CONTRALORÍA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL

AUTO 043

POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE EL ARCHIVO DEL PROCESO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL No. 051 DE 2014 ADELANTADO EN EL

MUNICIPIO DE LA PINTADA- ANTIOQUIA

Medellín, 29 de abril del 2019

C O M P E T E N C I A

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 268, 271 y 272 incisos 1º y 5º de la

Constitución Política; la Ley 610 de 2000; Ley 1474 de 2011; la Resolución Interna

Resolución Interna 1432 de 1° de agosto de 2016 y demás normas que le apliquen,

procede la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General

de Antioquia, a través del Contralor Auxiliar SEBASTIAN GIL VELASQUEZ,

comisionado mediante auto 406 del 3 de Septiembre de 2018, a archivar el proceso

de responsabilidad fiscal radicado bajo el número 051 de 2014, adelantado en el

Municipio de la Pintada- Antioquia por las presuntas irregularidades que se

describen más adelante.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio 2013300007358 del 30 de Septiembre de 2013, la Auditoria

Integrada de la Contraloría General de Antioquia traslada el hallazgo numero 53 de

la Auditoría Practicada en el Municipio de la Pintada- Antioquia, el cual determina lo

siguiente:

La Administración Municipal suscribió acuerdo de pago SP-437 con la Corporación

Autónoma Regional de Antioquia –Corantioquia-, con el fin de dar cumplimiento al

pago de las obligaciones por la no cancelación de manera oportuna la tasa

retributiva por vertimientos puntales.

De igual manera, se suscribió el convenio SP-438 entre la Administración Municipal

y Corantioquia, por medio del cual la primera se obliga a efectuar la devolución del

anticipo no ejecutado del contrato 525 de 2010, liquidado bilateralmente por acta

4048 de septiembre de 2011.

El capital adeudado por ambos conceptos ascendió a $39.931.768, generando un

interés moratorio representado en las 18 cuotas pactadas en cada uno de los

convenios SP-438 y SP-439 por la suma total de $7.585.095 e intereses de

financiación por $3.023.850.

A la fecha de ejecución de la auditoría se habían cancelado 15 cuotas, de las cuales

corresponden a intereses moratorios efectivamente pagados por $5.256.390 en el

convenio SP-437 y $1.064.520 en el convenio SP-438; constituyendo un presunto

detrimento patrimonial por la suma de $6.320.910; de acuerdo al siguiente anexo

extraído de los cuadros contentivos de las formas de pago acordadas, obrantes a

folios 1 y 2:

ACUERDO DE PAGO CAPITAL INTERES MORA INTERES FINANCIACION

ACUERDO DE PAGO SP-437 19.629.026 5.256.390 1.739.584

ACUERDO DE PAGO SP-438 13.256.396 1.064.520 1.174.084

TOTAL PAGADO A JUNIO 30 DE 2012 32.885.422 6.320.910 2.913.668

POR CANCELAR 7.046.346 1.264.185 110.182

Fuente: soporte pagos Secretaria de Hacienda Elaboró: Marta Isabel Díaz Sanmiguel, P.U

La forma de pago acordada fue la siguiente:

ACUERDO DE PAGO SP-437

FECHA CAPITAL INTERES MORA

INTERES FINANCIACION

TOTAL CUOTA

1 25-04-12 1.238.632 350.426 185.942 1.775.000

2 25-05-12 1.248.294 350.426 176.280 1.775.000

3 25-06-12 1.258.030 350.426 166.544 1.775.000

4 25-07-12 1.267.843 350.426 156.731 1.775.000

5 27-08-12 1.277.732 350.426 146.842 1.775.000

6 25-09-12 1.287.698 350.426 136.876 1.775.000

7 25-10-12 1.297.742 350.426 126.832 1.775.000

8 26-11-12 1.307.865 350.426 116.709 1.775.000

9 26-12-12 1.318.066 350.426 106.508 1.775.000

10 25-01-13 1.328.347 350.426 96.227 1.775.000

11 25-02-13 1.338.708 350.426 85.866 1.775.000

12 25-03-13 1.349.150 350.426 75.424 1.775.000

13 25-04-13 1.359.673 350.426 64.901 1.775.000

14 27-05-13 1.370.279 350.426 54.295 1.775.000

15 25-06-13 1.380.967 350.426 43.607 1.775.000

16 25-07-13 1.391.739 350.426 32.835 1.775.000

17 26-08-13 1.402.594 350.426 21.980 1.775.000

18 25-09-13 1.415.327 350.429 11.040 1.776.796

TOTALES 23.838.686 6.307.671 1.805.439 31.951.796

ACUERDO DE PAGO SP-438

FECHA CAPITAL INTERES MORA

INTERES FINANCIACION

TOTAL CUOTA

1 25-04-12 836.506 70.968 125.526 1.033.000

2 25-05-12 843.031 70.968 119.001 1.033.000

3 25-06-12 849.606 70.968 112.426 1.033.000

4 25-07-12 856.233 70.968 105.799 1.033.000

5 27-08-12 862.912 70.968 99.120 1.033.000

6 25-09-12 869.643 70.968 92.389 1.033.000

7 25-10-12 876.426 70.968 85.606 1.033.000

8 26-11-12 883.262 70.968 78.770 1.033.000

9 26-12-12 890.151 70.968 71.881 1.033.000

10 25-01-13 897.095 70.968 64.937 1.033.000

11 25-02-13 904.092 70.968 57.940 1.033.000

12 25-03-13 911.144 70.968 50.888 1.033.000

13 25-04-13 918.251 70.968 43.781 1.033.000

14 27-05-13 925.413 70.968 36.619 1.033.000

15 25-06-13 932.631 70.968 29.401 1.033.000

16 25-07-13 939.906 70.968 22.126 1.033.000

17 26-08-13 947.237 70.968 14.795 1.033.000

18 25-09-13 949.543 70.968 7.406 1.027.917

TOTALES 16.093.082 1.277.424 1.218.411 18.588.917

Fuente: documentos secretaria de Hacienda, acuerdo de Pago Elaboró: Marta Isabel Díaz Sanmiguel, P.U

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD ESTATAL AFECTADA

Municipio de La Pintada- Antioquia con Nit. Número 811009017-8

PRESUNTOS RESPONSABLES

Como presuntos responsables de los hechos investigados se ha señalado en

principio a:

Nombre : Pablo de Jesús Cano Pulgarín Cédula : 15.338.783 Cargo : Alcalde Período : 2008 – 2011 Nombre : León Jairo Alzate Ruiz Cédula : 98.454.186 Cargo : Secretario de Hacienda Período : Abril 18 de 2008 a diciembre 31 de 2011 Nombre : Rodrigo Garcia Londoño Cédula : 15.333.102 Cargo : Alcalde Período : 2012 - 2015

DETERMINACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL Y ESTIMACIÓN DE SU CUANTÍA

El presunto daño patrimonial al Estado conforme a los hechos inicialmente

relacionados se cuantifica, en principio y sin indexar en la suma de CINCO

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y

SEIS PESOS M.L ($5.537,436).

FECHA DE OCURRENCIA DEL HECHO

Los hechos tuvieron ocurrencia en la vigencia 2009, 2010, 2011 y 2012.

ACTUACIÓN PROCESAL

1. Hallazgo fiscal y anexos ( Folio 1-114)

2. Apertura Proceso 051-2014 y se formula imputación ( Folio 114-121)

3. Notificaciones (Folio 122-134)

4. Acta Audiencia de Descargos ( Folio 145-148)

5. Auto 037 de 20 de Agosto de 2015, mediante el cual se Apertura el

proceso de responsabilidad fiscal 051 de 2014 ( Folio 154-157)

6. Notificaciones ( Folio 158-179)

7. Descargos apoderada ( Folio 180-184)

8. Versión Libre RODRIGO GARCIA LONDOÑO ( Folio 328-330)

9. Versión Libre PABLO DE JESÚS CANO PULGARÍN ( Folio 331-334)

10. Versión Libre LEÓN JAIRO ALZATE RUIZ ( Folio 333-334)

11. Versión Libre LUIS ENRIQUE MAZO CARDEÑO (Folio 337)

12. Auto 013 del 16 de Agosto de 2018 por medio de la cual se niega una nulidad

( Folio 338-340)

13. Auto numero 080 por medio del cual se decide sobre la petición de pruebas

( Folio 345-349)

14. Solicitud de prescripción y nulidad procesal ( Folio 351-355)

15. Auto número 009 del 14 de Agosto de 2018 ( Folio 356-358)

16. Auto número 052 del 08 de Octubre de 2018 (Folio 371-388)

17. Notificaciones ( Folio 389-405)

18. Descargos mediante numero de radicado 2018200007076 ( Folio 407-411)

19. Auto número 289 del 07 de Noviembre de 2018 mediante el cual se desata

un grado del consulta ( Folio 413-418)

20. Descargos Pablo Cano Pulgarin ( Folio 419)

21. Descargos Aseguradora ( Folio 420-424)

MATERIAL PROBATORIO

1. Acuerdo de pago ( Folio 425)

2. Consignaciones y certificaciones ( Folio 426-435)

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Sea lo primero indicar que en el proceso no se visualiza ninguna irregularidad

sustancial que amerite un pronunciamiento puntal al respecto, de igual forma no se

observa una flagrante violación al derecho a la defensa ni debido proceso que

conlleve a la nulidad procesal; máxime cuando es notorio como las partes, han

contado con todas las garantías suficientes para ejercer todos los derechos, entre

ellos el derecho a la defensa y a la contradicción, de conformidad con el artículo 36

de la ley 610 de 2000.

Ahora bien, el día 14 de Noviembre de 2018 se suscribió acuerdo de pago de la

siguiente forma:

CESAR AUGUSTO VESGA RODRIGUEZ, en calidad de Contralor Auxiliar

de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Antioquia y el

implicado LEON JAIRO ALZATE RUIZ, identificado con cedula de

ciudadanía numero 98.454.186 quien aparece como presunto responsable

en el Proceso de Responsabilidad Fiscal No 051-2014 y en el que se

establece un presunto detrimento patrimonial en cuantía de CINCO

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS

TREINTA Y SEIS PESOS M.L ($5.537,436) suma estimada en el Auto de

imputación No 052 del 08 de Octubre de 2018.

De acuerdo a lo anterior, el presunto responsable fiscal acepta el valor

del detrimento y los hechos del mismo, proponiendo un medio

resarcitorio, el cual se configura en este acuerdo de pago.

Siendo asi las cosas, se ha convenido celebrar el presente ACUERDO

DE PAGO, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El valor del presunto detrimento patrimonial, asciende a la

suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L ($5.537,436) suma

que se comprometen a cancelar de la siguiente forma:

La primera cuota por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

($950.000), que será cancelada el 19 de Noviembre de 2018.

Las siguientes cuatro cuotas por valor cada una de NOVECIENTOS

CINCUENTA MIL PESOS ($950.000), que será canceladas los días 19

de Diciembre de 2018, 19 de Enero de 2019, 19 de Febrero de 2019 y 19

de Marzo de 2019.

A su vez, la última cuota será cancelada el día 19 de Abril de 2019, la

cual tendrá un valor de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (787.436)

A folios 430 y 435 del expediente se evidencia lo siguiente, lo cual determina que el

dinero efectivamente ingreso al municipio de La Pintada- Antioquia:

En consecuencia se hace innecesario continuar con el análisis de los demás

elementos de la responsabilidad en tanto se deberá cesar la acción fiscal y dar

por terminado de manera anticipada el proceso de responsabilidad fiscal en

aplicación a lo ordenado en el artículo 111 de la Ley 1474 de 2011 así:

“ARTÍCULO 111. PROCEDENCIA DE LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN

FISCAL. En el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal únicamente

procederá la terminación anticipada de la acción cuando se acredite el

pago del valor del detrimento patrimonial que está siendo investigado o

por el cual se ha formulado imputación o cuando se haya hecho el reintegro

de los bienes objeto de la pérdida investigada o imputada. Lo anterior sin

perjuicio de la aplicación del principio de oportunidad.” (Negrillas y resaltado

del Despacho)

La ley 610 de 2000, también determina lo siguiente:

Artículo 16. Cesación de la acción fiscal. En cualquier estado de la indagación

preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procederá el archivo del

expediente cuando se establezca que la acción fiscal no podía iniciarse o

proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción, cuando se

demuestre que el hecho no existió o que no es constitutivo de daño patrimonial

al Estado o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, o se acredite la operancia

de una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparezca demostrado que

el daño investigado ha sido resarcido totalmente.

Siendo así las cosas no se hace necesario continuar con la el proceso 051-2014 de

responsabilidad fiscal. Significa lo anterior, que para proferir fallo con

responsabilidad fiscal al interior del proceso 051-2014, se hace necesario que se

encuentren acreditados los elementos de la responsabilidad fiscal, entre los cuales

se detalla “el daño patrimonial”, tal cual lo establece el artículo 5° de la precitada ley

610 de 2000, en tanto no se demuestren conjuntamente los tres elementos se debe

proceder conforme el artículo 47 de la citada ley.

Ahora bien, para que el gestor Fiscal sea declarado responsable fiscalmente, se

hace necesario que se configuren de manera conjunta los tres elementos

plasmados en el artículo 5° de la ley 610 de 2000, los cuales a saber son:

Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal

estará integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa

atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al

Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

En consecuencia, el suscrito Contralor Auxiliar comisionado, dado que no hay

certeza del daño, no considera necesario ahondar en mayores pesquisas, en tanto

considera que hay suficiente ilustración sobre el hecho investigado, en aplicación

de artículo 3°numeral 12 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que reza “En virtud del principio

de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia,

optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel

de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.”

La Responsabilidad Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos públicos y se

configura a partir de la concurrencia de los siguientes elementos:

- Un daño patrimonial al Estado

- Una conducta dolosa o gravemente culposa, atribuible a una persona que

realiza Gestión Fiscal, (activa u omisiva). De conformidad con la Sentencia C-

619 de 2002, sólo puede endilgarse Responsabilidad Fiscal a un Gestor Fiscal,

cuando ha actuado con culpa grave o dolosa.

- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

El Artículo 4º de la Ley 610 de 2000, establece que el objeto de la Responsabilidad

Fiscal, es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como

consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan Gestión Fiscal

mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio

sufrido por la respectiva entidad estatal, teniendo en cuenta el cumplimiento de los

principios rectores de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal.

En virtud de lo anterior, el daño debe ser generado por el ejercicio de una Gestión

Fiscal antieconómica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quien administre, maneje

o recaude fondos o dineros públicos, respecto de cuyos verbos rectores debe

centrarse el título y grado de Responsabilidad Fiscal.

De conformidad con la Sentencia C-619 de 2002, solo puede endilgarse

Responsabilidad Fiscal a un Gestor Fiscal, cuando ha actuado con culpa grave o

dolosa.

Doctrinariamente se ha dicho que se actúa con culpa, cuando existe un

comportamiento voluntario en una actuación cuyo resultado es antijurídico;

interviene entonces la facultad volitiva del agente y por ende se actúa

conscientemente. O sea, cuando el autor no prevé el daño que pueda causarse con

un acto suyo, pero hubiera podido preverlo dado su desarrollo mental y

conocimiento de los hechos. La capacidad de prever no se relaciona con los

conocimientos individuales de cada persona, sino con los que le son exigidos para

desempeñar determinado oficio o profesión.

Ahora, según el Artículo 1º de la Ley 610 de 2000, el Proceso de Responsabilidad

Fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las

contralorías, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los

servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal

o con ocasión de ésta, causen por acción o por omisión, y en forma dolosa o

culposa, un daño patrimonial al Estado.

La misma Ley 610 de 2000, en su Artículo 3, define lo que ha de entenderse por

gestión fiscal: “Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto

de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y

las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos,

tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración,

custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición

de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en

orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad,

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad

y valoración de los costos ambientales” .

La jurisprudencia constitucional ha definido la gestión fiscal como: “el concepto que

alude a la administración o manejo de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas etapas

de recaudo o percepción, conservación, adquisición, enajenación, gasto, inversión y

disposición...” (Corte Constitucional Sentencia C-529 de 1993, M. P: Eduardo

Cifuentes Muñoz).

El Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, además de definir el daño que puede

ocasionarse al Estado, a la luz de los procesos de responsabilidad fiscal de

competencia de las Contralorías, enuncia así mismo quiénes son los agentes que

con ocasión de la gestión fiscal que ejercen pueden llegar a causar el detrimento

patrimonial que como ya se anotó pueden ser servidores públicos o particulares.

La Corte constitucional, en sentencia C-840-01, refiriéndose al Artículo 3 de la Ley

610 de 2000, manifestó: “... se trata de una definición que comprende las actividades

económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de quienes

tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al

tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales

del Estado conforme a unos principios que militan como basamento, prosecución y sentido

teleológico de las respectivas atribuciones y facultades. Escenario dentro del cual discurren,

entre otros, el ordenador del gasto, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el

jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de la caja menor, y por supuesto

los particulares que tengan capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario

público puestos a su cargo. Siendo patente que en la medida en que los particulares

asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben someterse a esos principios que de

ordinario son predicables de los servidores públicos, a tiempo que contribuyen directa o

indirectamente en la concreción de los fines del Estado.

Para finalizar y realizando una valoración de los distintos elementos de convicción

que obran en el expediente y que fueran reseñados en el presente auto, estima el

Despacho que los investigados en el ejercicio de la gestión fiscal, no causaron daño

al patrimonio público, o sea no se materializó el elemento principalísimo “DAÑO”

que exige la ley 610 de 2000, para endilgar responsabilidad fiscal, y mucho menos

se evidencia una actuación administrativa a titulo de culpa grave.

Es decir, observa el Despacho que si eventualmente se hubiese presentado una

falla en la conducta de los funcionarios investigados, no podría predicarse que fue

producto de una grave negligencia, de una actuar temerario o un error inexcusable

por lo que se trae a colación nuevamente lo dicho por el Consejo de Estado: “no

cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su

responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla.1

Finalmente, como norma rectora a tener en cuenta en la decisión a tomar frente al

proceso 051 de 2014, es el artículo 47 de la precitada ley, el cual establece que

habrá lugar a proferir auto de Archivo cuando se pruebe que el hecho no existió,

que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de

gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una

causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía

iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la

misma.

En consecuencia, se dispondrá el Archivo por el Hecho Único proferido en el Auto

de Apertura 037 del 20 de Agosto de 2015 el Proceso de Responsabilidad Fiscal

051 de 2014, adelantado en el municipio de La Pintada- Antioquia a favor de:

Nombre : Pablo de Jesús Cano Pulgarín Cédula : 15.338.783 Cargo : Alcalde Período : 2008 – 2011 Nombre : León Jairo Alzate Ruiz Cédula : 98.454.186 Cargo : Secretario de Hacienda Período : Abril 18 de 2008 a diciembre 31 de 2011 Nombre : Rodrigo Garcia Londoño Cédula : 15.333.102 Cargo : Alcalde Período : 2012 - 2015

1 Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, expediente 30226).

vinculados para la época de los hechos, en la suma de CINCO MILLONES

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS

PESOS M.L ($5.537,436) concluyendo que no es dable continuar con un proceso

en el cual falta uno de los elementos de la responsabilidad fiscal, de conformidad

con el Artículo 47 de la Ley 610 de 2000, que preceptúan:

ARTÍCULO 47. Auto de archivo. “Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se

pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial no

comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o

la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la

acción no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción

de la misma”. (Negrita fuera de texto).

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

Al proceso de responsabilidad fiscal 051 de 2014, se encuentra vinculado en calidad

de tercero civilmente responsable:

COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. NIT No.890.903.407.9, por la

póliza Multirriesgo Manejo Global 0021646-8, con una vigencia desde el 20 de mayo

de 2008 al 20 de mayo de 2009, por valor de $10.000.000. (F. 88);

Renovada, según póliza 0021646-8, con vigencia desde el 20 de mayo de 2010 al

20 de mayo de 2011 por valor de $10.000.000. (F. 90).

Renovada desde el 20 de mayo de 2011 hasta el 20 de mayo de 2012 por valor de

$10.000.000. (F. 91).

Por lo expuesto en los acápites anteriores, la Contraloría Auxiliar de

Responsabilidad Fiscal,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer la CESACION DE LA ACCION FISCAL por pago

del Proceso de Responsabilidad Fiscal 051 de 2014, adelantado en el Municipio de

La Pintada- Antioquia, a favor de las siguientes personas:

Nombre : Pablo de Jesús Cano Pulgarín Cédula : 15.338.783 Cargo : Alcalde Período : 2008 – 2011 Nombre : León Jairo Alzate Ruiz Cédula : 98.454.186 Cargo : Secretario de Hacienda Período : Abril 18 de 2008 a diciembre 31 de 2011 Nombre : Rodrigo Garcia Londoño Cédula : 15.333.102 Cargo : Alcalde Período : 2012 - 2015

en la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L ($5.537,436), por las razones

enunciadas en la parte considerativa de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Desvincular como tercero civilmente responsable en el

proceso de responsabilidad fiscal 051-14, a la compañía de seguros Compañía

aseguradora:

COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. NIT No.890.903.407.9, por la

póliza Multirriesgo Manejo Global 0021646-8, con una vigencia desde el 20 de mayo

de 2008 al 20 de mayo de 2009, por valor de $10.000.000. (F. 88);

Renovada, según póliza 0021646-8, con vigencia desde el 20 de mayo de 2010 al

20 de mayo de 2011 por valor de $10.000.000. (F. 90).

Renovada desde el 20 de mayo de 2011 hasta el 20 de mayo de 2012 por valor de

$10.000.000. (F. 91).

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de esta providencia una vez en firme para su

conocimiento al municipio de La Pintada- Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar por Estado, de conformidad con el artículo 106 y

112 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta Providencia, remitir el expediente al Despacho

del señor Contralor General de Antioquia, a efecto de que se surta el Grado de

Consulta respecto de la decisión adoptada en el mismo, acorde con lo dispuesto en

el artículo 18 de la Ley 610 de 2000.

ARTICULO QUINTO: Una vez notificado el presente Auto, enviar el expediente y

sus anexos al Archivo General de la Contraloría General de Antioquia para su

conservación y custodia conforme a la Tabla de Retención Documental.

NOTIFÍQUESE, CONSÚLTESE Y CÚMPLASE.

HECTOR JAIME GUERRA LEON

Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

SEBASTIAN GIL VELASQUEZ

Contralor Auxiliar Comisionado

Reviso. Martha Ligia Mejía Jaramillo- Contralora Auxiliar.