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1 En los últimos 10 años (desde el pedido del primer millardito” de dólares por parte del ex Presidente Hugo Chávez, en 2003, al Banco Central, según recuerda el Dr. José Toro Hardy link ) pero sobre todo a partir de la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela en 2005, el Gobierno Nacional, desconociendo lo establecido en la Constitución referente a la materia (artículo 320), ha presionado y exigido al Banco Central de Venezuela para que emita cada vez más y más dinero de curso legal en Venezuela (bolívares, a través de monedas y sobre todo de billetes), sin preocuparse porque esa emisión tenga el respaldo en divisas o en oro que toda doctrina económica responsable y orientada a la protección de la propiedad de las personas recomienda, y menos aún preocuparse porque se produzcan y presten los bienes y servicios suficientes (es decir, la riqueza disponible) para ser adquiridos con ese dinero, lo que corresponde a una “política deficitaria” (no crear riqueza, sino deuda y empobrecimiento) que el BCV tiene prohibido respaldar. Desde el punto de vista del Estado, el objetivo último de tal “política monetaria” es, de un lado, que el Estado (Poderes Públicos, Gobierno Nacional y algunos de Estados y Municipios en especial) cuente, al margen de la riqueza real del país, con dinero suficiente, aunque sea “inorgánico” (sin respaldo y sin relación proporción a la riqueza existente), para pagar sus nóminas, financiar sus actividades propias y soportar el gasto público expresado en múltiples “programas sociales”, y de otro, que las personas que reciben remuneración formal como empleado (estatal o privado) o beneficio (que no es derecho) “social”, tenga en sus bolsillos “más dinero” para comprar bienes y servicios, se insiste, al margen de que poco o nada se pueda comprar efectivamente con él, ya sea porque los precios suben más de lo que los salarios y beneficios, ya sea porque no se consiguen los bienes y servicios que se demandan, todo ello debido a otras “políticas económicas”, como el control de costos, precios y ganancias, o el control de cambio de la moneda. La investigación que se presenta permitió comprobar, por el contrario, que la política monetaria del Gobierno Nacional de emisión a través del BCV de dinero sin respaldo en divisas u oro (reservas internacionales), además de violatoria de la Norma Constitucional, resulta irracional en términos económicos, pues destruye el valor de la moneda nacional, genera fuerte inflación, causa escasez de bienes y servicios, desincentiva la inversión privada creadora de riqueza, constituye un engaño a las personas, permitiendo una expansión del clientelismo al Estado, lo cual genera una improductiva y corrupta burocracia estatal y es fuente de pobreza, ya que expolia el valor de su esfuerzo y trabajo, a las personas sin distinción, por lo que los más pobres (quienes por desgracia se creen ser beneficiados porque tienen más dinero) son los que más perjudicados resultan con este tipo de política. El incremento del dinero circulante, al ser percibido, erróneamente, por la población en general como un aumento de su poder adquisitivo y su riqueza (es erróneo pues el dinero no es riqueza, es un instrumento para intercambiar riqueza, la cual está constituida por bienes y servicios producidos por la acción humana en cada sociedad para satisfacer las necesidades de los seres humanos), es usado por el Gobierno Nacional para afirmar que su política económica mejora el nivel de ingresos de las personas más pobres, ya que éstas pueden comprar más con el dinero que reciben, y que si no puede hacer esto es porque el empresariado privado, o no produce los bienes o presta los servicios que las personas les demandan por mero deseo de impedir que se supere la pobreza, o eleva en forma abusiva y desproporcional los precios de bienes y servicios para robar e impedir en otros casos que los más pobres accedan a lo que necesitan. En medio de una peligrosa manipulación de la realidad por parte del Gobierno, y de una grave ignorancia económica por parte de las personas, la de incremento de la masa monetaria inorgánica ha sido la regla en el ámbito de la política monetaria en Venezuela en la última década. Caracas, Venezuela Ι Abril 2014. ANALISIS COSTO BENEFICIO [email protected] www.cedice.org.ve Venezuela: Política Pública de incremento del dinero inorgánico por parte del Banco Central . A dónde conduce? Resumen Ejecutivo 1.- Contexto y criterios de la política pública de incremento de dinero inorgánico por parte del Banco Central.

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En los últimos 10 años (desde el pedido del primer

“millardito” de dólares por parte del ex Presidente

Hugo Chávez, en 2003, al Banco Central, según

recuerda el Dr. José Toro Hardy link ) pero sobre

todo a partir de la reforma de la Ley del Banco

Central de Venezuela en 2005, el Gobierno

Nacional, desconociendo lo establecido en la

Constitución referente a la materia (artículo 320), ha

presionado y exigido al Banco Central de Venezuela

para que emita cada vez más y más dinero de curso

legal en Venezuela (bolívares, a través de monedas

y sobre todo de billetes), sin preocuparse porque

esa emisión tenga el respaldo en divisas o en oro

que toda doctrina económica responsable y

orientada a la protección de la propiedad de las

personas recomienda, y menos aún preocuparse

porque se produzcan y presten los bienes y servicios

suficientes (es decir, la riqueza disponible) para ser

adquiridos con ese dinero, lo que corresponde a una

“política deficitaria” (no crear riqueza, sino deuda y

empobrecimiento) que el BCV tiene prohibido

respaldar.

Desde el punto de vista del Estado, el objetivo último

de tal “política monetaria” es, de un lado, que el

Estado (Poderes Públicos, Gobierno Nacional y

algunos de Estados y Municipios en especial)

cuente, al margen de la riqueza real del país, con

dinero suficiente, aunque sea “inorgánico” (sin

respaldo y sin relación proporción a la riqueza

existente), para pagar sus nóminas, financiar sus

actividades propias y soportar el gasto público expresado

en múltiples “programas sociales”, y de otro, que las

personas que reciben remuneración formal como empleado

(estatal o privado) o beneficio (que no es derecho) “social”,

tenga en sus bolsillos “más dinero” para comprar bienes y

servicios, se insiste, al margen de que poco o nada se

pueda comprar efectivamente con él, ya sea porque los

precios suben más de lo que los salarios y beneficios, ya

sea porque no se consiguen los bienes y servicios que se

demandan, todo ello debido a otras “políticas económicas”,

como el control de costos, precios y ganancias, o el control

de cambio de la moneda.

La investigación que se presenta permitió comprobar, por el

contrario, que la política monetaria del Gobierno Nacional

de emisión a través del BCV de dinero sin respaldo en

divisas u oro (reservas internacionales), además de

violatoria de la Norma Constitucional, resulta irracional en

términos económicos, pues destruye el valor de la moneda

nacional, genera fuerte inflación, causa escasez de bienes y

servicios, desincentiva la inversión privada creadora de

riqueza, constituye un engaño a las personas, permitiendo

una expansión del clientelismo al Estado, lo cual genera

una improductiva y corrupta burocracia estatal y es fuente

de pobreza, ya que expolia el valor de su esfuerzo y trabajo,

a las personas sin distinción, por lo que los más pobres

(quienes por desgracia se creen ser beneficiados porque

tienen más dinero) son los que más perjudicados resultan

con este tipo de política.

El incremento del dinero circulante, al ser percibido, erróneamente, por la población en general como un aumento de su poder adquisitivo y su riqueza (es erróneo pues el dinero no es riqueza, es un instrumento para intercambiar riqueza, la cual está constituida por bienes y servicios producidos por la acción humana en cada sociedad para satisfacer las necesidades de los seres humanos), es usado por el Gobierno Nacional para afirmar que su política económica mejora el nivel de ingresos de las personas más pobres, ya que éstas pueden comprar más con el dinero que reciben, y que si no puede hacer esto es porque el

empresariado privado, o no produce los bienes o presta los servicios que las personas les demandan por mero deseo de impedir que se supere la pobreza, o eleva en forma abusiva y desproporcional los precios de bienes y servicios para robar e impedir en otros casos que los más pobres accedan a lo que necesitan. En medio de una peligrosa manipulación de la realidad por parte del Gobierno, y de una grave ignorancia económica por parte de las personas, la de incremento de la masa monetaria inorgánica ha sido la regla en el ámbito de la política monetaria en Venezuela en la última década.

Caracas, Venezuela Ι Abril 2014.

ANALISIS COSTO BENEFICIO

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Resumen Ejecutivo

1.- Contexto y criterios de la política pública de incremento de dinero inorgánico por parte del Banco Central.

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En efecto, como se informa en el siguiente reportaje del diario El Universal, la impresión de dinero por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), en medio de las presiones de un Estado que cada vez demanda más recursos para financiar el gasto público, provocó hacia fines de 2013, un alza de la liquidez monetaria de 69,2%:

“Al 20 de diciembre del año pasado -último dato disponible- circulaban 1,2 billones de bolívares, pero un año eran 710.637 millones de bolívares. Los sucesivos ajustes del encaje legal que se registraron a finales de 2013, una de las medidas más básicas para controlar la cantidad de dinero que circula en la economía, tuvieron poco efecto ante el ritmo de crecimiento que registraba la liquidez. De hecho, de acuerdo a los datos del instituto emisor, en apenas dos meses la cantidad de dinero circulante creció 19,6% (…) El alza de la liquidez monetaria es una de las causas generadoras de inflación. Este año, de acuerdo a los datos suministrados por las autoridades, la variación de precios fue de 56,2% versus 20,1% del año anterior. La tasa registrada en 2013 es la más alta desde que se mide el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el 2008. La firma de análisis Econoalítica señalaba en un informe de finales del año pasado que el ente emisor ha mantenido "una política acomodaticia al gasto público", aunque a inicios del año pasado los ajustes cambiarios permitieron contraer momentáneamente la liquidez monetaria. Luego una expansión de dinero que se quedó sin vías para drenar, a través del eliminado Sitme o del accidentado Sicad, concentró las presiones inflacionarias (…) La liquidez monetaria no parece encontrar motivos para retroceder este año. El BCV inició 2014 con la aprobación de un convenio cambiario que permitirá a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) vender las divisas distintas a las que obtiene por sus exportaciones petroleras a una tasa superior. Los ingresos por las exportaciones de crudo se ofertarán al emisor a la tasa de 6,30 bolívares, mientras que el resto de los dólares destinados a inversiones del sector petrolero se colocarán a 11,30 bolívares. Ello originará una mayor masa de bolívares en la economía, lo que significará una nueva presión inflacionaria. Las autoridades del Ejecutivo, incluido el Presidente Nicolás Maduro, afirman que el fuerte aumento de precios al consumidor registrado el año pasado fue producto de una "guerra económica" que factores de oposición (políticos y empresarios) desarrollan para desequilibrar la marcha de la economía. Bajo esa premisa se desarrollaron a partir de noviembre de 2013 fiscalizaciones que culminaron con una rebaja obligada de los precios” (ver: http://goo.gl/m3M0ge).

Los gráficos que se muestran a continuación, muestran la magnitud del incremento de la masa de dinero inorgánico, y su absoluta desproporción con el respaldo que debería tener (para ser dinero orgánico) en oro o en divisas (dólares, euros, libras, etc.) que han de estar depositadas en las reservas internacionales del Estado venezolano:

Gráfico No.1 Cantidad de Dinero.

Grafico No. 2 Reservas Internacionales y Liquidez Ampliada

Fuente: La Clase.info (Datos del BCV) (Ver: http://goo.gl/SkaocP) Grafico No. 3. Liquidez Monetaria y Reservas Internacionales.

Fuente: Blog de Economía y Finanzas (Ver: http://goo.gl/wGnJGE) Tomando en cuenta que, más allá de la propaganda política y de las creencias falsas de la población, los efectos de esta política monetaria son, en Venezuela y en todo país en que ella se aplique, inflación, escasez de bienes y servicios y destrucción del valor (del poder adquisitivo) de la moneda al volverse inorgánica es decir, hacer más pobres a los más pobres.

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La política de emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela en los últimos años, ha sido la constante, tal como describe el Economista Jesús Alexis González:

“En total apego a una racional política monetaria, el Banco Central de Venezuela (BCV) puede emitir bolívares en monedas y billetes luego de haber adquirido oro y divisas (moneda con aceptación internacional) que son contabilizados como activo, todo ello como resultado de las exportaciones del país y tal emisión se denomina dinero orgánico (con respaldo). De igual modo, el BCV puede realizar emisiones cuando adquiere papeles de deuda (activo no financiero) a la luz de una operación de crédito interno básicamente representada por papeles de deuda del Estado venezolano. Es decir, cuando el BCV emite dinero soportado en títulos de deuda (bonos) lo hace respaldado sólo por papeles que obviamente no tienen su origen en transacciones productivas convirtiéndose, por tanto, en un elemental asiento contable que toma la forma de dinero inorgánico (máquina de hacer dinero); o lo que es lo mismo no está respaldado con una mayor producción del aparato productivo nacional. En Venezuela 2013 la emisión de dinero inorgánico se situó por encima de los Bs 280.000 millones. La economía venezolana refleja actualmente un desequilibrio macroeconómico cuya expresión más tangible es la inflación que acumulada 1999-mayo 2013 supera 1.800% y para mayo 2013 alcanzó 6,1% (la histórica más alta desde 1996), la cual es estimulada por el crecimiento masivo de la liquidez monetaria (cantidad de dinero en circulación) que, entre otros males, rompe con el obligante equilibrio en relación a la cantidad de bienes sujetos a ser demandados (escasez) habida cuenta que la masa de dinero aumenta a una velocidad superior al crecimiento de la producción, dentro de un escenario vinculado, por un lado, a la asistencia financiera del BCV hacia entes gubernamentales (Gobierno central, Pdvsa y otros) ante el hecho que la gestión pública viene experimentado en los últimos años un permanente déficit (más gastos que ingresos) que a la fecha se sitúa en un monto superior a 14% del PIB, situación que simultáneamente intentan paliar mediante emisión de deuda interna (en condiciones ventajosas) cuyo saldo para el IS

2013 supera los 60 millardos de dólares apoyada por el acorralado ahorro nacional (…) Tal como se desprende de la simple lectura de estas cifras (y de sus implícitas consecuencias) no resulta aconsejable ni conveniente que el BCV se convierta en una caja chica para financiar los compromisos del Gobierno, muchos de ellos de orientación populista” (Ver: http://goo.gl/vRT2nH).

Frente a lo anterior, a fines de 2013 se informó de una fallida medida del “instituto emisor” para “disminuir” el impacto de la política consistente en la emisión descontrolada de dinero inorgánico:

“Se toman más medidas desde el Banco Central de Venezuela (BCV) para recoger parte de los bolívares en circulación y, en paralelo, flexibilizar la política cambiaria como opción para aliviar las presiones. Además del aumento del encaje legal a la banca, a fin de retener más dinero de los depósitos del público en el instituto emisor, se aplicó una nueva modificación en las operaciones de mercado abierto como parte de la política monetaria que comenzó poner en práctica el BCV. Ahora se establecieron nuevos plazos más largos (de 270 y 360 días) para las transacciones de títulos entre el BCV y los distintos bancos del país, con lo que se apuesta a que las instituciones financieras estén más tiempo con los papeles y se pueda retener parte de los bolívares por un mayor lapso. “‘A objeto de adecuar los niveles de liquidez del sistema financiero, en armonía con la meta de mantener el crecimiento económico y en un entorno de mayor estabilidad, se adecuan los instrumentos”, señala un comunicado del BCV (…) Esta acción del emisor se implementa en el marco de una coordinación efectiva con el Ejecutivo nacional, a los fines de realizar un seguimiento de las políticas instrumentadas e introducir de manera oportuna los correctivos requeridos”, se agrega. El exceso de bolívares en la economía y las presiones inflacionarias y cambiarias que ocasiona, prendieron a la autoridad monetaria, que manda señales a la economía del arranque de un plan para recoger parte de la liquidez que hay en la economía” (Ver: http://goo.gl/7NOfMs)

2.– Principales aspectos de la política publica de incremento de dinero inorgánico por parte del Banco Central.

2.– Efectos sobre la Propiedad:

Los autores de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad de la reforma de la Ley del Banco Central de 2005 (decidida por la Sala Constitucional en sentencia No. 1.115, de 16.11.10: http://goo.gl/ejTTzJ -el análisis de O. Ochoa en: http://goo.gl/FHu1LN- con una muy cuestionable e irracional argumentación) explican de este modo el impacto de esta política monetaria sobre la propiedad privada (esto es, sobre los bienes de uso, consumo y producción de las personas que usan el bolívar como medio de intercambio para adquirir y entregar bienes y servicios): “La misma lógica la podemos aplicar a los efectos de la Ley del Banco Central de Venezuela de 2005, para afirmar que a los venezolanos se les ha sustraído la cantidad de US$10.250 millones, pues ese dinero pertenecía exclusivamente a todos los

poseedores de bolívares; es decir, que toda la población se ha visto afectada, porque la medida, aunque de origen político, es de una alta significación monetaria que perjudica a todos por igual. Una ilustración de lo expuesto queda evidenciada al considerar que, para junio de 2005, la cantidad de medios de pago existentes en la economía era de Bs. 64.100 millardos que, comparados con US$ 28.071 millones de reservas, representaban un tipo de cambio de 2.283,50 por US$. Pero con las emisiones inorgánicas llevadas a cabo por el Banco Central, combinadas con la mencionada confiscación de una porción importante de las reservas internacionales, para el 30 de abril de 2005, el volumen de medios de pago existentes se había incrementado hasta Bs. 113.900 millardos, suma que comparada con los US$ 29.887 millones de reservas, indica un nuevo y

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preocupante tipo de cambio de Bs. 3.811 ppor US$. Si se permitiera que todos los que disponen de moneda nacional fueran al BCV a comprar divisas, ese sería el tipo de cambio, y no el vigente de Bs. 2.150. Dicho de otra manera, si el Banco Central vendiera dólares a Bs. 2.150, que es el tipo de cambio oficial, sólo podría atender la demanda de Bs. 64.300 millardos, quedando los tenedores de los restantes sin poder acceder ni siquiera a un centavo de dólar” (García Mendoza, Oscar, Guerra, José, Rojas Díaz, Jesús y Ochoa, Orlando, El Libro en Rojo del Banco Central de Venezuela y sus consecuencias inflacionarias. Caracas: Los libros de El Nacional, 2007, p. 16). Ciertamente, se podrá decir que las personas más humildes, y en general, las que sólo realizan operaciones dentro de Venezuela, no necesitan comprar dólares, y que lo anterior no les afecta entonces. El error de esa apreciación es que puede ser cierto que no necesitan o les interese comprar dólares, pero sí necesitan y les interesa comprar los bienes y servicios que otros (el Estado o la empresa privada) importan o producen con los dólares. Luego, si hay mucho menos dólares en las reservas internacionales que bolívares disponibles en la economía nacional, habrá mucho menos bienes y servicios que adquirir con los bolívares circulantes, que pasan a ser agua y sal para sus tenedores, los cuales ven así liquidado su poder adquisitivo y el valor de intercambio de su propiedad y capacidades laborales o empresariales. De allí que el ya mencionado Jesús Alexis González sostenga: “El instituto emisor debe ser autónomo en el control y manejo de la política monetaria, porque un BCV sin autonomía es mejor que no exista”, precisó el ex director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV) (…) destacó a Notimex que la asistencia financiera del BCV a entes gubernamentales y a la estatal petrolera PDVSA, para que salden sus compromisos y superen su situación deficitaria, han colocado en grave riesgo a la economía venezolana. “Para financiar el gasto público, tapar el enorme hueco fiscal y pagar sus deudas, el gobierno puso a funcionar la máquina de hacer billetes que tiene el Banco Central y así fue como inundó de dinero inorgánico al país, causándonos un grave perjuicio”, sentenció. Resaltó que cuando el BCV emite dinero soportado en títulos de deuda (bonos) lo hace respaldado

por papeles que no tienen su origen en transacciones productivas. Criticó que “de esta forma el gobierno venezolano emitió más de 280 mil millones de bolívares durante 2013”. “La economía venezolana refleja actualmente un desequilibrio macroeconómico cuya expresión más tangible es la inflación acumulada que para 2013 llegó a alcanzar 56,2 por ciento (la más alta desde 1996)”, aseguró. Dijo que esta situación estimulada por el crecimiento masivo de la liquidez monetaria (cantidad de dinero en circulación), ha roto además con el obligante equilibrio en relación a la cantidad de bienes sujetos a ser demandados, originando una acentuada escasez. “El impresionante crecimiento de la oferta monetaria fue impulsado, primordialmente, por el gasto público que se elevó de 29 por ciento del PIB en 1998 hasta 46 por ciento en 2013, por un monto superior a los 600 mil millones de bolívares (nueve mil 524 millones de dólares)”. González advirtió finalmente que el binomio inflación-escasez con su obvio efecto sobre el desabastecimiento, pudiera convertirse más temprano que tarde en un ambiente explosivo de descontento multisectorial, de consecuencias impredecibles para el país (ver: http://goo.gl/rW8Crv ). Por tanto, en efecto más directo sobre la propiedad de las personas, particular sobre las personas “de a pié”, de la política de aumento de la masa monetaria inorgánica, es la destrucción del valor (poder adquisitivo) de la moneda nacional, expresado en forma directa en el incremento de la inflación, la cual se define como “un aumento general del nivel de precios que obedece a la pérdida del valor del dinero. Las causas concretas e inmediatas de la inflación son diversas, pero, en esencia, se produce inflación cuando la oferta monetaria crece más que la oferta de bienes y servicios” (Sabino, Carlos, Diccionario de Economía y Finanzas. Caracas: Panapo, 1991, p. 133). Los países en los que la mayor parte de la población entiende esto, son los que viven en economías más prósperas, con democracia política y bajo el Estado de Derecho: los países en los que la mayor parte no lo entiende, viven en inestabilidad política, pobreza y arbitrariedad en el ejercicio del poder estatal.

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4.– Costos Beneficios

Aumenta la cantidad de dinero circulante y en poder de las personas sin guardar relación con la cantidad de reservas internacionales y de bienes y servicios producidos, lo que incrementa la inflación: El aumento cuantitativo del dinero que, a través de salarios, subsidios, pagos y demás formas de “gasto social”, reciben las personas que dependen de su trabajo o de alguna ayuda estatal para subsistir, debido a la errónea creencia del dinero como sinónimo de riqueza, se percibe de inmediato como un beneficio, pues hace creer a quien recibe ese dinero que, con independencia del carácter orgánico o inorgánico del mismo (diferencia que es ignorada por la mayoría de la población), podrán comprar más bienes y servicios en el sector estatal o en el privado, percepción que genera apoyo electoral y respaldo a la política de emisión de dinero por parte del BCV; el costo de la

política, cuando el dinero que se emite no guarda proporción ni con la cantidad de reservas que se tienen por causa de la exportación ni con relación a los bienes y servicios disponibles en el mercado local (es decir, cuando el dinero es inorgánico), es que las personas dispondrán cada vez de más bolívares inútiles, es decir, que no podrán entregar a cambio de los bienes y servicios que necesitan o desean, y que éstos, o desaparecerán cuando sus precios los regule el Gobierno igual o por debajo de sus costos, o aumentaran incesantemente sus precios, no por la usura del empresario privado, sino por la deliberada desproporción entre la oferta y la demanda, causada por la política estatal de aumentar el dinero pero no la riqueza. Por estos motivos, es alarmante que entre 2002 y 2012, las reservas internacionales hayan aumentado un 1,48% mientras que el PIB a precios constantes sólo un 0,59% y que por otro lado la Liquidez Monetaria (M2) haya aumentado un 35,74%.

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Permite el pago y expansión de las nóminas funcionariales así como el incremento del tamaño del Estado y la reducción de las actividades privadas: El incremento de la masa de dinero inorgánica permite al Gobierno, y demás Poderes Públicos, crear burocracia (entes y órganos administrativos) ilimitadamente, con nóminas oficiales (sean funcionarios de carrera o no) cada vez más numerosas y costosas (en éstas inclúyase las pertenecientes a las empresas privadas “expropiadas” o estatizadas por vía de compra) para la Nación, lo cual se percibe como un beneficio porque “genera empleo” (en Venezuela las personas en general desvinculan el empleo de la generación de riqueza, pues ven aquél como un derecho subjetivo y no como un esfuerzo creador, como acción humana) y así millones de personas en 2014, directa o indirectamente, son “beneficiarias” de dinero inorgánico que el Estado entrega a través de “derechos sociales laborales”; el costo es que esa creación ilimitada de burocracia, a pesar de poder imprimir a través del BCV dinero sin respaldo, termina no sólo generando deuda interna que no es pagable siquiera en bolívares (ver casos de deudas a jubilados y pensionados, por pago de prestaciones sociales, falta de renovación de convenciones colectivas estatales, falta de aumento de salarios de funcionarios, etc.), sino que termina imponiendo al patrimonio público y la poca riqueza que se crea una pesada carga parasitaria (el caso de los bancos estatales y la misma Fuerza Armada, que no cumplen sus funciones, son emblemáticos), y engullendo la iniciativa privada y la libre empresa, que sí crea riqueza, ya que ésta no puede pagar los “derechos sociales laborales” que el Estado sí (no puede imprimir dinero) ni tampoco puede producir bienes y servicios suficientes para no ser “expropiada”, “ocupada” o “regulada” con el apoyo de quienes integran las burocracias improductivas. Facilita el pago de deuda interna privada en moneda interna de curso legal pero sin calcular la utilidad de esos pagos a trabajadores y empresarios: El aumento del dinero inorgánico permite al Gobierno y los demás Poderes Públicos el pago no sólo de deudas futuras o actuales, sino de deudas vencidas, ya que al imprimir dinero sin respaldo o sobre la base de emisiones de bonos de deuda pública de precario atractivo financiero por su alto costo para la Nación, puede “pagar los bolívares” que adeuda a sus acreedores (proveedores, trabajadores, contratistas, etc.) y así, con fines electorales o de propaganda política, decir que sí cumple con sus deudas y “el pueblo”; el costo de tal proceder es que los pagos hechos con dinero sin respaldo a los acreedores de la República (o de los Estados y Municipios, y cualquier otro ente público) constituyen un engaño para los que reciben esos pagos, ya que, como se apuntó, jurídicamente su derecho fue satisfecho, pero con éste (el dinero inorgánico que recibió) no podrá adquirir lo que necesita para sí, para su familia, para su empresa, etc., pues o no encontrarán los bienes y servicios que necesita o demanda, o los encontrará a un precio mucho mayor del que puede pagar con esos muchos bolívares, pero con los que cada día puede comprar menos bienes y servicios (en cierta medida, la conversión del bolívar a “bolívar fuerte”, fue una política dirigida a ocultar esta realidad al reducir los “ceros” a la moneda nacional).

Posibilita defender la política monetaria y de planificación centralizada de la economía y atribuir la escases de bienes y servicios a conductas no al exceso de circulante sino a prácticas ilícitas de las empresas privadas: Un supuesto beneficio de esta política de incremento del dinero sin respaldo, derivado de la creencia popular de que “a más dinero más rico”, es que el Gobierno Nacional está en posibilidad de afirmar que gracias a sus políticas monetarias y a las importaciones de bienes y servicios básicos que realiza a través de su interminable burocracia (por medio de las divisas que inconstitucionalmente monopoliza y permite subsidiar el costo real de esos bienes), los más pobres tienen más dinero y más acceso a bienes y servicios de diverso tipo, y que la inflación se debe no al dinero sin respaldo, sino a los delitos que el sector privado comete al abusar de los precios y acaparar, lo que a su vez permite justificar la planificación centralizada y el saqueo de la propiedad privada; el costo de esta política anclada en la ignorancia económica y la falta de ciudadana de los venezolanos, es la destrucción del valor de la moneda ya destacado, y con ello, la frustración de la gente, el empeoramiento de su ignorancia acerca de las causas de la pobreza en economías con alta inflación y la destrucción de los medios de producción privados, de la acción humana creadora de riqueza y la insatisfacción de las necesidades de las personas. Desvincula el nivel de circulante y de ingresos de las personas con la existencia de bienes y servicios importados o producidos en el país en proporción a las divisas que ingresan al país e integran las reservas internacionales: La aplicación contra de lo establecido en el artículo constitucional, de la política de impresión y emisión de dinero inorgánico por parte del BCV por instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, libera a este último de límites reales al momento de contraer deudas, obligaciones y comprometerse electoralmente, ya que no se ve limitado a ofrecer o asumir compromisos hasta donde llegan las reservas internacionales y, en general, los ingresos de la Nación por concepto de exportaciones (que son las que generan divisas), esto es, no tiene por qué considerar cuál es el respaldo efectivo de los bolívares circulantes, y por el contrario, puede asumir sin restricción todas las obligaciones y las deudas que fines electorales o ideológicos le recomienden asumir (ver caso de empresas básicas en Guayana) para lograr apoyo popular, ya que si el dinero circulante no alcanza, pues se imprime más dinero y resuelto el problema, contenta la gente por “tiene más plata”; el costo es que un manejo semejante de la política monetaria (que tiene similar o peor rostro en la materia cambiaria) crea incertidumbre, desconfianza y riesgos elevados para la inversión real, esa que permite crear empleos productivos que generen bienes y servicios al país, de modo que esa inversión privada, nacional y extranjera, no aumentará sino que se reducirá, al tiempo que la compra de bonos de deuda emitidos en tal contexto será cada día menos atractiva y generará más pérdidas que ganancias para la Nación.

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Elaborado por: Luis Alfonso Herrera O. Licenciado en Filosofía. Abogado. Especialista en Derecho Administrativo (UCV)..Profesor de las Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello . Investigador del Observatorio Económico Legislativo de CEDICE Si desea más información documento escriba a: [email protected] Documento “Promoción del Dialogo Democrático a través del Análisis Legislativo Económico. CEDICE-CIPE Mayo 2014 Pueden ser consultados en www.cedice.org.ve

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La política monetaria del Gobierno Nacional de emisión a través del BCV de dinero sin respaldo en divisas

u oro (reservas internacionales), además de violatoria de la Norma Constitucional, es irracional en

términos económicos pues destruye el valor de la moneda, genera inflación, causa escasez de bienes y

servicios, desincentiva la inversión privada creadora de riqueza, engaña a las personas, permite una

expansión clientelar, improductiva y corrupta de la burocracia y empobrece cada día, expoliando el valor

de su esfuerzo y trabajo, a las personas sin distinción, por lo que los más pobres (quienes por desgracia

se creen beneficiados porque tienen más dinero) son los que, como afirman los economistas, más

perjudicados resultan con este tipo de política.

En tal sentido, desde CEDICE expresamos responsablemente nuestro rechazo a esta política del

Gobierno Nacional y del BCV, y desacuerdo con la sentencia No. 1.115 del 16.11.10 de la Sala

Constitucional, y recomendamos a las autoridades actuales cesar en la aplicación de tal medida, ajustar el

dinero circulante a las reservas efectivamente existentes, y a las futuras autoridades acatar la Constitución

y rescatar el valor de la moneda nacional, con políticas que no la destruyan ni empobrezcan a los

venezolanos.

Conclusiones y recomendaciones

ANALISIS COSTO BENEFICIO Venezuela: Política Pública de incremento del dinero inorgánico por parte del Banco Central . A dónde conduce?