BOLETIN 24 DE MARZO
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Todo acto de memoria es poltico, y toda
poltica emancipadora que se considere crtica
del presente debe criticar tambin las maneras
hegemnicas en que el presente se apropia del
pasado. La teora de los dos demonios, as como
la actual poltica estatal de derechos humanos,
son formas de la memoria que debemos
desenmascarar no slo por su falsedad
histrica, sino porque prestan un lamentable
servicio a los sectores sociales que quieren que
nada cambie.
La teora de los dos demonios se elabor
en el retorno a la democracia en 1983 como
interpretacin oficial de los hechos que le
precedieron. La teora equipara el accionar de
las organizaciones armadas de izquierda con el
terrorismo ejercido por el Estado y las
organizaciones paraestatales como la AAA
(Alianza Anticomunista Argentina) antes y
durante la dictadura militar. La teora no slo
recurre a esa equiparacin, sino que postula que
fue la violencia de izquierda la causa de la
dictadura militar.
No podemos abarcar aqu el tema de la
violencia poltica en toda su complejidad, que
va mucho ms all de la cuestin moral de la
legitimidad de la violencia y requiere un
anlisis histrico sobre las coyunturas en las
que esa forma de lucha est a la orden del da.
Sin embargo, sostenemos que la violencia
ejercida por la izquierda y la derecha no son en
ningn sentido equiparables.
Las organizaciones polt ico-
militares de los 70 no realizaban acciones
armadas para aterrorizar a la poblacin civil,
sino para el aprovisionamiento de armas y
fondos, la propaganda, la autodefensa de las
luchas populares y slo en algunos casos el
asesinato de objetivos polticos o militares
determinados. La violencia ejercida por el
aparato represivo, en cambio, tena dimensio-
nes masivas, constituyendo un verdadero
genocidio: hubo 30.000 desaparecidos, en su
mayora referentes y organizadores sociales
que no realizaban tareas armadas. Adems,
sus mtodos consistan en la tortura, la
desaparicin, la clandestinidad de la
represin, robos de identidad, etc.
Los objetivos estratgicos de estas
dos formas de violencia, adems, eran
diferentes. Las organizaciones poltico-
militares aspiraban a la construccin de una
sociedad igualitaria, democrtica y socialista,
y recurran a la violencia porque entendan (y
as lo atestiguaba la experiencia histrica) que
la clase dominante no cedera de manera
pacfica sus privilegios. La dictadura militar,
en cambio, consideraba que era necesario dar
fin a un proceso de auge y empoderamiento de
las masas que impeda la reestructuracin
neoliberal de la economa y la sociedad por la
que reclamaban la oligarqua local y el capital
internacional.
la memoria es un
campo de batalla
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La represin estaba dirigida al conjunto
de lxs activistas sociales, pues se trataba de
destruir el poder y los lazos de organizacin
forjados al calor de la lucha del pueblo
trabajador, que no slo impedan el avance de la
clase dominante sobre el pueblo, sino que
tambin constituan una acumulacin de
fuerzas que eventualmente poda derrotar a esa
clase y transformar radicalmente la sociedad.
La demonizacin de las organizaciones
de izquierda oculta, detrs de una fachada de
demencia armada y subversiva, una racionali-
dad poltica, un proyecto de sociedad distinta, y
una capacidad de organizacin social que iba
ms all de lo militar. La teora de los dos
demonios adems elude referirse al proyecto
econmico que constituye la verdadera causa
del golpe de estado, encubriendo las responsa-
bilidades civiles que lo impulsaron. Por ello, si
bien contribuy al juzgamiento de algunos
genocidas durante el gobierno de Alfonsn, la
teora es completamente funcional a la sociedad
instaurada por la dictadura, propugnando el
mantenimiento irrestricto de una democracia
que, luego del trabajo sucio realizado por la
dictadura, ahora poda garantizar a la clase
dominante la ejecucin por medios pacficos de
sus planes de reestructuracin econmica de
corte neoliberal.
El kirchnerismo ha realizado algunos
avances en materia de derechos humanos que
implicaron retomar el juzgamiento a los
genocidas y una crtica de la teora de los dos
demonios. Sin embargo, entendemos que lo
hace de una manera sumamente cuestionable,
que consiste ya no en demonizar a las vctimas
del terrorismo de estado, sino precisamente en
reducirlas a su condicin de vctimas, simples
personas que han visto sus derechos
terriblemente cercenados por la represin
militar.
El principal sentido pblico o
poltico que asume la accin estatal bajo el
gobierno kirchnerista tiene que ver con una
relegitimacin del Estado en su carcter de
reparador de los daos a travs de la justicia, y
con la difusin en la sociedad de una
conciencia genrica de que "la dictadura no
puede volver a suceder". Estas operaciones
invisibilizan el sentido de la lucha de lxs
compaerxs desaparecidxs, que no eran
simples vctimas civiles de la dictadura, sino
en su mayora militantes revolucionarios. Al
poner en un primer plano la dicotoma entre
dictadura y democracia, la nica recuperacin
que se hace de lxs desaparecidxs es para la
custodia de la democracia, y a lo sumo para el
cuestionamiento de las formas ms "salvajes"
de capitalismo. Pues un proyecto de
"capitalismo serio" no puede reivindicar a lxs
luchadorxs por el socialismo.
A la invisibilizacin del proyecto
poltico de lxs compaerxs desaparecidxs le
oponemos la recuperacin de su racionalidad
poltica, no para repetir sus acciones o
mitificarlas, sino para criticarlas en trminos
polticos, para adaptar su experiencia a las
necesidades del presente, y retomar su legado
en el punto en el que nos lo dejaron. Y a la
autolegitimacin que constantemente realiza
el sistema democrtico le oponemos la crtica
histrica que muestra su raz en la represin
dictatorial, al tiempo que apostamos por la
construccin de poder popular y la lucha por
una sociedad radicalmente diferente.
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A 9 aos de iniciados los juicios contra
los delitos de lesa humanidad cometidos por el
terrorismo de estado durante la ltima dictadura
cvico-militar en Argentina, consideramos
necesario hacer un balance crtico de su
desarrollo desde la derogacin de las leyes de
impunidad. Este balance cobra particular
relevancia, faltando dos aos para el fin del
gobierno kirchnerista, y la expresa voluntad del
ejecutivo nacional de dar por finalizados los
juicios en 2015. Tomamos para esta tarea el
informe de Diciembre de 2013 de HIJOS de La
Plata.
Avance en los juicios contra los genocidas
El informe de HIJOS La Plata, revela que
al 31 de Diciembre de 2013 el Estado argentino
slo efectiviz 111 juicios con sentencia. En
esos 111 juicios hubo como resultado 567
condenas sobre 468 represores, 61 absueltos y 6
muertos impunes durante el proceso, por un
universo de 2793 vctimas. Slo alrededor del
30% del total de los 2.100 procesados desde
2003 fue llevado a juicio, y slo un 24% fue
condenado. Si tomamos los 600 Centros
Clandestinos de Detencin que funcionaron
durante la dictadura, 468 condenados
representan menos de 1 represor condenado por
CCD.
Comparado con los miles de
represores implicados en el Terrorismo de
Estado (200.000 segn el Ministerio de
Defensa) el nmero es nfimo, e incluso
comparado con los 2.100 procesados, ms del
70% est impune.
Si analizamos las penas, slo el 47 % de
las condenas fueron por al mximo de la pena.
En efecto, el 14 % de los condenados recibi
25 aos de prisin, y el restante 39 % menos de
25 aos. Esto nos hace reflexionar sobre la
calidad de la condena con que el Estado valora
los crmenes que est juzgando, que son de
lesa humanidad, crmenes de Estado que
muchas veces son equiparados en sentencia en
el monto de las penas a delitos cometidos por
delincuentes comunes.
Hacia el 2015 El fin de los juicios?
Desde abril de 2013 el Secretario de
DD.HH. de la Nacin, Martn Fresneda,
plante su voluntad de que en el transcurso
del 2015 empiecen a concluir los procesos
judiciales por delitos de lesa humanidad.
Cristina Fernndez lo viene pregonando desde
diciembre de 2011, cuando en el acto por el da
de los Derechos Humanos dijo: Yo espero
que en estos cuatro aos de mi mandato estos
juicios que han demorado ms de treinta aos
en ser iniciados, puedan ser terminados.
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Si en 10 aos se juzg al 30% de los
procesados, una proyeccin objetiva nos dice
que juzgando a razn de un promedio de 600
represores cada 10 aos, sin sumar nuevos
procesamientos, concluira recin en ms de 3
dcadas. As planteados, estos procesos
reproducen la situacin de impunidad porque
slo sern juzgados casos emblemticos, los
altos mandos, mientras el conjunto de
miembros de las fuerzas represivas que
planificaron y ejecutaron el genocidio quedar
impune.
Nuestra lucha por la memoria, la verdad y la
justicia.
De estos datos se desprende que no existe
voluntad real de condenar el carcter masivo y
planificado del terrorismo de Estado. La
apropiacin del gobierno kirchnerista de esta
lucha, autoproclamndose el gobierno de los
derechos humanos no ha tenido como
correlato efectivo el enjuiciamiento de todos
los que torturaron, desaparecieron y asesinaron
a ms de 30.000 compaerxs, e instauraron un
modelo econmico neoliberal cuyas trgicas
consecuencias an padece el pueblo trabajador.
Sin embargo, el gobierno ha sido muy
efectivo en la cooptacin de diversos
organismos y personalidades otrora referentes
de la lucha por los derechos humanos y hoy
defensores de un modelo econmico y social
que beneficia a los mismos de siempre, contra
los legtimos derechos del pueblo, que hoy
enfrenta la represin y el ajuste por parte del
propio gobierno nacional y sus gobernadores
provinciales. La designacin de un represor,
Milani, frente al Ejercito, es, sin lugar a dudas,
ms que la contracara, el verdadero rostro de la
poltica de derechos humanos del gobierno,
para cooptar y neutralizar las resistencias
sociales que pueden poner en tensin el actual
estado de cosas. Reapropiarnos y resignificar
la lucha por Memoria, Verdad y Justicia es una
tarea impostergable, cuando la Memoria
oficial no es otra cosa que la mquina del
o l v i d o , q u e b o r r a l o s p r o y e c t o s
revolucionarios de nuestrxs compaerxs y se
los apropia para garantizar la impunidad de
ayer y de hoy.
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Nuestra lucha contra la represin
estatal y por la defensa de los derechos
humanos, la abordamos en su actualidad,
porque ni la represin ni la violacin de los
derechos del pueblo trabajador son una cosa del
pasado. Desde el retorno de la democracia
formal en nuestro pas, el aparato represivo del
Estado no ha dejado de perseguir, reprimir,
desaparecer y matar personas. Y lo hace, y lo
seguir haciendo, porque su funcin es sostener
una sociedad desigual donde una minora, la
clase capitalista, explota y oprime a la mayora,
la clase trabajadora, para garantizar la
continuidad, tambin en democracia, de sus
intereses y privilegios. Slo mediante la
violencia estatal, sistemtica, organizada y
masiva, puede sostenerse una sociedad que
somete a la mayor parte del pueblo a la miseria,
el hambre y la explotacin.
Cambian los gobiernos, las cpulas
policiales y militares (y no tanto, alcanza con
mencionar la designacin de Milani, un
represor, como Jefe del Ejercito), la represin
toma nuevas modalidades, pero lo que no
cambia es su funcin social. Esta tarea se dirige
en dos sentidos fundamentales; la represin
preventiva, para controlar a los sectores
populares que padecen las miserias del sistema;
y la represin selectiva, para silenciar a los
sectores organizados del pueblo que luchan por
otra sociedad.
Desde 1983, el Estado argentino ha
asesinado a 4000 personas, la mitad menores
de 25 aos y mediante el gatillo fcil, lo que
demuestra que, lejos de ser un abuso
policial, el gatillo fcil constituye una
poltica sistemtica de disciplinamiento y
control social. 2448 de los asesinatos se
produjeron durante el kirchnerismo, el 61% de
las muertes en manos del Estado desde 1983.
69 personas fueron asesinadas en protestas
sociales desde entonces, 41 durante el
gobierno de De La Ra, 20 durante el gobierno
de los Kirchner. Tampoco la desaparicin de
personas es patrimonio exclusivo de la ltima
dictadura; hay ms de 210 desaparecidxs en
democracia.
La lucha por los derechos humanos
entonces, requiere que combatamos la
represin, porque es mediante esta
herramienta que las clases dominantes
garantizan la continuidad de este sistema,
tambin en democracia. Recuperar la
memor i a de nues t rx s compae rxs
desaparecidxs y asesinados por la dictadura
debe tener, para nosotrxs, esta orientacin
entra en pugna por lo tanto con el relato oficial,
que intenta apropiarse de esa memoria para
legitimar la continuidad del modelo
econmico y social que las clases dominantes
impusieron a fuerza de represin y muerte.
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ALFONSN
1983/1989
MENEM
1989/1999
DE LA RUA
1999/2001
DUHALDE
2001/2003
NK / CFK2003/PRESENTE
REPRESIN PREVENTIVA: Es la que
despliega el Estado para evitar la
organizacin popular, asesinando e
intimidando con el gatillo fcil y la tortura.
DESAPARICIONES:
Luego de detener y
torturar, las fuerzas de
seguridad del Estado
desaparecen el cuerpo
de sus vctimas.
R E P R E S I N
SELECTIVA: La aplica
el Estado hacia las
organizaciones y
m i l i t a n t e s p a r a
d e s o r g a n i z a r y
aleccionar al pueblo.
REPRESIN ESTATAL 1983/PRESENTE
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