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Desde la promulgación de la ley 2066, en abril del 2000 y la vigencia de una ley de Aguas obsoleta de 1906, el movimiento social por el agua, no ha tenido la capacidad de poder emprender una relación unitaria, visionaria, recíproca y complementaria, entre nosotros y nosotras, el agua y la naturaleza.

Sin embargo las organizaciones sociales han sido propositivas en cuanto a la normativa y la institucionalidad del agua, durante estos años podemos citar algunas de las conquistas logradas: la ley 2066 reconoce a los sistemas independientes de agua potable, la Ley 2878 reconoce a los sistemas autogestiona-rios de riego y fomenta su reproducción, la Constitución Política del Estado que reconoce la gestión social y comunitaria del agua y los usos y costumbres, la institucionalidad del Agua Potable(AAPS, CTRL, SENASBA) y la institucionalidad del Riego (SENARI, SEDERIS.). Pese a estos avances una cosa esta clara en este escenario, el gobierno y el estado tiene otra política que se traduve en la falta de voluntad de fortalecer y desarrollar las propuestas y las conquistas de las organizaciones sociales y la de seguir manteniendo el control y la estatización del agua, junto con el apoyo de la cooperación extranjera y grupos de poder neoliberales quienes influyen en la política del gobierno.

La Guerra del Agua del 2000, repuso en el escenario y

horizonte colectivo, de manera muy sabia través de las Comunidades Campesinas, las Asociaciones de Regantes y Comités de Agua, que el Agua mas que un DERECHO es una NECESIDAD, que no solo atinge a los seres humanos, sino a todos los seres vivos (los cerros, las montañas, las plantas y los animales). Como bien dicen nuestros padres

y abuelos, madres y abuelas: el Agua es un regalo generoso de la Pachamama, para todos y todas y como a nadie se le ha entregado en particular, nadie puede “apropiarse” del Agua, menos una transnacional o una empresa sea privada o pública, el agua es la sangre de la Madre Tierra, el agua es un ser vivo, por lo tanto el agua es un recurso para la vida en si.

Bajo esta visión y estos conceptos,

que aun continúan siendo motivo de discusión, debate, reflexión re-posición y construcción de una relación con el agua es que en estos últimos meses se ha puesto, otra vez en el escenario nacional, propuestas para la gestión del agua por parte de diferentes sectores sociales y económicos, como los cooperativistas mineros, las cooperativas de agua, los sistemas de riego, quienes ya han presentado estas propuestas a la institucionalidad estatal, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, en la Asamblea Plurinacional del Estado. Por su parte el Gobierno de Morales ha “instruido” la aceleración de una normativa del Agua, lo mas pronto posible.

POR LA CONSTRUCCIóN COLECTIVA Y PARTICIPATIVA DE UNA NORMATIVIDAD ARMONIOSA CON EL AGUA

nº 1 julio - 2012Boletín de los sistemas comunitarios de agua

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Sectores como la minería estatal y transnacional están “apurando” una normativa, como la Ley de Minería, desde la perspectiva mercantilista, en función de sus intereses, para que el eso del agua “sirva” a estos intereses.

Al respecto hemos asistido y escuchado, en diferentes escenarios, donde la “gente común”, con el apoyo de mesas técnicas, han ido planteando, de manera testimonial, vivencial, de manera angustiosa y preocupante, la realidad de su relación con el agua y con otras comunidades o colectivos, o su relación con las “autoridades” en este tema.

Cooperativas, Comités, Asociaciones de Agua y Riego han ido hablando, contando sus experiencias, sus angustias, sus preocupaciones, pero al mismo tiempo han ido planteando de manera muy nítida sus necesidades y sus propuestas, que las podemos resumir, aun de manera incompleta, ya que este proceso necesariamente tiene que ser de abajo a arriba, y que nos animamos a decir que son las siguientes:

1. Estamos debatiendo si el Agua es un DERECHO o una NECESIDAD

2. La NECESIDAD de establecer, fortalecer y cuidar los sistemas Comunitarios y Autónomos de Agua, como la única garantía de una gestión basada en el respeto, armonía y reciprocidad entre nosotros y la madre Tierra.

3. Considerando que el agua, al ser un recurso para la vida en si, establece relaciones de PODER, entre las personas, comunidades o con el Estado, es necesario construir una institucionalidad donde se refleje esto, es decir recuperar la capacidad de decidir para el pueblo para que a través de sus formas organizativas establezca una gestión basada en los valores de SOLIDARIDAD, RECIPROCIDAD, RESPETO, COMPLEMENTARIEDAD Y ARMONIA.

4. El Estado, ocupado por cualquier partido, ya sea en los municipios, gobernaciones o nacional, no ha respondido, no responde, ni responderá a este tipo de gestión, por lo tanto una norma no debe ser estatalista, sino comunitaria, social, participativa.

5. Argumentos para esto sobran, desde el contubernio entre “autoridades” e intereses económicos, como por ejemplo, la depredación de los ríos, con el saqueo de agregados o la contaminación por los deshechos químicos de la minería y los monocultivos, ejemplos, San Cristóbal-Potosí, Menonitas-San Julián, Chaco cruceño, Parotani-Cochabamba, etc.

6. Todos coinciden en que las “cabeceras de cuenca” están seriamente afectadas en todas partes del país, producto de una agresión sistemática y criminal de estos intereses, señalados ya en el punto 5., pero también de grupos ligados a actividades ilícitas como el narcotráfico que están contaminando las aguas.

7. Finalmente todos coinciden que estas dificultades y problemas serios que pesan sobre las espaldas de las comunidades del Agua en todo Bolivia, es producto del “Modelo de Desarrollo”, extractivista, el uso de transgénicos de tóxicos químicos en la agricultura, la gigantesca migración y crecimiento caótico en las denominadas grandes ciudades y las zonas urbanas de las provincias el loteamiento o “urbanización” producto del corrupto sistema municipal de cambio de uso de suelo, que “autoriza” el asentamiento humano o productivo en zonas de recarga hídrica, tierras agrícolas, “urbanización” de parques y áreas verdes, etc. 8. Estos y otros temas que son visibilizados en estos encuentros, tienen un denominador común: que el agua es cada vez mas escasa, no solo por los efectos de la contaminación o el “progreso” en las zonas urbanas, sino ante todo por el cambio climático a nivel mundial, producto del modelo capitalista depredador que está poniendo en riesgo la existencia misma del planeta. La escasez de agua en los centros poblados urbanos o como en el caso de Santa Cruz llegará a su punto crítico en menos de 20 años y el Parque Amboró ya se toma en cuenta como fuente de agua alternativa, y que ha de producir además en varias regiones del país confrontaciones entre zonas urbanas y rurales con gravísimas consecuencias. Es decir estamos a las puertas de otra “Guerra del Agua”, esta vez ya no de los pueblos contra los intereses mercantilistas de Gobiernos y Transnacionales, sino una guerra entre las personas, disputando el agua sobre el cuerpo de nuestra madre moribunda, la Pachamama.

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PLANES MAESTROS PARA LA MUNICIPALIZACIÓN Y METROPOLIZACIÓN DEL AGUA EN COCHABAMBA

¿Que son los Planes Maestros?

Los planes maestros son estudios que consisten en la descripción integral de la gestión hídrica y saneamiento básico dentro de un espacio determinado o territorio con participación de los actores locales, con el objetivo de identificar cualitativa y cuantitativamente la situación actual de las fuentes de agua actualmente operadas y fuentes nuevas, las potencialidades futuras de todo el sistema de captación de agua, que en el horizonte del Plan respondan a las demandas de acceso a los servicios, considerando la Gestión Integral de Cuencas y las variables de Cambio Climático; identificando los proyectos y obras que deben ser realizados.

Para la elaboración de los Planes Maestros el gobierno ha contratado un consorcio internacional de consultoras en La Paz, el Alto, Cochabamba y Tarija, con el financiamiento del BID, cooperación española y con contraparte del gobierno nacional, el objetivo de la consultora es tratar de revertir una situación, la falta de cobertura, la calidad de los servicios y poner de forma real y concreta el derecho humano al agua y el acceso a los servicios básicos en agua y saneamiento, para ello tienen que socializar políticas sociales, institucionales, tecnológicas, técnicas, infraestructuras y financieras en las cuales tiene que haber una amplia participación de los diferentes operadores del agua.

Eso dice los términos de referencia y según el plan nacional de servicios básicos en agua y saneamiento es responsabilidad del estado, gobernaciones, municipios sin que estos representen una expropiación una interferencia de la gestión de los sistemas auto gestionados. Si bien los Planes Maestros presentan un marco teórico interesante el accionar es otro, hablan de participación de los operadores en la elaboración de este documento, cosa que no se está cumpliendo y se está elaborando un Plan Maestro a lo clásico sin una intervención

real de los operadores de agua que a la larga en vez que sea un documento de gestión y de planificación, será un instrumento que ocasionaría serios conflictos entre los sistemas autogestionarios, empresas municipales y otras organizaciones.

En el caso Cochabamba se ha evidenciado que el plan maestro se va a realizar igual que antes, priorizando las necesidades de agua de la ciudad o también viendo las necesidades de las poblaciones urbanas de los municipios de Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua, Vinto, Sipe Sipe y Tiquipaya. Todo ello sin considerar a los actores directos, en este caso los operadores de agua de los sistemas autogestionarios. Poco o nada se sabe si este consorcio encargado de la elaboración del plan maestro, incorporara a los Comités y Cooperativas de Agua Potable, por ello la gente se pregunta si es posible realizar un Plan maestro sin la participación de los sistemas

autogestionarios del agua.

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¿En qué consiste la municipalización?

La municipalización consiste en la expropiación de los sistemas autogestionarios de agua potable (comités, cooperativas, asociaciones, juntas vecinales, organizaciones territoriales de base y otros), para que pasen a la administración de la empresa pública municipalizada.

Según los testimonios de los diferentes actores se ve claramente a donde apuntan los municipios o empresas publicas como SEMAPA, EMAPAS, EMAPAQ, EPSA MUNICIPAL VINTO y otros es a la municipalización del agua, con un firme proposito de hacer desaparecer los sistemas de agua auto gestionados, expropiándolos de sus sistemas de agua, con chantajes, condicionándolos, dividiendo estas organizaciones utilizando como brazos estratégicos a las OTBs en algunos casos. Es por eso que los Planes Maestros serán una gran oportunidad para consolidar sus propósitos y de esa forma el agua será de control y dominio absoluto y centralizado de forma directa por los municipios bajo las políticas del estado.

Uno de los grandes intereses de este proceso de Municipalizacion, es que los gobiernos municipales no solo quieren controlar la distribución del agua potable y apropiarse de los sistemas autogestionarios del agua potable, también quieren tener el control de las fuentes de agua, como las aguas subterráneas, las aguas de los ríos, las aguas de los manantiales, o las aguas de las lagunas, incluso ya emiten ordenanzas municipales para apropiarse de los pozos, como se ha visto en el conflicto que existe entre el municipio de Tarata que mediante ordenanza pretende apropiarse del pozo de riego de la Laderas.

El 22 de marzo, del 2011 se llevo el I Foro Metropolitano de Agua en Cochabamba, donde participaron varias instituciones y personeros entendidos en el tema agua, en este primer foro si bien participaron algunos sistemas

auto gestionados del agua como las cooperativas, estuvieron ausentes los sistemas comunitarios del agua que no fueron tomados en cuenta, ya que este evento fue organizacio por los municipios del valle bajo y central a la cabeza de la gobernación, donde se nota claramente el esfuerzo del gobierno por fortalecer esta visión Publico – Estatal Centralista, la de crear esta entidad centralista parecida a SEMAPA pero mucho mayor con las mismas características y que tenga una cobertura de acción macro, bajo su estrategia de Metropolización del agua.

Gestión comunitaria o gestión pública

Durante los eventos realizados a principios de este año, organizados por el Comité de Defensa de los Sistemas Autogestionarios de Agua Potable y Riego de las Aéreas Verdes, de los Parques Metropolitanos y Aéreas de reserva y Parques Nacionales de Cochabamba, varios representantes de diferentes comités, cooperativas y asociaciones de agua y riego, expresaron sus preocupaciones sobre los conflictos que se generan cuando los municipios intentan cooptar la gestión y administración del servicio de agua a nombre de Plan Maestro con la excusa de incluir a estos sistemas comunitarios dentro una gestión pública administrada y manejada desde los Municipios.

A raíz de estas intenciones enajenantes de la gestión comunitaria, compañeros de diferentes OTBs y comités de agua, como es el caso de Vinto, han decidido resistir esta política y conformar mancomunidades de OTBs. Jorge Cruz nos explica la situación de Vinto:

“ Nos hemos unido tres OTBs, demandamos tres cosas como mancomunidad, la finalización de la construcción del coliseo, la segunda demanda es la expropiación de un terreno colindante al coliseo y la tercera demanda es el tema del agua, nos parece que es crucial y fundamental gracias a este elemento del agua

nos hemos reunido tres OTBs y estamos hasta ahora de manera sólida, a pesar de los chantajes de las autoridades municipales

actuales que tratan de algún modo meternos a las famosas EPSAS que están creando en Vinto y seguramente en otros municipios, pero la mancomunidad trata de alguna manera de hacer respetar esa su autonomía para poder manejar ese

recurso tan importante como es el agua”

JJorge Cruz también menciona que la consolidación de sus sistemas de agua se ha logrado con el esfuerzo de la mancomunidad para beneficio colectivo, como es el caso de la instalación de un Hidropulmón que aumentaría la presión del agua en la red para lograr la cobertura de agua a todos los usuarios. Este patrimonio fortalecido con recursos propios de 3 OTBs provenientes de la coparticipación, se ha visto amenazado por el municipio;

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el alcalde manifiesta que esos recursos provienen del Estado y por tanto es éste quien debería administrar los sistemas de agua.

Albino Patiño, de la misma mancomunidad dice:

“En primera instancia nosotros hemos conseguido hacer el trabajo de instalación del nuevo sistema del agua, comprando tuberías, haciendo excavaciones, etc., pero lamentablemente el alcalde ha visto que el agua es un poder, [para] manejar los sistemas de agua de varias comunidades, incluso hay malos

dirigentes que se aprovechan de la administración del agua y lo usan políticamente.”

A través del programa “Mi Agua” los municipios condicionan el mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas de agua a los comités y asociaciones, obligándoles a pasar a la administración municipal del servicio. Albino Patiño dice:

”Nos ha hecho firmar un documento, diciendo que si no firmábamos ese rato el programa se iba a ir a otro lugar, sin

darnos tiempo a llamar a una reunión con la comunidad. Posteriormente se hace un desembolso de casi un millón de

bolivianos, pero no nos han dado un informe de lo que ha pasado con ese dinero”.

Derechos Vs Necesidades

Si bien el derecho humano al agua esta constitucionalizado y supuestamente garantizado desde el Estado, en la práctica esto no se refleja en los hechos. La cobertura y acceso al agua aun no son los indicadores eficientes de las empresas publico-municipales de agua.

Según datos estimados del mismo gobierno, el 60 % de la cobertura y acceso al agua potable en Bolivia está siendo garantizado por los sistemas autogestionarios, los cuales fueron constituidos e implementados con recursos propios de las OTBs, comunidades, comités, cooperativas y asociaciones de agua de manera colectiva. Esta es una muestra clara de cómo las mismas personas y organizaciones son las que garantizan el derecho humano al agua de acuerdo a sus posibilidades.

Dada esta situación, en la práctica se visibilizan conflictos entre quienes tienen y no tienen acceso al agua; es el caso de Villa San Miguel Febres, comité de agua potable del km 3 de la Blanco Galindo, que está siendo conminado por la Autoridad de Agua  Potable y Saneamiento Básico (AAPS) a abastecer de agua potable a usuarios y familias de otra OTBs para usos comerciales. Jesica Rojas denuncia este conflicto:

“Queremos alertar a todos ustedes que tienen pozos de agua comités, cooperativas que lo que nos está ocurriendo a nosotros les puede ocurrir a cualquiera. Esta es una primera denuncia que lo vamos hacer formal y solicitamos el apoyo de todos ustedes, porque la AAPS está queriendo ayudar a situaciones comerciales porque nuestra posición de agua

es exclusivamente domiciliario, somos nosotros más de 125 familias alrededor de unas mil personas, la AAPS se ha

parcializado con este pequeño grupo de personas que no son de nuestra zona, mandando informes que no corresponden y

lo que nosotros hemos mandado (…) a La Paz ha desaparecido. Nos dicen que el estado nos ha dado el agua cuando eso no es

cierto. Lo que tenemos es con fondos propios, pero se falsea tanto la verdad (…) Nosotros ya estamos más de un año con

esto. (…) no conocíamos que había que sacar licencia para nuestro sistema de agua”

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Cuando a nombre de la regulación se exige a los sistemas autogestionarios a cumplir obligaciones estatales ¿quién tendría que garantizar a la población el acceso al agua? Esta es una de tantas preguntas que los sistemas autogestionarios le hacen al Estado. En respuesta, los sistemas autogestionarios plantean que se debería fortalecer técnica y financieramente a los sistemas para poder responder a las necesidades de la población que no tiene acceso a este recurso vital.

Cogestión del agua: entre lo público municipal y publico comunitario

Si bien los comités, cooperativas y asociaciones de agua tienen muchas limitaciones en la cobertura y el abastecimiento del agua, está demostrado que son eficientes en el servicio, administración y gestión, por lo tanto está considerado por las OTBs, comunidades y comités como una garantía de acceso al agua y de una gestión más sostenible y transparente que la gestión municipal.

Entre las diversas formas de gestión comunitaria del agua que encontramos en el área rural y urbana, está la de Cogestión en los sistemas de agua que carecen de fuentes. Ese es el caso del comité de agua de Villa Venezuela en el distrito 7 de la zona sur de Cochabamba, que para proteger su patrimonio, ha firmado un convenio de cogestión de agua en bloque con la empresa SEMAPA, ya que el agua de su fuente de este comité no abastece en la totalidad a todos los usuarios. Don Emilio Alba habla de los acuerdos con la empresa:

“El metro cúbico que SEMAPA me vende es de 2.61 Bs/M3. En el transcurso de los dos primeros meses hemos tenido

tropiezos en la cobranza porque no se llegaba [ni] al 15% para poder cubrir a SEMAPA. Es decir eso ha sido el causante para

que se entre en mora con SEMAPA, pero (…) se ha normalizado la cobranza, se ha podido concientizar a la gente que SEMAPA

estaba cubriendo el 25 % de cobertura a la población porque Villa Venezuela es grande. De los 732 socios utilizaban agua de

Semapa solo el 25%.

Esta situación --pese a no ser sostenida en un principio, como lo comenta don Emilio, de alguna manera alivia la escasez de agua de este distrito. Pese a la existencia de un acuerdo con este comité, varios distritos a la cabeza de las OTBs y a espaldas de los comités de agua, han firmado otro convenio con SEMAPA donde se define una tarifa básica de consumo, exista o no agua en la red. Esto ha provocado problemas entre las OTBs y los comités de agua. Emilio Alba nos dice:

“Hay 14 OTBs. Los dirigentes de las OTBs de los distritos 7 han hecho un convenio con SEMAPA de 12m3 con 27,50 Bs. el que usa o no usa tiene que pagar. Suponiendo que existe una casa grande, ocupe o no ocupe tiene que pagar los 27,50 Bs por los 12 m3 y de la misma forma el que utiliza un cubo o dos, igual

tiene que cancelar esta tarifa. A pesar de todos estos problemas seguimos organizándonos y estamos teniendo otros problemas que nos están ocasionando los dirigentes de la OTBs, quienes están [convenciendo] que esta agua de SEMAPA de 12m3 es

un bien social que va a llegar a todos los socios. Para nosotros es mentira; es como un anzuelo (…) para los primeros meses, luego ya va ser diferente, ya no va ser los 27 Bs. si no ya va ser

60 u 80 Bs. el consumo y así sucesivamente”

Es claro que SEMAPA ha iniciado un proceso de cooptación de los comités de agua de la zona sur, como parte de este Plan Metropolitano de expandir o crear empresas metropolitanas que se encarguen del abastecimiento de agua, enajenando las redes, tanques, pozos y la gestión comunitaria en la zona sur. Los vecinos están convencidos que la administración municipal del agua en Cochabamba fracasó y que lo único tangible es la autogestión comunitaria y este es un tema que no está siendo considerado en la nueva propuesta de Ley de Aguas, que se está desarrollando y socializando.

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Tres temas a tomar en cuenta enel debate de la ley de aguas

1. Por las críticas realizadas al enfoque de derechos y sus expresiones en la política pública del agua, los

acuerdos respecto al agua y sus servicios deben realizarse desde las necesidades, no desde los derechos.

Ambos proyectos de ley tienen un patrón conceptual común que los conecta: los derechos; asumen que el derecho humano al agua es un avance para la gestión público estatal del agua, más aún, orientan su contenido y buscan cohesionar a los actores sociales del agua alrededor de los derechos. En suma, el enfoque de los derechos es el discurso dominante y orientador de las dos propuestas de ley, más allá que sean apoyadas por el oficialismo o la oposición. Para garantizar la “seguridad jurídica” de los sistemas comunitarios de riego y agua, se deben visibilizar/legibilizar sus “usos y costumbres”, la licencia y el registro dan estatuto legal al “derecho”

Solo menciono un problema: su carácter confrontacional, pues es “tu” derecho contra “mi” derecho por tanto convertido en política pública es escenario de múltiples conflictos, entre comunidades, sistemas, municipios, valles contra alturas, cada uno defendiendo “sus derechos” de acceso, uso al agua y sus servicios, como ha sucedido en el caso de la ley de riego. De hecho, antes de proponer leyes deberíamos evaluar las que ya se han implementado, como es el caso de la ley de riego del 2004.

2. Antes que fortalecer al estado y la burocracia hídrica, como ha sucedido hasta hoy, la ley debe

buscar fortalecer los sistemas comunitarios, cooperativos de agua y riego, y en general los comunes del agua, lo público del agua y sus servicios.

Asistimos a un proceso de “estatalización” del agua en el país, a través de la creación del ministerio del agua, la constitucionalización del DDHH al agua, la estatalización de los usos y costumbres vía derechos, la paulatina expansión de los modelos público estatales y debilitamiento de los sistemas comunitarios de gestión del agua y sus servicios, forma parte de una estrategia estatal de legibilizar la interrelación sociedad y agua. Legibilizar de aquellos territorios, ecosistemas, poblaciones, organizaciones

sociales, donde hasta el momento el estado y la burocracia hidráulica no había ingresado,

por tanto no habían sido incorporados al horizonte de disciplina y control de

los poderes estatales; En el sector riego, el reconocimiento legal

de derechos de uso a través de los registros y licencias para los sistemas comunitarios/asociativos de riego y AAPP, los incorpora también a los deberes frente al estado; aguas que nunca fueron utilizadas industrialmente por el estado en gran escala

son incluidos en el “gran salto industrial”; ecosistemas

acuáticos o de importancia en el régimen hídrico y de

lluvias en otros departamentos, normalmente ubicados en áreas

protegidas y territorios indígenas, como el TIPNIS (Sarela y cía.) donde nunca hubo

presencia material del estado, hoy son puestos a disposición para la construcción de carretas, explotación minera, hidrocarburífera, forestal.

3. Son necesarios otros enfoques, visiones del agua y sus servicios.

Del enfoque del desarrollo sostenible han emergido otros conceptos dominantes en los marcos normativos, regulatorios e institucionales del agua - gestión integral de recursos hídricos (GIRH) - planificación integral de cuencas - adaptación al cambio climático.

Carlos Crespo

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El desarrollo sostenible ha sido criticado por ser ambiguo, idealista, un discurso que legitima la vorágine depredadora del capitalismo global.

Ambas propuestas siguen insistiendo en estos paradigmas que reproducen más de lo mismo.

Un planteo alternativo al marco normativo debe incluir la noción de que existen límites ecológicos que no deben ser sobrepasados con los procesos de desarrollo. Asimismo, es preciso planificar el agua y sus servicios desde las necesidades, sus formas, mecanismos de satisfacción de tales necesidades y los efectos que produce sobre los hábitats, humanos y de otras especies.

Planificar el agua y sus servicios dentro limites ecológico sociales supone entender los territorios como bioregiones, es decir espacios geográficos donde existen caracteres homogéneos desde el punto de vista ecológico, con fuertes vinculaciones entre las poblaciones humanas y complementariedades y similitudes en los usos humanos que se hacen de esos ecosistemas. (Gudynas, 2002). Por otro lado, los que planifican son los actores involucrados en la gestión del agua, no el estado. Si aplicamos aquello, tendremos menos burocracia hídrica y más prácticas de acuerdos desde abajo.

El agua debe ser administrada de forma descentralizada y federada. Descentralizada porque existen múltiples formas de provisión del servicio o de gestión del agua, con sus propias normas y regulaciones, desde comunidades, asociaciones, cooperativas, empresas municipales -más o menos descentralizadas, donde la población o usuarios interactúa directamente. Federada

porque voluntariamente estos sistemas se juntan, coordinan, se alían, logran acuerdos, en función a intereses comunes y los límites ecológicos del territorio.

En el caso de las empresas o servicios de agua no directamente vinculadas con el estado, ubicarlas como prácticas de economía social, pues no son público estatales ni empresas o servicios privados, sino que están basadas en principios de apoyo mutuo, bien como un, solidaridad, no tienen fines de lucro, tienen diversos niveles de autogestión. La Constitución Política del Estado lo ha ubicado dentro la economía plural, aunque no están claro sus alcances.

El dominio de las interacciones de los sistemas de agua basados en principios de economía social es fundamental de ser respetada y profundizada. Por ello, cuanto menos se meta el estado en la autonomía de los sistemas comunitarios u organizados mejor.

El Chiwanku

Equipo editorial: Oscar Olivera / Maria Eugenia Flores Castro / Gastón Zeballos Flores Camila Olivera Rodríguez / Carlos CrespoDiagramación: Gabriel Rodríguez Fotografías: Fundación Abril / Roger Araoz

Revista de Yaku al Sur: El chiwanku

Este boletín, quiere convertirse en el vínculo y portavoz de la Gente, que de manera cotidiana, gestiona los Sistemas de Agua, Comunitarios, de Riego y Consumo Humano, esperamos sus aportes, sugerencias y palabras en este emprendimiento.