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Gustavo López Montiel
Rosa María Mirón Lince
Francisco Reveles Vázquez
COORD I N ADO R E S
Esta investigación arbitrada a “doble ciego” por especia-listas en la materia, se privilegia con el aval de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este libro fue financiado con recursos de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), mediante el proyecto “Procesos electorales, reformas legales y sistema de partidos, en el gobierno de Felipe Calderón (2012-2013)”, coordinado la Dra. Rosa María Mirón Lince, como parte del Programa de Apoyo a Pro-yectos de Investigación Innovación (PAPIIT) IN 303012.
Los estados en 2012: Alternancias y hegemonías
Gustavo López Montiel, Rosa María Mirón Lincey Francisco Reveles Vázquez (Coordinadores)
Primera edición: enero de 2014
D.R. © Ediciones La Biblioteca, S.A. de C.V.Azcapotzalco la Villa No. 1151Colonia San Bartolo AtepehuacánC.P. 07730, México, D.F.Tel. 55-6235-0157 y 55-3233-6910Email: [email protected]
ISBN: 978-607-8364-00-8
ISBN UNAM: 978-607-02-5124-5
Diseño gráfico: María Guadalupe Bernal Martínez
Corrección de estilo: Stephanie Porto, Génesis Puente.
Cuidado de la edición: Pedro Testas Bouzas
Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta, del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los editores, en términos de lo así previsto por la Ley Fe-deral de Derechos de Autor y, en su caso, por los tratados internacionales aplicables.
Impreso y encuadernado en México.Printed and bound in México
por
Índice
PRESENTACIÓN 9
Parte I.BALANCE GENERAL DE LOSCOMICIOS EN LOS ESTADOS
Elecciones 2012: Pluralismo en acción 19
JOSÉ WOLDENBERG KARAKOWSKY
Leyes e instituciones a prueba: 35
Los órganos electorales en MéxicoROSA MARÍA MIRÓN LINCE
Comportamiento electoral en 2012: 71
Cambio y determinantes en las preferencias partidistas.Estudio de las elecciones de diputados federales y estatales MARCELA BRAVO AHUJA
El presidente en la sucesión presidencial de 2012 99
FRANCISCO REVELES VÁZQUEZ
El Presidente Calderón y el activismo 123
presidencial en las elecciones de 2012MANUEL VILLA AGUILERA
La nueva correlación de fuerzas 143
en el Congreso de la UniónMARCO ANTONIO MICHEL DÍAZ
Poder y justicia 153
MACARITA ELIZONDO GASPERÍN
La libertad de expresión y las elecciones de 2012 165
GUSTAVO LÓPEZ MONTIEL
La segunda vuelta como una forma de legitimar el poder 217
HERANDENY SÁNCHEZ SAUCEDO
Parte II.ALTERNANCIAS
Elecciones y alternancia en Tabasco 2012. 233
Crónica de una alternancia anunciadaGUSTAVO MARTÍNEZ VALDÉS
Morelos 2012: Alternancia y voto de hartazgo 261
ENRIQUE CUNA PÉREZ
El caso de Jalisco y la caída del Partido Acción Nacional 287 ARTURO LÓPEZ PERDOMO
ALBERTO ESPEJEL ESPINOZA
Las elecciones de 2012 en Chiapas. 315
Tendencias y paralelismos entre lo federal y lo localJAVIER FELIPE HERNÁNDEZ S.
STEPHANIE V. PORTO GUTIÉRREZ
Parte III.HEGEMONÍAS
Efecto de arrastre y empuje en el proceso 347
electoral de Yucatán, 2012SERGIO ARTURO BÁRCENA JUÁREZ
VÍCTOR ISRAEL MONTAÑO PÉREZ
Competitividad en las elecciones de gobernador 365
en Guanajuato 1995-2012MA. AIDÉ HERNÁNDEZ GARCÍA
FERNANDO DÍAZ PÉREZ
El Distrito Federal en números. Proceso electoral 2012 389
GÉNESIS PUENTE ROMERO
Parte IV.PROCESOS LOCALES
Los partidos políticos y las elecciones 413
en el Estado de Campeche, 2012SUSANA C. PECH CAMPOS
Las elecciones en Colima, 2012 439
JORGE GERARDO FLORES DÍAZ
La participación electoral en el Estado de México 455
1996-2012. Un enfoque demográficoJUAN CARLOS VILLARREAL MARTÍNEZ
Las elecciones municipales en el Estado de México: 499
El peso de las figuras nacionales y de lascampañas presidencialesRAMIRO MEDRANO GONZÁLEZ
ALDO MUÑOZ ARMENTA
La izquierda en Guerrero en 2012: 519
Las elecciones de la hegemoníaRAÚL CALVO BARRERA
“No hay novedad”. Nuevo León: 559
Bipartidismo, arrastre y castigoALBERTO ESPEJEL ESPINOZA
¿Quién ganó las elecciones de 2012 en Querétaro? 591
MARTHA GLORIA MORALES GARZA
Las elecciones 2012 en San Luis Potosí: 613
El dominio del PRIHUGO ALEJANDRO BORJAS GARCÍA
BERTHA INÉS MORENO GONZÁLEZ
Elecciones locales en Sonora 2012: 641
Confrontación política, rezago legislativoy resultados electorales similaresJUAN POOM MEDINA
9
Presentación
La historia electoral reciente de México se ha distinguido por no arrojar
ganadores ni perdedores en blanco y negro sino por la pluralidad y
competitividad de la que ahora son objeto los estados y el nivel federal.
Las nuevas características del sistema electoral y del sistema de par-
tidos en nuestro país hacen imposible pensar en los procesos electo-
rales como se hacía hace veinte años. Sin duda, el panorama varió en
muchos aspectos, en lo referente a los marcos legales, las autoridades,
los partidos, la correlación de fuerzas, los actores políticos y sociales,
los medios de comunicación y la inserción de las nuevas tecnologías,
entre otros. Y todo en plural porque ya no está permitido pensar a
México como un ente homogéneo, sino que se requiere pensar en un
entramado de distintas realidades que interaccionan y se impactan mu-
tuamente. Los procesos electorales de 2012 dan cuenta de ello. Con la
culminación de los mismos inicia una etapa inédita para el desarrollo
democrático del país.
2012 ha sido el año en el que más procesos electorales se han
llevado a cabo en toda la historia de México ya que además de la reno-
vación de la presidencia de la república, de los 500 diputados y los 128
senadores, simultáneamente se efectuaron comicios en 15 entidades
federativas como producto de la reforma electoral de 2007-2008 que
establece la homologación entre comicios federales y locales. En Chia-
pas, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Yucatán y Tabasco,
los ciudadanos eligieron a su ejecutivo local, mientras que en Campe-
che, Colima, Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, San
10
Luis Potosí y Sonora se renovaron también los congresos estatales y los
ayuntamientos; en total fueron 580 los diputados locales electos y 891
los presidentes municipales.
La presente obra colectiva tiene como principal objetivo contribuir
a la explicación de lo acontecido en las pasadas elecciones tanto en la
esfera nacional como en la local. Los capítulos que integran el libro se
abocan a lo sucedido en cada una de las entidades con comicios locales,
pero resulta imposible no vincularlos con lo acontecido en los procesos
federales. Es por ello que los autores de los textos presentados no deja-
ron pasar la oportunidad de vincular elementos estructurales y coyuntu-
rales para brindar argumentos sobre los fenómenos que caracterizaron
las elecciones de 2012.
Sin duda, los resultados de los comicios de 2012 exhiben la exis-
tencia de un pluralismo equilibrado en donde las negociaciones políticas
se tendrán que llevar a cabo entre los tres principales partidos políticos
ya que su arraigo y presencia constituyen en conjunto la pluralidad polí-
tica e ideológica que el país ha sido capaz de alcanzar. Así lo establece
José Woldenberg en el primer capítulo de la presente obra, donde ana-
liza el papel que desempeñaron el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en los procesos electorales de ese año, y demuestra
que, en la época actual, nadie gana todo ni nadie pierde todo, por lo
que es necesario llevar a cabo acercamientos partidistas para poder
implementar propuestas con base en la conformación de cada entidad.
El artículo de Rosa María Mirón presenta un análisis comparativo
sobre los órganos electorales locales y el federal, cuyo fin es extraer
variables que permitan conocer el grado y la calidad de la democracia
mexicana, a través de sus normatividades electorales.
Marcela Bravo Ahuja presenta un estudio sobre el comportamiento
electoral en sus distintas facetas con relación a los niveles estatal y fede-
ral, y a los poderes ejecutivo y legislativo entendidos en la coyuntura de
2012. A partir de los resultados de las tres principales fuerzas encuentra
que hay influencia de las coyunturas en las entidades y resalta la impor-
tancia de los partidos pequeños para asegurar triunfos.
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El texto de Francisco Reveles aborda los factores que afectaron al
panismo como partido en el gobierno, la relación del presidente con su
partido, su incidencia en la selección de candidatos y su impacto en
las elecciones de 2012. Las políticas de Felipe Calderón, sobre todo las
referentes al empleo, la pobreza y el narcotráfico provocaron rechazo al
partido en el gobierno, lo cual se vio reflejado en las elecciones.
La relevancia del texto de Manuel Villa sobre el presidente Calde-
rón y el activismo presidencial en las elecciones de 2012 radica en el
análisis del que es objeto el PAN a partir de los presidentes surgidos de
sus filas. Por un lado, Vicente Fox relacionado con la cúpula de poder
del norte del país y, por el otro, Felipe Calderón que construye su candi-
datura sobre un “gran anillo de oligarquías”, que es en lo que se había
convertido el partido.
Los aspectos que considera Marco Antonio Michel en su artículo
reflejan la nueva correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión a
partir de 2012. Así, hace un breve recuento de las reformas que han
modificado la integración de cada una de las cámaras del congreso en
México y presenta datos sobre el número de diputados y senadores que
tiene cada entidad federativa y su afiliación al partido en el gobierno;
mide así la influencia que cada uno de los gobernadores podría tener al
interior del Congreso de la Unión.
Macarita Elizondo hace énfasis en el juego por el poder y en los
partidos políticos como los medios a través de los cuales se accede al
mismo. Un aspecto fundamental es el surgimiento de ciudadanía infor-
mada en este proceso, lo cual se logra a través de la rendición de cuen-
tas que los propios partidos brindan a la sociedad.
La libertad de expresión y su relación con las elecciones de 2012
es estudiada por Gustavo López Montiel quien describe los resultados de
una encuesta realizada en dos entidades federativas, Oaxaca y el Distrito
Federal, con el propósito de acercarse al reconocimiento de las pobla-
ciones consultadas acerca de la libertad de expresión como un derecho
fundamental y esclarecer los principales obstáculos para un ejercicio
pleno de la misma.
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Este bloque de capítulos generales cierra con una discusión sobre
la segunda vuelta como una forma de legitimar el poder. En este texto,
Herandeny Sánchez apunta que, durante las últimas décadas, México ha
evolucionado institucional y jurídicamente en lo referente a la reforma
del Estado como producto de la necesidad social de un desarrollo de-
mocrático del país. Sin embargo, los recientes procesos electorales han
dado muestra de una contradicción latente debido a las prácticas más
bien antidemocráticas presentes en la política electoral nacional, que
orillan a una falsa consolidación de la democracia en México.
Los siguientes textos van dirigidos a analizar lo acontecido en cada
una de las entidades que tuvieron comicios locales ya que se considera
relevante presentar los aspectos que impactaron la nueva configuración
de fuerzas en las mismas desde lo local.
En primer lugar, el texto de Gustavo Martínez estudia los comicios
estatales celebrados en Tabasco y plantea que el triunfo del PRD estu-
vo íntimamente ligado a un largo proceso de realineamiento del voto,
acompañado por uno de desinstitucionalización del tricolor y a la fuerza
de la figura de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
Las pasadas elecciones de 2012 en Morelos marcaron la segunda
alternancia en el ejecutivo local, luego de dos administraciones panis-
tas en la entidad. Para Enrique Cuna Pérez, el triunfo de la izquierda
obedece principalmente al hartazgo de los morelenses de la política de
contención a la inseguridad y la violencia.
Arturo López Perdomo y Alberto Espejel evalúan datos sobre las
elecciones de 2012 en Jalisco. Hacen referencia al voto diferenciado en
la entidad y presentan los aspectos fundamentales de las diferentes pro-
puestas de campaña, del proceso por medio del cual cada partido eligió
a sus candidatos y los conflictos que se generaron.
En el capítulo sobre Chiapas, Stephanie Porto y Javier Hernán-
dez, analizan el proceso electoral de 2012 y señalan algunas de las
nuevas características de la política mexicana, como la mediatización
de los candidatos, las nuevas generaciones impulsadas por las viejas
cúpulas partidistas, así como la creciente importancia de la imagen
de los candidatos.
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En el apartado dedicado a Yucatán, Sergio A. Bárcena y Víctor I.
Montaño realizan un estudio sobre el efecto de arrastre y empuje, y
muestran la influencia de un candidato nacional sobre la contienda local
y la organización partidista estatal para apuntalar el liderazgo de un
contendiente nacional.
Sobre Guanajuato, María Aidé Hernández y Fernando Díaz analizan
la evolución de las preferencias electorales y advierten que, a pesar del
incremento de la competitividad a nivel estatal, distrital y municipal, el
blanquiazul ha conseguido mantener su predominio por un conjunto de
factores culturales, políticos y demográficos, entre los cuales destacan
la fuerte presencia del catolicismo en la población y la proporción entre
la población rural y la urbana en el padrón electoral.
En el capítulo sobre el Distrito Federal, Génesis Puente hace énfa-
sis en el proceso de selección de los candidatos a jefe de Gobierno y en
el nuevo mapa de poder de la capital así como en algunos de los desa-
fíos para Miguel Ángel Mancera y el PRD.
Susana Pech relata el caso de Campeche. Pech presenta los resul-
tados electorales y estudia los efectos que éstos tuvieron en la conforma-
ción de los órganos de gobierno, y en los reacomodos que se generaron
en el sistema de partidos local. Jorge Gerardo Flores Díaz presenta los
elementos principales del diseño institucional en Colima, la manera como
se desarrolló el proceso electoral 2012 y los resultados de la contienda.
Juan Carlos Villarreal estudia el Estado de México y se concentra
en las características sociodemográficas de la región y el impacto que
éstas tienen en la participación, así como en la cultura política de la
población mexiquense. En el texto presentado por Ramiro Medrano y
Aldo Muñoz se examina el impacto de las figuras políticas nacionales en
los comicios locales del Estado de México. Los autores describen el voto
estratégico y el voto de arrastre como dos fenómenos que influyen de
manera decisiva en el resultado de una elección.
Raúl Calvo se encarga de analizar lo sucedido en Guerrero donde
las elecciones locales de 2012 fueron las primeras que se celebraron
de manera concurrente con las federales y en el marco de una nueva
distritación.
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El trabajo de Alberto Espejel sobre Nuevo León realiza un recuen-
to histórico de los resultados obtenidos en los comicios locales desde
1982 hasta 2009. A partir del análisis de los datos, el autor llega a la
conclusión de que en los noventa se consolida un bipartidismo competi-
tivo entre PAN y PRI, mismo que prevalece.
Martha Gloria Morales aborda el caso de Querétaro. Se refiere a
la historia de los comicios en la entidad y llama la atención sobre la
existencia de un fuerte bipartidismo PRI-PAN, mientras que la fuerza del
PRD es prácticamente nula.
Mediante el uso del método comparativo, el artículo de Hugo Ale-
jandro Borjas y Bertha Inés Moreno describen lo acontecido en San Luis
Potosí durante el proceso electoral de 2012. Dos fueron los elementos
legales que destacaron: la proporcionalidad de género en candidatos
de mayoría relativa y representación proporcional y la modificación de
la propaganda electoral en la vía pública que causaba contaminación y
contaminación visual.
En el último capítulo Juan Poom Medina analiza y brinda algunas
explicaciones relacionadas con los resultados electorales en Sonora, sin
dejar de apuntar el hecho de que estos comicios se presentaron cuando
el primer gobierno diferente del PRI que ha gobernado la entidad cum-
plía tres años de funciones políticas y administrativas.
En suma, este esfuerzo colectivo se une a los de 2009, 2010 y
2011 con el fin de presentar los resultados de las elecciones desde una
mirada local y destacar la importancia que tienen los comicios de go-
bernador, diputados locales y presidentes municipales en un entramado
democrático. Resulta de vital importancia no desestimar este hecho si
lo que se desea es llegar a un mejor entendimiento de la realidad políti-
co electoral que vive México en la actualidad. Por otro lado, la novedad
de este título es sin duda alguna que constituye el primero que recaba
también con mayor profundidad el contexto nacional que caracterizó el
proceso de renovación de la presidencia de la república y del Congreso
de la Unión por resultar fundamental para la comprensión de los años
venideros.
El libro que el lector tiene en sus manos es resultado del seminario
“Los estados en 2012. Alternancias y hegemonías”, que se realizó en
15
el marco del proyecto de investigación “Procesos electorales, reformas
legales y sistema de partidos en el gobierno de Felipe Calderón” (PAPIIT
IN030312), adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo del Instituto
Federal Electoral, el Instituto Electoral del Distrito Federal, el Instituto
Electoral del Estado de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, y la Fundación
Friedrich Naumann, quienes hicieron valiosas contribuciones tanto al se-
minario como a la presente obra. A todos ellos nuestro reconocimiento.
Asimismo, es de destacar que tanto para la realización del semina-
rio como para la publicación de la obra, resultó fundamental el involu-
cramiento comprometido de los estudiantes de licenciatura y posgrado
Antonio Faustino Torres, Ninfa Hernández, Alejandra Huesca, Berenice
Muñoz, y, particularmente, Stephanie V. Porto Gutiérrez y Génesis Puen-
te Romero, quienes también se hicieron cargo de la revisión editorial de
esta obra. A todos ellos nuestro agradecimiento.
Gustavo López Montiel
Rosa María Mirón Lince
Francisco Reveles Vázquez
Parte I
GENERALDE LOS COMICIOSEN LOS ESTADOS
Balance
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En el proceso electoral pasado se formaron tres grandes referentes po-
líticos. Algo que parece un “rasgo estructural” de la política mexicana.
Desde 1988 ya no fue uno ni fueron dos los protagonistas estelares de la
contienda. En 2012, dos coaliciones, una del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y otra
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo
(PT) y Movimiento Ciudadano (MC), y el Partido Acción Nacional (PAN)
construyeron tres grandes constelaciones formales e informales en tor-
no a las cuales se orientó eso que a falta de mejor nombre llamamos la
sociedad mexicana.
Y todo parece indicar que ningún exorcista será capaz de convertir,
en plazo breve, un “juego” de tres en una disputa entre dos. Ello, porque
los tres grandes partidos que organizan y ofrecen cauce a la vida política
del país tienen arraigo y presencia. Sus votaciones, por supuesto, son
fluctuantes, su arraigo territorial diferenciado, pero en conjunto ordenan
la pluralidad política e ideológica que cruza al país.
ELECCIONES 2012:PLURALISMO EN ACCIÓN
1 Doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara. Maestro en Estudios Latinoamericanos. Profe-sor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2 El texto recoge y amplía el artículo “Mi lectura de las elecciones” que apareció en Letras Libres, 165, septiembre de 2012. Retoma también algunos materiales que publiqué en el diario Reforma.
JOSÉ WOLDENBERG KARAKOWSKY 1 , 2
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1. MINI HISTORIA
Desde 1988 fue claro que ningún partido podía cobijar bajo su manto
a ese amasijo de intereses y pasiones, de sensibilidades e ideologías
al que llamamos México. Si algo demostró aquella elección era que
la diversidad política buscaba y encontraba cauces para expresarse y
competir. Y que cada día esa diversidad parecía más equilibrada. Lejos,
muy lejos, habían quedado los tiempos del partido hegemónico, de la
ideología de la Revolución Mexicana como fórmula omniabarcante, de la
legitimidad fruto del movimiento armado de principios de siglo.
Lo que también resultó transparente en aquellos comicios es que
ni las reglas del juego, ni las instituciones, ni los operadores políticos,
estaban capacitados para procesar los resultados tal y como salían de
las urnas. El maquillaje de las cifras en aquel año evidenció que si de-
seábamos, como país, resolver quién debe gobernar por la vía de los
comicios era necesario refundar todo el edificio electoral.
Ello, venturosamente, sucedió entre 1989-90 y 1996. Cuatro re-
formas electorales que modificaron todo el entramado normativo e ins-
titucional que da forma a las elecciones. Se modificaron los órganos
y procedimientos electorales para inyectarles imparcialidad, las reglas
de la competencia para construir un mínimo de equidad, se “judiciali-
zó” todo el contencioso para obtener certeza, se cambiaron las reglas
para la integración de las cámaras del congreso para recibir a la plurali-
dad política, se ajustaron las disposiciones para el registro de partidos,
agrupaciones políticas, frentes y coaliciones, y se diseñó para el Distrito
Federal una fórmula de gobierno electo.
El resto lo vienen realizando los ciudadanos cada vez que votan. ¿Y
qué tenemos? Un mundo de la representación política plural y equilibra-
da. No existe fuerza política relevante en el país que no encuentre en la
vía electoral la posibilidad de hacerse presente.
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2. ELECCIONES 2012
Contra lo que algunos auguraban y otros querían, de nuevo las eleccio-
nes recientes certificaron la existencia de un pluralismo político equili-
brado que estará presente en el Congreso de la Unión. Tratándose de
la presidencia de la república estamos ante un juego en el que solo uno
puede ganar y los demás no. De las siete gubernaturas (incluye al jefe
de Gobierno del Distrito Federal), 3 fueron para el PRI-PVEM, 3 para el
PRD-PT-MC y 1 para el PAN. Y en los congresos locales, en 6 no habrá
mayoría absoluta de ningún partido, en 4 el PRI contará con mayoría
absoluta de diputados, en 3 la tendrá el PRD y en uno el PAN.
Vistos de esa manera los resultados indican que nadie gana todo
ni nadie pierde todo. Lo dicho, un pluralismo político equilibrado habita
y convive en el mundo de la representación política.
Hay algunas noticias colaterales que vale la pena subrayar. No solo
se frenó la tendencia hacia un mayor abstencionismo, sino que ahora, en
términos porcentuales, votaron más ciudadanos que hace seis años. En
1994, participó el 77.8% de los electores potenciales; seis años después,
en 2000, la cifra bajó a 63.97, y en 2006 la tendencia continuó siendo de-
clinante, solo el 58.55% de los inscritos en la lista nominal de electores
acudieron a las urnas. Pues bien, el primero de julio sufragó el 63.14%.
Algo deben decirnos esas cifras. Que a pesar del discurso profunda-
mente antipolítico que se reproduce en los medios y del no escaso ma-
lestar que existe con relación a los partidos, millones de mexicanos (más
de 50) decidimos ir a las urnas porque (creo) sabemos que es el único
método legítimo para el nombramiento de gobernantes y legisladores. Y
creo que intuimos algo más: que es la única fórmula que ha inventado la
humanidad para que la diversidad de opciones políticas pueda convivir y
competir de manera civilizada, es decir, pacífica y ordenada.
El trabajo del Instituto Federal Electoral (IFE) fue eficaz. En materia
de organización prácticamente se instalaron todas las casillas. De más
de 140 mil solo dos no fueron colocadas. Si tomamos en cuenta que
los funcionarios de las casillas son ciudadanos que aceptan convertirse
ese día en presidentes, secretarios y escrutadores, luego de un sorteo y
una somera capacitación, se podrá entender el grado de dificultad de la
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operación. Pero si a ello sumamos la sombra de la violencia que acom-
paña la vida en no pocas regiones del país y la supuesta apatía e incluso
malestar que envuelve a la actividad política, quizá podamos evaluar
de mejor manera lo que significa que alrededor de 600 mil personas,
de diferentes edades, condiciones económicas, grados escolares, hayan
aceptado recibir y contar los votos de sus vecinos.
Las fórmulas para dar a conocer los resultados la misma noche
de la elección funcionaron a la perfección. El conteo rápido, un ejercicio
muestral robusto, a las 11:15 de la noche permitió que el consejero pre-
sidente del IFE, Leonardo Valdés, diera en cadena nacional los rangos
en los que fluctuarían las cifras de la elección presidencial. A esa hora,
el Programa de Resultados Preliminares (PREP) estaba funcionando y
ofreciendo cifras a todos los niveles -nacional, circunscripcional, por es-
tado, por distrito, casilla por casilla-. Y al final, los resultados del conteo
rápido y del PREP coincidieron como dos gotas de agua.
Por si ello fuera poco, se llevó a cabo el recuento distrital de vo-
tos más grande de la historia del país. Más de 70 mil casillas fueron
recontadas a partir del miércoles siguiente y por supuesto ese recuento
certificó los resultados que ya conocíamos gracias al conteo y al PREP.
Ahora bien, el afán por convertir al IFE cada vez más en un juez de
los litigios entre partidos es quizá lo que está desgastando a la institu-
ción. Debe subrayarse que en materia de organización y procesamiento
de los resultados prácticamente no existe controversia mayor. Por el con-
trario, la labor del IFE recibe muy buenas calificaciones. No obstante,
cada vez que un partido acusa a su adversario ante el IFE, el instituto no
puede dejar satisfechos a ambos, mientras quien acusa quiere que se
condene, el que es acusado desea ser absuelto. Al final, el instituto no
puede dejar contentos a ambos, y además, lo más probable, es que el
que pierda en el IFE apele la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF). Así es el diseño, pero quizá sea una
fórmula ingrata para el IFE.
Vale la pena además subrayar que a lo largo de los meses, los candi-
datos a todos los cargos electivos ejercieron sin cortapisas sus derechos
y desplegaron sus libertades. Viajaron a lo largo del país o del estado o
de su distrito, se reunieron con ciudadanos en grandes concentraciones
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o en auditorios reducidos, hicieron sus planteamientos y escucharon di-
versos reclamos y necesidades. En una palabra: un clima de libertades
cobijó a las contiendas y por unas semanas la política estuvo en el centro
de la atención pública. Lo cual también merece ser apreciado.
3. RESULTADOS. PRESIDENTE Y CONGRESO
El próximo presidente de la república será Enrique Peña Nieto postulado
por el PRI y el PVEM. Ganó, sí, pero con el 38.15% de los votos. Triunfó
en 21 estados de la república;3 mientras Andrés Manuel López Obrador,
candidato del PRD-PT-MC, alcanzó el 31.64%, ganando solamente en
8 entidades.4 Josefina Vázquez Mota del PAN obtuvo el 25.40% de los
sufragios y triunfó solo en tres estados.5
Sí, será el regreso del PRI a la presidencia. Pero el cuadro gene-
ral con que se encontrará es marcadamente diferente al del pasado.
Recordemos que los presidentes del PRI no solían tener un auténtico
contrapeso en el congreso porque su partido contaba con mayorías ca-
lificadas o absolutas en ambas cámaras. Ahora ningún partido tendrá
los suficientes asientos en las cámaras del congreso como para poder
hacer su simple voluntad.
Por el contrario, por sexta vez consecutiva en la Cámara de Di-
putados y por tercera vez en la de Senadores ningún partido tendrá la
mayoría absoluta de los votos. Por ello, el diálogo, la negociación, el
acuerdo, deberán presidir las relaciones entre las principales fuerzas
políticas del país.
En las elecciones para el Senado, el PRI sin aliado ganó en 10
estados, junto con el PVEM en otros 8;6 el PAN triunfó en 87 y la alianza
3 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
4 Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala.5 Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas.6 Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de Mé-
xico, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.7 Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán.
24
de izquierda en 6.8 En 13 estados el PAN fue segundo lugar (y por eso
se llevó un senador en cada una de esas entidades), el PRI-Verde en
12 y la coalición PRD-PT-MC en 7. Por ello, en el Senado el PAN será la
segunda fuerza.
En la Cámara de Diputados, sin embargo, la coalición de la izquier-
da, si se mantiene unida, será la segunda fuerza. Vale la pena señalar
que solamente en 10 entidades9 obtuvo diputaciones uninominales, lo
que significa que en 22 no obtuvo un solo diputado por distrito, mientras
el PRI solo se fue en blanco en 5 estados10 y el PAN en 14.11
Como se sabe, el PRI ganó tres gubernaturas (Chiapas, Jalisco y
Yucatán), el PRD-PT-MC otras tres (Distrito Federal, Morelos y Tabasco)
y el PAN una (Guanajuato). En cuatro estados hubo alternancia (Chia-
pas, Jalisco, Morelos y Tabasco) y en tres continuidad (Distrito Federal,
Guanajuato y Yucatán).
Como cualquiera puede apreciar, las elecciones siguen mostrando
su capacidad para modelar el mundo de la representación política.
4. CONGRESOS LOCALES
Como se sabe, el 1 de julio también se eligieron 15 congresos locales
(contando a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal). Resultan im-
portantes no solo porque son el poder legislativo local, sino porque de
su composición dependen, en principio, los márgenes de acción, en ese
campo, del ejecutivo.
Pues bien, su composición no deja de ser elocuente. En 7 no habrá
mayoría absoluta de diputados de ningún partido; en 4, el PRI tendrá
esa mayoría; en 3, el PRD; y en 1, el PAN. En los primeros siete se re-
querirán de acuerdos para hacer avanzar cualquier iniciativa, y en los
8 Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala.9 Distrito Federal (26), Oaxaca (10), Guerrero (9), Estado de México (7), Tabasco (6), Michoacán (4),
Morelos (4), Tlaxcala (2), Veracruz (1) y Quintana Roo (1).10 Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.11 Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quin-
tana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
25
otros 8, de inicio, algún partido puede hacer prosperar sus deseos sin la
concurrencia de los otros.
En Campeche, el PRI ganó 20 de los 21 distritos de mayoría rela-
tiva; en Chiapas, el PRI tendrá 21 de 40 diputados (luego del reparto de
uni y plurinominales), en el Estado de México, 41 de 75; y en Yucatán, 15
de 25. En esas cuatro entidades, además, el gobernador es del mismo
partido, aunque en Chiapas se trate de un militante del PVEM, al que
también postuló el PRI. Son los estados en los que sus respectivos gober-
nadores tienen condiciones propicias para hacer avanzar sus iniciativas.
Por su parte, el PRD ganó 34 de 66 diputados en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal;12 27 de 46 diputados en el congreso de
Guerrero; y 21 de 35, en Tabasco. Al igual que el PRI en las anteriores 4
entidades, en estas tres, el jefe de Gobierno y los gobernadores también
son del PRD por lo que especulativamente tienen buenas condiciones
para que sus propuestas prosperen en el legislativo local.
El PAN solamente en Guanajuato logró eso. “Su gobernador” será
acompañado por 19 diputados de un total de 36.
En siete entidades, sin embargo, como ya apuntábamos, la nego-
ciación entre partidos (o bancadas) será necesaria. Colima tendrá 11
diputados del PRI, 7 del PAN, 3 del Partido Nueva Alianza (PNA), 2 del
PRD, 1 del PVEM y 1 del PT. En Jalisco el PRI tendrá 17 diputados, 15 el
PAN, 5 MC y 2 PRD. En Morelos el PRD-PT-MC logró 13, PRI-PNA 8, PAN
4, PVEM 3 y el Partido Social Demócrata (PSD) (local) 2. En Nuevo León
el PAN tendrá 20, el PRI-PVEM 15, el PNA 3, el PRD 2, el PT 2. En Que-
rétaro el PAN alcanzó 10, el PRI 6, la coalición PRI-PVEM-PNA 4, PNA 2,
PVEM 1, PRD 1, MC 1. En San Luis Potosí la distribución fue la siguiente:
PRI 9, PAN 6, PVEM 5, PRD 2, PNA 2, PT 1, MC 1 y un partido local 1. En
Sonora la coalición PAN-PNA ganó 10 distritos (en uno fue solo el PAN) y
la del PRI-PVEM otros 10. (En los datos de la página del Consejo Estatal
Electoral de Sonora no aparecen los resultados de un distrito, el V co-
rrespondiente a Nogales Sur). Al repartir los plurinominales ambas coali-
ciones quedan con 15 diputados cada una y dos más son para el PRD.13
12 Luego el tribunal le quitó sus dos diputados plurinominales, pero dos que pertenecían a la bancada del PT se incorporaron a la del PRD.
13 Todos los datos, salvo los de Sonora, están tomados de la revista Voz y Voto 234 (julio de 2012).
26
Esas cifras resultan interesantes para observar la distribución del
poder en las entidades, pero sirven también para discurrir en torno a
las dificultades que los gobiernos locales tendrán con sus respectivos
legislativos. En Colima, por ejemplo, al gobernador del PRI le bastaría
una alianza con el PNA para obtener una mayoría absoluta de asientos
en el congreso local (13 de 25), pero eso mismo no lo alcanzaría con un
arreglo con el PVEM (12 de 25).
En Jalisco, la bancada del PRI necesitará de acuerdos con el PAN o
con MC para forjar una mayoría absoluta de votos. Si solo lo hiciera con
el PRD le faltaría uno (19 de 39). En Morelos, el gobernador del PRD,
puede mirar a varios lados para construir mayoría: la puede hacer con el
PAN (17 de 30), con el PRI-PNA (21 de 30), con el PVEM (16 de 30), ya
que con el PSD apenas quedaría mitad y mitad (15 de 30). Y ello, repito,
porque solo no tiene los votos suficientes para aprobar nada.
En Nuevo León, el PRI, el PVEM y sus aliados locales tienen apenas
15 de 42 escaños. Si hicieran alianza con el PNA llegarán a 18, lo que
tampoco les alcanza. Necesitarían los votos del PRD y el PT para obte-
ner apenas 22 de 42. Claro, si la alianza es con el PAN -que por sí solo
logró 20 escaños- tendrían una mayoría holgada. El PAN, por su parte,
si logra un acuerdo estable con cualquier otro partido, puede convertirse
en la voz cantante en el congreso local. En Querétaro, PAN y PRI están
parejos (10 y 10) si los 4 de la coalición que giró en torno al PRI se le
suman a los 6 que obtuvo solo el PRI. Pero se requieren otros tres para
armar una mayoría absoluta y el PRI los puede encontrar en el PNA (2)
y el PVEM (1).
En San Luis Potosí, si el PRI y el PVEM trabajan conjuntamente
tendrán la mayoría absoluta de los escaños (14 de 27), pero si no, el PRI
tendrá que buscar construir la mayoría con otros partidos. Y el caso de
Sonora resulta curioso por representar un empate entre dos coaliciones:
PAN-PNA y PRI-PVEM (15 a 15), solo que el PRD puede ser el fiel de
la balanza con sus dos diputados. Porque aunque falta un diputado de
mayoría relativa por asignar, no alcanza para forjar mayoría absoluta, se
requieren 2.
El mundo de la representación es complejo; su aritmética sencilla.
27
5. LITIGIO POST ELECTORAL
La coalición de la izquierda (PRD-PT-MC), encabezada por Andrés
Manuel López Obrador, solicitó al tribunal electoral la anulación de la
elección presidencial. Solo de esa elección, no la de diputados y se-
nadores, no la de gobernadores, no la de congresos locales, no la de
ayuntamientos. A pesar de que todas ellas se celebraron el mismo día y
con las mismas condiciones. Y a pesar de que en la elección para dipu-
tados y senadores esa coalición obtuvo menos votos que en la elección
presidencial.
Sus argumentos subrayaron que las condiciones de la competen-
cia no fueron equitativas. Aludieron a la compra y la coacción de votos,
al posible rebase de los gastos de campaña, a la connivencia entre televi-
soras y Peña Nieto y a una especie de conspiración de las encuestadoras
que trucaron sus resultados para favorecer al candidato del PRI.
Vale la pena recordar que la reforma electoral de 2007 estable-
ció con claridad las causales de nulidad de la elección presidencial: a)
cuando en por lo menos en el 25% de las casillas instaladas se hayan
presentado anomalías como para anularlas, b) cuando no se hayan ins-
talado el 25% o más de las casillas o, c) cuando el candidato ganador
resulte inelegible.
No se requiere ser Einstein para saber que esas causales de nuli-
dad estuvieron lejos de hacerse realidad en la elección de 2012. Como
ya apuntamos, se instalaron prácticamente todas las casillas, en los
cómputos distritales se volvió a contar un porcentaje importante de ca-
sillas y no se encontraron anomalías mayores, y es poco probable que
ahora resulte que Enrique Peña Nieto o no tiene la edad o no tiene la
nacionalidad para ser presidente.
Los legisladores -incluyendo a los de izquierda- hicieron esa refor-
ma para cerrarle el paso a la llamada “causal abstracta” de nulidad y
que permitía al tribunal sopesar de manera subjetiva algunos aspectos
de la elección que hubiesen podido gravitar sobre los resultados.
Eso lo sabían los impugnadores y por ello aludieron a una supues-
ta violación a los principios constitucionales que señalan que las elec-
ciones deben ser “libres y auténticas”, además de “periódicas”. Y sus
28
causales de anulación, dijeron, apuntaban en esa dimensión. Solo unas
palabras sobre cada una de ellas.
Encuestas
Ciertamente, la mayoría de las encuestas indicaban que la ventaja entre
el primero y el segundo lugar de la elección sería más amplia de la que
fue. El argumento de la coalición de izquierda fue que esa operación in-
tentó artificialmente construir la imagen de un ganador y que ello influyó
en el voto de los ciudadanos.
Las casas encuestadoras deberían ofrecer una explicación amplia y
sustentada de lo que creen, suponen o saben que sucedió. Se trata, por
supuesto, de una obligación moral, quizá política, no judicializable. Las
“fallas” pueden deberse a diferentes causas: el número de encuestados
que no quisieron serlo y que fueron substituidos por otros; quizá, el
número de indecisos y las formas en que fueron “asignados”; quizá las
fluctuaciones de última hora. Pero sería importante y esclarecedora una
especie de reunión entre especialistas para escuchar razones.
Pero pretender anular una elección por el presumible efecto de las
encuestas es otra cosa. Bien a bien no podemos saber el impacto de
las mismas. Se puede especular que dar como ganador a alguien sirve
para que muchos se quieran subir a la nave del triunfador, pero se puede
especular lo contrario, que ante los resultados de las encuestas muchos
le dan la espalda porque no desean un triunfo holgado de quien aparece
en primer lugar.
Compra y coacción
Quizá se trate de la impugnación que más visibilidad pública ha tenido.
Los casos “Soriana” y “Monex” han ocupado las primeras planas de los
diarios y buena parte de los noticieros de radio y televisión. El IFE y la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)
están investigando y habrá que esperar para ver, con certeza, de qué
se trata.
29
La compra y la coacción de votos son delitos tipificados y deben
ser sancionados. Sobre ello no debería existir duda. Ahora bien, la cuan-
tificación del fenómeno no es sencilla. Su base material está dada por
las profundas desigualdades que marcan al país y por las ingentes ne-
cesidades de millones de mexicanos. En esas condiciones no es nuevo
que algunos traten de explotar esa situación para intercambiar algún
bien por votos. Es posible que para unos mexicanos unos sacos de arroz
o unas láminas para su vivienda signifiquen más que una papeleta para
votar. Y eso lo han explotado todos los partidos.
Pero no es cierto que no existan “contravenenos” contra esa prác-
tica. En primer lugar, la denuncia ante la FEPADE y la necesaria sanción
penal (vale decir, que al día de las elecciones el IFE había recibido sola-
mente dos denuncias). Pero en segundo lugar, el propio López Obrador,
llamó durante la campaña a recibir los obsequios que candidatos y par-
tidos suelen dar, pero a votar en libertad. Y ello es posible por un me-
canismo elemental pero fundamental que construye el IFE: la mampara
en la que se vota, y en la que solamente puede estar una sola persona
a la vez, de tal suerte que aunque haya recibido presiones o regalos,
pueda sufragar en entera libertad, sabiendo que nadie podrá saber el
sentido de su voto. Creo que cualquier observador imparcial sabe que la
inmensa mayoría de los mexicanos votamos en absoluta soledad y por
ello ejerciendo nuestra voluntad.
El rebase a los topes de campaña
Es posible que haya sucedido y me temo que en más de una campaña.
Pero no se pueden adelantar vísperas. Los impugnadores sabían mejor
que nadie, que es a partir de octubre que los candidatos y partidos
empezarían a entregar al IFE sus informes de gastos de campaña. Y
que entonces el instituto haría los rastreos, auditorías e indagaciones
del caso. Dando, por supuesto, derecho de audiencia a quienes even-
tualmente puedan resultar responsables de la violación a la ley. Pero
otra vez, ello es así, porque todos los partidos en el congreso deci-
dieron disociar la calificación de la elección de la fiscalización de los
recursos de los partidos utilizados en la campaña. Es posible que sea
30
un mal diseño, pero es el diseño acordado por todos. De tal suerte que
si alguien rebasó los “topes” seguramente será sancionado con alguna
multa, pero no con la pérdida de su escaño o de la presidencia.
Señaló además la coalición conformada por el PRD-PT-MC que mu-
cho antes de las campañas electorales, desde 2006, Peña Nieto adquirió
tiempo en televisión y radio para promover su imagen. La compra de
espacios en radio y televisión está prohibida desde la reforma de 2007.
Y quizá ésa sea la sombra más preocupante que habrá de acompañar a
las elecciones pasadas, porque ciertamente todo apunta a que con pos-
terioridad a la fecha de la reforma, hubo operaciones entre las televiso-
ras y el apenas precandidato del PRI para lograr su “posicionamiento”.
Ello sucedió mucho antes de las precampañas y las campañas, pero
es uno de los asuntos que clama por una reforma ya no electoral sino
a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Es
importante que los medios coadyuven al asentamiento de las relaciones
y las condiciones que hacen posible la democracia y no que de vez en
vez intenten erosionarlas.
Lo cierto, también, es que en el tiempo que duraron las precampa-
ñas y las campañas, cinco largos meses previos al día de la elección, los
medios cumplieron con la ley. No solo pasaron los spots de los candida-
tos en “tiempo y forma”, según los monitoreos del IFE y lo que todos pu-
dimos ver, sino que los noticiarios realizaron una cobertura equilibrada
de las diferentes campañas. Ahí están, para quien quiera consultarlas,
las mediciones del IFE. Es decir, las condiciones de la competencia, en
lo que se refiere a la cobertura de las campañas en los grandes medios
de comunicación, durante el tiempo de la contienda que insisto, no es
corto, fue equitativo.
Por supuesto, el tribunal desahogó los recursos de la coalición de
izquierda. No se quedó en la formalidad de tratarlas a partir de la nor-
matividad legal, porque como ya apuntamos, no se encontraban encua-
dradas en ninguna de las causales que hacen posible la anulación de la
elección presidencial. Se hizo cargo de la dimensión constitucional, la
que establece que las elecciones deben ser “libres y auténticas”, pero
encontró que los elementos presentados por la coalición no resultaban
suficientes ni convincentes para anular la mencionada elección.
31
No obstante, lo más triste del caso es que la elección quedó em-
pañada. O quedó empañada para un número significativo de personas.
Porque en el mundo de la fe, muchos creen lo que sus líderes dicen.
Quizá no pueda ser de otra manera. Resulta descorazonador, pero no
hay opción: continuar con la construcción de confianza; una edifica-
ción siempre frágil, en la que se avanza por metros, y se retrocede por
kilómetros.
6. FUTURO INMEDIATO
Tenemos, pues, un formato de tres grandes partidos que son acompaña-
dos por otros cuatro. No hay exorcista que pueda con eso. El pluralismo
equilibrado parece que llegó para quedarse (por lo menos por un buen
rato). De tal suerte que lo que sigue en la agenda nacional es la forja de
acuerdos si es que se quieren realizar ajustes a las leyes, transformacio-
nes al presupuesto, operaciones políticas con sentido.
Por ventura, no hay una fuerza política, en singular, que pueda
hablar a nombre del país. Y esa será la realidad -refrendada- en nuestro
congreso. Las palabras claves son entonces diálogo, atención al otro,
negociación, acuerdo. Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de dar
rienda suelta a los monólogos autosatisfechos que descalifican a los
adversarios y solo son capaces de mirar hacia el espejo. Pero ésa, por
fortuna, es una vía clausurada por ese universo contradictorio, diferen-
ciado, masivo, complejo, al que llamamos sociedad mexicana.
El multicitado mandato de las urnas dice una cosa elemental pero
fundamental: si se quiere hacer avanzar un proyecto se requieren acuer-
dos entre dos o más partidos. Los votantes hablamos el primero de julio;
después es la hora de los políticos. De los buenos políticos, aquellos que
saben que no se encuentran solos en el escenario y que están obligados
a convivir con los que ayer fueron sus adversarios.
32
7. LA VIRTUD DE LAS ELECCIONES
Vale la pena entonces subrayar una conclusión: lo mejor de las elec-
ciones son las propias elecciones. Y no se trata de una tautología. El
solo hecho de que se lleven a cabo auténticos comicios es una “gran
cosa”, precisamente porque no parece una gran cosa. Se trata de un
procedimiento aparentemente rutinario que tiene un enorme significa-
do. Escribo “en apariencia” no porque no sea una rutina, sino porque no
tenemos más de 15 años de contar con elecciones competidas, libres
y equitativas.
Las elecciones son una construcción civilizatoria, el único método
que permite la coexistencia y competencia de opciones políticas no solo
diferenciadas sino incluso enfrentadas. Se trata de la fórmula que per-
mite la substitución de los gobernantes sin derramamiento de sangre
(Popper); que presupone que la diversidad política es un capital que
debe ser preservado y que es menester edificar un cauce para su expre-
sión; que intenta construir un puente entre gobernantes y gobernados
-así sea frágil y momentáneo-; que permite el ejercicio amplio de las
libertades; que desata adhesiones, esperanzas, energías sociales; que
nos obliga a vivir y convivir con los otros, en el entendido que esos otros
tienen una existencia legítima.
No obstante, nuestras elecciones transcurren acompañadas de
desprecio, distancia crítica e incluso sorna (por lo menos en el mundo
de la opinión publicada). Como si produjeran un halo de malestar que
les fuera intrínseco y que impide observar lo sustantivo y apreciarlo.
Cuatro fuentes -creo- alimentan esas reacciones:
a) Los que ven en ellas una fórmula insípida, incolora, aburrida de
cambio político. Quienes desearían métodos más vigorosos, coloridos,
incluso traumáticos y dramáticos de transformación. Quienes ensueñan
cambios revolucionarios, absolutos, radicales; o quienes en nombre de
un orden que flota en sus cabezas no desecharían las asonadas o los
golpes palaciegos. Y tienen razón: las elecciones se encuentran en las
antípodas de esas fórmulas de mutación política porque sus premisas
se encuentran a kilómetros de distancia de toda idea redentorista. Hay
que decir, sin embargo, que esas posiciones son declinantes, que no
33
tienen ni la fuerza ni la implantación de la que gozaron en el pasado,
y que hoy tenemos un gran consenso político en el método electoral.
¿Entonces qué?
b) A quienes les parece muy poca cosa las elecciones porque no
son capaces de resolver los “verdaderos” problemas del país. Ni la des-
igualdad, ni la falta de crecimiento, ni la delincuencia, ni la violencia
intrafamiliar, ni la sudoración de los pies, son resueltos por las eleccio-
nes. Y en efecto. Tienen razón. Lo que sucede es que las elecciones -y
en general la democracia- está diseñada para solucionar dos problemas
específicos pero cruciales: el de la coexistencia de una pluralidad de
opciones políticas y el de ofrecer una vía institucional y pacífica para
nombrar y remover a gobernantes y legisladores. Creo que el problema
número uno de México es el de su oceánica desigualdad, pero estoy con-
vencido que para atender esa profunda falla estructural es mejor tener
elecciones que no tenerlas. Y lo mismo se puede decir del resto de los te-
mas. No sobra decir que las campañas son el mejor momento para que
los diagnósticos y propuestas de los partidos -es decir, las soluciones a
los problemas- logren captar la atención y el apoyo de los ciudadanos.
c) Hay quienes abominan de las elecciones porque no están de
acuerdo con algún o algunos de los eslabones del proceso. Todos los
hemos oído y leído. Que si son muy caras, que si duran mucho, que si los
spots resultan insoportables, que si se vulnera la libertad de expresión
porque no se puede comprar publicidad, que si el IFE es un elefante
blanco, y sígale usted. Ven un árbol cucho y no aprecian el bosque. A di-
ferencia de las dos anteriores, en este caso no se expresa un desacuerdo
con las elecciones, sino solamente con alguna(s) de sus caras. Bueno,
pues en estos casos todo está a discusión. Dado que no existe un mode-
lo electoral único y de exportación, muchos de los eslabones se pueden
rediseñar, tomando en cuenta que todo es perfectible.
d) Pero quizá la fuente de malestar más extendida sea que a muchos
no les gustan los competidores. Son como aquellos fans del futbol que no
están dispuestos a ver un juego entre Altamira y Celaya, pero que pren-
den la televisión para embriagarse con un encuentro entre el Barcelona y
el Real Madrid. Son a los que no les gustan los partidos y candidatos que
aparecen en la boleta, que quisieran otros. Pues bien, para ello debe exis-
34
tir una solución: volver a abrir las puertas para que aquellas corrientes
políticas o grupos organizados que no se identifican con ninguna de las
ofertas existentes puedan generar sus propias agrupaciones y participar
en elecciones. Desandar el camino que la legislación ha transitado en
los últimos años y que consiste en elevar los requisitos para que nuevas
organizaciones puedan obtener su registro como partidos políticos. Que
aquellos que quieran participar puedan hacerlo.
35
LEYES E INSTITUCIONES A PRUEBA:LOS ÓRGANOS ELECTORALES
EN MÉXICO
ROSA MARÍA MIRÓN LINCE1
1. INTRODUCCIÓN
La presencia de una autoridad especializada en materia electoral puede
considerarse el punto de partida para la conformación de una democra-
cia que no solo existe en el papel, sino que se materializa en procedi-
mientos, reglas e instituciones. Su función principal, la de organizar los
procesos electorales, se fortaleció al dotarla de autonomía funcional y
administrativa, además de encargar su conducción, desde 1996, a un
órgano colegiado integrado por consejeros electorales y representantes
de los partidos políticos y del poder legislativo.
La existencia de una autoridad electoral independiente responde
a la necesidad de apartar a los poderes públicos de la posibilidad de
influir en los resultados electorales. Jorge Carpizo (1987) describe los
mecanismos de los que durante años se sirvió la Presidencia de la repú-
blica para concentrar y monopolizar el poder político. Para transformar
esa realidad, el proceso de transición democrática en México incorporó
la descentralización del poder presidencial a través de dos mecanismos.
1 Doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Responsable del proyecto PAPIIT IN303012 “Procesos electorales, Reformas legales y sistema de partidos, en el gobierno de Felipe Calderón” (2012-2013).
36
En el primero de ellos, una parte de las funciones que acaparaba el
poder ejecutivo fueron trasladadas a órganos especializados, capaces
de tomar decisiones con base en una racionalidad institucional y obje-
tiva, independiente de la influencia del presidente de la república. En el
segundo, con el propósito de consolidar esa separación se dotó a las
instituciones de autonomía. Así, entidades como el Banco de México en
1994 y el Instituto Federal Electoral (IFE) en 1996, entre otras, fueron
dotadas de autonomía legal, administrativa y funcional para desarrollar
sus actividades de manera independiente al poder presidencial.
La pérdida de esa injerencia presidencial para elegir a su sucesor
y determinar, además, quiénes integrarían los órganos parlamentarios
fue un paso decisivo para fortalecer a la ciudadanía frente a los poderes
públicos. Esto solo fue posible cuando dicha capacidad, la de distribuir
los cargos de gobierno y representación, se trasladó de la Presidencia
a la población a través de un conjunto de leyes y procedimientos que
quedaron bajo la responsabilidad de la autoridad electoral. La autono-
mía es, por ello, un valor esencial de los órganos electorales en México.
Dotar de autonomía al IFE inyectó confianza a los procesos elec-
torales que se fueron tornando cada vez más competitivos y con ello se
garantizó que los resultados dependieran de la voluntad que el electo-
rado expresara en las urnas y no del reparto de posiciones que hiciera
el presidente. Así, la decisión final quedó en manos de los ciudadanos.
De ahí que el desempeño de la autoridad electoral se configure
como un elemento sustantivo de la instauración democrática, cuya re-
levancia es extraordinaria ya que su actuación ha sido valorada como
un factor determinante en los resultados comiciales. Por tal motivo, las
adecuaciones a la normatividad en torno a los árbitros de las eleccio-
nes buscaron, entre otros aspectos, consolidar la confianza en dichas
figuras y dotar de credibilidad a las nuevas instituciones. Estos cambios
paulatinamente se fueron volviendo prácticas cotidianas en la vida polí-
tica del país.
Así, el esfuerzo de ingeniería institucional realizado a través de las
reformas electorales -constitucionales y legales- derivó en la creación
de organismos autónomos: en el ámbito administrativo, el Instituto
Federal Electoral a nivel nacional y los institutos, consejos y comisiones
37
electorales en cada una de las 32 entidades federativas; en el jurisdic-
cional, se encuentran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) y los tribunales electorales estatales. Dichos órganos
estarían dirigidos de manera colegiada por un grupo de especialistas
en materia electoral sin filiación a ningún instituto político, provistos
de un carácter ciudadano; es decir, no partidista. En el presente texto,
me concentro en el análisis de la autoridad administrativa, tanto a nivel
nacional como estatal.
A partir del concepto de autonomía como un elemento indispensa-
ble para que los órganos electorales desempeñen sus funciones de ma-
nera confiable y eficaz, este trabajo tiene como propósito contribuir a la
discusión sobre la labor de tales instancias en el avance democrático del
sistema electoral mexicano, bien como coadyuvantes o como obstáculos
al mismo. Para ello, se aborda el análisis de una serie de variables que
resultan determinantes en la evaluación de dichos órganos. Ellas son:
• Denominación del órgano electoral
• Naturaleza jurídica
• Facultades de distritación e iniciativa legal por parte del órgano
electoral
• Integración del máximo órgano de dirección
• Existencia de una contraloría interna, de un órgano de transparen-
cia y del servicio profesional
A fin de alcanzar tal objetivo, se parte de las siguientes premisas:
La democracia mexicana es inconcebible sin la existencia y par-
ticipación de organismos electorales diseñados no solo para organizar
comicios sino también para promover la cultura democrática en el país.
Su relevancia, desde principios de la década de los noventa, ha sido
incuestionable para fortalecer el régimen democrático en México me-
diante la organización de procesos electorales y a través de acciones
permanentes que contribuyen a la formación de ciudadanía.
El diseño institucional original de aquellos órganos electorales fun-
dados hace más de dos décadas, que entonces funcionó muy bien, hoy
38
parece estar agotado. Las condiciones históricas son otras, como son
también otros los partidos políticos.
Los cuerpos colegiados que encabezan estos organismos fueron
diseñados originalmente como un espacio desvinculado de los intereses
partidistas. Hoy día, por el contrario, pareciera ser que los consejos
generales se han convertido en el punto de mayor inestabilidad y en un
factor relevante para la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía.
Por lo tanto, el modelo de organismos electorales que tenemos resulta
rebasado para alcanzar los objetivos planteados años atrás.
Con el afán de llegar a conclusiones razonables, se lleva a cabo
un análisis comparativo de las legislaciones electorales y constituciones
locales2 de las 32 entidades mexicanas y de la normatividad federal, a
fin de extraer los elementos que permitan discernir sobre el grado y la
calidad de la democracia en México a partir de las variables citadas. Es
preciso mencionar aquí que en todos los casos, la legislación revisada y
considerada en este texto fue la vigente en 2011.
En las llamadas democracias consolidadas la importancia de la go-
bernanza electoral, es decir, de las normas y órganos público-estatales
que cumplen con la función de organizar las elecciones tiende a pasar
inadvertida (Monsiváis, 2009: 9). Sin embargo, no debemos olvidar que
la calidad de la administración electoral tiene un impacto directo sobre
la forma en que las elecciones y sus resultados son percibidos y evalua-
dos por la opinión pública (votantes, partidos, medios de comunicación
y observadores).
La situación actual hace resurgir con gran vigencia el tema de la
gobernanza electoral, particularmente en las democracias noveles don-
de la realización de elecciones libres, limpias y competitivas es determi-
nante en el rumbo que sigan esos regímenes (Pastor, 1999).
Desde una perspectiva neoinstitucional, las normas electorales
importan pues juegan un papel decisivo en la configuración y funciona-
miento del sistema político (North, 1993; Offe, 2006; Lawrence, 2008;
Goodin, 2003). Así, una administración efectiva de las elecciones, si
bien no garantiza la alta calidad de los comicios, sí resulta indispensable
2 Estatuto de Gobierno, en el caso del Distrito Federal.
39
para lograr comicios de calidad, lo que implica consolidar instituciones
electorales apropiadas.
Bajo esta lógica, la expansión democrática y la movilización ciuda-
dana colocan a los organismos y autoridades electorales frente al reto
de responder a las demandas de la consolidación democrática mediante
la organización de comicios limpios, libres, periódicos e imparciales.
Ello, debido a su tarea de vigilar el correcto funcionamiento del sistema,
coadyuvando tanto en la creación, mantenimiento y fortalecimiento de
los vínculos entre sociedad e instituciones de gobierno como en la gene-
ración de confianza entre partidos y electorado.
Es así como la importancia de las instituciones electorales se basa
en la capacidad de ofrecer a todos los ciudadanos igualdad de oportu-
nidades y de derechos, además de certeza en la emisión de resultados
electorales. De esta forma, la autonomía se concede a órganos técnicos
con el propósito de protegerlos de intereses partidistas, para su buen
funcionamiento “no solo deben ser independientes de los poderes tra-
dicionales, sino de los partidos o de otros grupos o factores reales de
poder” (Cárdenas, 2000: 23).
En esto radica la posibilidad de dotar de mayor credibilidad y con-
fianza al sistema y, por ende, sustentarlo legítimamente. Entonces, la
labor de los órganos electorales rebasa el ámbito meramente adminis-
trativo y se consolida como la acción política determinante en la inte-
gración de los poderes del Estado a través del sufragio. De modo que
los organismos electorales deben ser considerados fundamentales en
la búsqueda y consecución de los objetivos políticos de las sociedades
donde funcionan. Con base en ello, tenemos que los órganos electorales
pueden cumplir a cabalidad sus funciones, siempre y cuando resulten
confiables a los ojos de la sociedad; no obstante, éste no es un asunto
fácil de alcanzar, ni de mantener, como tampoco de medir.
Las autoridades electorales deben conducirse con profesionalismo,
integridad y autonomía. Estos rasgos representan un sustrato indispen-
sable para la credibilidad de dichos órganos y el éxito de las elecciones.
Cuando los órganos son neutrales, gozan de la confianza social ya
que entregan resultados positivos en la realización de elecciones com-
petitivas y se consolidan como un eje de desarrollo institucional sólido.
40
La neutralidad de esas instituciones se encuentra vinculada a su inde-
pendencia, la cual también impacta en su credibilidad y en la confianza
que generan; es decir, en su capacidad de organizar comicios libres y
limpios para la ciudadanía.
De tal forma, paulatinamente el tema ha ido adquiriendo mayor
importancia y atención de cara a la consolidación del sistema democrá-
tico y a las experiencias negativas acumuladas del pasado en lo relativo
a fraudes y manipulaciones electorales.
Un diseño institucional basado en la imparcialidad incentiva a la
autoridad electoral para actuar de forma independiente, promoviendo
la imagen de neutralidad y justicia que la ciudadanía espera de ella
(Picado, 2006). Porque, sin duda alguna, existen mayores posibilida-
des de una conducción democrática de las elecciones cuando el órgano
electoral es independiente del gobierno y de los partidos políticos, y más
todavía si cuenta con personal profesional (López Pintor, 2004).
Es más probable que haya procesos comiciales exitosos ahí donde
existan autoridades electorales formal y realmente independientes, y se
conserve un Estado de Derecho fuerte al mantener poca distancia entre
los procedimientos legales y la práctica (Picado, 2006). En suma, en la
medida en que aumenta la independencia, mayor es la probabilidad de
que se celebren elecciones confiables.
2. LOS ÓRGANOS ELECTORALES EN MÉXICO
La actual conformación de los órganos electorales mexicanos es resul-
tado de la profunda reforma política de 2007-2008, que significó una
transformación mayor para el sistema electoral mexicano, entre otras
razones, porque sus cambios afectaron de manera relevante 18 leyes
secundarias.
No cabe duda de que la reforma más reciente introdujo cambios
sustantivos y positivos en el desarrollo de los procesos electorales; sin
embargo, los partidos políticos -a través de sus legisladores en ambas
cámaras- no dejaron pasar la oportunidad para restringir la autonomía
de la autoridad electoral y, de esa manera, fortalecerse frente a ella. Asi-
41
mismo, a partir de la reforma federal de 2007-2008 algunas entidades
fueron abriendo espacios de opacidad e influencia de los órganos ejecu-
tivos del gobierno, directa o indirectamente, incrementando el cuestio-
namiento sobre la imparcialidad de los órganos electorales.
Bajo esta lógica, las reglas del juego pueden ser definidas en fun-
ción de la distribución del poder a nivel local entre las fuerzas políticas
y partidistas, con graves consecuencias en la credibilidad y confianza en
las instituciones electorales (Méndez, 2010).
De entre las novedades de la reforma, hay que mencionar la re-
novación anticipada del Consejo General del IFE nombrado en 2003.
Entonces, los partidos políticos lesionaron su autonomía institucional
y consolidaron sus posiciones dentro del Instituto con el argumento de
instrumentar una renovación escalonada como parte de la negociación.
José Woldenberg (abril de 2012: 2) identifica al menos tres riesgos
para la autonomía de estos órganos que corresponden a las tentaciones
de los poderes ejecutivos, los congresos y los partidos políticos para ali-
nearlos a sus intereses, esto es, “a los gobiernos les resultan ‘incómo-
dos’ organismos que actúan siguiendo su propia lógica, en ocasiones
los Congresos no entienden -o no quieren entender- que la necesaria in-
dependencia puede generar tensiones y desean exorcizarla, y no es raro
que los partidos prefieran tener ‘personeros’ que defiendan sus intereses
en los órganos autónomos, pero sobra decir que por esa vía lo único que
se hace es erosionar a las instituciones, y la confianza en las mismas”.
Cuando nació el IFE, los partidos buscaban que el gobierno federal
se deslindara de las elecciones. Sin embargo, ahora que las posiciones
de gobierno y las mayorías congresionales pueden ser ocupadas e inte-
gradas indistintamente por cualquiera de los principales partidos polí-
ticos, existe entre ellos plena coincidencia para restringir la autonomía
e independencia de la autoridad electoral. En algunos casos lo que se
intenta es evitar o reducir las sanciones que derivan de la vigilancia a los
gastos de campaña, uso de recursos y solución de controversias, entre
otras actividades; pero en otros se llega aún más lejos al delimitar desde
las leyes los alcances de la autoridad como árbitro o establecer mecanis-
mos a través de los cuales los partidos y las legislaturas puedan influir en
las decisiones que toma el órgano de dirección de la institución electoral.
42
En consecuencia, la defensa de los intereses partidistas podría redundar
en un claro perjuicio para la consolidación democrática del país.
La reforma electoral que rediseñó el órgano federal también im-
pactó, aunque de manera disímbola, la normatividad local que deter-
mina la conformación de los institutos de las entidades federales. Las
adecuaciones realizadas en cada una de las entidades han sido muy
variadas, pero la intervención es prácticamente el común denominador,
pues han cambiado los criterios para la selección de los consejeros,
donde la imparcialidad, certeza y legalidad cedieron su primacía y los
nombramientos están vinculados a la cercanía de esos personajes con
los partidos políticos o bien con el gobernante en turno. La partidización
de los órganos electorales destaca como una de las perversiones que
aquejan a esas instituciones (Mirón, 2008).
En este sentido, existe coincidencia teórica en cuanto a que me-
dir la autonomía y el profesionalismo de los órganos electorales es una
tarea, si bien necesaria, muy compleja. A pesar de ello, algunos estu-
diosos han establecido diversos tipos de medición que resultan útiles
para averiguar qué tan confiables son determinados órganos electorales
(Hartlyn, McCoy y Mustillo, 2003).
Un primer método propone la medición a partir de la naturaleza de
las instituciones que eligen a los integrantes y la independencia demos-
trada por los elegidos en el ejercicio de su función.
Una segunda forma de medir se basa en el número de actores
involucrados en el proceso de nombramiento. Así, entre más actores se
vinculen con las designaciones, más independencia gozarán los elegidos
frente a los controles partidarios.
Un tercer tipo introduce la duración del encargo y la estabilidad en
el mismo como elemento que permite precisar la soberanía del funcio-
nario y, por tanto, la confianza que brinde la sociedad. En este caso, las
mejores condiciones se dan cuando el nombramiento es de una dura-
ción mayor al de aquellos que lo efectuaron.
En la realidad institucional, los tres tipos de medición menciona-
dos abordan procesos que guardan correspondencia y se interrelacionan:
cuando las autoridades electorales son designadas por el poder legis-
lativo y cuando además se requiere de una mayoría calificada para su
43
designación, nos encontramos ante procesos complejos que involucran
mecanismos de negociación y certeza. Además, los procesos de esta
naturaleza hacen más costosa la tentación de remover de su cargo a los
consejeros, toda vez que implican la movilización de una gran cantidad
de instrumentos institucionales, legales y políticos. Así, se facilita el ter-
cer tipo de medición, pues la designación deja de estar sujeta al capricho
de una autoridad superior para basarse en plazos y métodos legalmente
establecidos. Veamos qué sucede en las entidades federativas.
Parto de la utilización de estos tres tipos de medición, complemen-
tados con otras variables que se consideran relevantes para el análisis
del tema. Enseguida se presenta una evaluación de las constituciones
y leyes electorales de las 32 entidades federativas, así como de la nor-
matividad vigente a nivel federal para plasmar el grado de autonomía y
profesionalismo de los órganos electorales en México, obtenido después
de las reformas constitucional y electoral de 2007-2008.
Denominación de los órganos electorales locales
El nombre con el que son designados los órganos electorales de cada
entidad varía de una a otra. Para Astudillo y Córdova (2010), la princi-
pal causa de esto es que la Constitución federal, en su artículo 116, no
señala una denominación específica como parte de los elementos míni-
mos que deben incluir los ordenamientos locales.
En cualquier caso, y quizás por el “efecto-demostración” que la
Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales
(Cofipe) hacen del IFE como Instituto, es posible encontrar dicha deno-
minación en 20 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California
Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas);
en otras 8 son institutos electorales y de participación ciudadana (Baja
California, Chiapas, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Yu-
catán); mientras que en Sonora y Sinaloa se trata de Consejos Estatales
Electorales. En San Luis Potosí, existe un Consejo Estatal y de Participa-
ción Ciudadana, y en Nuevo León una Comisión Estatal Electoral.
44
Naturaleza jurídica
La naturaleza jurídica de los órganos electorales da cuenta de la inten-
ción del legislador de dotarlos de autonomía e independencia formal.
En este sentido, dichos órganos “tienen reconocido y asegurado un am-
plio margen de autonomía que les permite interactuar en un espacio
institucional propio, ajeno a injerencias, para que puedan cumplir con
las atribuciones que constitucionalmente tienen asignadas bajo el se-
guimiento escrupuloso de los principios que rigen la función electoral”;
además, “se les asignan suficientes garantías para asegurar tanto la in-
dependencia objetiva del órgano en sus relaciones con los demás, como
la independencia subjetiva de sus principales funcionarios, con el objeto
de que mantengan la calidad técnica de su labor sin someterse a presio-
nes o interferencias de ninguna especie” (Astudillo y Córdova, 2010: 46).
Así, de manera similar a lo que ocurre en el IFE, la organización,
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales locales en las 32 enti-
dades federativas están a cargo de organismos cuya naturaleza jurídica
los define como autónomos en su funcionamiento y permanentes, excep-
to en los casos de Nayarit, Querétaro y Sonora donde no está estable-
cida su permanencia. Son también instituciones independientes en sus
decisiones, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Facultades de distritación y presentación de iniciativas legales
Su independencia y autonomía se ven reforzadas en algunas entidades
con las facultades que el congreso ha otorgado a la autoridad electoral
en cuanto a la distritación, así como con la posibilidad de presentar
iniciativas legales. De tal manera, en 17 entidades (Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Distrito Federal, Es-
tado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán) la distritación es
una actividad que de manera exclusiva realiza la autoridad electoral, lo
cual sin lugar a dudas la consolida frente a los partidos políticos y a la
sociedad en su conjunto. Sin embargo, hay que resaltar que en 9 enti-
dades (Colima, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro,
45
Sonora, Veracruz y Zacatecas) esta actividad fundamental en el diseño
electoral sigue en manos del congreso estatal, acotando la independen-
cia de la autoridad electoral. En cuanto a los estados de Chiapas, Mi-
choacán y Sinaloa, los distritos uninominales están especificados, en
nombre y delimitación geográfica, por los códigos o leyes electorales;
sin embargo, no se establece en quién recae la facultad de modificarlos.
Con respecto a la facultad de distritación, encontramos tres casos
que resultan particularmente interesantes, donde existen serias contra-
dicciones entre la Constitución y la ley electoral local: en la ley electoral
de Chihuahua dicha actividad se le atribuye al congreso del estado, pero
en la Constitución quedó derogado el párrafo donde esto se establecía.3
En Morelos se específica que los distritos uninominales están definidos
por el código electoral del estado, pero también se le atribuye al Consejo
Estatal analizar la integración y proponer su reestructuración. Finalmen-
te, en Nayarit si bien la Constitución del estado le otorga la facultad de
distritación al instituto electoral, la norma electoral local establece que
será el congreso quien distritará a propuesta de la autoridad electoral.
Por lo que se refiere a la iniciativa legal, el escenario es menos
positivo para las autoridades electorales locales pues, siguiendo lo es-
tablecido en el Cofipe, en la gran mayoría de los estados los institutos o
consejos electorales no cuentan con dicha facultad. Es el caso de Aguas-
calientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima,
Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Solamente en seis entidades se otorga a la autoridad electoral
la facultad de presentar ante el legislativo local iniciativas legales en
materia electoral. Así, en Baja California, el instituto tiene la facultad
de aprobar iniciativas de ley o decreto en materia electoral para ser en-
viadas al congreso del estado; en Chiapas la autoridad electoral puede
proponer al gobernador, una vez concluido el proceso electoral y con
base en las experiencias obtenidas, las observaciones y propuestas de
3 Al momento de concluir esta investigación, en Chihuahua no se había legislado sobre la titularidad de la facultad de distritación.
46
modificación a la legislación electoral; en el caso de San Luis Potosí, la
propuesta se hace al congreso; en el Distrito Federal, el instituto está fa-
cultado para presentar a la Asamblea Legislativa propuestas de reforma
en materia electoral y de participación ciudadana; en Querétaro tam-
bién está considerada la posibilidad de que el instituto presente ante
la legislatura del estado las iniciativas de ley o decreto que considere
pertinentes, para lo cual podrá promover y organizar consultas a los
ciudadanos; de igual manera, en Tlaxcala la autoridad electoral puede
proponer al congreso del estado iniciativas del ley en materia electoral
a través del consejero presidente.
Integración del máximo órgano de dirección
Por lo que se refiere al órgano de dirección, tanto el IFE como los insti-
tutos electorales de las entidades federativas comparten un modelo de
organización encabezado por un cuerpo colegiado que lleva a cabo se-
siones públicas, donde se toman decisiones a través de la deliberación
de los miembros del colegiado y el voto exclusivamente de los conseje-
ros electorales (que en Nuevo León son denominados comisionados ciu-
dadanos), excepto en el caso de Oaxaca, donde los dos representantes
del congreso -uno de la fracción parlamentaria mayoritaria y otro de la
primera minoría-, también cuentan con voto.4
El máximo órgano de dirección tiene varias nomenclaturas en las
distintas entidades, aunque en la mayoría de los institutos se le deno-
mina Consejo General, Consejo Electoral, o Consejo General Electoral,
y solo en Nuevo León se le conoce como Comisión Estatal Electoral y
en San Luis Potosí como Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana.
Las funciones y atribuciones son similares, sin embargo, la inte-
gración presenta diferencias significativas tanto en el número de sus
integrantes como en las representaciones presentes. Veamos.
4 La más reciente reforma electoral en el estado eliminó a los representantes del congreso de la confor-mación del consejo, dejando el voto solo a los consejeros (Código de Instituciones Políticas y Procedi-mientos Electorales para el Estado de Oaxaca, reforma del 17 de agosto de 2012).
47
El máximo órgano de dirección está integrado por un número
variable de consejeros electorales, uno de los cuales funge como pre-
sidente; representantes de los partidos políticos y un secretario, que
puede ser ejecutivo, general, técnico, de actas o fedatario.5 En algunos
casos, como en el IFE, también los grupos parlamentarios cuentan con
representantes ante el consejo. Caso extremo de injerencia y resabio de
tiempos ya superados, por fortuna único en el país, es el de Guanajuato,
donde el poder ejecutivo tiene un representante en la mesa de consejo,
con derecho a voz. Hay órganos en los que también participan el director
general del instituto (Puebla y Querétaro), vocales de la Junta Estatal
Ejecutiva (Michoacán) y un vocal representante del Registro Federal de
Electores (Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Puebla).
Los consejeros representan una pieza clave para la consolidación
de la democracia ya que desempeñan un papel protagónico en los pro-
cesos electorales dado que son quienes toman las decisiones más re-
levantes del órgano electoral. Los consejos tienen un número variable
de integrantes. Así, 18 de los consejos locales están integrados por 7
consejeros electorales (Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahui-
la, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Ja-
lisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala y Zacatecas); 12 más por 5 (Aguascalientes, Baja California
Sur, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Sonora, Veracruz y Yucatán); y solamente Puebla y San Luis Potosí
cuentan con la participación de 9 consejeros, igual que en el IFE, lo cual
pareciera excesivo.
Nombramiento de los consejeros electorales
El nombramiento de los consejeros electorales es un proceso con alto
contenido político por lo que resulta pertinente detenernos en su des-
cripción detallada. En la legislación electoral mexicana, tanto a nivel fe-
deral como local, es el poder legislativo el que aprueba los nombramien-
5 En San Luis Potosí el consejo cuenta con dos secretarios: uno de actas y otro ejecutivo.
48
tos de los consejeros electorales.6 Para ello, generalmente se requiere
de las dos terceras partes del congreso. Salvo en los casos de Puebla
y Nuevo León donde, en primera instancia, se exige el consenso de los
legisladores, lo que si bien resulta complicado de alcanzar en condicio-
nes de ausencia de mayoría legislativa, sin duda otorga una muy positiva
dosis de legitimidad a los funcionarios así designados. Sin embargo, de
no lograrse esta condición, la legislación poblana también señala que
los consejeros electorales podrán ser electos por mayoría calificada del
congreso, mientras que en el caso neoleonés a falta de consenso, los
comisionados ciudadanos serán electos por dos terceras partes de los
integrantes de la legislatura y, de no alcanzarse dicha votación, se proce-
derá a realizar la insaculación por el pleno del congreso estatal.
Esta es una medida importante para asegurar que el proceso de
selección de consejeros cuente con una mayoría calificada que respalde
la integración de la autoridad electoral. Al mismo tiempo, tal requisito
hace indispensable un proceso de negociación entre las distintas fuer-
zas políticas representadas en cada legislatura a fin de poder articular
una mayoría.7 Cabe apuntar que la intromisión de los partidos en estos
organismos ha sido objeto de estudio. En particular, Federico Estévez,
Eric Magar y Guillermo Rosas interpretan al IFE como “un sistema que
combina, por un lado, frenos y contrapesos entre contingentes de conse-
jeros electorales patrocinados por los tres grandes partidos y, por otro,
una serie de recursos paralelos que permiten a estos partidos frenar o
6 Mención especial merece el caso de Hidalgo, cuya ley electoral establece: I.- Cada partido con registro tendrá derecho a presentar una lista de diez candidatos; II.- Aquellos candidatos consensuados por todos los partidos políticos, serán nombrados consejeros electorales propietarios y suplentes; III.- Si el número de candidatos consensuados por todos los partidos políticos es mayor de diez o no se consen-súa quiénes serán propietarios y quiénes suplentes, se hará una lista respecto de esos candidatos y és-tos serán sometidos a un procedimiento de insaculación; IV.- En caso de que no exista consenso o éste sea parcial, la designación se hará bajo el siguiente procedimiento: a.- El Congreso del Estado invitará a un organismo externo con conocimientos en la materia, para que se constituya como Comisión Técnica de Selección; b.- El Congreso del Estado publicará una convocatoria; V.- Los resultados entregados por la Comisión Técnica de Selección, se publicarán en los diarios de mayor circulación de la entidad; y VI.- Se designará por la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del estado presentes, a los consejeros electorales correspondientes, conforme a los resultados proporcionados por la Comisión Técnica de Selección (Ley Electoral del Estado de Hidalgo, artículo 75).
7 Este requisito, destinado a fortalecer a los consejeros electorales, en algunos casos complica el proceso de selección, tal y como ocurrió en la integración del IFE que permaneció con tres vacantes durante 2011.
49
contrarrestar decisiones inconvenientes tomadas en el Consejo General
del IFE” (Estévez, Magar y Rosas, 2009); así, el funcionamiento del IFE
requiere que los partidos se sientan representados en su seno. Bajo esta
lógica, la implosión del sistema en 2006-2007 puede verse como conse-
cuencia de la exclusión de uno de éstos en 2003.
Sin embargo, las propuestas de nombres tienen distintos orígenes:
pueden ser sugeridos por los grupos parlamentarios, como es el caso en
16 entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Zacatecas); o bien,
su nombramiento es resultado de una convocatoria pública (Baja Cali-
fornia, Coahuila, Colima, Estado de México, Durango, Guerrero, Nayarit,
Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yu-
catán). Las legislaciones de Querétaro y Tlaxcala no contemplan quién
propone a los consejeros electorales; sin embargo, sí mencionan quién
los elige, que en ambos casos es el congreso.
Hay que tener presente aquí las especificidades de cada caso, lo
cual sin duda impacta en el perfil de consejeros electorales que integran
los órganos electorales estatales. De tal manera, en Chiapas, Chihuahua
y Jalisco, éstos son propuestos por los grupos parlamentarios previa
consulta a la sociedad; en el Distrito Federal, se realiza antes una con-
sulta a instituciones académicas y organizaciones vinculadas a la ma-
teria electoral; en Querétaro y Tlaxcala la norma no especifica quién los
propone, solamente cómo se eligen; en Hidalgo son propuestos por los
partidos políticos. Caso especial es el de Guanajuato donde 3 consejeros
son propuestos por el grupo parlamentario que tenga mayor número de
diputados, uno a propuesta de la primera minoría y uno a propuesta
de los demás grupos y representaciones parlamentarias. En Veracruz
la propuesta la hacen los partidos políticos por conducto de sus grupos
legislativos o, en caso de no integrarlos, mediante sus órganos de diri-
gencia estatal, previa realización de una amplia consulta a la sociedad.
En Coahuila son propuestos por la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales. En Colima, por los grupos parlamentarios, me-
diante la realización de una amplia consulta a la sociedad. En Guerrero,
la Comisión de Gobierno presenta al pleno del congreso la aprobación
50
de los siete aspirantes que hayan obtenido el mayor promedio en las
evaluaciones practicadas para ser designados como consejeros. Y en
San Luis Potosí son los partidos políticos y los ciudadanos quienes eli-
gen a sus autoridades electorales. En estos cuatro estados, se realiza
una convocatoria pública previa a los procedimientos establecidos.
Existen dos casos en los que el consejero presidente es propuesto
de manera distinta a los demás consejeros, es decir que se efectúa un
procedimiento específico para la propuesta del presidente del órgano
electoral con respecto de los demás consejeros: 1) Guerrero, en donde
es presentado por las fracciones parlamentarias y representantes de
los partidos políticos y elegido por las dos terceras partes del con-
greso; y 2) Puebla, ya que los grupos parlamentarios indicarán por
consenso quien será consejero presidente, una vez nombrados todos
los consejeros; en caso de no obtenerse dicho consenso, deberá desig-
narse por mayoría calificada de los diputados presentes en la sesión
de pleno correspondiente.
Son 12 entidades en donde el presidente es elegido por el consejo
(Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Du-
rango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Yucatán),
mientras que la elección de dicha figura queda en manos del congre-
so en 19 (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Estado de Mé-
xico, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz y Zacatecas). Existe contradicción en el código electoral de
Chiapas ya que, en el mismo artículo, primero se señala que el consejero
presidente será elegido por el congreso del estado; y, líneas después se
especifica que será la mayoría del consejo general quien lo designe.
Duración del encargo
La duración en el encargo y la estabilidad en el mismo, como elementos
de medición, guían la comparación que se presenta enseguida, incorpo-
rando también lo establecido respecto a su reelección, pues ello abre la
posibilidad de que su trabajo se prolongue más tiempo.
51
El lapso que duran en funciones los consejeros electorales varía
desde 3 hasta 9 años. En todos los estados donde los consejeros son
nombrados por 3 años, existe la posibilidad de que se reelijan, por lo
que pueden permanecer hasta el doble de tiempo en el encargo (Aguas-
calientes, Baja California, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas
y Tlaxcala) y esta regla aplica exactamente igual para el consejero presi-
dente. Es preciso mencionar que en Jalisco y Tamaulipas está prevista la
renovación escalonada del Consejo.
En el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos
y Zacatecas, tanto los consejeros electorales como el consejero presi-
dente son nombrados por 4 años y tienen la posibilidad de ser reelectos,
en Michoacán hasta en dos ocasiones.
En Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Quintana
Roo, Puebla y Yucatán los funcionarios son nombrados por 6 años, con
posibilidad de reelección en Puebla y Yucatán, y con renovación escalo-
nada en Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Yucatán.
En 8 entidades federativas (Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima,
Distrito Federal, Oaxaca, Querétaro, Tabasco) los consejeros electorales
son nombrados por 7 años. Solo en Chiapas, Coahuila y Querétaro existe
la posibilidad de reelección, y la renovación escalonada está prevista en
Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca y Tabasco, pero solamente
en Coahuila el consejero presidente también es electo por un periodo
igual. Es de resaltarse el caso de Oaxaca donde se presenta una contra-
dicción entre la Constitución local, que establece un periodo de 7 años
en el encargo y el código estatal que lo fija en 6.
En Durango, los consejeros están en funciones 9 años con renova-
ción escalonada y sin posibilidad de reelección, con excepción del con-
sejero presidente que permanece en su cargo por tres años y puede ser
reelecto. En Veracruz, los cuatro consejeros duran 9 años en el Conse-
jo, el cual se renueva de forma escalonada; mientras que el consejero
presidente, después de 6 años, puede cumplir con ese encargo por un
periodo más.
En Sinaloa los consejeros ciudadanos permanecen en funciones
dos procesos electorales y pueden ser reelectos. Y en Sonora éstos di-
rigen al consejo estatal durante dos procesos sucesivos, con renovación
52
parcial en cada proceso electoral, en específico, el consejero presidente
se mantiene en el cargo por 2 años.
Con la renovación escalonada se hace patente la voluntad de es-
tablecer un equilibrio entre la frescura de los consejeros nuevos y la
experiencia de quienes se quedan, además de que se busca lograr un
adecuado desarrollo de las funciones que legalmente corresponden al
órgano electoral, lo que puede traducirse en el cumplimiento de los prin-
cipios de independencia y autonomía establecidos para las autoridades
electorales (Astudillo y Córdova, 2010).
El escalonamiento en la renovación de los consejeros permite una
mejor sincronía y continuidad en el trabajo de los órganos electorales,
al combinar “la experiencia de los integrantes más antiguos de un con-
sejo, la sangre fresca y conceptos innovadores de los miembros recién
nombrados” (De Andrea Sánchez, 2008). También inhibe la integración
de una comisión o consejo general producto de un esfuerzo legislativo
único, pues la renovación por tercios o mitades, según sea el caso, hace
posible que cada nueva legislatura participe en la integración de una
parte del órgano electoral, con acuerdos, mayoría legislativa y respon-
sabilidad en la conformación del cuerpo de consejeros que ello implica.
La posibilidad de reelección puede permitir reconocer el buen des-
empeño de los consejeros electorales y, potencialmente, fortalecer a la
institución de la cual forman parte en la medida de que su permanencia
en el cargo depende de la valoración positiva que haga de su desempeño
el poder legislativo, al menos durante su primer periodo en el cargo. Pero
también es cierto que, en la actualidad, la autonomía de las instituciones
está determinada por la de sus consejeros, por lo que la reelección puede
ser vista como un elemento de dependencia hacia los partidos repre-
sentados en los congresos al tener que actuar conforme a sus intereses
dejando de lado las verdaderas funciones de un consejero electoral.
De las 32 entidades federativas, en 19 está permitida la reelección
tanto del consejero presidente como de los demás consejeros (Aguasca-
lientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajua-
to, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro,
San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas). En
Campeche, Durango, Oaxaca y Veracruz está prohibida la reelección de
53
Fuente: Elaboración propia con base en los códigos o leyes electorales de las entidades federativas.Nota: La referencia “No” significa prohibición, mientras que “No contemplado” in-
dica que el tema no se encuentra en la legislación correspondiente.
los consejeros ciudadanos pero no la del consejero presidente; mientras
que en Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo y Tabasco no es posible la
reelección de ningún consejero. Finalmente, en Colima, la legislación
solo contempla la reelección del consejero presidente y en Sonora la
prohíbe; en ninguna se hace referencia a los demás consejeros. En Baja
California Sur, Nuevo León y Quintana Roo no está considerado el tema
de la reelección en las leyes electorales respectivas.
Cuadro 1.Escalonamiento y reelección de los consejeros electorales
ENTIDADFEDERATIVA
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
RENOVACIÓN ESCALONADA
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
REELECCIÓN DE CONSEJEROS
√
√
No contemplado
No
√
No
√
No contemplado
No
No
√
√
√
No
√
√
√
√
No contemplado
No
√
√
No contemplado
√
√
No contemplado
No
√
√
No
√
√
REELECCIÓN DEL
CONSEJERO PRESIDENTE
√
√
No contemplado
√
√
No
√
√
No
√
√
√
√
No
√
√
√
√
No contemplado
√
√
√
No contemplado
√
√
No
No
√
√
√
√
√
54
Requisitos de elegibilidad
En lo que se refiere al consejo general en las entidades, los criterios
de elegibilidad de sus miembros han transitado de una regulación más
imparcial hacia una que deja abierta la puerta a influencia de los par-
tidos. La reforma de 2007-2008 relajó las prohibiciones para aquellos
miembros de partidos políticos que aspiraran a ser consejeros electora-
les. Mientras que en la mayoría de los países se han establecido restric-
ciones a la posible actividad política de los integrantes de los órganos
electorales con el afán de conseguir la neutralidad, en el caso de México
se camina en la dirección opuesta.
En el pasado, entre los requisitos para ser consejero electoral en
nuestro país, se encontraba el no haber sido dirigente de ningún partido
político, mientras que hoy en día haber presidido un instituto político ya
no es impedimento para después ser consejero electoral. Concretamen-
te en lo que se refiere a no haber sido registrado como candidato a algún
cargo de elección popular, si bien en lo federal se establecen cuatro años
como mínimo para poder formar parte del consejo general, en los esta-
dos esta disposición resulta más laxa.
Por ejemplo, en Oaxaca solamente se requieren dos años y en ocho
estados bastan tres para poder aspirar al cargo (Baja California Sur,
Chiapas, Nayarit, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán).
En Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Es-
tado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis
Potosí, Sinaloa y Tlaxcala se requieren cinco años. Especial atención
merece Hidalgo con un rigor medio, donde se solicitan 5 años, pero este
requisito se ve mermado cuando también se especifica que se puede
dispensar en caso de unanimidad de los partidos en un nombramiento.
En el extremo se encuentra Morelos donde se necesita no haber sido
postulado con siete años de antelación, seguido de Campeche, Durango,
Puebla y Tabasco, con seis años. En Baja California y Guanajuato no se
define el tiempo de restricción. Quintana Roo y Zacatecas no contem-
plan este requisito.
Del mismo modo, en lo que se refiere a los cargos de dirección en
partidos políticos, a nivel nacional se señalan cuatro años como espa-
55
cio entre la separación de dicha función para poder aspirar al consejo
general. Sin embargo, en los estados los tiempos se reducen: en 14,
bastan tres años (Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado
de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán).
Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guerrero,
Jalisco y Veracruz exigen 5 años; lo señala así también la legislación
de Hidalgo, pero de nuevo, se puede dispensar el requisito de darse la
unanimidad de los partidos en el nombramiento. En San Luis Potosí y en
Oaxaca solo se requiere la separación del cargo con uno y dos años de
anterioridad, respectivamente. Es de nuevo Morelos el estado con mayor
plazo de restricción al prohibir el desempeño de un cargo partidista
durante los 7 años previos, mientras que dicha restricción es de 6 años
en Puebla y Tabasco. En Baja California, Campeche y Guanajuato no se
define el tiempo de restricción. Quintana Roo y Zacatecas no contem-
plan este requisito.
En cuanto al requisito que establece no ser servidor público y no
haber sido procurador general de Justicia o secretario de la Administra-
ción Pública estatal o municipal en los últimos años, ni Michoacán ni
Sonora especifican el lapso. Debe cumplirse durante el último año a la
fecha de la designación en Baja California, Colima, Durango, Guerrero,
Tamaulipas y Tlaxcala; durante dos años en el Estado de México, Oaxa-
ca y Veracruz; y tres en Aguascalientes, Coahuila, Nayarit y Yucatán. En
Tabasco se requieren 4 años, coincidiendo en esto con lo establecido
en el Cofipe. Del otro lado, Morelos exige satisfacer este requisito por
un periodo de 7 años, le sigue Puebla con 6 años, y Campeche, Distrito
Federal, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí con un plazo de 5 años.
Esta prohibición no se contempla en los otros nueve estados.
56
Fuente: Elaboración propia con base en códigos y leyes electorales de las entidades federativas.
Cuadro 2.Requisitos de elegibilidad de los consejeros electorales
ENTIDADFEDERATIVA
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
NO HABER SIDO REGISTRADOCOMO CANDIDATO A
CARGO ALGUNO DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
5 años
Tiempo no definido
3 años
6 años
3 años
5 años
5 años
5 años
5 años
6 años
5 años
Tiempo no definido
5 años
5 años (se puede dispensar
cuando hubiera unanimidad de los
partidos en su nombramiento)
5 años
5 años
7 años
3 años
5 años
2 años
6 años
3 años
No contemplado
5 años
5 años
3 años
6 años
3 años
5 años
3 años
3 años
No contemplado
NO HABER DESEMPEÑADO CARGO DE DIRECCIÓN NACIONAL O ESTATAL EN ALGÚN PARTIDO
POLÍTICO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
5 años
Tiempo no definido
3 años
Tiempo no definido
3 años
5 años
5 años
3 años
5 años
3 años
3 años
Tiempo no definido
5 años
5 años (se puede dispensar
cuando hubiera unanimidad de los
partidos en su nombramiento)
5 años
3 años
7 años
3 años
3 años
2 años
6 años
3 años
No contemplado
1 año
3 años
3 años
6 años
3 años
3 años
5 años
3 años
No contemplado
57
Órganos de control, obligaciones de transparencia
y servicio profesional electoral
La presencia de los partidos políticos en casi todos los niveles de deci-
sión a nivel federal, estatal y distrital es un importante candado para la
actuación de las autoridades electorales, pero no es el único. En cada
una de las legislaciones está prevista la existencia de órganos de control
que unas veces desde el interior de los institutos electorales y otras
desde el poder legislativo, deben dar seguimiento a las acciones de las
autoridades electorales.
Es presumible una vigilancia más eficaz desde el poder legislativo
que desde el propio órgano de dirección de las instituciones electorales,
pues poca independencia se puede esperar cuando el contralor depende
de los mismos funcionarios que vigila. Sin embargo, esto puede con-
vertirse en un arma de doble filo, ya que la figura del contralor también
puede ser un medio para que el partido mayoritario en una legislatura
presione a los consejeros electorales.
En 12 de las 32 legislaciones electorales vigentes en México no está
prevista la figura de un órgano de control o de un contralor. Los estados
de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Zacatecas no contem-
plan en su Constitución ni en su ley electoral la presencia de un órgano
de control, mientras que en Michoacán sí está presente pero a nivel de
reglamento. Hay algunas particularidades que conviene mencionar: en
14 entidades federativas y en la legislación federal el nombramiento del
contralor es facultad del órgano legislativo (Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán), en
tres legislaciones (Campeche, Guanajuato y Puebla) el nombramiento
está a cargo de los consejeros y en un caso (Estado de México) el titular
es propuesto por los consejeros y aprobado por el poder legislativo. Los
estados de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango,
Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Zacatecas no
incluyen en su Constitución ni en su ley electoral la existencia de un
órgano de control.
58
De las entidades que contemplan dicha figura, la contraloría está
adscrita al consejo en Baja California, Distrito Federal, Estado de Mé-
xico, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí;
mientras que en Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Oaxaca, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán ésta se adscribe a su presidencia.
Cabe señalar que en Querétaro no se especifica el procedimiento para
nombrar al contralor ni la adscripción del órgano a pesar de que sí
existe una contraloría interna.
La existencia de una contraloría no es el único medio que con-
templan las leyes para fortalecer el buen desempeño de la autoridad
electoral. Llama la atención que únicamente siete entidades federativas
-Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala
y Veracruz- consideran la transparencia entre las obligaciones para la
autoridad, así como un órgano encargado de garantizarla mientras que
a nivel federal, el IFE cuenta con su propio órgano y reglamento en ma-
teria de transparencia.
Estas obligaciones facilitan la vigilancia desde la misma ciudada-
nía, a través de los medios de comunicación y los ciudadanos interesa-
dos, por lo que representan un potencial vínculo de comunicación y res-
ponsabilidad directa entre los consejeros electorales y dicha ciudadanía.
Otro aspecto, igualmente importante es el servicio profesional
electoral, que a nivel federal opera a través de tres líneas de acción
complementarias: a) mediante la puesta en marcha de un programa de
formación y desarrollo destinado a ofrecer conocimientos especializa-
dos a todos sus miembros y examinar tales conocimientos de manera
periódica; b) a través de un método de evaluación anual del desempeño,
establecido sobre la base del cumplimiento de los programas encarga-
dos a cada uno de los funcionarios; y c) a través de un procedimiento
especial para el desahogo de sanciones administrativas o laborales, por
el incumplimiento de las obligaciones por parte de los miembros del
servicio. (Merino, 1998: 594).
De tal manera, el servicio profesional electoral representa no solo
una condición de autonomía e independencia de los organismos electo-
rales sino la oportunidad de establecer un servicio civil de carrera, cu-
yos perfiles han podido servir como referencia para otros. Sin embargo,
59
hay entidades en las que las legislaciones no contemplan este elemento
como son: Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora
y Tamaulipas.
3. UN BALANCE
Por fortuna para nuestro país, la democracia electoral es actualmente el
único método aceptado por los actores políticos para dirimir sus diferen-
cias y competir por el poder. Por ello, es precisamente sobre ésta que se
sostiene una gobernabilidad más completa.
La calidad de los comicios, entonces, está directamente relacio-
nada con la autonomía e independencia de los órganos electorales
respecto de los gobiernos y los partidos políticos involucrados en las
contiendas (Hartlyn, McCoy y Mustillo, 2009). A mayor soberanía de
las instituciones, más positivo será su desempeño en los procesos elec-
torales, siempre y cuando la independencia institucional esté asociada
al respeto a las reglas de juego y a la consideración del contexto socio-
político imperante (Hartlyn, McCoy y Mustillo, 2009).
No obstante, la autonomía de las instituciones está determinada
por la autonomía de sus consejeros, por lo que está inevitablemente
vinculada al proceso de reclutamiento de esos funcionarios. Entonces, la
pauta a seguir es seleccionar personas independientes tanto del gobier-
no en turno, como de los partidos políticos, de manera que su imparcia-
lidad en la toma de decisiones esté garantizada desde su nombramiento
(López Pintor, 2000).
La autonomía no es un medio para confrontar a los órganos elec-
torales con los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, sino una figura
legal que faculta a la autoridad electoral para cumplir con su misión de
manera puntual, clara y objetiva. La materia electoral, como los dere-
chos humanos y la transparencia, es un tema en el que no se pueden
aceptar entidades ni autoridades privilegiadas, que actúen al margen de
la vigilancia y la responsabilidad.
Desde este punto de vista, hay elementos que nos permiten saber
qué tan autónomos son los organismos electorales de las distintas en-
60
tidades y comprender, a partir de estos parámetros, qué tan democrá-
ticas son las mismas desde el ámbito normativo. Tiende a haber más
autonomía en el órgano electoral donde su naturaleza jurídica lo define
como autónomo y permanente, cuenta con la facultad de distritación y
tiene iniciativa legal.
Las entidades que gozan de mayor autonomía por contar con los
cuatro puntos arriba mencionados son Baja California, Distrito Federal,
San Luis Potosí y Tlaxcala. Le siguen 14 estados que solo contemplan
tres: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahui-
la, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco, Tamaulipas y Yucatán; a este grupo se le une la normatividad
federal. Mientras que los que únicamente contemplan dos son: Chihua-
hua, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León,
Puebla, Querétaro, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Los menos autóno-
mos son Sonora y Nayarit, este último porque aunque su Constitución
le atribuye la facultad de distritación, lo que lo insertaría en el tercer
grupo, su legislación electoral no lo hace.
Es bien sabido que las autoridades electorales en no pocas ocasio-
nes han sido víctimas del fenómeno de la partidización y esta situación
no augura nada bueno para la democracia. A partir de ahí, se reconoce
la inviabilidad del procedimiento vigente. Por ello, desde la academia
han surgido diversas propuestas con el propósito de corregir el rumbo y
lograr la generación de confianza en la sociedad. Algunas sugieren elimi-
nar la participación de los partidos políticos en los procesos de selección
de los candidatos (Méndez, 2010); otras proponen “dar preeminencia a
diseños más técnicos que sigan garantizando elecciones limpias, libres y
confiables; [esto] puede ser mucho más atractivo para la ciudadanía que
seguir manteniendo órganos con fuerte intromisión de diversos actores
políticos, que generan mayor desconfianza y sospecha, lo cual puede
tener efectos perniciosos como el abstencionismo o el rechazo a las elec-
ciones y los partidos políticos” (López Montiel, 2009: 100).
Con base en lo anterior, se puede afirmar que respecto a la in-
dependencia del órgano electoral ésta tiende a presentarse donde: a)
el poder legislativo no cuente con representantes en el consejo; b) los
consejeros sean propuestos mediante una convocatoria pública; c) el
61
consejero presidente sea elegido por el propio consejo; d) sean mayores
los lapsos que deben existir entre ocupar el cargo y los antecedentes de
vinculación con algún partido político; e) el número que integra el con-
greso sea más elevado; f) la duración en el cargo sea más prolongada;
g) no haya reelección; h) exista la renovación escalonada; e i) no haya
representantes del ejecutivo. En la medida que la legislación de una en-
tidad contemple los elementos anteriores, podrá ser considerada como
más democrática porque permitirá que las labores electorales sean rea-
lizadas con plena independencia de los poderes ejecutivo y legislativo.
En el análisis se encontró que ninguna entidad cuenta con los 9
elementos mencionados; sin embargo, los que más se acercan, con siete
de ellos, son el Distrito Federal y Durango. Le siguen siete entidades con
seis elementos (Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Nuevo León,
Sonora y Tabasco). Con cinco se encuentran Baja California, Hidalgo,
Querétaro, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán; a este grupo se le une la
normatividad federal. Es de destacarse que hay nueve entidades que
están por encima de la ley federal, lo que refiere que hacen falta adecua-
ciones para que se le otorgue mayor independencia necesaria en la toma
de decisiones al Consejo General del IFE.
Las entidades que tienen menor grado de independencia en su ór-
gano electoral son aquellas que contemplan de uno a cuatro elementos
y son: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.
Los estados de Guanajuato y Michoacán solo cuentan con un elemento,
lo que podría posicionarlos en el grupo anterior, pero debemos anotar,
en el primer caso, es la única entidad donde el gobernador cuenta con
un representante en el Consejo lo que le resta independencia. Mientras
que en Michoacán el único acierto es no contar con representantes del
ejecutivo local en el órgano electoral. Lo anterior permite calificarlos
como los estados menos independientes en sus decisiones.
Respecto de la profesionalización, la presencia de estructuras de
vigilancia interna y externa, como son las contralorías y las oficinas de
transparencia, sin duda abona a este rubro y, por ende, a la confianza
que la ciudadanía deposita en ellos. Si dichos órganos cuentan con los
62
elementos arriba señalados y con un servicio profesional, será mayor el
grado de profesionalización.
Las entidades que poseen estos tres elementos son Campeche,
Distrito Federal, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz; mientras
que los que no contemplan ninguno son Michoacán, Nayarit, Nuevo
León, Sinaloa y Sonora.
El cuadro que sigue reúne los elementos normativos que se han
analizado con el fin de identificar y medir el grado de autonomía, in-
dependencia y profesionalización del órgano electoral de cada entidad
federativa. Se ha asignado un valor igual a 1 a cada variable. En cuestión
de autonomía el valor máximo es de 4, en independencia es 9 y en pro-
fesionalización igual a 3, para tener un total de 16 puntos que sería el
nivel máximo posible.
63
Cuadro 3.Grado de democratización del órgano electoral
Fuente: Elaboración propia.
ENTIDADFEDERATIVA
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Federal
AUTONOMÍA
3
4
3
3
3
2
3
2
4
2
3
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
2
3
4
2
1
3
3
4
2
3
2
3
INDEPENDENCIA
4
5
2
6
4
6
6
6
7
7
4
1
4
5
4
1
2
3
6
4
3
5
4
2
2
6
6
5
3
5
5
2
5
PROFESIONA-LIZACIÓN
2
2
1
3
2
1
2
1
3
1
2
2
2
1
2
0
1
0
0
3
2
1
2
3
0
0
2
1
3
3
2
1
2
TOTAL
9
11
6
12
9
9
11
9
14
10
9
5
9
9
9
3
5
4
8
10
7
8
9
9
4
7
11
9
10
10
10
5
10
64
Los datos que nos arroja el cuadro señalan que ninguna entidad
reúne los 16 elementos antes mencionados. El que más se acerca es el
Distrito Federal con 14 lo cual permite calificarlo como el más democrá-
tico en cuanto al diseño institucional de su órgano electoral. Le siguen
Campeche con 12 puntos; Baja California, Coahuila y Tabasco con 11;
cinco estados más cuentan con una puntuación igual a 10 (Durango,
Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán), además de la norma federal.
El mayor número de entidades, once, cuentan solamente con 9
elementos y son: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado
de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí
y Tamaulipas; con uno menos están Nuevo León y Querétaro. Mientras
que las entidades que cuentan con menor grado de democratización son
aquellas que contemplan siete variables o menos (con 7: Puebla y Sono-
ra; con 6: Baja California Sur; con 5: Guanajuato, Morelos y Zacatecas;
con 4: Nayarit y Sinaloa). Finalmente la entidad que únicamente reúne
tres puntos es Michoacán, la cual los obtiene debido a que la naturaleza
jurídica del órgano electoral lo califica como autónomo y permanente, y
no se cuenta con representante del ejecutivo en el mismo.
4. PARA TERMINAR
En México, los órganos electorales han tenido una fuerte influencia en
el proceso de democratización. De ahí la importancia de contar con un
sistema de gobernanza electoral imparcial y eficiente para impulsar la
democratización del régimen político (Becerra, Salazar y Woldenberg,
2000). Así, la certidumbre institucional en torno a las elecciones se basó
en la creación de órganos autónomos, profesionales y competentes.
Hoy estamos en una etapa más adelantada de nuestra transición
política, por lo que los temas abordados en las reformas electorales
deberían reflejar la complejidad implícita para procurar soluciones a los
grandes retos que enfrenta nuestra democracia.
Parece evidente que el diseño de los organismos electorales sur-
gidos en el pasado fue apropiado para el momento histórico cuando se
crearon ya que, tal vez sin haber sido el mejor, rindió frutos y se confi-
guró como clave en la democracia electoral mexicana; sin embargo, no
65
necesariamente resulta útil ahora que vivimos una democracia razona-
blemente estable.
No obstante, la democracia ha seguido una ruta muy distinta en
las diversas entidades del país y también a nivel federal. Es por ello que
no se puede medir únicamente a nivel macro, sino que hay que atender
los ámbitos más cercanos a la ciudadanía. Si los órganos electorales
no se transforman pronto, podrían convertirse en un obstáculo para
el avance del sistema electoral y para la consolidación de un régimen
abierto, libre, dotado de confianza, participativo y certero en sus resul-
tados (López Montiel, 2009).
La presencia del mayor número de elementos en los órganos elec-
torales corresponde a garantías legales para el ejercicio de sus funcio-
nes de manera autónoma e independiente. En la medida que existan
menores garantías para su independencia, los otros poderes públicos,
especialmente el ejecutivo y el legislativo contarán con más recursos
para tratar de influir en las decisiones y determinaciones de estas auto-
ridades. No es un problema menor, toda vez que se trata de los árbitros
encargados de dar confianza a los procesos electivos a través de valores
como la independencia, la imparcialidad y la legalidad. Si la autoridad
electoral no cuenta con medios para certificar que se desempeña con-
forme a esos valores, la confianza de los ciudadanos en esa autoridad y
en los procesos electorales se derrumba.
La desconfianza política es muy costosa, en más de un sentido;
por ello, la ciudadanía no puede permitirse perder lo ya ganado. La ruta
mexicana en la conformación de los órganos electorales todavía permite
aspirar a una democracia en clave electoral.
67
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71
COMPORTAMIENTOELECTORAL EN 2012:
CAMBIO Y DETERMINANTES ENLAS PREFERENCIAS PARTIDISTAS.ESTUDIO DE LAS ELECCIONES DE
DIPUTADOS FEDERALES Y ESTATALES
MARCELA BRAVO AHUJA1
Este trabajo sobre las elecciones de 2012 se centra en dos aspectos que
me han parecido relevantes en ellas. Primero, la transformación del sis-
tema de partidos en México, en especial el peso cada vez más relevante
que están teniendo los partidos chicos. Segundo, las consecuencias del
paralelismo de elecciones federales y estatales que ponen de manifiesto
diferentes niveles de nacionalización de la política y de lo que se ha lla-
mado la congruencia de las preferencias partidistas.2 Estas reflexiones
han orientado mi mirada sobre las elecciones de diputados federales y
estatales. Presento un estudio introductorio sobre estos temas que tiene
como fuente principal el dato electoral, mas no desconoce las causales
del mismo. Es un estudio que tiene como objetivo tratar de entender
ciertos aspectos del comportamiento electoral y sus consecuencias en
la correlación de fuerzas a varios niveles de la política, en la relación
entre los poderes ejecutivo y legislativo y entre distintos niveles de poder
-nacional y estatal particularmente-, y también en los retos que la actual
coyuntura impone a nuestro sistema político y sus partidos.
1 Doctora en Ciencia Política. Profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2 Según la literatura, la política local no es una copia al carbón de la política nacional y el impacto de lo nacional en lo local difiere produciendo distintos niveles de congruencia de los sistemas políticos sub-nacionales con el sistema nacional. En esta línea, elecciones presidenciales y estatales concurrentes producen mayor congruencia en política (Gimpel, 1996).
72
1. ELECCIÓN PARA DIPUTADOS 2012
Las cifras oficiales arrojan los siguientes resultados sobre votación
válida:
Cuadro 1.Votación nacional por partido en elección
para diputados federales, 2012
Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).
PARTIDO VOTOS PORCENTAJE
PRI 15,905,440 33.62
PAN 12,895,902 27.26
PRD 9,144,279 19.33
PVEM 3,048,178 6.44
PT 2,288,894 4.84
PNA 2,033,159 4.30
MC 1,993,529 4.21
Votación válida total 47,309,381 100
Una importante primera apreciación
Los partidos chicos en México ya no son tan chicos como parecían. Debe
apreciarse que juntos representan, según este cuadro, casi el 20% de la
votación. Sin embargo, a nivel federal, la política en el país sigue estan-
do marcada por la interacción de tres importantes fuerzas: el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En este marco, la importancia creciente de los partidos chicos tie-
ne como parte de su explicación, tal como otros autores han demos-
trado, el que en la medida en la que las elecciones se resuelven por
márgenes cada vez más pequeños de diferencia, principalmente el PRI y
el PRD han buscado presentarse en coalición sobre todo con el Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (PNA), el Partido del
73
Trabajo (PT) o Movimiento Ciudadano (MC) para ganar las contiendas
(Méndez, 2003; Reynoso, 2011). Al respecto cabe señalar que esta bús-
queda de alianzas prosiguió en 2012, en previsión a que la diferencia
de porcentaje de votación del candidato a diputado federal que obtuvo
el primer lugar con aquel que llegó en segundo a nivel nacional fue en
efecto de solo 11.68%, mientras el promedio distrital de tal diferencia
alcanzó 12.85%.3 Las coaliciones en este sentido fueron productivas
para todos los partidos involucrados en ellas.
Ahora bien, con la antigua forma de contar los datos por coalicio-
nes, se criticaba que no se sabía la fuerza real representada por los pe-
queños partidos. A partir de la reforma electoral de 2007 los recuentos
son más claros, pero también la distribución de los votos de aquellos
ciudadanos que marcan más de una opción partidista puede estar mag-
nificando su representación verdadera.
Como la comparación con 2009 es posible, de entre estos partidos
MC es quien más se ha beneficiado con un crecimiento de su votación en
este tipo de elección de un punto y medio porcentual (1.57), mientras el
porcentaje de votación del PT creció casi un punto (0.93) y 0.64 el del
PNA. Solo el PVEM obtuvo, de una elección a otra, 0.74% menos de los
votos válidos emitidos.
En suma, los partidos chicos se benefician de la política referida,
pero es un hecho que contribuyen a asegurarles triunfos a los partidos
grandes. Por ejemplo, sin la alianza con el PVEM, el PRI no le hubiera
podido ganar 30 distritos al PAN y 13 distritos a la coalición Movimiento
Progresista. A la vez, ésta no le hubiera podido ganar 17 distritos al PRI.
Resumo lo anterior en los cuadros siguientes, según cálculos míos:4
3 Este cálculo lo llevé a cabo con la información de los resultados electorales presentados por el Instituto Federal Electoral (IFE).
4 En mis cálculos lo que estoy midiendo es el plus para los partidos grandes de los votos emitidos ex-clusivamente por los partidos chicos en coalición con los grandes. En este punto cabe recordar que el PVEM, solo, fue segundo lugar de votación en Chiapas donde además ganó tres distritos electorales.
74
Dicho lo anterior, el análisis que a continuación presento conside-
ra, como en mis anteriores publicaciones, parte de la votación del PRI
aquella emitida por el PRI y el PVEM en los distritos donde se presen-
taron juntos y como parte de la votación del PRD aquella emitida por
el PRD y el PT o MC. Reconsiderando así las cifras globales, quedan
resumidas en el siguiente cuadro:
Cuadro 2.Distritos ganados por el PRI por su alianza con el PVEM
Cuadro 3.Distritos ganados por el PRD por su alianza con el PT y MC
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
ESTADO AL PAN A LA COALICIÓN DE IZQUIERDA
Jalisco II,III,VI,VIII,IX,XIV,XVIII
Estado de México XIV, XXI, XXII VI,VII,VIII, X, XI, XIII, XVI,
XVII,XIX,XXV,XXXIII,XXXVII,XXXIX
Nuevo León III,XI
Puebla I,III,VI,VII,VIII,XIII,XV
Querétaro II
Quintana Roo I
San Luis Potosí II
Veracruz I,VI,VIII,XI,XIX,XX,XXI
Yucatán III
ESTADO AL PRI
Michoacán II,III,VII,XI,
Morelos I,IV
Oaxaca I,II,III,IV,X
Quintana Roo III
Tabasco I,II,VI
Tlaxcala II,III
75
Con ello paso al análisis de los partidos grandes.
Partido Revolucionario Institucional
Si bien el PRI fue el primer lugar en la elección para diputados federales,
primer lugar que no le fue discutido, aquí como en la elección presiden-
cial su victoria fue menor a la esperada por los priistas mismos y tuvo,
pese a los 168 distritos uninominales conquistados, (cabe decir que
había ganado 184 en 2009) la consecuencia de que no pudo alcanzar en
la cámara correspondiente la mayoría absoluta que buscaba. Lo cierto
es que si bien este partido sigue siendo muy contundente para ganar
distritos uninominales y si bien su electorado ha aumentado en núme-
ros absolutos en tanto era de 12 millones 821 mil 504 para 2009, su
porcentaje sobre la votación válida disminuyó 5.93 puntos e incluso en
varios distritos su margen de victoria fue pequeño.
Aun así, el PRI ganó distritos en 26 entidades aunque en 2009 lo
hizo en 27. Obtuvo el primer lugar en votación en Baja California, Cam-
peche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de Méxi-
co, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala
(a pesar de no haber sido contundente en el estado), Veracruz, Yucatán
y Zacatecas (o sea en 18 estados en vez de 20 como en el 2009). Y
el segundo lugar en Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila (por
un mínimo margen), Guanajuato (creciendo mucho), Guerrero, Morelos,
Cuadro 4.Votación nacional por partido en elección
para diputados federales, 2012
Fuente: Elaboración propia.
PARTIDO VOTOS PORCENTAJE
PRI y aliado 16,932,819 35.79
PAN 12,895,902 27.26
PRD y aliados 10,698,351 22.61
Partidos chicos 6,782,309 14.34
Votación válida total 47,309,381 100
76
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luís Potosí, Sonora, Tabasco y Ta-
maulipas. Sin embargo, a pesar de ser el segundo lugar en votación, el
PRI no tuvo triunfos distritales en Baja California Sur, Guanajuato, Gue-
rrero, Morelos y Tabasco.
En lo particular, el PRI ganó todos los distritos en 6 estados en
vez de en 11 como en 2009. Estos son Campeche, Colima, Durango,
Hidalgo, Nayarit y Zacatecas. Este dato también confirma la baja del
predominio del PRI en este tipo de elección. En el otro extremo, en com-
paración con 2009, esta vez no obtuvo ningún distrito en Morelos donde
los había obtenido todos y en Oaxaca en el mismo caso se quedó con
sólo 1 distrito de 11, o en Tamaulipas con 3 de 8.
En otras entidades, el PRI ganó la mayoría de los distritos en Baja
California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Mi-
choacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y
Yucatán y la mitad de los mismos en Nuevo León y Querétaro. Aquí es
diferenciada la apreciación que se puede hacer de ello, pues fueron bue-
nas noticias para los priistas de Baja California, Chiapas o Jalisco, pero
no para los de Nuevo León por ejemplo.
La información demuestra que los resultados del PRI desde luego
fueron mejores en las entidades que gobernaba y sigue gobernando (no
así en Tabasco), así como en las que recuperó (Chiapas y Jalisco). No
obstante, en algunas entidades priistas la jornada produjo malos resul-
tados para el partido, como en Tamaulipas, o no condujo a mayores
triunfos como en Aguascalientes y Tlaxcala. En estos estados como en
otros recientemente perdidos, tales como Oaxaca y Sonora, los priistas
tuvieron únicamente triunfos parciales.
Partido Acción Nacional
La votación para este partido también disminuyó en esta elección con
relación en la de 2009 pero menos que en el caso anterior, ya que lo hizo
únicamente por 2.74 puntos porcentuales. Es más, en términos absolu-
tos creció más que la votación para el PRI, ya que su crecimiento fue de
33% contra 24% de la votación priista. Cabe aclarar que en la pasada
elección de este género la votación para el PAN fue de 9 millones 723
77
mil 537 cuando demostró sin duda mayor efectividad para ganar distri-
tos; entonces fueron 70 sus diputados de mayoría, contra 58 en 2012.
Sin embargo, el PAN obtuvo triunfos en 17 entidades, como en
2009. Fue primer lugar de votación en Aguascalientes, Baja California
Sur, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí
(estos dos últimos estados que perdió durante el sexenio pero en los
que sigue siendo fuerte), Sonora (como efecto de haber llegado al po-
der) y en Tamaulipas (en donde creció enormemente, como en Nuevo
León, demostrando una crisis del priismo local). El segundo lugar lo
ocupó este partido en Baja California (pese a ser una entidad que go-
bierna), Campeche, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Ja-
lisco (estado que perdió en la elección para gobernador coincidente),
Puebla, Sinaloa (en estos dos últimos estados reflejando que como
partido no se ha beneficiado tanto de la alianza que lo llevó al poder
estatal junto con la izquierda), Veracruz (en el que sigue dando la
batalla), Yucatán y Zacatecas (donde persiste). A pesar de su segun-
do lugar, los panistas no obtuvieron triunfos distritales en Campeche,
Colima, Durango y Zacatecas.
En detalle, el PAN obtuvo todos los distritos solo en dos entidades
que gobernaba (Baja California Sur y Guanajuato), y la mayoría de ellos,
5 de 7, en Sonora. Por el contrario, en Baja California triunfó únicamente
en 1 de 3 distritos y en Jalisco en 1 de 19. Al extremo, en Morelos se
quedó en franco tercer lugar, sin ningún diputado de mayoría. Por otra
parte, como se señaló, el desempeño del PAN en esta elección fue bue-
no en Aguascalientes y Querétaro: en un caso se quedó con la mayoría
de los distritos, en otro con la mitad. Asimismo, de forma para muchos
sorprendente, triunfó en Tamaulipas y Nuevo León con iguales triunfos
distritales, respectivamente.
Por lo que se refiere a los triunfos marginales del PAN, fueron ma-
los los resultados de Baja California (1 de 3 distritos ganados) y más
los de Jalisco (donde ganó sólo 1 de 19 distritos), pero también los del
Estado de México (donde ganó sólo 1 de 40, siendo la izquierda la que
aprovechó el renaciente antipriismo en la entidad). Asimismo, resultaron
discutibles los resultados de Puebla y Sinaloa (con triunfos en la cuarta
parte de los distritos), aislados los de Chihuahua, el Distrito Federal o
78
Yucatán, pero más importantes los 5 de 21 distritos ganados en Vera-
cruz, los 2 de 7 en San Luis Potosí, y más los 3 de 7 en Coahuila.
En suma, el que su votación se deprimiera en términos generales
en esta elección no fue tanto problema para el PAN, sino el que su elec-
torado no tuviera una representación territorial más extensa. Ello afectó
sus resultados.
Partido de la Revolución Democrática
La votación para el PRD en esta elección creció casi 48.12% (en 2009
su votación había sido de 4 millones 231 mil 342). Este porcentaje de
crecimiento es cercano al 44.79 de toda la izquierda unida. En coalición,
logró ganar 71 distritos uninominales (contra 39 en la pasada contienda
del PRD, más 3 del PT, en suma 42), lo que representó un crecimiento
de su contundencia de 69.05%. Unidos PRD, PT y MC fueron grandes
ganadores, si bien no llegaron a los 98 distritos electorales en los que
se impusieron en 2006.
Además, el PRD aunque sigue siendo un partido con un electorado
bastante concentrado, extendió a 10 el número de estados en los que
ganó distritos electorales. Habían sido 8 en 2009, pero 14 en 2006.
Los perredistas fueron primera fuerza en el Distrito Federal, Guerrero,
Morelos, Oaxaca y Tabasco. Ocuparon el segundo lugar en votación en
Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxca-
la. Dentro de éstos solo en Hidalgo y Nayarit no ganaron distritos.
En específico, este partido ganó todos los distritos en Guerrero,
Morelos y Tabasco. Cabe recordar que en Guerrero tres años atrás se
había quedado con una sola diputación de 9, que en Morelos no había
logrado ninguna y que en Tabasco había empatado con el PRI. Por otra
parte, en el Distrito Federal como en Oaxaca perdió un distrito nada
más, cuando en Oaxaca en 2009 no había alcanzado ningún triunfo.
Representan también victorias importantes para el PRD el haber resur-
gido sobre todo en el Estado de México (aunque fuera ganando 7 de
40 distritos), en Tlaxcala (incluso quedándose con 2 de 3 distritos) y
marginalmente en Quintana Roo y en Veracruz si bien quedó en tercer
79
lugar. Sin embargo, retrocedió en Michoacán y fue derrotado de forma
significativa en Baja California Sur, Chiapas y Zacatecas.
¿Qué nos dicen los resultados anteriores? Comprueban que depen-
den fundamentalmente de las coyunturas políticas estatales. Es decir,
a reserva de tener que profundizar más en la comprobación de esta
hipótesis, pareciera que es sobre todo una consideración de orden re-
gional la que determina el resultado de la elección de diputados pues
las mismas candidaturas las definen juegos de camarillas de poder lo-
cales que interactúan con el movimiento de los intereses políticos a nivel
nacional. En el caso específico del PRD, la pérdida de ciertos gobiernos
durante este sexenio como el de Baja California Sur, Michoacán o Zaca-
tecas afectó su votación en esta elección en dichas entidades, como lo
hizo el movimiento del voto que llevó al PVEM en alianza con el PRI a
recuperar Chiapas. Asimismo los perredistas se beneficiaron, primero,
por haber mantenido el gobierno de Guerrero y haber consolidado su
hegemonía en el Distrito Federal y, en segundo lugar, por haber selec-
cionado acertadamente en las coyunturas propicias a sus candidatos a
los gobiernos de Morelos y Tabasco los cuales resultaron ganadores en
elecciones paralelas. De igual manera, el empuje que tuvo en su campa-
ña presidencial Andrés Manuel López Obrador despegó un aumento de
las preferencias electorales a favor de las coaliciones de izquierda en las
contiendas legislativas.
Integración de la Cámara de Diputados
Con base en los resultados de la elección, la Cámara de la LXII Legisla-
tura quedó integrada como a continuación se señala:
80
En estas condiciones, el PRD y sobre todo sus aliados el PT y MC
fueron los más beneficiados de los resultados electorales y en ello in-
fluyó no solo su estrategia de coalición total sino la manera en que se
pudieron emitir los votos y se contaron en el marco de la reforma elec-
toral del 2007. Juntos llegaron a ocupar el 27% de las curules. Por el
contrario, el PRI vio anulados los votos a su favor cuando por falta de
información fueron emitidos igualmente a favor del PVEM en distritos en
que se presentaron por separado.
En fin, todos los partidos chicos aumentaron su fuerza en la cá-
mara; el incremento de sus asientos resultó muy superior que el corres-
pondiente a su votación, sobre todo en el caso de MC. Incluso aumentó
el número de diputados del PVEM aunque su votación disminuyó. Esto
tendrá que ser valorado con cuidado, porque cabe recordar además que
en cierta medida se puede considerar que la fuerza de dichos partidos
resulta inflada. La información se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro 5.Integración de la Cámara de Diputados
Fuente: Cámara de Diputados.
PARTIDO DIPUTADOS MAYORÍA DIPUTADOS TOTAL PORCENTAJE RELATIVA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
PRI 168 39 207 41.40
PAN 58 56 114 22.80
PRD 71 64 100 20.00
PT 19 3.80
MC 16 3.20
PVEM 3 31 34 6.80
PNA 10 10 2.00
Totales 300 200 500 100
81
Consideraciones parciales
El comportamiento electoral tiene varios componentes. En 2012 en Mé-
xico pareciera, en primer lugar, que el voto fue mucho más reflexivo
que lo que muchos pudieran pensar y que se manifestó asimismo el
fenómeno del voto diferenciado y del voto estratégico en las elecciones
de suma cero. Del mismo modo, uno de los elementos que pesaron
más en las preferencias fue una visión retrospectiva de los resultados de
las administraciones en turno, lo que en varios casos llevó a lo que se
considera voto de castigo a los partidos en el poder. Intervinieron en ese
juicio consideraciones de dos órdenes: nacionales y locales. Por eso en
unos casos el voto de castigo fue para el PAN (fue, por ejemplo, el caso
de Jalisco), como en otros los fue para el PRI (por ejemplo, Tabasco) o
el PRD (por ejemplo, Chiapas).
Este fue pues un elemento de orden coyuntural como otros que
también contaron; a saber, los contextos de las contiendas, o las selec-
ciones de los candidatos que pudieron ser atinadas o no serlo, a las que
se llegó a través de procesos que fortalecieron o debilitaron a los par-
tidos, que unieron a sus militantes o produjeron fisuras o aún rupturas
en ellos. Aquí se ubicaron también las campañas mismas, los mensajes
Cuadro 6.Porcentaje de votos y diputados totales por partido, 2009 y 2012
Fuente: IFE.
PRI 39.55% 47.40% 33.62% -15% 41.40% -12.66%
PAN 30% 28.60% 27.26% -9.13% 22.80% -20.28%
PRD 13.05% 14.20% 19.33% +48.12% 20% +40.85%
PVEM 7.18% 4.40% 6.44% -10.30% 6.80% +54.55%
PT 3.91% 2.60% 4.84% +23.78% 3.80% +34.62%
PNA 3.66% 1.60% 4.21% +15.03% 2% +25%
CDPPN/MC 2.64% 1.20% 4.30% +62.88% 3.20% +166.66%
PORCENTAJE INCREMENTO PORCENTAJE INCREMENTO 2009/20012 2009/20012
VOTOS
2009 2012
VOTOSPARTIDO
DIPUTADOS TOTALES
DIPUTADOSTOTALES
82
y posicionamientos, el ambiente político, su posible polarización y los
temas que atrajeron.
En la distribución del voto intervinieron, además, otros elementos
de carácter estructural como son las características socioeconómicas
del electorado, las identidades partidistas, las historias de los partidos
mismos, de sus grupos y camarillas y de los realineamientos electorales
que se han producido.
Finalmente, las cifras electorales son una suma de varios factores
con peso variable. En este amplio campo de investigación en particular
pretendo introducirme en el estudio de la interrelación de las conside-
raciones estatales y nacionales en las preferencias electorales, dada la
importancia que tiene quien gobierna en las diferentes entidades, es
decir, qué partido, para entender los resultados de las elecciones para
diputados. Igualmente busco seguir e interpretar la similitud o diferen-
ciación del voto en las distintas boletas y el fenómeno del arrastre del
voto. De ello deriva mi interés por las contiendas para gobernador pa-
ralelas las cuales fueron siete en esta ocasión, cuyo análisis concentro
en las entidades con alternancia que fueron cuatro (Chiapas, Jalisco,
Morelos y Tabasco). Explico sus resultados fundamentalmente por los
divisionismos presentados en los distintos partidos, en particular en el
partido en el poder.5
2. ELECCIONES ESTATALES 2012
Análisis histórico y cualitativo
Si bien en su conjunto el PRI gobernaba previo a estas elecciones en
veinte de treinta y dos entidades, solo dos de los siete estados con elec-
ciones estatales, a saber Yucatán y Tabasco, tenían gobiernos priistas;
Morelos, Guanajuato y Jalisco eran gobernados por el PAN; mientras
Chiapas y el Distrito Federal, por el PRD.
5 La cohesión partidaria es un elemento importante para explicar los resultados electorales de una con-tienda. De hecho se ha llegado a demostrar que en México hay mayor probabilidad de triunfo para los candidatos a gobernador cuya selección conserva la unidad de sus partidos (Flores Díaz, 2011).
83
Los estados gobernados por el PRI
De los estados priistas cabe señalar que tanto Tabasco como Yucatán
eran entidades en las que el PRI había convivido por más de dos déca-
das con otros partidos políticos competitivos, en el caso de Tabasco, el
PRD y en el de Yucatán, el PAN, que le habían disputado el poder y con
los cuales lo había compartido, al grado que el PAN gobernó Yucatán de
2001 a 2007. Cabe recordar, en efecto, que éste es un estado que el PRI
recuperó entonces permaneciendo sólidamente bipartidista. La prueba
es que en 2012 el PRI conservó el poder estatal al mismo tiempo que
perdió su capital, Mérida.
El por qué la elección que se desarrolló en Tabasco desembocó en
alternancia, es decir el por qué ganó la coalición PRD-PT-MC, radica en
estos antecedentes electorales de competividad por parte de la izquierda
y en sí en la historia política del estado. En ella destaca la convivencia de
dos grupos de poder principales dentro del PRI en el estado, a saber los
nemistas y los maderistas, que esta vez se dividieron sin que el gober-
nador en turno, Andrés Granier Malo, tuviera la fuerza de sacar adelante
la selección de candidato a gobernador sin fricciones ni la intervención
del Comité Ejecutivo Federal del partido a favor de Jesús Alí de la Torre,
hombre cercano a Benito Neme Sastre hijo del exgobernador Salvador
Neme Castillo (1989-1995), entonces coordinador jurídico de la campa-
ña de Enrique Peña Nieto (Milenio, 19 de enero de 2012). Pobre fue el
desempeño de Alí de la Torre frente a la candidatura de la izquierda que
recayó atinadamente en quien fuera una vez su jefe, Arturo Núñez Jimé-
nez, vicepresidente del Senado, ex presidente del IFE y ex subsecretario
de Gobernación, y las fugas del PRI principalmente de políticos allegados
a Roberto Madrazo Pintado (gobernador de 1995 a 2000) que habían
quedado inconformes (El Universal, 31 de marzo de 2012).
Cabe precisar que esta nominación tuvo que dejar primero en el
camino a Humberto Mayans Canabal, ex secretario general de Gobierno,
para algunos el mejor posicionado para competir con Núñez y todo el
obradorismo a quien le ofrecieron a cambio la primera fórmula en las
candidaturas al Senado. Sobre él cayó el candado de no cumplir con cin-
co años de militancia en el partido (Tabasco Hoy, 6 de enero de 2012).
84
Del mismo modo, se desechó la posibilidad de que el abanderado del
PRI fuera Luis Felipe Graham, ex secretario de Salud estatal, puesto al
que había renunciado para luchar por su postulación, y se recurrió a un
procedimiento de encuestas para reflejar quien de los cinco precandi-
datos que había estaba mejor posicionado. Dicho sistema desató una
guerra sucia entre todos (Tabasco Hoy, 7 de enero de 2012) (al grado
que se rumoró la posibilidad de encontrar algún candidato externo)6 y
finalmente no desembocó en resultados transparentes. De tal suerte, se
llegó al caso de que uno de los precandidatos, Evaristo Hernández Cruz,
se registrara en la Convención de Delegados del partido en la cual fue
rechiflado tras lo cual renunció al PRI, mientras se llegó a acuerdos con
los demás.7
Los estados gobernados por el PAN
Las entidades gobernadas por el PAN en las que se desarrollaron elec-
ciones para gobernador en 2012 fueron Guanajuato, Jalisco y Morelos.
Guanajuato había tenido cuatro gobiernos panistas, Jalisco, tres y More-
los, dos. Pese a que en los tres estados en el PAN conviven grupos con
intereses encontrados, es en Guanajuato donde los panistas se habían
asentado con mayor solidez desplazando a los partidos de oposición.8
En Morelos, los panistas habían tenido que compartir el poder tanto
con perredistas como con priistas, siendo uno de los pocos ejemplos
en el país de entidad realmente tripartidista. En Jalisco, el PRI nunca
desapareció del panorama político y de hecho había venido recuperando
consistentemente posiciones desde 2003.
6 Así se llegaron a mencionar las cartas de Jesús Carlos Ocaña Becerra, diputado local y líder del congre-so quien había precisamente pedido licencia (Tabasco Hoy, 7 de enero de 2012), o bien Enrique Priego Oropeza o Florizel Medina Pereznieto (Tabasco Hoy, 9 de enero de 2012).
7 Georgina Trujillo Zentella obtuvo la promesa de coordinar la campaña de Peña Nieto en los estados del sureste, y Francisco Herrera León de pasar a la dirigencia estatal del PRI en sustitución de Romero Pérez que se iría como candidato para diputado local (Proceso, 13 de enero de 2012). Por su parte, si bien en un principio Graham se mostró más renuente (Proceso, 21 de enero de 2012), para el 27 de enero ya había respaldado a Alí de la Torre, aduciendo que anteponía el interés de su partido (Reforma, 27de enero de 2012). De hecho aceptó la candidatura a la presidencia municipal de la capital.
8 Dicho de paso, por eso sorprendió el crecimiento del PRI en el estado en 2012.
85
Por tanto, en Jalisco como en Morelos había posibilidades de que
los panistas perdieran, debido a enfrentamientos internos y al desgaste
generalizado de su partido en el país. Por el contrario, en Jalisco los
priistas sí pudieron superar sus problemas de unidad, convirtiéndose
en adversarios peligrosos que finalmente ganaron la contienda. Mas en
Morelos fueron los perredistas quienes pudieron tomar la delantera por
el arraigado sistema tripartidista de la entidad, de frente a las luchas
internas que enfrentaron sus contrincantes y la buena selección interna
de su candidato.
Sobre el caso de Jalisco cabe recordar que después de poco más
de una década de crecimiento del PAN en la entidad y del desprestigio
del último gobernador priista Guillermo Cosío Vidaurri, del crecimiento
incontenible de la inseguridad pública en Guadalajara y de aconteci-
mientos tan violentos como la explosión en la capital de 1992 y el ase-
sinato en 1993 del cardenal Posadas, el PAN llegó al poder estatal en
1995 acaparando las distintas esferas de poder.
Pese a las buenas calificaciones de Alberto Cárdenas Jiménez, el
primer gobernador panista y pese al efecto Fox, el PAN retuvo la guber-
natura en 2000 con márgenes mucho más estrechos pues le ganó al PRI
con menos de tres puntos de ventaja cuando en 1995 habían sido casi
dieciséis. Así llegó Francisco Javier Ramírez Acuña al gobierno estatal,
un representante del panismo tradicional de la región.
El año electoral de 2003 significó en este panorama el retroce-
so en la votación del PAN. Así, aunque pudo conservar el poder en
Guadalajara, perdió otras posiciones importantes además de que en
las elecciones para diputados federales fue la segunda fuerza (Bravo
Ahuja, 2010). Igualmente los priistas ganaron la primera minoría en
el congreso local.
Para 2006, dados los errores de Ramírez Acuña, se pronosticaba
el fracaso del PAN, mas el apoyo de este último a Felipe Calderón para
la presidencia le atrajo flujo de votación a su partido con lo que Emilio
González Márquez retuvo Jalisco para el PAN por tercera ocasión pasan-
do por una guerra sucia en contra del candidato priista Arturo Zamora
86
Jiménez.9 Ese año fue en suma un mal año para los priistas y no fue sino
hasta 2009 que regresaron con más fuerza.
Con estos antecedentes políticos se dieron en 2012 los procesos
de selección de candidatos a gobernador del estado en los diferentes
partidos políticos. En el PRI surgieron siete aspirantes.10 Como en otros
casos en este año electoral, se negoció un candidato de unidad supues-
tamente tras haber elaborado encuestas para determinar al mejor po-
sicionado. Tales negociaciones fueron encabezadas por Pedro Joaquín
Coldwell, Miguel Ángel Osorio Chong y el delegado del PRI en Jalisco,
Rafael González Pineda. El proceso llevó a la postulación del Aristóteles
Sandoval, proceso que sus competidores aceptaron a cambio de ser
reubicados.11
Contrasta esta facilidad de acuerdo con lo que sucedió en el seno
del PAN en donde se llevaron a cabo primarias abiertas el 5 de febre-
ro para elegir candidatos en los bastiones importantes para el parti-
do, como Jalisco precisamente donde ganó el favorito del gobernador
Fernando Guzmán Pérez Peláez, cuando había trascendido que Felipe
Calderón se inclinaba por Alfonso Petersen Farah12 por estar al parecer
mejor posicionado entre los ciudadanos. El presidente no solo perdía
aquí, o en Guanajuato, sino en la nominación de candidato presidencial
demostrando la falta de liderazgo en su partido donde grupos internos
con mayor capacidad de atraer votantes se le imponían. En suma, el
ambiente quedó enrarecido para la contienda estatal.
En el seno del PRD, en donde también se hicieron mediciones de
popularidad, el asunto de la selección de candidato no fluyó mejor. Sin
9 En un momento de la campaña, Zamora llevaba una ventaja importante; entonces lo empezaron a acusar de nexos con el narcotráfico, hecho que fue desmentido más adelante pero que repercutió en las cifras finales de la contienda.
10 Cuatro presidentes municipales: el de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; el de San Pedro Tla-quepaque, Miguel Castro Reynoso; y el de Zapopan, Héctor Vielma Ordóñez. Tres diputados federales: Trinidad Padilla López, María Esther Scherman Leaño y Arturo Zamora Jiménez. Y un senador: Ramiro Hernández García (Animal Político, 6 de enero de 2012).
11 Por ejemplo, a Ramiro Hernández, quien se había quedado de finalista, se le ofreció la candidatura a presidente municipal de Guadalajara. Asimismo a Héctor Vielma se le consideró para candidato a senador, con competencia a decidir el candidato a la alcaldía de Zapopan (Ciudad y Región, 6 de enero de 2012).
12 Otros contendientes fueron Hernán Cortés Berumen y Alonso Ulloa Vélez. Todos ellos salvo Cortés eran colaboradores del gobernador Emilio González (Animal Político, 6 de enero de 2012).
87
cuadros propios, contendieron expriistas y un expanista, Fernando Gar-
za Martínez, fue quien resultó el abanderado del que poco se espera.
Gran error había sido el dejar ir a Enrique Alfaro Ramírez, presidente
municipal de Tlajomulco, quien era el único que figuraba a niveles com-
petitivos (Animal Político, 6 de enero de 2012). Y en efecto, como can-
didato de Movimiento Ciudadano (Milenio, 25 de mayo de 2012) fue el
único que dificultó el regreso del PRI al poder.
Por lo que toca a Morelos, en la coyuntura del triunfo de Fox, llegó
también el PAN al gobierno en 2000 con Sergio Estrada Cajigal quien te-
nía la ventaja de pertenecer de alguna manera a la clase política que ha-
bía dominado durante décadas la entidad, en tanto su abuelo había sido
gobernador y su padre, como él, alcalde de la capital, ambos priistas.
La candidatura de Estrada Cajigal, a pesar de ser vista como una impo-
sición al panismo tradicional, resultó un éxito en el que mucho contaron
las estructuras de carácter ciudadano paralelas a su partido las cuales
el mismo candidato había promovido desde la Presidencia municipal de
Cuernavaca. A ello se aunaron, por un lado, la descomposición del PRI
que le había llevado a tener tres gobernadores los últimos seis años y,
por otro, los divisionismos al interior del PRD estatal.
En efecto, Jorge Carrillo Olea, gobernador electo en 1994, había
tenido que abandonar su cargo por cuestiones legales. A él le habían
sucedido Jorge Morales Barud y Jorge Arturo García Rubí quienes no
pudieron contener la penetración del narcotráfico y la inseguridad cre-
ciente en el estado. En 2000 el candidato del PRI, Juan Salgado Brito,
fue derrotado por más de 25 puntos; a decir de él mismo había sido
abandonado incluso por el grupo encabezado por el exgobernador An-
tonio Riva Palacio como venganza por haberse impuesto a su favorito
Rodolfo Becerril Straffon.
Por su parte, el candidato del PRD y expriista, Raúl Irragori Monto-
ya, se mantuvo rezagado desde el inicio de la contienda. Cabe entender
que la desorganización de su partido se debió en buena medida a no
haber podido designar como su abanderado al político que hubiera sido
su mejor opción, Graco Ramírez, con una larga trayectoria en el PRD
morelense pero que no contaba con el requerimiento de la ciudadanía
morelense por nacimiento (Hernández Salazar, 2003).
88
Desde entonces se manifestó en la entidad un tripartidismo que
caracterizó tanto a elecciones locales como a elecciones federales, sien-
do que el PRI recuperó por ejemplo el 30% de la votación. Para entonces
lo que le afectaba al PRD era su falta de unidad.
Sin embargo, en la coyuntura de 2006 la contienda nacional por la
presidencial hizo que en el estado los punteros fueran el PAN y el PRD
sin dejar al tricolor muy lejano en fuerza. Triunfó así el candidato pa-
nista, Marco Adame Castillo, al gobierno estatal, si bien Andrés Manuel
López Obrador había ganado en la entidad. Quedaba demostrado que
no había sido favorable la postulación interna de Fernando Martínez Cué
por la coalición Por el Bien de Todos.
Durante los últimos años, los problemas derivados de la guerra
entre cárteles del tráfico de la droga y del combate a los mismos siguie-
ron afectando seriamente a los morelenses, de forma que no resultó
extraño el mal desempeño del PAN en 2009 y la recuperación otra vez
de los priistas. Todo hacía prever que el PRI tendría en 2012 una buena
oportunidad de recuperar el gobierno estatal, lo que se frustró en tanto
se dividieron internamente en la selección de su abanderado.
En efecto, la dirigencia nacional impuso como candidato al ingenie-
ro Armando Orihuela Trejo, dirigente estatal del partido, ex presidente
municipal de Mazatepec y diputado federal de 2006 a 2009, en una
búsqueda de unidad que nunca encontraron. De los doce aspirantes
que eran, los más inconformes fueron la excandidata al puesto en 2006,
Maricela Sánchez Cortés, y en especial Manuel Martínez Garrigós, exal-
calde de Cuernavaca, quien amenazó con registrarse en la Convención
de Delegados pues se había roto el acuerdo de elegir al precandidato
mejor posicionado (El Universal, 23 de enero de 2012).
Todo indica que Martínez Garrigós tenía razón porque el candidato
del PRI en campaña fue reduciendo su ventaja original en preferencias que
según ciertas encuestas era de dieciocho puntos, cuando perdió por más
de ocho. A esta victoria ciertamente contribuyó una vez más el lopezobra-
durismo. Pero principalmente se debió a que los priistas tuvieron como
contrincante por parte del PRD, el PT y MC a Graco Ramírez, al que tampo-
co pudo vencer el panista Adrián Rivera Pérez cuyo partido se desplomó a
un lejano tercer lugar.
89
Los estados gobernados por el PRD
En último lugar menciono las dos entidades restantes en que se cele-
braron elecciones para gobernador, a saber, el Distrito Federal y Chiapas
con gobiernos perredistas en una situación muy diferente.
En el Distrito Federal se había definido una clara era política de
dominación perredista (Bravo Ahuja, 2010-1) que hacía objetivamente
imposible el pensar que el PRD no pudiera ganar la elección. De hecho,
la ventaja de su candidato Miguel Ángel Mancera, ex procurador de la
entidad, sobre la ex diputada y ex presidenta del PRI, Beatriz Paredes
Rangel, se mantuvo en las encuestas alrededor de 20 puntos y terminó
ganando abrumadoramente. La candidatura de Mancera fue producto
de un proceso interno difícil que se resolvió por medio de encuestas de
opinión, el cual resultó exitoso por representar él una figura relativamen-
te independiente que aminoraba el desgaste que podía sufrir el PRD en
el gobierno desde 1997. La también candidatura ciudadana del PAN de
Isabel Miranda de Wallace, vieja combatiente a favor de los derechos
de las víctimas de la violencia, no corrió con la misma suerte y cayó en
franco tercer lugar.
Detallo a continuación el caso de Chiapas donde sí hubo movimien-
tos del voto que llevaron al regreso del PRI.
En esta entidad, llegó el PRD al poder desde 2000 en alianza pri-
mero con el PAN, partido que se presentó en 2006 con su propio can-
didato si bien avanzada la campaña pidió el voto para el PRD con el fin
de evitar el regreso del PRI (Bravo Ahuja, 2010). Es decir, desde hace
seis años, los priistas tuvieron una oportunidad de reconquistar el es-
tado que esta vez sí lograron en el entendido de que PAN, PRI y PRD
se habían convertido en la entidad en partidos con una fuerza política
comparable.13
Ahora bien, resulta curioso el que en la coyuntura del 2012 los tres
partidos presentaron fracturas internas. Así, de frente a la inclinación
del PRI por la candidatura del senador Manuel Velasco Coello como con-
13 En 2009, por ejemplo, se repartieron equitativamente el número de diputados federales correspondien-tes al estado (ganaron tres cada uno).
90
cesión a su aliado el PVEM por encima de figuras como la de Roberto
Albores Gleason o Sami David David, la también senadora María Elena
Orantes López renunció a su militancia priista a principios del año para
convertirse en candidata del PRD.
Para entender los resultados electorales cabe analizar qué situa-
ción debilitó más las estructuras internas del PRD que las del PRI, el
cual contó con el apoyo del gobernador Juan Sabines Guerrero a pesar
de haber éste llegado al gobierno por el PRD. Además, por el lado del
PAN la candidatura del exlegislador Juan José Rodríguez Prats les debió
parecer a los panistas locales una imposición de Calderón, por lo que no
le entregaron a mi parecer todo su apoyo.
Estudio estadístico comparado
Presento los siguientes cuadros antes de pasar a su análisis. Indico que
los construyo mediante los resultados publicados por el IFE y los insti-
tutos electorales estatales, con base en la metodología que he seguido
en trabajos anteriores.
91
Cuadro 7.Índices de evolución del voto por entidad, diputados federales 2012
Fuente: Elaboración propia.
Aguascalientes 33.21% 32.36% 11.36% 23.07% 0.72 3.56 0.13
Baja California 29.96% 35.86% 20.72% 13.46% 0.72 3.58 0.22
Baja California Sur 38.71% 33.32% 15.87% 12.09% 0.70 3.33 0.33
Campeche 30.67% 44.74% 12.30% 12.29% 0.68 3.08 0.14
Chiapas 16.67% 29.40% 20.68% 33.25% 0.73 3.74 0.22
Chihuahua 28.87% 41.94% 14.32% 14.88% 0.70 3.31 0.10
Coahuila 38.52% 37.74% 12.94% 10.80% 0.68 3.13 0.27
Colima 37.14% 42.80% 10.49% 9.57% 0.66 2.93 0.08
Distrito Federal 19.36% 21.53% 45.08% 14.02% 0.69 3.26 0.19
Durango 28.86% 44.48% 10.60% 16.06% 0.68 3.14 0.09
Guanajuato 43.08% 36.09% 8.73% 12.10% 0.66 2.96 0.08
Guerrero 10.65% 33.51% 40.69% 15.15% 0.69 3.20 0.10
Hidalgo 20.44% 38.36% 24.42% 16.78% 0.72 3.61 0.15
Jalisco 31.41% 38.53% 9.06% 21.01% 0.70 3.34 0.07
Estado de México 19.80% 40.64% 27.10% 12.46% 0.71 3.41 0.10
Michoacán 23.97% 37.81% 27.34% 10.88% 0.71 3.48 0.12
Morelos 21.81% 28.18% 31.86% 18.15% 0.74 3.83 0.14
Nayarit 20.28% 45.40% 21.55% 12.76% 0.69 3.23 0.06
Nuevo León 40.11% 38.66% 8.66% 12.57% 0.67 3.00 0.07
Oaxaca 20.27% 30.16% 34.68% 14.89% 0.73 3.64 0.21
Puebla 29.50% 32.65% 21.33% 16.52% 0.73 3.75 0.15
Querétaro 37.94% 36.83% 11.63% 13.60% 0.69 3.21 0.08
Quintana Roo 20.23% 36.43% 31.11% 12.22% 0.71 3.50 0.23
San Luis Potosí 34.73% 33.57% 14.19% 17.50% 0.72 3.52 0.07
Sinaloa 28.99% 40.33% 14.06% 16.62% 0.71 3.40 0.13
Sonora 40.61% 39.36% 11.01% 9.02% 0.66 2.94 0.10
Tabasco 5.80% 36.51% 51.08% 6.61% 0.60 2.49 0.13
Tamaulipas 39.02% 34.87% 14.28% 11.83% 0.69 3.24 0.17
Tlaxcala 24.84% 28.34% 27.46% 19.36% 0.75 3.92 0.16
Veracruz 33.91% 37.56% 20.70% 7.83% 0.69 3,28 0.15
Yucatán 41.11% 45.04% 7.78% 6.07% 0.62 2.62 0.14
Zacatecas 18.77% 49.50% 15.77% 15.96% 0.67 3.02 0.28
Promedio 2012 27.26% 35.79% 22.61% 14.34% 0.69 3.30 0.15
ENTIDAD PAN PRI PRD OTROS ÍNDICE DE NÚMERO DE ÍNDICE DE COMPETENCIA PARTIDOS VOLATILIDAD
92
Cuadro 8.Índices de evolución del voto por entidad, eleccione
para gobernador 2010-2012
Fuente: Elaboración propia.
Aguascalientes 2010 43.93% 48.92% 4.44% 2.71% 0.15 0.56 2.30 PAN-PRI
Baja California Sur 2011 41.16% 34.47% 22.15% 2.22% 0.32 0.66 2.96 PRD-PAN
Chiapas 2012 9.54% 70.63% 18.47% 1.36% 0.30 0.46 1.84 PRD-PRI
Chihuahua 2010 40.50% 57.43% 2.07% 0.00% 0.03 0.51 2.02 PRI-PRI
Coahuila 2011 36.06% 61.39% 0.99% 1.56% 0.07 0.49 1.97 PRI-PRI
Distrito Federal 2012 13.87% 20.12% 64.76% 1.25% 0.18 0.52 2.09 PRD-PRD
Durango 2010 35.04% 48.10% 11.13% 5.73% 0.06 0.63 2.70 PRI-PRI
Estado de México 2011 12.90% 65.09% 22.01% 0.00% 0.16 0.51 2.05 PRI-PRI
Guanajuato 2012 50.12% 42.46% 5.21% 2.21% 0.17 0.57 2.30 PAN-PAN
Guerrero 2011 1.33% 42.73% 55.94% 0.00% 0.00 0.50 2.02 PRD-PRD
Hidalgo 2010 13.31% 52.53% 33.86% 0.30% 0.04 0.59 2.45 PRI-PRI
Jalisco 2012 19.70% 38.67% 3.56% 38.07% 0.34 0.67 2.99 PAN-PRI
Michoacán 2011 33.68% 36.58% 29.74% 0.00% 0.11 0.66 2.98 PRD-PRI
Morelos 2012 15.58% 35.61% 44.56% 4.25% 0.21 0.65 2.85 PAN-PRD
Nayarit 2011 39.28% 46.93% 11.11% 2.68% 0.34 0.61 2.58 PRI-PRI
Oaxaca 2010 11.30% 43.32% 40.50% 4.88% 0.06 0.63 2.73 PRI-(PAN-PRD)
Puebla 2010 45.30% 41.68% 7.06% 5.96% 0.10 0.61 2.58 PRI-(PAN-PRD)
Quintana Roo 2010 16.41% 55.74% 27.85% 0.00% 0.14 0.58 2.41 PRI-PRI
Sinaloa 2010 48.36% 47.21% 4.43% 0.00% 0.02 0.54 2.18 PRI-(PAN-PRD)
Tabasco 2012 4.76% 43.81% 51.43% 0.00% 0.10 0.54 2.18 PRI-PRD
Tamaulipas 2010 31.58% 63.12% 2.92% 2.38% 0.04 0.50 2.00 PRI-PRI
Tlaxcala 2010 38.67% 46.47% 14.86% 0.00% 0.14 0.61 2.58 PAN-PRI
Veracruz 2010 41.70% 44.69% 13.61% 0.00% 0.16 0.61 2.55 PRI-PRI
Yucatán 2012 41.85% 51.78% 5.49% 0.88% 0.04 0.55 2.24 PRI-PRI
Zacatecas 2010 17.55% 44.32% 23.73% 14.40% 0.24 0.70 3.29 PRD-PRI
Elecciones 2012 0.19 0.57 2.36 -
Elecciones 2010-2012 0.14 0.58 2.43 -
Elecciones 2007-2009 0.10 0.56 2.31 -
ENTIDAD AÑO PAN PRI PRD OTROS ÍNDICE DE ÍNDICE DE NÚMERO DE EVOLUCIÓN DEL VOLATI- COMPETENCIA PARTIDOS RESULTADO LIDAD DE LA ELECCIÓN
93
Pareciera que en México el voto es más un voto pro y antisistema
que ideológico. El voto antisistema ha tendido a cambiar de dirección
si bien contra el PRI la oposición ha sido más constante. No lo fue sin
embargo en Nayarit en 2011 (donde pasó del PAN al PRD). Contra el
PAN ha oscilado entre el regreso del PRI y el PRD o incluso un pequeño
partido (MC en Jalisco), contra el PRD entre el regreso del PRI (Chiapas)
o el PAN (Baja California Sur en 2011 también). Específicamente en
elecciones para gobernador esto se ha manifestado durante la segun-
da parte del sexenio, volviendo a disparar la volatilidad en este tipo de
contiendas. De hecho estaba claramente a la baja en estudios anteriores
nuestros. En efecto en promedio fue de 0.10 de 2007 a 2009, de 0.14
de 2010 a 2012 y de 0.19 en 2012.
Ahora bien, también se observó que las preferencias electorales
en estas elecciones interactúan con la definición del voto en las elec-
ciones federales de 2012 y hasta cierto punto son determinantes, más
en aquellos casos en que son coincidentes.14 Ello corresponde a otra
tendencia que ya ha sido demostrada, a saber, que los triunfos en los
distritos uninominales dependen hoy más de las proyecciones locales de
los candidatos, lo que ha llevado a los partidos políticos a seleccionarlos
a través de métodos cada vez más descentralizados (Báez, 2012). En
función de lo que se pudo corroborar, añadiría que los triunfos dependen
no solo de las proyecciones locales de los abanderados, sino también de
la fuerza de sus partidos y su cohesión interna.
Por otra parte, las elecciones para gobernadores parecen reflejar la
presencia del voto estratégico en juegos de sistemas que ya se sabe que
son de menos partidos. Existe entonces mayor dispersión del voto en
elecciones para diputados federales que en elecciones para gobernador,
mayor incidencia de los partidos chicos (aunque no podemos olvidar la
importancia que tuvieron en Chiapas y Jalisco en las contiendas estata-
les) y mayor competitividad.
Si bien en las elecciones para diputados hay una presencia induda-
ble de la política a nivel estatal, en particular del desempeño e inclina-
14 Quiero hacer notar que la literatura que citaba en un principio de este trabajo sobre niveles de con-gruencia de la política se refiere más bien al impacto del nivel nacional de la política en el local, mien-tras aquí destaco adicionalmente el impacto de lo local en lo nacional.
94
ción política de los diferentes gobernadores los cuales tienen un amplio
margen de maniobra para influir en ellas, existe también una nacionali-
zación de la política reflejada en 2012 en general en la disminución de
la votación por el PAN, el aumento de la votación a favor del PRD y la
fuerza que mantuvo el PRI correspondientes a la distribución del voto en
la elección presidencial.
3. CONSIDERACIONES FINALES
Llego así al final de mi reflexión que lleva a un primer estudio de estas
elecciones bajo la perspectiva metodológica que he desarrollado en los
últimos años, ahora ampliando mi mirada a temas nuevos como los
partidos chicos y las elecciones para diputados federales. Si bien veo
menos volatilidad en elecciones para gobernador, sigue prevaleciendo
una distribución del voto desigual, según el tipo de elección estatal o fe-
deral, y tamaños de sistemas de partido diferenciados. Lo nuevo es que
a nivel estatal hay algunos casos de partidos chicos que han cobrado
gran relevancia, que quizás correspondan a elecciones desviadas y no a
realineamientos sólidos del voto. Igualmente mi mirada me ha permitido
observar más la interrelación entre las preferencias partidistas a varios
niveles.
En 2012, la consecuencia principal del comportamiento electoral
manifestado fue la segunda alternancia a nivel federal (tema que no
estudio aquí), en el contexto una vez más de un gobierno dividido en
el que el PRI tendrá que negociar en el congreso. PNA y el PT han sido
fortalecidos pero sobre todo el PVEM y MC, pero lo más importante es
que se ha recuperado el PRD; hoy tiene un grupo de gobiernos estata-
les más sólido si bien enfrenta la separación de Andrés Manuel López
Obrador y su voluntad de hacer un nuevo partido, hechos que poten-
cialmente pueden afectarlo. El PRI va a controlar 21 gobiernos mientras
el PRD y el PAN cuatro cada uno; a ello cabe añadir los tres gobiernos
emanados de las coaliciones PAN-PRD, uno de ellos el de Oaxaca sim-
patizante perredista, el de Puebla simpatizante panista y el de Sinaloa
bastante autónomo.
95
Es un panorama político difícil, ciertamente plural, en un país
que ha cambiado, que sigue cambiando y cuyas circunstancias le ofre-
cen retos y abren oportunidades al grado que se puede pensar que
uno de nuestros escenarios es que estemos viviendo el final de una
era electoral.
97
FUENTES DE CONSULTA
• BÁEZ, Adriana, “Rendición de cuentas de los diputados federales
mexicanos en un contexto político descentralizado”, en Mimeo.
• BRAVO Ahuja, Marcela (2012), La contienda electoral del Estado de
México en 2011: tendencias y sorpresas, México, Instituto Electoral
del Estado de México, Serie Breviarios de Cultura Política Democrá-
tica n° 16, 107 pp.
• BRAVO Ahuja, Marcela (2011), “Saldos en el 2010 y pronósticos
electorales. Algunas reflexiones y cálculos”, en López Montiel, Gus-
tavo, Rosa María Mirón Lince y Francisco Reveles Vázquez (Coords.),
Los estados en el 2010: el nuevo mapa de poder regional, México,
UNAM-Gernika, pp. 31-61.
• BRAVO Ahuja, Marcela (2011 b), “2011, las otras elecciones”, en IV
Congreso Internacional y XXII Nacional de Estudios Electorales, ponen-
cia en CD, Ciudad de México, SOMEE, agosto-septiembre.
• BRAVO Ahuja, Marcela (2010-1), “Distrito Federal, consolidación y
crisis del voto perredista” en Reveles, Francisco (Coord.), Los parti-
dos políticos en el Distrito Federal, México, UNAM-Gernika, pp. 303-
98
325.
• BRAVO Ahuja, Marcela (2010-2), Realineamiento electoral y alternan-
cia en el Poder Ejecutivo en México, 1988-2009. Actualizado con los
datos electorales de 2010, México, UNAM-Gernika, 390 pp.
• FLORES Díaz, Jorge Gerardo (2011), “La selección de candidatos a
gobernador y sus consecuencias políticas”, en López Montiel, Gus-
tavo, Rosa María Mirón Lince y Francisco Reveles Vázquez (Coords.),
Los estados en el 2010: el nuevo mapa de poder regional, México,
UNAM-Gernika, pp. 571-593.
• GIMPEL, James (1996), National Elections and the Autonomy of Ameri-
can State Party System, USA, Pittsburgh University Press.
• HERNÁNDEZ Salazar, Sergio (2003), Morelos, la era electoral 1988-
2000: un estudio de la distribución del voto desde la perspectiva del re-
alineamiento electoral, México, UNAM, FCPyS, tesis de licenciatura.
• MÉNDEZ, Irma (2003), “Competencia y competitividad electoral en
México, 1977-1997”, en Política y gobierno, México, CIDE, volumen
V, número 1.
• REYNOSO, Diego (2011), “Aprendiendo a competir: alianzas electo-
rales y margen de victoria en los estados mexicanos, 1988-2006”,
en Política y gobierno, México, CIDE, volumen XVIII, número 1.
99
El presidente Felipe Calderón desempeñó un papel sustantivo en la suce-
sión de 2012. Para su partido, Partido Acción Nacional (PAN), el proce-
so electoral representaba la oportunidad de repetir la victoria electoral
de seis años atrás y darle un sexenio más a la gestión panista. Sin em-
bargo, tanto el partido como el presidente no llegaron en sus mejores
momentos para enfrentar a sus adversarios.
En este artículo trataremos principalmente el papel del presidente
en el proceso, considerando los elementos esenciales de su gobierno
que sirvieron como carta de presentación frente a los electores. Aborda-
remos los factores que debilitaron su gestión, como la crisis económica
internacional o la creciente inseguridad y violencia social, derivadas de
su estrategia contra la delincuencia organizada. Asimismo, la influencia
del presidente en la selección de candidato presidencial de su partido
que, como veremos, fue reducida debido al método de selección utiliza-
do (el voto directo de los militantes) y los conflictos internos en el ám-
bito local. También trataremos cómo los precandidatos y la candidata
presidencial fueron partidarios de la continuidad en la mayoría de las
políticas (salvo en la polémica estrategia contra la delincuencia orga-
nizada). De igual modo revisaremos la participación del presidente en
EL PRESIDENTEEN LA SUCESIÓN
PRESIDENCIAL DE 2012
FRANCISCO REVELES VÁZQUEZ1
1 Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
100
el proceso, principalmente mediante descalificaciones genéricas de los
gobiernos priistas y acusaciones de irregularidades en las gestiones de
algunos gobernadores o exgobernadores, en particular de los presuntos
vínculos que algunos sostuvieron con poderosos narcotraficantes. Salvo
alguna excepción, veremos que el presidente no intervino directamente
en la elección constitucional para favorecer a su correligionaria. Todo
esto permitirá explicar la derrota del PAN y la responsabilidad del pre-
sidente en ella.
1. EL GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN
El presidente comenzó su sexenio con una debilidad política emanada
de su accidentado triunfo electoral. La intervención de actores políticos
a su favor, rompiendo la equidad en la contienda, y el uso de la guerra
sucia de parte del panismo, dio como resultado una victoria del PAN por
unos cuantos votos sobre el candidato de las izquierdas (Andrés Ma-
nuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática
-PRD- y sus aliados minoritarios, el Partido del Trabajo -PT- y el partido
llamado en ese entonces Convergencia -C-) que era señalado por la ma-
yoría de las encuestas como seguro ganador. Esta coalición electoral im-
pugnó legalmente los comicios y desarrolló una protesta social que casi
impidió la toma de posesión del presidente electo. Si bien el máximo
tribunal electoral (el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción -TEPJF-) calificó como legal el resultado, el bloque de izquierda, en
cambio, calificó al presidente como “ilegítimo”, postura que mantuvo a
lo largo del sexenio (Escamilla, et. al., 2007; Hernández y Muñoz, 2010;
Zamitiz, 2009).
Sin embargo, más que la resistencia y oposición del perredismo
y sus aliados, el presidente tuvo que sortear varios obstáculos para ra-
tificar su alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el
congreso. Y lo peor es que debió enfrentar un fenómeno fuera de su
control, decisivo para la economía mexicana: los efectos de las crisis
económicas de Estados Unidos y de varios mercados internacionales en
la mayor parte de su gobierno.
101
El presidente ratificó su convicción sobre las políticas macroeco-
nómicas, que continuó al pie de la letra. Gracias a ello, en parte, salió
bien librado de la crítica situación internacional. Bien, pero sin alcanzar
los mayores beneficios para la sociedad. Una promesa de campaña de
Calderón había sido la generación de empleos (incluso dijo que él sería
“el presidente del empleo”), pero la realidad impidió concretarla. De he-
cho, el tema dejó de aparecer en los discursos presidenciales casi desde
principios de sexenio.
Otra política en la cual también hubo continuidad fue la social, en
particular la referente al combate a la pobreza. Tal proceder, sin embar-
go, no dio mejores resultados. La pobreza siguió siendo un problema
lacerante. De hecho, la ligera reducción de la pobreza que el gobierno
foxista había logrado se diluyó desde principios del sexenio calderonis-
ta. De modo que la pobreza recuperó su crecimiento inercial de varias
décadas atrás.
Un fenómeno extraordinario adicional también afectó el desempeño
económico del gobierno en su segundo tramo: los estragos causados por
la epidemia de la influenza se resintieron tanto por la paralización de
actividades económicas y comerciales, como por la desconfianza hacia
el gobierno que generó la estrategia seguida para enfrentar el problema.2
Pero la política más impactante fue la de combate al narcotráfico.
Desechando el tradicional modus operandi en las relaciones entre el go-
bierno y la delincuencia organizada, el presidente Calderón adoptó una
estrategia de combate frontal, una estrategia de “guerra” con la parti-
cipación directa de las fuerzas armadas (Ejército y Marina). Es cierto
que había una clara necesidad de que el Estado recuperara territorios
asolados y controlados por los narcos; que la presencia de este tipo de
delincuencia se había incrementado sustancialmente ante la tolerancia
y la corrupción de los políticos en general (y principalmente del PRI); y
que la sociedad demandaba mejoras a su condición y a su seguridad,
afectadas significativamente por el comercio de las drogas. Pero los go-
bernantes se lanzaron sin un plan que previera las graves consecuencias
2 El presidente Calderón afirmó que había padecido algo parecido a “las plagas de Egipto”, y señaló la influenza, la sequía, la crisis económica mundial y el deceso de dos de sus secretarios de Gobernación (La Jornada, 2 de diciembre de 2012: 19).
102
que acarrearía la ofensiva: el incremento sustantivo de la inseguridad
en gran parte del territorio nacional. Así, aunque la política era correcta
e indispensable para fortalecer al Estado y con ello a la democracia, e
incluso fue bien recibida por las comunidades más afectadas por los
delincuentes, lo que generó en los hechos fue mayor inseguridad y, en el
plano nacional, el desprestigio del gobierno en funciones.
Algo que caracterizó al gobierno en el periodo 2006-2012 fue que
el presidente se dispuso a tomar la iniciativa en la escena política y en
especial en la parlamentaria. A diferencia de su antecesor, no lo hizo
tratando de ejercer una “presidencia plebiscitaria” (Loaeza, 2010: 275),
sino con más negociación política. Con el fin de modificar lo acontecido
en el sexenio anterior, Calderón Hinojosa presentó diversas iniciativas
al congreso que, en caso de haberse aprobado tal cual, habrían signifi-
cado cambios de gran trascendencia para el régimen político y para la
economía del país. Pero el poder legislativo también jugó su propio pa-
pel, funcionado como una institución de contrapeso y, en ocasiones, de
obstáculo al poder ejecutivo. La interacción, sin embargo, resultó mejor
para el panismo que la del periodo anterior.
El presidente Calderón trataba de borrar de la memoria la debili-
dad de Vicente Fox ante el congreso, primero por sus endebles vínculos
con su propio partido, y luego por la animadversión del PRD y las resis-
tencias entre los priistas por sus conflictos internos. Calderón estrechó
al máximo sus relaciones con sus correligionarios, confirmando la dis-
ciplina de sus grupos parlamentarios mediante coordinadores subordi-
nados a la dirigencia nacional y, por ende, a su autoridad presidencial.
Y pese a que la oposición perredista persistió, el presidente hizo lo con-
ducente para ratificar su alianza con el PRI y con los legisladores afines
a la lideresa sindical de maestros, Elba Esther Gordillo.
En tales condiciones, el presidente propuso iniciativas que tuvieron
buena acogida. Es cierto que los parlamentarios modificaron sustancial-
mente varias de ellas, pero es indiscutible que el presidente determinó
en muchas ocasiones la agenda legislativa. Fueron los casos de la refor-
ma a la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) (García, 2010: 287), las modificaciones a
la industria energética (tanto a Petróleos Mexicanos -PEMEX- como a la
103
energía eléctrica) (Pantoja y Cortez, 2010: 191), la llamada “reforma po-
lítica” que aprobó la iniciativa preferente y varios mecanismos de parti-
cipación directa de los ciudadanos, y ya como iniciativas preferentes, las
que presentó al congreso en los últimos meses de su mandato, relativas
al mundo laboral, a la transparencia y al control de las finanzas de las
entidades federativas. Todas ellas desataron un fuerte debate dentro y
fuera del congreso y al final un conjunto de acuerdos para sacar adelan-
te normas no del todo logradas, ni mucho menos ajustadas totalmente
a los intereses del ejecutivo, y sin embargo con avances en la mayoría
de los casos.
Naturalmente, los avances deben ser considerados en función de
los fines de quienes las aprobaron y no necesariamente en razón de
si representaron respuestas a demandas de la sociedad. Por ejemplo,
en el caso de la ley del ISSSTE, la reforma formaba parte del régimen
de pensiones, para subsanar en algo las necesidades presupuestales y
constituía una garantía para la conservación de las políticas macroeco-
nómicas (García, 2010: 309). Las modificaciones en materia de energía
significaron la disolución de la empresa encargada del servicio de luz
en la ciudad de México (y la explosión de un conflicto con el sindicato).
En el caso del petróleo, la pretensión era abrir PEMEX a la inversión
privada, pero se frustró por la movilización social impulsada por el PRD
y sus aliados y por la resistencia de un sector minoritario del PRI. La “re-
forma política” calderonista buscaba fortalecer al poder ejecutivo, pero
ni siquiera los priistas (creyentes del presidencialismo) la aprobaron,
siguiendo una lógica electoral y no parlamentaria (en otras palabras,
para no darle un triunfo político al partido gobernante en pleno proceso
electoral). Y las iniciativas preferentes trataban de poner a prueba a los
nuevos gobernantes (atacando al corporativismo, los recursos económi-
cos de los gobernadores y la opacidad de las prácticas políticas de los
priistas tradicionales).
En términos generales, Felipe Calderón tuvo mayor protagonismo
como titular del ejecutivo que su antecesor. Pero en su gobierno no hubo
una mejora sustancial a la condición económica de los mexicanos, no
hubo mayor eficacia en el ejercicio de gobierno (la relación de poderes
siguió más o menos en los mismos términos que años atrás) y tampoco
104
una profundización de la forma de gobierno democrática.3 En específi-
co, el panismo en el poder tuvo que cargar con el desprestigio de su ges-
tión por la crisis económica internacional y por su estrategia de lucha
contra la delincuencia organizada. En esas condiciones Acción Nacional
llegó a la sucesión presidencial de 2012.
2. EL PRESIDENTE Y EL PARTIDO
También en esta relación el presidente trató de enmendar los malogra-
dos vínculos entre Vicente Fox y el PAN. Pero pasó de la laxitud a la
subordinación. En el caso de la integración del gabinete, cabe destacar
que el presidente mantuvo en esencia al mismo equipo que controla la
política hacendaria desde los gobiernos priistas, en aras de asegurar
la continuidad, el reconocimiento internacional y la confianza de los in-
versionistas nacionales y extranjeros. Asimismo, cedió espacios impor-
tantes a seguidores de la líder magisterial, Elba Esther Gordillo (según
él cumpliendo con compromisos establecidos por su antecesor). Pero
también dio cabida en el gabinete a más panistas que Fox, con lo cual
simplemente concretó su promesa de “llevar al PAN a Los Pinos”. Signi-
ficativamente los principales cargos fueron ocupados por incondiciona-
les del presidente.
A reserva de hacer una mayor investigación al respecto, baste como
ejemplo el caso de la Secretaría de Gobernación. Los responsables de la
cartera política más importante fueron muchos: Juan Camilo Mourillo,
Francisco Blake Mora, Fernando Gómez Mont y Alejandro Poiré. Salvo
3 Francisco José Paoli Bolio, panista integrante del gabinete del presidente Fox enlistaba las causas de la ineficacia de los gobiernos panistas: el arraigo de la cultura política priista; presidentes carentes de un amplio apoyo popular; debilitamiento de la Secretaría de Gobernación; cesión de cargos de la mayor relevancia (Hacienda, PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad -CFE-) a integrantes del PRI; víncu-los o tolerancia de los presidentes hacia los poderes fácticos, en especial con las empresas televisivas; estrategia ineficaz de combate al narcotráfico con Fox, que provoca su crecimiento; falta de capacidad de negociación con el Congreso; inexperiencia de los cuadros panistas provenientes de la iniciativa privada para trabajar en el sector público (Paoli, 2012: 50-53). Las críticas a la gestión panista fueron diversas, incluso hubo representantes de la Iglesia católica que las emitieron, como el caso de Abelardo Alvarado, obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de México, quien aseguró que “los panistas no saben gobernar” y “su inexperiencia, ineptitud y arrogancia los han llevado a cometer muchos errores” (La Jornada, 4 de agosto de 2010: 15. Cfr. también Reveles, 2008).
105
Gómez Mont, la mayoría no tenía gran trayectoria en el panismo; más
bien su peso se debía a sus vínculos con el presidente. Los azarosos de-
cesos de Mourillo y Blake hicieron más complejo el funcionamiento de la
Secretaría, pero por lo general los secretarios resultaron ineficaces en la
negociación política con los diversos actores políticos (en especial con el
PRI). De hecho, Gómez Mont (integrante de la corriente política de Fer-
nández de Cevallos) renunció a la Secretaría debido a su desacuerdo con
el presidente en el tratamiento de una negociación entre la dirigencia
nacional panista, la Secretaría de Gobernación y el gobernador priista
del Estado de México. La finalidad de dicha negociación era evitar que
el partido hiciera alianza con el PRD en la elección de gobernador de
2011, a cambio de que el PRI diera sus votos a favor de las iniciativas
legislativas del PAN o del presidente a finales de 2010.
En cuanto al vínculo con el partido, entre 2006 y 2012 hubo cuatro
presidentes nacionales del partido, tres de ellos con el ascendiente del
presidente de la república (si bien el último con un poco de más autono-
mía, pero sin fuerza propia para cuestionar a Calderón). Manuel Espino
guardó distancia con los gobernantes panistas, pero ya con Calderón
emprendió una fuerte crítica a su intervencionismo en el partido, a su
alianza con Elba Esther Gordillo (traducida en cargos en el gabinete
presidencial) y a las concesiones de poder que le otorgaba al PRI (prin-
cipalmente en el congreso). La reiteración de estos cuestionamientos
provocó un acontecimiento inédito en la ya larga historia del partido: la
expulsión de un expresidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Así,
tiempo después de perder la posibilidad de reelegirse en la renovación
de la dirigencia, Espino salió de la organización pero continuó siendo
una suerte de “conciencia crítica” del panismo (alimentada por los me-
dios masivos de comunicación) y con una participación especial aunque
limitada en el proceso electoral de 2012.
Tanto el sucesor de Espino, Germán Martínez, como César Nava y
Gustavo Madero fueron líderes subordinados al presidente Calderón. Los
dos primeros eran parte de la corriente calderonista, caracterizada por
posiciones pragmáticas y moderadas, críticos de priistas y perredistas
pero, al final, proclives a la negociación; jóvenes, bien formados profe-
sionalmente, con experiencia en la estructura partidista, y sobre todo
106
con una carrera gubernamental al lado del presidente. De discurso ágil
pero retórico, estos líderes abrazaron el liderazgo presidencial sin du-
darlo, defendiéndolo a toda costa. Madero se diferenciaba de ellos por
su trayectoria propia, por su edad y su discurso, más templado, menos
demagógico, pero su proceder fue siempre leal al gobierno.
La influencia del presidente se notó desde la elección de Martínez
y tuvo como consecuencia inmediata la persecución contra Espino y sus
seguidores. La dirigencia nacional confirmó el centralismo característi-
co del PAN, e incluso lo incrementó cuando se eligieron los candidatos
a cargos de elección popular a partir de los comicios intermedios de
2009. En efecto, la mayor parte de los candidatos a diputados federales
(500 en total) y un importante número de abanderados a gobernado-
res, diputados locales y presidentes municipales en distintos procesos
de 2009, 2010 y 2011, fueron designados directamente por el CEN.
En otras palabras, un grupo reducido de líderes encabezados por los
hombres del presidente decidieron quiénes serían los abanderados del
partido. Esta había sido una postura siempre sustentada por Calderón,
que tenía su fundamento en la ideología panista conservadora, simpati-
zante de las jerarquías, de la autoridad de los “sabios” (en este caso, los
dirigentes) para escoger a los “mejores” representantes del partido (en
este caso, los candidatos).
Los líderes se equivocaron: el PAN fue rebasado por el PRI en esos
comicios intermedios federales y en no pocos de los procesos electora-
les locales. La sonada derrota de 2009 provocó una reacción inmediata
de Martínez, quien asumió toda la responsabilidad (eximiendo la parte
que correspondía al presidente de la república) y renunció a la presiden-
cia del CEN. Su sustituto fue ni más ni menos que el secretario parti-
cular del presidente, César Nava. Y la sucesión del sustituto de Nava se
resolvería a favor de un personaje no tan cercano al presidente, pero leal
y dispuesto siempre al acuerdo con él, Gustavo Madero.4
4 Su principal competidor fue Roberto Gil, quien tenía una gran cercanía con el presidente. La votación en el Consejo Nacional fue cerrada, 128 votos por Madero y 122 por Gil. La segunda ronda no fue necesaria porque Gil y los otros candidatos (Cecilia Romero, integrante de la dirigencia; Ramírez Acuña, ex gober-nador de Jalisco; y, Judith Díaz, militante sin trayectoria) declinaron (Reforma, 5 de diciembre de 2010: 6). La integración del CEN por corriente política aparece en Reforma, 6 de diciembre de 2010: 8.
107
Las diferentes dirigencias no variaron mucho las estrategias a lo
largo del sexenio. A excepción de la de Espino, las otras reflejaron el
enorme peso de los hombres del presidente en la toma de decisiones
en el partido.
Las puertas para la participación de simpatizantes permanecieron
con filtros insalvables. A su vez, los militantes carecieron de garantías
para poder participar en la definición de las propuestas de gobiernos e
iniciativas de ley. La postulación de candidatos, casi siempre controlada
por la dirigencia nacional, generó o avivó numerosos conflictos internos
en el ámbito local, conflictos que minaron la cohesión de las corrientes
y provocaron su ineficacia para las campañas de 2012. Las diferencias,
sin embargo, no fueron notorias pues los órganos de dirección (CEN y
Consejo Nacional) estaban integrados en su mayoría por los integrantes
de la corriente calderonista (significativamente con cargo en el gobierno).
Acción Nacional no estaba a salvo de discrepancias entre corrien-
tes o liderazgos. La primera y más elemental fue el distanciamiento que
conservó con el expresidente Fox, que se mantuvo al margen del partido
más por diferencias con Calderón que por propia convicción. Adicional-
mente se hallaban los seguidores de Espino, quien salió del partido sin
sumar muchos apoyos, sin llevarse una amplia base militante. Es decir
que, como representantes de las posiciones más conservadoras, estos
grupos o personalidades quedaron aisladas, pero con presencia princi-
palmente en el ámbito local.
No pocos cuestionaron de un modo u otro la línea del presidente
Calderón. Fueron los casos de Ricardo García Cervantes, Carlos Medi-
na Plascencia, Ernesto Ruffo, Manuel Clouthier, Santiago Creel y Javier
Corral. Con trayectoria propia y autoridad moral entre amplios sectores
de la militancia (unos en sus estados, otros a nivel nacional), algunos
de ellos trataron de ganar el liderazgo, pero fueron superados por los
calderonistas de manera indiscutible.
Adicionalmente se deben considerar los conflictos desatados o in-
tensificados en el plano local, producto de los diversos procesos de se-
lección de candidatos. Inicialmente el CEN designó a 141 candidatos a
diputados federales y 24 senadores de mayoría, justificando su decisión
en problemas de seguridad para hacer procesos internos, cuotas de
108
género, impulso a candidaturas ciudadanas o conflictos internos. Cen-
tenares de líderes y militantes impugnaron ante el tribunal electoral y
éste demandó a la dirigencia reducir el número, que finalmente quedó
en 42 diputados y 3 senadores designados (Reforma, 20 de noviembre
de 2011: 9). Si a ellos se agregan los 200 y 32 de representación propor-
cional (que son designados principalmente por la dirigencia nacional) es
notable la centralización prevaleciente en el partido.
Liderazgos de gran trayectoria fueron afectados por la decisión de
la dirigencia nacional o por la falta de prácticas democráticas en los pro-
cesos internos. Los casos más sonados fueron los de Manuel Clouthier
en Sinaloa, Jorge Zermeño en Coahuila o Javier Corral en Chihuahua.5
Asimismo, la designación de Larrazábal como diputado plurinominal
por Nuevo León desató una inédita andanada de impugnaciones y esci-
siones en el panismo regiomontano (Reforma, 25 de febrero de 2012: 8).
En Morelos se impugnó el proceso de selección de candidato a goberna-
dor, lo que produjo un candidato débil que a la larga sería derrotado en
la elección constitucional (La Jornada, 27 de marzo de 2012: 32). Todo
esto contribuyó a una endeble fuerza de Acción Nacional para enfrentar
un proceso de la envergadura del 2012.
Y sin que fuera una crítica que hallara eco entre la opinión pública
gracias a la negociación entre los gobernantes y los propietarios de los
medios masivos de comunicación, también hubo un suceso extraordi-
nario que cuestionó el proceder de los panistas, en particular de uno
de sus principales líderes, Diego Fernández de Cevallos. Ex candidato
presidencial y ex coordinador de los senadores, el antiguo líder de Ac-
ción Nacional fue secuestrado en el 2012 por un grupo que hizo críticas
aisladas sobre la élite panista y su proceder al frente del gobierno. El
silencio de los medios sobre el asunto demostró una capacidad de con-
trol de la información por parte del gobierno que no se repitió respecto
de otros temas; probablemente debido a que en este caso los intereses
entre empresarios de medios y gobernantes se conjuntaron en contra
5 Al primero se le impidió registrarse como precandidato al Senado. Posteriormente, el tribunal electoral le dio la razón, pero finalmente decidió escindirse del partido y buscar ser candidato ciudadano a la presidencia de la república (Reforma, 3 de febrero de 2012: 7). Zermeño y Corral pidieron la anulación de los procesos internos por irregularidades (Reforma, 25 de febrero de 2012: 7).
109
de una amenaza al sistema. De cualquier forma, luego de varios me-
ses de privación de la libertad y de haber pagado un desconocido pero
seguramente millonario rescate, Fernández de Cevallos fue liberado sin
mayores repercusiones políticas.6
3. LA SELECCIÓN DE CANDIDATO PRESIDENCIAL
El presidente comenzó la sucesión abriendo dos posibilidades: una, que
el candidato panista fuera incluso alguien no militante, proveniente de
la sociedad civil; dos, que pudiera ser perteneciente al sexo femenino.7
Así las cosas, los medios comenzaron a especular sobre los aspirantes a
sucederle. Pero los líderes partidistas de inmediato disintieron del pro-
nunciamiento del presidente en el sentido de que hubiera un candidato
de la sociedad civil. El presidente no persistió en su declaración, por lo
que los aspirantes surgieron de las filas de Acción Nacional.
Al principio hubo manifestaciones personales y colectivas a favor
de un elevado número de personalidades. Significativamente, ninguno
de ellos proveniente de la estructura organizativa, característica que pre-
valeció a lo largo del proceso interno y que puso en relieve el peso de los
gobernantes sobre los líderes partidistas y los parlamentarios.
El secretario de Hacienda, el de Educación, el del Trabajo, el go-
bernador de Jalisco y los coordinadores parlamentarios, Josefina Váz-
quez Mota y Santiago Creel, desde el principio expresaron su interés por
sustituir a Calderón.8 Ante tal cantidad de aspirantes, la dirigencia y el
presidente buscaron reducir la lista e incluso que hubiera un solo can-
didato. Las contradicciones entre las corrientes dificultaron el acuerdo,
6 Algunos pronunciamientos de los secuestradores pueden consultarse en La Jornada, 21 de diciembre de 2010: 10.
7 En una entrevista a medios internacionales, el presidente afirmó que el candidato del PAN podría ser “un miembro del gabinete, gobernadores, legisladores, y yo no descartaría, ojalá fuera así, incluso alguna distinguida o distinguido integrante de la sociedad civil” (Reforma, 3 de diciembre de 2010: 7). En julio de 2011 volvió a pronunciarse al respecto, destacando sobre todo que como el PAN requería acercarse a la sociedad, pues podría postular a un candidato ciudadano. De inmediato los líderes del partido y algunos aspirantes descartaron tal posibilidad (La Jornada, 23 de julio de 2011: 5).
8 Inicialmente, además de Creel, Vázquez Mota y Cordero, se identificaron como aspirantes al goberna-dor de Jalisco, Emilio González, al secretario del Trabajo, Javier Lozano, y al secretario de Educación, Alonso Lujambio.
110
pero además influyó la convicción democrática de los panistas en gene-
ral (incluyendo al propio presidente). De modo que todos estuvieron de
acuerdo en seleccionar al candidato a través del voto de los militantes
(activos y adherentes).
Este mecanismo, ya probado para los comicios de 2000 y 2006,
tenía la pretensión de demostrar el credo democrático panista frente a
sus adversarios y ante la sociedad. Y además, buscaba aprovechar al
máximo la fase de las precampañas para el posicionamiento del PAN
frente a un presidenciable priista notoriamente fuerte, de acuerdo con la
mayoría de los sondeos de opinión.
El presidente inicialmente apoyó a Ernesto Cordero, su secretario
de Hacienda, un hombre integrante de su corriente y reconocido por
las instituciones financieras nacionales e internacionales. Con escasa
trayectoria política y de partido, así como un discurso limitado y poco
doctrinario, Cordero era joven, leal al presidente y a las políticas macro-
económicas.9 Superó las cualidades del gobernador jalisciense o del se-
cretario de Educación, quienes siendo cercanos a Calderón, no sumaron
su apoyo o el de grupos de interés de peso.
El proceso abierto a la militancia posibilitó que otras personalida-
des incursionaran en la contienda. Al final, los coordinadores de los di-
putados y senadores también participaron. Josefina Vázquez Mota tenía
cierta cercanía con el presidente, pues había sido su secretaria de Edu-
cación en la primera mitad del sexenio; luego coordinó a los diputados,
generalmente apoyando las iniciativas de Calderón. Por su lado, Santia-
go Creel había competido contra Calderón seis años atrás por la candi-
datura presidencial; era un líder crítico del gobierno federal, pero leal en
su desempeño como coordinador de los senadores. Creel había hecho
un trabajo limitado en el Senado, dado el peso del PRI en la cámara alta
y su escasa eficacia para la negociación política (pese a su experiencia
como secretario de Gobernación en el sexenio foxista). Aun así, se lanzó
9 Cordero fue criticado severamente por declaraciones fuera de lugar como responsable de Hacienda, una en la que aseguró que los mexicanos podían vivir bien con un ingreso de 6 mil pesos mensuales (que según él era el ingreso promedio, muy por encima del salario mínimo oficial, que aproximadamen-te ascendía a mil 700 pesos en ese entonces). Asimismo por su declaración de que México había dejado de ser un país pobre “hace mucho tiempo”, ahora “es un país de renta media” (La Jornada, 1 de junio de 2011: 5).
111
a la competencia, conformando una disputa entre tres. Pero desde el
principio Creel fue considerado como el precandidato más débil.
Visto en retrospectiva, dos de los precandidatos eran cercanos al
presidente; uno de ellos claramente más (Cordero) que la otra (Vázquez
Mota). De suerte que la victoria de esta última no fue un revés contun-
dente a la directriz presidencial. El presidente no decidió la candidatura
del partido, cediendo un importante margen de acción para la estruc-
tura y la base militante. Pero la victoria de Vázquez Mota no puede ser
considerada como una derrota del presidente. De hecho, el equipo de
campaña se nutrió tanto de los simpatizantes de Cordero como de los de
la candidata presidencial. Quien quedó hasta cierto punto aislado fue el
grupo de Creel, pero de suyo contaba con poca fuerza en la organización.
En las precampañas todos los aspirantes se pronunciaron a favor
de la continuidad de las políticas calderonistas. Ratificaron ser partida-
rios del control de las variables macroeconómicas; de las políticas so-
ciales asistencialistas; de las llamadas “reformas estructurales” (ener-
gética, con la apertura de PEMEX a la inversión privada; laboral, con
la flexibilización de las relaciones obrero-patronales; y la fiscal, con la
generalización de impuestos y la ampliación de la base tributaria); asi-
mismo sus discursos revelaron su postura a favor del presidencialismo.
Tuvieron diferencias en tres temas sustantivos: en la estrategia de com-
bate al narcotráfico (en la cual la postura más crítica fue la de Santiago
Creel, quien apostó por modificarla y por la exclusión de la participa-
ción directa de las fuerzas armadas); en la política educativa (en la cual
destacaron las de Vázquez Mota, quien demandó de manera indirecta
terminar la alianza con Gordillo y el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación -SNTE- y avanzar en el incremento de la calidad de la
educación); y en cuanto a la formación de una coalición de gobierno
para el ejercicio del poder (si bien en realidad el único que propuso un
gobierno de coalición fue Santiago Creel).
Cordero demostró su lealtad al presidente a lo largo del proceso
interno. De hecho reclamó a sus adversarios, principalmente a Vázquez
Mota, que no hubieran apoyado totalmente al presidente en su desem-
peño legislativo. Por su lado, Creel fue el más crítico no tanto en cuanto
a políticas de gobierno sino a la intervención del presidente en el proce-
112
so interno. Reiteradamente impugnó la “línea” y convocó a los militan-
tes a ejercer su voto en libertad. Sorprendió esta posición, pues en su
momento él se había visto favorecido por la línea del presidente Fox al
enfrentar a Calderón en la interna de 2006.10
4. EL PRESIDENTE EN LA CAMPAÑA
Josefina Vázquez Mota comenzó su campaña rodeada por un equipo
de seguidores y de simpatizantes del presidente. Desde el comienzo
fue apoyada por Roberto Gil, igualmente secretario particular del presi-
dente Calderón (después de César Nava). Luego, uno de los principales
sostenedores de Cordero y apoyo del PAN en los estados, el goberna-
dor Juan Manuel Oliva, de Guanajuato, también se integró al comité de
campaña. De igual modo, el publicista encargado de la precampaña y
campaña de Calderón, Solá, brindó su trabajo para la abanderada. Cul-
minado el proceso interno, los grupos se acomodaron en la estructura
partidista y en el comité de campaña, de modo que hubiera reconcilia-
ción y trabajo conjunto.
Si en el plano nacional esto surtió efecto en el corto plazo, en
los estados no ocurrió así. La selección de candidatos a legisladores
federales y en los estados de nuevo generó conflictos, porque la dirigen-
cia nacional decidió designar a la mayoría de los candidatos. Muchas
designaciones llegaron al máximo tribunal electoral, instancia que dio
la razón a muchos militantes inconformes y demandó a la dirigencia
justificar tantas designaciones e incluso reducirlas (como ya se señaló).
La dirigencia cumplió a regañadientes, pero no por ello dejó de decidir
la mayoría de los abanderados. Esto debilitó los apoyos para Josefina
Vázquez Mota, de suyo diezmada por el hecho de no ser la preferida del
presidente Calderón.
Uno de los éxitos de la gestión panista de Calderón es que debilitó
el discurso populista de las izquierdas. En consecuencia, la disputa en
el 2012 no fue la desigualdad social o la pobreza como en el 2006. Tam-
10 El mismo Fox criticó la “línea” de Calderón a favor de Cordero (El Universal, 13 de junio de 2011: A10).
113
poco se puso en cuestionamiento el modelo de desarrollo. Si acaso se
cuestionó el carácter democrático del régimen. En ese sentido, el debate
ideológico se circunscribió a unos cuantos asuntos, destacando más las
coincidencias entre los candidatos que sus divergencias.11 Naturalmente
a ello contribuyó que todos los candidatos estuvieran de acuerdo con las
políticas sociales originalmente perredistas (como la pensión a adultos
mayores, el seguro de desempleo o las becas para estudiantes) y que
López Obrador desechara su anterior lema de campaña (“Primero los
pobres”) y lo sustituyera por el de la “república amorosa” (por lo demás
una posición incomprensible, sin identidad clara, sin compromisos ge-
nuinos con el bienestar social o con la democracia). Por si fuera poco, el
propio presidente Calderón hizo suya la pensión para adultos mayores
con el programa “70 y más”, que era una ayuda económica para los an-
cianos, en principio de zonas marginadas, pero que a partir de enero de
2012 se generalizó a todo el país.12 Lo mismo ocurrió con las becas para
evitar la deserción de estudiantes en bachillerato y educación superior
(Reforma, 15 de febrero de 2012).
La abanderada panista no dejó de plantear su convicción por la
continuidad. Sostuvo las mismas posturas que en campaña, quizás po-
niendo mayor énfasis en el tema educativo, más por la coyuntura en la
cual comenzó la campaña (el 15 de mayo, día del maestro) que por una
posición realmente frontal en contra del sindicato magisterial, de su
lideresa antidemocrática o del corporativismo como mecanismo de con-
trol político. En los delicados temas del petróleo e impuestos, también
sostuvo la apertura a la inversión privada y nuevos impuestos. Pese a
todo, el lema de su campaña “Josefina diferente” disgustó al presidente
Calderón, pues desde su punto de vista envió un mensaje equivocado a
la ciudadanía. No se podía entender el compromiso con la continuidad si
la candidata se calificaba como “diferente”, además de que parecía ser
un cuestionamiento a la gestión del mismo.
A principios de la campaña propiamente dicha, las diferencias en-
tre los grupos panistas eran evidentes. El presidente Calderón, de acuer-
11 Sobre coincidencias véase “El consenso de México” (julio de 2012), Nexos, México, pp. 49-53.12 La intención del gobierno era pasar de un millón de beneficiarios a 3 y medio millones al final de su
periodo, es decir, incrementar al triple en un lapso de 11 meses (La Jornada, 17 de enero de 2012: 11).
114
do con la opinión de algunos panistas, no dio apoyo total a la candidata
por lo que sus cuadros y simpatizantes no hicieron el trabajo suficiente
para respaldarla.13 Desde una perspectiva más amplia, en efecto el pre-
sidente no intervino en el proceso interno a diferencia del anterior, cuan-
do desde dos años antes de la elección el panismo gobernante quiso
eliminar políticamente al entonces puntero en las encuestas, el jefe de
Gobierno perredista en el Distrito Federal. En esta ocasión, aun cuando
el priista Peña Nieto se perfiló como el enemigo a vencer, las acciones
del presidente no significaron una intromisión en el proceso para incli-
nar la balanza de manera contundente hacia su partido.
Es cierto que varias acciones del presidente tenían como fin favo-
recer a la opción panista. Fue el caso de la reivindicación de los logros
de su gestión en todo momento, el mensaje especial que emitió poco
antes de iniciar la veda de propaganda pública, los cuestionamientos al
líder nacional del PRI por el enorme endeudamiento que promovió como
gobernador de Coahuila (cuestionamiento que provocó su renuncia a la
presidencia del CEN), la denuncia y persecución (al menos mediática)
de tres ex gobernadores priistas presuntamente vinculados con el nar-
cotráfico, y las referencias indirectas pero críticas a los gobiernos priis-
tas del pasado y a su abanderado presidencial.14
Las críticas al priismo fueron genéricas y no se circunscribieron al
periodo sucesorio. Sus pronunciamientos en no pocas ocasiones traba-
ron las negociaciones con el PRI en el poder legislativo. Lo usó incluso
como justificación para explicar la falta de crecimiento de la economía,
la ineficacia del legislativo o bien los escasos avances para contrarres-
tar la pobreza.15 En la sucesión, tanto los precandidatos, la candidata
13 Así lo plantearon los estrategas de la campaña (Roberto Gil entre ellos) y otros como Santiago Creel y Xóchitl Gálvez, candidata al Senado por el estado de Hidalgo, después de la elección.
14 Una de las afirmaciones en su especie de informe final antes de la veda fue: “Si México no crece más rápido, es también porque se le han escatimado reformas fundamentales, como la laboral, que permi-tiría la generación de empleos de más calidad y mejor pagados” (Reforma, 29 de marzo de 2012: 6).
15 Por ejemplo: “El gobierno mexicano destina anualmente unos 5 mil 400 millones de dólares al pago de intereses de una deuda ‘contratada por políticos ladrones’, manifestó el secretario de Economía, Bruno Ferrari, al realizar una apología de los resultados económicos del actual gobierno, mientras el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, salió al paso de las versiones que señalan ‘que el desempeño de nuestra economía ha sido el peor en décadas…Cuesta mucho trabajo corregir el timón cuando se había torcido por mucho tiempo’” (La Jornada, 29 de mayo de 2012: 22).
115
y su equipo, así como los líderes del partido impugnaron a los priistas
general, acusándolos también del crecimiento de la pobreza y de la inse-
guridad pública (producto de la estrategia gubernamental contra dicho
fenómeno social).
Más allá de esta situación, a Calderón no se le vio en los actos de
campaña, ni recurriendo a las ventajas de los amplios recursos con los
que contaba. Mucho menos quedó en sus manos la decisión de la “gue-
rra sucia” para derrotar a sus contrincantes. El erario y los programas
sociales sí fueron aprovechados en algunas regiones, pero no constitu-
yeron prácticas ordinarias generalizadas de parte de los panistas o de
sus simpatizantes.
Hubo un solo acontecimiento en el cual el presidente intervino di-
rectamente en el proceso, cuando durante una reunión privada con em-
presarios dijo que Vázquez Mota estaba a punto de empatar con Peña
Nieto en las preferencias electorales. Tal información era notoriamente
discordante con todas las encuestas, que cotidianamente informaron de
un amplio margen a favor del candidato priista (La Jornada, 24 de febrero
de 2012: 2).
La reivindicación genérica de los logros de gobierno no fue sufi-
ciente para impulsar a la postulante panista. Por otro lado, el presidente
no lanzó señales claras para sus seguidores en el sentido de otorgarle
todo el apoyo. Y la candidata no hizo mayores acercamientos con la
corriente del presidente.
Uno de los hechos que afectaron la dinámica de la campaña fue el
pronunciamiento del ex presidente de la república, Vicente Fox, en apoyo
a Enrique Peña Nieto. En las primarias, pese a que Santiago Creel lo bus-
có para que le apoyara, nunca lo hizo. En ningún momento se compro-
metió con alguno de los aspirantes y tampoco lo hizo con Vázquez Mota.
Desde febrero, el guanajuatense se dijo estar dispuesto a dar su voto
por quien ofreciera la mejor propuesta para erradicar la violencia. Poco
después su respaldo al abanderado fue público y notorio (El Universal, 4
de junio de 2012: 11 y El Universal, 18 de junio de 2012: A8). El panismo
en general descalificó la postura de Fox, explicándola por su distancia-
miento para con el partido y con el propio Calderón, así como por su
contacto con los priistas en campaña, algunos de los cuales habían sido
116
formados en el Centro Fox (instancia de asesoría política y formación de
cuadros creada por el expresidente después del 2006) (Reforma, 23 de
febrero de 2012: A6).16 La justificación del presidente era su compro-
miso con México, y si la sociedad estaba mayoritariamente a favor del
priista, él consideraba que era necesario apoyarlo con la unión de todos
los ciudadanos y de todas las fuerzas políticas.
Es poco probable que el pronunciamiento del expresidente debi-
litara al PAN, porque el distanciamiento entre Fox y el partido era una
realidad desde antes de la llegada de Calderón al poder. Además, es
poco probable que la declaración pública del guanajuatense haya influi-
do entre los indecisos pues su influencia es francamente limitada. Los
medios recogen sus puntos de vista regularmente, pero no hay eco ni en
las élites políticas ni en la opinión pública (a diferencia de lo que pasa
con los pronunciamientos o acciones del ex presidente priista, Carlos
Salinas de Gortari).17
Algo parecido puede afirmarse sobre el apoyo que Manuel Espino
dio al candidato priista. En efecto, el ex presidente panista apareció
públicamente en un acto, junto con disidentes del PRD y otros grupos
políticos desplazados, para sostener que Peña Nieto era la mejor op-
ción. El hecho de que apareciera al lado de personalidades de izquierda
puso en claro su pragmatismo, y sus pretensiones no solo de golpear
a la campaña panista sino también de asegurar un cargo político para
el nuevo sexenio. De igual modo, esta postura diluyó la versión de que
Espino representaba a la ultraderecha; o, aceptando que lo fuera, indi-
caba que esta corriente había encontrado ya un nuevo espacio de acción
(extrañamente al lado de exguerrilleros, nacionalistas revolucionarios,
líderes obreros y demás políticos tradicionales).
16 Rubén Aguilar, ex vocero de Fox cuando era presidente de la república, declaró en entrevista: “Me pa-rece un error estratégico del gobierno de Calderón haberse distanciado de Fox. Hoy sería distinto este gobierno si Calderón se hubiera aliado a Fox y hubiera aprovechado la ventaja… pienso que ese error lo está pagando Calderón; no lo está pagando Josefina, Calderón es un constructor de la posible derrota del PAN” (Reforma, 27 de abril de 2012: A10).
17 Después de la elección, varios líderes panistas demandaron la expulsión de Fox por haberse pronuncia-do a favor del candidato priista (La Jornada, 24 de julio de 2012: 8).
117
5. LOS RESULTADOS EN EL CORTO PLAZO
El partido del presidente de la república fue derrotado por un amplio
margen en la contienda de 2012. Los resultados fueron desfavorables
no solo en la elección presidencial, sino en todos los comicios llevados
a cabo el primero de julio. En el proceso federal, el panismo se ubicó
en el tercer lugar. De acuerdo con el cómputo distrital dado a conocer
por el Instituto Federal Electoral (IFE), Josefina Vázquez Mota obtuvo
el 25.41%, lejos de López Obrador (que llegó a 31.59%) y del ganador
(que alcanzó el 38.21%). Solamente superó a Gabriel Quadri, que ape-
nas llegó a 2.29%.
Cuadro 1.Resultados del PAN en las elecciones federales 2012
Fuente: IFE, resultados distritales de las elecciones de presidente, diputa-dos federales de mayoría y senadores de mayoría por entidad.
VOTOS PRESIDENTE DE DIPUTADOS SENADORES LA REPÚBLICA FEDERALES
Absolutos 12,786,647 12,895,902 13,126,478
Porcentaje 25.41 25.89 26.28
De acuerdo con los resultados distritales, las proyecciones para la
integración de las cámaras colocaron al panismo como el segundo grupo
parlamentario más numeroso: según el cómputo distrital, obtendría 38
senadores (29 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional) y
114 diputados federales (52 de mayoría relativa y 62 de representación
proporcional) (IFE, 2012: A15). Por estado, la candidata ganó la mayoría
de votos únicamente en tres: Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas; so-
lamente en el primero era partido gobernante. En otras entidades donde
gobernaba, en dos quedó en segundo lugar (Baja California Sur, Sonora
y Jalisco) y en tercer lugar en Baja California, Morelos y Puebla.
En las elecciones locales, los datos positivos fueron la retención de
la gubernatura de Guanajuato y la conquista de los principales cargos
en Nuevo León. Pero los negativos fueron los más numerosos: perdió la
118
gubernatura de Jalisco, bastión que había controlado durante más de
20 años, y no pudo retener Morelos. Y casi no mostró presencia en las
contiendas por los titulares de los poderes ejecutivos en Tabasco, Chia-
pas y Distrito Federal.
Después de la derrota, el presidente Calderón trató de ratificar
institucionalmente su predominio en la estructura partidista. Convenció
a algunos de los más destacados dirigentes a impulsar la “refundación”
del partido, lo que en los hechos significaba la renuncia del líder na-
cional en funciones, la renovación de la dirigencia con cuadros leales y
cambios a los estatutos para “abrir” el partido a la sociedad (Reforma,
26 de julio de 2012: 8). La acción del presidente quedó solamente en el
intento pues Madero y la mayoría de los líderes estatales (con el apoyo
tácito de los cuadros contrarios del calderonismo) acordaron mantener
los plazos legales de sus respectivas gestiones, no sin antes comprome-
terse con una reforma supuestamente profunda de las estructuras, en
aras de hacer más competitiva a la organización panista.
Más allá de la evidente decadencia del poder del presidente sobre
la estructura del partido, lo cierto es que ninguna de las propuestas emi-
tidas por los panistas representa una novedad. Desde el sexenio foxista,
Acción Nacional se trazó como meta la de ser un partido más sólido,
más competitivo y más cercano a la gente. Los resultados demuestran
que no tuvo éxito en la faena. La reacción del presidente y otros de-
muestra que los panistas en general no han alcanzado a comprender las
causas de su derrumbe. Y sus propuestas de “refundación” no expresan
en realidad un proyecto de largo plazo para el partido. Pero como este
proceso está en curso, difícilmente podemos sacar conclusiones fuertes
al respecto.
6. CONCLUSIONES
El presidente Calderón trató de pasar de una relación endeble a un vín-
culo fuerte con el partido, lo que provocó un mayor centralismo y el
predominio de los gobernantes sobre los líderes partidistas o los coor-
dinadores parlamentarios. En consecuencia, aun cuando destacadas
119
personalidades del partido y grupos políticos locales impugnaron su
intervención, los seguidores del presidente ganaron la mayoría de los
espacios en los órganos nacionales de dirección. El comportamiento
de la dirigencia, centralista y elitista (por el hecho de usar el método
de designación para definir candidaturas), no hizo sino incrementar los
conflictos, debilitando la estructura y la campaña presidencial.
La gestión del presidente fue de continuidad, sin el impulso de polí-
ticas destacadamente panistas, alternativas a las de los gobiernos priis-
tas. Incluso en el tramo final de su periodo llevó a cabo políticas que en
otro tiempo había calificado y descalificado como “populistas” (como la
pensión para adultos mayores). La difusa identidad ideológica del gobier-
no se incrementó con Calderón, en aras de lograr el respaldo de la opo-
sición para sus acciones de gobierno o para sus iniciativas legislativas.
La gestión panista quedó empañada por la crisis económica inter-
nacional, por el nulo avance en el combate a la desigualdad social y por
la estrategia de guerra contra la delincuencia organizada. Estos factores
generaron un fuerte desánimo e incertidumbre en la sociedad, que se
tradujeron en votos de castigo contra el PAN. El triunfo del PRI fue más
el resultado de la ineficacia del gobierno panista que de los atributos de
su candidato, campaña u oferta electoral.
La candidata del PAN, sin ser de la corriente del presidente, era
leal al mismo. Tan fue así que reiteró su postura a favor de la continui-
dad en general. Y en específico destacaron sus posturas a favor de la
privatización de PEMEX, en pro de más impuestos, por la flexibiliza-
ción de las relaciones obrero-patronales, y favorable al incremento de
la calidad de la educación. Ciertamente demandó una redefinición de la
estrategia contra la delincuencia organizada, pero su postura no distaba
mucho de la del resto de los candidatos, ni representaba una ruptura
con el presidente Calderón. El panismo fue congruente con sus convic-
ciones, aunque sus cuadros no mostraron una lealtad a toda prueba con
el presidente o con la propia organización (al dar un endeble apoyo a su
abanderada presidencial).
El intento de Calderón por mantener su autoridad sobre el partido
aun dejando la Presidencia muestra las limitaciones del diagnóstico de
los panistas sobre su derrota en 2012. Es poco probable que uno de los
120
principales artífices de la derrota se convierta en el nuevo líder de Ac-
ción Nacional; mucho menos es pertinente que la candidata derrotada
lo sea (como al parecer vislumbró inmediatamente después de la jor-
nada electoral). Y las propuestas de “refundación” no aportan ninguna
novedad, ni muestran un proyecto acabado para el cambio que requiere
el partido para ser nuevamente competitivo. Pero eso solamente se verá
en el mediano o largo plazo. Mientras tanto, la frustración, el pasmo y la
inercia serán tres rasgos característicos del comportamiento panista al
abandonar los cargos públicos que usufructuó durante doce años.
121
FUENTES DE CONSULTA
• “El consenso de México” (julio de 2012), en Nexos, México, pp.
49-53.
• CORTEZ Salinas, Josafat y David Pantoja Morán (2010), “La reforma
de PEMEX”, en Zamitiz, Héctor (Coord.), Cambio político, reformas
e instituciones en México, 2007-2009, México, UNAM, pp. 191-250.
• ESCAMILLA, Alberto, Roberto Gutiérrez y Luis Reyes (Coords.)
(2007), México 2006: implicaciones y efectos de la disputa por el poder
político, México, UAM, 455 p.
• GARCÍA Guzmán, Maximiliano (2010), “La nueva Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, en
Zamitiz, Héctor (Coord.), Cambio político, reformas e instituciones en
México, 2007-2009, México, UNAM, pp. 287-312.
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versidad Iberoamericana-Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, 326 p.
122
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lidades del triunfo, México, El Colegio de México, 308 p.
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nos panistas”, en Sánchez Gudiño, Hugo y Gonzalo Farrera Bravo
(Coords.), Partidos políticos y sucesión presidencial en México 2012,
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• REVELES, Francisco (Coord.) (2008), El gobierno panista de Vicente
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• ZAMITIZ, Héctor (2009), “La lucha político-electoral de 2006: actua-
ción de los poderes fácticos y de las instituciones políticas”, en Za-
mitiz, Héctor (Coord.), México 2006: la contienda ideológico-pragmá-
tica y los límites del poder institucional, México, UNAM, pp. 161-204.
123
EL PRESIDENTE CALDERÓNY EL ACTIVISMO PRESIDENCIALEN LAS ELECCIONES DE 2012
MANUEL VILLA AGUILERA1
1
La intervención beligerante del presidente de la república en el proceso
electoral, muy perniciosa práctica priista, no se canceló del todo con la
alternancia, la han continuado los dos presidentes de este periodo. De
ahí la exigencia de analizar el papel que jugó el presidente Calderón en
estos comicios para la renovación de la presidencia y el congreso federal
y, en general, en el sistema representativo.
El desempeño presidencial no es solo materia de actitud personal,
sino que involucra al conjunto del sistema de una peculiar manera; al
mismo tiempo, las condiciones del régimen acotan las acciones presi-
denciales. Siendo así, es necesario considerar la participación presiden-
cial al menos desde dos perspectivas complementarias: una, la lógica
política del propio presidente, su modo de ver la lucha por el poder y su
concepción del país; y, dos, las condiciones específicas del régimen polí-
tico, en la situación de una democratización interrumpida y, en algunos
aspectos, hasta deformada. Esto es, la de un sistema que se abrió a la
pluralidad partidaria, dando paso a la alternancia, con la deficiencia de
1 Doctor en Ciencia Política por el Birbeck College de la Universidad de Londres. Profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
124
que, el partido democratizador -tanto en la primera como en la segunda
gestión de la alternancia-, desertó de su principal responsabilidad: se-
guir adelante con los cambios, contribuyendo, en consecuencia, más a
la deformación del régimen democrático que a su consolidación.2
Al hilo de dos principales preguntas se analizarán estos temas:
¿Hasta dónde las opciones de Calderón favorecieron el afianzamiento
de los fines de la alternancia, dejando un marco sólido e inamovible
en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no podrá volver
a sus prácticas? o ¿Hasta dónde Calderón deja como herencia un siste-
ma, diríase híbrido que, aunque cargado hacia la operación pluralista y
competitiva, conserva amplias zonas de control tradicional, de rezago
predemocrático y de resistencia al cambio, fortalecidas por inmovilismo
reformista del propio Calderón?
2
Por lo que toca al desempeño de Calderón es claro que su perfil de políti-
co y de gobernante no correspondió al de un líder de la democratización
y la reforma de las instituciones. Su perfil, encubierto por el manto legi-
timador del panismo llamado doctrinario, heredero de la calidad moral
y de la voluntad justiciera y de bien común de su tradición, sin embargo,
resultó ser el de un político cuyos reflejos políticos, sus modos de ope-
ración, su socialización política, en lo más mínimo honra a esa tradición
que se invocaba como inherente.
Por experiencia, dolorosa si se quiere, Calderón y su generación,
parecen haber renunciado a la buena voluntad panista, al solidarismo
cristiano, para optar por el realismo inmediatista. Ese realismo se vio
alimentado, además, por la influencia tecnocrática, su formación y
orientación los coloca en la visión de mercado, de tal manera que cual-
quier idea de compromiso social (no de justicia social) y de transforma-
ción democrática radical es ajena, que no sea como política asistencial
2 Sobre los límites de la democratización y cambios en la alternancia véase Zamitiz G., Héctor, 2010b: 9-15 y Muñoz Patraca ,V. M., 2011b.
125
o, simplemente, está postergada bajo el supuesto de que el mercado irá
resolviendo problemas sociales.3
Hay que agregar que Calderón en su gobierno ha formado una elite
forjada en la universidad privada y en las norteamericanas que tiene una
idea pragmática del poder, ocupar posiciones, llevar a cabo políticas
públicas, obtener ventajas de grupo. En suma, para ellos, en política
lo importante es ganar el poder y conservarlo, no generar organización
y movilización social, ni fortalecer la vida del partido por esa vía, ni
efectuar la función gubernamental mediante acción ciudadana. En el
enfoque y la operación son elitistas.4
Políticamente, entonces, no debe de sorprender que su objetivo
central haya sido evitar, a como diera lugar, el retorno del PRI y conser-
var el poder, ya no para el partido, el Partido Acción Nacional (PAN),
sino para el grupo calderonista. Aparece aquí un rasgo del viejo presi-
dencialismo, de la práctica del PRI, que la alternancia no pudo superar.
Y también una suerte de fijación que tiene esta elite, con tintes casi
rencorosos contra el PRI, es biográfica, y se observa hasta en algunos
de los más refinados cuadros como Juan Molinar Horcasitas y el propio
Alonso Lujambio.
La orientación que de manera general aquí se caracteriza como de
mercado del calderonismo, no solo obedece a los tiempos, a la sociali-
zación profesional, a la configuración de una elite privilegiada, sino al
curso seguido por el PAN. El PAN en el que crece políticamente Calderón
no era más el histórico, sino un partido muy limitado por sus enfoques,
su visión de México, su estéril intensión solidarista y que se repone ha-
cia 1979 de un declive por agotamiento de su doctrina y prácticas. Es
el PAN que, ya conquistado por los pragmáticos del Norte, llevara a la
presidencia a Vicente Fox. Se trata de un fenómeno complejo de con-
glomeración de intereses regionales que encuentra en ese partido una
3 Véase Solórzano, Carmen, 2002 y Valverde Viesca, Karla, 2010.4 “Tal fue el caso cuando desde la presidencia se impulsó la candidatura de Germán Martínez, personaje
que junto a otros como Cesar Nava y Juan Camilo Mouriño se sumaron al PAN de la mano de Calderón en la renovación de grupos panistas de fines de los ochenta. Si bien su dirigencia duró hasta el descala-bro de las elecciones de 2009, dejó en claro que el panismo no soltaría la ruta del pragmatismo, dentro del cual se suscitó el más reciente relevo, precisamente por alguien del mismo grupo calderonista Cesar Nava.” (Mirón, 2009: 180).
126
magnífica plataforma de operación, independientemente de sus valores,
tradición y fisonomía.
El dato central de esta modalidad bronca del panismo, está en que
coincide y se armoniza con el proceso de disgregación del estatismo y
el fortalecimiento de los poderes territoriales, los que, ya de antiguo, ve-
nían combatiendo al PRI. Solo que, como se comprobó en la presidencia
de Fox, no tenían oferta alternativa de sistema ni de democratización,
sino solo objetivos de recuperación en su beneficio del poder concentra-
do en el viejo centralismo.
Como todo poder territorial, hacerse fuerte y mantener el dominio
en su entorno, plantea un problema, la imposibilidad de extensión, de
ampliación de ese dominio, pues el esfuerzo principal consiste en man-
tener el territorio propio. Como consecuencia, no hay ni visión nacional
ni mucho menos capacidad de integración nacional. De ahí que el PAN
quedara como un gran anillo de oligarquías, con base electoral impor-
tante, pero incapaz de integrar una visión nacional, una alternativa de
poder nacional, hegemónica, es decir, con capacidad de dirección polí-
tica de la nación.5
El partido quedó así, condenado a la condición de confederación
de poderes. Y en el conocimiento de ella, en la capacidad para trabajar
esos intereses, se procesa la construcción de la candidatura de Calde-
rón, quien habrá de cargar con las limitaciones que ello conllevaba.
La elección del pasado julio para Calderón estaba marcada por
el gran fracaso de 2009, relativamente diluido en la opinión pública,
mediante medidas de impacto rápido, como la renuncia del presidente
del PAN, seguida de una tormenta de publicidad masiva de la presiden-
cia y, ante el limitado impacto de esto, finalmente, con la búsqueda de
aliados políticos.
Lo primero, la renuncia del presidente panista, apenas si tuvo efec-
tos; la publicidad masiva de la presidencia los ha tenido, pero limitados.
De manera que el presidente perdía recursos ante el crecimiento del
PRI, de la candidatura de Peña Nieto y la escasez de fuerza del panismo.
5 Sigo básicamente a Reynoso, V. M. (2005); Hernández Vicencio, T. (2005) y Reveles Vázquez, F. (2005).
127
Pero no solo ello, el panorama era todavía menos promisorio dada la im-
posibilidad de encontrar un líder de calidad y de estatura entre el calde-
ronismo para promoverlo como candidato presidencial del PAN. El pro-
pio carácter del calderonismo, una suerte de congregación de amigos,
con un jefe supremo, limitaba de suyo la formación o el reclutamiento
de personalidades políticas de alto calibre. La debilidad del presidente
como jugador en la sucesión presidencial era evidente.
En este contexto surge la tercera carta de Caderón, las alianzas
electorales con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, en mu-
cho, con disidentes del priismo, cobijados por el PRD. Los resultados
ya se veían venir desde entonces, el antipriismo de Calderón resultaría
una inyección de vitalidad para el perredismo; de modo que los benefi-
cios de esas alianzas serían magros para el PAN y Calderón, y bastante
jugosos para el negro-amarillo. La derrota del PAN y PRD en el Estado
de México marcaría la tendencia hacia el 2012, como la mayoría de
analistas lo sugirieron.
Lo que seguiría no es sino la marcha errática de un presidente con
un solo objetivo, conservar el poder personal y el de su grupo.
3
Con la alternancia, y de hecho desde que detonó la dinámica del cam-
bio en el régimen, el presidente fue perdiendo control y capacidad de
decisión, incluso de concertación. Sin embargo, los presidentes de la
alternancia no dejaron de intervenir, poco menos que los priistas, solo
porque las condiciones los restringieron; Fox y Calderón trataron de ir
tan lejos como pudieron, aunque ya no pudieron mucho.
Viéndolo en más amplio plazo, se puede afirmar que no solo los
presidentes de la alternancia, sino todos los presidentes de la transición
al pluralismo, de Salinas a Calderón, resultaron los principales derro-
tados del proceso sucesorio y los comicios y, al paso del tiempo, con
intensidad y contundencia crecientes.
Los presidentes fueron derrotados en su partido y en la elección,
sin ninguna duda, Fox y Calderón lo fueron en su partido. Vicente Fox su-
128
frió al menos tres descalabros: el primero, en el PAN, no pudo imponer a
su candidato; el segundo, en la contienda interpartidista, no pudo evitar
la candidatura de López Obrador; y el tercero, en la elección misma,
en la que su partido, el PAN, apenas si ganó en condiciones rudamente
controversiales.
La misma es la historia con Calderón. No logra imponer a su candi-
dato -y en ambos casos imponer no es hiperbólico-, no impide el triunfo
del PRI, un objetivo manifiesto y la candidata de su partido pierde casi
catastróficamente.
No fue igual la situación en el caso de Carlos Salinas y Ernesto
Zedillo, pero sí similar, con tonos todavía tenues. Salinas impone a su
candidato, pero Colosio es asesinado, es evidente que por fuerzas que
buscaban dañar al propio Salinas. Zedillo no es de ninguna manera su
hombre, es la única alternativa que tiene, decide el presidente en condi-
ciones del más severo acotamiento. Zedillo coloca a su candidato bajo
una gran tensión en el PRI, resultado de una nada sana distancia, pero
al costo de que el priismo partidocrático se impone y cerca al candidato.
Y el PRI pierde la elección. Que Zedillo haya reconocido la derrota priista
y el triunfo de Fox, le ha dado un halo de santidad democrática, pero ello
no debe oscurecer el hecho de la derrota, la que, no por muy deseada y
conveniente que haya sido, no fue un logro de él, sino de las oposiciones.
El hecho duro de política es que Zedillo no tenía alternativa, ajeno a su
partido y distanciado de él, optó por ganar el cobijo de las oposiciones.
En suma, desde Salinas y de manera claramente antecedente
desde Miguel de la Madrid -Salinas fue repudiado en el PRI, aunque
tuvieron que aceptarlo, y su triunfo fue el más controvertido desde
1952-, el poder electoral del presidente se ha venido abajo en una
tendencia en picada que parece haber tocado fondo en esta pasada
elección de julio 2012.
129
4
En consecuencia, Calderón presidente ni lidera a su partido, ni cuenta
con recursos institucionales, partidarios y de base social, para llevar
adelante un modelo de nueva gobernabilidad. Lo que revela nítidamente
el problema de las condiciones sistémicas distintas -una vez alteradas
pero no superadas las de la era priista-, que ahora condicionan y acotan
la operación presidencial.
Dado el errático liderazgo presidencial, la pasada contienda elec-
toral, evidenció de manera muy aguda la permanencia de deficiencias
en la operación de la política nacional, en razón de las cuales el nivel
de controversia y conflicto latente no se reduce al mínimo, sino que se
potencia. Ello se debe a la remanencia de fermentos sistémicos que pro-
pician el conflicto -no importando qué tanto los actores políticos estén
interesados en alentarlo-, en todo caso, para quienes conviene servirse
de ellos, es fácil exacerbarlos.
Para una nutrida corriente de análisis, el problema radica en defi-
ciencias todavía no corregidas del sistema electoral, de modo que ya se
han sugerido cambios en la ley. Sin embargo, también se argumenta, la
reforma a la ley solo traslada a una siguiente fase el círculo vicioso de
cada elección: realizar cambios en la legislación que procesen el ajuste
de cuentas entre los contendientes, es decir, que desahoguen los moti-
vos de conflicto. El régimen electoral queda así, como en un sistema de
cómputo, parchado contra el virus de los pasados comicios, pero conti-
núa vulnerable a los de la siguiente ronda.6
Para otra perspectiva, la que aquí se propone, se trata de males
de mayor profundidad radicados en zonas más estratégicas y definitivas
de la operación política; es decir, de deficiencias en el conjunto de la
operación sistémica del arreglo institucional.
La anomalía tiene varias causas de diverso orden; aquí importa re-
ferirse a una de singular relevancia y contundencia: la democratización
no redistribuyó el poder de acuerdo al peso de fuerzas socialmente sus-
6 Sobre la dinámica de estos cambios véase González Olguín, Cesar, 2011.
130
tentadas en organización ciudadana o en configuraciones de poder eco-
nómico, radicalmente dispuestas a instaurar el cambio hacia un capita-
lismo verdaderamente renovador sino, simplemente, se desconcentró el
poder estatal de la presidencia priista, en bloques que se desarticularon
de ella, autonomizándose, pero manteniéndose como tales y, sobre todo,
dependiendo del Estado, dado que todos son genéticamente estatistas.7
Visto en su aspecto más evidente, resalta un hecho significativo,
que es el que aquí se pone a discusión: la pérdida de un centro de con-
certación de fuerzas, de garantías y disciplina entre ellas, función que
antes jugaba el presidente de la república. Se trata de uno de los cambios
más relevantes, si no el más, en el paso del régimen priista al de la plu-
ralidad (no estoy tan seguro que al de la democracia). Como es bien sa-
bido, la pieza central y dirigente del viejo sistema fue la presidencia de la
república; el presidente conducía el proceso de sucesión y de renovación
de gobiernos, estatales y nacional, incluidas las cámaras del congreso.
Ese modo de operación tenía, desde el punto de vista de la regula-
ridad y normalidad del proceso, una gran ventaja, el conflicto en poten-
cia -siempre lo hubo- estaba bajo control. Desde luego, son sabidas las
desventajas englobadas en la condición autoritaria de esa modalidad.
5.
Plantearse este problema, implica ir directamente al de la clase política.
Tema éste no solo desatendido en el proceso de cambio en México en los
últimos treinta años, sino en la Ciencia Política. No solo es problemático
porque los conceptos sobre los actores de la política dependen de un
tratamiento sustancial, pero en algún grado anacrónico, pues poco se ha
avanzado desde los estudios de los clásicos de principios del siglo XX.
Peor aún, el fenómeno de la clase política ha sido relegado, reduciéndolo
al de las élites, si bien importante, insuficiente.8
7 Véase, Villa Aguilera, M., 2010.8 El tema de la clase política y los impactos en el tránsito del Estado Intervencionista a la economía de
mercado en México en su primera fase los analizo en Villa Aguilera, M., 1996: 33-52.
131
Dos procesos históricos durante el siglo XX y especialmente duran-
te el auge del estatismo determinaron cambios sustanciales en la clase
política. Uno, el despliegue del Estado, al que acompañó el desarrollo de
los partidos de masas y de las organizaciones corporativas, generando
bases estructurales de ampliación y diversificación de la clase política,
algo hasta ahora apenas analizado. El segundo proceso vino con la crisis
del estatismo y la democratización. Ésta respondió a un ascenso de la
participación social, de la diversidad propia de la sociedad civil e, igual-
mente, a un impulso del mercado. La consecuencia de conjunto, ya en
este siglo, es que el mercado ha sometido a las fuerzas sociales a sus
términos y reglas. Lo que aquí importa es el impacto sobre la clase polí-
tica: se incrementa su tamaño y su capacidad de monopolio de la inter-
mediación, pero se reduce y de forma considerable la de representación.
Por efecto del primer proceso -crisis del estatismo- se propició la
ampliación de la clase política y su afianzamiento en zonas estatales
de las que no se desarraiga sino hasta al fin del estatismo. Solo que, y
éste es ahora el hecho relevante, tal desarraigo lo consigue autonomi-
zando zonas del Estado, a las que fracciones de esa clase mantienen
como territorios firmes de su operación y presión al Estado así como
al mercado.
El segundo proceso -la democratización en el mercado-, reduce al
Estado, pero la democracia queda sometida al mercado; fraccionando
así las fuerzas sociales en dos sentidos: en el vertical, estratificando y
aislando franjas sociales, ahora prácticamente imposibilitadas de esta-
blecer lazos de solidaridad y de vinculación política; por otra parte, en
lo horizontal, consolidando dominios territoriales, a su vez, asociados
al mercado, gracias a los que refuerzan su dominio económico y so-
ciopolítico sobre el resto del conjunto social, de suyo ya limitado por la
estratificación políticamente desvinculante.
Se generan así, lugares autónomos de asentamiento y reproduc-
ción de sectores de la clase política, con independencia de los partidos.
Éstos, entonces, se convierten en muchos casos en alojamientos tempo-
rales de esos sectores, a los que se puede abandonar en cualquier mo-
mento, ubicándose en otros partidos, sin pagar prácticamente costos.
La lealtad a la organización es un requisito inexistente.
132
Esa capacidad, o autonomía de operación de fracciones de la cla-
se política, les permite negociar con los múltiples centros de poder, ya
sean territoriales, ya del mercado, o producto, las más de las veces, de
combinaciones de uno y otro. De tal forma que, sin constituir un poder
alternativo, la clase política sí configura un poder intermediario de ca-
rácter monopólico; el que, con esa capacidad, obtiene beneficios de la
sociedad: votos; lealtades, afiliaciones y hasta recursos; así como del
mercado, financiamientos, desde luego; compra de servicios de cabildeo;
y, de los poderes territoriales, cuadros y afianzamiento del monopolio
intermediador; una vez que, sobre todo, los fortalece frente a los poderes
federales, al tiempo que les garantiza contención y hasta desvío de la
demanda social, cargándola contra el poder federal y amortiguando así
la presión local. Indudablemente, se llega al punto en que esto lleva al
peor escenario, propio ya de México, la impunidad de sectores de la clase
política para negociar con poderes fácticos y hasta delincuenciales.
Puesto en estos términos, el hecho es que el poder federal y en
especial la presidencia de la república, han quedado prácticamente
cercados, acotados, pero no por la democratización y la participación
social, sino por una clase política que les limita por todas partes, una
vez que tiene el monopolio de la intermediación y la desmovilización
de la sociedad.
Se trata de lo que yo he llamado, siguiendo a Charles Tilly (2007),
contra-democracia. Es decir, el proceso de democratización, nacido de
un conjunto de fuerzas sociales, es revertido, tanto por el nuevo interme-
diario, la clase política, como por los poderes del mercado y las organiza-
ciones, que resultaron fortalecidas con el derrumbe del estatismo.
La consecuencia más desastrosa para el régimen democrático y
los ciudadanos consiste en que el proceso de representación, que debió
de enriquecerse y fortalecerse, es trastocado en vez dar forma a una au-
téntica representación político institucional, lo que se configura es una
capa de intermediación parasitaria.
Al elector no le queda sino elegir de entre aquellos que, necesa-
riamente, deben ser parte de los intermediarios para ser postulados y
convertirlos ya en el congreso o en el ejecutivo en sus representantes,
133
es decir, legitimando a sus expoliadores, colocándolos en condición de
gobernantes legítimos, pero sin compromiso ni control ciudadano ni so-
metimiento a rendición de cuentas.
El problema es que los presidentes, desde Ernesto Zedillo y hasta
Calderón -éste de manera drástica-, han sido sometidos, cada vez más,
a este anillo de acotamiento, principalmente, porque ellos mismos sa-
lieron de ese conglomerado. Pertenecen de origen a la clase política de
la contrademocracia.
6.
El aspecto fundamental en la operación de los políticos en un régimen
democrático radica en el sistema de reglas no escritas, pero perfecta-
mente coherentes con las leyes escritas del orden institucional. Estar
bajo el sistema de reglas no escritas supone acatar un requisito inamo-
vible: el interés de todos por sobrevivir a la lucha por el poder radica en
respetar las reglas. Violarlas, romper acuerdos, tratar de beneficiarse de
la evasión de las reglas, es la peor inversión. Esto no solo se cumple por
convicción, algo que no se le puede pedir al político, menos en la era del
mercado, sino porque el conjunto cuenta con un mecanismo que incen-
tiva al cumplimiento y con otros que penalizan la violación de la regla.
En su fase más visible esto se observa, más comúnmente, pero en solo
una dimensión, en la llamada disciplina de los partidos y las fracciones
parlamentarias.
Sin embargo, el mecanismo es más complejo. Y hay que decir
que es mucho lo que falta por estudiar sobre este tema. Lo poco que
se puede afirmar por ahora es que la clase política genera centros de
control, que es lo que he llamado centro de concertación, garantías y
disciplina. Podría decirse que es más o menos claro que estos centros,
por ejemplo, se localizan en el caso inglés en el Parlamento y en el nor-
teamericano en el congreso y más específicamente en el Senado como
culminación de los centros de disciplina radicados en los partidos. Por
134
supuesto, las radicales diferencias entre los partidos norteamericanos
e ingleses hablan de mecanismos y procesos similares en sus objetivos
pero en modalidades bien diferenciadas.
¿Cuál es la situación en México?
El asunto hay que verlo en sus dos tiempos: de una parte, el del
estatismo y el presidencialismo priista; de otra, en el de la democratiza-
ción. Durante el primer periodo, el centro de concertación y disciplina,
como es más que bien sabido, estaba en la presidencia. La razón es que
la disponibilidad de recursos del Estado, en manos del presidente, ge-
neraba los medios para multiplicar los incentivos a la concertación y la
disciplina, así como los necesarios para el castigo y hasta la represión,
frecuentes en ese periodo.
Justamente, el problema de la democratización en México radica
en que, al desmontarse parcialmente el presidencialismo más bien lo
que se desagregó fueron sus bases estatales de sustento. Con el po-
der del Estado muy recortado, reducido en recursos, el presidente no
puede disciplinar más a la clase política. El problema es que ésta no se
transformó en una clase propia de la democracia, como ya se señaló.
Como no es democrática, no está en su interés generar el centro de ne-
gociación y disciplina. Al contrario, hace todo por evitarlo. Y es evidente
que a los poderes, especialmente los del mercado y los territoriales, les
conviene un intermediario que, aunque costoso, mantenga inmóvil al
presidente, por una parte, y la sociedad, por la otra.
Hay que agregar que, desde luego, aquí no se sugiere, no solo por
convicción sino por realismo analítico, que lo recomendable sea volver
al viejo presidencialismo centralista -por lo demás casi imposible-, sino
que hay que buscar el modelo en el que el control de la clase política
radique en el espacio de mayor representatividad que es el congreso.
Para llegar esto, al menos analíticamente porque en la práctica es algo
verdaderamente complicado, se requiere plantear con propiedad el pro-
blema de la gobernabilidad.
Conviene recordar que el problema ha sido intuido por Enrique
Peña Nieto, bajo el propósito de establecer una Presidencia Democrá-
tica, pero es evidente que los medios que él plantea para ello revelan
una visión muy superficial y hasta ingenua del problema. Se diría que
135
para Peña Nieto es un asunto de buena y sana administración, casi una
solución porfiriana.9
Hasta ahora la idea o el principio de gobernabilidad, en lo más
aceptado, se resume en la convivencia, relativamente armónica o, más
inclinada a la armonía que a la ruptura, entre congreso y presidencia.
Sin embargo, en realidad se trata de un proceso al menos de tres ver-
tientes. La coordinación congreso-presidencia, como la vía más conve-
niente para ambos poderes; pero ésta solo alcanza grados suficientes
si se cumplen otras dos condiciones o vías de gobernabilidad: la de la
disciplina de la clase política, que se somete a esa convivencia y evita al
máximo atentar contra ello -so pena de fuertes castigos-; y, por último,
la satisfacción de la demanda social por parte de las políticas públicas
-y en esa medida por el ejecutivo-, de tal manera que en la sociedad no
se generen fermentos que estimulen a la clase política o a sectores de
ella a servirse de ellos y del inevitable malestar social, facilitándose, en
consecuencia, el sabotaje de la disciplina hacia presidencia y congreso.
El modelo presidencialista operaba mediante la alta centralización
y extrema concentración de recursos, en esa medida todas las instan-
cias de gobierno eran prácticamente dependientes del poder central. De
ahí que la Secretaría de Gobernación era, en los hechos, el Big Brother,
vigilante de todos y cada uno -congreso, gobiernos estatales y municipa-
les-, al menos de los de mayor y mediana importancia.
El modelo implicaba también el claro sometimiento de los pode-
res económicos y sociales locales y regionales. La participación política
abierta estaba limitada, si no es que vetada; sin embargo, todos los
subordinados recibían beneficios a cambio de la sumisión. El conjunto
económico social, las transformaciones del sistema económico global
que mucho afectaron a México y la crisis del Estado intervencionista,
permitieron que los poderes institucionales y socioeconómicos en los
estados, no solo se expresaran, sino que se movilizaran y recuperan el
9 Aunque no necesariamente representa el punto de vista de Enrique Peña Nieto, es interesante notar que en un volumen dedicado al tema, de la revista Plataforma, publicada por la Fundación Colosio, varios analistas, la mayoría priistas, tratan del tema. Lo que ahí se ofrece son propuestas de reforma de gobierno, básicamente de sector público y de políticas públicas, nada que ver con un modelo de gobernabilidad democrática en el marco de un régimen y un Estado reformados. Estos dos últimos temas, inasibles para el priismo, brillan por su ausencia.
136
dominio pleno de sus territorios. Se desmontó, en muy buena medida,
la gobernabilidad presidencialista. El problema es que no se le sustituyó
por una modalidad democrática.
Lo que quedó es lo que ahora se padece, una multiplicidad de cen-
tros de dominio. Los gobiernos estatales a cargo de la gobernabilidad
de la entidad, pero no en forma integral, en muchos casos por tensiones
con los municipios grandes, en otras, por insuficiencia de recursos que
no provee la entidad federal. Paralelamente, los poderes socioeconómi-
cos, también limitan la amplitud de gobernabilidad, no importando que
el partido del gobernador tenga mayoría en el legislativo local. El resul-
tado neto ha sido pérdida de centralidad del gobierno federal, carencia
de políticas nacionales y multiplicación de conflictos regionales y esta-
les, con los que apenas si pueden los poderes locales y con el agravante
de que apenas si cuentan con un Estado central al cual recurrir.
7
El PAN resultó ser el vehículo organizacional mejor equipado y colocado
para impulsar el derrumbe de la vieja gobernabilidad y luchar por la
liberación de ataduras, mediante un sólido discurso anticentralista y
antipriista. Al discurso y las acciones se les dio un rango mayor y de
alcances nacionales con el reclamo de la democratización; sin embargo,
nunca hubo por parte del PAN, ni la más elemental propuesta de gober-
nabilidad alternativa. De ahí que Fox y Calderón gobernaran, principal-
mente, con los recursos remanentes del viejo presidencialismo, por lo
demás en pleno desgaste, y no con fórmulas innovadoras tendientes a
su remplazo eficiente.
El error fundamental o la omisión de los dos presidentes de la
alternancia, estuvo en que en ningún momento consideraran abandonar
la lucha parcial contra el priismo, contra el viejo régimen, para concen-
trar esfuerzos en la construcción del nuevo modelo. Sus propuestas, en
general, no hicieron sino seguir las retóricas, el antipriismo monotónico,
al tiempo que las fórmulas de una intelectualidad y de unas elites que,
137
a su vez, las tomaban de experiencias de otros países o de diseños aca-
démicos dominantes durante una dada temporada.
En otras palabras, la situación del país requería del abandono de la
posición partidaria, de la condición de contendiente, para asumir la del
constructor de consensos para fines de la restructuración del régimen.
De haberse dado esto, ahora ya se estaría volviendo a las posiciones par-
tidarias respecto del diseño de acciones de gobierno y políticas públi-
cas, pero sobre la base de un arreglo institucional renovado y reconocido
por todos. No hay tal, en buena medida, porque no se hizo lo necesario.
El panismo adujo que el PRI fue el principal obstáculo a las re-
formas, mucho hay de eso, pero se simplifica; se pasan por alto dos
cuestiones: Una, las medidas contenidas en la propuesta de reforma del
Estado, no apuntaban a la solución de los problemas de rediseño de go-
bernabilidad, no pasaron de ser alegorías de las teorías de las formas de
Gobierno. Dos, los presidentes nunca abandonaron la condición esencial
de contendientes partidarios, mantuvieron como principal tarea la liqui-
dación del PRI. Una vez en el gobierno, la prioridad de Fox y más aún
de Calderón, fue evitar la vuelta del PRI a Los Pinos. Objetivo que Fox,
más grave aún, extendió al PRD de López Obrador; en cualquier caso,
la condición de contendiente de Fox se impuso. Lo mismo ocurrió con
Calderón, más angustiantemente, y con mayores costos para el proceso
electoral de 2012, porque esta vez el PRI sí avanzaba en condiciones
reales para retornar al poder.
La de Felipe Calderón, en consecuencia, no es sino la situación
límite del vicio arraigado en el presidencialismo mexicano, el de la in-
tromisión electoral del presidente para preservar poder personal y que,
inevitablemente, concluye en una gran derrota. En los comicios de 2012,
Calderón es un presidente apresado en una ambigüedad: su partido, el
PAN, llega al poder gracias a la democratización y Calderón llega a la
presidencia gracias a poderes territoriales y sectoriales que han deteni-
do la transición.
139
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143
LA NUEVA CORRELACIÓNDE FUERZAS EN EL CONGRESO
DE LA UNIÓN
MARCO ANTONIO MICHEL DÍAZ1
Para entender mejor la actual correlación de fuerzas en el Congreso de
la Unión, vale la pena hacer un pequeño resumen histórico del mismo.
De 1933 a 1996, México contó con un sistema político en el que el
presidente de la república se desempeñó como jefe de Estado, jefe de
Gobierno, jefe de partido y contaba con una afinidad de parte de la ma-
yoría del Congreso de la Unión. Es decir, las decisiones importantes en
materia de legislación se tomaban desde la presidencia de la república.
Aspectos a resaltar durante este periodo:
1. En 1933 se extiende el período presidencial de 4 a 6 años; el de
los diputados, a 3 años; y el de senadores, a 6. Asimismo, se pro-
híbe la reelección de legisladores para el período inmediato.
2. En 1963 se estableció el sistema de diputados de partido, que
permitió a los partidos de oposición que obtuvieran más del 2.5%
de la votación acreditar un cierto número de diputados.
3. En 1977 se incorpora el sistema mixto de representación (300 di-
putados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional).
4. En 1986 se amplió el número de diputados electos mediante el
principio de representación proporcional (200 diputados en 5 cir-
cunscripciones, 40 por cada una de ellas).
1 Licenciado en Economía por El Colegio de México.
144
5. En 1996 el Senado se amplió a 128 senadores, de los cuales 3 de
cada estado son electos por mayoría (2 del partido ganador y 1 al
segundo lugar) y 32 de la lista nacional que pertenece a cada par-
tido y de acuerdo al porcentaje de votos obtenido. En esta misma
reforma se estableció que ningún partido podría tener más de 300
diputados por ambos principios, ni tener una representación que
exceda de 8 puntos su votación.
Gráfica 1.Histórico de diputados
Fuente: Elaboración propia.
50
100
150
200
250
1997 2000 2003 2006 2009 2012
237
116
129
PRDPRIPAN
204
62
183
198
96
144
97
116
190
220
63
141
213
100
113
145
1997 es clave para la vida democrática del país y para el sistema
de pesos y contrapesos derivado de la división de poderes, ya que a par-
tir de ese momento ningún partido político ha contado con la mayoría
absoluta2 en el Congreso de la Unión.
Las decisiones públicas, particularmente en el poder legislativo,
han dejado de ser verticales y la pluralidad política ha ido creciendo
constantemente durante seis legislaturas en la Cámara de Diputados y
cinco en el Senado de la república, hecho que se ratifica con el reciente
proceso electoral.
Hoy en día, el Congreso de la Unión se ha convertido en un factor
clave para la toma de decisiones públicas, pues inclusive el propio poder
ejecutivo requiere del cabildeo sistemático ante el legislativo para lograr
la aprobación de sus propuestas. Cumpliendo con esto el espíritu del
Congreso de la Unión como un contrapeso a las decisiones que toma el
ejecutivo federal.
Grafica 2.Histórico de senadores
Fuente: Elaboración propia.
10
20
30
40
50
60
70
2000 2006 2012
60
33
15
2622
45
PRDPRIPAN
52 52
38
2 Porcentaje de votación correspondiente a la mitad más uno de los integrantes de alguna de las cámaras al momento de tomar una decisión o realizar una votación.
146
El desarrollo del sistema democrático nacional y la integración del
Congreso de la Unión en las últimas legislaturas, se ha reflejado en el
incremento de la participación de los actores políticos, económicos y
sociales. El Congreso de la Unión es el ente por excelencia de la repre-
sentación ciudadana y de los grupos organizados, las decisiones que
se toman en su interior invariablemente necesitan ser colegiadas. En él
participan todos los sectores de la sociedad. Estos actores, entienden
la importancia de participar en la elaboración e instrumentación de las
políticas públicas, pues las decisiones que se toman probablemente les
afectarán.
Tabla 1.Iniciativas por legislatura
Fuente: Integralia, Reporte Legislativo, No. 3, LXI Legislatura (2009-2012).
LEGISLATURA INICIATIVAS INICIATIVAS SENADORES PRESENTADAS APROBADAS APROBACIÓN
LVI (1994-1997) 266 119 44.7
LVII (1997-2000) 641 152 23.7
LVIII (2000-2003) 1,205 313 26
LIX (2003-2006) 2,891 563 19.5
LX (2006-2009) 2,853 546 19.1
LXI (2009-2012) 3,509 430 12.2
Desde la LVII Legislatura (2000-2003), los ciudadanos han deci-
dido que el presidente no cuente con la mayoría absoluta en ninguna
de las cámaras y en la LVI Legislatura (1997-200) fue la última ocasión
en la que el presidente contó con la mayoría absoluta en por lo menos
una de éstas.
Para reforzar la teoría del contrapeso que ejerce el Congreso de la
Unión y la pluralidad que existe dentro de éste, basta con observar la
relación que muestran las iniciativas presentadas contra las aprobadas,
misma que ha disminuido considerablemente pasando de un porcentaje
de aprobación del 44.7% en la LVI Legislatura (1994-1997) al 12.2% en
la LXI Legislatura (2009-2012).
147
1. NUEVA INTEGRACIÓN: CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADO DE LA REPÚBLICA, LXII LEGISLATURA
Contrario a todo lo que se pensaba previo al proceso electoral del 1 de
julio del presente año, referente a que el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
podría llegar a obtener la mayoría absoluta cuando menos en una de las
dos cámaras, la integración final del Congreso de la Unión resultó muy
equilibrada y en consecuencia, se requerirán de coaliciones parlamenta-
rias para garantizar las reformas estructurales que el presidente electo
ha planteado desde su campaña.
La distribución de escaños y curules para la LXII Legislatura del
Congreso de la Unión quedó de la siguiente manera: el Partido Revo-
lucionario Institucional cuenta con 54 senadores y 211 diputados; el
Partido Acción Nacional (PAN), con 38 senadores y 114 diputados; el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 22 senadores y 104
diputados; el PVEM, con 7 senadores y 28 diputados; el Partido del Tra-
bajo (PT), con 5 senadores y 15 diputados; Movimiento Ciudadano (MC),
con un senador y 16 diputados; y por último, Nueva Alianza (PNA), con
un senador y 10 diputados.
Lo que se tiene que destacar de la conformación del Congreso de
la Unión, es la necesidad de construir acuerdos ya que para aprobar las
reformas que se planteen se deberán lograr consensos entre cuando
menos dos de los tres partidos políticos con mayor representación.
148
Tabla 2.Senado de la república, LXII Legislatura
Nota: Para la aprobación de iniciativas y reformas de ley se requiere constituir una mayoría sim-ple (absoluta). Para la aprobación de reformas constitucionales, se requiere constituir una mayoría
calificada (2/3 partes) así como la aprobación de las 2/3 partes de los congresos estatales.Fuente: Elaboración propia.
Tabla 3.Cámara de Diputados, LXII Legislatura. Posibles mayorías.
Nota: Para la aprobación de iniciativas y reformas de ley, se re-quiere constituir una mayoría simple (absoluta).
Fuente: Elaboración propia.
149
3. REPRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Otro factor a considerar, es el peso que los gobernadores tienen sobre
los legisladores de su entidad. Destaca el Estado de México que cuenta
con 65 diputados; el Distrito Federal, con 53; Veracruz, con 30; Jalisco,
con 29; Nuevo León, con 23; Guanajuato, con 22; y Puebla, con 21. Si
bien, no necesariamente todos pertenecen al mismo grupo parlamenta-
rio, en temas presupuestales o estatales, pudieran llegar a cerrar filas
y representar un bloque muy sólido, que inclusive podría llegar a tener
mayor representación que el PVEM, el PT, MC y PNA.
Gráfica 3.Representación de los estados en la Cámara de
Diputados (MR y RP), LXII Legislatura
Fuente: Elaboración propia.
150
Entre los gobernadores que tienen un mayor control sobre entidad
y que cuentan con por lo menos dos senadores y obtuvieron un número
elevado de los diputados de su entidad, destacan los gobernadores de
Campeche (PRI), Chiapas (PRI), Chihuahua (PRI), Distrito Federal (PRD),
Durango (PRI), Guanajuato (PAN), Guerrero (PRD), Hidalgo (PRI), Jalisco
(PRI), Morelos (PRD), Estado de México (PRI), Nayarit (PRI), Quintana
Roo (PRI), Tabasco (PRD), Veracruz (PRI) y Zacatecas (PRI).
Entre los gobernadores que menor control tienen en su entidad,
es decir, que solamente cuentan con uno o ningún senador a fin a su
partido político (Tlaxcala) y que del total de los diputados que repre-
sentan a su entidad, menos de la mitad no son del mismo partido po-
lítico: Tlaxcala (PRI), Yucatán (PRI), Tamaulipas (PRI), Querétaro (PRI)
y Coahuila (PRI).
Asimismo, destaca el hecho de que en las 3 entidades que se ga-
naron por la alianza PAN-PRD, en ninguno de éstos el gobernador logró
obtener los 2 escaños para el senado y la mayoría de los diputados po-
Tabla 4.Partido del gobernador y legisladores afines
Fuente: Elaboración propia.
151
sibles. En cambio las 4 entidades que gobierna el PRD, obtuvieron los 2
escaños en el Senado y por lo menos el 66% de las curules en disputa.
Como conclusión podemos asegurar que la relación entre el ejecu-
tivo federal y el Congreso de la Unión definitivamente ha cambiado. Por
sexta ocasión consecutiva el presidente de la república no contará ni con
la mayoría absoluta ni calificada en el Congreso de la Unión.
Si bien el presidente electo, Enrique Peña Nieto y el PRI no cuentan
con la mayoría absoluta en ambas Cámaras (251 diputados y 65 sena-
dores), tendrán que negociar con otras fuerzas políticas para obtenerla,
por otro lado, la iniciativa preferente le otorgará al presidente un mayor
control sobre la agenda legislativa, ya que el congreso estará obligado a
atender 4 iniciativas que él proponga.
Por último, los gobernadores jugarán un papel muy importante en
la próxima legislatura ya que podrían ser los mejores aliados del presi-
dente o podrían convertirse en una restricción para la libertad de acción
del ejecutivo y hacer valer su poder en el congreso con los diputados y
senadores que ellos apoyaron desde sus respectivos estados.
153
PODERY JUSTICIA
MACARITA ELIZONDO GASPERÍN1
Al momento de preparar mi texto, reflexioné si debía hablar del tema del
poder desde la perspectiva política o desde un ángulo jurídico. Siendo
abogada de profesión, ¿cuál creen que elegí?
Platicar del poder, es hablar de la organización del Estado, quien a
través de la normas jurídicas influye en la conducta ciudadana.
Sin duda, en los últimos procesos electorales federales hemos
dado cuenta de que la búsqueda del poder por los partidos políticos se
hace más intensa, se exploran nuevas estrategias y nuevos mecanismos
para captar en las urnas el voto de los ciudadanos. Por lo que tanto el
Instituto Federal Electoral (IFE) como los diversos institutos electorales
locales nos hemos visto en la necesidad de implementar mecanismos
que permitan mantener el control y la legalidad de los actos tendentes
a la búsqueda del voto.
1 Consejera del Instituto Federal Electoral. Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
154
1. NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS
En la búsqueda del poder, los partidos políticos no solo compiten en la
contienda electoral, sino que buscan incidir en distintos ámbitos. Así
tenemos, por ejemplo, que los partidos políticos integrantes del poder
legislativo, en la pasada reforma electoral de 2008, acotaron la tempora-
lidad para que las organizaciones de ciudadanos que pretendan consti-
tuirse como partido político nacional puedan solicitar su registro cada 6
años, anteriormente, el registro se abría cada 3 años una vez terminada
la elección respectiva; sin embargo, el legislador consideró modificar
dicho plazo y regresar al esquema del 2003, dado el carácter efímero de
la mayoría de las organizaciones a las que en su momento se les otorgó
el registro legal como partidos. Evidentemente se reducen las posibili-
dades para que haya más partidos políticos en la obtención del poder.
No obstante que la puerta para el registro de nuevos partidos po-
líticos se abre cada 6 años, y que hay voces que señalan que es sufi-
ciente con los partidos políticos existentes en la lucha por el poder, es
un derecho constitucional a favor de las organizaciones de ciudadanos
que así lo acrediten. En un país como el nuestro, con la población que
tenemos, en donde hay distintas corrientes de pensamiento y de plura-
lismo político, ahora ya se reconoce expresamente a nivel constitucional
ese derecho ciudadano para que pueda participar en la política, aunque
la ley electoral federal sigue señalando el derecho monopólico de los
partidos políticos para solicitar el registro de candidatos a cargos de
elección popular.
Por ello, siempre será motivo para reconocer a los movimientos
ciudadanos que buscan incidir en la política nacional y lo hagan por los
cauces legales e institucionales, que compitan con las reglas estableci-
das en la búsqueda del poder a través de la contienda electoral y que
sea la voluntad ciudadana, manifestada en las urnas, la que decida si
continúan o no en la arena electoral.
Sobre este tema orbitan aún inquietudes que deben ser materia de
reflexión. Por ejemplo quedan por trabajar diversas interrogantes:
Para que la autoridad electoral pueda constatar el registro mínimo
de militantes que deben conservar los partidos políticos se hace nece-
155
sario la depuración y posterior actualización de su padrón de militantes
(Art. 38 p. 1 inciso c) Cofipe).
Valorar la pertinencia para que aquellos partidos políticos con re-
gistro local -y cuyos simpatizantes acreditados en diversas regiones del
país ya han pasado por el escrutinio público y la supervisión de las
respectivas autoridades electorales locales- se les facilite en su caso el
camino hacia la conformación de un partido político nacional.
2. TRANSPARENCIA DEL ORIGEN DE RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Hay otro dato que quiero destacar. Ante la realidad del país con relación
a la presencia del crimen organizado, éste busca incidir en todas las
áreas de la vida pública y desde luego en el poder. Así es que, el ámbito
electoral no queda al margen, siempre existirá la posibilidad de que al-
guna organización criminal financie a algún movimiento ciudadano que
busque su registro como partido político o bien a algún partido político
directa o indirectamente tentado por sus intereses.
Por lo anterior, es un gran acierto que en la reforma a la ley elec-
toral federal de 2008, se haya establecido la obligación para que las
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido
político nacional, deban informar mensualmente al IFE el origen y des-
tino de los recursos que obtengan para el desarrollo de sus actividades
tendentes a la obtención del registro legal. De tal forma que el IFE con
las facultades que tiene en materia de fiscalización, puede constatar
el origen del dinero que financia a las organizaciones que desean par-
ticipar en la contienda electoral y evitar que dinero ilícito influya en la
política nacional.
Ahora bien, una vez que están constituidos como partido político,
es importante que se siga manteniendo la preminencia del recurso pú-
blico hacia los partidos políticos nacionales para el sostenimiento de las
actividades ordinarias y de campaña sobre el privado. En ese sentido, la
transparencia y la rendición de cuentas se vuelven nuestro mejor aliado,
para asegurar que otros intereses no lleguen al poder.
156
En el ejercicio del poder está reposado el valor de la transparencia
institucional; en los años de transición política en México éste ha sido
un elemento de suma importancia. Quien o quienes quieran asumir el
poder en las democracias modernas, deben tener presente este tema
en su agenda política. Sin embargo, y esto lo deben de tener en cuenta
las diversas fuerzas políticas, aún se requiere un profundo proceso de
asimilación social, es decir, que la ciudadanía la sienta suya y la ejercite.
En México, los procesos electorales locales y federales son un pilar
fundamental del equilibrio del sistema político. Es indudable que en los
tiempos electorales la atención pública se centra tanto en las autorida-
des administrativas encargadas de organizar las elecciones, como en
los tribunales electorales locales y el federal; ejes que interactúan en el
debido control de la legalidad sobre el juego en el poder.
Las elecciones competidas son una realidad en México, así como
las indebidas presiones de los grupos fácticos a las autoridades electo-
rales. El juego por el poder busca deslegitimar las acciones y procedi-
mientos de la autoridad, por lo que es importante contrarrestar dichos
efectos generando vías de acercamiento y acompañamiento ciudadano
por medio de un lenguaje accesible y comprensible, con transparencia
y efectuando una función permanente de difusión, información y ren-
dición de cuentas.
Sobre este tema resta seguir reflexionando en cuestiones que cir-
cundan su operatividad, tales como:
1. Fomentar la cultura informática y dar el lugar que se merece la co-
municación por Internet, pues los portales institucionales pueden
ser excelentes canales de comunicación con los ciudadanos velan-
do en todo momento porque no se constituyan vías de difusión de
propaganda político electoral.
2. Los portales institucionales, al ser un medio de contacto con un
gran número de usuarios, pueden ser vías para facilitar el ejerci-
cio de los derechos: ¿por qué no instituir espacio de “justicia vir-
tual”? (aunque reconozco que el término me parece contradictorio
en sí mismo), a lo que me refiero es a la justicia democrática,
esto es, a la substanciación de los procedimientos con actuacio-
nes practicadas que tengan efectos vinculantes, siempre y cuan-
157
do éstas soliciten acceder y ser notificadas por esos medios. En
Nuevo León, en este sentido, existe el Tribunal Virtual del Poder
Judicial del Estado, que genera una tarjeta de códigos para que
los justiciables presenten promociones y en su momento se den
por notificados.
3. EL PODER Y LA JUSTICIA ELECTORAL
Se han conocido hechos violentos locales, sobre todo a nivel municipal,
en donde algunos grupos no reconocen las resoluciones de las autori-
dades judiciales electorales vinculadas a los resultados de elecciones
de presidencias municipales y de ayuntamientos, vale la pena algunas
reflexiones respecto a este tema relacionado con el poder y la justicia
electoral.
Hay que distinguir aquellos casos de legítima incidencia en los de-
rechos comunitarios, para los que deben forzosamente abrirse canales
de diálogo y entendimiento donde se tutele el acceso a la justicia alterna-
tiva que evite un enfrentamiento, lo cual es de suyo ya un derecho cons-
titucionalmente consagrado en el artículo 17 que hay que materializar.
Lo que no puede aceptarse es el uso de la fuerza irracional y al
margen de la ley en protección de ciertos intereses de poder focalizado
que impida el cumplimiento de un mandato judicial. No puede estar
supeditada la justicia electoral a la fuerza del poder al margen de la ley.
Las decisiones de los órganos jurisdiccionales electorales se mate-
rializan y se dan a conocer mediante sus resoluciones que ponen fin al
proceso, son definitivas y gozan de la presunción iure et de iure de haber
sido dictadas conforme a derecho. De ahí la importancia para que se
respeten y se cumplan las sentencias dictadas por las autoridades elec-
torales, para fortalecer un auténtico Estado de Derecho.
Pero la intervención de los tribunales electorales no concluye al
momento de dictar sentencia definitiva, sino hasta su ejecución; es de-
cir, contempla incluso el uso de distintos medios de apremio para lograr
que se cumpla a cabalidad.
158
En ese sentido, es de llamar la atención que en las legislaciones
locales haya algunas coincidencias en cuanto a la aplicación de medidas
de apremio y por otro lado, grandes faltantes.
En un reciente estudio que realizó la Asociación de Tribunales y Sa-
las Electorales de la República Mexicana, A.C. titulado “Diagnóstico de la
Justicia Electoral en las Entidades Federativas”, se señala que en la gran
mayoría de las legislaciones electorales locales, se establece el plazo en
el que deben cumplirse las sentencias dictadas por los tribunales elec-
torales, así como la posibilidad de que éstos apliquen las medidas de
apremio de manera discrecional, para hacerlas efectivas, no olvidemos
que en muchos casos son fechas ciertas para tomar posesión para algún
cargo de elección popular.
Las sentencias dictadas por los tribunales electorales son obliga-
torias y de orden público, por lo que cualquier autoridad, haya o no
intervenido en el juicio, en el cumplimiento de sus atribuciones, está
obligada a cumplirla o en su caso a observar la decisión adoptada por
el juzgador, en acatamiento estricto a lo ordenado por el órgano juris-
diccional.
De tal manera que ante los hechos violentos o de desobediencia
frente a algunas sentencias dictadas por los tribunales electorales lo-
cales o el federal, que inciden sobre todo en el ámbito local de las en-
tidades federativas, el legislador empieza a ser sensible ante la proble-
mática de que los cargos públicos no puedan ocuparse en el momento
que las propias leyes señalan, por lo que en mi opinión sería necesario
homogeneizar las medidas de apremio y correcciones disciplinarias en
las legislaciones pues ya no solo se trata de un problema de carácter
eminentemente electoral sino del ejercicio del poder público emanado
de los procesos democráticos.
En tal sentido, es de reflexionar la previsión en las legislaciones
respectivas de la aplicación discrecional o gradual de medios de apre-
mio y correcciones disciplinarias, la previsión del incumplimiento de una
sentencia como conducta delictiva, la previsión del incidente de inejecu-
ción de sentencia, así como la previsión de la separación del cargo del
responsable del incumplimiento como consecuencia del mismo.
159
4. GÉNERO Y POLÍTICA
Pero, ¿qué enseñanzas nos dejan los recientes procesos electorales, con
relación a la búsqueda del poder? Pues indudablemente, hasta ahora el
poder está en juego entre las fuerzas políticas, pero hay otro juego que
no se ve, y se da al interior de los propios partidos entre hombres y mu-
jeres para ser postuladas por su partido político.
Permítanme compartir algunos datos, tan solo en el proceso elec-
toral federal recién concluido, la representación de las mujeres creció
aproximadamente en un 10% en la Cámara de Diputados y casi el 18%
en la Cámara de Senadores. Por primera vez, la presencia de las muje-
res en el poder legislativo será la mayor de todas las legislaturas, 185
mujeres resultaron electas, lo que representa el 37% en la cámara baja
y 33% en la alta.
No debe pasar inadvertido que en el pasado proceso electoral fede-
ral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) impuso el deber a los partidos políticos y coaliciones, a
través de la sentencia SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, de nombrar
por medio de los procedimientos democráticos establecidos en sus es-
tatutos o convenios correspondientes, como mínimo 120 y 26 fórmulas
de candidatos (propietario y suplente) de un mismo género, para dipu-
tados y senadores, respectivamente, en una interpretación garantista
del artículo 219 del código electoral federal, que obliga a los partidos a
postular de la totalidad de sus candidatos al menos el 40% de un mismo
género, no importando si habían sido seleccionados los candidatos o las
candidatas mediante algún proceso de elección democrático estableci-
do en sus estatutos.
Tanto las normas jurídicas como los criterios e interpretaciones de
la autoridad administrativa y de las instancias jurisdiccionales especia-
lizadas, nos permiten dar cuenta de que la búsqueda de un liderazgo
político y de un real empoderamiento de las mujeres está más presente
que nunca; sin embargo, se requiere alcanzar una mayor participación
de la mujer en todos los niveles de gobierno, sea la federación, los es-
tados o los municipios. Por eso, es importante que tanto el IFE, como
las legislaturas locales, los órganos administrativos electorales locales
160
y jurisdiccionales electorales locales, compartamos nuestras experien-
cias para dotar de mayores elementos útiles a las mujeres y así lograr
las condiciones mínimas de competencia política.
Reitero, el poder está en juego desde las propias trincheras de
los partidos políticos, pues es desde ahí, donde debe de impulsarse la
lucha por el poder en el que participe la mujer, dejarla en igualdad de
circunstancias para alcanzar los puestos de elección popular. En ese
sentido, es justo reconocer que algunos partidos ya han establecido
en su normativa interna la paridad de género para postular en cargos a
hombres y mujeres por igual, yendo favorablemente más allá de lo que
la propia ley electoral federal establece.
Y es precisamente ahí, donde los institutos electorales debemos de
estar atentos, brindando los mecanismos que permitan a los partidos
alcanzar una verdadera igualdad sustantiva. Seguir aportando ideas y
estudios que motiven a las mujeres a participar con los partidos políti-
cos y a la vez fortalecerlos.
Ejemplifico lo anterior con lo que sucede en el IFE, el cual, por medio
de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos,
estableció un sistema de evaluación del desempeño del gasto programa-
do que tienen los partidos políticos, el cual ayuda por un lado, a planear
puntualmente el presupuesto que se le asigna para la capacitación de la
mujer y por el otro, auxilia a sus propios órganos internos de control de
los partidos y al Instituto a verificar los gastos en materia de género, lo
cual sin duda incrementa el nivel de cumplimiento, en este rubro.
La participación política de la mujer en la actualidad, es una con-
dición fundamental en la vida pública que debe entenderse en el ámbito
de los derechos y la democracia, es decir, los derechos políticos de los
ciudadanos deben armonizarse con la equidad de género y sobre todo
hacerse realidad hacia el interior de los partidos políticos como autén-
ticos impulsores de la participación de la mujer en la vida pública, que
les permita integrar sus cuadros de formación y postulación necesarios
y que no solo vengan a cumplir con los mínimos de cuotas legales, sino
que sean el espejo palpable de una realidad poblacional con porcentaje
femenino mayoritario.
161
Para propiciar cambios auténticos en nuestra sociedad y en la vida
democrática de nuestro país, resulta necesario armonizar y profundizar
en el reconocimiento formal de derechos en materia de igualdad de gé-
nero y de derechos político electorales de las mujeres desde los propios
partidos políticos y sobre todo en el ámbito local, regional y municipal;
se deben fortalecer las capacidades, formación y habilidades de las mu-
jeres, con el pleno propósito de promover su incidencia en las políticas
públicas, a través de la participación efectiva y del desarrollo de una cul-
tura democrática equitativa e incluyente, máxime en aquellas entidades
en donde incluso el acceso al poder ya no se da en forma exclusiva a
través de los partidos políticos, sino directa de la ciudadanía. Las candi-
daturas independientes es un tema aparte que afronta la defensa de los
derechos de género.
Todo ello ayudará, estoy convencida, a contribuir al fortalecimiento
de las instituciones y harán que nuestro México sea más fuerte de cara
a sus propios problemas y frente al mundo.
Sobre este tema, y derivado de la participación que el IFE tuvo en
la sustentación del séptimo y octavo Informe Consolidado de México
respecto del cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la pasada
sesión del Consejo General de fecha 26 de julio de 2012 se acordó que
el IFE realizará un informe basado en su experiencia sobre la aplicación
de las medidas temporales a favor de la igualdad política de las mujeres
y sus resultados, para hacerlos del conocimiento de las legislaturas lo-
cales, de los institutos electorales locales y de los ejecutivos estatales y
del Distrito Federal, para que fuese un elemento que aporte información
para la adopción de medidas similares a nivel local y municipal. Esto
quedó materializado mediante el acuerdo CG629/2012 de fecha 5 de
septiembre de 2012 y emitido por el propio Consejo General en donde
se aprobó difundir el informe sobre la evolución normativa y las medi-
das afirmativas para la aplicación efectiva de las cuotas de género en el
proceso electoral federal 2011-2012.
He ahí a mi juicio una breve pincelada de lo que para mí implica el ni-
vel del juego por el poder, desde una perspectiva eminentemente jurídica.
162
Concluyo, citando al jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto
Bobbio, quien afirmaba que: “Solo la justificación hace del poder de man-
dar un derecho y de la obediencia un deber. La justificación transforma
una relación de mera fuerza en una relación jurídica. Así, el único prin-
cipio válido de legitimidad del poder político y jurídico es el consenso”.
163
FUENTES DE CONSULTA
• DÍAZ Santana, Héctor (Coord.), (2011), Diagnóstico de la Justicia
Electoral en las Entidades Federativas, México, Plaza y Valdés.
• BOBBIO, N. y Bovero M. (1984), Origen y Fundamentos del Poder Po-
lítico, México, Grijalbo.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
• Séptimo y Octavo Informe Consolidado de México respecto al cum-
plimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
Discriminación contra la Mujer (17 de julio de 2012), presentado en
la oficina central de la Organización de Naciones Unidas en Nueva
York, Estados Unidos de América.
165
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓNY LAS ELECCIONES DE 2012
GUSTAVO LÓPEZ MONTIEL1
1. INTRODUCCIÓN
Las elecciones federales de 2012 se realizaron bajo el modelo de co-
municación que se estableció a partir de la reforma electoral de 2007.
Más allá de la forma en que se reconstruye la competencia electoral,
el punto de discusión sobre ella encontró su principal asidero en la
libertad de expresión.
Este capítulo trata sobre la forma en que dicho modelo se ins-
trumentó en las elecciones federales, su impacto en las coincidentes,
así como la forma en que los ciudadanos mexicanos asumen el tema
de los derechos y libertades, y en particular sobre la libertad de ex-
presión, en dos casos: el Distrito Federal y Oaxaca, para hacer una
discusión sobre sus implicaciones en el sistema electoral, así como en
el sistema de partidos.
Se concluye que el modelo restrictivo de la libertad de expresión en
medios electrónicos, si bien reduce el gasto que se realizaba en medios
en elecciones anteriores, particularmente la de 2006, no reduce el costo
de las campañas ni de las asignaciones a los partidos políticos. Más
1 Doctor en Ciencia Política por la New School for Social Research, New York.
166
aún, dicho modelo tiene un impacto en el desarrollo de las campañas,
donde las encuestas señalan que los electores no deciden su voto por los
spots televisivos y radiofónicos, sino por otros factores. Además de que
este modelo tiene restricciones en el sentido de que hace más lento el
proceso de las campañas en medios y es costoso en su instrumentación.
Más allá de la restricción de la participación de otros actores
distintos a los partidos y candidatos en los medios electrónicos, el mo-
delo no resulta benéfico en la promoción del voto, al mismo tiempo que
el acceso a medios por parte de otros actores como los órganos elec-
torales no se garantiza de manera equitativa con respecto al acceso
que tiene el Instituto Federal Electoral (IFE) como órgano distribuidor
de dichos espacios.
En ese sentido, una discusión sobre el modelo en sí y sus resul-
tados, debería darse en el seno no únicamente de los órganos como el
IFE o los propios partidos, sino también en el poder legislativo donde
una posible reforma electoral se estará discutiendo en los próximos me-
ses. Esto es relevante pues con la reforma de 2007 se transitó de una
videopolítica a una condición de competencia que regresó a las estruc-
turas mismas de los partidos políticos y sus grupos de apoyo, así como
al surgimiento de las redes sociales como un elemento que potenció, a
través de los medios tradicionales, la discusión que se daba en el con-
texto de la sociedad.
De la misma forma, la percepción ciudadana sobre la libertad de
expresión es variada, por lo que no podemos afirmar que el modelo que
se mantiene cuenta con el apoyo de la ciudadanía, aparte del que los
partidos le dieron. Para examinar algunas hipótesis del proyecto en su
conjunto, se realizó una encuesta en el Distrito Federal y Oaxaca sobre
el tema bajo estudio. Resultó relevante ubicar no únicamente las dife-
rencias en las percepciones entre ambas entidades, sino también las
razones que los ciudadanos generan sobre el ejercicio de sus derechos
y en particular en lo que se refiere a la expresión, lo que analizaremos
con detalle más adelante.
Finalmente, no podemos divorciar el contexto del análisis que
este documento contiene, de la forma en que la libertad de expresión
se ha desarrollado a partir de los últimos cinco años en otros espacios
167
sociales y con otros actores, pero que también tiene repercusiones
sobre la forma en que la ciudadanía comprende el problema de la ex-
presión y otros derechos.
Si bien el tema de los derechos y las libertades desde la perspec-
tiva jurídica corresponde a otro apartado, podemos decir que la forma
en que se ha construido el entramado jurídico que soporta el ejercicio
de los derechos políticos en el contexto de los derechos humanos, ha
posicionado el tema en la percepción de los mexicanos encuestados,
pero las formas en que se asumen tienen que ver con el contexto en que
se encuentran.
Todos estos aspectos serán analizados con detalle en las siguien-
tes páginas para tener al final un conjunto de posicionamientos que, sin
ser completamente concluyentes pues se deben analizar en el contexto
de todo el documento, nos dejan ver los límites del modelo de comuni-
cación planteado y la necesidad de regresar a discutirlo para hacer más
eficientes los procesos electorales.
2. MODELOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ¿QUÉ SE PUEDE DECIR Y QUÉ NO?
En el 2007 se aprobó en el Congreso de la Unión una reforma a diversos
elementos clave del sistema electoral, entre ellos el modelo de comuni-
cación política que había sido uno de los aspectos más controvertidos
de la elección del 2006. En buena medida, el sistema electoral ha sido
reformado en partes que han atendido a reclamos coyunturales, lo que
ha generado algunas disfuncionalidades en el sistema como tal, al mis-
mo tiempo que se han añadido funciones a las autoridades electorales.
En el debate sobre dicha reforma, se contrapusieron dos modelos
que han encontrado su principal referente en el papel del Estado en los
mecanismos que regulan las libertades y los derechos de las personas
en el mundo. En esa ocasión, el modelo restrictivo de la libertad de ex-
presión se impuso al modelo libertario o neutralista, al dejar en manos
de la autoridad electoral la posibilidad de dar acceso a los partidos polí-
ticos y candidatos a los tiempos en medios electrónicos y restringiendo
168
dicha acción a cualquier otro actor que quisiera influir en el proceso
electoral a través de dichos medios.
Desde el surgimiento del liberalismo y su alianza con la democra-
cia para la configuración del modelo dominante que es la democracia
liberal, los derechos y las libertades han sido parte del discurso funda-
mental que sirve de base a la estructuración y funcionamiento de las
instituciones que le dan vida, tanto en el discurso como contenido de
fenómenos históricos.
La democracia liberal asume, entre otros, la existencia de dos
principios fundamentales, en el contexto de las libertades políticas, el
derecho al voto y el derecho a la libertad de expresión. Diversos con-
tenidos teóricos y fenómenos políticos (O’Donnell, Vargas y Iazzetta,
2004) han dado paso a la construcción de la forma en que ahora en-
tendemos estas condiciones de interacción política. Las diferencias en
los países atienden a la forma en que los derechos se han construido
históricamente, que establece variantes en su instrumentación, más
que al contenido de los mismos.
La democracia como fenómeno histórico y forma de gobierno tie-
ne características que se refieren a valores, estructuras, mecanismos
de interacción, actores, intereses, etcétera, que la hacen compleja no
únicamente como modelo, sino también como definición (Tilly, 2007). A
pesar de ello, la democracia es un fenómeno político, donde el poder se
distribuye con mecanismos en que la participación ciudadana y la sobe-
ranía compartida, resultan fundamentales para su comprensión.
Podemos ubicar por lo menos cuatro grandes grupos de definicio-
nes en la teoría que nos permiten diferenciar entre los aspectos mencio-
nados. Ya sea que se resalten los procesos, las características constitu-
cionales, los procedimientos específicos o los mecanismos sustantivos,
todas estas tipologías coinciden en el tema de los valores fundamentales
como derechos y libertades.
Si la definición se refiere a procesos (Dahl, 1968), identificamos
espacios de participación efectiva, igualdad en el voto, inclusión de
hombres y mujeres con requisitos específicos, control de la agenda pú-
blica, comprensión del contexto para la decisión y ejercicio de derechos
y libertades mínimos, como mecanismos que contribuyen en la cons-
169
trucción de condiciones en las que una relación de control mutuo se
genera entre gobernantes y gobernados.
En una definición con carácter constitucional, nos atenemos a la
descripción de las estructuras formales que definen a la política, sin
que esto quiera decir que lo que la ley establece, realmente existe. En el
contexto de las definiciones constitucionales de democracia, podemos
diferenciar entre sistemas presidenciales, parlamentarios, monarquías
constitucionales, etcétera, como arreglos que cumplen con los requisi-
tos básicos de ejercicio de libertades y derechos (Held, 1996).
En términos procedimentales se identifican patrones de compor-
tamiento como procedimientos específicos que, de existir, asumen la
existencia de otras variables que nos permiten ubicar condiciones míni-
mas para la caracterización de los valores y las prácticas democráticas
(O’Donnell, 1991). Por ejemplo, la clasificación que hace FreedomHouse
cada año sobre derechos y libertades democráticas entre los países, tie-
ne como característica básica la identificación de patrones de garantía
y ejercicio de derechos y libertades. Procedimientos como la renovación
del gobierno de manera periódica a través del voto, acceso a medios
para la libertad de expresión, información, etcétera, son parte de los
procedimientos más relevantes en esa clasificación (Lijphart, 1999).
Finalmente, la perspectiva sustantiva da relevancia a los produc-
tos que la democracia genera como sistema, independientemente de
los aspectos constitucionales o procedimentales que se encuentran. Por
ejemplo, si de ella derivan mejores formas de vida, a partir de la exis-
tencia de mecanismos de interacción, deliberación, entonces más allá
de la definición constitucional, podemos tener una democracia (Andrew
y Chapman, 1995).
En ese sentido, ya sea en cualquiera de las tipologías de democra-
cia, existen acuerdos sobre el problema de la ciudadanía, como condi-
ción de membresía; los derechos, ubicados en términos de un marco
constitucional; las libertades, como acciones que tienen su base en los
derechos y que se encuentran de manera igual para todos; así como
la relación con la forma de gobierno, en términos de la capacidad ciu-
dadana para cambiar, designar e interactuar con quienes se ganan los
espacios de autoridad disponibles.
170
En la práctica, el modelo democrático como forma de gobierno se
ubica como una aspiración de varios países, muchos inclusive se con-
sideran democráticos por contener en sus constituciones mecanismos
formales como elecciones periódicas, con voto secreto, etcétera, pero
donde la base de valores o el ejercicio de libertades y derechos, e incluso
la relación gobernantes-gobernados, no cumple con los criterios de las
democracias funcionales.
En el caso de la caracterización de las democracias como lo hace
FreedomHouse, donde los derechos políticos se desagregan en eleccio-
nes libres y periódicas de legislativos y ejecutivos, leyes justas y equita-
tivas, mandato ciudadano efectivo, capacidad de organizar asociaciones
y partidos políticos, existencia de una oposición con posibilidades de
gobernar, ciudadanos libres de dominio militar o extranjero, minorías
incluidas en los procesos de toma de decisiones, mecanismos de parti-
cipación ciudadana, etcétera (Karatnycky, 2000).
En el caso de las libertades, se señala la posibilidad de reunirse y
asociarse en espacios públicos y privados para todos los fines, capaci-
dad de expresar ideas y opiniones en público y privado, organizaciones
libres, poder judicial independiente, control civil de cualquier autoridad
uniformada, protección de la autoridad a la ciudadanía, discusión abier-
ta y libre, autonomía personal de los ciudadanos, los derechos de pro-
piedad están asegurados, libertades sociales, igualdad de oportunida-
des, etcétera (Karatnycky, 2000).
En el caso de México, la democracia no únicamente ha sido un
discurso, sino también se ha ubicado desde hacer varias décadas, como
parte del texto constitucional. Sin embargo, el proceso de liberalización
y posterior democratización, es tan reciente como lo que se ha vivido
desde los años noventa en el siglo XX (Woldenberg, 2006).
En ese sentido, se han desmantelado y reconstruido un conjunto
de mecanismos formales e informales que regulan el proceso democrá-
tico en el país, aunque hay aspectos como los valores y las prácticas
ciudadanas, que aún no coinciden con aquellas de una democracia (En-
cup, 2008).
Sin embargo, como parte del proceso formal de la construcción
democrática, resalta la estructura para la garantía de los derechos y
171
libertades ciudadanas, que se han ubicado en la constitución y diversas
leyes secundarias, pero también la adhesión a diversas convenciones,
entre ellas las de derechos humanos y de derechos políticos y civiles.
El hecho de que los derechos políticos y civiles se hayan incor-
porado en el contexto de los derechos humanos no es menor, pues en
las decisiones judiciales, los jueces tendrán que apegarse, en primera
instancia, al principio Pro Homine, aun en aquellos temas de derechos y
libertades políticos y civiles que atiendan.
Esta característica es importante porque la reforma electoral de
2007 se encontraría nuevamente en un espacio de cuestionamiento,
particularmente por el tema de libertad de expresión, pues estaría vio-
lando una de las formas en que se accede a su ejercicio efectivo a través
de los medios de comunicación, en un contexto de discusión abierta y
libre como el que las elecciones o cualquier otro asunto público ubican
como aspecto fundamental de la democracia.
Por la razón anterior, la actividad del crimen, las acciones del go-
bierno mexicano en su lucha contra el narcotráfico, etcétera, el lugar de
México en el contexto de los países donde se ejercen y respetan las liber-
tades ha disminuido desde 2006. Desde 2003 se había logrado ubicar
los indicadores en 2 de 7, donde 1 es que se respetan los derechos y las
libertades y 7 es que no. Ahora México se ubica en 3, que es el mismo
ranking de Venezuela, Ecuador, Centro América (con excepción de El
Salvador), entre otros (FreedomHouse, 2012).
El derecho al voto se ubica en el artículo 25 de la Convención
Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, donde se plantea que
las elecciones genuinas son periódicas, además de ser universales, a
través del voto secreto de los ciudadanos, quienes de manera libre
expresan su deseo. Para el caso de México, sobre este tema no hay
mucho que añadir, pues se encuentra garantizado tanto en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), además
de otras condiciones que se han añadido en la construcción de la idea
del voto y la democracia.
El contenido del artículo mencionado, es el resultado de un pro-
ceso histórico político que define una de las características de la de-
172
mocracia liberal más relevantes, que es el derecho a elegir gobiernos,
asumiendo la participación individual de las personas.
En esa misma convención, pero en el artículo 19, se encuentra otro
planteamiento relevante para el tema que nos ocupa, pues requiere la
garantía del derecho ciudadano a la libertad de expresión, información y
prensa, que en su conjunto configuran un sistema que permite además
difundir ideas de manera oral, escrita e impresa.
Es aquí donde se configura el problema bajo estudio, no se puede
votar de manera libre, si no hay elementos a partir de los cuales quien
elige pueda construir una idea en la que base su decisión. Sin embargo,
con el objeto de proteger otros elementos de la vida pública y privada,
como la privacidad, la honorabilidad, la seguridad nacional, etcétera, se
puede restringir y limitar a lo que la ley aplicable establezca.
Este es el principal aspecto de discusión, pues es aquí donde po-
demos enfrentar dos modelos que diversos países han adoptado en el
contexto de la libertad de expresión como tal. Por un lado la restricción
para la protección de otros bienes o, por el otro, la no restricción al asu-
mir que es un derecho fundamental cuyo principal control recae en el
actor que hace uso de esa libertad y que se regula por leyes que tienen
mecanismos indirectos de control de este y otros derechos.
En esta segunda discusión surge un peligro que tiene que ver con la
expansión de un modelo distinto de democracia que no se basa en el plan-
teamiento liberal original, sino únicamente en el respeto a la existencia
de gobiernos democráticos. Un planteamiento de democracia no liberal
se ha venido fortaleciendo a partir de diversas experiencias de reforma
política en los años recientes en varios países de la región y el mundo.
Podemos encontrar posiciones que favorecen la idea del gobierno
democrático, pero partiendo de los supuestos de la existencia de meca-
nismos de control no democráticos para el aseguramiento de la demo-
cracia misma (Zakaria, 2003), lo que nos lleva a pensar en una demo-
cracia no liberal, que sería aquella donde los derechos y las libertades
asumidas por el liberalismo, no son más importantes que los productos
que genera el sistema democrático.
En nuestro análisis sobre la democracia mexicana, podemos en-
contrar esta diversidad de planteamientos y vislumbrar los posibles im-
173
pactos que tendrían, si partimos del supuesto de su instrumentación
en el espacio electoral. En lo particular, no estamos aún en el supuesto
de una democracia no liberal, pero sí en el de una democracia donde
derechos fundamentales son restringidos para asegurar la existencia del
sistema como tal.
En la discusión de la restricción de la libertad, se han configurado
dos modelos fundamentales que explican la instrumentación de meca-
nismos legales con resultados aún inciertos, en términos de la calidad
del espacio democrático y sus resultados. En la discusión de 2007,
estos elementos estuvieron presentes, a partir de una confrontación
mediática que tenía como fin abaratar el costo de las campañas elec-
torales y contener la participación de actores políticos que, a través de
los medios, podían influir más allá de los partidos y candidatos en la
decisión electoral.
Si contrastamos el principio contenido en la convención menciona-
da con las razones de la reforma, podemos encontrar discrepancia pues
se deja de garantizar el acceso igual a los medios que nos permiten,
como ciudadanos, poder incrementar nuestras capacidades no única-
mente de acceso a información, sino de expresión y prensa.
Un caso de restricción de libertad de expresión, donde la imposi-
bilidad de los ciudadanos por incorporarse a la vida pública a partir de
sus opiniones y su acceso a medios de comunicación, se dio en El Sal-
vador (Ladutke, 2004), donde la política restrictiva impidió un ejercicio
eficiente de los derechos, particularmente de los grupos que, se decía,
se verían beneficiados con las restricciones impuestas.
En otros contextos, los modelos mencionados se han instrumenta-
do con justificaciones diversas. En los Estados Unidos, diversos juicios
sobre la jerarquización de derechos se han planteado para ubicar un
esquema que dé certeza sobre su ejercicio, pero el resultado ha sido
fundamentalmente la garantía a la expresión incluso de perspectivas
que pueden dañar a las instituciones democráticas o los derechos de
otras personas, pues la forma en que los derechos, particularmente de
las mayorías se han incorporado al espacio institucional, hace que cual-
quier opinión, independientemente de su carácter, deba ser protegido
en primera instancia.
174
El problema en la discusión reside en el papel del Estado y los me-
canismos de restricción impuestos. El debate puede ser tomado a partir
de la posición que se asume con respecto a la existencia y acción de los
grupos que rechazan la condición de igual ciudadanía para todos. Ante
el supuesto de que existen ciudadanos que niegan el principio de igual-
dad por razones de clase, ideológicas, religiosas, etcétera, ¿qué se debe
hacer cuando buscan expresar sus convicciones en espacios públicos?
(Meiklejohn, 2004).
La perspectiva neutralista asume que el Estado no debe intervenir
para limitar el derecho de expresión de cualquier grupo, pues eso impli-
ca negar el carácter neutral del mismo, al obligarle a defender valores
específicos que pueden restringir las libertades de las personas (Meikle-
john, 2004). Esta perspectiva se complementa con la libertaria, que asu-
me la posibilidad de que todos puedan expresarse y acceder a la misma
posibilidad de expresión, aun de aquellas que pueden poner en peligro
al propio Estado, pero que pueden ser procesadas por los espacios so-
ciales, o por el propio Estado cuando se trata de delitos expresamente
tipificados (Sandel, 1996).
Por otro lado, existe el planteamiento restrictivo o prohibicionista
que defiende la intervención del Estado en la regulación de los derechos
de libertad de expresión y otros, bajo el supuesto de que se deben de-
fender los principios que dan sentido y permanencia al Estado como tal.
Es decir, el Estado no puede ser neutral ante la interacción de los ciuda-
danos y el ejercicio de sus libertades. En este aspecto, las restricciones
van desde la prohibición de decir ciertas palabras, hasta la posibilidad
de considerar como acto criminal, la expresión de ideas que vayan en
contra de los principios democráticos, o que lo influyan con valores que
parecen externos a él.
En general, casi todas las democracias han instrumentado meca-
nismos restrictivos en lo que se refiere a la expresión de ideas, pero
fundamentalmente aquellas que atentan contra principios democráticos
como la libertad y la igualdad, como Francia, Canadá, Inglaterra, Italia;
mientras que los Estados Unidos es un ejemplo donde existe un modelo
neutralista donde los estados y la Suprema Corte de Justicia han única-
175
mente prohibido el uso de palabras o actos de discriminación, pero no
la expresión de ideas (Liptak, 2008).
En el caso de América Latina se ha incluso llegado al extremo de
tratar de regular redes sociales, como en el reciente caso de Bolivia,
contenidos en medios como en Venezuela y Argentina, o el acceso de
ciudadanos a medios de información en tiempos electorales, como en
México.
En el apartado jurídico de esta investigación se hace un análisis
pormenorizado de la relación entre la legislación internacional en mate-
ria de derechos políticos y civiles, en su contexto como derechos huma-
nos, en comparación con el caso de México, por lo que no entraremos
a una discusión más detallada en ese sentido, pero sí señalaremos los
alcances y límites de este modelo para el caso de la elección de 2012.
3. LA REFORMA ELECTORAL DE 2007 Y EL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA
Reformar continuamente la ley electoral refleja la inestabilidad del siste-
ma y las distintas formas de competencia entre los partidos políticos y
los resultados de ella. Prácticamente solo las elecciones de 2003 y 2006
son las únicas desde la reforma de 1977 que se realizan con la misma
ley electoral, obviamente con las condiciones que se generaron después
de la elección de 2006.
La reforma de 2007 fue instrumentada en la elección de 2009,
sin embargo, las características de esa experiencia fueron distintas
y limitadas a la elección de diputados federales. En esa ocasión la
atomización de la competencia, por ser una elección intermedia, ge-
neró otros fenómenos que fueron también resarcidos en una reforma
adicional en 2010.
Regresando a la discusión sobre la reforma de 2007, su relevancia
radica no únicamente en el ajuste de la competencia electoral y el orde-
namiento de las precampañas y las campañas, los procedimientos ad-
ministrativos sancionadores y especiales sancionadores, el ajuste a los
sistemas de quejas y denuncias, entre varias otras cosas. Sino que puso
176
en el centro del debate un aspecto fundamental en las democracias, que
fundamenta el ejercicio de los derechos y las libertades ciudadanas.
En el debate sobre dicha reforma, se contrapusieron dos modelos
que han encontrado su principal referente en el papel del Estado en los
mecanismos que regulan las libertades y los derechos de las personas
en el mundo. En esa ocasión, el modelo restrictivo de la libertad de
expresión se impuso al modelo libertario, al dejar en manos de la au-
toridad electoral, la posibilidad de dar acceso a los partidos políticos y
candidatos a los tiempos en medios electrónicos y restringiendo dicha
acción a cualquier otro actor que quisiera influir en el proceso electoral
a través de tales medios.
El debate no es nuevo en el mundo, pues los países democráticos
han tenido que pasar a través de él para adecuar la participación de los
actores políticos en la vida democrática, pero pocos son los que han ido
al extremo de limitar la participación de actores o ciudadanos, a través
de la prohibición de acceso a medios de comunicación, con excepción
de los mencionados anteriormente, más aún como medio para com-
pensar las desigualdades generadas por la estructura de medios que
predomina en el país.
Después de una ardua discusión que involucró a diversos actores,
particularmente partidos y medios de comunicación, se publicó el 13 de
diciembre de 2007 el decreto que reformó los artículos 6, 41, 85, 99,
108, 116 y 122; adicionó el artículo 134 y derogó un párrafo del artículo
97 de la Constitución.
La reforma mencionada abarcó diversas vertientes del sistema
electoral, pero tuvo la característica de incorporar temas de preocupa-
ción para diversos actores políticos, que derivaron de su experiencia en
la elección del año anterior. Entre las razones de su incorporación se ubi-
ca la necesidad de diversos actores por generar mecanismos de acuerdo
que permitieran superar las confrontaciones derivadas precisamente de
esa elección.
Entre otras cosas, se aprobó un modelo de comunicación política,
que prohibió en términos del acceso a medios electrónicos, radio y te-
levisión, la compra de espacios por parte de cualquier actor político o
ciudadano. Estableció la utilidad pública de los tiempos destinados al
177
Estado, para la difusión de mensajes de naturaleza política, pero única-
mente para partidos y candidatos, de acuerdo con el pautado estableci-
do, así como la centralidad del IFE, como autoridad única y responsable
de distribuir los tiempos, realizar los pautados, recibir los materiales y
supervisar su transmisión.
El IFE construyó un Sistema Integral para la Administración de
los Tiempos del Estado (SIATE), que busca garantizar el cumplimiento
de las disposiciones legales, la exhibición de pautados y su monitoreo,
mismo que no únicamente incrementó exponencialmente la cantidad de
funcionarios del IFE, sino también el gasto del mismo.
Esta reforma, también permitió profundizar los mecanismos de
fiscalización y financiamiento de los partidos políticos, a partir de la
modificación de la fórmula de distribución de recursos, así como de
los aspectos al alcance del IFE para fiscalizar los recursos partidarios.
En este último caso, la creación de la Unidad Técnica de Fiscalización,
como un órgano con capacidad de autonomía de gestión para la realiza-
ción de su trabajo, fue uno de los aspectos más relevantes de la reforma.
En el caso del financiamiento público, el monto se determina al
multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electo-
ral a julio de cada año, por el 65% del salario mínimo diario vigente en
la capital del país. De igual modo, se mantiene el mismo modelo para
garantizar la equidad, al dar el 30% de manera igualitaria y el 70% de
acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la última elección. En
ese sentido, el financiamiento para campañas federales resulta de agre-
gar el 50% al financiamiento para actividades ordinarias, en campañas
presidenciales, y el 30% para las elecciones intermedias.
Esta misma fórmula se utiliza para la asignación de tiempos en
radio y televisión, a los partidos y candidatos, de acuerdo con los pauta-
dos preparados por el IFE y a las disposiciones que se han construido en
las estructuras colegiadas de decisión a su interior, tanto en el Comité
de Radio y Televisión, como en el mismo Consejo General.
Desde nuestra opinión, este modelo está ya en posibilidad de ser
rebasado por las propias condiciones de la competencia política que se
han construido a lo largo de los años, y que también constituye una debi-
lidad del modelo de comunicación. Si bien el modelo de financiamiento
178
se creó para fortalecer a los partidos políticos y dar un piso de partici-
pación a los partidos nuevos o pequeños, se ha convertido también en
un mecanismo que inhibe la competencia electoral y evita que se pase a
un segundo nivel de desarrollo.
Al crear un piso equitativo de acceso a recursos, permite a los par-
tidos tener la certeza de la cantidad de recursos necesaria para garan-
tizar su operación cotidiana y planear actividades a lo largo de periodos
establecidos, lo cual es una virtud del mismo. Sin embargo, el segundo
espacio de reparto no es equitativo, pues se refiere al desempeño del
partido en la competencia previa, lo que no permite, en términos de
recursos, que los partidos puedan desarrollar estructuras, lo que es cos-
toso, que les permitan incrementar sus posibilidades de competencia,
particularmente en distritos uninominales.
Mover el porcentaje de asignación o incrementar el tope de finan-
ciamiento privado, permitiría a los partidos poder desarrollar sus capa-
cidades de competencia electoral, no únicamente en el espacio federal,
sino fundamentalmente local.
El mismo fenómeno ocurre en el caso de los spots que son dis-
tribuidos bajo esta lógica. Si bien todos los partidos tienen acceso a
medios, el porcentaje de 70 sobre 100 para el tiempo destinado de
acuerdo con la competencia previa es muy alto. Se podría compensar al
permitir un margen de inversión en medios de 10% o más, para poder
no únicamente dar dinamismo a la campaña, sino también incrementar
la posibilidad de competir con partidos con desempeños superiores.
En ese sentido, un modelo híbrido en términos de acceso a medios,
podría ser una alternativa con mayor utilidad que el modelo actual, por-
que permitiría a los partidos la posibilidad de espacios estratégicos que
deberían administrar de acuerdo con sus propias necesidades donde,
además, el dinero que se utilice para medios electrónicos, hasta cierto
límite, y que la inversión adicional se pague con recursos privados.
La reforma también modificó la estructura de poder en el contex-
to del propio IFE, generando espacios que daban pie al incremento de
atribuciones y, por lo tanto, estructuras operativas y nuevo personal,
que no necesariamente se integraría al área profesionalizada de ese
179
órgano, particularmente por el tipo de funciones y las condiciones en
que se generaron.
Entre otras cosas, se dio la posibilidad de elegir de manera esca-
lonada a los integrantes del Consejo General, así como la reelección del
presidente del consejo. La creación de la Unidad Técnica de Fiscaliza-
ción, una contraloría interna y una nueva estructura con capacidades
para procesar las quejas y denuncias presentadas por los actores polí-
ticos.
El procedimiento especial sancionador da al IFE una capacidad de
decisión que traslapa sus atribuciones administrativas con otras juris-
diccionales, lo que después se convirtió en un arma de dos filos, debido
a la controversia en criterios que se generó con respecto al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien también
sumó la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de actos en el
espacio electoral.
El nuevo modelo de comunicación política significó un aumento en
las facultades del IFE, ya que se convirtió en la única administradora de
los tiempos del Estado en radio y televisión, lo cual implica hacer la dis-
tribución de los mismos a las autoridades electorales locales, elaborar
las pautas para la transmisión de los mensajes, notificar a los concesio-
narios y permisionarios, hacer la verificación y el monitoreo de los tiem-
pos del Estado, atender las quejas y denuncias sobre las violaciones en
la materia, e incluso determinar y aplicar las sanciones a las personas
que incumplan la legislación electoral.
El modelo tiene reglas de acceso a medios que se construyen to-
mando en cuenta distintas variables, donde interviene no únicamente la
autoridad electoral, sino también los partidos políticos, los representan-
tes de concesionarios y permisionarios, así como otros actores relevan-
tes. El Consejo General realiza un catálogo de las estaciones y canales,
de permisionarios y concesionarios, tanto nacionales como locales, para
determinar coberturas.
En términos de la disponibilidad de tiempos, el IFE tiene en proce-
so electoral un total de 48 minutos diarios por cada estación de radio y
televisión se tienen 3 minutos por cada hora de las 6:00 a las 12:00 ho-
180
ras, 2 minutos por cada hora de las 12:00 a las 18:00 horas y 3 minutos
por cada hora de 18:00 a 24:00 horas. En los canales o estaciones que
no transmiten las 24 horas, se cuenta con 3 minutos de cada hora de las
6:00 a las 24:00 horas.
Existe una diferencia entre permisionarios y concesionarios, por
su naturaleza, en términos del tiempo que están obligados a ceder para
uso del IFE. Los permisionarios únicamente ceden al IFE 3 minutos con
36 segundos, pues ellos no pagan impuestos, como lo hacen los conce-
sionarios, en especie, con tiempo a disposición del Estado.
En el proceso electoral y para las precampañas, la ley otorga a los
partidos 18 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televi-
sión (1 minuto por hora de transmisión). De ese tiempo, 7 minutos dia-
rios se destinan a precampañas locales en aquellos casos donde haya
elecciones coincidentes
En el periodo intercampañas, el IFE utiliza el tiempo para sus pro-
pios fines y distribuye una parte de él entre los órganos electorales, fede-
rales y locales como el TEPJF, la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (Fepade), los órganos electorales locales, adminis-
trativos, jurisdiccionales y fiscalías.
Durante el periodo de campañas, la ley otorga a los partidos 41 mi-
nutos diarios, donde hay elecciones coincidentes destina 15 de esos 41
minutos a las elecciones locales. Los seis minutos restantes se destinan
a las actividades de difusión del IFE y de los órganos federales y locales.
En estas reglas, también hay un ciclo donde el IFE construye y au-
toriza los pautados que se aplican en el proceso electoral y en tiempos
en donde no hay proceso electoral. Este pautado de tiempos disponibles
entonces se distribuye de acuerdo con los mecanismos mencionados
anteriormente. Una vez distribuido el tiempo, los partidos políticos pro-
ducen sus materiales y los entregan a la autoridad electoral, quien los
revisa en términos de especificaciones técnicas y los envía a los permi-
sionarios y concesionarios para su programación. Una vez entregados
se transmiten al aire y se monitorea su correcta emisión y duración de
acuerdo con las pautas establecidas.
Como parte adicional del proceso, el IFE no evalúa el contenido de
los materiales de manera previa, sino que los programa y transmite y
181
espera a que algún actor político facultado para ello inicie una queja y se
valore su contenido, para su posible suspensión o mantenimiento al aire,
pero esto es siempre a solicitud de algún actor interesado.
De manera adicional, se establecieron nuevas reglas para las pre-
campañas y campañas electorales federales, donde se reducen de modo
significativo los tiempos de campañas, se suspende la propaganda du-
rante los periodos intercampaña y se establece un periodo de veda para
la reflexión ciudadana, además de que se hacen obligatorios los debates
entre candidatos y se instituye el derecho de réplica.
En términos de propaganda electoral, se prohibió la difusión de la
propaganda en la que se denigre o difame a otros candidatos o partidos,
como mecanismo precautorio y regulador de los contenidos de dicha
propaganda. Además de que, como se ha mencionado, se prohibió la
contratación de cualquier tipo de espacio en medios electrónicos.
Como mecanismo de control, la ley contempla un conjunto de san-
ciones para evitar conductas de distintos actores, que no se circunscri-
ban a lo dispuesto para el acatamiento del modelo de comunicación.
Los supuestos de infracción por sujeto responsable son los siguientes:
a. Autoridades o servidores públicos:
1. Difundir propaganda gubernamental desde el inicio de las campa-
ñas y hasta el día de la jornada electoral, excepto la información
sobre servicios educativos y de salud, o la necesaria para la pro-
tección civil en casos de emergencia.
b. Partidos políticos:
1. Contratar o adquirir, de manera directa o por medio de terceros,
tiempo en cualquier modalidad de radio o televisión.
2. Difundir propaganda política o electoral que contenga expresio-
nes que denigren a las instituciones y a los propios partidos polí-
ticos, o que calumnien a personas.
3. Realizar actos anticipados de precampaña o campaña.
c. Concesionarios y permisionarios de radio y televisión:
1. Vender tiempo de transmisión a los partidos políticos, aspirantes,
182
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.
2. Difundir propaganda política o electoral, pagada o gratuita orde-
nada por personas distintas al IFE.
3. Incumplir su obligación de transmitir los mensajes y programas
de los partidos políticos y de las autoridades electorales conforme
a las pautas aprobadas por el IFE.
4. Manipular o superponer la propaganda electoral o los programas
de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sen-
tido original, de denigrar las instituciones, a los propios partidos
o calumniar a los candidatos.
d. Cualquier persona física o moral:
1. Contratar propaganda en radio y televisión, en territorio nacio-
nal o en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines
políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de
los ciudadanos, o bien, que esté a favor o en contra de partidos
políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
La reforma electoral de 2007-2008 cambió las relaciones del IFE
con los partidos políticos y los medios de comunicación y se modifica-
ron las condiciones de la competencia política electoral y las oportuni-
dades de este esquema se tradujeron en garantizar la presencia de los
partidos políticos en todos los medios y su acceso equitativo a ellos.
Con esta reforma se pretendió acotar la influencia política de los
medios de comunicación para garantizar el interés de la ciudadanía y
evitar además, que la propaganda de los gobiernos influyera en la con-
tienda. Este modelo no es único, ya que países como Chile y Brasil tam-
bién lo aplican.
Sin embargo, tras dos elecciones federales con el nuevo modelo de
comunicación política, el IFE ha sido seriamente cuestionado acerca de
su papel como censor en las campañas electorales, el tribunal por sus
decisiones sobre lo que puede quedar y no quedar al aire después de
lo que el IFE decide, al mismo tiempo que la reforma tiene problemas
serios en cuanto a su congruencia con respecto a principios y libertades
democráticas.
183
4. ¿QUÉ PIENSAN LOS MEXICANOS SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?
El análisis previo se complementa en este sentido con una encuesta rea-
lizada en el mes de octubre de 2012, en el Distrito Federal y Oaxaca.
La idea era investigar sobre la percepción de los ciudadanos sobre los
derechos y libertades y, en ese contexto, sobre la libertad de expresión.
La pregunta era si ¿los mexicanos apoyan una política restrictiva o una
libertaria, para el ejercicio de los derechos y libertades? La consideración
inicial fue que resultaba indiferente para los ciudadanos, el hecho de que
no pudieran tener acceso a medios de comunicación para expresarse, de-
bido a la imposibilidad de hacerlo sin los medios económicos para ello.
Se realizó un diseño de investigación, donde se ordenaron los te-
mas a partir de los siguientes aspectos: se midieron los conocimientos
generales de la ciudadanía respecto de los derechos humanos, haciendo
énfasis en el carácter de humanos, políticos, civiles, etcétera. Después
se planteó el tema de libertad de expresión para saber distintas dimen-
siones sobre su percepción; posteriormente se construyen los datos que
nos otorgan un imaginario colectivo sobre las personalidades y profe-
siones a los que se atribuye una mayor o menor libertad de expresión;
finalmente se explora la percepción respecto del ejercicio de la libertad
de expresión; y en el quinto las limitaciones a esta libertad.
Conocimiento de los derechos
¿Los mexicanos conocemos nuestros derechos y podemos diferenciarlos
en términos de sus características fundamentales? Uno de los aspectos
más relevantes de la percepción ciudadana con respecto a los derechos,
es que es un concepto relativamente nuevo en el contexto del país. Ape-
nas desde 1991, se ha manejado en el discurso institucional y social,
el tema de los derechos humanos como fundamento de las formas de
garantía y convivencia de la sociedad. Se aplicó una encuesta de 1,200
casos, 800 en el Distrito Federal y 400 en Oaxaca, a ciudadanos mexica-
nos con credencial de elector, en vivienda.
184
Se escogieron los casos del Distrito Federal y Oaxaca, por dos ra-
zones fundamentales. Ante la existencia de grupos de enfoque en el
Distrito Federal para otro apartado de esta investigación, así como de
una encuesta en redes sociales e in situ a integrantes de un movimiento
social, resultaba relevante realizar una parte de la encuesta en esta en-
tidad. La segunda es para comparar el Distrito Federal con una entidad
con una combinación urbana-rural, para ubicar posibles diferencias y
similitudes. Cabe señalar que en el caso de Oaxaca, la encuesta se apli-
có en la ciudad, donde podemos encontrar distintos grupos en términos
socioeconómicos y características urbanas y rurales.
Para esta investigación, resulta relevante saber la forma en que
los mexicanos reconocen y conceptualizan sus derechos y establecer su
posición con respecto a los modelos de libertad de expresión discutidos
anteriormente. En esta sección se consideran las siguientes variables
que permiten ubicar el nivel de conocimiento y familiaridad de los ciu-
dadanos con respecto a los derechos humanos.
Las formas en que se ordenaron las variables de esta sección
fueron: Mención espontánea de los derechos humanos, derechos hu-
manos menos respetados, derechos humanos más respetados y per-
cepción específica sobre el respeto de los derechos humanos de las
personas y sus familias.
En las dos ciudades mencionadas el derecho humano más recor-
dado es el derecho a la vida, seguido en el Distrito Federal por los de-
rechos a la salud y a la educación; mientras que en el caso de Oaxaca
el segundo y tercer lugar en menciones son el derecho a la libertad y
el derecho a la educación, respectivamente. Hay que destacar que con
una sola excepción en Oaxaca se obtienen frecuencias mayores sobre las
menciones de derechos humanos que en el caso del Distrito Federal, lo
cual es un primer indicador de la sensibilidad de la ciudadanía de cada
una de estas ciudades sobre el problema de los derechos.
Debemos recordar el contexto de ambos espacios. La Ciudad de
México ha tenido discusiones de relevancia sobre aspectos que no se
ubican en otras entidades de la misma forma, como el aborto, el ma-
trimonio de personas del mismo sexo, el desarrollo de infraestructura,
etcétera, mientras que en Oaxaca los conflictos de la Asamblea Popular
185
de los Pueblos de Oaxaca (APPO), los maestros de la sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como
varios elementos históricos, junto con experiencias de gobierno contro-
vertidas, lo que ha definido el carácter de ambas poblaciones.
Tal vez por ello los derechos más mencionados por los entrevista-
dos son el derecho a la vida, a la libertad y a la educación en el caso de
Oaxaca, mientras que en el Distrito Federal fueron el derecho a la vida, a
la salud y a la educación. La libertad de expresión no se encuentra en la
mención inicial de derechos y en estos dos casos se encuentra en Oaxa-
ca en quinto lugar y en el Distrito Federal en séptimo lugar.
Cuadro 1.Derechos humanos de los mexicanos
(Categoría Mención afirmativa)
Fuente: Elaboración propia.
En la definición de esta variable, se pensó no únicamente en de-
rechos como tales, sino también en categorías de derechos, debido a
la dificultad de diferenciar para los entrevistados, de entre los tipos de
derechos algunos que son específicos.
Considerando a la población de las dos ciudades en estudio, los
tres primeros derechos humanos que los ciudadanos creen que menos
186
se respetan en el país son: el derecho a la igualdad/no discrimina-
ción; el derecho a la libertad de expresión/opinión; y el derecho a la
libertad/a ser libres.
En el caso del Distrito Federal el primero es mucho más menciona-
do que en Oaxaca, y le siguen en segundo y tercer lugar el derecho a la
libertad/a ser libres y el derecho a la vida, dejando en cuarto lugar a la
libertad de opinión/expresión.
Mientras que el orden para Oaxaca es: en primer lugar el derecho
a la libertad de expresión/opinión; el derecho a la igualdad/no discrimi-
nación en segundo lugar; y en tercero el derecho a la educación. Cues-
tión que marca una diferencia respecto de las preocupaciones entre las
dos ciudades. En una segunda mención los derechos a la igualdad/no
discriminación; a la educación; y a ser libres/a la libertad, resultan las
frecuencias más significativas tanto para la suma de poblaciones como
para cada una de ellas en lo particular.
Cuadro 2.Derechos humanos menos aceptados
Primera mención
Fuente: Elaboración propia.
187
Estos descubrimientos resultan relevantes porque nos dejan ver
el contexto en que los ciudadanos construyen y conciben una idea de
derechos, tanto en su sentido amplio, como humano, como limitado, en
el caso de aquéllos como la libertad de expresión u otros.
Es interesante ver cómo estos dos contextos demuestran preocu-
paciones ciudadanas específicas. En lo que puede ser un espacio donde
la libertad de expresión es más difícil de ejercer, como Oaxaca, y otro
donde existen más recursos y menos represión de la autoridad hacia la
expresión, sin que esto quiera decir que no la haya, la ciudadanía perci-
be como más relevante dicho derecho a aquel espacio donde parece ya
interiorizado, sin que eso tampoco asuma su existencia plena.
Con frecuencias menores encontramos en una primera mención
los tres derechos humanos que, de acuerdo con la percepción del total
de los ciudadanos de las dos ciudades en estudio, se respetan más.
Estos derechos son: a la educación, a la vida y a la salud. Mismo orden
que se presenta para cada una de las dos ciudades.
Cuadro 3.Derechos humanos más respetados
Primera mención
Fuente: Elaboración propia.
188
El derecho a la libertad de expresión ocupa el lugar siete de acuerdo
con la frecuencia de sus menciones en el nivel agregado (las dos ciuda-
des) y en Oaxaca, mientras que en el Distrito Federal alcanza el lugar
número ocho, en todos los casos con frecuencias que no rebasan el 2%.
Es importante observar el nivel de no respuesta que se encuentra
en esta variable, mismo que a nivel general alcanza más de 29 de cada
100; más de 24 de cada 100 para el caso del Distrito Federal; y casi un
37 de cada 100 en Oaxaca. Lo cual es indicativo de la mayor dispersión
en la asertividad en esa localidad.
Esta relación entre no reconocimiento del derecho de libertad de
expresión como uno fundamental para la ciudadanía y consideración de
que es uno de los derechos que menos se respeta, es fundamental para
comprender las razones por las que la ciudadanía no construye contra-
pesos con respecto a otros actores políticos, como los partidos, que han
asumido el control de los espacios públicos disponibles en medios.
Un aspecto importante tiene que ver con la percepción del respeto
a los derechos humanos. Quienes dicen que en el país no se respetan
sus derechos humanos y los de sus familias, son más en términos por-
centuales que la mención anterior, alcanzando a nivel general más del
58%. Para el caso del Distrito Federal esa cifra llega al 60% y en Oaxaca
a poco más del 56% de los entrevistados.
De aquellos que afirman que en el país sí se respetan sus derechos
humanos y los de su familia, casi un cuarto de los mismos menciona
que no han tenido una mala experiencia al respecto; 11 de cada 100
porque dicen que se respetan sus derechos, y más de siete de cada 100
porque se tiene derecho a la libertad, de acuerdo con sus propias verba-
lizaciones. Nuevamente llama profundamente la atención el diferencial
en el nivel de no respuesta entre las ciudades analizadas, siendo mucho
mayor en el caso de Oaxaca que en el del Distrito Federal.
Por su parte, las razones que esgrimen aquellos que dicen que en
el país no se respetan sus derechos humanos ni los de su familia son,
principalmente porque: a veces son violados o no respetados los dere-
chos (13 de cada 100); porque hay mucha desigualdad o discriminación
(más de 12 de cada 100); o porque no se permite decir la verdad, libre
opinión o expresión (más de nueve de cada 100).
189
Esto último dimensiona el papel de la libertad de expresión (o
mejor dicho, su ausencia) en el ánimo de aquellos que mantienen una
opinión negativa al respecto. Finalmente hay que mencionar que las fre-
cuencias registradas en Oaxaca son relativamente mayores que las veri-
ficadas en el Distrito Federal, además de que en el primer estado la no
respuesta vuelve a ser mayor que en el segundo.
Cuadro 4.Percepción específica del respeto de los derechos
humanos de las personas y sus familias
Cuadro 5.Responsabilidad sobre el respeto a los derechos humanos
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
La responsabilidad en el respeto a los derechos humanos es atri-
buida más a las instituciones, gobierno y Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), por los habitantes del Distrito Federal; mientras
que en el caso de los habitantes de Oaxaca ésta es atribuida más a una
noción colectiva, al mencionar en primer lugar la categoría “de todos”
y en segundo lugar de “la sociedad”. Esto resulta relevante porque deja
ver las diferencias en la percepción no únicamente sobre los derechos,
sino sobre las experiencias en los contextos políticos en que ambas po-
blaciones viven.
190
5. ¿CÓMO SE PERCIBE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?
Una vez que hemos planteado el tema de los derechos, ubicaremos
la percepción sobre la libertad de expresión, a partir de su respeto o
no, de la comparación con respecto a cómo se percibe ésta con otros
países, ciudades y estados, así como una valoración sobre la libertad
en general.
Las opiniones de la ciudadanía se tornan mucho más negativas
cuando se explora directamente el respeto que en México se le da a la
libertad de expresión: la suma de las categorías “se respeta poco” y “no
se respeta”, nos da que 90 de cada 100 mantienen esa opinión negativa.
A nivel de las ciudades encuestadas, aunque en el Distrito Federal se
concentra la mayor frecuencia de las opiniones negativas más contun-
dentes (categoría no se respeta); la suma de las dos opiniones negativas
(se respeta poco más no se respeta) es ligeramente mayor en Oaxaca.
En ambos casos las opiniones al respecto son sumamente negativas, lo
que deja ver que, a pesar del aparato jurídico construido en torno a los
derechos humanos, la percepción del respeto a la libertad de expresión
refleja una opinión negativa de los ciudadanos.
Para aquella minoría que dice que la libertad de expresión se res-
peta mucho en el país, se exploraron las razones por las cuales cree eso.
En ese sentido, se encontró que las tres principales razones que docu-
mentan su dicho son: que hay más libertad de expresión; el gobierno
ya deja que la gente se manifieste; y, los medios informan diariamente.
Esta última opinión es relevante porque puede evidenciar la in-
fluencia de dichos medios en la construcción de la opinión de este
segmento de la población, más señaladamente la de Oaxaca que la
del Distrito Federal. De la misma manera resalta el elevado nivel de
no respuesta en Oaxaca, así como un sentido de que los derechos son
más respetados que antes, lo que no se expresa de la misma forma en
la Ciudad de México.
191
Por su parte, aquellos que mencionan que la libertad de expresión
se respeta poco en el país, entre las razones que plantean encontramos
que no se respeta la ley/no se respetan nuestros derechos; porque no
hay libertad de expresión; y porque no se pueden manifestar libremente.
En Oaxaca destaca la segunda causa, mientras que en el Distrito Fede-
ral, la primera y la tercera. Lo paradójico es que es precisamente en
esos lugares donde ocurren la mayor parte de movimientos de protesta
en el país.
Cuadro 6.Razones de la percepción del respeto a
la libertad de expresión en México
Fuente: Elaboración propia.
192
Cuadro 7.Razones de la percepción del respeto a
la libertad de expresión en México
Fuente: Elaboración propia.
193
Para el caso de los que opinan que la libertad de expresión no se
respeta, las razones argumentadas son que al gobierno no le gusta la
crítica/la censura; el gobierno no escucha nuestras necesidades; y no
se respetan las leyes. No obstante hay que destacar que las razones
encontradas en la población de Oaxaca se basan en una reiteración de
la inexistencia de libertad de expresión, mientras que las del Distrito
Federal mantienen una cierta diversificación, aunque la centralidad es
la crítica a la actuación gubernamental. Es importante ubicar el hecho
de que sumadas las respuestas que tienen que ver con una posición ne-
gativa del gobierno hacia la expresión suma 49% en el Distrito Federal
y 46.5 en Oaxaca.
Cuadro 8.Razones de la percepción del respeto a
a libertad de expresión en México
Fuente: Elaboración propia.
194
Libertad de expresión comparada
Un ejercicio realizado en el contexto de la encuesta, fue generar una bate-
ría de preguntas para ver la percepción sobre la libertad de expresión en
su ciudad, en comparación con otros países, estados y ciudades, para ver
la valoración con respecto a lo que se ejerce en su espacio en particular.
Cuando se compara el respeto de la libertad de expresión en Méxi-
co con la que se percibe en otros países, casi en todos los casos México
se ubica por debajo de las percepciones con respecto a otros países, en
buena medida por un sentido de exposición de lo considerado negativo.
Oaxaca manifiesta con mayor claridad esta tendencia de valorar
el respeto a la libertad de expresión en otros países, más que la exis-
tencia de ese mismo derecho en esa ciudad o al interior del país. En la
población del Distrito Federal, encontramos que cuando se compara a
México con países de América Latina, la opinión es ligeramente favo-
rable para aquél.
De acuerdo con los entrevistados en el Distrito Federal, consideran
que en México se respeta más la libertad de expresión que en países
como Argentina, Brasil o Chile. Aunque hay que señalar que en esta
comparación con los países latinoamericanos es en donde se registra
una mayor no respuesta, en buena medida por la falta de información
sobre el exterior y por la proyección de la propia aspiración, ante condi-
ciones que parecen ser mejores en apariencia y la aspiración de ser así.
Cuadro 9.Comparación de la libertad de expresión con
distintos países de diferente nivel de desarrollo
Fuente: Elaboración propia.
195
Otro ejercicio realizado en este apartado, fue ubicar a la libertad
de expresión en una escala donde la ciudadanía tenía que asignar una
calificación. La media otorgada por la ciudadanía de las dos ciudades en
una escala del 1 al 10, donde 1 es malo y 10 es lo más alto, fue de 5.8,
es decir, apenas aprobatoria con redondeo según los parámetros esco-
larizados conocidos por la gente. En realidad, no existe una diferencia
significativa entre las poblaciones del Distrito Federal y Oaxaca en este
promedio, en buena medida porque la agregación de factores para una
calificación global genera mecanismos de compensación.
En donde existen ciertas diferencias es en los niveles de reproba-
ción, en los que el Distrito Federal es más estricto que Oaxaca, y este
último estado es en el que un sector de la población califica mejor el
estado que guarda la libertad de expresión en nuestro país. Esto tam-
bién es relevante en la forma en que los grupos se comportan, si bien en
Oaxaca han vivido procesos políticos complejos, el reciente triunfo de un
partido de oposición puede incidir en la perspectiva de un estado mucho
más incluyente, que en el Distrito Federal donde ya hay estabilidad con
respecto al partido que ha ganado las elecciones desde 1997.
Cuadro 10.Calificación de la libertad de expresión en México
Fuente: Elaboración propia.
196
Para los que reprobaron el estado que guarda la libertad de ex-
presión en nuestro país las principales razones se relacionan con una
reiteración del no respeto a los derechos de los ciudadanos o bien a
la inexistencia de esa libertad de expresión, solo en la tercera razón
esgrimida se encuentra una suerte de argumentación al respecto en el
sentido de que no hay justicia/porque no se aplican las leyes. Una vez
más es la población de Oaxaca la que argumenta reiterando, más que
el Distrito Federal, sobre temas que reafirman una perspectiva liberal.
Aún dentro de los que aprueban el estado que guarda la libertad de
expresión en México, las argumentaciones que sostienen la percepción
se construyen en negativo, como el hecho de que no se respetan los de-
rechos de los ciudadanos; falta mucho por hacer; y porque es regular. En
Oaxaca destaca la afirmación tajante de que no se garantiza la libertad
de expresión, misma que siendo la primera en importancia en la enti-
dad, no alcanza a influir para ubicarse en las tres primeras a nivel de las
poblaciones en conjunto. De la misma manera que en el caso anterior la
dispersión de las respuestas es considerable, y aumenta un poco la no
respuesta respecto de las opiniones reprobatorias.
Para la población que califica bien el estado que guarda la libertad
de expresión en nuestro país las principales argumentaciones giran en
el tono de medianía: porque es regular y falta mucho por hacer; aunque
también hay una evidentemente asertiva: porque sí hay libertad. Curio-
samente esta última frecuencia global se debe a la opinión de la pobla-
ción de Oaxaca, lo que nos puede indicar el grado de polarización que
existe en las percepciones de esta entidad respecto de la existencia o no
de libertades individuales y, en específico de la libertad de expresión.
Las observaciones negativas se matizan cuando se interroga a la
ciudadanía respecto del respeto a la libertad de expresión en su ciudad
comparado con lo respondido para el país. Tendencia que se manifiesta
con más claridad en el caso del Distrito Federal que en Oaxaca. Exis-
te cierta afinidad entre estas ciudades en la variable que se refiere a
un poco respeto de la libertad de expresión con casi 70 de cada 100,
mientras que quienes manifiestan abiertamente que esa libertad no se
respeta son ligeramente más en Oaxaca que en el Distrito Federal.
197
Las razones por las cuales la gente cree que la libertad de expre-
sión se respeta poco en su ciudad se relacionan con la creencia de que
se pueden tener represalias del gobierno; porque no hay posibilidad de
expresarse libremente; o porque no hay igualdad social. Para Oaxaca y el
Distrito Federal existe una relativa coincidencia en esto, pero en el Distri-
to Federal también destaca la razón de que no se respetan las leyes. Tal
vez lo más destacable de las razones planteadas es su gran dispersión,
lo que probablemente se deba a una falta de asertividad argumentativa.
Cuadro 11.Percepción del respeto de la libertad de expresión en su ciudad
Fuente: Elaboración propia.
Para quienes creen que la libertad no se respeta nada en su ciu-
dad, las argumentaciones giran preferentemente en torno a que habría
represalias si te manifiestas (más en el Distrito Federal que en Oaxaca);
no hay igualdad para toda la gente (más en Oaxaca que en el Distrito
Federal); y el gobierno hace lo que quiere (significativamente más en el
Distrito Federal que en Oaxaca). Aunque hay que insistir en que existe
una gran dispersión de las respuestas dadas, aunque menor a la de la
categoría poco inmediata anterior.
La percepción comparativa de la libertad de expresión en su ciu-
dad respecto de otros estados del país, es claramente favorable para el
Distrito Federal y desfavorable para Oaxaca. En efecto más del 53% de
la población capitalina considera que la libertad de expresión se respeta
en el Distrito Federal más que en otros estados del país; mientras que
más del 54% de los habitantes de la ciudad de Oaxaca opinan que esa
libertad de expresión se respeta más en otros estados que en esa ciudad.
198
Aquellos que consideran que en su ciudad se respeta más la liber-
tad de expresión que en otros estados del país basan su opinión sobre
todo en tres afirmaciones: tenemos libertad de expresión; porque es la
principal ciudad del país; y porque existen organizaciones que se encar-
gan de ello.
A nivel de las ciudades en estudio destaca la asertividad de ese
sector de la población de Oaxaca que manifiesta que se tiene libertad
de expresión en esa ciudad, así como la comparación que se hace con
otros estados que se consideran violentos. En el caso del Distrito Federal
obviamente se concentra la totalidad de la categoría que destaca, no sin
cierto orgullo, que es la principal ciudad del país. Una vez más la disper-
sión de las respuestas es la regla que más se destaca.
Por su parte, para aquellos que respondieron que en su ciudad se
respetaba menos la libertad de expresión que en otros estados de la
República, se argumentó a partir de que hay mucha corrupción (más en
el Distrito Federal que en Oaxaca); porque hay discriminación (más en
Oaxaca que en el Distrito Federal); y la reiteración de que no hay libertad
de expresión. De nuevo se presenta una gran dispersión de razones que
justifican la opinión vertida.
Cuadro 12.Percepción comparativa del respeto a la libertad de
expresión de su ciudad respecto de México
Fuente: Elaboración propia.
199
6. ¿CÓMO SE EJERCE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?
El ejercicio de la libertad de expresión se enfrenta a obstáculos desde la
percepción de la ciudadanía encuestada, como se ha venido observando
en los reportes recién mencionados de la encuesta.
Se percibe que el ejercicio de la libertad de expresión, como con
otras libertades está limitado por diversos actores. Por un lado, lleva
consigo represalias por parte de otros actores, fundamentalmente el go-
bierno, donde algunas incluso pueden ser la cárcel. De la misma forma,
se plantea la percepción de en qué entidades del país se ejercen más o
menos condiciones para la libertad de expresión, en comparación con
las ciudades encuestadas.
Los encuestados creen que es en los medios de comunicación en
los que se ejerce la libertad de expresión con mayor plenitud, pues no
son únicamente los que más alcance tienen, sino que también son más
exitosos en la generación de opinión pública.
Un tema fundamental es que, de acuerdo con la encuesta, más de
70 de cada 100 tienen la percepción de que actualmente en México se
presentarían represalias si se ejerce de una manera plena la libertad de
expresión. Esta frecuencia es compartida casi sin diferencia por las dos
ciudades en análisis.
El tipo de represalias mencionadas por la gente son los asesinatos,
las amenazas y las agresiones físicas, como las tres más mencionadas a
nivel general. En el caso de Oaxaca esas tres razones son las amenazas,
las agresiones y la violencia; y en el caso del Distrito Federal se sigue
la tendencia general mencionada. Llama la atención la variedad de res-
puestas a esta pregunta, todas ellas de carácter sumamente negativo y
contrario al interés ciudadano. El nivel de no respuesta es mínimo.
200
Cuando se interroga a la ciudadanía sobre la existencia de repre-
salias en su ciudad si se ejerce plenamente la libertad de expresión,
las opiniones negativas se reducen ligeramente si se le compara con
las registradas cuando se habló del país, aunque éstas siguen teniendo
una frecuencia más que considerable. Poco más de dos tercios del total
responden afirmativamente a la existencia de represalias en su ciudad si
es que se ejerce plenamente la libertad de expresión, mientras que entre
un quinto (Distrito Federal) y un cuarto (Oaxaca) de la misma opina que
no existen tales represalias.
Cuadro 13.Percepción sobre represalias al ejercicio de la
libertad de expresión en México
Cuadro 14.Percepción sobre represalias al ejercicio de
la libertad de expresión en su ciudad
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
201
De acuerdo con la percepción de la ciudadanía, cuando se le in-
terrogó respecto de en qué estado se ejerce de manera menos plena la
libertad de expresión, se respondió que en ningún estado de la república
se ejerce plenamente esa libertad de expresión, como primera mención;
en segundo lugar se mencionó a Oaxaca y en tercero a Chihuahua. Ten-
dencia que fue seguida por cada una de las ciudades en estudio. Hay
que considerar que la no respuesta mostrada por Oaxaca es bastante
más alta que la verificada por el Distrito Federal.
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 15.Percepción del estado de la república dónde menos
plenamente se ejerce la libertad de expresión
202
Desde la perspectiva contraria, cuando se interroga a la ciudadanía
respecto del estado en el cual se ejerce de una manera más plena la
libertad de expresión, encontramos que la frecuencia más alta sigue sien-
do que en ninguno se ejerce plenamente esa libertad; en segundo lugar
se ubica al Distrito Federal; y en un lejano tercer lugar la percepción de
que en todos los estados se ejerce plenamente es libertad de expresión.
Obviamente la autopercepción de los habitantes del Distrito Fe-
deral como ciudad de libertades, es la frecuencia más considerable,
aunque no es desdeñable la opinión de los habitantes de la ciudad de
Oaxaca respecto de que en el Distrito Federal se ejerce de una manera
plena la libertad de expresión.
Es importante indicar que ningún otro estado es mencionado con
una frecuencia mayor al 1.7%, como entidad en la que se respete plena-
mente la libertad de expresión, lo que deja de manifiesto que, en la opi-
nión de las dos ciudades en estudio, el Distrito Federal es prácticamente
una isla a este respecto.
Los medios en los que se ejerce con mayor plenitud la libertad de
expresión son, de acuerdo con la opinión de la ciudadanía, las redes
sociales, la televisión y la prensa. Esta tendencia general aunque es se-
guida por las dos ciudades en estudio, marca algunas diferencias: en el
caso de Oaxaca la opinión es que las redes sociales y la televisión ejer-
cen de una manera más plena la libertad de expresión en frecuencias
mayores a las del Distrito Federal; mientras que en esta última ciudad se
considera más a la prensa que en el caso de Oaxaca. Llama la atención
por su alta frecuencia la categoría ninguno en el caso de la capital de
la República, ya que incluso es mayor a la que se registra para la radio.
203
Las razones que de aquellos que consideran a las redes sociales
como el medio en donde se ejerce más plenamente la libertad de expre-
sión son, principalmente: el anonimato (no te conocen físicamente), que
los dejan expresarse libremente, y que no haya censura. Las razones de
aquellos que mencionaron a la televisión (con frecuencias más discre-
tas) son: siempre hablan con la verdad, salen imágenes de los hechos,
y todos tienen esa libertad. Para aquellos que mencionaron a la prensa
escrita y a la radio, sus razones fueron: siempre hablan con la verdad los
dejan expresarse libremente, y no hay censura.
Cuadro 16.Percepción del estado de la república donde más
plenamente se ejerce la libertad de expresión
Fuente: Elaboración propia.
204
Cuadro 17.Medios en que se ejerce la libertad de expresión con mayor plenitud
Cuadro 18.Razones por las que se opina sobre los medios en que se
ejerce la libertad de expresión con mayor plenitud, redes sociales
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
205
Para los encuestados los medios que ejercen con menor plenitud
su libertad de expresión se encuentran, principalmente: la televisión, la
prensa escrita y la radio. Aunque la primara con frecuencias superiores
a los 40 de cada 100 en todos los casos.
Las razones de aquellos que consideran que la televisión es el me-
dio en donde se ejerce menos plenamente la libertad de expresión son:
son manipulados, todo es mentira, y son corruptos. Donde destacan la
manipulación para la población del Distrito Federal, y la mentira para la
de Oaxaca. Las demás frecuencias solo tienen un dígito de frecuencia y
se diversifican.
Las razones de los que mencionan la prensa escrita como el medio
en el que se ejerce la libertad de expresión con menor plenitud giran en
torno a que: son amenazados y asesinados, todo es mentira, y siempre
hablan con la verdad. En este medio la no respuesta de Oaxaca se eleva.
Para aquellos que mencionaron la radio, las razones fueron: son ma-
nipulados, tienen una línea, y tienen muy poca difusión. Y finalmente,
aquellos que mencionaron las redes sociales, las razones son que no se
conocen físicamente, son manipulados, no hay censura. En todos los
casos la no respuesta es considerable en el caso de Oaxaca.
Cuadro 19.Medios en los que se ejerce la libertad de expresión con menor plenitud
Fuente: Elaboración propia.
206
A nivel agregado (las dos poblaciones en estudio), las posiciones se
polarizan respecto de la necesidad de regular la libertad de expresión,
en efecto, una ligera mayoría considera que la libertad de expresión se
tendría que regular sobre los que consideran lo contrario. Algo singular
ocurre cuando analizamos las frecuencias por ciudades: mientras que
en el caso del Distrito Federal 53 de cada 100 opinan que la libertad de
expresión se debe regular, casi esa misma proporción pero en el caso de
Oaxaca opina que no se debe regular. En suma, el tema si bien polariza
las opiniones de la población, es claro que cada una de las ciudades
mantiene una opinión definida al respecto.
Se verifica una gran variedad de razones que intentan argumentar
en pro y en contra de la regulación de la libertad de expresión, dentro
de los que consideran que sí se debe regular, esas razones se centran en
cuatro ejes: el que pretende garantizar la libertad de expresión como tal;
el que apela a la necesidad de igualdad; el que se relaciona con la trans-
parencia (“para investigar todo lo que pasa”); y el que se menciona con
la finalidad de evitar desorden y caos. Este último eje es más evidente
en el caso de Oaxaca que en el Distrito Federal.
Por su parte, quienes consideran que no se debe regular la libertad
de expresión argumentan sobre todo en los siguientes tópicos: se coar-
taría la libertad de expresión; es necesario expresarse con plenitud; y es
un derecho que todos tenemos. Para Oaxaca resalta la variable “es una
maniobra para manipularnos”, empatada en el tercer lugar de frecuen-
cias con “necesitamos expresarnos con plenitud”, lo que muestra el ma-
yor nivel relativo de sensibilidad de la población de esa ciudad respecto
de las iniciativas de regulación de la libertad de expresión.
Cuadro 20.Opinión sobre la regulación de la libertad de expresión
Fuente: Elaboración propia.
207
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 21.Razones de la opinión sobre la regulación de
la libertad de expresión (categoría sí)
208
La instancia que debería regular la libertad de expresión sería, se-
gún la opinión de los ciudadanos, en primer lugar, la CNDH; en segundo
el gobierno; y en tercero por quienes ejercen su libertad de expresión,
es decir una autorregulación. La población del Distrito Federal se inclina
más por la primera y segunda opción, mientras que la de Oaxaca por la
tercera y la primera, en ese orden de frecuencias.
Cuadro 22.Probable instancia de regulación de la libertad de expresión
Fuente: Elaboración propia.
Dos tercios de la ciudadanía se pronuncian porque no se debe res-
petar la libertad de expresión si se trata de una difamación, mientras que
19 de cada 100 en el Distrito Federal y 23 de cada 100 en Oaxaca opinan
que se debe respetar esa libertad a pesar del abuso mencionado.
Del 7.6% global que mencionó la palabra “depende” en la pregunta
anterior, se les interrogó por esa situación y las siguientes fueron las
respuestas más significativas: del medio que mencione la información;
de que sean honestos; y que debe ser real.
Por su parte, las razones que esgrimieron aquellos que menciona-
ron que se debe respetar la libertad de expresión a pesar de que se trate
de una difamación son, principalmente, las siguientes: porque debe ser
libre el derecho a expresarse; por respeto al individuo; y porque solo así
te hacen caso. Este último argumento casi debido en su totalidad por lo
209
expresado por la ciudadanía de la ciudad de Oaxaca. En este caso son
notables las diferencias de opinión entre las poblaciones de Oaxaca y el
Distrito Federal: mientras que en la primera se hace referencia primor-
dialmente a razones de tipo reivindicativo como la del caso que acaba-
mos de comentar, en el Distrito Federal esas razones se ubican más en
el terreno de la transparencia y de la legalidad.
En el otro extremo, aquellos que mencionaron que no se debe res-
petar la libertad de expresión en caso de difamación argumentaron lo
siguiente: no se debe difamar a inocentes; por respeto al individuo; y
porque se perjudica a terceros. El nivel de no respuesta vuelve a ser muy
significativo en el caso de Oaxaca, tanto así que casi empata la frecuen-
cia de su respuesta más alta.
Finalmente, las razones de quienes respondieron con un “depen-
de” al cuestionamiento sobre si se debe respetar la libertad de expre-
sión en caso de que sea utilizada para realizar una difamación, son las
siguientes: para vivir sin injusticias; porque debe ser libre el derecho a
expresarse; y porque se debe castigar a quien no diga la verdad. Existe
una gran variedad de razones en el caso del Distrito Federal que se pul-
verizan en una serie de variables, comparativamente con Oaxaca que
solo hace algunas menciones al respecto. En todo caso lo que habría
que destacar también es el altísimo nivel de no respuesta en esta varia-
ble por parte del sector de las poblaciones en estudio.
210
Cuadro 23.Razones del respeto a la libertad de
expresión en caso de difamación (Categoría sí)
Fuente: Elaboración propia.
Un tercio de la población agregada menciona que en algún mo-
mento o circunstancia ha tenido que limitar su libertad de expresión,
mientras que los restantes dos tercios no han tenido esa necesidad.
Aquellos que han tenido que limitar su libertad de expresión expresan
que ha sido, principalmente, por causas laborales o de trabajo; cuando
se era menor en la escuela; y por un sentido de protección, aunque en
Oaxaca también destaca la categoría “por quererme callar”.
211
En una primera mención, los límites a la libertad de expresión son,
de acuerdo con la opinión de las poblaciones en estudio, sumamente
diversos, siendo los principales los siguientes: respeto; daño a terceros;
y agresión/represalias/violencia. Para Oaxaca la variable “respeto” es
sumamente significativa, así como su no respuesta que ocupa el segun-
do lugar en frecuencias después de la mencionada. Habría que agregar
que otras categorías significativas por ciudad son: el gobierno/la autori-
dad (como límites a la libertad de expresión) en el Distrito Federal; y la
propia libertad, en el caso de Oaxaca.
En una segunda mención de los límites a la libertad de expresión
bajan considerablemente las frecuencias de las respuestas y aumenta,
de manera más que importante el nivel de no respuesta, más de 61 de
cada 100 no opinaron al respecto. De las frecuencias más importan-
tes de esta segunda mención de los límites de la libertad de expresión
(todas ellas de un solo dígito) destaca la del respeto, la igualdad, y la
agresión/represalias/violencia. En suma, hay una suerte de reiteración
de lo registrado en la primera mención.
Es sorprendente que en el Distrito Federal una considerable mayor
proporción de su población manifieste que si tuviera la posibilidad de li-
mitar o impedir la libertad de expresión de otros, efectivamente lo haría.
Cuadro 24.Limitación personal de la libertad de expresión
Fuente: Elaboración propia.
212
Esto se desprende de la relativamente baja frecuencia que se observa en
la categoría “ninguno” (no se limitaría la libertad de expresión a nadie)
39 de cada 100, mientras que la población de Oaxaca registra en esa
misma categoría una frecuencia de casi 68 de cada 100.
Los habitantes del Distrito Federal limitarían o impedirían la liber-
tad de expresión (si esto estuviera en sus manos) en primer lugar de
los partidos políticos; en segundo de los locutores o conductores de
televisión que no les simpatizan; y en tercero de políticos con los que
tampoco simpatizan. En Oaxaca, aquellos que limitarían o impedirían
la libertad de expresión de otros (con una menor frecuencia que en el
Distrito Federal) lo harían con los partidos políticos; con los sindicatos;
y con los políticos y funcionarios con los que no simpatiza.
Cuadro 25.Limitación focalizada o dirigida de la libertad de expresión
(Categoría Sí mención)
Fuente: Elaboración propia.
7. CONCLUSIONES
Se concluye que el modelo restrictivo de la libertad de expresión en
medios electrónicos, si bien reduce el gasto que se realizaba en medios
en elecciones anteriores, particularmente la de 2006, no reduce el costo
de las campañas ni de las asignaciones a los partidos políticos. Más
aún, dicho modelo tiene un impacto en el desarrollo de las campañas,
donde las encuestas señalan que los electores no deciden su voto por los
spots televisivos y radiofónicos, sino por otros factores. Además de que
213
este modelo tiene restricciones en el sentido de que hace más lento el
proceso de las campañas en medios y es costoso en su instrumentación.
Más allá de la restricción de la participación de otros actores dis-
tintos a los partidos y candidatos en los medios electrónicos, el modelo
no resulta benéfico en la promoción del voto, al mismo tiempo que el ac-
ceso a medios por parte de otros actores como los órganos electorales
no se garantiza de manera equitativa con respecto al acceso que tiene el
IFE como órgano distribuidor de dichos espacios.
En ese sentido, una discusión sobre el modelo en sí y sus resul-
tados, debería darse en el seno no únicamente de los órganos como el
IFE o los propios partidos, sino también en el poder legislativo donde
una posible reforma electoral se estará discutiendo en los próximos me-
ses. Esto es relevante pues con la reforma de 2007 se transitó de una
videopolítica a una condición de competencia que regresó a las estruc-
turas mismas de los partidos políticos y sus grupos de apoyo, así como
al surgimiento de las redes sociales como un elemento que potenció, a
través de los medios tradicionales, la discusión que se daba en el con-
texto de la sociedad.
De la misma forma, la percepción ciudadana sobre la libertad de
expresión es variada, por lo que no podemos afirmar que el modelo que
se mantiene cuenta con el apoyo de la ciudadanía, aparte del que los
partidos le dieron. Para examinar algunas hipótesis del proyecto en su
conjunto, se realizó una encuesta en el Distrito Federal y Oaxaca sobre
el tema bajo estudio. Resultó relevante ubicar no únicamente las dife-
rencias en las percepciones entre ambas entidades, sino también las
razones que los ciudadanos generan sobre el ejercicio de sus derechos
y en particular en lo que se refiere a la expresión, lo que analizaremos
con detalle más adelante.
Finalmente, no podemos divorciar el contexto del análisis que este
documento contiene, de la forma en que la libertad de expresión se ha
desarrollado a partir de los últimos cinco años en otros espacios socia-
les y con otros actores, pero que también tiene repercusiones sobre la
forma en que la ciudadanía comprende el problema de la expresión y
otros derechos.
214
Los actores políticos en México son más proclives a controlar la
forma en que se ejerce la libertad de expresión. Al limitar los espacios y
formas de expresión, los actores no cuidan el esquema democrático sino
su propio espacio de acción. El argumento es garantizar el libre e igual
acceso a la libertad de expresión por parte de los ciudadanos, pero al fi-
nal no hay tal acceso, al mismo tiempo que se reduce la credibilidad y el
incremento de una percepción ciudadana negativa sobre las libertades y
los derechos que la democracia protege.
215
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217
LA SEGUNDA VUELTACOMO UNA FORMA DE
LEGITIMAR EL PODER
HERANDENY SÁNCHEZ SAUCEDO1
1. INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, y en la ruta de un entreverado y sinuoso
camino de transición política, México ha dado importantes pasos hacia
la celebración de elecciones libres y el afianzamiento de las libertades
civiles y los derechos político electorales, e inició un proceso de reforma
del Estado que abarca la modernización de sus instituciones y leyes.
Han sido, todos ellos, pasos importantes para una sociedad dispuesta
a avanzar en el camino del desarrollo democrático. Sin embargo, en
algunos sectores de la población persiste la desconfianza ciudadana en
los procesos electorales y en las instituciones públicas, una tendencia
de participación política divergente, y la latente amenaza del conflicto
postelectoral con lo que existe el sentimiento de que la democracia no
termina de consolidarse en nuestro país.
La relación entre electores y partidos políticos, las causas del triun-
fo del candidato de la coalición conformada por los partidos Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) denominada Compromiso por México y la contradicción de
que perviven prácticas democráticas con formas antidemocráticas en la
política electoral mexicana.
1 Licenciada en Derecho. Representante propietaria de Nueva Alianza en el Distrito Federal.
218
Ahora bien, como resultado de esta elección federal se vuelve a
presentar la alternancia en el poder y ésta es una de las característi-
cas más sobresalientes del sistema democrático. A pesar de esta al-
ternancia, la última elección deja muchos elementos de análisis sobre
el funcionamiento, exigencias, logros, olvidos, estructura y retos de la
democracia en México.
Primero, para poder entender cómo puede encajar la segunda
vuelta como una forma de legitimar el poder, referiré de manera muy
breve qué es esta figura, en dónde surge, asimismo en qué países en
América Latina está regulada y sobre todo si es factible que en México
pueda regularse, así como las propuestas que se han presentado por las
fracciones parlamentarias al respecto.
2. LA SEGUNDA VUELTA
La segunda vuelta es un sistema creado esencialmente para permitir
una mayor certidumbre y confianza al final de cada proceso electoral,
ya que se establecen parámetros más desarrollados que en un proceso
de simple mayoría, pretendiéndose así una mayor legitimación y gober-
nabilidad posterior a la etapa electoral.
La segunda vuelta encuentra su antecedente en el sistema semi-
presidencial francés. Primero se contempla en la ley electoral de 1787
y se consagra posteriormente en las constituciones de 1793 y 1795,
eliminándose tiempo después por Napoleón Bonaparte y haciendo pos-
teriores apariciones en las Constituciones pero vuelve a adquirir vigencia
hasta 1958 cuando el General Charles De Gaulle, quien aspiraba a ocu-
par una presidencia fuerte y con amplia legitimación en ese tiempo, le
imprime las características del actual ballotage francés (García, 1986:
59).
A la segunda vuelta también se le conoce como ballotage, que sig-
nifica elección con doble turno, o segunda vuelta, el balotaje se refiere al
mecanismo electoral a través del cual se obtiene una mayoría absoluta
o una mayoría relativa calificada. Los países en América Latina que con-
templan la segunda vuelta electoral a nivel constitucional y de ley son:
219
Cuadro 1.Segunda vuelta electoral en América Latina
Fuente: Cámara de Diputados, LX Legislatura, Segunda Vuelta Electoral, Estudio Teó-rico Conceptual, de Derecho Comparado y de Iniciativas presentadas en la materia. Recu-
perado de http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-04-07.pdf
PAÍS
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Perú
República Dominicana
Uruguay
TIPO DE MAYORÍA Y PORCENTAJE
Relativa45%
Absoluta50% más 1
Absoluta50% más 1
Absoluta50% más 1
Absoluta50% más 1
Relativa40%
Absoluta50% más 1
Absoluta50% más 1
Absoluta50% más 1
Absoluta50% más 1
Absoluta50% más 1
Absoluta50% más 1
PARTICIPAN
En la segunda vuelta electoral las dos fórmu-las de candidatos más votadas.
Las dos fórmulas que hubieran obtenido el mayor número de sufragios validos. En caso de empate, se repetirá la votación hasta por dos veces.
Se hará una nueva elección entre los dos candidatos más votados, y considerándose electo aquél que obtuviese la mayorías de votos validos.
Se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los dos candidatos que obtenga el mayor número de sufragios.
Se celebrará una nueva votación entre los can-didatos que hubieren obtenido las más altas votaciones.
Se practicará una segunda elección popular entre las dos nominas que hubieran recibido más votos.
Se realizará una segunda vuelta electoral en-tre los candidatos que hayan obtenido el pri-mero y segundo lugares, en las elecciones de la primera vuelta.
Se llevará a cabo una segunda elección entre los dos partidos o coalición de partidos po-líticos participantes que hayan obtenido el mayor número de votos válidos.
Se procederá a una segunda elección entre los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas.
Se procederá a una segunda elección entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas.
Se efectuará una segunda elección entre las dos candidaturas que hayan obtenido mayor número de votos en la primera elección.
Se celebrará una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas.
TIEMPO PARALLEVAR A CABO LA SEGUNDA VUELTA
Dentro de los treinta días de celebrada la anterior.
No se señala.
Dentro de los veinte días siguientes a la proclama-ción del resultado.
Dentro de los treinta días de celebrada la anterior.
Dentro de las tres semanas siguientes.
El primer domingo de abril del mismo año en que se celebre la elección.
Dentro de los siguientes cuarenta y cinco días.
En un plazo no mayor de treinta días después de haberse declarado firmes los resultados de la primera elección.
Dentro de un plazo no mayor de sesenta ni menor de cuarenta y cinco días.
Treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales.
Cuarenta y cinco días después de celebrada la primera elección.
El último domingo del mes de noviembre.
220
Los argumentos que han utilizado para adoptar este sistema, por
sus insatisfactorios resultados, han provocado numerosas crisis políti-
cas y varios golpes de estado. En Bolivia, Brasil, Chile y Perú fueron
dirigidos por presidentes socialmente minoritarios, ideológicamente ex-
tremos y políticamente impopulares. No obstante, tras los procesos de
redemocratización en los últimos años, varios países de América Latina
utilizan actualmente el procedimiento de segunda vuelta para la elec-
ción de presidente, el cual tiende a producir ganadores socialmente más
aceptados y políticamente más fuertes. Estas reformas han contribuido
a la estabilidad y la consolidación de la democracia de los países ante-
riormente mencionados.
Ahora, cuando en un proceso electoral existe un rango mínimo de
diferencia entre los dos candidatos punteros, y al no haber solución ju-
rídica, para dejar claros los resultados electorales, se recurre al campo
eminentemente político, provocando con ello inestabilidad social y polí-
tica en el país. Por ello es que una de las soluciones jurídicas al respecto
es la figura de la segunda vuelta, ya que va más allá de un recuento de
boletas electorales, porque ataca el problema de fondo, pues al haber
una diferencia mínima entre los dos posibles ganadores, se da la posi-
bilidad de replantear los puntos principales ante el electorado y una se-
gunda oportunidad de elección exclusivamente entre los dos candidatos
punteros a la presidencia.
Con ello, no solo se resuelven cuestiones prácticas, sino que a
mediano y largo plazo, aspectos importantes como lo es la legitimidad
del presidente, evitando la polarización de la sociedad. La segunda
vuelta da una oportunidad de replantear las cosas, haciendo al electo-
rado más consciente de lo que se está poniendo a consideración de la
población, se pulen las ideas planteadas y se busca una mayor empa-
tía con el electorado.
221
3. PROPUESTAS LEGISLATIVAS EN MÉXICO RELATIVAS A LA SEGUNDA VUELTA
En México tenemos que en las legislaturas LVII, LVIII, LIX y LX, LXI y
la actual LXII, los grupos parlamentarios del PRI, del Partido Acción
Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de
Convergencia (C), ahora Movimiento Ciudadano (MC), han presentado
diversas iniciativas relativas a la implementación de la figura de la se-
gunda vuelta.
En el siguiente cuadro podemos observar de manera muy general
las mismas.
Cuadro 2.Iniciativas presentadas por los diversos grupos parlamentarios.
Legislaturas LVII, LVIII, LIX, LX, LXI y LXII
LVII
18 de Marzo de 1998*
LVIII
20 de abril de 2001*
LVIII
22 de agosto de 2002*
Partido Acción Nacional
Diputado Rafael Alberto Castilla Peralta Peniche
Partido Revolucionario Institucional
Diputado Fernando Ortiz Arana
Partido de la Revolución Democrática
Diputado Luis Miguel Barbosa Huerta
Artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículos 81 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículos 52, 56 y 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si en una primera elección ninguno de los candidatos a la Presidencia de la república obtiene la mayoría ab-soluta de los votos, se realice entonces una segunda elección en la que sólo participen quienes en la pri-mera hayan obtenido las dos votaciones más altas, de manera que en la segunda vuelta alguno de los conten-dientes alcance la mayoría absoluta para dar una base sólida de apoyo popular a la institución presidencial.
La segunda vuelta o ronda electoral, se describe como el procedimiento por el cual, ante la falta de una mayo-ría absoluta en una elección, se procede a la celebra-ción de una segunda jornada electoral, entre aquellas dos fórmulas o personas que hayan tenido una mayor votación en ésta.
La segunda vuelta busca reorientar la política electoral para fortalecer la legitimidad del titular del poder eje-cutivo, institucionalizando y aumentando su carácter democrático.
La orientación hacia el abstencionismo, como conse-cuencia de miedos históricos, percepciones sobre la inutilidad del proceso electoral o desconfianza gene-ralizada, está en la base de una actitud que tiende a deslegitimar al propio sistema político democrático.
A diferencia de los demás países latinoamericanos que han adoptado la fórmula, se propone que su utiliza-ción no se limite al poder ejecutivo, sino que también se aplique para las elecciones de determinados inte-
GRUPOPARLAMENTARIO
Y QUIEN LA PRESENTA
ARTÍCULOS A MODIFICAR MOTIVACIÓN
LEGISLATURAFECHA DE PRESEN-TACIÓN
222
LIX
22 de febrero de 2005*
LIX
31 de julio de 2006*
LIX
14 de agosto de 2006*
LX
6 de febrero de 2007*
Convergencia*
Diputado Jesús Martínez Álvarez
Partido de la Revolución Democrática
Diputada Cristina Portillo Ayala
Partido Revolucionario Institucional
Diputado Francisco Luis Monárrez Rincón
Partido de la Revolución Democrática
Diputado Mario Enrique del Toro
Artículos 81 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9, 19 y 159 del Código Federal del Instituciones
y Procedimientos Electorales.
Artículos 52, 56 y 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículos 41, 81 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
grantes de las cámaras del congreso general, especí-ficamente en las de diputados y senadores que ahora son elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa.
En caso que ninguno de los candidatos obtenga la ma-yoría absoluta.
Crear condiciones legales y políticas para que los can-didatos de mayor aceptación en la ciudadanía puedan conformar un sistema de alianzas, antes y después de las elecciones, en torno a objetivos comunes de un go-bierno de coalición.
Garantizar Gobernabilidad y Estabilidad.
El despliegue de viejas y nuevas prácticas fraudulen-tas para anular votos han hecho evidente que la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas es el rasgo más significativo de la actual realidad mexicana.
Frente a ello es necesario reforzar la fragilidad en la que se fundamenta el actual sistema de representación política.
El proyecto aborda únicamente el tema de la elección presidencial porque considero que antes de proponer la segunda vuelta para los candidatos al poder legis-lativo, es necesario revisar determinados elementos como son: por un lado el umbral de votación para no perder el registro como partido político y desde luego, el tema de los legisladores plurinominales.
Es fundamental incorporar el mecanismo de “segunda vuelta” en la elección presidencial, así como prever la polarización de un proceso electoral como el que se vivió, de aquí que en esta propuesta añadamos el mandatar desde la ley la obligatoriedad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en caso de que ningún candidato obtenga la más de la mitad de los votos, haga el recuento total de los mismos.
Se tiene la necesidad de establecer reglas claras, for-talecer los mecanismos y las instituciones electorales para dar certeza jurídica a los actores políticos. Las elecciones son y serán cada vez más competidas, y el no contar con certeza y credibilidad en las institucio-nes y procesos electorales locales y federales continua-rá generando enfrentamiento entre los contendientes, sus simpatizantes y militantes en el marco de resulta-dos electorales cerrados.
La inercia de fraudes electorales anteriores, la des-confianza entre los contendientes, la participación de áreas de los gobiernos federal, estatales o municipales en la promoción de un candidato-partido, consejeros electorales con intereses de partido, magistrados elec-torales con compromisos de grupo o económicos le imprimen a la contienda electoral pasión y descalifica-ción, por ser elecciones de todo o nada.
GRUPOPARLAMENTARIO
Y QUIEN LA PRESENTA
ARTÍCULOS A MODIFICAR MOTIVACIÓN
LEGISLATURAFECHA DE PRESEN-TACIÓN
223
GRUPOPARLAMENTARIO
Y QUIEN LA PRESENTA
ARTÍCULOS A MODIFICAR MOTIVACIÓN
LEGISLATURAFECHA DE PRESEN-TACIÓN
Es conveniente que la ciudadanía conozca diferentes opciones y ofertas electorales, que participe con pa-sión, lo preocupante, porque nuestra historia electoral lo demuestra, es que no esté considerado un método que permita construir una mayoría clara para obtener el triunfo electoral y, naturalmente, que se convierta en un gobierno legítimo y legitimado.
La principal justificación de esta propuesta tiene que ver con la permanente parálisis legislativa, cuando las fuerzas políticas que integran el congreso no están dis-puestas a pactar reformar con el ejecutivo en turno.En suma, la creación de la figura de la segunda vuelta electoral en los poderes ejecutivos, nacional y estatal, la reelección legislativa y la iniciativa preferente del ejecutivo federal; en su conjunto y de forma integral serán, sin duda, un paso trascendental en la prefigura-ción de una nueva gobernabilidad y en la eficacia del régimen político. Además, y seguramente, son y serán del gran acuerdo de amplios sectores de la sociedad.
Para establecer la realización de una segunda vuelta en la elección presidencial cuando ninguno de los candi-datos alcance la mitad más uno del total de los votos.En la segunda votación participarían los dos candi-datos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios emitidos.
La primera votación se celebraría el primer domingo de julio del año que corresponda y la segunda se rea-lizaría el segundo domingo de agosto, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado respecto de la primera votación para elegir al presidente de la república.
En la exposición de motivos, se explica que diversas re-formas electorales que se han realizado en los últimos años han permitido elecciones más justas y equitati-vas, que se han traducido en una enorme competitivi-dad electoral a nivel federal.
Prueba de ello, se señala, es que en los últimos cuatro procesos electorales para elegir al ejecutivo federal, el margen de votación entre el primero y el segundo lugar ha sido estrecho. Es decir, desde 1994 la mayoría de los electores han votado por una opción distinta a la ganadora.
LXI
5 de noviem-bre de 2009
LXII
13 de septiem-bre de 2012
Convergencia*
Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía
PAN
Diputado Ricardo Anaya Cortés.
Artículos 59, 71, 78, 81, 116 y 122 de la
Constitución Política de los Estados Mexicanos
Artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
*Las fechas corresponden a la publicación que se realizó en la Ga-ceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
**Ahora Movimiento Ciudadano.Fuente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Recuperado de http://201.147.98.20/search?q=segunda+vuelta+electoral&entqr=0&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&u
d=1&client=diputados&oe=UTF-8&ie=UTF-8&proxystylesheet=diputados&site=default_collection
224
Todas las iniciativas coinciden en una cosa, que la gobernabilidad
en nuestro país requiere del acuerdo de una mayoría estable en el Con-
greso de la Unión y destacan algunos la importancia de la legitimidad
en el poder.
No obstante este gran consenso, existen opiniones en el sentido de
que la segunda vuelta electoral por sí misma no trae consigo, de forma
automática, la creación de una mayoría estable en el congreso y, por
tanto, no es garantía de gobernabilidad; sugieren que sea acompañada
por otras reformas. Algunos países latinoamericanos cuentan tanto con
esta figura como con otras, como la de jefe de gabinete y la iniciativa
preferente para el ejecutivo federal, para incentivar los acuerdos entre
los poderes y las fuerzas políticas.
Independientemente de los disensos, existe el acuerdo general en
el sentido de que es insoslayable la creación de nuevas figuras jurídico
políticas que arrojen como resultado la creación de mayorías estables
en el congreso. En palabras de Juan de Motes de Oca, un sistema social
es gobernable cuando está estructurado sociopolíticamente de modo tal
que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisio-
nes colectivas y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas
y procedimientos formales e informales dentro del cual formulan sus ex-
pectativas y estrategias. La legalidad del gobierno se basa en su eficien-
cia, en la capacidad de resolver problemas públicos y alcanzar acuerdos
entre los actores políticos, la gobernabilidad democrática debe ser la
garantía para una nueva cultura política de participación ciudadana y
de fomento a la pluralidad para elaborar políticas de estado, por encima
de los partidarios o sectoriales (Montes, 2011: 6). Asimismo refiere que
hablar de gobernabilidad democrática en México implica una reflexión
sobre la necesidad de un nuevo paradigma, centrado en el desarrollo de
las capacidades de gobernación.
225
Además, podemos destacar otras ventajas de la implementación
de esta figura:
1. Es una opción para fortalecer nuestra vida democrática.
2. Es una forma para el logro de objetivos político electorales.
3. Fortalece al presidente electo.
4. Evita la victoria de un presidente con un escaso respaldo electoral.
5. Propicia la legitimación del sistema político.
Respecto de los costos electorales, que en un primer momento po-
drían considerarse al realizar una segunda vuelta, tendríamos que hacer
un análisis exhaustivo para comparar los costos y beneficios derivados
del caso de la elección del 2006, que al ser tan cuestionada, trajo con-
sigo que se llevara a tribunales internacionales y que por consecuencia
no se pudiera destruir la papelería que se utilizó en la misma y por lo
tanto, se mantuviera resguarda por elementos de la Marina y el Ejercito
Nacional en 32 bodegas distribuidas en cada uno de los estados de la re-
pública, así como la relativa al Distrito Federal por seis años (todo el se-
xenio 2006-2012). Teniendo un costo de más de 550 millones de pesos.
Cuadro 3.Ventajas y desventajas de la segunda vuelta
Ventajas:
Generar certidumbre y confianza al final de cada proceso
Asegurar la maximación de legitimidad del candidato elegido
Dar un mayor margen de gobernabilidad en el ejercicio del cargo
Dotar de mayor respaldo popular al futuro gobernante
Desventajas:
• Los costos electorales (caso de la elección de 2006)• Puede generar la reversión del
resultado de la primera vuelta• Puede generar presidentes
electos con mayorías electorales artificiales
• Puede generar una menor participación del electorado en la segunda ronda
Fuente: Elaboración propia.
226
4. ALGUNAS REFLEXIONES
La falta de credibilidad en el resultado de las elecciones, así como en
los gobernantes y la creciente desconfianza de la ciudadanía en las ins-
tituciones inhabilitan el régimen político y debilitan su gobernabilidad.
Teniendo como consecuencia el debilitamiento y la incapacidad de las
intuiciones y gobernantes mexicanos de dar respuesta a las demandas
planteadas por la ciudadanía, en razón a la acumulación del deterioro de
la calidad y nivel de vida de la mayoría de los ciudadanos.
Lo interesante es que en la pasada legislatura (LXI) a pesar de que
en diversos momentos se mencionó que la segunda vuelta estaría en la
propuesta de reforma que presentó el presidente Felipe Calderón Hino-
josa en 2009 no llegó a la mesa de discusión. Asimismo, en una nota en
la Gaceta Parlamentaria del 8 de agosto de 2012 en la que el presidente
de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,
Felipe Solís Acero (PRI), aseguró que con la promulgación de la reforma
política concluyó el proceso legislativo y aclaró que la segunda vuelta no
venía en la minuta que conoció la Cámara de Diputados, luego de que
el presidente de la república, Felipe Calderón afirmara que dicho tema
falta en la reforma (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, 8 de agosto de 2012).
En la actual legislatura ya se presentó una propuesta, misma
que puede observarse en el cuadro inmediato anterior, y que tenía
como antecedente que el coordinador del grupo parlamentario del
PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, manifestó que aun cuando ya exis-
te una reforma política aprobada por la LXI legislatura, la reelección
legislativa, la reconducción presupuestal y la segunda vuelta electoral
serán rubros que se tendrán que discutir para complementarla (Ga-
ceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, 6 de agosto de 2012).
Asimismo, el diputado del PRD, Fernando Belaunzarán Méndez,
comentó que se impulsarán iniciativas para adicionar más figuras que
abran la participación ciudadana, como la segunda vuelta electoral (Ga-
ceta Parlamentaria del H. Congreso de la Unión, 3 de octubre de 2012).
227
Ahora bien, desde que arribó la transición electoral en la presiden-
cia de la república en el 2000, las campañas políticas han alimentado
sustancialmente la contienda por el poder. Lo cual se puede percibir de
manera particularmente notoria en la elección presidencial de 2006, en
la que entre los candidatos hubo una diferencia de 0.56% produciéndose
con ello una intensa polémica respecto del papel que jugaron los me-
dios (campañas negras) lo que trajo consigo la reforma constitucional y
electoral de 2007, en la que se tomaron las medidas restrictivas con la
intensión de regular la actuación de los partidos políticos en los medios.
Sin embargo, y a pesar que en esta elección la diferencia de votos
entre el primero y segundo lugar fue de más de 6.62% de diferencia y no
se arguyó un fraude electoral como en 2006, ahora se tuvo como procla-
ma de algunos sectores importantes de la sociedad la compra de votos
con los multiconocidos casos “Monexgate” y “Sorianagate”, y por la de-
claración de validez que llevó a cabo el TEPJF, también fue cuestionada
su limitación a la ley sin ejercer su facultad constitucional de investigar
más allá de lo que se le había presentado como pruebas.
Esto es lo que no puede seguir sucediendo, si bien es cierto que los
ciudadanos tenemos la potestad de elegir entre un candidato y otro para
que nos gobiernen, derivado de su competencia para obtener el poder
a través de nuestro voto, también lo es que, deben existir mecanismos
que reafirmen los resultados que se obtuvieron en un primer momento.
Asimismo, un sistema político del siglo XXI es definido como
democrático, siempre que la mayoría de los que toman las decisiones
colectivas del poder sean seleccionados a través de limpias, honestas
y periódicas elecciones, en las que los candidatos compiten libremen-
te por los votos y en las que virtualmente toda población adulta tiene
derecho a votar. Siendo así que la competencia es el sino imprescin-
dible de esta fórmula democrática y que de manera conjunta con las
campañas políticas, se convierten en el mecanismo a través del cual
candidatos y partidos políticos se disputan la preferencia ciudadana
para detentar el poder.
Si bien es cierto que, en estas elecciones hubo mucho más par-
ticipación de la ciudadanía que salió a ejercer su derecho-obligación
de votar para elegir a los candidatos a los diversos cargos de elección
228
popular, también lo es que aún siguen siendo los enemigos palpables de
la democracia el abstencionismo y el voto nulo.
Además para que la presidencia de la república tenga mejores
condiciones de gobernabilidad, con una mayoría estable y un auténtico
gobierno de coalición de corresponsabilidades la segunda vuelta puede
ser un mecanismo para legitimar el poder.
En lo que coinciden todos los grandes pensadores como Hobbes,
Locke, Rousseau, Maquiavelo, Kelsen, Marx y Weber, en cuanto al princi-
pio de legitimidad es que los miembros de una sociedad consienten so-
meter su voluntad con la finalidad de encontrar la seguridad y la paz, lo
que legitima y justifica el poder de quien los gobierna, siempre y cuando
lo haga respetando los derechos de los gobernados.
La legitimidad es entendida como la justificación de estar
investido de poderes de mando. El monopolio de la fuerza no es su-
ficiente para caracterizar un poder como político, en la medida que
también es necesario que el poder sea legitimado, reconocido y válido
bajo algún título.
La ciudadanía se ha vuelto más participativa y observadora y ha
empezado a ser también más crítica por lo que es importante que quien
nos gobierne sea legitimado en el poder. Así tenemos que la actual legis-
latura debe asumir el compromiso de la premisa, jurídica y socialmente
lógica, consistente en proveer a los mexicanos de la normativa adecuada
que garantice la vigencia de los principios democráticos, sobre los que
se estructura la vida comunitaria y los regímenes públicos de gobierno.
La consolidación de las normas e instituciones electorales es un
proceso que incumbe de forma preponderante al poder legislativo, pero
para construir esa perspectiva de consolidación, es necesario que con-
cibamos la democracia como una responsabilidad compartida, a la vez
que entendamos al cambio político como una consecuencia de la cons-
trucción de consensos. Por ello lo que es necesario que la actual legis-
latura regule sobre los temas del uso del Internet, las modalidades del
voto del residente en el extranjero así como la viabilidad de una segunda
vuelta electoral.
229
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Parte II
Alternancias
233
ELECCIONES Y ALTERNANCIAEN TABASCO 2012.CRÓNICA DE UNA
ALTERNANCIA ANUNCIADA
GUSTAVO MARTÍNEZ VALDÉS1
1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del artículo consiste en analizar los comicios estatales cele-
brados en Tabasco en 2012 y ofrecer elementos para la comprensión
del fenómeno de la alternancia experimentada en las oficinas de la gu-
bernatura.
Los resultados electorales de los comicios celebrados en 2012 en
la entidad tabasqueña permitieron que el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) se presentara como el “triunfador”, pues había logrado
acceder a la gubernatura estatal por primera vez, así como también
alcanzó la mayoría en el congreso local y de las diputaciones federales
respectivas, así como los dos escaños correspondientes del Senado por
mayoría relativa y, también, aportó uno de los mayores porcentajes de
votación estatal a su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO).
Aquí se plantea que el triunfo del PRD no fue producto de un repen-
tino crecimiento de sus votaciones sino que estuvo íntimamente ligado
con un largo proceso de realineamiento del voto de los habitantes de la
entidad, los que paulatinamente han concentrado sus preferencias en el
1 Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoa-mericana de Ciencias Sociales-México. Investigador en El Colegio de Tlaxcala.
234
PRD así como en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Si bien el
fenómeno de la alta competitividad se ha experimentado en los últimos
comicios locales, hasta antes de 2012 no se había dado pie a la alter-
nancia en la gubernatura. Sin embargo, en los comicios aquí revisados
se encontró que el nivel de desinstitucionalización del PRI fue un factor
importante para entender su derrota, frente a la cohesión y estabilidad
que venía manteniendo el perredismo tabasqueño, apoyado en la figura
de su candidato presidencial, AMLO.
Con el fin de avanzar en el análisis del proceso electoral en Tabasco
se realizó, por un lado, un estudio sincrónico en el que se revisó el com-
portamiento electoral en la entidad entre los años de 1982 hasta 2012,
tanto en la celebración de los comicios de corte federal y estatales, con
el fin de comprender la manera en que se ha comportado el voto tabas-
queño.2 Esta revisión histórica tuvo como unidad de análisis a los resul-
tados de las votaciones obtenidas por los principales partidos presentes
en los comicios locales, y se apoyó en el enfoque del realineamiento
electoral que permitió ubicar los periodos de estabilidad así como aque-
llos momentos de alteración, o desalineamiento, del electorado.
Por otro lado se llevó a cabo una revisión diacrónica, coyuntural,
del proceso electoral realizado en el territorio tabasqueño. Para ello se
revisaron algunos aspectos relevantes de las campañas electorales, los
procesos de selección de candidatos, los perfiles de los candidatos así
como de los principales conflictos partidistas. Con esto se buscó esta-
blecer la presencia de elementos políticos y partidistas que fomentaron
un cambio en las preferencias de los votantes tabasqueños, así como el
grado de fragmentación interna de los partidos políticos y su impacto en
el comportamiento tendencial del electorado.
El documento está organizado en tres apartados principales. En el
primero se analizó el comportamiento del electorado desde una pers-
pectiva de largo plazo a partir del dato electoral (el voto) registrado en
2 Los datos electorales utilizados en el presente documento, son parte de un proyecto de investigación posdoctoral más amplio, se obtuvieron del proyecto “Redistribución y estabilización del voto en México, 1988-2012. Apartado de investigación de las historias político electorales de las entidades”, realizado en estancia de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, bajo la asesoría y coautoría de la doctora Marcela Bravo Ahuja en 2011 y que sigue vigente a la fecha de su elaboración.
235
los comicios para renovar los cargos federales de presidente y diputa-
dos, así como a nivel estatal para gobernador y legisladores locales. En
el segundo apartado se revisaron los principales aspectos del proceso
electoral de 2012 centrado en los hechos políticos y partidistas ocurri-
dos al interior de los partidos principales en la entidad, en los que se
resaltó su comportamiento en torno a los procesos de selección de sus
candidatos a cargos públicos, la relación entre sus grupos políticos, las
propuestas de campaña y los conflictos generados en su interior.
Al final se presenta una serie de reflexiones a manera de conclu-
sión en la que se evalúa la importancia del proceso coyuntural del pro-
ceso político electoral de 2012 en la entidad sobre el comportamiento
tendencial del electorado que, al final, le permitió al PRD obtener el
triunfo en los comicios estatales y, así, registrar la primera alternancia
de las oficinas de la gubernatura.
2. EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN TABASCO 1982-2012: LUCHA DE DOS
El PRD se erigió como el “gran” triunfador de los comicios federales (en
donde se renovó el cargo presidencial, seis diputaciones uninominales y
tres escaños senatoriales por el principio de mayoría relativa) y locales
(la gubernatura, 17 ayuntamientos y 35 diputaciones locales, 21 unino-
minales por el principio de mayoría relativa y 14 por la vía de la represen-
tación proporcional agrupados en dos circunscripciones plurinominales
(POE, 2011, art. 20) celebrados en 2012 donde se renovó la totalidad de
los cargos públicos electivos correspondientes a la entidad tabasqueña.
A nivel federal, el perredismo obtuvo el 59.30% de los votos presi-
denciales, así como la totalidad de los seis distritos uninominales fede-
rales y los dos escaños senatoriales por el principio de mayoría relativa.
A nivel local, accedió por vez primera a la gubernatura con el 50.41%
de los votos, a la par que alcanzó la mayoría en el congreso local con
17 escaños. Asimismo, el partido del sol azteca triunfó en nueve ayun-
tamientos, por encima del PRI que se posicionó como la segunda fuerza
política en la entidad.
236
Estos resultados significaron un vuelco importante dentro de la
configuración de las fuerzas político partidistas en la entidad, lo que ha
llevado a pensar que el perredismo se convirtió en el partido dominante.
Sin embargo, a continuación se revisa el comportamiento del voto tabas-
queño y, con ello, se logra poner en perspectiva y relativizar la fortaleza
del partido del sol azteca dentro del sistema de partidos local.
A partir de la revisión del comportamiento del voto se ubica que el
sistema de partidos de Tabasco ha tendido de manera constante hacia
la fragmentación de las preferencias del electorado así como a la plura-
lización de las fuerzas partidistas agrupándose particularmente bajo el
PRI y el PRD. A su vez, también se encontró que los comicios han sido
cada vez más competitivos, de manera que los bloques electorales tien-
den a acercarse cada vez más entre sí, aumentando la probabilidad de
la alternancia en los cargos públicos.
Al comparar, por un lado, el comportamiento de la fragmentación
de los votos para los puestos ejecutivos y legislativos tanto federales
como locales se observa que éstos mantienen una tendencia creciente
muy parecida entre cada tipo de cargo, aunque la distribución de los vo-
Cuadro 1.Cargos públicos en Tabasco agrupados
por partido político, 2012
PAN=Partido Acción Nacional, PT=Partido del Trabajo, MC=Movimiento Ciudada-no, PVEM=Partido Verde Ecologista de México, PNA=Partido Nueva Alianza.
Fuente: Elaboración propia con datos de IFE, 2009; IEPCT, 2012 e IFE, 2012.
PARTIDO PRESIDENTE SENADORES DIPUTADOS GOBERNADOR DIPUTADOS AYUNTAMIENTOS FEDERALES LOCALES
PAN 5 96% - - 4 66% 2 -
PRI 31 76% 1 - 42 94% 3 8
PRD 59 30% 2 6 50 41% 14 9
PT - - - - 3 -
MC - - - - 1 -
PVEM - - - - 0 -
PNA 0 53% - - - 0 -
CARGO
237
tos tiende a dispersarse en mayor medida en las elecciones de represen-
tantes.3 Esto es, mientras que en los comicios para elegir al presidente y
a los gobernadores, el 54% y 56% de los votantes se distribuyeron entre
las distintas opciones partidistas, a nivel de diputados federales y loca-
les este porcentaje se ubica en el 69% y 68% respectivamente.
La manera en que se comporta la fragmentación del voto en Ta-
basco indica que los partidos están experimentando dificultades para
mantener estables sus votaciones, especialmente en el caso de los car-
gos legislativos. En cambio, a nivel de la renovación de los ejecutivos,
la fragmentación del voto permite identificar que hay un porcentaje im-
portante (poco menos del 50%) de los electores que han mantenido su
apoyo a las fuerzas partidistas principales.
Cuadro 2.Fragmentación del voto para presidente, gobernador ydiputados federales y locales en Tabasco, 1982-2012
Nota: El indicador de Fragmentación del voto de Rae (1967) varía entre 0 y 1. A medi-da que este se acerca al valor más alto señala que la totalidad del porcentaje de los vo-
tos se distribuyen entre distintas “bolsas”, y en sentido inverso, a medida que se acerca a cero es por qué la mayoría del porcentaje de los votos se concentra en una opción.
Fuente: Elaboración propia con datos de IFE, 2009; IFE, 2012; IEPCT, 2012 y Bravo, 2010.
3 El nivel de fragmentación del voto con el que se busca identificar el grado de distribución de las preferencias de los electores hacia las opciones partidistas en un momento particular propuesto por Rae (1967).
AÑO PRESIDENTE GOBERNADOR DIPUTADOS DIPUTADOS FEDERALES LOCALES
1982 0.14 0.08 0.11 0.14
1985 0.08 0.21
1988 0.41 0.36 0.34 0.39
1991 0.47 0.43
1994 0.56 0.52 0.54 0.54
1997 0.57 0.56
2000 0.67 0.59 0.63 0.65
2003 0.60 0.61
2006 0.52 0.54 0.60 0.56
2009 0.63 0.65
2012 0.54 0.56 0.69 0.68
CARGO
238
Por su parte, al revisar el número efectivo de partidos resultante de
las elecciones se encontró que, complementariamente al nivel de frag-
mentación, existe una tendencia constante a la pluralización de las fuer-
zas partidistas tabasqueñas. Esta tendencia ha sido más alta en los car-
gos legislativos mientras que en el caso de la renovación de los ejecutivos
se ha mantenido un formato de competencia parecido a un bipartidismo.4
4 Para medir el sistema de partidos se retomó el indicador del número efectivo de partidos (NEP) en elecciones de Laakso y Taagapera (1979), ya que permite identificar la fortaleza y concentración de los votos en las principales opciones partidistas, distinguiéndolas de aquellos que no cuentan con la suficiente capacidad para desviar la competencia político electoral.
Cuadro 3.Número efectivo de partidos electorales para presidente,
gobernador y diputados federales y locales en Tabasco, 1982-2012
Fuente: Elaboración propia con datos de IFE, 2009; IFE, 2012; IEPCT, 2012 y Bravo, 2010.
AÑO PRESIDENTE GOBERNADOR DIPUTADOS DIPUTADOS FEDERALES LOCALES
1982 1.16 1.09 1.16 1.13
1985 1.26 1.09
1988 1.68 1.55 1.63 1.52
1991 1.76 1.87
1994 2.28 2.08 2.19 2.15
1997 2.29 2.35
2000 3.00 2.45 2.86 2.70
2003 2.53 2.49
2006 2.09 2.15 2.25 2.50
2009 2.85 2.72
2012 2.19 2.27 3.13 3.22
CARGO
A medida que los niveles de fragmentación electoral han tendido a
la dispersión del voto entre distintas opciones partidistas, a su vez el nú-
mero efectivo de partidos también muestra la pluralización de las fuerzas
políticas efectivas en competencia. Mientras que en los comicios para
renovar a los ejecutivos existe un porcentaje cercano al 50% de los elec-
tores que no distribuye sus votos entre diversos partidos, los principales
beneficiados de esto son tanto el PRI y el PRD, que se consolidan como
239
los partidos principales. Esta dinámica electoral se alteró en el caso de los
escaños legislativos, donde la fragmentación es más elevada y ello fomen-
tó que el número de partidos efectivos se ubicara por encima de los tres
fuerzas principales, aunque la competencia se sigue concentrado en los
dos partidos referidos con una dinámica de coaliciones que permitió el
ligero fortalecimiento de los partidos “chicos” (especialmente PT y MC).
Otro elemento importante del sistema de partidos en Tabasco es
el nivel de competitividad que muestra la constante intensificación de la
disputa electoral, así como la manera en que cada vez se reducen los
márgenes de victoria de los partidos triunfadores respecto de su más
cercano competidor. A partir de revisar el margen de victoria se encon-
tró, en términos generales, que este se ha ubicado por debajo de los diez
puntos porcentuales a partir de los comicios de 1997, y desde entonces
los comicios se consideran muy disputados.5
AÑO PRESIDENTE GOBERNADOR DIPUTADOS DIPUTADOS FEDERALES LOCALES
1982 89.07% 92.19% 88.63% 89.84%
1985 80.62% 91.97%
1988 54.52% 60.77% 60.32% 63.35%
1991 53.82% 39.71%
1994 23.60% 18.80% 25.57% 17.57%
1997 10.95% 10.39%
2000 8.30% 1.21% 5.73% 2.81%
2003 11.68% 0.32%
2006 18.88% 9.80% 11.60% 2.18%
2009 5.02% 10.20%
2012 27.54% 7.47% 9.86% 4.59%
CARGO
Cuadro 4.Margen de victoria en comicios para presidente, gobernador
y diputados federales y locales en Tabasco, 1982-2012
Fuente: Elaboración propia con datos de IFE, 2009; IFE, 2012; IEPCT, 2012 y Bravo, 2010.
5 El margen de victoria (MV), consistente en la diferencia de los porcentajes de votación entre el partido ganador y más cercano competidor, se ha utilizado para medir los niveles de competitividad pues éste permite observar la cercanía entre las principales fuerzas electorales, así como la fortaleza y posibili-dad del partido en segunda posición para acceder al triunfo electoral (Méndez, 2006).
240
Llama la atención que en el caso de los resultados electorales
para el cargo presidencial se registró un incremento importante en
los dos últimos comicios (2006 y 2012). En ambos fue el PRD quien
alcanzó el mayor porcentaje de votación en la entidad, y ello se debió,
entre otras cosas, al fuerte arraigo y presencia que mantuvo el candi-
dato AMLO en su territorio natal, además que fue el espacio que utilizó
como plataforma inicial para impulsar su carrera política de presencia
nacional. Sin embargo, esta “atracción” del voto por el candidato pe-
rredista no impactó de igual manera en el resto de los cargos públicos
revisados. En estos últimos se observó que el triunfo del perredismo
fue disputado y por breves distancias porcentuales respecto de la fuer-
za del priismo tabasqueño.
Ante dicho marco característico del sistema de partidos en la en-
tidad, se observó que el comportamiento de los votos obtenidos por las
fuerzas partidistas tendió a estrecharse y acercarse cada vez más entre
los apoyos obtenidos por el PRI y el PRD, principalmente, tanto en la
disputa por los cargos locales y federales.
A partir de los comicios de 1994 se observó el inicio claro de la
tendencia que ha llevado a la convergencia de las votaciones del tricolor
y del perredismo alrededor del 40% de los votos. Asimismo, también
se identificó que las votaciones obtenidas por el PRI mantuvieron una
tendencia decreciente que se estabilizaría en los comicios posteriores a
1997 y que le permitió mantenerse como principal fuerza política hasta
antes de 2012.
Al comparar los resultados para los cargos ejecutivos votados en
Tabasco se encuentra que el PRI si bien experimentaría una tendencia
decreciente, a nivel estatal logró estabilizar sus votaciones en mejor me-
dida a diferencia del nivel federal. Esto es, entre los años 2000 y 2012
se mantuvo entre el rango del 40 y 50% de los votos mientras que, en los
comicios presidenciales la tendencia fue decreciente al grado de lograr
el 31% en el año 2012.
En cambio, la fuerza del perredismo registró una tendencia de as-
censo constante, que a nivel estatal se ubicó entre el 44% y 50% de las
votaciones entre 2000 y 2012. Pero llama la atención el elevado creci-
miento que experimentó en los comicios presidenciales de 2000 y 2012,
241
en los que su candidato, AMLO, obtuvo el 57% y 59% de los sufragios.
Esto resaltó la enorme importancia que ejerció el abanderado presiden-
cial perredista entre los electores de la entidad.
Figura 1.Votos para los cargos de presidente y gobernadoragrupados por partido en Tabasco, 1982-2012
Fuente: Elaboración propia con datos de IFE, 2009; IFE, 2012; IEPCT, 2012 y Bravo, 2010.
20%
40%
60%
80%
100%
1982 1988 1994 2000 2006 2012
PRDPRIPAN Otros
20%
40%
60%
80%
100%
1982 1988 1994 2000 2006 2012
PRDPRIPAN Otros
PRESIDENTE
GOBERNADOR
242
Por otro lado, se identificó que el comportamiento de los votos de
los partidos políticos tendió a ser muy similar entre sí en la selección de
los cargos legislativos de corte federal y local. En ambos niveles de los
escaños de representación se ubicó la tendencia decreciente del priis-
mo mientras que el perredismo creció de manera constante. A su vez,
a partir de los comicios de 1997 se encontró una estabilización de las
votaciones del PRI y PRD, las que convergieron en el rango ubicado entre
40 y 50% de los votos de la entidad.
Asimismo se observó que en los comicios de 2012 el PRI experi-
mentaría un descenso importante, cercano a diez puntos porcentuales,
en ambos tipos de comicios revisados y ello fue, en gran medida, una
de las razones que permitieron el acceso del PRD a la mayoría de los
escaños que fueron renovados.
Figura 2.Votos para los cargos de diputados federales y locales
agrupados por partido en Tabasco, 1982-2012
PRDPRIPAN Otros
20%
40%
60%
80%
100%
1982 1985 1988 1991 19971994 2000 2003 2006 2009 2012
PRDPRIPAN Otros
DIPUTADOS FEDERALES
DIPUTADOS LOCALES
20%
40%
60%
80%
100%
1982 1985 1988 1991 19971994 2000 2003 2006 2009 2012
243
Tras la revisión del comportamiento electoral en Tabasco llama la
atención que la competencia ha tendido a centrarse en el PRI y el PRD,
mientras que el resto de los partidos se presentan como fuerzas “testi-
moniales” que difícilmente pueden llegar a representar un desafío a los
partidos predominantes. Por ejemplo, el PAN es uno de estos casos que
no ha podido rebasar la barrera del 10% de la votación, lo que le ha con-
vertido en una fuerza marginal en la competencia electoral y con escasa
presencia política en la entidad.
Tras revisar las características del sistema de partidos en Tabasco
así como el comportamiento de las votaciones de las distintas fuerzas
políticas en algunos de los diversos cargos públicos federales como lo-
cales se logró contextualizar los resultados registrados en 2012. Por un
lado se encontró que al interior de la entidad, la competencia e interac-
ción entre las fuerzas partidistas ha tendido a pluralizarse de manera
constante, a la par de un proceso paulatino de la fragmentación del voto.
Esto ha permitido que los comicios sean cada vez más competitivos,
particularmente centrados en la disputa entre el PRI y el PRD, y por tan-
to la alternancia se había convertido en un fenómeno “conocido” en la
entidad, aún cuando la gubernatura seguía bajo el control priista hasta
antes de 2012.
Fuente: Elaboración propia con datos de IFE, 2009; IFE, 2012; IEPCT, 2012 y Bravo, 2010.
PRDPRIPAN Otros
20%
40%
60%
80%
100%
1982 1985 1988 1991 19971994 2000 2003 2006 2009 2012
PRDPRIPAN Otros
DIPUTADOS FEDERALES
DIPUTADOS LOCALES
20%
40%
60%
80%
100%
1982 1985 1988 1991 19971994 2000 2003 2006 2009 2012
244
En dicho proceso electoral, si bien se experimentó la primera tran-
sición en el gobierno estatal, también se identificó que el triunfo pe-
rredista se debió en mayor medida a un importante debilitamiento del
tricolor en la coyuntura político electoral. Esto se infirió así a partir de
observar la estabilización de las votaciones del perredismo tabasqueño,
que se mantuvieron muy estrechos a los resultados del PRI.
Un elemento importante a resaltar fue el que ejerció la candida-
tura presidencial perredista de AMLO en 2006 y 2012 pues en ellos
su partido experimentó un importante crecimiento de sus votaciones
que, sin embargo, difícilmente “arrastró” en la misma magnitud a las
preferencias de los electores en el resto de los cargos renovados. Ante
este panorama, se ha considerado la relevancia de la política local
para avanzar en la comprensión de la alternancia en la gubernatura
tabasqueña, y que a continuación se aborda tras revisar las campa-
ñas electorales así como algunos momentos relevantes de la vida
intrapartidista a nivel estatal.
3. CAMPAÑAS ELECTORALES Y CONFLICTOS PARTIDISTAS: ELEMENTOS PARA LA ALTERNANCIA
En esta sección se revisó la dimensión de la política local en la que se
enmarcó el proceso electoral tabasqueño de 2012. Para ello se analiza-
ron los aspectos referentes a las reglas electorales, las propuestas de
campaña de los candidatos a la gubernatura, el desarrollo de la jornada
electoral así como los conflictos e impugnaciones postelectorales y, al
final, se hizo énfasis en los conflictos intrapartidistas derivados de la
selección de los candidatos a gobernadores, en los que se encontró un
factor importante para comprender el proceso de la alternancia en el
gobierno estatal.
245
Leyes electorales, reforma estatal y el árbitro electoral
Las elecciones estatales estuvieron enmarcadas por sospechas e incer-
tidumbre entre los actores políticos debido, por un lado, a una serie de
críticas al árbitro electoral local así como, por el otro, por la aplicación
por vez primera de las reformas al marco electoral local que se llevaron
a cabo el año previo.
Debido a que los comicios de 2012 renovaron cargos de corte fe-
deral y estatal, las elecciones se rigieron bajo dos marcos normativos
correspondientes: los primeros se reglamentaron por el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y los segundos
bajo la Ley Electoral del Estado de Tabasco (LEET) y la Ley de Medios de
Impugnación (LMI).6
Entre 2007 y 2008, el Cofipe sufrió su más reciente modificación
significativa que impactó la manera en que se llevó a cabo la relación
entre los partidos, sus candidatos y la sociedad, en gran medida influi-
da por la intermediación de los medios de comunicación. Si bien dicha
reforma tendió a fortalecer a los partidos respecto del órgano electoral
y de otros actores políticos (Langston, 2009: 270), asimismo modificó
el esquema de utilización y promoción de los tiempos electorales en
los medios de comunicación, dirigiéndolo hacia un formato centrado en
mensajes cortos y breves, o spots, generando escasez de información en
el debate político (Serra, 2009: 416-419). Sin embargo, sus efectos ya
habían sido experimentados tras la realización de los comicios interme-
dios federales de 2009 en la entidad.
6 En 2008 se llevó a cabo una reforma a la Constitución de Tabasco en materia electoral en la que se expidió la Ley Electoral del Estado de Tabasco así como la Ley de Medios de Impugnación. Entre los cambios de disposiciones se regularon los aspectos sobre partidos políticos, coaliciones, precampañas, actos de proselitismo, financiamiento público, acceso a medios de comunicación, la integración del ór-gano electoral, creación de la Contraloría General y Consejo Estatal del propio Instituto, la nueva ley del sistema de medios de impugnación, la conformación del congreso, su instalación, sesiones, facultades, sustitución del gobernador y del Tribunal Electoral, entre otros. Pero algunos temas generaron la incon-formidad de la oposición a dichas reformas, entre los que destacaron: 1) la designación de diputados plurinominales por la vía de rondas con la obligatoriedad para los partidos de alcanzar el 10% de la votación para asignársele un segundo diputado, 2) el aumento del número de distritos y municipios necesarios para la participación conjunta de los partidos con el fin de validar sus coaliciones electorales y, 3) la forma de operación del Consejo Estatal Electoral (Hernández O., 2009: 544-545).
246
Los comicios estatales y locales se llevaron a cabo bajo recientes
modificaciones a las reglas electorales, realizadas un año atrás.7 Entre
los principales cambios a la LEET estuvo la reducción de la duración
de la campañas electorales, pasándolas de 60 a 45 días, así como la
modificación de la fecha de la celebración de los comicios con el fin de
celebrarlos de manera concurrente con los federales (Tabasco Hoy, 22 de
julio de 2011). Esto implicó que los partidos y sus candidatos contaran
con menos tiempo para promocionar sus propuestas, así como para
desplegar un mayor acercamiento con los votantes y, en cambio, incen-
tivó la utilización de medios de comunicación para transmitir sus men-
sajes, cada vez con menos información disponible para el votante. Esto,
a su vez, hizo que las notas sobre conflictos y aspectos triviales de las
campañas adquirieran mayor relevancia en la agenda política estatal.
Otro de los aspectos relevantes del marco institucional del proceso
electoral consistió en el papel de los órganos responsables de los comi-
cios. Sus actuaciones y decisiones generaron la constante inconformi-
dad de la oposición perredista, y ello abonó en contra de la certidumbre
y confiabilidad de los comicios en curso.
Entre diversas críticas provenientes de la oposición perredista, el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco (IEPCT) fijó el tope de gastos de campaña en 11 millones 409
mil 526 pesos (El Universal, 1 de marzo de 2012). A medida que el pro-
ceso electoral avanzó, las críticas arreciaron en contra del consejero pre-
sidente del IEPCT al grado que optó por renunciar al cargo (El Universal,
22 de marzo de 2012). Esto generó incertidumbre en el árbitro electo-
ral, a la vez que derivó en la confrontación de los consejeros electorales
con el congreso del estado por el asunto de la selección del que sería el
nuevo consejero presidente (El Universal, 2 de abril de 2012).
7 La reforma a la Ley Electoral del Estado de Tabasco que se llevó a cabo en 2011 fue impulsada por la mayoría de legisladores del PRI en el congreso local. Esto permitió que la discusión sobre la iniciativa inicial centrada en el cambio de la fecha de los comicios estatales para empalmarlos con los federales se convirtiera en una reforma de mayor calado en la que se tocaron diversos temas, entre los que re-saltaron la duración de las campañas electorales estatales y locales, así como una ampliación al techo de financiamiento privado en periodos electorales (Tabasco Hoy, 22 de julio de 2011). Sin embargo, la bancada perredista presentó una acción de inconstitucionalidad sobre el tema del financiamiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que esta última resolvió invalidar las modifica-ciones a los artículos respectivo de la LEET (La Jornada, 19 octubre de 2011: 37; El Heraldo de Tabasco, 20 de octubre de 2011).
247
Otro aspecto que intensificó la crítica en contra del IEPCT consis-
tió en el rechazo de éste al registro de la coalición electoral entre PRD,
PT y MC para participar en la renovación de la totalidad de los cargos
electivos estatales, siguiendo los pasos de las dirigencias nacionales
(El Universal, 13 de febrero de 2012). Por su parte, los representantes
de los partidos de la “izquierda” tabasqueña impugnaron la resolución
del IEPCT ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) con el fin de registrar y participar coaligados en los comicios
estatales. Finalmente, el tribunal electoral sugirió al IEPCT la reconsi-
deración de los requisitos objetados al PRD para rechazar su registro
y, una vez subsanados, permitió el registro de la coalición Movimiento
Progresista de Tabasco, encabezada por Arturo Núñez como su candida-
to a la gubernatura, no sin antes recibir fuertes críticas del perredista en
contra de los órganos electorales estatales (Guzmán, 2012).8
Si bien la relación entre la oposición perredista y los órganos elec-
torales estatales fue tensa, al final, y una vez que se dieron a conocer y
validaron los resultados electorales, el PRD y el PAN los aceptaron sin
fuertes objeciones.
Campañas y propuesta
Debido a las limitaciones establecidas por el corto periodo de campañas
de los candidatos a los cargos públicos estatales, así como por la con-
currencia con los comicios federales que permitieron la fuerte difusión
de las candidaturas de corte federal, las propuestas de campaña de los
candidatos a la gubernatura no fueron lo suficientemente claras para
diferenciarse entre sí.
A nivel estatal se celebraron tres debates entre los candidatos a
la gubernatura, Gerardo Priego Tapia del PAN, Jesús Alí de la Torre por
8 Entre otros hechos que generaron la confrontación del perredismo con los órganos electorales tabas-queños se encontraron la multa de 56 mil pesos que impuso el Tribunal Electoral de Tabasco (TET) en contra de Arturo Núñez Jiménez, entonces en su calidad de precandidato a la gubernatura dentro del PRD, por considerar que había realizado actos anticipados de campaña (El Universal, 29 de enero de 2012). Otro caso fue la orden del TET mediante la que exigió al PRD la reposición del procedimiento de selección de sus candidatos a alcaldes y diputados locales (El Universal, 11 de marzo de 2012) y, pos-teriormente, también le demandó el cumplimiento de la “cuota de género” en sus listas de nominados en los municipios de Centro, Comalcalco, Cunduacán y Tenosique (El Universal, 11 de junio de 2012).
248
la coalición Compromiso por Tabasco (PRI-PVEM-PNA) y Arturo Núñez
Jiménez por la coalición Movimiento Progresista (PRD-PT-MC).9 Sin em-
bargo, a pesar de que en la entidad se llevaron a cabo dichos ejercicios
de contrastación de las propuestas de los candidatos, éstos no fomen-
taron el interés de la ciudadanía más allá de la atención que atrajeron
los conflictos intrapartidistas en los medios de comunicación locales (El
Universal, 26 de junio de 2012).
9 El tercer debate entre los candidatos fue organizado por la organización estudiantil denominada #YoSoy132, la que se declaró abiertamente anti-PRI y anti-Peña Nieto (candidato presidencial del PRI). Esta organización, principalmente integrada por estudiantes, tuvo su origen durante el proceso elec-toral presidencial y después fue replicada a nivel estatal. Tras su origen, sus movilizaciones buscaron influir en el desarrollo de los comicios y una forma en que lo llevaron a cabo consistió en la realización de debates entre los candidatos a diversos cargos públicos. En el caso tabasqueño se efectuó dicho encuentro al que invitaron a los candidatos a la gubernatura, sin embargo el priista Jesús Alí de la Torre no asistió (El Universal, 22 de junio de 2012).
Cuadro 5.Propuestas de campaña de los candidatos del PAN, PRI
y PRD a la gubernatura de Tabasco, 2012
Fuente: Elaboración propia con datos de El Universal, La Jornada, Reforma, Tabasco Hoy y Proceso.
PARTIDO
PAN
Compromiso por
Tabasco (PRI-
PVEM-PANAL)
Movimiento
Progresista
de Tabasco
(PRD-PT-MC)
CANDIDATO
Gerardo
Priego Tapia
Jesús Alí
de la Torre
Arturo Núñez
Jiménez
PROPUESTAS
TEMAS PRINCIPALES: CORRUPCIÓN, INSEGURIDAD,
DESEMPLEO, DESASTRES NATURALES.
• Denuncia de la corrupción gubernamental.
• Apertura a la transparencia desde la Contraloría estatal y participación
ciudadana en la definición del secretario de finanzas estatal (mujer).
• Reducción de los niveles de secuestro.
TEMAS PRINCIPALES: OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA,
EMPLEO, GASTO SOCIAL Y RELACIÓN CON PEMEX.
• Generación de 100 mil empleos.
• Otorgamiento de 150 mil microcréditos a mujeres.
• Educación superior a jóvenes con promedio “aceptable”.
• Mejoramiento de la seguridad pública e impartición de justicia.
• Fomentar la coinversión pública entre Pemex y el gobierno estatal.
TEMAS PRINCIPALES: INVERSIÓN EN EL CAMPO,
COMBATE A LA CORRUPCIÓN, MEJORA EDUCATIVA,
COINVERSIÓN PEMEX-GOBIERNO ESTATAL.
• Denuncia de la corrupción gubernamental.
• Becas para estudiantes.
• Inversión en obra pública contra desastres naturales.
• Descalificación del candidato del PRI a partir del pasado histórico
del partido.
249
Entre los aspectos que resaltaron con mayor interés en los medios
de comunicación fue el fenómeno recurrente de las rupturas de afilia-
dos dentro de las organizaciones partidistas con el fin de apoyar a los
candidatos opositores. El PRI fue el partido que se vio más afectado por
la salida frecuente de sus militantes, los que en gran medida optaron
por unirse a las filas del candidato perredista, Núñez Jiménez, particu-
larmente debido a la inconformidad generada entre los precandidatos
“derrotados” que no pudieron acceder a las nominaciones a cargos de
diputados locales, munícipes y regidores. En gran medida se ubicaron
perfiles priistas considerados como cuadros “medios” como lo fueron
subsecretarios de estado, diputados federales, exalcaldes y un precandi-
dato a la gubernatura, Jaime Mier y Terán (El Universal, 14, 15 de marzo,
26 de abril de 2012).
Las encuestas fueron otro punto importante durante el proceso
electoral. Por un lado, debido a la concurrencia de los comicios, el perre-
dismo tabasqueño se vio beneficiado por el efecto positivo que generaba
la candidatura de AMLO en la entidad, que denominaron como “efecto
Peje” (El Universal, 13 de mayo de 2012). En la medición realizada por el
periódico Reforma se encontró que AMLO contaba con la mayoría de las
preferencias del electorado en la región sur y sureste del país, particu-
larmente en Tabasco, en la que contaba con el 42% de la intención del
voto, ubicándose entre cinco y diez puntos porcentuales por encima del
candidato priista, Peña Nieto (Reforma, 31 de mayo de 2012).
En otra de las mediciones centrada en la competencia por la gu-
bernatura el candidato priista, Alí de la Torre, se posicionó como el pun-
tero con el 51% de la intención del voto, seguido por el perredista Núñez
con el 46%, y muy por debajo les seguía el panista Priego Tapia con el
3%. Pero estos datos mostraron que cerca del 40% de los encuestados
no mantenía una identificación con alguno de los partidos y el 48% del
universo desaprobó la gestión del gobernante en turno, el priista An-
drés Granier Melo (El Universal, 22 de junio de 2012). A partir de estas
mediciones y los estrechos márgenes de preferencias entre los candida-
tos al gobierno estatal, aunado a la indefinición de una gran parte de
los encuestados, era difícil pronosticar el triunfo claro de alguno de los
abanderados punteros.
250
La jornada electoral y los conflictos postelectorales
El día de la jornada electoral los tabasqueños sufragaron por diversos
cargos en seis niveles de gobierno como consecuencia de la concurren-
cia de los comicios federales y estatales. Si bien se generaron problemas
de logística tanto en la instalación de las casillas, así como en el reporte
de los resultados electorales, esto no fue impedimento para que, al final
de la jornada, los diversos candidatos reconocieran los resultados de las
votaciones.
La concurrencia de los comicios implicó que las casillas compar-
tieran los mismos espacios. Por su parte, el inicio de la jornada elec-
toral registró retrasos en la instalación y apertura de las casillas; sin
embargo, no hubo impedimentos para que el vocal ejecutivo del IFE en
Tabasco, Jesús Lule Ortega, declarara instalada la sesión permanente
en la cual participaron 70 mil 30 ciudadanos entre órganos electorales,
funcionarios de casilla, representantes de partidos y observadores (El
Economista, 1 de julio de 2012).
Si bien se registraron algunos hechos violentos en la víspera y
durante la jornada electoral, éstos ocurrieron de manera aislada y no
constituyeron las principales críticas y acusaciones de los líderes parti-
distas ante los medios de comunicación.10 En cambio se centraron en
reprochar la presencia de prácticas clientelares y de coerción del voto,
principalmente en contra del partido en el gobierno estatal en turno.11
Hacia el final de la jornada electoral, tanto el PAN como el PRD
acusaron la lentitud con que el Programa de Resultados Electorales Pre-
10 Algunos de estos hechos fueron la acusación de agresión física y secuestro del candidato panista a la alcaldía de Balancán, Alberto de la Cruz Pozo, así como la detención y saqueo de un camión cargado con cemento en Tenosique, por perredistas que acusaban que sería utilizado para “comprar” votos por los grupos priistas. Mientras que en Jonuta, se reportaron rondines para intimidar a la gente. En Jalpa de Méndez, en la zona de la Chontalpa, un grupo de perredistas se enfrentó a otro de panistas (El Uni-versal, 30 de junio de 2012). Mientras que en otra región de la entidad se reportó un ataque realizado por desconocidos contra una camioneta con bombas molotov en el municipio de Cárdenas, así como la presencia de alrededor de 60 hombres portando armas de fuego y machetes en la comunidad (El Economista, 1 de julio de 2012).
11 Por ejemplo, los dirigentes estatales del PRD, Roberto Romero del Valle, y el PT, Martín Palacios Cal-derón, denunciaron durante una conferencia de prensa irregularidades en los comicios; entre ellas, la utilización de material distinto al autorizado por el IEPCT o el ingreso de teléfonos móviles y cámaras para fotografiar las papeletas (El Economista, 1 de julio de 2012).
251
liminares (PREP) coordinado por el IEPCT operó para reportar el avance
de los resultados electorales. El PREP comenzaría a operar tres horas
después de lo programado por la empresa DSI-Elecciones, contratada
para tal efecto (Reforma, 2 de julio de 2012). Así, a las 21:20 horas el
Consejo General del IEPCT reanudó su sesión permanente una vez que
comenzó a fluir la información del PREP, después de que los represen-
tantes de los partidos opositores acusaran su preocupación por la falta
de información sobre los resultados.12
Sin embargo, conforme los resultados fluyeron, los partidos fueron
reconociendo sus votaciones, al grado de que el candidato tricolor reco-
noció que la tendencia de las votaciones registradas en el PREP no le fa-
vorecía, con lo que aceptaba su derrota electoral así como la posibilidad
de experimentar la primera alternancia en la gubernatura tabasqueña
(El Universal, 2 de julio de 2012).
Los resultados de la jornada electoral en Tabasco arrojaban el triun-
fo del PRD en los seis distritos federales respectivos, y la obtención de
los dos escaños senatoriales por el principio de mayoría relativa y casi el
60% de los votos presidenciales. También logró ganar en catorce distri-
tos locales de mayoría relativa, mientras que el PT lo hizo en tres y MC
en uno, con lo que obtuvieron la mayoría del congreso local, así como la
presidencia de nueve gobiernos municipales, frente a ocho del tricolor,
además de la gubernatura estatal con poco más del 50% de los votos.
Finalmente, tras la jornada electoral no se registraron fuertes in-
conformidades por alguno de los candidatos a la gubernatura ni por sus
partidos sobre los resultados estatales. En su caso, el PRI impugnó los
resultados en 17 distritos, sin embargo estos recursos se centraron en la
corrección de las cifras electorales y no buscó la anulación del proceso
12 Entre las razones que se dieron para explicar la lentitud con que empezó a operar el PREP se encontra-ron los problemas de logística que implicó la redistritación local, así como la dificultad para computar las casillas de tres municipios, por un error de logística del organismo electoral. De acuerdo con Renato Arias, representante del PRD ante el IEPCT “desde su arranque y hasta la madrugada, el PREPET no incluyó las casillas de los municipios de Tacotalpa, Balancán y Jonuta, ya que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT) en lugar de enviar los paquetes a las Juntas Distritales, los concentró indebidamente en Centros de Acopio”. Además agregó que otro factor que incidió en que fluyeran len-tos los resultados preliminares, fueron la retención y secuestro de los paquetes electorales (El Universal, 2 de julio de 2012).
252
en general, en cambio sí se centró en impugnar la designación de dos
diputaciones de representación proporcional, con el fin de ascender a 9
el total de curules, de acuerdo con el dirigente estatal del tricolor, Fran-
cisco Herrera (Reforma, 11 de julio de 2012).13
En cambio, el PAN decidió impugnar los resultados en tres mu-
nicipios (Jalpa, Balancán y Emiliano Zapata), y en los dos últimos se
encontraba al frente del ayuntamiento. Para ello solicitó la realización de
nuevas elecciones en esas demarcaciones, así como en seis regidurías
del mismo número de municipios (El Universal, 10 de julio de 2012).
Los conflictos intrapartidistas en las candidaturas
Los momentos de mayor tensión y conflicto tuvieron su origen al interior
de los partidos políticos, y éstos se hicieron presentes al momento de
la selección de sus candidatos a los diversos cargos públicos. Fue aquí
donde los diversos grupos políticos se confrontaron por la apropiación
de los recursos partidistas y por la posibilidad de acceder al ejercicio
del gobierno.
Al contrastar dichos procesos internos entre los partidos principa-
les se encontró que el PRI fue el que registró un mayor grado de inten-
sidad de la confrontación interna entre sus grupos y liderazgos partidis-
tas, mientras que en el PRD se pudo tomar dicha decisión sin generar
fuertes tensiones. En el caso del PAN, la selección de su abanderado a la
gubernatura no fue un espacio de confrontación pues lo desincentivaron
las bajas probabilidades de triunfar, pero no así ocurrió al momento se
designar a los integrantes para competir por cargos locales, como regi-
dores, presidentes municipales y diputados locales.
En el caso del candidato de la coalición Movimiento Progresista de
Tabasco (PRD-PT-MC), éste se eligió al interior del sol azteca. El método
de selección utilizado replicó la experiencia del partido a nivel nacional,
13 Por su parte el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Rafael Oceguera, confirmó en entrevista el motivo de la impugnación: “tengo entendido que son 18 distritos donde se presentaron los recursos, pero es cuestión de confirmar” y no aclaró si el fin era solo alguna corrección en el cómputo de votos o reclamar la anulación de los comicios de gobernador, pero de antemano admitió que el PRI, con su candidato, Jesús Alí, perdió ante el perredista Arturo Núñez (Reforma, 11 de julio de 2012).
253
en donde fue a partir de un estudio demoscópico que se intentó medir
el nivel de conocimiento e intención de voto entre sus precandidatos. De
esa manera, el entonces senador Arturo Núñez Jiménez resultó ubicado
como el principal aspirante perredista con mayor presencia y conoci-
miento entre los encuestados frente a las postulaciones de Óscar Cantón
Zetina y Adán Augusto López Hernández, según lo reportó la dirigencia
nacional del PRD.14
Es importante resaltar que los resultados de las encuestas fueron
presentados inicialmente a las dirigencias nacionales de los partidos in-
tegrantes de la coalición Movimiento Progresista, Jesús Zambrano (PRD),
Luis Walton (MC) y Silvano Garay (PT), además estuvieron presentes el
coordinador nacional de Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia),
Manuel Camacho Solís, y el coordinador general de la precampaña y la
campaña de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal. Reunidos
en las oficinas del PRD en el Distrito Federal, también estuvieron pre-
sentes los precandidatos Núñez Jiménez y Cantón Zetina (La Jornada, 16
de diciembre de 2011). De esta manera se buscó, por un lado, asegurar
la conformidad y compromiso de todos los actores políticos involucra-
dos en el proceso partidista y, a su vez, evitar la generación de algún
conflicto que derivara en fracturas de la coalición rumbo a los comicios
tabasqueños, en los que se esperaban altas probabilidades de triunfo.
En el caso del PAN se realizó la convención estatal respectiva para
seleccionar a su candidato a gobernador. La dirigencia estatal reportó
que participarían 35 mil miembros activos y adherentes del partido,
los que votarían por alguno de los dos precandidatos registrados, el
empresario y ex diputado federal Gerardo Priego Tapia y Rogelio Geró-
nimo. Sin embargo, este último se retiró de la contienda días antes de
su realización (El Universal, 5 de marzo de 2012). Al final, Priego resultó
seleccionado como el abanderado panista, sin ninguna oposición inter-
na (Reforma, 23 de marzo de 2012).
14 Por su parte, la dirigencia nacional del PRD no reveló la metodología utilizada para llevar a cabo las dos encuestas que se “levantaron” ni los resultados obtenidos por las empresas Buendía y Mendoza y Blan-co y Asociados, solamente se anunció en los medios de comunicación que el senador Núñez Jiménez había logrado la mayoría de las menciones y preferencias en una proporción de “tres a dos” (La Jornada, 16 de diciembre de 2011).
254
Fue en la selección de sus candidatos a cargos locales donde el
partido se topó con tensiones y confrontaciones entre sus grupos. El
principal cuestionamiento se dirigió en contra del dirigente estatal del
partido, Jorge Ávalos Ramón, pues se le acusó de excluir a diversos as-
pirantes de integrar la lista de diputados por la vía de la representación
proporcional. El regidor panista Carlos Valenzuela Cabrales promovió
un juicio de protección de sus derechos político electorales ante el TE-
PJF, además de presentar una impugnación ante la Comisión Estatal
Electoral (CEE) del PAN tabasqueño a raíz del rechazo de su registro
para participar en la integración de dichas listas. Finalmente, el tribunal
ordenó al partido la restitución del procedimiento para la selección de
los candidatos a incluir en los distritos plurinominales, mientras que la
comisión rechazó su impugnación. Al final, el dirigente estatal aceptó
cumplir con los ordenamientos del TEPJF pero, a su vez, se mantuvo al
frente del partido contraviniendo las recomendaciones emitidas por el
Consejo Político Estatal (CPE) del PAN que sugirieron la renuncia volun-
taria de Ávalos como respuesta ante los problemas internos generados
(El Universal, 21 de abril de 2012).
Por último, en el caso del PRI el conflicto generó fuertes fracturas
dentro de los grupos internos, particularmente entre aquellos encabeza-
dos por el gobernador Andrés Granier Melo y la dirigencia nacional del
partido, apoyada por el candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Asi-
mismo se observó la exclusión de los priistas cercanos al exgobernador
Roberto Madrazo Pintado.
En 2011, el gobierno de Granier registró diversos movimientos
al interior de su gabinete bajo la lógica electoral. Los secretarios de
Gobierno, Humberto Mayans Canabal, y de Salud, Luis Felipe Graham
Zapata, renunciaron a sus cargos para comenzar a promover sus precan-
didaturas. Asimismo, Carlos Manuel Rovirosa Ruiz, dimitió al gabinete
estatal para asumir la cartera de secretario de Organización del comité
directivo estatal del PRI (El Universal, 13 de mayo y 5 de diciembre de
2011). Con estos cambios se comenzaría a desplegar la estrategia del
gobernador priista para imponer a su grupo al frente del partido en la
entidad, rumbo a los comicios estatales.
255
Por su parte, Jesús Alí de la Torre, alcalde del municipio de Centro
en la capital de la entidad, también manifestó su interés por la candi-
datura al gobierno, de manera que se separó de su cargo a finales de
diciembre de 2011. Éste comenzó a recibir el apoyo del candidato presi-
dencial del PRI. De manera que, hacia finales de dicho año, la dirigencia
nacional del tricolor reunió a los precandidatos considerados como fina-
listas de las negociaciones internas, y en diciembre fueron convocados
en la capital del país tanto el dirigente estatal, Miguel Romero Pérez,
como los precandidatos Georgina Trujillo, diputada federal, el edil Jesús
Alí, el senador Francisco Herrera, el exedil Evaristo Hernández y el ex
secretario de Salud del estado, Luis Felipe Graham Zapata (El Universal,
23 de diciembre de 2012).
El acuerdo logrado en la reunión consistió en impulsar la candi-
datura de “unidad” (acuerdo entre los aspirantes para apoyar a uno de
ellos) de Jesús Alí de la Torre, y que se formalizaría durante la cele-
bración de la convención de delegados estatal (El Universal, 7 de enero
de 2012). Las negociaciones encabezadas por la dirigencia nacional no
fueron tersas, principalmente se generaron reticencias por parte de Gra-
ham Zapata, que contaba con el apoyo del gobernador Granier, y de Eva-
risto Hernández, impulsado por la Confederación Nacional de Organiza-
ciones Populares (CNOP) estatal (El Universal, 10 de febrero de 2012).
Previo a la convención de delegados, Graham Zapata optó por de-
clinar a sus aspiraciones al gobierno estatal, y a cambio fue postulado
como candidato a la alcaldía de Centro, mientras que Hernández, junto
con otro aspirante Jaime Mier y Terán, se registraron para participar en
la convención delegacional. Al final le fue rechazado el registro, lo que le
llevó a inconformarse y romper con su partido (El Universal, 25 de abril
de 2012), mientras que el primero se presentó a las votaciones pero acu-
sando la existencia de irregularidades en el proceso. Así, Alí de la Torre
obtuvo mil 322 votos contra 82 de Hernández, y eso le permitió conver-
tirse en candidato a la gubernatura (El Universal, 2 de marzo de 2012).
El candidato priista, Jesús Alí, intentó mediar y reducir las tensio-
nes internas tras el proceso de nominación, por ello llevó a cabo una
256
estrategia denominada “operación cicatriz” e integró en su equipo de
campaña a Evaristo Hernández y a José Manuel de la Cruz Castellanos.15
Incluso, en los intentos por reconciliar a los liderazgos priistas, Alí de la
Torre recibió el apoyo del exgobernador Roberto Madrazo (Reforma, 28
de mayo de 2012), aún y cuando su hijo fue excluido de las candidaturas
a diputados locales (El Universal, 7 de febrero de 2012). Sin embargo, si
bien la estrategia de cicatrización se buscó realizar al nivel de los lide-
razgos priista, ésta no alcanzó a permear entre los liderazgos y cuadros
medios, así como en la base partidista, de manera que durante la cam-
paña se siguió registrando la salida de priistas que engrosaron las filas
del PRD y su candidato, Núñez Jiménez.
4. CONCLUSIONES
La alternancia en Tabasco fue producto de una combinación de factores:
por un lado, se encontró un largo proceso de realineamiento de las pre-
ferencias PRI-PRD (muy parecido a nivel federal y local) que, por el otro,
se combinó con la desinstitucionalización del priismo tabasqueño, y no
tanto del fortalecimiento coyuntural del PRD, más allá del cambio que
pudo generarse durante las campañas electorales.
Lejos de pensar que el triunfo del perredismo fue producto de un
fortalecimiento momentáneo, éste fue producto de un largo proceso que
en 2012 llevó a que se tocaran e invirtieran el orden de las preferencias
partidistas. Además que ahí se convirtió en un punto clave el largo pro-
ceso de desinstitucionalización del priismo tabasqueño.
La importancia de la política local se hizo presente en la manera
en que los partidos llegaron a la competencia, pues a medida que la
competitividad electoral se hizo más estrecha, los conflictos y pugnas
internas cobraron mayor relevancia en el aseguramiento o no de los vo-
tos necesarios mínimos para alcanzar el triunfo.
15 José Manuel de la Cruz Castellanos se presentó como precandidato a alcalde por el PRI, pero después de no conseguir la nominación buscó la misma postulación al interior del PRD. Al final tampoco logró el apoyo del partido del sol azteca y, posteriormente, fue “recuperado” por el candidato priista a la gubernatura, Alí de la Torre, y formó parte de su equipo de campaña (Reforma, 11 de mayo de 2012).
257
Si bien se buscó atender los problemas internos del priismo a nivel
de las élites, esto no permeó entre los cuadros medios y la base, debi-
litándose el control sobre sus electores, que fue captado por el perre-
dismo. Sin embargo, queda pendiente analizar la manera en que éstos
serán incluidos dentro del perredismo una vez en el gobierno estatal.
259
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261
MORELOS 2012:ALTERNANCIA Y VOTO
DE HARTAZGO
ENRIQUE CUNA PÉREZ1
1. INTRODUCCIÓN
Morelos representa el 0.25% de la superficie del país, concentra apenas
al 1.6% de la población total del mismo. Con 1 millón 777 mil 227 ha-
bitantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía -INEGI-, 2010), el
estado posee un Producto Interno Bruto (PIB) de tan solo 101 mil 969
millones de pesos. De geografía electoral plural y multicolor, en Morelos
coexisten comunidades y grupos indígenas, campesinado mayoritaria-
mente ejidal y comunal, sectores empobrecidos de Guerrero, Michoa-
cán, Oaxaca, Puebla y el Estado de México que han migrado al estado en
busca de oportunidades, así como una población urbana concentrada
mayoritariamente en cinco municipios. 86% de la población del estado
es urbana, concentrada en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y
Cuautla (casi el 47% de la población total); esta zona está conformada
por los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata
y Xochitepec.
En 2012 se eligió además del gobernador, a 30 integrantes del con-
greso local (18 de mayoría relativa, 12 de representación proporcional),
y a los responsables de 33 ayuntamientos. En el proceso electoral parti-
1 Doctor en Estudios Sociales. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
262
ciparon el Partido Acción Nacional (PAN); el Partido Socialdemócrata de
Morelos (PSD) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); la coa-
lición Compromiso por Morelos integrada por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y el Partido Nueva Alianza (PNA); y la alianza Nueva
Visión Progresista integrada por el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC). La lis-
ta nominal sumó la cantidad de un millón 175 mil 545 ciudadanos, de
los cuales 842 mil morelenses participaron en la votación (64.28% de
participación electoral).
El triunfo de la izquierda electoral a través de la alianza que con-
formaron el PRD, PT y MC, no solo representó la segunda alternancia
en la dirección del gobierno del estado, sino también la opción que los
ciudadanos eligieron para mostrar su hartazgo al PAN en el gobierno y
su rechazo a la fallida política de contención a la inseguridad y la violen-
cia en Morelos.
Los resultados durante los 12 años de gobierno panista en poco
variaron de los que presentó el PRI en casi 70: mayor violencia e insegu-
ridad en el territorio. Precisamente el candidato de la izquierda, el exse-
nador Graco Ramírez, concentró su propuesta y discurso político en la
seguridad pública y al parecer eso fue lo que en buena medida impulsó
a la población a calificar como negativo el ejercicio del gobierno panista
y a votar por la izquierda. Hay que recordar que en Morelos existe una
guerra entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan el
territorio y que se acrecentó desde 2009 con la muerte del líder de uno
de éstos, Arturo Beltrán Leyva.
Los resultados de la elección muestran una nueva correlación de
fuerzas: el PRD se posiciona como la primera fuerza política, el PRI como
segunda fuerza y el PAN se fue hasta el tercer lugar. Los principales mu-
nicipios del estado quedaron en manos del PRD -ganó Cuautla, Yautepec
y Temixco, entre otros-; el PRI se quedó con Cuernavaca y Jiutepec; el
PAN con Huitzilac. El congreso tendrá ahora una mayoría de la izquierda.
Este capítulo describe y explica los principales resultados que la
elección de 2012 produjo en Morelos, en principio presenta los resulta-
dos de gobernador para después ilustrar la nueva geografía electoral en
cuanto a municipios y congreso que la elección dejó. La idea principal
263
que resulta de los datos es que en el estado la ciudadanía votó por har-
tazgo no solo hacia el ejercicio de gobierno panista en la entidad sino
también la elección le permitió evaluar la fallida política calderonista en
contra de la inseguridad.
Los datos también señalan que los morelenses han adquirido la
virtud de usar al voto como una forma democrática para evaluar los
gobiernos estatal y municipales. De ahí se explica la alta volatilidad del
voto y la alternancia vivida desde 1997 en los ayuntamientos. Con una
de las tasas de desempleo más baja en el país, Morelos presenta solo un
21% de rezago educativo, 64% de su población tiene acceso a la segu-
ridad social, solo 10% de sus ciudadanos presenta pobreza alimentaria,
posee amplios servicios educativos en todos los niveles (Coneval, 2011).
Lo anterior explicaría en buena medida el uso que el votante morelense
le da al voto democrático.
2. ELECCIÓN DE GOBERNADOR Y SEGUNDA ALTERNANCIA
Parte de la explicación de los resultados electorales y del triunfo de la
izquierda en la elección para gobernador se debe al contexto de insegu-
ridad y violencia que vive el estado que, como ya se mencionó, se convir-
tió en centro de operaciones de grupos delincuenciales. A esto hay que
sumar los errores del PAN como también la imposición de un candidato
priista de “bajo perfil” en un entorno de división del PRI.
Así, el PAN presentó a Adrián Rivera Pérez; el PRI, a José Amado
Orihuela Trejo; el PRD, a Graco Ramírez; y el PSD, a Julio César Yáñez
Moreno (candidato que a sí mismo se descalificaba como político y -re-
pitiendo el discurso del virginismo político- autonombró su función: “no
fue ser candidato a gobernador sino despertar conciencias” para que los
ciudadanos razonen su sufragio) (El Universal, 2012).
En 2012, el financiamiento para los partidos en Morelos ascendió
a 136 millones de pesos, de los cuales cerca de 70 millones fueron pre-
rrogativas para el gasto electoral. El PRI recibió la mayor cantidad (14
millones); el PAN, 12 millones; y el PRD, 10 millones.
264
Cuadro 1.Prerrogativas a partidos políticos Morelos 2012
Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Estatal Electoral (IEE), 2012.
PARTIDO PRERROGATIVAS PRERROGATIVASPOLÍTICO AÑO ELECTORAL ORDINARIAS
PAN 12,380,691 11,692,836
PRI 14,798,943 13,976,733
PRD 10,319,725 9,746,347
PT 6,216,581 5,871,196
PVEM 7,540,227 7,121,301
MC 7,196,072 6,796,267
PNA 6,364,068 6,010,488
PSDM 5,505,690 5,199,801
Total 70,322,000 66,415,000
Los resultados se concentraron en las opciones lideradas por el
PRI (291,660 votos) y el PRD (364,925 votos). Mientras que el PAN
solo obtuvo 127,624 votos y el PSD 34,752 sufragios -un poco más de
los 23,920 votos nulos-. El siguiente gráfico muestra los porcentajes de
votación obtenidos en la elección de gobernador.
Gráfico 1.Resultados de la elección de gobernador en Morelos en 2012
Fuente: Elaboración propia con base en IEE, 2012.
PAN
% Votos obtenidos
Compromiso por México
MovimientoProgresista
Partido SocialDemocráta
5
10
1515.14
34.6
43.29
4.1220
25
30
35
40
50
45
265
Desde el 2000, la entidad fue gobernada por el PAN con Sergio
Estrada Cajigal (2000-2006) y Marco Antonio Adame Castillo (2006-
2012). El primero no obstante ser castigado por la opinión pública e
identificado con los grupos de la delincuencia organizada permitió el
relevo panista de Adame aún con cierta estabilidad. Ahora, el PRD cris-
talizó un crecimiento electoral exponencial desde 2000 y hasta 2012, al
proponer a un candidato reconocido como “congruente político” por la
opinión pública, vinculado con el movimiento progresista de Andrés Ma-
nuel López Obrador, y con amplia trayectoria en el estado. Mientras que
el PRI consideró como su candidato -incluso por encima de la evidente
preferencia de amplios sectores del partido por el presidente municipal
de Cuernavaca, Manuel Martínez- al diputado local Amado Orihuela lo
que provocó no solo la división al interior del partido sino también el
franco apoyo de sectores priistas por el candidato del PRD.
Durante la campaña del PRI no faltaron protestas de inconformes
con la elección de candidatos a distintos cargos de elección popular. Por
ejemplo, fue común encontrar a legisladores federales, estatales y pre-
candidatos que no obtuvieron designaciones (el diputado federal Jaime
Sánchez Vélez, la legisladora local Lilia Ibarra, la ex diputada estatal
Enoe Salgado Jaimes y el ex presidente municipal de Emiliano Zapa-
ta, Fernando Aguilar Palma, entre otros), acusando al dirigente priista
Martínez Garrigós de haber recurrido a la imposición para favorecer a
sus allegados con las candidaturas -el hermano del líder político, José
Martínez, compitió para diputado local-. La sede del priismo morelense
fue blanco de protestas en aras de revertir el proceso de selección y
considerar los liderazgos populares de cada ayuntamiento. Incluso el
PRI canceló las convenciones de delegados donde se escogerían a los
precandidatos bajo el argumento de que la noche anterior al evento se
alcanzaron los consensos para presentar candidaturas únicas.
No obstante lo anterior, los datos desde 2000 sugieren que era
cuestión de tiempo el que la izquierda llegara a la gubernatura more-
lense. Pues en la trayectoria histórica el voto por la izquierda creció,
mientras que el voto por el PAN descendió de manera evidente despren-
diéndose del alto porcentaje que en 2000 el fenómeno Fox posibilitó,
mientras el PRI se recuperó del descalabro del 2000. Ambos partidos
266
-PRI y PRD- crecieron en cerca de 12% de la preferencia electoral cada
uno de ello, mientras que el PAN descendió en 20% de preferencia con
respecto a 2006 y de cerca de 40% de preferencia electoral con relación
al 2000.
Gráfico 2.Trayectoria de la elección de gobernador 2000-2012
Fuente: Elaboración propia con base en IEE, 2012.
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2000 2006 2012
12.71
31.26
43.29
54.74
35.14
15.14
PRDPRIPAN
27.2723.58
34.60
Las principales propuestas de los partidos se concentraron en tres
temáticas: seguridad, empleo y desarrollo social. En cuanto a pobreza, el
PAN desestimó los programas calificados de “populistas” y se concentró
en proponer la inversión y la desregulación. El PRI enunció la posibilidad
de fortalecer el mercado interno y la recuperación de la rectoría estatal
sobre el desarrollo económico. Mientras que el PRD se comprometió a
perseguir la política de distribución a partir de beneficios a grupos vul-
nerables, minoritarios y excluidos del estado de Morelos (entre los que
destacan la distribución de becas escolares, apoyos en caso de despido,
ayudas alimentarias a población de bajos recursos, etc.).
267
Cuadro 2.Comparativo propuestas acerca del combate a la pobreza
Fuente: Plataforma electoral 2012 (Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 2012).
“Dejemos de desgastarnos en estériles esfuerzos por intentar abatir la pobreza con programas paliativos y sin eficacia cuando en realidad se pueden hacer pequeños pero efectivos esfuerzos de desregulación y de atracción de inversiones, a pequeña escala, con sentido de corresponsabilidad social que aseguren el empleo, la productividad, la competitividad y se minimice la dependencia gubernamental, que es caldo de cultivo para la clientela política de otros partidos”.
“El problema de fondo radica en el abandono del papel del Estado como promotor del crecimiento, en la carencia de una política industrial; en la falta de una eficaz banca de desarrollo; y en la ausencia de políticas de empleo que fortalezcan el mercado interno y eleven la competitividad a nivel nacional y en el exterior.
La ineficiencia del modelo también deriva de la aplicación de una política social corto-placista y mal administrada que avanza solo en variables del bienestar, que no incide en la transformación real de las condiciones de pobreza y hace poco para generar igualdad de oportunidades.
Adicionalmente, el gasto social es inequitativo. El 20% más rico de la población recibe 32% del gasto que el Estado destina para el desarrollo humano, mientras que el 20% más pobre solo recibe 13%”.
“Ante la emergencia que vive el país, deben adoptarse las siguientes medidas para garantizar la vigencia de derechos sociales fundamentales como el empleo, la salud, la alimentación, la vivienda y la educación:
Para garantizar la seguridad alimentaria de todos, independientemente del nivel de ingreso, sexo o grupo social, se propone establecer un programa estatal de asignación gratuita alimentaria básica mensual a las familias perceptoras de hasta tres salarios mínimos. Más adelante, los esquemas de renta mínima universal garantizada podrán sustituir con ventaja las dotaciones alimentarias.
El Estado, en esta situación de crisis, garantizará, como es su obligación, la continuidad sin interrupción de los estudios de los hijos de los trabajadores y trabajadoras que por efectos de la crisis sean despedidos de su empleo formal. Para ello y por un periodo de seis meses y prorrogable hasta tres más, el Estado y los municipios les garantiza-rá útiles escolares y transporte gratuito a instituciones públicas de educación básica, intermedia y superior.
Se establecerán de manera universal y progresiva los programas de desayunos o me-riendas escolares en los planteles de educación básica, pero comenzando con los situa-dos en los municipios de mayor marginación”.
PAN
PRI
PRD
268
En cuanto a la seguridad, el PAN propuso un cambio cultural en
la población y la instauración de la policía estatal única. El PRD diag-
nosticó que el problema va más allá de una simple política anticriminal
sino más bien que se tienen que ver las raíces económicas y sociales
del fenómeno. Mientras que el PRI propuso una política integral y mul-
tifactorial que recuperara la vigencia del estado de derecho. Este tema
es particularmente importante porque el estado vive una situación de
incertidumbre con respecto a la seguridad. La última Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2011 (INEGI,
2011) revela que el 81% de la población morelense mayor de 18 años
se siente insegura en la entidad.Gráfico 3.
Delitos del fuero común registrados de 2000 a 2009
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2012.
Los datos señalan que el secuestro, robo de auto, portación de
arma, narcomenudeo y la violencia intrafamiliar se han disparado en los
últimos diez años de manera impresionante. Tan solo señalo que están
en la cárcel los funcionarios que fueron responsables de la seguridad en
Morelos, como el coordinador de la policía ministerial de la Procuradu-
ría General de Justicia (PGJ), Agustín Montiel, y el ex secretario de Se-
guridad, Juan Ángel Cabeza de Vaca, de la administración que encabezó
el panista Adame Castillo.
1,000
2,000
3,000
4,000
28,199
33,81531,869 31,529
34,768
40,601 42,44745,235 45,141 46,5915,000
2000 2001 2006 20072005200420032002 2008 2009
Delitos
269
Cuadro 3.Comparativo propuestas acerca de la seguridad
Fuente: Plataforma electoral 2012 (Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 2012).
“Se tiene que dimensionar que el problema de la seguridad no es un resultado de una constante antropológica, sino de una serie de incentivos perversos que hacen de la cultura de la ilegalidad una forma de poder, en el imaginario colectivo y la manera más eficiente de combatir esta amenaza, es con pequeñas acciones que hagan que se recupere la soberanía del poder público, no es con más penas como se combate la criminalidad, sino con la aplicación formal de los actos de autoridad y las leyes ya existentes, como se generará una lógica simple de que a toda trasgresión a las disposiciones gubernamentales, corresponderá una sanción ejemplar que logrará un mayor compromiso ciudadano con el marco normativo y, al mismo tiempo, la sociedad recuperará autoridad moral para exigir al poder público, mayor responsabilidad y cum-plimiento con sus obligaciones legales”.“Policía estatal única”.
“El problema del crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común se debe combatir mediante una política de Estado en materia de seguridad que sea integral, fundada en la reforma institucional que proponemos y en un desarrollo más equitativo, que cuente con un claro consenso político y social, y tenga como objetivo recuperar la paz sin concesiones ni abuso a los derechos humanos. Necesitamos una clara estrate-gia que fortalezca al Estado de derecho y sus instituciones y, al mismo tiempo, alinee todas las políticas públicas; que no permita daños colaterales; disminuya la pobreza, el desempleo, la deserción escolar, la migración interna y demás factores que han desen-cadenado la inaceptable situación actual. Para ello:•Adoptaremos un enfoque integral, multidimensional e interinstitucional donde todas las políticas públicas contribuyan a modificar las situaciones que generan inseguridad, violencia e impunidad”.
“La crisis de seguridad no es sino la expresión más dolorosa de la crisis política y económica que se ha venido viviendo en nuestro país a partir del quiebre de un sistema que se sostenía sobre la base de la hegemonía política del partido único y ahora de la derecha que ha protegido criminales corruptos y delincuentes políticos y de cuello blanco y de la imposición de un modelo de desarrollo económico depredador que ha llevado a millones de mexicanos a la exclusión social. Así, la exclusión social que pro-duce el modelo económico está en el fondo de la actual crisis de seguridad pública: más de cinco millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Postulamos que el cambio en las políticas económicas y sociales, así como el crecimiento en la cobertura de la educación pública en todos sus niveles, son el primer paso para la construcción de una sociedad segura y sin violencia.En sentido contrario, la respuesta inmediata de quienes detentan el gobierno, ha sido la militarización del país con más de 50 mil efectivos militares sin controles constitu-cionales en las calles y la consecuente violación de los derechos y libertades públicas. Esta militarización no es una política aislada, sino se corresponde con la agenda de seguridad hemisférica que se ha impuesto extra constitucionalmente en nuestro país, a través de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad y más recientemente con la Iniciativa Mérida.Por otro lado, consideramos falso el dilema entre seguridad pública eficiente o respeto a los derechos humanos. En un Estado democrático y social de derecho es perfectamente posible instrumentar políticas de seguridad pública que respeten las garantías constitu-cionales y legales de las personas. Por lo tanto, rechazamos toda política de seguridad pública discriminatoria que criminalice la pobreza y las situaciones específicas de las personas, como la juventud, los estilos de vida alternativos y la identidad sexogenérica”.
PAN
PRI
PRD
270
Con respecto al desarrollo social, el PAN -contradictoriamente-
propuso el otorgamiento de subsidios a las familias de escasos recursos
(bono educativo, becas de reinserción laboral, etc.), apoyos temporales
que igualaran las oportunidades de desarrollo de las personas. El PRI
planteó asegurar el acceso de todo morelense a servicios de salud y
seguridad social, a través del ingreso mínimo en caso de desempleo;
la atención médica asegurada por el solo hecho de ser morelense; la
pensión universal para los adultos mayores; el seguro del desempleo.
Es importante destacar la reiterada propuesta de rescatar la regulación
del Estado en las acciones del mercado (“El PRI pugna por un Esta-
do con las capacidades financiera, técnica y humana, necesarias para
cumplir estrictamente con sus funciones constitucionales de rectoría del
desarrollo estatal, con objeto de hacer posible que los mercados actúen
competitivamente”).
Por su parte, el PRD presentó una línea de estrategias similar a la
que sigue en el Distrito Federal y que en buena medida los morelenses
identifican como positivas y reconocen su origen en la izquierda repre-
sentada por Graco Ramírez. Así, se planteó estimular la organización de
la población trabajadora y el acceso a apoyos financieros, tecnológicos y
de capacitación a través de la transferencia de recursos federales com-
pensatorios a las zonas de mayor rezago, señala el PRD: “un elemento
central para la superación de la pobreza y el avance de la justicia distri-
butiva es fijar una asignación de recursos federales que permita fortale-
cer las capacidades productivas de aquellos municipios o regiones que,
en las condiciones actuales, no pueden generar localmente los recursos
requeridos de inversión productiva”.
Esto último es importante, pues en la comparación entre el voto
por gobernador con respecto al voto por los candidatos a la Presidencia
(voto diferenciado), en el caso del comparativo entre voto gobernador y
voto por diputados federales sí hay cambios, sobre todo en el caso de
la izquierda.
271
Por último, y a pesar de la recurrente denuncia acerca del impacto
de las encuestas en el electorado, el caso de Morelos sugiere un positi-
vo tratamiento a las dos opciones políticas que al final sí disputaron la
gubernatura.
Gráfico 4.Comparativo voto 2012. Gobernador, presidente y diputados federales
Fuente: Elaboración propia con base en IEE, 2012.
10
20
30
40
50
PRI-PVEM PRD-PT-MC PAN
ElecciónPresidente
ElecciónDiputadosfederales
ElecciónGobernador
272
Un último dato, y en consonancia con el alto nivel de participación
y civilidad de los morelenses, hay que señalar que la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Electorales de la Procuraduría de Justicia estatal (FE-
PADE), recibió solo cuatro denuncias procedentes de los municipios de
Yautepec, Jonacatepec, Xochitepec y Temoac, denunciando la presunta
entrega de despensas, distribución de panfletos y supuesta entrega de
dinero. Los grupos denunciados fueron afines a los partidos Revolucio-
nario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista.
Gráfico 5.Comparativo encuestas-resultados de gobernador en Morelos en 2012
Fuente: Elaboración propia con base en datos periodísticos (Animal político, 2012).
5
10
15
20
25
30
35
40
45
enero marzo abrilfebrero mayo junio julio
07 enero
32.9
16.8
16.7
38.6
35.1
26.3
38.2
39.7
19.1
35.3
29.5
16.1
34.6
43.3
15.1
03 marzo 08 junio 12 junio 01 julio
PAN
PRI aliado
PRD aliado
273
3. ELECCIÓN EN MUNICIPIOS, LA IZQUIERDA COMO MAYORÍA
El resultado de las 33 presidencias municipales puestas en juego,2 seña-
lan a la izquierda como ganadora -hay que recordar que con respecto a los
ayuntamientos, las coaliciones no fueron totales- con 13, le siguió el PRI
y el PVEM con cinco respectivamente y el PAN solo dos, al igual que el
PT y el PSD. Mientras que el PNA consiguió cuatro (solo o acompañado).
En el periodo 2009-2012, el PRI poseía 16 presidencias munici-
pales, siete eran representadas por el PAN, solo tres por el PRD, otras
tantas por el PVEM, dos por el PT, una por MC y otra por PSD. Si se com-
paran los resultados de 2009 con los de 2012, es notorio el crecimiento
obtenido por el PRD en particular al pasar de tres a trece ayuntamien-
tos. El gran perdedor en este rubro fue el PRI.
2 Amacuzac, Atlatlahucan ,Axochiapan, Ayala, Coatlan del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tepoztlan, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec, Zacualpan de Amilpas, Temoac.
Gráfico 6.Distribución de ayuntamientos por partido o coalición en Morelos en 2012
Fuente: Elaboración propia con base en IEE, 2012.
PRI PanalPVEM PAN PT PSD Compromiso por MorelosPRI-Panal
Compromiso por MorelosPRI-Panal-
PVEM
MovimientoProgresista
2
4
6
8
10
12
14
274
Los principales municipios quedaron en manos del PRD, salvo
Cuernavaca en el cual refrendó su dominio el PRI (hay que señalar que
desde el 2000 la capital morelense había sido gobernada por el PAN,
pero en 2009 pasó a manos del PRI con Manuel Martínez Garrigós).
Gráfico 7Comparativo de municipios 2009-2012
Fuente: Elaboración propia con base en IEE, 2012.
Fuente: Elaboración propia con base en IEE, 2012.
Municipios gobernados
2
4
6
PAN2009: 7
PRI aliado2009: 16
PRD aliado2012: 13
PVEM 2: 5
2 2 2
8
3 3
8
9
10
12
14
18
16
Cuadro 4.Votación de los principales municipios
MUNICIPIO PAN PRI PRD PSD PVEM VOTOS ALIADO ALIADO TOTAL
Cuernavaca 40,953 75,277 61,499 4,897 187,432 (21.85%) (40.16%) (32.81%) (2.61%)
Jiutepec 26,282 26,538 29,249 2351 3,414 92,134 (28.53%) (28.80%) (31.75%) (2.55%) (3.71%)
Cuautla 20,460 21,345 28,951 1,168 2,705 78,274 (26.14%) (27.27%) (36.99%) (1.49%) (3.46%)
Temixco 5,908 12,026 21,700 1,149 1,737 45,130 (13.09%) (26.65%) (48.08%) (2.55%) (3.85%)
Yautepec 7,082 12,135 15,986 3,787 1,227 43,071 (16.44%) (28.17%) (37.12%) (8.79%) (2.85%)
Votos Total 100,685 147,321 157,385 13,352 9,083 44,601 (53%)
275
En el siguiente cuadro se presenta con detalle una condición propia
de la alternancia que en Morelos ha venido desarrollándose. A diferencia
de lo que sucede en otros estados, en donde se cambia de partido en
la gubernatura pero los municipios difícilmente cambian de partido, en
Morelos todos los ayuntamientos han presentado alternancia una, dos y
hasta tres veces. Los datos muestran un voto razonado, por lo menos los
ciudadanos han adoptado el sentido del voto en una democracia: instru-
mento de valoración para premiar o castigar el desempeño de gobierno.
Cuadro 5.Alternancia por municipios 1997-2012
Fuente: Elaboración propia con base en IEE, 2012.
T 1997 2000 2003 2006 2009 2012
Amacuzac PRI PRD PRI PRD PT PVEM
Atlatlahucan PRI PVEM PRI PAN PVEM PRI
Axochiapan PRI PRI PAN PVEM PRI PSD
Ayala PRI PRI PRD PAN PRI PAN
Coatlan del Río PRI PRI PVEM PNA C PRI
Cuautla PRD PRI PRD PAN PRI PRI
Cuernavaca PAN PAN PAN PAN PRI PRI
Emiliano Zapata PAN PAN PAN PRI PRD PRD
Huitzilac PRI PAN PRI PRD PAN PAN
Jantetelco PRI PRI MP PRD PT PVEM
Jiutepec PRD PAN PAN PRD PRD PRD
Jojutla PRD PAN PRI PRD PRI PRD
Jonacatepec PRD PRI PRI PRI PRI PT
Mazatepec PRD PRD PAN PNA PAN PRI
Miacatlán PRI PRI PRI PRD PRI PRD
Ocuituco PRI PRI PRD PAN PAN PVEM
Puente de Ixtla PRI PRI PAN PRD PRI PRI
Temixco PRI PAN PAN PRD PRI PRD
Temoac PRD PRI PRD PRD PVEM PRI
Tepalcingo PRD PRD PRI PAN PRI PSD
Tepoztlan PRD PRD PRI PRD PRI PRD
Tetecala PRD PRI PRI PNA PRI PRI
Tetela del Volcán PRI PRI PRI PNA PAN PVEM
Tlalnepantla PRI PRI PRI PRD PAN PRD
Tlaltizapan PRD PRD PAN PRD PRI PRD
Tlaquiltenango PRI PRI PVEM PVEM PRD PT
Tlayacapan PRI PRD PRI PRD PAN PRI
Totolapan PRI PRI PRD PAN PRI PNA
Xochitepec PRI PAN PAN PRD PRI PRD
Yautepec PRD PRI PRD PRD PRI PRD
Yecapixtla PRD PRD PRD PRI PAN PVEM
Zacatepec PRD PAN PRD PRI PRI PRD
Zacualpan de Amilpas PCM PCM PRD PRI PVEM PRI
276
4. EL CONGRESO DE MORELOS, LA IZQUIERDA COMO PRIMERA FUERZA
Desde la reforma de 1996, el congreso del estado se integra con 30
diputados: dieciocho electos por el principio de mayoría relativa y doce
por el principio de representación proporcional (dicha reforma integró
tres distritos uninominales justificados por el incremento de la pobla-
ción, uno en el municipio de Cuernavaca, otro constituido por la división
en dos del municipio de Jiutepec y uno más al dividir Yautepec).
En el periodo 2009-2012, el congreso estuvo integrado por 16 di-
putados del PRI, cinco del PAN, tres del PRD, dos del PVEM, uno del MC,
uno del PNA, uno del PT y un diputado independiente. Los resultados
de 2012, reflejan una nueva distribución: a la coalición de izquierda
le correspondieron 13 diputados de mayoría relativa; al PRI-PNA se le
asignaron cuatro de mayoría y cuatro de representación proporcional; al
PAN, cuatro por este último principio; al PVEM, uno de mayoría y dos de
representación proporcional; y al PSD, dos de representación propor-
cional. En suma, las izquierdas tendrán el 43% de los diputados en el
congreso, seguidas por el PRI con 27% y el PAN con 13%.
Gráfico 8.Congreso local en Morelos en 2012
Fuente: Elaboración propia con base en IEE, 2012.
Nueva Visión Progresista 43%
Compromiso por Morelos 27%(PRI-PNA)
PAN 13%
PVEM 10%
Partido Socialdemócrata 7%
277
Los resultados muestran una clara tendencia a la baja en la votación
del PRI, que podría explicarse por el voto de castigo que los ciudadanos
manifestaron contra el PAN, a la presentación de propuestas alternas
al programa priista por parte del PRD, y al discurso menos agresivo
del perredismo. Pero los datos señalan que son muy importantes las
condiciones de inseguridad y peligro que se encuentran presentes en la
cotidianidad. Aunado a esto, y en particular en cuanto a los candidatos
a diputados del PRI, hay que señalar la ausencia de criterios claros para
la selección de candidatos y por las pugnas que le acompañan.
Así, la izquierda obtuvo una representación legislativa histórica,
pues no solo alcanzó triunfos en todos los distritos de Cuernavaca. Ade-
más, triunfó en los distritos I, II, II y IV con cabecera en Cuernavaca.
También lo hizo en los distritos V y VI que forman parte de la zona me-
tropolitana de Cuernavaca, conformada por los municipios de Temixco,
Zapata, Xochitepec y Jiutepec; los distritos IX, X, y XI que representan
la zona sur; en el XIII, XIV y XV así como el XVIII que son los distritos de
los altos de Morelos y la parte sudoriental.
En general, el congreso mantiene una conformación plural donde
tienen participación las principales fuerzas políticas de la entidad, refle-
jando la pluralidad y competitividad que vive el estado desde 1997. A
esto se suma la cohabitación entre poderes, donde el ejecutivo y el ayun-
tamiento de la capital, Cuernavaca, tendrán que compartir el mismo te-
rritorio lo cual es, según experiencias en otras regiones, un proceso casi
siempre conflictivo que requiere de un alto grado de civilidad política
para solucionar enfrentamientos; el manejo de recursos del gobierno del
estado hacia los ayuntamientos constituye un porcentaje importante, y
cuando hay procesos de alternancia se pueden generar disputas.
Del mapa político de la entidad se puede observar: a) una definida
competitividad en los procesos electorales que se presenta primordial-
mente entre el PRI y el PRD; b) en la mayoría de los municipios del esta-
do los procesos electorales fueron muy competitivos; c) Morelos vive un
bipartidismo e incluso, en algunas zonas, el multipartidismo.
No solo se puede hablar de una derrota por voto de castigo al
PAN, sino de un reconocimiento a la superioridad de los candidatos que
lanzó el PRD. Ahora la izquierda deberá aprender y saber ser gobierno
278
en Morelos, administrar y legislar con eficiencia y honestidad, pues los
ciudadanos demostraron en esta elección que, con el poder del voto,
definen y redefinen los equilibrios de las fuerzas políticas en el poder,
pero también demostraron la capacidad del ciudadano para castigar o
premiar a las fuerzas que los representan. Del PAN podemos señalar que
los problemas de la entidad rebasaron la capacidad del gobierno estatal,
que por desinterés o miopía no pudo solucionar los problemas de inse-
guridad que en mucho afectaron el comportamiento de una población
educada, urbanizada y con altos niveles de expectativas económicas.
En fin, los resultados reflejan la reducción en la votación del
PAN, el aumento en la del PRD y una pequeña, pero significativa mo-
dificación a los votos del PRI, así como la reducida pero estratégica
presencia de las minorías.
5. ELECCIONES 2012. ¿Y LA CUOTA DE GÉNERO?
Un dato que no debe pasar desapercibido, no obstante la dinámica ciu-
dadana adoptada en Morelos, es el poco número de candidatas tanto a
representar a los morelenses en el congreso estatal como en la dirección
de los ayuntamientos. Los partidos parecen no darles mucha visibilidad
a las mujeres en cuanto a las cuotas de género. El ya famoso tema de
60/40 que se instaura a nivel nacional (y que sugiere la proporción de re-
presentación ideal entre hombres y mujeres), no se presenta en Morelos.
Los partidos políticos que más postularon candidatas tanto al con-
greso como a los ayuntamientos fueron los partidos de izquierda que
aliados se presentaron a la jornada del primero de julio. Los que más
recurrieron a la presencia de los hombres fueron el PAN y el PRI. Anali-
zando los resultados de 2012, puede notarse que solo dos candidatas
a ayuntamientos ganaron, pero solo nueve fueron postuladas por los
tres principales partidos. Las dos candidatas representan tan solo el 6%
de los presidentes municipales, tendencia que se ha mantenido estable
desde, por lo menos, 1997.
En cuanto a la composición por género de la legislatura 2012-
2015, el dato parece ser más halagüeño, pues representan el 23% de los
279
legisladores locales. Descendió en tan solo 3% de la legislatura pasada,
pero se mantiene muy lejos de la experiencia 2006 en donde las mujeres
representaron el 40% de los legisladores.
Gráfico 9.Composición de los ayuntamientos y el congreso 2012 por género
Fuente: Elaboración propia con base en IEE, 2012.
20% 40% 60% 80% 100%
Ayuntamientos 2012Congreso 2012
Ayuntamientos 2009Congreso 2009
Ayuntamientos 2006Congreso 2006
Ayuntamientos 2003Congreso 2003
Ayuntamientos 2000Congreso 2000
Ayuntamientos 1997Congreso 1997
Hombres
Mujeres
73/2794/6
97/3
90/10
90/10
100/0
60/4094/6
70/30
100/0
77/2394/6
6. A MANERA DE CONCLUSIÓN
Las elecciones del primero de julio de 2012 muestran un notable ejem-
plo de civilidad política de los ciudadanos morelenses, quienes han
adoptado al proceso electoral como fórmula para la evaluación de la
actuación gubernamental y han otorgado legitimidad a la lucha electoral
como vía de cambio y trasformación política.
La división en el congreso de Morelos ha aumentado la capacidad
de negociación de los partidos opositores y la coexistencia pacífica de
los tres principales partidos políticos (donde ninguno de los contendien-
tes obtuvo mayoría absoluta) y las tres tendrán que acostumbrarse a
negociar, a hacer política para avanzar con sus propuestas. Igualmente
280
el gobernador tendrá que habituarse a discutir y buscar acuerdos con
los parlamentarios de su partido y con los de la oposición.
Finalmente, con estos resultados se confirma una tendencia en la
que no solo el voto del PAN cayó de forma importante, sino que tam-
bién se instaura un modelo de pluralismo moderado -tripartita en las
ciudades importantes con plena competencia-, que enmarca el triunfo
de la alianza de la izquierda electoral al canalizar el descontento de los
ciudadanos más afectados por la crisis de seguridad.
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45
20,2
64
9,17
7 34
,752
23
,920
35
,053
29
3,20
7 56
,476
36
6,08
5 84
2,88
1 64
.28%
DIS
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287
EL CASO DE JALISCOY LA CAÍDA DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL
ARTURO LÓPEZ PERDOMO1
ALBERTO ESPEJEL ESPINOZA2
1. INTRODUCCIÓN
Jalisco se encuentra situado en la zona occidental de México. Colinda
con Nayarit al noroeste, Zacatecas y Aguascalientes hacia el norte, Gua-
najuato y San Luis Potosí en el este, y Colima y Michoacán al sur. Es la
cuarta entidad federativa más poblada de México. Ahora bien, la Zona
Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se integra por los municipios de
San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Sal-
to, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Guadalajara. De acuer-
do con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la ZMG
es la segunda más poblada de la república mexicana, solo es superada
por la Zona Metropolitana del Valle de México, con 4 millones 434 mil
878 habitantes distribuidos en los ocho municipios mencionados (Go-
bierno de Jalisco, 2013).
Jalisco comparte con algunos estados del norte (como Baja Cali-
fornia, Nuevo León y Chihuahua) la existencia de un bipartidismo desde
hace algunos años. El bipartidismo de Jalisco, entre el Partido Acción
Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ha ex-
presado a través de las votaciones y conformación del congreso local
(desde 1995), ayuntamientos (1995) y gubernatura (1995), lo cual ha
sido constante hasta la reciente votación (2012).
1 Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México.
2 Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México.
288
Otro aspecto que resalta en Jalisco es el peso del Partido de la
Revolución Democrática (PRD); el partido de centro izquierda más im-
portante a nivel nacional; el cual dista mucho de lo que sucede en la
entidad donde su presencia es apenas testimonial. El caso 2012 es pa-
radigmático, ya que el PRD se colocó en la cuarta posición, en la disputa
por la gubernatura, detrás del partido político minoritario Movimiento
Ciudadano (MC). No obstante, normalmente su tercer lugar se encuen-
tra demasiado lejos del PAN y el PRI. Algo similar ha acontecido en
elecciones de diputados locales y ayuntamientos.
La elección de 2012 en Jalisco fue un proceso hasta cierto punto
previsible. Pese a esto, causó asombro la derrota del PAN y el ascenso
del PRI con Aristóteles Sandoval. El presente trabajo se interesa por dilu-
cidar tres cuestiones. En primer lugar, se observa el bipartidismo (PAN-
PRI) en la entidad en las elecciones de gobernador, diputados locales y
ayuntamientos hasta 2009, así como la ambivalente presencia del PRD
en las tres instancias. Se observa cuando emerge la competitividad en la
entidad en las tres elecciones. En segundo lugar, se aprecia el proceso
de selección de candidato a gobernador por los principales contendien-
tes, a saber: Aristóteles Sandoval, Enrique Alfaro, Fernando Guzmán y
Héctor Sánchez. Interesa observar quién los seleccionó, qué tan inclusi-
vo fue el proceso interno y si esto detonó en algún conflicto partidario.
En tercer lugar, se observan qué tan competitivas han sido las elecciones
de gobernador, congreso local y ayuntamientos hasta 2012. Asimismo,
damos algunos apuntes sobre por qué ganó el PRI en Jalisco.
2. EVOLUCIÓN POLÍTICO ELECTORAL DE JALISCO DE 1982 A 2009
En este apartado corresponde observar la reciente historia electoral de
Jalisco, la cual se ejemplifica con un bipartidismo en donde el panismo
ha tenido, al menos desde 1995, la mejor parte. El PRI se había man-
tenido en segundo lugar, alejado del PRD y demás partidos. La izquier-
da, por su parte, solamente ha obtenido resultados más elevados de lo
normal cuando se trata una elección concurrente con la presidencial. Lo
289
anterior se ha mantenido tanto para el caso de gobernador, presidentes
municipales y diputados locales.
Veamos qué ha ocurrido en ese mismo orden de aparición. Con ello
quedará claro que solo el PAN y el PRI se disputan los principales pues-
tos de poder en la entidad desde la década de los noventa y hasta 2009,
así como que el PRD tiene una presencia marginal, salvo en elecciones
concurrentes con la presidencial.
Cuadro 1.Elección para gobernador en Jalisco 1982-2006
Porcentaje obtenido por partido
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Electoral y de Parti-cipación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco) y Voz y Voto.
PARTIDO 1982 1988 1995 2000 2006
PAN 22.26 25.8 53.9 46.2 45.19
PRI 58.3 57.7 37.9 44 41.4
PRD 4.1 5.3 7.83
Partidos 19.2 13 4.03 4.4 3.5Minoritarios
En el caso de gobernador, se ejemplifica el grado de competitividad
existente hasta antes de 1995, con el PRI obteniendo más del doble
de votos que el PAN en 1982 y 1988, aunque ambos sumaron más del
80% de los votos, lo cual da cuenta del bipartidismo. Es hasta 1995
que el panismo obtuvo la gubernatura con amplio apoyo de la pobla-
ción, invirtiendo los papeles en términos de votación. No obstante, los
gobiernos panistas no pudieron sostener ese apoyo en subsiguientes
elecciones (2000 y 2006). Así pues, desde el año de la alternancia, el
PAN vio disminuir sus votos en cada elección hasta tener procesos muy
competidos frente al tricolor. El PRI, por su parte, mostró una suerte de
estabilización en su votación, la cual no bajo del 40% en 2000 y 2006.
Ahora bien, el PRD fue aumentando su votación de 1995 a 2006, pero
no lo suficiente para competir con el ganador. Su mejor votación se dio
en 2006, probablemente debido al efecto de arrastre de su candidato
presidencial. Ahora bien, PAN y PRI han concentrado entre el 86 y el
90% de los votos totales.
290
En cuanto al congreso local, el cuadro anterior muestra varias
cuestiones interesantes. Aquí es más evidente el avance del PAN como
oposición en el estado hasta antes de la alternancia en 1995, a costa de
otros partidos minoritarios. Nuevamente, PAN y PRI concentran entre el
79 y el 90% de 1982 a 1991.
En torno al PAN, en elecciones concurrentes con la presidencial
elevaba su votación, presumiblemente debido a un efecto de arrastre y
en las elecciones intermedias su votación disminuía. Si bien en 1997 esa
disminución incluso le alcanzó para terminar arriba del PRI, en 2003 y
2009 ya no fue así. Por tanto, la votación panista en Jalisco tras 1995,
ha mostrado altibajos recurrentes en los cuales casi siempre se mantuvo
encima del PRI, salvo en 2003 y 2009.
El PRI, por su parte, tras la alternancia en 1995, cuando fue supe-
rado por el PAN, inició un proceso de recuperación en términos electora-
les que tuvo una reducción considerable en la elección de 2006, ya que
en las elecciones intermedias de 2003 y 2009 le alcanzó para situar-
se apenas por encima del PAN. El hecho de que del 2000 al 2009, en
dos elecciones concurrentes con la presidencial (2000 y 2006), el priis-
mo obtuviera peores votaciones que en elecciones intermedias (2003
y 2009) puede significar que los candidatos presidenciales (Francisco
Labastida y Roberto Madrazo, respectivamente) no aportaban nada al
candidato en la entidad, sino que más bien le restaban votos.
Mientras que el PRD es un caso de altibajos con dos puntos altos,
uno en 1997 y otro en 2006 (es probable que se deba al efecto de arras-
Cuadro 1.Elección de diputados locales en Jalisco 1982-2009
Porcentaje obtenido por partido
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEPC Jalisco y Voz y Voto.
PARTIDO 1982 1988 1992 1995 1997 2000 2003 2006 2009
PAN 22.6 27.7 31.3 53.5 40.7 46.29 39.37 44.68 35.4
PRI 56.3 55.4 59.1 37.1 36.34 38.94 39.91 33.9 36.4
PRD 4.4 5 15.6 7.73 7.07 10.49 6.34
Partidos 20.1 13.3 5 4.5 7.1 6.51 13.52 10.41 16.6Minoritarios
291
tre de la elección concurrente), fuera de ambos episodios el perredismo
no ha superado el 8%, teniendo con ello una presencia muy reducida
en el congreso local. Además, PAN y PRI han concentrado más del 90%
en el año de la primera alternancia y entre el 72 y el 80% de los votos
totales en las demás elecciones para conformar el congreso local.
Cuadro 3.Elección de munícipes en Jalisco 1988-2009
Porcentaje obtenido por partido
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEPC Jalisco y Voz y Voto.
PARTIDO 1982 1988 1992 1995 1997 2000 2003 2006 2009
PAN 27 31.2 53.5 40.6 45.27 39.89 42.9 35.5
PRI 55.1 59 37.1 36.9 39.2 41.46 36.32 39.5
PRD 4.6 5 15.3 8.23 7.23 10.05 6.74
Partidos 13.1 4.8 4.4 7.1 7.2 11.4 10.7 15.8Minoritarios
En torno a las elecciones de ayuntamientos ha sucedido lo siguien-
te: el PRI domina claramente las elecciones de 1988 y 1992, aunque
junto al PAN concentran el 82 y el 90% configurando desde ese entonces
un bipartidismo.
Dichas elecciones revelan un comportamiento muy similar a la
elección de diputados locales. El PAN va ganando terreno hasta llegar
a su punto máximo (1995), disminuyendo paulatinamente dicha vota-
ción, pero con altas en elecciones concurrentes y bajas en elecciones
intermedias. En 2000 y 2006 el panismo supera al PRI, ambos casos
resultan similares a las elecciones de congreso local concurrentes a la
presidencial en las cuales el PAN supera al PRI.
Por el otro, el PRI con un proceso paulatino de recuperación des-
pués de 1995, con una baja considerable en 2006, probablemente por
la candidatura presidencial de Madrazo, en dicha elección es superado
por el PAN por 6%, mismo porcentaje con que supera al partido albiazul
en 2009. Ello ya avizoraba lo que vendría en 2012, como veremos más
adelante. Curiosamente, y similar a las elecciones de congreso local, el
PRI obtiene mejores resultados en las elecciones intermedias de 2003 y
2009 que en las concurrentes con la presidencial (2000 y 2006).
292
En el caso del PRD, similar a lo obtenido en el congreso local, su
mejor votación ha sido en una elección intermedia (1997) y una concu-
rrente con la presidencial (2006). Probablemente, mucho tenga que ver
con los candidatos del PRD en aquel momento: Cuauhtémoc Cárdenas y
Andrés Manuel López Obrador. Fuera de dichas elecciones, el PRD oscila
entre un 5 y un 8%, lo cual muestra su debilidad en la entidad. Además,
el PAN y el PRI han concentrado el 90% en el año de la alternancia y
entre el 75 y el 85% de los votos totales en las elecciones municipales.
Por todo lo anterior, podemos afirmar que en Jalisco predomina un
bipartidismo PAN-PRI, que tiene sus matices dependiendo del tipo de elec-
ción que se trate. Antes de 1995 el PRI llevaba la mejor parte. Regular-
mente, el PAN obtiene mejores resultados en elecciones concurrentes con
la presidencial. El caso de 1995 y la alternancia local bien podría rela-
cionarse con ello, aunque indirectamente, ya que el PAN obtuvo buenos
resultados en 1994, pues fue la única entidad donde ganó Diego Fernández
de Cevallos a los demás aspirantes presidenciales (Proceso, 14 de enero
de 2012). Mientras que el PRI obtiene mejores resultados cuando se trata
de elecciones intermedias, probablemente debido al poco atractivo de sus
candidatos presidenciales en la entidad y el poco arrastre para lo local. El
PRD aumenta su votación en 1997 y 2006, es probable que ambos casos
se deban al arrastre de los liderazgos de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés
Manuel López Obrador, respectivamente.
Cabe agregar que dentro del último proceso electoral incluido en
este apartado, el de 2009, Aristóteles Sandoval triunfa en Guadalajara
después de 15 años de gobiernos panistas, en tanto que Enrique Alfaro
triunfa en Tlajomulco y se convierte en el primer presidente municipal
de la zona conurbada apoyado por la izquierda. Ambos se volverían can-
didatos naturales del PRI y la izquierda, respectivamente. El PAN sufría
una derrota dolorosa en Guadalajara y no se visualizaba algún candidato
capaz de hacer frente a los presidentes municipales de Guadalajara y
Tlajomulco. A esto se sumaba la derrota en Tlaquepaque, Zapopan y
Tonalá. Ahora se mostrarán los procesos de selección de candidatos a
gobernador en 2012 para después observar el proceso electoral de ese
mismo año.
293
3. SELECCIÓN DE CANDIDATOS
¿Cómo se selecciona a los candidatos? Es una pregunta fundamental para
tener un reflejo de la distribución o concentración de poder intraparti-
daria, pues permite apreciar quién toma las decisiones: los dirigentes a
través de métodos indirectos, los militantes a través de métodos directos,
o alguna fórmula intermedia. Normalmente, se aduce que procesos inclu-
sivos, donde la militancia selecciona, generan inestabilidad. Y viceversa,
procesos poco inclusivos generan cohesión. Veamos cómo se selecciona-
ron los candidatos a la gubernatura y si esto generó algún conflicto.
En el caso del PRI, dicho partido optó por elegir al candidato a
gobernador a través la votación de una convención de delegados del
partido que se llevaría a cabo en febrero de 2012. No obstante, en los
hechos, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y Enrique Peña Nieto apo-
yarían a Aristóteles Sandoval desde antes de la convención, por lo que
llegó sin competencia al cónclave. Al principio eran siete los aspirantes
priistas: Aristóteles Sandoval, Ramiro Hernández, Arturo Zamora, Jorge
Arana, Miguel Castro, Héctor Vielma y María Esther Scherman. Pese a
esto, la decisión ya estaba tomada a favor de Sandoval. Desde enero de
2012 se había hecho el esfuerzo, de parte del CEN, y la dirigencia local
encabezada por Rafael González Pimienta, por lograr que Sandoval fue-
ra reconocido como candidato de unidad.
El 13 de febrero de 2012 se oficializó, dentro de la Convención Es-
tatal, la candidatura de unidad de Sandoval. Así lo haría saber el dirigen-
te nacional Pedro Joaquín Coldwell, quien mencionaría que de acuerdo
con “los procesos de medición” internos, Sandoval se impuso ante Ma-
ría Esther Sherman, Arturo Zamora Jiménez, Ramiro Hernández García,
Miguel Castro Reynoso, Héctor Vielma Ordóñez y José Trinidad Padilla
(Proceso, 15 de febrero de 2012). Así pues, no tendría contendiente al-
guno y en sentido estricto no habría elección sino más bien designación
por aclamación. Ahí mismo, similar al candidato presidencial Enrique
Peña Nieto, anunció la firma de 3 mil 500 compromisos ante notario.
Ahora bien, eso no evitaría complicaciones al PRI, ya que en torno
a las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales ha-
bría algunos diferendos. Resalta el caso de Héctor Vielma Ordóñez, quien
294
estaba descontento con la forma de designación y, por ende, el 12 de
febrero renunció a su calidad de precandidato a senador propietario por
la segunda fórmula de Jalisco, arguyendo que el PRI estaba nombrando
candidatos a personas que no daban la talla. Aunado a esto, estaría el
tema del convenio para coaligarse con el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), el cual fue aprobado por la Comisión Política Perma-
nente del PRI, tanto para gobernador como para alcaldes y diputados
locales. Con lo anterior, los dos partidos involucrados sufrirían escisio-
nes menores. En el caso del PVEM, el diputado local Jesús Hernández
Sánchez y casi mil militantes renunciaron al partido para sumarse a la
campaña de Enrique Alfaro. De lado del PRI, también habría algunas sa-
lidas a la candidatura de Alfaro; por ejemplo, el caso del precandidato a
la presidencia municipal de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, quien
reclamó que no le hubieran permitido registrar una planilla con dos
mil seguidores, por lo que realizó manifestaciones afuera del comité
estatal del partido y más tarde sería arropado por MC para conten-
der por la presidencia municipal de Guadalajara. También estaría el
caso de Carlos Jaramillo, dirigente del comité municipal del PRI en
Tlajomulco, más de 160 militantes y tres de los cinco precandidatos
a la Alcaldía de Tlajomulco, que se sumaron también al proyecto de
Alfaro, gracias a lo cual Ismael del Toro obtuvo la presidencia munici-
pal por el partido naranja.
En suma, se trató de la designación de un candidato muy pareci-
do a Peña Nieto, probablemente en un intento por emular el efecto del
ex gobernador del Estado de México. El estilo, el peinado, la forma de
dirigirse a la gente, los compromisos (seguridad, combate a la pobreza,
calidad en la educación, crecimiento económico y recuperación del lide-
razgo de México) y el toque de farándula que envolvió a la campaña da-
rían constancia de ello. No es casual que el día de arranque de campaña
en la plaza de armas de Guadalajara acudiera Peña Nieto. Ese día sería
arropado por la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la
Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ) y la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM) (Proceso, 7 de abril de 2012). No obstante, sus
grandes debilidades, que a la larga la restarían preferencias electorales,
serían sus presuntos nexos con el crimen organizado, su postulación por
295
dedazo, la corrupción en las obras de repavimentación en la ciudad y los
malos resultados en materia de seguridad de su gestión en Guadalajara
(Proceso, 14 de enero de 2012).
La trayectoria política de Sandoval es la siguiente. Perteneció du-
rante su juventud, a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU)
de la Universidad de Guadalajara (UdeG), así como al Frente Juvenil
Revolucionario del PRI en Guadalajara. De 2001 a 2003 fue regidor del
ayuntamiento de Guadalajara. En 2003 fue electo diputado estatal. En
2006 fue precandidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalaja-
ra pero declinó a favor de Leobardo Alcalá (en ese entonces rector de la
UdeG). De 2010 a 2012 se desempeñó como presidente municipal de
Guadalajara.
Ahora bien, ¿a quién o quiénes representaba Sandoval? Sin duda,
un PRI diferente a aquel que perdió la gubernatura en los noventa. Un
PRI que surge de las pugnas entre los priistas de la entidad de viejo
cuño, luego de la derrota de 1995. Algunos lo denominan el PRI de los
“juniors”, políticos alejados de los llamados “dinos”, más preocupados
por su imagen, los lujos y su discurso atractivo a la gente. Así pues,
de acuerdo con Andrés Gómez Rosales y Javier Hurtado, la elección de
2012 fue una batalla entre viejos y juniors, siendo Sandoval el represen-
tante de los segundos (Proceso, 23 de junio de 2012). Sandoval junto a
Javier Guízar, Javier Galván, Eduardo Almaguer y Hugo Contreras forman
parte de los políticos que desplazaron al ex candidato priista a la guber-
natura, Eugenio Ruiz Orozco, luego de la derrota de 1995. Desde enton-
ces, y hasta 2009, el PRI local quedó relegado a una segunda posición
(Proceso, 23 de junio de 2012).
Justamente en 2009, Sandoval recupera la alcaldía de Guadalajara
para el PRI tras 15 años de derrotas frente al PAN y lo logra sin apoyo
de los viejos priistas. Sandoval, en aquel entonces, declaró que dentro
del PRI solo lo apoyaron los militantes de base, no así los viejos diri-
gentes. Desde el momento en que triunfó en la interna frente a Eugenio
Ruiz Orozco, los viejos priistas le retiraron su apoyo. No así la dirigencia
nacional de Beatriz Paredes y el gobernador del Estado de México, En-
rique Peña Nieto, quien estuvo en su cierre de campaña. Con mucho, lo
anterior, se debió al intento de la gestión de Paredes por dar ejemplos
296
del autonombrado “Nuevo PRI” a través de nuevas caras (El Universal, 30
de septiembre de 2010).
Así pues, la candidatura de Sandoval, a través de un método indi-
recto (convención de delegados) y sin algún competidor no significó un
conflicto al interior del partido. Si bien hubo problemas, en su mayoría,
se dieron en candidaturas al congreso local o ayuntamientos.
El PAN decidió seleccionar a su abanderado a través de una vo-
tación abierta a la ciudadanía, realizada el 5 de febrero de 2012. El
resultado sería un tanto sorprendente, pues finalmente ganó el peor po-
sicionado en la opinión pública, mucho de ello debido al abstencionismo
en la justa electoral. Alfonso Petersen y Fernando Guzmán eran los dos
candidatos fuertes, el primero con mayores preferencias de la ciudada-
nía y el segundo de la militancia y la estructura.
Petersen invitó a que Guzmán declinara por él, ante lo que el se-
gundo se negó, ya que “Los de arriba no se bajan, se bajan los que
van abajo” (citado en Morales y Ponce, 2012: 93). Con ello iniciaba la
competencia interna que contaba con los siguientes candidatos: Alonso
Ulloa, Alfonso Petersen Farah, Hernán Cortés Berumen y Fernando Guz-
mán Pérez Peláez.
Se decretó el triunfo de Guzmán. Al respecto, algunos analistas
atribuyeron dicho éxito al apoyo de la ultraderecha, especialmente de
la iglesia católica. Probablemente esto tuvo mucho que ver, pero lo más
significativo fue que los simpatizantes panistas, entre quienes no gozaba
de gran aprecio Guzmán, no votarían como esperaba Alfonso Petersen
Farah (candidato mejor posicionado entre los simpatizantes). Quizá mu-
cho tuviera que ver que la elección se dio en periodo de puente vacacio-
nal y que, por si fuera poco, ese mismo día se llevó a cabo el Superbowl.
Al final, el ex secretario de Gobierno de Jalisco, Guzmán Pérez Peláez
ganó con el 38%, José Hernán Cortés Berumen obtuvo el 32% y el ex
alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah obtuvo el 29%. El se-
gundo reconocería el triunfo del primero de inmediato y se sumaría a
su campaña.
Petersen preferiría impugnar ante la comisión nacional de eleccio-
nes del PAN y luego ante el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) la forma en que se impidió que votaran mu-
297
chos ciudadanos, arguyendo que faltaron casillas. Al respecto, Miguel
Monraz, dirigente estatal del PAN, diría que solo se registraron “inciden-
tes menores”. En el mismo tenor, Jorge Sanz Cerrada, presidente de la
Comisión Estatal de Elecciones, calificó la jornada electoral como una
“fiesta de la democracia”. Tanto el TEPJF como el PAN declararían a
Guzmán triunfador. Lo anterior generaría que algunos líderes se fueran
a la campaña de Alfaro; es el caso del entonces diputado local Ramón
Demetrio Guerrero, que obtuvo la candidatura a la alcaldía de Puerto
Vallarta por el Partido del Trabajo (PT) y MC. Por lo anterior, el 28 de
mayo, el PAN decidió expulsar a 46 militantes por prestar apoyo a otros
grupos políticos, entre esos militantes se encontraba Guerrero.
Ahora bien, al inicio de la contienda interna Petersen aparecía
como el precandidato mejor colocado en las encuestas y en los sondeos
de opinión, de ahí que su eslogan fuera: “Porque la gente lo quiere”,
siendo así, qué explica su derrota. Lo más plausible es que no era un
candidato que gozara del apoyo de la estructura y la militancia del par-
tido. Así pues, ante la ausencia del voto ciudadano, Petersen perdió por
no contar con el apoyo esperado. Al final, solamente participarían 120
mil ciudadanos, cifra que ni siquiera representa a los militantes activos
y adherentes de la entidad (más de 180 mil en Jalisco).
La trayectoria de Fernando Guzmán es la siguiente. Estudió en la
Escuela Libre de Derecho en el Distrito Federal. En 1988 fue coordinador
estatal de la campaña presidencial de Manuel J. Clouthier. En el ámbito
profesional, fue director jurídico de Sears, representante del grupo Aran-
cia Industrial y fundador del despacho de abogados Malacara-Guzmán,
uno de los más prestigiados de Jalisco. En 1995 fue diputado local.
De julio de 1997 a febrero de 1998, fungió como coordinador gene-
ral de asesores, luego dio el salto a secretario general de Gobierno del
estado de Jalisco, de febrero de 1998 a agosto del 2000, con Alberto
Cárdenas Jiménez. De febrero del 2001 a agosto del 2003 fue diputado
local y coordinador del grupo parlamentario del PAN en el congreso de
Jalisco. De septiembre de 2003 a marzo del 2006 fue diputado federal.
Fue secretario general del Gobierno del estado de Jalisco de marzo del
2006 a noviembre del 2011 con Emilio González Márquez. Todas sus
diputaciones las obtuvo por vía plurinominal. Ya en campaña hizo suya
298
la plataforma de la iglesia católica, ya que se opuso al matrimonio entre
homosexuales, de igual forma contra el aborto y se postuló como un
defensor de la familia (Proceso, 11 de febrero de 2012).
De acuerdo con Andrés Gómez Rosales, con la llegada del PAN al
gobierno de Jalisco se incrustaría un actor más en la antigua ecuación:
jerarquía eclesiástica, PRI, Universidad de Guadalajara y empresarios.
Se trataría de “los neopanistas, los yunquistas y los pedemistas, así
como una corriente de jóvenes panistas que no tenían ninguna referen-
cia de los principios de los fundadores de Acción Nacional”. Lo anterior
cobraría fuerza con el gobierno de Emilio González, un gobierno que
usaba la administración pública para su beneficio personal (Proceso,
23 de junio de 2012). Paradójicamente, el candidato triunfador se en-
contraría más cercano a los exgobernadores Francisco Ramírez Acuña y
Alberto Cárdenas, que a Emilio González con quien fungió como secre-
tario de Gobierno de 2006 a 2011 y, de igual forma, con quien compitió
por la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Guadalajara
en 2002.3
Así pues, la candidatura del PAN, definida a través de una votación
abierta a la ciudadanía, generaría un conflicto entre el candidato panista
que contaba con apoyo de la estructura pero no con la simpatía del go-
bernador panista. Como veremos, más adelante, esto sería fundamental
en el resultado del PAN.
En el caso del PRD, inicialmente habían planteado seleccionar a
su candidato a través del Consejo Político Estatal (CPE). Una vez que se
comenzó a hablar de una coalición, se planteó la posibilidad de elegir
al abanderado a través de encuestas a los ciudadanos. En ese tenor,
Andrés Manuel López Obrador se manifestó a favor de apoyar al mejor
posicionado en la opinión pública en la última semana de enero. Para
entonces, era claro que esa persona, de seguir el método de encuestas,
era Enrique Alfaro.4
3 Véase Guzmán, 6 de febrero de 2012, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2012/02/fernan-do-guzman-un-hombre-de-derecha-y-mano-dura/#ixzz2aIZZUKhC
4 Según el periódico Mural, en diciembre de 2012, Alfaro contaba con 43% de aprobación de la población general y 58% de los perredistas, mientras que, su más cercano contendiente, Garza contaba con el 9% de la población y 17% de los perredistas (Morales y Ponce, 2012: 90).
299
El 19 de enero se anunció la alianza entre el PT, PRD, Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), MC y Alianza Ciudadana dirigida por
Enrique Alfaro. El anuncio lo hizo Ricardo Monreal (PT), junto al dirigen-
te local del PRD (Roberto López), pese a que el PRD no habría firmado
ningún acuerdo de aliarse hasta ese momento. Los precandidatos, en
ese momento, serían Enrique Alfaro, el diputado local Raúl Vargas Ló-
pez, la ex regidora tapatía Celia Fausto y el ex alcalde de Guadalajara,
Fernando Garza. Al día siguiente los dos últimos declinarían en sus aspi-
raciones. Pese a los llamados de unidad del candidato presidencial del
PRD (López Obrador), el partido a nivel estatal sería renuente a estam-
par su firma en algún acuerdo (Reforma, 21 de enero de 2012). Así, el 26
de enero el dirigente del PRD en la entidad, Roberto López, declararía:
La encuesta se aplicará si y sólo si hay acuerdo entre partidos
políticos, y en tanto no lo haya, esa encuesta no se puede aplicar.
Si lo hacen de manera unilateral, sin consultar al PRD, evidente-
mente que no aceptaremos ningún tipo de resultados... Nosotros
no tenemos, como Comité Estatal, ninguna pretensión de que se
realice la encuesta a menos de que estuviéramos firmando el con-
venio que nos garantice a todos dejar satisfechas las condiciones.
¿De qué sirve la encuesta, si al final no llegamos a una coalición?
(Reforma, 27 de enero de 2012).
La encuesta se levantó por Covarrubias y Nodo los días 28 y 29 de
enero con los nombres de Enrique Alfaro y Raúl Vargas (impulsado por
el grupo UdeG). El 2 de febrero se anunció que Alfaro sería el candidato
del PRD, PT, MC, Morena y Alianza Ciudadana, sin dar cifras al respecto.
El anuncio lo haría Manuel Camacho Solís, coordinador del Diálogo para
la Reconstrucción de México (Dia). En dicho anuncio no participaría el
PRD estatal, ni López ni Vargas asistirían al anuncio. Pese a esto, en
ese momento, López diría que el PRD estatal estaba en sintonía con la
dirigencia nacional y que el convenio de la coalición tenía un avance del
90% (Reforma, 3 de febrero de 2012).
Ahora bien, se presentarían discrepancias sobre la distribución de
las diputaciones plurinominales y en la asignación de candidatos a los
300
ayuntamientos que postergarían más la firma del PRD estatal, pese a la
intervención de la dirigencia nacional a favor de la alianza. Es decir, se
dio un enfrentamiento entre la dirigencia local y nacional.5 Al respecto,
Alfaro culparía al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, de dejar
el control del partido en la entidad al grupo UdeG con lo cual se sepul-
taba la alianza en la entidad (La Jornada Jalisco, 14 de marzo de 2012).
Ante esto el sol azteca optaría por convocar a una reunión extraor-
dinaria de su Consejo Político Estatal para definir a su candidato, en di-
cho cónclave se decidió por mayoría (126 votos a favor y tres en contra)
que el ex presidente municipal de Guadalajara (2001-2003), Fernando
Garza Martínez, sería el candidato del PRD en la entidad.
Así pues, el caso del PRD es un ejemplo de que la política sub-
nacional dista mucho de lo nacional. El partido en la entidad ha sido
presa del liderazgo de Raúl Padilla López, hijo del ex dirigente priista
Raúl Padilla Gutiérrez. En la entidad se sabe que el partido es propiedad
de Padilla. En ese contexto, el candidato postulado a gobernador fue
Fernando Garza, político otrora panista que fue apoyado por el PRD y
el propio Padilla. Sin duda, su presencia en la competencia electoral
estaría fundada en la intención de restarle votos a los candidatos del
PAN y MC y dejarle el camino limpio al candidato del PRI (Proceso, 23
de junio de 2012). Al momento del rompimiento de la alianza, Alfaro
mencionaría que ante el evidente apoyo del grupo UdeG al PRI, contar
con el apoyo del PRD:
Era como dormir con el enemigo en casa. Entonces más bien fue
una decisión tomada por el más elemental sentido común. Inten-
tamos que el PRD nacional pusiera orden y nunca lo hizo. Cuando
nos dimos cuenta de que eso no tenía remedio, preferimos cortar
la relación y construir un proyecto que está creciendo a niveles que
jamás ha tenido el PRD Jalisco (Proceso, 26 de mayo de 2012).
5 El conflicto, incluso, incluyó a la Comisión Coordinadora Nacional del Movimiento Progresista, la cual incluía a las dirigencias nacionales del PRD, PT y MC. Dicha comisión determinó que la coalición pos-tularía a la presidencia municipal de Tlajomulco a Ismael del Toro; para la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara, a Fernando Garza Martínez; para la candidatura a la presidencia municipal de Zapopan, a Pablo Lemus Navarro. Ante lo cual el Comité Estatal del PRD respondería: “desconoce en todos sus términos el comunicado... El PRD no ha resuelto aún las candidaturas de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, tal como falsamente se informa” (La Jornada, 8 de marzo de 2012).
301
Así pues, la selección del PRD se daría luego del intento de alianza
con los demás partidos de izquierda. El peso del grupo UdeG evitaría tal
alianza e impulsaría mediante el voto de los consejeros estatales a Gar-
za, con lo cual se dio un conflicto entre la dirigencia nacional y la local
y se gestaba el rompimiento de Alfaro con el PRD y su postulación por
MC, como veremos a continuación.
4. MOVIMIENTO CIUDADANO
El 9 de marzo, Alfaro anunciaría que continuaría con MC e hizo un lla-
mado a los militantes del PRD para sumarse. Ante el anuncio de la can-
didatura de Garza por el PRD, varios líderes y candidatos perredistas le
siguieron.
Así pues, mediante el acuerdo IEPC-ACG-28/12, el 13 de marzo de
2012, el IEPC Jalisco dio disolución a la coalición Movimiento Progresista
por Jalisco para postular candidatos comunes a las elecciones de gober-
nador, diputados de mayoría relativa y candidatos a los 125 municipios.
Posteriormente, mediante el acuerdo IEPC-ACG-037/12, el IEPC Jalisco
aprobó el registro de convenio de coalición de la Alianza Progresista de
Jalisco, integrada por el PT, MC y la agrupación estatal Alianza Ciudada-
na para la postulación de candidatos a los 125 municipios del estado.
Mientras que en el acuerdo IEPC-ACG-039/12 se aprobó la candidatura
de Enrique Alfaro para gobernador bajo las siglas de MC.
Ahora bien, siguiendo con lo dicho en el caso del PRI, la candidatu-
ra de Enrique Alfaro Ramírez, hijo Enrique Alfaro Anguiano, ex rector de
la UdeG y sobrino de César Gabriel Alfaro, ambos priistas, representa el
polo de los políticos desplazados a raíz de la debacle electoral de 1995.6
Es importante mencionar que el padre de Alfaro sería sustituido en la
rectoría de la UdeG por Padilla, aliado de Sandoval en la justa de 2012.
6 Resulta revelador que cuando se le pregunta a Alfaro por su pasado priista se justifique de la siguiente forma: “Yo conocí al PRI de la oposición, fui oposición toda mi vida. Yo no conocí al PRI de los privilegios y tampoco estoy en deuda con el PRI, le trabajé mucho y lo respeto mucho como partido, simplemente creo que quien lo tiene secuestrado hoy ha hecho del PRI la antítesis de lo que se supone representa, cuando menos en sus documentos básicos” (Proceso, 26 de mayo de 2012).
302
El propio Alfaro Ramírez inició su carrera política en el PRI. Fue
coordinador juvenil de la campaña al gobierno de Jalisco de Eugenio
Ruiz Orozco en 1995. En 2000, ocupó la misma posición en las campa-
ñas de Francisco Labastida a la Presidencia de México y de Raymundo
Gómez Flores al Senado. Asimismo, fue regidor de Tlajomulco por el PRI
de 2003 a 2005. Luego, diputado local del PRD de 2007 a 2009 y presi-
dente municipal de Tlajomulco por la alianza PT, PRD y MC.
De acuerdo con Andrés Gómez Rosales, en 2012, los aliados del
padre serían ahora los del hijo. Por ejemplo, Francisco Ayón, Felipe Ro-
sas Segura y Juan Alcalá Espitia. Este último abonaría a que buena parte
de la FEG apoyara a Alfaro en 2012. En ese sentido se entiende la suma
de fuerzas en torno a Alfaro, tal es el caso de Félix Flores Gómez (priis-
ta en activo), lo mismo del empresario Raymundo Gómez Flores, y del
expriista (hasta 2006), luego perredista y hoy petista, Enrique Ibarra
Pedroza. Este último nombró a Alfaro como coordinador de su campaña
a la gubernatura en 2006 con las siglas del PRD. Ibarra es un político
ligado a Ismael del Toro y Alberto Uribe Camacho, políticos cercanos a
Alfaro, actuales presidente municipal y secretario general del municipio
de Tlajomulco de Zúñiga. Dicho sea de paso, Alfaro jamás militó en MC
y ha dejado claro que “Jamás volveré a militar en un partido político.
Cuando hicimos la negociación con Movimiento Ciudadano mi postura
fue muy clara: no voy a militar en ningún partido” (Proceso, 26 de mayo
de 2012). Por ende, sin elección interna de por medio, fue designado
candidato de MC. Aunado a esto, durante la campaña se daría un claro
enfrentamiento entre Alfaro y el PRD local.
303
Así pues, podemos concluir diciendo que los métodos de selección
más abiertos a la ciudadanía y competitivos (PAN y alianza PRD-PT-MC)
fueron los que generaron mayores conflictos a los partidos en cuestión.
En el caso del PAN distanció al candidato electo con el gobernador en
turno, en el caso de la alianza generó conflictos entre el PRD local y
el nacional. Mientras que los métodos menos inclusivos y competitivos
fueron los que a final de cuentas resultaron ser mejor procesados por
los partidos que tomaron la decisión, tal es el caso de la designación
de Sandoval y la de Alfaro. Por ende, éste resulta ser un factor a tomar
en cuenta en el desempeño de los partidos en la campaña electoral. Por
otro lado, viendo los apoyos locales podemos afirmar que la elección de
2012 se trató de un conflicto entre expriistas, como el padre de Alfaro
(Alfaro) y nuevos priistas junto al grupo UdeG (Sandoval).
Cuadro 4.Selección de candidato y resultado: ¿cohesión o conflicto?
Fuente: Elaboración propia.
PARTIDO
PRI-PVEM
PAN
Alianza PRD, PT, MC
PRD
MC, PT y Alianza
Ciudadana
TIPO DE SELECCIÓN
Designación a través de
la Convención de delega-
dos/candidato único.
Abierta a la ciudadanía.
Encuesta.
2. Designación extraor-
dinaria a través del
Consejo Político Estatal.
Sin elección.
CONFLICTO
No.
Distanciamiento del can-
didato y el gobernador.
Conflictos entre PRD
local y nacional.
Distanciamiento entre la
dirigencia local y nacional.
Con el PRD local.
304
5. CAMPAÑA Y ELECCIÓN DE 2012
La campaña de Sandoval sería eminentemente ostentosa. Sus oficinas,
instaladas en la torre HSBC Punto Sao Paulo dentro de la zona financie-
ra local de Guadalajara, costarían alrededor de 354 mil pesos al mes.
Aunque Sandoval afirmaría le fueron prestadas por un empresario sin
solicitar nada a cambio. No es gratuito que declarara que valoraría la pe-
tición de las cúpulas empresariales para que las secretarías de Turismo
y de Desarrollo Económico tuvieran, en caso de triunfar él, un funciona-
rio afín a la iniciativa privada (Proceso, 26 de mayo de 2012).
Otro aspecto que resaltaría en su campaña sería La Jaliscience,
una tarjeta similar a La Efectiva que usó Eruviel Ávila en la elección de
gobernador en el Estado de México en 2011. A través de dicha tarjeta
se le prometía a los posibles electores el acceso a beneficios sociales
(capacitación laboral, apoyo económico para mayores de 65 años o para
terminar la educación primaria y secundaria, apoyo a personas con
discapacidad, apoyo a madres solteras, apoyo para adquirir equipo de
cómputo, uniformes y útiles escolares) (Proceso, 12 de mayo de 2012).
Un aspecto más que resaltaría en la campaña de Sandoval sería,
lo que algunos analistas llamarían, el culto a la juventud y la belleza. El
candidato en todo momento estaría rodeado de jóvenes, lo cual contras-
taba sin duda con el gabinete que nombraría más adelante.7 Al respecto,
Joaquín Osorio Goicoechea, profesor del Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores (ITESO), resaltaría que:
Lo que vemos es una trivialización de la política, en donde lo que
se ofrece es un producto de consumo light, que aparenta tener
7 Sandoval conformaría un gabinete lleno de viejos militantes que contrastaron con la juventud y los cuadros supuestamente apartidistas que presumió su equipo de transición. La viva imagen de ello es Arturo Zamora Jiménez, secretario general de Gobierno, el cual tiene en su haber una amplia trayec-toria política. Fue alcalde de Zapopan (2004-2006), candidato priista a la gubernatura de Jalisco en 2006, así como diputado federal y senador de la república, cargo al que renunció para asumir su nuevo puesto. De igual forma, resalta el caso de Eduardo Almaguer Ramírez, ex dirigente estatal del PRI. Con lo anterior, no solamente se relegaría a los jóvenes, sino también a los académicos que habrían formado parte del equipo de transición, tal como Luis F. Aguilar Villanueva, Carolina Toro Morales y Sergio Hum-berto Graf Montero. Se trataría de un gabinete de cuotas más que uno plural y ciudadano como habría prometido Sandoval (Proceso, 23 de febrero y 2 de marzo de 2013).
305
frescura, estar a la onda y que a la vez es bello. Pero vemos que
hay un exceso de bluff y una falta de claridad en un proyecto sóli-
do que beneficie al común denominador de la sociedad (Proceso,
6 de junio de 2012).
Otra cuestión a resaltar es el tema de los apoyos. En este senti-
do, era clara la intervención del grupo UdeG que lidera Raúl Padilla (ex
rector de la UdeG). No es gratuito que Ricardo Villanueva Lomelí, ex
presidente de la FEU, fuera su coordinador de campaña (Proceso, 7 de
julio de 2012). En ese mismo tenor, poco antes de la elección un grupo
de periodistas jaliscienses denunciarían que el grupo UdeG presionaba a
los medios de comunicación para que se autocensuren y no cuestionen
al PRI ni a su candidato a gobernador. Al tiempo que informaban que la
estación de radio y la televisora que opera la misma UdeG (Radio UdeG
y Canal 44) solamente “difunden noticias para beneficiar al candidato
Jorge Aristóteles y atacar a los demás contendientes” (Proceso, 28 de
junio de 2012).
Mientras que en el caso del PAN resaltaría el “abandono” del go-
bernador al candidato. Pero, de igual forma, resaltaría la entrega de La
Jaliscience de parte del equipo de Fernando Guzmán Pérez Peláez, cuyos
beneficios serían diez: entrega de vales de transporte para estudiantes,
apoyo a madres trabajadoras para renta de casas, préstamos a tasas ba-
jas sin garantía para que abran su propio negocio, guardería o estancias
infantiles cerca de donde ellas trabajan, plan de apoyo estudiantil para
que los jóvenes continúen sus estudios de preparatoria y licenciatura,
comederos comunitarios para los más marginados, y dos uniformes por
año para cada alumno de instituciones públicas (Proceso, 12 de mayo
de 2012). Lo anterior levantaría el descontento del PRI que acusaría de
plagio al candidato panista. Su campaña contaría con la suma de 16 mi-
llones de pesos, nada despreciable. Pero de igual forma contaría con el
desprecio y alejamiento del gobernador en turno, así como con la escasa
preferencia del candidato ante la opinión pública.
En tanto que en el caso del PRD, se trataría de una campaña desti-
nada a restarle votos al PAN y, sobre todo, a Alfaro. Sería una campaña
con mayores recursos que la de Alfaro, ya que contarían con 14 millones
306
de pesos, los cuales serían gastados en la Zona Metropolitana que con-
centra el mayor número de electores. Una campaña que jamás levantó
(Proceso, 28 de abril de 2012).
Ahora bien, en el caso de Alfaro, se trataría de una campaña sin
recursos económicos, pues los dos partidos que integraban la alianza
(MC y PT) no contaban con financiamiento público. Por lo cual fue una
campaña austera y, antes bien, ingeniosa. Al abandonar las negociacio-
nes con el PRD se calcula que Alfaro perdió alrededor de 6 millones de
pesos. Por otro lado, MC aportaría a su campaña solamente 700 mil
y el PT 250 mil pesos. Entre tanto, los candidatos a diputados locales
y federales, así como a presidentes municipales, tendrían que buscar
sus propias fuentes de financiamiento, porque el dinero mencionado
anteriormente sería utilizado para la campaña de Alfaro (Proceso, 28 de
abril de 2012).
En ese sentido, es pertinente dilucidar qué le permitió a Alfaro te-
ner un resultado electoral tan bueno, aún con los escasos recursos eco-
nómicos. En primer lugar, si bien no tuvo cuantiosos recursos a través
del financiamiento público, contó con apoyo de algunos grupos empre-
sariales importantes. Los integrantes de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Ca-
nieti) y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) apoyaron en
mayor medida a Josefina Vázquez Mota en la elección presidencial, pero
hicieron lo propio con Alfaro a la gubernatura de Jalisco (Milenio, 12 de
julio de 2012). Otro activo importante de Alfaro sería el respaldo de Ló-
pez Obrador que retiró su apoyo a Fernando Garza, candidato del PRD.
En ese mismo sentido, el apoyo de los demás partidos políticos fue
bastante importante. Tanto el PAN, como el PRD y el PRI vieron salir de
sus filas militantes y líderes que apoyarían directa o indirectamente a
Alfaro. Un apoyo indirecto sería el de Raúl Espinoza Martínez, ex secre-
tario general de Gobierno, que invitó a los panistas a votar por Alfaro (La
Jornada Jalisco, 17 de mayo de 2012). Hay autores que incluso plantean
el apoyo indirecto de Emilio González Márquez, entonces gobernador de
Jalisco, quien ante la derrota de Petersen habría optado por apoyar a
Alfaro (Morales y Ponce, 2012: 94).
307
Un aspecto, por demás interesante, fue el tipo de campaña que
Alfaro llevó a cabo. Se trató de una campaña ingeniosa que a diferencia
de la Sandoval, enfocada en caer lo más lento posible, se enfocó en
crecer rápidamente. Su campaña se enfocó en sectores populares pero
sin descuidar al sector empresarial que le apoyaba. Así pues, lo primero
fue crear la idea de que Sandoval no era inalcanzable, para lo cual se
resaltaron “las ventajas del pelón” Alfaro. De ahí la idea de confrontar
al pelón vs. el copete (Sandoval), con lo cual se intentó dar la imagen
de un “ciudadano comprometido” y cercano a la gente a diferencia de
la imagen mercadotécnica del candidato del PRI-PVEM. La campaña
tuvo otros destellos de creatividad, por ejemplo generar la idea “huele a
cambio” a través de desodorantes para automóvil, tarjetas aromáticas y
calcomanías (Morales y Ponce, 2012: 95). Otro punto a su favor, fue que
una vez que se decidió separar del PRD no sufriría conflictos internos o
escisiones, pese a contar con el apoyo de un número plural de políticos
en la entidad. Por el contrario, logró capitalizar lo anterior al plantear un
“gobierno de coalición” con “los mejores”.
Ahora bien, qué fue lo que permitió que Sandoval triunfara. Al res-
pecto podemos apuntar varias hipótesis. En primer lugar, si se observan
los resultados electorales de 2009 se puede apreciar que el panismo ve-
nía en picada. Mientras que el PRI se encontraba más unido que nunca,
ejemplo de ello fue la buena relación de la dirigencia nacional, la local
y el candidato presidencial, todos ellos apoyaron a Sandoval. Si bien
el PRI sufriría escisiones sería en torno a las candidaturas para elegir
ayuntamientos y diputados, no para gobernador.
En segundo lugar, es evidente que influyó la situación del partido
en el gobierno (PAN) a nivel local, el cual se fracturó pues al término
de la campaña el gobernador y el candidato estuvieron distanciados. El
propio candidato panista hablaría de “traiciones” durante la campaña
(Proceso, 12 de julio de 2012). A esto se sumaría el hartazgo de la ciu-
dadanía con un gobierno panista célebre por la mentada de madre del 24
de abril de 2008 a la oposición, por regalar dinero a las televisoras y a
la iglesia católica (Proceso, 10 de enero de 2010). Así como por visos
308
de corrupción y por haber endeudado a la entidad.8 De ahí que una
encuesta realizada por la empresa Proyecta planteara que seis de cada
10 entrevistados se pronunciaba a favor de un cambio de gobierno (La
Jornada Jalisco, 30 de enero de 2012). En ese mismo tenor, cinco meses
después, la encuesta publicada por Reforma el 26 de junio de 2012 mos-
traba que el 64% de los consultados se manifestaban porque Jalisco no
siguiera gobernada por el PAN (Proceso, 26 de junio de 2012).
En tercer lugar, también influyó la percepción de ineficiencia del
PAN a nivel federal y estatal en torno a la seguridad, dicho sea de paso,
se trata del principal problema para los mexicanos en 2012. Lo anterior,
configuraría un voto de castigo hacia el PAN no por razones económicas,
sino por razones de inseguridad (Salazar, 2012). Si bien Sandoval no tuvo
buenos resultados en dicha materia, la construcción de una campaña a
imagen y semejanza de la de Enrique Peña Nieto le aseguraría mostrar
una imagen de “eficiencia” que seguramente le dio buenos resultados.
En cuarto lugar, la cercanía de Sandoval con Peña Nieto, en cuanto
a discurso, apariencia física y compromisos, evidentemente generó un
efecto de arrastre. En ese sentido la candidatura gris de Josefina sola-
mente perjudicó al candidato panista de la entidad. Mientras que Alfaro
se benefició del apoyo de AMLO. Así pues, no es gratuito que Sandoval y
Alfaro se disputaran la contienda en Jalisco.
Ahora bien, veamos los resultados electorales de 2012 para gober-
nador, congreso local y ayuntamientos y veamos si el resultado puede
calificarse de sorpresivo o es consecuencia de una tendencia que se ve-
nía presentando años atrás. Es decir, qué tan competitivos han sido los
procesos electorales en la entidad. Para ello, se observará si se trata de
elecciones donde se gana “de calle”, se gana “por una nariz”, o alguna
opción intermedia. Siguiendo a Becerra (2003, 2003a) existen cuatro
pautas de competencia en las elecciones: 1) cuando la distancia entre
el primero y segundo lugar está entre 0.01 y 5% (elevada competencia);
8 En cuanto a casos de corrupción, como afirman Morales y Ponce es prudente rescatar las irregularida-des por más de 109 millones de pesos en las obras relativas a los juegos Panamericanos y por mil 601 millones 703 mil pesos del gasto federal efectuado que resaltó la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, hay que resaltar el aumento de la deuda del estado de 2007 a 2012, la cual se incrementó en un 205% (Morales y Ponce, 2012, p. 88).
309
2) cuando la diferencia oscila entre 5.01 y 15% (alta competencia), 3)
cuando la distancia está entre un 15.01 y 30% (mediana competencia),
4) cuando el margen es superior a 30.1% (baja competencia). Siguiendo
sus criterios veamos cómo ha evolucionado la competencia en torno a la
elección de gobernador.
Gráfica 1.Evolución de votación en la elección para gobernador
en Jalisco 1982-2012
Fuente: Elaboración propia.
10
20
30
40
50
60
70
1982 1988 1995 2000 2006 2012
PRDPRI MCPAN Partidos minoritarios
En cuanto a la competitividad, antes de 1995 el PRI ganaba la gu-
bernatura con elecciones que brillaban por la baja competitividad. Ahora
bien, el proceso donde se suscitó la primera alternancia política en la
entidad se trató de una elección con mediana competencia; mientras
que en 2000 y 2006 se presenciaron elecciones con elevada competen-
cia entre el PRI y el PAN.
Si se observa con detenimiento, el caso del PRI muestra estabili-
dad en las tres últimas elecciones de gobernador. En tanto que el PAN
muestra una estrepitosa caída de 2006 a 2012. El PRD por su parte,
310
había iniciado un proceso de consolidación en términos de votación para
gobernador en elecciones concurrentes con la elección presidencial,
pero fue el principal afectado por la particular cuota de votación que
obtuvo MC en esta elección, y es que el candidato presidencial del PRD
apoyaría al candidato de MC, no al del PRD.
Cuadro 5.Alternancia en los principales municipios
de Jalisco (1988-2012)
Fuente: Elaboración con base en datos del IEPC Jalisco y Voz y Voto.
PARTIDO 1988 1992 1995 1997 2000 2003 2006 2009 2012
Guadalajara PRI PRI PAN PAN PAN PAN PAN PRI-PNA PRI-PVEM
Zapopan PRI PRI PAN PAN PAN PRI PAN PRI-PNA PRI-PVEM
Tlaquepaque PRI PRI PAN PAN PAN PRI PAN PRI-PNA PRI-PVEM
Tonalá PRI PRI PAN PRI PRI PRI PAN PRI-PNA PRI-PVEM
Puerto Vallarta PRI PRI PAN PAN PAN PRI PRI PRI-PNA PT-MC
El cuadro anterior muestra el comportamiento de los principales
municipios de Jalisco en términos de alternancia. Puede observarse que
casi todos ellos cambian de partido en el gobierno al mismo tiempo, y
que regularmente son gobernados por un mismo partido en más de una
ocasión consecutiva.
Tomando en cuenta las últimas cinco elecciones (2000-2012) hay
tres municipios totalmente leales en Jalisco, Quitupán y San Cristóbal
de la Barranca para el PRI, y Valle de Guadalupe para el PAN. Amatitán,
Atejamac, Atenguillo, Bolaños, Degollado, El Grullo, Ixtlahuacan del Río,
Jilotlán de los Dolores, Mazamitla, Ocotlán, San Sebastián, Talpa, Teo-
caltiche, Tolimán, Tonalá y Zacoalco son leales al PRI, al haber goberna-
do en cuatro de esas cinco ocasiones. Leales al PAN son los municipios
de Ayutla, Chapala, Cocula, Mexticacán, Santa María de los Ángeles,
Tepatitlán, Tequila y Yahualica. La mayoría de los municipios restantes,
por su parte, tienen tendencia hacia PRI o PAN pero no con la claridad
que los anteriormente mencionados, habiendo sido gobernados en su
mayoría, tres de las cinco elecciones en el periodo descrito.
311
Así pues, si se observa con detenimiento el avance del PRI desde
el 2000 y 2006 es claro su ascenso en contraposición al declive del PAN
en la elección de gobernador. Si nos detenemos en el caso de los muni-
cipios de la zona conurbada la elección de 2009 sería un claro reflejo de
lo que vendría tres años después. Por ende, la derrota panista de 2012
no debió causar asombro, menos en Acción Nacional, ya que era algo
previsible, lo cual aunado a su conflicto entre el gobernador y el candi-
dato, terminarían sepultando cualquier esperanza de dar la batalla por
la gubernatura.
6. CONCLUSIONES
Un primer aspecto a resaltar es que el partido que desarrolló el pro-
ceso de selección más abierto, incluso a la ciudadanía, fue el que tuvo
más conflictos en la contienda. Aunque dicho conflicto no puede ser
atribuido solamente al método de selección, pues de haberse efectua-
do un proceso a través del consejo estatal habría triunfado el mismo
candidato. Petersen no gozaba de buena aceptación entre la militancia,
su mayor peso estaba entre los simpatizantes, para su desgracia éstos
no salieron a votar. Lo anterior detonó un conflicto entre el partido en el
gobierno y el candidato, cada uno camino por su lado y en su beneficio.
Otro aspecto a resaltar es el hecho de que los dos grandes con-
tendientes (Sandoval y Alfaro) contaron con carreras políticas eminente-
mente ligadas a lo local. Ninguno de los dos formó parte de algún CEN
de alguno de los partidos que los postularon, lo cual es de resaltarse
debido a que constituye un patrón de carrera que se fue inaugurando a
raíz del surgimiento de la competitividad subnacional en la década de
los noventa (Langston, 2008). Antaño, los gobernadores debían tener
una carrera ligada al centro, al CEN o la administración pública en el
caso del PRI (Hernández, 2008). A raíz de la competitividad subnacio-
nal se hizo necesario contar con candidatos cercanos a la gente, de ahí
que cobre sentido la derrota del candidato panista, un político bastante
alejado del electorado pese a su carrera política (Petersen, en cambio,
hubiera sido un candidato más competitivo).
312
Otra cuestión a resaltar es el hecho de que sumado el porcenta-
je del PRD al PT y MC se habrían quedado a un punto porcentual de
Sandoval. Lo cual deja abierta la posibilidad para una futura alianza,
obviamente pactada desde los CEN de los partidos en 2018. Como re-
salta Diego Reynoso (2010), los partidos toman en cuenta los resultados
electorales previos, que los alientan a ir en alianza o no, para derrotar
al partido en el poder. La señalización de esta elección es clara: aliados
son más competitivos.
Finalmente, queda claro que el resultado fue devastador para el
PAN, pero hasta cierto punto previsible si se consideran las votaciones
de 2009. El PAN cayó a un tercer lugar luego de gobernar 18 años la
entidad. Aunado a que perdió la presidencia de México. Procesar sus
fracturas internas en Jalisco podría llevarle bastante tiempo. El PRI, por
su parte, no se llevó el carro completo debido a las preferencias que ob-
tuvo Alfaro en la zona metropolitana. No obstante, tiene una presencia
importante que podría incrementar en 2015. Mientras que Alfaro obtuvo
algo nunca antes visto en la entidad: estar cerca de ganar apoyado por
partidos de izquierda. Si logra capitalizar el resultado obtenido, será un
fuerte candidato a aglutinar a la izquierda en Jalisco en 2018 y tener
oportunidad de triunfar, siempre y cuando eso lo decidan las dirigencias
nacionales.
313
FUENTES DE CONSULTA
• BECERRA, Pablo Javier (2003), “El proceso electoral federal de 2003”,
en Larrosa, Manuel y Pablo Javier Becerra (Coords.), Elecciones y parti-
dos políticos en México, 2003, México, UAM, Plaza y Valdés.
• BECERRA, Pablo Javier (2003a), “La disputa por el poder local en
2003”, en Larrosa, Manuel y Pablo Javier Becerra (Coords.), Elecciones
y partidos políticos en México, 2003, México, UAM, Plaza y Valdés.
• Gobierno de Jalisco (2013), Guadalajara, México, Gobierno de Jalisco.
Recuperado de http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara
• HERNÁNDEZ, Rogelio (2008), El centro dividido. La nueva autonomía
de los gobernadores, México, El Colegio de México.
• Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (2010),
Memoria del Proceso Electoral Local Ordinario 2008-2009, México. Re-
cuperado de http://www.iepcjalisco.org.mx/resultados-electorales
• Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (2013),
Memoria del Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012, México. Re-
cuperado de http://www.iepcjalisco.org.mx/resultados-electorales
314
• LANGSTON, Joy (2008), “La competencia electoral y la descentrali-
zación partidista en México”, en Revista Mexicana de Sociología.
• REYNOSO, Diego (2010), “Aprendiendo a competir. Alianzas electo-
rales y margen de victoria en los estados mexicanos, 1988–2006”,
en Revista Política y Gobierno.
• RUIZ Morales, Guillermo y Ponce Pérez, Guadalupe (2012), “El pro-
ceso electoral de Jalisco: una sorpresa esperada”, en El Cotidiano,
(176), noviembre-diciembre.
• SALAZAR-ELENA, Rodrigo (2012), “El voto por el PAN: el voto econó-
mico y la política de combate al narcotráfico” en Revista Posibilidad
Política.
315
1. INTRODUCCIÓN
Chiapas ha sido protagonista, a lo largo de las dos últimas décadas, de
una historia electoral en la que se pueden identificar paralelismos con el
desarrollo de los comicios a nivel federal. Sería equivocado suponer que
tales semejanzas obedecen a una dependencia de los partidos, ciudada-
nos e instituciones chiapanecas a los dictados y tendencias del centro,
pues Chiapas fue una de las primeras entidades que generó dinámicas,
personajes y desafíos propios.3
De tal manera, si 1994 es recordado por la incertidumbre política
y social bajo un clima de violencia y agitación, pero al mismo tiempo,
por la esperanza de una sociedad civil que manifestó su ánimo parti-
LAS ELECCIONES DE 2012 EN CHIAPAS. TENDENCIAS Y PARALELISMOS ENTRE
LO FEDERAL Y LO LOCAL
JAVIER FELIPE HERNÁNDEZ S.1
STEPHANIE V. PORTO GUTIÉRREZ2
1 Egresado de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Integrante del proyecto PAPIIT IN303012 “Procesos electorales, reformas legales y sistema de partidos en el gobierno de Felipe Cal-derón” (2012-2013).
2 Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública (especialidad Ciencia Política) por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Integrante del proyec-to PAPIIT IN303012 “Procesos electorales, reformas legales y sistema de partidos en el gobierno de Felipe Calderón” (2012-2013).
3 Otras entidades pioneras en los fenómenos y procesos asociados a la transición democrática de México fueron: Baja California, en donde el poder estatal pasó a un partido distinto al PRI como resultado de las elecciones del 2 de julio de 1989; Chihuahua, en donde la transición partidista se dio el 12 de julio de 1992; y Guanajuato, que se caracterizó por una intensa movilización ciudadana que desembocó en la anulación de la elección de gobernador realizada el 18 de agosto de 1991.
316
cipativo y pacífico, es inevitable recordar que se trató de procesos que
comenzaron el 1 de enero con el levantamiento del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.
La insurrección armada en la entidad fue un golpe al mermado
prestigio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a la clase po-
lítica emanada de él (Viqueira, enero de 1999). Al mismo tiempo, las
reacciones de la clase política y la sociedad civil organizada ante la insu-
rrección, fueron decisivos para crear condiciones más favorables para la
competencia electoral, en donde el tricolor gradualmente vio desaparecer
las ventajas que lo acompañaron durante siete décadas de hegemonía.
Sin embargo, en los comicios que tuvieron lugar los siguientes
años, tanto a nivel federal como estatal, el desarrollo de elecciones en
condiciones más equitativas no derivó en la estrepitosa derrota priista
que muchos auguraban (Viqueira, diciembre de 2001). Se descubrió así
que el PRI contaba con una base real de votantes, suficiente para seguir
asegurándole triunfos.
Fue hasta el 2000 que la coalición de fuerzas opositoras consiguió
arrebatarle la victoria al Revolucionario Institucional, tanto en la elección
presidencial como en la estatal. Vicente Fox y Pablo Salazar Mendiguchía
llegaron al poder como resultado de coaliciones creadas para superar
la indiscutible fuerza priista pero fueron disueltas una vez conseguido
ese objetivo. El PRI siguió siendo la primera fuerza en las elecciones de
los poderes legislativos federal y local, así como en los ayuntamientos.
Un nuevo paralelismo se presenta en las elecciones presidencial y
de gobernador celebradas en julio de 2012, cuando el otrora despresti-
giado PRI parece que regresa a resolver los problemas heredados de sie-
te décadas de priismo que sus oponentes no fueron capaces de arreglar.
Los triunfos de los candidatos Enrique Peña Nieto (para la presidencia
de la república) y Manuel Velasco Coello (para la gubernatura del esta-
do) obedecen a dinámicas propias, y en cierta medida, independientes,
las cuales serán descritas en el presente texto.
En las próximas páginas se analizarán los factores que influyeron
en la configuración de los resultados electorales del 1 de julio en Chia-
pas, donde estuvieron en juego el cargo de gobernador, 41 diputados
locales y 122 ayuntamientos.
317
Para ello, se hará un breve recorrido por la historia reciente de la
entidad a fin de identificar los aspectos que influyen en el electorado y
los grupos políticos dominantes en Chiapas.
A partir de esta revisión trataremos de comprender si la victoria
de la alianza entre el PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
y Nueva Alianza (PNA) se debió a un efecto de arrastre del candidato
presidencial o si, por el contrario, obedeció a dinámicas locales. Intenta-
remos, además, identificar las enseñanzas que deja la experiencia chia-
paneca para el estudio del presente y el futuro de las elecciones locales
en nuestro país.
2. ANTECEDENTES
Chiapas se convirtió en tema de interés nacional e internacional a partir
del primer día de enero de 1994, cuando se efectuó el levantamiento
armado del EZLN que desencadenó hechos violentos en 7 cabeceras
municipales. 18 años después, el área de influencia zapatista se extien-
de al menos a cinco municipios autónomos dirigidos a través de juntas
de buen gobierno.
El llamado que hizo el levantamiento zapatista convirtió al estado
en un centro de atención mediático, social y político. Pronto, Chiapas
se transformó en destino turístico, beneficiario de recursos públicos en
infraestructura y botín político tanto de organizaciones civiles, como de
los propios partidos nacionales.
Así, desde ese momento y durante los años siguientes, Chiapas fue
un recordatorio de las promesas incumplidas de la Revolución Mexicana;
de los asuntos que la familia revolucionaria dejó pendientes una vez que
consolidó su poder político; y, de un autoritarismo que seguía más vivo
que nunca y se expresaba a través de la polarización social, la margina-
ción y la explotación indiscriminada de la naturaleza.
De esta forma, Chiapas ponía en tela de juicio, mejor que cualquier
informe estadístico, el abismo entre el optimismo con el que la capital
del país veía las cifras macroeconómicas, el ingreso al Tratado de Libre
Comercio (TLC) y la transición a la democracia. Siete décadas de un
318
autoritarismo padecido a través de caudillos y caciques, frente a una
débil división de poderes, frenos a la transparencia y completa falta de
rendición de cuentas, señalaban al PRI como uno de los principales res-
ponsables de la situación en la que vivían los chiapanecos.
Una de las primeras medidas que tomó el presidente Carlos Salinas
de Gortari parecía confirmarlo. A solo unas semanas de haber reem-
plazado a Patrocinio González Garrido4 por Elmar Setzer, el gobernador
renunció para ceder paso a Javier López Moreno, que culminó su cargo
tras la elección de Eduardo Robledo Rincón quien dirigió al estado duran-
te dos meses para renunciar en febrero de 1995. Julio César Ruiz Ferro
estuvo al frente del gobierno hasta los sucesos de 1996 en Acteal, tras lo
cual renunció y fue remplazado por Roberto Albores Guillén. Albores fi-
nalmente consiguió terminar decorosamente su gestión al ceder el poder
tras el triunfo de Pablo Salazar Mendiguchía.5 Tan solo en los primeros
seis años posteriores al levantamiento armado, durante el periodo que
correspondería a la gestión normal de un gobernador, los chiapanecos
tuvieron cuatro cambios de titular en el poder ejecutivo estatal.
4 Hijo de Salomón González Blanco quien fue también gobernador de Chiapas. Además, en 2007 fue señalado como presunto responsable de la muerte de periodistas y homosexuales durante su adminis-tración de 1988 a 1993 (Mandujano, 17 de marzo de 2008).
5 Por su desempeño como mediador entre el gobierno y los pueblos indígenas, su experiencia legislativa y su cercanía con los distintos grupos de poder en pugna en la entidad, Salazar Mendiguchía fue el primer gobernador desde 1994 que consiguió concluir su periodo constitucional sin grandes sobresaltos.
Cuadro 1.Gobernadores de Chiapas 1988-2012
Fuente: http://www.mundochiapas.com/gobernadores-de-chiapas.php
1988-1993 José Patrocino González Garrido Constitucional
1993-1994 Elmar Harald Setzer Marseille Interino
1994 Javier López Moreno Sustituto
1994-1995 Eduardo Robledo Rincón Constitucional
1995-1997 Julio César Ruíz Ferro Interino
1997-1998 Julio César Ruíz Ferro Sustituto
1998-2000 Roberto Albores Guillén Sustituto
2000-2006 Pablo Salazar Mendiguchía Constitucional
2006-2012 Juan Sabines Guerrero Constitucional
319
La estabilidad política se recuperó en gran medida con la llegada
del primer gobernador de coalición en 2000, Pablo Salazar Mendiguchía,
quien fue sustituido al concluir su periodo constitucional por otro gobier-
no de coalición, esta vez encabezado por Juan Sabines Guerrero.6
Sin embargo, la relativa calma que vivió la entidad durante estos
periodos parece estar vinculada más al origen aliancista de Salazar y
Sabines que a la derrota del PRI en la entidad. Ambos gobernadores, a
pesar de sus credenciales opositoras contaban con antecedentes en el
Revolucionario Institucional y los dos tuvieron un excepcional respaldo
de fuerzas partidistas que, fuera de Chiapas, competían ferozmente
por el poder.
Con todo, la estabilidad política no significó una mejora clara para
las condiciones de vida de los chiapanecos. Luego de estar en el centro
del interés nacional durante casi dos décadas, y tras cuatro presidentes
de la república provenientes de dos partidos políticos diferentes (PRI
y Partido Acción Nacional -PAN-), y al menos cinco gobernadores de
todas las filiaciones partidistas nacionales,7 Chiapas aún ocupa el lugar
31 entre las entidades federativas en materia de desarrollo humano
(CEPAL, 2012).
En efecto, el rezago social en Chiapas no es atribuible únicamente a
sus gobernantes. La complejidad geográfica del estado, su diversidad cul-
tural marcada por una abundante presencia indígena, además de numero-
sos atavismos y conflictos ancestrales, algunos de carácter religioso, hacen
difícil la integración de esta región a los proyectos nacionales de desarrollo
al no corresponder con la realidad del resto del país. Temas como la tole-
6 Además de una carrera académica en instituciones como la Universidad Iberoamericana (UIA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las credenciales de Juan Sabines Guerrero incluyen haberse desempeñado como presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez por el PRI en el periodo 2003-2006 y ser hijo del ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Gutiérrez. Tras seis años de relativa calma, y luego de una controversia con su predecesor en el cargo, quien terminó en prisión acusado de robo, Sabines Guerrero obtuvo una de las aprobaciones más altas entre los gobernadores mexicanos (Para-metría, 2007).
7 Eduardo Robledo Rincón -PRI- (1994-1995, gobernador constitucional); Julio César Ruiz Ferro -PRI- (1995-1998, gobernador interino y sustituto); Roberto Albores Guillén -PRI- (1998-2000, gobernador sustituto); Pablo Salazar Mendiguchía -PAN, Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), PVEM, Convergencia por la Democracia (CD), Partido de Centro Democrático (PCD), Parti-do Alianza Social (PAS) y Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN)- (2000-2006, gobernador constitu-cional) y Juan Sabines Guerrero -PRD, PT y Convergencia (C)- (2006-2012, gobernador constitucional).
320
rancia, la no discriminación y la equidad de género, cruciales para mejorar
la calidad de vida de la población, se entrecruzan con desafíos culturales,
educativos, de salud y de creación de oportunidades.
Llama la atención que a pesar de que para un sector de la opinión
pública el PRI y los gobiernos emanados de este partido eran, al menos
en parte, responsables del rezago social y económico en Chiapas, los
ciudadanos de la entidad no parecían compartir esa opinión, pues apar-
te de sus derrotas en las elecciones de gobernador de 2000 y 2006, el
PRI mantuvo su predominio en las elecciones municipales, incluso en
los territorios zapatistas (Enríquez Arellano, 2000).
3. RETROSPECTIVA DE LOS CO-MICIOS DE 2000 Y 2006
Para muchos, la elección de gobernador del 2000 es un reflejo de que sie-
te décadas de priismo eran en gran medida el origen de los problemas de
la entidad. Pablo Salazar8 fue abanderado de uno de los mayores bloques
opositores de la historia de México que unió a los partidos PAN, PRD, PT,
PVEM y CD, junto a los ahora extintos PCD, PAS y PSN (Alianza por Cha-
pas). El adversario a vencer era Sami David del PRI, quien perdió por una
diferencia de 60 mil 593 votos, equivalentes a 5.8 puntos porcentuales.
Sin embargo, el éxito opositor en Chiapas, no significó un golpe
mortal para el priismo local. La elección presidencial de julio del mismo
año permite tener una idea de la fuerza real de cada partido. El 2 de
julio de 2000, la coalición PAN-PVEM obtuvo 26.45% de los votos, el PRI
consiguió 43.09%, mientras que la coalición Alianza por México encabe-
zada por el PRD logró 24.98%. A pesar de todo, los chiapanecos seguían
mostrando una clara preferencia por el PRI, que superaba con ventaja
de casi dos a uno a cualquiera de sus oponentes más cercanos. El éxito
de la coalición Alianza por Chapas un mes y medio después de la elec-
8 Académico de prestigio y senador priista entre 1994 y 2000, fue integrante de la Comisión de Concor-dia y Pacificación (Cocopa) y participante activo en la formulación de la Ley para el Diálogo, la Conci-liación y la Paz Digna en Chiapas, así como en la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígena.
321
ción presidencial demostró lo provechoso que puede resultar competir
en coalición con el fin de lograr más votos y con ello mayores espacios
de representación o, en este caso, para lograr la alternancia en el poder
ejecutivo. Aquella ocasión, no solo se aliaron los partidos minoritarios
con uno o más partidos fuertes sino todas las fuerzas antipriistas ya que
también los partidos dominantes tenían razones para esta formación
pues gracias a la misma se hicieron de posiciones de gobierno más im-
portantes en condiciones de alta competitividad política.
Para Diego Reynoso las coaliciones “constituyen una forma de unir
la fuerza electoral y ‘concentrar los votos’ de los electorados de diferen-
tes partidos políticos detrás de un candidato o una propuesta común
en pos de evitar el desperdicio de los votos en diferentes propuestas o
candidatos” (Reynoso, 2010: 115). En este sentido, se cumple lo dicho
por Sartori (1994: 47) en cuanto a que “se debe de tener en cuenta a un
partido menor sin importar lo pequeño que sea, si se encuentra en po-
sición de determinar en el transcurso del tiempo, o en algún momento,
cuando menos una de las posibles mayorías gobernantes”.
Grafica 1.Elección de gobernador en 2000. Porcentajes
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto de Eleccio-nes y de Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC Chiapas).
PRIAlianza por Chiapas
(PAN-PRD-PT-PVEM-Convergencia por la Democracia-PCD-PAS-PSN)
5
10
15
15.1451.1
20
25
30
35
40
50
45
60
322
Visto así, el buen desempeño del PAN en el año 2000 en Chiapas se
debió más a la figura del candidato presidencial, Vicente Fox Quesada,
que al desarrollo de una estructura partidista en la entidad, pues seis
años después, en la elección de gobernador el blanquiazul retrocedió a
un 2.5% de las preferencias.
Más eficaces fueron los esfuerzos de la coalición Por el Bien de
Todos, encabezada por el PRD que con 46.99% de votación consiguió el
triunfo sobre el PRI por un margen de tan solo medio punto porcentual.
Una vez más no fue sencillo vencer al PRI, quien se erigió con el segundo
lugar y 46.45% de sufragios en su favor.
Los resultados de la elección presidencial de 2006 en Chiapas
permiten corroborar el arrastre del candidato a la presidencia en los
comicios locales. En la elección del 2 de julio, el PAN quedó en tercer
lugar con 17% de votos, mientras que la coalición conformada por PRI y
PVEM logró el segundo lugar con 33.58%. En aquella contienda la coa-
lición Por el Bien de Todos, resultó ganadora en la entidad con el 43.36%
de las preferencias. Parece que el buen desempeño de esta coalición
derivó más de la figura del candidato, en esta ocasión Andrés Manuel
López Obrador, que de las estructuras partidistas.
Gráfica 2.Elección presidencial en Chiapas en 2000. Porcentajes
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Federal Electoral (IFE).
PRIAlianza por México
(PRD-PT-C-PSN-PAS)Alianza por el Cambio
(PAN-PVEM)
5
10
15
26.4524.98
43.09
20
25
30
35
40
50
45
60
323
Poco menos de dos meses después de la elección presidencial, en
los comicios de gobernador, el PAN perdió 14.4 puntos, mientras que
el PRI remontó 12.87 puntos, y la votación por la coalición perredista
creció en 3.63%.
Gráfica 3.Elección de gobernador en 2006. Porcentajes
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEPC Chiapas.
Gráfica 4.Elección presidencial en Chiapas en 2006. Porcentajes
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IFE.
PANPor el bien de todos
(PRD-PT-C)Alianza por Chiapas
(PRI-PVEM)
5
10
15
2.5
46.9946.45
20
25
30
35
40
50
45
PAN Coalición por el bien de todos(PRD-PT-C)
Alianza por México(PRI-PVEM)
5
10
15
16.92
43.36
35.58
20
25
30
35
40
50
45
324
4. LA ELECCIÓN DE 2012
El desempeño de los gobernadores de transición parecería suficiente
para consolidar la presencia de los partidos rivales del PRI en el estado
como ocurrió en otras entidades federativas, pero en la elección de 2012
una vez más el desempeño del candidato a la presidencia parece haber
influido en los comicios locales.
Los candidatos y su selección
Por primera vez y conforme a las reglas electorales vigentes desde 2008,
las elecciones locales fueron el mismo día que las federales. A éstas
acudieron los candidatos Emmanuel Nivón González por el PAN; Manuel
Velasco Coello, candidato común de PRI-PVEM-PNA; María Elena Oran-
tes López por la coalición Movimiento Progresista por Chiapas integrada
por PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC); y Marcela Bonilla Grajales
por el Partido Orgullo por Chiapas (POCH), partido local.
El abogado y maestro en administración Emmanuel Nivón Gon-
zález ha realizado su carrera pública en el municipio de Tapachula, su
primer puesto fue de director de gobierno municipal del ayuntamiento
(2005-2007); posteriormente, se desempeñó como delegado de tránsito
municipal (2008-2011); y finalmente, fue electo presidente municipal
(2011-2012) por parte de la coalición Unidad por Chiapas conformada
por PAN, PRD, Convergencia y PNA. Contó con el apoyo de los candida-
tos chiapanecos a diputados federales y senadores por parte del PAN
para impulsar su candidatura. Ha residido en Chiapas durante sus 32
años de vida y es egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach), donde es profesor de tiempo completo.
Al inicio del proceso, Nivón aspiraba a una diputación federal y
fungió como coordinador de campaña en la entidad de Josefina Váz-
quez Mota; pero a causa de respaldos tanto internos como externos al
partido, decidió contender por la gubernatura. Su selección interna se
caracterizó por un conflicto judicial al que se vio expuesto luego de que
su principal adversario, Juan José Rodríguez Prats, presentó una impug-
nación en su contra por no haberse separado del cargo de presidente
325
municipal de Tapachula con 120 días de anticipación, de acuerdo con lo
señalado por la Constitución Política del estado así como por el artículo
165 de la Ley Orgánica Municipal.
No obstante, el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral y Adminis-
trativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas (TJEA), presidido por el
magistrado Alberto Peña Ramos, resolvió revocar la resolución emitida
por la Primera Sala de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) del
PAN en la que se le declaraba inelegible como precandidato para partici-
par en el proceso interno de selección del candidato a gobernador. Ante
ello, Rodríguez Prats decidió renunciar a la búsqueda de la candidatura
panista al denunciar la intromisión directa del gobernador Juan Sabines
y de la cúpula partidista local a favor de Nivón González.
Por su parte, María Elena Orantes estudió la Licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey (ITESM) así como la Maestría en Administración
Pública y Políticas Públicas, y el Doctorado en Ciencias de la Adminis-
tración en la misma institución. Fue priista y amiga personal de Enrique
Peña Nieto durante la mayor parte de su carrera política. Ha ocupado
diversos cargos de dirección partidista a escala estatal y nacional como
lo son consejera política municipal, consejera política nacional, conse-
jera política estatal en Chiapas y secretaria general de Comunicación
Social en el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (OMPRI). En la
administración pública se ha desempeñado como coordinadora estatal
de Relaciones Públicas y Comunicación Social en el IFE y en el otrora
Consejo Estatal Electoral, y coordinadora estatal de la mujer en Chiapas.
Además de haber desempeñado los cargos de diputada local de la LX
Legislatura, diputada federal (2006-2009) y senadora por el estado de
Chiapas en la LXI Legislatura.
De acuerdo con sus propias declaraciones, renunció al PRI des-
pués de que en diciembre de 2011 el entonces virtual candidato priista
a la presidencia de la república se opusiera a su postulación para la
candidatura por ser mujer. Se convirtió en candidata de las izquierdas
luego de que Yassir Vázquez Hernández, su principal contendiente, de-
nunciara favoritismo hacia la expriista y desistiera de participar en una
tercera encuesta mediante la cual se desempataría el proceso interno
326
de la coalición PRD-PT-MC. Cabe señalar que su designación provocó
que varios perredistas abandonaran las filas del PRD, entre los que des-
tacan la diputada federal Magdalena Torres Abarca, así como diputados
locales y presidentes municipales (Hernández, 21 de febrero de 2012).
En cuanto a Marcela Bonilla Grajales, es ex regidora de Chapa de
Corzo y su carta de presentación es haber sido Señorita Chiapas, además
de haber participado en otros concursos similares. Es dueña de un res-
taurante, un salón de eventos y un hotel (Grajales, 7 de junio de 2012).
Durante las campañas apoyó de manera abierta a Josefina Vázquez
Mota pero no al candidato panista a gobernador. Reconoció sus pocas
posibilidades de ganar la contienda; sin embargo, no declinó a favor de
otro candidato para evitar que el POCH, de presencia estatal, perdiera
su registro ante el IEPC Chiapas.
Por último, el candidato común de PRI-PVEM-PNA, Manuel Velasco
Coello, inició su carrera política a los 21 años como diputado local por el
PVEM (2001-2003), para ir dos años más tarde a la Cámara de Diputa-
dos (2003-2006) y acceder tres años después al Senado de la república
para el periodo 2006-2012 por lo que ha protagonizado una meteórica
carrera política. Es nieto del ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco
Suárez (1970-1976),9 estudió la Licenciatura en Derecho en la Universi-
dad Anáhuac y, conforme a la tendencia dictada por el actual presidente
electo de la república, su pareja es una actriz.
Las características de Manuel Velasco no son anecdóticas. Por una
parte, pertenece a una generación de políticos que son hijos o nietos
de exgobernadores y expresidentes y que actualmente ocupan cargos
de dirección en la administración federal o en el congreso. Por la otra,
también forma parte de una generación ligada a los intereses del sector
de la radiodifusión, ya sea por relaciones personales, familiares o pro-
fesionales.10
9 Muchas de las razones de la trayectoria de Manuel Velasco se deben a este personaje. En 2001, el exgobernador Velasco Suárez llevó a Chiapas a su nieto y se lo presentó al entonces jefe del ejecutivo estatal, Pablo Salazar Mendiguchía, para que éste impulsara su carrera política en el PVEM, uno de los partidos que se sumaron a su campaña. A partir de ese año, Velasco Coello ocupó varios cargos: líder estatal del PVEM; en 2001, fue diputado local y antes de terminar su encargo se convirtió en diputado federal, donde tampoco completó su tarea pues se lanzó como candidato a senador por el PRI y el PVEM en 2006. En aquella ocasión no completó su periodo como legislador por convertirse en candi-dato a gobernador (Mandujano, 5 de julio de 2012).
10 Coloquialmente se conoce a estos grupos como la juniorcracia y la telebancada.
327
Otra de sus particularidades es su cercanía con Enrique Peña Nie-
to, a pesar de que pertenecen a distintos partidos políticos, lo cual, sin
embargo, no es extraño si consideramos que desde 2003 PRI y PVEM
han participado juntos en alianzas estatales y federales; además de
ser sobrino político de Manuel Camacho Solís.11 Su candidatura generó
descontento entre priistas por haber sido cedida al PVEM y entre miem-
bros del partido que también tenían aspiraciones, destacando María
Elena Orantes.
Durante el debate organizado por el IEPC Chiapas y llevado a cabo
el 7 de junio, las posturas de los candidatos sobre diversos temas fueron
las siguientes (Grajales, 7 de junio de 2012):
Emmanuel Nivón.- señaló que Chiapas era una potencia en la co-
mercialización de productos y propuso crear un Centro de Distribución
Logística en la zona fronteriza. Asimismo, se comprometió a fortalecer
el ecoturismo. Nivón dijo que su política situaría a Chiapas del tercer al
décimo lugar en materia de pobreza, y que realizaría audiencias públi-
cas mensuales en cada municipio.
María Elena Orantes.- en materia educativa indicó un incremento
de becas, computadoras, desayunos, útiles escolares y uniformes; ade-
más de dotar de autonomía plena a las universidades. Se comprometió
a encabezar un gobierno respetuoso de los poderes legislativo y judicial.
Marcela Bonilla.- garantizó fortalecer el turismo a través de Mar-
ca Chiapas, la creación de nuevos centros turísticos, la construcción de
nuevas carreteras y el impulso al Programa Pueblos Mágicos. Además,
dijo que fundaría una Secretaría de la Juventud y el Deporte, y abriría es-
pacios para que los adultos mayores estudien la primaria y secundaria,
así como guarderías. También prometió desayunos y becas escolares, y
defendió los derechos de la mujer a la libre reproducción y a una vida
sin violencia.
Manuel Velasco.- prometió pensiones para las madres solteras, du-
plicar las clínicas de la mujer a 26, seguro de vida para las jefas de fami-
lia y créditos a las mujeres emprendedoras. Asimismo, dijo que generaría
250 mil becas para estudiantes y apoyos fiscales para los empresarios
11 Coordinador de Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), expriista y ex regente capitalino.
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que dieran a los jóvenes su primer empleo. También crearía la Secretaría
de la Juventud y el Deporte y daría continuidad al programa Amanecer
para los adultos mayores. Además, dijo que respetaría al EZLN. En sus
palabras, Velasco impulsaría un programa agresivo de conservación del
medio ambiente y desazolve de ríos, e indicó que la educación ambiental
sería obligatoria en primaria y secundaria. Se comprometió con los ga-
naderos y productores agrícolas a poner en marcha programas para mul-
tiplicar sus productos y comercializarlos mejor en el mercado. Respecto
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio dijo que serían su guía para
combatir la pobreza. Apuntó que él no apoyaría a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en la construcción de una presa hidroeléctrica, porque
a pesar de que Chiapas produce el 30% de la electricidad que consume
el país, son altas las tarifas que pagan los chiapanecos.
Los resultados
La campaña de Manuel Velasco se apoyó en gran medida en la figura
de Enrique Peña Nieto aunque el candidato del PRI-PVEM-PNA logró
construir una imagen propia al presentar la combinación de juventud y
experiencia ante el electorado. Mientras los medios nacionales refleja-
ban un estilo solemne y serio de Peña Nieto, los medios locales coinci-
dían en el carácter festivo, desenfadado e informal de las presentaciones
públicas de Velasco Coello. A pesar de existir una amistad declarada
entre los candidatos local y el federal, Velasco estableció una agenda de
compromiso propia, independiente, aunque no contradictoria con la que
desarrolló el candidato a la presidencia en esa entidad.12
Esta exitosa configuración se puede corroborar en los resultados
electorales ya que mientras el candidato a gobernador por el PRI obtuvo
casi 50 puntos porcentuales más que su rival más cercano, Peña Nieto
obtuvo en la entidad una ventaja de 14.7%.
Por su parte, la candidata de Movimiento Progresista parece ha-
berse beneficiado más por la campaña presidencial. Su lanzamiento,
12 Los compromisos de campaña de Manuel Velasco están disponibles en http://manuelvelasco.org.mx/compromisos.php
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tras romper con el PRI, requirió necesariamente del respaldo de Andrés
Manuel López Obrador para poner a su favor las estructuras de tres
partidos que la veían como recién llegada, pues su adopción pasó sobre
las aspiraciones de los militantes locales del PRD, del PT y de MC. De tal
manera, la disciplina partidista fue decisiva para el abanderamiento de
Orantes, pero también para el desarrollo de la campaña y el resultado
de la elección.
La candidatura de López Obrador fue, sin duda, más competiti-
va y dio lugar a una elección más reñida que la local. El tabasqueño
prácticamente duplicó las cifras obtenidas por la candidata al gobierno
chiapaneco. También Josefina Vázquez Mota consiguió casi siete puntos
porcentuales más que el candidato Emmanuel Nivón, lo que hace pensar
en un franco voto de confianza de los electores hacia Manuel Velasco,
más que un efecto colateral de la exitosa campaña que Enrique Peña
Nieto tuvo en otras entidades de preferencia priista.
Gráfica 5.Elección de gobernador en 2012. Porcentajes
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEPC Chiapas.
PANMovimiento
Progresista por Chiapas (PRD-PT-C)
PRI-PVEM-PNA POCH
10
20
30
9.28
17.41
67.14
1.31
40
50
60
70
330
En esta ocasión, 1 millón 343 mil 979 votos de PRI-PVEM-PNA le
otorgaron un amplio margen de victoria a su candidato por lo que la com-
petitividad en la elección fue nula. Ello convirtió a Velasco en uno de los
gobernadores más jóvenes de la historia de nuestro país, solo superado
por Roberto Borge de Quintana Roo quien asumió el cargo a los 30 años.
Cabe destacar que en los dos procesos anteriores el PRI no había alcan-
zado el umbral del 50% de la votación total. Asimismo, es de notar el
decremento en los números del PRD pues perdió casi 200 mil electores
respecto de 2006 lo que le valió una disminución del 30% de la votación
en la entidad. En cuanto al índice de participación, el de 2012 ha sido
el más positivo ya que se logró un 66.35% de concurrencia a las urnas.
Son varios los fenómenos que explican estos resultados, pero sin
duda entre los principales se encuentran las divisiones al interior de
los partidos perdedores y la presencia de una estructura priista que no
se debilitó de manera significativa durante los años que el tricolor fue
oposición en la entidad.
Pero la anterior no es la única explicación para el éxito de Manuel
Velasco. El gobernador electo cuenta con sus propias redes de apoyo
familiares, lo bastante sólidas para que los priistas chiapanecos res-
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IFE.
Gráfica 6.Elección presidencial en Chiapas en 2012. Porcentajes
PANMovimiento Progresista (PRD-PT-C)
Compromiso por México (PRI-PVEM)
PNA
5
10
1516.05
31.22
45.93
2.36
20
25
30
35
40
50
45
331
paldaran a un candidato del PVEM sin considerarlo una imposición del
centro o de Peña Nieto.
Los registros de prensa de la primera mitad de 2012 describen una
campaña altamente mediatizada y apuntalada con abundantes recursos
económicos, pero una moderada presencia física del candidato. Los regis-
tros noticiosos de la campaña señalan la explotación de su imagen juvenil
junto a cierta frivolidad y escasa puntualidad en los actos de campaña.
Probablemente una parte de su éxito se deba a los errores de sus
rivales, pero también a los del gobernador saliente, cuyo desempeño,
a pesar de salir bien calificado en las encuestas, no estuvo exento de
conflictos. Destacan, entre los más cercanos a la elección, la declaración
de inconstitucionalidad de la ley electoral del estado, luego de que el
gobernador Juan Sabines Guerrero intentara designar a los presidentes
municipales por un periodo de un año (2011), a raíz de que las nuevas
reglas estatales previeron empatar el calendario estatal con el federal
después de la elección de alcaldes de 2010. También fue de importancia
la confrontación con Pablo Salazar Mendiguchía plagada de acusaciones
mutuas sobre robo y corrupción cuyo desenlace fue el encarcelamiento
del exgobernador.
En cualquier caso, las campañas transcurrieron con una presencia
modesta de los candidatos del PAN y POCH, junto a una actitud más
beligerante de la candidata de las izquierdas y la influencia de la elec-
ción presidencial que incluyó acusaciones de que la campaña de Manuel
Velasco había rebasado los topes de campaña.
Los otros comicios: diputados locales y ayuntamientos
En las elecciones locales, el PRI ha sido la fuerza predominante, lo mis-
mo en las contiendas para elegir diputados locales que en las de ayunta-
mientos y presidentes municipales. Cabe resaltar, que ésta fue la prime-
ra ocasión en la que se otorgó una circunscripción especial a Rhosbita
López Aquino de Tapachula y migrante en Utah (postulada por PAN y
POCH) conforme a la reforma aprobada para que ciudadanos del estado
residentes en el extranjero fueran votados para ocupar la curul 41.
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La LXV Legislatura tendrá mayoría priista con 16 diputados, 13
del PVEM, 4 del PAN, 3 del POCH, 2 del PRD, 2 de MC y 1 del PT. En las
dos legislaturas anteriores ningún partido había obtenido dicha posición
por lo que el próximo gobernador tendrá como gran aliado al congreso.
PAN 4 3 7 1 1 3
PRI 9 5 7 5 11 5
PRD 7 3 6 2 2
PVEM 1 2 3 3 9 4
PT 1 1 3 1
Convergencia (MC) 1 1 1 1 1
PNA 1 1 1 1
POCH 2 1
Total 24 16 24 16 24 16 1
LEGISLATURA LXIV (2010-2012)
LEGISLATURA LXIII (2007-2010)
PARTIDO POLÍTICO
MR MR MRRP RP RP
CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL DE LOS
CHIAPANECOS MIGRANTES EN EL EXTRANJERO
LEGISLATURA LXV(2012-2015)
Cuadro 2.Representación parlamentaria
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Congreso del estadode Chiapas y del IEPC Chiapas.
En cuanto a los ayuntamientos ganados por partido, será el PVEM
quien gobierne la mayor cantidad de los mismos, seguido del PRI, PRD
y PAN.
