COMUNICACIÓN SEMANAL · Qualytel despide a varias trabajadoras embarazadas subcontratadas por ETT...

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Comunicación e Imagen

Octubre 2013

Nº224 (semana 28 al 31 de octubre)

Martes 29 de octubre

Qualytel despide a varias trabajadoras embarazadas subcontratadas por ETT

Trabajando juntos hacia una mejora de la seguridad y salud en el trabajo

La reforma del Código Penal criminaliza el derecho de reunión y manifestación

Bruselas exige a Telefónica modificar sus tarifas por acceso a banda ancha

Alierta explica este martes a Letta sus planes para Telecom Italia

Lunes 28 de octubre Telefónica Móviles: Unificación de jornadas de trabajo en actividades de Operación

CCOO rechaza el control de las altas médicas por las Mutuas en los casos de IT por enfermedad común

Hacienda estudia elevar el mínimo exento del IRPF en la reforma fiscal

30 familias españolas suman 32.000 millones de euros

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Jueves 31 de octubre

Telefónica de España: Reunión zonal de Galicia-Asturias

Telefónica de España: Comité Central de Seguridad y Salud

Telefónica de España: Comisión Clasificación Profesional

Retevision: Comisión de Redacción del Convenio Colectivo

CCOO y UGT piden a la oposición que dejen solo al Gobierno en la aprobación de la reforma de las pensiones y que se comprometan a derogarla en el futuro

El sistema de pensiones es sostenible si se recupera el empleo perdido con la crisis

Miércoles 30 de octubre Telefónica de España: Zona Castilla La Mancha

Telefónica Móviles: Reunión Comité de Formación

281.416 personas se vieron afectadas por un ERE en los ocho primeros meses de 2013

CCOO y UGT inician una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para trasladar su rechazo a la reforma de pensiones del Gobierno

El déficit conjunto del Estado y la Seguridad Social iguala al de 2012

Seis de cada diez parados lleva buscando empleo más de un año y cuatro de cada diez, dos años o más

El INE certifica la salida de la recesión: el PIB creció el 0,1%

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lunes, 28 de octubre de 2013

Telefónica Móviles: Unificación de jornadas de trabajo en actividades de Operación

CCOO ha solicitado a la empresa que se inicie el estudio de adaptación de los horarios de los trabajadores y trabajadoras de Telefónica Móviles a los de Telefónica de España, en aquellos casos en los que, o bien se trabaje en el mismo departamento, o se desarrollen mismas funciones o se dependa de las mismas lineas de mando.

Comisiones Obreras - FSC Sector Telecomunicaciones

CCOO rechaza el control de las altas médicas por las Mutuas en los casos de IT por enfermedad común

El nuevo procedimiento propuesto por el Gobierno supone dar a las Mutuas, de forma indirecta, el control sobre las altas médicas en los casos de incapacidad temporal (IT) por enfermedad común. Para CCOO, el Gobierno da prioridad a la reducción de costes para las empresas en lugar de garantizar la adecuada recuperación de la salud que representa el actual método de altas y bajas.

El Gobierno ha aprovechado una propuesta de modificación técnica en el reglamento de gestión de la incapacidad temporal para introducir la posibilidad de que las Mutuas de Accidentes de Trabajo puedan tener el control de las altas médicas en los casos de incapacidad temporal (IT) por enfermedad común.

CCOO, además de criticar el oportunismo del Gobierno, considera que la propuesta supone dar a las Mutuas, de forma indirecta, el control sobre las altas médicas articulando un procedimiento en el que utilizan el posible silencio administrativo de los servicios públicos de salud a las propuestas de alta realizadas por ellas.

El procedimiento puede generar situaciones de grave inseguridad jurídica ya que, paradójicamente, el responsable final del alta es el propio médico del sistema público de salud que no ha respondido en los plazos previstos al requerimiento de la Mutua. Por tanto, el trabajador enfermo podrá ser dado de alta aún a pesar de que el médico del servicio público que le diagnosticó la enfermedad común no se haya pronunciado.

CCOO denuncia que con esta propuesta el Gobierno da prioridad a la reducción de costes que para las empresas tienen las bajas por enfermedad común, antes que garantizar la adecuada recuperación de la salud que el actual método de altas y bajas contiene al dejar esta decisión en manos de los facultativos del servicio público de salud. Las organizaciones empresariales llevan años reclamando que las Mutuas sean quienes decidan cuándo un trabajador debe reincorporarse a la actividad laboral.

En cualquier caso, el intento de asignar esta nueva competencia a las Mutuas desborda el ámbito legal de actuación que tienen establecido actualmente como meras colaboradoras en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, pero supeditadas siempre al criterio médico de los facultativos

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del Sistema Público de Salud para establecer cuándo corresponde dar una baja y un alta por enfermedad común a un trabajador.

Finalmente, CCOO critica el hecho de que el contenido propiamente dicho del proyecto de Reglamento de gestión de la IT, que incluye ciertas mejoras que reducen los trámites administrativos e introduce aspectos que tienden a clarificar las garantías en los procesos, desaproveche la oportunidad para desarrollar puntos más sustanciales de la mejora de la gestión de la IT.

Hacienda estudia elevar el mínimo exento del IRPF en la reforma fiscal

El modelo tributario español hoy se caracteriza precisamente por la ausencia de un modelo claro y coherente. Durante los años previos a la crisis, el sistema fiscal invitaba al endeudamiento de familias y empresas. En términos fiscales resultaba mucho más atractivo emprender una inversión empresarial con financiación ajena que con recursos propios. Y, para las familias, el modelo incentivaba la compra de vivienda frente al alquiler. La crisis ha desmantelado este paradigma y revelado las imperfecciones de un sistema tributario excesivamente dependiente del sector inmobiliario. (CINCO DIAS)

La desordenada estructura impositiva de España se ha forjado a golpe de reales decretos aprobados con urgencia ante la falta de financiación de la Administración. Los años del boom inmobiliario ocultaron las carencias de un modelo fiscal que políticos, empresarios y expertos coinciden en que debe reformarse. La crisis ha afectado a todos los países, pero ninguno ha registrado un retroceso en los ingresos como España. El PIBnominal avanzó un 3% en 2008 y la recaudación impositiva cayó un 15%. Al año siguiente, la economía en términos nominales retrocedió un 3% y la recaudación volvió a caer otro 15%. Las subidas fiscales aprobadas por este Gobierno y el anterior –nunca se habían subido tanto los impuestos en tan poco tiempo– han servido para evitar un mayor agujero en las arcas públicas, aunque ello no oculta que el actual modelo tiene una capacidad recaudatoria muy baja. España es de los países con unos tipos impositivos más altos y, sin embargo, es de los Estados que menos recauda. Grecia ingresa más que España en términos de PIB. El sistema, nadie lo niega, es ineficiente.

El Ministerio de Hacienda entiende que la salida de la recesión supone el momento propicio para aplicar una reforma integral del sistema tributario español que se aprobará el próximo año y que actualmente estudia una Comisión de Expertos. La letra pequeña todavía no se conoce, pero las grandes líneas de la reforma ya están trazadas.

IRPF: Menos tramos y tipos más reducidos en el IRPF

El impuesto sobre la renta que aplican los asalariados y autónomos es el principal impuesto por recaudación y el que mejor se ha comportado durante la crisis económica. El actual Gobierno, y también el anterior, han recurrido con insistencia a este tributo para salvar los ingresos públicos. Reforma tras reforma, la estructura de este impuesto ha retrocedido una década. El IRPFde hoy se parece por el elevado número de tramos y tipos al vigente en los años noventa. El impuesto cuenta ahora con siete tramos –en 2010 eran solo cuatro– y un gravamen máximo del 52% frente al 43% vigente antes de la crisis. Y algunas comunidades como Cataluña han utilizado su capacidad normativa para elevar hasta el 56% el tipo máximo para las rentas más altas, un porcentaje que en el mundo solo supera Suecia y la pequeña isla de Aruba. La reforma fiscal irá encaminada a rebajar tramos y tipos impositivos, especialmente en los tramos más elevados.

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Buena parte de los teóricos fiscales defiende un tipo único y gestionar la progresividad a través de los mínimos exentos. Este modelo, difícil de vender a las puertas de unos comicios –la reforma fiscal se aprobará en 2014 y las elecciones generales son en 2015–, tiene la ventaja de simplificar el impuesto. Además, un mínimo exento elevado puede llegar a convertir el sistema en más progresivo que un modelo basado en un gran número de tramos y tipos.

Es pronto para saber cuál será la estructura del IRPF, aunque existe absoluta certeza de que tendrá menos tramos, tipos más reducidos y, previsiblemente, se ampliarán los mínimos personales y familiares, especialmente para los contribuyentes con hijos. De hecho, esta es una promesa electoral del PPque quedó en el cajón y que Hacienda confía en cumplir.

La literatura y las recomendaciones de la Comisión Europea o el FMIapuestan por rebajar la fiscalidad del trabajo, algo que en España no se ha producido. En 2007, el IRPFrepresentaba el 36% del total de la recaudación impositiva del Estado. Hoy alcanza el 42%. Respecto a las deducciones, no existe ninguna posibilidad de recuperar la deducción por vivienda, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy resucitó al llegar al Gobierno y que se vio obligado a retirar en 2013 por las presiones de Bruselas. IVA e Impuestos Especiales: Elevar la fiscalidad sobre el consumo para ganar eficiencia Los teóricos coinciden en que se debe rebajar la tributación del factor trabajo y elevar la fiscalidad del consumo. España ya subió el tipo general dos puntos en 2010, del 16% al 18% y, en 2013, se aprobó un incremento adicional de tres puntos hasta el 21%. Solo Hungría y Rumanía en Europa aplicaron incrementos más drásticos de una sola tacada. Sin embargo, Bruselas no cesa en señalar que España recauda poco por el principal impuesto indirecto y culpabiliza de ello al elevado listado de productos que aplican el tipo reducido del 10% o el superreducido del 4%. Ambos regímenes especiales provocan una merma recaudatoria de 9.700 millones al año. La Comisión insiste en que España debe trasladar productos actualmente bonificados al gravamen del 21%. El Ejecutivo de Rajoy lo rechaza de momento para no perjudicar, por ejemplo, el sector turístico, que aplica el gravamen reducido del 10%.

El llamado Informe Mirrlees, un voluminoso estudio sobre el diseño de un sistema tributario óptimo que acaba de publicar en castellano la Fundación Ramón Areces, aboga por un tipo único sin ningún régimen especial. Un escenario improbable porque resultaría impopular suprimir el IVA reducido del 4% que aplican, por ejemplo, los alimentos o los medicamentos. Además, un Estado miembro solo aceptaría un gravamen uniforme, si ello se aplica al resto de países de la UE. En cualquier caso, cada vez más voces, como la de Fedea, insisten en que el IVAno debe utilizarse para aplicar políticas redistributivas. El informe Mirrlees reconoce que el tipo único perjudicaría especialmente a los hogares con menos renta, pero abogan por compensar ese efecto a través de rebajas fiscales en el IRPF. En cualquier caso, todo apunta que, de una u otra forma, España deberá elevar la fiscalidad sobre el consumo. En este sentido, Bruselas recuerda que tiene margen para subir los impuestos especiales.

Impuesto sobre sociedades: La referencia es la fiscalidad empresarial alemana Ningún otro tributo refleja mejor el agotamiento del modelo fiscal español que el impuesto sobre sociedades, cuya recaudación ha caído un 52% desde 2007. El tipo nominal vigente asciende al 30%, uno de los más altos de la UE y, sin embargo, España es de los Estados que menos recauda. El listado inmenso de deducciones provoca que la tributación efectiva, especialmente para las grandes empresas, esté muy alejada del tipo nominal del 30%. Hacienda se ha marcado como modelo el impuesto sobre sociedades alemán, mucho más simple y con menos beneficios tributarios. De hecho, la limitación de los gastos financieros al 30% del beneficio operativo que aprobó el Ejecutivo el año anterior es una copia casi exacta de la legislación germana. La posibilidad de deducirse sin ningún límite los intereses

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contribuyó decisivamente al sobreendeudamiento de las empresas y fomentó operaciones financieras artificiales para acogerse a este beneficio fiscal.

En cualquier caso, el país presidido por Angela Merkel tiene ciertas características que no son exportables a España. En Alemania, la carga fiscal se sitúa en el 29,8% y se divide entre el impuesto sobre sociedades, con un tipo del 15%, y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), un tributo que en España es casi residual. Hacienda no se plantea esta fórmula. Además, la legislación alemana no contempla un régimen especial para pymes, algo que sí sucede en España, donde las pequeñas y medianas empresas tributan al 25% y bajo determinadas circunstancias pueden aplicar un tipo del 20% o, incluso, del 15%. El exdirector general de Tributos, Jesús Gascón, defiende en su libro Diagnóstico y propuestas para una reforma fiscal que este modelo desincentiva el crecimiento empresarial y sostiene que el sistema debería ir en dirección contraria y beneficiar fiscalmente a las empresas que alcancen un determinado volumen.

La reforma de Hacienda no planteará suprimir el régimen especial para pymes. De hecho, la recién aprobada Ley de Emprendedores ha reforzado las diferencias de tributación entre las pequeñas y grandes empresas. La idea de Hacienda, que se plasmará en la propuesta de los expertos es retirar más deducciones para las multinacionales, una medida que podría acompañarse de una reducción del tipo nominal del 30%, un porcentaje que los expertos consideran excesivo.

Ahorro: Beneficios fiscales para los planes de pensiones privados Las plusvalías del ahorro aplicaban hasta 2010 un tipo único del 18% en el IRPF con independencia de su procedencia (dividendos, intereses, venta de acciones, etcétera). La crisis llevó al anterior Gobierno a establecer una escala progresiva con gravámenes más elevados que el Ejecutivo actual también elevó. Más allá de la segura rebaja de tipos, la reforma tributaria mantendrá la neutralidad en las fuentes del ahorro para no incentivar unos sectores frente a otros. Sin embargo, las aportaciones a planes de pensiones privados seguirán gozando de una reducción en el IRPF, una ventaja que, fuentes del Ejecutivo, aseguran que podría ampliarse.

El Ministerio de Hacienda rechaza acatar la recomendación de Bruselas de eliminar este beneficio fiscal, que tilda de “regresivo” y culpa de “falsear la composición del ahorro”. El ministro de Hacienda ya ha adelantado que el Ejecutivo mantendrá una tributación diferente en función del período de generación de las plusvalías, un cambio normativo introducido el año pasado. Se diferencia así al ahorrador del especulador. Actualmente, los beneficios obtenidos en menos de un año se incorporan al tramo general del IRPFque alcanza un tipo del 52%. En cambio, si la plusvalía se ha generado en más de 12 meses, los beneficios tributan por la tarifa del ahorro que fija un gravamen del 21% para los primeros 6.000 euros de beneficio. Del 25% para ganancias entre 6.000 y 24.000 euros. A partir de ese nivel, la carga fiscal asciende al 27%. El compromiso de Hacienda es rebajar los tipos impositivos.

Patrimonio: Ingenio para gravar la riqueza de los ricos de verdad La tributación sobre la riqueza tiene muchos enemigos que argumentan que no tiene sentido castigar fiscalmente el patrimonio. En teoría, los bienes que un contribuyente posee se han adquirido con rentas que ya tributaron en su momento en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades o en el impuesto sobre sucesiones, en el caso de patrimonios heredados. Sin embargo, la Comisión Europea y, recientemente también el Fondo Monetario Internacional (FMI), tiran de pragmatismo y apuestan por sacar más partido a los impuestos que gravan la riqueza porque, en su opinión, son más eficientes y distorsionan menos la economía.

Más allá del IBI, el tributo municipal que aplican los propietarios de inmuebles, está vigente el impuesto sobre el patrimonio, un tributo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó en 2008 y recuperó con carácter temporal para 2011 y 2012. El Ejecutivo de Mariano Rajoy prorrogó su vigencia hasta el ejercicio fiscal de 2014, año en que

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desaparecerá definitivamente. Sin embargo, el Ejecutivo tiene la intención de idear un nuevo modelo de tributación patrimonial, que estaría vinculado al IRPF. En este caso, el mayor reto será establecer un tributo sin lagunas que realmente grave a los ricos. El problema del impuesto sobre el patrimonio actual es que resulta fácilmente eludible para los contribuyentes más adinerados y que pueden camuflar sus propiedades bajo un paraguas empresarial. Precisamente, este fue uno los argumentos esgrimidos cuando se eliminó.

30 familias españolas suman 32.000 millones de euros

Un total de 30 familias se reparten gran parte del capital de España, según Forbes, que sostiene que las enormes fortunas siguen siendo un asunto de familia, ya que estos grandes grupos empresariales acumulan entre sus miembros hasta 32.000 millones de euros. (CINCO DIAS)

El círculo del poder familiar se estrecha todavía más entre los muy poderosos, ya que hay tres familias que acumulan más de 11.200 millones de euros y que se encuentran en el selecto grupo de las 10 primeras riquezas del país, tal y como refleja la lista Forbes de los 100 millonarios más ricos de España que saldrá a la luz a finales de mes.

El sector textil, la venta de inmuebles, el mundo de las inversiones, de las finanzas bursátiles o la alimentación, entre otros, son algunos de los nichos de negocio en los que las ricas familias españolas han conseguido amasar su fortuna.

La edad media de los millonarios españoles que figuran entre los 100 bolsillos más acaudalados de España se sitúa en 66,5 años y solo 9 personas tienen menos de 50 años.

La lista española, que se ha configurado sobre la base de un corte de 300 millones de euros, recoge 11 fortunas femeninas y muchas más ocultas en los complejos árboles familiares o compartidas con sus parejas.

Forbes señala, sin embargo, que prácticamente todas ellas son legadas y heredadas, fruto del reparto de bienes tras la muerte del fundador o heredero varón, o, en las de origen más tardío, de la separación de bienes tras un divorcio.

En la edición mundial, solo figuran 5 mujeres españolas; la exmujer de Amancio Ortega, Rosalía Mera, (fallecida recientemente); las hermanas Alicia y Esther Koplowitz; Helena Revoredo, viuda del fundador de Prosegur; y María del Pino y Calvo Sotelo (hija del fundador de Ferrovial).

La edad media de las más acaudaladas del país gira entorno a los 63 años y el capital acumulado por las 11 más poderosas asciende a 22.125 millones de euros.

Según ha señalado el director de Forbes, Andrés Rodríguez, otro de los rasgos característicos de las fortunas españolas es que recelan de que se hable de ellos. Suelen invertir en la tierra como valor refugio, bien sea fincas, dehesas, viñedos o ganaderías, y la mayoría de ellos ha salvado sus ganancias durante la crisis gracias a la internacionalización de sus empresas.

Un caso extraordinario, indica Rodríguez, es el del presidente y máximo accionista de OHL, Juan Miguel Villar-Mir, que se ha mantenido “contra viento y marea” a pesar del duro golpe que ha sufrido el sector de la construcción en España.

La publicación, que tiene intención de ampliar a más de 100 el número de las grandes fortunas españolas, subraya también que uno de los rasgos comunes de los ricos españoles es la internacionalización de sus bienes, especialmente en Holanda, Luxemburgo y Suiza.

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Los dos primeros, porque ofrecen una fiscalidad muy atractiva y son plataformas para distribuir el dinero por todo el mundo, y Suiza porque sigue albergando los bancos más opacos del mundo, refugiados tras el secreto bancario.

El Rey Juan Carlos no aparecerá en la lista de las 100 personalidades más ricas de España, que asegura que la riqueza del monarca sigue siendo una incógnita y que lo será a pesar de la nueva ley de transparencia. En la última lista de Forbes sobre los 15 monarcas con mayor fortuna del mundo, Juan Carlos I tampoco encontró cabida.

El Príncipe de Liechtenstein, el Rey de Arabia Saudí, el de Marruecos, y la reina Isabel II, entre otros, figuraban en un listado que encabezaba el Rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, con una fortuna estimada en 35 billones de dólares. Forbes considera que el grado de transparencia de la Casa Real española seguirá estando muy lejos de la británica.

Las diferencias entre ambas coronas se dejan ver también en el uso que pueden hacer de sus joyas. Mientras que en la casa real británica sus integrantes no pueden vender las joyas sino que están obligados a traspasarlas en herencia, en España son propiedad personal de los monarcas y han servido incluso en tiempos de exilio para garantizar la propia subsistencia de los reyes destronados.

Amancio Ortega lidera la lista

La clasificación, que se podrá consultar en el número de noviembre de la publicación, estará liderada por el cofundador de Inditex, Amancio Ortega, la tercera fortuna del planeta solo superado por dos pesos pesados del dinero, el magnate mexicano Carlos Slim y el genio de la tecnología, Bill Gates.

Son 20 las fortunas españolas que aparecen en la lista de los 100 millonarios del planeta. Entre ellos, Juan Roig (Mercadona); Isak Andic y familia (Mango); Manuel Jove; Rafael del Pino (Ferrovial); Juan Abelló; Florentino Pérez (ACS); Gabriel Escarrer (Meliá); Enrique Bañuelos o Alberto Cortina.

martes, 29 de octubre de 2013

Qualytel despide a varias trabajadoras embarazadas subcontratadas por ETT

Qualytel, empresa del grupo Arvato Bertelsmann, ha despedido a varias trabajadoras subcontratadas por ETT que prestaban servicios de atención telefónica para la multinacional Vodafone en el ‘call center’ que la empresa tiene en el edificio El Trovador de Zaragoza. En un caso, la trabajadora fue cesada a las pocas horas de notificar el embarazo para que dispusiera de reposapiés y una silla adaptada.

La precariedad laboral en el Contact Center aragonés tiene su máximo exponente en la empresa Qualytel, filial del grupo Arvato Bertelsmann. Su ‘call center’ de Zaragoza cuenta con una plantilla de 1.200 trabajadores de los que una tercera parte está subcontratada a través de ETT, más de la mitad tienen contrato de obra y servicio y apenas un 15% de “afortunados” cuenta con un contrato indefinido. Todos prestan servicios de atención telefónica para la multinacional Vodafone.

Esta continuada precarización se ha visto agravada recientemente con varias finalizaciones de contrato a mujeres embarazadas incumpliendo la especial protección que la legislación laboral otorga a este colectivo de trabajadoras.

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El sistema utilizado resulta especialmente perverso ya que este tipo de despidos nunca los realiza directamente Qualytel, sino que son las ETT quienes se encargan de notificar el fin de contrato a las trabajadoras, aduciendo un descenso voluntario de la producción o la finalización de la obra y servicio para el que fueron contratadas.

Jesús Viu, presidente del comité de empresa, explica que “la pasada semana una trabajadora notificó su embarazo a Qualytel, y ese mismo día recibió una llamada de la ETT Crit Interim, informándole de la no renovación de su contrato de obra y servicio”. Este tipo de contratos no precisan de renovación ya que se mantienen mientras permanezca la obra. En este caso no sólo se mantiene la obra sino que hay varias decenas de trabajadores prestando este servicio, por lo que los servicios jurídicos de CCOO consideran que el despido es nulo.

Además, Viu aclara que “la trabajadora necesita obligatoriamente notificar su embarazo a la empresa para poder disponer de un reposapiés y una silla adaptada. El problema es que una vez realizado el despido hay que esperar la sentencia de nulidad que puede demorarse más de un año”.

Hasta la fecha COMFIA-CCOO sólo tiene conocimiento de este tipo de situaciones entre trabajadoras subcontratadas a través de Adecco y de Crit Interim, no teniendo conocimiento de hechos similares en Unique, única ETT con comité de empresa constituido en el ‘call center’ de Qualytel.

Trabajando juntos hacia una mejora de la seguridad y salud en el trabajo

Como cada año, CCOO participa del 21 al 25 de octubre en la semana europea para la seguridad y salud en el trabajo. Este año el lema de la campaña ha sido "Trabajando juntos para la prevención de riesgos". Las actividades durante la semana se centran en el propósito de estimular la participación activa en la reducción de riesgos.

Coincidiendo con la semana 43 del calendario, es un periodo en el que se concentran, en los 27 Estados miembros de la UE, múltiples iniciativas locales y regionales de sindicatos, empresas, Administración y otras entidades con objeto de promocionar la seguridad y salud en el trabajo y de apoyar las campañas europeas, demostrando que la prevención de enfermedades y accidentes en el lugar de trabajo es una prioridad principal en Europa.

En España, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como centro de referencia de la agencia europea, promueve la realización de diferentes eventos en el marco de la semana europea, gracias a la colaboración de distintas organizaciones e instituciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo que, a lo largo del territorio español, participan en la campaña contribuyendo a sensibilizar sobre la importancia de cada una de las campañas europeas, así como a proporcionar información sobre las actuaciones necesarias para garantizar lugares de trabajo saludables.

En esta ocasión se celebran jornadas, talleres y seminarios, además de una exposición fotográfica sobre seguridad y salud en el trabajo. También es destacable la proyección en formato “cineforum” de tres documentales ganadores de diferentes ediciones del certamen cinematográfico “Lugares de trabajo saludables”, que organiza la Agencia Europea, cada año, y en el que se pretende acercar al público el debate y la reflexión sobre la necesidad de garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Estas sesiones han sido realizadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

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Otros vídeos destacables y accesibles durante todo el año en web Las películas de Napo son los de Napo. En ellos, el personaje principal, Napo, y sus compañeros se expresan sin palabras, y platean mediante el humor el debate en torno a aspectos específicos de la seguridad en el trabajo. Merece la pena verlos.

La reforma del Código Penal criminaliza el derecho de reunión y manifestación

Para CCOO "es muy grave la criminalización de las movilizaciones que contempla el proyecto de ley del Código Penal, que da mayor protección a determinadas actuaciones de represión policial en las manifestaciones, al equiparar protestas pacíficas con las que no son", explicó Amable González Méndez, secretario de Relaciones Institucionales de CCOO de Asturias.

Amable González participó en Oviedo en el acto programado por Amnistía internacional dentro de la campaña “Nos van a oír”, para denunciar los recortes de derechos humanos en España, y en el que también intervinieron representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Movimiento Social por la Escuela Pública, la Asociación en Defensa de la Salud Pública y la Federación de Estudiantes Progresistas.

La organización de derechos humanos afirma que “la crisis económica no puede seguir siendo una excusa para recortar los derechos humanos. Desde 2012, el Gobierno español ha puesto en marcha medidas que están teniendo un grave impacto en la vida de las personas”. Amnistía Internacional considera inadmisible, por ejemplo, que 870.000 personas se hayan quedado sin atención sanitaria, ni que miles de familias estén perdiendo sus vivencias. “Tampoco lo es que las fuerzas de seguridad hayan maltratado a gente que se manifestaba pacíficamente contra los recortes”.

Durante su intervención, Amable González explicó que el proyecto de ley de reforma del Código Penal “recrudece la práctica totalidad de las disposiciones relacionas con delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución” y “amenaza al libre ejercicio de derechos como la libertad de expresión, asociación o reunión”.

Nuestro sindicato denuncia que la regulación prevista en el anteproyecto “tiene como objetivo penalizar las acciones de protesta social, aun cuando sean pacíficas y no tengan por objetivo más que reivindicar o informar, no atentar contra la paz pública; ni produzcan tampoco un alteración del orden público”. La reforma “pretende, en definitiva, criminalizar los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión”.

“Sitúa a la sociedad”, añadió Amable González, “ante una posición de indefensión ante una legislación que pretende reprimir la protesta social ante las políticas de recorte de lo público y de austeridad impuestas por el actual gobierno”.

Todas las intervenciones pusieron de relieve la gravedad de las políticas y recortes (en sanidad, educación, vivienda…) que está imponiendo el Gobierno de Mariano Rajoy, a quien Amnistía Internacional enviará un mensaje sonoro con todas las denuncias ciudadanas recogidas durante la campaña.

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Bruselas exige a Telefónica modificar sus tarifas por acceso a banda ancha

La Comisión Europea (CE) instó hoy al regulador español a "modificar o retirar" su propuesta que fija los precios regulados que el operador dominante, Telefónica, puede aplicar a otros operadores que deseen vender servicios de banda ancha a través de su red. El Ejecutivo comunitario explicó en un comunicado que ha hecho esta solicitud oficialmente a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al considerar que ese plan podría "ser incompatible con las normas de la UE sobre telecomunicaciones, atentar contra la competencia y no promover la inversión en la banda ancha de alta velocidad". (PUBLICO)

La Comisión ya había advertido en junio al predecesor de la CNMC, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), acerca de sus dudas sobre dicho plan. En particular, la CE expresó su preocupación por que el modelo de fijación de precios propuesto por el regulador español pueda llevar a una tarifa regulada que superaría hasta en un 50 % la correspondiente a costes eficaces.

Por otra parte, el producto de acceso de banda ancha al por mayor es la única oferta regulada que Telefónica propone en su red de fibra óptica, y el regulador español "no tiene previsto imponer otras salvaguardas de competencia, tales como normas de no discriminación más estrictas", apuntó. "Después de tres meses de investigación en profundidad, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la medida de la CNMC sigue sin ser suficientemente transparente y contiene algún elemento de arbitrariedad, teniendo en cuenta que la CNMC no ha justificado en detalle los niveles de precios fijados", declaró.

La Comisión recordó que la normativa sobre telecomunicaciones de la UE exige a los Estados miembros promover la competencia y los intereses de los consumidores en la UE, así como el desarrollo del mercado único. En concreto, el artículo 7 de la directiva marco sobre las telecomunicaciones prevé que los reguladores nacionales notifiquen a la Comisión, al ORECE y a los reguladores de telecomunicaciones en otros países de la UE, las medidas que tienen previsto introducir para resolver los problemas de mercado.

Cuando la Comisión alberga dudas en cuanto a la compatibilidad de las obligaciones reglamentarias propuestas con la legislación de la UE, puede iniciar una investigación en profundidad. A partir de entonces la Comisión dispone de tres meses para examinar con el correspondiente órgano regulador, en estrecha cooperación con ORECE, la manera de modificar su propuesta para que se ajuste al derecho comunitario, apuntó. Si al término de esta investigación persisten las divergencias en los planteamientos de los reguladores nacionales para definir las medidas correctoras, la Comisión puede adoptar otras medidas de armonización, en virtud de las cuales exigir al regulador nacional que modifique o retire su proyecto de medida, concluyó el Ejecutivo comunitario.

Alierta explica este martes a Letta sus planes para Telecom Italia

El presidente de Telefónica, César Alierta, se reunirá este martes con el primer ministro italiano, Erico Letta, en un encuentro donde se abordará el acuerdo de la multinacional española con sus socios italianos en la sociedad instrumental Telco para reforzar su posición en Telecom Italia, según han informado fuentes conocedoras de la reunión. Este encuentro se celebrará días antes de que tenga lugar la nueva reunión del

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consejo de administración de Telecom Italia, prevista para el próximo 7 de noviembre, en donde se espera que se detallen los próximos pasos a dar por el grupo italiano tras la dimisión de su consejero delegado, Franco Bernabè. (PUBLICO)

El nuevo presidente ejecutivo de la operadora italiana, Marco Patuano, está tratando de dibujar un nuevo plan estratégico 2014-2016 para reducir la deuda y revertir la desaceleración que sufre el grupo.

Telefónica se ha consolidado como accionista de referencia del grupo italiano tras alcanzar en septiembre un acuerdo que le permitirá a partir del próximo año asumir gradualmente el control de Telco ( del 46% al 66%, en una primera fase, y al 70%, en una segunda fase), el vehículo de inversión que controla Telecom Italia con una participación del 22,4%. El aumento del peso de Telefónica ha creado cierta alarma política en Italia bajo el argumento de preocupaciones sobre la seguridad nacional, la pérdida de empleo o las inversiones.

La reunión entre el directivo español y Letta podría servir para que el Gobierno italiano traslade a Alierta su opinión sobre las posibles consecuencias de una mayor participación del grupo español en Telecom Italia. Días después de que se concretara esa operación, Letta aseguró que el Ejecutivo trasalpino vigilará que el acuerdo alcanzado por Telefónica con Mediobanca, Intesa Sanpaolo y Generali respete los intereses estratégicos del país y el empleo.

Telecom Italia desmintió recientemente que haya abierto un proceso de negociación para la venta de su participación en la filial brasileña, TIM Brasil. Así, el pasado 9 de octubre en un comunicado, la operadora italiana precisó que "no hay en curso ningún proceso formal o informal para la venta de su participación en TIM Partecipaçoes".

Alierta: España está a la "vanguardia" en sectores "clave"

El presidente del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) y de Telefónica, César Alierta, ha apuntado que España está a la "vanguardia" en sectores "clave" que han de ser la "palanca" de la recuperación y ha sostenido que en 2014 será un año de crecimiento para el país. Así lo ha indicado este lunes, en la Cámara de Comercio de Zaragoza, en un acto en el que ha presentado el documento 'España emprende y exporta', elaborado por el CEC para recalcar las claves de la recuperación y las fortalezas de la economía española. 'España emprende y exporta' viene a consolidar las conclusiones del informe dado a conocer por el CEC en el mes de abril, 'España, un país de oportunidades', en el que ya se anticipaba un cambio de ciclo a partir del segundo trimestre de 2013.

Alierta ha subrayado que este documento ha sido expuesto en distintas ciudades "en todo el mundo" con el objetivo de "cambiar la percepción de nuestro país" ya que "hemos alcanzado el punto de inflexión" y en el tercer trimestre de 2013 el PIB --Producto Interior Bruto-- ha crecido el 0,1 por ciento en España. Así, ha justificado que 2014 será un año "de crecimiento" y, según el documento del CEC, el PIB crecerá el 0,2 por ciento en el cuarto trimestre de 2013 y llegará al 0,9 por ciento durante el 2014, además de que se iniciará la recuperación de la demanda interna durante el próximo año.

Alierta ha comentado que "cuando dijimos esto en marzo no nos creía nadie, pero en el Consejo tenemos una ventaja fundamental, y es que tenemos los mejores equipos del país en las empresas que formamos el CEC, con un gran conocimiento de la realidad española y la perspectiva global, ya que casi todos los que lo conformamos operamos en muchísimos países", ha dicho.

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miércoles , 30 de octubre de 2013

Telefónica de España: Zona Castilla La Mancha

Ayer, 29 de octubre, se ha celebrado la reunión de la Zona Castilla la Mancha en

la que participaron más de 23 delegados y delegadas en representación de

Toledo, Cuenca, Guadalajara, Albacete y Ciudad Real.

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Telefónica Móviles: Reunión Comité de Formación

El pasado 28 de octubre se ha reunido el Comité de Formación para tratar la propuesta de calendario y criterios de acceso a los Permisos Individuales de Formación (PIF).

En primer lugar, la empresa ha manifestado que debido al hecho de que la Administración está llevando a cabo un mayor número de auditorías, la responsabilidad del alumno/a con los permisos concedidos debe ser acorde a la seriedad del tema, ya que cualquier irregularidad podría llegar a suponer una penalización para el trabajador/a y/o la Empresa.

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281.416 personas se vieron afectadas por un ERE en los ocho primeros meses de 2013

Según informa la Secretaría Confederal de Empleo de CCOO, en los ocho primeros meses de 2013 se presentaron 20.702 Expediente de Regulación de Empleo, que han afectado a 281.416 personas (206.574 hombres y 74.842 mujeres). Los despidos colectivos, comparativamente con el mismo periodo del año anterior, se reducen el 1%, mientras que los ERE que contemplan medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada disminuyen el 13,8% y 11,6% respectivamente.

En el documento elaborado por CCOO, se informa que de los 20.702 ERE que se comunicaron a la Administración se pactaron 19.271 (93% del total), afectando a 243.814 personas. Estos datos, con respecto a los registrados en el mismo periodo del año anterior (21.477 expedientes acordados, el 91’5%), suponen una reducción del 10,3% en el número de total de procesos que finalizan con acuerdo. Igualmente, los ERE no pactados registrados en los ocho primeros meses del presente año (1.431) aumentan en un 28,2% si se comparan con los del mismo período del año anterior (1.993).

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Si se comparan los datos totales con el mismo periodo del 2012, los ERE comunicados se reducen en un 11,8%, así como en un 11,1% el número de personas afectadas. Los expedientes registrados en el mes de agosto de 2013 (1.320), en relación con los del mismo mes del año anterior (2.257), disminuyen en un 41,5%.

Los ERE motivados por causas económicas han afectado a 171.443 personas (el 60,9% del total). Dentro de este supuesto, los procesos en los que las empresas han alegado “perdidas actuales” han afectado a 74.350 trabajadores y trabajadoras (43,3% del total), mientras que los que se fundamentan en “disminución del nivel de ingresos o ventas” afectaron a 43.468 personas (25,3% del total).

La Industria ha sido el sector con mayor número de personas afectadas por un ERE, con 140.073 (49,7%); seguido por empresas de Servicios, con 114.090 personas (el 40,5%); Construcción, con 25.429 personas (9%), y sector Agrario, con 1.824 personas afectadas (el 0,6%).

Según las características del tipo de expedientes, de las 53.752 personas que vieron extinguido su contrato, el 60,6% pertenecen al sector Servicios (32.598); el 27,6% (14.872) a la Industria; el 10,8% a Construcción (5.843) y el 0,8% al sector Agrario (439). De las 170.621 personas afectadas por una suspensión de contrato, el 63,2% (107.891) pertenece a la Industria; el 26,5% (45.348) a Servicios; el 9,5% (16.285) a Construcción y el 0,6% al Agrario (1.097). En cuanto a las reducciones de jornada, de las 57.043 personas afectadas, el 63,3% pertenecen a Servicios (36.144); el 30,3 (17.310) a Industria; el 5,8% a Construcción (3.301) y el 0,5% al Agrario (288).

En los ocho primeros meses de 2013, los ERE afectaron a 206.574 hombres y 74.842 mujeres (el 73,4% y 26,6% del total). Por Comunidades Autónomas, Cataluña ha sido la más afectada, seguida de Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Galicia y Asturias.

CCOO y UGT inician una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para trasladar su rechazo a la reforma de pensiones del Gobierno

CCOO y UGT inician hoy una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios con el objetivo de trasladar la posición de los sindicatos respecto a la reforma del sistema público de pensiones presentada por el Gobierno, que ambos rechazan.

Delegaciones de CCOO y UGT han iniciado una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para trasladar la posición de ambos sindicatos respecto a la reforma de las pensiones presentada por el Gobierno.

Para CCOO y UGT, esta reforma empobrece a los pensionistas actuales y futuros, recortando su poder adquisitivo con una propuesta que es innecesaria e injusta, que se ha realizado sin consenso político o social y que responde a un modelo de salida de la crisis basado en el recorte, también sobre los pensionistas.

Además, recuerdan que en 2011 ya se firmó un acuerdo en esta materia entre interlocutores sociales y el Gobierno, que entró en vigor este año y ya estaba dando sus frutos, y que ya introducía el factor de sostenibilidad que quiere aprobar ahora el Gobierno, pero abordándolo de otra forma, tanto en cuanto al momento de aplicación como a su definición y otras medidas necesarias para la viabilidad del sistema.

Por ello, los sindicatos plantearán a los Grupos Parlamentarios la necesidad de retirar el índice de revalorización de las pensiones y reconducir el factor de sostenibilidad a

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lo acordado en 2011, además de analizar alternativas a las medidas del Gobierno desde el lado de los ingreso

El déficit conjunto del Estado y la Seguridad Social iguala al de 2012

El Ministerio de Hacienda presentó ayer una nueva hornada de cifras sobre la salud de las cuentas públicas que muestran que siguen renqueantes. El primer bloque de datos refleja que el déficit conjunto del Estado y la Seguridad Social ascendió hasta septiembre a 34.651 millones, lo que representa un 3,38% del PIB, cuatro centésimas más que en 2012.

Según estas cifras, el Gobierno apenas ha reducido el agujero presupuestario respecto a 2012. Deja en manos de las comunidades y los Ayuntamientos el gran ajuste [debe rebajar el agujero de 6,84% al 6,5%]. Además, espera que en el último trimestre del año despegue la recaudación tributaria. Sobre todo en el impuesto de sociedades, pendiente de dos pagos fraccionados (octubre y diciembre) que se liquidarán sobre los mayores beneficios que las empresas del Ibex están presentando. Por eso, el Ejecutivo está convencido de que cumplirá con el objetivo fijado por Bruselas en el 6,5% del PIB para 2013.

La ejecución presupuestaria hasta septiembre revela que el Estado presentó una desviación del 3,58% y la Seguridad Social, un superávit del 0,2%. Las cuentas del instituto de previsión están afectadas por el calendario de ejecución y por el adelanto de las transferencias del Estado. Hasta septiembre la Administración central entregó 14.910 millones a la Seguridad Social, el doble que el año pasado y el 96% de todo lo previsto para el ejercicio. Aunque el efecto se irá diluyendo a lo largo del año. No obstante, esta institución que gestiona las pensiones sufre un desequilibrio estructural. Por eso, tiene una senda de déficit más suave este año, con una meta del 1,4% del PIB, cuatro décimas mayor que la de 2012.

Los ingresos no financieros crecen hasta septiembre un 7,2% por la liquidación del sistema de financiación del año 2010 que el año pasado restó 25.000 millones al Estado en favor de las comunidades. Para 2013, la liquidación será a favor del Estado en 1.460 millones. En términos de caja, los ingresos por los impuestos directos (IRPF y sociedades) caen un 4,3%. Destaca el descenso del 23,3% en el impuesto sobre los beneficios de las empresas. No obstante, Hacienda aprobó medidas para elevar la recaudación de este tributo en el último trimestre.

Para justificar que las cuentas públicas están bajo control, Hacienda se sirvió de otro bloque de cifras presupuestarias en las que agrupa el déficit conjunto de la Administración central, comunidades autónomas y Seguridad Social, hasta agosto cuando la brecha presupuestaria ascendió hasta el 4,8% del PIB (5,07% con las ayudas a la banca). La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, aseguró que agrupará la ejecución presupuestaria de estas Administraciones para ofrecer una foto más nítida sobre las cuentas públicas. El problema es que ha comenzado a difundir los datos mensuales este año y no son comparables con los del año precedente cuando solo se publicaron trimestrales.

Las comunidades presentaron hasta agosto un desajuste de 8.135 millones, el 0,79% del PIB. Habrá que esperar a septiembre para compararlo con los de 2012. Solo Asturias (0,34%), Baleares (0,29%) y La Rioja (0,04%) presentan superávit hasta agosto. El resto

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acumula números rojos. Las más rezagadas —además de Navarra por su régimen foral— son: Murcia (-1,43%), Cataluña (-1,06), Aragón (0,94%) y Madrid (-0,91%).

Hacienda neutraliza el efecto de las devoluciones

El Ejecutivo ha cambiado la metodología a la hora de contabilizar las devoluciones fiscales. El año pasado el Gobierno desplazó una gran cantidad de las devoluciones reclamadas por los contribuyentes al año siguiente para favorecer el cumplimiento del déficit. Hacienda asegura que no había cambiado la metodología y alega que las contabilizaba en el momento en que la Agencia Tributaria las autorizaba. Además, precisa que había puesto en marcha un procedimiento para analizarlas con más precisión. Pero lo cierto es que nunca se habían aplazado tantas devoluciones como el año pasado, lo que sirvió para rebajar el déficit en unas cinco décimas.

La oficina de estadística europea, Eurostat, estableció en marzo que las devoluciones se deben contabilizar en el momento en que las solicitan los contribuyentes. En ese momento, el Gobierno procedió a contabilizar según ese criterio una parte de las devoluciones que los contribuyentes presentan cuando sus impuestos les salen a devolver. Pero a partir de octubre ha cambiado la metodología para toda la serie entre 1998 y 2013.

Esto ha provocado que se haya reducido el déficit en unas cinco o seis décimas en julio, unos 6.000 millones. Esta diferencia ha pasado a elevar el déficit de 2012 pero su efecto se neutralizó al aflorar un superávit de los Ayuntamientos de 0,22%. En definitiva, son maniobras contables legales que permiten a Hacienda acomodar la senda de déficit impuesta por Bruselas. En el Ministerio explican, no obstante, que el cambio metodológico empeorará los ingresos de final de año, aunque no en la misma proporción que en 2012.

Seis de cada diez parados lleva buscando empleo más de un año y cuatro de cada diez, dos años o más

El 62% de los más de 5,5 millones de parados contabilizados a cierre del tercer trimestre del año, en concreto 3.439.900 desempleados, lleva más de un año buscando empleo, cifra que casi multiplica por nueve la existente en el tercer trimestre de 2007 (387.100 parados), según un estudio difundido este martes por Randstad a partir de los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). (EL MUNDO)

De los 3.439.900 parados de larga duración existentes al finalizar septiembre, el 39% (2.165.100) llevaba dos años o más intentando conseguir un trabajo, mientras que el 23% (1.275.700) llevaba entre un año y menos de dos años.

Durante los años de crisis, el porcentaje de desempleados de larga duración sobre el total de parados ha pasado de representar el 26% a suponer el 62%, casi 40 puntos de incremento entre el tercer trimestre de 2007 el mismo trimestre de 2013.

Por sexos, el 62% de los hombres en paro en el tercer trimestre llevaba más de un año en paro, porcentaje muy similar al de las mujeres que se encuentran en esta misma situación (60%).

Por edades, el 52% de los parados de entre 16 y 29 años, unos 851.000, presentaban tiempos de búsqueda elevados: 383.100 jóvenes llevaban entre un año y menos de dos buscando empleo, y 467.900 llevaban dos años o más.

En el grupo de 30 a 44 años, el 62% de los desempleados (1.383.500) llevaban más de 12 meses intentando incorporarse al mercado laboral, mientras que en el caso de los

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mayores de 45 años, el porcentaje de parados de larga duración ascendía al 69% (1.222.000).

Por comunidades

Según Randstad, las comunidades autónomas con el mayor porcentaje de parados de larga duración (más de un año en desempleo) son Castilla-La Mancha (68%) y Canarias (64%).

En el lado opuesto se sitúan Navarra, con un 55%, y La Rioja, Aragón, Islas Baleares y Murcia, todas ellas con un 58%.

En términos absolutos, las comunidades autónomas que presentan el mayor número de parados de larga duración son Andalucía (858.100), Cataluña (477.800), Comunidad Valenciana (406.100), Madrid (392.100) y Canarias (238.600).

Por el contrario, La Rioja (15.600 desempleados), Navarra (28.500) y Cantabria (31.500) son las regiones con un menor número de parados en desempleo desde hace más de un año.

El INE certifica la salida de la recesión: el PIB creció el 0,1%

Oficialmente, la economía española no está en recesión. El INE ha dado hoy a conocer el avance de las cifras de PIB del tercer trimestre de 2013 y ha confirmado el dato que adelantó el Banco de España: el PIB aumentó un 0,1% entre junio y septiembre y cayó un 1,2% en los últimos 12 meses, frente a la caída del 1,6% del segundo trimestre. (CINCO DIAS)

Al tratarse de un dato adelantado, el INE no aporta información sobre la composición del crecimiento de la economía, aunque sí destaca la "aportación negativa de la demanda nacional, que es compensada parcialmente por la aportación positiva de la demanda externa".

Ocho trimestres, dos años completos, es lo que llevaba la economía española sin registrar tasas positivas de crecimiento. Fue en el segundo trimestre de 2011. Curiosamente, por aquel entonces la prima de riesgo estaba a niveles similares a los actuales.

jueves, 31 de octubre de 2013

Telefónica de España: Reunión zonal de Galicia-Asturias

Siguiendo con la ronda de reuniones zonales que esta llevando a cabo la Sección Sindical Estatal, hoy 31 de octubre, se ha celebrado la reunión de la Zona de Galicias-Asturias en Oviedo. Además de contar con la asistencia de 32 delegados y delegadas de las provincias de Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Asturias, ha asistido el Secretariado Estatal de CCOO Telefónica de España y Joaquín Barreiro, como coordinador de zona.

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Telefónica de España: Comité Central de Seguridad y Salud

El Área de Salud Laboral ha elaborado el informe de la reunión del Comité Central de Seguridad y Salud correspondiente al mes de octubre.

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Telefónica de España: Comisión Clasificación Profesional

El pasado 30 de octubre se ha realizado la VIII reunión de la Comisión de Clasificación Profesional, que como único orden del día tenía el avance en el desarrollo del nuevo modelo de Clasificación Profesional.

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Retevision: Comisión de Redacción del Convenio Colectivo

El pasado 29 de octubre se celebró la reunión de la Comisión de Redacción del Convenio Colectivo de Retevisión, en la que la empresa aprovecho para dar información sobre la nueva organización de la empresa, cuyo organigrama será publicado próximamente.

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CCOO y UGT piden a la oposición que dejen solo al Gobierno en la aprobación de la reforma de las pensiones y que se comprometan a derogarla en el futuro

Representantes de CCOO – Carlos Bravo y José Campos, secretarios Protección Social y de Participación Institucional, respectivamente - y de UGT han mantenido reuniones con los Grupos Parlamentarios (CiU, PP, UPyD, PSOE e Izquierda Plural, hasta el momento) para trasladar su oposición a la reforma de las pensiones y presentar las alternativas de los sindicatos, que, según manifestó Carlos Bravo, aspiran a que quede patente la soledad del Gobierno en la tramitación parlamentaria de la reforma de las pensiones y lograr un compromiso de que en el futuro se corrijan

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los efectos de esta reforma en el caso de que el gobierno finalmente la apruebe con su mayoría absoluta.

Según ha asegurado Carlos Bravo, los grupos parlamentarios de la oposición han sido receptivos a las propuestas de los sindicatos, coincidiendo todos en que las pensiones no deben perder poder adquisitivo. Un objetivo que, según los sindicatos, implica la retirada del factor de revalorización de pensiones vinculado a la esperanza de vida por suponer una pérdida de poder adquisitivo muy importante.

El Gobierno no quiere negociar, por lo que “estamos pidiendo a los Grupos Parlamentarios, con buena acogida, un compromiso para derogar la reforma cuando no gobierne el PP si finalmente el Ejecutivo con su mayoría absoluta la aplica”, explicó Carlos Bravo, quien destacó que los sindicatos están exponiendo sus propias alternativas para ajustar el gasto de la Seguridad Social que no suponen recorte de las pensiones, en línea con lo acordado en 2011 en el Pacto de Toledo.

El sistema de pensiones es sostenible si se recupera el empleo perdido con la crisis

El discurso catastrofista de los que auguran que el sistema de pensiones no es sostenible ni viable se basa en un determinismo demográfico en el que la ecuación, a simple vista, parece irrebatible: dentro de 20 o 30 años va a haber muchos más pensionistas y menos trabajadores para pagar las pensiones. Las estadísticas, sin embargo, demuestran que no hacen falta reformas estructurales que se anticipen al futuro, ni congelaciones encubiertas: basta con recuperar el nivel de empleo anterior a la crisis. (PUBLICO)

Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y colaborador habitual de Público resumió perfectamente la situación la semana pasada durante una conferencia en Madrid al tachar de "falacia" el discurso neoliberal: "Las fuentes de financiación de las pensiones dependen de muchos más factores que la demografía. Si los salarios son más altos, si hay más empleo, si aumenta la tasa de actividad femenina e incorporamos a las mujeres al mercado de trabajo, luchamos contra la economía sumergida y hacemos una reforma fiscal que sea auténticamente progresiva, entonces las pensiones públicas serían perfectamentes sostenibles porque habrá dinero para pagarlas".

Las estadísticas confirman las palabras de Torres. Es cierto que a día de hoy, tomando con referencia los últimos datos publicados, los del segundo trimestre de 2013, el ratio entre cotizantes a la Seguridad Social y el número total de pensionistas ha bajado de 2, en concreto hay 1,97 afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista (16.265.493 afiliados por 9.074. 311 pensionistas). En ese sentido, 2013 ha sido el primer año en que la relación entre afiliados al sistema y el número de pensionista se ha situado por debajo de 2, la barrera crítica en la que el sistema, tal como pronostican los agoreros, empieza a sufrir tensiones. De hecho, en 2012 la Seguridad Social presentó un déficit de 10.131 millones de euros.

Este ratio de 1,97 afiliados por cada pensionista está muy lejos de los tiempos de vacas gordas que se vivieron antes de la crisis, concretamente en el año 2007, cuando ese ratio alcanzó su ratio más alto: 2,55 afiliados a la Seguridad Social por pensionista en el segundo trimestre de aquel año. Entonces había 19.233.948 afiliados a la Seguridad Social, casi tres millones más que ahora. Los pensionistas eran por aquel entonces

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7.536.424 pensionistas, millón y medio menos de los que hay ahora. Las cuentas estaban en verde: 14.109 millones de superávit.

Pero para volver a tener ese ratio del verano de 2007 haría falta que la Seguridad Social tuviera 20.974.774 millones de afiliados, es decir, unos 4.709.281 afiliados más que ahora. En España hay, según, la última EPA 5,9 millones de parados. Hagan sus cálculos.

Y aún asumiendo que en los últimos cuatro años, desde 2009, se han incorporado al sistema una media de 130.000 pensionistas al año, esa cifra no es ninguna quimera: en el segundo trimestre de 2008 el sistema ya tuvo más de 19 millones de afiliados. Si tenemos en cuenta que se han perdido 3,7 millones de empleos desde el comienzo de la crisis, y sobre todo, si se tiene en cuenta que el empleo público también ha sufrido un tajo de más de 300.000, se puede concluir que prácticamente bastaría con recuperar lo que se ha perdido con la crisis para hacer que el sistema de pensiones sea perfectamente sostenible. De hecho, no conviene olvidar que hasta 2010 las cuentas de la Seguridad Social presentaron superávit a pesar de que ese año la economía española entró en recesión.