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Imagen de una redada racista en el barrio madrileño de Lavapiés, el pasado 16 de mayo. Mikel Oibar, Revolución Real Ya.

Encerrados sin cometer ningún delitoMás de 4.000 inmigrantes malviven en España en los Centros de Inter-namiento de Extranjeros, donde les son vulnerados los Derechos Hu-manos más básicos, mientras esperan ser expulsados del país. No hancometido ningún delito, tan sólo están en situación irregular, lo que seconsidera falta administrativa, al igual que una multa de tráfico

Sin ropa limpia. Sin dinero. Sin podercomunicarse con sus seres queridos.Sin una atención sanitaria completa. Sinentender nada de lo que se les dice. Sinpoder ir al servicio cuando les venga engana. Sin derecho a tener ni siquiera unbolígrafo, y con una alimentación pre-caria que puede que no respete algunode sus principios. Más de 4.000 inmi-grantes en España viven esto a diario,al encontrarse recluidos en un Centrode Internamiento para Extranjeros,

más conocidos comúnmente como CIE.Según la Orden Ministerial del 1 de juliode 1985, un CIE es un espacio “no peni-tenciario” dependiente del Ministeriodel Interior en el que se detiene duranteun máximo de 60 días a personas ex-tranjeras, sometidas a un expediente deexpulsión, retorno o devolución. Asípues, un inmigrante en situación irre-gular es detenido, y llevado a un CIE,donde se le priva de libertad hasta quees deportado a su país. Si no se ha po-dido gestionar la vuelta al país una vezpasados los 60 días, los migrantes

deben quedar en libertad nuevamente.La legislación que permite la existenciade estos centros son la Orden ministe-rial del 1 de julio de 1985 y la del 22 defebrero de 1999 que regula el régimeninterno. La primera norma afirma queexiste “la posibilidad de acordar judi-cialmente, con carácter preventivo ocautelar, el ingreso en centros que notengan carácter penitenciario de ex-tranjeros incursos en determinadascausas de expulsión mientras se sus-tancia el expediente”. Pero no fue hasta1999, catorce años después, cuando se

Miriam Bouiali Brines

puso en marcha la norma que regulaestos centros, reconociendo que losCentros de Internamiento de Extranje-ros “adolecían de una falta de regulaciónque venía originando innumerables pro-blemas jurídicos y materiales”, y añade:“la precaria situación que hasta ahoravenían presentando los Centros de In-ternamiento de Extranjeros, carentes deuna normativa que desarrollara las pre-visiones legales, ha sido puesta de ma-nifiesto en distintas ocasiones por elDefensor del Pueblo”.

Y es que, según esta regulación, los in-migrantes solamente son privados de li-bertad de movimiento en los CIE y estasinstalaciones no son penitenciarias.Pero la realidad es bien distinta de lo es-crito. Así lo denuncian varias organiza-ciones de defensa de los derechoshumanos, de lucha contra el racismo yla xenofobia, colectivos sociales y aso-ciaciones vecinales que están llevando acabo la campaña por el cierre de losCentros de Internamiento para Extran-jeros “CIE NO” en todo el Estado espa-ñol, también en Valencia, con el objetivode lograr el cierre definitivo de todos loscentros, mediante la denuncia de las in-justicias que se cometen en su interior.La campaña se estructura en tres comi-siones: la de acompañamiento, la de de-fensa, compuesta por abogados, y la desensibilización, que da a conocer alresto de la ciudadanía la situación de laspersonas en los CIE.

Sara Verdú, miembro de CIE NO en Va-lencia, afirma que los CIE son “peor queun centro penitenciario”. Pese a que laOrden del 22 de febrero de 1999 afirmaque en los centros habrá dormitorios in-dependientes, no hay ni dormitorios, nison individuales. Las habitaciones sonceldas con barrotes, compartidas conmás personas. Duermen en literas, y sinservicio. Los inmigrantes suelen ser re-tenidos en la calle, por tanto, durante suestancia en los centros están “con lopuesto”: no tienen ropa limpia parapoder cambiarse, ni dinero con el quecostear las caras llamadas telefónicas. Yes que, las más de 60 asociaciones queforman parte de la campaña denuncianque en los centros las personas estánprácticamente aisladas: se les vulnerasu derecho a la comunicación, ya que lasvisitas son muy limitadas, y cuando lashay, no se permite el contacto físico. Asi-mismo, el trato es muy complicado, yaque no suelen tener a su disposición tra-ductores ni intérpretes, y la comunica-ción con sus abogados puede ser muydifícil, sobre todo si se encuentran encomunidades autónomas distintas. La alimentación es precaria y no respetala creencia de algunos de los internos,afirma Verdú. El derecho a la higienetambién se ve vulnerado debido a lascondiciones en las que se ven obligadosa estar, y Médicos del Mundo y el restode asociaciones denuncian que la aten-ción sanitaria es deficiente y generali-zada en los CIE, situación que llegó alextremo en 2012, cuando Idrissa Dialloy Samba Martien murieron mientraspermanecían recluidos en los CIE deBarcelona y Madrid, respectivamente.Según Médicos del Mundo, varios testi-gos afirman que la noche en la que falle-ció, Idrissa Diallo se quejó varias vecesde fuertes dolores y problemas respira-torios, pero no se le atendió, y cuandollegaron los servicios médicos, sólo pu-dieron certificar su muerte. Samba Mar-

tien no contó con la ayuda de un serviciode traducción. Acudió hasta diez veces alos servicios sanitarios, pero falleció sindiagnóstico y con tratamiento sintomá-tico, por un VIH no detectado en estecentro, pero que sí se sabía en el otrocentro del que procedía. Por tanto,ambas muertes se produjeron en uncontexto de atención médica insufi-ciente. Como recuerda la ONG, cuando elEstado priva de libertad a una persona,“adquiere respecto de ella una posiciónde garante, que le obliga a velar por susderechos fundamentales y muy espe-cialmente por su vida y salud”, tal ycomo se puede leer en la ya mencionadaOrden Ministerial que regula los cen-tros, que afirma que la autoridad judi-cial responsable del centro “velará porel respeto de los derechos fundamenta-les de los extranjeros ingresados”.Además de las deficiencias sanitariasque pueden ocasionar el peor de los fi-nales, como en los casos anteriores,según el documento “¿Cuál es el delito?”,elaborado por “CIE NO” Valencia, y pre-sentado en Madrid el pasado 9 de mayo,26 personas que fueron detenidas y en-cerradas en el CIE de Zapadores mani-festaron haber sufrido violencia, comocastigos colectivos, malos tratos, veja-ciones, amenazas e insultos, por partede algunos policías. Sara Verdú cuentacomo algunas personas se atreven a de-nunciar, pero llevar a cabo un procesojudicial en estas circunstancias es muydifícil, ya que las persones suelen ser ex-pulsadas –como en este caso– y dar consu paradero posterior es casi imposible.Por otro lado, también explica que enlos CIE las autoridades juntan a inmi-grantes que están ahí por carecer de do-cumentación (lo que es únicamenteconsiderado una falta administrativa,equivalente a una multa de tráfico) con

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Según Sara Verdú, abogada y miembrode la Las detenciones se realizan en re-dadas racistas, asegura, ya que se ba-san en el fenotipo y el aspecto físico delas personas, lo que provoca, por unlado, un impacto social negativo por-que afecta al imaginario colectivo ha-ciendo que el racismo arraigue, ya quenormalmente se asocia detención alhaber cometido un delito, y no es el

caso. Por otro lado, esto provoca te-rror entre la población migrante, yaque utilizar el transporte público o lle-var a los hijos al colegio puede serarriesgado. Efecto rebote.Además, no tener “papeles”, como sedenomina comúnmente no es un de-lito, es una falta administrativa, lo queen otros casos se traduce como unasimple multa de tráfico, ejemplo habi-tual que suele utilizar Verdú para quela gente entienda el hecho. Verdú se indigna al explicar cómo es laley de extranjería española actual, ya

que uno de los requisitos de ésta es ha-ber estado en España entre dos o tresaños para poder acceder a un permi-so de residencia o estado, lo que no fa-cilita al migrante a regularizar su situa-ción. “Cometen falta porque el estadono les deja”, asevera, lo que demues-tra para la abogada, “la hipocresía delos estados”. Su explicación es que deesta manera “se recluta mano de obrabarata, servil y sin derechos”, ya quelos migrantes están obligados a acep-tar trabajos a cualquier precio.

Cómo y cuándo tienenlugar las detenciones

En el Estado español hay siete centros, ubicados enMadrid (Aluche), Barcelona (Zona Franca), Valencia(Zapadores), Murcia (Sangonera la Verde), Algeciras(La Piñera), Fuerteventura (El Matorral) y Tenerife(Hoya Fría). Recientemente se han cerrado dos, unoen Málaga (Capuchinos) y otro en Gran Canaria (Ba-rrando Seco). Asimismo, también hay otros centros de naturalezaextraña, que no son reconocidos como tal, pero quefuncionan de la misma manera y se les da el mismouso. Éstos están ubicados en: Tarifa, Almería, Algeci-ras, El Hierro, La Gomera, Santa Cruz de Tenerife, GranCanaria, entre otros. Fue el mismo ministro del Inte-rior, Jorge Fernández Díaz quien dio la voz de alarmasobre estos centros, refiriéndose al “CIE de Tarifa” enuna sesión parlamentaria, cuando en esta localidadno hay un CIE reconocido como tal.

Ubicación de los CIE

Varias organizacionesestán llevando a cabo lacampaña “CIE NO”, por elcierre de los Centros deInternamiento para Ex-tranjeros

otros que han cometido delitos, lo quecomplica aún más la situación.La respuesta oficialLas autoridades policiales, de quien de-penden los CIE (cada uno, indepen-diente) y los distintos gobiernos que hahabido en España durante los últimosaños no admiten que se trata de esta-blecimientos penitenciarios ilegales nique en ellos se vulneran Derechos Hu-manos. El Gobierno responde a los nu-merosos informes que denuncian lasituación de los reclusos con descalifi-caciones que ponen en entredicho elcontenido de los informes, así como lahonradez de sus autores. Se ha llegadoincluso a acusar a la Comisión Españolade Ayuda al Refugiado (CEAR), y lasotras organizaciones colaboradoras, dedeslealtad institucional. Además, los ac-tivistas han recibido denuncias por ca-lumnias de parte de algún director decentro, y médicos voluntarios tambiénhan tenido problemas, así como otra in-tegrante de la campaña, que tiene la en-trada prohibida a un centro, cuando esosólo tiene potestad para hacerlo un juez,y no un policía como ha sido el caso.Todo esto se enmarca en una serie deactuaciones para amedrantar a los com-pañeros de la campaña y hacerles cesaren su lucha, asegura Verdú, además deser criminalizados.

Por otro lado, si como afirma el Go-bierno, en los CIE no hay ninguno pro-blema y todo transcurre connormalidad, ¿por qué la prensa tieneprohibida la entrada? ¿Por qué los acto-res sociales sólo tienen permiso paraentrar en los centros de Madrid y Va-lencia, pero no pueden moverse libre-mente en ellos? ¿Por qué el Ministeriodel Interior denegó la entrada de 24 jue-ces y cinco fiscales a un centro canario,el pasado 19 de mayo? Esta opacidad noes digna de un estado verdaderamentedemocrático.Tirón de orejas al GobiernoA todo lo anterior, hay que añadir quediversas instituciones, tanto nacionalescomo internacionales respaldan la ver-

sión de los integrantes de la Campañapor el cierre de los CIE. El Defensor delPueblo y la Fiscalía de Estado han criti-cado el funcionamiento de los centros.De la misma manera, el Relator especialde la ONU sobre racismo, discrimina-ción racial y xenofobia, Mutuma Rute-ree, ya denunció a España por indiciosde malos tratos, y en su última visita, enenero de 2013, pidió al Gobierno espa-ñol que respete “la dignidad de los in-migrantes irregulares”, y animó a noretroceder en la lucha contra la xenofo-bia y racismo con la excusa de la crisis.Por su parte, la Asociación Españolapara el Derecho Internacional de los De-rechos Humanos (AEDIDH), afirma ensu dictamen sobre los Centros de Inter-namiento de Extranjeros, incluido en suexamen periódico de 2011, que “el in-ternamiento generalizado de las perso-nas extranjeras indocumentadas en losCIE es una medida legislativa discrimi-natoria, contraria al derecho a la liber-tad y a la seguridad jurídica de esaspersonas, contemplado en Art. 5 de laConvención Internacional sobre la Eli-minación de todas las Formas de Discri-minación Racial, ya que esabsolutamente desproporcionada allogro del objetivo del Estado de regularlas migraciones. También es contrario alprincipio general de no discriminaciónque inspira a todo el Derecho interna-cional de los derechos humanos. Por lomismo, es contraria a la Convencióntanto la legislación de extranjería espa-ñola como la de la Unión Europea”. Portanto, queda clara la vulneración detodo tipo de derechos en los CIE. Para la abogada Sara Verdú, los centrosde internamiento se enmarcan en unaserie de políticas represivas y de controly represión de flujos migratorios que elGobierno lleva a cabo, dejando de ladola cooperación al desarrollo. En su opi-nión, “España es pionera en reprimirflujos migratorios en Europa”.Cada inmigrante deportado, puede ser asu país de origen o a un país por el quehaya transitado antes de llegar al Estadoespañol, cuesta de media unos 1804€.Además, el Gobierno firmó acuerdos conAir Europa y Swiftair por valor de 11,8millones de euros al año para trasladara los inmigrantes. En la misma línea,este año el Estado invertirá 85 millonesde euros en Frontex, el dispositivo defronteras exteriores. Asimismo el Go-bierno español tiene acuerdos con algu-

nos países de origen, donde tambiénhay centros de internamiento, o con losque se organizan patrulleros conjuntaspor el mar para detectar pateras. San-grantes son los casos de Marruecos yMauritania, de los que más de una ocasión laprensa se ha hecho eco de violaciones de de-rechos humanos, como el abandono depersonas en medio del desierto. Asípues, la represión tiene lugar en los doslados del Mediterráneo.

Es descorazonador observar imágenesde subsaharianos llorando al pisar Meli-lla exclamando “Fini la misère! [¡Seacabó la miseria]” (EFE, 26/04/2013),poniendo fin a un viaje que en algunoscasos puede llegar a durar hasta dosaños, y en los que familias enteras depo-sitaron sus esperanzas. No ven futuro sino es en Europa, una Europa sumida enuna profunda crisis, económica y de va-lores, que les cierra el paso al mismotiempo que explota los recursos natura-les del Sur Global y perpetúan las des-igualdades en sus países de origen, loque motiva su salida de cualquier modo,jugándose incluso la vida. Según la Aso-ciación Pro Derechos Humanos de Anda-lucía (Apdha), el pasado 2012 aumentóa 225 el número de inmigrantes muertosy desaparecidos en el mar Mediterráneo,mientras intentaban llegar a las costasdel Sur de Europa. Varios organismos in-ternacionales cifran entre 5.000 y 6.000las personas fallecidas desde 1994 enestas circunstancias.Cada último martes de mes, “CIE NO” seconcentra en la puerta del centro valen-cino de Zapadores a las 19 horas paradenunciar las injusticias que se cometenen los muros que quedan a sus espaldasy reclamando un trato humano para per-sonas que no han cometido ningún de-lito. Los inmigrantes tan sólo quierenconseguir un futuro digno, igual que losmiles de jóvenes españoles que se estánviendo obligados a emigrar por la malasituación económica actual. Si para mu-chos es un drama que la llamada genera-ción más preparada de la historia tengaque hacer las maletas y coger un avión¿Qué pasaría si fueran encerrados encárceles en los países a los que se diri-gen? ¿Y si tuvieran que ir en pateras?

26 personas que fuerondetenidas y encerradasen el CIE de Zapadoresmanifestaron haber sufrido violencia

En 2012 aumentó a 225el número de inmigran-tes muertos o desapare-cidos en el Mediterráneo

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