CAMPESINOS, CAPITALISTAS Y EL ESTADO. LA CAMBIANTE POLITICA

AGRICOLA MEXICANA Y EL “PROYECTO HUNGARO”*

James W. Wessman State University o f New York

A lo largo del siglo XX se ha entablado una relación peculiar entre el Estado y el campesinado mexicanos. Desde el establecimiento del ejido como entidad legal en la Constitución de 1917, el Estado asumió la responsabi­lidad de dirigir el destino de los campesinos que obtuvie­ron el usufructo de la tierra tras la reforma agraria. La política seguida por el Estado en los ejidos ha enfrentado severos problemas, entre otros la resistencia campesina, la ineficiencia y corrupción burocráticas, la especulación empresarial, la interferencia de los propietarios privados y las fluctuaciones del mercado internacional. Durante decenios, sin embargo, los mexicanos lograron la sufi­ciencia alimentaria y producir excedentes para exportar, especialmente a los Estados Unidos.

En los últimos años, los problemas agrarios acumu­lados han llevado a una situación crítica. Una serie de cosechas malas, junto con la importación masiva de alimentos de Estados Unidos, han arrojado nueva luz sobre la política agrícola mexicana. La conciencia públi­ca de la crisis agraria ha aumentado dramáticamente desde mediados de los años 1970. El hecho de que los

Versión castellana de Pastora Rodrigue/ Aviñoá.

Estados Unidos sean el principal comprador de petroleo mexicano así como la fuente de los alimentos que reemplazan a la decreciente producción interna, ha cer­ciorado a los mexicanos de que estaban cambiando un patrimonio no renovable -el petróleo- por alimentos que tradicionalmente habían producido. La imagen de un intercambio directo de petróleo por granos se ha vuelto una pesadilla nacional.

En este contexto, el Presidente López Portillo lan­zó, primero, el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y, luego, la Ley de Fomento Agropecuario (LFA). Tanto el SAM como la LFA fueron sometidas a un intenso debate sobre la dirección que estas políticas implicaban para la autosuficiencia alimentaria. Fuera de México, estas políticas fueron observadas con gran interés, no sólo por países como los Estados Unidos que venden alimentos a México sino también por otros países del tercer mundo que buscaban liderazgo en un México rico en petróleo.

En el transcurso de los años 1980 y 1981, seguí el debate en los medios de comunicación y en conversacio­nes, y me involucré personalmente en la evaluación de un proyecto específico en el Estado de Jalisco que caía bajo la éjida de ambas políticas.

El presente trabajo trata de la primera fase de la investigación sobre lo que se ha dado en llamar el “Proyecto Húngaro”. El análisis es necesariamente pre­liminar por varias razones. Primero, la suerte de las nuevas políticas no es aún cierta: López Portillo dejará pronto la presidencia y el nuevo presidente tendrá un amplio margen para establecer sus propias políticas agrícolas. Segundo, estas políticas fueron ideadas para tener efectos a largo plazo pero llevan funcionando poco tiempo. Finalmente, el programa local que describiré fue establecido para el quinquenio 1980-1985, pero los resultados del segundo ciclo anual no están aún disponi­bles. Sin embargo, ciertos resultados observados tienen

implicaciones que van más allá de la cuestión inmediata del éxito o fracaso de las políticas y el programa, y, en este sentido, vale la pena considerarlos en esta primera fase de su evolución.

El SAM y la LFA

No pretendo discutir el SAM y la LFA en términos de una toma de decisiones políticas o de “estadismo”, cómo si uno pudiera aislar al Estado de sus contextos societales e internacionales. Por el contrario, analizaré el SAM y la LFA como aspectos de las relaciones sociales en México. Las describiré en cuanto políticas en los términos más someros y, luego, las examinaré en el contexto de las relaciones sociales mexicanas.

La designación del Sistema Alimentario Mexicano con la sigla SAM indica la importancia internacional de la política agrícola en una época en que “Poder Alimen­ticio” y hegemonía norteamericana son prácticamente sinónimos. Indica asimismo un cierto humor negro: el caricaturista Germán Malvido en El Occidental de Guadalajara presentó a un campesino gritando ¡Viva el SAM! y a un sorprendido Tío Sam que preguntaba sua­vemente ¿Quién, yo? El SAM representa un intento de establecer un sistema alimenticio nacional a fin de asegurar la autosuficiencia de alimentos en los años 1980, mediante la infusión masiva pero coordinada de capital estatal y asistencia técnica. En contraste con planes agrícolas anteriores, el SAM utiliza la perspectiva de una teoría de sistemas2, aunque con una clara orientación téc­nica más que social. Es como si, por citar una de las cari­caturas de Vázquez Lira en el Uno más uno. el Estado mexicano creyese que podría sembrar pesos en lugar de semillas y obtener cosechas cada vez más abundantes.

Los principales componentes del SAM son, prime­

ro, un aumento en la producción de artículos básicos, especialmente maíz, frijol y trigo, mediante subsidios, precios de garantía y seguro de las cosechas, a fin de “compartir riesgos” entre el Estado y el campesinado; y segundo, un programa educativo de nutrición con base en el concepto de la canasta básica. Los aspectos más radicales del programa son la cuantía de los recursos dedicados a él y el hecho de que los programas estén coordinados mediante la teoría de sistemas.

La ley de fomento agrícola (LFA), por otra parte, está diseñada para aumentar la penetración de capital privado en el campo, conceptualizada como la “recapita­lización” de la agricultura, en respuesta a la fuga de capital de las zonas rurales hacia las ciudades o el exte­rior, con los efectos consiguientes sobre la producción y el empleo. Tal vez el aspecto más importante de la LFA sea la creación de “unidades de producción” redefinidas: se respalda a los ejidos para que se asocien con los peque­ños propietarios o con otros ejidos a fin de solicitar créditos a bajo interés y otras ayudas estatales. Lo que, de hecho, hace la LFA es crear otro nivel de tenencia de la tierra, sin supuestamente afectar el tipo de tenencia preexistente. La gran importancia de las nuevas unidades de producción es que la reforma agraria tocó a su fin. A partir de ahora había que encontrar otras soluciones a los males rurales de México. De hecho, muchos observadores veían en la LFA una contradicción con los objetivos revolucionarios de tierra y libertad e incluso con el SAM.

La respuesta de los diferentes intereses socioeconó­micos siguieron líneas más o menos predecibles. El apoyo de la empresa privada al SAM sería sorprendente, pues el SAM trata de reorientar la producción agrícola en favor de los productos básicos y en detrimento de los artículos de exportación, que han constituido la espina dorsal de la moderna agricultura capitalista en México. El SAM, sin

embargo, no es algo aislado, sino en relación con la LFA y otras políticas estatales. A medida que se hizo evidente que el Estado no iba a afectar mayormente la tenencia de la tierra, en el sentido de expropiar los restantes lati­fundios, y que todos podían hacer dinero, el apoyo de la empresa privada no se hizo esperar. Aunque el SAM se adelantó un año a la LFA, ésta se discutió a lo largo de todo el período.

No hay modo de detectar las opiniones de los cam­pesinos mexicanos en conjunto sobre el SAM y la LFA. Las principales organizaciones campesinas carecen de una voz autónoma. Es más, ningún grupo campesino tuvo un papel significativo en el diseño de las políticas agrícolas.

La mayoría de los campesinos con quienes hablé en Jalisco acerca del SAM y la LFA declararon ignorar lo que implicaba exactamente el SAM, lo cual no es sor­prendente pues pocos no campesinos sabían quá signifi­caba el SAM, más allá del concepto general. Lo veían como otro programa estatal más. Los campesinos res­pondían más directamente a la provisión del SAM que recompensa la producción de granos básicos. Conocían la LFA un poco mejor, debido a que el Estado presentó seminarios en los ejidos para explicar qué significaba esta nueva ley, especialmente las unidades de producción. El propósito de estos seminarios no era sondear la opinión de los campesinos sobre la LFA, sino presentarles la ley ya lista.

Las clases medias, cada vez más alejadas de los problemas de la producción alimenticia, respondieron al SAM y a la LFA con un celo nacionalista. La izquierda, por su parte, guardó una cautela esperanzada respecto al SAM, salvo excepciones que lo rechazaron de plano, pues algunos habían estado involucrados en los estudios que llevaron a su formulación. Su respuesta a la LFA fue unánimemente negativa.

Algo que debe tenerse en mente al tratar de entender estas políticas en su contexto social e histórico es que todos los problemas o cuestiones sociales han sido subordinados a los técnicos, como ha sugerido Warman en términos de una transición de una política agraria a una política agrícola3. Esta transición, a su vez, debe interpretarse en términos de la cambiante situación de México y del mundo. Huelga señalar que la crisis que llevó a la introducción del SAM y de la LFA fue el deterioro de la autosuficiencia alimenticia en los 1970 y la necesidad por parte del Estado mexicano de pagar las importaciones alimenticias con petróleo. Dichas transac­ciones se realizaban básicamente con los Estados Unidos. El fantasma de un México dilapidando su riqueza natu­ral y retenido en la misma condición relativa dentro de 40 años, precipitó la introducción del concepto del SAM antes de hallarse totalmente elaborado. Fue introducido precisamente el 18 de marzo de 1980, fecha del aniver­sario de la expropiación petrolera. Al mismo tiempo, López Portillo anunció que México no se afiliaría al GATT y que la producción diaria de petróleo sería limi­tada, controlando de este modo su venta al extranjero, especialmente a los Estados Unidos4.

Al principio, el SAM parecía indicar que México adoptaría una vía de desarrollo nacionalista, volviendo la espalda al capital extranjero, sobre todo norteamericano, como el motor del desarrollo. El SAM, la LFA y otras políticas estatales hacen hincapié en que la producción debe generarse en las unidades -cualesquieras que éstas sean- que puedan hacerlo. Aun si las relaciones de pro­ducción no capitalistas en los ejidos producen una buena parte de los productos básicos, los conglomerados indus­triales y mercantiles que usan estos productos continúan en manos, ya sea privadas o estatales, que se hallan interesadas en un México capitalista, más moderno, en el

que el Estado y la iniciativa privada dirijan el curso de la economía. Los que tienen más que perder son los inter­mediarios que se han alimentado parasitariamente del trabajo del campesinado.

Un comentario final refuerza la interpretación del SAM y de la LFA presentada en este trabajo. A princi­pios de 1981, el presidente López Portillo abrió un debate público sobre el papel de la propiedad privada en Méxi­co. En sus palabras de apertura, sugirió que los mexica­nos revaluaran la “función social” de la propiedad privada. Parecía sugerir que México podría prescindir de la propiedad privada, si el pueblo lo deseaba. A medida que se desarrolló este complejo debate, se hizo aparente que la propiedad privada no era el meollo de la cuestión. El verdadero interés del debate se centraba en la propie­dad social, es decir, el ejido.

En la retórica tecnocrática del PRI, el debate pa­recía querer decir que México ya no se podía dar el lujo del ejido. Es significativo el que los líderes campesinos y ejidales no fueran consultados en la planeación del SAM o de la LFA, que ninguno de estos líderes asistiera a la fiesta del primer aniversario del SAM, y que en el Primer Congreso Nacional sobre el Maíz, realizado en Guadalajara, ningún representante campesino o ejidal participase en los paneles, cuya orientación era total­mente técnica.

El “Proyecto Húngaro ”

Una buena parte de lo escrito sobre el SAM y la LFA versa sobre las implicaciones políticas de las inicia­tivas del Presidente López Portillo, sobre todo en lo tocante a los Estados Unidos. Por el contrario, poco se ha dicho sobre los proyectos específicos en los que el SAM y la LFA tuvieron algún impacto sobre los campesinos que producen los alimentos del país. Deseo, precisamente,

hacer un análisis preliminar de la primera fase de un proyecto, conocido a nivel local como el “Proyecto Hún­garo”, en Jalisco.

Conviene destacar que Jalisco presenta ciertas con­diciones específicas que difieren de las prevalecientes en el México central, meridional y septentrional donde, hasta ahora, se ha realizado la mayor parte de la inves­tigación sobre asuntos agrarios. El Jalisco actual no contaba con una densa población indígena en el momen­to de la Conquista. Los escasos grupos indígenas fueron exterminados en su mayoría, excepto en el área del lago de Chapala y el norte del estado. Por ende las relaciones étnicas han seguido una trayectoria un tanto diferente de otras partes de México. Los indios no se vieron sometidos a duras condiciones de trabajo forzado en las haciendas, al menos no al grado que en otras regio­nes. La falta de una fuerza de trabajo adecuada no impi­dió el desarrollo de latifundios y las haciendas se especia­lizaron en la cría de ganado, además del cultivo de pro­ductos. La pequeña propiedad privada es todavía la regla, especialmente en la región de Los Altos.

Jalisco no fue en absoluto vivero de la Revolución, y las presiones en favor de la reforma agraria tampoco fueron tan fuertes como en otras regiones. En muchos aspectos, es un estado sumamente conservador.

El “Proyecto Húngaro” fue diseñado para la Unión de Ejidos “Francisco I. Madero” en el municipio de Jocotepec, en el margen occidental del lago de Chapala. La unión se organizó hace varios años, durante la ad­ministración del presidente Echeverría, que apoyaba el desarrollo de asociaciones de ejidos independientes5. Esta unión consiste de cuatro ejidos: Zapotitán de Hidalgo, Huejotitán, El Molino y San Marcos6. Los tres primeros ejidos se formaron con tierras de las haciendas de Huejotitán y Zapotitán, que anteriormente consti­

tuían una sola hacienda, Huejotitán, y ocupaba todo el valle. Por cuestiones de herencia, esta hacienda se subdi- vidió7. Durante la reforma agraria, ambas fueron, a su vez, divididas en tres ejidos, dos de los cuales llevan los nombres de las viejas haciendas, aunque los límites de estas no corresponden estrictamente a los de los nuevos ejidos. El Molino es la parte de la vieja hacienda de Hue­jotitán donde se molía el trigo antes de ser enviado a Guadalajara.

Cualquier antropólogo podría haber predecido que una unión de los dos ejidos, el de Huejotitán y el de Zapo- titán, se enfrentaría a grandes dificultades, dado que ambos mantienen una gran competencia y hostilidad que data de una etapa anterior a la constitución de los ejidos, posiblemente de cuando se dividió la hacienda de Huejo titán. De hecho, sería difícil encontrar un caso más idóneo para hacer una comparación controlada. Zapo- titán es un ejido bien organizado, con liderazgo eficiente, que ha logrado introducir sustanciales mejoras en la comunidad sin depender de papá gobierno. Entre estas mejoras se cuentan el agua potable, la electricidad, una plaza, un puente, y, sobre todo, un edificio para las oficinas y reuniones del ejido, conocido como casa ejidal. La comunidad tiene escuelas primarias y secundaria, así como una pequeña clínica del Seguro Social.

En contraste, el cercano Huejotitán obtuvo algunas de estas mejoras después de Zapotitán, y eso sólo con ayuda del gobierno. En Huejotitán, las reuniones del ejido se hacen en la escuela primaria, pues no tienen casa ejidal. Los jóvenes de Huejotitán que desean asistir a la escuela al terminar la primaria deben ir a Zapotitán o abandonar el área y vivir con parientes y amigos en lugares como Guadalajara. Por esta razón, hay muy pocos estudiantes de Huejotitán en la secundaria de Za­potitán. En cuanto a la atención médica, la única alterna­

tiva local a la clínica de Zapotitán es una instalación más grande en Jocotepec.

Estas dos comunidades difieren decisivamente en el liderazgo, que refleja los intereses opuestos en las comu­nidades respectivas. Los ejidatarios que poseen ganado son más poderosos en Huejotitán que en Zapotitán y debido a su deseo de mantener la explotación extensiva de las tierras ejidales, es casi seguro que se opondrán a cualquier proyecto que cambie los patrones actuales de explotación. Hay ejidatarios con ganado en Zapotitán pero aparentemente no prevalecen en las decisiones co­munitarias. Un factor importante aquí es la existencia de no ejidatarios que, sin embargo, asisten a las reuniones ejidales mensuales y presionan en favor de sus intereses particulares. Zapotitán también parece hallarse mejor organizado respecto al mundo exterior, pues tiene fuertes lazos en varias ciudades de los Estados Unidos.

El comisario ejidal de Huejotitán, durante el perío­do de la investigación, era un sujeto al que llamaré Felipe Estevez, un individuo carismàtico y misterioso que apa­rentemente dominaba al pueblo por miedo. Felipe es un hombre claro e imponente y maneja las reuniones con extremada habilidad. Es igual de hábil en expresar una evaluación crítica de la manipulación de su comunidad por parte del gobierno como lo es en “dárselas de campesino” y negar cualquier conocimiento de los vínculos verticales dentro de la sociedad mexicana.

El líder real de Zapotitán era Juan Arroyo (también un sinónimo), que desempeñó dos cargos importantes: comisario ejidal y presidente de la unión de ejidos. A principio de 1981, Juan renunció al primer cargo. Es menos carismàtico que Felipe y ejerce su influencia más sutilmente. No dirige las reuniones ejidales mensuales, y sólo habla cuando es inevitable.

Lo anterior describe someramente el contexto de Jocotepec cuando se introdujo el “Proyecto Húngaro”.

El gobierno mexicano firmó un acuerdo de cooperación científica y técnica con el gobierno húngaro a fines de 1977. Este incluía un “Acuerdo especial de cooperación en el área agrícola y forestal”, bajo el que cae el proyecto que analizamos. Dado que Hungría es uno de los productores importantes de maíz en Europa, en cuyo campo han desarrollado una experiencia considerable, era lógico que tratara de compartir sus conocimientos con México, que es asimismo un productor importante, pero con menos conocimientos técnicos. El gobierno húngaro asignó la tarea de educar a campesinos mexica­nos en técnicas avanzadas de cultivo de maíz a la firma AGROBER.

Los agrónomos de AGROBER diseñaron un pro­yecto quinquenal. En la primera fase, correspondiente al ciclo agrícola 1980-81, aumentaría la producción de maíz mediante la aplicación de las técnicas que habían perfec­cionado en Hungría, con adaptaciones a las condiciones de esta área. Para lograrlo, prepararon el suelo mucho más intensamente de lo que suelen hacerlo los campesinos mexicanos: araron la tierra dos veces a 30 centímetros y aplicaron varios tipos y cantidades de fer­tilizantes. Sembraron cuatro tipos de semillas mejoradas a una densidad de 48 000 plantas por hectárea, un aumen­to de un 25%. Utilizaron el pesticida Furadan y siete tipos de herbicidas, algunos aplicados desde una avioneta. La maquinaria utilizada era cara y compleja. Además de un aumento en la producción de maíz, en la primera fase se proyectaba la recogida y venta de los tallos de maíz para forraje (pacas.)

La segunda fase se formaría con base en la primera, utilizando las pacas a fin de alimentar el creciente número de animales de los ejidatarios. Esta fase incluiría la cría intensiva de ganado estabulado. En fases subsiguientes, la unión se transformaría en una agroindustria autóno­ma, incorporando el cultivo de maíz, la cría de ganado y

el procesamiento de carne, proporcionando empleo más capacitado y mayor remuneración a sus miembros. Al mismo tiempo este desarrollo impediría la emigración del área en dirección a Guadalajara, a la ciudad de México y a los Estados Unidos.

Originalmente, el proyecto iba a comprender los cuatro ejidos de la unión, pero debido a una decisión de última hora de la Secretaría de Agricultura, el alcance del proyecto se limitó a tres ejidos contiguos, Huejotitán, Zapotitán y El Molino, y se le denominó “proyecto pilo­to”, abarcando sólo mil de las 4 300 hectáreas. A los ejidatarios no se les dieron explicaciones del cambio. Se podría pensar que el riesgo de un fracaso era demasiado grande para que la Secretaría de Agricultura invirtiera su nombre y recursos sin darse una salida.

Para llevar a cabo el proyecto, los húngaros tuvieron que convencer a los ejidatarios de que éste daría frutos, pues era necesario que removieran sus vallas y “juntaran” las parcelas individuales de cuatro hectáreas cada una en una extensión de tierra que volviera econó­micamente factible el uso de maquinaria grande. La persona responsable de informar a los ejidatarios sobre las implicaciones del proyecto y de obtener su apoyo era una trabajadora social de la Secretaría de Agricultura asignada a la unión. Armada con planes y proyectos, que mencionaban específicamente entre 15 y 16 000 pesos por hectárea como la producción esperada, logró convencer a un número suficiente de ejidatarios de que participa­ran, y pronto se inició la preparación de las tierras.

Surgió un problema inmediato por la falta de parti­cipación de los ejidatarios de El Molino, que esperaron hasta que el caro proceso de preparar la tierra para el cultivo estuviese completo, luego sembraron sorgo y, de hecho, se retiraron del proyecto. De este modo, los hún­garos continuaron con dos ejidos solamente, los viejos enemigos de Huejotitán y Zapotitán.

Hubo otros problemas durante la primera mitad de 1980. El gobierno cambió al personal en contacto directo con los ejidatarios en varias ocasiones, lo que redundó en una falta de continuidad. Algunos cambios fueron positi­vos, como en el caso de los primeros organizadores que pasaron seis meses en Jocotepec sin emprender nada. Pero otros cambios fueron desastrosos, como en el caso de un nuevo representante de la Secretaría de Agricultura quien, en una reunión en la que los miembros del ejido de Zapotitán deseaban conocer el resultado neto de la cosecha, comenzó a sermonearlos sobre los beneficios de la LFA. La reunión casi terminó en violencia y, con ella, se hundió el proyecto húngaro en dicho ejido.

Además, el gobierno no introdujo las obras de infraestructura que había prometido, especialmente las zanjas de drenaje, necesarias para desviar la corriente de las montañas durante las lluvias. Sin las zanjas, un tercio de las aproximadamente mil hectáreas se inundaba, resultando en la pérdida de una parte del maíz. Los hún­garos aprovechaban el que podían como forraje.

Otro tipo de problemas surgió también con la ma­quinaria y las semillas compradas por la unión, y que disminuían la producción de maíz. Los húngaros preferían tractores John Deere pero un representante de la Secretaría de Agricultura insistió en tractores Massey- Ferguson, que resultaron defectuosos. La semilla utiliza­da se compró a Northrup King; ésta había sido acciden­talmente fertilizada en la planta y no dio los resultados esperados. (Se demandó a la empresa, pues Northrup King al principio prometió entregar nueva semilla para el ciclo 1981-82 y luego se volvió atrás).

La cosecha se hizo en enero y febrero de 1981, más de un mes después que en años anteriores, pues los ejida­tarios tuvieron que esperar la autorización de la Secre­taría de Agricultura para iniciar la cosecha. La razón

principal del retraso era el contenido de humedad del maíz: éste se vendió a la CON ASU PO y hubo que esperar a que alcanzase el grado de humedad dispuesto por la empresa. Debido al retraso, una cantidad adicional de maíz se perdió en incendios de causa desconocida y sos­pechosa.

Por esas fechas surgió otro revés que planteó serias dudas sobre la viabilidad del proyecto. Aun antes de que se recogiera la cosecha, los técnicos húngaros recibieron una carta de la Secretaría de Agricultura que les informa­ba de la terminación del contrato quinquenal al finalizar el primer año, pretextando restricciones presupuéstales. Dado que el proyecto era totalmente consistente con el SAM y la LFA, y que el Estado acababa de anunciar el presupuesto agrícola más alto en la historia de México, esta explicación no convenció a nadie. Es probable que el éxito de los húngaros llevase a alguna gente de la Secre­taría a creer que su trabajo estaba siendo minado ¡por extranjeros!. Así las cosas, el proyecto iba a continuar, pero bajo la dirección de agrónomos y técnicos mexica­nos. Estos especialistas no se hallaban familiarizados con las técnicas húngaras a emplear en las fases subsiguientes del proyecto y se temía que el proyecto agroindustrial quinquenal fuera congelado en su primera fase. El lider del ejido de Huejotitán, Felipe Estévez, acusó al presi­dente de la unión, Juan Arroyo, de despedir a los húnga­ros.

Cuando los resultados finales del ciclo 1980-81 estu­vieron a la vista, los acontecimientos anteriores cobraron sentido. Las noticias más importantes, por las que todo el mundo había esperado, era el ingreso neto por hectárea. Aunque la trabajadora social, repitiendo cifras que le habían dado en la Secretaría de Agricultura, había men­cionado la cifra de 15 000 pesos por hectárea, el ingreso real sólo fue de la mitad.

Venta de maíz ............................ 14’113,475.74 pesosVenta de forraje ............................ 3’246,596.10Otras ventas .................................. 3’824,640.62

T O T A L 2F184,712.46

Gastos

Almacenamiento ................................ 2,108.09 pesosEquipo oficinas ................................ 23,851.80Herramientas .................................... 30,999.67Gastos financieros .................................. 450.00Administración ................................ 273,934.03Gastos de operación ................. 13714,377.27Otros gastos ........................................ 2,701.00Pagos adelantados a la unión . . 3711,097.48

T O T A L 17759,519.34

La diferencia entre ingresos y gastos, junto con el pago adelantado a los ejidatarios, se elevó a 7249,833.74 pesos.

Aunque el ingreso era menor de lo esperado, fueron los gastos cargados a la unión lo que produjo alarma entre los ejidatarios. La venta de maíz es obvia, como lo es la venta de forraje. La categoría “otras ventas” corresponde en parte a los beneficios que obtuvo la unión en su calidad de agente de la compañía oficial de ferti­lizantes, Fertimex. Posiblemente el SAM haya aportado un millón de pesos en apoyo del cultivo de alimentos básicos.

Los ejidatarios no lograban entender algunos de los gastos que les cargaron. El equipo de oficina había sido prometido por la Secretaría de Agricultura, así que les sorprendió encontrarlo en el debe. El alto costo de los

gastos de operación no se hallaba desglosado, haciendo imposible el determinar qué se cobraba a la unión. Tal vez les cobraban el drenaje, aun cuando éste era respon­sabilidad de la Secretaría de Agricultura. En otras pala­bras, la Secretaría se lavaba las manos del proyecto hún­garo y cargaba lo que podía a los ejidatarios.

A nadie complacieron estas cifras. El líder de Huejo- titán, Felipe Estévez, acusó de nuevo al presidente de la unión, Juan Arroyo, de malversación, lo que llevó a una auditoría y retrasó el anuncio de las cifras finales. Arroyo finalmente fue absuelto de cualquier delito. La trabaja­dora social fue incluso acusada de engañar a los ejidata­rios con sus proyecciones optimistas de las ganancias, suministradas, claro está, por su Secretaría, y al final creía que su posición entre ellos se hallaba tan compro­metida por el sesgo de los acontecimientos que planeaba renunciar antes de que terminara el ciclo 1981-82.

La cuestión que surgió fue: ¿cómo proseguir?. Una cooperación con El Molino y especialmente con Huejo- titán era virtualmente imposible para Zapotitán. Zapo- titán y Huejotitán decidieron reconstituir sus tierras respectivas como unidades de producción bajo la LFA, pero independientemente la una de la otra. Por razones no determinadas, la Secretaría de Agricultura declaró que los ejidos individuales no podían formar unidades de producción, que sólo podían hacerlo dos o más ejidos o ejidos individuales con pequeños propietarios. En conse­cuencia, estos ejidos no podían formar unidades de producción separadas, aunque Zapotitán obtuvo prácticamente el mismo estatus debido a su excelente his­toria crediticia. A mediados de 1981 no se sabía cómo sería dividida la maquinaria adquirida por la unión entre las nuevas unidades, pero una cosa sí estaba clara: una buena parte de la maquinaria utilizada en 1980-81 ya había sido pagada y los ejidatarios se enfrentaban al ciclo 1981-

82 con mayor experiencia y una situación financiera más fortalecida de la que habían logrado en ciclos anteriores.

Conviene notar que en los dos ejidos las viudas de ejidatarios presionaban a sus líderes a continuar el proyecto. A pesar de los contratiempos de í 980-81, estas mujeres salieron mejor paradas financieramente al participar en el proyecto y obtener de seis a siete mil pesos por hectárea en lugar de rentar sus tierras a otros por tal vez unos 1 500 pesos la hectárea.

Implicaciones

No deseo sacar conclusiones prematuras de este análisis preliminar. Prefiero discutir las implicaciones de este análisis tal cual está. Estas caen en tres categorías: primero, qué es probable que suceda durante los próxi­mos años del proyecto húngaro transformado, si es que no lo cancelan; segundo, cuáles son las implicaciones del SAM y de la LFA respecto al problema alimenticio de México; y tercero, qué sugiere el análisis sobre las futuras relaciones entre Estados Unidos y México.

Respecto al futuro del proyecto húngaro, es proba­ble que permanezca en la primera etapa de productividad creciente, al menos hasta que sea articulado algún otro plan maestro, momento en que a todo el proyecto podría dársele carpetazo. La idea de una agroindustria en el valle, que proporcione empleo y mejor ingreso a la gente de estas comunidades, parece ahora poco plausible. Lo que es más preocupante es que agrónomos y técnicos mexicanos de la Secretaría de Agricultura y otras secre­tarías manejen los esfuerzos de los ejidatarios, pues no se hallan familiarizados con las técnicas húngaras, y, es más, no les interesan. Los que conocí en 1981 parecían llevar a los ejidos en diferentes direcciones, represen­tando diferentes intereses burocráticos: la Secretaría de Agricultura, la de la Reforma Agraria, y el Banco Rural.

Aun si el proyecto se estanca, el ejido de Zapotitái. estará en una buena situación relativa en los próximos años. Los ejidatarios obtuvieron una experiencia importante en 1980-81, pues virtualmente llevaron adelante el proyecto. Aun si no ganaron el ingreso neto esperado, su situación financiera es buena en el sentido de que pueden co n seg u ir l i te ra lm e n te to d o el financiamiento que necesitan del Banrural. Incluso si el SAM tocara a su fin, y aun bajo la LFA, que parece haberlos excluido, probablemente les vaya bien, al menos comparados con otros ejidos del área. Su liderazgo se halla mejor preparado para el tipo de programas de desarrollo rural que es posible esperar del tecnocrático gobierno mexicano en los años 1980. Y, como la tierra más vulnerable a las inundaciones está en el ejido de Huejotitán, a Zapotitán por su cuenta le debiera ir mejor en 1981-82.

A Huejotitán, por el contrario, no le irá tan bien porque no obtuvo tanta experiencia práctica en el último ciclo; sus tierras son más vulnerables a las inundaciones; existen fuertes divisiones al interior del ejido; y su lide­razgo ha sido de tipo caciquil, lo que tal vez sea menos efectivo en el México tecnocrático de los años 1980, al menos que cambie sustancialmente la política agrícola con Miguel de la Madrid.

Me gustaría volver ahora a un problema que no se ha planteado directamente en este ensayo. He utilizado el término “campesino”, sólo descriptiva y no analítica­mente, para referirme a todo aquel que vive en el México rural, en parte porque así se usa el término en la política estatal y entre los ejidatarios. El problema que conviene discutir es si el SAM, la LFA y el proyecto húngaro re­presentan una transformación social del campesinado en algo más.

Claro está que desde la Revolución y especialmente

desde la reforma agraria, el campesinado ha sido definido por su relación con el Estado, más que con los terrate­nientes, sobre todo en el occidente, donde las relaciones sociales durante el Porfiriato diferían de las del México central y meridional. El ejido, vale repetirlo, fue establecido como ente legal en la Constitución de 1917, estatus que las comunidades campesinas nunca tuvieron en el feudalismo europeo. El SAM, de hecho, ha sido presentado como el moldeo de una nueva alianza entre Estado y campesinos, como sugería el lema “Trato limpio con el campesino”.

La identidad de los ejidatarios como campesinos no parece un problema entre la gente de Zapotitán y, en muchos aspectos, operan ahora como una sociedad de pequeños empresarios. Esta identidad, sin embargo, es problemática para los ejidatarios de Huejotitán, que expresaron su resistencia al proyecto húngaro en térmi­nos de su temor a verse transformados en jornaleros de sus propias tierras. En mi opinión, este miedo no se debe a un apego a la tierra o a la autonomía campesina. El problema es más bien de empleo lucrativo con seguridad. Felipe Estévez de Huejotitán se quejaba no de la falta de autonomía campesina sino de la falta de trabajos en su pueblo. Ambicionaba cualquier tipo de programa que llevase empleo a Huejotitán e hizo comentarios acres sobre los emigrados que regresaban de visita al pueblo de los Estados Unidos, sólo para presumir de su riqueza y mofarse de la pobreza de los que se habían quedado.

¿Cómo se explica esta diferencia de perspectiva entre los ejidatarios de Huejotitán y los de Zapotitán? Puede sonar demasiado obvio el decir que es un problema de liderazgo, pero, en realidad, así lo creo. No me refiero al liderazgo en el sentido abstracto de toma de decisiones sino en el concreto de relaciones de produc­ción. Felipe Estévez y Juan Arroyo son dos ejemplos de

lo que Gramsci denominó intelectuales orgánicos; indi­viduos que surgen en una clase social particular, elaboran y articulan una interpretación particular del predicamen­to de su clase y proponen los medios para manejarla8. No se trata de intelectuales tradicionales que se hallan vinculados a las instituciones de la sociedad. Juan Arroyo está más cerca de ser un intelectual orgánico que Felipe Estévez, quien se halla comprometido por sus tratos oscuros con el mundo oficial. Juan Arroyo aboga por una colaboración cuidadosa con el Estado y con faci­lidad se pone a la altura de los representantes estatales al maniobrar dentro de los canales establecidos. Su expe­riencia y estilo personal discreto lo hacen elemento indis­pensable en su comunidad. Es dudoso que alguien de su grupo inmediato, con el que comparte el poder con natu­ralidad, pudiera ocupar su lugar. Felipe Estévez es un conspirador hábil que, como indiqué páginas atrás, gobierna mediante el miedo. La trabajadora social me informó que una persona de Huejotitán le expresó una cierta oposición a Estévez durante una conversación privada, cuando ésta lo animó a que se quejara en públi­co, la respuesta fue que ella ignoraba cómo eran las cosas en Huejotitán cuando estaba ausente. Aunque no conocí a nadie con su carisma, probablemente hay varias perso­nas que podrían ocupar su lugar, pues el Estado tiene los medios de hacer surgir a tales individuos.

No hay duda alguna de que el SAM, la LFA y el proyecto húngaro están teniendo un enorme impacto en los ejidos y la gente de Jocotepec. El meollo del asunto es la cuestión de la transformación social: ¿el carácter tecno- crático del Estado mexicano contemporáneo implica que estos “campesinos” se verán pauperizados y proletariza­dos, como podría suceder en Huejotitán si fracasa el proyecto húngaro, o se transformarán en pequeños empresarios colectivos, como parece ocurrir en Zapo-

titán? Sea como fuere, es remoto que los actuales mode­los del campesinado, que hacen hincapié en la orientación a la subsistencia, sean de gran ayuda.

La segunda implicación que abordaré gira en torno a la orientación técnica más que social del modelo de desarrollo implícito en este proyecto y en otras activida­des fomentadas por el S AM y la LFA. A lo largo del siglo XX, muchos observadores de la sociedad e historia mexi­cana han observado que la esperanza última de México radicaba en el ejido. Claro está que estos observadores han diferido respecto a lo que consideran las ventajas del ejido. Ahora bien, en los años 1980, el SAM y la LFA parecen implicar que México vuelve la espalda al ejido en busca de soluciones al desarrollo con base en la tecnolo­gía, en particular, el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas, de origen petroquímico, por no mencionar la maquinaria enorme y cara; todo ello parece ser precisa­mente el tipo erróneo de desarrollo. ¿Por qué no emplean buena tecnología intermedia y métodos orgánicos más en consonancia con las relaciones sociales existentes entre los campesinos? Estas cuestiones son especialmente rele­vantes en México, cuyas reservas petroleras, según las predicciones, durarán unos 40 años más. ¿Qué le pasará al México de alta tecnología cuando se agote el petróleo?

Conviene señalar que la prudencia de “lo pequeño es mejor”, tal como se anuncia desde los países industria­lizados ricos, como los Estados Unidos, se percibe de manera diferente en el tercer mundo. El argumento anti­tecnología alta le suena a los pueblos del tercer mundo como un intento más de marginarlos de las comodidades materiales del mundo moderno. Después de todo, una vez más ¡se les dice qué deben hacer pero sin sentar el ejemplo!

Desde el punto de vista mexicano, la insistencia en soluciones de alta tecnología para los problemas que

aquejan al país es comprensible, una acción contradicto­ria en un mundo contradictorio. Esta lógica es más fácil­mente establecida en términos de la alternativa de no seguir un modelo de alta tecnología. Los rasgos del S AM y la LFA dejan muy claro que las relaciones sociales en México, sobre todo en el campo, son potencialmente tan explosivas que sólo es posible una solución técnica masiva. Una solución técnica aparentemente no cambia el equilibrio social existente, al menos no a corto plazo, como sí lo puede hacer una reforma agraria auténtica o incluso la desamortización de tierras públicas. La alter­nativa alta tecnología se halla dictada por las relaciones existentes entre las clases sociales mexicanas.

Los líderes entienden muy bien que el petróleo es finito y tiene ciertas consecuencias negativas, a las que se ha dado en llamar “petrolización” o incluso “iraniza- ción” de la economía. Ultimamente el problema se resu­miría así: ¿qué es peor, conservar el petróleo y no apro­vechar el momento histórico, o usarlo ahora e ir calcu­lando qué hacer cuando el petróleo se agote? En una época en que la energía nuclear está viviendo un ocaso en Estados Unidos, en México, por el contrario, está siendo activamente promovida, como un medio de disminuir la explotación petrolera y ofrecer una alternativa a las estaciones eléctricas operadas con gas para cuando éste se haya evaporado. En otras palabras, su posición es de hagámoslo ahora y ya resolveremos los otros problemas cuando se presenten. La única restricción a este tipo de crecimiento es que no se salga del control y pueda llevara otra revolución.

Por contradictorio que parezca, no se acierta a ver otro camino.

Finalmente, conviene volver sobre las implicaciones internacionales del SAM y la LFA, en particular a las re­laciones entre México y los Estados Unidos. Huelga decir

que el petróleo es la base del prestigio y poder reciente de México. El Presidente López Portillo ha manipulado este instrumento con gran habilidad, utilizando la venta de crudo a precios inferiores a los del mercado mundial en calidad de ayuda externa a sus vecinos más pobres. Por tanto, una política como el S AM es importante para todo el tercer mundo. Para México, que con todos sus pro­blemas es, sin embargo, una de las economías más diná­micas de América Latina, el restablecer la autosuficien­cia alimentaria es un tremendo desafío. Obviamente, el gobierno está ansioso por no fracasar, pues un fracaso implica no sólo comer grano norteamericano sino además tener que bajar la cabeza. Por estas razones, son sumamente precavidos en programas como el proyecto húngaro, que podría interpretarse en el sentido de que México no se puede manejar solo y tiene que depender de los extranjeros. El SAM es una forma de México de plantarse ante el tío SAM, y la LFA es su discreto instrumento para lograrlo.

NOTAS

1. La investigación para el presente artículo se llevó a cabo entre agosto de 1980 y julio de 1981, período en el que tuve una beca Fulbright-Hayes. Deseo agradecer al Sr. Frank Lattanzi del Consulado norteamericano en Guadalajara sus atenciones. El trabajo fue presentado en un coloquio del Instituto Latinoamericano de la Universidad de Nuevo México. Agradezco los agudos comentarios de Karl Schwerin, así como otros muchos que me hicieron al presentar el mismo trabajo en la Universidad de Michigan.

2. Michael Redclift, “Development Policymaking in México: The Sistema

Alimentario Mexicano (SAM), Working Papers in U.S. - Mexican Studies, 24, University of California, San Diego, 1981.

3. Arturo Warman, “Frente a la crisis, ¿política agraria o política agrícola? Comercio Exterior 28:6 (junio 1978), pp. 681-687.

4. Redclift, op. cit., p. 10; John Bailey y John E. Linck “Statecraft and Agri- culture in México, 1980-82: Domestic and Foreign Policy Considerations in the Making of Mexican Agricultural Policy”, Working Papers in U.S. Mexican Studies. 23, University of California, San Diego 1981.

5. Helio García Alfaro y Enrique Fernández Pérez, “Las uniones de ejidos”, Revista del México Agrario, número especial, 1976, pp. 99-104.

6. El ejido de San Marcos se encuentra en el municipio de Zacoalco de Torres.7. Eric Van Young, comunicación personal.8. Eugene D. Genovese, “On Antonio Gramsci”, Studies on the Left, 7, 1967,

pp. 83-107; Jerome Karabel, “Revolutionary Contradictions: Antonio Gramsci and the Problem of Intellectuals”, Politics and Society 6,1976, pp. 123-172.

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