Carlos Hernández Alcántara Los desafíos de la educación 41...

Carlos Hernández Alcántara Los desafíos de la educación 41

Revista deAdministraciónPública

Los desafíos de la educación en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Carlos Hernández Alcántara*

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-20181 (PND) analiza el tema de la educación desde lo que plantea como sus principales desafíos: la cons-trucción del consenso público, la cobertura en educación básica y media superior, el acuerdo político de la reforma educativa, la federalización educativa, la institucionalización de la evaluación educativa y la inserción en la revolución del conocimiento como elementos centrales de la estra-tegia política de la planificación:

“La planificación es una actividad compleja y continua, con diferentes funciones, tareas y etapas que se desarrollan en el tiempo. Es un conjunto de actos que configuran un proceso singular dentro de otro proceso más general, el de las decisiones del poder político. La actividad planificadora del Estado, su formulación y ejecución, suponen y exigen una decisión política permanente”.2

A diferencia de los planes nacionales de desarrollo anteriores donde el tema central se enfocaba a la cobertura y la negociación bilateral con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el actual plantea como objetivo estratégico el logro de una educación de calidad basado en un acuerdo político que sirva de plataforma al sistema político, para dirigir el proceso de reforma educativa con relativa autonomía. De ahí que la combinación de dicho objetivo con un esquema de decisiones políticas requiera el contar con una estrategia de articulación efectiva de intereses de la sociedad con la toma de decisiones para cumplir con las metas de alcanzar la calidad educativa. En este sentido, el PND ofrece

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República, México, 2013.

2 Marcos Kaplan, Sociedad, política y planificación en América Latina, Ed. UNAM, México, 1989, p. 13.

* Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C.

importantes diagnósticos que están orientados a situar los problemas estructurales como un asunto público educativo, donde el desafío de la calidad de la educación es reformulado con un enfoque de participación y corresponsabilidad social.

El desafío del consenso público como eje de la planificación

Una de las características de los gobiernos en democracia es la cooperación efectiva de la sociedad en la planificación y la toma de decisiones en la solución de los problemas de la educación: La formulación del Plan de Desarrollo basada en el consenso social:

“En primer lugar, se puso a disposición de la ciudadanía la página de internet pnd.gob.mx, para la recepción de propuestas de archivos digitales y a través de la cual se realizaron encuestas interactivas. De manera paralela se abrieron ventanillas de recepción física de propuestas en toda la República Mexicana. Adicionalmente se llevaron a cabo 397 acciones de consulta, incluyendo la realización de 5 Foros Nacionales con 31 paneles de discusión, 7 Foros Especiales con 40 paneles de discusión, 32 Foros Estatales con 160 paneles de discusión y 122 mesas sectoriales con especialistas y diversos grupos de interés. A través de estos medios hubo un total de 228,949 participantes: 129,299 personas respondieron la encuesta interactiva, los Foros y Mesas Sectoriales contaron con 61,779 asistentes y se recibieron 37,871 propuestas físicas y electrónicas”.3

La educación con calidad es una política de importancia primordial en el esquema general del Plan Nacional de Desarrollo:

Objetivo general: llevar a México a su máximo potencial

Cinco Metas Nacionales

1. México en Paz2. México Incluyente3. México con Educación de Calidad4. México Próspero5. México con Responsabilidad Global

Tres Estrategias Transversales

1. Democratizar la Productividad2. Gobierno Cercano y Moderno3. Perspectiva de Género4

3 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República, México, 2013, p. 25.

4 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013, p. 21.

Revista de Administración Pública Volumen XLVIII, No. 342




Diagnóstico: cobertura y eficiencia terminal del Sistema Educativo Nacional

Dada las dimensiones de las demandas de calidad educativa acorde a las nuevas exigencias que plantean las necesidades sociales y económicas, la cobertura no tan sólo es un desafío en sí mismo, sino también se requiere de un examen institucional riguroso de sus capacidades de planificación de la oferta educativa y de las destrezas directivas para conducir y regular el proyecto nacional de educación y desarrollo científico:

“El Sistema Educativo Nacional atiende actualmente a 35.2 millones de niños y jóvenes, en la modalidad escolarizada. La educación básica constituye la base de la pirámide educativa, la cual representa el 73.4% de la matrícula del Sistema Educativo, que registra a 25.9 millones de alumnos que se encuentran en los siguientes niveles: 4.8 millones atendidos en educación preescolar, 14.8 millones en primaria y 6.3 en educación secundaria. En estos niveles del servicio educativo colaboran alrededor de 1.2 millones de docentes en casi 228 mil escuelas”.5

El tema de la eficiencia terminal se encuentra presente en la educación básica y la media superior:

“La eficiencia terminal de la educación de la educación básica es baja: por cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo 76 concluyen la secundaria en tiempo y forma. Esta situación ha limitado la posibilidad de ampliar la cobertura en la educación media superior (66.3%) que la ley también establece como obligatoria.En los planteles de educación media superior se está atendiendo a 4.4 millones de jóvenes, correspondiendo el 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la educación profesional técnica, donde se incluyen los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Por cada 100 egresados del bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna institución de educación superior”.6 “Por su parte, el rezago educativo en la población adulta aún no está resuelto. Alrededor de 32.3 millones de adultos no han completado la educación básica, lo que equivale al 38.5% de la población mayor de 15 años. En esta cifra se incluyen poco más de 5.1 millones de personas analfabetas, situación que limitan su integración al mercado laboral. Asimismo se estima que alrededor de 15 millones de personas mayores de 18 años no han completado el bachillerato requisito para acceder a mejores oportunidades de trabajo. (…)Destaca que del total de alumnos que ingresaron en 2010 a nivel preparatoria el 49% eran hombres y el 51% mujeres. En contraste, el del total de alumnos que se graduaron de nivel preparatoria ese mismo año, 46.3% fueron hombres y 53.75% mujeres”.7

5 Op.cit., p. 60.6 Op. cit., p. 60.7 Op. cit., pp. 61-62.




El tema tabú de la oferta educativa tiene que ver con la reforma de los planes de estudio y su enseñanza. Toda vez que:

“Una elevada proporción de jóvenes percibe que la educación no les proporciona habilidades, competencias y capacidades para la inserción y desempeño laboral. En esta línea de preocupación, el 18% de los participantes en la Consulta Ciudadana opinó que para alcanzar la cobertura universal, con pertinencia en educación media superior y superior, se deben fortalecer las carreras de corte tecnológico y vincularlas al sector productivo. (…), se requiere que los planes y programas de estudio sean apropiados, por lo que resulta prioritario conciliar la oferta educativa con las necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo.Adicionalmente, es necesario fomentar los mecanismos que permitan certificar que las personas que cuentan con experiencia laboral, pero no estudios formales, puedan acreditar sus conocimientos y habilidades mediante un documento oficial”.8

Lo anterior plantea interrogantes que deberán discutirse de manera colegiada ¿Cómo reformar la oferta educativa? ¿Qué tipo de conocimientos, habilidades y destrezas se quiere proporcionar a los educandos? ¿Quiénes constituyen los ejes del proceso enseñanza-aprendizaje? ¿Qué resultados pedagógicos se esperan con esta reforma educativa?

La educación superior: de la calidad a la excelencia

Si bien la calidad educativa se mide por su cobertura en la educación básica y media superior, la educación superior se mide por niveles de especialización en los niveles de licenciatura y posgrado:

“La matrícula de la educación superior es de 3.3 millones de alumnos lo que representa una cobertura del 29.2%. En la medida en que se in-cremente el índice de absorción (proporción de estudiantes que ingresan al siguiente nivel educativo en relación con el total de alumnos que egre-saron del último grado del nivel educativo inmediato anterior) y se reduzca la deserción en la educación media superior, se podrá avanzar en la cobertura.Adicionalmente, hoy en día existe un desequilibrio entre la demanda de los jóvenes por ciertas carreras y las necesidades del sector productivo. De las carreras con mayor número de profesionistas ocupados –Ciencias Administrativas, Contaduría y Derecho–, un 49.6, 67.7 y 68% de los egresados no desempeña labores afines a sus estudios, respectivamente. Este desequilibrio también se refleja en sus remuneraciones: en promedio, los egresados de ingeniería ganan 13% más que sus pares de las tres carreras mencionadas. Por lo anterior, es necesario desarrollar mecanismos que mejoren la orientación vocacional de los estudiantes, en particular en las transiciones entre diferentes niveles educativos”.9

8 Op. cit., p. 62.9 Op. cit., pp. 60 y 62.




Cabe mencionar que el PND poco relieve le da al rol que juegan las Universidades Tecnológicas, Politécnicas, Interculturales y el subsistema de Posgrado como base del Sistema de Educación Superior y palanca del desarrollo social, científico y tecnológico del país,10 aún cuando la exigencia para una educación especializada está presente dada la perspectiva de desarrollo que ofrecen las redes de conocimiento y la globalización de la información, cuyo uso y masificación formulan nuevas opciones y modalidades de oferta académica.

Aunque lo anterior genera tensiones en el Sistema Educativo Nacional al tratar de incorporar a los programas de estudio del Sistema de Educación Superior el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, así como estrategias de certificación académica conjunta y convenios de colaboración académica de movilidad internacional, el uso de estos recursos para las diversas modalidades de educación abierta y a distancia es cada vez más frecuente.

El desafío político: el acuerdo como condición de la educación con calidad

El acuerdo político que dio como resultado la reforma constitucional de los Artículos 3° y 73, le permite al Estado modificar y ajustar de manera estructural los componentes, procesos y resultados del sistema de educación básica, media superior y normal a nivel nacional:

“ARTÍCULO ÚNICO.– Se reforman los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX, al artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:Artículo 3o. .....El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.I. y II. ...a) ...b) Será nacional, –en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad

10 Consultar las excepcionales e imprescindibles obras de Judit Bokser Liwerant, coordinadora, Las ciencias sociales, universidad y sociedad. Temas para una agenda de posgrado, Ed. UNAM, primera edición, 2003; y, Julio Rubio Oca, coordinador, La política educativa y la educación superior en México 1995-2006: un balance, Ed. SEP-Fondo de Cultura Económica, México, primera edición, 2006.




de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, yd) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale.Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, yIX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.11

Teniendo como marco esta reforma constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo generó importantes expectativas e interrogantes de cómo se interpretarían los imperativos institucionales en el diseño de una política de Estado que habrá de ejecutar las políticas y programas en educación del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal para el periodo 2012-2018.

11 El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el Artículo 135 de la Constitución General de la República y previa aprobación de la mayoría de los honorables legislaturas de los estados expidió el Decreto por el que se reformaron los artículos 3° en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adicionó un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción IX al Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de febrero de 2013.




El desafío financiero de la federalización educativa

El Plan Nacional de Desarrollo reconoce que uno de los logros obtenidos de mayor relieve en los últimos tres lustros ha sido la federalización de la educación.

“Sin embargo, una alta centralización de facultades, recursos y decisiones, además de la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación entre órdenes de gobierno y procesos de descentralización inconclusos, han profundizado los contrastes entre regiones, entidades federativas y municipios.Por tanto, es imperativo, avanzar hacía un federalismo articulado en el que todos los órdenes de gobierno asuman corresponsablemente sus funciones, sin que nadie sea marginado de participar en alcanzar los grandes objetivos nacionales”.12

En efecto, el déficit que presenta el proceso de federalización obedeció al insuficiente financiamiento, tal como se estimaba en su etapa inicial de 1997:

“El Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 permitió la transferencia a los estados de 540,000 plazas docentes y 116,000 administrativas, así como más de 100,000 inmuebles con su mobiliario y equipos; (…)La otra observación se refiere al financiamiento y, concretamente, a la distribución de las cargas financieras entre la federación, los estados y los municipios. Está pendiente un reordenamiento federalista de las finanzas educativas que obedezca a criterios claros de justicia, compensación de las desigualdades y estimulación de la calidad y la eficiencia sobre nuevas bases hacendarias y tributarias”.13

Cierto es que el proceso de federalización educativa que indica el Plan Nacional de Desarrollo adquiere una doble dimensión: redistribución de responsabilidades directivas y nuevos esquemas de financiamiento de Fondos etiquetados y multianuales que posibiliten la planeación del desarrollo educativo, de acuerdo a las necesidades y proyectos del contexto. Así como un sistema de rendición de cuentas con supervisión social vinculantes a la regulación de los órganos de fiscalización de los congresos locales y cabildos municipales.

El desafío: la institucionalización de la evaluación educativa

La reforma constitucional plantea un rediseño institucional para ello, los objetivos y el plan de acción del Plan Nacional de Desarrollo incorporan los 12 Op. cit., p. 30.13 Pablo Latapí Sarre, “Perspectivas hacia el siglo XXI”, en Latapí Sarre, Pablo,

Coordinador (1998), Un siglo de Educación en México, Tomo II, Editores: Fondo de Estudios e Investigaciones Ricardo J, Zevada-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Fondo de Cultura Económica, México, pp. 424-425.




principios y funciones del Instituto de Evaluación Educativa, que habrán de guiar la adopción de decisiones en la evaluación del ingreso del personal docente en la impartición de educación. Así como las acciones concretas de formación y capacitación del personal directivo y de supervisión del aparato burocrático, responsable de coordinar las decisiones, las acciones y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

“Para ello el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá:a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, yc) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una te-rna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrroga-ble plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.




La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.Artículo 73. ...I. a XXIV. ...XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.14

En este marco normativo, el Plan Nacional de Desarrollo incorpora la estrategia de la evaluación como un elemento constitutivo de mejorar la calidad de la educación mediante el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) con personalidad jurídica y patrimonio propio tiene el propósito de consolidar el sistema de la profesionalización del docente:

“El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fue creado por Decreto Presidencial el 8 de agosto de 2002, como un organismo público descentralizado de carácter técnico para apoyar la función de evaluación del Sistema Educativo Nacional, por lo que ha ofrecido a las autoridades educativas federal y locales, así como a la sociedad mexicana, información y conocimiento para apoyar la toma de decisiones que contribuyan a mejorar la calidad educativa. (…)El 60% de los participantes de la consulta ciudadana se pronunció por mejorar la calidad de la educación por la vía de la instrumentación de mecanismos de selección de los docentes. El mejoramiento de los resultados permitirá que padres de familia y sociedad ratifiquen e incrementen la confianza decisiva de los docentes”.15

Con ello, el INEE asume un margen relativo de autonomía para crear, regular e innovar el sistema de profesionalización docente, de los 14 Op. cit. 15 Op.cit., pp. 61 y 62.




directores y supervisores. Para que el INEE obtenga un mínimo de consenso hacía la profesionalización de la carrera magisterial y directiva, es indispensable que funcione como instancia relativamente autonomizada respecto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la burocracia gubernamental. El arbitraje se impone sobre todo cuando los conflictos amenazan la estabilidad y la existencia misma del sistema de evaluación educativa.

Otro aspecto relevante del Plan Nacional de Desarrollo: la Cultura y el Deporte

La actividad cultural de México cuenta con una sinergia institucional impresionante que exige una administración especializada en la materia, que proyecte internacionalmente nuestro acervo cultural y la identidad nacional:

“México tiene una infraestructura y patrimonio culturales excepcionalmente amplios, que lo ubican como líder de América Latina en este rubro. De acuerdo con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), contamos 187 zonas arqueológicas abiertas al público, 1,184 museos, 7,363 bibliotecas públicas, 594 teatros, 1,852 centros culturales y 869 auditorios, entre otros espacios, en los cuales se desarrolla una actividad cultural permanente”.16

En materia de deporte, la apuesta es invertir a largo plazo en la cultura física y salud de sus habitantes:

“De acuerdo con la información del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), cada peso que se invierte en actividades físicas se traduce en un ahorro de 3.20 pesos de gasto médico en el futuro. Hoy se cuenta con 1,200 espacios activos que dan servicio a más de 700,000 habitantes de manera mensual, y alrededor de 4,900 centros del deporte escolar y municipal que atienden a 12 millones de niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, la demanda no está cubierta por lo que se debe aumentar la capacidad para fomentar la capacidad para fomentar que toda persona tenga acceso a la cultura física y al deporte”.17

Sin duda este aspecto educativo de fomento a la cultura y el talento deportivo constituyen acciones transversales en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional y de la macroeconomía.

El desafío de la revolución del conocimiento

El país cuenta con una política científica deficitaria que retarda su inserción oportuna en el proceso global del conocimiento:16 Op. cit., p. 63.17 Op. cit., p. 63.




“Algunas cifras son reveladoras de esa situación: la contribución del país a la producción mundial de conocimiento no alcanza el 1% del total; los investigadores mexicanos por cada 1,000 miembros de la población económicamente activa, representan alrededor de un décimo de o observado en países más avanzados y el número de doctores graduados por millón de habitantes (29.9) es insuficiente para lograr en el futuro próximo el capital humano que requerimos.Una de las características más notables del caso mexicano es la desvinculación entre los actores relacionados de la ciencia y la tecnología, y las actividades del sector empresarial. El 34% de los participantes en la Consulta Ciudadana coincide en la importancia de esta idea para el desarrollo del país. El sector empresarial históricamente ha contribuido poco a la inversión en investigación y desarrollo, situación contraria a la que observa en otros países miembros de la OCDE, donde este sector aporta más del 50% de la inversión total en este rubro. Lo anterior es en parte resultado de la falta de vinculación del sector empresarial con los grupos y centros de investigación científica y tecnológica existentes en el país, así como por falta de más centros de investigación privada.Si bien se han se han alcanzado importantes logros en algunas áreas (como biotecnología, medio ambiente, ingeniería, entre otras), un incremento de la inversión pública y privada debe ir de la mano con el fortalecimiento de mecanismos de vinculación para traducirse en una mayor productividad. Es necesario alinear las visiones de todos actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación para que las empresas aprovechen las capacidades existentes en las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación”.18

El pluralismo polarizado de centros de investigación y desarrollo de tecnologías ha generado un desarrollo fragmentado y desigual proceso de innovación científica. Un plan de acción unificado por la construcción y mediación de espacios de toma de decisiones colegiados tendrán la responsabilidad de acordar las condiciones de factibilidad social y de inversión del proyecto científico que el país requiere y el Plan Nacional de Desarrollo reconoce como la imperiosa estrategia política de la asociación público-privado para hacer frente a los desafíos de la revolución del conocimiento.

Conclusiones

La participación social fue clave para identificar los problemas estructurales de la educación que afectan a importantes segmentos de la sociedad en su calidad de vida.

El acuerdo político constituye un imperativo para mejorar los instrumentos del Gobierno, primordialmente la planificación del desarrollo nacional y el diseño de la ruta crítica de un proceso de reforma educativa imprescindible para el desarrollo social. 18 Op. cit., pp. 64-65.



La institucionalización de la evaluación de las políticas educativas permite mejorar, tanto la toma de decisiones, como el control público del gobierno en el ingreso al sistema de profesionalización del docente en la educación básica y media superior. Así la planeación sistémica se combina con una planeación estratégica basada en la colaboración social y la efectividad de las políticas públicas en educación con un enfoque de excelencia. De ahí que el diseño, formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas constituyan un desafío político, clave a considera en la toma de decisiones con un enfoque de responsabilidad social.

La politización del proceso de federalización educativa ha fragmentado las bases de la cobertura del sistema educativo nacional y las posibilidades de cohesión interna por estar sujeto a un esquema de financiamiento insuficiente dadas las dimensiones estructurales que plantea la administración estratégica de los servicios educativos a nivel local y municipal.

De igual modo, las acciones de gobierno, que se deriven de dicha adopción de decisiones con esa óptica, construirán las bases de una educación especializada con instrumentos de evaluación estratégica del impacto social, prioritariamente a lo que se refiere a la cohesión social.

Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo plantea los desafíos que ponen en juego la capacidad institucional del Estado para operar como agente eficaz del desarrollo nacional.




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