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Capítulo 2

El despliegue regional

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El conflicto armado interno se desarrolló de manera muy diferen-te en los distintos espacios regionales que integran el territorionacional.

Efectivamente, si bien esta historia de dos décadas de violen-cia fue protagonizada por organizaciones de decisión y mandomuy centralizadas —el Partido Comunista del Perú Sendero Lu-minoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru(MRTA), por un lado, y las fuerzas del orden, por el otro—, la in-tensidad de la violencia, así como sus formas y la configuraciónde sus actores, tuvo expresiones regionales extremadamente dife-renciadas. Mientras en unos espacios su presencia fue restringiday esporádica, en otros arrasó vidas, destruyó infraestructura, trans-formó la vida cotidiana de sus pobladores e impuso largos perío-dos de horror, sufrimiento e incertidumbre. Además, entre las re-giones de alta incidencia de acciones violentas, el desarrollo delconflicto siguió también cronologías distintas en lo relativo a lasestrategias desplegadas por los actores, y a la forma y espacios enlos que los pobladores se vieron involucrados.

Esta diversidad de historias regionales golpeadas por la vio-lencia se asocia por igual a las particularidades de los contextosregionales antes del inicio del conflicto, y al papel que les asig-naron los grupos alzados en armas a lo largo de sus estrategiasterritoriales.

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El presente acápite describe el conflicto armado desde una pers-pectiva espacial, analizando la forma cómo se desarrolló en estasregiones donde la violencia fue intensa. Asimismo, se analizan loselementos comunes y las diferencias que existen entre una y otra.Las regiones que fueron objeto de estudios específicos por parte dela Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), debido a laalta incidencia de acciones violentas en ellas, fueron las siguientes:

• La región Sur Central, compuesta por el departamento deAyacucho, las provincias de Acobamba y Angaraes del de-partamento de Huancavelica y las provincias de Anda-huaylas y Chincheros del departamento de Apurímac; éstaes la región donde se inició con una violencia hasta enton-ces desconocida el conflicto armado interno y donde cobróla mayor cantidad de víctimas.

• La región Nororiental, compuesta por los departamentos deHuánuco, San Martín, Ucayali (particularmente las provin-cias de Padre Abad y Coronel Portillo) y Loreto; en esta re-gión, el conflicto armado se prolongó por más tiempo, se cru-zó con otras fuentes de violencia y constituyó una de lasregiones con mayor número de víctimas.

• La región Central, compuesta por los departamentos deJunín y Pasco, y las provincias de Huancavelica, Tayacaja,Huaytará, Churcampa y Castrovirreyna del departamentode Huancavelica. Ubicada entre Ayacucho y Lima, es unaregión estratégica para el abastecimiento y las comunicacio-nes de la capital, generadora y transmisora de energía parala red nacional y asentamiento de empresas mineras; fun-cionó también como refugio en la zona de selva.

• Lima Metropolitana, sede del poder y centro de la economía,fue permanentemente asediada desde el inicio de la violen-cia concentrando, por su visibilidad nacional e internacio-nal, la mayor cantidad de atentados; pero también fue el es-pacio de planificación nacional de la violencia, y el foco deagitación y organización en sus asentamientos populares.

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• El Sur andino, compuesto por los departamentos de Puno yCusco, y las provincias de Abancay, Grau y Cotabambas deldepartamento de Apurímac.19

En este conjunto de regiones se produjo el 91% de las víctimasreportadas en los testimonios recogidos por la CVR, así como lamayor destrucción de infraestructura y el más grave deterioro dela organización, la confianza, los vínculos y la solidaridad (véaseel gráfico 1).

Gráfico 1

PERÚ 1980-2000: PORCENTAJE DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA

CVR SEGÚN REGIÓN EN LA QUE OCURRIERON LOS HECHOS

0% 20% 40% 60%

Región Sur Central

Región Central

Región Nor Oriental

Sur Andino

Lima Metropolitana

Otros

CVR SEGÚN REGIÓN EN LA QUE OCURRIERON LOS HECHOS

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Región Sur Central

Región Central

Región Nor Oriental

Sur Andino

Lima Metropolitana

Otros

Sobre la base de las historias regionales construidas por la CVRen las regiones de alta incidencia de violencia, este capítulo desa-rrolla dos secciones. La primera analiza los rasgos comunes de es-tas regiones en términos de la situación previa al desarrollo del con-flicto, rasgos que explican el contexto en el cual las propuestas sub-

19 Las fuentes de información utilizadas en este capítulo son las siguientes:Base de Datos de la CVR, que registra las víctimas de los crímenes y violacionesde los derechos humanos reportadas a la CVR; y la cronología de Desco, queregistra los hechos de violencia reportados en medios de comunicación entre1980 y 1988. Para trabajar con la información de la cronología de Desco(Desco. Violencia política en el Perú 1980-1988. Lima: Desco, 1989), la CVRdiseñó una base de datos donde se sistematizó la información contenida enDesco (1989) y en los resúmenes semanales publicados por dicha institución.

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versivas y sus estrategias tuvieron eco en la población. Se analiza-rán aquí los efectos de proyectos y políticas de modernizacióninacabadas que, al mismo tiempo que minaban las tradicionalesrelaciones y condiciones de vida de amplios sectores poblacionales,no terminaron de producir nuevas situaciones de integración y de-sarrollo. La brecha entre la modernidad y el progreso, por un lado,y el atraso y la pobreza, por el otro, rebasó los términos que la ha-cía soportable. Son regiones donde un discurso de destrucción delEstado —del «viejo estado»— fue inicialmente asumido con entu-siasmo por sectores considerables de la población.

La segunda sección revisa las grandes tendencias de desplie-gue territorial de la violencia a lo largo de los años de conflicto.Un análisis temporal y espacial permitirá comprender los dife-rentes momentos de concentración y despliegue territorial de losactores de la violencia. Los estudios regionales de la CVR permi-ten diferenciar dos momentos en los cuales el conflicto se desa-rrolla en espacios regionales diferentes. El primero (subdivididoen dos períodos), de 1980 hasta septiembre de 1986, se desarro-lla en la sierra del sur central, especialmente en los espacios ru-rales y con acciones de sabotaje a la red eléctrica que crean des-concierto en las ciudades; allí se registró el mayor número demuertos por año. Tras una etapa (1987-1988) en la que las accio-nes y sus efectos de muerte disminuyen, un segundo ciclo se des-plegó con intensidad desde 1989 hasta fines de 1992; su espacioprincipal fue la selva (la cuenca del Huallaga y la selva centralprincipalmente) y las ciudades (Lima, Huamanga y Huancayose convierten en territorios de guerra). Otras historias regionalesempiezan también a desarrollarse en este período; es el momen-to en el que el PCP-SL intentó extender la lucha campesina porla tierra en Puno y que columnas subversivas buscaron desple-gar estrategias de control en el norte del país. Tras la captura deAbimael Guzmán Reinoso en septiembre de 1992 y la disolucióndel núcleo subversivo principal, la violencia tuvo prácticamentecomo único escenario la selva.

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Contextos regionales:las regiones de la violencia al inicio del conflicto

El PCP-SL y el MRTA tuvieron éxito en unas regiones y en otrasno. Una parte del país, particularmente toda la región costera (conexcepción de Lima) en la que se encuentran los departamentos máspoblados del país después de la capital, constituyó el pequeñorubro de otros en el que sólo se contabilizan el 9% de las muertesen todo el período. Allí está también gran parte de la selva baja yde la selva norte (Amazonas, norte de Cajamarca y parte de Loreto)y sur (Madre de Dios); exactamente lo opuesto de los anteriores,los espacios menos poblados. La mayor parte de Ancash, Cajamar-ca y Arequipa, en la sierra, pertenecieron también a la categoríade otros.

A partir de los estudios regionales realizados por la CVR, sepuede sostener que las regiones donde los grupos subversivos tu-vieron éxito fueron aquéllas en las que lograron insertarse en si-tuaciones de conflicto abierto y sin visos de solución, sea entre sec-tores de la población o entre los pobladores y el Estado. En estosestudios se observa, además, que estos conflictos se asociaron a laforma particular como los procesos de modernización que vivió lasociedad peruana desde la década del cincuenta —o más bien surealización parcial e inacabada, tanto en su versión rural (la Re-forma Agraria) como en su versión urbana y de integración vial—afectaron las diferentes regiones del país. Las transformaciones vi-vidas de forma diferente tuvieron también efectos en el surgimien-to o deterioro de una sociedad civil organizada, lo que incidió asu vez en las formas y los niveles de violencia.

Procesos de modernización inacabados

Desde la década del cincuenta, diversos procesos desencadena-dos en la sociedad peruana llevaban a la liquidación del ordentradicional. En el campo, particularmente serrano, la masiva emi-gración rural, principalmente hacia la ciudad de Lima, y las movi-lizaciones campesinas contra el régimen latifundista transforma-

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ban la demografía y las estructuras de poder. Políticas de protec-ción a la industria y de aliento a la inversión (banca de fomentoindustrial y agropecuaria, aranceles proteccionistas, etc.) veníantransformando la economía nacional y particularmente la vida, laeconomía y el peso demográfico de Lima. Al mismo tiempo, se di-señaron grandes planes modernizadores para un Perú moderno.Así, las grandes irrigaciones de la costa en los últimos cuarentaaños han transformado el paisaje social, económico y demográfi-co de la región. La carretera marginal, que empezó a construirseen la década del sesenta, ha tenido efectos semejantes. En la sie-rra, la promesa de la modernización no tuvo inversiones ni ejesviales ni gigantescas represas; allí la modernización, o sus peda-zos, se operaron a través de la Reforma Agraria y la ampliaciónde la cobertura educativa.

Todos estos programas tuvieron desiguales efectos y desigua-les grados de concreción en las regiones, aunque alteraron, por cier-to, la vida de la mayoría de las personas y sus expectativas. Laviolencia que se inició en 1980 encontró en los espacios de moder-nización inacabados, de expectativas altas pero no logradas, unlugar privilegiado para enraizarse y desarrollarse.

El nororiente:integración, carretera, colonización y narcotráfico

Quizá el caso paradigmático de los procesos de modernización in-completos, que afectaron la vida de las personas al desligarlas desus entornos tradicionales y no terminar de integrarlas en un con-texto nuevo de desarrollo y bienestar, sea el de la región Nororien-tal. Éste es un espacio de colonización, cuya población se multi-plicó varias veces en medio siglo, pues recibió varias corrientesmigratorias provenientes de la sierra pobre —central y norteña—.Esto produjo, a su vez, que los servicios no pudieran abastecer ala nueva población.

El gigantesco esfuerzo por construir la carretera Marginal dela Selva en la década del sesenta buscaba no sólo incorporar losrecursos de la amazonía a la economía nacional, sino canalizar

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de otro modo la demanda de tierras en la sierra y en la costa, asícomo reorientar las migraciones que tendían a concentrarse exce-sivamente en la ciudad de Lima. Por ello, el complemento de lainversión vial fue una intensa promoción de la colonización con-sistente en facilitar la entrega de tierras para la ampliación de lafrontera agrícola.

Pero eso fue todo. La creciente población colona, particular-mente en la década del setenta, proveniente de provincia, con orí-genes étnicos diversos y sin grandes recursos económicos propios,fue poblando territorios sin servicios públicos y sin comunicacio-nes internas que no fueran el eje central con el empeño de salir dela pobreza de donde provenían. Surgieron pueblos como resulta-do de la ampliación de campamentos y apareció una sociedad de-sorganizada con una muy escasa presencia de instituciones pú-blicas garantes de la seguridad y del orden.

Dos historias paralelas se desarrollan desde este punto. Porun lado, la de la cuenca del Huallaga, donde la ausencia del Esta-do y de mercados para la producción agrícola fue sustituida porotra institución (con su economía, su cultura, sus normas): elnarcotráfico. Por otro, la de las provincias de San Martín, más vin-culadas a la costa por la vía de Jaén-Chiclayo, y donde, si bien sedesarrolla una producción agrícola legal, también hay una fuentede conflicto en las luchas regionales.

En ambos espacios, ya sea por represión del narcotráfico o porrepresión de los movimientos sociales, el conflicto con el Estadofue intenso, particularmente entre los años 1978 y 1982. Este con-flicto es el contexto inmediato en el que logran ser escuchadas yse enraízan las propuestas de los grupos alzados en armas: el PCP-SL en la zona productora de coca, y el MRTA en San Martín, conla intención de acercarse a la zona cocalera.

Los asháninkas y los colonos en la selva central

A diferencia de la región Nororiental, la selva central —más próxi-ma a la capital— tuvo una mayor y más antigua articulación con laeconomía nacional y contó con una red urbana más consolidada,

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aunque desde la década del sesenta su población creció rápida-mente por la llegada de colonos provenientes principalmente dela sierra central.

Es el territorio de una de las etnias amazónicas más impor-tantes del país, la de los asháninkas, que se extiende desde el granPajonal, en el Norte, hasta la provincia de la Convención, Cusco,por el Sur. Además de asháninkas, existen comunidades de lasetnias yanesha y notmasiguenga, en proporción bastante menor.La ocupación colonizadora de esta región, si bien antigua, se viofavorecida por la red vial en expansión y modificó sensiblementesu acceso a los recursos. Esto generó innumerables conflictos conlos colonos por el acceso y la titularidad de las tierras.

A diferencia de otras sociedades amazónicas, las comunida-des nativas de la selva central no se cuentan entre las más aisla-das del país. Están vinculadas a la red urbana y comercial de lazona y se relacionan con los poblados de colonos (aunque en cons-tante conflicto por la delimitación de los linderos) y con el sistemaeducativo. Los misioneros católicos y evangélicos —del InstitutoLingüístico de Verano (ILV)— han estado presentes desde hacetiempo a través de escuelas, de acciones de educación bilingüe, depromotores de salud, etc. Muchas comunidades recibieron apoyopara construir colegios o casas comunales, obtener ganado, radiospara comunicarse, piladoras, podadoras, motobombas de agua,herramientas, maquinaria de carpintería, motosierras, postas desalud equipadas, equipo dental e, incluso, en algún caso, un aero-puerto. Las comunidades también contaban con varios miembroscapacitados como técnicos agropecuarios y promotores de salud.

A través de sectores que funcionaban como bisagra entre lascomunidades nativas y la sociedad nacional —tales como los co-lonos provenientes de Ayacucho, profesores bilingües, promoto-res de salud y luego autoridades nativas— el PCP-SL fue ingre-sando a esta sociedad a medio camino entre una organizaciónmuy tradicional, cuya reproducción es difícil por la pérdida de re-cursos y territorios, y la economía moderna en la que no termina-ban de integrarse. Un discurso de igualdad, de justicia, y sobretodo de bienestar, caló entre los adultos mayores de los clanes

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familiares y terminó enraizándose en la población y reorganizán-dola en función de la guerra.

La compleja relación entre el MRTA y la población nativaasháninka en la zona de Oxapampa, que terminó en un fuerte en-frentamiento abierto, dio lugar al único caso en la selva central enel que el conflicto asháninkas-colonos se mezcló con el conflictoarmado interno.

La modernización andina: las ciudades y las universidades

A diferencia de la selva y la costa, la sierra no tuvo un gran pro-yecto de modernización. Sin ningún recurso atractivo para elcapital extranjero o nacional ni un centro económico dinámico—mal integrado por una escasa y pésima infraestructura vial—hacia mediados del siglo XX, el departamento de Ayacucho mos-traba signos visibles de depresión económica con uno de los PBImás bajos del país y altas tasas de emigración de sus diferentesprovincias. Tradicional centro de residencia de los terratenientesde la región, la ciudad de Huamanga se había constituido con lossiglos en sede indiscutible del poder regional. Pero en el entornoregional de pobreza y depresión, los terratenientes ya no eran tam-poco significativos. Movimientos campesinos, procesos de comprade haciendas por sus feudatarios y, finalmente, la implementaciónde la Reforma Agraria sobre los restos del sistema tradicional dehacienda, les habían restado poder, influencia y peso determinanteen la ciudad y en la región.

Fue un proyecto educativo —la reapertura de la UniversidadNacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) en 1959— lo querenovó la ciudad y la conectó con el movimiento de renovación yprogreso del país. Esta reapertura generó el arribo de contingen-tes de profesores y estudiantes foráneos, y en los años siguientesse convirtió en el foco de desarrollo cultural, político y económicode la región; fue la difusora de ideas progresistas y estuvo distan-ciada de los sectores tradicionales en momentos en que el ordenterrateniente y señorial estaba casi en extinción.

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En su reapertura, luego de cerca de medio siglo de receso, laUNSCH fue imaginada como una organización moderna en su es-tructura y en su concepción académica. Sin las trabas administra-tivas de otras universidades, buscaba capacitar técnicos, investi-gadores y maestros que solucionaran los problemas de la región.Este plan moderno y de alta calidad sólo pudo sostenerse en eldiscurso debido a la rápida masificación de la universidad. Alprincipio, la UNSCH tenía 228 alumnos. En 1980, al inicio del con-flicto armado, el número de alumnos se había multiplicado por 30(eran 6,095 estudiantes); el crecimiento deterioró los servicios y lasremuneraciones, pero permitió el ingreso de jóvenes del interior,hijos de campesinos portadores de las expectativas de movilidadsocial de sus familias y de sus pueblos.

La importancia de la educación como instrumento de progre-so y movilidad social, y de la universidad como institución regio-nal, se manifestó en el hecho de que las dos únicas movilizacionesrelevantes de la región tuvieron que ver con ellas: la lucha contrael intento del gobierno en 1966 de recortarle el presupuesto —quedio origen al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho— y la lu-cha en Huamanga y Huanta, violentamente reprimida, contra undecreto dado por el gobierno militar en junio de 1969 que intenta-ba recortar la gratuidad de la enseñanza escolar.

La universidad fue un centro que acogió, como en el resto delas universidades del país, las ideas radicales de las décadas delsesenta y setenta. Sin el contrapeso de otras instituciones u otrosfocos de influencia cultural, ejerció casi un monopolio sobre la opi-nión pública y modeló el sentido común local. Su influencia, comocasa de estudios moderna —cuando menos en el discurso—, llegóhasta la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo,donde profesores de Huamanga, y luego dirigentes del PCP-SL,fueron invitados en los años setenta a dar charlas a los estudian-tes y a los sindicatos.

Éste es el espacio del surgimiento del Partido Comunista delPerú Sendero Luminoso y de su líder, Abimael Guzmán Reinoso.Su permanencia en la UNSCH tras su ruptura con el PCP Bande-ra Roja se da precisamente en momentos en que la Universidad

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pasa de tener casi 1,500 estudiantes en 1968 a 3,319 en 1971. Lafuerte presencia del PCP-SL en la Facultad de Educación de laUNSCH se amplió hacia los planteles de aplicación GuamánPoma de Ayala, lo que le permitió influir en el SUTE-Huamanga ycopar las nuevas plazas de maestros creadas por el paulatino cre-cimiento de la cobertura educativa en la región, particularmenteen las áreas rurales.

Otras regiones de la sierra donde la violencia estuvo presente,aunque no con la intensidad de Ayacucho, también vivieron enlos años cincuenta y sesenta procesos de cierta urbanización, sinfuertes entornos de desarrollo económico, así como de moderniza-ción de sus universidades. La modernización del Cusco fue igual-mente urbana. Tras el terremoto de 1950, que prácticamente des-truyó la ciudad, se creó la Corporación de Reconstrucción y Fo-mento (CRYF) que emprendió una intensa obra de reconstruccióny remodelación urbana. Con ello se dio inicio a la modernizaciónde la ciudad que desembocó en su actual configuración de ciudadturística. La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco,como su similar de Huamanga, también vivió un proceso de mo-dernización y crecimiento desde los años cincuenta. Al inicio deesa década, la UNSAAC contaba con cinco facultades y 988 estu-diantes; en 1978, ofrecía 22 carreras profesionales en las que esta-ban matriculados 8,492 estudiantes; en 1980, al inicio de la vio-lencia, contaba con 14,000 estudiantes. Como en el caso anterior,fueron los sectores rurales y urbanos pobres quienes lograron elacceso a la universidad durante este crecimiento, que se desarro-lló al mismo ritmo del deterioro de sus servicios. Asimismo, se in-tentó realizar en Cusco una difusión de ideas radicales semejanteal producido en Ayacucho.

Pero, a diferencia de Huamanga, Cusco era una sociedad máscompleja y sí encontró un enlace con el dinamismo moderno pormedio del turismo. Mientras en 1954 se registró la presencia de6,903 turistas, llegaron a la ciudad 176,000 en 1975. La industriahotelera, la de la restauración y la de la artesanía se ampliaron aese ritmo.

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Cusco también fue un caso de urbanización en pobreza y enun entorno regional deprimido. Sin embargo, si bien la queja dedirigentes y autoridades fue que el turismo no beneficiaba a la ciu-dad y sólo permitía grandes beneficios a empresas de Lima o delexterior, es probable que la presencia de una actividad dinámica,que movilizaba las ideas y los servicios en torno a una poblaciónforánea muy móvil, haya sido uno de los contrapesos culturalesque influyeron en el hecho de que la ciudad, su universidad y susjóvenes estudiantes —aunque radicalizados— no engrosaran ma-sivamente las filas de la militancia subversiva ni colaboraran endesarrollar una guerra.

La modernización en Puno también fue urbana. La ciudadde Puno vivió un proceso acelerado de urbanización, al igual queCusco, asociado a desastres naturales. Entre 1950 y 1960, se pro-dujo la combinación perversa de lluvias excesivas e inundacio-nes, y períodos de completa sequía. En ese contexto de desastres,en diciembre de 1961, se creó la Corporación de Fomento y Pro-moción Social y Económica de Puno (CORPUNO), organismo conautonomía administrativa que hasta 1972 organizó y planificólas inversiones de fomento en el departamento. Su acción, sin em-bargo, sólo se reflejó en la modernización urbana de la capitaldel departamento.

En este afán de modernización, la creación de una universi-dad en Puno apareció como una pista de progreso. En 1961, laUniversidad Nacional Técnica del Altiplano abrió sus puertas, ydurante los años setenta se masificó y acogió las expectativas demovilidad social de sectores mestizos o de hijos de campesinos.

Pero la ciudad de Puno, en realidad, no era ni el único ni elmás dinámico espacio urbano del departamento. Bajo la influen-cia del ferrocarril y, desde 1963, año de la instalación de la fábricade cemento de Caracoto, la ciudad de Juliaca se convirtió en la ex-presión moderna de sectores provincianos vinculados al mundocampesino. Esto propició la formación de una burguesía comer-cial mestiza e indígena, que logró sustituir a la declinante claseterrateniente. Igualmente, las provincias del Sur, cuya población

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predominante eran campesinos aymaras organizados por mediode una antigua red de ciudades menores hasta la frontera con Bo-livia y con un mayor dinamismo comercial, fueron reacias al dis-curso radical. En suma, la presencia de la subversión en Puno fueesporádica en las ciudades y se asentó básicamente en la zona ru-ral de las antiguas grandes haciendas ganaderas.

La región Central, por su parte, era de importancia fundamen-tal. Situada entre Ayacucho y Lima, abastecedora de alimentos yde energía a la capital y su aparato industrial, esta región estabaintegrada por una red urbana (las ciudades de Huancayo, LaOroya, Cerro de Pasco, Tarma y Jauja), por una actividad minera(grandes empresas públicas, sindicatos y depósitos de explosivos)y por un entorno rural altamente diferenciado: comunidades ur-banizadas y vinculadas a los mercados en el valle del Mantaro.Además, estaba constituida por zonas altas ganaderas muy po-bres, como en Pasco, o en conflicto con empresas asociativas. Paraambas agrupaciones subversivas —el PCP-SL y el MRTA— con-trolar la región Central fue un objetivo estratégico. Mientras fraca-saron en las zonas de comunidades de valle, exitosamente inte-gradas al mercado, ambas se desarrollaron en las zonas altas y enlas ciudades, particularmente en Huancayo, cuya universidad,fuertemente radicalizada, fue incluso escenario de enfrentamientosentre estas dos agrupaciones subversivas.

Las ciudades mineras —La Oroya y Cerro de Pasco— fueronobjeto de atentados frecuentes. En ambos casos, buscaron aprove-char los conflictos sindicales de mineros y metalúrgicos; pero, comosucedería en los diferentes intentos de captar organizaciones sindi-cales, fracasaron. Sin éxito en el movimiento gremial, el PCP-SL ame-drentó y asesinó a dirigentes mineros importantes, los cuales, porotro lado, también fueron víctimas del mal llamado «ComandoRodrigo Franco». El espacio minero y gremial fue asediado y gol-peado, pero no capturado políticamente. En contraste, en las uni-versidades de la región, el discurso de confrontación tuvo éxito en-tre los jóvenes, muchos de origen rural. En Cerro de Pasco, dondela presencia del PCP-SL se registra desde los primeros años del con-

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flicto armado, la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión(UNDAC) de Cerro de Pasco fue un espacio político excepcionalpara la difusión y discusión de los lineamientos del PCP-SL, asícomo para el reclutamiento de futuros militantes. En la Univer-sidad Nacional del Centro del Perú, en Huancayo, la presenciadel PCP-SL y del MRTA fue menos prolongada, pero extremada-mente violenta y motivadora de una dura respuesta de las fuerzasdel Estado.

Lima Metropolitana:la urbanización, la industrialización y la marginalidad

Lima, la sede del poder político y económico del país, fue uno delos espacios de mayor violencia. Muchas de las acciones subver-sivas desarrolladas en la zona central de la capital —como el ase-sinato de altos funcionarios, oficiales del Ejército y empresarios,así como el estallido de coches bomba, voladura de torres, ataquesa centros comerciales y financieros— estuvieron motivadas por lanotoriedad que podían alcanzar; estas acciones de asedio y bús-queda de visibilidad fueron, sin embargo, acciones desde fuera queno se apoyaron en la población de los viejos barrios de Lima y suárea de expansión de clase media y alta, y que menos aún busca-ron captarla.

Pero Lima Metropolitana fue al mismo tiempo la sede de laprincipal instalación industrial del país y de su mayor poblaciónobrera. Fue también el destino de la gran emigración rural, la de-positaria de las esperanzas y, luego, de las frustraciones de millo-nes de peruanos pobres que abandonaron sus comunidades de ori-gen, así como de la mayor concentración de miseria y precariedadeconómica. De este modo, además de ser un lugar de asedio exter-no por su visibilidad, Lima Metropolitana, en sus asentamientospopulares periféricos, fue uno de los espacios de intensa agitacióny proselitismo subversivo. Captar a una población obrera (el suje-to de la revolución) reducida a la miseria que rodeaba el centrodel poder nacional fue un objetivo político y militarmente estraté-gico de los grupos alzados en armas.

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La modernización de Lima Metropolitana fue simultáneamenteun proceso de industrialización, alentado por políticas de protec-ción de la industria local, y un descomunal proceso de urbaniza-ción. Este proceso de urbanización desbordó la capacidad de asi-milar la mano de obra en los sectores formales de la economía yfue incapaz de integrar el rápido crecimiento poblacional a la es-tructura urbana y de servicios preexistentes. Además de ello, esnecesario recordar que en la década de los años 80 entró en crisisel modelo industrial de sustitución de importaciones. Esto generósecuelas importantes de desempleo y deterioro de la legitimidadsindical. Ése fue el contexto para el desarrollo de la violencia enla región.

Las organizaciones alzadas en armas desarrollaron una siste-mática labor de penetración entre pobladores de asentamientoshumanos populares con el objetivo de captar a los directivos (odirectamente la dirección) de las organizaciones sindicales,barriales y de subsistencia. Estos asentamientos populares —or-ganizados en torno a las tres grandes vías de ingreso a Lima: laCarretera Central, la Panamericana Norte y la Panamericana Sur—constituían, en la estrategia subversiva, el cinturón de hierro queahogaría al centro político y económico nacional.

Es necesario señalar, más allá de los contextos específicos delos diferentes conos de expansión de Lima popular, la importan-cia de la presencia de la izquierda legal, así como un hecho políti-co que marcó la historia de estos asentamientos desde 1980: laselecciones municipales. Por primera vez, en 1980, se estableció quelos gobiernos locales debían ser elegidos por voto universal. Des-de entonces, particularmente desde 1984 con la Ley Orgánica deMunicipalidades, los municipios electos empezaron a recibir ver-daderas atribuciones de gobierno local. En estas zonas urbanas,en proceso de construcción, con servicios insuficientes, el papelde las municipalidades y de la lucha política por llegar al gobier-no local fue muy importante. En los distritos populares de Lima,la izquierda pasó de su tradicional espacio en el movimiento obre-ro y barrial a tener funciones de gobierno. En 1980 y 1983, prácti-

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camente todos los distritos de los conos norte, sur y este tuvieronalcaldes de izquierda.

Tanto su estrategia de lucha contra las autoridades localescomo de control del movimiento sindical y barrial llevaron a lasorganizaciones subversivas a un directo enfrentamiento con la iz-quierda, en la medida en que ésta se erigió como contrapeso a suinfluencia. Por su lado, la acción contrasubversiva, al intentar eli-minar organizaciones y potenciales focos de demandas popula-res, también golpeó significativamente a la izquierda y a las orga-nizaciones existentes.

El caso del cono este es representativo de la diversidad de con-flictos que a inicios de los años ochenta se desarrollaban en losasentamientos populares de Lima Metropolitana. Fue una de laszonas de Lima de mayor presencia del PCP-SL. Allí se concentróun eje industrial (Ate-Vitarte), un centro de enorme actividad co-mercial como La Parada (El Agustino) y hasta una de las univer-sidades con fuerte presencia del PCP-SL: la Universidad de Edu-cación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Fue fundada comouna experiencia novedosa en educación; luego, fue clausurada porrazones políticas en 1977 y reestablecida en 1980; finalmente, semasificó y se alejó del programa renovador de su fundación y delos recursos que éste requería.

En esta zona obrera y comercial, la crisis del sector industrialse asoció a situaciones de gran conflicto. Desde 1976 se realiza-ron movilizaciones, marchas y tomas de carreteras vinculadas areclamos sindicales. Durante el Paro Nacional del 19 de julio de1977 y los paros del 22 y 23 de mayo de 1978, éste —como losotros conos de Lima— se convirtió en un verdadero campo debatalla.

El sindicalismo y la legitimidad de la organización y la luchasindical, sin embargo, se fueron deteriorando en los años siguien-tes ante la profundización de la crisis del sector industrial, la re-cesión del final del gobierno de Alan García Pérez y la imposibili-dad de dar respuestas a la lucha social, la cual era problemáticapero ordenada en cauces de negociación sindical.

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Al igual que en otras zonas de la capital, el problema de lavivienda y la dotación de servicios de agua y desagüe requeríande la nueva gestión municipal. Durante la administración de Al-fonso Barrantes Lingán, alcalde de Lima por Izquierda Unida (IU),se implementó el Programa Especial de Habilitación Urbana de lazona de Huaycán, con lo que se organizó la primera invasión y laconstitución de la segunda (la primera fue la de Villa El Salvador)Comunidad Urbana Autogestionaria. De esta manera, la munici-palidad buscó intervenir frente al problema de la vivienda con unaexperiencia de organización urbana sustentada en la participaciónpopular. Cuando en los años noventa se trató de replicar la expe-riencia en Raucana, formado por excedentes poblacionales de otraszonas extremadamente pobres, la relación del gobierno local conla población ya no era la misma. Mientras Huaycán se convirtióen un espacio de lucha entre el PCP-SL y la organización vecinal,en Raucana se constituyó el primer Comité Popular abierto del PCP-SL en un ámbito urbano. Así pues, el cono este de Lima —tantoentre sus sectores sindicalizados como en sus organizaciones ur-banas y estudiantiles— fue uno de los mayores focos de agitacióny acción del PCP-SL.

El cono norte, donde además se desarrolló una presencia con-siderable del MRTA, fue otra de las grandes zonas de expansiónpopular de Lima. Allí se desarrolló una de las primeras accionessubversivas: el incendio de la municipalidad de San Martín dePorres en 1980. Con menos presencia obrera y sindical, la organi-zación subversiva en la zona fue más débil y tuvo un carácter másde subsistencia: las acciones de asalto a almacenes de alimentos ocamiones de reparto y su distribución entre la población figuranentre las acciones de ambas organizaciones subversivas de mayoraceptación. Al igual que lo que sucedió en San Juan de Lurigancho(ubicado en la organización del PCP-SL dentro del Comité ZonalNorte) y, en cierto modo, en Huaycán y Raucana en el Este, la ac-ción subversiva fue más intensa en los asentamientos nuevos, loscuales correspondían a los sectores de población más pobre y conmenos servicios de los distritos.

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San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado y de creci-miento más rápido de la capital, tuvo la particularidad de ser elprincipal receptor de la población desplazada por el conflicto ar-mado en la sierra sur-central. Los asentamientos que mostrabaneste origen eran aquéllos que estaban en las zonas alta e interme-dia, y que eran los menos consolidados como estructura urbana—como Huanta 1, Huanta 2, Cangallo, Fajardo—. La mayoría deellos se formaron durante la gestión del alcalde de origen huantinoÓscar Vargas. En el distrito se ubicó también el penal de CantoGrande, dos veces asaltado por los subversivos. Se debió proba-blemente a esto, y a la efectiva presencia del PCP-SL, que el distri-to fuera objeto de sistemáticos «rastrillajes» por parte de las fuer-zas del orden, lo que desencadenó una secuela de descontento yconflicto. También el llamado «Comando Rodrigo Franco» estuvopresente en este distrito, en el que fueron asesinados ManuelFebres Flores, abogado de los presos acusados de terroristas, y SaúlCantoral Huamaní, secretario general de la Federación Nacionalde Trabajadores Mineros y Metalúrgicos.

La Lima resultante de la modernización de los años sesenta ysetenta, conformada por sus inmigrantes, con ciudades margina-les y con una economía evidentemente informal, fue un escenariodel conflicto armado menos visible que los atentados al centro dela capital. Pero involucró la vida cotidiana de millones de perso-nas y aportó cifras considerables a la dramática estadística demuertos por el conflicto armado interno.

Las sociedades rurales de alta conflictividad

El conflicto armado tuvo en los ámbitos rurales un escenario es-pecialmente importante. Los grupos alzados en armas buscaroncontrolar el campo y tener bases de apoyo en los poblados campe-sinos tanto por razones de estrategia militar como política. El PCP-SL, inspirado en la tradición maoísta, inició una guerra «del cam-po a la ciudad». Los grandes espacios de escaso poblamiento ydébil presencia policial ocultaban sus desplazamientos. Contro-larlos requería de bases de apoyo; por ello, conquistar políticamen-

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te la población campesina fue uno de sus objetivos principales.Con bases de apoyo rurales, el PCP-SL se desplazaba, en los tér-minos de Abimael Guzmán Reinoso, «como el pez en el agua».

Pero no todo el ámbito rural fue receptivo a la prédica y a lasacciones de los grupos alzados en armas. Las sociedades ruralescon campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria (los valles dela costa peruana, la zona norte de Cajamarca, el Valle Sagrado enCusco) o espacios comunales con recursos y alta integración almercado (el valle del Mantaro, por ejemplo) tendieron a mantener-se al margen de la violencia.

Las historias regionales reconstruidas por la CVR muestranque el éxito en la inserción rural de la principal fuerza subversi-va, el PCP-SL, se produjo en los espacios rurales de población cam-pesina muy pobre —mal vinculada al mercado— donde la Refor-ma Agraria no había tenido prácticamente nada que redistribuir yno había implicado un cambio significativo debido a la pobrezade sus recursos; o donde la estrategia empresarial de la Reformahabía reproducido la marginación de las comunidades campesi-nas y creado nuevos ámbitos de conflicto irresuelto.

Las comunidades contra las empresas asociativas:región central, sur andino y sierra norte

El período de violencia en los espacios rurales estuvo plagado deactos de destrucción de centros de desarrollo tecnológico en la sie-rra. La granja Allpachaca de la Universidad Nacional San Cristó-bal de Huamanga, centro de mejoramiento ganadero altoandino,fue destruida íntegramente por el PCP-SL, incluyendo el degolla-miento del ganado mejorado. Años después, las instalaciones delIER Huaqrani de la Prelatura de Ayaviri, centro de investigacióny capacitación tecnológica, tuvieron igual suerte. La estación ex-perimental de LLachoc, del Instituto Nacional de InvestigaciónAgropecuaria, cerca de la ciudad de Huancavelica, fue asaltadapor el PCP-SL en 1987; fueron asesinados nueve trabajadores y sa-crificadas 400 alpacas. Pero este tipo de instalaciones no eran nu-merosas. Las que sí aparecieron ampliamente como objetivos de

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destrucción fueron las instalaciones y la ganadería fina de las em-presas asociativas creadas por la Reforma Agraria, particularmentelas Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS). Aquello que re-sultó sorprendente fue que las acciones para destruir las SAIS con-taron con un amplio consenso y, en muchos casos, con la partici-pación activa de las comunidades campesinas de la zona.

La sierra central, el departamento de Puno, la sierra de La Li-bertad y el sur de Cajamarca habían sido escenarios de un impor-tante desarrollo ganadero empresarial desde comienzos del sigloXX. Las relaciones entre las haciendas ganaderas —islas de de-sarrollo tecnológico, de mejoramiento de ganados y pastos, conrelativamente pocos trabajadores— y las comunidades campesi-nas de sus entornos —con pastizales sobrepoblados y depreda-dos— fueron conflictivas por mucho tiempo. Desde un principio,las comunidades demandaron siempre sus derechos de propie-dad sobre los pastizales de las haciendas. La Reforma Agraria,implementada desde 1969, reconoció esta antigua reivindicaciónde las comunidades; pero no fragmentó las grandes empresas ga-naderas ni devolvió las tierras que las comunidades reclamaban.Por el contrario, unificó varias haciendas en gigantescas empre-sas. Así fue como surgieron las SAIS, cuyos beneficiarios directosfueron sus trabajadores y colonos con gran cantidad de tierras,como una forma empresarial que incorporaba a las comunidadescomo socias sin capacidad de decisión, pero con derecho a recibirparte de las utilidades.

El poder económico en manos de las empresas profundizó ladivisión social en las zonas donde se desarrollaron y, en el con-texto de la crisis económica de la segunda mitad de los años se-tenta, del desmontaje de los sistemas de control y movilización crea-dos y mantenidos durante el gobierno del general Velasco, empe-zaron a generar situaciones de corrupción y crisis financiera. Lossocios de las Cooperativas Agrarias de Producción de la costa yde los valles interandinos, en los años siguientes a 1980, optaronpor liquidar las empresas y repartirse la tierra en parcelas indivi-duales. Los derechos de propiedad en las SAIS, sin embargo, eranmás complejos: los beneficiarios directos, si bien cuestionaban a

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sus dirigentes corruptos o ineficientes, no podían ni deseaban eli-minar las empresas por el asedio de las comunidades. Éstas de-mandaban sus antiguas tierras, pues ni siquiera recibían utilida-des. La situación de conflicto sin solución estaba planteada.

En Santiago de Chuco, Huamanchuco, Cajabamba y San Mar-cos, en el Norte, el avance de la Reforma Agraria había sido lento yconflictivo. Sin embargo, después de un período entre 1972 y 1978en el que las empresas habían funcionado relativamente bien, aun-que repartiendo pocas (o ninguna) utilidades a las comunidadescampesinas socias, prácticamente todas entraron en crisis finan-ciera y organizativa. Los dirigentes y funcionarios eran acusadosde corruptos y de enriquecerse a costa del trabajo de los socios, aquienes mantenían impagos durante meses, mientras los présta-mos obtenidos no eran invertidos y endeudaban al colectivo. Eneste contexto de descontento de los beneficiarios y de las comuni-dades, la propuesta del PCP-SL de destruir las SAIS, asesinar diri-gentes, y repartir el ganado y los bienes tuvo amplia aceptación

En las zonas altas de Junín, la situación de conflicto fue seme-jante. En la zona de Canipaco (Chongos Alto, Chicche, Yanacan-cha) se encontraban los complejos ganaderos de las SAIS más gran-des y más tecnificadas del país. Las diferentes unidades de pro-ducción de lo que se constituyó como la SAIS Cahuide habían mo-dernizado la actividad ganadera con la introducción de pastosmejorados y aclimatando nuevas razas de ovinos y vacunos, ade-más del cruce de camélidos. Con ello, se incrementó la producciónde leche y sus derivados, así como de carne y lana de alta calidad.La prosperidad de las empresas, sin embargo, había dejado detraducirse en el bienestar de sus beneficiarios y comunidades so-cias. Hacia 1987, cuando el PCP-SL empezó sus actividades en lazona, el descontento era grande y la cúpula de dirigentes habíasido acusada de corrupta y de vender tierras a precios irrisorios.En este contexto de poca legitimidad de la dirigencia de las SAISy de cuestionamiento al manejo de las tierras, las comunidadessocias levantaron nuevamente el conflicto por linderos, desconten-tos por la solución de la Reforma Agraria a su reivindicación detierras. Con un discurso de orden y justicia y el ajusticiamiento de

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dirigentes corruptos y otros antisociales, el PCP-SL ganó adeptosrápidamente.

Fue semejante la situación en la cuenca del Cunas, tambiénen Junín, frente a las unidades de producción de las SAIS Cahuide,Heroínas Toledo y Túpac Amaru, aunque las acciones subversi-vas fueron en esta zona incluso más violentas. Las SAIS fueronobjeto del sistemático ataque por parte de los miembros del PCP-SL. Muchos dirigentes y técnicos fueron asesinados, los locales in-cendiados y el ganado, a diferencia de lo que sucedía en el Norte,no fue repartido sino sacrificado.

En el norte del departamento de Puno, particularmente en lasprovincias de Azángaro y Melgar, el conflicto armado interno sedesarrolló alrededor del mismo problema sobre el control de tie-rras en las áreas ganaderas; pero en un contexto diferente: el delas movilizaciones campesinas por su reestructuración. Allí, sinembargo, el escenario social era más complejo; una organizacióncampesina como la Federación Departamental de Campesinos dePuno, los partidos de la izquierda legal y las organizaciones deapoyo al campesinado de la Iglesia Católica fueron otros tantosactores locales con los que se enfrentaron las fuerzas subversivas,además de la acción de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

En diciembre de 1985 se produjo una primera toma de tierrascuando cerca de 4 mil campesinos recuperaron 10 mil hectáreasde una empresa de propiedad social en Melgar. El recientementeelecto presidente Alan García Pérez emitió dos decretos supremosen febrero de 1986 para la reestructuración y el redimensionamien-to de las empresas asociativas de Puno. Una comisión nombradaen Lima debía negociar el proceso con los directivos de las empre-sas. Un año más tarde, ante la ineficiencia de la comisión, la Fede-ración Departamental de Campesinos de Puno convocó a sus ba-ses de todo el departamento a recuperar las tierras; 172 comuni-dades recuperaron 360 mil hectáreas. El PCP-SL, que había inten-tado desde 1980 asentarse en las comunidades campesinas del surdel departamento en la zona aymara con muy poco éxito, encon-tró en este conflicto entre el gobierno y los directivos de las empre-sas, por un lado, y las comunidades campesinas, por otro, un nuevo

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espacio fácil de conquistar. Bajo la consigna «la tierra se defiendecon armas», inició una serie de atentados y arrasamientos contralas empresas asociativas —en algunos casos, con la participaciónde campesinos repartiendo el ganado entre los comuneros— e in-vitó a dirigentes de la Federación Campesina, vinculados a la iz-quierda, a integrarse a sus filas. Si bien no tuvo éxito en este in-tento de captar a las organizaciones campesinas, la situación deconflicto, la represión de las fuerzas del orden de la movilizacióncampesina y de la propia izquierda enfrentada al PCP-SL crearonun ambiente en el que la subversión logró conquistar bases de apo-yo. En 1989, el departamento se convirtió en otro de los escenariosde violencia, aunque de menor intensidad que en la sierra central.

Un caso particular de conflicto en torno a la Reforma Agrariafue el de Andahuaylas en el departamento de Apurímac. Allí lacuestión de tierras estaba resuelta desde 1980, al inicio del con-flicto armado interno. Sin embargo, la solución —la tierra de lasantiguas haciendas en manos de los campesinos— había sido frutode un fuerte conflicto entre las comunidades y el Estado. Por razo-nes burocráticas, de pequeñas influencias y poca resonancia polí-tica, el proceso de la Reforma Agraria había sido extremadamentelento. Aún en 1974, luego de cinco años de promulgada la ley dela Reforma Agraria y en un entorno de creciente descontento, loshacendados seguían en posesión de las tierras. En 1974, la Fede-ración Provincial de Campesinos de Andahuaylas llamó a sus ba-ses a aplicar directamente la Reforma, tomando las tierras y sa-cando a los hacendados. El resultado fue que 68 de las 118 ha-ciendas de la provincia fueron simultáneamente tomadas por mi-les de campesinos. El intento de reprimir la movilización fracasóy se abrió un largo y conflictivo proceso en el cual las autoridadesresponsables de realizar la Reforma Agraria intentaban aplicarcompulsivamente el modelo asociativo, en tanto que los campesi-nos presionaban por una alternativa entre parcelaria y comunal.En 1978 —tras nuevas movilizaciones, conflictos y dirigentes en-carcelados—, se entregaron las tierras. Esta situación propició quelos dirigentes de la Federación y de las tomas de tierras, como Ju-lio César Mezich y Lino Quintanilla, con el respaldo de una lucha

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exitosa, se radicalizaran e ingresaran al PCP-SL a inicios de 1980y fueran los impulsores de su desarrollo en la zona.

La extrema pobreza rural. Privatización del poder y conflictosinternos al mundo comunal

Pero el sector de la sociedad rural más importante en el conflictoarmado —donde el PCP-SL inició su expansión, conquistó con-ciencias y adhesiones, controló amplios espacios, logró importan-tes bases de apoyo y creó numerosos Comités Populares, llevó ade-lante de manera más completa su estrategia de nuevo poder y don-de se cometieron los casos más cruentos de ataque a poblacionesciviles, tanto por parte del PCP-SL como de las Fuerzas Armadas—fue el de los márgenes sociales del país. Estos sectores eran consi-derados irrelevantes para la economía nacional y los planes dedesarrollo, y el Estado no estuvo presente en ellos para garantizarel acceso a la infraestructura y a los servicios públicos básicos. Asi-mismo, tampoco cumplió el papel de salvaguarda de la tranquili-dad, la seguridad y la propiedad de las personas, el que estuvosiempre delegado en grupos locales. Éstos eran, además, contex-tos rurales muy pobres con mayoría de población quechuahablantey analfabeta, por lo cual nunca habían estado integrados a travésdel voto en los procesos electorales. Eran zonas mal comunicadascon los mercados, inmersas en sus propios problemas, desesta-bilizadas por antiguos conflictos de linderos o por el acceso dife-renciado a tierras y sometidas a situaciones de abuso de poder odel ejercicio ilegítimo del poder.

Fue el espacio de lo que se llamó la mancha india: la sierra sur-central (Ayacucho, Apurímac, Huancavelica) y las provincias al-tas del Cusco. La sierra rural de Pasco y algunas zonas de Juníncomo la cuenca del Tulumayo compartieron estas características,así como la violencia que se desarrolló durante el conflicto arma-do interno.

En estos espacios de pobreza rural, si bien la población cam-pesina estaba organizada en comunidades (con numerosos pro-blemas internos), las únicas expectativas de progreso fueron indi-

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viduales: la emigración y el acceso a la educación. Los maestros olos hijos que estudiaban en las capitales provinciales, respalda-dos por el prestigio que esto trae consigo, fueron prácticamente elúnico vínculo con el progreso. Si bien cada localidad vivió unahistoria propia, los maestros de las escuelas y la visita de jóvenesuniversitarios fueron el inicio de la presencia del PCP-SL en laslocalidades. Con mayor o menor intensidad, esta presencia fuelegitimándose a partir de un discurso político de igualdad y rup-tura de la marginación y de la puesta en práctica de un orden ex-tremadamente autoritario que eliminó, rápidamente, para satisfac-ción de la población, las conductas antisociales, los robos y el abi-geato. En estas sociedades, con una gran violencia interna y envi-dia por el acceso diferenciado a los recursos, el asesinato y el re-parto de los bienes y ganado de los ricos (comuneros con mayoresrecursos y normalmente con más poder) y de los medianos hacen-dados que todavía existían contribuyeron a la adhesión de mu-chos campesinos a una propuesta política que era simple. Propo-nía una sociedad igualitaria, en la cual debía imperar una justiciavertical firme y debía estar conducida por personas letradas.

Pero estas sociedades no habían estado ausentes de los proce-sos de cambio del país desde mediados del siglo XX. En Ayacucho,particularmente en las zonas del río Pampas (provincias de VíctorFajardo, Cangallo, Huancasancos y Vilcashuamán) y en las pro-vincias del norte (Huanta, Huamanga, La Mar), un régimen de ha-ciendas había sido el predominante hasta mediados del siglo XX,tanto en la organización del acceso y distribución de recursos comoen el montaje de una estructura de poder, autoridad y justicia. Enla mayoría de los casos, sin embargo, estas haciendas, muy pocorentables en una economía que se modernizaba, estaban en deca-dencia. En los años sesenta, en el contexto de mayor movilidad ymigración temporal de los campesinos, muchas haciendas fueroncompradas por las comunidades del entorno o por sus feudatarios,constituidos luego de la compra en nuevas comunidades. EnVilcashuamán, muchas comunidades tienen este origen. En VíctorFajardo, la única hacienda que existía al momento de la ReformaAgraria estaba desde hacía tiempo en manos de los campesinos.

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Así, desde mediados del siglo XX, se había producido un procesode ampliación de los recursos de las familias comuneras por ad-quisición de pedazos de haciendas en decadencia. Esta amplia-ción, sin embargo, había sido conflictiva entre las comunidades ydesigual en su interior, dependiendo del mayor o menor acceso arecursos monetarios y a diversas relaciones de cercanía con el an-tiguo hacendado. El viejo poder del hacendado, con su consiguien-te control de los cargos de autoridad y de justicia, fue precaria-mente sustituido por estos nuevos campesinos acomodados.

Como antes con los hacendados, cuyo poder personal no fuesustituido por un aparato burocrático moderno, salvo en el cortoperíodo entre 1970 y 1975 en que el Estado construyó el SistemaNacional de Movilización Social (SINAMOS) —una red de fun-cionarios que llegaba a todos los pueblos del país—, el poder es-tatal estaba en manos de agentes locales, muchas veces utilizadopara sus propios fines.

Sobre los conflictos de esta nueva desigualdad (probablemen-te irrelevante para un observador externo para el que una personarica se ubicaría tanto como una pobre en el quintil inferior de ladistribución de ingresos) en el acceso a los recursos y en su vincu-lación con mecanismos locales de poder, se insertó y se enraizó laprédica y la práctica del PCP-SL. La débil presencia del Estadorepresentada en los dispersos puestos policiales —insuficientespara combatir los robos y el abigeato— y los cargos de autoridad—jueces de paz, tenientes gobernadores— fueron rápidamente eli-minados por la subversión con hostigamiento, amenazas y asesi-natos. En el vacío de poder fácilmente generado, se instauró el«nuevo poder».

En muchos lugares se repitió este esquema: en Pasco, desdelos primeros años; en el Tulumayo, más tarde; en las provinciasaltas de Cusco y Apurímac. Así pues, el circuito educativo comopromoción y diferenciación social, el abuso de poder local y el abi-geato como legitimación abrieron estos espacios a la subversiónen la segunda mitad de la década del ochenta.

Diversas situaciones de conflicto y descontento fueron la puertade entrada del PCP-SL. Casos de antiguos conflictos entre anexos

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y capitales de distrito, que monopolizaban el poder local y eransedes de pobladores con más recursos, suscitaron ataques y asesi-natos (juicios populares) que tuvieron la adhesión de los más po-bres (los anexos). Algunos casos resaltan como contraste. En lazona del río Pampas, Huancasancos era el área de pastos natura-les más ricos y desarrollo ganadero más importante, y tenía unaconexión con los mercados de la costa. La poca aceptación de loscomuneros del discurso y la práctica del «nuevo poder» llevó aun conflicto más bien generacional de enorme violencia: el de jó-venes con mayor educación, pero aún sin acceso a recursos,radicalizados por la prédica del PCP-SL, contra los adultos (suspadres) reaccionarios.

Cuando este mundo de igualdad y justicia se convirtió en unterritorio de guerra y se produjeron contradicciones (que serán ana-lizadas más adelante) por el «nuevo poder», estas «zonas rojas»,sedes de bases de apoyo y Comités Populares, paulatinamente, con-forme la estrategia contrasubversiva iba haciendo efecto, pasaronde la represión generalizada a la búsqueda del apoyo de la pobla-ción local; así se fueron constituyendo los comités de autodefensaque terminaron por eliminar, en alianza con las fuerzas del orden,la presencia del PCP-SL en el campo andino y lo obligaron a des-plazarse hacia las ciudades y hacia la selva.

Los períodos de la violencia en las regiones

La información recogida por la Comisión de la Verdad y la Re-conciliación revela que los espacios que se fueron involucrandoen el conflicto, así como las estrategias, cambiaron a lo largo delos veinte años de violencia. El presente acápite analiza la expre-sión territorial del conflicto en los cinco períodos identificadoscomo etapas del proceso nacional de violencia.

Las acciones iniciales (1980-1982)

El 17 de mayo de 1980, día de las elecciones nacionales, el PCP-SL inició su «lucha armada» atacando el registro electoral del po-

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blado de Chuschi en Cangallo. Unas semanas antes, con bande-ras y trajes que evocaban el Ejército Rojo chino, los militantes delPCP-SL habían anunciado, en la Universidad Nacional San Cris-tóbal de Huamanga, que salían al campo a iniciar una guerra quedestruiría al Estado y crearía una nueva sociedad.

Entre 1980 y 1982, el PCP-SL desarrolló una sistemática ac-ción de penetración en las áreas rurales de las provincias deCangallo y Víctor Fajardo en la zona central de Ayacucho (la cuen-ca del río Pampas), y en Huanta, La Mar y Huamanga en el nortedel departamento. Estuvo ampliamente presente en las provinciasde Cerro de Pasco y Daniel A. Carrión en Pasco; también en Huan-cavelica, Angaraes, Acobamba y Tayacaja. Se registró su presenciaen el corredor formado por las provincias de Santiago de Chuco yHuamachuco en La Libertad y Cajabamba, y en San Marcos, Caja-marca. En todas estas zonas, mediante la acción militante de maes-tros rurales o por la prédica de jóvenes universitarios que las visi-taban, se inició un trabajo de adoctrinamiento de la población ru-ral. En él, se enfatizó el anuncio de una nueva sociedad justa ysin exclusiones, la prédica contra el «viejo estado» que debe serdestruido y contra los terratenientes y gamonales, personificados,según el caso, en empresas asociativas o, a falta de otro sector, enlos campesinos más acomodados. En todas estas zonas se cons-truyeron primero bases de apoyo a la columna del PCP-SL princi-pal que se movilizaba por una zona amplia y, luego, Comités Po-pulares, núcleos de un «nuevo estado».

En la sierra norte, en Santiago de Chuco, las acciones se ini-ciaron en Angasmarca, con la presencia de un líder nacional delPCP-SL, Osmán Morote. En su primera incursión en 1981, el PCP-SL, además de destruir las instalaciones de la SAIS Angasmarca,saqueó, repartió los bienes y asesinó a un policía En esta mismazona, posteriormente, fue emboscado un convoy del Ejército cau-sando la muerte de cuatro soldados. Desde Angasmarca, el PCP-SL amplió su radio de acción a todo Santiago de Chuco y logróasentarse en todas las zonas ganaderas. En ellas, la estrategia dedestruir las cooperativas y SAIS fue produciendo el apoyo de lapoblación y, también, el asesinato de directivos.

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Gráfico 2

PERÚ 1980-2000: PORCENTAJE DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA

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Región Sur Central

Región Nor Oriental

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Sur AndinoLima Metrop.

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Región Sur Central Región Nor Oriental Región Central Sur Andino Lima Metropolitana Otros

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Región Sur Central

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Región Sur Central Región Nor Oriental Región Central Sur Andino Lima Metropolitana Otros

En las ciudades de Huamanga, Huancayo, Huancavelica, Ce-rro de Pasco y Lima, se iniciaron las acciones de alta visibilidad.Atentados diversos —como ataques a locales municipales y otrosestablecimientos públicos, estallido de petardos de dinamita, etc.—anunciaron la presencia del PCP-SL e impactaron rápidamente enla prensa. Semejante efecto tuvieron los atentados reiterados con-tra torres de transmisión de energía eléctrica que dejaron a oscuraslas ciudades alimentadas por la central hidroeléctrica del Mantaro.En los barrios populares de Lima, los apagones provocados se com-binaron con la silenciosa aparición de enormes fogatas con el sím-bolo de la hoz y el martillo en las faldas de los cerros.

Menos visibles, pero de valor estratégico para la preparación deuna guerra, serán los ataques reiterados a asientos mineros para pro-veerse de explosivos y a puestos policiales con la doble finalidad deapertrecharse de armas y dejar el campo sin presencia policial.

Esta acción de propaganda y preparación sólo empezó a co-brar vidas al final de 1980. En diciembre de 1980 fueron asesina-das tres personas en un asalto masivo, conducido por el PCP-SLcontra la hacienda Ayzarca, pequeña hacienda de 48 hectáreas,

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prácticamente la única de la provincia de Vilcashuamán. La pri-mera víctima en la ciudad de Huamanga —un pequeño comercian-te— se registró en septiembre de 1981. Las cifras de víctimas hu-manas aumentarán considerablemente en 1982.

Diversos acontecimientos masivos, organizados por esta agru-pación, se registraron en este período. Se hizo evidente de esta ma-nera la temprana aceptación de su discurso y su facilidad de mo-vimiento. Quizá el más notable acontecimiento fue el multitu-dinario entierro de Edith Lagos en la ciudad de Huamanga en sep-tiembre de 1982; ella había huido durante el asalto al penal deHuamanga en marzo y había muerto en un enfrentamiento con lapolicía en Andahuaylas. La masiva asistencia de huamanguinosal desfile del féretro por la ciudad y la misa en la catedral fueronuna muestra de la pérdida creciente de legitimidad del Estado yde las fuerzas del orden. En este período, las victorias morales enla ciudad estuvieron del lado del PCP-SL.

La presencia inicial de esta agrupación en las comunidadesrurales durante el año 1980 no tuvo inicialmente problemas. Losprofesores que organizaron reuniones de adoctrinamiento y visi-tas de jóvenes, algunos de ellos hijos de la comunidad o de la zonaque estudiaban en la universidad, con un discurso radical y graninfluencia entre los estudiantes secundarios, fustigaron al Estadoy a las autoridades abusivas. Los testimonios describen a estosmiembros iniciales del PCP-SL como personas cordiales y dispues-tas a escuchar los problemas locales (acaso tratando de resaltar elcontraste con el mal trato que siempre han sufrido de parte de agen-tes urbanos y policías). En Pasco, se sabía de una relación de res-peto y consideración hacia las opiniones, incluso de las autorida-des locales.

Poco a poco, durante 1981, empezó la presión por la renunciade las autoridades locales (jueces de paz, tenientes gobernadores,presidentes de comunidad), quienes debían dar paso al «nuevopoder», más joven y sin vínculos con el «viejo estado». Para esemomento, aún no había muertes; las adhesiones y el entusiasmoeran crecientes. La violencia se expresaba en el hostigamiento apuestos policiales que poco a poco se fueron retirando. En las pro-

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vincias del norte de Ayacucho, fueron atacados los puestos deLuricocha, Quinua y Tambo; en las del centro, los de Vischongos,Mollebamba y Totos. Se evidenció que, tras los ataques a puestospoliciales, la fuerza principal tenía bases de apoyo adonde reple-garse. En octubre de 1981 se decretó por primera vez el estado deemergencia en cinco de las siete provincias de Ayacucho y se en-cargó a los Sinchis la lucha contrasubversiva.

Hasta ese momento, la respuesta policial había sido de retirodel campo y de represión en las ciudades. En ellas, muchas de lasdetenciones fueron vistas como arbitrarias y abusivas. La policíano buscaba legitimar su acción ante la población y más bien gene-raba descontento. Acusaciones de robo y abuso contra la pobla-ción con la excusa de buscar a los subversivos ayudaron a aumen-tar el desprestigio de las fuerzas policiales. En 1981, el alcalde deHuamanga llegó a solicitar que se decrete la ley seca para los po-licías ante los diversos escándalos por embriaguez. Mientras el des-prestigio crecía, las columnas del PCP-SL, con apariciones fuga-ces en las que derribaban torres y dinamitaban locales de autori-dades poco respetadas, ganaron una imagen de limpieza, orden yhasta de valentía. El ataque a la cárcel de Huamanga en marzo de1982, donde el PCP-SL logró la liberación de más 200 detenidos(entre sus militantes y los presos comunes), reforzó esa imagen;en tanto que la venganza de la Guardia Republicana, al ejecutar atres subversivos que se hallaban en el hospital, colaboró con el des-prestigio de las fuerzas del orden.

Pero a fines de 1981, y sobre todo en 1982, la situación en elcampo empezó a cambiar. El PCP-SL incrementó su presión sobrela población y se iniciaron los asesinatos de las autoridades loca-les que se mantuvieron en sus cargos. Las opiniones discrepantes,tanto como las conductas consideradas antisociales, empezaronigualmente a ser sancionadas con la muerte. Los comuneros conmayores recursos fueron también objeto de violencia y muerte.

En las provincias del centro de Ayacucho, en marzo de 1982,fueron asesinados el teniente alcalde de Lucanamarca y elsubprefecto de Vilcashuamán. Entre junio y noviembre, fueron ase-sinados el gobernador de Concepción, Vilcas, las autoridades y un

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comerciante de Huaylla, un grupo de mineros en Canarias (acusa-dos de soplones), el gobernador de Cayara, un poblador en Llusita,un grupo de campesinos en Chuschi (acusados de abigeos), oncepobladores en Buena Vista y un profesor en Pomacocha por negar-se a leer una proclama. Igualmente, el gobernador de Alcamenca,una profesora en Huancaylla, un campesino en Taca y empleadosde correos de Huancapi, Fajardo, fueron acusados de soplones y,luego, ajusticiados. Un campesino acomodado fue asesinado enLucanamarca y sus 600 ovejas fueron repartidas entre los comune-ros. Durante el primer juicio popular en Huancasancos, el 19 denoviembre de 1982, toda la comunidad reunida escuchó los cargoscontra un comunero —considerado abusivo, explotador y mujerie-go— y asistió a la ejecución de la sentencia: un disparo en la sien.La imagen se repitió por todas partes.

En Huanta, el presidente de la comunidad de Uchuraccay ytres comuneros, así como el presidente y el teniente gobernador deHuaychao, fueron asesinados por ser representantes del poder.Ello provocó la reacción de las comunidades que habían sido ba-ses de apoyo. Doce pobladores en Pumahuasi, Santillana, tambiéncayeron asesinados.

En Pasco, igualmente, asesinatos a tenientes gobernadores, al-caldes y presidentes de comunidades, crearon un vacío de autori-dad en el área rural de Pasco y Daniel A. Carrión. Semejante fuela situación de Churcampa, Tayacaja y Huancavelica.

Las tomas de pueblos, ataques a las ferias semanales y juiciospopulares fueron frecuentes y produjeron un clima de adhesiónen unos y de terror entre quienes discreparon. Acusaciones mu-tuas de soplón para resolver rencillas entre familias se multiplica-ron a la llegada de una columna. Diversos asaltos masivos (cien-tos de campesinos) a diferentes formas de concentración de recur-sos privados, comunales y estatales suscitaron la adhesión de mu-chos, pero también el descontento. Este malestar se produjo enHuancasancos cuando el PCP-SL convocó a las comunidades ve-cinas a repartirse el ganado (numeroso y de calidad) de su granjacomunal de Caracha; lo mismo ocurrió en Lucanamarca.

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En agosto de 1982, el PCP-SL organizó el ataque masivo al fun-do Allpachaca de la UNSCH:

[...] por lo menos 300 a 400 campesinos [...] que destruyen lainfraestructura, matan el ganado destruyen los tractores, por-que la tecnología no era una cosa que estaba en sus esquemas yrepresentaba a la burguesía, además de ello se justifican dicien-do que el queso y el vino que se maceraba en este fundo bene-ficiaban a un pequeño grupo y no al campesinado entonces re-parten los quesos y la carne a los a campesinos que habían ido.(Ponencias del taller Universidad y conflicto armado interno)

La tienda comunal de Lucanamarca fue asaltada y los produc-tos repartidos a colas de comuneros. Otra tienda comunal, esta vezen Ñuñungallo, Huancavelica, también fue asaltada y días des-pués destruidos los almacenes de la SAIS Huancavelica. En Pasco,fue asaltada la Cooperativa Racracancha; los pastizales de la SAISRamón Castilla fueron incendiados; la maquinaria, tractores,caterpilar y equipos de Santo Tomás de Pata en Angaraes fuerondestruidos también. Cinco campesinos detenidos por los Sinchistras este asalto, tras días de tortura, fueron dejados en libertad antela falta de evidencias.

Angaraes fue una de las provincias que ya en 1982 fue decla-rada en estado de emergencia. En uno de sus distritos no pudorealizarse las elecciones municipales de noviembre 1980. Al igualque su vecina provincia de Acobamba, entre 1980 y 1982, se regis-tró una intensa actividad de propaganda, así como también visi-tas a pueblos y anexos, asaltos a locales comerciales y reparto devíveres y amenazas a las autoridades. En Acobamba, el PCP-SL sehizo fuerte particularmente en los distritos de Marcas y EspírituSanto, zonas prácticamente «liberadas», donde, nuevamente, jó-venes y maestros fueron los agentes de influencia.

Mucho más al Sur, en Azángaro, Puno, el PCP-SL inició muytempranamente su presencia. Un atentado dinamitero en la fron-teriza ciudad de Desaguadero en octubre de 1980 fue una de lasprimeras acciones armadas. En 1981, su presencia se registró enla zona sur del departamento, en Juli, donde unos cuarenta sub-

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versivos saquearon el Instituto de Educación Rural (IER), muy cercade la ciudad, y poco después cargas de dinamita estallaron en lapuerta de la Prelatura de Juli. Al Norte, en la provincia de Melgar,el PCP-SL organizó en 1982 el asalto a la ERPS Oxani de la SAISSollocota. Poco antes del asalto a la SAIS, habían atacado los pues-tos policiales de Orurillo y Umachiri en Melgar. Poco después delasalto, la policía detuvo a cinco subversivos gracias a la colabora-ción del gobernador de Tiramaza. Dos semanas después, fue ase-sinado el gobernador de Tiramaza, pero las acciones de violenciano llegaron a tener, sino algunos años después, la intensidad deotras zonas del país.

En la selva también se inició la actividad subversiva, aunquesin cobrar vidas en este período. Diversos testimonios refirieron,en relación con el despliegue de la presencia territorial en pobla-dos de la margen izquierda del río Huallaga,20 que, desde 1982,grupos de avanzada del PCP-SL estuvieron recorriendo la zona,convocando a los pobladores a reuniones donde pregonaban lanecesidad de realizar acciones armadas contra el Estado para de-fender el cultivo de coca, cuya defensa a través de acciones lega-les como las que venían haciendo era inútil. A mediados de eseaño, ya tenían bases de apoyo; se señaló la presencia de una co-lumna de unos sesenta subversivos que, a diferencia de otras zo-nas, parecían estar todos armados. Sin embargo, algunos testimo-nios refirieron que, desde 1980 existieron vinculaciones entre elPCP-SL y grupos de grandes cocaleros ilegales e, incluso, que par-te del dinero que recaudaba la asociación de cocaleros iba desdeese año a la organización subversiva.

A lo largo de 1982, en la sierra central y sur central se intensi-ficaron los asaltos a locales públicos, a sistemas de transporte (elferrocarril central y diversos puentes), al sistema de transmisióneléctrica y, particularmente, a los puestos policiales, que termina-ron siendo abandonados. Por muerte o renuncia de las autorida-des, sin policías en los alrededores, las bases de apoyo se multi-

20 Particularmente en el distrito de Crespo y Castillo, en la provincia de LeoncioPrado, en Huánuco, una de las provincias donde se produjo el mayor númerode muertos en los años sucesivos.

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plicaron y constituyeron comités populares. El PCP-SL se convir-tió en el «nuevo estado».

Pero el período se cerró con dos tipos de acontecimientos. Elprimero se refiere al descontento de sectores crecientes de campe-sinos frente al PCP-SL debido a la autoridad que ejercían en el cam-po, al asesinato de sus autoridades comunales, al cierre de ferias,a los asaltos a bienes colectivos (granjas comunales, tiendas co-munales) y al temor a que cada vez se necesitasen menos bienespara ser considerado rico y merecedor de castigo.

El segundo, que permitirá la canalización del descontento peroconvertirá los espacios rurales de la sierra sur central en un terri-torio de guerra, fue la entrega, en diciembre de 1982, de las pro-vincias bajo estado de emergencia al comando militar.

La militarización del conflicto (enero de 1983-junio de 1986)

El período, claramente definido por el ingreso de las Fuerzas Ar-madas al conflicto, estuvo marcado por dos acontecimientos en es-pacios diferentes. El primero fue el enfrentamiento y la derrota delPCP-SL en Ayacucho, Huancavelica y Pasco, donde había organi-zado bases de apoyo y comités populares. Una gran cantidad demuertes se concentraron en estas zonas, particularmente en el nortey centro de Ayacucho, donde fueron arrasados poblados enterospor ambas fuerzas; cerca del 57% de las muertes o desaparicionesreportadas en los testimonios recogidos por la CVR en la regiónsur central para los 20 años del conflicto se concentran en este pe-ríodo. Pero, hacia el final de éste, los comités de autodefensa seorganizaron en la mayoría de zonas y el PCP-SL se replegó conun gran número de bajas.

El segundo acontecimiento fue el avance de la subversión enotras regiones fuera de su reducto inicial: el Nororiente, Lima Me-tropolitana y el Sur andino. En este período, otro actor se sumó alconflicto, el MRTA; asimismo, empezaron a intervenir también lasfuerzas paramilitares.

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La guerra, las masacres y el retroceso del PCP-SL

Éste fue el período de mayor destrucción y muerte en la sierra surcentral, que se convirtió en un territorio de guerra. Con el ingresode las Fuerzas Armadas, las ciudades se militarizaron y se hizovisible el cambio y el control de todos los espacios. En el campo, sibien la desconfianza y la distancia cultural entre militares y cam-pesinos no hicieron fáciles las relaciones, se evidenció que el PCP-SL no era la única fuerza y que la oposición a su presencia podíatener respaldo.

Se produjeron los primeros actos de rebelión contra la autori-dad del PCP-SL. A menos de un mes del ingreso de las FuerzasArmadas, los campesinos de Macabamba y Huaychao —bases deapoyo del PCP-SL en las alturas de Huanta— rompieron con lasubversión y dieron muerte a siete de sus miembros en un acto demucho impacto en la prensa nacional. Éste fue saludado por elPresidente de la República, aunque tuvo terribles consecuencias.En el contexto del temor a las represalias del PCP-SL, cinco díasdespués, la vecina comunidad de Uchuraccay asesinó a ocho pe-riodistas y a su guía, como también al mando local del PCP-SL.Como es sabido, a pesar de la enorme resonancia del acontecimien-to, que llevó a la zona a prestigiados intelectuales nacionales, loscomuneros no contaron con ninguna protección por parte de lasFuerzas Armadas y en tres asaltos sucesivos —en mayo, en julio yen diciembre de 1983— el PCP-SL asesinó alrededor de 135 comu-neros. Ésta fue la mayor masacre cometida contra un sólo puebloen todo el conflicto.

Quizá la inmediatez de esta respuesta campesina y la dificul-tad de las Fuerzas Armadas para imaginar una alianza con unsector del que desconfiaba impidieron que comunidades como lasde Uchuraccay o Huancasancos contaran con un franco respaldoa su levantamiento. Las Fuerzas Armadas comenzaron actuandoautónomamente reprimiendo fuertemente las «zonas rojas» sin re-parar en las diferencias.

En todo caso, el ingreso de las Fuerzas Armadas a las provin-cias de Ayacucho, la instalación de bases contrasubversivas y la

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oposición que pudo entonces manifestarse, aunque inicialmentesin real respaldo, llevaron al PCP-SL a cambiar su relación conlas comunidades e incrementaron, como consecuencia, la intole-rancia y la coerción. Un círculo de violencia y de muerte empezó acercar desde ambos bandos a las comunidades. Fue el peor mo-mento de la guerra en las zonas rurales de Ayacucho. El PCP-SLya no realizaba sólo asesinatos individuales en rituales de juiciopopular, sino aniquilamientos colectivos, operaciones punitivas,arrasamientos (muertes, asaltos, violaciones, incendio de vivien-das, robos, etc.). Estas operaciones también se realizaron contrapueblos y comunidades por la Marina de Guerra o el Ejército enlas zonas bajo su control. En muchos casos, unas u otras opera-ciones punitivas fueron apoyadas (por los comités populares, enun caso, o por los comités de autodefensa, en el otro) por comuni-dades tradicionalmente enfrentadas con la que iba a ser castiga-da; con ello, resolvía viejos conflictos. Ambos buscaron apoyarseen unas comunidades para atacar a las otras; nadie ahorró vidas.En la región sur central, en un solo año, 1984, se produjo el 30%de las muertes de los veinte años de conflicto recogidas en los tes-timonios por la CVR.

La tabla 1 de la siguiente página, realizada sobre testimoniostomados por la CVR, explica el entorno de violencia en las áreasrurales entre 1983 y 1985.

Las comunidades fueron asediadas por ambos combatientesbuscando terrucos o mesnadas. Para identificarlos sin dudas y evi-tar el disimulo de los comuneros, unos se disfrazaron de los otros.Al inicio, las comunidades optaron por acoger al PCP-SL; pero, enese momento, quedaron literalmente atrapados entre dos fuegos.

En ese contexto de violencia creciente, se generaron dos res-puestas. Una fue el desplazamiento. Decenas de lugares mostra-ron una situación similar a la del pueblo de Acocro, capital deldistrito del mismo nombre en la provincia de Huamanga. Antesdel comienzo de la violencia, era un pueblo con cerca de 3 milhabitantes, una feria semanal y dos buenas escuelas. Tras estosconflictos, era una comunidad casi abandonada de menos de 300habitantes.

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Tabla 1

Comunidades atacadas por el PCP-SL* Comunidades atacadas por las fuerzas del orden

—1983—Enero

• Vilcanchos: el asesinato de 12 personas (Z2)

Febrero• Sacsamarca: el asesinato de comuneros (Z2)

Abril• Lucanamarca: el asesinato de67 comuneros (Z2)• Juquisa, Ocros: la muerte de • Totos: la detención de varios pobladores y el18 campesinos (Z2) asesinato de algunos de ellos (Z2)• Llusita: el asesinato colectivo (Z2)

Mayo• Huaychao: el asesinato de • El arrasamiento de Matara (Accocro)cuatro comuneros (Z1) Quemaron casas, asesinaron, torturaron y• Huantaccasa: el asesinato de desaparecieron a aproximadamentesiete personas (Z1) 25 personas (Z1)• La primera incursión y asesinato de • La detención y desaparición en el cuartelcomuneros en Uchuraccay de Canaria de 17 pobladores de Hualla

Junio• Accocro: la masacre de 14 personas en (Z1)• La segunda incursión y el asesinato decomuneros en Uchuraccay

Julio• Sachabamba: la muerte de veinte • Iribamba: el asesinato de 19 pobladores (Z1)comuneros (Z1)

Agosto• Huaychao: el asesinato de cincocomuneros (Z1)• La Estancia de Yaquia-Lucanamarca:ocho muertos y dos heridos (Z2)• Ñuñunhuayco: el arrasamiento y la masacrede 13 pobladores (Z2)

Septiembre• Bellavista: diez comuneros asesinados (Z1) • San Pedro de Pampay:Asesinato de cinco autoridades comunales 13 campesinos asesinados (Z1)en Cayramayo (Z1)

Noviembre• Socos: la muerte de 32 personas (Z1)• Accomarca: el asesinato de 11 personas (Z2)

Diciembre• La tercera incursión y el asesinato decomuneros en Uchuraccay (Z1)

* La referencia espacial es la siguiente: Z1: provincias de Cangallo, Vilcashuamán, Huancasancos

y Víctor Fajardo; Z2: provincias de Huamanga, Huanta y La Mar.

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Comunidades atacadas por el PCP-SL Comunidades atacadas por las fuerzas del orden

—1984—Enero

• Mayocc, Ocros: la muerte de15 campesinos (Z2)

Febrero• Huancasancos: asesinato colectivo; • La incursión y el asesinato en Carhuac; lamurieron 14 personas (Z2) Marina llegó al lugar a enfrentar al PCP-SL pero

asesinaron a seis pobladores y saquearon sus casas. Los subversivos escaparon (Z1).• La desaparición de 17 pobladores deViscachayocc, Pampa Cangallo (Z2).

Abril• Huarapite: El asesinato de 32 pobladores (Z1)

Junio• La detención, la tortura y la desapariciónde pobladores de Ticllas; ocho desaparecidosy dos liberados (Z1)

Julio• Incapampa (San José de Ticllas):el asesinato de diez personas (Z1)• Pacucro (Huamanguilla): • Huarcayocc: La detención y desaparición demás de cuarenta personas asesinadas (Z1) diez personas (Z2)• Ccanis: cuarenta personas asesinadas (Z1)• Hualla: el asesinato de 12 personas en (Z2)• San Martín de Tiopampa: ocho muertos (Z2)

Agosto• Pampacancha: el asesinato de • Seis jóvenes de la iglesia evangélicamás de 48 pobladores (Z1) presbiteriana asesinados en el pago de Callqui• Hualla: la muerte de más de (Huanta) (Z1)65 personas (Z2) • Se descubrieron 49 cadáveres de detenidos

por la base de la Marina de Huanta, enterradosen fosas en Pucayacu, Huancavelica (Z1)

Octubre• Huayllay: desaparecieron a cuatro y asesina-ron a seis campesinos (Z1).• Callqui: el secuestro y la desaparición de 22comuneros (Z1)

Noviembre• Hualla: 12 personas asesinadas(Z2)

Diciembre• La detención, las torturas y la desaparición decomuneros de Hualla: nueve víctimas (Z2)

—1985—Agosto

• Accomarca, en Vilcashuaman: el asesinato de69 campesinos (Z2)• Umaro: el asesinato de 59 campesinos (Z2)

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La segunda respuesta, por parte de los que quedaron, fue aban-donar esa ubicación intermedia y volver a optar, pero esta vez cons-tituyendo, de manera coordinada y no anárquica como al iniciodel período, comités de autodefensa y sujetándose a las órdenesde las Fuerzas Armadas. Frente a esto, al PCP-SL no le quedó másque batirse en retirada, pero lo hizo en medio de una violenciadesmedida.

En las provincias del centro de Ayacucho (Cangallo, Vil-cashuamán, Huancasancos y Víctor Fajardo) los actos de violen-cia disminuyeron drásticamente desde 1985 y, en prácticamenteto-da la zona y por diferentes vías, desapareció la presencia sub-versiva: por acción de los comités de autodefensa en Huancasancoso Víctor Fajardo y por la directa acción militar en Cangallo yVilcashuamán.

Gráfico 3

AYACUCHO 1980-2000: MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN

AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

0

1750

3500

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

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También en las provincias del norte de Ayacucho (Huamanga,Huanta, La Mar) los actos de violencia se atenuaron a partir de1985. No obstante, la situación de relativo conflicto se mantuvo—probablemente alimentada por la violencia urbana y por lapersistente presencia del PCP-SL en la selva del valle del ríoApurímac—.

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La zona del valle del río Apurímac, la vertiente oriental y labajada hacia la selva del departamento, sufrió en este período unasituación especial. Allí las incursiones de la Marina fueron vio-lentas, incluso contra la Federación de Campesinos del Valle delrío Apurímac cuyo secretario general, Julio Orozco Huamaní, fueasesinado en agosto de 1983 en la hacienda Lusiana, base de laMarina. La Federación, que había sido un actor importante y ha-bía conducido significativas reivindicaciones agrarias, fue desar-ticulada y sólo quedaron en la zona las fuerzas combatientes dis-putándose el apoyo del campesinado. Como en las otras provin-cias con gran incidencia de la violencia, en Ayacucho, el ingresode las Fuerzas Armadas provocó inicialmente la reacción del PCP-SL que se tradujo en un incremento de la intolerancia y de la vio-lencia con el asesinato de los presuntos soplones. El 15 de diciem-bre de 1983, una de sus columnas ingresó a la comunidad de San-ta Carmen, en Chungui, y asesinó a nueve personas. Luego, en elanexo de Marco, ejecutó a un campesino acusándolo de gamonaly repartiendo sus bienes. En el distrito de Chungui, el PCP-SL ase-sinó a por lo menos un gamonal (campesinos con más posiciónque el promedio) en cada uno de los anexos y comunidades.

En esta situación, un amplio sector de campesinos pasó deci-dida y entusiastamente a formar comités de autodefensa, que con-taron con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En el primer semestrede 1984, acciones combinadas de fuerzas del orden y ronderos rea-lizaron asesinatos masivos en la margen derecha del río Apurímac.El poblado de Lucmahuayco fue arrasado por constituir, según losronderos de Inkawasi, un poblado del PCP-SL y quedó en aban-dono total hasta el retorno en el año 2000 de algunos sobrevivien-tes. En el mismo distrito de Chungui, casi no hubo comunidad oanexo que no sufriera alguna incursión combinada de militares ycomités de autodefensa, con las secuelas de robos, ejecuciones yquema de casas.

Pero a diferencia de las zonas de sierra del departamento, elsector de campesinos que mantuvo su apoyo al PCP-SL tuvo en laselva una opción de repliegue. Su columna en la zona organizóuna estrategia de enrolamiento masivo, particularmente en la zona

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denominada Oreja de Perro, y se retiró hacia la selva. Las retira-das consistían en desalojar los centros poblados y refugiarse en elmonte, en zonas de difícil acceso. En otras palabras, el PCP-SL tras-ladó sus bases de apoyo (la masa) para evitar su arrasamiento; unhecho semejante sucederá, más adelante, con las comunidadesasháninkas en Satipo.

Aún en la región sur central, las provincias de Angaraes yAcobamba, en Huancavelica, vivieron también con intensidad laguerra. Durante 1983, el PCP-SL continuó con la estrategia de va-ciamiento del campo: asesinato de autoridades que no habían re-nunciado y hostigamiento a los puestos policiales. En diciembrede ese año, sin embargo, fuerzas del orden enfrentaron más direc-tamente las columnas del PCP-SL y no a poblaciones de apoyo.En Acobamba, cerca de cien presuntos subversivos murieron endiciembre de 1983 en este tipo de enfrentamientos.

Acosado, el PCP-SL repitió la misma estrategia con el fin deamedrentar a las poblaciones asesinando a quienes eran sospe-chosos de ser soplones, aunque no se registró el arrasamiento decomunidades. Con menos violencia que en Ayacucho, la historiase repitió: la oposición que generó el contexto de violencia creadopor la subversión se canalizó cuando empezaron a desplegarselas Fuerzas Armadas y a instalarse bases contrasubversivas conel fin de crear comités de autodefensa, cuya oposición al PCP-SLse vio intensificada por los actos punitivos de esa organización yterminaron expulsándola de la zona.

Recuperar el control de las provincias de Huancavelica, másbien vinculadas a la región central (Huancavelica, Tayacaja, Chur-campa), tuvo particular importancia para las fuerzas del orden,tanto por la presencia de asientos mineros como por la central hi-droeléctrica. A pesar del fuerte control de las fuerzas del orden enla ciudad, todavía el PCP-SL realizó acciones en 1983 (voladurade una torre de alta tensión, estallido de petardos, etc.) de muchavisibilidad. Un temprano enfrentamiento, en marzo de 1983, deuna patrulla del Ejército con una columna subversiva en un para-je del distrito de Vilca tuvo como saldo 24 muertos del PCP-SL.Esto contuvo temporalmente las maniobras subversivas en la zona.

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En junio, sin embargo, tras pasar por otros pueblos, reaparecieronen el pueblo de Vilca —base principal de sus operaciones—con-vocando a la población a plegarse a la lucha armada. En diciem-bre, en el mismo pueblo, fueron congregados cientos de comune-ros de distritos de Vilca, Manta y Acobambilla, para atacar comomasa los fundos Tucle, Laive y Antapongo, unidades de produc-ción de la SAIS Cahuide en Chongos Alto (Huancayo).

Las acciones del PCP-SL se intensificaron en diferentes zonasde Huancavelica en su intento de impedir las elecciones munici-pales de noviembre de 1983. En la propia ciudad de Huancavelica,durante la víspera de las elecciones, militantes del PCP-SL deto-naron diez cargas explosivas en diferentes barrios y produjeronun clima de terror. Las elecciones no pudieron realizarse en losdistritos de Manta, Vilca, Acobambilla, Pilchaca y Occoro, preci-samente la zona de mayor movimiento subversivo.

El Ejército por su parte instaló bases contrasubversivas, y prac-ticó desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de pobladores sos-pechosos de apoyar a los subversivos. Entre ellos, Hilario AyuqueZúñiga, secretario general de la Confederación Intersectorial deTrabajadores Estatales (CITE) e integrante de la Comisión de De-rechos Humanos de Huancavelica. En marzo de 1984, ante la lle-gada de 18 camiones del Ejército para instalar bases contrasub-versivas en Vilca, Coricocha y Manta, la población de la zona huyópor temor a las represalias; entre disparos indiscriminados delEjército, murieron tres pobladores en Ccollpa y seis en Manta.

Se multiplicaron también los asesinatos del PCP-SL por la sos-pecha de colaborar con las fuerzas del orden o suscitar la organi-zación de comités de autodefensa; en diversos centros pobladosde los distritos de Yauli y Acobambilla sucedieron numerosas eje-cuciones de este tipo.

A lo largo de 1984, el Ejército promovió la formación de ron-das contrasubversivas; en algunos casos, la propuesta coincidiócon la voluntad de la población de hacer frente a las columnasdel PCP-SL; en otros, sin embargo, no fue posible por la enraizadainfluencia del trabajo político previo del PCP-SL.

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En el paraje de Llanaslla, muy cerca de la comunidad de San-ta Bárbara, en el distrito de Huachocolpa, el enfrentamiento de unapatrulla militar con una columna del PCP-SL dejó 45 subversivosmuertos —entre ellos, mandos locales del PCP-SL—. Tras este tipode enfrentamientos y la acción combinada del Ejército y las ron-das campesinas, entre fines de 1984 e inicios de 1985, las fuerzassubversivas se replegaron desplazándose, principalmente, hacialas punas de Junín.

En las provincias de Tayacaja, la presencia militar fue tambiénmuy importante desde 1983, especialmente por la necesidad de res-guardar las instalaciones de la central hidroeléctrica del Mantaro,en Quichuas y en Cobriza. En Churcampa, el Ejército instaló tam-bién en 1983 una base contrasubversiva en la localidad de Milpo,en la zona alta del distrito de Paucarbamba. Las desaparicionesde personas sospechosas de integrar las filas del PCP-SL se suce-dieron una tras otra en estas zonas. Sin embargo, a pesar del con-trol militar y de las violaciones de los derechos humanos, no sepudo controlar la situación y las torres de transmisión de energíasiguieron siendo derribadas.

Como en otras zonas, sin embargo, y en la medida en que sepudo superar el temor a las represalias del PCP-SL, los poblado-res pudieron constituir rondas y detener militantes del PCP-SL enlas comunidades y entregarlos, luego, a las bases contrasubver-sivas. En la mayoría de casos, estas personas fueron ejecutadasextrajudicialmente o desaparecidas.

En muchas ocasiones, las rondas lograron enfrentar con éxitolos intentos del PCP-SL de ingresar a sus pueblos para ejecutar alos colaboradores de las fuerzas del orden. En el anexo de Maray-pata, en Churcampa, los pobladores se enfrentaron el 27 de diciem-bre con un grupo del PCP-SL que pretendía castigarlos por haberformado rondas campesinas; murieron varios subversivos que fue-ron enterrados en un lugar cercano. En Locroja, igualmente, undestacamento subversivo de aproximadamente veinte personas,que portaban diversas armas, ingresó una vez más a la comuni-dad de Maraypata; pero sus vecinos de Paccay acudieron de in-mediato y una lluvia de piedras mató a cuatro subversivos, mien-

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tras los demás fueron detenidos y entregados a los militares de labase de Churcampa.

También en la región central, en Pasco, particularmente en laprovincia de Daniel A. Carrión, donde el PCP-SL contaba con nu-merosas bases de apoyo, el proceso fue semejante y provocó el rá-pido repliegue de las columnas subversivas hacia la selva. En 1983,la zona no fue aún declarada en estado de emergencia y el PCP-SL continuó con la estrategia del control del campo asesinandoautoridades locales y propietarios de tierras. La presencia inicialdel PCP-SL en el distrito de Yanahuanca, sobre todo en la zonadenominada de los Chinches, se propagó a casi todos los distritosdurante este período.

En mayo de 1983, un contingente de 200 militantes del PCP-SL ingresó al distrito de Páucar, arengó a la población y amenazóa las autoridades. Un mes después, en un nuevo asalto al pueblo,fueron asesinadas las autoridades y el director del colegio por nohaber renunciado. Luego, cuatro autoridades más fueron asesina-das en el vecino caserío de San Juan de Yacán. Los testimoniosmencionaron la participación de niños y adolescentes en el con-tingente del PCP-SL que desfilaban con cintas rojas y daban vivasal «presidente Gonzalo». El distrito quedó en manos del PCP-SL,cuya fuerza principal estaba encabezada por Óscar RamírezDurán, conocido como Feliciano.

En el distrito de Yanahuanca, el 24 de junio de 1983, un grupode treinta subversivos asesinó a Alcira Benavides Albeo acusadade gamonal, luego de un juicio popular en Madrid, en el anexo deHuarautambo; su hacienda fue saqueada y los enseres y animalesse repartieron entre los pobladores. Sin víctimas mortales, el ata-que a la cooperativa Huarautambo terminó también con el repartode bienes y ganado. En agosto de 1984, en diversos poblados delmismo distrito, fueron asesinadas las autoridades. En Astobamba,militantes del PCP-SL asesinaron al teniente gobernador y enHuarautambo al agente municipal, su hermano y su esposa; lostres cuerpos fueron dejados en la plaza del pueblo. La acción pro-vocó el rechazo de la población y los habitantes de las dos locali-dades alertaron a una patrulla del Ejército que incursionaba en la

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zona. Semanas después, la columna subversiva regresó y, tras in-crepar a los pobladores, detuvieron a diez de ellos que fueron ata-dos a postes en la plaza para fusilarlos; a diferencia de otros ca-sos, las súplicas de los familiares les salvaron la vida.

Pobladores de otras zonas intentaron reunirse también paracontrarrestar el ingreso del PCP-SL. En septiembre de 1984, fue-ron asesinados los tres pobladores que proponían generar meca-nismos de vigilancia en Chinche Tingo.

Recién en julio de 1984, la provincia de Daniel Alcides Carriónse declaró en emergencia y pasó a control militar. Poco a poco, elEjército restableció el orden y repuso a las autoridades a travésdel establecimiento de bases contrasubversivas. Ello provocó, sinmayores enfrentamientos, el repliegue del PCP-SL.

De todas estas zonas, muchas de ellas «rojas» o «liberadas»,donde el PCP-SL inició sus acciones y controló sus poblados en-tre fines de 1984 e inicios de 1985, la organización subversiva ter-minó retirándose y sufriendo fuertes bajas.

Los espacios de expansión y los nuevos actores de la violencia

Un espacio de expansión fue la sierra central. La provincia dePasco y la provincia de Ambo en Huánuco surgieron como exten-sión (o repliegue) de la acción del PCP-SL en Daniel AlcidesCarrión. En Pasco, en 1985, se produjeron incursiones del PCP-SL(asesinatos, saqueos, incendios) en más de una oportunidad en laempresa minera Vinchos en Pallanchacra. Se reportaron incursio-nes también en el distrito de Huarica, con acceso a la carretera Cen-tral, y en el de Ticlayán, en el límite con Ambo, donde varios cen-tros poblados se constituyeron como bases de apoyo en 1985 y 1986;en ellas, se organizaron también escuelas y se arengó al pueblopara atraerlo a sus filas. Éstas fueron acciones de implantacióninicial, de recorrido de zona, de establecimiento de redes.

Cerca de Pasco, en las provincias serranas del norte de Lima(Cajatambo y Oyón) y del sur de Ancash (Bolognesi, Ocros), la pre-sencia más soterrada del PCP-SL buscando adhesiones, empezó aconvertirse en acción abierta y despliegue de estrategia de vacia-

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miento de espacios y constitución de bases de apoyo en 1985 a tra-vés de una columna subversiva muy móvil. Ese año se registró enCajatambo el primer asesinato de una autoridad, el teniente alcal-de de Gorgor. Entre 1985 y 1986, la columna armada subversivaejecutó en diversos poblados de Bolognesi a profesores, campesi-nos y autoridades sospechosos de tener contactos con las fuerzasdel orden. En toda la zona, amenazas a autoridades y acciones desabotaje a locales públicos se intensificaron en el contexto de la cam-paña electoral de 1986 con el objetivo de amedrentar a los candi-datos; igualmente, buscaron abrir camino al trabajo organizativode formación de comités populares. En ese contexto, muchos diri-gentes antiguos y jóvenes que no quisieron involucrarse en las ac-tividades subversivas iniciaron el éxodo de la zona.

Otro espacio de expansión en el período es el valle del Mantaro,tanto por la realización de acciones de sabotaje como por la pene-tración en la Universidad. El 20 de enero de 1983, se produjo laprimera aparición pública de militantes armados del PCP-SL: cua-tro militantes irrumpieron en el comedor universitario, arengarona los comensales, distribuyeron un documento sobre el avance dela guerra en el país y pidieron colaboración económica. Las irrup-ciones de ese tipo fueron frecuentes en los años sucesivos en elcampus universitario.

El espacio municipal y de partidos políticos fue también obje-to de atentados. Saúl Muñoz Menacho, alcalde de IU en Huancayo,fue asesinado el 16 de julio de 1984. En marzo y abril de 1985, seprodujeron atentados dinamiteros a los locales partidarios de Ac-ción Popular, del Partido Popular Cristiano, del PAP y de Izquier-da Unida, y al del Registro Electoral Provincial. Las acciones si-guieron aumentado durante todo el período.

A la creciente presencia del PCP-SL, se agregó en el valle delMantaro la acción del MRTA, que anunció el inicio de su laborsubversiva en octubre de 1984 con acciones de agitación y propa-ganda armada en las ciudades de Jauja, Concepción y Huancayo.

Aun en Junín, pero en la zona de selva, empezó la expansión.Si bien los testimonios de asháninkas del río Ene indicaron que serecibieron noticias de la presencia del PCP-SL desde 1982, fue en

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1984 cuando se comenzó un trabajo sistemático de penetración ycaptación de líderes de comunidades nativas y de jefes de clanesfamiliares. Un testimonio refirió que al comienzo era así y que ibande casa en casa. En octubre de 1984 se produjo un atentado: elincendio de la misión franciscana de Cutivireni (río Tambo), deuna granja y de las viviendas aledañas. En 1985, las noticias deque el PCP-SL mató proxenetas y otros delincuentes le generó sim-patía en las comunidades nativas; el ofrecimiento de «el viejo po-der vamos a desaparecer, nuevo poder vamos a aparecer» entu-siasmó a los pobladores de las comunidades nativas.

En la cuenca del Huallaga, en la selva, empezó también du-rante estos años la espiral de violencia que de manera ininterrum-pida se extendió hasta la segunda mitad de los años 90 con unsaldo de varios miles de muertos. Las acciones violentas se inicia-ron en 1983 con la muerte de un trabajador del Ministerio de Agri-cultura y de un estudiante de secundaria acusados de apoyar a lapolicía. A finales de ese año, se registró el ataque del PCP-SL allocal del proyecto de Reducción y Erradicación de la Coca en elAlto Huallaga (CORAH); al año siguiente, un nuevo ataque aCORAH, en Monzón, dejó 19 trabajadores muertos. Poco después,en un ataque a la cooperativa Pucate del distrito de José Crespo yCastillo, el PCP-SL asesinó al presidente de la cooperativa y a seisdirigentes y socios. En 1984, igualmente el PCP-SL tomó dos vecesla ciudad de Aucayacu atacando el puesto policial con un saldode veinte muertos. Entre uno y otro asalto, fue asesinado el alcal-de de Tingo María, Tito Jaime Fernández, el 19 de abril. El 20 deseptiembre fue asesinado el alcalde de Pumahuasi, de las filas delPAP. Otras tres cooperativas fueron atacadas en 1984 en el distri-to de Crespo y Castillo. El PCP-SL incursionó en la ciudad deTocache y atacó la estación experimental de Tulumayo, el puestode la Guardia Civil en Santa Lucía y las instalaciones de la em-presa Palma del Espino, en Uchiza. En ese contexto, se decretó elestado de emergencia en el departamento de Huánuco primero y,luego, en San Martín.

En el valle del Monzón, donde la presencia del PCP-SL se re-gistró desde 1984, su actuación se tornó especialmente violenta con

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la aparición de sectores discrepantes con el predominio del parti-do. El primero de enero de 1986 un grupo de sesenta subversivosincursionó en el caserío Agua Blanca, donde se había organizadoun comité de autodefensa bajo el liderazgo del campesino AndrésCornelio Castañeda. En un juicio popular, fue asesinado junto aotras 15 personas; tras ser torturado y brutalmente asesinado, elcuerpo fue decapitado a la vista del pueblo. La propia ciudad deMonzón fue tomada por el PCP-SL en febrero de 1986, se realizóuna asamblea, se arengó a la población y se destruyeron los ense-res y documentos de la Municipalidad, conducida desde enton-ces sólo por sus trabajadores.

En la zona rural durante 1985 el PCP-SL amedrentó y asesinóautoridades. Los jóvenes se entusiasmaron con el discurso y la vio-lencia subversiva, con lo que crecieron las bases de apoyo. A pe-sar de ello, el estado de emergencia se suspendió. Ciertas accionescomo el asesinato de diez homosexuales y prostitutas en Aucayacuo la emboscada a una patrulla de la Unidad Móvil de PatrullajeRural (UMOPAR) donde fallecieron siete policías y el fiscal deLeoncio Prado, acrecieron su prestigio entre los campesinoscocaleros. El hostigamiento a las fuerzas del orden permitió unamayor libertad a la economía ilegal de la coca; en 1986, por ejem-plo, salieron hasta cinco y seis vuelos diarios con coca del aero-puerto de Tocache.

Ese año, el PCP-SL estuvo desarrollando «comités de poderpopular paralelo» (CPPP) en pueblos mayores con la finalidad demantener una red de información, asesinar a los «malos elemen-tos» y cobrar los cupos y colaboraciones. El dinero del narcotráficocirculó hacia el PCP-SL, que comenzó a dominar la región.

En Puno, la inicial presencia del PCP-SL empezó a desarro-llarse vinculada a la lucha por la tierra de las comunidades cam-pesinas contra las empresas asociativas en las provincias gana-deras del norte del departamento. Ésta se desencadenó en diciem-bre de 1985.

Aquí, sin embargo, el PCP-SL no actuó en el vacío. Las organi-zaciones campesinas, organismos de promoción de la Iglesia Ca-tólica y la Izquierda Unida venían desde antes apoyando las rei-

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vindicaciones campesinas. Según los dirigentes del PCP-SL, en eldepartamento era necesario «arrancar a las masas de la influen-cia política del revisionismo», lo que define una situación de con-flicto político por la conducción del movimiento campesino. Enoposición a las acciones de lucha y negociación por la reestructu-ración de empresas asociativas que impulsan las demás organi-zaciones, el PCP-SL buscó radicalizar el movimiento y, en 1986,inició una serie de ataques y el arrasamiento sistemático de lasprincipales empresas asociativas. Al incendio de las instalaciones,prosiguió el saqueo y el robo de ganado. En ocasiones, la acciónfue realizada sólo por sus militantes; en otras, participaron secto-res importantes de las comunidades. Junto con ello, se produjeronatentados a locales públicos, toma de pueblos con asalto a localescomerciales, saqueos y repartos de víveres, así como ajusticiamien-to de autoridades, aunque aún el número de víctimas era reduci-do en comparación con los años siguientes.

Las provincias cusqueñas vivieron también el inicio de las ac-ciones de hostigamiento a puestos policiales por el PCP-SL. El 25de enero de 1985 ocurrió en San Sebastián, en las cercanías de laciudad del Cusco, el primer asalto a un puesto policial donde mu-rieron dos policías. En febrero, un sargento de la Guardia Repu-blicana murió asesinado en Chiaraje, en las zonas altas de Canas,en tanto que en abril fue atacado el puesto policial de Urcos. En lamisma ciudad del Cusco, en el barrio de Zarzuela, tres encapucha-dos atacaron el pequeño puesto policial y mataron a un miembrode la Guardia Civil. Era evidente la presencia de la organizaciónsubversiva en el departamento.

Despliegue nacional (julio de 1986-marzo de 1989)

Fue un período de creciente control de las fuerzas contrasub-versivas en las áreas rurales de la región sur central del país, don-de la intensidad de la violencia disminuyó considerablemente. Porel contrario, se desplegó el conflicto en la región central, en elnororiente y en el sur andino, y los asentamientos humanos deLima devinieron objeto de una intensa labor proselitista por parte

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de las organizaciones alzadas en armas. Tanto en Lima como enla sierra central, éste fue uno de los períodos más duros para elmovimiento sindical.

En la sierra sur central, el paulatino control de las Fuerzas Ar-madas se debió tanto al establecimiento de bases contrasubversivascomo a la consolidación de los comités de autodefensa, que termi-naron por constituirse bajo la intensa presión militar, incluso enzonas que habían sido reacias como las provincias de Vilcas-huamán y Cangallo.

En contraste con el alto índice de violencia contra la pobla-ción civil del período anterior, los casos de ataque a las poblacio-nes por las fuerzas en conflicto fueron menos frecuentes. Pero noestuvieron ausentes del todo.

El 14 de septiembre de 1987, el PCP-SL incursionó en Putaqasa,parte del distrito de Sacsamarca, donde asesinó a nueve comune-ros e incendió viviendas. El 10 de febrero de 1989, el PCP-SL vol-vió a incursionar en Putaqasa y asesinó a dos comuneros. Pero elcaso más notorio de ataque a un poblado civil en la región, suce-dió en la comunidad de Cayara en Víctor Fajardo. En represaliapor la emboscada de una columna del PCP-SL a un convoy delEjército en las inmediaciones de la comunidad el 13 de mayo de1988, una patrulla de las fuerzas del orden incursionó en Cayara,reunió a la población y dio muerte a 28 campesinos a sangre fría.

Sin embargo, estos casos no son frecuentes como en el períodoanterior; más bien, ambos bandos optaron por asesinatos selectivos.Así, en manos de la Marina de Guerra, murió violentamente, porejemplo, Hugo Bustíos Saavedra en Huanta (noviembre de 1988);en manos del PCP-SL, el alcalde provincial de Huanta en diciem-bre de 1987 y un sacerdote en plena misa en Huamanga. Por otrolado, la ciudad de Huamanga empezó a sentir la presencia de gru-pos paramilitares en marzo de 1988, cuando estalló un artefacto ex-plosivo en la Universidad, aunque fue más adelante cuando los do-centes y los trabajadores se convirtieron en sus víctimas.

En la selva de Ayacucho, en el valle del río Apurímac, las reti-radas del PCP-SL no estuvieron exentas de violencia por la pre-sión de los subversivos por enrolar a la masa que requería para

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enfrentar el permanente asedio de los comités de autodefensa. Enel poblado de Pichiwilca, por ejemplo, base del comité de autode-fensa del valle, donde el PCP-SL atacó en abril de 1988 apoyadopor un numeroso contingente de campesinos de la fuerza local,los pobladores lograron alertar a los ronderos de Anchiway quefueron en su apoyo, así como a una patrulla del Ejército. Una lar-ga batalla logró repeler el ataque; según los testimonios, 12 sub-versivos resultaron muertos.

Menos fortuna tuvieron los pobladores de San Gerardo, enSivia, en junio del mismo año, cuando el PCP-SL asesinó a 17 per-sonas; o, en febrero de 1989, los de Canayre en Llochegua, dondeun numeroso grupo de subversivos, llegados por el río desde elEne, según los testimonios, atacaron el poblado y asesinaron a 37personas. Poco después, las rondas de Llochegua enfrentaron a lacolumna subversiva.

De forma creciente, las rondas contrasubversivas lograron con-trolar el valle del río Apurímac. En este período, y en esta zona, seprodujeron las primeras entregas de armas a los ronderos; el pro-pio presidente Alan García asistió a una entrega de 100 armas alos ronderos de Rinconada.

En las provincias de Huancavelica, que se ubicaban en el áreasur central, la relativa pacificación lograda con la instalación debases contrasubversivas en el área rural se interrumpió, sobre todoen Angaraes, cuando una de las principales bases, la de Santo To-más de Pata, es retirada. En junio y octubre de 1988, una columnadel PCP-SL atacó los pueblos de Cuticsa y Puyhuán y asesinó a11 y 15 campesinos respectivamente. En 1989, enfrentamientos delPCP-SL con campesinos organizados de las comunidades de Chu-paca y de Santo Tomás de Paca dejaron saldos de treinta y veinti-cinco comuneros muertos. Ese año, en un tercer intento por resta-blecer el orden, se volvió a encargar al comando político-militar laadministración de la provincia. Pero la guerra ya no tenía comoescenario principal la región sur central, sino que habían sidoinvolucrados otros espacios.

La región central (Junín y Huancavelica) es uno de ellos. Doszonas de Junín ingresaron en este período a una situación de gue-

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rra: las zonas altoandinas del Canipaco y el Cunas, y la cuencadel Tulumayo en la vertiente oriental (hacia Satipo). En ésta últi-ma, actuaron también el MRTA que, en una fugaz presencia enesta guerra, tuvo la mayor cantidad de acciones y sufrió tambiénsus principales derrotas.

Los militantes del PCP-SL llegaron a las zonas altas ganade-ras de Junín en 1987, provenientes del Vilcas en Huancavelica; enese tiempo llegó también al Tulumayo, aunque probablemente des-de Satipo. Como en otras zonas rurales andinas, los contactos ini-ciales con los pobladores fueron cordiales y se mostraron recepti-vos a sus demandas. Éstas, en las zonas ganaderas, además delabandono del Estado, los conflictos locales y el abuso de autori-dades, incluyeron sus reivindicaciones de tierras frente a las SAIS(de las más grandes del país) Cahuide, Heroínas de Toledo y Tú-pac Amaru. Nuevamente, como en otras zonas, el PCP-SL se ganóla adhesión de las comunidades con un discurso de «igualdad ynuevo Estado»; asimismo, agregó al discurso la práctica de la des-trucción de las empresas asociativas: ataque a instalaciones y mo-biliario, y degollación o reparto de ganado fino.

En la zona del Tulumayo también se hizo presente el MRTA,cuya actitud contrasta, según los comuneros, con la forma de pro-ceder del PCP-SL. Testimonios recogidos en la zona informaronsobre incursiones, a finales de 1987, de militantes del MRTA quefueron uniformados, armados con fusiles y pertrechos militares;no amenazaron a las autoridades locales sino que las instaron atrabajar por el desarrollo y, sorprendentemente, cuando menos enlos contactos iniciales, compraron (pagaron) alimentos en las tien-das del pueblo. Pero esta esporádica presencia no cambió la estra-tegia del PCP-SL, semejante a la de otras zonas.

La estrategia inicial de destrucción del «viejo estado» por hos-tigamiento de puestos policiales y amenaza a autoridades para lo-grar su renuncia (y luego asesinato) obtuvo triunfos fáciles parael PCP-SL, que se convirtió rápidamente en el «nuevo poder» en elcampo. En enero de 1988, instaló el primer comité popular enChongos Altos (Canipaco) y nombró nuevas autoridades que muypronto empezaron a supervisar la vida de la población, a atender

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sus solicitudes de resolución de conflictos, a sancionar a los adúl-teros y a castigar a los abigeos. La situación se repitió por todaspartes. En el Alto Cunas, se sumó a la destrucción de la SAIS ylocales públicos, la de la única ONG en la zona: el PROCAD enSan Juan de Jarpa. En esta zona, el asesinato de autoridades y fun-cionarios «ricos y abusivos», entre otros, fue bastante más frecuen-te que en el Canipaco.

También en el Tulumayo se formaron a lo largo de 1988 comi-tés populares en los tres distritos. La presencia del PCP-SL en lazona parecía no dar problemas ni causar recelos. Según se expli-ca en algunos testimonios, antes, muchos de los que estaban en la«fuerza principal» andaban con pasamontañas pero, luego, ya noy tampoco tenían ningún problema en caminar con el rostro des-cubierto; porque todos —la gente de la fuerza principal y los de lafuerza local— eran compañeros y jugaban fulbito. Pero esta cotidia-nidad y equilibrio se resquebrajó aun antes de la entrada del Ejér-cito. A inicios de 1989, los retornos de la fuerza principal dejaronde ser cordiales y se volvieron cada vez más violentos y prepoten-tes; sus exigencias de alimentos más frecuentes y la imposición dedisciplina más drástica. Una situación de conflicto y la pérdidade hegemonía del PCP-SL empezaron a esbozarse.

En el valle del Mantaro, donde se encuentran las principalesciudades, y en la zona minera del departamento de Junín, el con-flicto tiene en este período una fuerte expansión, aunque su signoes diferente: no llegan a instalarse comités populares ni se tienereferencia alguna de bases de apoyo en las zonas rurales. La vio-lencia se desenvolvió más bien en las ciudades, los asientos mine-ros y el sabotaje a la red eléctrica.

La ciudad de Huancayo fue sistemáticamente objeto de aten-tados en locales públicos y de organizaciones políticas. En la Uni-versidad Nacional del Centro, el trabajo proselitista tanto del PCP-SL como del MRTA fue intenso y abiertamente se desarrollaronacciones de agitación y propaganda armada. En octubre de 1988,ocurrió el primer asesinato reivindicado por el llamado «Coman-do Rodrigo Franco» de un docente universitario. Evidentemente,la violencia iba en aumento.

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Los asentamientos humanos populares fueron también terre-no propicio para el proselitismo y la propaganda armada; en él seencontraron, y se enfrentaron, el PCP-SL y el MRTA. Los operativosde rastrillaje de fuerzas combinadas del Ejército y de la policía tam-bién se desarrollaron frecuentemente. Del mismo modo, comenzóla convocatoria a paros armados. En diciembre de 1988, la ciudady el departamento se declararon en estado de emergencia.

El año de 1988 fue igualmente un tiempo de conflictos sindi-cales mineros en torno a los cuales el PCP-SL y la policía nacionalincrementaron la violencia. Ese año, los sindicatos de la Federa-ción de Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP)realizaron una serie de movilizaciones y huelgas en demanda deuna solución al pliego nacional de reclamos de la FNTMMSP. Bus-cando captar al movimiento obrero en desarrollo, el PCP-SL asesi-nó a los dirigentes que se le oponían. El día de inicio de la huelganacional minera, el 17 de octubre, asesinó a un ex dirigente delsindicato de Morococha, Alejandro Patiño de filiación aprista (elpartido de gobierno), que había manifestado su posición contra-ria a la huelga. Al día siguiente, fue asesinado Fidencio Coronel,dirigente del sindicato de La Oroya, militante del PC-Unidad.

También los paramilitares aprovecharon la violencia para fre-nar el movimiento minero eliminando dirigentes del gremio: el 13de febrero, poco antes de la segunda huelga convocada para ini-cios de marzo, fue secuestrado y asesinado por encapuchados elpropio secretario general de la FNTMMSP, Saúl Cantoral. Gruposde encapuchados fuertemente armados asesinaron también al se-cretario general del sindicato de Morococha (5 de abril) y de Cerrode Pasco (16 de abril).

A diferencia del campo, en los espacios urbanos o campamen-tos no fue posible movilizar a la población contra la subversión,de manera que la violencia continuó incrementándose.

También en Lima Metropolitana, especialmente en la zona in-dustrial de la carretera central, una intensa actividad del PCP-SLbuscó captar el movimiento sindical. El período estuvo marcadopor el intento del PCP-SL de ganar las elecciones en los gremios através de organismos de fachada («autogenerados» en la termino-

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logía subversiva) y por su derrota en ese terreno. Desde mediadosde 1987, tras una fase de captación de militantes a través de undiscurso que restó legitimidad a las dirigencias sindicales tildadasde defender un «revisionismo conciliador», el PCP-SL desarrollóacciones más directas. Entre ellas estaban la intensificación de lapropagación de volantes y propaganda en las puertas de las fá-bricas hasta el sabotaje a las instalaciones de las fábricas (casosde Nylon, Rayón, Bata, Nissan y otras localizadas en la carreteracentral), y el asesinato de empresarios y de dirigentes, considera-dos traidores por el movimiento. Igualmente, buscó desarrollar laconfrontación del movimiento sindical con las fuerzas del orden,infiltrando las marchas de sindicatos en huelgas y realizando ac-ciones violentas. Simultáneamente, buscó crear su propia base gre-mial e intentó captar dirigencias tanto de los sindicatos como delos comandos de lucha de acciones conjuntas. El 19 de enero, elPCP-SL convocó al primer paro armado en la carretera central.Hasta abril de 1989, el PCP-SL se había infiltrado en diversos sin-dicatos (Nylon, FAM, Atlas, COPE, Tabacalera Nacional, Bata, Te-jidos La Unión y Pelikan); sin embargo, sus organizaciones de fa-chada fueron derrotadas sistemáticamente cuando compitieron enlas elecciones gremiales.

Paralelamente, la presencia del PCP-SL se hizo sentir en losasentamientos populares con un incremento de las acciones de pro-paganda (desfiles de jóvenes militantes, fogatas en los cerros, en-trega de volantes en los mercados) y la creación de grupos (círcu-los de estudios) para captar jóvenes con más éxito que en el espa-cio sindical.

El espacio central de Lima también percibió la presencia másdirecta del PCP-SL. Un primer paro armado fue convocado en todala ciudad el 2 de febrero del 1989. Esto provocó el cierre de localescomerciales. La ciudad fue atacada y empezó a sentirse cercada.En el período entre julio de 1986 y marzo de 1989, se produjeronen la ciudad de Lima 261 ataques y atentados con explosivos.

Al mismo tiempo en que se activaba la violencia en la ciudadde Lima, en las provincias de la sierra norte de Lima (Cajatambo,Oyón) y del sur de Ancash (Ocros, Bolognesi), las iniciales incur-

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siones, reconocimiento y tomas de contacto precedentes se convir-tieron en estos años en una acción directa de control de territorios yvaciamiento de poder por medio de asesinatos de autoridades loca-les y ataques a puestos policiales. Desde los inicios de 1986, el PCP-SL asesinó en Bolognesi y en Ocros a diversas personas en diferen-tes localidades acusándolas de colaborar con el Estado; poco a poco,sobre todo en 1987 y 1988, se convirtió en el gran protector de lospoblados, asesinando abigeos, ladrones y mujeriegos en sangrien-tos juicios populares: los hermanos Maza, abigeos, fueron asesina-dos en Nunumia, uno desnucado con un bozal de caballo en pre-sencia de los asambleístas y el otro víctima de múltiples puñaladasrealizadas por miembros de la columna subversiva y algunos asis-tentes a la asamblea, según relata el informe especial preparado parala zona por la CVR. La cotidianidad del trato de la columna princi-pal con la población campesina en estas provincias y su grado deaceptación era evidente, según los testimonios, porque sus integran-tes transitaban por los pueblos con el rostro descubierto. Sin embar-go, el período se cerró en la zona con el inicio, como en muchasotras, de conflictos con los comuneros, en especial con los mandoslocales cuando la fuerza principal se retiró.

Mucho más al Sur, en el altiplano puneño, se abrió otro espa-cio de guerra. En el contexto de la tensión entre las comunidadesy las empresas asociativas, la acción de destrucción de empresas,toma de pueblos, estrategias para amedrentar y el asesinato de au-toridades continuó durante todo el año de 1986. Desde inicios de1987, sin embargo, empezaron los conflictos entre el PCP-SL y lapoblación. En San Juan de Salinas, Azángaro, el 8 de abril de eseaño, Zenón Huarsaya, líder local, fundador de la Federación Cam-pesina y alcalde recién electo, fue arrastrado desde su domiciliohasta la plaza del pueblo donde el PCP-SL había reunido a la po-blación. Un testigo señaló que lo obligaron a arrodillarse ante 200personas y preguntaron a la gente si lo mataban y ésta pidió queno lo hicieran y que le dieran tiempo para renunciar. Huarsaya,sin embargo, fue asesinado. Los campesinos en los días siguien-tes apoyaron a la policía en la búsqueda de la columna que, pocodespués, fue encontrada y diezmada.

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Tras casi un año de calma en la zona, el PCP-SL reapareció conun ataque feroz al puesto policial de Crucero, en la provincia deSandia, el 5 de mayo de 1988. Ahí, asesinaron a seis miembros delas fuerzas del orden y al juez de paz. En la vecina SAIS Picotani,destrozaron sus instalaciones. Un mes después, en plena plaza deAzángaro, fue asesinado el sucesor de Zenón Huarsaya en la alcal-día de San Juan de Salinas, Jaime Centeno Jove. El 30 de junio, dossubversivos asesinaron al propio alcalde provincial de Puno, LuisDueñas Peralta. A pesar de los reveses sufridos, la columna subver-siva se había reconstituido en Puno desplegando una gran capaci-dad militar. San Juan de las Salinas fue objeto de otro ataque sub-versivo en enero de 1989, cuando asesinaron a siete autoridades.

Pero también empezaron a actuar en el departamento fuerzasparamilitares. Se presume que fueron ellos quienes atacaron lasinstalaciones de Radio Onda Azul en dos oportunidades, el 3 deagosto de 1986 y los días 3 y 5 de julio de 1988. Estas instalacio-nes eran propiedad del Obispado de Puno, que, al mismo tiempoque apoyaba la generación de una conciencia ciudadana contrael PCP-SL, apoyaba también la reivindicación de tierras de los cam-pesinos contra las empresas asociativas.

Del mismo modo, en el Sur andino, Apurímac padeció el des-pliegue de la organización y el control subversivo. Las primerasacciones violentas continuas del PCP-SL sucedieron entre febreroy abril de 1986 con una serie de asesinatos en diversas comunida-des de la provincia de Aymaraes. En los meses siguientes, hastajulio, los ataques y enfrentamientos se extendieron a la provinciade Antabamba. El 7 de julio de aquel año, el PCP-SL tuvo su pri-mer enfrentamiento con el Ejército en Soccos y el 11 lanzó su pri-mer ataque a un puesto policial en Chucapuente; ambos en la pro-vincia de Aymaraes. Allí, el PCP-SL luchó por el control de carre-teras y puentes, y se produjeron varios ataques a poblados y co-munidades campesinas. Los tres puentes principales de la carre-tera a Aimaraes fueron dinamitados y, durante más de un año,los pobladores quedaron obligados a transitar por oroyas. El PCP-SL trató de establecer «zonas liberadas» en las partes altas y, así,controlar el tránsito de la población. Según el estudio realizado

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por la CVR en la zona, los testigos señalaron la existencia de mi-les de simpatizantes en Aymaraes en 1988.

En Cotabambas, el límite con el Cusco, el PCP-SL avanzó cons-tituyendo comités populares. El 13 de junio, ésta fue la primera pro-vincia del Sur andino en ser declarada en estado de emergenciacon el fin de contrarrestar el control del PCP-SL. El 5 de diciembrede 1988, una columna del PCP-SL tomó el pueblo de Haquira y ase-sinó a dos pobladores y a dos cooperantes franceses y un técnicoperuano que laboraban en la ONG CICDA. Entre sus acciones depromoción, apoyaban a las rondas que la población había organi-zado para protegerse de los ladrones de ganado. El PCP-SL no per-mitió la competencia: él controló la delincuencia.

En los siguientes tres meses asolaron las provincias de Cota-bambas y Chumbivilcas (Cusco) y asesinaron tenientes goberna-dores, dirigentes campesinos y abigeos. En Tambobamba, seinició la emigración hacia Cusco y Abancay por el terror de lospobladores.

En el contexto del estado de emergencia, el Ejército instaló has-ta 13 bases contrasubversivas en 1988. No fue, sin embargo, hastael año siguiente, que logró el apoyo de la población y se organiza-ron comités de autodefensa.

En el vecino departamento del Cusco, la acción subversiva con-tinuó con el hostigamiento de los puestos policiales, pero empezótambién la estrategia de vaciar el campo de autoridades y consti-tuirse en el «nuevo poder». En junio de 1986 fueron asesinadosun regidor y un dirigente comunal en Layo (Canas). Entre febreroy junio de 1987, fueron atacados diferentes puestos policiales ycomunidades en Canas, Acomayo y Chumbivilcas; todas provin-cias altas. Allí, como en las vecinas provincias altas de Apurímac,las acciones contra la policía se complementaron con el ataque alas bandas de abigeos y el PCP-SL se erigió como la autoridad queprotegía a los campesinos. Según testigos de la zona, en 1987, yaera visible la reducción drástica del abigeato y la creciente acepta-ción (adhesión sería excesivo) de la población.

En el Valle Sagrado, el puesto policial de Písac fue atacado enmayo de 1987 y murió un policía. En agosto de ese año, la propia

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Comandancia de la Guardia Civil en el centro mismo de la ciu-dad del Cusco sufrió un ataque subversivo. En 1988, el comité re-gional del sur del PCP-SL, que integró Cusco y Puno, se consolidóbajo el liderazgo de María Pantoja Sánchez, hoy en prisión, quienimpulsó la formación de comités populares en las provincias al-tas. A fines de 1988, su acción se extendió al límite con Arequipa;en octubre de ese año, una columna subversiva se enfrentó a lapolicía en Condesuyos.

Entre tanto, las acciones de propaganda armada, las tomas delcomedor universitario y la disputa del liderazgo estudiantil se de-sarrollaron en la Universidad Nacional San Antonio Abad deCusco. Pero el gran espacio de despliegue subversivo, que cambióel carácter del conflicto y dio un nuevo aire al PCP-SL tras su cre-ciente repliegue de su zona de origen en la región sur central, fuela selva.

Una de las zonas de importante desarrollo organizativo de losalzados en armas en este período fue la selva central. Para octu-bre de 1988, cuando todo el departamento de Junín y la provinciade Oxapampa fueron declarados en estado de emergencia, habíaya organizados numerosos comités populares en el valle del ríoEne, los cuales eran dispuestos como bases de apoyo para sus in-cursiones. A pesar del estado de emergencia, la influencia subver-siva avanzó desde el río Ene hacia los distritos de Río Tambo,Pangoa y Mazamari, donde, el PCP-SL dominó los espacios, sobretodo fuera de las ciudades, y se convirtió en el nuevo poder tras elasesinato de autoridades y de delincuentes. Asimismo, estableciópuntos de control y de registro en lugares clave del tráfico fluvial;a partir de esa lógica de control territorial, el PCP-SL llegó a esta-blecerse en las inmediaciones de Puerto Ocopa, capital del distri-to de Río Tambo, punto estratégico de entrada a los tres grandesvalles: Ene, Tambo y Perené. Su presencia involucró prácticamen-te a toda la provincia de Satipo.

Si bien los inicios de su presencia en la zona se asociaron a lapoblación colona, durante este período, el PCP-SL se hizo fuerteen las comunidades nativas, donde enroló población, a vecescompulsivamente, y arrasó los poblados donde no era aceptado.

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Paralelamente, se desarrolló también la presencia del MRTAen dos zonas de la selva central: en Oxapampa y en La Merced.En la primera, una columna inicialmente con pocos militantes(unos diez), bien armados y uniformados como fue característicode esa organización, se instaló en la margen izquierda del ríoPalcazu a mediados de 1988, cerca de Ciudad Constitución. Des-de allí, incursionó en lo poblados de Puerto Bermúdez y Palcazucon acciones de propaganda armada y concientización, en espe-cial entre la población de colonos; cobro de cupos a ganaderos yhasta realizó secuestros. En julio de ese año atacaron el puesto po-licial de Pozuzo y asesinaron a cuatro policías. Ese mismo mes,tomaron el pueblo de Puerto Bermúdez donde reunieron a la po-blación en una asamblea. Tras estas acciones, la policía abando-nó los puestos de los diferentes pueblos y dejó el espacio libre parala actuación del MRTA, que asumió la función de seguridad. Eneste período, iniciaron también contactos con la población y loslíderes de las comunidades nativas.

La otra columna inició un trabajo de proselitismo y propagan-da más bien urbano en La Merced y Pichanaqui. A mediados de1988, logró tener un grupo importante de seguidores que actua-ron en todo el ámbito de La Merced. A fines de 1988, fueron fre-cuentes las acciones de propaganda armada a ambos lados de laCarretera Marginal entre La Merced y Satipo.

En el nororiente ambas organizaciones estuvieron también endesarrollo, aunque inicialmente con algunos reveses. La noche del21 de agosto de 1986, un destacamento del PCP-SL intentó tomarla ciudad de Uchiza, pero la población lo enfrentó obligándolo aretirarse. Un año después, con el apoyo de los narcotraficantes,los subversivos lograron asumir el control, no sólo de Uchiza, sinoademás de Tocache. Esto les permitió dominar la zona, lo que seevidenció en la instalación de comités populares abiertos.

La relación con los narcotraficantes fue compleja; la alianzafuncionó en tanto el PCP-SL avanzó expulsando a la policía delos diferentes puestos durante 1987. Esto dejó abierto el espacio ala economía ilegal, pero impuso a los narcotraficantes la condi-ción de disolver sus bandas de sicarios. En un enfrentamiento con

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una de ellas —la banda de Cejitas que se oponía a la disolución—,el PCP-SL asesinó a 13 de sus 18 miembros; los cinco sobrevivien-tes se incorporaron al PCP-SL.

El 31 de mayo de 1987 un destacamento de 200 subversivosvolvió a atacar el puesto policial de Uchiza y dejó un saldo de seispolicías muertos; en marzo, habían vuelto a tomar Tocache. El 15de julio se decretó el estado de emergencia. El 17 de julio, en unimpresionante operativo, las fuerzas combinadas de la policía, elEjército y la Fuerza Aérea llegadas en helicópteros recuperaron laciudad de Tocache. Tras la instalación de las fuerzas del orden, elPCP-SL abandonó su presencia abierta en la ciudad y se concen-tró en los espacios rurales.

El puesto policial de Uchiza fue atacado otra vez el 27 de mar-zo de 1989. El caso tuvo impacto en la prensa en la medida en quedurante las horas de combate, el comandante del puesto mantuvocomunicación pidiendo ayuda (que fue difundida luego) con eldestacamento del Ejército en Tingo María. La ayuda nunca llegó ylos diez policías que no lograron huir y debieron rendirse, juntocon tres civiles, fueron sometidos a «juicio popular» y públicamenteasesinados.21

Un operativo con helicópteros artillados fue también lo quesacó al PCP-SL —con un alto saldo de muertos según el estudiorealizado en la zona del Huallaga por la CVR— de otro de lospueblos que era asiento habitual de los narcotraficantes: Paraí-so. El 15 de octubre de 1987, el ataque del Ejército se habría ori-ginado por el pedido de auxilio de un narcotraficante, Machi, ata-cado en su refugio por el PCP-SL, luego que éste rompió su alian-za por considerar excesivos los cupos que cobraba la organiza-ción subversiva.

En Naranjillo, cerca de Tingo María, el PCP-SL ganó terrenodebido a su estrategia de asesinar autoridades y establecer en lazona un comité popular. En febrero de 1987, por ejemplo, fue ase-sinado el alcalde del distrito, Eugenio Camasca de las filas del PAP.En el distrito de Hermilio Valdizán, se registraron asesinatos de

21 Véase el caso explicativo presentado en el tomo VII sobre este punto.

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pobladores, emboscadas a patrullas del Ejército que tenían su baseen el pueblo de San Isidro, atentados al batallón de ingeniería delEjército y respuestas brutales como el ataque desde helicópterosartillados a la cooperativa Jardines de Té, con lo que destruyeronsus casas e instalaciones. Otra cooperativa, Té Café, fue más bienblanco de los subversivos, cuyas exigencias de cupos terminaronllevándola a la quiebra. Semejante situación vivió Las Palmas, cuyolocal municipal fue dinamitado. En Pumahuasi, más cerca deTingo María, un candidato a alcalde fue asesinado en el pueblodurante la campaña electoral municipal de finales de 1986 y 11pobladores fueron asesinados sin que los testimonios esclarezcanquiénes fueron los perpetradores. Una de las víctimas, OswaldoRuíz de la Vega, fue espantosamente asesinada a machetazos; se-mejante muerte sufrió su esposa, en estado de gestación, luego deser violada.

El PCP-SL convocó el primer paro armado en el Alto Huallagaen junio de 1987 y obligó a la población rural a participar en elbloqueo de la carretera Marginal. Con los paros armados, el PCP-SL logró cortar las comunicaciones entre Tingo María y el restodel Alto Huallaga.

En el valle del Monzón, el aumento de la violencia continuó.En julio de 1988, fue emboscada una patrulla militar y asesina-dos 13 soldados. En represalia, fueron ejecutados veinte presun-tos subversivos.

A fines de 1986, el PCP-SL buscó expandir su control al nortede Tocache, hacia el Huallaga Central, organizando bases en lospoblados de Bambamarca, Nuevo Horizonte, Escote y Santa Rosade Mishollo, entre otros. El área, sin embargo, era también un es-pacio de expansión del MRTA que había empezado a operar en eldepartamento de San Martín. Al norte de Campanilla, en Juanjuí,el MRTA detuvo el avance del PCP-SL. Estableció una suerte dedivisión del área cocalera y el Huallaga Central y el Bajo Huallagaquedaron como zonas de control del MRTA, que, mediante un cam-bio de estrategia, buscaba tejer sus vínculos con la población so-bre la base de la defensa de los cultivos de coca y la formación derondas que defendían a los campesinos del abuso de los policías

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y de los narcotraficantes por igual. Sin embargo, en forma similarque el PCP-SL, el MRTA estableció con los narcotraficantes unaconvivencia que le permitió —a través de cupos— captar recursosfinancieros. En las zonas limítrofes, ambas estrategias competíanpor el control de los campesinos. En esa oscura zona límite, el po-der del narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, Vaticano, lo-gró que ninguna de las dos organizaciones subversivas entrara aCampanilla, su centro de operaciones.

El MRTA inició sus acciones militares públicas en 1987 con laformación del frente nororiental. La zona de control consideradaestratégica por el MRTA fue el valle del Sisa, lugar de acceso a laszonas del Alto Mayo, Mayo Medio, el valle del Huayabamba y elHuallaga Central. Allí inició el MRTA su primera campaña mili-tar de tomas e incursiones de pueblos y ciudades con el objetivode establecer un dominio territorial y de apertrecharse de armas ydinero. La primera incursión, muy breve, ocurrió el 13 de julio de1987 en el pueblo de Campanilla, centro del narcotráfico de la zona;la segunda, igualmente fugaz, fue el 30 de agosto en el pobladoPajarillo.

El 8 de octubre, en homenaje al día de la muerte del CheGuevara, el MRTA incursionó en el pueblo de Tabalosos (comohomenaje, esta vez, a los campesinos muertos en el lugar durantela huelga de 1982). El puesto policial del pueblo fue rápidamentetomado; de sus escasos y sorprendidos diez policías, ocho huye-ron y dos fueron capturados y llevados a una asamblea en la pla-za del pueblo donde, para sorpresa de la población no se desarro-lló un juicio popular ni fueron asesinados ni se realizaron saqueos;el ritual subversivo de muerte era sustituido por uno militar (iza-miento de bandera) y asamblea popular. Desde sus primeras in-cursiones, el MRTA buscó dejar claras sus diferencias con elPCP-SL como una forma de ganar la confianza y la adhesión dela población a su causa.

El 6 de noviembre de 1987, el MRTA realizó su primera incur-sión en Juanjuí, y al día siguiente ocupó San José de Sisa con ungran impacto en los medios de comunicación nacional.

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Pocos días después, una nueva conmemoración, el fallecimien-to de Luis de la Puente, marcó el día de la incursión del MRTA enSoritor. Lo sucedido en Tabalosos se repitió. La operación másgrande, sin embargo, fue la toma de Juanjui, cuyo objetivo, ade-más de desafiar políticamente a Alan García y amedrentar juecesy fiscales corruptos aliados al narcotráfico, era detener el avancedel PCP-SL. El operativo, realizado el 6 de noviembre por sesentamiembros del MRTA y que consistió en la toma de los tres puestospoliciales de la ciudad, el aeropuerto y el saqueo de un banco, lecostó la vida a un policía y permitió al MRTA apropiarse de unverdadero arsenal. Al igual que en los casos anteriores, el nuevoritual de rendición de policías capturados en la plaza, izamientode bandera y asamblea se repitió en medio del entusiasmo de unapoblación poco identificada con policías abusivos y eventualmentecorruptos. El mismo grupo tomó el pueblo de San José de Sisa el 7de noviembre sin disparar un tiro. En ese contexto, se declaró elestado de emergencia en el departamento.

Ambas organizaciones disputaron también espacios enUcayali, área de expansión de sus actividades, al mismo ritmo dela expansión de los cultivos de coca en la zona o impulsándoladirectamente. La capital de la provincia de Padre Abad, Aguaytía,fue tomada por el PCP-SL en uno de sus primeros actos en la re-gión en junio de 1987; el local municipal fue quemado con todossus enseres, al igual que los archivos del Banco Agrario y un vol-quete; quedaron afectados los locales de la Subprefectura y el Juz-gado de Paz. Al año siguiente se produjo un nuevo ataque delPCP-SL; esta vez al puesto policial. La siguiente toma fue protago-nizada por el MRTA ese mismo año; Aguaytía se volvió el espaciode una sangrienta competencia entre ambas organizaciones.

En las inmediaciones de Pucallpa, el PCP-SL ingresó con undiscurso de defensa de la hoja de coca y de limpieza de indesea-bles. El 12 de septiembre incluso informó a la prensa sobre unaoperación que se realizaría. En el sector La Hoyada, en la ciudad,apareció un grupo de subversivos conduciendo a ocho prisione-ros hombres y mujeres, entre drogadictos, prostitutas y homosexua-

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les. Luego de ser puestos en fila, tres subversivos, ante el asombrode los testigos, los ametrallaron. Un sector de los pobladores aceptócomo oportunos estos ajusticiamientos; más aún, algunas pobla-ciones llegaron a demandar la presencia de los subversivos pararealizar campañas de limpieza.

La crisis extrema (abril de 1989-septiembre de 1992)

Así como en el período que se abrió en 1983, en que se definióun primer pico en la estadística de víctimas, estuvo marcado porel ingreso de las Fuerzas Armadas al conflicto, el período en quese produjo el segundo pico comenzó con una decisión del PCP-SL. Durante el Congreso del PCP-SL, se resolvió llevar el conflic-to al punto de «equilibrio estratégico», el paso previo a la ofensi-va que lo llevaría al poder. Ahora, por decisión propia y no comoreacción a la presencia de un actor nuevo como en 1983, las co-lumnas del PCP-SL forzaron su relación con la población ruralen las zonas que habían sido de expansión, sobre todo en la re-gión central y sur andina, haciéndose más exigente, más intole-rante y más violenta. En las comunidades de la sierra, ello favo-reció —al igual que en la región sur central en 1984 y 1985— laformación de comités de autodefensa y de rondas contrasubver-sivas, ahora con un decidido apoyo del Ejército tras la decisiónpolítica del Presidente en ese sentido. El ciclo se repitió con unalto saldo de muerte (aunque menor que en 1984-1985). El PCP-SL fue expulsado.

La estrategia subversiva forzó también la violencia en la selvay movilizó sus bases urbanas hacia la realización de ataques yatentados más violentos, más frecuentes y más visibles y buscó ge-nerar la imagen de cerco y de inseguridad en las ciudades, sobretodo en Lima. Un tipo de acción recurrente en estos años, más bienesporádica en el período anterior e inusual en los primeros, fueclaramente urbana: el paro armado. Cabe resaltar que en este pe-ríodo se produjo también la primera reacción amplia de la socie-dad civil contra la violencia con la formación de Perú Vida y Paz,y la masiva marcha por la paz en la capital en noviembre de 1989.

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Paulatinamente, el conflicto abandonó los espacios rurales de lasierra para concentrarse en las ciudades y en la selva. Incluso elacontecimiento que cerró el período, la captura de Abimael Guz-mán Reinoso, se realizó en Lima, la ciudad que nunca abandonódurante todo el conflicto.

El repliegue final de la sierra rural

En las provincias centrales de Ayacucho, el PCP-SL se encontró alacecho, realizando algunas acciones de sanción a comunidadesorganizadas en comités de autodefensa. La comunidad de Putaqa-sa en Sacasamarca, arrasada en 1987, fue nuevamente atacada dosveces por el PCP-SL en septiembre de 1989 y en febrero del añosiguiente; dejó un saldo de nueve y dos comuneros asesinados,respectivamente, además del incendio de las viviendas y locales.Igualmente, en cuanto se retiraron en 1990 los puestos policialesde los distritos de Huambalpa, Carhuanca y Vischongo, inmedia-tamente las columnas subversivas organizaron incursiones en es-tos poblados. En marzo de 1991, cerca de 100 subversivos toma-ron los pueblos de Ñuñuhuayco y Patahuasi en Cangallo, y asesi-naron a ocho y a seis comuneros respectivamente.

Pero el PCP-SL perdió buena parte del apoyo de la poblaciónlocal y no fue capaz de enfrentar la capacidad de fuego de las Fuer-zas Armadas. No obstante logró realizar algunas acciones comola emboscada en el paraje de Challhuamayo el 19 de junio de 1992,cuando fue dinamitado un vehículo de la Municipalidad de Huan-casancos, donde perecieron 17 personas: el alcalde provincial, elsubprefecto, el fiscal provincial, el juez de paz y el gerente de lamicrorregión, además del conductor, un capitán EP y diez solda-dos que brindaban seguridad a las autoridades. Este fue uno delos últimos eventos de violencia, junto con el asesinato realizadopor el PCP-SL de ocho personas en la comunidad de Pallcca elmes siguiente.

En las zonas rurales del Norte (Huanta, Huamanga, La Mar),el PCP-SL intentó nuevamente recuperar espacios y las rondas pa-decieron una segunda experiencia de enfrentamientos sostenidos

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entre 1989 y 1990, años que coincidieron con pésimas cosechas,acentuando el rechazo a las columnas del PCP-SL que pretendíanobtener alimentos de los campesinos. En junio de 1989 se produjoa manos del PCP-SL el asesinato colectivo de siete personas enIsccana (Luricocha); en Mutuycocha (Iguaín) fueron asesinadosveinte pobladores el mes siguiente. En octubre, se produjo una ma-sacre en Sallalli (Vinchos): murieron diez personas y 12 más enHuayllay (Luricocha). También en Vinchos, en el pueblo de Paccha,fueron asesinadas 22 personas entre comuneros y autoridades enel mes de noviembre. En enero de 1990, se produjo una de las peo-res masacres: 48 comuneros asesinados por el PCP-SL en Acosvin-chos. Dos masacres se registraron producidas por incursiones delEjército: en mayo de 1990, arrasó la localidad de Yahuar Machay(Ayahuanco) con un saldo de 47 personas muertas; y, en enero de1991, se encontraron 18 cadáveres luego de su incursión en SanPedro de Cachi. Pero esos fueron ya los últimos arrasamientos enla región. La violencia en el norte de Ayacucho fue luego más bienurbana.

En la sierra central, en las zonas altas de Cunas y Canipaco, asícomo en el Tulumayo, se desarrolló el mismo ciclo que en Ayacuchorural en 1984: comunidades en conflicto con el control del PCP-SL,que inicialmente lo habían acogido con entusiasmo, crecientementese adhirieron a las Fuerzas Armadas. Es 1989, el año con mayornúmero de muertos o desaparecidos en la historia del conflicto. Laconvivencia lograda por el PCP-SL en las comunidades de esta zonase resquebrajó aun antes de la entrada del Ejército. A inicios de 1989,la fuerza principal del PCP-SL presionó por lograr un control abso-luto asociado al equilibrio estratégico acordado por sus dirigentes.Los juicios populares y asesinatos se incrementaron con mayoresdosis de violencia (degollaciones y apedreamientos; aparentementeera necesario ahorrar municiones). Los mandos locales tuvieron fre-cuentes conflictos con la población por la violencia o por la prohi-bición de vender en los mercados. Algunos huyeron; esto acrecentóla agresividad de la fuerza principal.

Ya en abril de 1989, el PCP-SL empezó a arrasar pueblos y aasesinar colectividades sospechosas de reunirse para buscar al-

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ternativas. El 12 de abril, ante la población reunida en la plaza deChongos Alto, asesinó a 12 personas entre autoridades, profeso-res, presidente de la comunidad y comuneros, que habían partici-pado en una reunión para organizar la oposición al PCP-SL. Apartir de entonces, entró en las opciones de los comuneros organi-zar rondas contrasubversivas y buscar el apoyo de los militaresque sólo de manera esporádica ingresaron a la zona. Luego delasesinato, una comitiva se dirigió al cuartel del Ejército en Huan-cayo para manifestar su voluntad de luchar contra el PCP-SL. Loscomuneros de la vecina comunidad de Llamapsillon constituye-ron también una ronda y pidieron el 24 de junio su reconocimien-to por el Ejército.

En la cuenca del Cunas, la misma exacerbación de la violen-cia condujo al mismo resultado. El 5 de abril de 1989, una colum-na subversiva asesinó en la plaza del pueblo de Chaquicocha aun agente municipal y a un vigilante de la unidad de producciónde la SAIS Túpac Amaru y mató 150 ovejas finas. Un mes después,volvió al pueblo y asesinó además a diez personas, entre ellas avarias autoridades. Ese mismo día, otro grupo estuvo atacando elanexo Accac Bellavista de San Juan de Jarpa; en un juicio popu-lar, asesinó a tres personas. Pero el mes de noviembre fue el mássangriento: el 4 de noviembre, en Misquipata, asesinó a la esposade un policía y en Accac Bellavista a la esposa, la suegra y la hiji-ta de tres años de otro policía. El 9 de noviembre, el PCP-SL tomóel pueblo de Quero y degolló a cinco personas, entre ellas dos mu-jeres familiares de autoridades. Dos días después, cuatro dirigen-tes del anexo San Blas en Chambará (Bajo Cunas) fueron secues-trados por el PCP-SL y ultimados a tiros fuera del pueblo. El anexoChaquicocha fue nuevamente asaltado y asesinada una persona,en tanto que en una emboscada fueron asesinadas tres de sus au-toridades. En Usibamba fueron asesinados seis comuneros; en elanexo San Blas, se asesinó al presidente de la comunidad en unjuicio popular. La ola de asesinatos y destrucción de infraestruc-tura pública y unidades de producción de las SAIS fue enorme.En la comunidad de Quero, de 210 comuneros en 1990 quedaron25: la zona se despobló por temor.

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En ese contexto, se formaron algunos comités de autodefensa.Al igual que en el Canipaco, comuneros de estas zonas considera-das rojas, visitaron el cuartel del Ejército solicitando apoyo paraformar comités de autodefensa. En enero de 1990, comuneros delanexo de Quero, Santa Rosa de Huarmitá, San Roque de Huarmitá,Chaquicocha y Usibamba se reunieron el 8 de enero de 1990 paraacordar formar un comité de autodefensa y pedir apoyo al Ejérci-to. En una segunda reunión, se incorporaron representantes de losanexos de Chala AIta y San Pedro de Sulcán.

Los iniciales intentos de organización aún no coordinada conel Ejército ni entre las comunidades en el Tulumayo fueron res-pondidos con asesinatos por el PCP-SL, como en los casos deCochas y Runatullo. En diciembre de 1989, comuneros de Talhuis,Runatullo, Torolumi, Todos los Santos, Marayniyoq y Villa Muchcase reunieron y acordaron defenderse de las incursiones subversi-vas y encargaron a un grupo pequeño de comuneros la tarea devisitar el Fuerte Cáceres, ubicado en la ciudad de Concepción, parasolicitar apoyo militar.

En todos los casos, los comuneros debieron enfrentar la des-confianza inicial del Ejército —todas eran «zonas rojas»— hastaque empezaron a recibir apoyo en sus incursiones. La relación —a juzgar por los estudios realizados en estas zonas por la CVR—no llegó a ser nunca armoniosa; fue tensa (maltratos) y costosa (co-laboraron con la alimentación). En 1991, empezaron a recibir es-copetas, a tener entrenamiento y a estar sometidos a una dura dis-ciplina militar, por momentos humillante, pero asumida, según lostestimonios, como necesaria y como castigo por su anterior adhe-sión a la subversión.

En cualquier caso, los comités de autodefensa empezaron adominar poco a poco la zona y a expulsar al PCP-SL. Para 1992,el Ejército tenía registrado 1,568 ronderos sólo en el Alto Canipacocon organización y disciplina militar. El orden social se restable-ció poco a poco y nuevamente las comunidades eligieron autori-dades propias. La guerra había terminado.

La retirada del PCP-SL de las zonas rurales de la provincia dePasco, donde se había replegado tras ser expulsado de la provin-

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cia de Daniel A. Carrión, fue también producto de la acción orga-nizada de los comuneros, muchos de los cuales anteriormente ha-bían formado parte de las bases de apoyo (masa). La desactivaciónde la principal columna subversiva comandada por el camaradaHernán (julio de 1989), responsable de muchas muertes en la zona,se produjo luego de que éste fue asesinado por una comunidad,base de apoyo, que simuló un agasajo.

Salvo en la ciudad de Cerro de Pasco (particularmente su Uni-versidad y las zonas aledañas), el PCP-SL fue expulsado de la sie-rra del departamento. En algunos puntos, sin embargo, los con-flictos finales fueron especialmente violentos por su carácter es-tratégico. Fue el caso del distrito de Tambillo, parte de un corredorque los militantes del PCP-SL tenían para movilizarse desdeCarhuamayo y Ulcumayo hacia Pasco, donde contaban con baseslocales de apoyo. En 1992, buscando asegurarse en este espacioestratégico, el PCP-SL realizó una verdadera caravana de la muer-te en la zona asesinando autoridades y pobladores opuestos a sucausa. El 2 de febrero, un contingente del PCP-SL de aproximada-mente cincuenta hombres ingresó a las estancias de Chinchiaco yMarcapata, del centro poblado de Tama, distrito de Ulcumayo, enJunín. Obligó a los pobladores de Tama a caminar hasta Tambillo,donde asesinaron al alcalde de Tama, a tres de sus familiares y atres miembros de la familia Castro. Ese mismo domingo, 2 de fe-brero, en Huallamayo, fueron asesinados Juan Córdova y tres desus hijos por promover la organización de una ronda campesina.En la noche, los militantes del PCP-SL ingresaron a Auquimarcay convocaron a los pobladores a la plaza principal, donde asesi-naron a seis autoridades de la comunidad y a dos comuneros en-cargados de obras comunales. Unos meses después, en mayo, estaacción se repitió en los distritos de Paucartambo, Huachón yUlcumayo. En Chupaca (distrito de Paucartambo), el alcalde acci-dental de centro poblado menor, había anunciado por radio su re-nuncia al cargo para evitar ser asesinado; el 13 de mayo, sin em-bargo, fue degollado, junto con otros dos comuneros. El 14 de mayofueron asaltados tres anexos de Ulcumayo (provincia y departa-mento de Junín); el 17 del mismo mes en Quiparacra, en el distrito

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de Huachón, el PCP-SL asesinó en presencia de los pobladores asiete autoridades que habían decidido enfrentar las amenazas ymantenerse en sus cargos.

Pero, con excepción de puntos específicos, en general, el árearural de Pasco tendió a pacificarse. Lo mismo sucedió en las pro-vincias del Centro de Huancavelica (Tayacaja, Churcampa yHuancavelica), cuyos espacios rurales, tras un ciclo semejante(intento de recaptura por el PCP-SL y exclusión final), termina-ron bajo el control de las rondas contrasubversivas y de las Fuer-zas Armadas.

En el Sur andino, el conflicto tuvo otro desarrollo. En lasprovincias altas del Cusco (Canas, Canchis, Chumbivilcas) yApurímac, luego de que el número de víctimas reportadas alcan-zó un pico en 1988, durante estos años empezó a disminuir; elPCP-SL tendió a replegarse, sobre todo después de la instalaciónde bases contrasubversivas en Antabamba y Haquira.

Los ataques selectivos del PCP-SL (a rondas que originalmen-te fueron formadas para combatir el abigeato, pero igualmente eranconsideradas enemigas) continuaron, así como el asesinato de au-toridades locales; simultáneamente, siguió la creación de comitéspopulares abiertos y la instalación de autoridades del «nuevo es-tado». Esta estrategia, necesaria por el vacío de autoridad produ-cido, fue su principal debilidad. El 12 de abril, y hasta el primerode mayo de 1990, una patrulla militar de la base de Antabambasalió en un recorrido de muerte por los distritos de Antabamba,Oropesa, Quiñota, Llusco y Santo Tomás (provincias de Antabambay Chumbivilcas) e incursionó en comunidades campesinas sospe-chosas de conformar bases de apoyo del PCP-SL. A lo largo delrecorrido, 13 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y ochoquedaron desaparecidas tras ser arrestadas. Otros actos de abusose cometieron también. El 24 de septiembre de 1990, un grupo depolicías ebrios, según los testimonios recogidos, detuvieron enChumbivilcas al abogado Marcelino Valencia, asesor de la LigaAgraria y defensor de las comunidades campesinas. El día 29, sucadáver fue encontrado en las afueras del pueblo junto con el deun estudiante.

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Junto con el ataque del Ejército, el PCP-SL debió enfrentar alas nacientes rondas en la zona. Si bien en el momento de la cap-tura de Abimael Guzmán en Lima aún había actividad subversi-va en la zona (en mayo de 1992, por ejemplo, todavía se registra-ban acciones como el asesinato de cuatro autoridades, el incendiodel municipio y la destrucción de dos omnibuses en San Pedro,Canchis), fue claro que se encontraba en declive.

En Puno, la actividad subversiva sí fue creciente. En el período,se produjo el 66% de las muertes de los 20 años de conflicto arma-do. La fuerza principal del PCP-SL se ubicó en el centro de la pro-vincia de Azángaro y, desde allí, se desplazó hacia Melgar, Cara-baya y Lampa. Pero, como se señaló antes, en Puno, el PCP-SL nocontroló el ámbito rural a pesar de asesinar o amedrentar autorida-des y debió competir políticamente con la Federación de Campesi-nos, los paridos de izquierda y la acción de promoción de la IglesiaCatólica. Ello le impidió sustentarse, como en otras zonas, en comi-tés populares, que no se crearon en Puno y, como apoyo, sólo contócon una red de simpatizantes que, si bien definieron un amplio te-rritorio, manifestaron la misma debilidad que la estructura central:caído el mando principal, la red desapareció.

Esta red de apoyo, sin embargo, fue suficientemente útil parasustentar una seguidilla de atentados como la que realizó el PCP-SL en mayo de 1989. El viernes 19 de mayo de 1989, un grupo delPCP-SL asesinó a Marcelino Pachari Roselló, alcalde provincialde Azángaro, quien se encontraba inspeccionando la reconstruc-ción del puente que días atrás había sido volado por un destaca-mento del PCP-SL. Dos días después, la columna del PCP-SL des-truyó en la noche del 21 de mayo las instalaciones del IER Waqrani,en las afueras de Ayaviri. El 26, en el distrito de Ñuñoa, arrasaronla Empresa Rural de Propiedad Social Alianza y asesinaron a dostécnicos. Dos días después, el Ejército ingresó a Azángaro con lafinalidad de asumir el control político-militar para hacer frente ala subversión. Al día siguiente, sin embargo, el PCP-SL tomó el dis-trito de Ayrampuni y asesinó al alcalde Daniel Curro Chambi, in-cendiando el local del colegio. Entre enero y julio de 1989, el PCP-SL causó 23 bajas en las fuerzas policiales y 14 autoridades fue-

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ron ejecutadas. Al menos veinte personas más también fueron víc-timas por robar a nombre del partido e incurrir en traición, abi-geato o deserción.

Gráfico 4

En Puno, entretanto, se activó un grupo paramilitar cuyos ob-jetivos no fueron subversivos, sino opositores al régimen de AlanGarcía: se realizaron atentados contra la Federación de Campesinos,la ONG TECIRA, Radio Onda Azul y los domicilios de ex diputa-dos de Izquierda Unida por Puno.

En enero de 1990 la columna principal del PCP-SL sufrió unrevés decisivo. Comandada por su responsable militar, Juan Car-los Olivares, la columna intentó atacar las instalaciones de la SAISSollocota. El destacamento policial destacado allí logró repelerlos;la columna se replegó, pero los policías, junto con los campesinosdel lugar, fueron en su búsqueda. Los alcanzaron y en el enfrenta-miento murieron cinco subversivos, entre ellos, su mando militar.Esta acción marcó el principio del fin, pues con la muerte deOlivares se desbarató la columna principal pero, sobre todo, la redde contactos de apoyo. A este tipo de reveses militares, se sumó laacción policial de inteligencia que colaboró a desarticular redes,deteniendo a los simpatizantes que apoyaron al PCP-SL.

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La resolución final de la lucha por las tierras en favor de lascomunidades campesinas ayudó al aislamiento del PCP-SL: 1,274comunidades de Puno recibieron cerca de dos millones de hectá-reas de pastos. Las comunidades estuvieron más ocupadas en ins-cribir en los registros públicos las tierras, que en disputas políti-cas. Paralelamente, la influencia de la Federación, una vez logra-do el objetivo de la lucha, decayó también.

A pesar de todo ello, se observó un cierto repunte en 1991, so-bre todo de comandos de aniquilamiento urbanos y, luego, nueva-mente en el campo. El 14 de mayo de 1991 fue asesinado por el PCP-SL en Juliaca, Porfirio Suni, dirigente campesino reconocido y re-presentante de IU en el gobierno de la región. El 17 de julio, fue ase-sinado el alcalde provincial de San Antonio de Putina. Al mes si-guiente, el 18 de agosto, cayó asesinado el jefe del Instituto Nacio-nal de Defensa Civil en Juliaca y el día 30 murió abaleado por elPCP-SL el periodista y dirigente de Cambio 90, Gustavo Zúñiga.

Una columna subversiva atacó el 6 de septiembre el pueblo dePucará, en la provincia de Lampa, y mató a cinco policías y que-mó la municipalidad, el local de ENTEL Perú y varias casas. Otrogrupo armado emboscó una patrulla del Ejército en la provinciade Melgar, donde murieron un oficial y cinco soldados, cuatro sub-versivos y el administrador de la mina San Rafael. En el distritode Inchupalla, en Huancané, el domingo 29 de julio de 1992 undestacamento del PCP-SL asesinó a cuatro autoridades y un niño.El 12 de septiembre, los ronderos de Asillo se enfrentaron al PCP-SL y mataron a siete de ellos. Cinco días después, el PCP-SL res-pondió atacando el puesto policial de Asillo, donde murieron dosciviles. El rechazo a los grupos subversivos fue claro. Sin embar-go, el final de la violencia debió esperar aún la captura de Guzmány la desactivación del aparato central subversivo.

La máxima violencia urbana

Las ciudades de Huancayo, Huamanga y Lima vivieron en estosaños el peor momento de la guerra. En la ciudad de Huamanga,las acciones del PCP-SL fueron intensas, especialmente entre fina-

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les de 1989 e inicios de 1990; la coyuntura de elecciones naciona-les dio especial notoriedad a sus acciones armadas urbanas. Unespacio particularmente golpeado por la violencia siguió siendo,como en el período anterior, la Universidad Nacional San Cristó-bal de Huamanga que entre 1989 y 1991 registró el mayor saldode víctimas en sus tres estamentos. En pleno curso académico, el29 de mayo fue asesinado por el PCP-SL el catedrático MarceloCapeletti, militante aprista, ex presidente de la Corporación de De-sarrollo de Ayacucho y, el 28 de enero de 1990, el trabajador nodocente Tomás Evangelista Carranza, también del PAP.

Los comandos paramilitares, por su parte, fueron responsablesde la desaparición de los hermanos estudiantes José Carlos Mansi-lla (Ingeniería de Minas) y Alexander Mansilla (Educación), hijosde un docente de la UNSCH el 26 de junio de 1990; del asesinato,el 21 de julio, de Fernando Colonio, abogado que trabajaba parala universidad, quien había realizado denuncias sobre violacio-nes de los derechos fundamentales; tres días después, el 24 de ju-lio, fue asesinado Ciro Aramburú, jefe de Bienestar Universitariode la UNSCH. También se les consideró los perpetradores de losatentados con dinamita el 28 de octubre contra los locales de laresidencia, el comedor universitario, el tópico de salud universita-rio, once unidades de transporte y los equipos de la imprenta; asícomo del asesinato, el 27 de noviembre, del abogado Hugo LunaBallón, ex asesor legal y docente de la UNSCH.

La lista de asesinatos perpetrados por paramilitares o agen-tes del orden vestidos de civil contra personas vinculadas a launiversidad fue larga también en 1991: el 19 de julio realizaronuna operación encubierta en el domicilio del docente universita-rio Francisco Solier García, asesinado junto con su esposa y suhijo con armas con silenciadores. A los dos días, aparecieron sinvida los cuerpos de Mariscote Santa Cruz y Leoncio Espinoza,ambos estudiantes de la especialidad de Obstetricia, secuestra-dos una semana antes; el 12 de octubre unos sujetos desconoci-dos asesinaron al estudiante Antonio Huacache Chávez; el 19de octubre es asesinado Camilo Fernández Flores, estudiante dela Facultad de Educación; el día 23 se produjo un atentado con-

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tra Juan Luis Pérez Coronado, profesor de la Facultad de Cien-cias Sociales; y el 21 de diciembre de 1991 fue asesinada, en lapuerta de un centro educativo, la ex alcaldesa de Huamanga,Leonor Zamora Concha, docente de la especialidad de ServicioSocial de la UNSCH.

Pero no sólo fueron asesinados universitarios. Uno de los crí-menes de mayor resonancia entre los perpetrados por el PCP-SLfue el asesinato del alcalde provincial de Huamanga, FermínAsparrent, en septiembre de 1989; el alcalde de Ocros fue asesina-do poco después. Responsabilidad de paramilitares fue el asesi-nato del periodista Luis Morales Ortega en julio de 1991.

En el período que corresponde a este acápite, la cronología deDesco registró 11 paros armados en la ciudad de Huamanga; enellos, el PCP-SL realizó otros atentados y detonó de explosivos.Normalmente, fueron acompañados de apagones provocados. Enun paro armado convocado para el 17 y 18 de agosto de 1991, elPCP-SL arrojó explosivos contra vendedores ambulantes que noacataron el paro; murieron dos. La violencia en la ciudad sólo sedetuvo con la captura de Abimael Guzmán y la ulterior firma delAcuerdo de Paz.

En la red urbana del valle del Mantaro, especialmente en laciudad de Huancayo, el período fue extremadamente violento: el83% de las muertes reportadas a la CVR en el ámbito del valle delMantaro se produjeron en estos años. Las columnas subversivasexpulsadas de las zonas altas incrementaron el contingente en lasciudades. Durante el segundo semestre de 1989, se multiplicaronlas acciones de sabotaje y propaganda armada. El 16 de junio, enel ataque al puesto policial de Huaripampa, murieron dos poli-cías y el párroco. El 7 de noviembre, fue atacado el puesto policialde La Oroya y resultaron tres policías heridos. Acciones de sabo-taje se realizaron en diversos lugares. En 1989, fueron particular-mente destructivos los ataques a instalaciones y a locomotoras dela empresa minera Centromin Perú. En el ámbito del Mantaro, seregistraron 223 acciones, sólo entre atentados con explosivos, ac-ciones de destrucción de infraestructura o instalaciones y ataquesa instituciones públicas y privadas.

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Gráfico 5

VALLE DEL MANTARO 1980-2000: MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA

CVR SEGÚN AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

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En los Asentamientos Humanos de Huancayo, hubo una in-tensa labor de propaganda y proselitismo del PCP-SL y del MRTA,aunque esta organización disminuyó su actividad luego de su de-rrota en Molinos (éste punto se analizará más adelante). En juliode 1989 un dirigente barrial y profesor universitario, Luis AguilarRomaní, fue asesinado por el PCP-SL.

La cronología de Desco sólo registró cuatro convocatorias a pa-ros armados en Huancayo, una de ellas, escalonada: el 1 y 2, parode consumidores; el 3 y 4, paro de transportistas; el 7 y 8, paroarmado general. El paro armado del 26 de julio, acatado en todala ciudad, fue especialmente violento. El PCP-SL detonó explosi-vos en un surtidor de gasolina, dos compactadores y las casas dediversas autoridades; derribó torres de alta tensión y provocó unapagón general.

Pero la Universidad Nacional del Centro siguió siendo el focode la violencia con todos sus actores. Las muertes de estudianteslas inició el PCP-SL: el 28 de abril de 1989 asesinó tres universita-rios en el mismo campus. Pero también integrantes de la comuni-dad universitaria, presuntamente vinculados al PCP-SL, empeza-

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ron a ser objeto de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales per-petradas por paramilitares; éstas sumaron algunas decenas: sóloen junio de 1991 se dio cuenta de la desaparición de 35 estudian-tes. El caso más conocido fue la detención del propio vicerrectorde la UNC, Jaime Cerrón Palomino, el 8 de junio de 1990; el 19 dejunio su cuerpo, junto con el de su chofer, fue encontrado sin viday con visibles huellas de tortura. El Ejército y la policía intervinie-ron hasta en dos oportunidades en el campus en mayo de 1989 enbusca de elementos subversivos.

En 1992, la violencia estuvo en auge. El 31 de enero de 1992murió acribillada Florentina Rivera Távara, dirigente del asenta-miento humano Juan Parra del Riego; en marzo, el PCP-SL asesi-nó a ocho personas de un colegio secundario de Huancayo; algu-nos policías fueron asesinados y hasta apareció un subversivomuerto, presuntamente por militantes del MRTA. El cartel indica-ba que había sido asesinado por un subversivo y que el MRTA noera subversivo, sino revolucionario. Aun después de la captura deGuzmán, la región central siguió siendo un espacio de violencia.

Pero, para lograr el «equilibrio estratégico», el asedio y la ge-neralización del clima de terror en Lima era crucial: asedio desdeel «cordón de hierro» de los asentamientos humanos marginales;terror en el centro y sus barrios medios y comerciales.

Entre abril de 1989 y diciembre de 1992, se produjeron en Lima907 ataques y atentados, el 47% de los atentados producidos entodo el país y aproximadamente un promedio de un atentado pordía. Durante el período, fueron convocados por lo menos diez pa-ros armados y un conjunto orquestado de acciones armadas en lacapital. Los paros armados se hacían cada vez más violentos. En1992, hubo paros armados en los que se asesinaba a taxistas parasembrar terror en ese sector de transportistas. En una ocasión, va-rios taxistas fueron quemados con sus vehículos. Durante el paroarmado del 14 de febrero, se llevaron a cabo 25 atentados, entreellos, la voladura de un camión portatropas. 1992 fue también unaño de violencia desplegada por el escuadrón de la muerte cono-cido como Grupo Colina. Ese año se produjeron en Lima dos desus actos más brutales: el asesinato de un grupo de personas en el

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barrio tradicional de Barrios Altos, y la desaparición y el ulteriorasesinato y descuartizamiento de los cuerpos de nueve estudian-tes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, LaCantuta.

En los barrios de los conos de expansión de Lima, el PCP-SLno sólo incrementó sus acciones de propaganda y ataque de luga-res públicos, sino que desarrolló una fuerte presión sobre lasdirigencias barriales (asesinatos y diversas acciones con la finali-dad de amedrentar) buscando lo que no logró antes con las orga-nizaciones gremiales: copar las organizaciones barriales. Los es-tudios de los tres conos de Lima realizados por la CVR menciona-ron la presencia nueva del PCP-SL o de sus organizaciones de fa-chada en las asambleas de los barrios con el fin de incidir en con-ciencias y dirigir acciones con su discurso de extrema radicalidad.En el cono norte, buscaron infiltrarse en los nuevos asentamientospresentándose como parejas o familias en los repartos de lotes. Lamayor presencia subversiva en las organizaciones barriales, com-binando la prédica con acciones violentas y con el asesinato dedirigentes opositores, tenía un contexto favorable: la hiperinflaciónde los últimos años del gobierno de García y el ajuste impuestopor el nuevo presidente, Alberto Fujimori.

En su intento de infiltración en las organizaciones barria-les, tuvieron más éxito en Villa El Salvador que, por ejemplo, enHuaycán, las dos comunidades «autogestionarias» de intensa di-námica organizativa.

En Villa El Salvador, el PCP-SL incrementó sus movimientos alo largo de 1989 y 1990 con actos de sabotaje y de propaganda:quema de buses, atentados contra infraestructura de luz y agua,la comisaría, el local del partido de gobierno, intensa entrega devolantes en mercados y colegios, intercepción de camiones con co-mestibles y su reparto, etc. En 1991, las acciones fueron más vio-lentas. El 23 de junio el PCP-SL asesinó a Alejandro Magno Gómez,prefecto del distrito; en septiembre, una bomba destrozó uno delos centros de acopio de alimentos de los comedores populares dela FEPOMUVES, presidido por María Elena Moyano, pues el PCP-SL estuvo intentando restar espacio a los dirigentes. Ese año, un

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sector de dirigentes simpatizantes del PCP-SL logró una alianzapara destituir al Secretario General de la Comunidad UrbanaAutogestionaria (CUAVES). En contra de estas acciones, el alcal-de, Johny Rodríguez, buscó generar un espacio social alternativoy promovió a finales de 1991 una Mesa por la Paz y el Desarrollo,pero no logró consolidarse y, más bien, el PCP-SL respondióincrementando la violencia. El 13 de enero de 1992, un obrero delprimer sector fue abaleado en la puerta de su domicilio; el 10 defebrero, un anciano vigilante fue asesinado y se le colocó un car-tel: «Así mueren los soplones». El 12 febrero un dirigente vecinalfue abaleado en la puerta de su casa. El 9 de febrero, en las elec-ciones de la APEMIVES (la asociación de pequeños y microem-presarios), fue elegido presidente un microempresario con respal-do del PCP-SL.

Nuevamente, los dirigentes opositores buscaron frenar el avancedel PCP-SL. El 14 de febrero, día en que el PCP-SL había convocadoun paro armado, María Elena Moyano, presidenta de la federaciónde mujeres, convocó una Marcha por la Paz. Asistieron pocas per-sonas, pero el PCP-SL respondió: esa noche, hizo estallar 500 gra-mos de dinamita en la casa del ex alcalde Michel Azcueta. Al díasiguiente, un comando de aniquilamiento asesinó a balazos a Ma-ría Elena Moyano; luego, su cuerpo fue dinamitado. Las demásdirigentas de FEPOMUVES se replegaron por presión de sus fami-lias o por temor. Frente a ese repliegue, dirigentas aparentementecercanas al PCP-SL tomaron las riendas de la organización feme-nina. Las principales organizaciones terminaron controladas porel PCP-SL. Así, la Sexta Convención de la CUAVES realizada enagosto, resultó copada por la organización subversiva.

En el asentamiento humano de Huaycán, en el cono este—creado como una comunidad autogestionaria durante el gobier-no municipal de la Izquierda Unida—, el PCP-SL tuvo inmensasdificultades para establecerse entre la población y legitimar su pre-sencia. No lo pudo conseguir a pesar de su permanente presióncon acciones, sobre todo, de propaganda y con la intención de ge-nerar temor y sensación de fuerza: marchas relámpagos, entregade volantes y, esporádicamente, captura y uso de los altoparlan-

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tes para propagar sus consignas. En este asentamiento, se desa-rrolló una disputa política por la organización vecinal que, a dife-rencia de Villa El Salvador, fue reciente y mantuvo un carácter al-tamente participativo en la medida en que los pobladores estabanconstruyendo su espacio con servicios urbanos. Además, era pocoburocratizada y, por lo tanto, difícil de envolver mediante sus es-trategias para amedrentar que incluyó el asesinato de algunosdirigentes.

A finales de los años ochenta e inicios de la década del no-venta, Huaycán se había convertido en uno de los espacios de lo-calización de población desplazada de las zonas de violencia, par-ticularmente en sus zonas altas, de menor habilitación urbana ypoblación más pobre. Aparentemente, junto con los desplazadosse habrían infiltrado simpatizantes y militantes del PCP-SL. Allítambién se localizaron los propios excedentes poblacionales de laszonas media y baja: jóvenes muy pobres. Estos nuevos asenta-mientos dieron en estos años nuevo impulso a la presencia del PCP-SL. A principios de los años noventa, el PCP-SL incrementó su pre-sencia en estas zonas altas y sus columnas fueron vistas despla-zándose por allí continuamente. Intensificaron también campañaspropagandísticas y trataron de legitimarse ante la población ejer-ciendo funciones de seguridad ante la absoluta ausencia de losaparatos del Estado.

A pesar de ello, en abril de 1991, durante el Segundo Congre-so Estatutario de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huay-cán, el PCP-SL sufrió una derrota política; los delegados acorda-ron no confiar su seguridad al PCP-SL, sino organizarse en laautodefensa de masas frente a la drogadicción, la delincuencia y laviolencia. Como respuesta, el PCP-SL convocó a un paro armadopara los días 29 y 30 de abril de 1991 e intentó sabotear las elec-ciones de mayo. Éstas fueron desarrolladas al fin con el apoyo ma-yoritario de la población, que solicitó garantías a la Policía Nacio-nal. El 7 de julio se creó el Cuerpo de Autodefensa que fue ataca-do también por el PCP-SL. En septiembre de ese año, se instaló enla zona una base militar y se incrementaron programas de asis-tencia social. Si bien el PCP-SL se mantuvo al acecho (en marzo

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de 1992 asesinó, por ejemplo, al dirigente Zacarías Magallanes ymás tarde a otros, entre ellos, a Pascuala Rosado quien fue presi-denta de la CUAH), su intento de control político fracasó.

En cambio, sí tuvo éxito en Raucana, pequeño asentamientohumano también del cono este. A diferencia de Huaycán, Raucanafue producto de una invasión de terrenos privados. El PCP-SL es-tuvo presente desde su fundación en julio de 1990 organizando ladefensa vecinal contra el desalojo y amedrentando a los propieta-rios. Su control político y territorial fue casi completo, al punto deque allí se instaló el primer «comité popular abierto de Lima» (y elúnico). Entre coerción y convencimiento, el PCP-SL terminó orga-nizando incluso la vida cotidiana en Raucana: desde cómo enfren-tar el problema del agua, organizar las faenas agrarias y los co-medores comunales, hasta el control de los mercados y del boti-quín comunal. Para mantener el orden interno, el PCP-SL impusoun severo código de sanciones y castigos que fueron percibidospositivamente por los pobladores. Este control duró hasta la ins-talación, en septiembre de 1991, de una base militar que se man-tuvo en el lugar hasta el 2000. Durante nueve años, el control delEjército fue férreo; las redadas y los rastrillajes fueron cotidianos.

Los diferentes barrios populares de Lima vivieron situacionesde presencia violenta e intentos de copamiento de sus organiza-ciones por parte del PCP-SL. Dentro de éstas, oscilaron entre el con-trol total (cuyo caso extremo es Raucana) y la disputa política, alpar de una creciente ola de atentados y asesinatos. Sólo en 1992,fueron asesinados 27 dirigentes vecinales.

En los barrios comerciales y de clases medias y altas, sin dispu-ta política y sin el objetivo de captar adhesiones, la única formade relación del PCP-SL con la población fue la violencia y el únicoobjetivo, el terror. El único lenguaje era el de los comandos de ani-quilamiento, los coches bomba y los paros armados.

Las acciones subversivas en la capital parecieron ordenarseen secuencias de reducción y brusca ofensiva siguiendo el pasode la actualidad política electoral. Entre agosto y septiembre de1989, por ejemplo, se observó un repliegue de las acciones subver-sivas, aparentemente preparatorio de una ofensiva en torno a las

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elecciones municipales de noviembre. En efecto, a partir de octu-bre, las acciones subversivas se incrementaron notablemente. Unnuevo repliegue se observó de diciembre a marzo de 1990, cuandorepuntó en plena campaña de elecciones presidenciales en mayo.Este ascenso se mantuvo hasta agosto; sus principales objetivosfueron los centros comerciales y las unidades de transporte en lacapital, que sufrieron varios atentados. Tras una cierta calma en-tre diciembre y abril, la violencia repuntó para seguir un ascensocontinuo. El año 1992 fue el de mayor violencia en Lima. El cochebomba que estalló en la calle Tarata, el 16 de julio de 1992 con lasecuela de incendio, destrucción y muerte fue el acontecimientode mayor repercusión. Este atentado fue emblemático de una vio-lencia no destinada a captar adeptos sino a sembrar el terror.

Pero en este clímax de violencia, en Lima, también sucedió unacontecimiento que condujo hacia el fin del conflicto armado: lacaptura, tras un minucioso trabajo de inteligencia por parte de laDirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), de Abimael GuzmánReinoso el 12 de septiembre de 1992.

La guerra asháninka y la espiral de violencia en la selva

En la selva central, el período empezó con un grave revés delMRTA que se encontraba ya golpeado por la captura de su líderVíctor Polay en Huancayo el 31 de febrero de 1989. Tras atacar alpuesto policial de Pichanaqui, una columna de treinta subversi-vos fuertemente armados, que actuaba en la zona de Satipo yChanchamayo, inició un desplazamiento hacia la sierra para unir-se con otra columna que bajaba del Tulumayo, en la parte alta deJunín, con el objetivo de tomar conjuntamente la ciudad de Tarma.Ambas columnas se encontraron, sin embargo, el 28 de abril de1989 con las fuerzas del Ejército Peruano en el distrito de Molinos(Jauja) y fueron prácticamente aniquiladas en el combate. Ello de-tuvo el avance del MRTA en esta parte de la selva central y dejó elcamino abierto a la expansión del PCP-SL.

En el sector de Oxapampa, el MRTA sufrió incluso otro revés.A fines de 1989, la zona donde se había asentado el MRTA empe-

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zó a ser disputada por el PCP-SL. En los meses de octubre y no-viembre, los pobladores se percataron de la presencia de subversi-vos del PCP-SL por los alrededores de los distritos de PuertoBermúdez y Palcazu. El 19 de noviembre, un grupo armado delPCP-SL atacó en Puerto Bermúdez las instalaciones del ProyectoEspecial Pichis Palcazu (PEPP), saqueó algunas tiendas del lugary robó el dinero depositado en el Banco Agrario. Sin embargo, se-rían acciones del propio MRTA las que terminaron por expulsaresa organización de la zona.

El 17 de diciembre de 1989, cerca de Puerto Victoria, en el dis-trito de Puerto Bermúdez, en territorio de la etnia yanesha, unapatrulla del Ejército ubicó y atacó un campamento del MRTA. Se-gún el parte oficial, resultaron muertos 43 subversivos y un mili-tar. Pero el acontecimiento más importante para la zona había su-cedido unos días antes, cuando militantes del MRTA asesinarona Alejandro Calderón, dirigente nativo de prestigio y presidentede la ANAP (organización que representaba a 52 comunidadesnativas del río Pichis y sus afluentes). Ante su muerte, su hijo,Alcides Calderón, convocó el levantamiento de un ejército ashá-ninka. Dos asháninkas miembros del MRTA enviados para quedialogaran con sus pares fueron asesinados por el ejército ashá-ninka en clara señal de que no harían concesiones. El MRTA seretiró de la zona sin entablar combates. Pero el ejército asháninkacontinuó movilizándose y terminó controlando toda la provinciade Oxapampa; además, extendió su radio de acción, por medio dela alianza con los Sinchis de Mazamari, hasta Pichanaqui enSatipo.

En los primeros días de enero de 1990, un número indetermi-nado de asháninkas, que según el informe de la CVR podrían ha-ber llegado a los 2,500 nativos, armados en su mayoría con arcos,flechas y algunas escopetas de caza, tomó la ciudad de PuertoBermúdez y sacó a los pobladores de sus viviendas buscando aquienes presumieron tenían contacto o relación con los subversi-vos del MRTA. El propio cuñado del líder del ejército asháninka,Marcos Muñoz, que trabajaba en el proyecto especial Pichis-Palcazu, se le consideró sospechoso de haber colaborado con el

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MRTA en la captura y muerte de su suegro Alejandro Calderónpor lo que fue asesinado y sus restos echados al río Pichis. Desdeentonces, Puerto Bermúdez se convirtió en el centro de operacio-nes del ejército asháninka. Semanas después de la ocupación, unhelicóptero del Ejército peruano aterrizó en Puerto Bermúdez. Eloficial a cargo felicitó a Alcides Calderón y le entregó armas parasu defensa. Desde ese momento, actuaron casi oficialmente.

Los asháninkas de Oxapampa realizaron una guerra particu-lar. Controlaron las cuencas del Pichis y del Palcazu realizandocontroles e interviniendo a cualquier viajero. Para ellos, los colo-nos, que antes les habían arrebatado territorios, eran también ge-néricamente subversivos. En una suerte de ajuste de antiguas cuen-tas, el levantamiento asháninka produjo el secuestro, tortura, vio-lación, detención y desaparición o asesinato de muchos poblado-res colonos; por lo que muchas familias huyeron. Las víctimas nodenunciaron estos hechos por temor a las represalias. El 29 de ene-ro de 1990, un numeroso contingente de asháninkas ingresó a Ciu-dad Constitución, armado con arcos, flechas y escopetas, siempreen búsqueda de presuntos miembros del MRTA. Asesinaron allí aRogato Córdova por esa razón y a otro poblador que intentó de-fenderlo. En los días siguientes, otros pobladores colonos fueronasesinados por los asháninkas. Otra zona que sufrió la arremeti-da del ejército asháninka fue Iscozacín, en el distrito de Palcazu.El avance del ejército asháninka fue detenido, en parte, por la pro-testa y movilización de los gremios cafetaleros del distrito dePichanaqui, en la margen derecha del río Perené.

Otras eran la suerte y las opciones de los asháninkas de losríos Ene y Tambo, zona de expansión del PCP-SL. A lo largo de1989, el control que venía desarrollando el PCP-SL en esta zonase convirtió en una intensa violencia con el arrasamiento de co-munidades nativas y pueblos de colonos. Esto ocurrió, sobre todo,después de la instalación de una base contrasubversiva en el kiló-metro 4 de la carretera Marginal en Satipo a fines de 1989 que pro-pició la reacción de los nativos y colonos contra el PCP-SL. Entre1989 y 1992, se produjo el 63% del total de muertos o desparecidosreportados a la CVR en la selva central (véase el gráfico 6).

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Gráfico 6

Algunas comunidades opuestas al PCP-SL se desplazaron ha-cia zonas seguras. Éste fue el caso de las comunidades del vallede Tsiriari, que fueron a Mazamari buscando protección, pues elPCP-SL había asesinado a 15 de sus ronderos en Dos de Mayo.

También aquí el asesinato de tres líderes indígenas desató lareacción de un sector de asháninkas, la que se denominó ronda dePoyeni formada por nativos del río Tambo, aunque no de las mag-nitudes del ejército asháninka de Oxapampa. El asesinato ocurriótras la realización del congreso ordinario de la central asháninkade Río Tambo del 18 al 20 de julio de 1990. Al finalizar el congreso,una columna armada del PCP-SL, integrada por más de sesenta per-sonas, entre colonos y nativos, secuestró a Pablo Santoma Santos,presidente de la CART, Óscar Chimanca Chamqueti, presidente delConsejo Nomatsiguenga del Pangoa, y Dante Martínez, secretariode defensa de la CONAP. Los dirigentes murieron decapitados trasser torturados por oponerse a los métodos con los cuales el PCP-SLintentaba captar el apoyo de las comunidades.

Desde 1990, la ronda de Poyeni se enfrentó a la fuerza princi-pal del PCP-SL. Ésta sufrió también la presión de la Marina. El 25de septiembre de 1990, se produjo un enfrentamiento entre Sinchis

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y el PCP-SL en la Roca, en el kilómetro 14 de la carretera Mazamari-Puerto Ocopa. Este enfrentamiento fue interpretado por los nati-vos desplazados como una derrota del PCP-SL, lo cual animó amuchos pobladores del valle de Tsiriari a retornar a sus respecti-vas comunidades desde junio de 1991.

En 1991, el Ejército instó a la población a organizarse en ron-das contrasubversivas, estableció algunas bases en zonas estraté-gicas e intensificó sus patrullajes e incursiones en zonas conside-radas rojas. Además, las rondas nativas, que venían haciendo fren-te al PCP-SL por iniciativa propia, recibieron el apoyo del Ejército.Desde 1991, por lo tanto, los asháninkas de los ríos Ene y Tambose organizaron en comités de autodefensa para enfrentar al PCP-SL. Este año fue instalada otra base contrasubversiva en Cuti-vireni, distrito de Río Tambo. Después el Ejército hizo lo mismoen Valle Esmeralda y Natalio Sánchez, también en el distrito deRío Tambo, todas ubicadas en la margen derecha del río Ene.

Pero el rechazo no fue la única opción de las comunidades na-tivas. Muchas de ellas también se constituyeron en bases de apo-yo. Fue con ellas que las columnas del PCP-SL, ante el avance delas rondas y de las fuerzas del orden, iniciaron, como lo habíanhecho en el valle del río Apurímac, masivos desplazamientos ha-cia el monte, iniciando un capítulo de la guerra confuso y suma-mente prolongado. En el monte, las columnas subversivas prote-gidas y alimentadas por la masa, fueron difícilmente ubicadas porel Ejército; pero al mismo tiempo, los recursos del monte no sopor-taron, sino con mucho esfuerzo y enormes sacrificios y dificulta-des, poblaciones numerosas. La permanencia de los asháninkasjunto con los subversivos se convirtió en una relación cada vezmenos voluntaria.

El MRTA, por su parte, tras las derrotas sufridas, reinició susacciones en el río Perené, cuyas columnas se vieron reforzadas porotras traídas del nororiente. Esta prioridad de la selva central parala dirección nacional del MRTA se asoció probablemente a las di-ficultades de las fuerzas contrasubversivas de controlar el monte.En cualquier caso, el MRTA se reconstituyó y decidió ejecutar ac-ciones de envergadura: el primero de diciembre de 1991 intentó

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tomar el pueblo de Pichanaqui, pero fracasó. En enero de 1992,uno de sus campamentos fue ubicado en el distrito de Mazamariy fue destruido por el Ejército; murieron nueve subversivos.

Ante estos reveses, el MRTA reevaluó su estrategia de movili-dad geográfica. A mediados de enero de 1992, decidieron estable-cer dos frentes secundarios con cierta estabilidad que les permitiórealizar un trabajo de adoctrinamiento político a las poblaciones,sobre todo de colonos. En este contexto, planificaron —esta vezcon éxito— un nuevo ataque contra Pichanaqui en el aniversariode su derrota en Molinos. El éxito los animó a acciones de mayorenvergadura. El primero de mayo de 1992, alrededor de 100 sub-versivos atacaron y destruyeron la base contrasubversiva de VillaRica en Oxapampa. El Ejército respondió y en las semanas siguien-tes se produjeron una serie de enfrentamientos. Pero el MRTA em-pezó también a sufrir el avance de las rondas. La guerra, al finalde 1992, continuó en la región.

En el Nororiente, las mismas tendencias y modalidades obser-vadas en el período anterior se mantuvieron. Se registraron ataquesa bases y puestos militares. Con bases sólidas en el Alto Huallaga,el PCP-SL intentó en estos años afirmar su dominio avanzando ha-cia el Huallaga Central. En 1991, fueron asesinados el alcalde deTocache, Fredy Aliaga, y un dirigente cocalero. La constitución delos comités populares avanzó en diferentes poblados de las pro-vincias de Bellavista y Mariscal Cáceres con la estrategia de darseguridad a los agricultores de esta área de expansión del cultivode coca, así como garantizar a los narcotraficantes un espacio librede las fuerzas del orden (véase el gráfico 7 en la página siguiente).

Tras dominar la parte sur de las provincias de Bellavista y Ma-riscal Cáceres, y ante la necesidad de reafirmar su hegemonía te-rritorial, el PCP-SL prosiguió con su avance teniendo como obje-tivos los valles del Ponaza y Miskiyacu, en el Huallaga Central;aunque, según los testimonios, se dieron aquí enfrentamientos conel MRTA por el control del territorio, por el apoyo popular y pormanejar las pistas de aterrizaje utilizadas por el narcotráfico.

Donde el PCP-SL tuvo un importante revés fue en Tingo Ma-ría. El 16 de julio de 1991 preparó un ataque a la ciudad. Aparen-

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temente, un rondero había logrado dar cuenta al Ejército y susmiembros lograron prepararse y enfrentar el ataque. En el enfren-tamiento, quedaron cuarenta cuerpos sin vida entre un gran nú-mero subversivos, algunos civiles y cinco soldados.

Gráfico 7

REGIÓN NOR ORIENTAL 1980-2000: MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA

CVR SEGÚN AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

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El caso ilustró lo que venía sucediendo desde 1989 con la crea-ción del comando político-militar del Huallaga: un mayor controlmilitar a través del establecimiento de bases militares en Uchiza,Santa Lucía, Tocache, Madre Mía, Tulumayo, Nuevo Progreso,Pizana, Punta Arenas y otros lugares, y una nueva estrategia deconciliación del Ejército con la población, que dio prioridad alcombate de la subversión en alianza con los campesinos, más quea la eliminación del cultivo de coca. Así, avanzó la constituciónde los comités de autodefensa. En 1992, la estrategia de apoyarseen la población para combatir contó con un elemento más: la leyde arrepentimiento, que no sólo restó contingentes a la subversión,sino que amplió la información de la que disponían los órganosde inteligencia.

Como en otras regiones, este avance conjunto del Ejército y delos comités de autodefensa restó espacio al PCP-SL, pero incre-

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mentó también su violencia contra la población y el número demuertes. Decenas de cadáveres aparecieron en el río Huallaga: másde cuarenta sólo en el mes de septiembre de 1989. Los pueblos deHuaraz, Chaglla Nueva, Tahuantinsuyo, Cayumba, Tambillo Gran-de, Quesada, San Antonio y otros en la zona de Las Palmas paga-ron un alto costo de vidas en sus enfrentamientos con el PCP-SLal constituirse en pueblos de ronderos, apoyados con armas porel Ejército.

En estos años, en Ucayali, fue la Marina quien enfrentó a lasubversión con apoyo de los comités de autodefensa. Desde 1989,otra zona de selva, Yurimaguas en la provincia de Alto Amazo-nas, se tornó espacio de violencia por corto tiempo debido a la ac-ción del MRTA. Al igual que en la zona de Aguaytía, la Marinade Guerra y las operaciones de inteligencia policial desbarataronsus intentos de organización.

En San Martín, el MRTA inició en 1989 una nueva ofensivacon la toma de las localidades de Pilluana, Shapaja, San José deSisa, Peleje, Papalaya y Pacaypasa. En el marco de la campañamilitar Fernando Valladares realizada por el MRTA con el objeti-vo de criticar las condiciones económicas y políticas impuestas porel gobierno de Alberto Fujimori, se realizaron la toma de Juanjuí eincursiones simultáneas en Tarapoto, Saposoa, Moyobamba yRioja el 24 de diciembre.

La instalación de bases contrasubversivas por parte del Ejér-cito buscó aquí también no sólo reforzar el control militar, sino tam-bién establecer una alianza con los campesinos para restar apoyoa la subversión. Este período concluyó con una guerra aún abier-ta a nuevos conflictos y con el mayor número de muertos en SanMartín. El 56,7% de las muertes y desapariciones en el departa-mento de San Martín reportadas a la CVR se produjeron en eseperíodo.

El declive de la acción subversiva (octubre de 1992-2000)

La captura de la cúpula subversiva, los otros golpes a la organi-zación por parte de las fuerzas del orden con la subsiguiente des-

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composición de la estructura del PCP-SL, las conversaciones paraun Acuerdo de Paz planteadas por Guzmán en prisión y la ley dearrepentimiento frenaron considerablemente la actividad subver-siva. Pero no la frenaron en la selva, donde las acciones de Inteli-gencia fueron poco significativas; porque el ambiente boscoso di-ficultaba la intervención del Ejército y era posible una larga resis-tencia. Las columnas bajo el mando de Óscar Ramírez Durán, aliasFeliciano, se declararon en rebeldía contra el Acuerdo de Paz. Sóloen el Nororiente y en la selva central, la violencia siguió una lógi-ca regional; las columnas fueron numerosas, eventualmenteincrementadas por quienes en otras regiones decidieron no acatarel Acuerdo ni arrepentirse. El resto de acciones armadas en otroslugares del país fueron dispersas, residuales o en retirada. El 75%de las muertes y desapariciones que ha registrado la CVR en laregión central durante ese período corresponde a la selva central.

Allí, la violencia siguió cobrando vidas, particularmente entre1993 y 1995. En 1993 se incrementó la presencia del Ejército a tra-vés de la instalación de nuevas bases contrasubversivas en am-bas márgenes del río Perené, que era una zona donde el MRTA sehabía asentado. El hostigamiento a sus campamentos y losenfrentamientos directos fueron incrementándose. Según el estu-dio realizado por la CVR en la zona, se registraron 94 bajas en elMRTA en los sucesivos enfrentamientos, así como la muerte de sietemilitares.

En el Ene y el Tambo, donde los subversivos del PCP-SL sehabían retirado al monte con las comunidades nativas, las condi-ciones de vida se volvieron difíciles de soportar. Algunos asaltosa pueblos nativos, realizados por subversivos y la masa (de todaslas edades, colonos y nativos) se asociaron tanto a venganzas oataques a pueblos que coordinaron con el Ejército, como a la bús-queda de medios de vida. En agosto de 1993, tres grupos con es-tas características, de entre 100 y 300 personas, atacó siete comu-nidades del valle de Tsiriari; asesinaron 36 colonos y 21 nativos,y se llevaron alimentos, enseres, medicinas y animales menores.

Hechos de horror sucedieron en la zona, como el asalto a lascomunidades de Santa Isabel, Monte Rico, Jerusalén, San Isidro,

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Tahuantinsuyo e Irriari, también en agosto de 1993, donde unos200 subversivos, entre ellos nativos, además de asesinar a las au-toridades y a los profesores, mutilaron las orejas de 14 niños entrecinco y diez años de edad.

Pero, hostigados por la Marina y las rondas, estos grupos de-bieron internarse permanentemente en el monte, donde los recur-sos eran escasos; muchas personas se enfermaron o murieron. Enesas condiciones, se dieron varias salidas. En unos casos, los sub-versivos permitieron que las poblaciones que los acompañaban semarchasen: fue el caso de la comunidad Selva de Oro que, ante lasituación lamentable en que se encontraban, sus mandos los auto-rizaron a volver en 1994. Pero también hubo casos de horror y ex-trema violencia contra la propia masa convertida en cautiva: entrejunio y julio de 1994, el PCP-SL asesinó alrededor de setenta nati-vos de la comunidad de Quenteroni que no eran útiles ni para eltrabajo ni para la guerra: niños, enfermos, ancianos. Algunos testi-monios refieren que esa cifra podría ascender a 200. Por acción delEjército se realizaron también rescates de estas poblaciones.

Los subversivos nos tenían separados de los sanos —relata a laCVR un hombre que estuvo enfermo— nos tenían en una chocita,donde pocas veces llegaba la luz del día y la gente que estabasana nos alcanzaba nuestros alimentos. Había días que no co-míamos y los sanos eran los encargados de buscar alimentospara los enfermos. En mayo de 1996, al mediodía, los militaresnos rodearon, llegaron caminando y en un helicóptero. La gen-te se asustó por esto. Pero luego de unas horas, los militares seacercaron y nos dieron a entender que no nos iba a pasar nada,unos treinta enfermos fuimos llevados por los soldados al Hos-pital de la ciudad de Satipo.

Gradualmente, el PCP-SL sufrió golpes en diferentes zonas ydeserciones que anularon totalmente su capacidad de reagrupar-se en las ciudades; su presencia se redujo a la margen izquierdade la cuenca del río Ene, desde donde esporádicamente incursionóen comunidades de los distritos de Pangoa y Río Tambo. Se des-plazó a la sierra por Andamarca y Santo Domingo de Acobambay a la selva de Ayacucho. Esta movilidad también se perdió cuan-

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do en julio de 1999 fue capturado el líder subversivo ÓscarRamírez Durán, Feliciano.

Grupos pequeños del PCP-SL todavía mantuvieron su presen-cia en comunidades alejadas en la cuenca del río Ene, en la pro-vincia de Satipo, desde donde incursionaron ocasionalmente enalgunos poblados sin causar muertos.

La dirección nacional del MRTA, por su parte, decidió que ungrupo de integrantes de sus fuerzas en la selva central, debilita-das por los enfrentamientos con el Ejército, realizaran un gran ope-rativo nacional destinado a liberar a sus presos. Tras varios me-ses de intensa preparación, el 17 de diciembre de 1996, 14 de es-tos militantes tomaron por asalto la residencia del embajador delJapón en Lima y varias decenas de rehenes. Luego de varios me-ses, la residencia fue retomada por las fuerzas del orden y fueronmuertos los asaltantes. Ése fue el golpe definitivo al MRTA.

También en San Martín, si bien las acciones de violencia si-guieron por un tiempo, el período en realidad estuvo marcado porla paulatina derrota del MRTA, tanto por la deserción de sus mili-tantes que se acogieron a la ley de arrepentimiento como por loscontinuos enfrentamientos con el Ejército y hasta por sus propiaspugnas internas derivadas del reparto de los fondos que obtuvie-ron del narcotráfico.

La violencia continuó también en las regiones cocaleras delNororiente, aunque el Ejército obtuvo puntos importantes. Uno delos elementos más significativos del avance de las fuerzas fue elcreciente éxito de la ley de arrepentimiento entre 1993 y 1994. Enjunio de 1994, el Ministerio Público informó que, en lo que iba deese año, se contaron 3,127 personas que se habían acogido a laley de arrepentimiento sólo en la provincia de Leoncio Prado. Enlos padrones de las municipalidades, la cifra llegó a los 10 mil:

Se registraron largas colas —refiere en informe preparado porla CVR en la zona del Huallaga— para recibir una contraseñadel propio alcalde quien hacía las veces de empadronador, jus-tificando esta acción porque a su entender todos los agriculto-res, en forma directa o indirecta, participaron de las accionessubversivas. Los campesinos se empadronaron como arrepenti-

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dos en forma masiva para evitar ser objeto de la represión yacogerse a los programas de ayuda social.

En cualquier caso, las cifras hicieron patente la intención delos pobladores de mostrar su distancia de las organizaciones sub-versivas. La estrategia de enfoque más político del gobierno dioresultados. Algunos arrepentidos, sin embargo, fueron asesinadosluego por las propias rondas: ronderos de Las Palmas asesinarona dos arrepentidos en febrero de 1994; ronderos de Naranjillo, enShamiro, a ocho arrepentidos en noviembre de 1995.

Un segundo componente importante de la estrategia contra-subversiva, que permitió sustraer apoyo al PCP-SL, fue la pro-gresiva atención a las necesidades de la población a través deprogramas sociales y no de la represión dura al cultivo de coca,con programas de impacto productivo como el Programa Nacio-nal de Desarrollo Alternativo, conducido desde 1994 porCONTRADROGAS, especialmente importante por la tendenciaa la baja, desde 1989, del precio de la droga.

Finalmente, también se tuvo éxito a través de operativos mili-tares de gran envergadura, más concentrados en la región en lamedida en que el resto del país se encontraba crecientemente pa-cificado, como el Operativo Aries, lanzado en abril de 1994. Así,fueron movilizados cerca de 200 miembros de las fuerzas del or-den para tender un cerco en los bolsones de presencia de colum-nas subversivas. Sin embargo, el Operativo Aries se detuvo enmayo del mismo año ante las denuncias confirmadas en la zonapor la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de gravesviolaciones de los derechos humanos contra las poblaciones civi-les asentadas en las zonas del operativo.

El PCP-SL, sin embargo, mantuvo capacidad operativa. En ju-lio de 1993, logró emboscar un convoy militar en Yanajanca y ase-sinó a cinco soldados y dejó 15 heridos; en agosto, asesinó a unregidor de Naranjillo, muy cerca de Tingo María, y destruyó algu-nos tractores de una empresa privada. En septiembre, más de 200subversivos tomaron varios poblados en la valle del Monzón, ubi-caron a presuntos soplones, delincuentes e intermediarios de coca—unas 24 personas— y las asesinaron en un sangriento acto pú-

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blico. En mayo de 1994 llegaron a atacar el aeropuerto de Tocache,donde murió un soldado. En febrero de 1995, se registraron incur-siones subversivos en Julio C. Tello y José Crespo y Castillo dondefueron asesinados siete ronderos y 12 arrepentidos. Además de ata-ques a convoyes y asesinatos selectivos a diversas autoridades, en1996, el PCP-SL tuvo aún capacidad de movilizar amplios contin-gentes: en junio, cuarenta subversivos tomaron el pueblo deMarona; en agosto, un grupo de noventa personas tomó el pueblode Aucayacu y atacó el puesto policial. En 1997, se registró inclu-so un nuevo ataque a Aucayacu, aunque en él murieron o queda-ron heridos más de veinte de los atacantes.

Pero sus acciones tendieron a decaer. Algunos asesinatos se-lectivos (autoridades, ronderos, arrepentidos, ataques a convoyes)se siguieron produciendo hasta el 2000, pero con menos frecuen-cia. En la medida en que los grupos armados no se acogieron alpedido de conversaciones para un Acuerdo de Paz, mantuvieron,como en la selva central, sus acciones con baja intensidad.

Conclusiones

• Ciertos rasgos particulares de algunas regiones, especial-mente el carácter conflictivo de su relación con los procesosde modernización, las hicieron más receptivas que otras re-giones al mensaje y las estrategias de los grupos alzadosen armas. Ante la ausencia de propuestas desde el interiordel sistema político, los conflictos y demandas de acción deesas regiones fueron utilizados y canalizados por las orga-nizaciones subversivas, lo que permitió que sus poblacio-nes se convirtieran en bases de apoyo para sus acciones.

• El conflicto fue involucrando a las regiones en períodos di-ferentes. En una primera etapa (en los años 1980-1982 y1983-junio de 1986), las acciones de violencia y de contrain-surgencia se centraron en la sierra sur central (departamentode Ayacucho y algunas provincias de Huancavelica y Apu-rímac), principalmente en el área rural; también ocurrieronen la provincia de Daniel Alcides Carrión, en Pasco. La ac-

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tividad subversiva se hizo más notoria por atentados con-tra el sistema de transmisión eléctrica que afectaron la redde ciudades interconectadas (Lima entre ellas), así como poracciones de propaganda armada y atentados contra localespúblicos en espacios urbanos (Lima y la red de ciudadesdel Centro).

• Entre julio de 1986 y marzo de 1989 se produjo un períodointermedio en el cual los grupos subversivos estuvieron enretirada del área inicial, pero desplegando acciones en nue-vas áreas: la selva (tanto el Nororiente como la selva cen-tral), la región central (en sus zonas ganaderas y en losespacios de lucha gremial minera), el Sur andino y LimaMetropolitana.

• Un segundo clímax de violencia se produjo entre abril de 1989y septiembre de 1992; fue el período en que la dirección na-cional del PCP-SL llamó a sus militantes a hacer sentir entodo el país el supuesto «equilibrio estratégico». En realidad,fue un conflicto que se desarrolló con mucha violencia enlas dos zonas de la selva y en las ciudades (Lima, Huancayoy Huamanga, principalmente). La violencia urbana, por sualta visibilidad y el desarrollo de acciones que involucrarona todos los pobladores (paros armados, por ejemplo, y no sóloatentados puntuales), particularmente en Lima, suscitó la im-presión de conflicto nacional y guerra total.

• Tras la captura de Abimael Guzmán Reinoso y la cúpulade la organización subversiva, un período final empezó enoctubre de 1992. Si bien se registraron atentados en diver-sos lugares del país, éstos fueron puntuales y dispersos; sólola selva apareció como región de concentración de accionesde violencia.

• En términos del despliegue de las estrategias y hasta de losobjetivos de los grupos alzados en armas en las diferentesregiones, se observaron diferencias vinculadas con las carac-terísticas del territorio y su poblamiento. Es posible observarestrategias diferentes en tres tipos de espacios y poblacionesdistintos: la sierra rural, las áreas urbanas y la selva.

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• En las áreas rurales pobres de la sierra, caracterizadas porsu baja densidad poblacional, asentamiento disperso y ma-las comunicaciones, la presencia subversiva buscó dominarterritorios, vaciarlos de toda autoridad estatal y construir unnuevo poder. Un ciclo de tolerancia o adhesión a las fuerzassubversivas, formación de «comités populares», desconten-to, conflicto y posterior formación de comités de autodefensacaracterizó el desarrollo de la violencia en estas zonas. Laderrota de las fuerzas subversivas se repitió en estos espa-cios. Su recurrencia en diferentes momentos sugiere que, apesar de los aprendizajes que produjeron las primeras expe-riencias, una lógica de guerra en la zona los hizo inevitables.

• En diferentes lugares, en momentos diferentes que puedenubicarse, según el caso, entre 1980 y 1987, se apreció unaprimera tendencia hacia el diálogo entre militantes del PCP-SL y comunidades campesinas. El PCP-SL se presentó comouna organización receptiva a las preocupaciones de la po-blación y difundió, a manera de solución, la consigna dedestruir el «viejo estado».

• Desplazadas o asesinadas las autoridades del denominado«viejo estado», la columna principal del PCP-SL delegó el po-der en un «comité popular» (compuesto usualmente por jó-venes) que se encargó de las funciones de seguridad contrala delincuencia, de la aplicación de sanciones expeditivas yde dirimir conflictos internos con métodos verticales.

• Pero esta relación estable con las comunidades fue alteradapor estrategias decididas por la dirección nacional de laorganización, y por estrategias puestas en práctica por elEstado, las que pronto abrieron paso a una relación con-flictiva entre el PCP-SL y las comunidades campesinas.

• La decisión del Estado de hacer que el Ejército intervinieraen el conflicto volvió frágiles a los «comités populares», quepor su función fueron públicos (no clandestinos) y a los quela columna principal (el grupo subversivo en armas) no po-día sostener militarmente dada su imposibilidad de quedarfijada en cada pequeño caserío. Así, desde las primeras vi-

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sitas del Ejército, los miembros de los comités fueron identi-ficados y desaparecidos. Pero el Ejército tampoco podía per-manecer en cada pequeño caserío. En consecuencia, cuan-do la columna principal volvió, lo hizo con violencia: bus-có y asesinó «soplones» y aterrorizó a la población para queno volviera a relacionarse con el Ejército.

• El mismo resultado se produjo cuando la dirección nacio-nal del PCP-SL declaró el «equilibrio estratégico». Las co-lumnas fueron presionadas para controlar más a la pobla-ción, exigir más recursos, intensificar el reclutamiento de jó-venes y castigar más brutalmente las disidencias.

• Las entradas y salidas de la columna principal y del Ejérci-to volvieron insostenible la vida en las comunidades, quequedaron entre dos fuegos. Allí se definieron los picos dela estadística de muerte. En medio de la incertidumbre, lascomunidades abandonaron el punto intermedio y optaronpor el único camino seguro: el Ejército, que tenía cuartelesy, luego, bases contrasubversivas, y con el que se podía en-tablar una alianza. Se formaron las rondas o comités deautodefensa.

• Con mayor o menor violencia, la acción conjunta del Ejérci-to y los comités de autodefensa derrotó a los subversivos.En todos los casos, en las diferentes regiones, sucedió lo mis-mo: la exclusión final del PCP-SL.

• En las ciudades la acción, los objetivos y las estrategias fue-ron diferentes. El objetivo de las acciones urbanas fue darmayor notoriedad a sus acciones. La estrategia en las ciu-dades no fue de dominio territorial, sino de asedio, y el ob-jetivo fue el control por el terror y no la interlocución.

• La situación fue distinta, sin embargo, en relación con lasuniversidades, los barrios populares y los sindicatos, en losque sí se buscó ganar influencia política, captar adeptos ycontrolar dirigencias. Con los gremios no funcionó prácti-camente ninguno de estos tres objetivos; en los barrios po-pulares, los éxitos fueron diferenciados; en las universida-des, por lo menos la influencia política y la captación de

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militantes funcionaron relativamente bien. Pero en ningu-no lograron el control completo.

• La autodefensa, basada en consensos, fue inviable en las ciu-dades, por sus características multitudinarias. Pero en ellasla subversión sí pudo ser objeto de acciones de seguimientoy de inteligencia. El fin de las acciones armadas se dio porlos éxitos de las fuerzas del orden en la captura de militan-tes y, sobre todo, de miembros de las cúpulas dirigentes.

• La selva tuvo dos ventajas para las organizaciones subver-sivas: la posibilidad de financiamiento a través de su vin-culación con el comercio ilícito de la droga y la dificultadde las fuerzas del orden, incluso apoyadas por comités deautodefensa, de controlar territorios casi despoblados y deselvas espesas. Para el financiamiento, fue útil también laestrategia de «batir el campo» (hostigar puestos policiales,obligar a la renuncia de las autoridades con amenazas demuerte), pues dejó el espacio libre para el comercio ilícito,cuyo incremento benefició a los subversivos por los cuposque cobraban. La estrategia se mostró frágil, sin embargo,frente a la intervención militar de las Fuerzas Armadas con-tra los principales reductos del narcotráfico. Las FuerzasArmadas, además, tuvieron la capacidad de restar la basesocial de la subversión al eliminar de sus prioridades el pro-blema que les generaba conflicto con la población: la erra-dicación de la hoja de coca.

• El monte, sin embargo, sí resultó una fortaleza propicia parauna larga resistencia. En una primera etapa, permitió lasretiradas de los subversivos junto con las comunidadesadeptas (la masa). Cuando los recursos de la selva no basta-ron para sostener a una población numerosa o cuando fue-ron presionadas por el Ejército, las columnas subversivasabandonaron la masa y se mantuvieron ocultas en el monte,al acecho. Allí, si bien con muchas bajas y recortada capa-cidad de acción, no fueron erradicadas.22

22 Son las columnas del valle del río Apurímac y del Ene que aún se mantienenactivas.