Conflicto armado en colombia y el medio ambiente
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1
Conflicto armado en Colombia
Y el medio ambiente.
2
Tabla de contenidos.
Introducción. ----------------------------------------------------- 4
Las cuatro generaciones de estudios sobre
Seguridad ambiental. --------------------------------------------- 5
Los conflictos medioambientales:
Elementos de comprensión. ------------------------------------- 8
El terrorismos ecológico- ambiental
Y sus implicaciones. ------------------------------------------ 12
Conflictos armados y medio ambiente. ------------------------- 12
El medio ambiente otra víctima del conflicto
Armado en Colombia. ----------------------------------------- 16
Conclusión: degradación ambiental
Y conflicto armado en Colombia. --------------------------- 22
Bibliografía y cibergrafia. ------------------------------------- 23
Zona de juegos. ------------------------------------------------ 24
3
4
Introducción:
a seguridad
ambiental es
un concepto
complejo que puede
ser analizado desde
varios enfoques. La
conexión entre
degradación
ambiental, escasez de
recursos, poco
desarrollo económico
e inestabilidad
política puede
generar rápidamente
conflictos llamados
ambientales,
terrorismo ecológico
y guerras verdes. Sin
embargo, en la
mayoría de las
investigaciones sobre
degradación
ambiental y
conflictos armados no
se tienen en cuenta
los factores desarrollo
económico y régimen
político, pues se
considera que los
problemas
ambientales pueden,
por sí solos, conducir
a situaciones
conflictivas
nacionales, regionales
e internacionales. Los
propósitos de este
artículo son plantear
las diferentes
tendencias
ideológicas de la
seguridad ambiental,
definir el contenido y
las causas de los
conflictos
ambientales y
proponer un marco
analítico
complementario que
incluya las variables
políticas y
económicas como
generadoras de
conflictos
ambientales y de
conflictos armados de
alta intensidad. Al
final, se propone una
agenda de
investigación en
materia de seguridad
ambiental para
Colombia.
En efecto, el
concepto de
seguridad ambiental
encuentra menos
resistencia cuando es
utilizado de manera
realista, restringida y
estrecha para analizar
situaciones en las
cuales los conflictos
medioambientales y
de recursos naturales
aumentan la
probabilidad de
conflicto armado
violento o de baja
intensidad, interno o
interestatal. Por el
contrario, la
concepción más
amplia (humana) de
la seguridad
ambiental, que
implica una conexión
directa entre
degradación
ambiental y amenazas
al bienestar
económico y social
de las personas es
mucho menos
aceptada en la
comunidad
académica de los
estudiosos de la
seguridad como en la
comunidad política.
L
5
Las cuatro generaciones de estudios sobre seguridad
ambiental.
in desconocer
que a partir de
los años
cincuenta los análisis
sobre seguridad y
medio ambiente
conocieron unos
primeros intentos
para relacionar
cuestiones de cambio
medioambiental con
seguridad4 (sin
emplear el concepto
de seguridad
ambiental),5 la
primera generación
de estudios sobre el
tema apareció en la
primera mitad de la
década de los
ochenta. Esta primera
versión ampliada y
transnacional de la
seguridad estableció
un esquema en el cual
las dimensiones
políticas,
económicas, sociales
y medioambientales
cobran una
importancia
fundamental en
varios ámbitos
(sistémico, regional,
estatal e individual),
frente a la dimensión
militar nacional
convencional. Al
abrir de forma
conceptual el abanico
de tipos de
degradación
ambiental
potencialmente
peligrosos para la
mayoría de las
actividades estatales
o individuales sin
nunca comprobarlo
de manera empírica,
esa primera ola fue
objeto de muchas
críticas, que
subrayaron el hecho
de que el discurso de
sus autores más
representativos se
asemejaba más a
consignas políticas
que a verdaderos
instrumentos
analíticos. La idea
original, todavía
presente en la
actualidad, era hacer
de los asuntos
medioambientales
temas de high
politics. En reacción
a los vacíos
metodológicos
dejados por el primer
intento de análisis
serio del impacto de
la degradación
ambiental en materia
de seguridad se
generaron nuevos
acercamientos, más
científicos y menos
políticos, dedicados
específicamente al
estudio de la
importancia del estrés
ambiental como
fuente de conflictos
interestatales e
intraestatales
(segunda generación)
o como amenaza al
bienestar humano
(tercera generación).
En búsqueda de
legitimidad tanto
académica como
S
6
política, la segunda
generación de
estudiosos de la
seguridad ambiental
apareció al inicio de
la década de los
noventa, con el objeto
de ofrecer hallazgos
empíricos a la
relación entre medio
ambiente y seguridad
o, más bien, en los
términos del Grupo
de Toronto —líder de
esta tendencia—,
entre escasez de
recursos y conflictos
interestatales e
intraestatales.
Así es como se
restringió, durante
mucho tiempo y de
manera casi
hegemónica, el
ámbito de la
investigación en
seguridad ambiental a
las relaciones entre
las variables escasez
de recursos
renovables y
conflicto violento,
más visibles y, por
ende, más fácilmente
verificables
empíricamente. Esta
segunda generación
se benefició también
de los aportes de otro
proyecto de
investigación, el
Environment and
Conflicts Project
(Encop), del Centro
de Estudios de
Seguridad e
Investigación en
Conflicto en Berna,
Suiza. Como el
Grupo de Toronto,
Encop trata de
analizar las relaciones
entre escasez de
recursos y conflicto
en los países en
desarrollo.
Mientras que Encop
intentó desarrollar
una tipología de
conflictos al
investigar qué tipos
de degradación
ambiental causan qué
tipos de conflicto en
los países en vía de
desarrollo, los aportes
del Grupo de Toronto
buscaron crear un
modelo
metodológico, con
base en evidencias
empíricas en algunos
Estados en desarrollo
y, en la trazabilidad
de las complejas
relaciones causales
entre la variable
independiente
escasez
medioambiental y la
dependiente conflicto
violento. Estas
relaciones, mediadas
por la variable
efectos sociales
(pobreza,
migraciones, tipo de
sistema económico,
niveles educativos,
divisiones étnicas,
divisiones de clase,
capacidades
tecnológicas y
legitimidad del
régimen político). En
resumen, esta
segunda ola de
estudios sobre
7
seguridad ambiental
determinó que el
deterioro de la
calidad del medio
ambiente, entendida
como escasez de
recursos renovables o
cambio
medioambiental,
podía empeorar otros
factores políticos,
sociales o
económicos
susceptibles de
constituirse, a su vez,
en la causa de
conflictos violentos.
Con el fin de dar
cuenta de esta
relación indirecta
entre degradación
ambiental y conflicto,
se habla entonces de
conflictos
medioambientalment
e- inducidos. Al tratar
de generar una
ruptura con la
segunda generación
de estudios sobre
medio ambiente y
seguridad, nació a
finales de los años
noventa una tercera
tendencia, muy
crítica en particular
de los postulados y
métodos del Grupo
de Toronto, basada en
una visión más
optimista de las
relaciones
internacionales. Esta
tercera generación
procura ampliar la
gama de variables
dependientes para
incluir ingredientes
de seguridad humana
opuestos a los
postulados
conflictivos estatales
de sus predecesores.
En la actualidad, se
perfila una cuarta
tendencia que apela a
acercamientos más
comprehensivos y
holísticos a la
seguridad ambiental.
Basada en la
combinación de las
generaciones
anteriores, esta nueva
visión observa las
relaciones entre el
medio ambiente y la
seguridad en términos
multidimensionales
tanto de conflicto
como de cooperación
y de seguridad
humana, para los
Estados como para
las sociedades y las
personas. Expuesto el
panorama intelectual,
ahora se desea hacer
hincapié en los
argumentos y las
variables de la
segunda generación
con el fin de explicar
y criticar este
universo de la
seguridad ambiental
caracterizado por
conflictos
ambientales,
conflictos
medioambientalment
e inducidos, guerras
verdes y terrorismo
ecológico.
8
Los conflictos medioambientales: Elementos de
comprensión.
arios
factores
permiten
establecer una
conexión directa o
indirecta entre
recursos naturales
renovables (agua o
bosques) o no
renovables (minerales
y petróleo) y
seguridad nacional o
regional. En primer
lugar, la asimetría
económica (en cuanto
a niveles de
desarrollo) entre los
países del norte
(centro) y los del sur
(periferia) conduce a
que los Estados
tengan, en cuanto a
recursos naturales,
necesidades y
perspectivas distintas.
Desde este punto de
vista, el desequilibrio
generado por la
diferencia de acceso
y uso de los recursos
naturales entre los
Estados, pero
también en su
interior, se considera
una causa
potencialmente
importante de
inseguridad y de
conflicto. En segundo
lugar, el carácter
conflictivo de esta
asimetría se ve
reforzado cuando la
soberanía y el control
sobre los recursos
(elementos de poder
para muchos Estados)
adquieren un carácter
de interés vital o
estratégico para
asegurar su posición
internacional o
regional y preservar
su seguridad
nacional.
Por fin, la anarquía
internacional y la
política de poder de
los Estados basada
en la protección del
interés nacional y la
debilidad de los
regímenes
ambientales
internacionales o
regionales— limitan
considerablemente el
fomento de
cooperaciones
multilaterales en este
ámbito e incentivan
lógicas competitivas
interestatales. Dichos
conflictos
ambientales se
manifiestan a manera
de conflictos
políticos, sociales,
económicos,
culturales, étnicos,
religiosos y
territoriales o como
conflictos por
recursos naturales de
interés nacional. Son
conflictos
tradicionales
V
9
inducidos por una
situación de
degradación
ambiental causada
por una
sobreutilización (o
mala administración)
de los recursos,
contaminaciones o
empobrecimiento del
espacio vital. Tal
como se dijo
anteriormente, dos
grupos de
investigación han
dado las pautas de la
argumentación sobre
medio ambiente y
conflicto. Se trata del
Grupo de Toronto y
de Encop, que
pasaron por alto el
concepto de
seguridad, demasiado
subjetivo y
socialmente
construido, para
dedicarse a la noción
de conflicto como
fenómeno empírico y
observable (de ahí
sus raíces
racionalistas).
Ambos trataron de
concentrarse en el
papel de los cambios
ambientales y del
agotamiento de los
recursos como
potencial causa o
coadyuvante de
conflicto violento.
Los postulados del
Grupo de Toronto y
de sus diversos
proyectos de
investigación parten
de afirmar que en los
próximos cincuenta
años la población
total del planeta
sobrepasará los 9.000
millones de
habitantes y que las
actividades
económicas se
multiplicarán por
cinco. Como
resultado de este
crecimiento
demográfico y
económico, y por
ende del aumento de
las necesidades, la
escasez de los
recursos naturales, en
particular renovables,
aumentará en las
mismas proporciones
(desaparición
progresiva de las
tierras cultivables, de
los bosques, de
algunas especies, de
los acuíferos, de los
ríos y en general de
las fuentes de agua
dulce, de las reservas
de pesca y, por fin,
probablemente un
mayor cambio
climático). Esta
visión de la seguridad
ambiental considera
que si aquella escasez
ambiental se vuelve
muy seria, podría
incentivar conflictos
civiles o
internacionales
violentos.
En resumen, seis
tipos de problemas
ambientales pueden
convertirse en la
causa de conflicto
violento: el cambio
climático inducido
por el efecto
invernadero, la
degradación de la
capa de ozono, el
agotamiento y la
10
pérdida de tierras
cultivables, la
degradación de los
bosques, la escasez y
la contaminación de
las fuentes de agua
dulce y el
agotamiento de los
recursos pesqueros.
Obviamente, estos
cambios afectan de
manera diferente
cualquier situación de
inseguridad,
dependiendo de
dónde suceden
geográficamente, en
qué ámbito ocurren
(local, nacional,
regional o global), de
la velocidad a la cual
ocurren y del tipo de
problemas sociales,
económicos y
políticos presentes
originalmente en el
escenario en cuestión.
Al contrario de los
conflictos inducidos
por el medio
ambiente, existe una
categoría de
conflictos
ambientales que
depende menos de
aspectos
coyunturales: los
conflictos por los
recursos no
renovables (minerales
y petróleo), llamados
también guerras de
recursos o guerras
verdes, puesto que,
en este caso
específico, dichos
recursos son el objeto
mismo del conflicto.
El mismo diagnóstico
se revela válido
cuando se trata de un
tipo específico de
recurso renovable: el
agua dulce. Sin
embargo, aquel tipo
de conflicto violento
no ha estado muy
presente en el sistema
internacional,
cuando, al contrario,
varias fuentes esperan
un crecimiento
considerable de los
conflictos inducidos
por la escasez de los
otros recursos
renovables en el
mundo. Existen tres
factores,
generalmente
simultáneos, que
pueden causar
escasez ambiental de
recursos renovables:
primero, la pérdida en
cantidad y calidad de
los recursos
renovables en una
proporción mayor
que su renovación
natural (escasez
inducida por oferta);
segundo, el fuerte
aumento poblacional
y del consumo per
cápita (escasez
inducida por
demanda); y tercero,
el acceso desigual a
los recursos (escasez
estructural).
Dichos factores
pueden influir de
varias maneras en la
situación de
inseguridad de un
Estado o de una
región:
(1) la escasez de
recursos puede en
parte provocar
conflictos
interestatales
11
(2) la escasez
medioambiental, que
suscita movimientos
poblacionales, genera
parcialmente
conflictos
subnacionales o
intraestatales
(3) el estrés
ambiental, que a su
vez dificulta el
desarrollo de las
actividades
económicas e
interrumpe la vida
normal de las
instituciones sociales
clave, genera
conflictos
subnacionales o
intraestatales en
términos de
insurgencia y de
guerra civil.
En estos escenarios,
aparecen cuatro tipos
de efectos sociales
muy importantes a la
hora de analizar la
relación entre escasez
ambiental y
violencia: la
disminución de la
producción agrícola,
el decrecimiento de la
productividad
económica, el
desplazamiento
poblacional y la
interrupción de las
instituciones y de las
relaciones sociales.
Además, como ya se
mencionó, se puede
decir que aquellos
efectos sociales
basados en la escasez
ambiental
contribuyen al
desarrollo de tres
tipos de conflictos
inducidos por el
medio ambiente, en
cuanto a recursos
renovables: los
conflictos de simple
escasez entre
Estados, los
conflictos de grupo e
identidad en los
Estados o entre éstos
y los conflictos
relativos a la
degradación
económica,
institucional
y política en el
interior o entre los
Estados. Sin
embargo, esta
tipología es todavía
muy somera y no
refleja la complejidad
de las relaciones
entre todas las
variables y factores
involucrados en el
concepto de
seguridad ambiental.
De hecho, un análisis
más detallado revela
nuevas conexiones.
La escasez ambiental,
en general, incentiva
a unos grupos
poderosos a
‘capturar’ recursos
ambientales de
mucho valor y a
grupos marginales a
emigrar hacia zonas
ecológicamente
sensibles. En
consecuencia, ambos
procesos refuerzan la
12
escasez ambiental y
aumentan el potencial
de inestabilidad
social. Dichos
procesos se llaman
también captura del
recurso, cuando se
trata del nexo entre la
degradación y el
agotamiento de los
recursos por un lado
y el crecimiento
poblacional por el
otro, que incentiva a
algunos grupos a
cambiar la
distribución de dichos
recursos a su favor;
así como
marginalización
ecológica, cuando se
trata de la conexión
entre el acceso
desigual a los
recursos y el
crecimiento
poblacional, que
causa olas de
migraciones
importantes y
permanentes en los
grupos más
vulnerables. Las
sociedades pueden
adaptarse a esta
escasez con el uso de
recursos alternativos
más eficientes. No
obstante, esta
adaptación depende
de las capacidades
sociales y técnicas
disponibles en la
sociedad. Pero si la
adaptación
económica y social
fracasa, la escasez
ambiental contribuye
al empobrecimiento y
a las migraciones.
Conflictos armados y medio ambiente.
erca del 73%
de los
cultivos
ilícitos están
sembrados cerca de
cañadas y ríos.
Más de 650 millones
de litros de petróleo
han sido derramados
sobre el ecosistema
por culpa de los
atentados terroristas.
Los daños que el
narcotráfico y el
terrorismo de las
Farc, el Eln y las
Auc, generan sobre el
recurso hídrico son
daños incalculables
en términos
medioambientales,
son daños que
difícilmente
permitirán a las
futuras generaciones
tener un uso
sostenible de este
recurso y lo
preocupante es que la
tendencia de
afectación en lugar de
disminuir va en
ascenso. Y eso que
estamos considerados
la cuarta reserva
hídrica del planeta.
Es claro que más que
una amenaza los
grupos terroristas y el
C
13
narcotráfico vienen
llevando a cabo un
impacto abrasivo
sobre nuestros
recursos hídricos por
causa de la
deforestación, la
contaminación y los
ataques terroristas y
todo esto está
poniendo en riesgo la
supervivencia de los
colombianos y el
futuro de la
humanidad, esto ya es
insostenible.
Otro fenómeno de
alto impacto medio
ambiental es el
cultivo y la
producción de
narcóticos, esto
representa una seria
amenaza para el
entorno en la región
andina y el sector
selvático del sur del
país. Los cultivadores
de las plantas
narcóticas, tiende a
ubicar estos cultivos
en zonas selváticas
alejadas, casi siempre
en terrenos
montañosos y
empinados. Para
poder preparar el
terreno los bosques
son arrasados y
quemados antes de
sembrar la coca.
Debido a la poca
fertilidad y a la
necesidad de evadir a
las autoridades, los
campos se abandonan
después de dos o tres
siembras y se abren
nuevos campos selva
adentro. Y el daño
queda realizado y
volver a recuperar
este espacio natural
tarda más de 50 años.
Esta mala práctica
acelera la
deforestación y
destruye, entre otros,
recursos madereros
que de otra manera
podrían estar
disponibles para un
uso sostenible de la
tierra selvática. Es
claro que la práctica
recurrente de sembrar
en un suelo tan frágil
puede llevar
rápidamente al
deterioro ambiental y
al agotamiento de los
recursos naturales,
especialmente a la
erosión del suelo y a
la pérdida de la capa
superior y la
sedimentación río
abajo.
Se sabe que el
procesamiento de
alcaloides se realiza
con una gran
variedad de
precursores químicos
14
como el ácido
sulfúrico, la acetona,
y el éter entre otros, y
que son vertidos a los
suelos y ríos. Estas
sustancias químicas
erosionan
rápidamente el suelo
y por consiguiente
constituyen una carga
de sedimentos en los
cauces de los ríos y
quebradas, lo que
disminuye la
capacidad de drenaje
y riego, aumentando
la frecuencia de
inundaciones, y
constituyendo en una
amenaza para las
comunidades que se
asientan en las riberas
de los ríos.
Estos químicos
causan también daño
a la fauna y a la flora,
directa o
indirectamente, por
medio de la cadena
alimenticia. Generan
también disminución
del contenido de
oxígeno en el agua, lo
que conlleva a la
pérdida de
biodiversidad en el
medio acuático. Y
luego esto por
diversos procesos
pasa a afectar al
hombre que consuma
productos animales o
vegetales
provenientes de esta
contaminada cadena
alimenticia
conllevando el riesgo
de que pasen al
cuerpo humano
diversos agentes
agentes cancerígenos
y muta génicos.
La Dirección
Antinarcóticos de la
Policía Nacional
contabilizó que el
73% de las 102.071
hectáreas de cultivos
ilícitos existentes en
el país, están
ubicadas cerca de
grandes cuencas
hidrográficas como
las de los ríos
Putumayo y Caquetá;
Así mismo, se tiene
que entre 1990 y
2000 se deforestaron
1`361.475 hectáreas
de bosque Húmedo
Tropical.
Los narcotraficantes,
a través de sus
cultivos, han hecho
presencia, inclusive,
en los Parques
Nacionales Naturales
de Colombia. Para el
año 2000 se calculaba
un total de 4.660
hectáreas de coca y
199 de amapola en
estos parques, con
una destrucción de
bosque de 14.500
hectáreas para su
instalación. Y a pesar
15
de los planes de
erradicación las cifras
se han mantenido y
en algunas zonas ha
aumentado.
Se presenta también
la compleja
problemática del
desplazamiento
forzado. Se calcula
que desde el año
1995, 3,5 millones de
personas han sido
desplazadas de sus
territorios. Esta cifra
implica el
despoblamiento de
los campos
productivos en el
país, que en su
mayoría son
medianas y pequeñas
extensiones. El
acumulado de
experiencias de
adaptación al
territorio, mediante
las cuales los
campesinos
alimentaban a todo el
país se pierde y va a
parar a los cinturones
de miseria de las
grandes ciudades; la
pérdida del
conocimiento popular
del territorio es
sumamente grave,
considerando que son
experiencias
fundamentales a la
hora de plantear
nuevas maneras de
relacionarse con el
entorno natural.
En el caso particular
de Colombia, la
Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos
declaró: “las
voladuras de
oleoductos por parte
de los grupos
guerrilleros como
infracciones al
Derecho
Internacional
Humanitario,
materializados en
ataques
indiscriminados
contra los bienes
civiles, cuyos efectos
sobre la salud y
supervivencia de la
población civil y
sobre la conservación
de los recursos
naturales son
imposibles de
restringir y de cuya
utilización no puede
desprenderse una
ventaja militar clara y
definida.
Los ecosistemas
destruidos
difícilmente serán
recuperados y las
aguas afectadas por
más depuraciones que
se le realicen no
volverán a su estado
natural. Y mientras
estas acciones
16
terroristas no se
acaben las
generaciones futuras
no tendrán ni siquiera
la opción de disfrutar
un medio ambiente
sano y tanta riqueza
natural poco a poco
se ira perdiendo. Así
el panorama es
bastante desalentador
y de verdad se
necesita de forma
inmediata acciones de
cambio, acciones de
conservación y no
simplemente
intenciones. Tenemos
ante nosotros un
enorme reto y
demasiados agentes
con diferentes tipos
de interés, y
tristemente poco
interés por velar por
el patrimonio
ambiental de los
colombianos.
El medio ambiente otra víctima del conflicto
Armado en Colombia.En los últimos 20
años el conflicto
armado ha sido el
causante de la
pérdida de 6.210.000
hectáreas de bosque.
Si la situación no
cambia, en los
próximos diez años el
país podría perder al
menos otros dos
millones de
hectáreas.
Estas cifras
alarmantes fueron
divulgadas por la
fundación Piensa
Verde, que viene
trabajando para que
se incluya en los
diálogos de paz la
discusión de cómo
reparar el daño
ambiental que los
grupos armados y el
comercio ilegal le
han causado durante
años al país.
Una de las propuestas
de esta Fundación es
que se ponga sobre la
mesa de diálogo entre
Gobierno y Farc
temas como la
minería ilegal y la
tala de árboles
indiscriminada, que
se han convertido en
otro motor del
conflicto armado
paralelo al cultivo y
tráfico de
estupefacientes.
Según el director de
Piensa Verde, Daniel
Quintero, el 50 % de
los bosques
colombianos está en
17
riesgo por la minería
ilegal, la tala de
árboles y la voladura
de oleoductos, causas
que se suman a la
ganadería expansiva
que crece sin control
en algunas regiones
del país.
De los temas que más
preocupan a Quintero
es la minería ilegal,
porque según este
ambientalista, se ha
convertido en una de
las fuentes de
ingresos más
prósperas de los
grupos armados
ilegales.
Por eso, otra de las
propuestas de Piensa
Verde es que los
grupos armados
ilegales, en primera
instancia las Farc, no
solo ayuden a acabar
con el narcotráfico,
sino que se
conviertan en
guardianes de los
bosques y ríos de
Colombia para
protegerlos de la
minería y la tala de
árboles que se
practica de forma
ilegal.
“La paz hay que
conseguirla pero no a
cualquier precio”.
Por desgracia, todos
contaminamos, pero
es obvio que hay
grupos sociales que
tienen mayor
responsabilidad que
otros, y países que
hacen más daño al
planeta. La guerra,
por otra parte,
además de la muerte
y la desolación deja
una estela de
destrucción de la
naturaleza.
La Asamblea General
de la ONU, para
hacer visible el
problema, declaró el
día internacional para
la Prevención de la
Explotación del
Medio Ambiente en
la Guerra y los
Conflictos Armados.
Esta celebración es el
6 de noviembre.
También el Programa
de las Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente, Pnuma,
señaló: “En los
últimos 60 años, el
40% de los conflictos
armados ha tenido
alguna relación con la
explotación de los
recursos naturales,
tanto por ser
considerados de
mucho valor, como
madera, diamante,
oro, minerales o
petróleo, como por
ser escasos, por
ejemplo, la tierra
fértil y el agua”.
18
La organización no
gubernamental,
Consultoría para los
Derechos Humanos y
el Desplazamiento,
Codhes, considerada
una de las más
rigurosas en el
estudio del conflicto
armado, indicó en un
informe a principios
de 2010 que entre el
2002 y 2009 unos 2.4
millones de
colombianos se
vieron obligados a
dejar su pueblo o
ciudad, cifra que
corresponde al 49%
de los 4.9 millones de
desplazados,
producto de la guerra
interna en los últimos
25 años. Guerra y
desplazamiento que,
como dice la Pnuma,
están asociados a
intereses económicos
y control de zonas
estratégicas por su
riqueza en recursos
naturales.
Esos datos reflejan lo
poco o nada que hizo
la supuesta seguridad
democrática del
gobierno anterior. En
esos nefastos años de
gobierno, la situación
del ciudadano
empeoró, como lo
indica la ONU en su
informe de agosto de
2010, en el que
señala que en lo
transcurrido de ese
año iban más de
7.500 desplazados
por culpa del
conflicto armado.
Violencia, intereses
económicos de
poderosos,
explotación
inadecuada de
recursos naturales,
narcotráfico,
destrucción del
medioambiente y
pobreza, son los seis
vértices de un
hexágono en el que
está inmerso toda una
población cuyo
ecosistema humano y
el de la propia
naturaleza, podrían
continuar su deterioro
si todos no
participamos en la
obtención de la paz y
la superación de la
infame desigualdad
social.
En el año 2002 el
presidente de
Colombia, Álvaro
Uribe Vélez, decretó
la persecución al
terrorismo, negando
que en Colombia
existe un conflicto
armado,
desconociendo las
razones políticas y
19
sociales que han
alentado la guerra en
la historia reciente
del país. Esta postura
simple y efectista es
una de las
justificaciones a la
más dura represión
contra el movimiento
social en Colombia,
donde se incluyen
detenciones masivas,
asesinatos con
vinculación directa de
organismos militares
y actuaciones
conjuntas con grupos
paramilitares.
El actual mapa de la
guerra nos muestra
que se consolida el
proyecto paramilitar
de extrema derecha
(Autodefensas
Unidas de Colombia)
en la mayor parte del
país poblado (cerca
de un 50 por ciento
del territorio). La
estrategia planteada
por estos grupos no
corresponde sólo al
plano militar, al
contrario, este
componente es
secundario y hoy
buscan controlar
territorialmente áreas
con interés
económico, político o
militar, mediante el
uso sistemático del
“terror” (el 60 por
ciento de los
desplazamientos
forzados son
originados
directamente por
estos grupos). Ello ha
implicado el
copamiento de los
espacios políticos
(control de
gobernaciones,
curules del Congreso
y alcaldías), jurídicos
(control de fiscales y
jueces), académicos
(control de
autoridades
universitarias), y el
monopolio férreo de
los medios de
financiación de la
guerra: narcotráfico y
extorsiones.
En la actualidad la
guerra se caracteriza
por dos dinámicas
centrales: la primera
es la legalización de
las enormes
estructuras
económico-militares
del paramilitarismo
en las
“negociaciones” con
el Gobierno; la
segunda, la
multiplicación de las
acciones bélicas por
parte de la
insurgencia a lo largo
y ancho del país,
entre las que se
cuentan los sabotajes
a las redes de
electricidad en
Arauca y en la costa
Caribe, ataques
militares del ELN en
20
el Chocó, Norte del
Santander, y Sur de
Bolívar, y los ataques
de las FARC a las
poblaciones de
Iscuandé (Nariño),
Mutatá (Antioquia), y
varios pueblos del
Cauca, que han
producido cerca de
70 bajas dentro del
ejército. Esta
ofensiva cuestiona los
resultados de la
política de “seguridad
democrática” del
actual Gobierno, que
pone en entredicho la
efectividad de la
política militarista y
represiva, y cuestiona
la manipulación sobre
los resultados de la
guerra que se tiene
sobre los medios de
comunicación y los
espacios políticos
estatales.
En el Sur del país la
guerrilla de las FARC
mantiene beligerancia
en regiones selváticas
y montañosas,
corredores
estratégicos que le
aseguran movilidad y
ventaja táctica, ante
la acentuada ofensiva
del ejército a través
del Plan Colombia y
el Plan Patriota que
busca atacar la región
de control histórico
de las guerrillas. La
guerra se extiende en
los departamentos de
Caquetá, Putumayo,
Guaviare y Meta, una
inmensa área
selvática y de difícil
acceso de 160.000
kilómetros cuadrados,
que incluye parte de
la selva amazónica.
Tanto las FARC
como el ELN han
retomado la estrategia
de guerra de
guerrillas, ante la
nueva configuración
del conflicto, en el
que se han
generalizado las
ofensivas militares y
paramilitares de
manera coordinada y
sistemática: los
combates directos son
mantenidos por el
ejército y los grupos
paramilitares hacen el
“trabajo sucio”
perpetrando todo tipo
de violaciones contra
los derechos
fundamentales de las
comunidades.
La guerra en
Colombia
desencadena la
profunda
transformación en
todas las esferas de la
vida de la sociedad
colombiana,
incluyendo el entorno
natural. Desde el
ambientalismo,
entendido como las
relaciones entre la
sociedad con la
naturaleza y sus
recursos, también se
generan reflexiones
sobre las
repercusiones del
conflicto armado en
Colombia, en lo
referente a las
21
Fumigaciones promovidas desde el
Plan Colombia, el desplazamiento
forzado de 3,5 millones de
personas, la apropiación de 5
millones de hectáreas por parte de
los paramilitares y la instauración
de formas de trabajo semifeudales
en varias regiones del país.
22
Conclusión: degradación ambiental Y conflicto
armado en Colombia. Un rápido diagnóstico muestra que uno de los temas centrales para
Colombia, en materia de conflictos ambientales, es el uso del medio ambiente
Como instrumento político por parte de los alzados en armas.44
Colombia experimenta actualmente varios tipos de conflictos ambientales
Debido a implicaciones generadas por el problema de las drogas,
Sobre todo en razón de su erradicación forzada con fumigaciones (en
Particular con su vecino Ecuador, pero también con su población local).
En Colombia, como en varios otros países de la subregión andina, el
Triángulo político-económico-ambiental del nuevo patrón de causalidad
Del conflicto ambiental funciona perfectamente, pero subordina claramente
El factor ambiental a los dos otros.
El medio ambiente no ha sido securitizado oficialmente. No se habla
De seguridad ambiental tal como se habla de seguridad ciudadana y
Nacional (democrática) o de seguridad económica. No ha entrado como
Tema de alta política en la agenda nacional a pesar de ser un asunto muy
Sensible para el Estado colombiano, en cuanto a sus relaciones de buen
Vecino y sobre todo para su población, en materias de salud humana y
De desarrollo económico. Siguiendo el marco de análisis propuesto y la
Cadena de causas-consecuencias que varios autores han desarrollado a
Raíz de estudios realistas empíricos en países en desarrollo, se puede
Demostrar que Colombia cumple con la mayoría de los factores que llevarían
A considerar el estrés ambiental como una fuente posible de desestabilización
Societal, nacional y regional.
23
Bibliografía y cibergrafia.
Donde pise aun crece la hierba.
Edición: septiembre del 2010
Alcaldía de Medellín. Secretaria de gobierno
Impresión: ofigraf impresiones S.A.S. Colombia.
Código de recursos naturales y del medio ambiente.
Miguel Ángel Escallón Ortiz.
Edición: 2011
Bogotá D.C- Colombia.
Editorial: leyer.
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/16/16c9d5ec-fbd8-4770-
a094-b8ab46b9b1b4.pdf
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/medioambiente-otra-
victima-conflicto-armado-colombia
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-
conflicto_armado_y_medioambiente-seccion-Educaci%C3%B3n-nota-
54191.htm
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-12233390.html
http://www.educweb.org/webnews/ColNews-
Oct05/Spanish/Articles/Colombieconflitarmeetenvi.html
http://medionatural.blogspot.com/2005/11/medio-ambiente-y-el-
conflicto-armado.html
24
ZONA DE JUEGOS:
25
“NO OLVIDES
AYUDAR AL MEDIO
AMBIENTE”.
26
