Según Calderón, la iniciativa establece que en caso de crearse la superintendencia y la junta, estas no afectarían la autonomía de los municipios y, más bien, las integra a una participación en la planifica-ción y desarrollo de las urbes.

El texto del cuerpo legal con-tiene disposiciones sobre ordena-miento territorial, desarrollo urba-no y rural, gestión y uso del suelo, sistema de información, junta re-gulatoria del territorio, superin-tendencia del territorio y el suelo, estándares de calidad ambiental, infracciones y sanciones.

Actualmente, en el país existen 720.000 hogares en asentamientos irregulares, de acuerdo con el Mi-nistro de Desarrollo Urbano y Vi-vienda, Diego Aulestia.

Sobre los cuestionamientos al proyecto de ley emitidos por el alcalde de Guayaquil, Jaime Ne-

bot, y su colega de Quito, Mauricio Rodas, el secretario de Estado ha manifestado su rechazo a esas de-claraciones y las atribuye al des-conocimiento que ambos alcaldes tendrían sobre la normativa.

Aulestia precisa que la norma no busca interferir con las com-petencias de las municipalidades, sino establecer lineamientos gene-rales, claros y homologados, sobre planificación urbana. El funciona-rio agrega que en el proyecto se establece que la determinación del uso del suelo en cada jurisdicción cantonal seguirá siendo atribución de los gobiernos locales.

Dice, además, que al crearse la superintendencia se controlará que los cabildos cumplan con los pla-nes de desarrollo urbano, que ellos mismos impulsan, y compara la normativa como las sanciones que aplica el Ministerio del Ambiente a los Gobiernos Autónomos Descen-tralizados (GAD), cuando no con-trolan los desechos que se arrojan a los cauces de los ríos.

COMBATIR LA ESPECULACIÓN CON LA TIERRA

En respuesta, el Alcalde de Gua-yaquil ha expresado que de apro-barse la ley, no la acatará por ser inconstitucional. “Si la ley sale, en Guayaquil no la vamos a obedecer, no por prepotencia, como por ahí se ha dicho, sino porque la Cons-titución nos manda en el artículo 424 que no la obedezcamos”, dijo.

El alcalde de Quito también está en desacuerdo con la legis-lación que impulsa el gobierno al señalar que con ella “se encuentra en peligro la autonomía de los go-biernos seccionales y las faculta-des de sus autoridades”.

Crecimiento urbano

El ministro sostiene que el creci-miento urbano ha sido desordenado, lo que ha tenido consecuencias nega-tivas para los ciudadanos, la sociedad

y la economía. Cita como ejemplo la proliferación de asentamientos urba-nos irregulares, casos de personas que -movidas por una necesidad legítima, pero en muchos casos engañados-, se ubican en zonas de alto riesgo, sin los servicios básicos y sin que exista una verdadera incorporación a la ciudad. Otra secuela es el fraccionamiento de los suelos agrícolas, muchas veces in-vadidos y con la misma carencia de necesidades básicas que los sectores periféricos urbanos.

El presidente Rafael Correa también ha rechazado los cuestio-namientos de la oposición y ha en-fatizado en que el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo no atenta contra la auto-nomía de los municipios, al contra-rio, según el mandatario, les otorga instrumentos para una mejor plani-ficación urbana.

Criterio opuesto tiene el asam-bleísta del bloque socialcristiano e integrante de la Comisión de Gobier-nos Autónomos de la Asamblea, Henry Cucalón, al considerar que la creación de la junta y la superintendencia es inconstitucional. “Para establecer otro nivel de control habría que hacer cambios a través de la Carta Magna. Una ley no es suficiente”.

Lourdes Tibán, del movimiento Pa-chakutik, aclara que la Constitución habla de un Estado descentralizado, pero si el oficialismo prepara este pro-yecto de ley, lo único que va a hacer es engordar más al Estado, “se quiere controlar todos los espacios”, remarca la asambleísta.

Para la legisladora Liliana Guz-mán, del movimiento Alianza PAIS, la

CRECIMIENTO URBANO

VOZ DE LOS ASAMBLEÍSTAS

Fotos: Flickr (Presidencia de la República)

El proyecto de ley promulga un modelo de gestión orientado a la aplicación de las competencias de los Gobiernos AutónomosDescentralizados

“

”La ley busca regular los asentamientos irregulares ubicados en áreas como las riberas de canales y

en sectores que carecen de servicios básicos

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