A propósito de los primeros “Cien días del Gobierno 2014-2019”

Tema: Seguridad Pública

Jaime Francisco Vigil Recinos, MSc. Puerto Príncipe, Haití, 3 de Septiembre de 2014

Es muy habitual que los nuevos gobiernos sean evaluados en sus primeros cien días de

gestión. Para unos analistas es poco tiempo para el examen, aunque para otros, un

periodo más que suficiente como para saber qué es lo que se espera de un gobierno

que comienza su gestión. Sin lugar a dudas, cien días de mil ochocientos veinticinco -

que dura un gobierno en El Salvador- representan una alta dosis de subjetividad en

valorar los resultados que se esperan.

Las encuestas más recientes muestran que la seguridad ciudadana es uno de los temas

que más sigue preocupando a los salvadoreños. En este sentido, los nuevos titulares de

la seguridad ciudadana presentaron durante los primeros cien días de gobierno una

propuesta bajo la categoría de “Plan piloto de policía comunitaria” que fue inaugurado

en la Colonia Costa Rica de San Salvador el 11 de Agosto de 2014. Tal propuesta muestra

signos alentadores de querer cambiar la gestión de la seguridad en comparación con

el gobierno anterior, aunque a decir verdad, la propuesta no es del todo diferente a la

que fuera presentada el 2 de Junio de 1999 en Mejicanos bajo el nombre de Patrullas

de Intervención Policial Comunitaria (PIP-COM).

El Gabinete de Seguridad también anunció que trabajarán en la implementación de la

“Política de Justicia, Seguridad y Convivencia”, misma que fue heredada del gobierno

anterior, en depurar firmemente la institución policial, en aumentar el pie de fuerza

policial, en desplegar más policías a los municipios con mayor presencia de pandillas y

en establecer un “Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana”. Pero quizás lo más

sobresaliente del periodo de evaluación es la postura asumida en cuanto a la “tregua

con las pandillas”. El Ministro de Seguridad Pública y Justicia fue enfático al principio de

su nombramiento en afirmar: “Nosotros no vamos a continuar con la tregua”. Tal postura

ha ido cambiando lo largo de los primeros cien días hasta el punto de “abrir espacios

de discusión sobre la tal llamada tregua”.

Pero los titulares de Seguridad no son los únicos que ha anunciado medidas, el Vice-

Presidente de la Republica ha mencionado que el gobierno lanzará una estrategia de

combate a las extorsiones. Por su parte, el Comisionado para la Gobernabilidad anunció

recientemente la creación de un fideicomiso que servirá para ejecutar planes de

seguridad en el país. Las iniciativas siempre serán bienvenidas si de lo que se trata es de

aportar soluciones a los problemas, pero el anuncio hecho por varios funcionarios en tan

poco tiempo puede también dejar en claro la falta de una política comunicacional.

El legado de la administración 2009-2014 es innegable y absoluto: las cosas siempre

fueron mal y el desgaste institucional fue serio para las instituciones responsables de la

seguridad. Con la llegada del nuevo gobierno, las medidas anunciadas hasta la fecha

representan -de alguna manera- un giro en la gestión de la seguridad, en comparación

al anterior gobierno; pero también hay que ser objetivo en señalar que las medidas

anunciadas hasta el momento no permiten distinguir con suficiente claridad de si se está

transitando en el rumbo correcto y si el legado de la administración 2014-2019 será

positivo. Lo visto durante estos cien días, más parece ser el resultado de la necesidad de

respuestas mediáticas y urgentes a los hechos criminales que afligen a los salvadoreños

mientras se “terminan” los planes propios en la materia.

Ciertamente, todo proceso de transición entre la salida de un gobierno y la llegada de

otro, es sumamente complejo, sobre todo si hay un cambio de partido, pero eso no fue

necesariamente lo que sucedió en El Salvador, ya que sigue siendo el Frente Farabundo

Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el que se mantiene al frente del Órgano

Ejecutivo.

Está demostrado que las medidas mediáticas por sí solas no generan impactos positivos

en la reducción de la criminalidad y por el contrario, desgasta las instituciones puesto

que al no tener sustento real terminan tarde o temprano dejando en entredicho la

capacidad real de prevenir y combatir la criminalidad del gobierno.

En Política, la forma es tan importante como el fondo, de ahí que el abordaje también

importa en aras de legitimar nuevos esfuerzo. Ya son varios los años desde que la Policía

Nacional Civil ha caído en una “preocupación” por los resultados operativos del día a

día. Bajo dicha óptica, interesa mucho más desarrollar sendas operaciones,

particularmente las nocturnas, cuyos resultados redundan en capturas masivas de

“pandilleros”, sin que al final se puedan sustentar ante los tribunales. Tal visión, no le

permite a la PNC prevenir eficientemente el delito, y mucho menos ocuparse de la

atención a la ciudadanía. Más bien, tal forma de operar ha terminado y sigue

generando conductas que propenden a la violación de los derechos humanos e

impulsando la indiferencia del policía frente al ciudadano.

La PNC avanzó mucho hace algunos años en cuanto al análisis de la criminalidad, sus

tendencias, sus variaciones y desplazamientos geográficos. Desafortunadamente, tal

avance no parece que haya continuado con el mismo nivel y mucho menos que sea

parte esencial de la toma de decisiones para la prevención y el combate eficaz a la

criminalidad.

Desde el gobierno anterior, la PNC ha hecho mucho énfasis en el incremento del pie de

fuerza policial. De hecho, fue presentado como uno de los logros de la gestión de

Mauricio Funes, al pasar de 18,000 a casi 22,000 policías. Efectivamente, los países tratan

en lo posible de mantener tasas adecuadas de policías por habitantes, pero también

hay que señalar que no es solo el incremento del pie de fuerza de una institución policial

lo que cuenta. De manera complementaria, es importante el fortalecimiento de las

capacidades institucionales, mismas que de lograrse harían la diferencia en la

prevención y combate al crimen. Pero he allí, uno de los talones de Aquiles de las últimas

administraciones policiales.

Anunciar aumentos de efectivos policiales sin mayor análisis presupuestario también

puede generar un impacto negativo en el mediano y largo plazo, particularmente en

cuanto a la carga salarial y prestacional que se impone al Estado. En varios análisis, ya

se ha demostrado que más policías en la calle no necesariamente previenen ni

disuaden la comisión de delitos. Por el contrario, un análisis a conciencia y metodológico

de las áreas en donde se ha concentrado el delito en los últimos años ayudaría

grandemente a fin que los policías salgan a la calle con una misión. De poco o nada

sirve que salgan a patrullar de modo aleatorio por las calles sin saber que harán durante

la jornada laboral.

El actual Ministro de Seguridad Pública y Justicia ha señalado que el presente gobierno

implementará la “Política de Justicia, Seguridad y Convivencia” que el anterior gobierno

prometió y nunca cumplió. Vale la pena aplaudir tal desafío y ojala que se logre

implementar en el más corto plazo. Pero el Ministro también ha prometido crear un

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que será responsable entre otras funciones

de brindar insumos a la política, así como garantizar su materialización y aplicación.

Entonces, por un lado se dijo desde un principio que la herencia del anterior gobierno

había sido el legado de la Política de Seguridad, y por otro lado se anuncia una medida

para seguir trabajando la Política. ¿En que quedamos? Por otra parte, resulta curioso

que el Consejo anunciado, no aparece reflejado en el Plan de Gobierno del FMLN “El

Salvador Adelante, 2014-2019”. Mucho más curioso aun, la creación de tal instancia, no

tiene asidero legal. Más bien, la “Ley Orgánica de la PNC”, en vigor desde el año 2001,

señala que es el “Consejo de Ética”, institución que desapareció durante el gobierno

anterior, el responsable de la función prioritaria de “Verificar y supervisar que se están

cumpliendo las políticas de seguridad y que se esté ejecutando el Plan de Seguridad y

los planes específicos en material de seguridad ciudadana”.

Implementar una Política de Seguridad Ciudadana implica entre varios factores, el de

generar condiciones de seguridad ciudadana que involucren de manera directa la

responsabilidad de las autoridades locales y nacionales, las cuales deben focalizar

todos sus esfuerzos y recursos en las zonas en las cuales se concentra la delincuencia y

la violencia. Aún es muy temprano para hacer inferencias en tal sentido, puesto que es

muy poco lo que se ha anunciado.

En lo que va del periodo del presente gobierno, el sentimiento de inseguridad sigue en

aumento, mientras que el número de homicidios y extorsiones sigue rampante.

Aproximadamente 1,100 homicidios se han cometido desde que asumió el presente

gobierno central. Siendo la seguridad ciudadana uno de los temas más sensibles, la

ciudadanía continúa escuchando más de lo mismo y sufriendo los mismos problemas

derivados de la inseguridad.

Finalmente, ¿Son suficientes cien días como para saber si los salvadoreños podremos

vivir en un mejor clima de seguridad? A mi juicio, todavía es muy difícil saberlo, puesto

que aunque lo divulgado hasta la fecha muestra algunos giros significativos, también y

de alguna manera ha dejado al descubierto una falta de coherencia y creatividad en

las medidas anunciadas. Esperemos que las cosas cambien y que pronto se comiencen

a obtener buenos resultados.