Boletin APN N°3
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BOLETÍN 03 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PERÚ CON NORUEGA Y ALEMANIA Número #03
Boletín 03 Seguimiento de la
Implementación del Acuerdo de Perú con Noruega y Alemania
Diciembre,2015
EN ESTE NÚMERO
INTRODUCCIÓN
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), con el apoyo de Rainforest Foundation Noruega (RFN), vienen realizando seguimiento a la implementación del Acuerdo entre Perú, Alemania y Noruega, generando reportes que puedan servir a los tomadores de decisiones para lograr una mejor implementación del Acuerdo salvaguardando la participación de los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil en el proceso y que garantice el desarrollo sostenible de la Amazonía
El 2015 termina con los primeros resultados del Acuerdo entre Alemania, Noruega y Perú para reducir la deforestación. El anuncio de un primer desembolso marca un importante incentivo para continuar con las diversas políticas en marcha para reducir la deforestación. No todas los compromisos de Perú en la primera Fase del acuerdo están cumplidas, pero sí encaminadas. Y este es un resultado destacable. Recordemos que las diferentes reformas en el sector forestal no son sencillas, nuestro complejo marco normativo e institucional y la propia fenomenología de los problemas generan un lento avance.
Este primer año muestra la disposición de diferentes entidades públicas por seguir adelante con los compromisos asumidos por el Perú. La conformación de la Comisión Multisectorial para la elaboración de la Estrategia Nacional de bosques y Cambio Climático y la aprobación de los reglamentos de la ley Forestal y de Fauna Silvestre son hitos importantes que nos dan cuenta de que existe cierto apoyo político para priorizar las acciones que pueden ayudar a conservar los bosques. Esta
señal es positiva, pero es necesario que esto se traduzca en políticas concretas para que el apoyo no se desvanezca. Asimismo, recordemos que en un Estado que intenta descentralizarse, como Perú, es importante lograr apoyo político de los gobiernos regionales. Lograr este apoyo es importante, porque de lo contrario la las dinámicas regionales, como las protestas desarrolladas en las regiones amazónicas estas últimas semanas por parte de empresarios madereros, representaran un desafío para todo lo avanzado en materia forestal
1.
A puertas de terminar el 2015, de los seis presentables de esta primera fase por parte del Estado peruano, se cumplieron con dos: lo referente a la medición, reporte y monitoreo de la deforestación, y la presentación del nivel de referencia de las emisiones forestales. Todavía las demás tareas faltan ser cumplidas: el diseño de un mecanismo financiero, el establecimiento de los instrumentos para implementar la Ley forestal, el establecimiento de un sistema de salvaguardas REDD+ y el respaldo político para la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. Cabe precisar sobre estos entregables no cumplidos, que se han avanzado diversas acciones para lograr el objetivo. En algunos casos estas metas se lograrán antes de la fecha plazo (abril de 2016) mientras que otros pueden tomar un poco más de tiempo, especialmente la implementación de la ley forestal y
1 En las últimas semana se presentaron protestas en varias regiones amazónicas (Loreto, Ucayali, Madre de Dios) pidiendo la derogación del Decreto Legislativo N°1220sobre la lucha contra la tala ilegal, así como de la Ley Forestal.
Mejorando la medición de la
cobertura forestal y las emisiones:
MRV y nivel de referencia
Retos en la aplicación de la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre
En busca de un mecanismo
financiaero nacional permanente
El cambio de uso de suelo en la
Amazonia Peruana: propuestas de
políticas
Financiamiento internacional para
bosques y cambio climático
¿5 millones de hectáreas por titular?
Compromisos climáticos sin
prioridades: las INDC peruanas
Avance del cumplimiento del
Acuerdo
Este Boletín fue elaborado por el equipo de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), organización no gubernamental de Perú que tiene por fin contribuir al desarrollo sostenible de la Amazonía. Contacto: Suyana Huamani Mujica Correo. [email protected]
CONTACTO
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el establecimiento de un mecanismo financiero permanente.
Respecto a la Estrategia, somos conscientes de que el término “apoyo político” pude significar muchas cosas, pero es importante mencionar que esta debería significar la aprobación, pues no hay mayor evidencia de apoyo político que una Estrategia aprobada e implementada.
En el presente boletín se abordará algunos compromisos de la Primer Fase del acuerdo, a saber, el MRV y nivel de referencia de emisiones forestales, un análisis de las implicancias de los instrumentos para la aplicación de la nueva Ley forestal y sobre el mecanismo financiero. Asimismo, se presentará los hallazgos de dos estudios que DAR ha desarrollo este año en materia de cambio de uso de suelo y el estado del financiamiento para los bosques y cambio climático. Consideramos pertinentes estos estudios porque los hallazgos contribuyen a varios puntos del acuerdo. También presentaremos un análisis sobre los proyectos en marcha para la titulación de territorios indígenas, que si bien es parte de la fase 2 ya tiene importantes avances. Finalmente, compartiremos un breve análisis de las contribuciones climáticas (INDC) que presentó Perú por la relevancia que tiene en el sector forestal.
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MEJORANDO LA MEDICIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL Y LAS EMISIONES: MRV Y NIVEL DE REFERENCIA
No podemos avanzar en la lucha contra la deforestación si es que antes no contamos con información que indique dónde ocurre y cuáles son sus características. A lo largo de los años si bien se hicieron esfuerzos por contar con esta información, esta carecía de orden, no estaba actualizada y no quedaba claro quiénes eran los responsable de monitorearla. Esta situación se viene revirtiendo pues hoy, existen proyectos dirigidos a desarrollar información ordenada, desagregada y en una serie histórica que nos indica cuáles son los patrones y frentes de la deforestación. Este es un insumo importantísimo para la toma de decisiones de políticas.
En ese sentido, el PNCB, en el marco del Proyecto REDD+ MINAM financiado por la KfW y la Fundación Gordon and Betty Moore, ha logrado establecer una medición de la deforestación entre los años 2001 y 2013. La información producida así como los protocolos y lineamientos empleados de este proyecto han sido socializados. La información está desagregada por regiones y nos permite conocer la tendencia de la deforestación. También se ha definido que el responsable institucional del monitoreo de la cobertura forestal es el PNCB. Con este proyecto, el Gobierno Peruano ha cumplido con el compromiso de la implementación de una política de la medición, reporte y verificación (MRV). Estaría pendiente que se aborde con mayor precisión la perspectiva el MRV indígena. Acción que será financiada con fondos del Programa Nacional ONU‐REDD que por lo pronto incluye fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas en esta materia.
La medición de la pérdida de los bosques ha sido insumo para la elaboración del nivel de referencia. A la fecha el PNCB ya realizó la propuesta de Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) que también ha sido sometida a consulta pública, aunque de forma rápida. El año de base es 2014, de acuerdo a la propuesta, debido a que las políticas realizadas recién se han puesto en marcha en este periodo. La propuesta de NREF incluye una tendencia hacia el año 2020 que refleja el incremento de la deforestación, como continuación de la tendencia existente hacia el 2013. La justificación que argumenta el PNCB es que las inversiones en materia agrícola, minera y otras, la construcción de infraestructura vial y los flujos
migratorios incrementarán; mientras que las acciones para remediar no serán suficientes.
Compartimos que este es un panorama que se mantendrá para los próximos años. Los avances y cambios que se están dando en las políticas quizá no alcancen a ver los resultados hacia el 2020, por lo complejos que son y en consecuencia tomarán mayor tiempo. Ello no quiere decir que estos esfuerzos sean insulsos, sino que la compleja situación que hoy presiona los boques generando pérdidas se revertirá gradualmente. Y en este proceso, las diversas iniciativas o proyectos en marcha como el FIP, FCPF, entre otras, si están articuladas jugarán un rol importante. El nivel de referencia entonces trata de reflejar la tendencia actual de crecimiento de la deforestación y que los esfuerzos ya emprendidos y previstos para los próximos años por parte del gobierno puedan mostrar sus resultados. Recordemos que no solo son las presiones en materia económica las que nos arrojan el escenario de crecimiento de la deforestación, sino también la débil gobernanza forestal.
El PNCB señaló que presentarán el documento oficial de Nivel de referencia a la UNFCCC como máximo el 04 de enero de 2016. Así, Perú habría cumplido otro de sus compromisos en el marco del acuerdo con Noruega y Alemania. Lo importante es que la información de las emisiones forestales esté armonizada con los inventarios de gases de efecto invernadero que Perú presenta a la UNFCCC y así se puedan medir de manera acertada los avances en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que realiza el país. Esperamos que los próximos inventarios ya tengan una metodología armonizada.
De otro lado, es importante destacar que estos avances han permitido la oficialización de la información sobre la deforestación para que sea usada por los tomadores de decisiones a nivel nacional y sub‐nacional. Con la publicación de la Resolución Ministerial 324‐2015‐MINAM se establece que el PNCB enviará información al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) que es el ente oficial en materia de estadísticas del país. De acuerdo a la normativa vigente, para la elaboración de proyectos de inversión pública es necesario que la información empleada se realice sobre lo que el INEI publica. En esa medida constituye un importante avance principalmente para los gobiernos sub‐nacionales que podrán tener más insumos en el desarrollo de proyectos para reducir la deforestación.
Finalmente, estos logros suponen también el fortalecimiento de las capacidades del PNCB en el monitoreo de la cobertura forestal, pero es
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importante que pueda replicarse en las demás entidades públicas vinculadas al monitoreo del bosques. En esa medida, está pendiente que entre en funcionamiento el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, de donde el monitoreo de la cobertura forestal forma parte. Esto supone mayor coordinación entre el SERFOR y el PNCB, que sin duda ha aumentado en los últimos meses y permite que las capacidades logradas se compartan. El sistema ayudará a que la información sea coherente y accesible, y ayudará a definir los roles de las instituciones en este proceso.
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Hace dos meses entró en vigencia la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS), luego de cuatro años de trabajo que dieron como resultado la aprobación de los siguientes reglamentos: 1) Reglamento para la Gestión Forestal, 2) Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, 3) Reglamento para la Gestión de las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales, 4) Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Campesinas.
Si bien esta aprobación es un avance importante para fortalecer la gestión forestal, el trabajo por delante es bastante arduo aún, ya que deben elaborarse participativamente un conjunto de normas complementarias que permitirán la adecuada implementación de la legislación forestal y en cuyo proceso debe darse el involucramiento de las autoridades regionales forestales (quienes tienen parte importante de las competencias referidas a bosques).
En este artículo se abordarán tres de los temas que consideramos relevantes para el cumplimiento del Acuerdo entre Perú, Alemania y Noruega: la implementación de la institucionalidad forestal, la Zonificación Forestal (ZF) y el Ordenamiento Forestal (OF) y el cambio de uso de suelos.
Con respecto a la institucionalidad, si bien el SERFOR inició su funcionamiento en agosto de 2014, su implementación viene dándose de manera progresiva. Se requiere la conformación de su Consejo Directivo , órgano máximo del SERFOR, responsable de establecer los objetivos, la política y dirección institucional;
convocar a concurso de méritos para la selección del Director Ejecutivo del SERFOR (quien desempeñará su cargo por un período renovable de cinco años); así como designar a los integrantes de la Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre‐CONAFOR (entidad consultiva de alto nivel en materia de participación, consulta e intercambio de información sobre política nacional forestal del SERFOR).
El Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre‐ SINAFOR, creado por la LFFS, tiene como objetivo integrar funcional y territorialmente la gestión forestal, mejorar la coordinación del estado entre los sectores y niveles de gobierno que intervienen en la gestión del bosque. Para ello, es importante contar con la matriz de competencias que determine de forma clara las funciones y roles de las diversas entidades que intervienen, así como el reglamento de funcionamiento de dicho sistema.
Sobre el SINAFOR y CONAFOR, cabe indicar que el SERFOR y el PNCB anunciaron que entrarán en funcionamiento en abril del 2016, pero lo cierto es que el establecimiento del Sistema puede tomar más tiempo pues involucra operativizar y clarificar las reglas para el funcionamiento del marco institucional.
De otro lado, temas fundamentales como la ZF y OF no se muestran con claridad en el Reglamento de Gestión Forestal aprobado; se requiere aún la aprobación de una Guía metodológica que contemple los criterios y lineamientos para asignar las categorías de ZF y OF, el desarrollo de estos procesos, el sistema de monitoreo y evaluación, entre otros temas.
Asimismo, es de especial relevancia aclarar cómo se compatibiliza el estatus legal de la ZF y OF con las demás normas vigentes. Recordemos que la LFFS en su artículo 26° señala que la ZF es “proceso obligatorio técnico y participativo de delimitación de tierras forestales, que se realiza en el marco del enfoque ecosistémico y siguiendo la normativa sobre la zonificación ecológico‐económica, en lo que corresponda, considerando los procesos en marcha, los instrumentos de planificación y gestión territorial regional con los que se cuente y respetando los usos y costumbres tradicionales de las tierras comunales, conforme a la Constitución Política del Perú y la ley”. En cuanto al ordenamiento forestal, señala que es el “proceso de determinación de unidades de ordenamiento forestal y el otorgamiento de derecho de aprovechamiento. Forma parte del ordenamiento territorial”.
Pero, recordemos también que la Ley 30230 aprobada el año pasado, establece que “Ni la
Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso”
2. Esto podría generar
problemas de interpretación a la hora de la aplicación de las normas porque pareciera que la segunda ley le quita el carácter vinculante al ordenamiento forestal. Sin embargo, a la hora de la interpretación debe primar la aplicación de la ley específica, que en este caso es la LFFS, que determina que la ZF y OF puedan asignar usos. Para evitar esta confusión sería importante aclarar la aplicación de la ZF y OF.
Respecto al cambio de uso; el Reglamento para la Gestión Forestal aprobado, dispone que el SERFOR adoptará medidas para mitigar el impacto sobre el patrimonio, relacionado al desbosque y la autorización de cambio de uso actual de la tierra, debiendo previamente aprobar lineamientos.
El citado reglamento hace una diferenciación entre la autorización de cambio de uso en tierras de dominio público y en el caso de predios privados. Si bien se establecen diversos criterios para la evaluación previa de las áreas a otorgar en propiedad o a autorizar el cambio de uso (entre ellos la ZEE o ZF, existencia de hábitats críticos, especies en grado de amenaza, conectividad con otros ecosistemas, protección de fajas marginales, potencial de servicios ecosistémicos de las áreas a afectar), y se promueve el mantenimiento de los bosques primarios en estas zonas; no se hace la exclusión expresa de esta práctica en los bosques, ni en los ecosistemas de alto valor de importancia para la región o el país.
Destaca de estos procedimientos su poca claridad y complejidad, planteándose la intervención de varias instituciones, tanto de nivel nacional como regional, entre ellas MINAM, SERFOR, Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, distintas instancias de los Gobiernos Regionales. Esta situación, lejos de contribuir con la mejora en la implementación de la norma, podría incrementar aún más la ilegalidad en los bosques y su afectación.
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EN BUSCA DE UN MECANISMO FINANCIAERO NACIONAL PERMANENTE
2 Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos
para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Ley Nº 30230, artículo 22.
RETOS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
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Encontrar un mecanismo financiero que cumpla altos estándares, tenga capacidad fiduciaria, gobernanza, salvaguardas ambientales y sociales, asegure transparencia en todos los aspectos, no es una tarea sencilla. Si a ello agregamos que sea rápido, que tenga experticia en manejo de proyectos forestales y trabajo con gobierno nacional, gobiernos regionales, sociedad civil y pueblos indígenas, complicaríamos aún más la tarea.
Los criterios descritos en su mayoría son cumplidos por instituciones financieras internacionales como los bancos de desarrollo multilaterales o por agencias de cooperación internacional. En ese sentido, es comprensible que frente a las instituciones públicas, se prefiera a las internacionales que son más ágiles y permiten mayor versatilidad para realizar desembolsos a diversas entidades. Mientras que la transferencia a las instituciones públicas a través del presupuesto público se rigen por complejas normas de inversión y financiamiento público que pueden aletargar la ejecución de los recursos. En el caso del Perú, entidades financieras públicas como la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Banco de la Nación, Agrobanco, entre otros, su experticia es limitada en el trabajo de proyectos de desarrollo en materia forestal y su acercamiento con el PNCB es poco.
Es comprensible que para los primeros desembolsos desde Noruega al Perú se requiera de un mecanismo financiero internacional que priorice la rapidez y cumpla altos estándares. Por la rapidez, las agencias de cooperación y los bancos multilaterales son la opción más factible para estos desembolsos. Como mecanismo interino funciona bien. Sin embargo, es importante tomar en cuenta otras implicancias. Utilizar siempre mecanismos financieros internacionales interinos implica que a la larga, los mecanismos financieros nacionales no desarrollen fortalezas en materia forestal. En cambio sí posteriormente, a mediano plazo, se utiliza mecanismos financieros nacionales, las entidades públicas obtendrán el know‐how fortaleciendo por un lado sus capacidades en materia de gestión de proyecto de cooperación, y por el otro contribuirá a su fortalecimiento como articulador de las diferentes iniciativas de financiamiento para bosques ayudando a cumplir las metas pre y post 2020 de Perú.
La experiencia en Perú muestra que cuando son organizaciones internacionales las administradoras de recursos, las instituciones públicas no fortalecen sus capacidades en la gestión de proyectos perdiéndose el aprendizaje surgido en torno al diseño, gestión y ejecución del proyecto. En esa medida una institución nacional financiera fortalecida producir capacidades en gestión de proyectos y generar más institucionalidad en el tema.
En cuanto a la articulación, se observa que actualmente existen diferentes proyectos nacionales en torno a REDD+ y la gestión de los bosques que muchas veces no se encuentran articulados. Recordemos que las iniciativas individuales por sí solas no ayudarán a reducir la deforestación, sino que deben de conectarse entre ellas para que puedan tener algún impacto. También es importante diseñar un mecanismo que vaya más allá de las contribuciones que Noruega y Alemania puedan dar y que incluso puedan incorporar recursos públicos de Perú. Esta lógica debe ser considerada a la hora de definir el mecanismo permanente.
De otro lado, las experiencias de los proyectos en marcha relativos a REDD+ y a la gestión de los bosques y cambio climático muestran lo importante que es encontrar un mecanismo que asegure agilidad. Por ejemplo, el Programa de Inversión Forestal que fue aprobado en noviembre del 2013 todavía no tiene ningún desembolso a la fecha y se prevé que inicie su ejecución en el mejor de los casos en el 2017. Además es preciso recordar el tiempo que tomó en aprobarse el proyecto CAF‐forestal, cuyo inicio de diseño fue en el 2008 pero que tiene previsto empezar a funcionar en el 2016. ¿Cómo lograr experticia, agilidad, transparencia y fortalecer capacidades? Habrá que decidir por priorizar entre la agilidad y las capacidades.
Este 2015 se termina sin encontrar un mecanismo financiero nacional permanente que cumpla los criterios mencionados inicialmente. Los primeros $5 millones de contribución de Noruega se realizarán a través de un mecanismo provisional exclusivo para este desembolso que tendrá como fiduciario al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De acuerdo a información del PNCB, se proyecta que los otros $45 millones restantes para las fase 1 y 2 del acuerdo se ejecuten a través de otro mecanismo provisional (entre las opciones se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo) y los $250 millones de la fase 3 para el pago por resultados, con un mecanismo nacional permanente. Si esto ocurriese así, se tendría en total tres mecanismos financieros. Por ahora, lo idóneo es que este sea el número máximo de mecanismos a establecerse y que tengan relación entre ellos.
Dentro de las prioridades del segundo desembolso es necesario incluir una ruta hacia el establecimiento del mecanismo nacional permanente. Este tema no debe ser postergado pues su diseño y entrada en funcionamiento tomará tiempo. Los recursos del segundo desembolso podrían ir empleándose en una suerte de piloto de lo que sería e implicaría el mecanismo nacional permanente. Ello a fin de ir logrando capacidades y que a la hora de iniciar el mecanismo permanente sea sobre algunos
avances, no como un proceso nuevo, desconectado de las experiencias anteriores. Entonces es importante considerar que la elección del segundo mecanismo debería contribuir al mecanismo nacional permanente.
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EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA AMAZONIA PERUANA: PROPUESTAS DE POLÍTICAS
DAR ha elaborado un estudio (próximo a publicación) que tiene por objetivo analizar las políticas y normas sobre titulación de tierras en la Amazonía, su aplicación y efectos que tiene en relación a la pérdida y fragmentación de los bosques y extinción de las especies naturales.
El periodo de tiempo de análisis de las normas cubrió más de 50 años (desde la década de los sesenta hasta la actualidad). Como principal hallazgo se identificó que el marco jurídico tiene una tendencia desreguladora. Se pasó de un marco regulatorio asociado a un radical proceso político de transformación de la estructura agraria por parte del Estado en la década de los setentas, a un régimen prácticamente liberal en cuanto al acceso de la propiedad de la tierra en los noventas.
Asimismo, para el análisis de la aplicación, el estudio identificó procesos actuales sobre uso del territorio Amazónico y el avance de la deforestación, como los procesos de concentración de la propiedad agropecuaria particularmente los relativos a la palma aceitera en la Amazonía; la concurrencia del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro Rural (PTRT3) y de la Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+); la entrada en vigencia de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, así como el rol que asumieron el MINAGRI y los Gobiernos regionales en los temas de formalización y titulación rural en los últimos años.
En la revisión de las normas legales sobre adjudicación y titulación de tierras agropecuarias se identificaron un conjunto de términos que requieren tener mayor precisión por sus implicancias en la deforestación como son: las tierras y predios rurales y rústicos, los terrenos y tierras eriazas, así como la definición de tierras en Selva y Ceja de Selva.
De otro lado, entre las normas revisadas, se identificó diversos mecanismos normativos que tienen el objetivo de proteger los bosques y las
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tierras forestales, en particular de la Amazonía, de los procesos de adjudicación, formalización y titulación de tierras agropecuarias. Estos mecanismos comprenden la aplicación de reglas o requisitos especiales, la exigencia de obtener autorizaciones previas al cambio de uso, y según corresponda su exclusión de la aplicación de algunas normas y la aplicación de sanciones específicas.
Pero también se identificó un conjunto de normas que afectan los bosques, tales como la autorización e incentivo de la destrucción del 70% de la cobertura forestal de los predios agropecuarios en la Amazonía, la incorporación de las tierras forestales dentro de las tierras agropecuarias, la priorización de las actividades agropecuarias en las tierras con cobertura forestal en la Amazonía, las facilidades desmedidas para la actividad agroindustrial en tierras con cobertura forestal en Amazonía, la reclasificación de tierras forestales como tierras agropecuarias y la legislación sobre cambio de uso y desbosque que regula y permite la destrucción del patrimonio forestal.
Sin embargo, a pesar del conjunto de normas existentes, un hallazgo relevante del estudio fue que estas normas tienen escaso cumplimiento. Como resultado, los mecanismos para la protección de los bosques y las tierras forestales previstos en las normas solo se han implementado en contados casos. De allí que las políticas a ejecutarse en esta materia tengan énfasis en que se cumplan las normas.
a) Sobre los hallazgos, el estudio propone las siguientes recomendaciones a tomar en cuenta por los tomadores de decisiones: Integrar y armonizar la extensa, contradictoria y confusa legislación sobre adjudicación, formalización y titulación de tierras agropecuarias en Amazonía. En ese proceso se sugiere precisar los confusos términos existentes en la legislación y corregir ese conjunto de normas y mecanismos de la adjudicación, formalización y titulación de tierras agropecuarias que afectan el bosque.
b) Mejorar la coordinación, gestión y control de las entidades públicas con el objetivo de incrementar la efectividad e implementación de los mecanismos de protección de los bosques.
c) Incorporar la conservación de los bosques como uno de los requisitos para la formalización de la propiedad rural en Amazonía.
d) Dado que en la actualidad, el interesado en el desarrollo de actividades agropecuarias en la Amazonía es quien realiza la clasificación de tierras, se recomienda implementar la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor de toda la Amazonía como un mandato que asuma el gobierno, evitando así conflictos de interés; previamente deberá aprobarse el nuevo reglamento de clasificación de tierras, en cumplimiento con la nueva Ley Forestal.
e) Armonizar y transparentar los procedimientos y requisitos para el cambio de uso y desbosque
f) Priorizar el saneamiento de las tierras y territorios de las Comunidades Nativas antes de la adjudicación, formalización y adjudicación de tierras agropecuarias.
g) Concentrar los mayores esfuerzos en el manejo y conservación del bosque primario existente sea en territorios de comunidades, Bosques de producción permanente, áreas naturales protegidas, y otras categorías, tomando en cuenta la implementación del ordenamiento forestal.
h) Iniciar esfuerzos por restaurar el paisaje forestal degradado.
i) Promover los sistemas agroforestales.
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FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL PARA BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO
El Estudio denominado “¿Un bosque de dinero? Financiamiento para bosques y cambio climático”, elaborado por DAR (próximo a publicarse) brinda importante hallazgos sobre cuál es la situación de los fondos públicos y de cooperación destinados a los bosques y al cambio climático. En el presente artículo se abordará las características identificadas del financiamiento climático internacional, en el
cual se han incluido los fondos que provienen de fuentes oficiales internacionales
3.
En relación al financiamiento proveniente de fuentes de cooperación internacional, el estudio identificó 30 proyectos que actualmente están en marcha, sean en proceso de diseño o implementación. Todos estos proyectos en conjunto suman 613 millones USD$. Entre estos, se encuentra la contribución de Noruega al DCI por 300 millones US$ que representa cerca del 49% del total del financiamiento internacional que Perú recibe en este tema. Luego en magnitud de contribuciones siguen Alemania, Estados Unidos, Japón, la banca multilateral y los fondos climáticos.
Entre las principales entidades que son intermediarias de los fondos se identificó a USAID (10%) seguido por BID (7%), PNUD (6%), GIZ (6%) entre otras. Destaca que parte importante de estos recursos todavía no tienen definido los mecanismos de operación y los responsables como es el caso del DCI y el proyecto del FIP. Una característica común a los diferentes proyectos es la lentitud en la implementación de los recursos.
Respecto a las entidades que conducen la ejecución de los recursos se observó que el PNCB conduciría más del 60% de los recursos, en menor medida participan otras entidades, como es MINAGRI (7%), SERNANP (6%) y SERFOR (5%). Esto muestra la relevancia que tiene el PNCB en la ejecución del financiamiento climático internacional para bosques y la necesidad de que deba incluir mecanismos eficaces de articulación y coordinación con las demás entidades públicas. También es importante destacar que los Gobiernos Regionales no acceden directamente a estos fondos a pesar que muchas veces tienen un papel importante en la ejecución de los proyectos y son considerados como destinatarios, pues 23 de los 30 proyectos incluye intervención en los gobiernos regionales. Los pueblos indígenas también están en la prioridad de varios proyectos, de acuerdo al estudio son 13 los proyectos orientados a temas indígenas.
Analizando el financiamiento que se encuentran en la fase de implementación, entre los temas más recurrentes en que se enfocan estos recursos son (en orden de prioridades) el fortalecimiento de capacidades, la medición y
3 De acuerdo a la metodología del estudio, no se incluyen al financiamiento recibido por organizaciones no gubernamentales u otras afines. Excepcionalmente se incluyó en la relación al Mecanismo Dedicado Especifico administrado por WWF, por la naturaleza del proyecto que tiene origen en un fondo climático internacional.
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monitoreo, la ayuda a la planificación, a actividades de manejo forestal, la gestión de áreas naturales, participación de stakeholders y titulación. Mientras que el pago por reducción de emisiones de GEI verificadas se encuentra entre los recursos que todavía están en diseño.
Sin duda, se han incrementado los recursos de la cooperación internacional para los bosques que permite mejorar su gestión. También, en los últimos años se ha incrementado el presupuesto público para este fin. La cantidad de este financiamiento todavía no es tan grande en su magnitud en comparación con el financiamiento que genera pérdidas de los bosques, pero son considerables para ir realizando acciones. Así, nos encontramos frente a un escenario diferente de hace cuatro o cinco años, donde la prioridad era encontrar y acceder a los recursos; ahora, la prioridad es que podamos ejecutar adecuadamente los recursos conseguidos para conseguir los resultados para los que están destinados. En esa línea es importante conocer
Existe una mayor preocupación y acción de diversas entidades relacionadas a la gestión de bosques por buscar más recursos, lo cual tiene como resultado que Perú acceda a más recursos para reducir la deforestación.
El financiamiento climático para bosques ha generado que se mejore en las coordinaciones entre las entidades ligadas a los bosques, principalmente PNCB y SERFOR. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo todavía está pendiente consolidar estas coordinaciones no solo entre ministerios responsables y otras entidades indirectamente involucradas como las Direcciones de ministerios de Agricultura y Cultura; sino también con los gobiernos regionales con quienes debe generarse mecanismos más eficaces de coordinación pues actualmente no están muy involucrados en los diferentes procesos de financiamiento.
Los esfuerzos por organizar la implementación del financiamiento de bosques y cambio climático están impulsando la mejora de la planificación del financiamiento público y en consecuencia existen importantes avances en la planificación de la gestión forestal.
Existe una excesiva demora en la ejecución de los recursos financieros obtenidos. Ello debido a la poca coordinación entre instituciones durante la etapa de diseño de los proyectos, la falta de personal con
conocimiento de los sistemas de gestión pública, el limitado personal para gestionar los proyectos, el mal uso de consultorías que devienen en productos que deben ser reelaborados y no generan capacidades en las instituciones públicas.
Debe asignarse la mayor prioridad al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas entendiendo como la mejora en la gestión de los bosques, pero también de la gestión de los recursos que llegan. La prioridad empoderar efectivamente a los gobiernos regionales en la definición de políticas públicas sobre bosques y cambio climático, así como en las decisiones sobre financiamiento
Como el acceso a los diferentes recursos no ha sido coordinada ni ha respondido a una estrategia única de intervención del Estado para la reducción de la deforestación, es necesario que existe una mayor sinergia y coordinación entre los diversos proyectos. Esto no solo incluye que sean las entidades públicas las que coordinen, sino también los donantes y las agencias intermediarias. Esto implica en el corto y mediano plazo mejorar la coordinación de los diferentes financiamientos y en la medida de las posibilidades simplificar y unificar su gestión.
La existencia de recursos de considerable magnitud como los de Noruega y los acontecimientos de importancia internacional como la COP han logrado mayor respaldo político e inclusión de los temas de los bosques en la agenda pública. El riesgo, es que al Perú tener límites en su institucionalidad y una burocracia inestable, el cambio de gobierno podría reducir estos significativos avances. De allí la necesidad que otros actores como gobiernos regionales, pueblos indígenas y sociedad civil deban involucrase más en estos procesos y ser vigilantes de los compromisos del Estado peruano.
La incorporación de normas que salvaguardan la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas ha permitido una sustancial mejora en su inclusión en varios de los procesos de toma de decisión sobre financiamiento para bosques y cambio climático. Es necesario que las salvaguardas se aprueben pronto para asegurar los
derechos de los pueblos indígenas durante la ejecución de los recursos.
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¿5 MILLONES DE HECTÁREAS POR TITULAR?
La Declaración Conjunta de Interés entre los gobiernos de Noruega y Perú ha fijado una meta muy ambiciosa respecto a la titulación de comunidades nativas y predios en zonas rurales: contar con 5 millones de hectáreas tituladas al final del año 2017; una meta significaría titular en dos años casi la mitad de las hectáreas tituladas en el país en las últimas dos décadas. Si bien esta meta corresponde a la Fase 2, ya se han iniciado importantes acciones para alcanzarla.
Este objetivo es de especial interés para las organizaciones indígenas, quienes reclaman el reconocimiento, titulación o ampliación de los derechos territoriales de 1,240 comunidades nativas
4. Los gobiernos en el marco del DCI han
establecido un primer desembolso de 1.5 millones de US$ para fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades a ser ejecutado durante el 2016. Sin embargo, más allá de los recursos a ser invertidos y del desafío administrativo e institucional que se requiere para el cumplimiento de esta meta, el inmediato recaerá en su articulación con las metas, plazos y zonas de intervención fijadas por otros proyectos de titulación en fase de diseño o ejecución.
El PTRT3 y el MDE‐Saweto son actualmente los dos proyectos de titulación más importantes en curso por los compromisos asumidos con los organismos internacionales, la cantidad de fondos que poseen y las metas que se han propuesto cumplir. El primero, financiado parcialmente por el BID mediante una operación de crédito, tiene como propósito destinar 80 millones de US$ para la formalización de 4.3 millones de hectáreas a nivel nacional (de las cuales 2.1 millones estarán a la amazonia). Inicialmente, comprendía a 228 comunidades nativas y a 43,180 pequeños productores rurales. El PTRT3 se encuentra en fase de inversión en el
4 AIDESEP & FPP, 2014, Haciendo visible lo invisible: Perspectivas indígenas sobre la deforestación en la amazonia peruana. Obtenido en http://www.forestpeoples.org/es/topics/el‐derecho‐la‐tierra‐y‐los‐recursos‐naturales/publication/2015/haciendo‐visible‐lo‐invisible‐.
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Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y desde el ministerio de Agricultura, que posee las competencias en titulación.
Según el SNIP, el PRTR3 tiene previsto culminar en el año 2019. No obstante, el proyecto ha encontrado impases en su implementación debido a desacuerdos con las organizaciones indígenas, que parten de la demanda de los últimos por priorizar y aumentar el número de comunidades a titular mediante el proyecto. Estas desavenencias llevaron en septiembre a la elevación de una queja formal ante el Mecanismo Independiente de Rendición de Cuentas (MICI) del BID, alegando incumplimientos en sus políticas operativas para Pueblos Indígenas, medio ambiente, salvaguardas y, en consecuencia, poner en riesgo los derechos territoriales de las comunidades nativas. En su respuesta, el MICI consideró haber cumplido con lineamientos sociales y ambientales, y por tanto ser infundada la existencia de riesgo por daños directos. Sin embargo, recomendó poner en suspenso la ejecución del proyecto a fin de retomar las negociaciones entre el Estado y las organizaciones indígenas e incorporar sus demandas, proceso previsto de concluir antes de terminar el 2015. Mientras tanto, el ministerio de Agricultura y las organizaciones indígenas AIDESEP y CONAP han avanzado negociaciones para que el PTRT3 aumente el número de comunidades nativas a titular a 403, así como atender primero la formalización legal de sus territorios antes que la titulación de predios individuales.
En contraste, con metas y fondos menores en proporción, pero con una relación más cercana con las organizaciones indígenas, está el Mecanismo Dedicado Específico (MDE) ‐ Saweto Perú. Este proyecto, en el que interviene el Banco Mundial financiado con fondos del Programa de Inversión Forestal (FIP), está concentrado netamente en la amazonia y tiene previsto en un plazo de cinco años ejecutar 5.5 millones de US$ para el reconocimiento y titulación de comunidades indígenas y en actividades de apoyo a la implementación de proyectos comunales sobre el manejo de los recursos forestales. Ha fijado como meta el reconocimiento de 310 comunidades nativas y la titulación de –como mínimo‐ 130; éstas últimas sumarían un aproximado de 780mil hectáreas.
A diferencia del PTRT3, en el cual el diseño e implementación del proyecto recae sobre el Estado, en el MDE‐Saweto las comunidades indígenas han sido involucradas en el proceso de gestión. La máxima autoridad del proyecto es el Consejo Directivo Nacional, integrado exclusivamente por representantes de AIDESEP y CONAP, constituyéndose en los líderes de un proceso único en el cual estas organizaciones indígenas, como beneficiarios directos, podrán
demostrar su capacidad y efectividad para la conducción de financiamiento específico para Pueblos Indígenas. Ambas organizaciones aparecen como unidades implementadoras de los fondos, que serán administrados con el apoyo de WWF como unidad ejecutora.
Finalmente, es necesario mencionar los proyectos de titulación impulsados desde los gobiernos regionales en la amazonia y actualmente en desarrollo. San Martín y Loreto vienen ejecutando a través de sus direcciones de agricultura proyectos de titulación en sus territorios. San Martín ha destinado 8.4 millones de soles (2.8 millones de US$ aprox.) para la titulación de 96,950 hectáreas de predios rurales en las cuencas de los ríos Mishquiyacu y Ponaza
5. Loreto, por su parte,
tiene previsto en dos años lograr la titulación de 100 comunidades nativas en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañon
6,
contando con un total de 3.8 millones de soles (1.2 millones de US$ aprox.). Por otra parte, cuatro proyectos dentro del SNIP
7 focalizados
en las regiones de Amazonas, Ucayali, San Martín y la zona del VRAEM han sido declarados viables (fase previa a la ejecución); suman en conjunto 17.3 millones de soles (5.7 millones de US$ aprox.).
La articulación de los distintos proyectos de titulación, ya sean financiados con fondos de la cooperación internacional o con recursos propios, ejecutados a través de las entidades estatales o de organismos civiles, es por lo pronto incipiente. Desde el ministerio del Ambiente, a través del Programa Nacional de Bosques y Conservación (PNBC), se está trabajando en el mapeo de las metas estimadas y los recursos ahora en ejecución. Un esfuerzo que será necesario para alinear los distintos proyectos con las metas y los plazos previstos en el acuerdo entre Perú y Noruega. Sin embargo, también es necesario hacer un esfuerzo por incluir a quienes son responsables de realizar las tareas de titulación como son la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales, así se podrá realizar una mejor coordinación para alcanzar la meta de los 5 millones de hectáreas, priorizar mejor los recursos en base a las necesidades para la titulación y simplificar los procesos de titulación que son un suplicio para las comunidades nativas.
5 Código SNIP 50384.
6 Código SNIP 316426.
7 Códigos SNIP: 30421, 20189, 108768, 28551.
Elaboración propia
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COMPROMISOS CLIMÁTICOS SIN PRIORIDADES: LAS INDC PERUANAS
El Perú, como país Parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), tiene el compromiso de informar a la Convención las acciones que ha adoptado o prevé adoptar para contribuir al esfuerzo global de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En ese contexto, Perú presentó en setiembre a la CMNUCC s Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés).
La contribución plantea una reducción del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al año 2030 con respecto al escenario BAU
PRINCIPALES PROYECTOS DE TITULACIÓN EN EJECUCIÓN EN PERÚ
PROYECTO ENTIDAD A CARGO
FONDOS (US$)
NÚMERO DE COMUNIDADES
NÚMERO DE HA.
PTRT3 BID 80 millones
228 (hasta 403 en negociación)
4.3 millones. Estimado
DCI PERU NORUEGA
PNUD 1.5 millones
Por definir
MDE ‐ SAWETO Banco Mundial
5.5 millones
130 780 mil.
AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTROTITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LAS CUENCAS DE REGION LORETO
GORE ‐ Loreto
1.2 millones
100 No definido
CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA
GORE ‐ San Martín
2.8 millones
‐ 96, 950.
BOLETÍN 02 AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PERÚ CONNORUEGA Y ALEMANIA| NÚMERO # 02
8
(business as usual)8, precisando que el 20% se
logrará con recursos propios del país y el otro 10% se encontrará sujeto a la disponibilidad de financiamiento externo internacional haciendo énfasis en que estos compromisos condicionados no impliquen endeudamiento público.
El documento presentando por el Perú ratifica que somos un país bajo en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con un porcentaje de participación de sólo 0.3% sobre el total de emisiones, de las cuales aproximadamente la mitad se originan en el Sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS). Sin embargo, presentamos hasta siete de las nueve características reconocidas por la CMNUCC para calificar como un país altamente vulnerable.
El proceso de construcción de las Contribuciones Nacionales presentó para el Perú una excelente oportunidad de diseñar planes climáticos que contengan expectativas de desarrollo y que se integren con el proceso de enfrentar el cambio climático. En ese sentido, era importante vincular a la ciudadanía para que entienda y aporte en esta construcción. Si bien hubo un proceso de difusión y convocatoria para la participación fue insuficiente, pues el proceso de consulta pública arrojó al final carencias en la articulación del trabajo, tanto a niveles de gobierno como a nivel sectorial. Queda la incógnita de cómo se subsanarán estas falencias de cara a las siguientes etapas del proceso como son la implementación y el cumplimiento de las metas planteadas dentro de las INDC.
El Ministerio del Ambiente (MINAM), al inicio del proceso de consulta pública, presentó una primera propuesta de INDC. Dicho documento contaba con una serie de proyectos/actividades considerados en la propuesta de contribución (opciones de mitigación). Sin embargo, llama la atención que el documento oficial presentado a la Convención no incluya ninguno de estos proyectos/actividades ni los sectores prioritarios en los que se reducirá las emisiones de GEI. Esto repercutirá directamente al momento de realizar el monitoreo, verificación y reporte de las INDC. También el documento oficial carece de mecanismos de verificación y monitoreo.
En el documento borrador de las INDC bajo consulta pública
9 que sí incluía los sectores
priorizados, señalaba que el 70% del total de
8 Las INDC se elaboraron sobre la propuesta del Plan CC, un instrumento que realizó estimaciones sobre las tendencias de las emisiones de GEI en Perú. Se presentó cuatro escenarios prospectivos que incluían el nivel de emisiones que podrían reducirse de acuerdo a los proyectos o actividades que se realicen. Ver: http://www.planccperu.org/ 9 El documento de consulta pública se puede encontrar en: http://www.minam.gob.pe/wp‐content/uploads/2015/06/contribucion‐iNDC21.pdf
contribución correspondía al sector forestal. Ahora nos queda la duda de si este seguirá siendo el sector priorizado para la reducción de emisiones o quedará a criterio de los próximos gobiernos.
Si es que el tema forestal tiene prioridad, es necesario que se aborde desde un enfoque integral. A diferencia de otros sectores, las acciones que ayuden en la conservación de los bosques aportarán tanto en la reducción de GEI como en la adaptación al cambio climático, ya que son los bosques los que nos ayudan a capturar CO2, a generar o mantener los servicios ecosistémicos y a obtener recursos naturales para hacer frente al cambio climático.
Finalmente, uno de los principales retos para hacer frente al cambio climático es el trabajo articulado entre los diferentes sectores y niveles de gobierno. En el caso específico del sector forestal debe tomarse en cuenta que cinco regiones (Loreto, Ucayali, San Martin, Amazonas y Madre de Dios) tienen entre sus funciones el otorgamiento de derechos y control sobre el 85% de los bosques a nivel nacional; por lo tanto, la participación activa de los Gobiernos Regionales debería estar garantizado.
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CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE POR PERÚ EN EL MARCO DEL ACUERDO ENTRE PERÚ, NORIEGA Y ALEMANIA HASTA EL 2015
A continuación se presenta una tabla que da cuenta, de forma breve, del avance de la implementación de las ocho compromisos previstos en el Acuerdo a ser ejecutadas entres los años 2014 y 2015. Al término de 2015 se cumplieron con dos de las herramientas previstas.
La tabla debe leerse en función a la siguiente leyenda
Leyenda
Implementado En proceso de
implementación No iniciado/detenido
Cuadro de avance de Compromisos al 2015
Herramienta establecido por
Acuerdo Descripción
a) Implementación de la medición, reporte y verificación (MRV) para la deforestación bruta
Cumplido
b) Designar e implementar un Mecanismo de Financiamiento
Se aprobó mecanismo provisional. Pendiente aprobar el permanente
c) Respaldo político a la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático
Se creó la comisión multisectorial: están en etapa de incorporación de aportes de consulta
pública.
d) Establecer los instrumentos clave para la aplicación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Reglamentos aprobados. Pendiente
entrar en funcionamiento del
SINAFOR y CONAFOR
e) Definir el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales / Nivel de Referencia Forestal (2015)
Cumplido.
f) Establecer un sistema para monitorear, informar y garantizar las salvaguardas de REDD+ (2015)
No hubo avances desde junio.
g) Cesar autorizaciones de conversión de tierras con bosques (bajo la categoría de capacidad de uso mayor de la tierra forestal o de protección) a usos agrícolas (2015)
Se están explorando normas
complementarias
h) Producir una evaluación del impacto de la deforestación y degradación forestal por actividades en la Amazonía peruana
Documento terminado en revisión por el PNCB
(Cuadro contiene información actualizada diciembre de 2015)
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