Clases de Penas
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OTRO ARTICULO PAGINA 20
LASCLASESDEPENA EN EL CDIGO PENALPercy Garca Cavero[-]CRITERIO DEL AUTORLa respuesta al por qu el legislador ha decidido fijar expresamente lasclasesdepena y, ms an, por qu ha elegido esasclasesdepena y no otras solo puede obtenerse si se precisan los principios jurdicos que deben informar la previsin legaldela pena, como son losdelegalidad, proporcionalidad, resocializacin y humanidaddelaspenas.SUMARIO:I.Introduccin.II.Los principios informadoresdela previsin legaldela pena.III.Lasclasesdepena.MARCO NORMATIVO:Cdigo Penal:arts. 28, 30, 31 y 41.
I. INTRODUCCINEl artculo 28 del Cdigo Penal establece las diversasclasesdepena que pueden imponerse a los delitosdela parte especial del Cdigo Penal y, por aplicacin supletoria (artculo X del Ttulo Preliminar del Cdigo Penal), a los delitos tipificados en las leyes penales especiales. Estaspenasse agrupan en: pena privativadelibertad,penasrestrictivasdelibertad,penaslimitativasdederechos y penademulta.La primera pregunta que cabe plantearnos es por qu el legislador penal ha decidido fijar expresamente lasclasesdepena y, ms an, por qu ha elegido estasclasesdepena y no otras. La respuesta a estas interrogantes solamente se puede obtener si entramos a precisar los principios jurdicos que deben informar la previsin legaldela pena. Con la determinacin previadeestos principios, estaremos en situacindepoder interpretar adecuadamente el sentido y alcance del artculo 28 del Cdigo Penal.II. LOS PRINCIPIOS INFORMADORESDELA PREVISIN LEGALDELA PENAUn EstadodeDerecho debe proteger al individuo no solodelas conductas prohibidas por el Derecho Penal, sino tambin del propio Derecho Penal. En este sentido, no dejadetener razn Silva Snchez al sealar que la finalidad del Derecho Penal es reducir tres tiposdeviolencia: la delictiva, la informal y la estatal(1).Para limitar el usodela violencia estatal resulta necesario que la actividad sancionatoria del Estado se someta a ciertos controles que eviten su ejercicio arbitrario. El desarrollo cientfico del Derecho Penaldelos ltimos doscientos aos ha estado dirigido precisamente a dar forma jurdica a estos controles. En efecto, la doctrina penal se ha ocupadodetraducir elius puniendidel Estado en el concepto dogmticodeDerecho Penal subjetivo, para someterlo as a una seriedelmitesinfranqueables.Esta labor doctrinal ha encontrado la debida respuesta en el plano legislativo, en donde se han reconocido expresamente un conjuntodelmites al poder punitivo del Estado, agrupados en las llamadas garantas jurdico-penales. El Per no ha sido ajeno a esta lneadedesarrollo y puede apreciarse que tanto en la Constitucin Poltica como en el Cdigo Penal se ha producido un reconocimiento expresodelos principios informadoresdela actividad punitiva del Estado.Dentrodelas garantas jurdico-penales que deben observarse en la configuracin del Derecho Penal sustantivo, nos interesa destacar aqu aquellas que se refieren a la sancin penal. El legislador y, en su momento, el juez no pueden reaccionar frente a la realizacindeun hecho delictivodecualquier manera. Existe un conjuntodeprincipios jurdico-penales que afectan la previsin legaldelaspenas.En lo que sigue, nos ocuparemosdeprecisar cules son estos principios, as como las consecuencias que su reconocimiento legal tiene en el sistemadepenasrecogido por nuestro Cdigo Penal.1. El principiodelegalidadEl principiodelegalidad se encuentra reconocido por la Constitucin Poltica en su artculo 2, inciso 24, literal d) y por el artculo II del Ttulo Preliminar del Cdigo Penal. En virtuddeeste principio, nadie puede ser sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momentodesu comisin, ni sometido a pena o medidadeseguridad que no se encuentren establecidas en ella.Deesta forma, la previsin legal del delito y la pena garantiza al ciudadano la imparcialidad del Estado, evitando que la actividad punitivadeeste ltimo pueda estar cargadadesubjetividades odeintereses polticos o estratgicos. En un EstadodeDerecho, el ordenamiento jurdico no solo debe ser observado por los ciudadanos, sino tambin por el propio Estado.Unadelas principales manifestaciones del principiodelegalidad es el llamado mandatodecerteza o determinacin, segn el cual la ley penal debe fijardemanera clara la conducta constitutivadedelito y la pena a imponerse en casoderealizacin del hecho delictivo. En cuanto a la pena, el mandatodecerteza exige la previsin legaldelaspenas,demanera tal que no se pueda imponer pena distinta a la prevista por ley.El artculo 28 del Cdigo Penal hace, en esta lnea, una primera delimitacin legal, en la medida que establece las diversasclasesdepenasque el legislador puede prever para los delitosdela parte especial. Se trata, por lo tanto,deuna norma que asume un sistemadenmerus claususdelasclasesdepena,demanera que un delito no puede castigarse con una clasedepena distinta a las previstas en el artculo 28 del Cdigo Penal.En este sentido, este artculo del Cdigo Penal no constituye una norma superficialdecarcter puramente declarativo, sino, ms bien, expresin del mandatodecerteza derivado del principiodelegalidad. La previsindepena hecha por el legislador para cada delitodela parte especial, as como la posterior determinacin judicialdela pena, no pueden rebasar el lmite general impuesto por el artculo 28 del Cdigo Penal.2. El principiodeproporcionalidadLa previsin legaldela pena debe atender tambin al principiodeproporcionalidad, segn el cual entre el hecho punible y la pena debe existir una relacin valorativadeproporcionalidad. Si bien este principio no se encuentra reconocidodemanera expresa en nuestra Constitucin Poltica(2), el Tribunal Constitucional ha derivadodela idea del debido proceso material, recogido en el artculo 139 inciso 3dela Constitucin, la necesidaddeuna razonabilidad y proporcionalidad entre el hecho y la sancin(3).Esta conclusin ha dado pie para poder afirmar que el principiodeproporcionalidad encuentra perfecto asidero en los valores que informan la Carta Constitucional(4). Tal parecer resultara confirmado por el artculo VIII del Ttulo Preliminar del Cdigo Penal que recoge este principio como elemento informador en la imposicindela sancin penal.En la doctrina penal se distingue una proporcionalidad abstractadeuna proporcionalidad concreta. La proporcionalidad abstracta tiene lugar en la creacindelas leyes penales(5)y exige que el castigo penal se haga con un tipodepena y en una cantidad tal que resulten proporcionales al hecho lesivo previsto en el tipo penal(6).Por su parte, la proporcionalidad concretadelaspenasse presenta en el nivel judicial(7), en donde el juez penal debe determinar la concreta sancin penal que debe imponer al autor del hecho, movindose para ello dentro del marco dado por la ley penal(8).El respetodeestas dos manifestacionesdela proporcionalidad requiere que tanto en la actuacin legislativa como en la judicial se tenga a disposicin criterios adecuados para determinar la proporcionalidad entre el hecho delictivo y la pena.Es en el contextodelas ideas arriba mencionadas que el artculo 28 del Cdigo Penal adquiere significacin. Este artculo proporciona un marcodevaloracin para el juiciodeproporcionalidad abstracta.Delas diversasclasesdepena previstas en el mencionado dispositivo penal parece indiscutible que la pena privativadelibertad constituye la clasedepena ms grave,demanera tal que el legislador penal deber reservarla para los casos ms graves.En este sentido, el juiciodegravedad para determinar la proporcionalidaddela pena deber enmarcarse necesariamente en este marco legal, no pudiendo el legislador o el juez recurrir apenasms onerosas, aunque la gravedad del hecho sea extrema. Los parmetrosdela gravedaddela pena deben ajustarse necesariamente a lasclasesdepena contempladas en el artculo 28 del Cdigo Penal.3. El principioderesocializacinEl artculo IX del Ttulo Preliminar del Cdigo Penal establece que unadelas funcionesdela pena es la resocializacin. A pesardela claridaddela formulacin legal, resulta difcil considerar que la resocializacin sea el fin legitimante del Derecho Penal(9). La pena, por s misma, no puede generar efectos resocializadores, como lo ha demostrado suficientemente la experienciadelas tendencias resocializadoras en Estados Unidos y en pases escandinavos(10). Por esta razn, resulta ms adecuado entender que la resocializacin o readaptacin del delincuente es solo una garanta, es decir, una posibilidaddemejora que se le ofrece al condenado(11), pero no lo que legitima la existencia del Derecho Penal.En este sentido, la pena debe prestar las condiciones para la readaptacin del condenado, o favorecer su no desocializacin, pero no sustentar su legitimidad en la consecucindeeste fin. Hay que recordar que las normas penales no pueden legitimar la incidencia en la personalidad del ser humano, obligndolo a pensar y actuardeuna manera determinada, por ms que se apunte con ello solamente a su resocializacin(12).Siendo la resocializacindela pena una garantadela actividad punitiva, resulta lgico que el legislador penal no pueda recurrir apenasque nieguen esta posibilidad. En este sentido, se encuentra plenamente justificado que el artculo 28 del Cdigo Penal no considere a la penademuerte como una clasedepena(13), ya que la pena capital niega toda posibilidadderesocializacin del delincuente.Esta misma crtica podra formularse tambin a la cadena perpetua con la que, por el contrario, s se castiga ciertos delitos graves en nuestra legislacin penal. Una pena intemporal no se condecira con la finalidad resocializadoradela pena. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional no ha considerado que la cadena perpetua sea por s misma inconstitucional, sino que solamente lo ser cuando niegue toda posibilidaddeliberacin del condenado(14).En este sentido, la cadena perpetua podr considerarse una clasedepena acorde con el principioderesocializacindelaspenas, siempre que se prevean mecanismos temporalesdeexcarcelacin, va los beneficios penitenciarios u otras que tengan por objeto evitar que se tratedeuna pena intemporal. El artculo 59-A del CdigodeEjecucin Penal va precisamente en esta lnea, al recoger la revisindela penadecadena perpetua cuando el condenado haya cumplido 35 aosdepena privativadelibertad.4. El principiodehumanidaddelaspenasEl artculo 1dela Constitucin Poltica establece que el respetodela dignidad humana es el fin supremodela sociedad y el Estado. A partirdeesta norma constitucional se ha desarrollado el llamado principiodehumanidaddelaspenasen el Derecho Penal, segn el cual se deben excluir del espectrodereacciones penales, aquellas especialmente denigrantes o desintegradoras, como sera el casodelas torturas o los trabajos forzados(15).Nuestro Cdigo Penal se adhiere a esta tendencia humanizadoradelaspenas, como puede inferirsedela lectura del artculo 28 del Cdigo Penal, en donde lasclasesdepena previstas no se muestran, por s mismas, como especialmente desintegradoras. Si bien la admisindela cadena perpetua ha sido cuestionada desde el puntodevistadela dignidaddelaspenas(16), debe reconocerse que, en la medida que deje abierta la posibilidaddeuna reinsercin social, no existir asidero para este tipodecuestionamientos.III. LASCLASESDEPENACon la vista puesta en los principios informadoresdela previsin legaldela pena, el artculo 28 del Cdigo Penal establece cules son lasclasesdepena aplicables a los delitos. Sin embargo, debe precisarse que este catlogodepenasse limita a laspenasprevistas para los delitos comunes.No se incluyen, por lo tanto, las medidas penales que se imponen en el marco del Derecho Penaldemenores o en el fuero privativo militar. En el casodelos menoresdeedad, el artculo 217 del Cdigodelos Nios y Adolescentes contempla las llamadas medidas socioeducativas, las cuales pueden serdeamonestacin, prestacindeservicios a la comunidad, libertad asistida, libertad restringida e internacin en establecimiento para tratamiento.En lo que sigue, vamos a hacer una descripcin generaldelos rasgos distintivosdelas diferentesclasesdepena previstas en el artculo 28 del Cdigo Penal. No pretendemos, por lo tanto, entrar en una exposicin detallada, pues ello ser objetodelos comentarios que se hagan a los artculos que desarrollan las particularidadesdecada clasedepena. La finalidaddenuestra exposicin general es ponerdemanifiesto el ordendegravedad y los sectoresdela criminalidad que se reprimen con cada clasedepena.1. Pena privativadelibertadLa pena privativadelibertad consiste en la limitacin coactivadela libertaddemovimiento mediante el internamiento en un establecimiento penitenciario(17). Como lo reconoce expresamente la exposicindemotivos del actual Cdigo Penal, este texto punitivo ha unificado la pena privativadelibertad(18), no diferenciando diversas modalidadesdeesta, como lo hizo, por ejemplo, el Cdigo Penalde1924, en el que se diferenciaban el internamiento, la penitenciara, la relegacin y la prisin.En el actual Cdigo Penal, la diferencia se encuentra solamente en la ejecucindela pena privativadelibertad, en donde se prevn tres regmenes distintos: el rgimen privado, el rgimen semiabierto y el rgimen abierto (artculo 97 del CdigodeEjecucin Penal).En las sociedades modernas, construidas sobre la basedela libertad individual, no cabe dudadeque la pena privativadelibertad es la sancin penal ms grave, por lo que tendra que reservarse solo para los hechos ms intolerables. En este sentido, resulta inconveniente que el legislador preveapenasprivativasdelibertad cortas (por ejemplo: la pena privativadelibertad no mayordeunao para el delitodecontabilidad paralela del artculo 199 del CP), pues el tiempodela privacindelibertad no aconsejara hacer efectiva la pena prevista, siendo ms recomendable, desde el puntodevistadela resocializacin, recurrir a los diversos mecanismosdealternatividad a la penadeprisin (suspensindela ejecucindela pena, reserva del fallo condenatorio, exencindepena, sustitucin o conversindepenas).Esta conclusin se cuestiona, sin embargo, en el casodelos delitos econmicos, en donde para evitar un manejo econmicodelas posibilidades realesdeterminar en prisin, se ha propuesto hacer efectivas laspenasprivativasdelibertad cortas para estos delitos(19).Pese a la fuerzadeconvencimiento que parece tener la ejecucin efectivadepenascortasdeprisin para los delitos econmicos, este planteamiento resulta igualmente contrario al principioderesocializacin, pues permitira el ingreso a prisin por poco tiempo con graves consecuenciasdedesocializacin. Pero significara, sobre todo, una infraccin al principiodeigualdad, pues mientras el delincuente tradicional se vera beneficiado con los mecanismosdealternatividad penal, a los delincuentes econmicos se les negara esta posibilidad.En nuestra opinin, la solucin no va por hacer efectivas laspenasprivativasdelibertad cortas para delincuentes econmicos, sino en destacar la real lesividad socialdela delincuencia econmica. Al igual que la delincuencia comn, es posible diferenciar en los delitos econmicos delitos graves, como el fraude en la administracindepersonas jurdicas,dedelitos leves, como el funcionamientodecasinos sin autorizacin. La pena privativadelibertad debera reservarse solamente para los delitos graves(20).En el casodedelitos econmicos cuya gravedad puede ser distinta en funcindelos montos defraudados, podran establecerse criterios cuantitativosdegravedad, como sucede en el caso del delitodecontrabando, reservando la pena privativadelibertad para los casos cuantitativamente ms graves.En consecuencia, no resulta recomendable excluir a los delitos econmicosdelaspenasprivativasdelibertad, as como tampoco propugnar un sistema diferenciadodeaplicacindelas alternativas a la penadeprisin, sino que deben mantenersepenasprivativasdelibertad para los delitos econmicos, siendo necesario nicamente que tenga la suficiente gravedad como para admitir como reaccin proporcional la pena privativadelibertad.2.PenasrestrictivasdelibertadLaspenasrestrictivasdelibertad constituyen una limitacin a la libertaddetrnsito. Sondedos tipos: la penadeexpatriacin para el casodenacionales y la penadeexpulsin del pas para el casodeextranjeros. En la medida que estaspenasno implican una limitacin grave a la libertaddemovimiento, no se les considera una pena autnoma, sino, ms bien, una pena complementaria a la pena privativadelibertad.En este sentido, laspenasrestrictivasdelibertad se aplican despusdecumplida la pena privativadelibertad impuesta. Esta clasedepena se prev para delitos especialmente graves (trfico ilcitodedrogas, por ejemplo) o para delitos contra el Estado y la defensa nacional(21).3.PenaslimitativasdederechosLaspenaslimitativasdederechos constituyen una restriccin a otros derechos constitucionalmente reconocidos. Por ejemplo, el derecho a la libertaddetrabajo, la libertad personal, los derechos polticos, etc.El Cdigo Penal reconoce, comopenaslimitativasdederechos, la penadeprestacindeservicios a la comunidad, la limitacindedas libres y la inhabilitacin.Laspenasdeprestacindeservicios a la comunidad ydelimitacindedas libres tienen como rasgo comn el constituir restriccionesdederechos durante los finesdesemana y das feriados, sea obligando a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos u otras instituciones similares, o en obras pblicas (prestacindeservicios a la comunidad), sea permaneciendo en un establecimiento organizado con fines educativos (limitacindedas libres).Estaspenasestn contempladas, por lo general, para delitosdemediana gravedad, seadeforma exclusiva o como pena alternativa a otra clasedepena (privativadelibertad, limitativadederechos o multa). Pero aun cuando no estn contempladas expresamente por el tipo penaldela parte especial, estaspenaspueden imponerse en sustitucindepenasprivativasdelibertaddehasta cuatro aos, con la finalidaddeevitar el internamiento del condenado en prisin con los efectos desocializadores que todos conocemos.La penadeinhabilitacin tiene ciertos rasgos particulares que merecen un tratamiento diferenciado. En primer lugar, cabe sealar que el nuevo Cdigo Penal ha suprimido el carcter perpetuo que tena la penadeinhabilitacin en el Cdigo Penal anterior, convirtindola ahora en temporal.En el caso que la inhabilitacin sea la pena principal, su tiempodeduracin se extenderdeseis meses a cinco aos, mientras que si se impone como pena accesoria, la inhabilitacin se extender por igual tiempo que la pena principal.El usodeesta pena limitativadederechos se ha hecho muy frecuente en los delitos cometidos por funcionarios o servidores pblicos, pero debera extenderse a otros sectoresdela criminalidad, como los delitos econmicos(22)o los delitosdepeligro comn, donde esta pena podra impedir al condenado realizar determinadas actividades en las que ha demostrado su incapacidad para un recto desempeo.4. PenademultaLa penademulta implica la privacindeuna parte del patrimonio del autordeun delito. En sentidoestricto, no apreciamos una razndefondo que diferencie esta penadelas incluidas bajo el rubro genricodepenaslimitativasdederechos. Sin embargo, el legislador penal ha considerado conveniente tratarlademanera diferenciada.La determinacindela cuantadela multa sigue en la actualidad el sistemadelos das multa. Por un lado, se establece un factordereferenciadela multa, el llamado da multa, en el que se tiene en consideracin el ingreso promedio diario del condenado. Por el otro, el montodela multa se obtiene en funcindelos das multa previstos por cada tipo penaldela parte especial, lo cual dependedela gravedad del delito(23).Deesta manera, la penademulta tiene en consideracin no solo la gravedad del hecho delictivo, sino tambin la capacidad econmica del delincuente. La penademulta puede imponersedemanera exclusiva o conjunta, as como tambin convertirse en otra pena en funcindelas razonesdesu incumplimiento. Mecanismos como la reserva del fallo condenatorio y la exencindepena proceden igualmente en el casodela multa.
NOTAS:(1) Vid. SILVA SNCHEZ.Aproximacin al Derecho Penal contemporneo. Barcelona, 1992, p. 241.(2) Como s sucede, por ejemplo, en la Grundgesetz alemana. Sobre esto, vid. NAUCKE. Strafrecht, Eine Einfhrung, 10. Aufl., Neuwied, 2002, 2/93; MAURACH/ZIPF.Derecho Penal. Parte general, 1, (trad. Bofill/Aimone), Buenos Aires, 1994, p. 110.(3) Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N 061-2002-AA/TC del 21deoctubrede2002.(4) Por su parte, BRAMONT ARIAS. Los principios rectores del nuevo Cdigo Penal. Ttulo preliminar. En:Derecho. N 46 (1992), p. 26, deriva el reconocimiento constitucionaldeeste principiodela prohibicindetorturas y tratos inhumanos o degradantes. Una fundamentacin compleja defienden AGUADO CORREA.El principiodeproporcionalidad en el Derecho Penal. Madrid, 1999, p. 134; CASTILLO ALVA.PrincipiosdeDerecho Penal.Parte general, Lima, 2002, p. 295 y s. apelando a la proteccin constitucionaldela dignidad humana y la idea del EstadodeDerecho.(5) Vid. CASTILLO ALVA. Principios..., p. 302.(6) Vid. NAUCKE. Strafrecht..., 2/93.(7) Vid. MIR PUIG.Introduccin a las bases del Derecho Penal, Barcelona, 1976, p. 163; JAN VALLEJO.Justicia penal contempornea.Lima, 2002, p. 40; VILLAVICENCIO TERREROS.LeccionesdeDerecho Penal. Parte general. Lima, 1990, p. 54; CASTILLO ALVA. Principios..., p. 318.(8) As lo ponedemanifiesto la sentenciadela Segunda Sala Penal Especializada del Cono Norte, Exp. N 99-396defecha 16deagostode1999 (Seriedejurisprudencia 3, Academiadela Magistratura, Lima, 2000, p. 119).(9) Vid.dela misma opinin, SILVA SNCHEZ. Aproximacin... Ob. cit., p. 26 y ss. En la doctrina espaola esto es unnime, cfr., por todos, CEREZO MIR. La teoradela pena en el proyectodeCdigo Penalde1992. En:RevistadeDerecho y Ciencias Polticas. 51 (1994), p. 91.(10) Vid. SILVA SNCHEZ. Aproximacin..., ob. cit., p. 29; LACKNER. Strafgesetzbuch. En: Lackner/Khl, 24. Aufl., Mnchen, 2001, preliminares al 38, n.m. 3; ANTTILA.La ideologa del control del delito en Escandinavia. Tendencias actuales (trad. Del Rosal Blasco), CPC, 1986, p. 143 y ss.; HASSEMER.La ciencia jurdico-penal en la Repblica Federal Alemana, ADPCP, 1993, p. 62; ROXIN. Sentido y lmitesdela pena estatal. En:Problemas bsicos del Derecho Penal(trad. Luzn Pea), Madrid, 1976, p. 17; VILLA STEIN.RevistadeDerecho y Ciencias Polticas, 51 y 52(1994-95), p. 118.(11) Vid. as, la concepcindeSILVA SNCHEZ. Aproximacin..., ob. cit., p. 264.(12) Vid. en este sentido, BUSTOS RAMREZ.ManualdeDerecho Penal. Parte general. 3 edicin, Barcelona, 1989, p. 29. En la sentencia del Tribunal Constitucional recada en el Exp. N 010-2002-AI/TC, del 3deenero del 2003, se dice textualmente: El carcter rehabilitadordela pena tiene la funcindeformar al interno en el uso responsabledesu libertad. No ladeimponerle una determinada cosmovisin del mundo ni un conjuntodevalores que, a lo mejor, puede no compartir.(13) Si bien la Constitucin Poltica admite la penademuerte para los casosdetraicin a la patria en casodeguerra y terrorismo, en este ltimo caso las leyes penales no han previsto la pena capital para el delitodeterrorismo.(14) Vid. as en la famosa sentencia recada en el Exp. N 010-2001-AI/TC, del 3deenero del 2003: Sin embargo, el Tribunal Constitucional no considera que la inconstitucionalidaddela cadena perpetua lo autorice a declarar la invalidezdela disposicin que la autoriza, pues ciertamente tal incompatibilidad podra perfectamente remediarse si es que el legislador introdujese una seriedemedidas que permitan que la cadena perpetua dejedeser una pena sin plazodeculminacin.(15) Vid. SILVA SNCHEZ. Aproximacin..., ob. cit., p. 261.(16) La sentencia del Tribunal Constitucional recada en el Exp. N 010-2002-AI/TC, del 3deenero del 2003, seala, en esta lnea, lo siguiente: En el mbito penitenciario, la proyeccin del principiodedignidad comporta la obligacin estatalderealizar las medidas adecuadas y necesarias para que el infractordedeterminados bienes jurdico-penales pueda reincorporarse a la vida comunitaria, y que ello se realice con respeto a su autonoma individual, cualquiera sea la etapadeejecucindela pena. Sin embargo, y aunque no se exprese, detrsdemedidas punitivasdenaturaleza drstica como la cadena perpetua subyace una cosificacin del penado, pues este termina considerado como un objetodela poltica criminal del Estado, sobre el cual porque nunca tendr la oportunidaddeser reincorporado, tampoco habr la necesidadderealizar las medidas adecuadas para su rehabilitacin.(17) Vid. TRNDLE/FISCHER. Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 51.Aufl., Mnchen, 2003, 38, n.m. 3.(18) Vid. Exposicindemotivos del Cdigo Penalde1991. Vid. el origen alemndeesta pena privativadelibertad unificada en STREE.Strafgesetzbuch-Kommentar, Schnke/Schrder, 26. Aufl., Mnchen, 2001, preliminares al 38 y ss.; n.m. 26.(19) Vid. sobre esto, TIEDEMANN.Poder econmico y delito(trad. Mantilla Villegas), Barcelona, 1985, p. 162 y s. (20) Vid., en el mismo sentido, TIEDEMANN.Poder econmico y delito, p. 161 y s. (21) Vid. as la Exposicindemotivos del Cdigo Penal. (22) Vid. as TIEDEMANN.Poder econmico y delito,p. 163 y ss.(23) Sobre el origen escandinavodeeste sistemadedeterminacindela multa, ver STREE. Strafgesetzbuch-Kommentar, Schnke/Schrder, 40, n. m. 1.
Clases de Pena segn el Cdigo Penal Peruano
CLASES DE PENASEl sistema de penas y medidas de seguridad que el legislador nacional adopto, incluyo a las medidas de internamiento, penitenciara, prisin, relegacin, expatriacin, multa e inhabilitacin.Villavicencio nos dice que nuestra Constitucin Poltica de 1993 se inspira en un Estado social democrtico de derecho (artculo 43); por ello, se declara que el rgimen penitenciario tiene por objeto la reeducacin, rehabilitacin y reincorporacin del penado a la sociedad (artculo 139, inciso 22).Las Clases de Sanciones Penales Aplicables estn previstas en el Cdigo Penal yde conformidad con estsegn el artculo 28 reconoce como clases de penasa:oLa privativa de libertad ( temporal y cadena perpetua),oRestrictivas de libertad (expulsin),oLimitativas de derechos (prestacin de servicios la comunidad, limitacin de das libres e inhabilitacin),oMultaI.Pena Privativa de LibertadLa pena privativa de libertad impone al condenado la obligacin de permanecer encerrado en un establecimiento, la mas de las veces carcelario. El penado pierde su libertad ambulatoria por un tiempo de duracin variable que va de la mnima de dos das hasta la cadena perpetua (art.29 del C.P.).La pena privativa de libertad, por estar orientadas a evitar la comisin del delito, opera como garanta institucional de libertades y la convivencia armnica a favor del bienestar general.Es necesario que durante la ejecucin de la pena el condenado desarrolle un plan de reinsercin social. Pues la prevencin especial asigna a la pena la funcin reeducadora, resocializadorae integradora del delincuente a la comunidad. Ubica al hombre no como un mero instrumento,sino como una finalidad ms en bsqueda de su correccin o curacin. Por tanto se debe dar vital importancia al tratamiento penitenciario durante el encierro del condenado.Con respecto a la cadena perpetua, regulada en el art 140 de la Constitucin, desde la perspectiva de la prevencin especial negativa va a tener como funcin alejar al delincuente de las personas, y as mantener a la sociedad libre de peligro, en otras palabras tendr como objetivo principal el alejamiento del condenado para evitar la produccin de delitos.II.Penas Restrictivas de LibertadSon aquellas que sin privar totalmente al condenado de su libertad de movimiento, le imponen algunas limitaciones. Esta norma va en contra del Derecho de residencia (art. 2, inciso 11 de la Constitucin; art. 13, de la Declaracin de los Derechos Humanos;art. 22 de la Convencin Americana delos Derechos Humanos)Las restrictivas de libertas que contempla el Cdigo Penal en su artculo 30 son:oLa expulsin de un pas, tratndose de extranjeros.Se ha publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con relacin a las penas restrictivas de libertad,Ley 29460con fecha 27 de noviembre de 2009, la norma que en sntesis suprime la pena de "expatriacin", y todas aquellas disposiciones que se relacionaban con la aplicabilidad de la misma.III.Penas Limitativas de DerechosPenas alternativas a las privativas de libertad de poca duracin. Villa Stein nos dice que la construccin de este sistema es una respuesta imaginativa al encierro para el supuesto de que el caso concreto, dependiendo de la naturaleza de la infraccin lo mismo que de la culpabilidad del sentenciado, resulte a criterio del juez, ms adecuado a la sociedad, a la vctima y al propio sentenciado cumplir con estas penas alternativas, antes que de padecer un encierro de corta duracin.Las penas limitativas de los derechos son segn el artculo 31 del Cdigo Penal:oPrestacin de servicios a la comunidad (art. 34, del C.P.)Consiste en la prestacin de determinadas horas de trabajo no remunerado y til a la comunidad, prestado durante tiempo libre y das feriados a fin de no alterar los patrones laborales del sentenciado. No se trata de trabajo forzado, se concreta en instituciones educativas y municipales asistenciales o en obras pblicas, en los que se debe tomar en cuenta las aptitudes y hasta preferencias del sentenciado. La jornada de trabajo es de 10 horas a la semana, y en ningn caso deber afectar la salud fsica o mental del obligado ni su dignidad personal, la duracin mnima de esta pena es de diez y la mxima de ciento cincuenta y seis jornadas.oLimitacin de das libres (art. 35, del C.P)No afecta a la familia ni al trabajo del condenado pues la limitacin de das libres, normalmente afectara los fines de semana. El periodo flucta entre un mnimo de diez y un mximo de diecisis horas por fin de semana, el lugar se estructura con propsitos resocializadores y educativos sin la caractersticas de un centro penitenciario.oInhabilitacin (art.36, del C.P.)Esta pena consiste en la supresin de algunos derechos ciudadanos (polticos, sociales, econmicos, familiares).Villa Stein nos dice que se admite modernamente que se trata de una pena infamante lo que puede imprimirle anticonstitucionalidad conforme al art.36 del C.P.La inhabilitacin puede acarrear:1.Privacin de la funcin, cargo o comisin que ejerca el condenado, aunque convenga de eleccin popular.2.Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisin de carcter pblico.3.Suspensin de los derechos polticos que seale la sentencia.4.Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesin, comercio, arte o industria que deban especificarse en la sentencia.5.Incapacidad para ejercer la patria potestad, tutela o curatela.6.Suspensin o cancelacin de la autorizacin para optar o hacer uso de armas de fuego.7.Suspensin o cancelacin de la autorizacin para conducir cualquier tipo de vehculo.8.Privacin de grados militares o policiales, ttulos honorficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesin y oficio que se hubiese servido el agente para comerte delito.La pena de inhabilitacin puede ser impuesta como principal o accesoria segn el art.37 del C.P.Como principal opera como limitativa de derechos y con ello de lo que se trata es de una pena alternativa a la privacin de liberta. Accesoria, se impone cuando el hecho punible ha sido una de abuso de autoridad, de cargo, de profesin, oficio, poder o violacin de un deber inherente a la funcin pblica, comercio, industria, patria potestad, tutela, curatela y su duracin ser igual a la pena principal segn el art. 39 del C.PIV.MultaTambin conocida como pena pecuniaria, obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijadas en das-multa.El Cdigo penal peruano, regula la pena de multa sealando las siguientes caractersticas:a.La duracin de la pena flucta de un mnimo de diez das a trescientos sesenta y cinco das multas salvo disposicin distinta de ley (art. 42 del C.P.)b.El limite a pagar por el condenado por concepto de multa no ser menor del veinticinco por ciento ni mayor del cincuenta por ciento del ingreso diario, cuando viva exclusivamente de su trabajo (art.43 del C.P.c.El importe del da-multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gastos y dems signos exteriores de riqueza (art. 40 del C.P.)Villa Stein cita a Martin Batista y expone las siguientes ventajas y desventajas de la pena de multa:VentajasCompatible con la dignidad del sentenciado.No afecta la integracin de la familia del condenado.No afecta el trabajo del condenado.Su carcter flexible permite su adaptacina las condiciones econmicas del condenado.No arroja mayores gastos para el Estado.DesventajasNo es suficientemente preventiva.Se afecta el patrimonio y los ingresos familiares.La insolvencia del condenado puede llevar a la impunidad.Es discriminatoria.Es impersonal.
Bibliografa
Crdova Snchez, F. (8 de Enero de 2010).blog pucp. Obtenido de blog pucp: http://blog.pucp.edu.pe/item/83879/se-elimino-la-pena-de-expatriacionLpez Barja de Quiroga, J. (2004).Derecho Penal Parte General.Lima: Gaceta Jurdica.Villa Stein, J. (2001).Derecho Penal Parte General.Lima: Editorial San Marcos.Villavicencio Terreros, F. A. (2006).Derecho Penal Parte General.Lima: Editora Jurdica Grijley .