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cución correspondiente (demanda ejecutiva núm.144-2001), en el que se dictó Auto, de fecha 10 deabril de 2001, por el que se acordó despachar la eje-cución y al mismo tiempo el embargo de bienes sufi-cientes para garantizar el pago de la cantidad reclamada.Dicho Auto se intentó notificar infructuosamente a losdemandados en la calle Doctor Berenguer Ferrer, núm. 1,Valencia, siéndoles finalmente notificado en fecha 29de junio de 2001 en el lugar de trabajo del esposo dela ahora demandante de amparo, fecha a partir de lacual afirma ésta haber tenido conocimiento, tanto deljuicio de menor cuantía núm. 10/92, como de la deman-da de ejecución núm. 144-2001 dimanante de aquél.

5. El precedente relato procesal conduce necesa-riamente a la estimación de la demanda de amparo.Como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal en su escri-to de alegaciones, el Juzgado de Primera Instancia noactuó con el cuidado y la diligencia exigibles a los órga-nos judiciales en la práctica de los actos procesales decomunicación, pues, aunque resultó infructuoso el inten-to de emplazamiento de la recurrente en amparo y desu esposo en el domicilio que se señalaba en la demanda—calle Doctor Berenguer Ferrer, núm. 1, Valencia—, locierto es que tras ese intento figuraba en los autos, encontestación al requerimiento efectuado por el órganojudicial, un oficio del Ayuntamiento de Valencia en elque se hacía constar que la ahora demandante de ampa-ro estaba inscrita en el censo de población del municipiocon domicilio en plaza Doctor Berenguer Ferrer, 12-105.En vez de intentar un nuevo emplazamiento de la deman-dante de amparo en el domicilio indicado por el Ayun-tamiento de Valencia, el órgano judicial accedió a lapetición de la parte actora de que se procediese al empla-zamiento edictal de la ahora recurrente en amparo yde su esposo. No concurría, pues, el presupuesto nece-sario para acudir a esta modalidad de emplazamiento,cual es, como se ha dejado constancia en el fundamentojurídico precedente, la convicción razonable o la certezadel hecho que sirve de factor desencadenante, esto es,no ser localizables los demandados por desconocersesu domicilio o encontrarse en ignorado paradero, dadosu carácter subsidiario y remedio último para la comu-nicación entre el órgano judicial y las partes procesales(STC 65/2000, de 13 de marzo, FJ 4).

Si a ello se añade que del examen de las actuacionesjudiciales no se desprende que la solicitante de amparohubiese actuado con negligencia o tuviese un conoci-miento extraprocesal del litigio, sólo cabe concluir queel órgano judicial, al acudir a su emplazamiento por edic-tos sin agotar previamente los medios que tenía a sualcance para localizarla, no se atuvo a las exigencias deri-vadas del derecho a la tutela judicial efectiva y causóa la recurrente en amparo una real y efectiva indefensiónal no poder personarse en el proceso a fin de defendersus derechos e intereses, lo que sólo aconteció una vezque tuvo conocimiento de la ejecución despachada contrabienes de su propiedad en la demanda ejecutiva núm.144-2001, dimanante del juicio de menor cuantía 10/92.

A la conclusión alcanzada en modo alguno cabe opo-ner, como pretende la representación procesal de doñaElvira Benito Cortés, el hecho de que la demandantede amparo en la tramitación de la demanda ejecutivanúm. 144-2001 durante la pendencia de este procesoconstitucional haya opuesto al crédito reclamado el quea favor de ella y de su esposo se deriva de la Sentenciarecaída en el juicio de menor cuantía núm. 10/92, de 5de octubre de 1992, pues tal oposición no puede sinoentenderse, dada la situación procesal en la que seencontraba la recurrente en amparo, como medio dedefensa de sus derechos e intereses, pero en modo algu-no, como sostiene la representación procesal de doñaElvira Benito Cortés, como aceptación expresa de la

recurrente en amparo del resultado del juicio de menorcuantía núm. 10/92, en el que no pudo personarse afin de defender sus derechos e intereses.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons-titucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓNDE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado por doña Mercedes Moli-na Guerrero y, en su virtud:

1.o Declarar que en las actuaciones del juicio demenor cuantía núm. 10/92 del Juzgado de Primera Ins-tancia núm. 1 de Massamagrell se ha vulnerado el dere-cho de la demandante de amparo a la tutela judicialefectiva (art. 24.1 CE).

2.o Restablecerla en su derecho y, en consecuencia,anular las actuaciones del referido juicio, exclusivamentea tal fin, desde el momento inmediatamente anteriora aquél en el que fue emplazada mediante edictos paraque sea de nuevo emplazada personal y debidamentecon todas las garantías.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial delEstado».

Dada en Madrid, a veintisiete de octubre de dos miltres.—Tomás S. Vives Antón.—Pablo Cachón Villar.—Vi-cente Conde Martín de Hijas.—Guillermo Jiménez Sán-chez.—Elisa Pérez Vera.—Eugeni Gay Montalvo.—Firmadoy rubricado.

21532 Sala Primera. Sentencia 192/2003, de 27 deoctubre de 2003. Recurso de amparo4492/2001. Promovido por don José MoroteLucas frente al Auto de la Sala de lo Socialdel Tribunal Supremo y las Sentencias del Tri-bunal Superior de Justicia de Murcia y de unJuzgado, que desestimaron su demanda dedespido contra Frutas Hermanos Martínez, S. L.

Vulneración del derecho a la tutela judicialefectiva (Sentencia fundada en Derecho): des-pido por trasgresión de la buena fe contrac-tual, al haber trabajado en vacaciones, queno es acorde con la libertad y dignidad dela persona ni con el respeto a la vida privada.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compues-ta por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, Pre-sidente, don Pablo García Manzano, doña María EmiliaCasas Baamonde, don Javier Delgado Barrio, don Rober-to García-Calvo y Montiel y don Jorge Rodríguez-ZapataPérez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 4492-2001, promovidopor don José Morote Lucas, representado por el Pro-curador de los Tribunales don Federico Olivares Santiagoy asistido por la Abogada doña María Dolores LópezHernández, contra el Auto de la Sala de lo Social delTribunal Supremo de 10 de mayo de 2001, la Sentenciade la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia

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de Murcia de 19 de junio de 2000, y la dictada porel Juzgado de lo Social núm. 4 de Murcia en el pro-cedimiento núm. 144-2000, de 12 de abril de 2000.Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente laMagistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quienexpresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado ante este Tribunalel 1 de agosto de 2001, don José Morote Lucas, repre-sentado por el Procurador de los Tribunales don FedericoOlivares Santiago, interpuso recurso de amparo contralas resoluciones judiciales de la que se hace mérito enel encabezamiento de esta Sentencia.

2. Constituyen la base fáctica de la demanda lossiguientes antecedentes de hecho:

a) El ahora demandante de amparo, que venía pres-tando servicios en favor de la empresa Frutas HermanosMartínez, S.L., fue despedido mediante carta de fecha26 de enero de 2000 en la que se le comunicaba loque seguidamente se transcribe: «Cúmpleme comuni-carle que la Dirección de esta empresa ha decidido sudespido disciplinario con efectos del próximo día28.1.2000, en base a la transgresión de la buena fecontractual de acuerdo con lo establecido en el Art. 54.d)de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Los motivosque sirven de base al presente despido, son los siguien-tes: A.—Como Vd. bien sabe ha disfrutado de su periodoanual de vacaciones correspondientes al año 1.999durante todo el mes de diciembre-99. B).—Pues bien,a pesar de estar de vacaciones pagadas por esta empre-sa, se ha podido comprobar de forma fehaciente quedurante las mismas ha estado Vd. trabajando para otraempresa, concretamente en el Paraje del Hacho, fincade D. Manuel Ruiz Martínez. C).—Los días en que seha podido comprobar que Vd. trabajaba en dicha fincason los siguientes: Días: 23, 27 y 28 de Diciembre-99.Lo que le comunicarnos para su conocimiento y efectosoportunos, significándole que está a su disposición laliquidación de cuantos haberes tenga pendientes hastael día de la fecha».

b) Celebrado el acto de conciliación, el actor inter-puso demanda ante el Decanato de los Juzgados delo Social de Murcia, pidiendo la improcedencia de sudespido que, en turno de reparto, correspondió al núm.4 de Murcia, dictándose Sentencia en fecha 12 de abrilde 2000 por la que se desestimó la pretensión del actor.En la misma se concluía que «para los trabajadores, elderecho a las vacaciones es irrenunciable, e indisponible,y el empresario está obligado a conceder vacacionesretribuidas, lo que obliga al trabajador que percibe elsalario durante dicho periodo a dedicarse exclusivamen-te a recuperar fuerzas, motivo por el que por otra partese prohíbe realizar trabajos durante este período, ya seapara el propio empresario o para otros. La conducta deldemandante constituye transgresión de la buena fe con-tractual, incumplimiento grave y culpable que el art. 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores configura comocausa de despido, para cuya apreciación no se exigela existencia de lucro personal ni haber causado dañosa la empresa; en consecuencia debe declararse la pro-cedencia del despido acordado por la demandada deconformidad con el art. 55.3 y 4 ET y ello con los efectosprevistos en el art. 55.7 ET».

c) Frente a la anterior Sentencia, el ahora deman-dante interpuso recurso de suplicación, en cuyo escritode formalización ante la Sala de lo Social del TribunalSuperior de Justicia de Murcia, solicitaba la revisión delos hechos probados en base al contenido de la pruebatestifical y de confesión, dictándose Sentencia deses-timatoria de 19 de junio de 2000. En la misma, después

de desestimar el motivo relativo a la revisión del relatofáctico, hacía lo propio en relación con la eventual vul-neración de normas sustantivas [art. 191 c) LPL], al con-siderar la Sala que «lo probado es el trabajo del mismopara otra persona durante su periodo vacacional, infrin-giendo así la buena fe contractual, pues el trabajadorindependientemente de si cobrara o no, está defraudan-do a su empresa que precisa del descanso concedidopara que el trabajador se encuentre en plenas condi-ciones, y de ahí que sea retribuido el periodo vacacional,al que, por otra parte le incumbe al trabajador comosu derecho indispensable en bien propio y de aquélla».

d) Contra la Sentencia referida, el actor interpusorecurso de casación para unificación de doctrina, dic-tándose por la Sala de lo Social del Tribunal SupremoAuto de 10 de mayo de 2001 por el que declarabasu inadmisión por falta de contradicción.

3. A la vista de todo lo anterior, se interpone recursode amparo por don José Morote Lucas contra las reso-luciones judiciales de que se hace mérito en el enca-bezamiento de esta Sentencia interesando su nulidadpor vulneración del art. 24 CE.

El recurrente, después de relatar el itinerario procesalrecorrido, alega que ha visto vulnerado su derecho ala tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Considera, enprimer lugar, que la decisión del Tribunal Superior deJusticia de Murcia estaba fundada en hechos no tenidosen cuenta en el debate previo y en una incongruenciaomisiva por la no revisión de los hechos tercero y cuartode los probados en la Sentencia de instancia, esto es,infringiendo el art. 54.2 d) LET. Y ello, continúa, ya queel despido sólo puede imponerse a quien personalmenteefectúe un incumplimiento grave y culpable de la buenafe contractual, debiendo concurrir ambas circunstancias.La interpretación del despido ha de hacerse con asi-milación al sistema que impera en el derecho penal.Han de ser valorados todos los elementos subjetivosy objetivos concurrentes y es imprescindible estableceruna cierta escala de comportamientos y sanciones paraque se produzca la necesaria adecuación entre ambosfactores. Tanto el Juzgado de lo Social como la Salade lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,fundamentan un motivo jurídico en el vacío, esto es,infringen el art. 54.2 d) LET. Por tanto, la «transgresiónde la buena fe contractual» entraña un concepto jurídico,con significación propia, en nuestro ordenamiento jurí-dico. Admitir, por ello, lo que señalan las Sentenciasdel Juzgado de lo Social núm. 4 de Murcia y de la Salade lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murciasupondría un mero formalismo rigorista enervante, enpatente colisión con el art. 24 CE, violándose la garantíade indefensión.

Añade el recurrente que los argumentos utilizadospor el Tribunal Superior de Justicia de Murcia son arbi-trarios, ya que no siguen la doctrina de acuerdo conla cual para que haya transgresión de la buena fe con-tractual deben de darse las siguientes condiciones: exis-tencia de una relación laboral; violación de los deberesde fidelidad; y, en fin, que el trabajador actúe con cono-cimiento de que su conducta vulnere tal obligación. Nobasta, por ello, entiende, con que ésta se produzca enla misma actividad, sino que, además, es necesario quela misma sea desleal, para cuya determinación es precisoatender a los elementos objetivos del relato histórico,sin que pueda ni deba acudirse a conjeturas, pues loque se juzga es si la actividad en la otra finca revelauna infidelidad en el servicio que presta al demandado,o si la base de su actuación sean los conocimientosobtenidos en su trabajo, porque esto no es así, no seproduce quebranto del principio de la buena fe, elementobásico de la contratación, y necesario para que puedaprosperar el despido decretado.

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Hay que tener en cuenta que el trabajador prestaservicios para la demandada como peón agrícola, esdecir, ejecutando trabajos para los cuales no se requierepreparación alguna, ni conocimientos técnicos ni prác-ticos; su misión está basada en la colaboración máximaa las órdenes del trabajador o trabajadores de categoríasuperior. Como quiera que el Sr. Morote en la otra fincapropiedad de don Manuel Ruiz Martínez realizó tareasde poda de árboles, la coincidencia de actividad no existeen relación al objeto, ya que el podador está consideradocomo oficial primera o especialista, consistente en tenerun dominio total del oficio de poda y recorta de árbolesy ejecuta labores propias con iniciativa y responsabilidady perfección, realizando incluso las operaciones más deli-cadas con el mayor esmero y rendimiento. A mayor abun-damiento, pone de relieve que de las pruebas testificalespracticadas se deduce que el trabajador se encontró,en todo momento, a disposición de su empresario, comolo demuestra el hecho de que don Patricio Martínez ydon José Cánovas fueron acompañados por el empre-sario demandado para preguntarle al Sr. Morote Lucasacerca de los problemas del motor que estaba en lafinca propiedad del que era su empresario.

Considera que, de acuerdo con nuestra doctrina, nocabe defender la existencia de un deber genérico delealtad, con un significado omnicomprensivo de sujecióndel trabajador al interés empresarial, pues ello no esacorde con el sistema constitucional de relaciones labo-rales, de modo que aunque un efecto típico de la relaciónlaboral es supeditar ciertas actividades a los poderesempresariales, no basta con la sola afirmación del interésempresarial para restringir los derechos fundamentalesdel trabajador, dada la posición prevalente que estosalcanzan en nuestro ordenamiento.

Concluye la demanda de amparo señalando que lasresoluciones impugnadas le han producido indefensión,dando paso a una resolución no fundada en Derecho,al no dar respuesta a todas las cuestiones planteadasy adolecer de una flagrante falta de fundamentación,al desestimar la pretensión del ahora demandante deamparo, al extraer las Sentencias recurridas la conclusiónde que al trabajar tres días podando árboles en períodode vacaciones al servicio de otro empleador se debeconsiderar su despido procedente.

4. Por providencia de 10 de mayo de 2002, la Sec-ción Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámitela demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto enel art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de lo Social núm.4 de Murcia, Sala de lo Social del Tribunal Superior deJusticia de Murcia y Sala de lo Social del Tribunal Supre-mo, para que, en plazo de diez días, remitieran testimoniodel procedimiento núm. 144-2000, rollo núm. 616-2000y recurso de casación 2976-2000, así como para quese procediera a la práctica de los emplazamientospertinentes.

5. Por diligencia de ordenación de fecha de 19 dejunio de 2002, se tuvieron por recibidos los testimoniosde las actuaciones remitidas por el Juzgado de lo Socialnúm. 4 de Murcia, Sala de lo Social del Tribunal Superiorde Justicia de Murcia y Sala de lo Social del TribunalSupremo, así como los emplazamientos efectuados,acordando, conforme al art. 52.1 LOTC, dar vista delas actuaciones recibidas al Ministerio Fiscal y al Pro-curador don Federico Olivares Santiago por plazo comúnde veinte días para que pudieran presentar las alega-ciones que a su derecho convenga.

6. Por escrito registrado ante este Tribunal el 9 dejulio de 2002, la representación del recurrente, en lascuales reiteró las ya vertidas en la demanda de amparo.

7. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, en escritode 22 de julio de 2002, solicitó la denegación del recurso

de amparo. Comienza éste su informe haciendo una ini-cial alusión al hecho de que en la controversia planteadano ha sido agotada la vía judicial, dado que se denunciapor la parte actora el carácter incongruente de la Sen-tencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, esti-mando se ha producido una omisión en la respuestaa la pretensión deducida, que por otra parte no ha sidoinvocada ante el Tribunal Supremo, atendida la natu-raleza del recurso de casación para unificación de doc-trina. Considera el Fiscal, a tal efecto que, en el presentecaso, y atendido el carácter del recurso de casación paraunificación de doctrina, -a través de cuyo cauce no puedeplantearse la incongruencia-, hubiera sido procedenteel planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones(art. 240.3 LOPJ), resultando competente para resolverloel Tribunal que dictó la Sentencia que ha adquirido fir-meza, siendo ese el momento en que procedería instarla solicitud de nulidad ante el Tribunal Superior de Jus-ticia de Murcia, dado que el órgano presuntamenteinfractor no ha tenido oportunidad de reparar la lesiónaducida y el Tribunal Supremo, al que se recurrió, seencuentra impedido para acometerla dadas las singu-laridades de la unificación de doctrina.

Al margen del anterior óbice procesal —que en elpresente trámite constituiría, en opinión del Fiscal, causade denegación del amparo—, y entrando en el núcleode la demanda, considera que, aun dados los confusostérminos en los que la misma se expresa, parece dedu-cirse que lo que en realidad se invoca es una dual vul-neración del derecho a la tutela judicial efectiva que,en un caso, derivaría de la supuesta incongruencia omi-siva en el pronunciamiento del Tribunal Superior de Jus-ticia de la Comunidad de Murcia y, en el otro, de unaerrónea o arbitraria fundamentación al resolver el fondo,aplicando un precepto legal contenido en el Estatutode los trabajadores, a cuyo abrigo, los órganos del ordenjurisdiccional social califican como procedente el des-pido padecido por el ahora demandante. Subraya elMinisterio público la esencial relación que existe entrelas dos vulneraciones invocadas del derecho a la tutelajudicial efectiva, ya que, por más que se fundamentepor separado la existencia de una incongruencia omisivay de un error con relevancia constitucional, lo cierto esque una y otro constituyen dos perspectivas de una mis-ma alegación.

Por lo que se refiere al primer extremo citado, ésteapunta a la negativa de la Sala de lo Social a aceptara través del recurso de suplicación la modificación delrelato de los hechos probados contenidos en la Sentenciade instancia, como si de la resolución denegatoria delTribunal se desprendiera, a juicio del actor, el concursodel vicio de incongruencia, al omitir aquel, supuestamen-te, la respuesta frente a alegaciones oportunamentededucidas en el recurso. Señala el Fiscal, después deresumir nuestra doctrina en esta materia, que no puedesostenerse la realidad de la pretendida incongruenciaomisiva que se imputa a la Sentencia impugnada, puesésta ha tenido en cuenta las especiales característicasdel extraordinario recurso de suplicación, ciñendo el obje-to de su pronunciamiento a todas y cada una de lascuestiones suscitadas en el escrito que lo formaliza, entrelas que aparece la pretensión de cambio del relato dehechos probados, proponiendo la revisión de los hechostercero y cuarto mediante el añadido de determinadaslocuciones referidas al período de disfrute de las vaca-ciones anuales del actor, y cuyo concreto sentido eldemandante lo hace derivar de una particular valoraciónde la prueba practicada en el proceso seguido ante elJuzgado de lo Social; prueba que, por cierto, no es aqué-lla a la que hace referencia el art. 191 b) LPL —docu-mental y pericial—, y que es la única que permitiría, ensu caso, la revisión de los hechos probados.

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Así, con respecto al hecho tercero, el ahora deman-dante pretende, a través del recurso de suplicación, quela Sala de lo Social tenga en cuenta el contenido delas manifestaciones del testigo Manuel Ruiz Martínez,así como su condición de haber presenciado el sucesoque desencadenó el despido del actor. Esta pretensiónse formula recordando a la Sala la cualidad de propietariode la finca del testigo en cuestión, derivando de tal cir-cunstancia el supuesto conocimiento directo sobre elperíodo vacacional disfrutado por el ahora recurrente,quien, en su demanda de amparo, censura la alegadaomisión por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.Sin embargo, considera el Fiscal, ésta alegación resultaabsolutamente gratuita, pues el órgano judicial no des-precia en modo alguno ambos hechos; sino que con-sidera, en el fundamento primero de su Sentencia, quetales circunstancias carecen de relevancia alguna, porlo que es evidente que la Sala ha tenido en cuenta lapretensión deducida en el recurso de suplicación. Simi-lares observaciones se efectúan con respecto a la revi-sión del hecho probado cuarto pues, con relación a éste,el actor aduce que el Tribunal habría omitido su respuestaa la pretensión de que se modificara la redacción con-tenida en la Sentencia del Juzgado de lo Social, al nodar valor a la declaración del mismo testigo, cuandoéste manifiesta que el recurrente no hacía otra cosa quepodar un árbol en su finca. De igual modo, la Sala hatenido en cuenta también ésta alegación, estimando,motivadamente, que la misma no puede ser resueltade manera favorable, ya que de la totalidad de la pruebapracticada se deduce, de modo incontestable, que elactor estaba trabajando en la finca en cuestión; y, alconcluir de tal modo el Tribunal, es evidente que sedecanta por la constatación de un trabajo por cuentaajena, sin necesidad de distinguir para ello de formaexpresa si los conceptos de trabajo y de poda, describenactividades físicas distintas o coincidentes, y si, en con-secuencia, la poda supone o no la realización de untrabajo en favor de un tercero, diferente del empresarioa quien se hallaba vinculado mediante una previa rela-ción laboral. Como conclusión de todo lo anterior, nocabe sino afirmar que lo que el actor pretende, no esmás que imponer a la Sala de lo Social un determinadosentido en la valoración de la prueba, que aquélla nocomparte.

En relación con el segundo de los motivos deducidosen la demanda de amparo, en el que se defiende elcarácter arbitrario o erróneo de la fundamentación delas tres resoluciones impugnadas cuando proceden ala aplicación al supuesto de hecho del art. 54.2 d) LET,basta decir, a juicio del Fiscal, que lo que se postulapor el actor es la actuación de este Tribunal Constitu-cional, cual si de una nueva instancia judicial se tratara,pues se articula y propone una determinada y distintainterpretación del mentado artículo del Estatuto de lostrabajadores, planteando en definitiva una cuestión deestricta legalidad ordinaria. Después de resumir la doc-trina de este Tribunal en relación con el error patente,considera irrelevante la cita de determinadas resolucio-nes de este Tribunal en apoyo de la tesis sustentada,pues las mismas se refieren a supuestos que no guardanrelación con el presente. A juicio del Ministerio público,el supuesto que se trae ahora en amparo no tiene vin-culación alguna con lo anterior, pues no se trata dellegítimo ejercicio de un derecho fundamental por partede un trabajador, a quien, por ello, se sanciona con undespido de carácter disciplinario, sino de la realizaciónde una conducta (trabajo por cuenta ajena en el períodode vacaciones retribuidas por el empresario), que losórganos de la jurisdicción, en el uso de la facultad queen exclusiva les reserva el art. 117.3 CE, estiman comoun supuesto vulnerador de la buena fe contractual. Con-cluye, por todo ello, que la concreta interpretación que

éstos hacen es cuestión de legalidad ordinaria y, portanto, vedada a la revisión del Tribunal Constitucional.

8. Por providencia de 9 de octubre de 2003 se acor-dó señalar para deliberación y votación de la presenteSentencia el día 13 del mismo mes y año, fecha enque se inició el trámite que ha finalizado el día de lafecha.

II. Fundamentos jurídicos

1. La presente demanda de amparo se dirige frenteal Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremode 10 de mayo de 2001, a la Sentencia de la Sala delo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,de 19 de junio de 2000, y a la dictada por el Juzgadode lo Social núm. 4 de Murcia en el procedimiento núm.144-2000, de 12 de abril de 2000, que frente a la recla-mación de improcedencia del despido del demandantede amparo declararon y confirmaron la procedencia dedicho despido.

El demandante de amparo considera que se ha vul-nerado su derecho a la tutela judicial efectiva por incon-gruencia omisiva y falta de motivación. Por lo que hacea la primera de las alegaciones, reprocha el Sr. MoroteLucas a la Sentencia del Tribunal Superior de Justiciade Murcia que no procedió a revisar los hechos probadostercero y cuarto de la Sentencia de instancia, no dandorespuesta así a las cuestiones planteadas. También con-sidera, en segundo lugar, que tanto el Juzgado de loSocial núm. 4 de Murcia como el Tribunal Superior deJusticia han incurrido en falta de motivación de sus res-pectivas resoluciones, al declarar la procedencia de sudespido, pues tal decisión, a su juicio, no tiene encua-dramiento ni dentro del ordenamiento laboral ni en elsistema constitucional.

Por su parte, el Ministerio Fiscal argumenta que nopuede sostenerse la realidad de la pretendida incon-gruencia omisiva que se imputa a la Sentencia de supli-cación impugnada, pues ésta ha tenido en cuenta lasespeciales características del extraordinario recurso desuplicación, ciñendo el objeto de su pronunciamientoa todas y cada una de las cuestiones suscitadas en elescrito que lo formaliza, entre las que aparece la pre-tensión de cambio del relato de hechos probados, pro-poniendo la revisión de los hechos tercero y cuartomediante el añadido de determinadas locuciones refe-ridas al período de disfrute de las vacaciones anualesdel actor. Por lo que hace a la segunda de las alegaciones,considera el Fiscal, igualmente, que lo que se postulapor el actor es la actuación de este Tribunal cual si deuna nueva instancia judicial se tratara, pues se articulay propone una determinada y distinta interpretación delart. 54.2 d) de la Ley del estatuto de los trabajadores(LET), planteando, en definitiva, una cuestión de estrictalegalidad ordinaria.

2. Antes de comenzar el análisis de la cuestión defondo, es preciso delimitar el ámbito de las resolucionesque son objeto del presente recurso de amparo. En estesentido, el Auto de 10 de mayo de 2001, dictado porla Sala de lo Social del Tribunal Supremo, debe quedarexcluido del eventual otorgamiento del amparo y ellopor un doble orden de razones. En primer lugar, y comoeste Tribunal ha señalado en numerosas ocasiones, entreotras en la STC 90/1994, de 17 de marzo (FJ 3), «elrecurso de casación para la unificación de doctrina cum-ple una finalidad nomofiláctica de depuración del orde-namiento en su aplicación por los Tribunales, al modode la casación común justifica ... la intervención del Tri-bunal Supremo para asegurar la elaboración de una inter-pretación y jurisprudencia unitaria». Precisamente porello, y dada su específica función, para nada afectaríaal objeto de la litis que ahora se debate la eventual anu-

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lación del Auto impugnado. Por otro lado, ninguna irre-gularidad de alcance constitucional generadora de ver-dadera indefensión material se aprecia en el Autoimpugnado.

Centrada así la cuestión, plantea el Ministerio Fiscal,en primer lugar, la concurrencia de una causa de inad-misión del presente recurso de amparo, a saber: la faltade agotamiento de los recursos utilizables dentro de lavía judicial [art. 44.1 a) LOTC], y ello porque procede,a su juicio, la interposición del incidente de nulidad deactuaciones de acuerdo con lo previsto en el art. 240.3LOPJ, al haberse denunciado por la demandante deamparo el carácter incongruente de la Sentencia del Tri-bunal Superior de Justicia de Murcia.

Ciertamente, el art. 44.1 LOTC, que regula el recursode amparo contra resoluciones de órganos judiciales,establece, entre otras, la exigencia de agotar todos losrecursos utilizables en la vía judicial ordinaria como con-secuencia del carácter subsidiario del recurso de amparo,ya que la tutela general de los derechos y libertadescorresponde, conforme al art. 53.2 CE, en primer lugar,a los órganos del Poder Judicial. En consecuencia, cuan-do existe un recurso susceptible de ser utilizado y ade-cuado por su carácter y naturaleza para tutelar la libertado derecho que se entiende vulnerado, tal recurso hade interponerse antes de acudir a este Tribunal. Es pre-ciso, por tanto, que se apuren las posibilidades que loscauces procesales ofrecen en la vía judicial para la repa-ración del derecho fundamental que se estima lesionado,de suerte que cuando aquellas vías no han sido recorri-das, el recurso de amparo resultará inadmisible. Estaexigencia, lejos de constituir una formalidad vacía, supo-ne un elemento esencial para respetar la subsidiariedaddel recurso de amparo y, en última instancia, para garan-tizar la correcta articulación entre este Tribunal y losórganos integrantes del Poder Judicial, a quienes, hemosde reiterarlo, primeramente corresponde la reparaciónde las posibles lesiones de derechos invocadas por losciudadanos, de manera que la jurisdicción constitucionalsólo puede intervenir una vez que, intentada dicha repa-ración, la misma no se ha producido, quedando agotadala vía judicial (SSTC 122/1996, de 8 de julio, FJ 2;76/1998, de 31 de marzo, FJ 2; 173/1999, de 27de septiembre, FJ 2; 211/1999, de 29 de noviembre,FJ 2; 4/2000, de 17 de enero, FJ 2; 52/2000, de 28de febrero, FJ 3; 86/2000, de 27 de marzo, FJ 2; y284/2000, de 27 de noviembre, FJ 2).

Sin embargo, el óbice que aprecia el Fiscal no puedeser apreciado, pues de la lectura de la demanda de ampa-ro y de la Sentencia del Tribunal Superior de Justiciade Murcia objeto de impugnación se desprende, comoel propio Ministerio Fiscal reconoce, que ni realmenteel recurrente reprocha a aquélla incongruencia omisiva,sino «la no revisión de los hechos tercero y cuarto delos probados en la sentencia de instancia», aunque ladenomine incorrectamente, ni el órgano judicial haincurrido en ese vicio al dar respuesta congruente a laspretensiones deducidas por el recurrente. Así, con res-pecto a la revisión del hecho tercero planteada por eldemandante de amparo en su recurso de suplicación,cabe señalar que el órgano judicial no desprecia en modoalguno ambos hechos que pretendía introducir elrecurrente, a saber, el contenido de las manifestacionesdel propietario de la finca en la que desarrollaba su acti-vidad en periodo vacacional y el supuesto conocimientopor él de la duración de dicho período, sino que con-sidera, en el fundamento primero de su Sentencia, quetales circunstancias carecen de relevancia alguna, porlo que es evidente que la Sala tuvo en cuenta la pre-tensión deducida en el recurso de suplicación. Similaresconclusiones cabe alcanzar en relación con la solicitadarevisión del hecho probado cuarto de la Sentencia deinstancia pues, con relación a éste, la Sala tuvo también

en cuenta las alegaciones realizadas por el recurrente,estimando motivadamente, que la misma no podía serresuelta de manera favorable, ya que de la totalidad dela prueba practicada se deducía, de modo incontestable,que el actor estaba trabajando en la finca en cuestión.

Como conclusión de todo lo anterior, cabe entenderque la demanda de amparo, más que denunciar la incon-gruencia de la sentencia de suplicación, se limita a expre-sar su mera discrepancia con la resolución judicial, que,desde luego, no incurre en vicio de incongruencia alguno.Por tanto, dado que el incidente de nulidad de actua-ciones regulado en el art. 240.3 de la Ley Orgánica delPoder Judicial resulta un mecanismo destinado a quese declare «la nulidad de actuaciones fundada en defec-tos de forma que hubieran causado indefensión o enla incongruencia del fallo, siempre que los primeros nohaya sido posible denunciarlos antes de recaer sentenciao resolución que ponga fin al proceso y que, en unou otro caso, la sentencia o resolución no sea susceptiblede recurso en el que quepa reparar la indefensión sufri-da», resulta patente que al no darse el presupuesto quepermite el recurso a dicho remedio resultaría inadecuadoexigir al demandante de amparo recurrir a aquella vía,ineficaz e inútil para reparar la lesión denunciada, quedebe ser desestimada por no vulnerar la respuesta delTribunal de suplicación el derecho a la tutela judicialefectiva al no acceder a la petición de suplicación derevisión de los hechos probados tercero y cuarto de laSentencia de instancia.

3. Entrando ya a examinar el segundo de los motivosdeducidos en la demanda de amparo, en el que se sos-tiene la vulneración del derecho a la tutela judicial efec-tiva (art. 24.1 CE) por el carácter arbitrario o erróneode la fundamentación de las resoluciones judicialesimpugnadas en cuanto a la aplicación del art. 54.2 d)LET al supuesto de hecho enjuiciado, es necesario recor-dar aquí que el derecho fundamental a la tutela judicialefectiva «exige que las resoluciones judiciales al decidirlos litigios sean fundadas en Derecho» (SSTC 99/2000,de 10 de abril, FJ 6, y 144/2003, de 14 de julio, FJ2), lo que significa, como hemos advertido en la STC184/1992, de 16 de noviembre, FJ 2, reiterando con-solidada doctrina de este Tribunal, que «una aplicaciónde la legalidad que sea arbitraria, manifiestamente irra-zonada o irrazonable no puede considerarse fundada enDerecho y lesiona, por ello, el derecho a la tutela judicial(SSTC 23/1987, 24/1990 y 25/1990)».

La exigencia constitucional de que las resolucionesjudiciales sean fundadas en Derecho implica, como pre-supuesto inexcusable, según también hemos declaradotempranamente desde la STC 16/1982, de 28 de abril,FJ 1, la vinculación a la Constitución, como norma supre-ma del ordenamiento jurídico, de todos los poderes públi-cos, y por consiguiente también de los Jueces y Tri-bunales integrantes del Poder Judicial (arts. 9.1 y 117CE). Como este Tribunal afirmó ya en su STC 19/1982,de 5 de mayo, «es un imperativo para todos los poderesllamados a aplicar la ley interpretarla conforme» a laConstitución, lo que significa elegir entre sus posiblessentidos «aquél que sea más conforme con las normasconstitucionales» (FJ 7). Con reiteración hemos dichoque no puede este Tribunal, al examinar una queja fun-dada en el derecho que enuncia el art. 24.1 CE, sometera revisión la selección e interpretación de las normasllevadas a cabo por un órgano judicial, pero tal límitede nuestra jurisdicción corre paralelo al ámbito de lalegalidad ordinaria y no puede llevarnos a omitir nuestroenjuiciamiento cuando, como aquí ha ocurrido, la fun-damentación judicial debe ser también examinada conarreglo a principios de la Constitución que son marcoinexcusable para el entendimiento de cualesquiera dere-chos constitucionales.

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De ahí que el canon aplicable al examen constitu-cional de las resoluciones judiciales desde la perspectivadel art. 24.1 CE, se encuentre sujeto a un mayor rigorcuando queda afectado otro derecho reconocido por laConstitución (SSTC 160/1987, de 29 de enero, FJ 2;147/1999, de 4 de agosto, y las que se citan en suFJ 3), tal y como ocurre en el presente caso, habidacuenta de que la declaración de procedencia del despidopodría afectar a la libertad de trabajo comprendida enel derecho al trabajo que reconoce el art. 35.1 CE, con-cretada en «el igual derecho de todos a un determinadopuesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesariosde capacitación» en los términos de nuestra STC22/1981, de 2 de julio, FJ 8. En suma, en situacionescomo la expuesta, el canon propio del art. 24.1 CE nose ciñe únicamente a la comprobación negativa de quela decisión judicial no es infundada, manifiestamente irra-zonable o arbitraria ni incurre en error patente (STC214/1997, de 29 de noviembre, FJ 4), sino que añadea ese control el positivo sobre la ponderación y ade-cuación de la motivación de tal decisión judicial, quenecesariamente ha de exteriorizarse (SSTC 34/1997,de 25 de febrero, FJ 2; 83/1998, de 20 de abril, FJ3), a los derechos concernidos (SSTC 99/2001, de 23de abril, FJ 6; 100/2001, de 23 de abril, FJ 8).

Tal exigencia de control reforzado debe operar enel presente caso, pues es precisamente el recurrentequien, en su demanda de amparo, defiende, en contrade lo afirmado por las resoluciones impugnadas, queno cabe sostener la existencia de un deber genéricode lealtad, con un significado omnicomprensivo de suje-ción del trabajador al interés empresarial, pues ello noresultaría acorde con el sistema constitucional de rela-ciones laborales, de modo que, aunque un efecto típicode la relación laboral es supeditar ciertas actividadesa los poderes empresariales, no basta con la sola afir-mación del interés empresarial para restringir los dere-chos fundamentales del trabajador, dada la posición pre-valente que éstos alcanzan en nuestro ordenamiento,máxime si está en juego la aplicación de la sanción másgrave en el ámbito de las relaciones laborales, comoes el despido. Se imputa, pues, a las resoluciones judi-ciales impugnadas una extensión indebida del conceptode buena fe o lealtad que no habría tenido en cuentapara su fundamentación y aplicación al caso enjuiciadola obligada integración de valores constitucionales yderechos fundamentales, por lo que no se trataría deuna resolución fundada en Derecho, vulnerando, en con-secuencia, el derecho a la tutela judicial efectiva con-sagrado por el art. 24.1 CE. En palabras de la demandade amparo, que ya hemos dejado expuestas, la inter-pretación judicial que se denuncia «no tiene encuadra-miento por más que se intente en nuestro ordenamientolaboral y por tanto está fuera del sistema constitucional».

4. La aplicación judicial del Derecho es, como todainterpretación, realización de valor, esto es, una elecciónentre varias valoraciones posibles hacia cuyos principiosaquélla se orienta. La buena fe ha sido vista como unconcepto abierto al mundo de las valoraciones sociales.La introducción de la referida categoría ha buscado laincorporación al ordenamiento jurídico de un factor deflexibilización, capaz de adaptar la norma a las nuevascircunstancias y valores de la sociedad. Por ello, a lahora de decidir sobre el contenido de mandatos comola buena fe, ha de partirse, en primer término, de latotalidad de las representaciones de valor fijadas en laConstitución que la sociedad ha alcanzado en un deter-minado momento de su desarrollo cultural. En conse-cuencia, lo que en cada caso se decida que correspondea la buena fe no podrá estar en desacuerdo con dichosmandatos constitucionales, toda vez que la Constituciónes la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico

a la que se debe acomodar cualquier otra, así comola interpretación y aplicación de la legalidad por partede los órganos judiciales.

La causa del despido que sirve de base a la presentecontroversia encaja, en este caso, en el supuesto previstoen el art. 54.2 d) LET, donde se recoge como tal latransgresión de la buena fe contractual, por lo que elcontrol que, dentro de nuestro canon de enjuiciamiento,nos corresponde, debe concentrarse en la valoración desi los razonamientos utilizados por las resolucionesimpugnadas para fundamentar la aplicación de la cláu-sula general de la buena fe en un supuesto de despidodisciplinario se adecuan a los valores y principios cons-titucionalmente definidos. Tal exigencia aparece refor-zada por el hecho de que tanto exigencias constitucio-nales, como compromisos internacionales, hacen querija entre nosotros el principio general de la limitaciónlegal del despido, así como su sujeción para su licituda condiciones de fondo y de forma. Ello no quiere decirque, como poder empresarial, la facultad de despidono se enmarque dentro de los poderes que el ordena-miento concede al empresario para la gestión de suempresa y que, por ello, su regulación no haya de teneren cuenta también las exigencias derivadas del reco-nocimiento constitucional de la libertad de empresa yde la defensa de la productividad, pero lo que resultaclaro es que no puede deducirse de esa libertad deempresa ni una absoluta libertad contractual, ni tampocoun principio de libertad ad nutum de despido, dada lanecesaria concordancia que debe establecerse entre losarts. 35.1 y 38 CE y, sobre todo, el principio de Estadosocial y democrático de Derecho. No debe olvidarse quehemos venido señalando desde nuestra STC 22/1981,de 2 de julio, FJ 8, que, en su vertiente individual, elderecho al trabajo (art. 35.1 CE) se concreta en el «de-recho a la continuidad o estabilidad en el empleo, esdecir, en el derecho a no ser despedido sin justa causa».

5. La Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4de Murcia fundamentó su decisión en que «el derechoa las vacaciones es irrenunciable, e indisponible, y elempresario está obligado a conceder vacaciones retri-buidas, lo que obliga al trabajador que percibe el salariodurante dicho periodo a dedicarse exclusivamente arecuperar fuerzas, motivo por el que por otra parte seprohíbe realizar trabajos durante este período, ya seapara el propio empresario o para otros». En parecidosentido, la Sala de lo Social del Tribunal Superior deJusticia de Murcia concluyó que «lo probado es el trabajodel mismo para otra persona durante su periodo vaca-cional, infringiendo así la buena fe contractual, pues eltrabajador independientemente de si cobrara o no, estádefraudando a su empresa que precisa del descansoconcedido para que el trabajador se encuentre en plenascondiciones, y de ahí que sea retribuido el periodo vaca-cional, al que, por otra parte le incumbe al trabajadorcomo su derecho indispensable en bien propio y de aque-lla». En ambas Sentencias late la concepción de las vaca-ciones como un derecho-deber en el que las mismasse configuran como una obligación laboral del trabajadorque vincula el derecho a este descanso con la fidelidadal empresario y, consiguientemente, con las facultadesdisciplinarias de éste.

6. Desde sus orígenes, la legislación sobre el con-trato de trabajo viene siendo una legislación limitativadel poder empresarial que, a causa de ella, dejó de serabsoluto; y limitativa, asimismo, de la que hemos lla-mado, para reprobarla, «lealtad absoluta» del trabajador(SSTC 120/1983, de 15 de diciembre; 2/1996, de 15de enero). Hemos dicho con reiteración que tal modu-lación contractual no significa que exista un deber gené-rico de lealtad con un significado omnicomprensivo desujeción del trabajador al interés empresarial, pues no

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resultaría acorde con el sistema constitucional de rela-ciones laborales (SSTC 186/1996, de 25 de noviembre,FJ 3; 204/1997, de 25 de noviembre, FJ 2; 1/1998,de 12 de enero, FJ 3; 197/1998, de 13 de octubre,FJ 2; y 241/1999, de 20 de diciembre, FJ 4). Ni siquieraen otros estadios de la evolución de nuestra normativalaboral que establecían una estrecha vinculación per-sonal entre empresa y trabajador, alguno de las cualesse insertaba en un contexto jurídico público totalitario,se vinculó la realización de trabajos durante las vaca-ciones con la ruptura del vínculo jurídico contractual.Tanto la Ley de contrato de trabajo de 1931, en suart. 56 («Si el trabajador, durante sus vacaciones retri-buidas, realizara para sí o para otro, trabajos que con-traríen la finalidad del permiso, perderá todo su derechoa la remuneración»), como la Ley de contrato de trabajode 1944, en su art. 35 («Si el trabajador, durante susvacaciones retribuidas, realizara para sí o para otro, tra-bajos que contraríen la finalidad del permiso, deberáreintegrar la remuneración percibida correspondiente alas vacaciones»), si bien prohibían la realización de tra-bajos durante dicho período, se limitaban a sancionarsu inobservancia con la obligación de reintegrar la remu-neración percibida por vacaciones. La sanción, en estoscasos, no alcanzaba al despido del trabajador, salvo queconcurriese otra causa que lo justificara (como pudieraserlo la competencia desleal), lo que demuestra que talactuar no podía ser considerado como un incumplimien-to contractual del trabajador, sino una figura autónomaconectada eventualmente con la retribución vacacional.Por su parte, y en la normativa internacional, el art. 13del Convenio de la Organización Internacional del Trabajonúm. 132, 1970 (revisado), sobre vacaciones pagadas,prevé que: «En cada país, la autoridad competente oel organismo apropiado podrá adoptar reglas especialesrelativas a los casos en que una persona empleada ejerzadurante sus vacaciones una actividad remuneradaincompatible con la finalidad de dichas vacaciones».

En ausencia expresa de previsión en ese sentido ennuestro vigente ordenamiento, y una vez quedaron dero-gadas las disposiciones precedentes, no contiene pro-hibición alguna en esta materia la Ley del estatuto delos trabajadores, que se limita a establecer en su art.38 el derecho de los trabajadores a las vacaciones anua-les retribuidas, por un periodo mínimo de treinta díasnaturales, sin perjuicio de que pueda pactarse en con-venio colectivo o contrato individual un periodo superior,y en ningún caso susceptible de sustitución por una com-pensación económica, previsión legal que desarrolla elmandato contenido expresamente en el art. 40.2 CE.

7. Así las cosas, la concepción del tiempo libre deltrabajador, no como tal, sino como un tiempo de des-canso a disponibilidad del empresario, y de la sumisióndel deber de trabajo y rendimiento no solo a una com-probación objetiva durante el cumplimiento de la pres-tación, sino también durante el tiempo de descanso, delas que parten las Sentencias impugnadas para declararla procedencia del despido por realizar trabajos para otraempresa durante el periodo vacacional, no resulta enmodo alguno acorde con la configuración actual del dere-cho a vacaciones anuales retribuidas en nuestro orde-namiento jurídico laboral, ni, lo que es más importanteaún, con la primacía de la libertad de la persona y elrespeto a su vida privada que la Constitución garantiza.Una concepción del derecho del trabajador a las vaca-ciones retribuidas como la mantenida en las resolucionesjudiciales impugnadas equivale a desconocer la dignidadpersonal del trabajador, entendida ésta como el derechode todas las personas a un trato que no contradiga sucondición de ser racional igual y libre, capaz de deter-minar su conducta en relación consigo mismo y su entor-no, esto es, la capacidad de «autodeterminación cons-

ciente y responsable de la propia vida» (STC 53/1985,de 11 de abril, FJ 8), así como el libre desarrollo desu personalidad (art. 10.1 CE). Recordemos una vez másque «la regla del art. 10.1 CE, proyectada sobre los dere-chos individuales, implica que la dignidad ha de per-manecer inalterada cualquiera que sea la situación enque la persona se encuentre, constituyendo, en conse-cuencia, un minimum invulnerable que todo estatuto jurí-dico debe asegurar, de modo que las limitaciones quese impongan en el disfrute de derechos individuales noconlleven un menosprecio para la estima que, en cuantoser humano, merece la persona» [SSTC 120/1990, de27 de junio, FJ 4, y 57/1994, de 28 de febrero, FJ3 a)].

La dignidad personal del trabajador se vería seve-ramente limitada de aceptarse un tan omnímodo controlcomo el que se permite en las Sentencias impugnadassobre la persona y vida privada del trabajador por partede la empresa para que presta servicios. Sostener queel empresario pueda tener un derecho o un interés jurí-dico legítimo a que el trabajador dedique exclusivamentesus vacaciones al descanso en orden a la recuperaciónde sus energías físicas y mentales «para que ... se encuen-tre en plenas condiciones» concluido el período vaca-cional, en el que ha de dedicarse «exclusivamente a recu-perar fuerzas», «en bien propio» y de su empresa, alreincorporarse al trabajo, con la grave consecuencia deque, de no hacerlo así, incurrirá en un «incumplimientograve y culpable» que podrá dar lugar a que sea váli-damente despedido «por transgresión de la buena fecontractual» (art. 54 LET), supone una interpretación delprincipio de buena fe que produce un desequilibrio paten-te o irrazonable, a partir, como ha quedado expuesto,de pautas axiológicas constitucionales indiscutibles, porlo que no puede considerarse como una respuesta fun-dada en Derecho que satisfaga el contenido esencialdel derecho a la tutela judicial efectiva garantizado porel art. 24.1 CE. A lo anterior cabe añadir que esa inter-pretación efectuada por los órganos judiciales resultamanifiestamente infundada en un sistema jurídico pre-sidido por la libertad y el derecho al trabajo (art. 35.1CE), que hace posible, entre otros fenómenos, la pres-tación simultánea de servicios profesionales para doso más empresarios (v.gr., art. 21.1 LET, a contrario, yarts. 110.2 y 120.3 de la Ley general de la SeguridadSocial), salvo casos de concurrencia desleal que afectena intereses empresariales protegibles y sin perjuicio delos pactos de plena dedicación que puedan celebrarseentre empresario y trabajador (art. 21.1 LET) o de otrossupuestos legalmente previstos, lo que conduce a la mis-ma conclusión de reputar las resoluciones judicialesimpugnadas como lesivas del derecho fundamental ala tutela judicial efectiva.

La concepción del período anual de vacaciones comotiempo cuyo sentido único o principal es la reposiciónde energías para la reanudación de la prestación laboralsupone reducir la persona del trabajador a un mero factorde producción y negar, en la misma medida, su libertad,durante aquel período, para desplegar la propia perso-nalidad del modo que estime más conveniente. Una talconcepción, según la cual el tiempo libre se consideratiempo vinculado y la persona se devalúa a mera fuerzade trabajo, resulta incompatible con los principios cons-titucionales que enuncia el art. 10.1 CE (dignidad dela persona y libre desarrollo de su personalidad), a cuyaluz ha de interpretarse, inexcusablemente, cualquier nor-ma de Derecho y, para lo que importa ahora, la cláusulalegal de la buena fe. La resolución judicial que desconocetales principios constitucionales al interpretar y aplicaresta cláusula no puede entenderse, por tanto, fundadaen Derecho.

8. Todo lo expuesto conduce al otorgamiento delamparo solicitado, por cuanto las Sentencias impugna-

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das han dado una respuesta a la reclamación del tra-bajador por la improcedencia de su despido que no satis-face la exigencia constitucional de que las resolucionesjudiciales sean fundadas en Derecho, vulnerando así elderecho a la tutela judicial efectiva del recurrente (art.24.1 CE) que no consiente respuestas judiciales comolas que son objeto del presente recurso de amparo pordesconocer la dignidad personal del trabajador y su libredesarrollo, que es fundamento del orden político y dela paz social (art. 10.1 CE).

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons-titucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓNDE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar el recurso de amparo interpuesto por donJosé Morote Lucas y, en consecuencia:

1.o Reconocer su derecho a la tutela judicial efectiva(art. 24.1 CE).

2.o Anular la Sentencia de la Sala de lo Social delTribunal Superior de Justicia de Murcia, de 19 de juniode 2000, y la dictada por el Juzgado de lo Social núm.4 de Murcia en el procedimiento núm. 144-2000, de12 de abril de 2000.

3.o Retrotraer las actuaciones al momento inmedia-tamente anterior al de dictarse la Sentencia de instanciaa fin de que por el Juzgado lo Social núm. 4 de Murciase dicte nueva resolución con pleno respeto al derechofundamental reconocido.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial delEstado».

Dada en Madrid, a veintisiete de octubre de dos miltres.—Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.—Pablo GarcíaManzano.—María Emilia Casas Baamonde.—Javier Del-gado Barrio.—Roberto García-Calvo y Montiel.—JorgeRodríguez-Zapata Pérez.—Firmado y rubricado.

21533 Sala Primera. Sentencia 193/2003, de 27de octubre de 2003. Recurso de amparo4680-2001. Promovido por don Ángel Gon-zález Hidalgo frente a la Sentencia de un Juz-gado de lo Contencioso-Administrativo queconfirmó la sanción de suspensión de la licen-cia de auto-taxi impuesta por el Ayuntamientode Madrid.Vulneración del derecho a la legalidad penal:suspensión de licencia que carece de cober-tura legal, no siendo suficiente la ordenanzamunicipal (STC 132/2001), único fundamen-to mencionado por el acto administrativo(STC 161/2003).

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compues-ta por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, Pre-sidente, don Pablo García Manzano, doña María EmiliaCasas Baamonde, don Javier Delgado Barrio, don Rober-to García-Calvo y Montiel y don Jorge Rodríguez-ZapataPérez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguienteSENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 4680-2001, promovidopor don Ángel González Hidalgo, representado por laProcuradora de los Tribunales doña Isabel Soberón Gar-

cía de Enterría y asistido por el Abogado don RafaelRubio Sainz, contra el Decreto del Primer Teniente deAlcalde responsable de la rama de policía municipal,tráfico e infraestructuras del Ayuntamiento de Madridde 19 de noviembre de 1998, por el que se impusola sanción de suspensión de la licencia de autotaxi, ycontra la resolución del Alcalde-Presidente del Ayunta-miento de Madrid de 6 de abril de 2000, por la quese desestimó el recurso de alzada formulado contra elmencionado Decreto; así como contra la Sentencia delJuzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 16 deMadrid de 23 de junio de 2001, desestimatoria del recur-so contencioso-administrativo interpuesto contra dichasanción. Han intervenido el Ayuntamiento de Madrid,representado por el Procurador de los Tribunales donLuis Fernando Granados Bravo y asistido por el Letradodon Alfonso Martínez Ale, y el Ministerio Fiscal. Ha sidoPonente don Javier Delgado Barrio, quien expresa elparecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Por escrito que fue registrado en este Tribunalel 5 de septiembre de 2001 la Procuradora de los Tri-bunales doña Isabel Soberón García de Enterría, en nom-bre y representación de don Ángel González Hidalgo,interpuso recurso de amparo contra las resolucionesmencionadas en el encabezamiento.

2. Los hechos de los que deriva la presente deman-da de amparo son, en síntesis, los siguientes:

a) Por Decreto del Primer Teniente de Alcalde res-ponsable de la rama de policía municipal, tráfico einfraestructuras del Ayuntamiento de Madrid de 19 denoviembre de 1998 se impuso al demandante de amparola sanción de suspensión de tres meses de su licenciade autotaxi. En el procedimiento administrativo sancio-nador se consideró probado que la tarde del 27 de juliode 1998, en el aeropuerto de Barajas, el taxista prefirióprestar el servicio a unos ciudadanos extranjeros y noa otras personas, que estaban antes en la fila. Conformea la Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Madridreguladora del servicio de vehículos de alquiler con apa-rato taxímetro la conducta fue calificada como infraccióngrave [«negarse a prestar servicio estando libre»,art. 51.II, d)], que lleva vinculada la sanción de suspen-sión temporal de la licencia municipal [art. 52 B)].

b) Frente a dicha resolución administrativa formulóel demandante de amparo recurso de alzada, que fuedesestimado por Resolución del Alcalde-Presidente delAyuntamiento de Madrid de 6 de abril de 2000. A con-tinuación se interpuso recurso contencioso-administra-tivo, que fue desestimado por la Sentencia del Juzgadode lo Contencioso-Administrativo núm. 16 de Madridde 23 de junio de 2001.

A la alegación formulada por el recurrente relativaa la supuesta infracción del principio de legalidad san-cionadora (art. 25.1 CE) en que habría incurrido la reso-lución administrativa dio respuesta la citada Sentencia,en síntesis, con el argumento de que la sanción impuestaencontraba cobertura legal en la regulación de la Ley16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los trans-portes terrestres (LOTT), que en el art. 7 c) estableceque corresponde a los poderes públicos «promulgar lasnormas necesarias para la adecuada ordenación de lostransportes terrestres, en desarrollo o en concordanciacon la presente Ley», y cuyo art. 7 f) dispone que corres-ponde a los poderes públicos «ejercer las funciones deinspección y sanción en relación con los servicios y acti-vidades de transportes terrestres».

c) Contra la Sentencia del Juzgado de lo Conten-cioso-Administrativo se interpuso por el demandante deamparo recurso de apelación del que, no obstante, desis-