CALIFÍQUELO USTED MISMO POR FAVOR...

Gobierno adelantó el pagode la deuda externa

EEUU: “Sin justicia no habrá paz”

pág. 2

pág. 44

pág. 5

Integrante de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas - CIPOML

edición 1905del 3 al 9 de junio de 2020

2

La noticia que el Ministro de Finanzas, Richard Martínez, en abril pasado, habría adelantado el pago de 889 millones de dólares de deuda a dos bancos privados extranjeros, Goldman Sachs Group Inc. y Credit Suisse Group AG, ha provocado indignación en la población. De esta manera, el gobierno ha pagado más de mil doscientos millones de dólares de deuda externa, en un momento en el que lo que más se necesita son recursos económicos para invertirlos en salud, educación, alimentación, seguridad social.

Este comportamiento servil al capital internacional, viene acompañado del conjunto de acciones atentatorias a la vida y al bienestar de los ecuatorianos

CALIFÍQUELO USTED MISMO POR FAVOR...

EDIT

ORIA

L

3

adoptadas en estas semanas: ni un solo pago se ha hecho de los USD 887,5 millones que el Gobierno adeuda de su aporte del 40% al Fondo de Pensiones del IESS que, como se ha denunciado en estos días, prácticamente está quebrado; el presupuesto de la educación y de las universidades, en conjunto, ha sufrido un recorte de algo más de USD 300 millones; las remuneraciones de los trabajadores y empleados del país –en el sector privado y público- han sido disminuidas, lo que, sumando al despido de más de cien mil personas de sus puestos de trabajo, pone a las familias trabajadoras en condiciones muy difíciles, desesperante para muchas de ellas.

Ante el descontento generalizado que se está expresando en masivas protestas callejeras, el Gobierno hizo un atisbo de que estaría preparando un proyecto de ley que establezca el adelanto del pago de impuestos de las empresas privadas. Un adelanto, no una contribución o aporte especial, sin embargo, los

4

grandes empresarios manifestaron su cerrada oposición, dicen que enfrentan problemas financieros, lo cual es absolutamente falso.

Miremos las «angustias económicas» de la gran burguesía ecuatoriana. Se conoce que en el 2017, los socios accionistas de los grupos económicos eran 971 personas, que en porcentaje con la población total equivale al 0,006%. Este minúsculo número tiene acumulada una riqueza que llega a 115.725 millones de dólares, que representa 1,63 veces el Producto Interno Bruto del país.

Esta es la burguesía que descarga la crisis sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo. Dígannos ¿cómo calificar esta conducta?

“”

971 personas en nuestro país tienen acumulada una riqueza que llega a 115.725 millones de

dólares, que representa 1,63 veces el PIB.

5

Si Richard Martínez tuviera un poco de dignidad, él mismo se abría retirado de la dirección del Ministerio de Finanzas, antes de hacerlo por la puerta trasera que significa un juicio político planteado en su contra por varios legisladores, entre los que se se encuentra Raúl Tello, fundamentalmente por los mismos argumentos de siempre, pero ahora con más pruebas que antes: entregarse a los intereses de los acreedores de la deuda antes que a suplir las necesidades nacionales.

En abril, Martínez prefirió pagar la deuda

6

Ya en el mes de marzo debió enfrentar toda una andanada de críticas en ese sentido, pero lo que ha hecho en abril, que recién se conoce de manera oficial, solo puede lograr el consenso nacional de conseguir su salida del Ministerio. En el mes de abril, por concepto de capital, intereses y comisiones, el país pagó más que en marzo, pues se desembolsó 1216 millones de dólares. Ecuador, en ese mes fue especialmente activo pagando a sus acreedores, entregó dineros a la Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Asociación Internacional del Fomento, Fondo Latinoamericano de Reservas, Club de París, Petrotailandia, tenedores de bonos y, sobretodo, a los bancos privados internacionales: Goldman Sachs y Credit Suisse.

Cuando la pandemia ya estaba en apogeo en el mundo y los anuncios de apoyos económicos para enfrentar esta crisis eran comunes entre todas las organizaciones multilaterales, en

7

Ecuador se pagó a los acreedores 1216 millones y solo se recibieron 129 millones de dólares, otra vez, igual que en marzo, salió más dinero del que ingresó.

En el 2018, con gran estruendo, tanto el presidente Lenin Moreno, como el propio ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunciaban al país la confianza que el mercado financiero internacional tenía en el país, al punto que obtuvieron dos préstamos por 500 millones cada uno y a bajo interés obtenidos de los bancos

8

privados, Goldman Sachs International y Credit Suisse. Pero no dieron a conocer las demás condiciones de esos préstamos que, resumiendo, incluyen “colaterales” que, en caso de incumplir en los pagos de capital, el país debe multiplicar la deuda por 2.5, esto es ya no se debería 1000 millones, sino 2500 millones de dólares, aparte de intereses correspondientes.

Martínez, al obtener ese crédito, en esas condiciones demuestra su característica de vendepatria, voluntariamente sometido a las condiciones del capital internacional y ahora, al tener que decidir entre pagar o destinar más recursos a las necesidades nacionales, incluso paga por adelantado, tratando de pasar la hoja sobre una deuda que perjudica las finanzas del país. Se debe investigar el destino de las comisiones, no sería nada extraño conocer que parte de ellas llegan en algún momento a manos de los negociadores ecuatorianos de la deuda.

Pero aquello no es todo, la capacidad de

9

gestión ya se debió comprobar en este mes por lo menos en dos aspectos: el primero, incrementando los desembolsos de los multilaterales, en cumplimiento de los ofrecimientos; el segundo, renegociando los pagos al menos de los intereses. Ninguno de los dos se concretó en abril, pues, solo en intereses el país pagó 141 millones, mientras que únicamente recibió 129 millones de dólares en desembolsos. Es decir, la gestión del ministro Martínez priorizó el cumplimiento con los acreedores, mientras las necesidades nacionales fueron dejadas de lado.

“

”

El sometimiento a los designios de los

prestamistas sale a la luz al conocerse las condiciones

a las que se obtuvieron préstamos de la banca privada internacional.

10

Las organizaciones populares tienen propuestas para

salvar al IESSAntes de la pandemia, la situación del IESS era crítica, quizá los únicos pasos que se adelantaron en tratar de encontrar salidas fueron los estudios actuariales realizados que confirmaron su difícil situación, pero no más. Ya en medio de la pandemia, tratando de aprovechar la desmovilización popular, el gobierno se apresta a aprobar dos leyes -Apoyo Humanitario y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas- que afectan ya no solo la situación del IESS sino también a

11

las instituciones de seguridad social de la Policía y las Fuerzas Armadas y que guardan relación con las propuestas de la burguesía representada por los grandes empresarios y del propio gobierno. En ambos casos, esperan descargar sobre los hombros de afiliados, jubilados y campesinos la crisis que afecta a la institución y quedarse con los negocios que significan manejar los dineros que les llega a las instituciones de la seguridad social cada mes, tanto para la atención en salud como para los ahorros para la jubilación.

Es en ese contexto que toma relevancia la difusión de las propuestas que nacen desde las organizaciones populares para rescatar los derechos de los trabajadores y de todos los sectores sociales del país.

El Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores, desde hace más de un año, dieron a conocer al país su propuesta sobre la “seguridad social que los ecuatorianos nos merecemos” que comienza por reconocer que éste es un

12

derecho de todas las personas, recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo el Estado el responsable de concretarla, tanto para los trabajadores como para el resto de la población, distinguiéndose a aquellos, por ser un grupo social que aporta económicamente de su salario para conseguirlo.

Sin embargo, los aportes de los afiliados -trabajadores, soldados o policías- y también el aporte del Estado a las instituciones de seguridad social, no garantizan la estabilidad de la institución hasta que no se encuentre una salida adecuada. Corresponde, entonces, encontrar esa alternativa que garantice que las instituciones de seguridad social tengan recursos suficientes en el futuro, así como que esos derechos lleguen a los sectores que ahora no los tienen, que son la mayoría, en torno al 60% de la PEA.

La salida financiera planteada es la creación del Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana, FONSSE, que

13

lograría capitalizarse con el incremento del impuesto a la renta a las mil empresas que más ganancias obtienen cada año, añadiendo el incremento de su aporte patronal en 5 puntos; además el incremento del 40 al 60% del aporte estatal para el pago de pensiones jubilares; 25% de los excedentes petroleros; todos los dineros recuperados de corrupción en el IESS y el 50% de los recuperados en otras instancias; también las actuales reservas de la institución invertidas a largo plazo. Esos recursos se invertirían, por ejemplo en sectores estratégicos, sin que sea posible, en aproximadamente veinte años, disponer de los mismos, permitiendo su acumulación y sucesiva reinversión, generando un fondo lo suficientemente grande como para enfrentar el financiamiento de la seguridad social y ser el motor del desarrollo nacional. Esta medida debe ser complementada con otras que garanticen su adecuado uso.

La corrupción debe ser abatida para evitar que sea la usufructuaria de este

14

esfuerzo nacional. Para ello, se plantea la auditoría integral tanto al IESS como al BIESS, medida que debe ser acompañada con la exigencia de la devolución de lo robado y con la cárcel para los culpables. También se incluye la participación de jubilados y afiliados mediante mecanismos de contraloría social, que garanticen la necesaria supervisión de los procesos, y así evitar posibles hechos delictivos.

En el seguro de salud se debe poner en práctica el concepto de salud preventiva, reconociendo otras prácticas en ese ámbito, para de esa manera reducir el impacto económico que representa la medicina curativa. Subcentros de salud del IESS deben ser creados en el número suficiente, cerca o dentro de los centros productivos o de gran afluencia de afiliados, brindando facilidades para el acceso a la atención médica. El IESS debe contar con su propio laboratorio farmacéutico que le permita producir buena parte de los medicamentos, lo que idealmente puede ampliar el acceso a las

15

medicinas por parte de los enfermos y reducir los costos.

Todo lo señalado será posible sobre la base de concretar la autonomía de esta institución mediante la elección del representante de los trabajadores ante su Consejo Directivo y, más adelante, con la fortaleza del movimiento social, lograr que sean los trabajadores, campesinos, jubilados y mujeres trabajadoras los que conduzcan la institución en forma independiente de cualquiera sea el gobierno de turno y los empresarios.

“

”

La creación del Fondo de la Seguridad Social

Ecuatoriana es el mecanismo que logrará la sostenibilidad en el

mediano y largo plazo de las prestaciones que reciban

afiliados y jubilados.

16

El pasado 29 de mayo de 2020, se publicó en el Registro Oficial el Acuerdo Ministerial firmado por el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, por medio del cual se expide el “Reglamento de uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas”.

Este instrumento legal violenta la Constitución de la República y los instrumentos de Derechos Humanos

Reglamento para endurecer la

represión al pueblo

17

e intenta legalizar el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones por parte de las Fuerzas Armadas. La Corte Constitucional, mediante Sentencia 018-18-SIN-CC, derogó las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional el 03 de diciembre de 2015. En el artículo 5 de las enmiendas constitucionales, aprobadas por el correísmo en la Asamblea Nacional y que fuera derogada por la Corte, está el cambio constitucional al artículo 158 de la Constitución mediante el cual se permitía el apoyo en la seguridad integral del Estado. En la actualidad, al haberse eliminado este cambio se mantiene la idea original que el constituyente plasmó en el segundo inciso del artículo 158 que dice: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial”, por lo cual, el Reglamento se sustenta en una competencia inexistente en la Constitución.

A demás de esto, el Reglamento violenta los derechos de expresión,

18

asociación, reunión y protesta. Así como la prohibición de tratos crueles y degradantes, pues, el Ministro, en su tabla de uso diferenciado de la fuerza, legitima acciones como las ocurridas en Miniapolis, cuando fuera asesinado George Floyd. Para colmo, el mencionado Acuerdo ordena que sea el propio Ministerio el que defienda judicialmente a los militares en caso de violaciones a los Derechos Humanos, con lo cual, se violenta el artículo 3 de la Constitución que establece que el Estado sea el garante de los derechos.

19

La lucha de los pueblos avanza

La crisis económica y las medidas anti populares tomadas por el gobierno de Moreno para enfrentarla, han generado la movilización de miles de ecuatorianos y ecuatorianas: estudiantes universitarios, docentes, servidores públicos, mujeres, trabajadores autónomos, entre otros sectores. La aprobación de la “Ley de Apoyo Humanitario” que significa un retroceso en derechos laborales, la oposición a la disminución salarial, la rebaja del presupuesto a universidades, el

20

cierre de empresas públicas; son algunas de las causas que generaron la respuesta de los pueblos del Ecuador. Muchos de los participantes en estas acciones gritaban: “Si el coronavirus no nos mata, el gobierno lo hará”, mostrando, de esta manera, la grave afectación a derechos que la política económica del gobierno ha generado.El Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) y el Frente Popular (FP), se han convertido en las principales organizaciones que han encabezado la convocatoria a las acciones. Con iniciativa política, estas instancias unitarias, han podido asumir las aspiraciones de los trabajadores y pueblos del Ecuador. Bajo su llamado se han sumado las distintas organizaciones que se han expresado en las calles del país. Por su parte, la CONAIE ha hecho público el respaldo a las movilizaciones, lastimosamente, la vulnerabilidad de los pueblos indígenas a la pandemia ha hecho que por el momento se recluyan en sus territorios.

21

La lucha en las calles ha roto el estado de excepción, el miedo inicial con el que se asumió la situación del Covid-19 fue superado por la indignación. El confinamiento obligatorio dictado por las autoridades fue asumido de manera voluntaria en varios sectores, hoy ha sido dejado de lado por la necesidad de luchar por una vida digna. Las organizaciones sociales y populares, de manera responsable, convocaron estas acciones con las debidas medidas de bioseguridad y el distanciamiento respectivo.

Esta movilización que en un primer momento inició como una lucha reivindicativa por la defensa del salario, de la estabilidad laboral, de los recursos de educación, se ha ido convirtiendo en un cuestionamiento al proyecto político empujado desde Carondelet y que beneficia a los grandes empresarios y banqueros. Las organizaciones sociales convocantes a las acciones van fortaleciendo su unidad, los partidos políticos de izquierda, en medio de este escenario, van calificando sus

22

organizaciones y liderazgos. Las acciones en las calles se combinan con acciones de inconstitucionalidad y utilización de garantías jurisdiccionales para frenar el recorte y derogar el acuerdo ministerial 179 que legaliza la mano dura por parte de las FFAA contra los luchadores sociales.Esta unidad que se ha construido en los hechos, debe sostenerse en el establecimiento de un proyecto político y social que no solo cuestione las medidas económicas, sino que permita, de manera democrática y participativa, con buenos ojos se mira el trabajo que se viene haciendo desde las organizaciones para la consecución de un programa alternativo de gobierno, que responda a las condiciones económicas y sociales actuales.

23

¿Preparados para el cambio de semáforo?

El paso de semáforo rojo a amarillo en muchas ciudades del país, plantea una gran incertidumbre en la población. Tras haber pasado 75 días en aislamiento social, las ciudades se encuentran en una crisis de salud, alimentaria y económica, esta última provocada por la aplicación de medidas neoliberales y fondomonetaristas, que ponen en una situación desesperada a las familias más pobres.

24

Si bien es cierto que urge reactivar la economía para los sectores comerciales, es cierto que debe hacerse con condiciones que protejan a los más vulnerables. Para ello, los GADs municipales requieren afrontar varios retos, que permitan volver a las actividades productivas cuidando la salud de la población.

Frente a esto, muchas voces se han escuchado en los grandes medios de comunicación exigiendo la reactivación económica emergente, sin ningún respeto a la vida. El Ministro de Salud, adalid de la fanfarronada, manifestó que ya existen las condiciones para que, al menos en Quito, la población pueda retomar sus actividades normales, pues el sistema de salud está preparado ante cualquier contingencia que ocurra derivada de la enfermedad. Sin embargo, en días pasados, médicos y trabajadores de los hospitales públicos Enrique Garcés, Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez denunciaban que no cuentan con los implementos para

25

la protección personal. ¡Este gobierno y sus contradicciones! Mientras que el ente rector de la salud manifiesta su beneplácito para el retorno a las actividades, médicos y epidemiólogos lo contradicen.

Ante el inminente paso al semáforo amarillo en la capital, la ciudad más poblada del país, y la falta de condiciones que garanticen la vida de la población, Unidad Popular envió una comunicación al Municipio de Quito para que tome medidas oportunas en este momento decisivo.

Natasha Rojas, directora provincial de Unidad Popular, sentencia con una frase la realidad de la población más pobre en este momento “El coronavirus no conoce de fronteras, pero sí conoce de clases sociales”, porque son los barrios pobres de la ciudad los que presentan un mayor número de contagios, debido a las condiciones de salubridad y de trabajo que tienen que afrontar cada día. De esos contagiados, muchos son comerciantes

26

autónomos, que no han recibido las ayudas alimentarias del gobierno o el bono para enfrentar la emergencia.

Las condiciones establecidas en la carta son aquellas que las organizaciones sociales han manifestado desde el inicio de la pandemia, que se resume en priorizar la vida antes que los intereses del gran capital. Las exigencias de la población al Municipio, son las siguientes:

· Aplicación masiva de pruebas PCR a la población para que los municipios puedan tomar decisiones acertadas y oportunas

· Fortalecimiento del sistema de salud, entrega de implementos de bioseguridad a las personas que laboran en primera línea y a la población más pobre de la ciudad.

· Pasar a la fase de distanciamiento social garantizando la entrega de kits alimentarios para quienes viven en

27

situación de pobreza y extrema pobreza.

· Dotar del servicio de agua potable a la población que carece de ella y exonerar de su pago a los quintiles 1 y 2 de la población mientras dure la emergencia.

· Dotar de internet libre a los barrios más pobres de la ciudad para que no se detenga la educación de niños, niñas y adolescentes.

· Realizar una campaña de educación masiva en torno a las medidas de bioseguridad básica, para evitar el contagio.

· Trabajar con la organización barrial para la formación de promotores de salud, de manera que, en conjunto con los moradores y las autoridades, se tomen medidas con la comunidad para minimizar el impacto de los contagios.

La solidaridad que demuestran día a día los pueblos es lo que logrará crear cercos epidemiológicos efectivos,

28

pues el conocimiento de la realidad barrial ayudará a identificar los casos más complejos para brindar la ayuda oportuna.

Todas estas exigencias podrán cumplirse si el gobierno cumple con la entrega de las asignaciones a los municipios, de manera que éstos puedan aplicar de manera efectiva la ayuda humanitaria especialmente en los sectores cuyas condiciones de trabajo no serán las mismas en la fase de distanciamiento social, por ejemplo los comerciantes autónomos y las personas en condiciones de vulnerabilidad en los barrios. La decisión política de dotar de kits alimentarios y de atención en salud en los barrios populares permitirá que miles de familias puedan atravesar este periodo dignamente.

La crisis social que ha sido revelada durante esta pandemia ha puesto de manifiesto la desigualdad social. La pobreza, el abandono y la discriminación son patentes en cada punto del país.

29

El cambio a la fase de distanciamiento social no debe significar olvidar estas realidades; sino exigir a los gobiernos se minimicen con políticas sociales efectivas para reducir esta marginación.

“

”

Si bien es cierto que urge reactivar la economía para los

sectores comerciales, es cierto que debe hacerse con condiciones que protejan a los más vulnerables.

Para ello, los GADs municipales requieren afrontar varios retos,

que permitan volver a las actividades productivas cuidando

la salud de la población.

30

No se ha recuperado nada de Odebrecht

Uno de los escándalos de corrupción más sonados en los últimos años es el de Odebrecht. La constructora brasileña entregó millones de dólares a varios gobiernos de Latinoamérica para obtener contratos onerosos.

El proceso para que se logre enjuiciar a los funcionarios correístas que recibieron los sobornos fue una dura tarea. En el régimen correísta, los que iban presos eran los denunciantes y no los corruptos.

31

Con la presión popular y con los juicios que se iniciaron en otros países, la famosa lista de Odebrecht, se convirtió en una exigencia a los fiscales que desfilaron en la investigación del caso. Desde la época de Galo Chiriboga, hasta la actualidad, no se conoció la lista de quienes fueron sobornados por Odebrecht.

Con el pasar de los días, gracias a la movilización de diferentes organizaciones sociales, los fiscales que tomaron el caso en sus manos, tuvieron que incorporar las pruebas obtenidas en otras partes del mundo. En cuanto al monto de los sobornos a funcionarios ecuatorianos, desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se reveló que la constructora brasileña pago 33,5 millones en coimas en el Ecuador. En Brasil, de manera pública y reiterada, José Conceiçao señaló a Jorge Glas como el principal nexo entre Odebrecht y el gobierno ecuatoriano.

Pese a todas las pruebas, por parte de las autoridades nacionales existió una

32

complicidad evidente, especialmente de los fiscales Galo Chiriboga y Carlos Baca Mancheno. Recién en el año 2017 se procedió con el juicio de Alecksey Mosquera, después siguió el turno de Ricardo Rivera y, mucho después, los juicios a Jorge Glas, que hoy mismo guarda prisión en Latacunga. Si bien es lógico que se encarcele a los corruptos como Glas y compañía, también es urgente que el gobierno recupere los dineros de los corruptos.

En un primer momento, Tomislav Topic, consignó de manera voluntaria, 11 millones por motivos de procedimiento. Desde el gobierno se señaló que ese no era el medio para recuperar los dineros de la corrupción, pues hasta hoy no existe un solo centavo que haya sido recuperado de la corrupción perpetrada por los correístas en el caso Odebrecht .

Dentro de la propaganda que se le hizo al nuevo Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, estuvo que él sería el nexo entre el gobierno y los representantes de la

33

compañía brasileña para que se devuelva al Estado el dinero que se perdió por los proyectos adjudicados mediante coimas a la petrolera brasileña Odebrecht. En otros países, al mismo tiempo que se enjuiciaban a presidentes y ministros de Estado, se recuperaron millones de dólares como parte de la reparación económica que le corresponde a la constructora Odebrecht.

En cambio, en el Ecuador hasta el momento, la constructora brasileña no ha entregado un solo centavo como reparación económica. Los países que cobraron millonarias indemnizaciones son: Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Panamá.

En los últimos días de mayo, oficialmente se conoce que todos los meses de conversaciones entre funcionarios del gobierno y representantes de Odebrecht, no ha servido de nada, pues no se ha recuperado ni un solo centavo. Este es un nuevo y rotundo fracaso del gobierno de Lenin Moreno.

34

Las autoridades ecuatorianas, ni siquiera han podido determinar el monto de la indemnización, peor aún recuperar el dinero de la corrupción. Por el contrario, pese a que el gobierno señala que adeuda $103 millones a la constructora como saldos del acueducto la Esperanza y el poliducto pascuales Cuenca, Odebrecht, según medios de comunicación burgueses, tiene las de ganar en el juicio que sigue en Guayaquil en contra del Estado, por $184 millones. Solo en Ecuador una obra con 150% de “sobrecosto”, ineficiente, mal construida y con millonarias coimas puede provocar un nuevo egreso de las arcas fiscales para pagar a una empresa corrupta.

La presión popular debe exigir que se devuelva todo el dinero que se han llevado los corruptos.

35

¿La corrupción en el Ecuador es un

“mal sin remedio”?

La República del Ecuador, en sus ya más de doscientos años de vida, registra un proceso de institucionalización nada estable. Desde sus orígenes, las clases dominantes que se hicieron del poder, no han podido demostrar eficiencia y capacidad en el manejo del Estado, pues siempre han privilegiado sus intereses de clase para enriquecerse a costa de la explotación y procesos turbios de los recursos económicos de la estructura estatal.

36

La dirección del Estado, en manos de las clases dominantes, ha estado orientada en función de sus propios intereses y perspectivas, sin que les importe el verdadero progreso del país y la atención a las necesidades de las grandes mayorías, vale decir, los más pobres. En ese contexto, no es muy difícil entender que el grave problema, mucho más visible desde la última década, es la corrupción que, al parecer, es un monstruo de mil rostros, un virus terrible de grave afectación social.

El gobierno de Moreno no ha querido desembarazarse de esta pandemia, la corrupción, pues, aparte de sus líricas declaraciones, sus protagonistas, son exfuncionarios de la década perdida, es decir correístas de cabo a rabo. Los casos de corrupción son muchos, van desde contratos de compras ilícitas y corruptas, tal el caso de los grilletes ayer, los contratos para edificaciones; hoy los implementos para las pruebas de diagnóstico del covid19, y de insumos para la bioseguridad. En todo ello los sobreprecios son inimaginables y verdaderamente repudiables. Recordemos

37

que, pretendiendo “justificar” dichos procesos corruptos, desde las altas esferas gubernamentales se decía que “es un acuerdo entre privados” y que, por tanto no hay ilegalidad alguna. Prohibido olvidar.

En estos últimos días, en varios GADs, como los consejos provinciales de Guayas y el de Pichincha, ha saltado ya verdadera pus. Pues, en el primero de los nombrados, su titular Carlos Luis Morales, delfín de Nebot, ha sido involucrado en la concesión de contratos a familiares cercanos con montos realmente elevados, con sobreprecios inimaginables. La Prefectura de Pichincha es otro caso: contratos con sobreprecio en la compra de insumos para la bioseguridad. Es prácticamente inhumano que, sobre el dolor ajeno, existan estos elementos a quienes no les importa para nada la salud y la vida misma de los habitantes de sus respectivas jurisdicciones. De otro lado, la Alcaldía de Quito también ha sido salpicada por el virus de la corrupción, donde uno de sus secretarios, destituido ya, N Mantilla, ha sido protagonista de un negociado en un contrato de compras de mascarillas

38

y las pruebas PCR, todo ello en el marco de la pandemia. Hay que recordar que el nombramiento de estos funcionarios, es de estricta responsabilidad del gobierno, en el caso de los gobernadores; de los alcaldes y los prefectos en sus respectivas instituciones.

Las contradicciones interburguesas, particularmente en la provincia del Guayas, explican desde diversas aristas, el hecho de que la corrupción no es un hecho aislado, por el contrario, tiene directa relación con el contexto social, político y económico que atraviesa el país. No olvidarse que la pugna entre social cristianos y CREO, en la provincia guayasense, se torna ya indetenible, se disputan a dentelladas las candidaturas para las elecciones del próximo año. A las clases dominantes, de las que son parte, les importa un comino la suerte de los pobres, mucho más de la Perla del Pacífico, Guayaquil, donde el covid19 causó una verdadera tragedia sobre cuyos vestigios los máximos dirigentes de dichas organizaciones no han vacilado en sacar sus garras para afilarlas como requisito previo para el inicio de la contienda electoral, si es

39

que aún no ha partido.

La corrupción no es un mal sin remedio, la organización y la lucha de nuestro pueblo, más temprano que tarde, les tomará cuentas a los corruptos para ponerlos tras las rejas y que el Estado recupere lo robado, dineros que hoy son imprescindibles en medio de la crisis que atraviesa el país que de hecho afecta a los más pobres.

40

Brasil vive una etapa de graves conflictos sociales, agravados por la pandemia del covid-19. Su presidente, Jair Bolsonaro, un ultraderechista contumaz, ha actuado de manera que lesiona la vida constitucional y que pone en peligro la de su gente. Las organizaciones y movimientos sociales, los partidos políticos democráticos y de izquierda, han decidido frenar las intenciones de Bolsonaro y exigen un juicio político que conduzca a su destitución.

Juicio políticoa Bolsonaro

41

En este marco, producto de la crisis económica y de salud, además de las denuncias de corrupción que se suceden casi a diario en Brasil, se ha producido un rompimiento entre las élites por el incumplimiento de acuerdos políticos y eso ha generado disputas en varios niveles. En este momento, una de las pugnas más fuertes es la que mantiene Bolsonaro con el Tribunal Supremo de Justicia, que autorizó la investigación a tres ministros por la presión que el Presidente ejerce sobre la Policía y otras entidades gubernamentales.

Pero, no solo son estas las dificultades del régimen. Las denuncias de corrupción se suceden a cada instante. Muchos familiares de Bolsonaro y de sus allegados, se encuentran implicados en varios delitos que, debido a su injerencia, no han podido ser investigados. La renuncia de varios ministros y cargos de alto nivel, también le ha restado apoyo entre su entorno por lo que se le ha hecho difícil concretar sus planes.

Estas situaciones han colocado al Presidente brasileño en el nivel más bajo de aceptación

42

de toda su gestión, su aprobación cayó al 39,2% entre la población y el 43,4% cree que su gestión es “mala u horrible”. La aplicación de medidas económicas neoliberales, el uso de los recursos públicos para fines personales y el pésimo tratamiento que ha dado al tema del covid-19, he colmado la paciencia de los pueblos y le efervescencia social ha crecido.

En los últimos días, las organizaciones y movimientos sociales han realizado varias marchas en distintas ciudades de Brasil, exigiendo la renuncia de Bolsonaro y su juicio político y, entre otras cosas, medidas para la contención de la pandemia y protección al pueblo, este ha enfrentado a los seguidores profascistas de Bolsonaro y a la policía, quienes los reprimen con balas de goma y gases.

Las exigencias de la gente no son solamente por la renuncia de Bolsonaro, el hecho de que el mandatario ha negado las consecuencias de la enfermedad covid-19, ha permitido que Brasil sea el segundo país con más contagios a nivel mundial. Al cierre

43

de esta edición, el país presenta una cifra de 514 849 infectados y 29 314 fallecidos; un sistema de salud colapsado en varias gobernaciones y una oleada de hambre entre la gente que ha debido parar por efectos de la pandemia.

Frente a esta realidad, varios partidos políticos suscribieron una solicitud a la Cámara de Diputados para que se inicie un juicio político al presidente Jair Bolsonaro. La carta fue firmada por organizaciones políticas como Unidad Popular, Partido Comunista Revolucionario, Partido Socialismo y Libertad, Partido de los Trabajadores, Partido Comunista de Brasil, Partido Socialista de los Trabajadores Unificado y el Partido de la Causa Obrera; más de 400 movimientos y organizaciones sociales, organizaciones sindicales, intelectuales, entre otros. La Cámara de Diputados no puede dilatar más la decisión de iniciar el proceso, por cuanto la presión social en estos momentos es muy elevada y advierte que las movilizaciones no se detendrán hasta que Bolsonaro sea enjuiciado y, por ende, destituido.

44

Durante las últimas semanas, Estados Unidos copó la atención mundial al haberse convertido en el centro de la pandemia del Covid-19, que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 103 mil personas en ese país; hoy, es punto de interés debido a la ola de protestas que se producen en todos los estados, tras el asesinado de George Floyd a manos de agentes policiales en Minneapolis.

Las manifestaciones se propagaron como un reguero de pólvora y han

«Sin justiciano habrá paz»

EEUU

45

tomado la connotación de una explosión social. Hasta el 31 de mayo, en más de 60 ciudades se produjeron disturbios callejeros, en la mayoría los choques con la Policía fueron violentos, en al menos 50 se puso en vigor los estados de emergencia o toque de queda y en 14 estados activaron su Guardia Nacional, entre ellos el distrito especial de Washington DC, en donde Trump movilizó tropas. Edificios, oficinas y vehículos de la Policía se han convertido en blanco de estas acciones, así como locales de grandes cadenas comerciales y, en Atlanta, atacaron la sede de la cadena de TV CNN.

Hasta el momento se conoce que dos personas fallecieron en las protestas, hay centenares de heridos por proyectiles de goma lanzados por la Policía y el número de detenidos es igualmente grande. En Manhattan, la cantidad de detenidos en una de las noches rebasó la capacidad de la Policía y las autoridades intentaron trasladarlos en buses de línea, pero al menos un conductor se negó a llevarlos y abandonó el bus lleno de manifestantes,

46

luego, el sindicato, a través de un tuit, manifestó que «no trabajan para el Departamento de Policía de Nueva York. Transportamos a las familias trabajadoras de la ciudad».

La indignación de los manifestantes y de la población que apoya los reclamos se vio aún más inflamada con las declaraciones de Donald Trump, de varios gobernadores y alcaldes que los descalificaron. Trump amenazó con poner al ejército en las calles para «retomar el orden», el Pentágono ordenó que se preparen unidades militares, invocando la Ley de Insurrección de 1807, aplicada por última vez en los disturbios de 1992 en Los Ángeles, entonces murieron cerca de setenta personas en seis días de manifestaciones.

Displicente y amenazante, como es característico en la personalidad del jefe del imperialismo yanqui, Trump tuiteó revelando que si quienes protestaban fuera de la Casa Blanca sobrepasaban sus vallas «habrían sido recibidos por los perros más

47

feroces y las armas más amenazantes que jamás han visto (y que) muchos agentes del servicio secreto solo estaban esperando para la acción». También señaló que los responsables de lo que está ocurriendo «son los antifascistas y la extrema izquierda».

El inmediato contagio de la revuelta iniciada en Minneapolis y los altos niveles de combatividad y violencia, expresan cuán reprimidos se encontraban en la población el descontento y rechazo a muchos fenómenos sociales y políticos presentes en EEUU. El asesinato del afrodescendiente Floyd fue el detonante para un estallido no visto en muchos años

48

en el país, en el que se vieron reflejados varios sucesos similares provocados por la Policía. En Georgia recordaron del asesinato de Ahmaud Arbery (febrero 2020), en Minnesota el de Philando Castile (julio 2016), en Luisiana el de Alton Sterling (julio 2016), el de Freddy Gray en Baltimore (abril 2015), el de Walter Scott en Carolina del sur (abril 2015), el Tony Robinson en Madison (marzo 2015) y junto a ellos hay una larga lista de negros muertos a manos de agentes de policía, muchos de ellos en la impunidad, por eso entre los gritos que más se escuchan es «Sin justicia no habrá paz», como advertencia que la protesta no solo es circunstancial, sino que se mantendrá mientras la injusticia siga presente.

«Los negros hemos sido criminalizados, queremos poder transitar libremente por las calles, por cualquier vecindario, sin miedo cuando vemos a un policía que camina detrás de nosotros» declaró una manifestante en estos días y pronunciamientos en el mismo sentido se repiten una y otra vez. La razón les asiste,

49

el racismo es una herida o una aberración presente desde hace trescientos años, hasta los años 1960 los negros vivían segregados y la lucha por sus derechos civiles fue larga, dura, a momentos cruenta y la realidad demuestra que no se los respeta de manera plena.

La violencia policial es la sexta causa de muerte entre los jóvenes negros y, según un estudio de las universidades de Michigan, Rutgers y Washington, tienen 2,5 veces más posibilidades de morir a manos de la policía que los blancos. Hace un año, la Oficina de Estadísticas de Justicia de EEUU publicó un estudio según el cual los negros y los hispanos

50

tienen más del triple de posibilidades de ir a prisión que los blancos, entre las causas para que eso ocurra están el nivel socioeconómico, los prejuicios implícitos en policías, los problemas de migración, las drogas. De acuerdo con los Datos del Censo de los Estados Unidos de 2016, la mayor tasa de pobreza según origen étnico se encuentra entre los nativos americanos (27.6%), los negros (26.2%) con la segunda tasa de pobreza más alta y los hispanos con la tercera tasa de pobreza más alta (23.4%), los blancos presentaban una tasa de pobreza del 12.4%, mientras que la de los asiáticos fue de 12.3%. Este fenómeno se revela en las víctimas del Covid 19, mientras los negros constituyen el 13% de la población de EEUU, el número de fallecidos representa el 25%. En general, las minorías étnicas tienen las tasas más altas de mortalidad en esta pandemia.

Lo antes señalado explica la masiva presencia de jóvenes negros en la lucha, sin ser los únicos que han tomado las calles. En Estados Unidos se está produciendo el levantamiento de amplios sectores de

51

la población, principalmente jóvenes, que rechazan al Estado opresor, al racismo, la xenofobia, el autoritarismo, tanto es así que en varios sitios se ha quemado la bandera de los EEUU, identificándola como símbolo de opresión a los trabajadores y los pueblos en su propio territorio y a otros pueblos en todo el planeta. Luchan contra el racismo por ser es una forma y mecanismo de opresión y explotación, utilizado como soporte ideológico para mantener las diferencias y privilegios sociales. Repudian el deterioro de las condiciones de trabajo, el incremento del desempleo, la imposibilidad para millones de habitantes de acceder al sistema de salud; es un cuestionamiento al sistema imperante y sus secuelas, es una condena a la política y a la institucionalidad reaccionaria implantada por los grandes monopolios, es una lucha contra las secuelas de la crisis del capitalismo.

Estados Unidos es escenario de una fuerte y abierta confrontación de clases, cuyo estallido social forma parte de esa

52

cadena de luchas, de levantamientos de los trabajadores y los pueblos producidos en varios países en los últimos meses. Los pueblos rechazan la explotación y la opresión y se toman las calles para expresar su descontento y el repudio a quienes gobiernan, pero lo que estos días se produce en los EEUU tiene una importancia y trascendencia particular, pues, ocurre en el seno de la principal potencia capitalista-imperialista del mundo.

“

”

Luchan contra el racismo por ser una forma y mecanismo de opresión

y explotación, utilizado como soporte ideológico para mantener las diferencias

y privilegios sociales. Repudian el deterioro de las condiciones de

trabajo, el incremento del desempleo, la imposibilidad para millones de habitantes de acceder al sistema

de salud; es un cuestionamiento al sistema imperante y sus secuelas, es una condena a la política y a

la institucionalidad reaccionaria implantada por los grandes monopolios,

es una lucha contra las secuelas de la crisis del capitalismo.