TTULO I

ELEMENTOS

CONSTITUTIVOS

DEL ESTADO

Captulo Primero

Principios fundamentales

Captulo Segundo

Ciudadanas y ciudadanos

TTULO II

DERECHOS

Captulo Primero

Principios de aplicacin

de los derechos

Captulo Segundo

Derechos del buen vivir

Captulo Tercero

Derechos de las personas

y grupos de atencin prioritaria

Captulo Cuarto

Derechos de las comunidades,

pueblos y nacionalidades

Captulo Quinto

Derechos de participacin

Captulo Sexto

Derechos de libertad

Captulo Sptimo

Derechos de la naturaleza

Captulo Octavo

Derechos de proteccin

Captulo Noveno

Responsabilidades

TTULO III

GARANTAS

CONSTITUCIONALES

Captulo Primero

Garantas normativas

Captulo Segundo

Polticas pblicas, servicios

pblicos y participacin

ciudadana

Captulo Tercero

Garantas jurisdiccionales

Pg. 4

Pg. 4

Pg. 5

Pg. 5

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Pg. 25

Pg. 25

Pg. 26

Pg. 26

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Pg. 28

Pg. 28

TTULO IV

PARTICIPACINY

ORGANIZACIN

DEL PODER

Captulo Primero

Participacin en democracia

Captulo Segundo

Funcin Legislativa

Captulo Tercero

Funcin Ejecutiva

Captulo Cuarto

Funcin Judicial

y justicia indgena

Captulo Quinto

Funcin de Transparencia

y Control Social

Captulo Sexto

Funcin Electoral

Captulo Sptimo

Administracin pblica

TTULO V

ORGANIZACIN

TERRITORIALDEL

ESTADO

Captulo Primero

Principios generales

Captulo Segundo

Organizacin del territorio

Captulo Tercero

Gobiernos autnomos

descentralizados y

regmenes especiales

Captulo Cuarto

Rgimen de competencias

Captulo Quinto

Recursos econmicos

TTULO VI

RGIMENDEDESARROLLO

Captulo Primero

Principios generales

Captulo Segundo

Planificacin participativa

para el desarrollo

Pg. 28

Pg. 29

Pg. 31

Pg. 31

Pg. 33

Pg. 37

Pg. 38

Pg. 38

Pg. 39

Pg. 39

Pg. 40

Pg. 40

Pg. 41

Pg. 42

Pg. 42

Pg. 44

Captulo Tercero

Soberana alimentaria

Captulo Cuarto

Soberana econmica

Captulo Quinto

Sectores estratgicos, servicios

y empresas pblicas

Captulo Sexto

Trabajo y produccin

TTULO VII

RGIMENDELBUENVIVIR

Captulo Primero

Inclusin y equidad

Captulo Segundo

Biodiversidad y recursos naturales

TTULO VIII

RELACIONES

INTERNACIONALES

Captulo Primero

Principios de las relaciones

internacionales

Captulo Segundo

Tratados e instrumentos

internacionales

Captulo Tercero

Integracin latinoamericana

TTULO IX

SUPREMACADE

LACONSTITUCIN

Captulo Primero

Principios

Captulo Segundo

Corte Constitucional

Captulo Tercero

Reforma de la Constitucin

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICINDEROGATORIA

RGIMENDE TRANSICIN

DISPOSICIN FINAL

ndice

PREMBULO

NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador

RECONOCIENDO nuestras races milenarias, forjadas por mujeres

y hombres de distintos pueblos,

CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte

y que es vital para nuestra existencia,

INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas

de religiosidad y espiritualidad,

APELANDO a la sabidura de todas las culturas que nos enriquecen

como sociedad,

COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberacin frente a todas

las formas de dominacin y colonialismo,

Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro,

Decidimos construir

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armona con

la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;

Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la diginidad de las

personas y las colectividades;

Un pas democrtico, comprometido con la integracin latinoamericana

sueo de Bolvar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos

de la tierra; y,

En ejercicio de nuestra soberana, en Ciudad Alfaro, Montecristi,

provincia de Manab, nos damos la presente.

4Pgina de 48

reconocidos por el Ecuador con pre-

sencia en las zonas de frontera.

Art. 8.- Son ecuatorianas y ecuatoria-

nos por naturalizacin las siguientes

personas:

1. Las que obtengan la carta de natu-

ralizacin.

2. Las extranjeras menores de edad

adoptadas por una ecuatoriana o

ecuatoriano, que conservarn la na-

cionalidad ecuatoriana mientras no

expresen voluntad contraria.

3. Las nacidas en el exterior de madre

o padre ecuatorianos por naturaliza-

cin, mientras aqullas sean menores

de edad; conservarn la nacionalidad

ecuatoriana si no expresan voluntad

contraria.

4. Las que contraigan matrimonio o

mantengan unin de hecho con una

ecuatoriana o un ecuatoriano, de

acuerdo con la ley.

5. Las que obtengan la nacionalidad

ecuatoriana por haber prestado servi-

cios relevantes al pas con su talento o

esfuerzo Individual.

Quienes adquieran la nacionalidad

ecuatoriana no estarn obligados a

renunciar a su nacionalidad de origen.

La nacionalidad ecuatoriana adquirida

por naturalizacin se perder por re-

nuncia expresa.

Art. 9.- Las personas extranjeras

que se encuentren en el territorio

ecuatoriano tendrn los mismos de-

rechos y deberes que las ecuatoria-

nas, de acuerdo con la Constitucin.

Estado ecuatoriano ejercer derechos

sobre los segmentos correspondientes

de la rbita sincrnica geoestacionaria,

los espacios martimos y la Antrtida.

Art. 5.- El Ecuador es un territorio de

paz. No se permitir el establecimien-

to de bases militares extranjeras ni de

instalaciones extranjeras con propsi-

tos militares.

Se prohbe ceder bases militares na-

cionales a fuerzas armadas o de segu-

ridad extranjeras.

Captulo segundo

Ciudadanas y ciudadanos

Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los

ecuatorianos son ciudadanos y goza-

rn de los derechos establecidos en la

Constitucin.

La nacionalidad ecuatoriana es el

vnculo jurdico poltico de las perso-

nas con el Estado, sin perjuicio de su

pertenencia a alguna de las naciona-

lidades indgenas que coexisten en el

Ecuador plurinacional.

La nacionalidad ecuatoriana se obten-

dr por nacimiento o por naturalizacin

y no se perder por el matrimonio o su

disolucin, ni por la adquisicin de otra

nacionalidad.

Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatoria-

nos por nacimiento:

1. Las personas nacidas en el Ecua-

dor.

2. Las personas nacidas en el extran-

jero de madre o padre nacidos en el

Ecuador; y sus descendientes hasta el

tercer grado de consanguinidad.

3. Las personas pertenecientes a co-

munidades, pueblos o nacionalidades

2. Garantizar y defender la soberana na-

cional.

3. Fortalecer la unidad nacional en la

diversidad.

4. Garantizar la tica laica como sus-

tento del quehacer pblico y el ordena-

miento jurdico.

5. Planificar el desarrollo nacional,

erradicar la pobreza, promover el de-

sarrollo sustentable y la redistribucin

equitativa de los recursos y la riqueza,

para acceder al buen vivir.

6. Promover el desarrollo equitativo y

solidario de todo el territorio, mediante

el fortalecimiento del proceso de auto-

nomas y descentralizacin.

7. Proteger el patrimonio natural y cul-

tural del pas.

8. Garantizar a sus habitantes el dere-

cho a una cultura de paz, a la seguri-

dad integral y a vivir en una sociedad

democrtica y libre de corrupcin.

Art. 4.- El territorio del Ecuador consti-

tuye una unidad geogrfica e histrica

de dimensiones naturales, sociales y

culturales, legado de nuestros antepa-

sados y pueblos ancestrales.

Este territorio comprende el espacio

continental y martimo, las islas adya-

centes, el mar territorial, el Archipilago

de Galpagos, el suelo, la plataforma

submarina, el subsuelo y el espacio

suprayacente continental, insular y

martimo.

Sus lmites son los determinados por

los tratados vigentes. El territorio del

Ecuador es inalienable, irreductible e

inviolable. Nadie atentar contra la uni-

dad territorial ni fomentar la secesin.

La capital del Ecuador es Quito. El

TTULO I

ELEMENTOS

CONSTITUTIVOS

DEL ESTADO

Captulo Primero

Principios fundamentales

Art. 1.- El Ecuador es un Estado cons-

titucional de derechos y justicia,social,

democrtico, soberano, independien-

te, unitario, intercultural, plurinacional y

laico. Se organiza en forma de repbli-

ca y se gobierna de manera descen-

tralizada.

La soberana radica en el pueblo,

cuya voluntad es el fundamento de

la autoridad, y se ejerce a travs

de los rganos del poder pblico y

de las formas de participacin di-

recta previstas en la Constitucin.

Los recursos naturales no renovables

del territorio del Estado pertenecen a

su patrimonio inalienable, irrenunciable

e imprescriptible.

Art. 2.- La bandera, el escudo y el him-

no nacional, establecidos por la ley,

son los smbolos de la patria.

El castellano es el idioma oficial del

Ecuador; el castellano, el kichwa y el

shuar son idiomas oficiales de relacin

intercultural.

Los dems idiomas ancestrales son de

uso oficial para los pueblos indgenas

en las zonas donde habitan y en los

trminos que fija la ley.

El Estado respetar y estimular su

conservacin y uso.

Art. 3.- Son deberes primordiales del

Estado:

1. Garantizar sin discriminacin algu-

na el efectivo goce de los derechos

establecidos en la Constitucin y

en los instrumentos internacionales,

en particular la educacin, la salud,

la alimentacin, la seguridad so-

cial y el agua para sus habitantes.

Constitucin Poltica del Ecuador

5Pgina de 48

En la nueva Constitucin tenemos derechosms amplios y completos,

se fortalecen los derechos civiles, econmicos, sociales y colectivos

generandomayores garantas para su cumplimiento, conmecanismos

ms efectivos y acceso a recursos econmicos.

TTULO II

DERECHOS

Captulo Primero

Principios de aplicacin

de los derechos

Art. 10.- Las personas, comunidades,

pueblos, nacionalidades y colectivos

son titulares y gozarn de los dere-

chos garantizados en la Constitucin

y en los instrumentos internacionales.

La naturaleza ser sujeto de aquellos

derechos que le reconozca la Consti-

tucin.

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se

regir por los siguientes principios:

1. Los derechos se podrn ejercer,

promover y exigir de forma individual o

colectiva ante las autoridades compe-

tentes; estas autoridades garantizarn

su cumplimiento.

2. Todas las personas son iguales y

gozaran de los mismos derechos, de-

beres y oportunidades.

Nadie podr ser discriminado por

razones de etnia, lugar de nacimien-

to, edad, sexo, identidad de gnero,

identidad cultural, estado civil, idioma,

religin, ideologa, filiacin poltica, pa-

sado judicial, condicin socio-econ-

mica, condicin migratoria, orientacin

sexual, estado de salud, portar VIH,

discapacidad, diferencia fsica; ni por

cualquier otra distincin, personal o

colectiva, temporal o permanente, que

tenga por objeto o resultadomenosca-

bar o anular el reconocimiento, goce o

ejercicio de los derechos. La ley san-

cionar toda forma de discriminacin.

El Estado adoptar medidas de accin

afirmativa que promuevan la igualdad

real en favor de los titulares de dere-

chos que seencuentren en situacin

de desigualdad.

3. Los derechos y garantas estableci-

dos en la Constitucin y en los instru-

mentos internacionales de derechos

humanos sern de

directa e inmediata aplicacin por y

ante cualquier servidora o servidor p-

blico, administrativo o judicial, de ofi-

cio o a peticin de parte.

Para el ejercicio de los derechos y las

garantas constitucionales no se exi-

girn condiciones o requisitos que no

estn establecidos en la Constitucin

o la ley.

Los derechos sern plenamente justi-

ciables. No podr alegarse falta de nor-

ma jurdica para justificar su violacin

o desconocimiento, para desechar la

accin por esos hechos ni para negar

su reconocimiento.

4. Ninguna norma jurdica podr res-

tringir el contenido de los derechos ni

de las garantas constitucionales.

5. En materia de derechos y garantas

constitucionales, las servidoras y ser-

vidores pblicos, administrativos o ju-

diciales, debern aplicar la norma y la

interpretacin que ms favorezcan su

efectiva vigencia.

6. Todos los principios y los derechos

son inalienables, irrenunciables, indi-

visibles, interdependientes y de igual

jerarqua.

7. El reconocimiento de los derechos

y garantas establecidos en la Consti-

tucin y en los instrumentos interna-

cionales de derechos humanos, no

excluir los dems derechos derivados

de la dignidad de las personas, comu-

nidades, pueblos y nacionalidades,

que sean necesarios para su pleno

desenvolvimiento.

8. El contenido de los derechos se de-

sarrollar de manera progresiva a tra-

vs de las normas, la jurisprudencia y

las polticas pblicas. El Estado gene-

rar y garantizar las condiciones ne-

cesarias para su pleno reconocimiento

y ejercicio.

Ser inconstitucional cualquier accin

u omisin de carcter regresivo que

disminuya, menoscabe o anule injus-

tificadamente el ejercicio de los dere-

chos.

9. El ms alto deber del Estado consis-

te en respetar y hacer respetar los de-

rechosgarantizadosen laConstitucin.

El Estado, sus delegatarios, concesio-

narios y toda persona que acte en

ejercicio de una potestad pblica, es-

tarn obligados a reparar las violacio-

nes a los derechos de los particulares

por la falta o deficiencia en la presta-

cin de los servicios pblicos, o por las

acciones u omisiones de sus funcio-

narias y funcionarios, y empleadas y

empleados pblicos en el desempeo

de sus cargos.

El Estado ejercer de forma inmediata

el derecho de repeticin encontra de

las personas responsables del dao

producido, sin perjuicio de las respon-

sabilidades civiles, penales y adminis-

trativas.

El Estado ser responsable por deten-

cin arbitraria, error judicial, retardo

injustificado o inadecuada administra-

cin de justicia, violacin del derecho a

la tutela judicial efectiva, y por las vio-

laciones de los principios y reglas del

debido proceso.

Cuando una sentencia condenatoria

sea reformada o revocada, el Estado

reparar a la persona que haya sufrido

pena como resultado de tal sentencia

y, declarada la responsabilidad por

tales actos de servidoras o servido-

res pblicos, administrativos o judi-

ciales, se repetir en contra de ellos.

Captulo Segundo

Derechos del buen vivir

Seccin primera

Agua y alimentacin

Art. 12.- El derecho humano al agua es

fundamental e irrenunciable. El agua

constituye patrimonio nacional estra-

tgico de uso pblico, inalienable, im-

prescriptible, inembargable y esencial

para la vida.

Art. 13.- Las personas y colectivida-

des tienen derecho al acceso segu-

ro y permanente a alimentos sanos,

suficientes y nutritivos; preferente-

mente producidos a nivel local y en

correspondencia con sus diversas

identidades y tradiciones culturales.

El Estado ecuatoriano promover la

soberana alimentaria.

Seccin segunda

Ambiente sano

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la

poblacin a vivir en un ambiente sano

y ecolgicamente equilibrado, que ga-

rantice la sostenibilidad y el buen vivir,

sumak kawsay.

Se declara de inters pblico la pre-

servacin del ambiente, la conserva-

cin de los ecosistemas, la biodiver-

sidad y la integridad del patrimonio

gentico del pas, la prevencin del

dao ambiental y la recuperacin de

los espacios naturales degradados.

Art. 15.- El Estado promover, en

el sector pblico y privado, el uso

de tecnologas ambientalmente lim-

pias y de energas alternativas no

contaminantes y de bajo impacto.

La soberana energtica no se alcan-

zar en detrimento de la soberana

alimentaria, ni afectar el derecho al

agua.

Se prohbe el desarrollo, produccin,

tenencia, comercializacin, importa-

cin, transporte, almacenamiento y

uso de armas qumicas, biolgicas y

nucleares, de contaminantes orgni-

cos persistentes altamente txicos,

agroqumicos internacionalmente pro-

hibidos, y las tecnologas y agentes

biolgicos experimentales nocivos y

organismos genticamente modifica-

dos perjudiciales para la salud humana

o que atenten contra la soberana ali-

mentaria o los ecosistemas, as como

la introduccin de residuos nucleares y

desechos txicos al territorio nacional.

Seccin tercera

Comunicacin e Informacin

Art. 16.- Todas las personas, en forma

individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Una comunicacin libre, intercultu-

ral, incluyente, diversa y participativa,

en todos los mbitos de la interaccin

social, por cualquier medio y forma,

en su propia lengua y con sus propios

smbolos.

2. El acceso universal a las tecnologas

de informacin y comunicacin.

3. La creacin de medios de comuni-

cacin social, y al acceso en igualdad

de condiciones al uso de las frecuen-

cias del espectro radioelctrico para

la gestin de estaciones de radio y

televisin pblicas, privadas y co-

munitarias, y a bandas libres para la

explotacin de redes inalmbricas.

4. El acceso y uso de todas las formas

de comunicacin visual, auditiva, sen-

6Pgina de 48

sorial y a otras que permitan la inclu-

sin de personas con discapacidad.

5. Integrar los espacios de participa-

cin previstos en la Constitucin en el

campo de la comunicacin.

Art. 17.- EI Estado fomentar la plu-

ralidad y la diversidad en la comuni-

cacin, y al efecto:

1. Garantizar la asignacin, a travs

de mtodos transparentes y en igual-

dad de condiciones, de las frecuen-

cias del espectro radioelctrico, para

la gestin de estaciones de radio y

televisin pblicas, privadas y comu-

nitarias, as como el acceso a bandas

libres para la explotacin de redes

inalmbricas, y precautelar que en

su utilizacin prevalezca el inters

colectivo.

2. Facilitar la creacin y el fortaleci-

miento de medios de comunicacin

pblicos, privados y comunitarios, as

como el acceso universal a las tecno-

logas de informacin y comunicacin

en especial para las personas y co-

lectividades que carezcan de dicho

acceso o lo tengan de forma limitada.

3. No permitir el oligopolio o mono-

polio, directo ni indirecto, de la pro-

piedad de los medios de comunica-

cin y del uso de las frecuencias.

Art. 18.- Todas las personas, en for-

ma individual o colectiva, tienen de-

recho a:

1. Buscar, recibir, intercambiar, pro-

ducir y difundir informacin veraz,

verificada, oportuna, contextualizada,

plural, sin censura previa acerca de

los hechos, acontecimientos y proce-

sos de inters general, y con respon-

sabilidad ulterior.

2.Acceder librementea la informacin

generada en entidades pblicas, o en

las privadas que manejen fondos del

Estado o realicen funciones pblicas.

No existir reserva de informacin ex-

cepto en los casos expresamente es-

tablecidos en la ley. En caso de viola-

cina losderechoshumanos,ninguna

entidadpblicanegar la informacin.

Art. 19.- La ley regular la prevalen-

cia de contenidos con fines informa-

tivos, educativos y culturales en la

programacin de los medios de co-

municacin, y fomentar la creacin

de espacios para la difusin de la

produccin nacional independiente.

Se prohbe la emisin de publicidad

que induzca a la violencia, la discri-

minacin, el racismo, la toxicomana,

el sexismo, la intolerancia religiosa

o poltica y toda aquella que atente

contra los derechos.

Art. 20.- El Estado garantizar la clu-

sula de conciencia a toda persona, y

el secreto profesional y la reserva de

la fuente a quienes informen, emitan

sus opiniones a travs de los medios

u otras formas de comunicacin, o

laboren en cualquier actividad de co-

municacin.

Seccin cuarta

Cultura y ciencia

Art. 21.- Las personas tienen dere-

cho a construir y mantener su propia

identidad cultural, a decidir sobre su

pertenencia a una o varias comuni-

dades culturales y a expresar dichas

elecciones; a la libertad esttica; a

conocer la memoria histrica de sus

culturas y a acceder a su patrimonio

cultural; a difundir sus propias ex-

presiones culturales y tener acceso

a expresiones culturales diversas.

No se podr invocar la cultura cuan-

do se atente contra los derechos re-

conocidos en la Constitucin.

Art. 22.- Las personas tienen dere-

cho a desarrollar su capacidad crea-

tiva, al ejercicio digno y sostenido de

las actividades culturales y artsticas,

y a beneficiarse de la proteccin de

los derechos morales y patrimoniales

que les correspondan por las produc-

ciones cientficas, literarias o artsti-

cas de su autora.

Art. 23.- Las personas tienen derecho

a acceder y participar del espacio p-

blico como mbito de deliberacin,

intercambio cultural, cohesin social

y promocin de la igualdad en la di-

versidad.

El derecho a difundir en el espacio

pblico las propias expresiones cul-

turales se ejercer sin ms limitacio-

nes que las que establezca la ley, con

sujecin a los principios constitucio-

nales.

Art. 24.- Las personas tienen derecho

a la recreacin y al esparcimiento, a la

prctica del deporte y al tiempo libre.

Art. 25.- Las personas tienen dere-

cho a gozar de los beneficios y apli-

caciones del progreso cientfico y de

los saberes ancestrales.

Seccin quinta

Educacin

Art. 26.- La educacin es un derecho

de las personas a lo largo de su vida y

un deber ineludible e inexcusable del

Estado. Constituye un rea prioritaria

de la poltica pblica y de la inversin

estatal, garanta de la igualdad e in-

clusin social y condicin indispen-

sable para el buen vivir.

Las personas, las familias y la socie-

dad tienen el derecho y la respon-

sabilidad de participar en el proceso

educativo.

Art. 27.- La educacin se centrar en

el ser humano y garantizar su desa-

rrollo holstico, en el marco del respe-

to a los derechos humanos, al medio

ambiente sustentable y a la demo-

cracia; ser participativa, obligatoria,

intercultural, democrtica, incluyente

y diversa, de calidad y calidez; impul-

sar la equidad de gnero, la justicia,

la solidaridad y la paz; estimular el

sentido crtico, el arte y la cultura f-

sica, la iniciativa individual y comuni-

taria, y el desarrollo de competencias

y capacidades para crear y trabajar.

La educacin es indispensable para

el conocimiento, el ejercicio de los

derechos y la construccin de un

pas soberano, y constituye un eje es-

tratgico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educacin responder

al inters pblico y no estar al ser-

vicio de intereses individuales y cor-

porativos. Se garantizar el acceso

universal, permanencia, movilidad y

egreso sin discriminacin alguna y la

obligatoriedad en el nivel inicial, b-

sico y bachillerato o su equivalente.

Es derecho de toda persona y comu-

nidad interactuar entre culturas y par-

ticipar en una sociedad que aprende.

El Estado promover el dilogo inter-

cultural en sus mltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollar de for-

ma escolarizada y no escolarizada.

La educacin pblica ser universal y

laica en todos sus niveles, y gratuita

hasta el tercer nivel de educacin su-

perior inclusive.

Art. 29.- EI Estado garantizar la li-

bertad de enseanza, la libertad de

ctedra en la educacin superior, y el

derecho de las personas de aprender

en su propia lengua y mbito cultural.

Las madres y padres o sus represen-

tantes tendrn la libertad de escoger

para sus hijas e hijos una educacin

acorde con sus principios, creencias

y opciones pedaggicas.

Seccin sexta

Hbitat y vivienda

Art. 30.- Las personas tienen dere-

cho a un hbitat seguro y saludable, y

a una vivienda adecuada y digna, con

independencia de su situacin social

y econmica.

Art. 31.- Las personas tienen derecho

al disfrute pleno de la ciudad y de sus

espacios pblicos, bajo los principios

de sustentabilidad, justicia social, res-

peto a las diferentes culturas urbanas

y equilibrio entre lo urbano y lo rural.

El ejercicio del derecho a la ciudad se

basa en la gestin democrtica de

sta, en la funcin social y ambiental

de la propiedad y de la ciudad, y en

el ejercicio pleno de la ciudadana.

Seccin sptima

Salud

Art. 32.- La salud es un derecho que

garantiza el Estado, cuya realizacin

se vincula al ejercicio de otros dere-

chos, entre ellos el derecho al agua, la

alimentacin, la educacin, la cultura

fsica, el trabajo, la seguridad social,

los ambientes sanos y otros que sus-

tentan el buen vivir.

El Estado garantizar este derecho

mediante polticas econmicas, so-

ciales, culturales, educativas y am-

bientales; y el acceso permanente,

oportuno y sin exclusin aprogramas,

acciones y servicios de promocin

y atencin integral de salud, salud

sexual y salud reproductiva. La pres-

tacin de los servicios de salud se

regir por los principios de equidad,

universalidad, solidaridad, intercultu-

ralidad, calidad, eficiencia, eficacia,

precaucin y biotica, con enfoque

de genero y generacional.

Seccin octava

Trabajo y seguridad social

Art. 33.- El trabajo es un derecho y

un deber social, y un derecho eco-

nmico, fuente de realizacin per-

sonal y base de la economa. El

Estado garantizar a las personas

trabajadoras el pleno respeto a su

dignidad, una vida decorosa, remu-

neraciones y retribuciones justas y el

desempeo de un trabajo saludable

y libremente escogido o aceptado.

Art. 34.- EI derecho a la seguridad

social es un derecho irrenunciable

detodas las personas, y ser deber

y responsabilidad primordial del Es-

tado.

La seguridad social se regir por los

principios de solidaridad, obligato-

riedad, universalidad, equidad, efi-

ciencia, subsidiaridad, suficiencia,

transparencia y participacin, para

la atencin de las necesidades indi-

viduales y colectivas.

El Estadogarantizar yharefectivoel

ejercicio pleno del derecho a laseguri-

dad social, que incluye a las personas

que realizan trabajono remuneradoen

los hogares, actividades para el auto

sustento en el campo, toda forma de

trabajo autnomo y a quienes se en-

cuentran en situacin de desempleo.

Captulo Tercero

Derechos de las personas

y grupos de atencin

prioritaria

Art. 35.- Las personas adultas ma-

yores, nias, nios y adolescentes,

mujeres embarazadas, personas con

discapacidad, personas privadas de

libertad y quienes adolezcan de en-

fermedades catastrficas o de alta

complejidad, recibirn atencin prio-

ritaria y especializada en los mbitos

pblico y privado.

Lamismaatencinprioritaria recibirn

las personas en situacin de riesgo,

las vctimas de violencia domstica

y sexual, maltrato infantil, desastres

naturales o antropognicos.

El Estado prestar especial protec-

cin a las personas en condicin de

doble vulnerabilidad.

Seccin primera

Adultas y adultos mayores

Art. 36.- Las personas adultas ma-

yores recibirn atencin prioritaria y

especializada en los mbitos pblico

y privado, en especial en los cam-

pos de inclusin social y econmi-

ca, y proteccin contra la violencia.

7Pgina de 48

Se considerarn personas adultas

mayores aquellas personas que ha-

yan cumplido los sesenta y cinco

aos de edad.

Art. 37.- El Estado garantizar a las

personas adultas mayores los si-

guientes derechos:

1. La atencin gratuita y especializa-

da de salud, as como el acceso gra-

tuito a medicinas.

2. El trabajo remunerado, en funcin

de sus capacidades, para lo cual to-

mar en cuenta sus limitaciones.

3. La jubilacin universal.

4. Rebajas en los servicios pblicos y

en servicios privados de transporte y

espectculos.

5. Exenciones en el rgimen tributa-

rio.

6. Exoneracin del pago por costos

notariales y registrales, de acuerdo

con la ley.

7. El acceso a una vivienda que ase-

gure una vida digna, con respeto a su

opinin y consentimiento.

Art. 38.- El Estado establecer pol-

ticas pblicas y programas de aten-

cin a las personas adultas mayores,

que tendrn en cuenta las diferencias

especficas entre reas urbanas y ru-

rales, las inequidades de gnero, la

etnia, la cultura y las diferencias pro-

pias de las personas, comunidades,

pueblos y nacionalidades; asimismo,

fomentar el mayor grado posible de

autonoma personal y participacin

en la definicin y ejecucin de estas

polticas.

En particular, el Estado tomar medi-

das de:

1. Atencin en centros especializados

que garanticen su nutricin, salud,

educacin y cuidado diario, en un

marco de proteccin integral de dere-

chos. Se crearn centros de acogida

para albergar a quienes no puedan

ser atendidos por sus familiares o

quienes carezcan de un lugar donde

residir de forma permanente.

2. Proteccin especial contra cual-

quier tipo de explotacin laboral o

econmica. El Estado ejecutar polti-

casdestinadasafomentar laparticipa-

cin y el trabajo de las personas adul-

tas mayores en entidades pblicas y

privadas para que contribuyan con su

experiencia, y desarrollar programas

de capacitacin laboral, en funcin

de su vocacin y sus aspiraciones.

3. Desarrollo de programas y polticas

destinadas a fomentar su autonoma

personal, disminuir su dependencia y

conseguir su plena integracin social.

4. Proteccin y atencin contra todo

tipo de violencia, maltrato, explota-

cin sexual o de cualquier otra ndole,

o negligencia que provoque tales si-

tuaciones.

5. Desarrollo de programas destina-

dos a fomentar la realizacin de ac-

tividades recreativas y espirituales.

6. Atencin preferente en casos de

desastres, conflictos armados y todo

tipo de emergencias.

7. Creacin de regmenes especiales

para el cumplimiento de medidas pri-

vativas de libertad.

En caso de condena a pena priva-

tiva de libertad, siempre que no se

apliquen otras medidas alternativas,

cumplirn su sentencia en centros

adecuados para el efecto, y en caso

de prisin preventiva se sometern a

arresto domiciliario.

8. Proteccin, cuidado y asistencia

especial cuando sufran enfermeda-

des crnicas o degenerativas.

9. Adecuada asistencia econmica y

psicolgica que garantice su estabili-

dad fsica y mental.

La ley sancionar el abandono de las

personas adultas mayores por parte

de sus familiares o las instituciones

establecidas para su proteccin.

Seccin segunda

Jvenes

Art. 39.- El Estado garantizar los de-

rechos de las jvenes y los jvenes,

y promover su efectivo ejercicio a

travs de polticas y programas, ins-

tituciones y recursos que aseguren y

mantengan de modo permanente su

participacin e inclusin en todos los

mbitos, en particular en los espacios

del poder pblico.

El Estado reconocer a las jvenes

y los jvenes como actores estra-

tgicos del desarrollo del pas, y les

garantizar la educacin, salud, vi-

vienda, recreacin, deporte, tiempo

libre, libertad de expresin y asocia-

cin. El Estado fomentar su incor-

poracin al trabajo en condiciones

justas y dignas, con nfasis en la

capacitacin, la garanta de acceso

al primer empleo y la promocin de

sus habilidades de emprendimiento.

Seccin tercera

Movilidad humana

Art. 40.- Se reconoce a las personas

el derecho a migrar. No se identificar

ni se considerar a ningn ser huma-

no como ilegal por su condicin mi-

gratoria.

El Estado, a travs de las entidades

correspondientes, desarrollar entre

otras las siguientes acciones para el

ejercicio de los derechos de las per-

sonas ecuatorianas en el exterior,

cualquiera sea su condicin migra-

toria:

1. Ofrecer asistencia a ellas y a sus

familias, ya sea que stas residan en

el exterior o en el pas.

2. Ofrecer atencin, servicios de

asesora y proteccin integral para

que puedan ejercer libremente sus

derechos.

3. Precautelar sus derechos cuan-

do, por cualquier razn, hayan sido

privadas de su libertad en el exterior.

4. Promover sus vnculos con el

Ecuador, facilitar la reunificacin

familiar y estimular el retorno volun-

tario.

5. Mantendr la confidencialidad de

los datos de carcter personal que se

encuentren en los archivos de las ins-

tituciones del Ecuador en el exterior.

6. Proteger las familias transnacio-

nales y los derechos de sus miem-

bros.

Art. 41.- Se reconocen los derechos

de asilo y refugio, de acuerdo con la

ley y los instrumentos internacionales

de derechos humanos. Las personas

que se encuentren en condicin de

asilo o refugio gozarn de proteccin

especial que garantice el pleno ejer-

cicio de sus derechos. El Estado res-

petar y garantizar el principio de no

devolucin, adems de la asistencia

humanitaria y jurdica de emergencia.

No se aplicar a las personas solici-

tantes de asilo o refugio sanciones

penales por el hecho de su ingreso

o de su permanencia en situacin de

irregularidad.

El Estado, de manera excepcional y

cuando lascircunstancias loameriten,

reconocer a un colectivo el estatuto

de refugiado, de acuerdo con la ley.

Art. 42.- Se prohbe todo desplaza-

miento arbitrario. Las personas que

hayan sido desplazadas tendrn

derecho a recibir proteccin y asis-

tencia humanitaria emergente de las

autoridades, que asegure el acceso

a alimentos, alojamiento, vivienda y

servicios mdicos y sanitarios. Las

nias, nios, adolescentes, muje-

res embarazadas, madres con hijas

o hijos menores, personas adultas

mayores y personas con discapa-

cidad recibirn asistencia huma-

nitaria preferente y especializada.

Todas las personas y grupos despla-

zados tienen derecho a retornar a su

lugar de origen de forma voluntaria,

segura y digna.

Seccin cuarta

Mujeres embarazadas

Art. 43.- El Estado garantizar a las

mujeres embarazadas y en periodo

de lactancia los derechos a:

1. No ser discriminadas por su emba-

razo en los mbitos educativo, social

y laboral.

2. La gratuidad de los servicios de sa-

lud materna.

3. La proteccin prioritaria y cuidado

de su salud integral y de su vida du-

rante el embarazo, parto y posparto.

4. Disponer de las facilidades nece-

sarias para su recuperacin despus

del embarazo y durante el periodo de

lactancia.

Seccin quinta

Nias, nios y adolescentes

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la

familia promovern de forma priorita-

ria el desarrollo integral de las nias,

nios y adolescentes, y asegurarn

el ejercicio pleno de sus derechos;

se atender al principio de su inters

superior y sus derechos prevalecern

sobre los de las dems personas.

Las nias, nios y adolescentes ten-

drn derecho a su desarrollo integral,

entendido como proceso de creci-

miento, maduracin y despliegue de

su intelecto y de sus capacidades,

potencialidades y aspiraciones, en un

entorno familiar, escolar, social y co-

munitario de afectividad y seguridad.

Este entorno permitir la satisfaccin

de sus necesidades sociales, afecti-

vo-emocionales y culturales, con el

apoyo de polticas intersectoriales

nacionales y locales.

Art. 45.- Las nias, nios y adoles-

centes gozarn de los derechos co-

munes del ser humano, adems de

los especficos de su edad. El Estado

reconocer y garantizar la vida, in-

cluido el cuidado y proteccin desde

la concepcin.

Las nias, nios y adolescentes tie-

nen derecho a la integridad fsica y

psquica; a su identidad, nombre y

ciudadana; a la salud integral y nu-

tricin; a la educacin y cultura, al

deporte y recreacin; a la seguridad

social; a tener una familia y disfrutar

de la convivencia familiar y comu-

nitaria; a la participacin social; al

respeto de su libertad y dignidad; a

ser consultados en los asuntos que

les afecten; a educarse de mane-

ra prioritaria en su idioma y en los

contextos culturales propios de sus

pueblos y nacionalidades; y a recibir

informacin acerca de sus progenito-

res o familiares ausentes, salvo que

fuera perjudicial para su bienestar.

El Estado garantizar su libertad de

expresin y asociacin, el funciona-

miento libre de los consejos estudian-

tiles y dems formas asociativas.

Art. 46.- El Estado adoptar, entre

otras, las siguientes medidas que

aseguren a las nias, nios y adoles-

centes:

1. Atencin a menores de seis aos,

que garantice su nutricin, salud,

educacin y cuidado diario en un

marco de proteccin integral de sus

derechos.

2. Proteccin especial contra cual-

quier tipo de explotacin laboral o

econmica. Se prohbe el trabajo

de menores de quince aos, y se

implementarn polticas de erradi-

cacin progresiva del trabajo infantil.

El trabajo de las adolescentes y los

8Pgina de 48

adolescentes ser excepcional, y

no podr conculcar su derecho a

la educacin ni realizarse en situa-

ciones nocivas o peligrosas para

su salud o su desarrollo personal.

Se respetar, reconocer y respal-

dar su trabajo y las dems activi-

dades siempre que no atenten a su

formacin y a su desarrollo integral.

3. Atencin preferente para la plena

integracin social de quienes tengan

discapacidad. El Estado garantizar

su incorporacin en el sistema de

educacin regular y en la sociedad.

4. Proteccin y atencin contra

todo tipo de violencia, maltrato,

explotacin sexual o de cualquier

otra ndole, o contra la negligen-

cia que provoque tales situaciones.

5. Prevencin contra el uso de estu-

pefacientes o psicotrpicos y el con-

sumo de bebidas alcohlicas y otras

sustancias nocivas para su salud y

desarrollo.

6. Atencin prioritaria en caso de de-

sastres, conflictos armados y todo

tipo de emergencias.

7. Proteccin frente a la influencia de

programas o mensajes, difundidos a

travs de cualquier medio, que pro-

muevan la violencia, o la discrimina-

cin racial o de gnero. Las polticas

pblicas de comunicacin prioriza-

rn su educacin y el respeto a sus

derechos de imagen, integridad y

los dems especficos de su edad.

Se establecern limitaciones y san-

ciones para hacer efectivos estos

derechos.

8. Proteccin y asistencia especiales

cuando la progenitora o el progenitor,

o ambos, se encuentran privados de

su libertad.

9. Proteccin, cuidado y asistencia

especial cuando sufran enfermeda-

des crnicas o degenerativas.

Seccin sexta

Personas con discapacidad

Art. 47.- El Estado garantizar pol-

ticas de prevencin de las discapa-

cidades y, de manera conjunta con

la sociedad y la familia, procurar la

equiparacin de oportunidades para

las personas con discapacidad y su

integracin social.

Se reconoce a las personas con dis-

capacidad, los derechos a:

1. La atencin especializada en las

entidades pblicas y privadas que

presten servicios de salud para sus

necesidades especficas, que in-

cluir la provisin de medicamentos

de forma gratuita, en particular para

aquellas personas que requieran tra-

tamiento de por vida.

2. La rehabilitacin integral y la asis-

tencia permanente, que incluirn las

correspondientes ayudas tcnicas.

3. Rebajas en los servicios pblicos y

en servicios privados de transporte y

espectculos.

4. Exenciones en el rgimen tributarlo.

5. El trabajo en condiciones de igual-

dad de oportunidades, que fomente

sus capacidades y potencialidades,

a travs de polticas que permitan su

incorporacin en entidades pblicas

y privadas.

6. Una vivienda adecuada, con facili-

dades de acceso y condiciones nece-

sarias para atender su discapacidad

y para procurar el mayor grado de

autonoma en su vida cotidiana. Las

personas con discapacidad que no

puedan ser atendidas por sus fami-

liares durante el da, o que no tengan

donde residir de forma permanente,

dispondrn de centros de acogida

para su albergue.

7. Una educacin que desarrolle

sus potencialidades y habilidades

para su integracin y participa-

cin en igualdad de condiciones.

Se garantizar su educacin dentro

de la educacin regular. Los plan-

teles regulares incorporarn trato

diferenciado y los de atencin es-

pecial la educacin especializada.

Los establecimientos educativos

cumplirn normas de accesibilidad

para personas con discapacidad e

implementarn un sistema de becas

que responda a las condiciones eco-

nmicas de este grupo.

8. La educacin especializada para

las personas con discapacidad inte-

lectual y el fomento de sus capacida-

des mediante la creacin de centros

educativos y programas de ensean-

za especficos.

9. La atencin psicolgica gratuita

para las personas con discapacidad

y sus familias, en particular en caso

de discapacidad intelectual.

10. El acceso de manera adecuada

a todos los bienes y servicios. Se eli-

minarn las barreras arquitectnicas.

11. El acceso a mecanismos, me-

dios y formas alternativas de co-

municacin, entre ellos el lenguaje

de seas para personas sordas,

el oralismo y el sistema braille.

Art. 48.- El Estado adoptar a favor

de las personas con discapacidad

medidas que aseguren:

1. La inclusin social, mediante

planes y programas estatales y pri-

vados coordinados, que fomenten

su participacin poltica, social,

cultural, educativa y econmica.

2. La obtencin de crditos y rebajas

o exoneraciones tributarias que les

permita iniciar y mantener activida-

des productivas, y la obtencin de

becas de estudio en todos los niveles

de educacin.

3. El desarrollo de programas y pol-

ticas dirigidas a fomentar su esparci-

miento y descanso.

4. La participacin poltica, que ase-

gurar su representacin, de acuerdo

con la ley.

5. El establecimiento de programas

especializados para la atencin inte-

gralde laspersonascondiscapacidad

severa y profunda, con el fin de alcan-

zar el mximo desarrollo de su perso-

nalidad, el fomento de su autonoma

y la disminucin de la dependencia.

6. El incentivo y apoyo para proyec-

tos productivos a favor de los familia-

res de las personas con discapacidad

severa.

7. La garanta del pleno ejercicio

de los derechos de las personas

con discapacidad. La ley sanciona-

r el abandono de estas personas,

y los actos que incurran en cual-

quier forma de abuso, trato inhu-

mano o degradante y discrimina-

cin por razn de la discapacidad.

Art. 49.- Las personas y las familias

que cuiden a personas con discapa-

cidad que requieran atencin perma-

nente sern cubiertas por la Seguri-

dad Social y recibirn capacitacin

peridica para mejorar la calidad de

la atencin.

Seccin sptima

Personas con enfermedades catas-

trficas

Art. 50.- El Estado garantizar a toda

persona que sufra de enfermedades

catastrficas o de alta complejidad

el derecho a la atencin especiali-

zada y gratuita en todos los niveles,

de manera oportuna y preferente.

Seccin octava

Personas privadas de libertad

Art. 51.- Se reconoce a las personas

privadas de la libertad los siguientes

derechos:

1. No ser sometidas a aislamiento

como sancin disciplinaria.

2. La comunicacin y visita de sus fa-

miliares y profesionales del derecho.

3. Declarar ante una autoridad judicial

sobre el trato que haya recibido du-

rante la privacin de la libertad.

4. Contar con los recursos huma-

nos y materiales necesarios para

garantizar su salud integral en los

centros de privacin de libertad.

5. La atencin de sus necesidades

educativas, laborales, productivas,

culturales, alimenticias y recreativas.

6. Recibir un tratamiento preferente y

especializado en el caso de las mu-

jeres embarazadas y en periodo de

lactancia, adolescentes, y las perso-

nas adultas mayores, enfermas o con

discapacidad.

7. Contar con medidas de proteccin

para las nias, nios, adolescentes,

personas con discapacidad y perso-

nas adultas mayores que estn bajo

su cuidado y dependencia.

Seccin novena

Personas usuarias y consumidoras

Art. 52.- Las personas tienen de-

recho a disponer de bienes y servi-

cios de ptima calidad y a elegirlos

con libertad, as como a una infor-

macin precisa y no engaosa so-

bre su contenido y caractersticas.

La ley establecer los mecanismos

de control de calidad y los proce-

dimientos de defensa de las con-

sumidoras y consumidores; y las

sanciones por vulneracin de estos

derechos, la reparacin e indem-

nizacin por deficiencias, daos o

mala calidad de bienes y servicios,

y por la interrupcin de los servicios

pblicos que no fuera ocasionada

por caso fortuito o fuerza mayor.

Art. 53.- Las empresas, institu-

ciones y organismos que presten

servicios pblicos debern incor-

porar sistemas de medicin de sa-

tisfaccin de las personas usuarias

y consumidoras, y poner en prctica

sistemas de atencin y reparacin.

El Estado responder civilmente por

los daos y perjuicios causados a las

personas por negligencia y descuido

en la atencin de los servicios pbli-

cos que estn a su cargo, y por la

carencia de servicios que hayan sido

pagados.

Art. 54.- Las personas o entidades

que presten servicios pblicos o que

produzcan o comercialicen bienes de

consumo, sern responsables civil y

penalmente por la deficiente presta-

cin del servicio, por la calidad de-

fectuosa del producto, o cuando sus

condiciones no estn de acuerdo con

la publicidad efectuada o con la des-

cripcin que incorpore.

Las personas sern responsables por

la mala prctica en el ejercicio de su

profesin, arte u oficio, en especial

aquella que ponga en riesgo la inte-

gridad o la vida de las personas.

Art. 55.- Las personas usuarias y

consumidoras podrn constituir aso-

ciaciones que promuevan la informa-

cin y educacin sobre sus derechos,

y las representen y defiendan ante las

autoridades judiciales o administrati-

vas.Para el ejercicio de este u otros

derechos, nadie ser obligado a aso-

ciarse.

Captulo Cuarto

Derechos de las comunida-

des, pueblos y nacionalidades

Art. 56.- Las comunidades, pueblos,

y nacionalidades indgenas, el pueblo

afroecuatoriano, el pueblo montubio

y las comunas forman parte del Es-

tado ecuatoriano, nico e indivisible.

9Pgina de 48

Art. 57.- Se reconoce y garantizar

a las comunas, comunidades, pue-

blos y nacionalidades indgenas, de

conformidad con la Constitucin y

con los pactos, convenios, declara-

ciones y dems instrumentos inter-

nacionales de derechos humanos,

los siguientes derechos colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer

libremente su identidad, sentido de

pertenencia, tradiciones ancestrales

y formas de organizacin social.

2. No ser objeto de racismo y de nin-

guna forma de discriminacin funda-

da en su origen, identidad tnica o

cultural.

3. El reconocimiento, reparacin y

resarcimiento a las colectividades

afectadas por racismo, xenofobia y

otras formas conexas de intolerancia

y discriminacin.

4. Conservar la propiedad imprescrip-

tible de sus tierras comunitarias, que

sern inalienables, inembargables e

indivisibles.

Estas tierras estarn exentas del pago

de tasas e impuestos.

5. Mantener la posesin de las tierras

y territorios ancestrales y obtener su

adjudicacin gratuita.

6. Participar en el uso, usufructo, ad-

ministracin y conservacin de los

recursos naturales renovables que se

hallen en sus tierras.

7. La consulta previa, libre e informa-

da, dentro de un plazo razonable, so-

bre planes y programas de prospec-

cin, explotacin y comercializacin

de recursos no renovables que se en-

cuentren en sus tierras y que puedan

afectarles ambiental o culturalmente;

participar en los beneficios que esos

proyectos reporten y recibir indemni-

zaciones por los perjuicios sociales,

culturales y ambientales que les cau-

sen. La consulta que deban realizar las

autoridades competentes ser obligato-

ria y oportuna.

Si no se obtuviese el consentimiento

de la comunidad consultada, se pro-

ceder conforme a la Constitucin y

la ley.

8. Conservar y promover sus prcti-

cas de manejo de la biodiversidad y

de su entorno natural.

El Estado establecer y ejecutar

programas, con la participacin de la

comunidad, para asegurar la conser-

vacin y utilizacin sustentable de la

biodiversidad.

9. Conservar y desarrollar sus propias

formas de convivencia y organizacin

social, y de generacin y ejercicio

de la autoridad, en sus territorios le-

galmente reconocidos y tierras co-

munitarias de posesin ancestral.

10. Crear, desarrollar, aplicar y practi-

car su derecho propio o consuetudi-

nario, que nopodr vulnerar derechos

constitucionales, en particular de las

mujeres, nias, nios y adolescentes.

11. No ser desplazados de sus tierras

ancestrales.

12. Mantener, proteger y desarrollar

los conocimientos colectivos; sus

ciencias, tecnologas y saberes an-

cestrales; los recursos genticos que

contienen la diversidad biolgica y

la agrobiodiversidad; sus medicinas

y prcticas de medicina tradicional,

con inclusin del derecho a recupe-

rar, promover y proteger los lugares

rituales y sagrados, as como plantas,

animales, minerales y ecosistemas

dentro de sus territorios; y el conoci-

miento de los recursos y propiedades

de la fauna y la flora.

Se prohbe toda forma de apropiacin

sobre sus conocimientos, innovacio-

nes y prcticas.

13. Mantener, recuperar, proteger,

desarrollar y preservar su patrimonio

cultural e histrico como parte indi-

visible del patrimonio del Ecuador. El

Estado proveer los recursos para el

efecto.

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar

el sistema de educacin intercultu-

ral bilinge, con criterios de calidad,

desde la estimulacin temprana

hasta el nivel superior, conforme a

la diversidad cultural, para el cuida-

do y preservacin de las identidades

en consonancia con sus metodo-

logas de enseanza y aprendizaje.

Se garantizar una carrera docente

digna. La administracin de este

sistema ser colectiva y partici-

pativa, con alternancia temporal y

espacial, basada en veedura co-

munitaria y rendicin de cuentas.

15. Construir y mantener organizacio-

nes que los representen, en el marco

del respeto al pluralismo y a la diver-

sidad cultural, poltica y organizativa.

El Estado reconocer y promover

todas sus formas de expresin y or-

ganizacin.

16. Participar mediante sus represen-

tantes en los organismos oficiales que

determine la ley, en la definicin de las

polticas pblicas que les conciernan,

as como en el diseo y decisin de

sus prioridades en los planes y pro-

yectos del Estado.

17. Ser consultados antes de la

adopcin de una medida legislativa

que pueda afectar cualquiera de sus

derechos colectivos.

18. Mantener y desarrollar los con-

tactos, las relaciones y la coopera-

cin con otros pueblos, en particular

los que estn divididos por fronteras

internacionales.

19. Impulsar el uso de las vestimentas,

los smbolos y los emblemas que los

identifiquen.

20. La limitacin de las actividades

militares en sus territorios, de acuer-

do con la ley.

21. Que la dignidad y diversidad de

sus culturas, tradiciones, historias

y aspiraciones se reflejen en la edu-

cacin pblica y en los medios de

comunicacin; la creacin de sus

propios medios de comunicacin

social en sus idiomas y el acceso a

los dems sin discriminacin alguna.

Los territorios de los pueblos en

aislamiento voluntario son de po-

sesin ancestral irreductible e in-

tangible, y en ellos estar vedada

todo tipo de actividad extractiva.

El Estado adoptar medidas para ga-

rantizar sus vidas, hacer respetar su

autodeterminacin y voluntad de per-

manecer en aislamiento, y precautelar

la observancia de sus derechos.

La violacin de estos derechos cons-

tituir delito de etnocidio, que ser

tipificado por la ley.

El Estado garantizar la aplicacin de

estos derechos colectivos sin discri-

minacin alguna, en condiciones de

igualdad y equidad entre mujeres y

hombres.

Art. 58.- Para fortalecer su identidad,

cultura, tradiciones y derechos, se

reconocen al pueblo afroecuatoriano

los derechos colectivos establecidos

en la Constitucin, la ley y los pactos,

convenios, declaraciones y dems

instrumentos internacionales de de-

rechos humanos.

Art. 59.- Se reconocen los derechos

colectivos de los pueblos montubios

para garantizar su proceso de desa-

rrollo humano integral, sustentable y

sostenible, las polticas y estrategias

para su progreso y sus formas de

administracin asociativa, a partir del

conocimiento de su realidad y el res-

peto a su cultura, identidad y visin

propia, de acuerdo con la ley.

Art. 60.- Los pueblos ancestrales,

indgenas, afroecuatorianos y montu-

bios podrn constituir circunscripcio-

nes territoriales para la preservacin

de su cultura. La ley regular su con-

formacin.

Se reconoce a las comunas que tie-

nen propiedad colectiva de la tierra,

como una forma ancestral de organi-

zacin territorial.

Captulo Quinto

Derechos de participacin

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuato-

rianos gozan de los siguientes dere-

chos:

1. Elegir y ser elegidos.

2. Participar en los asuntos de inters

pblico.

3. Presentar proyectos de iniciativa

popular normativa.

4. Ser consultados.

5. Fiscalizar los actos del poder p-

blico.

6. Revocar el mandato que hayan

conferido a las autoridades de elec-

cin popular.

7. Desempear empleos y funciones

pblicas con base en mritos y capa-

cidades, y en un sistema de seleccin

y designacin transparente, incluyen-

te, equitativo, pluralista y democr-

tico, que garantice su participacin,

con criterios de equidad y paridad de

gnero, igualdad de oportunidades

para las personas con discapacidad

y participacin intergeneracional.

8. Conformar partidos y movimientos

polticos, afiliarse o desafiliarse libre-

mente de ellos y participar en todas

las decisiones que stos adopten.

Las personas extranjeras gozarn

de estos derechos en lo que les sea

aplicable.

Art. 62.- Las personas en goce de

derechos polticos tienen derecho al

voto universal, igual, directo, secreto

y escrutado pblicamente, de con-

formidad con las siguientes disposi-

ciones:

1. El voto ser obligatorio para las

personasmayoresdedieciochoaos.

Ejercern su derecho al voto las per-

sonas privadas de libertad sin sen-

tencia condenatoria ejecutoriada.

2. El voto ser facultativo para las

personas entre diecisis y dieciocho

aos de edad, las mayores de se-

senta y cinco aos, las ecuatorianas

y ecuatorianos que habitan en el ex-

terior, los integrantes de las Fuerzas

Armadas y Polica Nacional, y las per-

sonas con discapacidad.

Art. 63.- Las ecuatorianas y ecuato-

rianos en el exterior tienen derecho a

elegir a la Presidenta o Presidente y

a la Vicepresidenta o Vicepresidente

de la Repblica, representantes na-

cionales y de la circunscripcin del

exterior; y podrn ser elegidos para

cualquier cargo.

Las personas extranjeras residentes

en el Ecuador tienen derecho al voto

siemprequehayan residido legalmen-

te en el pas al menos cinco aos.

Art. 64.- El goce de los derechos po-

lticos se suspender, adems de los

casos que determine la ley, por las

razones siguientes:

1. Interdiccin judicial, mientras sta

subsista, salvo en caso de insolven-

cia o quiebra que no haya sido decla-

rada fraudulenta.

2. Sentencia ejecutoriada que conde-

ne a pena privativa de libertad, mien-

tras sta subsista.

Art. 65.- El Estado promover la

representacin paritaria de mu-

jeres y hombres en los cargos de

nominacin o designacin de la

funcin pblica, en sus instancias

de direccin y decisin, y en los

partidos y movimientos polticos.

10Pgina

de 48

En las candidaturas a las eleccio-

nes pluripersonales se respetar su

participacin alternada y secuencial.

El Estado adoptar medidas de ac-

cin afirmativa para garantizar la

participacin de los sectores discri-

minados.

Captulo Sexto

Derechos de libertad

Art. 66.- Se reconoce y garantizar a

las personas:

1. El derecho a la inviolabilidad de la

vida. No habr pena de muerte.

2. El derecho a una vida digna, que

asegure la salud, alimentacin y nu-

tricin, agua potable, vivienda, sa-

neamiento ambiental, educacin,

trabajo, empleo, descanso y ocio, cul-

tura fsica, vestido, seguridad social y

otros servicios sociales necesarios.

3. El derecho a la integridad personal,

que incluye:

a) La integridad fsica, psquica, moral

y sexual.

b) Una vida libre de violencia en el

mbito pblico y privado. El Estado

adoptar las medidas necesarias

para prevenir, eliminar y sancionar

toda forma de violencia, en especial

la ejercida contra las mujeres, nias,

nios y adolescentes, personas adul-

tas mayores, personas con discapa-

cidad y contra toda persona en situa-

cin de desventaja o vulnerabilidad;

idnticas medidas se tomarn contra

la violencia, la esclavitud y la explota-

cin sexual.

c) La prohibicin de la tortura, la des-

aparicin forzada y los tratos y penas

crueles, inhumanos o degradantes.

d) La prohibicin del uso de material

gentico y la experimentacin cient-

fica que atenten contra los derechos

humanos.

4. Derecho a la igualdad formal, igual-

dad material y no discriminacin.

5. El derecho al libre desarrollo de la

personalidad, sin ms limitaciones

que los derechos de los dems.

6. El derecho a opinar y expresar su

pensamiento libremente y en todas

sus formas y manifestaciones.

7. El derecho de toda persona agra-

viada por informaciones sin pruebas

o inexactas, emitidas por medios de

comunicacin social, a la correspon-

diente rectificacin, rplica o respues-

ta, en forma inmediata, obligatoria y

gratuita,enelmismoespaciouhorario.

8. El derecho a practicar, conservar,

cambiar, profesar en pblico o en

privado, su religin o sus creencias,

y a difundirlas individual o colecti-

vamente, con las restricciones que

impone el respeto a los derechos.

El Estado proteger la prctica re-

ligiosa voluntaria, as como la ex-

presin de quienes no profesan

religin alguna, y favorecer un

ambiente de pluralidad y tolerancia.

9. El derecho a tomar decisiones

libres, informadas, voluntarias y res-

ponsables sobre su sexualidad, y su

vida y orientacin sexual. El Estado

promover el acceso a los medios

necesarios para que estas decisio-

nes se den en condiciones seguras.

10. El derecho a tomar decisiones

libres, responsables e informadas so-

bre su salud y vida reproductiva y a

decidir cundo y cuntas hijas e hijos

tener.

11. El derecho a guardar reserva so-

bre sus convicciones. Nadie podr

ser obligado a declarar sobre las mis-

mas.

En ningn caso se podr exigir o uti-

lizar sin autorizacin del titular o de

sus legtimos representantes, la infor-

macin personal o de terceros sobre

sus creencias religiosas, filiacin o

pensamiento poltico; ni sobre datos

referentes a su salud y vida sexual,

salvo por necesidades de atencin

mdica.

12. El derecho a la objecin de con-

ciencia, que no podr menoscabar

otros derechos, ni causar dao a las

personas o a la naturaleza. Toda per-

sona tiene derecho a negarse a usar

la violencia y a participar en el servicio

militar.

13. El derecho a asociarse, reunirse y

manifestarse en forma libre y volun-

taria.

14. EI derecho a transitar libremente

por el territorio nacional y a escoger

su residencia, as como a entrar y salir

libremente del pas, cuyo ejercicio se

regular de acuerdo con la ley. La pro-

hibicin de salir del pas slo podr

ser ordenada por juez competente.

Las personas extranjeras no podrn

ser devueltas o expulsadas a un pas

donde su vida, libertad, seguridad o

integridad o la de sus familiares pe-

ligren por causa de su etnia, religin,

nacionalidad, ideologa, pertenencia

a determinado grupo social, o por sus

opiniones polticas.

Se prohbe la expulsin de colectivos

de extranjeros. Los procesos migra-

torios debern ser singularizados.

15. El derecho a desarrollar activida-

des econmicas, en forma individual

o colectiva, conforme a los principios

de solidaridad, responsabilidad social

y ambiental.

16. El derecho a la libertad de con-

tratacin.

17. EI derecho a la libertad de traba-

jo. Nadie ser obligado a realizar un

trabajo gratuito o forzoso, salvo los

casos que determine la ley.

18. El derecho al honor y al buen

nombre. La ley proteger la imagen y

la voz de la persona.

19. El derecho a la proteccin de

datos de carcter personal, que in-

cluye el acceso y la decisin sobre

informacin y datos de este carc-

ter, as como su correspondiente

proteccin.

La recoleccin, archivo, procesa-

miento, distribucin o difusin de es-

tos datos o informacin requerirn la

autorizacin del titular o el mandato

de la ley.

20. El derecho a la intimidad personal

y familiar.

21. El derecho a la inviolabilidad y al

secreto de la correspondencia fsica

y virtual; sta no podr ser retenida,

abierta ni examinada, excepto en los

casos previstos en la ley, previa inter-

vencin judicial y con la obligacin de

guardar el secreto de los asuntos aje-

nos al hecho que motive su examen.

Este derecho protege cualquier otro

tipo o forma de comunicacin.

22. El derecho a la inviolabilidad de

domicilio. No se podr ingresar en el

domicilio de una persona, ni realizar

inspecciones o registros sin su autori-

zacin o sin orden judicial, salvo deli-

to flagrante, en los casos y forma que

establezca la ley.

23. El derecho a dirigir quejas y peti-

ciones individuales y colectivas a las

autoridades y a recibir atencin o res-

puestas motivadas.

No se podr dirigir peticiones a nom-

bre del pueblo.

24. El derecho a participar en la vida

cultural de la comunidad.

25. EI derecho a acceder a bienes y

servicios pblicos y privados de ca-

lidad, con eficiencia, eficacia y buen

trato, as como a recibir informacin

adecuada y veraz sobre su contenido

y caractersticas.

26. El derecho a la propiedad en

todas sus formas, con funcin y

responsabilidad social y ambiental.

El derechoal accesoa la propiedadse

har efectivo con la adopcin de po-

lticas pblicas, entre otras medidas.

27. EI derecho a vivir en un am-

biente sano, ecolgicamente equi-

librado, libre de contaminacin

y en armona con la naturaleza.

28. El derecho a la identidad personal

y colectiva, que incluye tener nombre

y apellido, debidamente registrados

y libremente escogidos; y conservar,

desarrollar y fortalecer las caracters-

ticas materiales e inmateriales de la

identidad, tales como la nacionalidad,

la procedencia familiar, las manifesta-

ciones espirituales, culturales, religio-

sas, lingsticas, polticas y sociales.

29. Los derechos de libertad tambin

incluyen:

a) El reconocimiento de que todas las

personas nacen libres.

b) La prohibicin de la esclavitud, la

explotacin, la servidumbre y el tr-

fico y la trata de seres humanos en

todas sus formas.

El Estado adoptar medidas de pre-

vencin y erradicacin de la trata de

personas, y de proteccin y reinser-

cin social de las vctimas de la trata

y de otras formas de violacin de la

libertad.

c) Que ninguna persona pueda ser

privada de su libertad por deudas,

costas, multas, tributos, ni otras obli-

gaciones, excepto el caso de pensio-

nes alimenticias.

d) Que ninguna persona pueda ser

obligada a hacer algo prohibido o a

dejar de hacer algo no prohibido por

la ley.

Art. 67.-Se reconoce la familia en sus

diversos tipos.

El Estado la proteger como ncleo

fundamental de la sociedad y garan-

tizar condiciones que favorezcan

integralmente la consecucin de sus

fines.

Estas se constituirn por vnculos

jurdicos o de hecho y se basa-

rn en la igualdad de derechos y

oportunidades de sus integrantes.

El matrimonio es la unin entre

hombre y mujer, se fundar en el li-

bre consentimiento de las personas

contrayentes y en la igualdad de sus

derechos, obligaciones y capacidad

legal.

Art. 68.- La unin estable y mono-

gmica entre dos personas libres de

vnculo matrimonial que formen un

hogar de hecho, por el lapso y bajo

las condiciones y circunstancias que

seale la ley, generar los mismos

derechos y obligaciones que tienen

las familias constituidas mediante

matrimonio.

La adopcin corresponder slo a

parejas de distinto sexo.

Art. 69.- Para proteger los derechos

de las personas integrantes de la fa-

milia:

1. Se promover la maternidad y pa-

ternidad responsables; la madre y el

padre estarn obligados al cuidado,

crianza, educacin, alimentacin,

desarrollo integral y proteccin de

los derechos de sus hijas e hijos,

en particular cuando se encuentren

separados de ellos por cualquier

motivo.

2. Se reconoce el patrimonio familiar

inembargable en la cuanta y con las

condiciones y limitaciones que esta-

blezca la ley.

11Pgina

de 48

Se garantizar el derecho de testar y

de heredar.

3. El Estado garantizar la igualdad

de derechos en la toma de decisiones

para la administracin de la sociedad

conyugal y de la sociedad de bienes.

4. El Estado proteger a las madres,

a los padres y a quienes sean jefas

y jefes de familia, en el ejercicio de

sus obligaciones, y prestar especial

atencin a las familias disgregadas

por cualquier causa.

5. El Estado promover la correspon-

sabilidad materna y paterna y vigila-

r el cumplimiento de los deberes y

derechos recprocos entre madres,

padres, hijas e hijos.

6. Las hijas e hijos tendrn los mis-

mos derechos sin considerar antece-

dentes de filiacin o adopcin.

7. No se exigir declaracin sobre la

calidad de la filiacin en el momen-

to de la inscripcin del nacimiento, y

ningn documento de identidad har

referencia a ella.

Art. 70.- El Estado formular y eje-

cutar polticas para alcanzar la

igualdad entre mujeres y hombres, a

travs del mecanismo especializado

de acuerdo con la ley, e incorporar

el enfoque de gnero en planes y pro-

gramas, y brindar asistencia tcnica

para su obligatoria aplicacin en el

sector pblico.

Captulo Sptimo

Derechos de la naturaleza

Art. 71.- La naturaleza o Pacha

Mama, donde se reproduce y realiza

la vida, tiene derecho a que se res-

pete integralmente su existencia y el

mantenimiento y regeneracin de sus

ciclos vitales, estructura, funciones y

procesos evolutivos.Toda persona,

comunidad, pueblo o nacionalidad

podr exigir a la autoridad pblica

el cumplimiento de los derechos de

la naturaleza. Para aplicar e inter-

pretar estos derechos se observa-

ran los principios establecidos en

la Constitucin, en lo que proceda.

El Estado incentivar a las personas

naturales y jurdicas, y a los colecti-

vos, para que protejan la naturaleza, y

promover el respeto a todos los ele-

mentos que forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho

a la restauracin. Esta restauracin

ser independiente de la obligacin

que tienen el Estado y las personas

naturales o jurdicas de Indemnizar

a los individuos y colectivos que

dependan de los sistemas naturales

afectados.

En los casos de impacto ambiental

grave o permanente, incluidos los

ocasionados por la explotacin de

los recursos naturales no renovables,

el Estado establecer los mecanis-

mos ms eficaces para alcanzar la

restauracin, y adoptar las medidas

adecuadas para eliminar o mitigar las

consecuencias ambientales nocivas.

Art. 73.- EI Estado aplicar medidas

de precaucin y restriccin para las

actividades que puedan conducir a la

extincin de especies, la destruccin

de ecosistemas o la alteracin per-

manente de los ciclos naturales. Se

prohbe la introduccin de organis-

mos y material orgnico e inorgnico

que puedan alterar de manera defini-

tiva el patrimonio gentico nacional.

Art. 74.- Las personas, comunida-

des, pueblos y nacionalidades ten-

drn derecho a beneficiarse del am-

biente y de las riquezas naturales que

les permitan el buen vivir. Los servi-

cios ambientales no sern suscepti-

bles de apropiacin; su produccin,

prestacin, uso y aprovechamien-

to sern regulados por el Estado.

Captulo Octavo

Derechos de proteccin

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al

acceso gratuito a la justicia y a la tutela

efectiva, imparcial y expedita de sus

derechos e intereses, consujecin a

los principios de inmediacin y ce-

leridad; en ningn caso quedar en

indefensin. El incumplimiento de las

resoluciones judiciales ser sancio-

nado por la ley.

Art. 76.- En todo proceso en el que se

determinen derechos y obligaciones

de cualquier orden, se asegurar el

derecho al debido proceso que inclui-

r las siguientes garantas bsicas:

1. Corresponde a toda autoridad

administrativa o judicial, garantizar

el cumplimiento de las normas y los

derechos de las partes.

2. Se presumir la inocencia de toda

persona, y ser tratada como tal,

mientras no se declare su responsa-

bilidad mediante resolucin firme o

sentencia ejecutoriada.

3. Nadie podr ser juzgado ni san-

cionado por un acto u omisin que,

al momento de cometerse, no est

tipificado en la ley como infraccin

penal, administrativa o de otra natu-

raleza; ni se le aplicar una sancin

no prevista por la Constitucin o la

ley. Slo se podr juzgar a una per-

sona ante un juez o autoridad com-

petente y con observancia del tr-

mite propio de cada procedimiento.

4. Las pruebas obtenidas o actuadas

con violacin de la Constitucin o la

ley no tendrn validez alguna y care-

cern de eficacia probatoria.

5. En caso de conflicto entre dos

leyes de la misma materia que con-

templen sanciones diferentes para

un mismo hecho, se aplicar la menos

rigurosa, an cuando su promulgacin

sea posterior a la infraccin. En caso

de duda sobre una norma que con-

tenga sanciones, se la aplicar en el

sentido ms favorable a la persona

infractora.

6. La ley establecer la debida pro-

porcionalidad entre las infracciones y

las sanciones penales, administrativas

o de otra naturaleza.

7. El derecho de las personas a la

defensa incluir las siguientes garan-

tas:

a) Nadie podr ser privado del dere-

cho a la defensa en ninguna etapa o

grado del procedimiento.

b) Contar con el tiempo y con los me-

dios adecuados para la preparacin

de su defensa.

c) Ser escuchado en el momento

oportuno y en igualdad de condicio-

nes.

d) Los procedimientos sern p-

blicos salvo las excepciones pre-

vistas por la ley. Las partes podrn

acceder a todos los documentos

y actuaciones del procedimiento.

e) Nadie podr ser interrogado, ni

an con fines de investigacin, por la

Fiscala General del Estado, por una

autoridad policial o por cualquier otra,

sin la presencia de un abogado parti-

cular o un defensor pblico, ni fuera

de los recintos autorizados para el

efecto.

f) Ser asistido gratuitamente por una

traductora o traductor o intrprete, si

no comprende o no habla el idioma

en el que se sustancia el procedi-

miento.

g) En procedimientos judiciales, ser

asistido por una abogada o abogado

de su eleccin o por defensora o de-

fensor pblico; no podr restringirse

el acceso ni la comunicacin libre y

privada con su defensora o defensor.

h) Presentar de forma verbal o es-

crita las razones o argumentos de

los que se crea asistida y replicar

los argumentos de las otras partes;

presentar pruebas y contradecir

las que se presenten en su contra.

i) Nadie podr ser juzgado ms de

una vez por la misma causa y mate-

ria. Los casos resueltos por la juris-

diccin indgena debern

ser considerados para este efecto.

j) Quienes acten como testigos o pe-

ritos estarn obligados a comparecer

ante la jueza, juez o autoridad, y a res-

ponder al interrogatorio respectivo.

k) Ser juzgado por una jueza o juez in-

dependiente, imparcial y competente.

Nadie ser juzgado por tribunales de

excepcin o por comisiones especia-

les creadas para el efecto.

l) Las resoluciones de los poderes

pblicos debern ser motivadas. No

habr motivacin si en la resolucin

no se enuncian las normas o princi-

pios jurdicos en que se funda y no

se explica la pertinencia de su apli-

cacin a los antecedentes de hecho.

Los actos administrativos, resolucio-

nes o fallos que no se encuentren

debidamente motivados se conside-

raran nulos. Las servidoras o servido-

res responsables sern sancionados.

m) Recurrir el fallo o resolucin en to-

dos los procedimientos en los que se

decida sobre sus derechos.

Art. 77.- En todo proceso penal en

que se haya privado de la libertad a

una persona, se observarn las si-

guientes garantas bsicas:

1. La privacin de la libertad se apli-

car excepcionalmente cuando sea

necesaria para garantizar la compa-

recencia en el proceso, o para asegu-

rar el cumplimiento de la pena; pro-

ceder por orden escrita de jueza o

juez competente, en los casos, por el

tiempo y con las formalidades esta-

blecidas en la ley. Se exceptan los

delitos flagrantes, en cuyo caso no

podr mantenerse a la persona de-

tenida sin frmula de juicio por ms

de veinticuatro horas. La jueza o juez

siempre podr ordenar medidas cau-

telaresdistintasa laprisinpreventiva.

2. Ninguna persona podr ser admi-

tida en un centro de privacin de or

jueza o juez competente, salvo en

caso de delito flagrante. Las perso-

nas procesadas o indiciadas en jui-

cio penal que se hallen privadas de

libertad permanecern en centros de

privacin provisional de libertad legal-

mente establecidos.

3. Toda persona, en el momento de

la detencin, tendr derecho a cono-

cer en forma clara y en un lenguaje

sencillo las razones de su detencin,

la identidad de la jueza o juez, o auto-

ridad que la orden, la de quienes la

ejecutan y la de las personas respon-

sables del respectivo interrogatorio.

4. En el momento de la detencin,

la agente o el agente informar a la

persona detenida de su derecho

a permanecer en silencio, a solici-

tar la asistencia de una abogada o

abogado, o de una defensora o de-

fensor pblico en caso de que no

pudiera designarlo por s mismo,

y a comunicarse con un familiar o

con cualquier persona que indique.

5. Si la persona detenida fuera extran-

jera, quien lleve a cabo la detencin

informar inmediatamente al repre-

sentante consular de su pas.

6. Nadie podr ser incomunicado.

7. El derecho de toda persona a la de-

fensa incluye:

a) Ser informada, de forma previa y

detallada, en su lengua propia y en

lenguaje sencillo de las acciones y

procedimientos formulados en su

contra, y de la identidad de la auto-

ridad responsable de la accin o pro-

cedimiento.

b) Acogerse al silencio.

c) Nadie podr ser forzado a declarar

en contra de s mismo, sobre asuntos

que puedan ocasionar su responsa-

bilidad penal.

12Pgina

de 48

En la nueva Constitucin se establece que todas

las leyes, instituciones y servicios tengan como una de sus

principales finalidades el respeto de todos nuestros derechos.

8. Nadie podr ser llamado a declarar

en juicio penal contra su cnyuge, pa-

reja o parientes hasta el cuarto grado

de consanguinidad o segundo de afi-

nidad, excepto en el caso de violencia

intrafamiliar, sexual ydegnero.Sern

admisibles las declaraciones volunta-

rias de las vctimas de un delito o de

los parientes de stas, con indepen-

dencia del grado de parentesco. Es-

tas personaspodrnplantear y prose-

guir la accin penal correspondiente.

9. Bajo la responsabilidad de la jueza

o juez que conoce el proceso, la pri-

sin preventiva no podr exceder de

seis meses en las causas por delitos

sancionados con prisin, ni de un ao

en los casos de delitos sancionados

con reclusin. Si se exceden estos

plazos, la orden de prisin preventiva

quedar sin efecto.

10. Sin excepcin alguna, dictado

el auto de sobreseimiento o la sen-

tencia absolutoria, la persona dete-

nida recobrar inmediatamente su

libertad, aun cuando estuviera pen-

diente cualquier consulta o recurso.

11. La jueza o juez aplicar de forma

prioritaria sanciones y medidas cau-

telares alternativas a la privacin de

libertad contempladas en la ley. Las

sanciones alternativas se aplicarn

de acuerdo con las circunstancias,

la personalidad de la persona infrac-

tora y las exigencias de reinsercin

social de la persona sentenciada.

12. Las personas declaradas culpa-

bles y sancionadas con penas de

privacin de libertad por sentencia

condenatoria ejecutoriada, perma-

necern en centros de rehabilitacin

social.Ninguna persona condenada

por delitos comunes cumplir la pena

fuera de los centros de rehabilitacin

social del Estado, salvo los casos

de penas alternativas y de libertad

condicionada, de acuerdo con la ley.

13. Para las adolescentes y los ado-

lescentes infractores regir un s pro-

porcionales a la infraccin atribuida.

El Estado determinar mediante ley

sanciones privativas y no privativas

de libertad. La privacin de la libertad

ser establecida como ltimo recur-

so, por el periodomnimo necesario, y

se llevar a cabo en establecimientos

diferentes a los de personas adultas.

14. Al resolver la impugnacin de una

sancin, no se podr empeorar la

situacin de la persona que recurre.

Quien haya detenido a una persona

con violacin de estas normas ser

sancionado. La ley establecer san-

cionespenalesyadministrativaspor la

detencin arbitraria que se produzca

en uso excesivo de la fuerza policial,

en aplicacin o interpretacin abusi-

va de contravenciones u otras nor-

mas, o por motivos discriminatorios.

Para los arrestos disciplinarios de los

miembros de las Fuerzas Armadas y

de la Polica Nacional, se aplicar lo

dispuesto en la ley.

Art. 78.- Las vctimas de infracciones

penales gozarn de proteccin espe-

cial, se les garantizar su no revictimi-

zacin, particularmente en la obten-

cin y valoracin de las pruebas, y se

las proteger de cualquier amenaza

u otras formas de intimidacin. Se

adoptarn mecanismos para una re-

paracin integral que incluir, sin dila-

ciones, el conocimiento de la verdad

de los hechos y la restitucin, indem-

nizacin, rehabilitacin,garanta de no

repeticin y satisfaccin del derecho

violado. Se establecer un sistema

de proteccin y asistencia a vctimas,

testigos y participantes procesales.

Art. 79.- En ningn caso se concede-

r la extradicin de una ecuatoriana o

ecuatoriano. Su juzgamiento se suje-

tar a las leyes del Ecuador.

Art. 80.- Las acciones y penas por

delitos de genocidio, lesa humani-

dad, crmenes de guerra, desapari-

cin forzada de personas o crme-

nes de agresin a un Estado sern

imprescriptibles. Ninguno de estos

casos ser susceptible de amnista.

El hecho de que una de estas infrac-

ciones haya sido cometida por un

subordinado no eximir de responsa-

bilidad penal al superior que la orde-

n ni al subordinado que la ejecut.

Art. 81.- La ley establecer procedi-

mientos especiales y expeditos para

el juzgamiento y sancin de los de-

litos de violencia intrafamiliar, sexual,

crmenes de odio y los que se come-

tan contra nias, nios, adolescentes,

jvenes, personas con discapa-

cidad, adultas mayores y perso-

nas que, por sus particularidades,

requieren una mayor proteccin.

Se nombrarn fiscales y defen-

soras o defensores especializa-

dos para el tratamiento de estas

causas, de acuerdo con la ley.

Art. 82.- El derecho a la seguridad

jurdica se fundamenta en el respeto

a la Constitucin y en la existencia de

normas jurdicas previas, claras, p-

blicas y aplicadas por las autoridades

competentes.

Captulo Noveno

Responsabilidades

Art. 83.- So