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    REPORTAJE

    lvaro [email protected]

    OMISIONCRIMINALDE AUTORIDADES

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    16 REPORTAJE

    En redes sociales, mediosde comunicacin, con-

    versaciones en mesas

    de caf y en las plticas

    familiares, el caso del

    asesinato de una jo-

    ven de 34 aos de edad Karla Lpez

    Albert y su beb de cinco meses de

    gestacin a manos de su ex pareja, ge-

    ner indignacin, miedo y rabia, pero,

    sobre todo, evidenci las omisiones y

    fallas en leyes e instituciones del estado

    de Puebla en torno a los feminicidios,la violencia por razones de gnero, su

    cantidad, frecuencia y la torpeza en su

    prevencin e investigacin.

    Doble legislacin, incertidumbre ju-

    rdica, ausencia de una poltica pblica

    especca, improvisacin y casi nula

    prevencin, son los yerros en torno al

    grave problema del feminicidio que en

    Puebla cometen autoridades e institu-

    ciones, acusan activistas; esta entidad

    es el quinto lugar nacional en femini-

    cidios.

    Como parte de la inercia para homo-logar esta tipicacin delictiva que se

    realiz en el pas, el 7 de noviembre de

    2012, en votacin unnime del Congre-

    so local, la entidad fue la nmero 13 en

    reaprobar el feminicidio, que se castiga

    localmente con 30 a 50 aos de prisin.

    La reforma establece la inclusin del

    Artculo 312 Bis en el Cdigo de De-

    fensa Social, que describe que el sujeto

    activo comete feminicidio por odio o

    aversin a las mujeres; cuando el suje-

    to comete el crimen por celos y cuandoen la vctima haya lesiones infamantes,

    violencia sexual, amenazas, acoso, tor-

    tura o tratos crueles inhumanos o de-

    gradantes.

    Antes, en julio de 2012, se publica-

    ron en el Peridico Oficial del estado

    lo que activistas ven como una doble

    legislacin, la agravante de razones de

    odio en los delitos de lesiones y homici-

    dio, y seala al gnero como una razn

    del odio en el caso de la comisin de

    estas hiptesis penales.

    Sin embargo, ste es uno de los casosen que la letra de la ley no basta para co-

    rregir la realidad, pues la violencia con-

    tra las mujeres en Puebla es un asunto

    cotidiano y grave. En el estado se endu-

    recieron las penas, pero no se han gene-

    rado acciones de prevencin del femini-

    cidio y la violencia contra las mujeres.

    Un hecho que delata el anquilosa-

    miento de las leyes y la visin jurdica

    de Puebla en este tema, es que incluso

    despus de la homologacin del deli-

    to de feminicidio para la entidad, en elCdigo Penal poblano an prevalecan

    atenuantes absurdas para justicar el

    asesinato de mujeres.

    Hasta antes de julio de 2013 estuvo

    vigente en la entidad, como atenuante en

    el homicidio, el estado de ira que se

    genera en el cnyuge al descubrir una in-

    delidad. Ese absurdo Artculo 388 del

    Cdigo Penal, derogado por el Congreso

    local, permiti durante ms de 150 aos

    la reduccin de las penas a los hombres

    asesinaban a sus parejas.

    Vianeth Rojas Arenas, directora ge-

    neral del Observatorio Ciudadano

    de Derechos Sexuales y Reproduc-

    tivos (Odesyr), lo dice con claridad,

    sin medias tintas: al gobierno de

    Rafael Moreno Valle Rosas no le

    interesa prevenir los feminicidios ni

    la violencia por razones de gnero.

    Y tiene un argumento irrebatible: el

    actual gobernador panista se gastms en su rueda de la fortuna, que

    en el presupuesto de todo un ao

    del Instituto Poblano de las Mujeres

    (IPM). La atraccin de feria, pompo-

    samente llamada Estrella de Pue-

    bla, cost 400 millones de pesos;

    el presupuesto para la atencin de

    las mujeres poblanas es de apenas

    15 millones 233 mil 804 pesos en

    el ejercicio fiscal 2014.

    Entrevistada por buzos, Rojas

    Arenas considera adems que el

    IPM no est haciendo correcta-

    mente su labor: hay talleres, el

    telfono para las denuncias, pero

    nada de esto est instaurado en el

    marco de una poltica pblica.

    El problema de falta de denun-

    cias de las mujeres que son violen-

    tadas, dice, se da tambin por la

    responsabilidad de las autoridades,

    que no garantizan la proteccin a

    las vctimas: no existen los meca-

    nismos necesarios para que una

    mujer ponga una denuncia y sea

    cobijada por el estado.

    Asegura que en Puebla las mu-

    jeres son doblemente victimizadas,

    pues primero est el agresor que in-

    curre en violencia, en la mayora de

    los casos su pareja, y luego la insen-

    sibilidad y falta de preparacin de

    los agentes del Ministerio Pblico,

    que no las atienden correctamente;

    as, sufren violencia en el hogar y

    luego violencia institucional.

    La activista describe que tam-

    bin hay una doble legislacin en

    la materia, pues con el agravante

    de odio disparado por el gnero

    y por otro lado el feminicidio, los

    procuradores de justicia podran

    tomar una u otra tipificacin y ascaerse muchos casos en su etapa

    procesal.

    Encima, agrega Vianeth Rojas

    Arenas, no hay asesora jurdica

    para las mujeres que son agredi-

    das. Todos estos yerros llevan a un

    descontrol total y permiten que se

    llegue a la mxima expresin de

    violencia contra las mujeres que es

    el feminicidio.

    LOS GRAVES YERROS

    Estrella de Puebla, cost 400 millo-nes de pesos; el presupuesto para laatencin de las mujeres poblanas esde apenas 15 millones 233 mil 804pesos en el ejercicio fi scal 2014.

    PUEBLA

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    17REPORTAJE

    De los ms violentos

    De acuerdo con la Encuesta Nacional

    sobre la Dinmica de las Relaciones de

    los Hogares (Endireh) del Instituto Na-

    cional de Estadstica y Geografa (Ine-

    gi), Puebla ocupa el quinto lugar nacio-

    nal por los casos de violencia hacia lamujer, en proporcin poblacional, con

    951 mil 390 registros; es decir, una de

    cada dos poblanas sufre violencia, prin-

    cipalmente de sus parejas.

    Sobre feminicidios, las cifras varan

    entre los crmenes contra mujeres que

    han reportado las organizaciones de ac-

    tivistas y las autoridades, pero en ambos

    casos, la coincidencia es que Puebla est

    por encima de la media nacional.

    De hecho, en el 2012, la Organiza-

    cin de las Naciones Unidas (ONU) co-

    loc a la entidad por encima de la media

    nacional con 48 asesinatos de mujeres y

    una tasa de 1.6 por ciento.

    El Observatorio Ciudadano de Dere-

    chos Sexuales y Reproductivos (Odes-yr) de Puebla document que de enero

    de 2013 al 22 de febrero de 2014, en 28

    de los 217 municipios del estado se re-

    gistraron 62 casos de feminicidios.

    La ciudad de Puebla encabeza la lista

    con 15 casos; le sigue la zona conurbada

    de las Cholulas (San Pedro y San An-

    drs), con cinco y luego Atlixco y Teca-

    machalco, con cuatro cada uno, Tehua-

    cn la segunda ciudad ms grande de

    la entidad, con tres, al igual que Izcar

    de Matamoros.

    Los otros municipios involucrados

    son Huauchinango, Huejotzingo, San

    Martn Texmelucan, Tecali de Herrera,

    Teziutln y Tepexi de Rodrguez con

    dos en este periodo. Con un femenici-dio registrado cada uno, guran en el

    recuento de la Odesyr Cuautlancingo,

    Acajete, Ajalpan, Amozoc, Calpan, Co-

    ronango, Chiautla de Tapia, Hueytamal-

    co, Palmar de Bravo, San Salvador El

    Seco, Santiago Miahuatln, Chietla, Al-

    mecatla, Tlaltenango, Tepeaca y Tlaola.

    Las cifras de las autoridades pobla-

    nas son ms generales, pues cuantican

    homicidios dolosos contra mujeres,

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    18 REPORTAJE

    La indignacin masiva de los pobla-

    nos en las calles y redes sociales

    se expres como nunca antes en el

    caso de Karla Lpez Albert, la joven

    de 34 aos de edad, con cinco me-

    ses de embarazo, que fue hallada

    muerta el 2 de febrero de 2014 en

    un paraje desolado de la delega-

    cin Tlhuac, del Distrito Federal,

    despus de haber desaparecido

    desde el 20 de enero. Se trat de

    un homicidio doble: el feminicidio

    de Karla y el asesinato de su hijo de

    cinco meses de gestacin.

    El caso, que ocup espacios en pro-

    gramas sensacionalistas y noticieros

    de televisin nacionales, estall

    por la intensidad de la bsqueda y

    pronunciamientos en redes sociales

    ante la tardanza de la Procuradura

    General de Justicia (PGJ) del estado

    de Puebla, en atender el caso, en el

    que desde el principio la familia de

    la vctima seal como responsable

    a su ex pareja, Manuel Forcelledo

    Nader, quien la presionaba para

    que abortara y haba sido la ltima

    persona en verla.

    El da de su desaparicin, Karla

    iba a verlo para afinar detalles deun supuesto seguro de gastos

    mdicos, a fin de que ella afrontara

    el nacimiento de su beb.

    La indignacin masiva creci al

    conocerse que Forcelledo Nader

    pertenece a una de las familias

    ms acaudaladas de la entidad, era

    miembro de la socialitde la Ange-

    lpolis, se codeaba con polticos

    y empresarios, y al parecer haba

    esquivado la actuacin de la justicia

    en su contra en varias ocasiones,

    cobijado por la impunidad que le

    proporcionaban el dinero y sus

    relaciones con el poder.

    El caso obtuvo la atencin de

    los medios locales y nacionales, y

    requiri de pronunciamientos del

    gobernador y del Congreso del

    estado, acompaado de un valienteactivismo de amigos, familiares y,

    principalmente, la madre de Karla

    Lpez Albert, Mara Esperanza

    Albert Razo, para exigir que la

    Procuradora General de Justicia

    (PGJ) agilizara la investigacin y

    consignara a los responsables.

    Finalmente, el mircoles 12 de

    marzo dos meses despus de su

    desaparicin y a un mes con 10

    das de hallado su cuerpo, la PGJ

    dio a conocer que, con base en

    investigaciones, pruebas periciales y

    seguimiento a llamadas y mensajes

    de celular de los involucrados, los

    asesinos de Karla fueron su ex

    pareja Manuel Forcelledo, sealado

    como autor material e intelectual,

    y tres cmplices, dos de ellos ex

    guardaespaldas del ex candidato delPRI a la alcalda poblana, Enrique

    Agera Ibez.

    De acuerdo con la PGJ, Forcelle-

    do y sus cmplices urdieron un plan

    para asesinar a Lpez Albert por no

    querer abortar al hijo que esperaba:

    golpearla hasta la inconsciencia

    para luego asfixiarla con una cuerda

    de rafia.

    EL CASO QUE INDIGN

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    19REPORTAJE

    pero no a todos les dan la tipicacin de

    feminicidios.

    As, de acuerdo con la Procuradura

    General de Justicia (PGJ) del estado, de

    2005 a 2013, se registraron en Puebla

    497 asesinatos dolosos contra mujeres:

    29 en 2005; 25 en 2006; 56 en 2007; 51

    en 2008; 57 en 2009; 64 en 2010; 79 en2011 ao en que rompi el rcord na-

    cional en la materia y 69 en 2012. En

    2013 la PGJ Puebla report 67 homici-

    dios dolosos contra mujeres.

    Sin suficientes acciones

    Para la directora general del Odesyr,

    Vianeth Rojas Arenas, en Puebla simple-

    mente no hay una poltica pblica en la

    materia, con un diagnstico, lneas espe-

    ccas y presupuesto propio y suciente

    para su prevencin y dar respuesta a la

    violencia contra las mujeres. Pareciera

    que el estado est respondiendo a bom-

    berazos, como en el caso Lpez Albert,

    dijo en entrevista con buzos. La tipica-

    cin del feminicidio como delito espec-

    co en Puebla no resuelve el problemay adems no estuvo acompaada de una

    campaa de concienciacin e informa-

    cin, a diferencia de lo que ocurri en

    otras entidades, ni por parte del Congre-

    so ni del actual Gobierno, asegur.

    A diferencia de otras entidades, como

    Colima, en Puebla la Procuradura no

    tiene o no ha hecho pblico su protocolo

    de feminicidio, ni se ha capacitado su-

    cientemente a su personal de procuracin

    de justicia y atencin de vctimas en esta

    materia, a pesar de que la reforma que ti-

    pica el delito fue avalada por el Congre-so local hace ms de ao y cuatro meses.

    El nico dato que se tiene en la ma-

    teria es el que dio a conocer el goberna-

    dor Rafael Moreno Valle Rosas en su III

    Informe de Gobierno, en febrero pasado,

    acerca de que se impartieron dos talle-

    res de capacitacin en gnero, preven-

    cin, atencin y sancin del delito de

    feminicidio a personal operativo de las

    dependencias que integran el Sistema

    Estatal de Prevencin, Atencin, Sancin

    y Erradicacin de la Violencia contra lasMujeres.

    Igualmente, a pesar de contar con

    Clnicas Municipales de Prevencin y

    Atencin al Maltrato y Centro de Protec-

    cin a Mujeres Vctimas de Violencia en

    Puebla (Cepromuvic) instaladas por el

    gobierno estatal anterior, las acciones

    an son insucientes, consideran espe-

    cialistas. Esta labor se complementa con

    acciones de las ONG, como la Red Na-

    cional de Refugios (RNR).

    Son tambin las organizaciones ci-

    viles las que realizan la labor de con-

    cienciacin y recuento de los casos de

    agresin y crmenes contra las mujeres,

    por encima de la obligacin de las auto-

    ridades de procuracin de justicia y de

    atencin al gnero femenino; en muchos

    casos, la Ley para el Acceso de las Mu-

    jeres a una Vida Libre de Violencia del

    estado de Puebla es letra muerta.

    Esta norma prev acciones de pro-

    teccin de emergencia y preventivas e

    incluso traza un Programa Estatal para

    Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicarla Violencia contra las Mujeres, pero

    en la entidad no existe la infraestructura

    material ni institucional suciente para

    su cumplimiento, de acuerdo con los ac-

    tivistas contra la violencia de gnero.

    La falta de denuncia es tambin un

    problema grave, pues de acuerdo con la

    Endireh, slo una de cada cuatro mujeres

    que sufre violencia en la entidad denun-

    cia las agresiones en su contra.

    LOS DATOS

    El delito de feminicidio se tipific en el estado de Puebla el 7 de noviembre de2012, porvotacin unnime del Congreso local.

    Puebla fue la entidad nmero 13 en aprobar esta tipificacin delictiva que se

    castiga con 30 a 50 aos de prisin.

    De acuerdo con la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Mxico

    (Ddeser) y el Comit Contra Feminicidio Puebla: de enero de 2013 al 12 de febrero

    de 2014, en 26 de los 217 municipios del estado se registraron 53 casos de

    feminicidios.

    La Procuradora General de Justicia (PGJ) Puebla report 497 homicidios dolosos

    contra mujeres de 2005 a 2013.

    La Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) docu-

    ment que de enero de 2013 al 12 de febrero de 2014, en 26 de los 217 muni-

    cipios del estado se registraron 53 casos.

    De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinmica de las Relaciones de los

    Hogares (Endireh): Puebla es el quinto estado con ms casos de violencia hacia

    la mujer, en proporcin poblacional, con 951 mil 390 registros; es decir, una de

    cada dos poblanas.

    Slo una de cada cuatro mujeres en la entidad denuncia las agresiones en su

    contra.

    En el 2012 la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) coloc a la entidad por

    encima de la media nacional con 48 defunciones femeninas y una tasa de 1.6 por

    ciento.