quórum.

Los periodos electorales dificultan aún más el trabajo de los consejos estatales,

que son el brazo operativo del Sistema, ya que el blindaje electoral muchas veces

impide desarrollar acciones que podrían verse como “electoralistas”, además de

que varios funcionarios y funcionarias renuncian a sus cargos para competir por

cargos en las elecciones locales y estatales, lo cual obstaculiza la continuidad de

las acciones y procesos de colaboración entre dependencias. Las IMEF han

debido hacer un intenso trabajo de convencimiento de las autoridades y del

funcionariado estatal, aportando datos y argumentos sobre las necesidades de

las mujeres y lo que debe hacerse para atenderlas, con éxito variable entre las

entidades.

No se ha incluido de entrada a la sociedad civil o al sector académico en los

sistemas y consejos estatales, a veces por desconfianza y otras por ambigüedad

en los lineamientos del sistema. Estos a veces son una adaptación de los que se

elaboraron a nivel nacional. Algunas de las estrategias que las entidades han

utilizado para lograr el compromiso de los actores miembros del sistema son las

siguientes:

Designar en la presidencia del sistema a quien encabeza el poder ejecutivo, o a

un miembro de la secretaría de gobierno.

Cabildeo y relaciones informales.

Incorporar al sistema a las directoras de los Institutos municipales, quienes deben

gestionar recursos para atención a la violencia.

Promover la elaboración de programas municipales de violencia.

Regionalizar la entidad, para facilitar la participación de unos municipios en

representación de otros y así evitar la falta de quórum que suele ocurrir en los

estados geográficamente extensos o de difícil acceso entre municipios.

56

Promover el trabajo en comisiones a lo largo de los ejes de prevención, atención,

sanción y erradicación, cuyo desempeño no depende de que se reúna el pleno,

sino de reuniones en sub-grupos.

Establecer grupos interinstitucionales para atender problemas concretos o

desarrollar proyectos específicos (por ejemplo, la elaboración de una radionovela

o de una campaña de difusión, que requiere de la participación de

dependencias específicas).

Definir mecanismos de seguimiento del trabajo de las comisiones, por ejemplo a

través de un sistema informático, para captar datos del avance y cumplimiento

de las metas en los cuatro ejes.

En el eje de la sanción, algunos han intentado ampliar la facultad de expedición

de órdenes de protección a autoridades municipales, para agilizar los procesos;

esto sin embargo enfrenta controversias, desde la preocupación por la seguridad

de las víctimas en localidades pequeñas donde no se puede garantizar la

confidencialidad.

Para algunas instituciones, la participación en el sistema ha significado un mejor

posicionamiento del tema de género y violencia al interior de la dependencia.

Por ejemplo, en varios estados, el hecho de ser cabeza del comité de atención, le

permitió al programa de violencia de la Secretaría de Salud posicionarse mejor

dentro del propio sector. Parte del proceso de reconocimiento de este programa

fue la extensa capacitación que se proporcionó y se sigue proporcionando al

personal médico en la detección, atención y canalización de casos de violencia.

Coordinación entre actores

La coordinación es obligada, sobre todo a nivel de la atención, ya que ésta

incluye una diversidad de acciones como las líneas telefónicas, los centros de

atención especializada, los módulos itinerantes, los refugios, etc. Asimismo ésta

debe coordinarse con los procesos de sanción, donde se incluye la asesoría legal

y los procedimientos judiciales. Esto implica que participen una diversidad de

57

instituciones como salud, desarrollo de la familia, procuración de justicia y

atención integral, entre las más importantes.

En general existen vínculos entre estas dependencias, pero predominan los

informales y basados en el conocimiento previo entre funcionarias/os, que los

formales o sustentados en convenios, si bien éstos existen, para resolver asuntos

específicos; por ejemplo, en algunas entidades, Salud tiene convenios con la IMEF

para afiliar al Seguro Popular más fácilmente a las mujeres que acuden a los

centros de atención; en otras, Educación tiene convenios con la misma IMEF para

ofrecer educación básica, media y media superior a las usuarias, con el fin de

favorecer su autonomía para poder salir de la violencia. También existen

convenios específicos para realizar trabajo de prevención en escuelas,

campañas o productos de difusión especializados como spots, telenovelas y

radionovelas con temáticas de género y violencia, y para desarrollar

capacitaciones, contención emocional a quienes atienden a usuarias, para

refugiar mujeres y sus hijas e hijos, y para desarrollar investigaciones y bancos de

información. El predominio de los acuerdos informales, sin embargo, fragiliza las

políticas para combatir la violencia, en la medida en que las hace depender de

la buena voluntad de los actores/as en turno, que por lo demás, cambian

frecuentemente de funciones.

En general no hay modelos únicos de atención o la homologación efectiva de

protocolos. Esto sucede entre dependencias y también en relación con las

organizaciones civiles a las cuales con frecuencia se refieren casos de violencia o

se contrata para dar algún servicio que las instancias públicas no pueden ofrecer.

En general las instituciones se resisten a modificar sus dinámicas, pese a que se

capacita a su personal en los nuevos modelos.

También se resisten a cambiar sus métodos de registro, en caso de tenerlos, lo

cual obstaculiza enormemente la consolidación de un sistema estatal único de

información y más aún la alimentación del banco nacional de datos de violencia.

Existen leyes que obligan a la coordinación entre instituciones, pero en general

58

éstas no tienen claridad sobre las funciones que debe desempeñar cada una. Es

así como se duplican algunas tareas y se carece de personal para la ejecución

de otras. Esto es más agudo en atención integral, donde participan varias

instituciones, a veces con enfoques contrapuestos o sin la debida experiencia.

Con respecto a los vínculos entre actores, la triangulación de la información nos

permitió observar discrepancias entre los enfoques y percepciones que tiene

cada uno de ellos en relación con los demás y con sus mutuas relaciones, así

como su apreciación del trabajo realizado. Algunas veces, una dependencia

señala como fuerte un vínculo que la contraparte considera débil, problemático

o inexistente; otras, simplemente se desconocen las actividades de las otras

dependencias, en particular las de la IMEF; en otras más, hay desconfianza y celo

por mantener la propia manera de trabajar y comprender el problema. Un

ejemplo importante de discrepancia de enfoques, es el de la tensión existente

entre la perspectiva de género, que busca la autonomía y el empoderamiento

de las mujeres, y la tendencia –cada vez más predominante en el área de

Procuración de Justicia pero compartida por otros actores- a la mediación y la

conciliación de la pareja para agilizar los procesos y descomprimir los sistemas de

justicia.

En la opinión de algunos actores/as, los procesos de mediación y de justicia

alternativa no son adecuados para casos de violencia de pareja, ya que explícita

o implícitamente ejercen presión sobre la víctima para otorgar el perdón a su

agresor. Por otro lado, se señaló en varias entidades que los casos que sí llegan a

juicio, se enfrentan con la escasa sensibilidad de género de los jueces, que con

sus decisiones (tendencia a la reeducación o atención terapéutica de los

agresores más que a la sanción penal) frustran procesos largos y dolorosos de

muchas víctimas de violencia severa, poniéndolas además en riesgo. Por lo

demás, no hay un modelo probado y homogéneo de reeducación de agresores.

En algunas entidades existe un programa de reeducación en Salud, en otras se

pide este servicio al DIF, que debe elaborar un modelo de manera apresurada ya

que no cuenta con experiencia en el tema.

59

Los enfoques son diversos: en general el DIF tiende a la conciliación porque ve a

la familia como una unidad; en algunas entidades se comentó que las fiscalías

especializadas en derechos de las mujeres también tendían a adoptar este

enfoque en la práctica, pese a tener un discurso de “género”, por las propias

inercias del sistema al que pertenecen; las IMEF y el programa de Salud tienen en

teoría un enfoque de género y empoderamiento, que atiende a la mujer como

sujeto con derechos, pero en la práctica muchas veces se recurre a acciones de

tipo paternalista o asistencialista, lo cual depende en buena medida de las

personas a cargo.

A pesar de estas y otras discrepancias, muchas de las dependencias señalan que

están obligadas a coordinarse, ya sea por necesidad, por conveniencia o por ley,

en especial dada la necesidad de la referencia de casos. En algunas entidades,

sin embargo, se expresó malestar por el hecho de que las IMEF tengan servicios

de atención integral. Esta queja fue expresada tanto por otras instituciones

(especialmente Salud, que considera es quien está más capacitada para otorgar

estos servicios y para ello requiere de más apoyo), como por las propia IMEF. Una

de ellas declaró que se veía obligada a dar atención porque había un exceso de

demanda y tenía los recursos federales (de PAIMEF) etiquetados para hacerlo;

otra, expresó desacuerdo con tener esta responsabilidad que en su visión debía

asumir el sector salud. Algunos actores interpretaron estas discrepancias también

como “resistencia a soltar los recursos”, que sin duda otorgan autoridad a quien

los posee.

Con relación a los actores no gubernamentales, destaca el pobre

aprovechamiento de la capacidad que tienen, tanto las instancias académicas

como las organizaciones de la sociedad civil, para generar información, construir

conocimiento y aportar modelos de capacitación e intervención en distintos

niveles.

60

1.4. Institucionalización de las políticas de violencia

El logro más importante en cuanto a la institucionalización de las políticas para

erradicar la violencia contra las mujeres, es sin duda la promulgación de

instrumentos legales que obligan a las instituciones a elaborar propuestas y

destinar recursos para implementar acciones en los cuatro ejes de trabajo:

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, en especial las leyes

estatales de acceso, en la mayoría de los casos respaldadas por las leyes de

igualdad. Estas leyes han obligado a crear los sistemas estatales y a establecer

responsabilidades para cada dependencia involucrada.

Otro avance es la creciente visibilidad y presencia de las IMEF, que en la mayoría

de las entidades fueron adquiriendo mayor estatus institucional, autonomía y

acceso a espacios de toma de decisiones. En muchos casos se han convertido en

organismos públicos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio

propios, en uno de ellos fue elevada al rango de secretaría de estado, en otro

caso el estatus le fue dado por la política de género del propio gobierno del

estado, que por mandato obligó a todas las dependencias a tener un modelo de

equidad de género que debía coordinar y monitorear la IMEF. Un ejemplo

mencionado del “respeto” que se ha ganado la IMEF para el ejercicio de sus

recursos es que ya no debe pasar por mecanismos de control de sus

publicaciones.

Los fondos federales sin duda han contribuido a otorgar mayor “respeto” a las

IMEF en sus propias entidades y paralelamente los gobiernos (en general) han ido

incrementando el aporte de recursos estatales para las IMEF, si bien todavía de

manera insuficiente y especialmente para el rubro de recursos humanos. Se ha

ampliado su personal contratado, con prestaciones, y se han mejorado sus

instalaciones y recursos materiales.

Para las IMEF, sin embargo, el hecho de que los recursos federales sean

transformados en partidas estatales, como sucede en la mayoría de las

61

entidades, significa un trabajo adicional de planeación, justificación y solicitud de

fondos a sus respectivas áreas de Finanzas, mediante expedientes técnicos, lo

que retrasa aún más el desarrollo de las acciones. Lo más problemático es el

tiempo que le suele tomar al Comité de Adquisiciones -que normalmente

depende de la Secretaría de Hacienda estatal-, autorizar recursos para las IMEF e

implementar procesos de licitación para que éstas puedan hacer contrataciones.

Las IMEF, con frecuencia, se ven obligadas a hacer cabildeo con los legisladores y

muchas veces a devolver recursos, por falta de tiempo para ejercerlos.

Gracias a los fondos federales, en especial el de Transversalidad, las IMEF han

logrado capacitar o sensibilizar a buen número de funcionarios/as de casi todas

las dependencias de la entidad, tanto en perspectiva de género como en

violencia, incluyendo el hostigamiento laboral. En muchas de ellas se han creado

“enlaces” de género que deben replicar los talleres de capacitación y con

quienes se vinculan para determinadas acciones. Si bien hay una alta rotación de

personal que afecta también en estos “enlaces”, quienes han permanecido en

general han manifestado su compromiso con la tarea de sensibilización de sus

colegas. Otro elemento favorable es la existencia de Comisiones de Equidad de

Género en las cámaras de diputados, que con frecuencia –aunque no siempre-

apoyan las iniciativas de las IMEF y la asignación de presupuestos para sus

actividades.

Al menos en una entidad existe un mecanismo legislativo por el cual las cámaras

deben discutir iniciativas apoyadas con determinado número de firmas de

ciudadanos. Esto resulta favorable para las políticas de género, sobre todo

cuando existe una sociedad civil organizada y coordinada.

El mayor reto sigue siendo la institucionalización a nivel municipal, más aún en

aquellos municipios donde gobierna un partido distinto al que gobierna en el

estado. En algunas entidades se están proponiendo iniciativas de armonización

legislativa que obliguen a los municipios a destinar recursos para género y

violencia, así como a ser parte del Sistema de Violencia, con grados muy

62

variables de avance. En general en los municipios de diferente color político y/o

donde rigen usos y costumbres, hay poco apoyo para los centros de atención, los

módulos itinerantes, o las campañas de sensibilización de las IMEF. En algunos

casos, incluso, no han dejado que éstas se acerquen a instituciones como

hospitales, escuelas, o el DIF municipal para difundir sus actividades.

Las IMEF no cuentan con recursos para contratar personal que labore fuera de la

capital, por lo que el trabajo en este nivel depende de la voluntad de las

autoridades locales. En ocasiones los centros de atención a la violencia que están

en los municipios y reciben recursos de PAIMEF dependen del gobierno local o del

DIF municipal, quienes intentan sacar provecho de su personal, solicitándole otro

tipo de servicios además de la atención de casos de violencia. El personal de

estos centros señala que a veces debe atender “todo lo que llega” porque

mucha gente (hombres y mujeres) van “a la piscóloga” o “a la abogada” porque

el servicio es gratuito, y no porque vivan el problema de la violencia.

Impacto de los fondos federales (MVVG, Transversalidad, PAIMEF, PCS)

2.1 Recursos

En general los fondos federales constituyen más de la mitad de los fondos con

que cuentan las IMEF para su operación (en un caso llega al 90%). En lo que

concierne a violencia, esta proporción se incrementa, ya que una gran parte del

recurso para este tema proviene de PAIMEF. El fondo de Transversalidad es

utilizado en su mayor parte para actividades de sensibilización y capacitación en

perspectiva de género a los funcionarios/as y otros actores estatales. Es por esta

razón que, a pesar de la dificultad de gestión, ejercicio, administración y

comprobación que reportan las IMEF, los fondos federales son considerados

fundamentales para lograr el funcionamiento básico de las IMEF y sus proyectos

clave. Sin embargo, también se observó una cierta pobreza de estrategias para

ampliar o diversificar los recursos, y las IMEF en general se atienen a lo que el

gobierno estatal decida asignarles como complemento a los fondos federales

63

que reciben cada año, en un caso aduciendo que la IMEF no está autorizada a

cobrar por sus servicios y esto le impide allegarse de recursos.

Los estados en general aportan menos de la mitad de la nómina de las IMEF,

tanto el personal de estructura como de proyectos especiales y en algunos casos

renta de inmuebles. En algunas entidades, el Gobierno Estatal asigna un

presupuesto etiquetado para el Consejo estatal de Violencia, más lo que aporten

las dependencias que lo componen; sin embargo, para obtenerlo, se requiere

que los coordinadores de los distintos comités se reúnan y elaboren propuestas de

acción concretas, lo cual en varios casos está detenido o avanza de manera muy

lenta.

Salud, por ejemplo, lamenta que los recursos estatales asignados para el

programa de violencia sean mínimos, con la perspectiva de que los recursos

federales (del Centro Nacional de Equidad de Género) irán disminuyendo con el

tiempo. Sin embargo, es la legislatura estatal quien decide sobre las partidas

presupuestales, y no siempre los legisladores ven a estos temas como una

prioridad; a ello se suma que las prioridades de cada institución también son

diversas y que muchas de ellas son definidas en acuerdos políticos previos, difíciles

de modificar.

Normalmente el recurso de PAIMEF se interrumpe por cerca de 5 meses y el

gobierno del estado asume el costo, mientras llega el dinero del siguiente

ejercicio. En algunos casos el gobierno estatal absorbió en su nómina permanente

a personal de atención que antes era pagado por el fondo PAIMEF. Cuando el

estado se hace cargo de algún centro municipal de atención, el trabajo no se

interrumpe. Donde esto no ocurre y los municipios no tienen recursos etiquetados

para atender violencia, el personal debe dejar de trabajar cuando se acaba el

recurso de PAIMEF, lo que obliga a interrumpir los procesos de atención a las

víctimas de violencia durante cerca de 6 meses. Esto genera costos adicionales

ya que cuando llega el recurso del siguiente ejercicio y se contrata nuevo

personal, hay que volver a capacitarlo. Incluso el propio recurso de PAIMEF

64

(vehículos, material, etc.) es utilizado para otros programas y otras dependencias

locales. Varios albergues y centros de atención municipales, reportaron no contar

con suficiente apoyo de sus gobiernos locales. En general no cuentan con fuentes

alternativas de financiamiento sino sólo en especie. Por ejemplo, en algunos

módulos de atención ubicados en los DIF estatales o municipales, se han logrado

préstamos de espacios a través de convenios. Algunos refugios han recibido

muebles en comodato por parte de PAIMEF.

Hay una opinión más favorable en general sobre las reglas de operación de los

fondos federales respecto de años anteriores, en el sentido de que están siendo

más claras. Se sigue insistiendo, sin embargo, en la necesidad de no interrumpir los

flujos de financiamiento.

2.2 Acciones

El fondo de Transversalidad es utilizado en mayor medida para capacitación,

sensibilización y profesionalización de funcionarios/as. Con el tiempo se han ido

mejorando las estrategias para alcanzar mayor impacto. Por ejemplo, en una

entidad se mencionó que al ver que las capacitaciones anteriores no derivaban

en compromisos concretos se hizo una alianza con la Secretaría de Planeación

para capacitar a las 8 dependencias de la Administración Pública y con Salud

para capacitar a promotores/as y personal de centros de rehabilitación. Casi

todas las personas que tomaron los talleres pidieron que también se diera

capacitación a jefes/as y directivos/as, pero en la mayor parte de las entidades

este sigue siendo un reto pendiente para las IMEF.

Los fondos PAIMEF se suelen manejar aparte, incluso en oficinas distintas a las de

la instancia. Este fondo es el que se asocia con las acciones de violencia

propiamente dicha, especialmente la atención integral. Por la gran cobertura

que tienen estas acciones, casi todo el recurso se invierte en gasto operativo y de

éste, 90% se destina a honorarios, quedando un mínimo para otro tipo de

acciones, por ejemplo capacitaciones, equipamiento de los módulos, etc.

Alrededor del 75% se destina a atención, y el resto se reparte entre prevención,

65

capacitación e investigación, en ese orden de prioridades. La atención tiene una

cobertura muy insuficiente, especialmente para la población que no vive en la

capital del estado. Mediante campañas y diversas acciones se ha contribuido a

generar una demanda de servicios que después resulta difícil satisfacer.

En cuanto al impacto, en general las IMEF no han realizado evaluaciones del

impacto de sus programas, por considerar que para ello se requiere de por lo

menos tres años de continuidad en las acciones. Sin embargo mencionaron

algunos indicadores de proceso, entre los más importantes, el fortalecimiento de

la estructura y del personal de la IMEF, mejores canales de comunicación entre

instituciones, establecimiento de centros y módulos de atención (que varían entre

6 y 20, dependiendo de las entidades), la incorporación de promotoras

comunitarias y su reconocimiento por parte de la comunidad, la construcción de

redes sociales, la mejora en la calidad de la atención, el apoyo a casas de

tránsito, albergues y refugios con personal, muebles o capacitación, la creación

de módulos itinerantes que recorren las zonas de más difícil acceso (que varían

entre 1 y 4 módulos dependiendo de la entidad), una mayor detección y

canalización por parte de las unidades de salud de primer nivel, la creación de

sistemas de información institucionales e interinstitucionales, la creación de redes

interinstitucionales para ofrecer un servicio de mayor calidad en la canalización

de casos, la capacitación a instancias municipales para fortalecer sus propuestas

y su lucha interna con los ayuntamientos para obtener presupuesto, la

duplicación de la consulta en centros especializados en violencia de la Secretaría

de Salud, la realización de campañas en medios, de promoción en escuelas, la

incorporación de materias sobre género en planes de estudios, la certificación de

instituciones en PEG, mesas de discusión, entre otras.

En parte como consecuencia de todas estas acciones se perciben cambios en la

conciencia del problema por parte de la población. Esto se traduce en mayor

demanda de servicios y mayor número de denuncias. Por ejemplo, se registra un

mayor número de llamadas a las líneas telefónicas cada año, un mayor número

de denuncias en las fiscalías, y mayor acercamiento de mujeres a los módulos

66

itinerantes. En poblaciones indígenas también se perciben cambios, por ejemplo

en las asambleas comunitarias se ve a más mujeres tomando la palabra, algo que

estaba reservado sólo a los hombres, en general se advierte una paulatina

visibilización de las IMEF en las entidades visitadas.

2.3. Modelos de Atención

En general no existen modelos de atención homogéneos, sino una gran

diversidad entre dependencias y entre éstas y las organizaciones civiles, aun

atendiendo a la misma población. En muchos casos estos modelos apenas se

están diseñando; en otros, existen modelos pero falta elaborar manuales

operativos para su aplicación, y en otros más, llevan poco tiempo de aplicación y

por lo tanto aún no han sido evaluados. En más de una entidad se planea

hacerlo en 2012, una vez que se cuente con al menos tres años de experiencia.

En algunas dependencias no siempre se cuenta con el personal capacitado para

los módulos de atención, o éste trabaja en condiciones precarias o como parte

de su servicio social.

En casi todas las entidades, los centros de atención de las IMEF que operan con

recursos de PAIMEF aplican modelos similares de atención, a partir de un sentido

de equipo entre profesionales. La ruta del modelo es la siguiente:

Atención inicial de trabajo social, con entrevista y diagnóstico del tipo de violencia que vive la usuaria. En casos de extrema violencia, se pasa inmediatamente a Psicología para intervención en crisis. En otros casos, después del diagnóstico se hace un plan de acción para pasar a Psicología o a un servicio externo. Se atiende en Psicología, antes de ser atendida por la Abogada, para que la mujer clarifique el proceso.

Algunas dependencias que trabajan con población indígena planean contratar

consultoras para adoptar los modelos de atención a esta población, ya que al no

67

contar con modelos ajustados a la diversidad poblacional se suelen aplicar los

mismos que se elaboraron en el nivel federal o estatal.

En algunas de las entidades visitadas, los centros municipales aplican el mismo

modelo que aplica la IMEF en sus centros de atención de la capital del estado

(que por lo general incluye atención jurídica, psicológica, de trabajo social y

telefónica), mientras que otros sólo cuentan con atención psicológica, o

psicológica y legal, pero carecen de los otros servicios, y unos más carecen por

completo de una metodología específica.

Los módulos itinerantes también varían en sus modelos de atención: mientras que

algunos incluyen atención médica y de enfermería pero no tienen atención legal,

otros sí la incluyen pero no tienen atención de la salud. Cabe señalar que con

frecuencia, cuando los módulos itinerantes cuentan con atención médica, al

mismo tiempo (y a veces de manera prioritaria) operan otros programas de salud

como los de diabetes, detección del cáncer, de osteoporosis, etc. En algunos

hospitales de la mujer implementaron una estrategia de grupos de autoayuda

para casos de violencia, con cierto éxito.

En general no existe un modelo homologado de atención psicológica: si bien

todos incluyen la intervención en crisis y tienen enfoques de terapia breve, al

interior de los centros de atención existen tantos modelos como psicólogas/os, ya

que éstas provienen de distintas formaciones profesionales (Gestalt,

psicoanalítica, humanista, etc.). En algunas entidades la IMEF contrató los servicios

de profesionales especializados en terapia breve o Gestalt para capacitar a su

personal en un modelo más homogéneo y acorde a la realidad de las usuarias y

de los propios centros de atención, especialmente considerando que el recurso

se interrumpe por varios meses y en consecuencia las terapias deben

discontinuarse. Un modelo de psicología profunda no es viable en estas

condiciones.

68

Otro ejemplo de discrepancia entre modelos de atención es el de la reeducación

de los agresores. El PAIMEF excluye explícitamente este componente en sus reglas

de operación, por considerar que es un programa dirigido exclusivamente a

mujeres. Sin embargo en la Ley General de Acceso (que muchas leyes estatales

retoman), se obliga a proporcionar este servicio, más aún cuando la tendencia a

nivel judicial es a la conciliación de las partes por sobre la reclusión del agresor. El

resultado, es que muchas de las IMEF atienden a hombres con recursos del

PAIMEF, mientras que otras canalizan a las pocas dependencias qie cuentan con

este servicio, especialmente Salud (en los pocos estados donde existe el

programa de reeducación), y el DIF, que en algunos casos se ha visto obligado

por ley a ofrecer terapia a hombres violentos como parte de los procesos

conciliatorios. Los procesos de mediación judicial con frecuencia culminan en la

canalización obligatoria del agresor a acudir a cuatro sesiones de terapia, lo que

a todas luces es insuficiente y coloca a la víctima en riesgo. Los programas de

salud, si bien también resultan insuficientes, incluyen 25 sesiones de reflexión

grupal, en espacios separados para hombres y mujeres, con resultados variables

de acuerdo con las entidades.

Las agencias especializadas en delitos sexuales y contra las mujeres, allí donde

existen, cuentan con modelos de atención innovadores, ya que las instalaciones

están divididas en varias secciones y cuentan con personal capacitado y

especialistas que se encargan de dar el seguimiento a los casos. En una entidad,

por ejemplo, se contrató a un antropólogo físico que apoya a los forenses y a los

peritos en la integración de las averiguaciones. Generalmente cuentan con

espacios separados para atención a personas que requieren de apoyo

psiquiátrico, psicológico y médico, y con ludoteca para el caso de víctimas

(menores) que requieran comunicarse a través de técnicas lúdicas y para

atender a los hijos/as de las víctimas mientras éstas están rindiendo su

declaración.

En una de las entidades visitadas la IMEF trabajó con la Red Nacional de Refugios

para tener un modelo de referencia de casos de violencia, exhortando a todas

69

las dependencias involucradas en la recepción de casos, la atención, la sanción,

etc., a diseñar protocolos comunes, es decir, alcanzar la homologación y generar

un acuerdo común entre todas. Se explicó cómo se articulaba la red, dónde se

insertaba cada una, qué les competía hacer y qué necesitaban saber de otras

instancias; lo anterior dio como resultado la publicación de un documento

terminado al que habría que dar seguimiento para comprobar si efectivamente

fue aplicado. En él participaron integrantes de la Red nacional de refugios y

funcionarios/as involucrados en la atención de la violencia de género.

Otra acción que les ha funcionado es el desarrollo de círculos de calidad, en

cuyas reuniones se analizan los cuellos de botella del servicio, esto ha permitido

mejorar la atención a las usuarias y escuchar también cómo se siente el personal

que opera la actividad. El modelo de los círculos de calidad, es un programa del

Gobierno del Estado.

2.4. Investigaciones

En general los programas estatales fueron elaborados a partir de un diagnóstico

de necesidades. Todos utilizaron la información básica de la ENDIREH para

programar sus actividades y posteriormente hicieron diagnósticos

complementarios, ya que los datos de la ENDIREH no están desagregados por

municipios. Con recursos del Fondo de Transversalidad se realizaron varios

diagnósticos que fueron tomados como base para las acciones de la IMEF. Un

problema que en algunas entidades se señala es la falta de fuentes de

información científica confiables para hacer diagnósticos. En la mayoría de los

casos, se apoyó la realización de investigaciones académicas cuyos resultados

fueron publicados en documentos que forman parte del acervo evaluado en este

mismo estudio. Para ello, han invitado a otros investigadores (as) expertas en el

tema de género. Si bien la mayoría de las titulares de las IMEF entrevistadas no

estaban familiarizadas con estos productos y/o manifestaron no haberles dado

seguimiento (por el escaso tiempo que muchas de ellas tenían en el cargo),

comentaron que sabían que esos estudios habían sido retomados en su momento

70

para implementar las acciones de la IMEF o para sensibilizar a otras

dependencias.

En dos de las entidades, la CDI también otorgó recursos para realizar estudios que

permitieran conocer la situación de violencia que viven las mujeres indígenas en

varias localidades, con experiencias variables.

Tanto a partir de la revisión de los productos como de las visitas a los estados, sin

embargo, se percibe que el impacto que las investigaciones y estudios puedan

tener en las políticas públicas, dista de ser óptimo. Más de la mitad de estos

productos no tiene una aplicabilidad clara (por no incluir ni siquiera

recomendaciones) y al parecer no han tenido el seguimiento adecuado por

parte de las IMEF. Algunas entrevistadas del sector académico, además,

agregaron que debido a los tiempos que las instancias les obligan a manejar, que

impiden el establecimiento de canales adecuados de devolución de la

información, las investigaciones no logran ser traducidas a políticas públicas ni

tienen la difusión adecuada.

Las titulares manifiestan que se debe seguir haciendo investigación, tanto para

tener diagnósticos más certeros sobre violencia, como para estudiar temas

específicos de cada entidad que no han sido abordados, entre ellos el

feminicidio, la trata de personas y los efectos en la vida de las mujeres de

fenómenos como la migración, la industria maquiladora, las adicciones y la

delincuencia organizada. También evaluar el impacto de las acciones,

estudiando el comportamiento de la denuncia y la recepción de los mensajes por

parte de diversas poblaciones.

Armonización legislativa y normativa

Fueron discutidas, y en muchos casos aprobadas, iniciativas de armonización

legislativa y normativa, así como propuestas de reforma a ordenamientos legales

previos en las entidades. En varias de ellas se avanzó en la tipificación de la trata

71

de personas, el hostigamiento y el acoso sexual, y en algunas se logró la

protección patrimonial de las concubinas y la despenalización del aborto en el

caso de niñas. Esto ha representado un avance importante en materia jurídica, ya

que anteriormente no se podía denunciar por esos delitos porque jurídicamente

no existían. Estas propuestas suelen demandar grandes esfuerzos de seguimiento

por parte de las instancias, para lograr que sean aceptados, lo cual depende en

gran medida del compromiso de las titulares y sus alianzas con legisladoras/es

favorables a las políticas de género.

La mayor asignatura pendiente en esta área es lograr que la estructura

administrativa funcione, para que las leyes sean conocidas y operadas

adecuadamente. Otros asuntos pendientes mencionados son los de actualizar las

Leyes de Salud, Educación, Planeación, Presupuesto, Contabilidad y Gasto

Público, así como las que rigen los municipios.

Otro asunto pendiente que se mencionó fue el de modificar los sistemas de las

alarmas de género, ya que se ven limitados por la condición de la validación de

la comisión del delito, y en la mayor parte de los casos no existen denuncias.

Sistemas de información y Observatorios

Las principales fuentes de información que se utilizan son las estadísticas del INEGI

y los diagnósticos que encarga la IMEF. También los registros de casos atendidos

que llevan tanto las IMEF como otras dependencias, y en algunos casos, la

información que proporcionan los Observatorios de violencia social y de género.

También citaron como fuente a las estadísticas de los Consejos Estatales de

Población.

Los sistemas estatales de información deben alimentarse con los datos

proporcionados por los municipios y por las instancias estatales, como seguridad

pública, servicios estatales de salud o el DIF. En varias de las entidades, aún se

está desarrollando el software necesario y tratando de probarlo con algunas

72

dependencias, a modo de piloto. El proceso total es lento. Algunas instancias

calculan que como proceso debería llevar un año o dos por institución grande,

porque cada una tiene sus propios tiempos y no todas están listas para

incorporarse a un proceso diferente al suyo y muy complejo. La Procuraduría y las

agencias del Ministerio Público son proyectos de dos a tres años; Servicios de

salud más, porque incluye hospitales de tercero y segundo nivel, más las unidades

de medicina familiar. El sistema de prevención, el cambio cultural, sostienen, es un

proyecto de veinte años.

Un gran reto es implementarlo en los municipios, muchos de los cuales no cuentan

con señal de internet, equipos de cómputo, o en su defecto, recursos para el

traslado físico de la información de manera segura. Pero el reto mayor, según

varias de las IMEF, es el de lograr que el Sistema estatal de violencia se consolide y

funcione como sostén del banco de información, ya que para tener una mejor

estructura de coordinación institucional se necesita asignar claves de acceso,

mecanismos de entrega de información y altas al sistema de cada especialista,

cuidando la confidencialidad. Otro problema a superar es el de homogeneizar la

unidad de medida de los casos de violencia ya que varias entidades reportan al

Banco Nacional tabulados de casos y de número de mujeres, de manera

indistinta.

Las IMEF están obligadas por la propia ley general a coordinar el sistema único de

información que contenga el banco estatal de datos sobre violencia de género

para integrarlo al BANAVIM, de nivel nacional.

Para ello se debe lograr que las demás instancias proporcionen sus propios

registros de casos atendidos en tiempo y forma. Si bien los avances son dispares,

la mayoría de las entidades se encuentra en una etapa muy incipiente y

enfrentando diversos obstáculos para esta tarea. De acuerdo con la ley general

de acceso, la dependencia responsable de administrar el banco de información

a nivel nacional es la Secretaría de Seguridad Pública, pero no en todas las

entidades se logró que esta dependencia en el nivel estatal se comprometa, por

73

lo que en algunos casos, es la misma IMEF quien asume la tarea, pidiendo

información mensualmente a las instituciones que conforman el Sistema estatal de

violencia y regresándoselas sistematizada para que tengan conocimiento de la

evolución de las cifras y del proceso que siguen los casos. Sin embargo en estos

casos, las IMEF están ejerciendo presión para que sea la SSP quien resguarde el

banco estatal de datos, ya que la instancia no tiene la capacidad ni los recursos

suficientes para hacerlo de manera segura y sostenible. En otros estados, la tarea

es desempeñada por un Observatorio en colaboración con alguna institución

académica. Los Observatorios enfrentan las mismas dificultades que las IMEF, ya

que las instituciones que deberían proporcionarles datos no lo hacen con

regularidad. Les resulta difícil hacer convenios, aunque van avanzando con

algunas dependencias más que con otras. Una dificultad adicional de los

Observatorios que pertenecen a OSC e instituciones académicas es la carencia

de recursos, ya que los fondos del Programa de Coinversión Social les son

otorgados por un año y este lapso no es suficiente para dar sostenibilidad al

proyecto.

A veces los Observatorios logran que los gobiernos estatales o municipales les

proporcionen algunos recursos para seguir operando. Además de recabar la

información de los casos de violencia atendidos por las demás dependencias, los

Observatorios ciudadanos suelen desarrollar sus propias encuestas y diagnósticos,

que ponen a disposición del público a través de sus páginas web, y hacer

capacitaciones y manuales de operación para los funcionarios/as del nivel

estatal y municipal que deben registrar la información. Esto es particularmente

necesario en el nivel municipal donde las IMEF por lo general no llegan o donde

hay población indígena que no habla español. En algunos casos se celebran

convenios de colaboración y los datos proporcionados por los Observatorios son

utilizados para enfocar mejor las intervenciones, pero no siempre las relaciones

entre las IMEF y los Observatorios ciudadanos son armónicas.

74

Logros y retos

3.1 Principales logros

Los principales logros comunes mencionados por las IMEF fueron los siguientes:

La capacitación a funcionarios/as y la certificación de dependencias en

Perspectiva de Género.

El número de propuestas de iniciativas de Ley enviadas al Congreso para

modificar las leyes estatales, impulsadas por las IMEF.

La creciente visibilización de las IMEF en sus entidades y en algunos casos su

acceso a espacios de toma de decisión a nivel del gobierno estatal.

El reconocimiento de las IMEF por parte de otras dependencias y la adopción por

parte de éstas de insumos de capacitación generados por aquellas.

La sensibilización a la población sobre el tema de violencia.

La percepción de las usuarias de un mejor trato en los servicios y de enfoques

menos asistencialistas y más orientados al empoderamiento de las mujeres.

La creación de sistemas estatales de violencia y de sistemas únicos de

información, con la desagregación de padrones por sexo en el registro de

servicios otorgados a la ciudadanía.

La instalación de centros de atención especializada, tanto en las IMEF (con

fondos PAIMEF) como en los Servicios de Salud (con fondos federales de la

Secretaría de Salud).

La absorción de la contratación de recursos humanos por parte de los gobiernos

estatales.

La creación de y/o mayor acercamiento a Institutos Municipales de las Mujeres a

quienes se apoyó en la elaboración de sus programas de violencia.

La existencia de municipios que han mejorado sus indicadores de potenciación

de género y desarrollo humano tras las intervenciones de las instancias de las

mujeres, con quienes las mujeres se identifican.

Mayor voluntad política en los gobiernos estatales que se traduce en apoyos a la

IMEF con recursos estatales o un mejor posicionamiento en términos jurídicos y

políticos.

75

3.2 Obstáculos y retos

Entre los obstáculos y retos más comunes mencionados por los informantes en las

entidades, se encuentran los siguientes:

El tema de género no es una prioridad para los gobiernos estatales, por lo que se

requiere sensibilizar y capacitar a los gobernadores y a sus equipos, a fin de poder

contar con planes estatales de desarrollo con perspectiva de género.

Las IMEF siguen siendo institucionalmente frágiles, ya que dependen de las

prioridades y decisiones de los gobiernos estatales y municipales, a pesar de los

avances registrados. Derivado de esta dependencia, el cargo de la titular suele

ser político y no siempre responde a las necesidades de la política de género sino

a acuerdos y alianzas políticas preestablecidas.

La autonomía y la desarticulación de los municipios respecto de las IMEF plantea

la necesidad de fortalecer a los Institutos de la mujer a nivel municipal.

Los cambios de administración estatal y especialmente municipal, que se hacen

cada tres años, dificultan la continuidad de las acciones y compromisos.

No hay una articulación satisfactoria entre las instancias de las mujeres y las

instituciones académicas; muchos menos con las organizaciones de la sociedad

civil.

El principal reto para la institucionalización de la política contra la violencia de

género es lograr que el sistema estatal funcione efectivamente, para garantizar

que las acciones se sostengan y trasciendan los cambios de administración. Para

ello se requiere una mayor autonomía de las IMEF, la elección meritocrática de

sus titulares, y la intransferibilidad de los recursos etiquetados para género en las

entidades donde esto no ocurre.

VI. CONCLUSIONES GENERALES

En esta sección se presentan las principales conclusiones del análisis conjunto,

tanto del trabajo de campo como de la revisión y evaluación de los productos

entregados por las entidades federativas, para evaluar los avances y retos en

76

materia de institucionalización y sostenibilidad de las políticas públicas dirigidas a

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Las problemáticas encontradas en los estados, se encuentran relacionadas con

distintos ámbitos: por una parte, tienen que ver con el funcionamiento interno de

las propias instancias (institucionales) y, por otra parte, se encuentran en un

ámbito interinstitucional, estructural (sistema de gobierno) e inclusive, político,

ideológico y cultural, todos ellos influidos entre sí.

Derivado del trabajo realizado, se propone una serie de elementos que pueden

dar cuenta de las condiciones ideales de política pública en materia de género.

Para presentarlos, dichos elementos se encuentran acompañados de un conjunto

de indicadores que los describen; a partir de ellos se realizan comentarios con

respecto a los aciertos o áreas de oportunidad encontradas dentro de cada

categoría de análisis. A continuación referimos, a manera de resumen, los

principales problemas detectados para la institucionalización de las políticas

contra la violencia de género en las entidades federativas, sus avances y logros

más importantes.

Presupuestos

Legislación

Programas y actividades


Participación

Monitoreo y evaluación

Impacto

Institucionalización y sostenibilidad

77

Presupuestos

Los presupuestos destinados a atender las necesidades de las mujeres en los

diversos contextos, implican el compromiso de los gobiernos para la distribución y

uso de los mismos. Para el análisis de este elemento, se consideró lo siguiente:

INDICADORES

Existen presupuestos etiquetados para necesidades de las mujeres

Son suficientes, o al menos equitativos con respecto a otros temas

Se distribuyen de manera eficiente entre dependencias o actores operativos

Se distribuyen de manera equitativa entre sub-poblaciones de mujeres

Se incluye a las mujeres más vulnerables

Existen cláusulas o mecanismos para evitar que los recursos sean desviados a otros programas o temas

Existen mecanismos para sancionar a quienes incumplen con lo anterior

Sin lugar a dudas existen en los estados presupuestos “asignados” a favor de las

mujeres, en respuesta a diversos compromisos ratificados por el Estado mexicano,

e incluso, respondiendo a las llamadas “Metas de Desarrollo del Milenio”. Estos

recursos, en algunos casos son asignados a las IMEF y, en otros, a otras

dependencias. Empero, la mayoría no están etiquetados, por lo que fácilmente se

pueden desviar a otros destinos, dependiendo de la voluntad de las autoridades

en turno. De ahí que podamos observar que la Equidad de Género no parece ser

una prioridad política en los estados. Esto se complejiza al prevalecer perspectivas

Comentarios

78

misóginas entre legisladores que deben aprobar leyes y etiquetar presupuestos,

quienes en ocasiones, también dependen de la voluntad del gobernador.

Encontramos que los recursos son desviados para atender problemáticas distintas,

además de que éstos están disponibles a discreción de los gobiernos para ser

utilizados al presentarse necesidades consideradas de “mayor prioridad”, como lo

es el caso de los desastres naturales. Lo anterior es posible, ya que se carece aún

de mecanismos efectivos de monitoreo y rendición de cuentas sobre el ejercicio

de los recursos, así como de candados sólidos sobre las cláusulas de no

transferencia en recursos etiquetados.

A su vez se observa que, aún cuando existen dichos presupuestos, éstos no

resultan suficientes para impactar en el problema de violencia contra las mujeres;

se adolece de un uso eficiente de los recursos. En las visitas de campo, fue

evidente la coexistencia de carencias por un lado y, derroche de recursos por

otro.

Cada entidad presenta peculiaridades de acuerdo a su contexto: grupos de

mujeres migrantes en las zonas fronterizas; mujeres trabajadoras en maquila;

mujeres en situación de reclusión, involucradas en redes de narcotráfico, mujeres

indígenas, feminicidios; entre otras. No se está contemplando de manera

adecuada en general, la atención a estos grupos con problemáticas específicas.

Lo anterior se relaciona con la ausencia de una perspectiva que vincule la

violencia de género con la violencia social y estructural, que coadyuve en la

visibilización de las distintas violencias contra las mujeres, con las poblaciones

marginadas, más allá del trabajo –aunque necesario- de la violencia de pareja o

familiar. Un enfoque más amplio e integral, permitiría además, atender a los tipos

de violencia y los ámbitos establecidos en la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida de Violencia.

Legislación

79

Es necesario un marco legal, un respaldo jurídico y condiciones óptimas que

permitan proponer y asegurar avances en materia legal para la prevención,

detección, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.

INDICADORES

El porcentaje de mujeres en las legislaturas es equitativo

Existe una Comisión de Equidad de Género

Existe liderazgo y peso relativo de la misma

Existen leyes estatales de igualdad y de acceso

Las leyes fueron discutidas ampliamente

Existen reglamentos de las leyes

Tienen perspectiva de género y están homologadas con la Ley General y los compromisos internacionales

Fueron aplicadas en acciones (programas, recursos, acciones)

Las leyes de presupuesto y hacienda tienen responsabilidades claras (vs. Lenguaje ambiguo como “garantizar”, “procurará”)

Existen Leyes de Igualdad y de Acceso a una vida Libre de Violencia en todos los

estados; sin embargo, prevalecen vacíos aún para lograr su completa aplicación.

Hace falta la instrumentación de las mismas, así como una revisión, de tal forma

que esté acorde con los compromisos internacionales y con las Leyes Generales.

Por otra parte, al efectuar la revisión de los instrumentos locales, se hizo manifiesta

la necesidad de armonizar estas leyes estatales, de acuerdo a la Ley General o

inclusive, con otras leyes y códigos estatales, los cuales, en algunos casos, entran

en contradicción. Las leyes estatales no contemplan la atención a grupos de

población con necesidades específicas, como las citadas en el punto anterior

(Presupuestos).

Comentarios

80

Asimismo, se encontró que, si bien existen leyes o propuestas de Ley, no se cuenta

con un ente encargado de darles seguimiento y de vigilar que éstas hayan sido

aprobadas; en ocasiones quedan sólo como iniciativas, más no necesariamente

se llevan a la práctica.

Programas estatales y actividades

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se

establece que tanto la Federación, como las entidades federativas, el Distrito

Federal y los municipios, deberán coordinarse para integrar el Sistema Nacional

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para

conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales

para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las

mujeres. Asimismo, se establecen las acciones con perspectiva de género que

desde el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra las Mujeres, se impulsarán. Para este punto se consideró lo

siguiente:

INDICADORES

Existe un Programa Estatal de Violencia

Existe un Sistema Estatal para ejecutarlo

Existe un reglamento del Sistema

Existen mecanismos de obligación para sus miembros

Se genera y utiliza información relevante para atender el problema

Se generan y homologan modelos y protocolos de actuación

Existe un Programa Estatal de Violencia

Comentarios

81

Se puede afirmar que, de manera formal, el Sistema Estatal existe; las dificultades

aparecen cuando se analiza su operatividad. Incluso, en algunos estados, no

existe el Programa Estatal.

Sí se genera información relacionada sobre violencia contra las mujeres; la

problemática estriba en la claridad, optimización, uso e integralidad de dicha

información.

En la LGAMVLV se establece el compromiso de alimentar el Banco Nacional de

Datos. Lo que encontramos es que no hay claridad sobre cómo se rescatará la

información para alimentarlo. Los registros sobre los casos de violencia y por tipo

de violencia están incompletos, ya que no se cuenta con un modelo de sistema

de registro eficiente y homologado, por lo que la optimización del uso de esta

información se encuentra limitado.

Igualmente, en cuanto a los protocolos, no podemos hablar de una

homologación formal. No hay acuerdos entre los modelos aplicados.

En los dos casos citados, observamos que se desaprovechan los grupos de la

academia y de la sociedad civil que cuentan con trayectoria y conocimientos en

esta materia.


Para lograr un mayor impacto en la problemática de violencia contra las mujeres,

la propuesta es la instrumentación de acciones coordinadas en materia de

atención, prevención y sanción, entre los distintos actores del Sistema, a saber: la

Secretaría de Gobernación; la Secretaría de Desarrollo Social; la Procuraduría

General de la República; la Secretaría de Seguridad Pública; la Secretaría de

Salud; la Secretaría de Educación Pública; el Consejo Nacional para prevenir la

Discriminación; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el

Instituto Nacional de las Mujeres, en calidad de Secretaria Ejecutiva del Sistema.

82

INDICADORES

Existe una instancia central con capacidad de coordinar acciones y pedir cuentas a los miembros del Sistema

Existe una adecuada distribución de responsabilidades en prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia

La información se produce y comparte de manera fluida y transparente entre los actores involucrados

Están involucrados tomadores de decisiones de alto nivel

No existen dilemas jerárquicos (resistencia de niveles operativos o bien de funcionariado de mayor nivel)

Todas/os comparten el mismo enfoque

Existe una instancia central con capacidad de coordinar acciones y pedir cuentas a los miembros del Sistema

Existe una adecuada distribución de responsabilidades en prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia

La información se produce y comparte de manera fluida y transparente entre los actores involucrados

Están involucrados tomadores de decisiones de alto nivel

No existen dilemas jerárquicos (resistencia de niveles operativos o bien de funcionariado de mayor nivel)

Todas/os comparten el mismo enfoque

Los Sistemas Estatales deben fungir como la cristalización de la Ley. Para ello

requieren de posicionamiento y fortalecimiento, especialmente en vínculos, a fin

de que efectivamente funcionen como red, para el manejo de los casos en los

distintos ejes (prevención, atención, sanción). Sin embargo en muchos casos el

Sistema Estatal suele ser una estructura vacía. En general, existe un

desconocimiento del Sistema, sobre las reuniones, asuntos revisados, etc. Las

instituciones desconocen lo que hacen las otras y sus buenas prácticas, aún

Comentarios

83

cuando tengan trabajo común en violencia de género. Existen redes de

actuación y apoyo pero en su mayor parte son informales.

En el trabajo de campo se vislumbró confusión con respecto a la división de

funciones para cada institución: qué le compete a cada instancia, cuál es el

alcance y delimitación de funciones, tanto por sectores como por niveles de

gobierno. Falta un modelo único con rutas claras de canalización, donde cada

institución realice aquello para lo que tiene ventaja comparativa y reciba los

recursos necesarios para hacerlo.

A las reuniones del Sistema suele acudir personal operativo, que finalmente no es

quien toma las decisiones, ocasionando la discontinuidad en el establecimiento

de acuerdos y el seguimiento de compromisos por parte de las instituciones

participantes.

La dinámica antes mencionada acerca del funcionamiento del Sistema y la

ejecución del Programa, se relaciona con la inexistencia de un grupo observador

y evaluador de éstos a nivel estatal o incluso nacional, en cuanto al efectivo

establecimiento de acuerdos en las reuniones del Consejo.

Asimismo, hay una visión distinta de algunas instituciones pertenecientes al

Sistema Estatal, en relación con la LGAMVLV e incluso, se presentan

contradicciones entre enfoques y modelos, en donde podría potencializarse la

vinculación con la academia y la sociedad civil, para realizar las homologaciones

necesarias.

Participación.

En esta sección, consideramos tanto los actores involucrados, como la medida en

que participan éstos, en el marco del Consejo y Sistema Estatal.

84

INDICADORES

Participan personas afectadas

Participan asociaciones ciudadanas y de mujeres

Participan instancias académicas

Participan instituciones privadas

Participan funcionarias cercanas a la problemática y a la gente

El proceso es deliberativo (no vertical, ni clientelar, ni de negociación entre grupos con poder)

Existe un nivel de conflicto ideológico que se puede manejar de forma deliberativa (no mediante la cooptación del grupo menos poderoso)

Hay un grado aceptable de equilibrio de poder entre participantes

La participación es continua y en todo el ciclo de las políticas

Se incrementan las capacidades deliberativas y de planeación y evaluación de los participantes

En general, se perciben recelos entre las acciones de las diferentes instituciones,

asociado en ocasiones con la poca claridad sobre las responsabilidades de cada

dependencia. Un ejemplo de ello es la atención directa que brinda la IMEF: en

sentido estricto, no debería dar atención, pero lo hace, en parte porque tiene

recursos para hacerlo y en parte porque no confía del todo en las instancias

naturalmente designadas para ello (por ejemplo Salud, o el DIF).

En algunos casos, no se da cabida a la participación de las OSC o ésta es

limitada. Se desconfía de la sociedad civil y en general se tiende a trabajar con

personas y asociaciones “amigas”.

Comentarios

85

Se puede decir que el modelo de gobernanza participativa es difícil de lograr en

un contexto de poca participación, corrupción, clientelismo, etc., que constituyen

los rezagos más importantes del sistema político mexicano.

Donde la sociedad civil es fuerte, sin embargo, se han logrado compromisos de

los gobiernos (como elevar el estatus de la instancia, crear instituciones

especializadas como las fiscalías especializadas, modificaciones constitucionales,

presupuestos etiquetados, etc.)

Monitoreo y evaluación

Para conocer las fortalezas y debilidades de los procesos y con ello retroalimentar,

o en su caso, re-direccionar el curso de las acciones, son necesarios el monitoreo

y la evaluación. En este contexto, se consideró lo siguiente:

INDICADORES

Existen mecanismos de rendición de cuentas

Existen mecanismos de monitoreo (información)

Existen sistemas de evaluación

Existen mecanismos de aprendizaje de experiencias exitosas y no exitosas

En general, es necesario hacer seguimiento y supervisión de las acciones y

compromisos realizados por las IMEF, así como de los recursos.

Los Observatorios Ciudadanos son piezas clave, porque permiten monitorear las

políticas desde fuera del gobierno, pero no se les apoya lo suficiente con recursos

a largo plazo, capacitación, apoyo político o información, generalmente por

desconfianza o temor. El monitoreo de la información es difícil, porque las

Comentarios

86

dependencias no tienen registros o no los comparten. La meta de la

transversalización es casi imposible de lograr si no existe dicha coordinación.

Impacto

El impacto en la disminución del problema de la violencia, incluye tanto al

funcionariado como a la población beneficiaria.

INDICADORES

Existe un número aceptable de funcionarias/os capacitadas/os en perspectiva de género y atención a la violencia

Existen mecanismos de seguimiento y evaluación de estos esfuerzos de capacitación y sensibilización

La población reclama más derechos y demanda más servicios (aumentan las denuncias, las consultas, las solicitudes de atención, la referencia de casos)

La población beneficiaria está satisfecha con los servicios recibidos (líneas telefónicas, centros de atención integral, refugios, asesoría legal, procuración de justicia, mecanismos de referencia y contrarreferencia, obtención de recursos para la autonomía)

Se aportan soluciones innovadoras al problema de la violencia

Existe un número aceptable de funcionarias/os capacitadas/os en perspectiva de género y atención a la violencia

Existen mecanismos de seguimiento y evaluación de estos esfuerzos de capacitación y sensibilización

La población reclama más derechos y demanda más servicios (aumentan las denuncias, las consultas, las solicitudes de atención, la referencia de casos)

La población beneficiaria está satisfecha con los servicios recibidos (líneas telefónicas, centros de atención integral, refugios, asesoría legal, procuración de justicia, mecanismos de referencia y contrarreferencia, obtención de recursos para la autonomía)

Se aportan soluciones innovadoras al problema de la violencia

Un acierto significativo detectado, es que hay un número importante de

funcionarias/os capacitadas/os y sensibilizadas/os en todos los estados visitados,

en materia de género y violencia.

87

Algunas observaciones con respecto a esa capacitación, son que suelen replicar

siempre el mismo modelo y redundar en los temas impartidos, además de que no

parten de un diagnóstico de necesidades. Por otro lado, en virtud de la dinámica

institucional debida a los cambios de administración, esas personas capacitadas

cambian de puesto, diluyéndose de algún modo la inversión.

En cuanto a los contenidos, un punto a subrayar es la tergiversación del enfoque

de género en algunos casos, donde se manejan visiones tradicionales sobre las

mujeres. Asimismo, la capacitación con frecuencia carece de una mirada más

integral sobre la violencia contra las mujeres, reduciendo ésta a la violencia en

pareja.

Con respecto a las/los beneficiarias/os de las capacitaciones, los funcionarios de

alto nivel están obligados a participar, pero no están sensibilizados; los de rango

medio están sensibilizados, pero no toman decisiones, agravando esta situación el

hecho de que no existir una comunicación efectiva entre niveles dentro de una

misma dependencia, ocasionando que los conocimientos queden aislados, sin

seguimiento, y que no impacten al interior de las instancias.

En relación con quiénes imparten las capacitaciones, nuevamente el sector

académico y la sociedad civil, se encuentran desaprovechados.

En cuanto al impacto social en general, un logro importante es que existe mayor

conciencia en la población y demanda de atención al problema de la violencia,

así como mayor visibilidad y posicionamiento de las IMEF ante ésta. Sin embargo,

cabe señalar que sus funciones no son muy claras, porque por un lado fungen

como instancias rectoras, y por otro, como instituciones que brindan atención

directa. El sector Salud y su modelo de atención han resultado ser los mejor

evaluados por los demás actores/as en la mayoría de los casos.

88

Entre las soluciones innovadoras identificadas en beneficio de la población, ante

el problema de la violencia, destacan las siguientes:

Creación de Fiscalías especiales; Atención itinerante, acercando los servicios a la población; Atención a agresores, como un apoyo en el abordaje de la violencia contra las mujeres; Grupos de autoayuda para mujeres Intervención comunitaria a través de promotoras/ gestores comunitarios, en donde se involucra a la misma población beneficiaria Institucionalización y sostenibilidad

Las Instancias de Mujeres en las entidades federativas, juegan un papel

fundamental en la implementación, impulso y transversalización de la perspectiva

de género, así como en la cristalización de las políticas públicas en materia de

género y violencia.

INDICADORES

La equidad de género es una prioridad nacional y estatal (se refleja en los planes de trabajo)

Se crearon nuevas instancias y programas (recursos, instituciones, redes, fiscalías especiales, centros de estudios, observatorios, instancias de coordinación)

Existe una Instancia de la Mujer

Existen marcos legales que apoyan las políticas asignadas a la IMEF

La IMEF tiene capacidades, liderazgo y estatus dentro de la política de gobierno

Tiene capacidad y voluntad para implementar sus decisiones

La IMEF tiene recursos materiales y humanos suficientes

La IMEF tiene autonomía decisional para establecer sus prioridades y acciones

La IMEF maneja su propio presupuesto

Hay voluntad política y respaldo gubernamental a la IMEF

Existe respaldo de legisladoras/es (compromisos concretos)

89

Existen mecanismos de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía

La implementación de las acciones no depende de la buena voluntad de los actores de turno (gobernadores, legisladores, presidentes municipales, funcionarios, jueces)

Hay alguna tendencia a la burocratización o desilusión con las políticas

Hay una mayor visibilización del tema y cambios culturales asociados

La inequidad de género es comprendida como un problema de la sociedad y no “de las mujeres”

Las acciones apuntan al empoderamiento y la agencia de las mujeres vs. asistencialismo o refuerzo de papeles subordinados (bordado, cocina)

Se obliga a tener un sistema de información desagregado por sexo, con criterios comunes y datos homologables entre dependencias y entre niveles de gobierno

Existen efectivamente Instancias de las Mujeres en los estados visitados, de las que

se pueden mencionar diversos puntos con respecto a su posicionamiento,

funciones, desempeño y ejercicio de recursos.

Se encontró que se ha logrado la visibilidad de las IMEF, aunque aún no esté

suficientemente clara su razón de ser, lo que conlleva a que en algunos aspectos,

no exista reconocimiento institucional (por ejemplo, en el tema de feminicidio).

Se detectó una desarticulación importante entre los distintos niveles de gobierno:

por un lado, autonomía de los municipios respecto de instancias estatales y, por

otro, autonomía de éstas respecto de las federales, lo que va en detrimento de la

relación y de la ejecución de acciones coordinadas entre las IMEF y las Instancias

Municipales de las Mujeres, así como de la posibilidad de ejercer un papel rector

por parte de los Institutos Estatales de las Mujeres. Asimismo, no hay una clara

definición de los alcances de los Institutos Municipales de la Mujer y su relación

Comentarios

90

con las IMEF (existen casos en que el mismo personal de la IMEF desconoce sus

funciones).

En algunos estados hay un distanciamiento notable de las IMEF con organismos

de la sociedad civil, cuya existencia y experiencia en muchos casos es previa a la

creación de los Institutos. Suelen evitar a la sociedad civil cuando enfrentan una

falta de legitimidad por alguna razón. Esto genera un círculo vicioso en las

relaciones entre las instancias de gobierno y la sociedad civil, porque al no hacer

a ésta partícipe activa en la construcción de políticas públicas (como por

ejemplo, el acceso a fondos federales), la falta de credibilidad mutua se

incrementa.

Si bien hay diferencias importantes entre las IMEF, no se puede decir de ninguna

de ellas que goce de autonomía, ya que en general dependen de compromisos

políticos de cúpulas y sus gobiernos, así como del verticalismo en las decisiones

(dependencia de la voluntad política del poder ejecutivo en la entidad).

Las titulares de las IMEF son impuestas en el cargo. El puesto es político y no

siempre cubre un perfil que incluya una visión de género y compromiso por los

derechos de las mujeres. Por ende, las titulares continúan las líneas de acción de

la legislación y el gobierno estatal.

Se observa una alta rotación en el cargo. Existe un señalamiento por parte de las

OSC y otras instancias vinculadas, con respecto al cambio de Directoras de la

IMEF y el personal, que repercute negativamente en la continuidad de las

acciones, que pueden llegar a ser proyectos, además, distantes a su proyecto

institucional y el plan estatal.

El apoyo gubernamental para las IMEF es variable: en el caso de Puebla, el IPM,

se encuentra integrado al Comité de Planeación; en Chiapas, la instancia ha

alcanzado en estatus de Secretaría (Secretaría para el Desarrollo y

91

Empoderamiento de las Mujeres). Contrariamente, en el caso de Baja California y

Aguascalientes, no se ve mayor respaldo del gobierno estatal.

Debido a esta dependencia con las autoridades estatales, hay casos de

influencia partidista en las acciones de las IMEF. Podríamos afirmar que existe una

autonomía formal, pero supeditación real de las IMEF al gobierno.

Ahora bien, existe una confusión entre los alcances de la IMEF, en tanto institución

encargada de transversalizar la PEG y al mismo tiempo de brindar atención

directa. Falta definir claramente hasta dónde las IMEF fungen como principal

actor de la conformación y seguimiento de políticas públicas en materia de

género y violencia. Un ejemplo de ello es que por Ley, las IMEF deben ser las

instancias coordinadoras de las acciones de las demás dependencias y, al mismo

tiempo, las reglas de operación para el otorgamiento de fondos federales (como

PAIMEF) les piden de forma obligatoria dedicarse a la atención directa en centros

especializados.

Las acciones se generan a partir de fondos federales y estatales, pero

mayoritariamente se sostienen con recursos federales. Los recursos estatales son

destinados al pago de personal y de mantenimiento de espacios, que deberían

asignarse también a la transversalización.

Los recursos (sobre todo los federales) no llegan en los tiempos requeridos, lo cual

influye en el inicio de actividades. Algunas veces, las dificultades para la

instrumentación de acciones son la falta de fondos, así como la relación

(distante) con las instancias gubernamentales.

Las IMEF tienen un sistema de gobierno descentralizado, pero una fuerte

dependencia de los recursos federales y estatales, más allá de la generación de

estrategias alternativas que contribuyan a la continuidad de la atención. En

general no se prevé a través de acciones, la ausencia o recorte de los fondos

federales.

92

Una limitante para la auto-sustentabilidad de las Instancias estatales es la

obligatoriedad de dar atención gratuita, lo que les impide generar recursos

propios.

Por la misma dinámica política mencionada, la rendición de cuentas se dirige

hacia el gobernador, y no hacia las mujeres o la sociedad.

En varios casos notamos que hay un lenguaje de “Perspectiva de género” en las

instituciones que no es tal en la práctica, porque no se acompaña de actividades

de educación en derechos. En cambio se promueven, bajo el concepto de

“empoderamiento”, actividades que refuerzan los roles tradicionales de las

mujeres (como bordado, panadería, macramé, etc.)

Ante la pregunta “¿Cómo detectan e incorporan las demandas de la sociedad

en sus programas de violencia?”, llama la atención que los estudios realizados por

las IMEF no son citados por las demás instancias. Se sabe que existen diagnósticos

realizados por las primeras, pero no está claro cómo se utiliza finalmente tanto la

inversión, como la información generada. De la misma manera, sus propios

estudios, encuestas, leyes estatales, etc., en general no son utilizados como

insumos para la planeación y ejecución de acciones, de las cuales no hacen

referencia.

En el mismo tenor, son muy pocas las entidades que han respondido al

compromiso de dar seguimiento al Banco Nacional de Datos e Información sobre

Casos de Violencia contra las Mujeres.

93

VII. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

Los resultados encontrados, evidencian avances alcanzados en los estados,

relativos a las políticas públicas en materia de género y violencia contra las

mujeres. No obstante, prevalecen aún retos que superar para optimizar recursos,

procesos y formas de organización intra e interinstitucional, que permitan un

mayor impacto en este terreno. A manera de propuestas, se podrían mencionar

las siguientes:

A nivel nacional

La primera base para la realización de acciones, son los presupuestos. Es

necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas y monitoreo de

recursos, para evitar que los fondos ya etiquetados sean dispuestos por los

gobiernos para temas distintos al de género y violencia.

Un refuerzo a las políticas de violencia de género “a manera de instrucción

presidencial” que vuelva obligatoria la etiquetación de recursos estatales, para

que no haya incoherencia entre las leyes y acuerdos internacionales y lo que

hacen las entidades.

Aquellas políticas públicas y propuestas de Ley elaboradas desde los estados,

necesitan una clara observación de su curso y seguimiento con respecto a su

aplicabilidad.

Se requiere ampliar el concepto de violencia contra las mujeres, superando la

visión y abordaje reduccionista de la violencia en la pareja, para partir de la

violencia social, estructural e inclusive, cultural, y que esto se vea plasmado en la

oferta de servicios. De otro modo, se continuará atacando parcialmente el

intrincado problema de la violencia contra las mujeres.

Hace falta dar seguimiento al compromiso del Banco Nacional de Datos e

Información sobre casos de violencia contra las Mujeres. Un reto es diseñar un

94

sistema de registro efectivo de los casos de violencia, permitiendo una utilización

compartida de la información generada entre las diversas instituciones.

En general, es necesario hacer seguimiento de las acciones realizadas por las

IMEF y por el Sistema Estatal. En lo particular, el Inmujeres, como instancia rectora

y financiadora, necesitaría estar a cargo del seguimiento, al menos, de las

acciones que la misma financia. Enriquecería mucho contar con una instancia

rectora, encargada de diseñar y ejecutar estrategias de observación y generar

mecanismos de supervisión de los compromisos de las IMEF. En la medida que no

exista dicha coordinación, la transversalización de la PEG será difícil de alcanzar.

A nivel estatal

Consolidar los sistemas estatales, fortaleciendo y formalizando los vínculos,

potenciando los recursos que cada dependencia posee y buscando una mayor

coordinación entre ellas. Se debe abrir el rango de participación a OSC e

instancias académicas comprometidas con la perspectiva de género, ya que la

pluralidad enriquece las acciones, favorece la transparencia y mejora el

desempeño de cada uno de los actores involucrados.

Otro soporte de acción fundamental es la Ley, en este caso, la Ley de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de violencia. No sólo basta su existencia en los

estados, sino la instrumentación y armonización de las leyes estatales con los

instrumentos federales, que no representen barreras para la implementación de

las mismas, debido a sus contradicciones.

En virtud de los contextos particulares en las entidades y municipios, es en las

Leyes locales en donde cabría incluir consideraciones que contemplen el trabajo

con población indígena, mujeres en situación de reclusión o involucradas en

redes de narcotráfico, población de zona fronteriza, casos de feminicidio, etc.

Hace falta una real coordinación de las IMEF con instancias ya dedicadas a estas

temáticas, para no desatender a la población más marginada.

En este mismo tenor, potencializar el impacto y optimizar la atención, se lograría a

través de las acciones coordinadas entre los órdenes municipales y estatales, esto

es, entre las IMEF y las Instancias Municipales de las Mujeres. Es necesario conciliar,

95

establecer acuerdos protocolizados y convenios, elaborar contratos, todo aquello

que asegure la sinergia, más allá de las diferencias ideológico-políticas.

Con relación al Sistema Estatal, es necesario hacer una división clara de lo que

compete a las instancias, tanto por sectores como por nivel de gobierno, ya que

en las visitas se vislumbró confusión al respecto, así como crear un equipo

evaluador de todos los Sistemas Estatales. Se necesita eficientar las reuniones del

Consejo, y garantizar que en éstas se llegue a acuerdos.

El Sistema Estatal debería proponer programas donde se trabajen los distintos tipos

de violencia, y realizar una homologación en los estados del funcionamiento del

mismo, al igual que la construcción de un modelo único con rutas claras de

canalización, que garantice el eficaz trabajo en redes formales de actuación.

A beneficio de las instituciones, se requiere promover la socialización de las

buenas prácticas entre las instancias.

Ampliar la cobertura de los centros de atención y generar más plazas para su

operación. Abrir refugios en los municipios y fortalecer los existentes, garantizando

que puedan cumplir con los requisitos necesarios de privacidad, confidencialidad

y seguridad así como contar con todos los servicios que la atención integral

requiere.

Avanzar en las propuestas de reforma y armonización legislativa, ya que muchas

leyes aún se contradicen con los códigos y con otras leyes que no están hechas

con perspectiva de género.

El perfil de las titulares de las IMEF no necesariamente es el adecuado. Sería útil

que el cargo de titular fuese elegido, más que impuesto, incluyendo a mujeres de

la sociedad civil como elegibles.

Es necesaria la reubicación física de algunas instancias municipales para que

estén más cerca de las Agencias del MP, y con ello mejorar la comunicación y

poder vigilar que efectivamente apoyen a las mujeres en levantar denuncias (no

sólo actas) y no las discriminen, las juzguen o las persuadan negativamente para

no denunciar.

Transparentar los procesos de contratación y licitación de servicios y convocar a

más asociaciones civiles y más expertas/os en género y violencia, evitando recaer

siempre en los mismos grupos y personas afines.

96

Mejorar los programas y políticas de violencia de género para población indígena

a través de convenios que potencien los recursos entre las IMEF, la CDI, DDHH y

otras instituciones que trabajan con esta población, ya que las IMEF tienen

infraestructura, unidades móviles y personal con el perfil adecuado, pero no los

recursos suficientes ni las capacidades para cubrir estas poblaciones. Una

propuesta concreta es el apoyo a las Casa de la Mujer Indígena en algunos

municipios y el desarrollo de diagnósticos que salgan de la apreciación de las

propias mujeres indígenas.

Contratar personal bilingüe para trabajar con población indígena y capacitar

directamente a los Presidentes Municipales en localidades con este grupo de

población. Considerar la asesoría de actores con experiencia en el trabajo con

población indígena.

Hacer un trabajo de sensibilización fuerte con las mujeres de las comunidades,

para revertir los efectos generacionales de proyectos paternalistas y

asistencialistas que premian la alta natalidad y no las iniciativas productivas de las

mujeres.

En municipios alejados de centros de atención, contemplar la necesidad de

recursos para transporte por parte de las mujeres más pobres.

Sin dejar de lado la atención y la sanción, estructurar una política fuerte de

prevención de la violencia, que sea científica, laica, medible y reproducible, para

evitar que las instancias municipales y estatales reduzcan la prevención a la

simple impartición de pláticas. Se requiere trabajar con medios de comunicación,

en el ámbito educativo promover la resolución no violenta de conflictos con

perspectiva de género, el reconocimiento y promoción de masculinidades no

machistas, toda vez que, en su definición más amplia, la prevención apela a

cambiar los motivos que originan la violencia.

Destinar más recursos materiales para el área de justicia y contratar más recursos

humanos capacitados, ya que en general ésta no puede absorber la demanda

creciente de casos.

Generar políticas sociales y económicas que permitan sostener cambios de fondo

para las mujeres.

Comprometer a los funcionarios de alto nivel.

97

A nivel de las Instancias de Mujeres

Estructura y funciones de las IMEF

Las IMEF deben fortalecerse internamente y posicionarse externamente, para

tener mayor estructura y credibilidad respecto de las demás dependencias y

sectores en la entidad. Para ello es necesario impulsar la profesionalización y la

capacitación continua de su personal.

En esta misma línea, las IMEF necesitan clarificar sus funciones; hasta dónde

fungen como principal actor de la conformación y seguimiento de políticas

públicas en materia de género y violencia, o de la atención directa a víctimas.

Es necesario que las IMEF asuman con mayor determinación su rol como

instancias rectoras de un proceso de institucionalización tendiente a incorporar la

perspectiva de género en el gobierno del estado y a incidir en la prevención,

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Las titulares deberían contar con un equipo de asesoría externa conformado por

especialistas en los temas que le ocupan, que pueda fungir, además, como

observador de las acciones. Los Observatorios, si cuentan con personal

especializado, podrían participar como parte del equipo asesor, con el apoyo

adecuado en financiamiento para realización de acciones completas y para

tener un mayor impacto.

Consolidar los programas existentes de transversalización e institucionalización de

la PEG, e impulsarlos allí donde no existen.

Lograr que las políticas de género sean consideradas como políticas de equidad

y no como “problemas de las mujeres”. Evitar enfoques asistencialistas,

paternalistas y moralmente conservadores sobre las mujeres.

Fondos

Desarrollar una visión más estratégica de las acciones, que implique un manejo

más eficiente de los recursos. Esto requiere una mayor articulación entre quienes

administran los fondos y coordinan los proyectos, y el establecimiento de

98

proyectos de co-inversión entre ellos, con otras dependencias y con la sociedad

civil.

Sería importante que las IMEF también incluyan propuestas de trabajo

mínimamente bianuales (por ejemplo, para el fondo PAIMEF), que garanticen el

cumplimiento del proyecto y que sean congruentes con su proyecto institucional

y con el plan estatal, ya que la movilidad del personal debida a la interrupción de

los flujos de recursos va en detrimento de la continuidad de las acciones.

Buscar una mezcla de recursos estatales y federales y fraccionar los fondos, para

poder vincular más recursos y evitar las complicaciones que surgen de tener una

mezcla de dos programas federales, con distintas reglas de operación.

Lograr que se etiqueten recursos estatales para fortalecer las políticas y operar los

fondos federales de manera más eficiente.

Gestionar recursos alternativos y promover la vinculación a nivel internacional.

Acciones de sensibilización y capacitación

Hacer un trabajo de convencimiento de las autoridades electas en los estados,

sobre la necesidad de continuar con estas políticas. Insistir en que la violencia no

compete sólo a instituciones que se ocupan de la atención y la denuncia.

Cada dependencia requiere de una estrategia específica de sensibilización y

capacitación: los MP suelen ser más renuentes que el personal médico, por lo que

se requiere de estrategias como trabajar con grupos más chicos, con dinámicas

participativas y ejemplificando con casos que les puedan impactar desde su

profesión. La capacitación a funcionarias/os debe ser permanente y actualizada,

por niveles y de calidad.

Fortalecer el seguimiento del personal capacitado, evitando que estos

conocimientos sean aislados y no impacten al interior de las instancias, cuando se

realizan a través de un enlace.

Sería conveniente impartir capacitaciones diferenciadas y especializadas a las

instancias, con contenidos novedosos; realizarla por niveles para no reiterar los

99

temas, partiendo de un diagnóstico, para brindar los conocimientos, habilidades y

actitudes que la población blanco necesite.

Vigilar los contenidos y los canales de comunicación para que no se tergiverse la

información manejada, al igual que la forma en que se dan los cursos, sus

contenidos, dinámica, capacidad de las/os facilitadoras/es. Lo anterior se puede

lograr contando también con los términos de referencia de todas las

capacitaciones.

Continuar con la certificación de INMUJERES para impartir el tema de género,

pero en un formato más flexible para prestadores y consultores/as.

En general, se requiere potencializar una mayor vinculación con la academia y la

sociedad civil. Se necesita mejorar los canales de comunicación para que, a su

vez, estos sectores conozcan la labor de los Institutos de las Mujeres.

Continuar la capacitación a los agentes del ministerio público ya que es un

espacio donde las mujeres siguen sin encontrar apoyo cuando van a realizar una

denuncia.

Trabajar para que las Leyes sean más claras para los fiscales o MP de las

Unidades; que Fiscalía permita la capacitación a Jueces o Fiscales.

Apoyar de manera más activa la sensibilización y capacitación al personal de

salud, aprovechando la infraestructura y cobertura de los centros de salud y la

capacitación que la SSA está realizando en la NOM y en la detección y

canalización de casos.

Difundir las leyes, ya que se desconocen sus términos, alcances y los derechos

que éstas protegen.

Coordinación de acciones

Realizar un mapeo de actores con quienes construir alianzas, tanto entre las

secretarías y dependencias del estado como entre las organizaciones civiles,

académicas y privadas, nacionales e internacionales, para establecer acuerdos y

desarrollar acciones. Tener acuerdos con profesionistas para que brinden servicios

legales o psicológicos gratuitos, ya que puede haber cobertura insuficiente en

algunas instancias.

100

Las IMEF deben coordinar y emitir lineamientos para los modelos de atención a los

que todos deben ceñirse. Deben tener mayor contundencia para obligar a que

cada dependencia presente su modelo de atención y posteriormente se puedan

integrar. Promover y supervisar la homogeneización de los modelos de atención y

la perspectiva de género en sus enfoques.

Las IMEF deben velar para que todas las instituciones que trabajan en violencia

hagan la tarea que les toca desempeñar según la ley y tengan el presupuesto

adecuado. En la medida en que la ley establece que son los Servicios de Salud

quienes tienen que asegurar que en cada unidad haya servicios especializados

de violencia, la IMEF podría apoyar a esta dependencia en la apertura de

centros especializados en las jurisdicciones, en lugar de desgastarse abriendo

centros ella misma en los municipios, cuando no es su función ni cuenta con los

recursos necesarios.

En el caso de los refugios, promover el modelo que la red nacional ha elaborado,

ya que sin sus requisitos no pueden recibir recursos federales (ni de PAIMEF ni de

Salud). Trabajar con OSC para que estén en condiciones de solicitar recursos para

refugios.

Promover el trabajo reeducativo con generadores de violencia hacia las mujeres.

Focalizar acciones para poblaciones específicas: mujeres jóvenes, indígenas,

reclusas, migrantes, etc.

Investigación y sistemas de información

Las instancias deben utilizar sus propios estudios, encuestas, leyes estatales, etc.,

como insumos para la planeación y ejecución de sus acciones, en concordancia

con su propio plan estratégico.

Cerrar el círculo de las investigaciones, solicitando a los/as consultores/as la

sistematización de sus resultados, la traducción de los mismos a recomendaciones

o lineamientos de política pública, realizando foros de intercambio de

conocimientos y experiencias con otras instancias y buscando que las instancias

101

del gobierno estatal desarrollen la parte que les corresponde. Recuperar la

información que se ha generado en investigaciones anteriores.

Intercambiar experiencias entre bancos estatales de información para resolver

problemas comunes y homologar las formas de registro, a fin de que puedan

integrarse al sistema nacional de información.

Establecer o fortalecer los vínculos con los Observatorios de Violencia Social y de

Género, para permitir la vigilancia del desempeño de las instituciones

gubernamentales, y así promover la transparencia en la administración de

recursos y la realización de acciones.

A nivel de las instancias financiadoras

Realizar visitas a los estados, para conocer los obstáculos burocráticos que

enfrentan las IMEF y presionar para evitar los retrasos administrativos en el uso de

los recursos.

Revisar las reglas de operación para evitar contradicciones con la ley y dirigir los

recursos a los asuntos prioritarios.

Implementar estrategias para evitar la discontinuidad de los fondos y el retraso en

su transferencia, por ejemplo estableciendo un criterio bianual o trianual para su

ejercicio.

Promover reuniones con instancias estatales y municipales, para establecer una

mejor comunicación sobre lo que cada nivel requiere.

Apoyar a los Observatorios de manera más sostenida, ya que son actores

fundamentales en el monitoreo de las acciones y la generación de información

clave para orientar las acciones.

102

Bibliografía Asamblea General de las Naciones Unidas. 1993. Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará). Ginebra.

Barrera, Dalia y Massolo, Alejandra. (Comp.). (2003). El municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. México: INMUJERES. Birgin H. 2002. Imagen y percepción de la Ley de violencia familiar en Argentina. En Debate Feminista. Año 13. vol. 26. Octubre 2002. Carranza, Tzinnia. (2009). Tejiendo Igualdad. Manual de Transversalización de la Perspectiva de Género. México: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2003, Octubre). Proyecto CEPAL/DAW/Naciones unidas, cuenta para el desarrollo “Gobernabilidad Democrática e Igualdad de Género en América Latina y el Caribe” [Apuntes]. CEPAL. Faillace, Magdalena. (2008, Noviembre). Transversalizar el enfoque de género en el ámbito nacional e internacional. Ponencia presentada en el XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina. Fung, A. y Wrigh, E. O. (2001). Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance. Politics & Society, 29 (1), 5-41. London: Sage Publications. Guzmán, Virginia. (2003). Experiencia de transversalización de la Perspectiva de Género en la Política Pública en Chile: el caso del programa de mejoramiento de la gestión. Documento de trabajo. Santiago de Chile: CEPAL. Hercovich I. 2002. Las oprimidas sospechadas. En: Debate feminista Año 13. vol. 26. Octubre 2002. Herrera C. 2009. Invisible al ojo clínico. Violencia de pareja y políticas de salud en

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103

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104

ANEXOS

105

ANEXO 1. INVENTARIO DE PRODUCTOS

Diciembre de 2010

TIPO DE PRODUCTO TOTALES JURIDICOS 49

ENCUESTAS 12

INVESTIGACIONES 22

INTERVENCIONES (MODELOS, POLITICAS Y PROGRAMAS)

194

TOTAL 277

FONDO TOTALES TRANSVERSALIDAD 190 PAIMEF 37 PCS 50 TOTAL 277 POST‐CORTE (en negritas en el cuadro)

50

Relación de Productos financiados por el FTPG (Fondo de Transversalidad y Perspectiva de Género) 2009

ESTADO TITULO INSTITUCIÓN AUTOR FORMATO AÑO TEMA/subtema

1 Aguascalientes Manual de transversalización. Convivencia sin violencia con perspectiva de género. Guía de transversalización de la perspectiva de género para docentes de Educación Básica

Instituto Aguascalentense de las Mujeres


Impreso 2009 Transversalización de la PEG – Docentes

2 Aguascalientes Proyecto de armonización normativa para el estado de Aguascalientes en materia de igualdad.


Electrónico

2009 Armonización legislativa y normativa

3 Aguascalientes Propuesta de reforma al Código Electoral del estado de Aguascalientes y a la ley de Instituto Estatal Electoral


Electrónico


4 Aguascalientes Modelo único de atención y referencia y contra referencia para la detección y atención de casos de mujeres receptoras de violencia.


Electrónico 2009 Modelos de atención a la violencia

5 Aguascalientes Modelo de redes comunitarias para la detección y referencia de violencia de género



106


6 Aguascalientes Programa de Estudios sobre Género y Derechos de las Mujeres Ciclo 2009‐2010


Electrónico (PDF 22 pp.)

2009

7 Aguascalientes Guía de Usuario. Sistema para la administración de Redes Sociales (SISRE) Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Electrónico (PDF 20 p.p)

2009

8 Aguascalientes Sistema de Redes Sociales para la detección y atención de la violencia de género (SISRE)


Excellentia Electrónico (PPT 13 pp.)

2009

9 Aguascalientes Guía Instruccional para el uso del sistema municipal de seguimiento y control para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres (SIMPASE)



2009

10 Aguascalientes Programa Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres de Calvillo



2009

11 Aguascalientes Programa Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres de Pabellón de Arteaga



2009

12 Aguascalientes Programa Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres de Asientos



2009

13 Aguascalientes Programa Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres de Tepezalá



2009

14 Aguascalientes Programa Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres de Jesús María



2009

15 Aguascalientes Programa Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres de Rincón de Romos



2009

16 Aguascalientes Programa Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres de San José de Gracia



2009

17 Aguascalientes Programa Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres de Aguascalientes



2009

18 Baja California Sur Memoria del Primer Congreso Nacional de Perspectiva de Género en Salud Impreso 2009 Transversalización de la PEG

19 Baja California Sur Diagnóstico sobre NOM‐190‐SSAI‐1999 en Baja California Sur. Para la prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar

Impreso 2009 Violencia familiar ‐ diagnóstico

20 Baja California Sur Diagnóstico de Violencia en Pareja Impreso 2009 Violencia de pareja ‐ diagnóstico

21 Campeche Protocolo de intervención comunitaria en violencia de género Impreso 2009 Modelos de atención a la violencia

22 Chiapas Manual de Transversalización de perspectiva de género (PNUD) Electrónico 2009 Transversalización de la PEG

23 Chiapas Estudio armonización de leyes. Justicia con mirada de mujer (PNUD) Electrónico Armonización legislativa y normativa

24 Chiapas CAI: Modelo de Intervención a la violencia de género Electrónico 2009 Modelos de intervención preventiva

25 Chihuahua Encuesta para determinar la prevalencia de la trata de mujeres y niñas en actividades tipo, como: prostitución, trabajo doméstico, trabajo en fábricas, trabajo agrícola.

Electrónico e impreso

2009 Trata de personas

107


26 Chihuahua Proyecto de armonización legislativa y normativa en Chihuahua para la incorporación de la perspectiva de género en 4 leyes y 4 Códigos.

Electrónico 2009 Armonización legislativa y normativa

27 Chihuahua Diagnóstico de conocimientos y procedimientos en cuatro dependencias de Gobierno Involucradas en la Atención de la Problemática de la Violencia de Género

Instituto Chihuahuense de la Mujer

Impreso 2009 Modelos de Atención a la violencia

28 Chihuahua Protocolo Homologado de Atención a la Violencia con perspectiva de equidad de género


Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Instituto de Ciencias Sociales y Administración Departamento de Ciencias Sociales Instituto Chihuahuense de la Mujer

Impreso y Electrónico

2009 Modelos de atención a la violencia

29 Coahuila Ruta crítica de atención a mujeres víctimas de violencia Electrónico 2009 Modelos de Atención a la violencia

30 Coahuila Metodología para la generación de redes de apoyo Instituto Coahuilense de las mujeres

Electrónico (escaneado; 14 pp.)

2009

31 Colima “Roles y estereotipos de género en las mujeres parejas de inmigrantes” (investigación)

Electrónico 2009 Migrantes

32 Colima Proceso de entrega recepción‐ Fondo para la Transversalidad 2009. (sistematización del fondo 2009 para nueva administración entrante)

Instituto Colimense de las Mujeres


2009

33 Colima Manual técnico. Biblioteca virtual e‐genEros Universidad de Colima Electrónico (PDF 52 pp.)

2009

34 Colima Manual de usuario/a de Biblioteca Virtual Universidad de Colima Electrónico (PDF 5 pp.)

2009

35 Colima Manual Bibliotecas Municipales Instituto Colimense de las Mujeres

Electrónico (escaneado, 9 pp.)

2009

36 D.F. Documento de identificación de problemática y propuesta para mejorar la situación de las mujeres en reclusión en el Centro Femenil de Readaptación Social (CEFERESO) de Santa Martha Acatitla.

Electrónico 2009 Mujeres en reclusión

37 D.F. Propuesta de reforma al Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal a fin de incorporar la perspectiva de género y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.

Electrónico 2009 Armonización legislativa y normativa – mujeres en reclusión

38 D.F. Manual de herramientas teórico‐prácticas en Derechos Humanos dirigido a capacitadoras (es) que trabajaran con mujeres con libertad anticipada


39 Durango Diagnóstico sobre las mujeres en situación de reclusión en los Centros de Readaptación Social del Estado de Durango


40 Durango Protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia Electrónico 2009 Modelos de atención a la violencia

41 Durango Diagnóstico para la elaboración del "Manual de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en 20 municipios del estado de Durango"

Instituto de la Mujer Duranguense

Impreso 2009 Modelos de atención a la violencia

42 Estado de México Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito del Homicidio desde la Perspectiva del Feminicidio

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México

Impreso 2009 Feminicidio

43 Estado de México Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas. Electrónico 2009 Armonización legislativa y normativa

44 Estado de México Mujeres en Reclusión en el Estado de México Electrónico 2009 Mujeres en reclusión

45 Estado de México Psicoterapia breve y de emergencia para servidoras y servidores públicos que atienden víctimas de violencia

Lic. en psic. Iliana Gabriela Romo Aguirre


2009

46 Estado de México Terapias de contención, prevención y abordaje clínico del burn out, del desgaste por empatía y del trauma secundario en profesionales que

Consejo estatal de la Mujer y Bienestar

Electrónico (escaneado 2

2009

108


trabajan con víctimas de violencia. Social pp.)

47 Guerrero Capacitación y actuación de las Instancias que atienden Violencia de Género en Guerrero.


48 Guerrero Capacitación acerca del Protocolo de Investigación del delito de Homicidio desde la perspectiva del feminicidio, dirigido a policías ministeriales, peritos y ministerios públicos.


49 Hidalgo Folleto. Campaña de denuncia legal de eventos de violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos

Instituto Hidalguense de las Mujeres

Impreso 2009 Modelos de intervención preventiva – Violencia de género

50 Hidalgo Folleto. Delitos contra la filiación y el estado familiar Instituto Hidalguense de las Mujeres

Impreso 2009 Modelos de intervención preventiva ‐‐Violencia familiar

51 Hidalgo Folleto. Delitos de índole sexual contra las mujeres, sus hijas e hijos Instituto Hidalguense de las Mujeres

Impreso 2009 Modelos de intervención preventiva Violencia familiar – violencia sexual

52 Hidalgo Folleto. TelMujer075 Instituto Hidalguense de las Mujeres

Impreso 2009 Modelos de atención a la violencia – Línea telefónica

53 Hidalgo Folleto. Violencia contra las mujeres Instituto Hidalguense de las Mujeres

Impreso 2009 Modelos de intervención preventiva – Violencia de género

54 Hidalgo Folleto: Derechos humanos de las mujeres Instituto Hidalguense de las Mujeres

Impreso 2009 Modelos de intervención preventiva – Derechos humanos

55 Hidalgo Diagnostico: la situación de las mujeres en reclusión del estado de Hidalgo. Electrónico 2009 Mujeres en reclusión

56 Hidalgo Programa estatal para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Electrónico 2009 Programa estatal – igualdad mujeres y hombres

57 Hidalgo Propuestas de reformas con perspectiva de género del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mixquiahuala


58 Hidalgo Propuestas de reformas con perspectiva de género del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tecozautla

Electrónico 2009 Armonización legislativa y normativa 59 Hidalgo Propuestas de reformas con perspectiva de género del Bando de Policía y

Gobierno del Municipio de Zapotlán de Juárez Electrónico 2009 Armonización legislativa y normativa

60 Hidalgo Propuestas de reformas con perspectiva de género del Bando de polícia y Gobierno del Municipio de Atitalaquia

Electrónico 2009 Armonización legislativa y normativa 61 Hidalgo Manual de talleres para la capacitadora tutora y el capacitador tutor de

preescolar comunitario " Eduquemos para la Paz" Electrónico 2009 Modelos de intervención preventiva –

Docentes

62 Hidalgo Cuaderno de Armonización Municipal y Técnica Legislativa con perspectiva de género


63 Hidalgo Mujeres en reclusión y sus derechos desde una perspectiva de género. Aplicación de la experiencia en lo cotidiano por parte de las y los participantes


Asistencia legal por los derechos humanos A.C.


64 Hidalgo Diagnóstico de Política pública social para los CERESOS Instituto Hidalguense de las Mujeres



65 Hidalgo Las mujeres en reclusión y sus derechos desde una perspectiva de género. Documento de sistematización de la experiencia (talleres)




109


66 Hidalgo Las mujeres en reclusión y sus derechos desde una perspectiva de género. Documento con recomendaciones de continuidad en un segundo momento




67 Hidalgo Folleto: Fortaleciendo la cultura institucional y la transversalidad de la perspectiva de género en el estado de Hidalgo 2009


Impreso 2009 Transversalización de la PEG

68 Jalisco Estudio de la situación de las mujeres internas en el reclusorio femenil de Jalisco

Instituto Jalisciense de las Mujeres


2009 Mujeres en reclusión

69 Jalisco Folleto. Hostigamiento Laboral y Acoso Sexual Instituto Jalisciense de las Mujeres

Impreso 2009 Violencia laboral

70 Jalisco Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Jalisco. Propuesta de reforma legislativa para municipios


Prospectiva y Consultoría Estratégica, S.C.

Impreso Electrónico


71 Jalisco Modelo Único de atención a las mujeres víctimas de violencia del estado de Jalisco


Impreso Electrónico


72 Jalisco Diagnóstico de Cultura Institucional en la Administración Pública del Estado de Jalisco



2009

73 Michoacán

Diagnóstico de las condiciones locales para la atención y tratamiento de feminicidios en el Estado de Michoacán de Ocampo

Secretaría de la Mujer


2009 Feminicidio

74 Michoacán

Diagnóstico para la prevención y atención de la violencia familiar y de género en poblaciones indígenas en el Estado de Michoacán


Impreso 2009 Violencia familiar – Indígenas

75 Michoacán

Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del estado de Michoacán y Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Michoacán


Impreso 2009 Armonización legislativa y normativa

76 Michoacán

Modelo Comunitario de Reeducación a hombres que ejercen Violencia contra su Pareja (Paquete)


Roberto Garda Impreso y Electrónico

2009 Reeducación de agresores

77 Michoacán Modelo único de atención para proteger a las Mujeres Víctimas de la Violencia de Género


78 Michoacán Herramientas para la implementación del Modelo Único de Prevención, atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género en el estado de Michoacán de Ocampo



79 Michoacán Diagnóstico: La situación de las mujeres michoacanas dentro del fenómeno migratorio



80 Michoacán Antología del taller: “Violencia y Justicia en los Municipios con enfoque de Género”



81 Michoacán Curso taller regional con Instancias municipales de las mujeres Transversalización de la PEG ‐‐ Municipios

82 Michoacán Taller: Violencia, empoderamiento y participación política de las mujeres Impreso 2009 Modelos de intervención preventiva

83 Michoacán Antología del taller: Nuevos instrumentos jurídicos en la procuración de justicia. Dirigido a Ministerios Públicos del estado


84 Michoacán Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Michoacán y Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán.



2009

85 Morelos Memoria de la impartición de 9 cursos‐talleres sobre el tema de Derechos Humanos de las Mujeres. Dirigido a 240 mujeres en reclusión, dentro del centro de reinserción social de Atlacholoaya, Morelos y material testimonial de las mujeres privadas de su libertad.

Instituto de la Mujer para el estado de Morelos

Impreso 2009 Mujeres en reclusión

86 Morelos Estudio sobre la “Atención e intervención en casos de mujeres en situación de violencia y canalización a dependencias para su atención”, al interior de

Instituto de la Mujer para el estado de

Electrónico 2009 Modelos de atención a la violencia – Seguridad Pública

110


la Secretaría de Seguridad Pública. Morelos

87 Morelos Protocolo de actuación con perspectiva de género dirigido al personal policiaco.



88 Morelos Manual para la “Secretaría de Seguridad Pública en la atención con perspectiva de género a mujeres en situación de violencia”.


Electrónico 2009 Modelos de Atención a la violencia – Seguridad Pública

89 Morelos Estudio sobre las condiciones en las que viven las mujeres privadas de su libertad, su ingreso, estancia y aspectos socio‐culturales en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, Morelos.



90 Morelos Estudio sobre las “Denuncias relacionadas con situaciones de violencia (tipos y modalidades) interpuestas por mujeres al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos” a partir de la entrada en vigor de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos.


Asociación Nacional Cívica Femenina A.C.

Electrónico 2009 Procuración de justicia

91 Morelos Manual con perspectiva de género para la atención de mujeres violentadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.


Electrónico 2009 Procuración de justicia

92 Morelos Seis Iniciativas de Armonización de leyes: Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana del Estado, de la Ley de Salud, ley Orgánica de la Administración Pública, ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.



93 Morelos Plan de Estudios de la Carrera Técnica Superior Universitaria con Perspectiva de Género para la Policía Ministerial


Electrónico 2009 Procuración de Justicia

94 Morelos Diagnóstico institucional en el Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y Secretaría del Trabajo, sobre la igualdad, incorporación de la perspectiva de género y violencia laboral.


Electrónico 2009 Procuración de Justicia – Violencia Laboral

95 Nayarit Iniciativa de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit y su armonización como es Iniciativa de reforma a la Ley Municipal para la creación de las Instancias Municipales de la Mujer


96 Oaxaca Diagnóstico sobre violencia laboral y hostigamiento sexual, en la Administración pública estatal (versión extensa y resumen en flash)

Instituto de la Mujer Oaxaqueña

María del Refugio Zerón Electrónico 2009 Violencia laboral

97 Oaxaca Cuadernillo sobre Género y Procuración de Justicia dirigido a las y los integrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado

Electrónico 2009 Procuración de Justicia

98 Oaxaca Manual sobre género y procuración de justicia Instituto de la Mujer Oaxaqueña

Psic. Laura Martínez Rodríguez, ADIVAC

Impreso (111 pp.)

2009

99 Oaxaca Manual para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral y el hostigamiento sexual


Asesoría jurídica HT. Personal, S.A de C.V.

Impreso (62 pp.)

2009

100 Oaxaca Programa para la igualdad de género en el Poder Judicial del estado de Oaxaca


Asesoría jurídica Grupo García Gallo y Asociados S.C.

Impreso (55 pp.)

2009

101 Oaxaca Guía para la prevención de la violencia laboral y el hostigamiento sexual Instituto de la Mujer Oaxaqueña

Impreso (43 pp.)

2009

102 Puebla Folleto "Hostigamiento y acoso sexual en el trabajo" Guía de Apoyo Instituto Poblano de las Mujeres


103 Puebla Folleto "Mitos y realidades del Hostigamiento Sexual" Instituto Poblano de Impreso 2009 Violencia laboral

111


las Mujeres

104 Puebla Modelo de atención con base en un diagnóstico de los servicios para mujeres de la Procuraduría del Ciudadano

Electrónico 2009 Modelos de atención – Procuración de Justicia

105 Puebla Iniciativas de reforma al Código de procedimientos en materia de defensa social, Ley de ejecución de sanciones privativas de la libertad del estado de Puebla, Reglamento interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla


106 Puebla Protocolo de Actuación Policial sobre adopción de medidas relativas a la prevención, investigación y atención a las víctimas de violencia de género

Electrónico 2009 Modelos de atención – Seguridad Pública

107 Puebla Programa de Cultura Institucional con perspectiva de género, sector seguridad y justicia 2010‐2013

Instituto Poblano de las Mujeres


2009

108 Querétaro Modelo de atención multidisciplinario con una metodología de intervención para mujeres en situaciones de violencia en la zona indígena de los municipios de Amealco y Tolimán

Electrónico 2009 Modelos de atención a la violencia –Indígenas

109 Querétaro Estudio situacional de las necesidades de atención de las mujeres indígenas en materia de violencia de género.

Instituto Queretano de la Mujer

Patricia Suárez Elizalde Electrónico 2009 Violencia contra las mujeres– Indígenas

110 Quintana Roo Elaboración y Análisis de 21 Propuestas de Armonización o Creación de normas jurídicas estatales con el marco legal nacional e internacional en materia de igualdad de oportunidades, de derechos humanos de las mujeres y de violencia de género


111 Quintana Roo Bando de policía y Gobierno del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Electrónico 2009 Armonización legislativa y normativa

112 Quintana Roo Bando de policía y Gobierno del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.


113 Quintana Roo Diagnóstico causal y situacional de la Migración en Quintana Roo acompañado de Resumen Ejecutivo

Instituto Quintanarroense de la Mujer

Universidad de La Salle Electrónico 2009 Migrantes

114 Quintana Roo Diagnóstico de la situación y condición de la mujer en el municipio de José María Morelos, Estado de Quintana Roo

Instituto Quintanarroense de la Mujer


2009

115 San Luis potosí Documento con iniciativa de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en San Luis Potosí.


116 San Luis Potosí Documento con propuesta de reformas para la armonización legislativa en San Luis Potosí.


117 San Luis Potosí Sintesis del diagnóstico sobre la situación de la mujer en el estado de San Luis Potosí 2008

Impreso 2009 Equidad de género ‐‐ diagnósticos

118 Sinaloa Armonización legislativa iniciativa de ley de trata de personas de Sinaloa. Electrónico 2009 Armonización legislativa y normativa – Trata de personas

119 Sinaloa Prototipo de reglamento de bando de policía y gobierno. Electrónico 2009 Armonización legislativa y normativa 120 Sinaloa Actualización en las propuestas del paquete de la normatividad estatal de la

Armonización legislativa. Electrónico 2009 Armonización legislativa y normativa

121 Sinaloa Protocolo de actuación de los cuerpos de seguridad publica en materia de violencia familiar.


122 Sinaloa Diagnóstico del hostigamiento acoso‐laboral‐sexual y corresponsabilidad persona‐familia‐trabajo.

Rosa María Lizárraga Durán Electrónico 2009 Violencia laboral

123 Sinaloa Derechos Humanos de las mujeres Instituto Sinaloense de las Mujeres

Impreso 2009 Modelos de intervención preventiva

124 Sinaloa Diagnóstico de Cultura Institucional en la Administración Pública Municipal de Sinaloa


2009

112


125 Sinaloa Reglamento Interior de Ayuntamientos Electrónico (PDF 14 pp.)

2009

126 Sonora Folleto "Guía para la prevención del hostigamiento y acoso sexual" Instituto Sonorense de la Mujer


127 Sonora Propuesta de armonización de la legislación estatal con los instrumentos internacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres.


128 Sonora Estudio de la situación de las mujeres migrantes en Sonora desde un enfoque de género.


129 Sonora Modelo de intervención para la transversalización de la perspectiva de género en las dependencias que desarrollan programas sobre mujeres migrantes

Electrónico 2009 Transversalización de la PEG

130 Sonora Folleto: El lenguaje marca la diferencia Instituto Sonorense de la Mujer


131 Tabasco Folleto y cartel: “¿Por qué una ley estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia?”

Instituto Estatal de las Mujeres

Impreso 2009 Modelos de intervención preventiva ‐‐ difusión

132 Tabasco ¿Por qué una Ley Estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia?

Impreso (poster)

2009 Difusión

133 Tabasco Una historia de tantas Impreso (folleto)

2009 Difusión

134 Tabasco Compendio legislativo para garantizar a las mujeres de Tabasco una vida libre de violencia


135 Tabasco Reglamento de la Ley Estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia


2010

136 Tabasco Anteproyecto del reglamento para el funcionamiento del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado de Tabasco

Alicia Pérez Duarte (UNAM) Electrónico (Word 10 pp.)

2009

137 Tabasco Acta de Instalación del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, en especial la que se produce contra las mujeres

Alicia Pérez Duarte (UNAM) Electrónico (JPG 10 pp.)

2009

138 Tamaulipas Estudio de Investigación para establecer la ruta crítica sistemática para la operación de los servicios de Atención a la Violencia de Género


139 Tamaulipas Modelo de Atención a Víctimas Electrónico 2009 Modelos de atención a la violencia

140 Tamaulipas Ruta Crítica/Protocolo de Intervención de Prevención, Atención y Sanción de Hostigamiento Sexual.

Instituto de la Mujer Tamaulipeca



141 Tamaulipas Construyendo la equidad de género en la escuela primaria Instituto de la Mujer Tamaulipeca

Impreso 2009 Modelos de intervención preventiva ‐‐ docentes

142 Tamaulipas Estrategia para transversalizar la perspectiva de género y planeación estratégica para implementar la agenda sectorial en Seguridad Pública.


2009

143 Tamaulipas Estrategia para transversalizar la perspectiva de género y planeación estratégica para implementar la agenda sectorial en el Poder Judicial.


2009

144 Tamaulipas Agenda para la igualdad entre mujeres y hombres para incorporar la perspectiva de género en el poder judicial


2009

145 Tamaulipas Agenda sectorial en seguridad pública Electrónico (PDF 16 pp.)

2009

146 Tamaulipas Planeación estratégica y agenda de compromiso sectorial para incorporar la perspectiva de género en programas de protección a víctimas del delito y violencia de género de la Procuraduría General de Justicia


2009

147 Tlaxcala "Sensibilización al cambio y a la no violencia contra la mujer" Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala

Profesionales en Crecimiento Humano


113


148 Tlaxcala Talleres de sensibilización y capacitación a servidores públicos municipales para transversalizar la equidad de género en los servicios que brinda el sector salud y educativo local 2009

GIMTRAP A.C. Impreso 2009 Transversalización de la PEG

149 Tlaxcala Proceso de contención para el personal del instituto de la Mujer del estado de Tlaxcala

Profesionales en Crecimiento Humano

Impreso 2009 Modelos de atención

150 Tlaxcala Impacto de la violencia doméstica sobre el desarrollo de las hijas e hijos y el desarrollo socioeconómico del país

Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala

Impreso 2009 Violencia familiar

151 Tlaxcala Informe final de los talleres: "Cuerpos de seguridad y violencia de género" Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala


Impreso 2009 Modelos de intervención preventiva – Seguridad Pública

152 Tlaxcala Informe final taller "Municipios en la prevención de la trata de mujeres y lenocinio"


AQUESEX, A.C Impreso 2009 Modelos de Intervención preventiva ‐‐ Trata de personas

153 Tlaxcala Iniciativa de la Ley para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas para el estado de Tlaxcala




2009 Armonización legislativa y normativa – trata de personas

154 Tlaxcala Modelo educativo de resignificación y rompimiento de patrones culturales dirigidos a menores de edad que habitan en municipios afectado por la trata de personas en el estado de Tlaxcala


Gildardo Víctor Rodríguez Moreno Impreso y Electrónico

2009 Trata de personas

155 Tlaxcala Procedimiento de unidad móvil de IEM para la atención de mujeres que viven violencia de género




156 Tlaxcala Propuestas de Reformas Legislativas de 7 Ordenamientos Jurídicos del Estado de Tlaxcala





157 Tlaxcala Protocolo de investigación y atención a víctimas del delito de trata de personas




2009 Modelos de atención a la violencia – trata de personas

158 Tlaxcala Taller "Deconstruyendo mitos sobre la violencia contra las mujeres" Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala

Comunicación e Información de la Mujer, AC


159 Tlaxcala Sistematización de la experiencia de sensibilización en equidad de género al personal del sector educativo del estado de Tlaxcala


160 Tlaxcala Informe de los talleres: Sensibilización en género, transversalidad y políticas públicas


161 Tlaxcala Informe final talleres: Procuración de Justicia y Transversalidad de la PEG Impreso 2009 Transversalización de la PEG – procuración de Justicia

162 Veracruz ¿Cómo actuar en caso de violencia? Cartilla Jurídica Instituto Veracruzano de las Mujeres


2009 Modelos de intervención preventiva

163 Veracruz Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Instituto Veracruzano de las Mujeres



164 Veracruz Guía básica para modificar el Bando de Policía y Gobierno Instituto Veracruzano de las Mujeres


165 Veracruz Mecanismos metodológicos para la organización comunitaria y la ciudadanía de las mujeres


Electrónico 2009 Transversalización de la PEG

166 Veracruz Guía de derechos laborales de las Mujeres (cuadernillo) Instituto Veracruzano de las Mujeres

Electrónico 2009 Violencia laboral

167 Veracruz Las MUJERES tenemos derecho a un ambiente de trabajo sano respetuoso y sin discriminación (tríptico)



114


168 Veracruz Reglamento de la Ley número 235 de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



2009

169 Veracruz Propuesta de reformas al reglamento interior de la Dirección General de Comunicación Social, Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



2009

170 Veracruz Propuesta de Iniciativa de ley para prevenir, atender, combatir, sancionar y erradicar la trata de personas para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



2009

171 Veracruz Propuesta de reformas a los códigos penal y de procedimientos penales para el estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.



2009

172 Veracruz Propuesta de reformas a los códigos civil y de procedimientos civiles para el estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.



2009

173 Veracruz Propuesta de reforma a la ley 36 de responsabilidades de los servidores públicos para el estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave



2009

174 Veracruz Propuesta de reforma a la ley 58 de Educación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



2009

175 Yucatán Propuesta de Homologación de la legislación del Estado de Yucatán en materia de igualdad de género.

Instituto para la Equidad de Género en Yucatán

Rosa Elena Solís Blanco Electrónico 2009 Armonización legislativa y normativa

176 Yucatán Metodología de intervención para incorporar la perspectiva de género en los planes y programas de la educación secundaria del estado de Yucatán.


Celia Esperanza del Socorro Rosado Avilés y Oscar Ortega Arango

Electrónico 2009 (Pub. 2010)

Transversalización de la PEG – Docentes

177 Yucatán Alas de mariposa. Revista IEGY Impreso 2009 Difusión

178 Yucatán Programa de Equidad de Género del estado de Yucatán IEGY Impreso 2009 Políticas públicas

179 Yucatán Perspectiva y Equidad de Género en la Administración Pública del estado de Yucatán. Un análisis a la Procuraduría General de Justicia

IEGY Lorgio Cobá Noh Genaro Pérez Figueroa

impreso 2009 Transversalización de la PEG – Procuraduría de Justicia

180 Yucatán Alas de mariposa número 6/7 IEGY Impreso (revista)

2009 Difusión

181 Yucatán Modelo de Atención a la violencia de género, políticas generales de la unidad itinerante de atención a la violencia de género.

IEGY Electrónico (PDF 37 pp.)

2009

182 Zacatecas Diagnóstico de la situación socioeconómica de las mujeres del Municipio de Momax, Zacatecas. Diagnóstico de la situación socioeconómica de las mujeres del Municipio de Momax, Zacatecas. (ANEXOS)

INMUZA Instituto de la Mujer de Momax, Zacatecas.

Electrónico (PDF 54 + 39 = 93 pp.)

2009

183 Zacatecas Especificación de ruta critica (MEG) Junta Estatal de Caminos

Electrónico 2009

184 Zacatecas Procedimiento de Atención a situaciones de Hostigamiento y/o Acoso Sexual, Discriminación y/o Violencia Laboral (MEG).

Junta Estatal de Caminos

Electrónico 2009

185 Zacatecas Especificación de ruta crítica (MEG) Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas

Electrónico 2009

186 Zacatecas Procedimiento de Atención a Situaciones de Hostigamiento y/o Acoso Sexual, Discriminación y/o violencia laboral (MEG).

Junta Intermunicipal de Agua Potable y

Electrónico 2009

115


Alcantarillado de Zacatecas

187 Zacatecas Especificación de Ruta Crítica (MEG). Secretaría de Obras Públicas de Zacatecas

Electrónico 2009

188 Zacatecas Procedimiento de Atención a Situaciones de Hostigamiento y/o Acoso Sexual, Discriminación y/o Violencia Laboral.

Secretaría de Obras Públicas de Zacatecas

Electrónico 2009

189 Zacatecas Especificación de la Ruta Crítica de Atención de Queja (MEG). Secretaría General de Gobierno de Zacatecas

Electrónico 2009

190 Zacatecas Procedimiento de Atención a Situaciones de Hostigamiento y/o Acoso Sexual, Discriminación y/o Violencia Laboral (MEG).

Secretaría General de Gobierno de Zacatecas

Electrónico 2009

Relación de Productos financiados por el PAIMEF 2009

ESTADO

TITULO INSTITUCIÓN AUTOR FORMATO AÑO TEMA/Subtema

191 Baja California Sur Primera etapa del Estudio diagnóstico de la violencia de género en Baja California Sur

Instituto Sudcaliforniano de la Mujer

Lorella Castorena Davis Impreso 2009 Violencia de género

192 Campeche Memorias IMEC/PAIMEF 2006‐2009 Instituto de la Mujer del estado de Campeche

Electrónico 2009 Informes de actividades IMEF

193 Chihuahua Estudio sobre la demanda potencial y necesidades de atención especializada para las mujeres en situación de violencia en los municipios de Ciudad Juárez y Chihuahua



194 Distrito Federal Experiencias sobre ciudades seguras para las mujeres. Memoria del 1er. Encuentro Internacional sobre ciudades seguras para las mujeres

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México


195 Estado de México Informe final Diagnóstico situacional de la violencia contra las mujeres en el municipio de Ecatepec: una Iniciativa del Consejo Estatal de la mujer y bienestar social del estado de México para prevenir la violencia de género.

Consejo Estatal de la mujer y Bienestar Social del Estado de México

Leonor Rivera Electrónico 2009 Violencia de género

196 Guerrero Protocolo de actuación policial a llamados de emergencia por violencia familiar

Secretaría de la Mujer de Guerrero

Impreso 2009 Modelos de atención a la violencia – Seguridad Pública

197 Guerrero Foros sobre los mecanismos de validación y aplicación de las propuestas de armonización legislativa en materia de violencia de género

Secretaría de la Mujer de Guerrero


198 Jalisco Violencia Familiar, manual para su prevención y atención Instituto Jalisciense de las Mujeres

Impreso 2009 Modelos de intervención preventiva – violencia familiar

199 Nayarit Estadísticas sobre la violencia de género en Nayarit Instituto para la Mujer Nayarita

Electrónico 2009 Violencia de género

116

ESTADO


200 Querétaro Condiciones laborales de la mujer queretana Instituto Queretano de la Mujer


201 Querétaro Sistematización de las acciones de prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres instrumentadas a través del PAIMEF

Instituto Queretano de la Mujer

Electrónico 2009 Informes de actividades IMEF

202 Quintana Roo Guía Rápida para la Intervención de los Cuerpos de Seguridad Pública en el Estado de Materia de Violencia Familiar

Instituto Quintanorroense de la Mujer


203 Quintana Roo Manual de atención a víctimas de violencia de género Instituto Quintanorroense de la Mujer

Electrónico 2009 Modelos de atención a la violencia – violencia de género

204 Quintana Roo Modelo de Atención Psicojurídica de la Violencia Familiar Instituto Quintanorroense de la Mujer

Electrónico 2009 Modelos de atención a la violencia – violencia familiar

205 Quintana Roo Modelo de Prevención de la Violencia Familiar Instituto Quintanorroense de la Mujer

Electrónico 2009 Modelos de intervención preventiva – violencia familiar

206 Quintana Roo Protocolo de Intervención de los Cuerpos de Seguridad Pública en el Estado de Materia de Violencia Familiar

Instituto Quintanorroense de la Mujer


207 San Luis Potosí Análisis de los diagnósticos sobre las causas, efectos y expresiones de la violencia en los hogares de la zona conurbada de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Microrregión Huasteca Centro, Microrregión Media Oeste y Microrregión Altiplano Este.

Instituto de las Mujeres del estado de San Luis Potosí

Impreso 2009 Violencia familiar

208 Sinaloa Casa transitoria y red interinstitucional para mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar y sexual

Instituto Sinaloense de las Mujeres

Electrónico 2009 Modelos de atención a la violencia ‐‐ refugios

209 Sinaloa Feminicidios en Sinaloa: 2007‐2009 Instituto Sinaloense de las Mujeres

Dra. María Teresa Guerra Ochoa Electrónico 2009 Feminicidio

210 Sinaloa Hombres contra la violencia" Estudio sobre el impacto de las Campañas de Difusión en la Población en General


Electrónico 2009 Modelos de intervención preventiva ‐‐ hombres

211 Sinaloa Manual para la atención de integral de las mujeres víctimas de violencia de género


Electrónico 2009 Modelos de atención a la violencia – violencia de género

212 Tabasco Avances y retos para la atención de la violencia contra las mujeres 2007‐2009

Instituto estatal de las Mujeres de Tabasco

Electrónico Modelos de atención a la violencia – violencia de género

213 Tabasco Reglamento de la Ley estatal de acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia

PAIMEF O TRANSVERSALIDAD? Impreso 2009 Armonización legislativa y normativa

214 Veracruz La decisión de Carmen Instituto Veracruzano de la Mujer

Electrónico 2009 Modelos de intervención preventiva

215 Veracruz Protocolo de atención integral para mujeres que viven en situación de violencia para refugios y centros externos de atención

Instituto Veracruzano de la Mujer

Impreso 2009 Modelos de atención a la violencia ‐‐ refugios

216 Veracruz Ley para la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave


Impreso 2009 Armonización legislativa y normativa – Igualdad mujeres y hombres

217 Veracruz Ruta crítica que siguen las mujeres víctimas de violencia de género en su hogar. El caso Veracruz


Impreso 2009 Modelos de atención a la violencia – violencia familiar

117

ESTADO


218 Veracruz Nuestro cuerpo: un mundo por descubrir y cuidar Instituto Veracruzano de la Mujer


219 Yucatán Experiencias de la Red de Estudios de Género de la región sur‐sureste de la ANUIES (REGEN) en materia de estudios en equidad y violencia de género


Impreso 2009 Violencia de género

220 Yucatán Modelo para la atención psicológica a la violencia de género en Mayas de Yucatán


Deira Patricia Jiménez Balam Electrónico 2009 Modelos de atención a la violencia ‐‐ indígenas

221 Yucatán Modelo psicológico para la atención de la violencia de género Instituto para la Equidad de Género en Yucatán


222 Yucatán Programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del estado de Yucatán 2007‐2012


Impreso 2009 Programas estatales

223 Yucatán Protocolo de evaluación psicológica forense y procedimientos para diagnosticar feminicidios


Paulino Dzib Aguilar Electrónico 2009 Feminicidio

224 Nacional Diagnóstico de la capacidad institucional frente al problema de la violencia contra las mujeres

Instituto Nacional de Desarrollo Social / Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación

Silvia Luz Rodriguez Cuadra Electrónico 2009 Políticas públicas – violencia de género

225 Nacional Las mujeres y el presupuesto público en México PNUD Impreso 2009 Políticas Públicas

226 Nacional Diagnóstico de la situación de los actores sociales que promueven el desarrollo social

Instituto Nacional de Desarrollo Social / Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación

Alfonso León Pérez / Ismael Palma Cano

Electrónico 2009 Políticas públicas

227 Nacional Evaluación de Procesos del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa”

Universidad Autónoma Metropolitana

Rodolfo García del Castillo / Raúl Coronilla Cruz / Claudia Mir Cervantes

Electrónico 2009 Políticas Públicas

Relación de productos financiados por el Programa de Coinversión Social 2009

ESTADO TITULO

INSTITUCIÓN AUTOR FORMATO AÑO TEMA/Subtema

228 No violencia. Algunas reflexiones teóricas, metodológicas y conceptualizaciones sobre un tratamiento con niños

Habanico Social A.C. Impreso (poster)

2009 Intervenciones preventivas

229 Manual para jóvenes: construyendo una cultura de paz Dinamismo juvenil A.C. Impreso 2009 Intervenciones preventivas

230 La violencia y sus diferentes tipos en la población adolescente. Factores de riesgo

Capacitación, educación para adultos y Desarrollo social A.C.

Impreso 2009 Intervenciones preventivas

118

ESTADO TITULO


231 Los derechos de la niñez. Si tratas bien, juegas derecho Actores Payasos ACTPAYS A.C. Impreso 2009 Intervenciones preventivas

232 No me gusta que juguemos así. Alto a la trata de personas

Infancia común A.C. Impreso (poster)


233 Guía para mujeres en situación de violencia Alternativas pacíficas A.C. Impreso (folleto)


234 Estos son mis derechos Alternativas pacíficas A.C. Impreso (folleto)


235 Guía para familiares y amigos de la mujer y niños en situación de calle

Alternativas pacíficas A.C. Impreso (folleto)


236 Todas alerta contra la violencia Mujeres al Alba A.C. Impreso (tríptico)


237 Todas alerta contra la violencia Mujeres al Alba A.C. Impreso (folleto)


238 Todas alerta contra la violencia Mujeres al Alba A.C. Impreso (poster)


239 ¿Y tú por cuánto comprarías el cuerpo de tu hija? Colectivo Mujer y Utopía A.C. Impreso (tríptico)


240 Campaña para la dignidad Colectivo Mujer y Utopía A.C. Impreso (poster)


241 Guía de reflexión sobre la violencia de género Colectivo Mujer y Utopía A.C. Impreso 2009 Intervenciones preventivas

242 Propuesta co‐educativa para la prevención del delito de Trata y de violencia contra la mujer

Colectivo Mujer y Utopía A.C. Impreso 2009 Intervenciones preventivas

243 La construcción de una cultura de la legalidad y la no violencia

Capacitación, educación para adultos y Desarrollo social A.C.


244 Armonización legislativa de los derechos fundamentales de las mujeres

ADIVAC. Asociación para el desarrollo integral de personas violadas A.C.

Electrónico (CD)


245 Violencia en el noviazgo Caritas. Superación humana y social I.A.P. Impreso (folletos)


246 La violencia no es un juego Centro de apoyo a la mujer Margarita Magón A.C.

Impreso (tríptico)


247 La violencia no es un juego Centro de apoyo a la mujer Margarita Magón A.C.

Impreso (poster)


248 La no violencia contra las mujeres no es un chiste Instituto Griselda Alvarez A.C. Impreso (volante)


249 Diseño y ejecución de políticas públicas de género en municipios. El caso de Tlaxcoapan, Hidalgo

Enclave Equidad social y transparencia A.C.

Impreso 2009 Investigación – políticas públicas

250 Convocatoria de fortalecimiento de la equidad de género. “Equidad de género y prevención de violencia en la pareja”

Centro de orientación para adolescentes PROA, A.C.

Impreso (folletos)


251 De la violencia a la equidad. Manual de participante. Red Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz A.C.


252 Equidad en el valle del Mezquital tema I, III, IV Mujer mexicana en el sector rural A.C. Impreso 2009 Intervenciones preventivas

119

ESTADO TITULO


253 Equidad en el valle del Mezquital. Conceptos básicos de equidad de género. Reconstruyendo mi ser.

Mujer mexicana en el sector rural A.C. Impreso 2009 Intervenciones preventivas

254 Sexo y género Mujer mexicana en el sector rural A.C. Impreso 2009 Intervenciones preventivas

255 Construcción social de género Mujer mexicana en el sector rural A.C. Impreso 2009 Intervenciones preventivas

256 El poder de las relaciones entre hombres y mujeres Mujer mexicana en el sector rural A.C. Impreso 2009 Intervenciones preventivas

257 Todas unidas por una vida libre de violencia en seis comunidades del municipio de Cuajinicuilapa en el estado de Guerrero

Fortaleza comunitaria integral A.C. Impreso (folleto)


258 Asistente para la solución de conflictos familiares: por el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia

Defensa jurídica y educación para mujeres S.C.


259 ¿Ser o no ser? Tú puedes decidir cómo quieres ser. Centro de investigación en psicoterapiapsicoanalítica A.C.

Impreso (folleto)


260 Modelo de intervención para mejorar las condiciones de vida de las y los niños de zonas marginadas a través del análisis de los estereotipos de género como fundamento para la construcción de una cultura de equidad

Centro de investigación en psicoterapia psicoanalítica A.C.


261 Dominó: “Sentimientos que genera la violencia” Centro de estudios para el desarrollo Itzam Na A.C.

Impreso (tarjetas de dominó)


262 Estrategia educativa de sensibilización, información y educación para visibilizar y prevenir la violencia de género, maltrato, hostigamiento y abuso sexual

Centro de estudios para el desarrollo Itzam Na A.C.


263 Si te quiere y te ama Centro de estudios para el desarrollo Itzam Na A.C.

Impreso (folleto)


264 Amoratado Centro de estudios para el desarrollo Itzam Na A.C.

Electrónico (DVD)


265 ¡Es porque te quiero! Centro de estudios para el desarrollo Itzam Na A.C.

Electrónico (DVD)


266 Construyendo caminos para prevenir y erradicar la violencia de género

Centro integral jurídico Pro Derechos A.C. Impreso 2009 Intervenciones preventivas

267 Diferencias entre sexo y género Sin violencia A.C. Impreso (tríptico)


268 Violencia familiar Sin violencia A.C. Impreso (tríptico)


269 Abuso sexual infantil Sin violencia A.C. Impreso (tríptico)


270 Violencia social y de género Hidalgo Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. – (OBSERVATORIO)

Impreso 2009 Observatorios

271 Manual de usuario para la instalación del sistema OVSYG Colectivo Mujer y Utopía A.C. (OBSERVATORIO)


272 Manual básico de registro y atención de casos de Colectivo Mujer y Utopía A.C. Impreso 2009 Observatorios

120

ESTADO TITULO


violencia y trata de personas (OBSERVATORIO)

273 Diagnóstico de violencia social y de género en el estado de Tlaxcala 2009

Colectivo Mujer y Utopía A.C. (OBSERVATORIO)


274 Saber y conocer: violencia social y de género en el estado de Chiapas

Defensoras Populares A.C. (OBSERVATORIO)

Impreso (tríptico)

2009 Observatorios

275 Percepciones de las y los habitantes de Oaxaca de Juárez sobre la violencia de género

Iniciativa global para la equidad, la justicia, y la ecología A.C. (OBSERVATORIO)


276 Acciones, Instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil

Iniciativa global para la equidad, la justicia, y la ecología A.C. (OBSERVATORIO)


277 Observatorio intercultural de violencia social y de género en Oaxaca (Diagnóstico – manual)

Centro profesional indígena de asesoría, defensa y traducción A.C. (OBSERVATORIO)


121

ANEXO 2: GUIA DE ENTREVISTA PARA TITULARES DE IMEF

1. Breve historia, estructura actual y posicionamiento de la IMEF dentro del gobierno de la entidad

a. ¿Cuándo fue creada la IMEF? ¿De quién fue la iniciativa? b. Organigrama – áreas de trabajo c. ¿Cómo se articula el trabajo del nivel estatal y municipal? d. Tomando en cuenta que en algunas entidades las IMEF no reciben el

suficiente apoyo de sus gobiernos, nos gustaría saber su experiencia al respecto: ¿El gobierno estatal les apoya? / ¿Cómo? / ¿Por qué no?

e. ¿Con qué recursos se financia el personal?, ¿El personal es mixto?, ¿Cuántos son mujeres, cuántos son hombres?

f. ¿El personal que trabaja en la IMEF es suficiente para cubrir las necesidades de la IMEF?

2. Funciones, responsabilidades y facultades de la IMEF. Autonomía y manejo de recursos

a. Administrativamente, ¿cómo está ubicada la IMEF dentro del organigrama del gobierno estatal y a qué está obligada? (ubicarla en la estructura, a quién le rinde cuentas del uso de los recursos, a quién debe solicitar permisos para las convocatorias, publicaciones, contratación de consultores, etc.)

b. ¿Quiénes y cómo establecen las prioridades y las líneas de trabajo? c. ¿Qué áreas de trabajo puede cubrir sola la IMEF y cuáles necesita de la

colaboración de otras instituciones? d. Aparte de los fondos federales, ¿tienen fuentes alternativas de

financiamiento? (estatales, de OSC, instancias nacionales, internacionales, etc.).

e. Si no contara con los fondos federales, ¿la instancia estatal funcionaría? ¿Cómo? ¿Tienen alguna estrategia prevista para lograr su sostenibilidad a futuro?

f. ¿Cuál es el proceso para lograr que se etiqueten recursos estatales para los programas de violencia?

g. ¿A qué área del gobierno estatal llegan los recursos federales asignados a la IMEF y cómo los administran?

h. ¿La IMEF tiene libertad para decidir sobre el uso de los recursos?

122

3. Sobre el proceso de creación y funcionamiento del Sistema Estatal de Violencia

a. ¿Cómo fue el proceso de la promulgación de la Ley de violencia estatal?

b. ¿Existe un sistema estatal de violencia? c. ¿Quiénes conforman el sistema? d. ¿Cada cuánto tiempo se reúnen? e. ¿Qué asuntos atienden? f. ¿Quién organiza la agenda? g. ¿Quién/es marcan los lineamientos de las políticas de violencia dentro

del Sistema? h. ¿Cómo se da la coordinación interinstitucional cuando se acuerda la

promoción de una acción en conjunto? (en el pleno del Consejo, en Comités de planeación, en grupos interinstitucionales alrededor de problemas concretos)

i. En su opinión, ¿todas las instancias participan en igualdad de condiciones? (capacidad de decisión, aportes en recursos humanos y financieros, etc./ si no es así ¿cómo se da la participación?)

4. Vínculos interinstitucionales y experiencias entre la IMEF y otros actores en el marco del Sistema Estatal

a. ¿Dentro de los miembros del Consejo estatal, quiénes son sus principales aliados?

b. ¿Con quiénes han formalizado acuerdos de trabajo? c. ¿Con quiénes no se vinculan? d. ¿Qué estrategias han empleado para estimular un mayor compromiso y

participación de los actores del sistema? e. ¿Podría darnos un ejemplo de algún proyecto desarrollado con otras

instituciones estatales? (¿elaboraron algún documento o producto?) f. ¿Qué mecanismos de seguimiento y monitoreo tienen de los proyectos

que realizan? g. ¿Qué tipo de vínculos interinstitucionales hacen falta para sustentar sus

políticas públicas y/o estrategias?

5. Vínculos y experiencias con otras organizaciones (Academia, OSC): a. ¿Con qué actores no gubernamentales se vinculan? ¿Para qué? b. ¿Podría darnos un ejemplo de algún proyecto realizado en alianza con

alguna OSC/Observatorio o instancia académica? ¿Podría darme un ejemplo de una buena experiencia de vinculación? ¿Y una mala experiencia? ¿Por qué?

123

c. ¿Existen mecanismos formales de colaboración? (convenios, acuerdos de colaboración, convocatorias, etc.)

d. ¿Qué impacto han tenido y cómo le dan seguimiento a estos vínculos?

6. Fuentes de información que utilizan, cómo las utilizan: a. ¿Qué fuentes de información utilizan para el diseño de sus políticas? (de

la propia IMEF, de la academia, de los observatorios, etc.) b. En concreto, ¿utilizan información producida por los observatorios? (por

qué sí o no y de qué tipo) c. ¿Qué impacto han tenido los estudios e investigaciones que han

solicitado a otras instancias o consultores/as? (por ejemplo para hacer los Diagnósticos estatales)

d. ¿Qué tipo de información hace falta en el estado para sustentar sus políticas y toma de decisiones?

7. Experiencia e impacto de los fondos federales (PAIMEF, MVVG, Transversalidad, Coinversión Social) en la política de violencia en la entidad

a. ¿Qué impacto cree Ud. que han tenido los fondos federales (PAIMEF, PCS, Fondo MVVG, Fondo de Transversalidad) en las metas del programa estatal de violencia de género en la entidad?

b. ¿Cómo detectan e incorporan las demandas de la sociedad en los programas de violencia?

c. ¿Cree que los modelos de atención han funcionado? ¿Fueron replicados? ¿Dónde?, ¿Cuánto tiempo?

d. ¿Las iniciativas de armonización legislativa y normativa fueron discutidas y aprobadas? ¿Quién/es y cómo les dan seguimiento?

e. ¿Cómo deciden a qué programas, proyectos y/o estrategias se canalizan los recursos?

f. ¿En qué temas han invertido más recursos (dinero)? ¿Por qué? g. ¿Cuáles cree que han sido los proyectos más exitosos de la IMEF? ¿Por

qué? h. ¿Qué opina de las reglas de operación de los fondos?¿Les facilitan o

dificultan el trabajo? ¿Por qué?

8. Logros, metas a largo plazo, necesidades, retos y estrategias para alcanzarlas a. ¿Ud. cree que ha habido algún cambio en la percepción social en su

entidad sobre la violencia de género, a raíz de las acciones desarrolladas en este tema?. ¿Cómo se percibe el cambio?.

124

b. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo más importantes de la IMEF/institución en el tema de violencia de género? (principales líneas de acción, proyectos prioritarios).

c. ¿Qué haría falta desarrollar en la IMEF para seguir avanzando en esos objetivos? (proyectos, estrategias y/o acciones).

d. ¿Qué sugerencias haría para mejorar la colaboración entre las instancias federales, estatales y municipales)?

125

ANEXO 3: GUIA DE ENTREVISTA PARA REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL SISTEMA ESTATAL DE VIOLENCIA

(Coordinación de Refugios, DIF, Procuraduría, Salud, Educación, CDI, etc.)

9. Participación de la institución en las acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia de género en el estado. Relación con la IMEF

a. ¿Cómo participa su institución en la definición y aplicación de políticas para abatir la violencia de género en su estado?

b. ¿Cómo se vincula con la IMEF estatal? ¿En qué le beneficia a su institución?

c. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño de la IMEF como rectora de la política de violencia de género en el estado?

d. En su opinión, ¿qué le haría falta desarrollar a la IMEF para seguir avanzando en sus objetivos y mejorar su colaboración?

e. ¿Realiza o ha realizado algún proyecto, estrategia y/o acción en coordinación con la IMEF, financiado con fondos federales del PAIMEF, PCS, Fondo MVVG y/o Fondo de Transversalidad? ¿Cuál/es?

10. Papel de la institución y funcionamiento del Sistema Estatal de Violencia a. ¿Qué organizaciones o personas conforman el sistema estatal de

violencia?. En el caso de no existir un sistema estatal, preguntar por qué b. ¿Cada cuánto tiempo se reúnen? c. ¿Qué asuntos atienden? d. ¿Quien organiza la agenda? e. ¿Quién/es marcan los lineamientos de las políticas de violencia dentro

del Sistema? f. ¿Cómo se da la coordinación interinstitucional cuando se acuerda la

promoción de una acción en conjunto? (en el pleno del Consejo, en Comités de planeación, en grupos interinstitucionales alrededor de problemas concretos)

g. En su opinión, ¿todas las instancias participan en igualdad de condiciones? (capacidad de decisión, aportes en recursos humanos y financieros, etc.) ¿Por qué?

h. ¿Podría darnos un ejemplo de algún proyecto desarrollado con otras instituciones estatales? ¿Elaboraron algún documento o producto?

i. ¿Qué mecanismos de seguimiento y monitoreo tienen de los proyectos que realizan?

126

11. Vínculos interinstitucionales con otros actores en el marco del Sistema Estatal de Violencia

a. ¿Dentro de los miembros del Sistema Estatal, con cuáles instancias se vinculan más? ¿Para qué?

b. ¿Con quiénes han formalizado acuerdos de trabajo y qué tipo de acciones han realizado?

c. ¿Qué impacto han tenido y cómo le dan seguimiento a estos vínculos?

12. Impacto de los fondos federales (PAIMEF, MVVVG, Transversalidad, Coinversión Social)

a. ¿Ud. sabe de la existencia de fondos federales para la atención de la violencia de género?

b. ¿Su institución se beneficia de esos fondos? ¿Cómo? c. En caso de que sí se beneficie: ¿Si no contaran con esos recursos, como

se sostendrían sus acciones en contra de la violencia de género? d. ¿Tiene conocimiento si el trabajo realizado contribuye al cumplimiento

de los objetivos y metas del Programa de Igualdad y/o violencia de la IMEF?

e. ¿Cuáles cree que han sido los proyectos más exitosos de su institución en el tema de violencia? ¿Por qué?

f. ¿Qué impacto han tenido en relación con los objetivos de su propia Institución?

g. ¿Han funcionado los modelos de atención utilizados? h. ¿Han tenido que hacer algún cambio? ¿Cuáles y por qué? i. ¿Cómo detectan e incorporan las demandas de la sociedad en sus

programas de violencia?

13. Percepción de cambios, avances, retos y estrategias a seguir en el tema de violencia de género en la entidad

a. ¿Ud. cree que ha habido algún cambio de percepción social en su entidad sobre la violencia de género a raíz de la creación de la IMEF estatal y de sus vínculos con ésta?. ¿Por qué?

b. ¿Cuáles son los principales retos y estrategias a futuro en este tema?

127

ANEXO 4: GUIA DE ENTREVISTA PARA RESPONSABLES DE OBSERVATORIOS Y OSC

I. Breve historia y objetivos del Observatorio u OSC 1. ¿A qué se dedica su organización, desde cuándo existe?

2. ¿Cuántas personas u organizaciones integran el Observatorio/OSC y qué tareas cumplen? (estructura, organigrama, etc.).

3. ¿Qué motivó el surgimiento del Observatorio y cuáles son sus objetivos?

II. Funciones que desempeña el Observatorio u OSC 4. ¿Qué tareas desempeña su organización en el tema de violencia de

género en la entidad?

III. Fuentes de información que utilizan, procesan o producen en el tema de violencia de género

5. ¿Cuáles son las fuentes de información que utilizan en su trabajo? ¿Qué obstáculos y facilidades han encontrado para obtener los datos de las instituciones públicas?

IV. Experiencia con fuentes de financiamiento. Sostenibilidad 6. ¿Qué fondos federales han recibido? ¿Cómo los obtuvieron? (por

convocatoria, por invitación, cuánto dinero recibieron, para cuánto tiempo se pidieron los fondos, qué requisitos les pidieron, llegaron a tiempo, le recortaron el dinero, les pusieron candados para ejercerlo, etc.)

7. ¿Qué opina sobre las reglas de operación del PCS? (facilitan el trabajo, lo obstaculizan, cuáles serían los problemas principales)

8. Si tienen experiencia con otros fondos, ¿con cuáles han tenido mejor experiencia?, ¿Por qué?

9. ¿Cuál es su opinión sobre los fondos que recibieron? (Qué faltaría, qué funciona bien, cómo podrían mejorar).

10. ¿Cuentan con fuentes alternativas de financiamiento?

11. ¿Si no tuvieran los fondos federales, su Observatorio/OSC podría funcionar?, ¿Cómo lo harían?

12. ¿Qué estrategias han implementado para lograr su sostenibilidad? (funcionar sin recursos federales).

V. Participación en el Sistema Estatal de Violencia de Género 13. ¿Su organización/Observatorio participa en el Sistema estatal para

garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres?

128

14. ¿Qué función cumple en ese Sistema? ¿Tiene poder de decisión ó sus decisiones dependen de otra instancia? ¿Tiene voz y voto?

VI. Marcos de referencia o modelos que utilizan en su trabajo

15. ¿Cuáles son los marcos de referencia que utilizan en su trabajo? (enfoques, instrumentos legales, metodologías, modelos).

VII. Vinculación con otros actores y organizaciones en la entidad 16. ¿Se relacionan con otras OSC, academia, instituciones? ¿Cuáles? ¿De qué

manera?

17. ¿Tienen vinculación con la IMEF estatal? ¿Qué tipo de vinculación?

VIII. Resultados obtenidos, logros, retos y estrategias a largo plazo 18. En su opinión ¿Se cumplieron sus objetivos en las acciones en violencia de

género?. ¿Por qué?

19. ¿Cómo cree que influyeron sus resultados en las estrategias del estado para abatir la violencia de género?

20. ¿Qué sugerencias tendría para mejorar el impacto de la IMEF en el estado?

129

ANEXO 5: CUADRO PARA MAPEO DE ACTORES

Favor de marcar en el siguiente cuadro la opción que describa mejor la relación que la IMEF mantiene con otros actores institucionales y sociales en la entidad federativa con respecto al tema de violencia de género

Actores La relación de la IMEF con este actor estatal es…. ¿Por qué? Proyectos en comúnMuy buena

Buena Regular Mala No hay relación

Coordinación de Refugios

DIF

Sedesol

Procuraduría de Justicia

Seguridad Pública

Secretaría de Salud

SEP

CDI

Gobierno del Estado

Observatorio de Violencia 1. 2.

OSC 1. 2. 3.

4.

Academia 1. 2. 3.

Otros 1. 2.________________________

130

ANEXO 6: CUADRO DE ORDENAMIENTOS LEGALES

Favor de indicar si se cuenta con los siguientes instrumentos y en qué fecha se publicaron y/o instalaron

Ordenamiento Existe en el Estado

Si/no

Fecha de publicación y/o instalación dd/mm/aaaa

Ley contra la violencia

Reglamento de la Ley

Sistema contra la violencia

Reglamento del Sistema

131

Carta de Consentimiento El Instituto Nacional de Salud Pública está realizando un estudio en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres con el fin de documentar las experiencias que las Instancias de las Mujeres en las entidades federativas (IMEF) han tenido en los procesos de institucionalización de la política para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Durante el año 2009 este mismo equipo tuvo la oportunidad de revisar los productos elaborados por las IMEF como parte de sus proyectos de trabajo en colaboración con fondos federales, y seleccionó algunas entidades federativas que habían entregado productos de buena calidad y alta aplicabilidad para conocer más de cerca sus experiencias en la aplicación de dichos productos en iniciativas de acción concretas. Este año se amplió la muestra de estados cuya experiencia se desea documentar, entre los cuales se encuentra Chiapas. Para ello se están llevando a cabo entrevistas con actores clave en las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, entre las cuales se le invita amablemente a colaborar. Su participación nos será de gran utilidad para identificar los elementos que contribuyen a la integración de una política eficaz para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, lo cual redundará en un mejor diseño de intervenciones, programas y políticas relacionadas con este problema en México. La información que Ud. nos proporcione a través de esta entrevista será manejada en absoluta confidencialidad y sólo será utilizada con fines de investigación y por los investigadores que trabajan para este estudio. La información que cada uno de los entrevistados/as proporcione, jamás será revelada a los otros participantes del estudio. Su participación en el mismo es totalmente voluntaria, y su negativa a participar y/o a continuar en él no implicará consecuencia alguna para Ud. Si usted no tiene inconveniente, esta conversación, de aproximadamente una hora de duración, será grabada sólo como una ayuda para recordar todo lo que usted nos pueda compartir. Una vez que la información quede en los registros del estudio, el audio será destruido. Si requiere de más información o tiene alguna duda respecto de este estudio, podrá comunicarse con la investigadora responsable del proyecto: Dra. Cristina Herrera Investigadora responsable Instituto Nacional de Salud Pública 55) 54 87 10 00 ext. 4308 [email protected] Acepto voluntariamente participar y ser entrevistado (a) para este estudio: ______________________________________ _____________ Nombre y Firma Fecha

MUCHAS GRACIAS

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