Conflicto, paramilitarismo y desplazamiento · llevado a cabo por un ejército privado dividido en...
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Conflicto, paramilitarismo y desplazamiento
Civilización y barbarie en el proyecto paramilitar: una mirada desde el
sentido común
Carlos Guillermo Páramo*
Tutte le storie barbare hanno favolosi prindpi. Vico, Prindpi di scienza nouva.
El hombre nace bárbaro; debe cultivarse para vencer a la bestia. La cultura nos hace personas, y más cuanto mayor es la cultura.
GRACIÁN, El criticón.
En una entrevista concedida por el jefe paramilitar Carlos Castaño al periodista Germán Castro Caycedo, éste aseguraba que cada uno de los combatientes de su ejército, aparte de combatir por un salario, lo hacía por una causa política (CASTRO CAYCEDO
1996: 162). Aunque las continuas aseveraciones del líder contrainsurgente suelen despertar escepticismo sobre su credibilidad -un prestigioso investigador recientemente las ha calificado de "balbuceos" (CUBIDES 1999)-, vale la pena examinar la mencionada afirmación como una que devela la compleja realidad subyaciente en la acción bélica del paramilitarismo colombiano. Su paulatina afirmación territorial, coadyuvada de un intenso trabajo ideológico en las regiones sometidas, indican ciertamente que la causa política a la que alude Castaño es más que un disfraz para el terror. Aquí buscaremos aportar algunos elementos de juicio a esa lógica implícita en el proceder
' Antropólogo Unidad de Radio, Ministerio de Cultura
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paramilitar. Sin que pretenda escindirse de lo postulado por los analistas del tema, nuestra interpretación apunta a comprender al paramilitarismo desde una perspectiva cultural'.
Nuestro acercamiento al hecho paramilitar, deriva del trabajo de campo realizado por nosotros en la zona esmeraldera del occidente de Boyacá, entre 1993 y 1997. Las relaciones entre la dinámica de la segunda guerra esmeraldera (1986-1991) y la conformación de grupos paramilitares en Puerto Boyacá han sido ampliamente reseñadas por la literatura especializada2. No obstante, en lo concerniente a la naturaleza de esta sucesión, también nos hemos apartado de las teorías imperantes (particularmente de URIBE 1 992), sin dejar de reconocer sus aciertos.
Para nosotros, la sociedad esmeraldera es una que, a partir de la ostentación de múltiples razgos de identificación (organización política, modo de producción, historia, etc.), bien puede entenderse como un grupo étnico (véase PÁRAMO 1 999). En particular, destaca la apropiación de la historia, que simenta los orígenes de la belicosidad esmeraldera en la ¡diosincracia de
1 Para tales efectos, haremos a un lado las disquisiciones terminológicas, la historia del movimiento y su coyuntura presente. Resolveremos las primeras, simplemente entendiendo al paramilitarismo como un proceso político-militar de ideología anticomunista, llevado a cabo por un ejército privado dividido en frentes de combate. Sobre la sustentación de esta definición volveremos más adelante. Frente a su historia y coyuntura, consideramos que, de lejos, son competencia de los analistas dedicados a disertar a fondo el fenómeno.
2 Véanse: p.e, MEDINA GALLEGO (1990), URIBE (1992) y URIBE y VÁSQUEZ (1995). CUBIDES
(1999: 166) es claro en matizar el vínculo cuando afirma que "Las ocasionales incursiones en territorios adyacentes por parte de los ejércitos privados de las esmeraldas, sus nexos por confluencia con los intereses de otros grupos al margen de la ley; sus desplazamientos y preferencias por zonas específicas en la ciudad... no prueban un propósito de expansión, ni uno de "desdoblamiento" y proyección territorial más amplia. Por lo tanto, y en suma, no constituyen un "modelo" en que se hayan inspirado los primeros paramilitares." Empero, los factores (por lo demás certeros) que enuncia, no esclarecen las efectivas relaciones que existieron entre los jefes esmeralderos y los jefes paramilitares, ni la preeminencia de líderes esmeralderos en la financiación y dotación de los ejércitos privados en el Magadalena medio y los Llanos orientales. ¿No será en sí mismo el fenómeno del paramilitarismo, aquel "desdoblamiento" de la sociedad esmeraldera que hecha de menos el investigador?
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los indios muzo, primitivos habitantes de la zona. A pesar de que los esmeralderos entrevistados provenían de muchas regiones del país, en varias ocasiones fue recurrente la fórmula que achacaba la violencia y el ejercicio de la guerra a una herencia prehispánica caníbal3.
Esta autoafirmación simbólica como caníbales, es congruente con otros elementos del imaginario esmeraldera, también prominentes en el discurso paramilitar. Estos son el poder coercitivo de la sangre y la investidura de los jefes políticos como caciques. En el contexto esmeraldera, una de las razones sustentadas para ira la guerra es la de la venganza concebida como resarcimiento de la sangre derramada. "La sangre tira", reza la frecuente justificación. La sangre es, a su vez, una emanación de la gracia del jefe; es decir, un elemento que fluye del jefe hacia los individuos de su organización (o "cuerda"), que les otorga un sentido de pertenencia y a la vez establece un endeudamiento perpetuo. Por ello, la sangre derramada de cualquiera de la cuerda es sangre que ha perdido el jefe, máximo instaura-dor del orden social. El canibalismo es, pues, la ingestión (en este caso metafórica) de la sangre del bando enemigo, que recupera la sangre propia perdida. Esta dinámica es consistente con lo prescrito por la literatura antropológica para los cacicazgos:
Los caciques del siglo XVI eran principalmente jefes militares, quienes asumían el poder a través de sus hazañas en la guerra. Los caciques eran los líderes militares supremos, que presidían el acopio de armamento y provisiones en las jefaturas, declaraban la guerra y conve-
' Un antiguo "pájaro" de Coscuez decía, p.e, que: "Es que aquí somos jodidos como los muzos que aquí vivían antes. Usted se pone a ver y hasta con los que no nos gustan somos caníbales y todo." (Entrevista n°. 16; 1997). Otro testimonio recogido en Quípama aseguraba: "Somos unos guerreros. Le heredamos a los indios el gusto por la sangre" (Entrevista n°. 7; 1996).
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nían consejos de guerra con los jefes vecinos para poder movilizar grandes fuerzas aliadas de combate.
...La persecución de víctimas sacrificiales y trofeos humanos en la guerra, estaba íntimamente ligada a la santificación ritual de la autoridad del cacique. ...Mediante la guerra, los caciques adquirían el poder innato imbuido en la carne humana de los guerreros muertos que eran consumidos, y en los trofeos humanos que eran guardados y expuestos de una manera grandiosa. Este era un poder que aumentaba y santificaba su autoridad.
(REDMOND 1994: 117, 120)4.
Hablamos entonces, de una sociedad de caníbales y caciques, en la cual la venganza es un móvil fundamental para el ejercicio de la guerra. Aunque no pretendemos hallar en este motivo la raison d'étre del procedimiento y la expansión para-militar, valga la pena recordar que el tema de la venganza aflora en la mitología fundacional de los ejércitos privados del Magdalena medio, e incluso en las causas que condujeron a los hermanos Castaño a la clandestinidad.
Por ello mismo, no es desechable en el mundo paramilitar la imagen del caníbal. Porque el canibalismo es venganza. La lógica implícita en la deformación del cuerpo enemigo, el eventual uso de restos humanos como trofeos presentes en las masacres
1 Sixteenth century chiefs were chiefs first and foremost, who realized their chiefly powers in their war exploits. Chiefs were the supreme military leaders, who presided over the stockpiling of armament and provisions at chiefly centers, declared war, and convened war councils with neighbouring chiefs in order to mobilize large, allied fighting forces. ...[Tjhe chiefly pursuit of sacrificial victims and human trophies in warfare was intimately tied to the ritual sanctification of chiefly authority in these centralized societies. ...Through warfare, chiefs acquired the innate power imbued in the human flesh of the dead warriors that they consumed and in the human trophies that they stored and displayed on such a grand scale, a power which augmented and sanctified their chiefly authority.
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perpetradas por grupos paramilitares, demuestran una intencionalidad metódica. Hay un mensaje que se busca enunciar con la desarticulación (e ingestión simbólica) de la víctima, un gesto de retaliación frente a aquellos seres considerados como destructores del orden social5.
La ¡dea del canibalismo es, en sí misma, un índice de la subversión del cosmos. Se gesta en aquel mundo de "naciones bárbaras y fieras, sin policía, sin cultura, sin artes y sin noticias, ...de gentes, que no se pueden llamar personas, sino fieras", que identificara Gradan (1950 [1657]: 115) en el imaginario de la era colonial. Se sitúa en la frontera de la cultura y la naturaleza para producir-mediante la violación del tabú- una restitución del enemigo al seno social6. En la lógica caníbal, la muerte y el desmembramiento de la víctima son un sacrificio, cuyo objeto es el de retomar al orden primigenio a través del desorden que es la barbarie.
5 "La ideología de la antropofagia", escribe loan Lewis (1996:89) -uno de los más agudos antropólogos simbólicos británicos-, "provee un rico conglomerado de imaginería y metáfora para expresar el ejercicio y la experiencia del poder, la dominación y la sujeción, que pueden ser ejercidas en diferentes formas en contextos particulares históricos y culturales". En Colombia, la relación entre prácticas de canibalismo ritual y la perpetración de masacres es estrecha. Son varios los ejemplos recogidos en la obra clásica de Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna (1962: 227), la cual señala el infringimiento de varios tipos de cortes deformativos cuyas denominaciones hacen alusiones alimenticias: "Bocachiquiar", "Picar para tamal" y el "corte de oreja" -éste último muestra fehaciente del trofeo caníbal, practicado en la zona de influencia esmeraldera (Cfr. URIBE 1990)-. En la actualidad, los mismos cuerpos de contraguerrilla de las Fuerzas Armadas han sido investidos en el imaginario popular del conflicto con la imagen del indígena caníbal: son los "guanes", a los cuales se atribuye invencibilidad, inmortalidad y la recolección de trozos de carne de sus víctimas para su propio consumo.
6 Véase: p.e., la interpretación que recientemente ha hecho una antropóloga estadounidense del canibalismo entre la liga iroquesa del siglo XVII:
Como símbolo del caos, el canibalismo se equipara a todo aquello que debe ser dominado, contro
lado o reprimido en el establecimiento del orden social. E l mal se proyecta hacia los enemigos, los
animales, el cosmos, o es conservado como un instinto humano básico. En el canibalismo ritual, la
víctima se convierte en el símbolo del mal, en metáfora viva del caos que debe ser dominado en
interés del bienestar social.
(SANDAY 1987: 303).
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Muy posiblemente, las derivaciones más elaboradas de tal simbolismo sean ajenas a los individuos que perpetran las masacres. Empero, su lógica es explícitamente sacrificial; de allí la asertividad "bárbara" (sistemáticamente degradante y deformadora) de sus actos. No hay una mutilación gratuita en este aparente imperio del caos. Siguiendo a Rene Girard (1996:76), la eficacia del proceso sacrificial requiere de cierto grado de "malentendimiento", mediante el cual quienes realizan el acto no deben conocer las verdaderas razones que lo sustentan. Ello es causalmente tan válido en el ámbito de la religión, como en cualquier otro dominio del inconsciente cultural, en la medida en que éste sustenta una teleología. Y el paramilitarismo sin duda es teleológico: tiene como objetivo no sólo la erradicación de la izquierda armada, sino la proyección de una ideología.
Un confeso líder paramilitar, oriundo del occidente de Boyacá, nos planteaba, precisamente, este ideario de lucha. La guerrilla, decía, baja a la casa del campesino, le quita su vaca en nombre de la revolución, la reparte entre el frente y no se la paga; la autodefensa, en cambio, estimula al campesino ofreciéndole tres vacas en vez de una7. Su fin, concluía, era el de cambiar la sociedad por medio de una revolución "realista". Este proceso autárquico aproxima al paramilitar (en sus propios sistemas de referencia) al procedimiento de su enemigo. Su causa es revolucionaria. Es, verbigracia, transformadora, gestora de un nuevo orden a partir del caos.
Aunque el sentido paramilitar de la revolución rebasa una connotación de clase, esta también pueda hallarse en la espina
' Las características propias de la entrevista impidieron (legítimamente, creemos) poseer un registro fonográfico de la misma, y su relación se sustenta en nuestras notas de campo. El termino "autodefensas" fue explícitamente remarcado por el interlocutor y preferimos respetarlo, aún a pesar de que el papel que lo caracterizaba en la estructura era la organización de ejércitos móviles con amplia cobertura territorial.
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dorsal de su discurso. Las evidencias indican una fuerte participación de las clases medias rurales en zonas fuertemente influenciadas por el control guerrillero, emparedadas entre el micro-poder (muchas veces bandoleril) de la izquierda armada y la ausencia efectiva de protección estatal. La lógica de las "tres vacas en vez de una", que es también la del patrocinio al minifundio y la promoción de la libre competencia, nutre un discurso que es fundamentalmente el del "sentido común", tal y como ya lo hubiera definido Vico (1985 [1744], I: 106) en su Ciencia Nueva: "un juicio sin reflexión alguna, comúnmente sentido por todo un orden, por todo un pueblo, por toda una nación o por todo el género humano"8. Es decir, apela en este caso a valores asentados en la estructura profunda de la sociedad y la cultura, carentes de cualquier proyección utópica (como pueden serla el comunismo y sus vías de acceso), apuntando a un retorno a ios valores imperantes en la sociedad agraria previos al cooperativismo y la ideografía proletaria.
Es en este imperio del "sentido común" en el cual la barbarie cumple un efecto arquetípicamente civilizatorio. Y es justamente Vico quien describe en la barbarie un retorno al "sentido común", representado en los orígenes:
[Tjales pueblos, como bestias, se habían habituado a no pensar en otra cosa más que en sus particulares intereses, propios de cada uno, y habían llegado al máximo del refinamiento, o mejor dicho del orgullo, como las fieras que, al ser contrariadas por una nimiedad, se resienten y se enfurecen; y así, en su mayor gentío o multitud de cuerpos, vivieron como bestias desmesuradas en una soledad de espíritu y de aspiraciones, sin que apenas dos pudieran ponerse de acuerdo porque cada uno de los dos per-
8 [142] II senso comune i un giudizio senz'alcuna rifíessione, comunemente sentito da tutto un ordine, da tutto un populo, da tutta una nazione o da tutto ilgener umano.
(Vico 1997 [1744]: 81).
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seguía su propia satisfacción o capricho. Por todo ello, con empeñadísimas facciones y desesperadas guerras civiles, la providencia quiere que acaben haciendo de las ciudades selvas, y de las selvas, cubiles de hombres. De tal guisa que, al cabo de largos siglos de barbarie, acaben por oxidarse las malnacidas sutilezas del malicioso ingenio que habían hecho de ellos fieras tan desmesuradas con la barbarie de la reflexión. ...Por ello, los pueblos de tal malicia reflexiva, debido a dicho último remedio, empleado por la providencia, de este modo atónitos y estupefactos, se encontraron con que no disfrutan ya más de las comodidades, los refinamientos, los placeres y el fasto, sino solamente de las necesarias utilidades de la vida. ¡ Y así, en el escaso número de hombres restantes y en la abundancia de las cosas necesarias para la vida, volvieran a ser mesurados! De este modo, gracias al retorno de la primera simplicidad del mundo, los pueblos eran religiosos, veraces y fieles. Y así retornó entre ellos la piedad, la fe y la verdad, que son los fundamentos naturales de la justicia, y son gracias y bellezas del eterno orden de Dios.
(VICO 1985 [1744] , II: 2 3 9 . § 1106)
La barbarie es un agente mítico en cuanto cumple la función de retornar al origen. Y el mito es sentido común porque es autoreferenciado9. Su naturaleza retrógrada legitima la necesidad del sacrificio:
A la oposición de todos contra todos sucede de pronto la oposición de todos contra uno. A la multiplicidad caótica de los conflictos particulares sucede de repente la simplicidad de un antagonismo único: toda la comunidad por una parte y la víctima por otra. Se comprende
' Sobre este punto véase el clásico artículo de HOCART, A.M. (1970: 39-45), "The common sense of myth".
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fácilmente en qué consiste esta resolución sacrificial; la comunidad vuelve a sentirse solidaria a costa de una víctima no sólo incapaz de defenderse, sino totalmente incapaz de sucitar la venganza; su muerte no podrá sucitar nuevas agitaciones y hará que se supere la crisis, ya que une a todo el mundo contra ella.
(GIRARD 1982: 35, subrayado nuestro).
María Victoria Uribe cita el juicio de un jefe esmeraldera, que muchas veces hace eco en los testimonios por nosotros recogidos en la zona: "Matar bien es limpiar la tierra, es matar ladrones, eso es valentía". La ¡dea de limpiar la tierra es la más adecuada metáfora del sacrificio realizado en la barbarie, pues la estrategia paramilitar es la de tumba, quema y siembra. Ello se demuestra en el más reciente viraje de su injerencia regional. Una vez "limpiada" la población hostil, el paramilitarismo se ha mimetizado en la actividad política oficial. Desde esta posición, se ha proyectado hacia la construcción de un imaginario nacional, cimentado en el origen mítico de una sociedad posterior al holocausto. En zonas como el sur de Bolívar, las masacres paramilitares han comenzado a centrarse en la aniquilación y deformación de los más ancianos de las comunidades. La memoria del pasado se aniquila y la historia se reinventa. Como en el mito de Vico (a la vez Génesis y Apocalipsis), habiendo limpiado la tierra se ha recobrado la gracia primigenia.
Creemos que la revolución paramilitar es más que una manifestación de la derecha armada, o un simple apéndice a la salvaguarda del establecimiento. Como hemos buscado interpretarla, sostiene un profundo discurso de transformación cultural, un retorno a ese "sentido común" de la sociedad, de matices muy similares a aquellos postulados (en el sentido más riguroso e historiográfico del término) por el fascismo. "El núcleo mítico que forma la base [del] tipo genérico de facismo" -escribe Roger Griff in- "es la visión de una (presunta) crisis de la
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nación como presagio de los primeras manifestaciones de un nuevo orden. Este cristaliza en la imagen de una comunidad nacional, purgada y rejuvenecida, que surge como fénix de las cenizas de un sistema estatal en bancarrota moral y la cultura decadente que se le asocia"10. Es, por lo tanto, un discurso civilizatorio que inventa la tradición".
De estas tradiciones inventadas, Eric Hobsbawn escribe que "usan la historia como un legitimador de la acción y cemento de la cohesión grupal"12. Acaso no exista una sola historia fundacional que, en cuanto mitología, no involucre un alto componente de invención. Sin embargo, una historia como la colombiana puede ser un caldo de cultivo particularmente propicio para la erección de discursos fascistas. Ésta es una historia de muertos. Bernardo Tovar, al hablar de la Independencia como hito primigenio de nuestra identidad nacional, refiere el sentir de la naciente república decimonónica, que bien pudiera ser aún la de nuestros días:
En las festividades cívicas se conmemoraba el acto de rebeldía de los patriotas, las batallas libradas, el heroísmo desplegado, la victoria sobre España y el Padre Rey. Constituían una evocación de la violencia fundadora, de la guerra justa por la independencia y la libertad, un retorno festivo a los comienzos.
(TOVAR ZAMBKANO 1997: 146).
10 The mythic core that forms the basis of my ideal type of generic fascism is the visión of the (perceived) crisis of the national community, once purged and rejuvenated, rising phoenix-like from the ashes of a morally bankrupt state system and the decadent culture associated with it.
(GRIFFIN 1995:3).
" Otra autoridad en la historia y naturaleza del fascismo subraya que este "trataba de volver a crear estructuras de mito no racionalistas para quienes habían perdido o rechazado el marco mítico tradicional. Ideológica y políticamente, el fascismo sólo podía tener éxito en la medida en que existiera, entre otras cosas, esta situación" (PAYNE 1995: 18).
12 For all invented traditions, sofar as possible, use history as a legitimator ofactions and cement ofgroup cohesión.
(HOBSBAWN 1996: 12).
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Y día a día, legiones de muertos van engrosando esta ¡dea nacional. Aquel culto a las víctimas de la violencia, convertidas en heroicas por el hecho de haber sido sacrificadas en una conflagración "justa", sigue permeando la visión de nuestra historia. No más ábrase al azar la página de cualquier periódico en Colombia: la sangre de los caídos reclama emulación y, por ende, venganza. Allí cada panegírico emula el grito de "Viva la muerte", que profiriera el general falangista Millán Astray para silenciar a Unamuno. Es la esconda simbólica del fascismo y, tal vez tan sólo por ello, el paramilitarismo ya haya ganado la guerra.
No obstante, hablar de una "cultura de la violencia" o de una "cultura de la muerte" es sólo un escape para eludir las profundas contradicciones del inconsciente social. Violencia y muerte se yuxtaponen en el momento del sacrificio y, por ello mismo, hacen parte de una gramática transcultural. Por ello mismo, la eficacia de la barbarie está en contravenir el orden sagrado. La deformación del enemigo es un acto sacrificial que, siendo coercitivo y sagrado en virtud del telos paramilitar, a su vez desacraliza la vida social, porque la barbarie es por antonomasia el desorden de la cultura.
Este caos que retorna a los comienzos, ha impuesto una pragmática perversa a la guerra en Colombia. En ella, la figura del caníbal prevalece como un arquetipo que troquela nuestra historia, desde las crónicas de los conquistadores españoles hasta el testimonio contundente de la masacre anónima o reivindicada. El éxito del proyecto paramilitar radica, en una buena medida, en la referencia constante a ese lado obscuro de nuestro mundo posible que se representa en la barbarie. Rompe el tabú y, con ello, se hace a sí mismo tabú: contaminante y sagrado, como las estirpes fundadoras del Génesis. Ha llevado a los demás actores a imitar a ciegas su juego, con igual dosis de terror pero sin una teleología idempotente.
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En su propio beneficio, hemos negado lógica al paramilitarismo. Le hemos barbarizado, sin darnos cuenta que, con ello, le hemos legitimado dado rienda suelta a la pesadilla. Francisco Coya -el más agudo etnógrafo de los desastres de la guerra-describió de igual manera los peligros de un sentido común siempre sublimado, ignorado. El sueño de la razón -decía- produce monstruos.
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Una mirada al despeje como experimento
Fernando Cubides Departamento de Sociología
CES - Universidad Nacional
De exper imentos a experiencias
En un reciente artículo, el fundador de la sociología académica en Colombia, se rebela contra el pretendido carácter experimental del despeje, pero a la vez aplaude que San Vicente del Caguán y la región señalada para él "siga ofreciéndose como experiencia humana de paz, democracia y convivencia por todo el tiempo que sea necesario y con el fin de asegurar sus resultados"'. Entre esas dos diversas connotaciones de lo experimental se mueven las siguientes notas. No tiene sentido repetir aquí la discusión que nos remontaría a los clásicos de las Ciencias Sociales, acerca de si en los hechos de la vida social es posible o no la experimentación, bastaría mencionar al más etnógrafo de los filósofos, a Rousseau, quien lo plantea como un problema ético y metodológico de primer orden, y tras eso, se pronuncia por la negativa. No; no es posible experimentar en la vida social, pero a la vez afirma que es útil la analogía del experimento para ciertas situaciones inéditas, para entender mejor lo único e irrepetible de la acción social, y en especial para aquellas en las que se
* El autor quiere agradecer las anotaciones críticas que hiciera al texto la estudiante Sandra Bermúdez, de la carrera de Sociología.
' FALS BORDA, Orlando. "Despeje continuo: ino volver atrás!", en; Alternativa, n°. 21, marzo de 1999.
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reúnen el elemento de la voluntad consciente y un cierto grado de anticipación y de posibilidades predictivas. Es a esa analogía a la que nos acogemos: el despeje no es en estricto sentido un experimento, pero para efectos del análisis tomarlo como si lo fuera nos sensibiliza hacia la singularidad, hacia lo que tiene de inédito la situación que se ha creado. Se trata de una experiencia programada, de una decisión que fue sopesada antes de adoptarse, resultante de reivindicaciones y forcejeos previos, de conatos de negociación tanto como de hechos de fuerza. En cuanto a lo demográfico, y a las variaciones del poblamiento, por ejemplo, aun cuando las circunstancias impidan medirlo con exactitud, el flujo y el reflujo que produce el despeje es un caso especial del desplazamiento: siendo forzado para muchos de los que lo emprenden, a la vez fue anunciado con suficiente anterioridad.
Es el caso que al recorrer la etapa más reciente del poblamiento de la región, al recapitular la historia de los procesos de paz fallidos, al hacer un recorrido panorámico por el territorio y hacer entrevistas y diálogos informales con algunos de los dirigentes locales, al echar una mirada a la documentación que se ha ¡do acumulando, sobresale la novedad que significa el despeje, su carácter inédito respecto de situaciones que lo precedieron, la relación que se puede establecer entre las reivindicaciones previas y las decisiones gubernamentales que finalmente se adoptaron. Las expectativas que generó, las reacciones que suscitó y sigue suscitando, se comprenden mejor si se recapitula la breve historia del poblamiento reciente en esta región, y luego se procura relacionarlas con las decisiones en curso. Mientras que los especialistas de las ciencias naturales han aprendido a diferenciar los rasgos geológicos, fisográficos o edafológicos presentes en la zona y nos advierten contra la tentación de considerarla homogénea, en cuanto a las pautas del poblamiento y de la intervención humana sí que podemos constatar un rasgo consistente y homogéneo: se ha llevado a
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cabo siempre a contrapelo de las finalidades preservacionistas de leyes preexistentes.
Un poblamiento disperso, inestable y casi siempre a sabiendas y en contra de lo que la ley establece, según se puede deducir con relativa facilidad de los testimonios, que abundan en ese punto, y de una incipiente literatura, que se vale ante todo de ellos a falta de registros más convencionales. Según su propia "Confesión de parte" (un breve escrito de corte autobiográfico) fue escuchando testimonios como los de Sofía Espinosa, una desplazada de los bombardeos de El Pato, que Alfredo Molano encontró, por estos alrededores su camino de Damasco y avizoró la solución que finalmente adoptaría para el divorcio que se estaba ahondando en él, entre su formación como sociólogo y su inclinación por la literatura: los relatos construidos a partir de historias de vida. Tras el primer relato aparecido en el libro sobre los bombardeos de El Pato, la necesidad se va trocando en virtud y ha influido a toda una generación de investigadores que utilizan el testimonio individual como principal fuente de análisis de los problemas sociales de la región. La tendencia a magnificar las acciones individuales por cuenta del narrador escogido, procura controlarse con el acceso a otras fuentes, o deslizando versiones paralelas, como lo hace Molano en dos de las secciones de su libro Siguiendo el corte a propósito de la muerte de Dumar Aljure, o de los asesinatos de los hermanos del líder agrario Juan de la Cruz Várela. Como se puede ver en una de las historias regionales (Los pobladores de la Selva, ICAN-Colcultura & U. De la Amazonia, dos tomos, Santafé de Bogotá 1995, el mosaico más completo de la historia regional)2, testimonios hay, claro, para todos los gustos, y en muchos de ellos se deslizan versiones paralelas de un mismo
'- Para nuestro tema en particular véance los ensayos de: SIERRA, Fanny. "El municipio de La Macarena y los desplazados" y, VALENCIA, Alberto. "Caquetá: ¿laboratorio de la Paz?", en el tomo 2.
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acontecimiento, contraevidencias y contrastes, que hacen inevitable que el lector se formule la vieja pregunta de Pilatos. En todo caso, de la reconstrucción histórica queda claro en grandes trazos que mientras que para el más antiguo de estos poblados, San Vicente del Caguán, la lucha por la apropiación ¡legal de los baldíos, ha sido recurrente y adquirió particular intensidad en la década del 30; para los restantes el que buena parte de su territorio, precisamente el que es susceptible de apropiación por los colonos, haya sido en principio una reserva biológica y luego un parque natural, le otorga un carácter especial a la empresa colonizadora, y la coloca, de entrada, en un limbo legal3.
En la percepción de los pobladores de la zona, sea que compartan los objetivos con que se produce el despeje, o que insinúen una resistencia a esos objetivos y a la posibilidad de una prórroga, lo que ha ocurrido desde el mes de octubre del 1998 es nuevo y se resiste a ser comparado con cualquiera de las etapas anteriores. Si algo sobresale de las repetidas preguntas de los periodistas a todo tipo de entrevistados, de la multitud de crónicas que se han escrito, y de los pronunciamientos espontáneos tanto como de las solicitudes que elaboran las organizaciones representativas, es una conciencia de la singularidad del momento, la cautela con la que emiten sus juicios y opiniones, el convencimiento de estar siendo observados con minuciosidad y desde distintos ángulos. En un auténtico bombardeo mediático, ni porciones del territorio como el desaparecido Armero, o el eje cafetero han sido objeto de un cubrimiento tan intensivo y tan metó-
1 Sin faltar, claro, la muy colombiana disquisición semántica: "El nombre original del poblado que hoy es La Macarena era "El Refugio": el periódico local del Llano, removiendo escombros de los acontecimientos sucedidos y con base en unas declaraciones del gobernador, publicó un artículo que catalogaba a la región como "el Refugio de los bandoleros de la Violencia". Este hecho perturbó a la población colona que de común acuerdo decidió cambiar El nombre de El Refugio por el nombre de La Macarena": Los pobladores de la Selva, vol II, p. 174.
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dico, como lo fueron San Vicente del Caguán y su entorno inmediato durante los breves días del inicio del despeje y del comienzo de un nuevo estilo en las "ceremonias de la paz". Un componente decisivo de la experiencia común, ha sido el modo en que se llevaron a cabo dichas ceremonias. La "producción de sentido del mensaje", según la expresión de los especialistas en comunicación, coincidió de lleno con su "puesta en escena", fue de cabo a rabo un evento concebido para ser difundido por la televisión, en función de ella, cada uno de quienes lo presenciamos al hacerlo eramos conscientes de que se trataba de un evento que no ocurría por sí mismo, es decir conscientes de que no se hubiera producido si las cámaras de televisión no estuvieran allí4. Y para esa puesta en escena, por fugaz que fuera, súbitamente, los pobladores de la región son invocados como protagonistas; por apartados que se hallen del sitio de la emisión, por momentos llegan a saberse partícipes de un acontecimiento con proyecciones, de una novedad, no pueden evitar la sensación de que "aquí va a pasar algo"5.
Ya por eso, por la intensidad de la exposición ante cámaras y reflectores (y también eso de modo muy diverso pues casi todo el despliegue se ha centrado en San Vicente del Caguán) se debería estar atento a los efectos de doble vía: lo que aquí ha estado ocurriendo conlleva su singularidad aunque tengamos claro que las FARC, aun cuando en su etapa más reciente no
1 Véase por ejemplo el ensayo que coincidencialmente se titula: "Para una guerrilla semiológica", así como el titulado "T.V: la trasparencia perdida", en "Las crónicas de la aldea global". Eco, Umberto. La Estrategia de la Ilusión. Editorial Lumen, Barcelona 1986.
' Pero el periodismo escrito, incluso por el premio Nobel, se ha ido contagiando de ligereza "visual": basta contrastar la crónica sobre San Vicente del Caguán, del García Márquez modelo 99, en la revista CAMBIO, con una de sus crónicas sobre la violencia de los años 50: "El drama de 3000 niños colombianos desplazados", mayo de 1955, reeditada en: GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Crónicas y Reportajes. Colcultura, junio 1976. En el 99 se circunscribe al tinglado y a la escenografía principal, en el 55 procura ver el revés de la trama y está dedicada a las víctimas anónimas, al hombre común.
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desestiman el uso de ninguno de los medios electrónicos no son precisamente una guerrilla mediática, y de ahí que nadie, ni el más entusiasta o partidario del incipiente proceso de paz se haya permitido la efusión lírica de decir que el mundo amaneció en las selvas del Caguán. Una de las primeras sorpresas se dio al comprobar el aparente desdén hacia las posibilidades de tan intenso cubrimiento por parte del líder histórico de las FARC, aun cuando semiólogos de profesión o semiólogos aficionados hayan emulado en interpretar el significado de la ausencia, el profundo simbolismo de una silla vacía.
No siendo un territorio como para hacer encuestas eso de las percepciones y las apreciaciones que se infieren de ellas es, pues, del todo subjetivo: proviene de observaciones recogidas en un recorrido previo a la iniciación del despeje, de sondeos informales, de frases al vuelo, de juicios emitidos sotto voce por voceros oficiosos, y subrayados por alguna expresión gestual, de retazos de historia regional tal como los van hilvanando algunos de sus protagonistas, en esta región en la que precisamente ha florecido el subgénero de las historias de vida.
Si hacemos a un lado los tecnicismos y las expresiones tomadas de la jerga, sin referirse a la zona como si se tratara de un laboratorio de paz o de cualquier otro propósito de aleccio-namiento por sublime que sea, las evidencias empíricas sugieren que cada uno de los que habitan la región ha estado al tanto de lo que se propuso, que ya durante la campaña electoral la propuesta fue generando expectativas y produciendo efectos, que desde entonces se desarrollaron acciones, se tomaron disposiciones, se registraron efectos prácticos (mensurables en indicios tan prosaicos como las variaciones en el precio regional del ganado) y que a medida que la medida contó con una fecha, y se tradujo en una decisión gubernamental los efectos se intensificaron, como es lógico. De algunos de esos efectos sólo se tienen indicios negativos: las secretarias de Educación del Caquetá y
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del Meta han elaborado un censo de la deserción escolar y nos informan que para el año 1999 la matrícula estudiantil ha descendido de manera drástica: de los 15.947 estudiantes que terminaron el año 98 sólo 8.871 volvieron a inscribirse en el 99. Algún periodista deduce de ello y sin elementos adicionales que la mayoría de quienes desertan del sistema escolar han sido reclutados, ya por la guerrilla ya por los paramilitares.
Pero la recapitulación de los hechos de violencia acaecidos en este territorio circunscrito desde comienzos de la década del 80 nos pone al tanto de otra dimensión. En 1980, la izquierda legal, aglutinada en uno de tantos rótulos para designar una alianza transitoria («Frente Democrático» en este caso) obtuvo avances importantes en los municipios del valle del Ariari en el Meta y resultados electorales mayoritarios en algunos municipios del Caquetá: San Vicente del Caguán, Puerto Rico y El Paujil. En el caso de San Vicente del Caguán, según una versión militante, esa mayoría se fue erosionando como producto de los errores organizativos propios («los viejos métodos de agitación, el maltrato de los militancia de base como para el caso de los municipios del valle del Ariari a raíz de la primera elección y la no renovación de los cuadros de dirección») tanto como de una acción represiva y discriminatoria en convivencia con los candidatos de los partidos gubernamentales6. Para el caso de los municipios del Meta, esa mayoría se siguió incrementando y en la primera elección popular de alcaldes se tradujo en una mayoría para la U.P; pero esa fecha electoral marca a la vez el inicio de una serie de varios atentados individuales, pero sobretodo de la matanza de Piñalito (en el municipio de Vistahermosa) el 21 de febrero de 1988, que evidencia el propósito sistemático de contrarrestar esa mayoría electoral con el recurso a la violencia: con menos espectacularidad que en el Magdalena medio, pero con
Véase los capítulos: "El susto de San Vicente" y "San Vicente, trago amargo", en: DELGADO, Alvaro. Luchas sociales en el Cagueta. EDICEIS, Bogotá, 1987.
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tanta eficiencia como allí, la acción de los paramilitares cobra víctimas a la vez que define fronteras políticas. En ninguna otra región del país la campaña de asesinatos selectivos se llevó a cabo de manera tan metódica (alcaldes, candidatos a alcaldes, concejales, administradores municipales) y aun cuando los márgenes de impunidad impidieron aclarar judicialmente cualquiera de esos homicidios, al recapitular las muertes al investigador social no le queda la menor duda de la existencia de un propósito detallado, de una estrategia, y de un ente coordinador, una organización que por oculta que haya quedado hasta el momento, delata toda suerte de nexos con los poderes regionales, con los beneficiarios directos del vacío político que se produce con la desaparición de ese grupo de cuadros dirigentes.
Premeditación y selectividad, además de recursos organi-zacionales, son las características sobresalientes de esa serie de asesinatos, y las pocas evidencias asociadas a la investigación juidicial de esas muertes nos demuestran que el paramilitarismo también es endógeno en la región; que las escuelas de sicarios encontradas entre San Martín y Granada, o en las cercanías de Puerto Lleras, reclutaban adherentes y simpatizantes entre los afectados por las acciones de la guerrilla o por el ascenso vertiginoso de la U.P. y que la lucha por la hegemonía política estaba produciendo nuevas demarcaciones territoriales: las rivalidades entre El Castillo y Cubarral, entre el casco urbano de Mesetas y su parte rural, o entre la periferia de Vistahermosa y la porción de territorio de más reciente poblamiento (hacia adentro del río Güejar en área de completo control por la guerrilla) así lo corroboran.
Antecedentes inmediatos
El cañón del Duda, las riberas del Guayabera y la región del Pato aparecen de manera recurrente en los relatos cuasi-épicos
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acerca de los orígenes de las FARC, que la propia organización guerrillera fue produciendo con fines propagandísticos. Son los hitos iniciales de la "Columna de marcha" y convierten a esta región en la retaguardia del núcleo originario de las FARC, y luego en el epicentro de su posterior expansión hacia el Ariari, y el Guaviare, y hacia la Amazonia en general. Aun cuando fue posible obtener evidencias del arribo de algunos integrantes de la columna de marcha al Caguán ya a finales de los años 50, el alto Caguán, los ríos Guayas y Suncillas comienzan a aparecer de modo sistemático en los partes de guerra, mucho después, ya en los inicios de la década del 80.
El itinerario inicial y los hitos de la expansión van a ser corroborado posteriormente en los relatos elaborados a partir de una nueva serie de entrevistas según la técnica de las historias de vida, producidas en principio por Molano, luego por sus discípulos y por sus émulos.
Por su parte en un típico informe de investigación, publicado como una monografía regional7, el geógrafo alemán Wolfgang Brucher se interesa en los datos del poblamiento, del origen regional de los colonos y partiendo de San Martín recorre la región hasta los nuevos centros de poblamiento en el piedemonte amazónico del Caquetá (Doncello, El Paujil, Belén de los Andaquíes), el recorrido lo lleva a cabo en 1968, aun cuando la publicación como monografía en español data de 1974. Es un trabajo importante para la recapitulación no sólo por el año en el que se lleva a cabo, un año nodal en el proceso, sino por que logra suplir la información que las herramientas más convencionales no nos proveen. Brucher en su informe da cuenta del nacimiento de un poblado como Vistahermosa, en las orillas del río Güejar e indica ia tendencia que representa el frente colonizador que se dirige hacia el interior de la reserva de La
' La colonización de la selva pluvial en el piedemonte amazónico. IGAC, Bogotá 1974.
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Macarena, sus vectores, sus protagonistas. La zona que demarca para su estudio es una línea imaginaria que, partiendo de Puerto Leguízamo, en el Putumayo, asciende por el piedemonte, por las cuencas de los ríos Caguán y Guayas, hasta llegar luego a la ribera del Guayabera. A falta de recuentos demográficos confiables, pues los procesos activos de colonización no son registrados en su magnitud por ninguno de los censos tal como están diseñados hasta hoy, acude a un recurso imaginativo para hacerse a unas evidencias consistentes acerca del origen regional de los colonos: examina las partidas bautismales en donde se declara el lugar de nacimiento de los padres de la criatura, procesa la información resultante para los principales núcleos de población y obtiene así un estimativo válido: para el período que estudia, de 1960 a 1968, la procedencia regional de los colonos se ordena así: Tolima, Valle, Cundinamarca, Caldas, Boyacá y Antioquia.
Tan interesado en los problemas culturales de la colonización, en la mentalidad y en las actitudes del colono, como en las características fisiográficas de la región que va recorriendo, en ninguna parte de su informe se menciona a la guerrilla, o se encuentra la menor alusión directa a su papel en ei proceso colonizador, pero un buen entendedor puede inferir su presencia en varios síntomas explícitos. Circunspecto, demasiado circunspecto resulta el geógrafo alemán respecto de la presencia guerrillera, pero es comprensible: de una parte no es su tema y de otra parte la polarización estaba en el ambiente, aun cuando de signos ideológicos un tanto distintos de la actual (en el lanzamiento de la edición española de su libro Orden y Violencia, recordaba el colombianista francés Daniel Pécaut, que en sus comienzos, y sólo por los temas en que se interesaba como investigador en Colombia, fue acusado de ser agente de la CÍA por algunos medios universitarios) Nuevos hechos ocurridos a partir de 1970, como el secuestro del biólogo norteamericano Richard Starr, en las cercanías de La Macarena y que dura tres años, terminan de
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darle la razón en ser circunspecto. Hoy en día, salvo los zoólogos japoneses que mantienen activa una estación experimental, ningún extranjero que no sea un periodista o funcionario convocado al efecto se atrevería a penetrar en la región.
La secuencia temporal que entregan los relatos, tanto como la somera periodización que nos entrega el geógrafo alemán no va dejando dudas sobre el itinerario del proceso colonizador al superponerle al panorama que traza, las referencias documentales que han ¡do compilando trabajos históricos como los de Eduardo Pizarro, y los mapas de la expansión guerrillera y la progresiva adscripción que la guerrilla va teniendo con el territorio en cuestión. Si el más antiguo y el más poblado de los municipios es San Vicente del Caguán, que surgió con las primera bonanza cauchera y tiene algo más de cien años (1898) el más reciente; Vistahermosa, apenas pasa de los treinta (aun cuando Uribe haya sido elevado a municipio en fecha más reciente.) Por cierto que, como muestra de un creciente poder militar en la zona, Vistahermosa es tomado por las FARC en 1 977, uno de los primeros poblados en que se pasa del hostigamiento y del consabido asalto a la Caja Agraria, a un copa-miento mayor, con control de áreas, arenga, y despliegue de poder de fuego, que implica toda suerte de mensajes a la población del casco urbano en un momento en que está pasando ya la fugaz bonanza marimbera y se inicia en firme la propagación de los cultivos de coca.
De los testimonios y de la documentación que hoy se puede reunir acerca de la expansión de las FARC, se deduce que la región del actual despeje pasó de ser zona esporádica de refugio inicialmente, a retaguardia para reorganizar el dispositivo luego de los combates de Marquetalia, zona de implantación después, en fin zona donde "el nuevo modo de operar" arroja dividendos políticos netos, tal es la secuencia en líneas generales de la relación de la guerrilla con este territorio.
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Por la importancia que ya tenía, y buscando consolidar el control ya adquirido es que en los diálogos de paz iniciados en 1982 todavía no se formulan reivindicaciones especiales por parte de la guerrilla; como se advierte en la documentación que salió a la luz cuando el proceso ya había fracasado. La Uribe, y Casa Verde son apenas la "sede social" de los encuentros y del recibimiento de las diversas delegaciones, el despeje del que se llegó a tratar con detalle en las comunicaciones, y que estuvo prácticamente decidido en agosto-septiembre de 1983 (un capítulo algo olvidado de la historia reciente) está formulado para el el oriente del Tolima: los municipios de Santana, Dolores, y una parte de Purificación y el Prado8.
Podría decirse que es cuestión de táctica negociadora, pero para entonces otras declaraciones y otros documentos confirmaban la importancia que había adquirido la región en su conjunto para las miras estratégicas de las FARC. Si el profano está un tanto a ciegas para discernir la estrategia de los ejércitos regulares, mucho más lo está para vislumbrar las directrices o los planes de una organización guerrillera, clandestina y verticalizada. Sólo es posible hacer inferencias de modo retrospectivo, y aún así se halla en un terreno del todo deleznable; el riesgo de la mala especulación es muy alto. En todo caso la información es consistente, y fue posible recabar algunos datos dispersos, y ha sido posible cotejarlos luego con nueva documentación que ha ido saliendo a la luz, y con la secuencias de hechos militares que desde entonces se ha estado produciendo.
En esta recapitulación es ineludible referirse a las movilizaciones campesinas conocidas como "marchas" en una serie que comienza en noviembre de 1981 (aun cuando las dos más
8 Ver cartas de Jacobo Arenas de agosto 20 y 26 de 1984, y de septiembre 1.5 del mismo año, dirigidas a Alberto Rojas Puyo en: Correspondencia secreta del proceso de paz. Editorial La Abeja Negra, junio de 1989, pp.180-194. Al leer esa correspondencia no cabe duda de que el despeje, la idea y la palabra, fueron introducidas en el lenguaje político colombiano por las FARC.
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importantes fueron movilizaciones acuáticas: se llevaron a cabo por los ríos Guayabera y Guaviare: el primero en mayo de 1985), y el segundo en diciembre de 1986. Movilizaciones de más de 20 mil colonos (según estimativos gruesos, aunque fiables) en cada uno de los los casos, postulaba como reivindicación expresa la suspensión de los patrullajes del ejército en toda la zona, y el establecimiento de puestos fijos de control, junto con otras demandas más genéricas acerca de crédito y asistencia técnica; la tercera de las movilizaciones mencionada, menos concurrida y en una coyuntura menos favorable, tan sólo obtuvo ayudas de manutención y de costear el regreso de los colonos a sus sitios de origen. Por espontáneas que fuesen, las movilizaciones coincidían bien con los requerimientos del dispositivo desplegado por la guerrilla para desdoblar sus frentes, y con la importancia que le concedían a un creciente control territorial. Al examinar la secuencia se puede comprobar que cada una de las movilizaciones se produjo en relación directa con planes del ejército, o con operativos militares en curso, y condujeron a desvirtuarlos o a aminorar su efecto.
Y esa importancia aparece rubricada por dos hechos militares: en junio de 1987 se produce la emboscada al ejército por parte de las FARC en las proximidades de San Vicente del Caguán, que prácticamente cierra el ciclo negociador que se había iniciado en la administración Betancur, y todavía más rotundo es el golpe que significa la emboscada guerrillera con un saldo muy alto de pérdidas para el ejército, en la carretera Paujil-Cartagena del Chaira; una carretera que siendo una obra civil, se había concebido, y adelantado por un batallón de ingenieros militares como una manera de afirmar la presencia gubernamental en la zona de transición entre el piedemonte y la cuenca del Caguán, y correlativamente fue vista por la guerrilla como una amenaza al grado de control que poseía ya en la zona, y a la comunicación entre sus frentes del Meta y sus frentes del Caquetá.
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Aquí hay que subrayar la diferencia con el Magdalena medio: aun cuando la campaña de exterminio de dirigentes de la U.P. en el Meta se llevó a cabo de manera metódica, y aun cuando se produjeran fracasos en las movilizaciones auspiciadas, y una sensible disminución en los resultados electorales de los candidatos de izquierda (en la primera elección popular de alcaldes, los alcaldes de los cinco municipios que rodean la Sierra de La Macarena: San Juan de Arama, Vistahermosa, Puerto Rico, Meta, La Macarena, Mesetas, incluyendo La Uribe y sus respectivos concejos eran de la U.P.; en la segunda elección (apenas dos lo seguían siendo9) no se produce un cambio de adhesiones; por sistemática que hubiera sido la eliminación de cuatro dirigentes por parte de los paramilitares, no contribuye a modificar las lealtades políticas preexistentes, el trabajo político de la guerrilla se muestra sólido. Salvo en la periferia, en los cascos urbanos de Vistahermosa (que durante algunos años parece un pueblo a lo Juan Rulfo, y en donde tres de cada cinco casas llegan a estar abandonadas según un censo del alcalde en 1990) o San Juan de Arama, o los núcleos de poblamiento del alto Ariari, la población muestra una retaguardia social sólida para el accionar guerrillero
Entretanto, sucesivas movilizaciones (La "Marcha de Iraca" de 1986) se habían propuesto como meta conseguir el rea-linderamiento del territorio de la reserva y la consiguiente titulación de los predios ocupados. Se inicia entonces una concertación en la que participa la Universidad Nacional, y que hace posible un recuento poblacional confiable pues además de la expectativa de la titulación debido al reconocimiento de la ocupación real; el empadronamiento se llevó a cabo con
'' Nuestra versión de lo que percibimos en un trabajo de campo que se realizaba por entonces quedó publicada en "El terrorismo y sus efectos en la participación política" Resista Politeia, n°. 6. VIII, 1990, Facultad de Derecho, Universidad Nacional, y previamente en un capítulo del libro La Macarena: territorio de conflictos, Centro Editorial Universidad Nacional, Bogotá, 1989.
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participación de colonos y de estudiantes, y pudo llevarse a cabo pese al desarrollo simultáneo de operaciones militares en el sur de la Sierra, particularmente en la ribera del Guayabera, con una buena cobertura arrojando algunas sorpresas respecto de la ¡dea tradicional sobre los procesos colonizadores: de los jefes de predio, casi la quinta parte, el 19.03%, tenían un origen urbano, y para la población en edad escolar la tasa de analfabetismo era menor que la nacional. Ya no se podía entonces hablar de colonización campesina, sin más; el anterior se sumaba y era del todo consistente con otros datos obtenidos para las regiones de minifundio en donde se desarrolló el programa DRI, la propia noción de campesinado era necesario volver a pensarla y con ella el carácter ineluctable o fatal de lo que el propio Fals Borda llamaba en sus escritos, parafraseando a Comte "ley de los tres estadios", según la cual, la colonización siempre y en todos los casos reproduce la economía campesina y con el eslabón intermedio del comerciante de tierras, termina ampliando el latifundio.
También resulta significativo cotejar la procedencia regional de los colonos que arroja ese recuento con la que Brucher había logrado establecer, aun cuando los territorios abarcados por una y otra apreciación no coincidan del todo: aparte del Meta, que es desde luego el primero, los departamentos de procedencia de los colonos son: Cundinamarca, Tolima, Valle, Boyacá, Santander, Caldas y Antioquia; un mosaico bastante variado para el caso.
Los operativos militares que se desarrollaron entonces, entre abril y mayo de 1988 producen de inmediato un repliegue de la guerrilla hacia el interior de la zona de reserva, hacia sus campamentos del Duda, y de las zonas menos pobladas del Losada y del Caño perdido. Los operativos fueron comandados por el propio comandante de la IV división y se adelantaron de manera conjunta entre el ejército y la policía antinarcóticos, sin que dieran lugar a combates específicos, fueron interpretados
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periodísticamente como "la reconquista de la República del Guayabera" [EL TIEMPO, 14 de mayo de 1988). Una interpretación a todas luces exagerada como lo demuestra el desarrollo posterior de los hechos.
De ahí en adelante a lo que asistimos en los últimos diez años es a un nuevo ciclo de progresiva expansión del dispositivo guerrillero, operativos militares de contención, conatos de movilización social y medidas gubernamentales que responden a ellas de modo extemporáneo. El decreto presidencial 1989 de 1989, cuya finalidad era redelimitar el área digna de ser preservada reconociendo el grado de ocupación real y aplicando a la vez la legislación sobre parques naturales, y las detalladas y profusas normas del Código de Recursos Naturales, ni siquiera logran estabilizar la frontera entre ocupación y preservación, tras esa redefinición normativa la ocupación se ha intensificado según todos los observadores y según todos los estimativos.
La más reciente, y de seguro la mejor concebida de las normas que se han ¡do sucediendo con el propósito de estabilizar los frentes colonizadores y preservar lo que resta sin ocupar las áreas frágiles de la Amazonia y de la Orinoquia, es la Ley 160 de 1994, cuya paternidad intelectual hay que atribuirla, sin duda, a Alfredo Molano y a sus trabajos sobre el problema. El inconveniente es que en este caso se ha quedado sin aplicación, que ha encontrado más resistencias tácitas que sectores campesinos que la acojan o demanden su puesta en práctica, y que su entrada en vigor coincidió con la intensificación de las fumigaciones en las áreas de cultivos ilícitos, precisamente aquellas para las que en principio fue concebido el modelo (aun cuando en su exposición de motivos por momentos se reafirme la ecuación simple colono=campesino) y por tanto el propósito sectorial y gradualista, la visión a largo plazo que contiene esa ley ha sido postergada por la lógica de la guerra, y por las acciones con finalidades inmediatas.
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En todo caso, la promesa presidencial formulada el 7 de agosto de 1994 en el discurso de posesión de "erradicación TOTAL de los cultivos ¡lícitos en el término de dos años" ponía en el congelador la aplicación de esa ley, y la convertía en la simple hoja de papel que ha sido hasta ahora.
Así el propósito de acudir en ayuda de unos 700 mil habitantes de las regiones de la Orinoquia y Amazonia en que se estimaba el conglomerado de personas que se habían establecido en la útima etapa "como consecuencia de las emigraciones forzadas de motivación económica o política", según estiman quienes han procurado que la norma en cuestión se traduzca en acciones concretas y a sabiendas de que dicho conglomerado "está ubicado en espacios de limitado potencial productivo, al menos dentro de las condiciones actuales de nuestro desarrollo tecnológico"10 se ha visto desvirtuado y controvertido en los hechos por el plan de fumigación y por las acciones militares de una y otra parte. El Guaviare, La Macarena, el medio y bajo Caguán, y el Valle del Cuamués en el Putumayo son las subregiones de la Orinoquia y la Amazonia que se identificaron como las más aptas para conformar las zonas de reservas, y han sido a la vez aquellas en donde las acciones de fumigación y las acciones bélicas de la guerrilla y la respuesta -tardía, siempre- del ejército, han sido recurrentes.
Así que lo que se presentó en su momento como una victoria para el ejército: anular la propuesta de despejar el municipio de La Uribe para propiciar los diálogos y luego la negociación (el "ruido de sables" del que se habló a mediados de la administración Samper), visto retrospectivamente es un episodio subalterno al lado de las aciones del Billar, de Las Delicias, de la base antinarcóticos de Miraflores en el Guaviare y de Mitú.
" Véase: FAJARDO, Darío. "Proyecto zonas de reserva campesina. Una estrategia de paz para el desarrollo rural", 6 de marzo de 1997, Mimeo, p. 3.
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Y a su vez, para la población afectada, eso tres últimos golpes de la guerrilla en el 97 y 98, y tras ellos, la consecución del despeje vienen siendo una revancha histórica del tratamiento que merecieron las marchas campesinas de agosto y septiembre de 1996; las llamadas por el periodismo "marchas de campesinos cocaleros". De la importancia que la guerrilla le concedió a esas marchas, la manera como se propuso interpretar las frustraciones de los participantes a raíz de ellas y de su desenlace, y el preanuncio de las acciones que piensan realizar en represalia, nos da una ¡dea cabal el contenido de su boletín "Resistencia", n°. 110, de julio de 1996 cuyo tema principal está dedicado a esas movilizaciones".
Algunos analistas señalan la importancia documental de la flamante "Acta de acuerdo entre el gobierno nacional y los campesinos e indígenas marchistas del departamento del Caquetá suscrito en la ciudad de Florencia el día 12 de septiembre de 1 996". Redactada en lenguaje diplomático, que recuerda los tratados entre naciones, el acta comienza con sendas declaraciones que reiteran lo que antes de las marchas se había sostenido por parte y parte, es una especie de statu quo, lo que allí se formaliza, luego está la enumeración de obras de infraestructura y los aportes a los que se compromete el gobierno central, en fin, se pacta una práctica suspensión de la campaña de fumigaciones a cambio de una "erradicación manual contratada" de la que se haría cargo el propio cultivador de coca, para la que se especifica el precio del salario pero no los mecanismos de supervisión. Lo que visto de modo retrospectivo tiene de importante es que el documento registra y clasifica al universo social de esta zona y en boca de sus voceros representativos: aparecen definidas con nitidez, y en sus propias palabras,
1 Aunque fechado en julio de ese año, tanto la carátula como el artículo central dan cuenta de acontecimientos ocurridos con posterioridad, la clandestinidad, hace posible esos ejercicios de anticipación periodística...
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los "tres tipos de jornaleros" ligados al cultivo y procesamiento de la coca como se reconoce y se asume en los pasajes más significativo es de esas 15 páginas. Raspachines, jornaleros y pequeños cultivadores y toda una cadena de pequeños menesteres y de bajos oficios asociados a la producción de pasta-base salieron del anonimato. Como fue documentado con abundancia en las crónicas escritas y televisivas de ese momento, el general Néstor Ramírez a cargo del ejército en esa zona hizo un uso -literalmente- impecable del enunciado constitucional (de cuño weberiano) "detentar el monopolio de la violencia legítima"; pero resultó evidente que está menos sensibilizado para entender la legitimación como proceso. Al fin y al cabo los generales tienen que vérselas con los efectos de la deslegitimación; y ello ya de por sí en un país en el que la guerra irregular ha adquirido tanta intensidad los absorbe lo suficente como para que se ocupen de sus causas.
No ha sido falta de método o de perseverancia la que se puede atribuir al ejército: al recapitular sus acciones en la región desde 1982 se puede encontrar que han estado encuadradas en un plan, un plan de reconquista desde que se pudo di-mensionar la presencia guerrillera. Muy temprano, y puede decirse hoy, antes que otros entes estatales, el ejército contó con datos y análisis de la situación que daban cuenta del flujo de colonos concomitante con la implantación de los núcleos guerilleros. Ya en tiempos del general Landazábal como ministro de Defensa y estando en vigor el cese al fuego, el ejército había comenzado a dar forma a esos planes y a recabar la información indispensable. El hecho de que el batallón Liborio Mejía con sede en Florencia se propusiera la construcción de la carretera Pauj i I-Cartagena del Chaira, así lo indica. Otra de las acciones con sentido del largo plazo había sido la realización de un censo en Cartagena del Chaira en 1981, que ya para entonces arrojó el dato de 9.231 pobladores para la cabecera municipal, cifra que apenas eran la punta del iceberg. La carretera
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tenía el claro propósito de destaponar la región, y a la vez reducir el control que la guerrilla tenía de la única vía de acceso; el río Caguán. Lo que no entraba en los planes del ejército era que la polarización y la presión crecientes lo ¡rían a convertir en ariete de la política antidrogas. Aunque sus incursiones previas fueran cautas, y atribuibles a consideraciones puramente militares, y aunque la concepción de los "comandos de desarrollo" presentada por el ministro Landazábal no estuviera del todo descaminada (como tampoco eran incontrovertibles en sí mismos los llamados del general Bonnet inmediatamente después del golpe de Las Delicias a "aumentar la inversión social en el Caquetá" propuesta que parecía una maniobra distractiva frente a la gravedad de los partes que daban cuenta de muertos y heridos del ejército) los límites de la acción militar estaban determinados por otro tipo de hechos. Si por la misma época, 1982-1983 los comandantes del ejército rehusaron aceptar como misión reprimir otras actividades ¡lícitas -el contrabando de café en la Guajira, para ser específicos- con el argumento muy válido de que se trataba de una labor policiva, y de que el asumirla los hubiera expuesto a la corrupción, además de enajenarles parte del apoyo de la población en una región fronteriza y sensible, para el caso del Caguán, de La Macarena y del Guaviare han asumido de manera intermitente la labor de represión del cultivo y del tráfico de insumos pues esa actividad ¡lícita es imposible de deslindar del apoyo social y del control territorial que ha adquirido la guerrilla. Si se quisieran pruebas de la última afirmación bastaría señalar cómo ha variado la posición norteamericana: ya no pretende deslindar de manera neta su ayuda para la campaña antidrogas de la lucha contrainsurgente.
Pero aun cuando ha de estar muy presente y muy fresco en la memoria de los colombianos, tal vez no sea superfluo mencionar aquí el más importante de los antecedentes inmediatos, el despeje de Cartagena del Chaira con el fin de entregar a los soldados supervivientes de Las Delicias, no podemos dejar de
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mencionarlo: proporcionó un modelo; equivalió a lo que en el lenguaje teatral se llama "el ensayo general" de la puesta en escena. Tras él cada uno de los participantes asimilará la experiencia. Según lo podemos inferir, el haber llegado con tal fuerza a una audiencia masiva internacional llevó a la guerrilla a hacer un descubrimiento algo tardío: la credibilidad no se incrementa en proporción a la audiencia12.
Si durante el primer año de gobierno, la administración Samper no aceptó el despeje del municipio de La Uribe; al final de ese gobierno, y después de Las Delicias, del Billar y de Patascoy, la postura de las FARC era exigir el despeje de al menos cinco municipios: así comienza a formularse como precondición del inicio de una nueva ronda de diálogos, desde marzo de 1998; y eso queda pues sobre el tapete en ei curso de la campaña.
El " t i m i n g " de la campaña electora!
Una de las novedades de la más reciente campaña presidencial la constituyó la forma en la que tras bambalinas, la mayor parte del tiempo, o mediante declaraciones sincronizadas con las encuestas electorales, gravitaron las organizaciones guerrilleras, tanto en su desarrollo como en sus resultados electorales. El primero en señalar las implicaciones de las alianzas veladas que se han ¡do formando ha sido el historiador Marco Palacios13.
12 La mejor crónica de lo ocurrido en el despeje de junio de 1997, es, una vez más, la de Alfredo Molano: "Mentiras y verdades del Caguán" en: El Espectador, domingo 22 de junio de 1997. Allí se registra ya, y por primera vez, la propuesta del despeje de cinco municipios en el discurso que envió Manuel Marulanda; la conclusión de Molano es un tanto sorprendente: "Bien vistas las cosas la condición del despeje es un reconocimiento de hecho a la soberanía del Estado sobre el territorio nacional" (p. 7. A).
" "El problema con las dos guerrillas estriba en que desde la campaña electoral se tejieron afinidades o nexos o como se quiera llamar entre, por un lado el ELN y el sampero-serpismo y, del otro, las FARC y el pastranismo. Eso está contando y va a seguir contando" en: PALACIOS, Marco et al: Opiniones sobre las perspectivas de paz en Colombia. Revista de Estudios Sociales. UniAndes & Fundación Social, n". 2, diciembre de 1998, pp. 114 y ss.
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FERNANDO CUBIDES
Aun cuando la mayoría de esos contactos y de los términos de la negociación acerca de esos pronunciamientos, por haberse llevado en sigilo, queden vedados para el analista, aquíel riesgo no es la especulación: un repaso simple de la secuencia no deja lugar a dudas, y una revisión de la prensa acerca de lo que ocurrió entre la primera y la segunda ronda de las elecciones presidenciales es de por sí ilustrativa. El valor del anuncio al aceptar el despeje por parte del candidato Andrés Pastrana y el encuentro de unos de sus emisarios con el líder histórico de las FARC, la foto y el "guiño" que eso significó para un sector del electorado, no necesitan ser reiterados, ya hacen parte del anecdotario electoral colombiano. El cálculo de la intensidad del efecto de anunciar 96 horas antes de la ronda definitiva la disposición de las FARC a reunirse con Andrés Pastrana en caso de salir electo surtió efecto: era un tiempo suficiente para que durara su impacto positivo, y demasiado breve para que afloraran las críticas y se sopesaran consecuencias de más largo alcance.
Es más fácil discernir el significado que tiene como reivindicación, como etapa de un meta política a largo plazo para una organización clandestina como son las FARC, que discernir el pensamiento estratégico que hay detrás de la concesión del despeje, los efectos previstos de una prolongación de las negociaciones, tal como los aprecia hoy el sector gubernamental, o los concebían el candidato y sus asesores al momento de formularlos como promesa.
Al recapitular los acontecimientos queda claro que el despeje (el eufemismo "distensión" ha tenido menos acogida, y los propios voceros gubernamentales tiene que hacer un esfuerzo visible para recordarlo en sus declaraciones) fue parte de una estrategia electoral exitosa, que se calcularon sus efectos me-dibles en las diferencias entre la primera y la segunda ronda de las elecciones presidenciales, y que los anuncios que se produjeron sobre las tratativas estaban en consonancia con encuestas
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y cálculos electorales, y las fluctuaciones que se estaban produciendo; queda por demostrarse si por parte del gobierno existe una estrategia y metas señaladas de mayor alcance.
Si se necesitara alguna corroboración del papel de esa promesa de despejar los cinco municipios en los resultados electorales, y de los compromisos que implicaba, bastaría releer los artículos de la orden presidencial, en la que fija el área a despejar y las fechas de duración y una y otra se remiten a "la voluntad expresada por los colombianos en las urnas el 26 de octubre, en el mandato por ia paz, la vida y la libertad", las motivaciones que se exponen y el propio anuncio: "he tomado la decisión de ordenar el despeje" de la alocución presidencial del 14 de octubre de 1998.
El despeje "en sí" (octubre de 1 9 9 8 — - ?)
Terminadas las ceremonias y atenuado un tanto el despliegue de los medios, el otro despliegue, el despliegue del dispositivo de las FARC se lleva a cabo de modo menos espectacular de lo que hubieran deseado los camarógrafos; es más cauto de lo que se suponía, tan silencioso y con tanto cálculo y minuciosidad en sus preparativos como cualquiera otra de sus acciones, sin excluir el elemento sorpresa. Por lo demás, los desfiles militares, la ostentación del tricolor y el número de efectivos se vieron un tanto opacados por la ausencia de Marulanda y las especulaciones en torno a ella. El desbalance informativo se hace palpable pues el cubrimiento de los municipios distintos a San Vicente del Caguán y de personas distintas a los voceros y autoridades establecidos fue prácticamente nulo.
Mientras que la información detalla y repite la extensión del territorio (los 42.139 km2 del área a despejar, se convierten en el dato mejor memorizado de la geografía nacional, versión 1 999) no alude siquiera a la cifra de poblamiento, y no por que
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hubiere escrúpulos acerca de la cobertura o de la confiabilidad de los datos censales, sino porque la información así presentada enfatiza la cesión territorial, el dato más visualizable. (Las 56.091 personas que había, según el Censo de 1985 se convierten en el Censo de 1993 en 97.978 personas; pero sabidos son los problemas de recolección censal en las áreas rurales, máxime en las "zonas rojas", como las denomina el funcionariado. Además la franja que menos miden los recuentos censales es la de la población flotante, que en esta clase de regiones es pro-porcionalmente mayor).
Pero en un recorrido previo14, aunque panorámico, se pudieron recoger impresiones, opiniones espontáneas y percibir diferencias entre pobladores según su ubicación espacial y social: el despeje hace emerger los objetivos de los colonos recién establecidos, quienes se hallan "en el corte" o en la punta del frente colonizador y de modo más o menos consciente han transgredido la ley a nombre de la supervivencia como norma superior, y a la vez afecta los intereses, inhibe expresar sus objetivos e induce a desplazarse a quienes habiendo llegado como colonos, han tenido tiempo de convertirse en hacendados, cuentan con un patrimonio y generalmente se hallan ubicados en las inmediaciones de las cabeceras municipales. Los efectos son pues diferenciados y corresponden a la diferenciación social que se ha ¡do produciendo según el ritmo de la colonización. Cuando Alfredo Molano en sus crónicas se refiere al capitalismo salvaje como imperante en estas partes del país debe entenderse en su sentido más lato: es un capitalismo primitivo, pues su margen de acumulación es incipiente, irrisorio; y a la vez un capitalismo que patrimonializa lo acumulado, en una secuencia muy simple.
11 Véase: "Diario del despeje. Crónica de un trabajo de campo", en: Análisis Político, n". 35, diciembre de 1998.
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Las variaciones de los precios de la tierra y el ganado comenzaron a manifestarse antes del despeje, pero cuando ya estaba anunciado en firme, así como pequeñas fluctuaciones en los bienes de consumo, no hay un comportamiento especulativo. Aun cuando disminuye la demanda mayorista, no hay acaparamiento, nadie parece jugar al alza. Los partidarios de la teoría de la "opción racional" tendrían aquí un territorio digno para la observación pues en materia de precios y de oferta de bienes todo el mundo, apremiado por las circunstancias parece acogerse, instintivamente claro, a la "rational choice".
Si para los forasteros la novedad está en la concentración de efectivos de las FARC, y en el ejercicio visible de la autoridad por parte de los comandantes guerrilleros, para los pobladores está en que dicha autoridad se ha intensificado, en que no tiene contrapesos a la vista; a una situación de "poder dual" ia ha sucedido una de poder directo: si en el primer caso, la adaptación comporta el aprovechar los intersticios entre quienes se disputan el control territorial, ahora lo impredecible es la duración del poder incontrastable que ejerce la guerrilla.
La noción de "poder dual" fué formulada porTrotski en su Historia de la revolución rusa (libro de 1933), rememorando los años iniciales de la revolución y para referirse a aquellas porciones del territorio de Rusia en donde, durante ciertos períodos, llegaron a coexistir el régimen zarista y el bolchevique y donde una porción sustancial de la población (pero porción al fin) reconoce al nuevo poder como su gobierno legítimo a la vez que niega legitimidad a los representantes del poder tradicional; otros han retomado esa noción luego, un científico social contemporáneo, Charles Tilly, ha retomado aTrotsky para referirse a esas situaciones transicionales como caracterizadas por una "soberanía múltiple" (múltiple sovereignity) en tanto que un historiador como Perry Anderson, lo tomó antes para destacar lo inestable del equilibrio resultante y pre-
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fiere hablar de "soberanía parcelada" (parcellizedsovereignity) para referirse a la distribución del poder en las sociedades feudales europeas15.
En un evento cuya finalidad es "el análisis no coyuntura! de la coyuntura" resulta menos pertinente aún arriesgar apreciaciones sobre hechos que apenas se están prefigurando; al momento en que estamos reuniendo concluye el plazo del despeje, mejor dicho la primera de las prórrogas, sin que el día en que estamos redactando el presente escrito podamos conocer la decisión que se haya tomado acerca de una nueva prórroga, la cual por otra parte parece inevitable si se quiere que los diálogos conduzcan a alguna parte. Aun así queremos arriesgar algunas predicciones acerca de cómo evolucionará ese "poder dual" que ha operado aquí, qué curso tendrá la relación de la guerrilla con la población de estos municipios cualquiera que sea la duración que finalmente tenga el período en cuestión.
Protección más eficiencia
a) La defensa de la población frente a enemigos externos (las reales o virtuales amenazas de los paramilitares) y el cese de operativos que puedan afectarla constituye una demostración del poder armado, de eficacia operativa. Las reiteradas amenazas de los paramilitares ha resultado funcionales para asentar el dominio que alcanzó la guerrilla, como ¡lustrando la relación recíproca que establece la teoría política clásica entre protección y obediencia: quien está en condiciones de ofrecer una protección efectiva, a su vez tiene mayor probabilidad de obtener acatamiento.
' TILLY, Charles. From mobilization to Revolution. Wesley Addison, 1978; véase así mismo un artículo muy pertinente para nuestro caso: WICKHAM-CROWLEY, Timothy. "The rise (and Sometimes Fall) of Guerrilla Governments in Latin America", en: Sociological Forum, volume 2, number 3, summer 1987.
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b) Mantenimiento de la paz interna y del orden. El sentido común se puso al servicio de una justicia expedita, sumaria. Con restricciones pero con auto-contención de las tendencias autoritarias por parte de la guerrilla16, lo destacable es la drástica disminución de los hechos de violencia homicida y de las lesiones personales, respecto de cualquier período semejante del que se tengan evidencias. Un "cese al fuego" práctico para las distintas modalidades de violencia, de efectos positivos de cara al largo plazo.
c) Si las características que tuvo el poblamiento convirtieron a la población en una base social mayoritariamente dispuesta y favorable al poder militar que ha ¡do construyendo la guerrilla, y para ese gobierno alternativo que constituyó durante el tiempo que dure el despeje, la experiencia de estos meses incrementó el difuso sistema de reciprocidad entre la guerrilla y la población que la apoya. Lo que era un "contrato social implícito", se ha hecho explícito.
Para el caso de San Vicente de Caguán en particular, la realización de obras publicas, la optimización de los recursos asignados durante esta etapa constituye un efecto demostrable y positivo. Puede hallarse que los testimonios coinciden en mostrar la corrupción y la ineficiencia como características persistentes de las entidades del nivel central y departamental en el área (eran proverbiales las disculpas de los funcionarios del antiguo INDERENA para no cumplir ni hacer cumplir las restricciones de tala, pesca y caza argumentando hallarse en zona roja, lo que no impedía sin embargo que se lucraran con expe-
16 Para ello resulta importante que las FARC hayan escogido a un comandante con más preparación y mejor manejo del lenguaje. A diferencia del comandante "Romana" que a raíz de la retención de civiles después de los combates de "Monterredondo" en marzo del año 98 afirmaba con desparpajo: "Pues si hay que asesinar, se asesina"; el comandante 'Jairo" destacado en San Vicente se ha mostrado cauto, contemporizador y con sentido de los matices.
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dición de licencias madereras o con la actividad privada de comercio de pieles17) de ahí que las acciones ejemplificantes y con mecanismos de veeduría, se propongan contrastar con la experiencia previa, un efecto-demostración conseguido y con visos de perdurar. La guerrilla demuestra una particular preocupación por no convertirse en una autoridad predatoria.
d) Mejoras, mínimas pero perceptibles, en el nivel de vida de la población. Durante el período observable se registra (desde varios ángulos) una preocupación consistente por la prestación de servicios básicos, y la región y sus habitantes se han beneficiado de un interés especial que ha permitido focalizar beneficios, inventariar las necesidades no cubiertas hasta ahora. Hasta donde es posible seguirlo a partir de datos fragmentarios, los efectos más notorios se han mostrado en el sector salud, y en las necesidades en materia educativa.
Legitimación (relativa) de la vía armada
a) Ambigüedad: una de las lecciones que surge dei experimento es la de que los pactos para que funcionen, necesitan fusiles detrás. El muy hobbessiano comandante Mono Jojoy no ha escatimado oportunidad de subrayarlo18. Si los pactos suscritos a raíz de las movilizaciones campesinas se cumplieron en una mínima proporción, y los pactos a que da lugar el despliegue de poder armado tienen una mayor probabilidad de cumplirse,
7 "El INDERENA al tiempo que otorgaba las licencias a los poseedores del bosque para su explotación, generaba las condiciones para que los beneficiarios fueran los compradores e intermediarios: el tráfico de licencias y la corrupción facilitaron el proceso predatorio", en: GONZÁLEZ, José Jairo. Actores de la colonización reciente en la Amazonia. CIFISAM-CINEP. Vicariato Apostólico de San Vicente. Abril de 1995. p. 79. Y como los que trascribe el informe, muchos testimonios más.
8 "Sin la espada, los pactos no son sino palabras" Leviatán, Cap XVII. "Las armas tienen que ser las garantes de los acuerdos", en: Semana, "¡Extra! Habla el Mono Jojoy", enero 11 de 1999, suplemento a la edición n". 871.
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la conclusión no es difícil de establecer, sobre todo si las negociaciones no conducen a resultados visibles.
b) Incertidumbre acerca del régimen de propiedad y el consiguiente riesgo para la inversión. Principal, pero no sólo del sector ganadero. Si el tributo del 10% sobre ei precio de venta del ganado y de la leche producida, se convierte en un costo fijo y puede ser asimilado a cualquiera de los otros tributos; su aplicación selectiva y las acciones confiscatorias equivalen a señales negativas de cara al futuro. De hecho las expresiones gremiales del sector ganadero, y la tendencia a la baja que registran del precio del ganado, van en esa dirección.
c) La cifra que se maneja sobre coca y amapola (según la cual apenas el 7,3 % de los cultivos ¡lícitos estaría en el área de despeje) proviene de estimativos gruesos, y no hay posibilidad de corroborarla con apreciaciones de un período anterior para la misma área. Es una cifra "diplomática" sujeta a corroboración. La cautela en el manejo de la información ha sido la pauta, y todos los que intervienen parecen conscientes de la sensibilidad internacional que reviste. Acciones puntuales de sustitución concertada han tenido resultados para el caso de la amapola en las partes altas de San Vicente del Caguán, según informes del Vicariato; las posibilidades de sustitución en áreas más amplias, han de sujetarse a negociaciones posteriores. El ofrecimiento de la guerrilla de escoger un municipio distinto (Cartagena del Chaira) tiene sentido en cuanto que hay otras áreas en donde el problema es anterior en el tiempo y tiene una extensión mayor, pero sería distractiva si no comporta aciones hacia las zonas que dentro de ésta área han sido cultivadas.
Organización y part ic ipación: señales encontradas
Como afirmábamos en la breve recapitulación inicial, salvo las primera elección popular de alcaldes, los resultados de ias si-
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guientes pueden considerarse distorsionados por los asesinatos y otros hechos de violencia e intimidación. Se puede constatar un incremento de la abstención en las elecciones locales y departamentales; las nuevas formas de participación que contempla la Constitución del 91 (veeduría ciudadana, comités ambientales, recusación del mandato, consulta ciudadana) no han tenido una expresión particular. Con anterioridad al despeje, y con motivo de las más recientes elecciones locales la actitud de la guerrilla fue favorecer o propiciar el abstencionismo19, pero desde antes sus propias acciones ¡ntimidatorias disminuyeron la participación electoral y pudieron desestimular el acceso a los otros mecanismos de participación. Los que se crearon para el desarrollos de Planes como el PNR, (Consejos municipales de rehabilitación) o las formas de participación que contemplan otros planes gubernamentales, han tenido una duración efímera. La pastoral social y la acción del vicariato en San Vicente tiene un radio circunscrito a la sede principal. Pero en la zona de poblamiento más nueva se han ¡do creando formas asociativas y de participación (cuenca alta del Guayabera, cuenca del Losada y del Caño perdido) se está desarrollando una forma de organización que entraña una novedad: se trata de una Asociación Campesina y Ambiental cuya representatividad es comprobada (56 veredas y 9.500 personas inscritas), importante por su rápido crecimiento (tiene apenas tres años de creada) y porque ha logrado proyectarse fuera de la región y sus directivos han asimilado la información básica sobre cuestiones ambientales y desarrollan labores experimentales. En una región donde la extracción maderera ha sido intensiva en los últimos años, el hecho de que una de las normas
9 "En las condiciones políticas del país la orientación de la abstención electoral es justa y revolucionaria. A nivel local continuaremos estimulando el desarrollo de mecanismos extrainstitucionales que vinculen democráticamente a la comunidad con la gestión administrativa de acuerdo a las particularidades de cada lugar": Conclusiones generales del Pleno del EMC de las FARC-EP, noviembre 20 de 1997, en: BOLETÍN RESISTENCIA 113, fechado en marzo de 1998.
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de las asociación se exprese como "No talar desmesuradamente" dada la imprecisión que conlleva todo adverbio de modo puede conducir a que se subvalore el proceso que aquí se ha iniciado; sin embargo, hasta donde se puede comprobar sus objetivos son compartidos y la disposición de sus asociados es ge-nuina y ha sido corroborada por varias acciones previas.
Junto a ese tipo de organizaciones, subsisten con la acogida y representatividad que le son tradicionales, las Juntas de Acción comunal, organizaciones primarias entidades tan tradicionales y de tal arraigo en las regiones de procedencia de los colonos que aquí se reproducen de manera espontánea, sin que requieran ni de una promoción especial, ni de un reconocimiento expreso. Sea para avalar las transacciones (ante del hecho de que los predios no pueden ser titulados, la venta de ellos se lleva a cabo mediante un papel registrado en la junta respectiva) sea para ir construyendo un equipamiento social mínimo, o para dirimir litigios interindividuales las Juntas continúan cumpliendo el papel que ya ha sido descrito en la literatura sobre las regiones de colonización.
La situación en algunos municipios por fuera de la zona de despeje, como Cartagena del Chaira, no es esencialmente distinta, pero allí lo que puede haber de experimental ha sido posible no como reconocimiento expreso del poder militar de la guerrilla, sino como resultado del desgaste de la guerra y de la puesta en funcionamiento de acuerdos políticos entre los dirigentes de la política local, un experimento de democracia directa, por aclamación, pero junto a eso una incipiente resistencia civil hacia actitudes autoritarias de quienes cuentan con el aval de la guerrilla.
La duración: nuevas incertidumbres.
Si después de los 90 días que se habían planteado inicialmente, y del forcejeo acerca de los soldados bachilleres la prórroga se
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convirtió en un factor de incertidumbre y según varias crónicas, produjo desplazamientos adicionales sobre todo en los cascos urbanos, una nueva prórroga acentuará la tendencia al desplazamiento. La estabilidad que ha prevalecido se debe a la duración limitada que se contemplaba y a los indicios de concertación que se iban recibiendo acerca de los nuevos plazos. La rutini-zación a que diera lugar una duración distinta, puede ser contraproducente.
En todo caso en lo que lleva de trascurrido significa una refutación de quienes apostaban a la poca preparación de la guerrilla para asumir responsabilidades a nivel local y regional.
Lo que ha tenido de positivo el despeje como experiencia colectiva, se puede atribuir al grado de concertación que ha implicado, a que propició un equilibrio entre coerción y consenso, y a que se concibió y se llevo a cabo de manera expedita, y por ser a la vez circunscrito en el tiempo y en el espacio.
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Cultivos ilícitos, fumigación y desplazamiento en
la Amazonia y la Orinoquia
Aura María Puyana Mutis1
El desplazamiento por fumigac ión
Una realidad desconocida
Si el desplazamiento forzoso apenas comienza a ser estudiado en Colombia, no obstante su persistencia y dimensiones actuales, la migración involuntaria por causa de la fumigación de cultivos ¡lícitos no se visualiza aún como problema.
Desde la óptica del Estado colombiano, la aspersión aérea del herbicida glifosato hace parte de la política integral de lucha contra las drogas, conjuntamente con el desarrollo alternativo, la reducción de la oferta de narcóticos, el control al lavado de activos y la reducción del consumo, formulada por los gobiernos de Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana Arango en sus respectivos planes nacionales2. En la medida en que excluye a los pequeños productores, para quienes está diseñada la sustitución de cultivos, no se le considera factor de violencia sino más bien la respuesta represiva legal -el mal necesario- a
1 Socióloga de la Universidad Nacional, asociada a la Corporación Observatorio para la Paz.
1 Véase: "Plan Nacional: compromiso de Colombia frente al problema mundial de la droga 1994-1998" y "Plan Nacional de Lucha contra las drogas 1998 2002". Dirección Nacional de Estupefacientes.
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la conducta delictiva de quienes sólo buscan ganancias exorbitantes mediante la producción de sustancias naturales sicoac-tivas. No conforma, portante, la agenda de gobierno sobre atención a la población desplazada.
Desde la perspectiva societal, la presencia de los cultivos ¡lícitos alcanzó visibilidad con la movilización de colonos, campesinos y jornaleros de la coca en el verano de 1996 que reclamaban reconocimiento a su condición socieconómica por parte del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional. Después de intensas refriegas en los puentes que demarcaban el límite de las marchas y de tensiones incesantes en la mesa de negociación, el acuerdo suscrito por los voceros del gobierno central y las comunidades dejó por fuera las condiciones de la sustitución de los cultivos ¡legales a cambio de las cuales podría suspenderse la fumigación, para regodearse en el detalle de proyectos de inversión muchos de ellos previstos en los planes de desarrollo. Lamentablemente el suceso político no desembocó en un debate nacional sobre esa realidad socioeconómica ignorada o desconocida por muchos, ni en el examen atento de las estrategias represivas y sociales previstas para su solución.
Las preocupaciones electorales del candidato de la Gran Alianza para el Cambio Andrés Pastrana Arango, y el pragmatismo de la guerra en el caso de las FARC, legitimaron el tema de los cultivos ilícitos como un problema que puede resolverse con el triple recurso de la inversión para el desarrollo, una mayor presencia del Estado y las negociaciones de paz con la insurgencia. Si bien este reconocimiento es hoy innegable, las opciones concretas para disminuir el peso de la agricultura ¡lícita no están del todo definidas. Tan es así que los ítems de la erradicación y la fumigación, centrales en el discurso de las dos partes, no aparecen explícitamente consignados en la "Agenda común para el cambio hacia una nueva Colombia", ni en las agendas particulares previas. Se atisban, si en la exigencia de la
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CULTIVOS ILÍCITOS, EUMIGACIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN LA AMAZONIA Y LA ORINOQUIA
concertación con los campesinos sobre premisas no punitivas, y en la necesidad de recuperar los resortes de la soberanía para esta y otras decisiones de la política nacional.
El refugio interno por efectos negativos de la aspersión de agroquímicos es, sin embargo, una realidad en la Amazonia y la Orinoquia. Desde 1995, miles de campesinos, colonos, jornaleros de la "raspa" y "flotadores" que se quedaron sin trabajo al disminuir el volumen de hoja de coca para cosechar, emigraron anónimamente por temor a la pobreza y a la doble sindicación de narcotráfico y subversión que con frecuencia se les endilga. Es una huida individual e inorgánica de la que no existe registro específico, pese a ser uno de los motivos que se consignan en los cuestionarios de la Cruz Roja, las Vicarías Apostólicas, la Red de Solidaridad Social u otras entidades oficiales. Las estadísticas terminan por agruparlos bajó la denominación genérica de "desplazados por violencia", única forma de acceder a los programas asistendales del Estado.
Ahora bien, la regiones cocaleras de Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo no son sólo el epicentro de la llamada "guerra contra las drogas", sino también el primer escenario de un "conflicto armado en medio de negociaciones de paz"3, que desconcentró la presión sobre las regiones más violentas de los años 80 y principios de los 90: el valle del Magdalena medio y el Golfo de Urabá. La simultaneidad entre las demostraciones de fuerza de las FARC, la contrarespuesta defensiva del Ejército, la fumigación de los cultivos ¡lícitos y la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a partir de una más clara definición de su estrategia contrainsurgente por el control del territorio y los circuitos de producción y comercio de pasta básica de cocaína (PBC), con-
1 La política de paz que nunca comenzó en la administración Samper definió el proceso como de "negociaciones de paz en medio del conflicto". En el último año la degradación y el escalamiento de la guerra justifica invertir los términos y darle preminencia a los "hechos" del conflicto sobre los "hechos" de la paz.
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fluyen en el abandono multicausal del "lugar de vida" donde hombres y mujeres construyen sus interacciones familiares, laborales y comunitarias. La fumigación aparece como un factor más de desplazamiento, no reconocido por el Estado y precariamente definido por las oenegés responsables de su estudio, lo que hace muy difícil su medición y diagnóstico.
Con apenas 13.153 personas refugiadas en 1998, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), el fenómeno puede juzgarse irrelevante para ser investigado; frente a los 308 mil colombianos que se sintieron en estado de indefensión para permanecer en su lugar de residencia representa apenas el 4.2%, y comparados con los 1 53.336 expulsados de la Costa Atlántica y Cesar4. Sin duda no es esta la mirada correcta para entender lo que está ocurriendo en la Amazonia y la Orinoquia. Si se tiene en cuenta la densidad regional de la población allí asentada, las connotaciones estratégicas por ser área limítrofe con cuatro países amazónicos, y el probable recrudecimiento de la fumigación aérea y el conflicto armado, ese guarismo se torna social y políticamente relevante5.
La evolución de los acontecimientos de la paz y de la guerra exigen conocer mejor ese espacio de conflictos múltiples, para comenzar a diseñar los dispositivos de acompañamiento y asistencia a una población extremadamente vulnerable al atropello de sus derechos esenciales por los Estados vecinos o actores armados involucrados. En la primera parte de este ensayo se intenta una aproximación a la política pública antinarcóticos
1 Véase: "Un país que huye". Boletín Codhes informa, n". 17, Santafé de Bogotá, febrero 15 de 1999.
' La cifra de 13 mil desplazados según sitio de llegada tiene el inconveniente de excluir la migración interdepartamental, o por lo menos una parte importante de ella. Si se dispusiera para 1998 del censo de desplazados según sitio de expulsión, no siempre fácil de realizar por costos e inseguridad, el éxodo desde Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo podría ascender por lo menos a 20 mil personas.
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CULTIVOS ILÍCITOS, FUMIGACIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN LA AMAZONIA Y LA ORINOQUIA
implementada entre 1978 y 1998; en la segunda, un rastreo empírico de los movimientos humanos ocurridos bajo presión en las cuencas de los ríos Guaviare, Caquetá y Putumayo. Es, además, una invitación a discutir la pertinencia de incluir factores conexos al conflicto armado, como sin duda lo es la fumigación de "vegetales ¡legales", entre las causas de desplazamiento por violencia. La existencia de 101.800 hectáreas de coca en zona de influencia guerrillera, más la identificación ideológica de guerrilleros y campesinos como "narcosubversión", sitúa este conflicto social y agrario en el corazón del conflicto armado, así muchos estemos convencidos de su naturaleza distinta aunque interrelacionada.
La guerra química del glifosato
Durante más de dos décadas la erradicación química de los cultivos ilícitos no fue una prioridad del Estado colombiano. El procedimiento se aprueba en forma experimental "secreta" durante el gobierno de Julio CésarTurbay Ayala (1978-1982) a raíz del auge de las plantaciones de marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero es Belisario Betancur (1982-1986) quien sanciona oficialmente la utilización del herbicida glifosato después de negar la utilización del paraquat por los daños que podría causar a la salud y al medio ambiente. La protesta de colonos, campesinos e indígenas arhuacos y kogis, más la decisión de Washington de no insistir en la estrategia, facilitó la suspenden de las operaciones y el reingreso de los militares a las labores de destrucción manual de la yerba6.
1 La Enmienda Percy que negaba proporcionar ayuda económica para el uso de herbicidas prohibidos en los Estados Unidos, se eliminó en 1980. Un completo recuento de las decisiones de política sobre erradicación de cultivos ilícitos se encuentra en varios artículos de Juan Tokaüían, entre ellos "La política exterior de Colombia hacia Estados Unidos 1978-1990", en: Narcotráfico en Colombia. Dimensiones políticas, jurídicas e internacionales. Carlos Arríela (comp.), Ediciones Uniandinas-Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogotá, 1993, pp. 280-376.
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AURA MARÍA PUYANA MUTIS
Cultivos ¡lícitos y movilizaciones campesinas
(1994-1998)
1994 1995
• 1996 1998
ECUADOR
CAMPESINOS MOVILIZADOS
EN 1996
Guaviare - Meta Caquetá Putumayo Nte. de Santander Bolívar
TOTAL
76.000 78.000 57.000 15.000 15.000
241000 Fuente: CINEP
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CULTIVOS ILÍCITOS, FUMIGACIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN LA AMAZONIA Y LA ORINOQUIA
Desplazamiento, conflicto armado, cultivos ¡lícitos y fumigación en
Colombia 1998
VENEZUELA
ECUADOR
1 + 2 + 3 + 4
1 + 2 + 3
^ 1 + 2
1 Cultivos ilícitos 2 Conflicto armado 3 Desplazamiento 4 Fumigación
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AURA MARÍA PUYANA MUTIS
La evolución de la industria de los narcóticos hacia el procesamiento y tráfico del clorhidrato de cocaína a partir de una materia prima importada de Perú y Bolivia -la pasta básica de cocaína (PBC)- , y la complacencia social e institucional con los empresarios de la droga explican la oscilación entre períodos cortos de fumigación y parálisis prolongadas durante los mandatos presidenciales de López Michelsen, Turbay Ayala, Betancur Cuartas y Barco Vargas. Un movimiento pendular que en este, como en los asuntos de la extradición y el sometimiento a la justicia, sintetiza el dualismo de las élites frente a los dividendos de la economía ¡legal. Millones de dólares en el torrente financiero, ventajas suplementarias en la lucha contra la insurgencia a cargo de los grupos paramilitares, y el apuntamiento de la propiedad agraria, aún a costa de tenerla que compartir con los grupos emergentes, sumaron puntos a favor de la interrelación mafias -establecimiento. En el cuatrienio 1994-1998, el escándalo por los dineros del Cartel de Cali en la campaña electoral de Ernesto Samper Pizano marcó el inicio de los distanciamientos, más profundos en lo político que en el funcionamiento por vasos comunicantes del sistema económico nacional.
Influyó también un marco de relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos con márgenes reales aunque decrecientes de autonomía para definir una estrategia antinarcóticos todavía en ciernes. Conocidos son los alegatos de Alfonso López spbre la mayor responsabilidad del polo de la demanda en el fortalecimiento de la economía de las drogas, y su defensa enconada de la "ventanilla siniestra" para legalizar el ingreso de divisas ¡legales procedentes del contrabando y el narcotráfico. Reacciones ásperas se oyeron ante la negativa de Turbay Ayala de involucrar al Ejército en ias operaciones contra el cultivo y el tráfico de marihuana, cuando la prioridad acordada con la cúpula militar era la concentración de esfuerzos y efectivos en el combate a la subversión comunista.
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Esta situación varía drásticamente a principios de los años 90. La irrupción de la amapola en la Región Andina y el crecimiento de los cocales en la Amazonia modifican el perfil de Colombia, de un país de traficantes todopoderosos a un país de cultivadores y cosecheros de materia prima ¡lícita, con los componentes económicos, sociales y políticos que ello significa. Sin infraestructura física, crédito, ni asistencia técnica, miles de campesinos y colonos cambian los cultivos tradicionales por la coca y ia amapola, y otros tantos desalojados de las ciudades y el campo, frontera adentro, se lanzan a la "aventura cocalera" esperando recuperar los ingresos que dejaron de percibir en el paro laboral o el subempleo.
Bajo estas expectativas se incuba la doble tendencia hacia la expansión y la diversificación de los cultivos ¡lícitos. Entre 1 985 y 1994 el total sembrado pasa de 15.500 a 70 mil hectáreas, lo que representa un incremento del 351% en el lapso de una década. El comportamiento de cada cultivo es sin embargo desigual: mientras la superficie con coca se dispara de 13 mil a 45 mil hectáreas, la marihuana crece con moderación de 2 a 5 mil hectáreas pasado el "boom" de los años 70. Lo novedoso es la sorpresiva aparición de 20 mil hectáreas/año de amapola entre 1992 y 19947, en las regiones de la vertiente andina, lo que pone de presente la crisis general del campo por las políticas macroeconómicas aprobadas para el sector.
La presión de Washington por eliminar de tajo el renglón de la amapola induce a César Gaviria Trujillo (1990-1994) a intensificar la fumigación como método de destrucción de los cultivos ¡legales. En 1992 se afectan 12.864 hectáreas en Huila y Tolima, una cifra alta si se consideran las 1.502 hectáreas asperjadas a nivel nacional en los siete años anteriores. En este momento la erradicación aérea adquiere el rango de política siste-
7 Dirección Nacional de Estupefacientes.
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mática, dependiente en alto grado de las presiones externas y de reversión difícil dada la miopía nacional para entender la readecuación funcional de Colombia en la industria internacional de los narcóticos. Al no percibir las diferencias entre las fases del tráfico y el cultivo, es decir la transición hacia una realidad donde pesa más lo social que lo delictivo, la política externa pierde la oportunidad de replantear las condiciones de la evaluación y la cooperación externas, como en su momento pudieron hacerlo Bolivia y Perú con un discurso de fuerte contenido sociocultural. La destrucción física de las plantas ¡legales y la represión de los actores sociales vinculados a su cultivo se erige como la única opción a seguir, con escasas resistencias interinstitucionales y una opinión pública refractaria a luchar por consideraciones de soberanía nacional, sensibilidad social o defensa del medio ambiente8. Tampoco surge una mirada prospectiva sobre la articulación economía de la coca economía de la guerra, ni sobre sus efectos en la fortaleza política y militar de las FARC en los territorios bajo su influencia.
La parábola de la colmena
Entre el 7 de agosto de 1994 y el 6 de agosto de 1998, la primacía del interés de "seguridad nacional" de los Estados Unidos en el diseño de la política antinarcóticos de Colombia adquiere sus expresiones más nítidas. Después de comprobar la restricción de la flor de amapola de 20 mil a 6.540 hectáreas entre' 1994 y 1995, los funcionarios de la Casa Blanca desplazan la mirada a los departamentos de Guaviare, Caquetá, Meta y Putumayo y sitúan la erradicación de los arbustos de coca en un indiscutible primer lugar.
8 El Consejo Nacional de Estupefacientes aprueba la fumigación de la amapola en 1992 y de los arbustos de coca en 1994.
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En ese momento la administración Samper no cuenta con el viento a favor para exigir en la comunidad internacional coherencia con el discurso de la "corresponsabilidad" a la hora del diagnóstico y de las soluciones con respecto a Colombia. No se la exige tampoco así mismo. El Plan Nacional "Compromiso de Colombia frente al problema mundial de la droga. 1994-1998", señala sin ambigüedad que la erradicación es la meta principal y la sustitución el complemento mitigante de las consecuencias negativas que aquella pudiera acarrear. El Desarrollo Alternativo, dice el documento, "prevé acciones para responder de manera oportuna y eficaz a la inconformidad campesina que pueda derivarse de la erradicación masiva de plantas ¡lícitas, lo mismo que para prevenir la expansión, reaparición o metástasis del fenómeno"9. Bajo estas premisas funcionaron sin ambigüedad ni interferencias la Policía Nacional Antinarcóticos y el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE).
En el período comprendido entre el 1 de enero de 1995 y el 6 de agosto de 1998 se fumigaron 143.163 hectáreas de coca y 1 684 de amapola, por encima de los compromisos adquiridos con el Departamento de Estado. "Les puedo asegurar que si hubiéramos dispuesto de un mayor parque aéreo y no hubiéramos tenido que enfrentar militarmente a los treinta y cinco frentes guerrilleros que están actualmente involucrados en la protección de los narcocultivos, los resultados seguramente hubieran sido superiores", comentó el presidente Samper en febrero de 1996, poco antes de recibir su primera descertificación de manos del presidente Clinton10.
' Véase: "Plan Nacional de Desarrollo Alternativo", en Las Políticas del Salto Social, tomo I, Presidencia de la República-DNP, Santafé de Bogotá, 1998, pp. 398-401.
10 En la primera semana de 1998, el director de la Policía Nacional general Rosso José Serrano sintetizó orgulloso el esfuerzo del año anterior en materia de erradicación con las siguientes palabras: "En esta lucha sin cuartel nunca cerramos, incluso el propio 31 estábamos fumigando cultivos de coca y amapola". "Policía pide a EU no politizar la certificación", El Tiempo, enero 9 de 1998.
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Con la fumigación intensiva se esperaba destruir el centro neurálgico de producción de hoja de coca, hasta llevar su cultivo al nivel de la no rentabilidad. Los resultados son desalentadores. Sin pisar terrenos de los ambientalistas o de los "vio-lentólogos" puede afirmarse, cuando menos, que la represión química es un "fracaso matemático", un error por ineficacia que pocos funcionarios se atreven a reconocer en público, aunque lo constaten en privado ante la irrefutable evidencia de las cifras. Veamos: entre 1985 y 1994, cuando se fumigaron 1.156 hectáreas de coca promedio/año, la superficie creció con moderación de 13.500 a 44.800 hectáreas; pero cuando la aspersión llegó a 35.790 hectáreas promedio anual, entre 1995 y 1998, la siembra se disparó de 50.900 a 78.350 según la Policía Antinarcóticos de Colombia, o a 101.800 según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para un incremento del 54% o el 100% respectivamente.
Las consecuencias no se limitan sólo al comportamiento de los cultivos. La decisión política de iniciar operaciones en áreas históricas de la insurgencia prefigura las intersecciones entre el conflicto social de la colonización, el conflicto armado interno y la lucha antinarcóticos, hoy indiscutibles. El poderío militar y logístico demostrado por las FARC en Las Delicias, El Billar, Miradores y Mitú, la movilización de 200 mil cocaleros contra la eventualidad de la erradicación química en Caquetá y Putumayo, la conformación de un batallón especial antinarcóticos del Ejército Nacional con entrenamiento y asesoría de los Estados Unidos, más la incorporación de los puntos "sustitución de cultivos" y "lucha contra el narcotráfico" en la Agenda Común aprobada por las FARC y el Gobierno Nacional" apuntan a un escenario de luz y sombra donde lo único claro es la militarización de la lucha antinarcóticos y la
1 Véanse puntos 3 y 6 de la "Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia" suscrita el 6 de mayo de 1999 por los voceros oficiales del Gobierno Nacional y las
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narcotización del conflicto armado interno, ambos al parecer irremediables.
El interregno de las negociaciones de paz
Que el jefe de La Gran Alianza para el Cambio, Andrés Pastrana Arango, haya manifestado su disposición al diálogo con la insur-gencia no es sorprendente, hace parte del "hábitos" inaugural de los últimos gobiernos. Sucede igual con las declaratorias de guerra a la mitad y al final de todos los cuatrienios. ¿Pero cuales son las razones que lo llevaron a desplazar el eje de las negociaciones de paz hacia los cultivos ¡lícitos hasta el punto de incluirlo en el temario de la primera gran reunión en San Vicente del Caguán, el 7 de enero de 1999, y a las FARC a aceptarlo complacidas?
Con el incrédulo escepticismo de los Estados Unidos, Pastrana busca el compromiso explícito de los rebeldes para eliminar una de las ventajas comparativas que facilitaron el poco honroso primer lugar en la producción mundial de hoja de coca. Dicha ventaja no es otra que la incapacidad dei Estado para garantizar acciones exitosas de corte represivo o de promoción del desarrollo alternativo en el 40% del territorio nacional, precisamente en las regiones donde se localizan los cultivos y las FARC tienen su más segura retaguardia. La reducción de la oferta por caminos de negociación sería el objetivo final del recién posesionado presidente.
Motivaciones ligadas a la evolución del conflicto armado animan a las FARC a aceptar la "narcotización" del proceso de paz. Los cultivos ¡lícitos son ei "as bajo la manga" para reclamar una interlocución mayor con los países consumidores y el gobierno nacional, y reafirmar de paso el control político-
FARC-EP en La Machaca (Caquetá). "Hechos de Paz. Del diálogo a la negociación". Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Imprenta Nacional, Santafé de Bogotá, 1999, pp. 549-550.
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territorial en las áreas donde se impulsen programas de sustitución por ellos supervisados. Razones suficientes para aparecer como protagonistas del problema y ahora de la solución. En este caso, las apelaciones sociales del discurso guerrillero no pueden omitirse. En repetidas ocasiones Manuel Marulanda Vélez ha rechazado el tratamiento represivo y criminalizador de la base social que soporta la economía ¡lícita, por considerar que causas estructurales de orden socioeconómico la empujan hacia el único producto rentable en el contexto de la colonización. Ello implica un desacuerdo franco con cualquier modalidad de erradicación forzosa que a nombre de la persecución contra el delito anule la búsqueda de soluciones concertadas con la comunidad.
Esta concatenación es novedosa. Ninguno de los gobiernos que adelantaron diálogos con la insurgencia, ni ninguna de las fuerzas rebeldes convocadas fincaron la clave del éxito para vencer al narcotráfico en la transacción entre gobierno, fuerzas antiestatales y comunidad internacional. Parecería que a pesar de su relevancia socioeconómica y su impacto en el orden jurídico y político, hubiera existido un consenso para excluir o por lo menos para no tratar públicamente ninguna de las aristas del problema. La experiencia solitaria del "Plan de Desarrollo para el medio y bajo Caguán y Suncilla" elaborado en 1 985 por los frentes 14 y 15 de las FARC, el Comité de Colonización, la Asociación de Juntas Campesinas y algunas entidades del Estado, es una excepción fallida que corrió paralela a las conversaciones de paz y no imprimió ningún sello distintivo a la estrategia antinarcóticos del presidente Betancur.
La ligazón entre política de paz y política antinarcóticos llevó a Pastrana Arango a reconocer la honradez los de colonos y campesinos que recurren a la coca para resarcir las pérdidas de su desventajosa competencia en el mercado agrícola legal, y a salvar incluso la legitimidad de la insurgencia por coincidir en
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los territorios cocaleros sin que ello signifique su transformación en "narcoguerrilla", porque con la mafia "no existe ni puede existir diálogo ni entendimiento alguno".
En el lanzamiento del Plan Colombia el primer mandatario afirmó sin titubeos:
"Mi gobierno ha comprendido juntamente con el país, que en la rebeldía de la clandestinidad política también existen causas genuinas; que en la economía ¡lícita existen agricultores que quieren vivir de su trabajo honrado y que en la valorización de ese trabajo honrado, está el punto de partida para la proyección de nuestras importantes contribuciones al nuevo orden internacional de democracia plena, para lo cual hemos diseñado una vigorosa diplomacia para la paz." Una conclusión lógica del programa de campaña enunciado en la segunda vuelta, en donde fue aún más contundente: "Intimamente l i gado al problema social y a la violencia está el asunto de los narcocultivos. Pienso que este no se erradicará ni con fumigaciones ni con actos de fuerza"'2.
Si nos retrotraemos al lenguaje empleado en el gobierno Samper, el avance es indudable. Al utilizar la palabra "fumigación" solamente en sentido negativo, el presidente Pastrana expresa, en forma un tanto tímida, sus reservas sobre un mecanismo ineficaz e inconveniente que aspiraría a cambiar por una erradicación "fundamentalmente ecológica" o "no contaminante ni destructiva", con la participación incluso de los contingentes armados y/o desmovilizados de las FARC13.
12 "Una política de paz para el cambio", junio 8 de 1998, en: Hechos depazI-IV. Presidencia de la República, Imprenta Nacional, marzo de 1999, p. 33.
!i Esta significación negativa del término "fumigación" no es total. La Dirección Nacional de Estupefacientes y la Policía Antinarcóticos continúan empleándola en sentido positivo como el mejor mecanismo de reducción de la oferta.
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Las palabras y los hechos
Aunque el énfasis entre lo social y lo represivo varió a favor del primer término en el "Plan Nacional de Lucha contra las Drogas. Colombia 1998-2002", en consonancia con la política de paz y negociación política del conflicto armado, el presidente Pastrana parece no poder evitar medirse y dejarse medir por el número de hectáreas erradicadas por la Policía Antinarcóticos. El sector campesino continua sometiéndose a programas mixtos de erradicación forzosa y sustitución de cultivos, con dosis desproporcionadas de garrote y zanahoria según alegórica expresión de las Naciones Unidas.
El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores elaborado en febrero de 1999 para lograr la certificación norteamericana, así lo confirma. Los indicadores de eficacia siguen siendo los mismos del cuatrienio anterior: número de hectáreas fumigadas; incautaciones de precursores químicos, drogas ilícitas, bienes inmuebles y vehículos; destrucción de infraestructura para la producción y el transporte; desmantelamiento de organizaciones criminales etc, a contramano del discurso oficial que obliga a destacar, por lo menos a nivel indicativo, las metas de inversión en desarrollo regional y sustitución de cultivos14.
Una suerte de esquizofrenia discursiva se presenta en el nuevo gobierno por la abierta contradicción entre el decir y el hacer institucional. Mientras la Presidencia de la República expresa una vocación social para solucionar el problema de los cultivos ¡lícitos, el resto de entidades y funcionarios estatales se mantiene en una lógica represiva aparentemente insensible al cambio de coyuntura, o lo que es peor en una mezcla incoherente de
" Véase: La lucha de Colombia contra las drogas ilícitas. Acciones y resultados en 1998. Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia. Fondo Editorial Cancillería de San Carlos, abril de 1999.
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las dos posiciones que concluye claudicando a favor de la segunda. Sin duda la culpa no puede endilgarse a la incomprensión de la burocracia pública, sino más bien a las contradicciones intrínsecas de la política que le impiden difundir criterios claros de diferenciación social y oportunidad política para solucionar el problema de los cultivos ¡lícitos.
El reto es sólo uno: sino se acomodan las piezas del rompecabezas de tal manera que el Desarrollo Alternativo ocupe el centro de la política real -no solo el centro de ia retórica-, esas contradicciones serán más evidentes ahora que durante el gobierno Samper. Los pequeños productores volverán a quejarse contra la fumigación, los países europeos objetarán el financiamiento de proyectos de desarrollo alternativo amenazados por el glifosato y los Estados Unidos seguirán imponiendo metas cada vez más exigentes. Entre tanto los Bloques Sur y Oriental continuarán apuntándole a las avionetas, su "evidente objetivo militar", mientras no se acuerde el tratamiento social no represivo consignado en la Plataforma Nacional de las FARC-EP aprobada en 1993.
Distr ibución regional de la erradicación
En el afán por satisfacer el parámetro de reducción de la oferta, único criterio con el cual Estados Unidos mide la voluntad de cooperación en la lucha antidrogas, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional amenaza con superar el récord de 143.847 hectáreas asperjadas en la administración Samper, un 528% más que en el período de César Gaviria Trujillo. La tendencia ascendente se ratificó con la asperción de 51.309 hectáreas en el primer año del gobierno Pastrana13, sin indicios de variación a la baja en el período siguiente. Cuando se anuncia el reforza-
1;' Declaraciones del general Leonardo Gallegos, jefe de la Policía Antinarcóticos, Noticiero Nacional, 25 de julio de 1999.
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miento de la erradicación en Caquetá y Putumayo, y sigue sin concretarse algún plan de sustitución con las FARC fuera de los cinco municipios de despeje, ello es prácticamente irreversible. Dependerá de los "acuerdos concretos y verificables" que llegaren a pactarse con las FARC en materia de contención de nuevas siembras y desmonte progresivo de las existentes, siempre con el beneplácito de los Estados Unidos. Un suceso del mundo de lo posible aunque no de lo probable según la radiografía más reciente del proceso de paz.
En el verano de 1996 la magnitud y radicalidad de las movilizaciones de cultivadores y cosecheros contra el control asfixiante al comercio de cemento y gasolina y contra el anuncio de la fumigación, logró diferir hasta mediados de 1997 el inicio de los sobrevueles de las avionetas Turbo-trush y los helicópteros Black-hawen Caquetá, Putumayo, Meta y la baja bota Caucana. No sucedió igual con el Guaviare, donde por poseer la mayor superficie con coca y la cuota más alta de cultivos comerciales se concentraron las acciones a partir de 1995.
1998 fue el año de la erradicación forzosa en la Amazonia y la Orinoquia, con el 91.5 % del total nacional distribuidas en el siguiente rango: a) Guaviare: 37.352 hectáreas con énfasis en el municipio de Miradores (69.2 %); b) Caquetá: 21.41 7 hectáreas especialmente en Cartagena del Chaira, Sólita, Solano y Curillo (74.2 %); c) Meta: 5949 hectáreas concentradas en Puerto Rico y Mapiripán (99.9%); d) Guainía y Vichada: 367 hectáreas en los municipios de Sireguajivos, Carurú y Pacoa (100%); y e) Putumayo: 842 hectáreas en el municipio de Puerto Guzmán (100%), una aspersión muy baja en relación con el tamaño y ritmo de expansión de los cultivos.
¿Las consecuencias? A la disminución de la siembra en la rivera del río Guaviare de 38.600 a 7.000 ha entre 1996 y 1999, le siguió una rápida expansión de los cultivos en Caquetá
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(24.000 ha), Putumayo (30.1000 ha), Meta (4050 ha), Bolívar (3.000 ha), Norte de Santander (4.000 ha) e incluso en la región limítrofe de Córdoba y Antioquia bajo dominio paramilitar (3050 ha)16. La evaluación estadística decanta un resultado visible: la reposición 1 a 1 de cada hectárea destruida en el Guaviare, si nos atenemos a la versión colombiana, o de 2 nuevas hectáreas según los datos de la UNSCR. Se concretan así las figuras del "blanco móvil" y el efecto "globo", "hidra" o simplemente "metástasis" con que los expertos caracterizan los efectos perversos de un negocio tan atractivo en contextos de ¡legalidad.
Persistiendo en el error
Una radiografía como esta debería concluir en la urgente reorientación de la estrategia de reducción de la oferta por la vía de la destrucción de los cultivos ¡lícitos en los países productores, ineficaz mientras se mantienen inalteradas las condiciones socioeconómicas que empujan hacia allá a grandes grupos poblacionales, y relativamente incólumes las facilidades para la repatriación y legalización de las "narcodivisas. En "El peor enemigo de sí mismo: la guerra antidrogas de Washington en América Latina", Coletta Youngers y Peter Zirnite advierten al respecto que no hay otro campo de la política pública donde la influencia práctica de los expertos y académicos llega a su más bajo nivel17. Factores externos a la lógica misma de la economía de las drogas como la opinión de los electores, el control de las decisiones de seguridad nacional y las restricciones a las libertades públicas influyen en la reiterada aplicación del prohibicionismo interno en los países centrales
(l Policía Nacional Antinarcóticos, Informe, julio de 1999. ' Véase: YOUNGERS, Coletta; ZIRNITE, Peter. "El peor enemigo de sí mismo: la guerra antidrogas de Washington en América Latina", en: Democracia bajo fuego. Drogas y poder en América Latina. Martín Jesma y Theo Roncken (comp.), Acción Andina y Ediciones Brecha, Uruguay, 1998.
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y de la represión a la oferta en los ocho "países problema", donde se produce heroína y cocaína. Ello a pesar de los pobres resultados obtenidos en los extremos del consumo y la producción de narcóticos18.
La reducción de la oferta sigue siendo el paradigma dominante en Norteamérica, con diferencias de forma más que de fondo entre Demócratas y Republicanos. Fue el primer Zar Antidrogas de la administración Clinton, Lee Brown, quien pronunció la frase más elocuente: "Es más fácil ir a la colmena que atrapar las abejas cuando vuelan sobre los Estados Unidos", refiriéndose figurativamente a la conveniencia práctica de debilitar a los centros de producción, en lugar de desgastarse en el control de las avionetas, barcos y camiones que horadan el río Bravo y las costas de La Florida.
En un artículo anterior expliqué la lógica de los Estados Unidos de la siguiente manera:
"Al no establecer diferencias entre cultivadores, procesadores y traficantes, el modelo "bélico-punitivo" considera viable aplicar la represión en cualquier punto de la cadena, sin que existan consideraciones sociales o ambientales atenuantes. El cambio de énfasis ha comenzado a sentirse con toda intensidad en nuestro país. Debilitadas las mafias de Cali y Medellín, la Casa Blanca puso el acento en la destrucción de los plantíos de coca y amapola, sin importarle que las consecuencias más
18 A pesar de contar con 114 millones de consumidores, la marihuana se excluye de las estadísticas y políticas de la Oficina de Políticas Nacionales para el Control de Drogas de las Naciones Unidas (UNDCP). En la lista de los "focos" de producción de drogas sobre los que eventualmente se podría ejercer una presión localizada son: Colombia, Bolivia, Perú, Myanmar, Vietnam, Laos, Afganistán y Pakistán. Véase. BUCKMAN, Tom. "Estrategia mundial antidrogas: barniz de un colapso", en: Acción Andina n°. 2, junio de 1998, CINEP, Santafé de Bogotá, pp. 9-33. En el proceso de certificación de 1998 quedó excluido Viet-Nam por tener una producción de opio por debajo del umbral de riesgo para el interés de los Estados Unidos.
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negativas recaigan sobre un sector social -e l campesino colonizador-, que si optó por la ¡legalidad productiva fue porque se encontró sin alternativas en la economía agrícola tradicional donde bregó por tanto años"19.
Bajo este paradigma se argumenta la necesidad de escalar el ritmo de fumigación en Putumayo, Cauca, Nariño, sur de Bolívar y Norte de Santander, en el entendido erróneo de que el incremento de los cultivos es una consecuencia de la baja aspersión, y no precisamente la más clara de sus consecuencias.
Huyendo en el espacio ab ier to de la Amazon ia
Como lo señalamos anteriormente, las cifras regionales sobre desplazamiento forzoso son poco consistentes. La baja confiabilidad de las estadísticas se explica por la exclusión de algunas causales, por la escasa homogeneidad en los criterios, metodología y cuestionarios empleados en ia recolección y procesamiento de la información primaria, o por las dificultades de orden público para visitar las áreas neurálgicas, como sucedió efectivamente en el Caquetá en 1997.
Por considerar que los datos nacionales reflejan, hasta cierto punto, la diversidad regional colombiana, se resume a continuación la caracterización sociodemográfica de la población desplazada incluida en la monografía "Horizontes de comprensión y acción sobre el desplazamiento de población rural en Colombia 1 995-1 997"20, realizada por los investigadores Fabio Lozano y Flor Edila Osorio de la Universidad javeriana. Veamos:
19 PUYANA, Aura María. "Los cultivos aquellos", Revista Irene n°. 7, Corporación Observatorio para la Paz, Santafé de Bogotá, noviembre de 1998, p. 47.
20 LOZANO, Fabio; OSORIO, Flor. "Horizontes de comprensión y acción sobre el desplazamiento de población rural en Colombia 1995-1997". Codhes Informa, n". 16, febrero de 1999.
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% Propiedad: el 69% de las familias refugiadas tiene algún vínculo con el sector rural, como mediano y pequeño propietario el 4 1 % , y como colono un representativo 45.5%, entre los cuales se encuentran la mayoría de los desplazados del Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vichada, Vaupés y Meta.
% Entorno familiar: las familias ostentan un 33% de jefatura femenina, 5.4 personas como tamaño promedio, un 64% en el grupo etáreo de 0 y 18 años, y bajos niveles educativos con el 21 % de analfabetas y el 41 % de personas con primaria incompleta.
£ Actores: los encuestados señalan en un 66% a los para-militares, en un 25% a la guerrilla, en un 6% al ejército y a "otros" en un difuso 11%, por lo general delincuencia común, paramilitares sin identificar o "guardias blancas" al servicio de terratenientes o narcotraf¡cantes.
f Motivos: los motivos que se aducen son las amenazas (56%), el miedo (18%), asesinatos y masacres (11%), conflicto bélico (5%), atentados (5%) y otros (5%), todos violatorios de los D.H.ye l D.I.H.
% Participación: el 65% pertenece a organizaciones comunitarias -juntas de acción comunal, cooperativas de productores-, y tan solo un 11 % a agremiaciones sindicales o políticas. De todas maneras, la polarización del conflicto divide a la población entre "amigos" y "enemigos", no por como se actué o se diga sino por el tipo de actor que controla el territorio.
£ Retorno: A pesar de las angustias propias de una vida urbana carente de casi todo, el desplazado se muestra renuente a retornar al sitio donde quedaron sus pertenencias y su historia familiar: solo el 23% mantiene esa disposición, mientras el 63% desea quedarse en el nuevo asentamiento y el 12% aceptaría reubicarse, lo que plantea un serio reto a los municipios para mejorar su oferta de servicios públicos y a-sistenciales. Para el caso particular de las zonas de coloniza-
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ción, la intención de no retorno podría ser favorable a los planes de reubicación de los cultivadores de coca en el interior de la frontera.
£ Los colonos: un tema de especial interés es el notorio incremento del desplazamiento entre el sector social de los colonos, evidencia de que nuevos factores de presión están interviniendo en los territorios de frontera. Los objetivos que lo propician son múltiples: uno, reconfigurar los espacios de poder político-militar hasta ahora favorables a las FARC en el suroriente colombiano; dos, acaparar tierras para la ganadería o futuros megaproyectos; y tres, frenar la expansión de los cultivos ¡lícitos mediante fumigaciones intensivas en la región amazónica.
Así, encontramos que mientras en 1995 solamente el 6.3% de los refugiados internos se definió como campesino-colono, en 1996 lo hizo el 37% y en 1997 el 45.5%, superando por primera vez a los campesinos propietarios, en una relación de 45 a 40%. Es lógico suponer que si se continúan desdibujando los límites entre la guerra contrainsurgente y la guerra contra las drogas, y las fronteras con Perú, Ecuador y Brasil se militarizan, este sector social será mayoritariamente afectado por la violencia. Señales de alerta suficientes para solicitar la veeduría internacional para los Derechos Humanos y la presencia preventiva y humanitaria de ACNUR, quien mostró una débil capacidad de reacción para impedir que las autoridades panameñas obligaran el retomo de los refugiados de El Darién.
Causas
A partir de los datos parciales disponibles a nivel regional, pueden inferirse las siguientes causas estructurales del desplazamiento forzoso en la Amazonia y la Orinoquia:
a) El terror paramilitar contra la población civil por móviles contrainsurgentes, territoriales, económicos y agrarios, por par-
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te de las Autodefensas Unidas de Colombia y el grupo armado conocidos como Los Carranceros.
b) El conflicto armado entre ejército y guerrilla, y las consecuencias negativas que se deriven por la destrucción del capital físico, social y humano.
c) La fumigación de los cultivos ilícitos y la interdicción o restricción al comercio de los insumos químicos, en la medida en que desordena los circuitos económicos locales, y propicia el descenso de la masa monetaria regional y la caída del ingreso directo de cultivadores y cosecheros.
d) El cierre del mercado ilegal por centralización de la intermediación del PBC en manos de las FARC, lo que origina insolvencia y dificultades económicas en campesinos y colonos. La participación de la insurgencia en el acopio y venta por consignación del primer precipitado se está dando principal o exclusivamente en el bajo y medio Caguán desde junio de 1998, con tres argumentos: uno, evitar el abuso de los minoristas manteniendo un precio estable de 1.200 pesos el gramo; dos, impedir la infiltración de paramilitares con el pretexto de comprar la "merca" en la rivera de los ríos; y tres, controlar la corrupción y fuga de los guerrilleros con los dineros recaudados por el cobro de impuestos21.
e) Los conflictos sociales por la defensa o el acceso a la tierra entre terratenientes, mafia, colonos, campesinos y comunidades indígenas, presente en zonas ganaderas de Meta y Caquetá, y en áreas de colonización coquera de Caquetá, Guaviare, Guainía y Vichada.
f) Las represalias de la guerrilla contra los pobladores que no acatan sus órdenes como sucedió con la participación en las
21 Mucho más importante que medir el desplazamiento por los controles impuestos por las FARC a la intemediación del PBC es discutir el significado de esta participación en
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CULTIVOS ILÍCITOS, FUMIGACIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN LA AMAZONIA Y LA ORINOQUIA
marchas cocaleras de 1 996 o en el boicot a la elección de gobernador, alcaldes, consejos, asambleas y congreso entre octubre de 1996 y mayo de 1 998.
Dimensiones actuales
Según Codhes, 71.613 familias con vínculos predominantemente rurales buscaron refugio en 1998 para protegerse de las distintas modalidades de violencia que hoy se ejercen contra la población civil desarmada, un 302% más que en 1995 cuando se presionó la movilización de 1 7.800 hogares. Lo notorio es el registro de dinámicas de desplazamiento en 27 de las 31 entidades departamentales, síntoma de que la violencia estructural que le subyace no sólo se ha incrementado sino expandido hasta cubrir el 80% del territorio nacional. Esta expansión incluye, como rasgo distintivo, a las regiones cocaleras del suroriente, con bajos índices antes de 1995.
Como lo señalamos anteriormente, 13.153 personas pertenecientes a 3.057 familias se desplazaron contra su voluntad por factores asociados a la violencia política, el conflicto armado y la fumigación en Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Vaupés. Esta cifra parcial puede ascender a 20 mil si se incor-
el mercado de los narcóticos. ¿Convierte a las FARC en parte del proceso productivo y la acerca a ser una "narcoguerrilla"? ¿O al no ser propietaria del producto sigue manteniéndose en la función de ordenamiento y regulación económica y parafiscal? Es este un tema por demás atractivo que rebasa los límites de este artículo. Al respecto el "Observatorio Geopolítico de las Drogas" compara esta evolución con la ocurrida con el Mong Tai Army de Birmania, quien desarrollaba la guerra nacional al tiempo que abastecía de goma de opio a los laboratorios de la mafia. "Informaciones procedentes de la región del Caguán, en el departamento del Caquetá, hacen pensar que en estos últimos meses las FARC han dado quizá un paso irreversible en la criminalización de su movimiento". Dos son los cuestionamientos fundamentales: los contactos regulares con intermediarios mayores y carteles de la droga, y la retención del margen de intermediación que antes correspondía a los chichipatos o minoristas. Véase: "Colombia: ¿Se birmanizan las FARC?", en: Observatorio geopolítico de la droga, boletín n°. 88, París, febrero de 1999.
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AURA MARÍA PUYANA MUTIS
pora la migración interdepartanental, y a más de 30 o 40 mil si se le suman los cosecheros de hoja de coca y los colonos que decidieron no reportarse como desplazados a las oficinas del gobierno, las iglesias, la Cruz Roja u otras oenegés humanitarias.
La distribución según departamentos es la siguiente:
£ Meta y Putumayo: 6.148 y 2080 desplazados respectivamente por violencia paramilitar y conflicto armado. Con el "transplante" inicial de efectivos armados desde Urabá, el apoyo financiero y logístico de ganaderos y narcotraficantes de la región y la supuesta complicidad por acción y omisión de las Fuerzas Armadas, los Bloques Llanero y Sur de las AUC incur-sionaron contra supuestos "guerrilleros vestidos de civi l" en Mapiripán, Puerto Gaitán, Puerto López, El Castillo, La Hormiga, Valle del Guamuéz, Orito y Puerto Asís22.
£ Caquetá: El éxodo sumó 3.630 personas por efecto combinado del conflicto armado, la violencia paramilitar, la fumigación y las represalias de la guerrilla, según puede inferirse de la comparación semestral del desplazamiento: 2.600 personas en el primer semestre después de los combates en El Billar, y 1030 en el segundo semestre, pasado el debate electoral y decidida la intermediación de las FARC al comercio de PBC. Las entrevistas realizadas a funcionarios municipales, dirigentes campesinos y líderes de desplazados en Florencia y Cartagena del Chaira señalan a la erradicación de cultivos ¡lícitos como la primera causa de desplazamiento. Según Osear Pareja, alcalde encargado de Cartagena del Chaira, 7 de cada 10 desplazados lo fueron por este motivo.
% Guaviare: 1.295 personas arribaron a San José del Guaviare desde Miraflores, Calamar y El Retorno fundamentalmente por
22 Según el organigrama de las ACCU, el Bloque Llanero está compuesto por los frentes Guaviare, Piedemonte y Ariari; el Bloque Sur por los frentes Caquetá y Putumayo, todos constituidos entre 1997 y 1998. Véase en internet: www.colombialibre.org
265
CULTIVOS ILÍCITOS, FUMIGACIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN LA AMAZONIA Y LA ORINOQUIA
el abandono de predios cocaleras asperjados con glifosato y las dificultades económicas que ello acarrea.
Tipos de desplazamiento
La sociología demográfica considera la movilidad espacial de la población entre las variables más importantes a analizar, en la medida en que a través de ellas puede establecerse el sentido social e histórico de la construcción de la región. Los conceptos de residencia base y reversibilidad acuñados
Desplazamiento forzoso en el departamento del Caquetá 1997-1998
Tolima y Huila
Cauca '.vúiai M¡¿,\,
• Puntos de desplazamiento
— Principales asentamientos de la población desplazada
Áreas de fumigación intensa
Amazonas
266
AURA MARÍA PUYANA MUTIS
por los demógrafos franceses permitieron definir los siguientes tipos de desplazamiento forzoso en la Amazonia y la Orinoquia23.
Desplazamiento intramunicipal
Es el flujo de población entre las veredas y la cabecera municipal. Tiene por lo general un carácter "temporal" de mediana o de corta duración, a la espera de que baje la intensidad de la violencia, se diriman conflictos en la comunidad, la guerrilla suspenda las represalias o se reestablezcan los circuitos de la economía ¡lícita. Las modalidades migratorias son dos: si el problema es de "orden público", los hombres huyen para salvar su integridad personal mientras la esposa se queda con los hijos pequeños al cuidado de la finca; pero si se afecta la producción de coca o PBC, la familia se moviliza en busca de sustento mientras el jefe del hogar trata de salvar la cosecha con miel de purga, o de resarcir las pérdidas con un nuevo "plante". Una vez retorna la normalidad, el núcleo familiar se reagrupa en su espacio de vida, o vende las "mejoras" para internarse monte adentro y escapar a la capacidad de vuelo de las avionetas fumigadoras.
A partir de 1996 Cartagena del Chaira es el principal receptor de migración intramunicipal en el Caquetá24; Miradores lo es en el departamento del Guaviare, Puerto Leguízamo en el
23 Para Michel Picouet los flujos de población pueden ser reversibles, de duración corta, larga, renovada o esporádica; los irreiversibles, provocados, forozosos, voluntarios o ambulantes. Véase: PECOUET, Michel. Nuevas formas de movilidad en poblaciones urbanas en América Latina. Ediciones CEDE, Santafé de Bogotá, Universidad de los Andes, febrero de 1995.
21 Entre 1996 y 1998 se formaron en Cartagena del Chaira los barrios de invasión "Primero de agosto", "Quince de junio" y "Divino Niño" con colonos procedentes del Billar, Alto Venado, Puerto Nuevo, Remolinos y Camelias. Aunque se observan algunas casas de madera desocupadas por retorno, la alcaldía reconoce 150 familias con intención definitiva de radicarse en el casco urbano. Los tres barrios carecen de agua potable y alcantarillado y cuentan con un suministro precario de energía eléctrica.
267
CULTIVOS ILÍCITOS, FUMIGACIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN LA AMAZONIA Y LA ORINOQUIA
Putumayo, y Cabuyaro en el Meta. En 1998 la totalidad de las cabeceras municipales reportan población expulsada de sus propias veredas a la espera de ayuda por parte de sus autoridades.
Desplazamiento intermunicipal
Es el movimiento de personas entre dos o varios municipios hasta llegar a un destino final, con frecuencia la capital del departamento o poblados intermedios con una mejor oferta de servicios, empleo y asistencia humanitaria. La presencia de familiares, compadres o paisanos en los que se encuentra solidaridad efectiva mientras se tramita la ayuda oficial influye enormemente en la trayectoria a seguir. En estos casos el éxodo es de mediana o larga duración, y las posibilidades de reversibilidad o reubicación igualmente probables según el curso del conflicto que lo originó, las garantías que se ofrezcan para el regreso y las condiciones de vida que se haya logrado alcanzar en el sitio de llegada.
Las familias reorganizan rápidamente su cotidianidad después de enfrentar los traumatismos del tránsito entre un "mo-dus vivendi" rural y otro urbano o semiurbano, signado por la dificultad de acceder al trabajo de la tierra, que es el único que conocen, y la necesidad de redefinir los roles tradicionalmente asignados. Si se obtienen ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, más una vivienda precaria siempre susceptible de mejorar según los patrones de urbanización y control de clientelas electorales en los barrios subnormales, la familia evaluará muy alto el costo del retorno y lo eliminará como posibilidad.
Las capitales de departamento y los municipios económicamente atractivos son el destino final de la mayor parte de los refugiados internos. Florencia, Cubilo, San Vicente y El Doncello reciben población de las subregiones del bajo y medio Caguán, la baja bota Caucana, los Llanos del Yarí, Solano y el piedemonte; San José del Guaviare reporta desplazados de El Retor-
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AURA MARÍA PUYANA MUTIS
no, Calamar y Miradores; Mocoa, Puerto Asís y Puerto Leguí-zamo acogen personas provenientes del Valle del Guamuéz, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, La Hormiga y San Miguel; Villavicencio, Cabuyaro, Carnada y Villahermosa atienden familias que se movilizaron desde Puerto Gaitán, Mapiripan, Puerto López, Puerto Rico y El Castillo.
La información recogida en Florencia señala que de las 557 familias censadas por la Comisaría de Familia, el 1 % arribó en 1996 con motivo de las marchas cocaleras, un 17% en 1997 por alteraciones de orden público y ei 82% restante en 1998 por una confluencia de los motivos ya expuestos. La presión de los desplazados fue de tal magnitud que solamente en el período junio-septiembre se formaron tres barrios de invasión -Villa Colombia, Cofema y El Puerto-, el primero establecido, el segundo desalojado por la fuerza pública y el tercero abandonado por amenazas de hombres armados al servicio del narcotraficante Leónidas Mora, propietario del predio. Sus habitantes engrosaron las invasiones de Piedrahita, Palmeras, Pradera, Minuto de Dios, Las Lajas y Kennedy, todas ellas fundadas en la década del 90.
Desplazamiento intradepartamental
Es la migración de personas entre dos o más departamentos, con frecuencia las ciudades intermedias de la macroregión, o capitales importantes como Medellín, Cali y Santafé de Bogotá. Al ser esta la alternativa más radical, el retorno o la reubicación en medio rural son bastante improbables. Se ratifica así una ley estadística de la demografía según la cual la posibilidad de permanecer en el sitio de recepción es directamente proporcional al número de kilómetros recorridos en el desplazamiento. En el caso de los municipos cocaleras será reversible si un ciclo económico de bonanza logra compensar los costos objetivos y subjetivos implícitos en el cambio de la residencia a la que se llegó con intenciones definitivas.
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CULTIVOS ILÍCITOS, FUMIGACIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN LA AMAZONIA Y LA ORINOQUIA
En 1998 los departamentos circundantes expulsaron y recibieron población desplazada entre sí, y generaron trayectorias de movilización hacia Santafé de Bogotá, Cali, Neiva, Armenia, Pereira o Medellín, en una proporción todavía no determinada25
(Ver Cuadro No. 2).
Desplazamiento por fumigación
¿Hasta qué punto la destrucción física de las plantas de coca y amapola mediante aspersión aérea del herbicida glifosato está afectando la condición socioeconómica de los pequeños y medianos cultivadores, y convirtiéndose en una nueva causa de desplazamiento forzoso de la población rural?, son preguntas que los académicos deben intentar responder antes de que el fenómeno alcance dimensiones alarmantes.
No obstante que el 80% de la economía cocalera se caracteriza como comercial y/o empresarial -mafiosa por la Policía Antinarcóticos, lo cual es refutado por el Instituto Sinchi incluso para el departamento del Guaviare26-, es indudable que el comportamiento regresivo del ingreso afecta a la población en su conjunto. La fumigación empobrece a los pequeños y medianos cultivadores con menor capacidad para recuperar las pérdidas que los grandes o "turistas"27, y deja sin sustento a los jornaleros por la destrucción de la hoja de coca. Se arruina también la población arraigada y flotante que vende toda suerte de servicios al rápido paso de los raspachines, y siente el golpe la estructura bancaria y comercial de la región.
25 Con base en información de Codhes, la Consejería para los Desplazados por la Violencia, la Red de Solidaridad Social, la Consejería de Familia de Florencia (Caquetá) y la revista Éxodo n". 7 de marzo de 1998.
211 Véase el reciente trabajo "Cultivos ilícitos en el departamento del Guaviare" elaborado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI).
-' Se les llama así a los grandes cultivadores que manejan los negocios con intermediarios desde los centros urbanos.
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AURA MARÍA PUYANA MUTIS
Las características históricas de la ocupación del territorio determinarán un impacto diferencial de la erradicación agroquí-mica. En la región cercana al piedemonte del Caquetá y Meta, con un perfil ganadero y agrícola anterior a la llegada de la economía ¡lícita, los cultivos de coca raramente superan las 10 hectáreas. El daño a la economía campesino es por esa misma razón mayor que en Guaviare, Guarnía, Vichada y el bajo Caguán, con extensiones ilegales de 40 o 200 hectáreas y opciones de nuevas y no lejanas siembras.
Pero no es sólo la pobreza el motivo central del éxodo en el escenario de la colonización. El campesino concibe la "fumiga" como un acto de agresión por parte de un Estado que no acierta a llegar de otra manera, pero que reclama para sí acatamiento, subordinación y sentido de pertenencia nacional. Lo expresó lacónicamente Femando Sarmiento, presidente del Comité de Colonización del bajo y medio Caguán y Suncilla, en los tiempos de las marchas: "En el esfuerzo por intentar integrarnos al Estado, hemos tenido algunos éxitos, pero también hemos tenido enormes decepciones"28.
! Intervención oral en mesa redonda realizada en la Universidadjaveriana, mayo 16 de 1999.
271
CULTIVOS ILÍCITOS, FUMIGACIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN LA AMAZONIA Y LA ORINOQUIA
Cuadro No. 1. Aspersión de cultivos ¡l idtos 1985-1998
COCA
MARIHUANA
AMAPOLA
TOTAI
1985
1,334
124
1,458
1986
870
149
5
1,024
1987
572
371
943
1988
230
918
1,148
1989
641
132
773
1990
760
36
798
1991
459
7
1,497
1,903
1992
944
100
12,864
13,908
1993
846
138
9,821
10,805
1994
4,904
14
5 314
10,232
1995
25,402
36
5,074
30,512
1996
23,025
37
7,412
30,474
1997
44,124
261
7,333
51,718
1998
69,155
18
3,077
72.25C
Aspersión de cultivos ilícitos
70.000
60.000
¡J 50.000
•ro 40.000
^ 30.000
20.000
10,000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Fuente: Policía Nacional, - Dirección Antinarcóticos que realizan la aspersión aérea y Fuerzas Millares que realizan destrucción manual.
Cuadro No. 2. Cultivos, fumigación y desplazamiento
en la Amazonia 1998
DEPARTAMENTO
CAQUETÁ
PUTUMAYO
GUAVIARE
META
TOTAL
CULTIVOS
DE COCA
21.300
17.500
12.500
4.050
55.350
FUMIGACIÓN
HECTÁREAS
21.459
842
37.337
5941
65.579
PERSONAS
DESPLAZADAS*
3630
2.080
1.295
6.148
13.153
Fuente: Policía Antinarcóticos, Codhes. "'Por sitio de llegada. Según sitio de expulsión, 20 mil personas aprox.
272
AURA MARÍA PUYANA MUTIS
Cuadro No. 3. Principales municipios de recepción de
población desplazada en la Amazonia y la Orinoquia 1998
SITIO DE RECEPCIÓN
1. CAQUETÁ
Florencia
Cartagena del Chaira
Curillo
San Vicente del Caguán
El Doncello
II. META
Villavicencio
Cabuyaro
Granada
Lejanías
Vista Hermosa
III. PUTUMAYO
Mocoa
Puerto Asís
Puerto Leguízamo
IV.GUAVIARE
San José del Guaviare
PROCEDENCIA
Bajo y Medio Caguán
Bota Caucana
Solano
Sólita
Llanos del Yarí
Putumayo
Guaviare
Puerto Gaitán
Mapiripán, Pto. Alvira
Puerto López
Puerto Rico
El Castillo
Vichada
Valle del Guamuéz
Puerto Caicedo
Puerto Guzmán
La Hormiga
San Miguel
Miraflores
Calamar
Puerto Alvira.-Mapiripán
El Retorno
Mitú
Fuente: Codhes, Consejería para los desplazados por la violencia, Revista Éxodo.
273
Universalización del fenómeno de drogas
Fernando Franco Profesor asistente sede Amazonas
Universidad Nacional
Todas las cosas tienen veneno, y no hay nada que no lo tenga. Solamente depende de la
dosis, que el veneno sea veneno o no.
PARACELSO, siglo XVI.
Antecedentes históricos y culturales
Las plantas con propiedades psicoactivas tienden históricamente un puente entre la naturaleza humana, el misterio de su existencia y la espiritualidad asociada al desconcierto que genera la grandeza e infinitud del Universo. Por ello son las plantas de los dioses1.
La sacralidad de estas lianas que ligan la materia y el espíritu, la ignorancia y el saber, la enfermedad y la salud, animadoras de las relaciones de poder en las sociedades precapitalistas, se transforman en simples valores de uso, en mercancías en las sociedades de consumo.
En 1499 Américo Vespucci relató que en la península de La Guajira vio unos nativos muy feos de gesto y cara, que tenían los carrillos llenos por dentro de una yerba verde que rumiaban continuamente como bes-
1 Así se titula el libro clásico de los botánicos Richard E. Shultes y Albert Hofmann.
274
FERNANDO FRANCO
tías, llevando cada uno dos calabazas, una llena de aquella yerba y otra con una harina blanca que parecía yeso en polvo, y de cuando en cuando con un palil lo que tenían mojándolo con la boca, lo metían en la harina y después So metían en la boca (...), enharinando la yerba que tenían en la boca, y esto lo hacían muy a me-nudo, y maravillados de tal cosa no podíamos entender el secreto, ni por qué lo hacían así2.
La amapola, de origen mediterráneo, estaba ya domesticada 2.500 años antes de nuestra era. Con el monopolio portugués y holandés del comercio en el Océano índico, traficaron con el opio al igual que con cualquiera otra especie. A mediados del siglo XVIII, la corona inglesa conquistó el monopolio del comercio de opio uniendo los centros de producción de la India con la introducción forzosa de su consumo en la China, para lo cual libró las famosas guerras del opio. En 1906 habían en la China 15 millones de adictos y 50 millones de fumadores ocasionales, y el consumo anual llegó a ser de 25 mil toneladas.
El cultivo de la marihuana se remonta al origen mismo de la domesticación de las especies vegetales y al desarrollo de la agricultura hace ya 10 mil años. Hace 5 mil, el emperador chino Cheng Nung recomendaba la marihuana para el paludismo, el beriberi, los dolores reumáticos, las constipaciones, la distracción continua y los padecimientos femeninos. Esta polivalente especie fue también la materia prima para la fabricación de los resistentes camellos desde las naves vikingas hasta las armadas inglesas y apreciada por su aceite y el valor nutri-cional de sus semillas.
Los Vedas hindúes cantaron a la Cannabis como uno de los néctares divinos, capaz de otorgar al hombre todo
ZORRILLA, Javier. "El Hombre andino y su relación mágico religiosa con la coca", en:s América indígena, Instituto Indigenista Intermaericano, vol. XXXVIII, México 1978, p. 872.
275
UNIVERSALIZACIÓN DEL FENÓMENO DE DROGAS
tipo de dones, desde la salud y larga vida, hasta visiones de los dioses. Los tibetanos consideran sagrada a la Cannabis. La tradición budista mahayana sostiene que durante los seis pasos de la vía ascética que conduce a la iluminación, Buda vivió a base de una semilla de cáñamo al día3.
Capital y estupefacientes
Los cultivos ¡lícitos no lo son por sus propiedades psicoactivas sino por los usos que las sociedades dominantes estigmatizan y penalizan. Así, sembrar arbustos de coca en Perú no es ¡legal, lo ¡lícito es procesar la hoja para la producción de sulfato y clorhidrato de cocaína; en Bolivia, sembrar coca en los Yungas de La Paz es lícito por el consumo ancestral, pero hacerlo en la región del Chapare viola la ley antidrogas. En Colombia sembrar más de 25 plantas de coca, marihuana o amapola está penalizado con prisión de 2 a 6 años, sin excepción.
Para muchos países y organismos internacionales de control el mundo de las drogas se reparte entre narcocultivadores, narcotraficantes y narcodemocracias victimarios -el más notable y temible Colombia- y sociedades víctimas: Perú, Bolivia y el conjunto de sociedades con alta demanda por estupefacientes. La proclividad de los colombianos al delito -expediente sociológico al que no escapan los propios analistas criollos-nos condena de manera irremediable. Es corriente escuchar la preocupación de los expertos públicos y privados de los países andinos sobre los riesgos de que la violencia y la corrupción unidas al negocio de las drogas en Colombia trascienda las fronteras nacionales sin comprender que la una y la otra, están directamente relacionadas con el tamaño del negocio y con la
SHULTES E, Richard; HOFMANN, Albert. Plantos de los dioses. Fondo de Cultura Económica. México 1993, pp. 92-99.
276
FERNANDO FRANCO
capacidad de las firmas y carteles nacionales para ganarle espacio y competencia a los inicialmente todopoderosos narco-traficantes colombianos.
A Colombia le narcotizaron las relaciones internacionales, el desarrollo regional, el ordenamiento territorial, los estilos de hacer política, la guerra por el territorio y la guerra por la paz. El país consintió y asumió sin protestar el papel de trompo puchador, a pesar de ser tan fácil demostrar que el fenómeno de drogas como hecho económico es ante todo una respuesta obvia, de costo de oportunidad, dentro de unas particulares y bien conocidas condiciones de los mercados.
Producir la materia prima para la fabricación de alucinógenos y estimulantes carece de imperativos geográficos, de espacios de soberanía nacional, sociológicos o políticos. Pudiera afirmarse que el fantasma de las drogas recorre el mundo, sin chovinismos, sin fronteras que respetar, y solamente atiende los imperativos del mercado y el adecuado manejo de las restricciones que le impone la interdicción y la represión del fenómeno. Qué decir de Estados Unidos y Canadá que se erigieron en los primeros productores mundiales de marihuana, o de la producción in doors de híbridos en Europa que colma la demanda interna de la Unión, o la financiación que hace la misma Unión Europea de la investigación de híbridos con bajo contenido de canabinol. Pero hay que guardar las apariencias, y hay que buscar culpables para que la sociedad global no alimente incómodos sentimientos de culpa.
En contraste, los valores éticos dominantes hacen permisible que la especulación financiera de inversionistas anónimos en manos de especuladores conocidos se apropie de 40 mil millones de dólares de la riqueza social del Brasil en seis meses. El fantasma de la crisis económica, que acabó con la ilusión del desarrollo posible en los países dei Tercer Mundo menos pobres -América Latina y ios extigres asiáticos- se expresa en los apabullantes índices de crecimiento de las bolsas y de
277
UNIVERSALIZACIÓN DEL FENÓMENO DE DROGAS
las economías de la Unión Europea y Estados Unidos. Como decía un amigo hace poco: España es hoy en día una enorme fábrica de hacer plata.
Ahí no paran las cosas con las drogas. El capital que genera la producción y tráfico de drogas habría que considerarlo como acumulación primaria, por cuanto su reproducción ampliada se logra en otras multinacionales favorecidas por los espacios ideológicos del libre flujo de capitales, bienes y servicios en este infinito mundo de oportunidades para la iniciativa privada. Entre las más importantes están: el lavado de activos y fortalecimiento del capital financiero a nivel internacional, el tráfico de armas estimulado por las guerras locales y los denominados conflictos de baja intensidad, el tráfico de precursores químicos para la producción de narcóticos, el contrabando, los mercados inmobiliarios, la transnacional de la prostitución y la enorme empresa de la corrupción pública y privada asociada con el negocio de las drogas.
De Rementería, con estimativos bastante cautelosos sobre el valor de las drogas de origen vegetal postuló las siguientes cifras sobre los valores monetarios que arrastra:
Valor de la producción mundial de drogas naturales. Millones de dólares en 1990
PRODUCTO
Marihuana
Hashish
Cocaína
Heroína
TOTAL
VAtOR EN FINCA
980
308
395
458
2.051
VALOR FOB
9.849
2.192
469
1.620
14.130
VALOR CALLE
134.284
9.240
73.185
196.750
413.459
Fuente: DE REMENTERÍA, Iban. "La elección de las drogas". Fundación Friedrich Ebert. Lima, 1990. p. 86.
278
FERNANDO FRANCO
El área sembrada en coca es mayor en Colombia que la estimada por las autoridades y los estudiosos del tema. El diario El Tiempo cita el informe del zar antidrogas Barry McCaffrey en el que éste afirma que el año pasado (1998) el número de hectáreas cultivadas de coca se elevó en un sustancial 26%4. La información satelital suministrada por la CÍA, citada por el mismo diario, establece en 101.800 hectáreas la superficie sembrada en 1998. Bajo cualquier fuente y manejo de las cifras, lo que queda claro es la capacidad de los cultivadores de hoja de coca y sus financistas de responder a las medidas interdictivas y de control en el terreno que los pongan. Efectivamente, si en Colombia en 1998 se fumigaron 63.140 hectáreas y se capturó la producción de otras 11 mil, estaríamos ante el hecho insólito de que cada año en este país se estaría virtualmente eliminando toda la capacidad de producción de clorhidrato de cocaína, pero sorprendentemente, al año siguiente aquella queda restablecida: la fascinación de las cifras.
Y ¿cuánto representa la producción de coca y amapola para los campesinos? En términos de valor la situación es la siguiente: el precio histórico de la base coca al productor fluctúa entre US$500 y US$860 para un promedio de US$680 que multiplicado por 100 mil hectáreas y un rendimiento de 5 kilogramos por hectárea y por año, arroja una participación de los productores de US$340 millones. La información disponible para amapola es muy fragmentaria. Una estimación cercana a condiciones reales ubica el área sembrada en 12 mil hectáreas anuales -6 mil por semestre-. Del total sembrado un 80% se puede calificar como cultivos comerciales en los que predominan las relaciones asalariadas de producción. El ingreso directo a los productores se estimó para 1993 en US$130 millones y el ingreso a puerta de laboratorio del Factor M o sea el látex reduci-
1 El Tiempo. Cultivos ilícitos crecieron 26 por ciento en Colombia. Martes, febrero 9, página última B.
279
UNIVERSALIZACIÓN DEL FENÓMENO DE DROGAS
do a morfina es estimó en US$500 millones. Lo anterior es mucho dinero para unos 60 mil pequeños empresarios rurales dedicados a estos cultivos, pero representa menos del uno por ciento del valor en la calle de la amapola y la cocaína exportada por ios empresarios colombianos de la droga.
La globalización de ias economías, la ruptura de las fronteras ideológicas y éticas y el marco internacional de relaciones económicas y políticas conforman hoy en día un envidiable escenario para la expansión de la producción y consumo de drogas. Como bienes transables, el consumo se hace cada vez más diversificado y accesible a mercados crecientes y calificados de consumidores sociales y su demanda ya no depende de ese tenebroso mundo del consumo -hoy muy marginal- de los adictos. Esto le da una enorme dinámica al mercado en el cual la competencia por precios, la regularidad de los suministros y la seguridad personal, expresada en la calidad de la mercancía y el good wi l l de sus efectos, tienen una alta valoración. La reingeniería del mercado de la heroína y la cocaína frente a las drogas de diseño, las erige en "estrellas" que cumplen con las condiciones ideales del mercado: buenas y baratas, como diría Iban de Rementería, experto en estos asuntos. A estas bonanzas contribuye la apertura de los mercados orientales. El fin de las ideologías y la caída de los muros, llevó a los países exsocialistas lo peor del capitalismo. Hoy constituyen los mercados de consumidores con las mayores tasas de crecimiento.
En la f o rmac ión de nac ión y te r r i t o r i o sólo hay
un o rdenamien to te r r i t o r ia l posib le: el que pract ica
de manera espontánea pero ordenada la sociedad
Colombia sería un país inviable si careciera de la generosa disposición de territorio sobre el cual se diluyen, a través del ingenio de sus ocupantes, las fuerzas destructoras de los conflictos que le dan origen a los desplazamientos y migraciones.
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Reordenar el territorio sin reconocer el ordenamiento ya hecho de manera espontánea por sus ocupantes y por las relaciones de poder que los anima es una utopía, a menos que se acepte que la inestabilidad de una revolución agraria, propiciaría lo que no han podido todas las leyes de reforma agraria que en Colombia han sido.
La ocupación del territorio colombiano se ha dado desde las cimas de los Andes hacia las llanuras de selva tropical. A d portas del nuevo milenio el país se ve a gatas para apropiarse de sus fronteras internas y aún no percibe en la lejanía sus fronteras externas. Una sociedad y una economía mediterráneas, bucólicas, de espalda a los mares, que se mueve todavía con los criterios de buen clima y pocas plagas que animaron los programas de ordenamiento territorial de don Gonzalo Jiménez de Quesada.
El legislador primero y el constituyente después quisieron modernizar la administración pública, descentralizar los espacios de poder político-administrativo, acercar la nación a sus territorios inéditos y resolver las inequidades que el desarrollo fuertemente concentrado en las estribaciones andinas ha impedido históricamente el surgimiento de las periferias. Y se cometieron serios errores: el primero y de muy difícil manejo fue el de promulgar fórmulas homogéneas para regiones y poblaciones altamente diversas. La nación, afanosamente, estableció un laberinto de normas sobre transferencia de recursos y competencias a las entidades territoriales, sin que éstas tuvieran el tiempo y los recursos para adecuarse a las nuevas demandas. Se creyó que con la división técnica y financiera del desarrollo entre el Estado y las entidades territoriales le había llegado el turno al adelgazamiento del aparato de Estado y toda la batería ideológica neoliberal propugnó por esa minimización, sin comprender que precisamente bajo las condiciones de inestabilidad que generan los procesos de descentralización, se requiere
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UNIVERSALIZACIÓN DEL FENÓMENO DE DROGAS
un Estado más poderoso y más rico para acompañar con eficiencia y eficacia tales iniciativas.
Se agudizaron los conflictos en las regiones y ios territorios municipales se convirtieron en los escenarios de la confrontación entre sus sociedades y el Estado. A la anhelada ampliación de los espacios democráticos de participación ciudadana y de ejercicio pleno del poder por sociedades fuertes y organizadas, se opuso la intransigencia de las guerras y la liquidación física del liderazgo social y político.
Migrac iones, desplazados por la v io lenc ia , los
modelos campesinos de ocupac ión y organ izac ión
del t e r r i t o r i o y cult ivos i l íc i tos en Co lomb ia
La pobreza rural no es la causa principal de la expansión de los cultivos ¡lícitos en Colombia aunque contribuye a explicar la dinámica del fenómeno en ciertos contextos rurales. Tampoco se puede establecer una relación única de causalidad entre su expansión y la crisis de los mercados para la producción campesina en los espacios globalizados de la economía actual, por cuanto la fortaleza con que irrumpieron los cultivos de coca en el sur-oriente colombiano a finales de los años 70 es anterior a la apertura económica. Dicha fortaleza partió de dos situaciones favorables: la dinámica de los mercados y los precios derivados de la demanda creciente de los consumidores en Estados Unidos; y segundo, de la capacidad de financiación de los pioneros del negocio para comprometer la producción de hoja. Los primeros cultivadores comerciales de plantas de coca en el Vaupés -territorio en donde arranca esta historia- ni siquiera fueron colonos (que allí no había) sino productores indígenas.
En Colombia la colonización de tipo familiar - la única posible cuando se carece de medios de producción diferentes a los de la propia fuerza de trabajo- ha avanzado primero sobre las
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áreas piedemontanas de la Cordillera Oriental y luego sobre las vegas de los ríos navegables, selva adentro. Hacia el Norte ocupa los pliegues de las serranías costeñas y más recientemente las cimas de los Andes. Se caracteriza por una economía de subsistencia a partir de prácticas de tala y quema de los bosques y siembra de cultivos de pancoger, a los cuales sucede el establecimiento de potreros.
La estructura socioproductiva de la unidad económica campesina prevaleciente en la colonización de tipo familiar favoreció la rápida expansión y articulación de los cultivos comerciales de coca y amapola. Tal estructura está asociada a rasgos de la unidad familiar campesina así:
^ Como sistema de producción la unidad económica campesina se liga y adapta al sistema capitalista de producción y coexiste con la agricultura moderna.
^ El núcleo familiar constituye la base de la fuerza de trabajo que se aplica a las actividades productivas dentro del predio. Sin embargo, puede vender parte de esa fuerza de trabajo fuera del predio, o puede comprar mano de obra, según el comportamiento económico de la unidad productiva y los precios del mercado.
% El elemento dinámico que crea valores de uso es la fuerza de trabajo disponible al interior de la unidad familiar. La familia sacrifica parte de la remuneración de su mano de obra y la asigna a fines productivos.
f; En general, en la colonización la escasez de la tierra no está referida tanto a la competencia por la apropiación del territorio, sino a su localización con referencia a las vías de comunicación, acceso a la oferta tecnológica, a los mercados y disponibilidad de servicios básicos.
£ La economía campesina se adapta y subsiste en condiciones adversas de producción y mercados a costa de la sobre-explotación de su propia fuerza de trabajo.
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En sentido estricto e histórico todos los desplazamientos son forzosos en la medida que sin excepción tienen la connotación de desarraigo, aunque unos sean menos violentos que otros. La colonización antioqueña hacia el occidente colombiano, por ejemplo, tuvo una de sus causas en el agotamiento de las tierras por ia minería, y en la concentración de la riqueza y de las propias tierras.
El desplazamiento violento de poblaciones cruza toda la historia reciente del país: desde el inició de la violencia partidista de los años 50 hasta el momento actual. Los niveles de terror, los desplazamientos y los resultados no han cambiado mucho aunque los protagonistas han refinado sus técnicas. Los desplazamientos masivos, pero también selectivos de población reconfiguraron los mapas demográficos y la distribución espacial de la población en la mayor parte del territorio nacional.
Las migraciones del campo a los centros urbanos y el modelo latifundista de desarrollo de las fuerzas productivas en el campo invirtieron las tasas de crecimiento de la población rural y urbana, pero no al extremo de los países más desarrollados. En términos absolutos la población rural siguió creciendo aunque a un ritmo menor que la urbana. Hoy en día más del 50% del empleo lo genera el sector rural si se suman las actividades asociadas a la producción agropecuaria y la dinámica económica de los complejos urbano-rurales. Más aún, solo una parte de la población que migra a las ciudades tiene posibilidades de encontrar empleo productivo.
¿Qué nexos podemos encontrar entonces entre los desplazamientos de población, la emergencia y auge de los cultivos ilícitos y las reestructuraciones territoriales en Colombia en los últimos 25 años? Vale la pena identificar algunos momentos históricos del fenómeno de los cultivos ¡lícitos asociados a las dinámicas migracionales:
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La leyenda y la épica del nuevo Dorado
Esto comenzó en el territorio del Vaupés y fue subiendo por el río hasta Miraflores a finales de los años 70 y allí se entronizó la primera y única leyenda: "Miracoca". Esta arrastró contingentes de las más variadas procedencias geográficas, rurales y urbanas, aplicados a muy diversas labores productivas y de servicios. Los cultivos de coca eran adelantados por migrantes ocasionales, no por colonos, y el precio de la base de coca que alimentó la leyenda era de US$19.6 el gramo en 1980 en el Guaviare, 28 veces mayor que el precio actual. Estas migraciones, muy inestables, poco caracterizables en términos de clase y acompañadas de estados intensos de violencia no propiciaron procesos ordenados y permanentes de ocupación, reinversión de los capitales extraídos de la bonanza, ni bienestar a los ocupantes más antiguos de la región.
La coca se integra a los sistemas
campesinos de producción
De Miraflores la coca dio un salto geográfico a Calamar y en menos de un año comprometió a la mayoría de los campesinos asentados a lo largo del eje vial hasta San José del Guaviare. El cultivo de la coca se articuló con los sistemas campesinos de producción y en la mayoría de los casos los sustituyó, ya que los ingresos derivados de los altos precios hacían parecer interminables la bonanza y los flujos de recursos. Los efectos demostrativos no se hicieron esperar y para 1982 los cultivos se habían extendido al Meta, Caquetá, Putumayo, sur del Cauca y norte de Nariño.
Se expandió la demanda por mano de obra para la siembra, labores culturales, cosecha y procesamiento de la hoja, la cual en la mayoría de los casos pasó de los "químicos" que intentaron en vano guardar el secreto a los propios campesinos que aprendie-
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ron rápidamente. Las actividades conexas le imprimieron un acelerado ritmo al crecimiento urbano, a la diversificación de los servicios y a las migraciones. Pero también dieron pie a la agudización de los conflictos derivados de la ocupación territorial, a la falta de oportunidades para todos los migrantes y a los estados crecientes de violencia y descomposición social.
La bonanza fue muy corta y no le dio tiempo a los grupos migrantes luego de colmar sus deseos insatisfechos -prostitutas, consumo no productivo, despilfarro- a aplicar de manera ordenada y productiva los excedentes de sus ganancias extraordinarias. En 1983 un gramo de base coca valía apenas US$1.30, es decir, 15 veces menos que tres años atrás y con costos de producción crecientes. Poblaciones como San José, Calamar y Miraflores se convirtieron casi que en pueblos fantasmas.
Con la minibonanza de 1984 y 1985 los precios se reactivaron moderadamente e ilusionaron a los productores. Pero las cosas habían cambiado. El puente aéreo para el flujo de base de coca de Perú y Bolivia hacia los grandes laboratorios comoTranquilandia y Villacoca en los bordes de las serranías de Araracuara y Chiribiquete garantizaba el suministro permanente de materia prima. Las condiciones de los mercados también habían cambiado: los volúmenes transados en los mercados de consumidores y los precios del clorhidrato de cocaína habían bajado a niveles insospechados; de US$40 mil el kilogramo en el año 80 en los mercados mayoristas de Miami, se bajó a US$10 mil en 1985 y el número de consumidores ya se contaba por millones.
Desde entonces los precios de la coca se han mantenido en unos niveles que apenas retribuyen los costos de producción del campesino y algún excedente ocasional. No obstante, mantienen la ventaja frente a los cultivos tradicionales de propiciar una mayor liquidez y circulación de dinero dados los ciclos cortos de cosechas (2-3 meses), característica única y maravi-
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llosa de esta especie vegetal. No es que la coca le cree riqueza al campesino, pero le mantiene esa ilusión.
Bajo el predominio de estas características, hasta tal vez comienzos de los años 90, las migraciones de "raspachines" y operarios de los laboratorios hacia las zonas productoras fueron de carácter estacional y en correspondencia con dichas actividades.
De la empresa campesina a la producción
en mediana y gran escala
Con el decenio de los 90 el mapa regional andino de los cultivos para la producción de drogas cambió de manera radical. Se rompió el puente aéreo entre Bolivia, Perú y Colombia; los precios cayeron en el Perú y la producción entró en un prolongado receso, coyunturalmente sacudido por la reactivación de los precios. Bolivia activó la producción comercial de coca en el Chapare hasta extensiones de 45 mil hectáreas y carteles propios; Colombia alcanzó el liderazgo de la producción de hoja, base y cocaína para erigirse en el primer productor mundial, no obstante la debacle de los carteles de Medellín y Cali. Hoy se siembran y cosechan 100 mil hectáreas de coca en Colombia. Los cultivos de amapola emergieron con fuerza y fueron una buena línea de reinversión de los capitales acumulados de la coca.
Con este reordenamiento de la producción también se reordenaron el territorio, los procesos de ocupación y las relaciones sociales de producción en las regiones con alta incidencia de cultivos ¡lícitos. La producción campesina de coca perdió dinámica y se convirtió en una actividad sustentada principalmente en el trabajo familiar y articulada a otras actividades productivas dentro y fuera de la finca. El campesino mismo combina la producción propia con el alquiler de su fuerza de trabajo.
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La producción empresarial se basa en relaciones asalariadas de producción y es de dos tipos: la colonización coquera de pequeña y mediana escala y la producción empresarial en gran escala. En ambos casos la ocupación de territorio se hace de manera provisional y hacia los extremos de la frontera agrícola y no se expresan motivaciones que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, tales como la vivienda, la prestación de servicios de salud y educación, el desarrollo de la infraestructura vial y de apoyo a la producción. La movilidad de los asentamientos está determinada por las labores de interdicción y por la prestación de servicios desde los asentamientos nucleados que se van configurando alrededor de la dinámica productiva coquera.
El traslado de poblaciones trabajadoras hacia ias áreas de producción es estacional y determinado por los períodos de cosecha, labores culturales de las plantaciones y procesamiento de la hoja. Las relaciones sociales de producción son más impersonales, vale decir, de corte más capitalista y presentan mayores niveles de especialización y de división técnica del trabajo. En el caso de la amapola el ochenta por ciento de la producción se hace por fuera de los sistemas campesinos de producción y con predominio de relacionas asalariadas5.
En el mapa de los desplazados por la violencia en Colombia, los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo tienen una participación muy baja del fenómeno como expulsores de población. Por el contrario, en términos de las dinámicas demográficas se muestra que entre los censos de 1985 y 1995 la población de la Amazonia pasó de 428 mil habitantes a 643 mil con un incremento del 50%. El 86% de esa población se concentra en las zonas de piedemonte de los departa-
' FRANCO, Femando. Campesinos y sus organizaciones en áreas productoras de cultivos ilícitos en Colombia. IICA. 1999.
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mentos de Caquetá y Putumayo. En contraste, el área sembrada en cultivos licitasen el Caquetá se redujo de 107.213 hectáreas en 1989 a 77.993 en 1996, pero los cultivos de coca se convirtieron en la cosecha más importante y las actividades derivadas en el principal impulso del crecimiento económico de la región.
Para cabecear el escr i to
£ Ni la violencia derivada de las últimas guerras por ei control territorial, ni la crisis del sector rural aparejada a los modelos económicos vigentes han sido factores determinantes en los procesos de reestructuración territorial en las áreas con alto predominio de cultivos ¡lícitos.
£ La violencia política resultante de las guerras es más bien marginal frente a los muertos que aporta la violencia común, aunque en ningún caso se puede ignorar sus relaciones. Esto es especialmente cierto en las áreas con presencia de cultivos ilícitos, aún bajo las acciones terroristas de los paramilitares.
% Las migraciones hacia las zonas productoras de cultivos ilícitos no tienen la motivación de desesperanza de los desplazados por la violencia al estilo de la zona norte del país, sino que parecen más bien movimientos ordenados y, de pronto pudiera decirse, sistemáticos, en torno al sector productivo tenso pero dinámico.
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Sobre desplazados, cultivos ilícitos, el despeje como experimento y la aplicación del DIH en el conflicto
armado colombiano
Alejo Vargas Velásquez Profesor Asociado
Universidad Nacional
Algunos comentarios a propósito de las ponencias de los profesores Femando Cubides, Fernando Franco, Luis
Femando Maldonado y Aura María Puyana Mutis
Frente a la tarea de comentar las ponencias de los colegas mencionados, todas ellas fruto de reflexiones bien sustentadas y en algunos casos de trabajos de campo destacables, aparece de entrada una dificultad: la diversidad de temáticas que las mismas abordan, aun cuando implícitamente tengan como referente un mismo ámbito espacial. Por lo tanto asumí como metodología el buscar, inicialmente, las posibles conexiones que pudieran darse én algunos de los textos, luego tratar de evidenciar algunas tensiones que las ponencias planteaban y por último, resaltar algunas ausencias que, a juicio del comentarista, los documentos mencionados no tocaban.
Las conexiones posibles
De la lectura de los textos pueden plantearse algunas cercanías entre los mismos, que no necesariamente son coincidencias, de las cuales quisiera destacar, por su importancia en la perspectiva comparativa, las siguientes:
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ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ
f La conexión entre el texto de Fernando Cubides y el de Luis Fernando Maldonado a propósito de la territorialidad.
Nos dice Cubides que: "la región del actual despeje pasó de ser zona esporádica de refugio inicialmente, a retaguardia para reorganizar el dispositivo luego de los combates de Marquetalia, zona de implantación después, en fin zona donde "el nuevo modo de operar" arroja dividendos políticos netos, tal es la secuencia en líneas generales de la relación de la guerrilla con este territorio", y añade más adelante en lo relacionado con la presencia de las FARC y la percepción de los habitantes de la región: "si para los forasteros la novedad está en la concentración de los efectivos de las FARC, y en el ejercicio visible de la autoridad por parte de los comandantes guerrilleros, para los pobladores está en que dicha autoridad se ha intensificado, en que no tiene contrapesos a la vista; a una situación de 'poder dual' la ha sucedido una de poder directo..."
Lo anterior plantea, sin que necesariamente esa haya sido la intencionalidad del autor, el problema de la territorialidad y por ahí nos relaciona con lo señalado por Maldonado como uno de los problemas en la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario en un conflicto armado interno en el cual "es un hecho inevitable que los gobiernos nacionales de los últimos tiempos no mantienen una soberanía en toda la extensión territorial, tanto por su crisis interna, como por la existencia del conflicto armado interno", y más adelante anota "la influencia territorial de la guerrilla se convierte en una territorialidad móvil, como lo identifica su forma de hacer la guerra, basada en la sorpresa y la movilidad. Sólo que en algunas zonas del país la guerrilla construye presencia a más largo plazo, por lo que la territorialidad se asienta y se hace a la vez difusa...", y concluye planteando que "mi propuesta es asumir que en el conflicto armado interno existe el territorio de combate que hipotéticamente es todo el territorio nacional, en el que
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COMENTARIOS
existen varios territorios: el territorio no defendido, el territorio desmilitarizado y el territorio de distensión".
Evidentemente, sin que la intencionalidad de ninguno de los dos escritores referenciados haya sido construir relaciones entre sus documentos, sí encontramos planteado allí un problema de extraordinaria importancia en relación con la guerra interna y la aplicación de la normatividad internacional que busca proteger a la población no combatiente.
$ La conexión entre las ponencias de Aura María Puyana y de Fernando Franco sobre los cultivos ilícitos y su relación con las movilidades poblacionales.
Para la investigadora Puyana es evidente que "la movilización forzosa por causa de la fumigación de cultivos ¡lícitos apenas se visualiza como problema. En la medida en que es componente central de la estrategia antinarcóticos del Estado colombiano, no hace parte tampoco de la agenda de gobierno sobre atención a poblaciones desplazadas por la violencia... Desde la óptica estatal, la fumigación no es factor de violencia ni de violación de derechos fundamentales, sino una respuesta represiva legal a una conducta ¡legal de campesinos y empresarios cultivadores de sustancias naturales enervantes". La autora enfatiza la importancia de estudiar con mayor profundidad el efecto de las fumigaciones sobre el desplazamiento forzoso de población y señala que en el caso del Caquetá el desplazamiento se asocia a las siguientes causalidades: represalias por el conflicto armado, terror paramilitar, coacción de la guerrilla, fumigación aérea y cierre del mercado ¡legal de pasta de coca al haber sido éste centralizado por la acción de las FARC. A juicio de Aura María esta no consideración de la fumigación como causal de desplazamiento tiene otra consecuencia y es la inexistencia de demandas de compensación al Estado por daños comprobados.
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Fernando Franco analiza la relación desde otra perspectiva, con un cierto peso de la racionalidad económica, las movilidades poblacionales, sobretodo de tipo transitorio, están asociadas al ciclo de los cultivos de coca y anota: "hasta tal vez comienzos de los años 90, las migraciones de "raspachines" y operarios de laboratorios hacia las zonas productoras fueron de carácter estacional y en correspondencia con dichas actividades". Y concluye al final de su escrito señalando: "Las migraciones hacia zonas productoras de cultivos ¡lícitos no tienen la motivación de desesperanza de los desplazados por la violencia al estilo de la zona norte del país, sino que parecen más bien movimientos ordenados y de pronto pudiera decirse sistemáticos, en torno a un sector productivo tenso pero dinámico".
Algunas tensiones evidentes
% La presentada en los textos de Fernando Cubides y Femando Franco, a propósito del ciclo que va de la colonización a su transformación en campesino estable.
Cubides plantea que hay necesidad de romper con la mirada tradicional cuando señala: "la propia noción de campesinado es necesario volver a pensarla y con ella el carácter ineluctable o fatal de lo que el propio Fals Borda llamaba en sus escritos, parafraseando a Comte "ley de los tres estadios" según la cual la colonización siempre y en todos los casos reproduce la economía campesina y con el eslabón intermedio del comerciante de tierras, termina ampliando el latifundio". Franco, por su parte, comparte una mirada más clásica del proceso que va de la colonización a la estructuración de economías campesinas y anota "en Colombia la colonización de tipo familiar - la única posible cuando se carece de medios de producción diferentes a los de la propia fuerza de trabajo- ha avanzado primero sobre las áreas piedemontanas de la Cordillera Oriental y luego sobre las vegas de los ríos navegables, selva adentro... Se caracteriza
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COMENTARIOS
por una economía de subsistencia a partir de prácticas de tala y quema de bosques y siembra de cultivos de pancoger, a los cuales sucede el establecimiento de potreros. La estructura socioproductiva de la unidad económica campesina prevaleciente en la colonización de tipo familiar favoreció la rápida expansión y articulación de los cultivos comerciales de coca y amapola".
£ La relacionada con la narcotización de la paz, que pone de relieve Fernando Franco y que Fernando Cubides minimiza.
Franco es categórico en señalar que: "a Colombia le narcotizaron las relaciones internacionales, el desarrollo regional, el ordenamiento territorial, los estilos de hacer política, la guerra por el territorio y la guerra por la paz" dentro de un doble movimiento a nivel global, la universalización del fenómeno de la droga y la necesidad de buscar culpables. Cubides, por su parte, si bien no desconoce el fenómeno de la coca y amapola en la región, considera que en la zona de despeje no es tan relevante, señala una cifra del 7.3% de ios cultivos ¡lícitos y anota que "la cautela en el manejo de la información ha sido la pauta, y todos los que intervienen parecen concientes de la sensibilidad que reviste" y resalta la importancia del ofrecimiento hecho por los alzados en armas de un programa piloto de erradicación en un municipio diferente (Cartagena del Chaira), pero sin olvidar las áreas cultivadas al interior de la zona de despeje.
f La importancia que tiene la guerra interna de tipo político en la conformación de región y el establecimiento de lealtades consensúales y coercitivas, que Fernando Cubides destaca y que Fernando Franco, por el contrario minimiza.
En efecto, Cubides no solamente nos reseña la ligazón entre procesos de poblamiento de la región y las expresiones cíclicas de la violencia, desde ias épicas "columnas de marcha" que la convierten en retaguardia del movimiento guerrillero de
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las FARC, sino también las diversas movilizaciones sociales o 'marchas' como se han denominado, desde 1981, muy ligadas a demandas que buscaban frenar operativos estratégicos del ejército en toda la zona: "cada una de las movilizaciones se produjo en relación directa con planes del ejército, o con operativos militares en curso, y condujeron a desvirtuarlos o a aminorar su efecto". Igualmente anota Cubides que "las características que tuvo el poblamiento convirtieron a la población en una base social mayoritariamente dispuesta y favorable al poder militar que ha ¡do construyendo la guerrilla..." Franco, por su parte, considera que los procesos de poblamiento están más relacionados con las dinámicas económicas asociadas a los denominados cultivos ¡lícitos, las bonanzas o microbonanzas y anota tajantemente "ni la violencia derivada de las últimas guerras por el control territorial, ni la crisis del sector rural aparejada a los modelos económicos vigentes han sido factores determinantes en los procesos de reestructuración territorial en las áreas con alto predominio de cultivos ¡lícitos. Por el contrario, se han convertido en zonas de amortiguamiento".
% Aura María Puyana le da un gran peso al método coercitivo para la erradicación del cultivo de coca, es decir la fumigación, como causa del desplazamiento en el Caquetá, mientras que Fernando Franco minimiza este problema, como lo ¡lustramos en la última de las conexiones señaladas, que al mismo tiempo es una tensión que los textos nos plantean.
La ausencias que resaltan
Queremos en esta parte de los comentarios hacer algunas anotaciones, desde una perspectiva eminentemente académica, reseñando lo que a juicio del comentarista le hubiera gustado encontrar adicionalmente en los textos y que no pueden dar lugar a ningún otro tipo de susceptibilidades, ni por parte de los lectores, pero tampoco de los mismos autores.
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COMENTARIOS
a) Un análisis de la estrategia del despeje, que incluya el porqué se pasa de uno a cinco municipios como demanda por parte de las FARC. Si bien el texto del profesor Cubides se adentra en una mirada analítica acerca de los antecedentes históricos de la región del despeje y sus conexiones con las luchas agrarias y guerrilleras de las FARC en la región y nos señala el antecedente inmediato del despeje para la liberación de los soldados en Cartagena del Chaira en 1997, como un ensayo de la puesta en escena del despeje, sin embargo el texto no analiza el porqué las FARC pasan de una demanda de despeje en un municipio en 1 995, La Uribe, a una de cinco en 1 998. En qué medida esto se ubica dentro de un plan estratégico de esta guerrilla, no necesariamente para la negociación inmediata, sino eventualmente para una nueva fase de la guerra irregular, incluyendo dentro de la misma la consolidación de su demanda de "status de beligerancia", ligada a la solicitud de la ley del canje permanente.
b) No se contemplan dentro del análisis otras experiencias de despeje que se han dado en el pasado. Más allá de la mención del despeje de 1997 en Cartagena del Chaira, hubiera sido interesante, no solamente ubicar el despeje como una garantía necesaria de seguridad para conversar dos adversarios en conflicto cuando han decidido hacerlo en medio de la guerra y adicionalmente analizar lo que significó en el pasado los casos presentados con los denominados 'campamentos de paz' con el M-l 9, las zonas de despeje en que se concentraron las guerrillas en trance de desmovilizarse durante los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, así como la experiencia de despeje con el Movimiento Jaime Batemán Cayón en el norte del Cauca, durante el gobierno de Ernesto Samper.
c) Hay un vacío en el análisis en lo relacionado con el poder coercitivo que ejerce la guerrilla en la zona del despeje, aunque el texto de Cubides lo menciona de manera tangencial,
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ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ
todo indica que si bien hay elementos consensúales en la relación entre población civil y guerrilla, también es clara la presencia de elementos coercitivos como se ha denunciado por varias fuentes incluidas autoridades religiosas de la zona.
d) No se analiza suficientemente el hecho que es la presencia de poderes hegemónicos en un territorio lo que tiende a reflejar una disminución de los niveles de violencia, como se ha visto en casos de zonas controladas por los paramilitares, lo cual a su vez era previsible en esta zona con la presencia del poder hegemóni-co de las FARC expresado en lo que Cubides llama "un 'cese al fuego' práctico para las distintas modalidades de violencia", y que por el contrario son los territorios en disputa los que tienden a mostrar los indicadores de mayor violencia, justamente por la inexistencia de un poder regulador hegemónico.
e) En los diversos documentos falta una mirada analítica a la relación existente entre narcotráfico, guerrilla, cultivos ¡lícitos y acumulación de la guerra y io que esto significa como disputa de las rentas del narcotráfico, con excepción del texto de Aura María Puyana que toca la relación entre guerrilla y rentas provenientes del narcotráfico. Es evidente que el desarrollo de una guerra interna como la colombiana requiere que los actores de la misma hayan resuelto por lo menos tres problemas estratégicos: la disponibilidad de mandos y de tropa, que en general han resuelto con sus Escuelas de Mandos y con el volumen de desempieados existentes en el mundo rural y urbano; los recursos bélicos que el mercado negro internacional de armas suministra de manera eficiente, siempre y cuando se haya resuelto el último de estos problemas; los recursos económicos y es allí donde el narcotráfico, sin duda, se ha convertido en la fuente privilegiada de estos recursos a través de los denominados "impuestos de guerra" a esta actividad, en especial en esta región del sur de Colombia.
Por último, creo de vital importancia destacar lo relacionado con las dificultades existentes en un conflicto interno arma-
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COMENT/IR/OS
do como el colombiano, para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, tratadas en el texto de Luis Fernando Maldonado, quien nos plantea cuatro campos problemáticos al respecto: el de la territorialidad atrás mencionado, el de los actores del conflicto, lo relacionado con las relaciones internacionales del conflicto armado interno y, finalmente, el de la funcionalidad del derecho, en un contexto como el de la guerra caracterizado por la ¡legalidad y la irracionalidad.
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