AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AAfPARO. NO TIENE T A L CARACTER EL BANCO DE MZXICO.

Este organismo n o reúne los atributos para ser considerado autori- dad para los efectos d e l a Ley de Amparo, pues a u n cuando elabora el fndice Nacional d e Precios al Consumidor, ello n o significa que actúe como autoridad al determinarlo, n i que se le deleguen facultades que corresponden a una autoridad. E n realidad, sólo actúa como u n órgano auxiliar d e carácter técnico, obligado por el articulo 20 del Código Fis- cal d e la Federación, a calcular u n índice econ6mico qne es utilizado en la determinacidn d e ciertas contribuciones y sus accesorios.

Amparo en revisión 6464/90. Herramientas Técnicas Mcxicanas, S. A. 22 de abril de 1992. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güi- trón. Secretaria: María Estela Ferrer hlac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 281/92. Limpieza y Papel, S. A. 23 de septiembre de 1992. Mayoría de catorce votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ethel Lizette del C. Radríguez Arcovedo.

Amparo en revisión 5984/90. Densimetros Robsan, S. A. de C. V. 23 de septiembre de 1992. Mayoría de catorce sotos. Ponente: Fausta Moreno Flo- res. Secretario: Juan Carlos Cruz Raw.

Amparo en revisión 69/92 Sewicios Técnicos de Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V. 23 de septiembre de 1992. Mayoría de catorce votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

Amparo en revisión 363/91. Productora del Bajío, S. A. de C. V. 8 de oc- tubre de 1992. Mayoría de catorce votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Crnz Raza.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diez de no- viembre en cuno, por unanimidad de quince rotos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñiz, Carlos de Silva Nava, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé Castañón León, Felipe López Contre- ras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos Garcia Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 39/1992, la tesis de juris- prudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes

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294 JURISPRUDENCIA

son idóneas para integrarla. Ausentes: José Antonio Llanos Duarte, Sainuel Alba Leyva, Atanasio González Manínez, Ignacio Magaña Cárdenas y Cle- mentina Gil de Lester. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de inil novecientos noventa y dos.

fNDICE NACIONAL DE PRECIOS. LOS ARTfCULOS 17-A, 20 Y 21 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACZdN EN C U A N T O L O ESTABLECEN, N O VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

Los artículos 17-A, 20 y 21 del Código Fiscal de la Federación aludi- dos, previenen que cuando las leyes fiscales asi lo establezcan, a fin de determinar las contribuciones fiscales y sus accesorios se aplicará el In- dice Nacional de Precios al Consumidor, el cual será calculado por el Banco de Mexico y se publican en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda: que el monto de las contribuciones se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes, el que se obtendrá dividiendo el fndice Nacional de Precios al Consu- midor del mes más reciente del periodo entre el citado índice corres- pondiente al mes más antiguo de didio periodo; así como que cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, el monto de las mismas se actualizará des- de el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectiie. Se sigue de lo anterior que el procedimiento para determinar el monto de la contribución que se cubre extempráueamente se establece con toda precisi6n, pues basta actualizarlo desde el mes en que debió ha- cerse el pago y hasta que se cubra, aplicando dicho factor a la cantidad correspondiente, el que se obtendrá en la forma prevista por el articulo 17-A citado. No obsta a lo anterior, que el índice de referencia sea calcu- lado por el Banco de México, que no es una autoridad legislativa. pues tal determinación la efectúa aplicando el procedimiento previsto en el artículo 20.Bis del propio Código Fiscal, de tal suerte que no queda al arbitrio de este organismo el monto de la contribución que se cubre extemporáneameute.

Amparo en revisión 6464/90. Herramientas Técnicas Mexicanas, S. A. 22 de abril de 1992. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güi- trún. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisibn 281/92. Limpieza y Papel, S. A. 23 de septiembre dc 1992. Mayoría de catorce votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secreta- ria: Ethel Lizette del C. Rodripun Arcovedo.

JURISPRUDENCIA 2Y5

Amparo en revisión 5984/90. Densimetros Robsan, S A. de C. V. 23 de septiembre de 1992. Mayoría de catorce votos. Ponente: Fausta Moreno Fla- res. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

Amparo en revisión 69/92. Servicios Tecnicos de Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V. 23 de septiembre de 1992. Mayoría de catorce votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cmz Raza.

Amparo en revisión 363/91. Productora del Bajío, S. A. de C. V. 8 de oc- tubre de 1992 Mayoría de catorce i.otos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos CNZ Razo.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diez de noviem- bre en curso, por unanimidad de dieciséis votos de los señores ministros Pre- sidente Ulises Schmill Ordófiez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cár- denas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé Castañón León, Felipe Upez Contreras, Luis Fernánda Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, José Ma- nuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital GutiCrrez; aprobó, con el número 40/1992, la tesis de jurispmdencia que antecede; y determinó que las votacio- nes de los precedentes son idóneas para integrarla. Ausentes: José Antonio Llanos Duarte, Atanasio González Martinez, Clementina Gil de Lester y Car- los Gawía Vázquez. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

QUEJA ADMINISTRATIVA. N O ES U N RECURSO POR V I R T U D DEL CUAL SE PUEDA DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIdN DE U N TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.

Del contenido d e la queja administrativa sólo deben tomarse en con- sideracibn los hechos que a ludan a la comisión d e una pretendida falta en el despacho d e los negocios a cargo d e los funcionarios judiciales federales. De ah í q u e no es procedente ordenar que se deje sin efecto el fallo pronunciado por u n Tr ibuna l Colegiado d e Circuito q u e declaró infundado u n recurso d e reclamación interpuesto e n contra del au to d e Presidencia que desechó u n recurso e n revisión, pues d e hacer- lo así equivaldria a d a r u n tratamiento a la "queja administrativa" d e recurso, l o cual carece d e fundamento legal.

Queja administrativa 131/92. Ilona Oralia Ochoa viuda de Morales. lo. de julio de 1992. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Manuel Armando Juárez Morales.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes trece de octu- bre en curso, por unanimidad de diecisiete votos de los señores ministros Pre- sidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Mipel Montes Garcia, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, JosC

296 JURISPRUDENCIA

Antonio Llanos Duarte, Ignacio Moises Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martineq Jost Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Diaz Romero, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Victoria Adato Green: apro- M, con el número LXXXVIIIJ92, la tesis que antecede; y determinó que la votación es ldónea para integrar tesis de jurispmdencia. Ausentes: Samuel Alba Leyva, Ignacio Magaña Cárdenas y José Trinidad Lanz Cárdenas. Mexico, Distrito Federal, a dieciseis de octubre de mil novecientos noventa y dos.

P R I M E R A SALA

COPIA DE CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA AVERIGUACION PREVIA. SON INCONDUCENTES PARA L A PRUEBA DE LA O R - DEN DE DETENCION, CUANDO LA EXISTENCIA DE &STA H A SIDO NEGADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

Cuando el Agente del Ministerio Público e n su función d e investiga- do r niega la existencia d e la orden d e detención q u e le atribuye el promovente del juicio d e amparo, la copia q u e se le solicite d e la ave- riguación previa resulta inconducente para la prueba de ese acto recla- mado e n el juicio d e amparo, dado que, a u n cuando tal averiguación hubiere iniciado, su contenido en todo caso serviría para establecer si a quien es sujeto d e l a investigación se le liubiere violado alguna ga- rantía constitucional e n el desarrollo d e la indagatoria, pero n o puede considerarse lo mismo respecto d e la orden d e detención cuya existencia negó l a responsable, puesto q u e a l n o derivar necesariamente la averi- guación previa e n e l dictado d e dicha orden, n i siquiera podría esta- blecerse a traves d e l a documental respectiva u n a presunción de certe- za del acto reclamado.

Contradicción de Tesis 16/90. Entre las sustentadas por el Tribunal Cole- giado en Materia Penal del Tercer Circuito en contra del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito (hoy Primero) y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cin- co votos. Ponente: Victoria Adato Green Secretario: Arturo Ramirez Sánchez.

Tesis de Jurisprudencia 7/92. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el siete de septiembre de mil novecien- tos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Pre- sidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y Felipe Upez Contreras. Ausente: JosC Antonio Llanos Duarte, por Comi- sión Oficial.

JURISPRUDENCIA 297

SEGUNDA SALA

CALIFICACION AISLADA DE U N SINIESTRO COMO ENFERME- DAD O ACCIDENTE DE TRABAJO. N O PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD QUE EN SU C O N T R A HAGA VALER EL PATRON P O R EL SOLO HECHO DE QUE PUEDA INFLUIR EN L A CLASIFICACION DEL GRADO DE RIESGO

La circunstancia de que el patrón no pueda, válidamente, interponer el recurso de inconformidad en contra de una calificación aislada de un riesgo de trabajo, no lo deja en estado de indefensión, pues sólo en el momento en que la revisión anual del grado de riesgo le sea dada a conocer, si le fuera desfavorable, podrá optar por interponer en su con- tra el recurso de aclaración administrativa o el de inconformidad pre- visto en el articulo 274 de la Ley del Seguro Social, como lo disponen los artículos 35 y 37 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Tra- bajo. Por esas razones si el patrón no está conforme con la calificacidn aislada de u n siniestro como enfermedad o accidente de trabajo, sólo porque eventualmente influirá en la clasificación del grado de riesgo sobre el que cotiza, deberá esperar a que se le determine el nuevo gra- do para impugnar esa resolución.

Contradicción de tesis. Varios 45/91. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Sexto Circuito. 11 de septiem- bre de 1992. Tres votos. Disidentes: Atanasio González Martínez y Carlos dc Silva Nava. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Jorge Antonio Cruz Ramos.

Jurispmdencia 14/92 aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de doce de noviembre de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: Presidenta Fausta Moreno Flores, Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Ma- nuel Villagordoa Lozano y Noé Castañón León.

TERCERA SALA

C O N T R A T O ENTRE CONYUGES. PRODUCE SU NULIDAD AB- SOLUTA L A OMISIdN DE LA AUTORIZACION JUDICIAL.

El artículo 174 del Código Civil para el Distrito Federal, restringe la capacidad de goce de los consortes, puesto que limita su aptitud de p-

298 J ~ R I S P R ~ D E N C ~ A

der ser titulares de derechos y obligaciones y de celebrar contratos entre sí, toda vez que para esto debe mediar autorización judicial tendiente a proteger los intereses de la familia, es decir, tal autorización es la liberación de dicha restriccibn a la capacidad de goce de los cónyuges para contratar entre ellos y, por ende, el contrato celebrado sin ese re- quisito, carece de validez jurídica y resulta nulo de pleno derecho, pu- diendo producir provisionalmente sus efectos, los cuales serin destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad, la cual no desaparece por confirmaci6n o prescripción.

Contradicción de tesis 13/91. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de septiembre de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Impedimento legal: Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérra. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretaria: Susana Alva Chimal.

Tesis de Jurispmdencia 16/92. Aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el siete de septiembre de mil novecien- tas noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Pre- sidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. Impedimento de Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérra

PERSONAS EXTRARAS A L JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CA- RACTER, EN MATERIA CIVIL.

. . 1 omando en cuenta que tercero extraño es aquel que no tiene nin- guna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe con- siderarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contra- ria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conoci- miento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que esta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada vio. laci6n procesal a traves del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprebe en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo.

JURISPRUDENCIA 299

Contradicción de tesis 6/92. Entre la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con la sostenida por el Ter- cer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Circuito, Cuarto Tribu- nal Colegiado en Materia Civil de dicho Circuito, Primer Tribunal Colegiado (entonces único) del Sexto Circuito, Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 21 de septiembre de 1992. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Cbapital Gutiérrez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera.

Tesis de Jurispmdencia 19/92. Aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el veintiuno de septiembre de mil nove- cientos noventa y dos. Cinco votos de las señores ministros: Presidente JosE Trinidad Lanz Cárdenas, Mariann Azuela Güitrón, Sergin Hngn Chapital Gutiérrez, Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez y Miguel Montes García.

RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS DE LA VfCTIMA SON LOS LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA IN- DEMNIZACION RELATIVA.

(Interpretación d e los artículos 1915 y 1836 d e los Códigos Civiles para el Distrito Federal y el Estado d e Jalisco, a part ir d e sus reformas del dieciséis d e diciembre d e mi l novecientos setenta y cinco y veinti- ocho d e diciembre d e mil novecientos ochenta y dos, respectivamente.

Si del texto expreso d e los articulas 1915 y 1836 mencionados, se desprende con claridad q u e la intención del legislador en cuanto a que quienes es t in legitimados para reclamar la indemnización a que esos preceptos se refieren son los herederos d e la víctima, n o ha lugar para hacer alguna interpretación e n sentido diverso; d e tal suerte q u e n o cualquier familiar está legitimado para incoar la acción de responsa- bilidad objetiva sino precisamente los herederos, en su caso, por con- ducto del albacea d e la sucesión, d e acuerdo con lo dispuesto e n el artículo 1705 del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo 1620 del Estado d e Jalisco.

Contradicción de tcsis 9/92. Entre las sustentadas por el Quinto Trihu~ial Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Tercer Tribunal Colpgiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de octubre de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ausente previo aviso a la Presidencia: Miguel Montes García. Ponente: Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Secretario: Anastasio Martínez Garcia.

Tesis de jurisprudencia 21/92. Aprobada por la Tercera Sala de este alto 'Tribunal cn sesión de cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos, por iiilanimidad de cuatro votos de los seiiores ministros: Presidente José Trinidad Lanz Cárd~nas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez e

300 JURISPRUDENCIA

Ignacio M. Cal y Mayor GutiCrrez. huncnte pre\.io aviso a la Presidencia: Miguel Montes García.

CUARTA SALA

PRUEBA DOCUMENTAL, OBJECIONES A LA, PUEDEN HACER- L A LAS PARTES P O R CONDUCTO DE APODERADO.

Tomando en consideración que esta Cuarta Sala de la Suprema Cor- te de Justicia de la Nación, tiene sustentado el criterio d e que el juicio laboral se inicia propiamente a partir de la etapa de demanda y ex- cepciones y que en ese momento deja de ser obligatorio para las partes que asistan personalmente tanto a esta fase del procedimiento como a la siguiente, porque el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo los faculta para que lo hagan por conducto de apoderado legalmente auto- rizado y en virtud de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas los contendientes pueden objetar las de su contraparte, es por lo que se llega a la conclusión de que el legislador n o consideró que en la materia laboral, la objeción de cualquier documento, ya sea en su contenido, firma o en valor probatorio, sea un acto personalísimo, toda vez que no precisó en el articulo 880 del ordenamiento legal citado, que dicha objeción debía hacerla personalmente el actor o en su caso el demandado y n o por conducto de apoderado.

Contradicción de tesis 64/90. Entre los Tribunales Colegiados Tercero y Quinto en Materia de Trabajo, ambos del Primer Circuito. 21 de septiembre de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Felipe L5pez Contreras, pre- vio aviso. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Alvarez Tomes.

Tesis de jurisprudencia 25/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el diecinueve de octubre de mil nove- cientos noventa y dos, por cinco votos de los señores ministros: Presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas, Felipe Upez Contreras y José Antonio Llanos Duarte.

CONTESTACIBN A LA DEMANDA LABORAL. DEBE FORMIJ- LARSE EA' U N ACTO CONTINUO, AUNQUE SE OPONGAN EX- CEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PROAVUNCIAMIENTO.

Conforme al principio de concentración que establece el articulo 685 de la Ley Federal del Trabajo y que confirman múltiples preceptos de dicho cuerpo de ley, el procedimiento laboral tiende a centralizar las

JURISPRUDENCIA 301

cuestiones litigiosas con el f in de evitar dilaciones procesales y contri- buir a la expeditez de las resoluciones. Dentro de este contexto, corro- borado específicamente por el artículo 878, fracciones 111, IV y V, de la mencionada Ley, la contestación a la demanda debe producirse en un solo acto aunque se opongan excepciones de previo y especial pronun- ciamiento, sin que las Juntas puedan, válidamente, permitir que se suspenda la contestación al oponerse alguna de dichas excepciones para substanciarla y resolverla, con el propósito de que con posterioridad continúe en el uso de la palabra el demandado y termine de oponer sus excepciones, ya que este proceder qiie tolera el fraccionamiento de la contestación a la demanda carece de fundamento legal, sin que puedan considerarse como apoyo los artículos 762 y 763 de diclia Ley, que or- denan la tramitación incidental de tales excepciones, en virtud de que estos preceptos se refieren a la forma de substanciar esas defensas, pero una vez que el demandado Iia agotado su contestación.

Contradicción de tesis 9/91. Entre el Primer Tribunal Colegiado del Sépti- mo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiada rn Materia de Trabajo del Pri- mer Circuito. 21 de septiembre de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Poneii- te. Juan Diaz Romero. Secretario: Marcos Garcia José.

Tesis de Jurispnidencia 20/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el veintiuno de septiembre de mil nove- cientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los seiiores ministros: Presidente Carlos Garcia Vázquez, Juan Díaz Romera. Ignacio Magaña CAr- denas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, pre- vio aviso.

IMPUESTO SOBRE LA R E N T A . OBLIGACION DEL P A T R O N DE RETENERLO, CUANDO LAS PERSOYAS SUTETAS A U N A RELACION LABORAL, OBTIENEN PRESTACIONES DERIVADAS DE L A MISMA.

De conformidad con los artículos 77, fracción X, 79 y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el aíio de 1991, quienes hagan pagos por conceptos de prima de antigüedad, retiro, indemnizaciones y otros, deben, en principio, retener el tributo respectivo; esta regla general admite dos casos de excepción, la primera se da cuando la cantidad recibida no excede de noventa reces el salario mínimo; la se- gunda, cuando el empleado sólo ha percibido u n sueldo mínimo general correspondiente a su área geográfica; por tanto, si dichos preceptos legales no exceptúan de cubrir el Impuesto sobre la Renta a las personas

802 JURISPRUDENCIA

que han estado sujetas a una relación laboral, y obtienen prestacio- nes derivadas de una condena impuesta por un órgano jurisdiccional, es obvio que el patrón debe retener el tributo relativo, sin importar si existe separación justificada o injustificada, pues el hecho de que el pago deba hacerse por determinación judicial, como consecuencia de un despido o u n no sometimiento al arbitraje, no priva a dicho pago de su caricter indemnizatorio, cuya base impositiva deriva de la obligación establecida en los artículos 31, fracción IV y 73, fracción VI1 de la Cons- titución Federal.

Contradicción de tesis 2/92. Entre el Primero y Segundo Tribunales Cole- giados del Cuarto Circuito. 31 de agosto de 1992. Cinco votos. Ponente: Igna- cio Magaña Cárdenas. Secretario: Sergio Garcia Méndez.

Tesis de Jurisprudencia 17/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el veintiuno de septiembre de mil nove- cientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Carlos Garcia Vázquez, Juan Diaz Romero, Ignacio Magaña Cár- denas y Josf Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

ZNTERÉS JURfDZCO, NOCIúN DE. PARA L A PROCEDENCIA DEL AMPARO.

El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especial- mente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés juridico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, deriva- do de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgdndole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendri que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de al- gún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interds jurídico en el amparo, la existencia de una situa- ción abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un par- ticular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interks juridico sólo aquel a quien la norma juridica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, ca-

JURISPR~DENCIA 303

rece de ese interes cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interks jurídico en el juicio de amparo son conformes con la natura- leza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el articulo 107, fracciones 1 y 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser pro- movido s610 por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, cri cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particula- ridad de la sentencia.

Amparo en revisión 1651/90. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. 24 de octu- bre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Rosa Elena Rivera Barbosa.

Amparo en revisión 471/91-IV. Alfonso González Bacerot. 28 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hemández Fonseca. Secretario: Anuro Medel García.

Amparo en revisión 2481/91. Cereales Industrializados, S. A. de C. V. 18 dc octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar MO- rales. Secretaria: Benila Patrón Castillo.

Amparo en revisión 3051/91. Margarita Chávez viuda de Chacón. 24 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hemánda Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López.

Amparo en revisión 541/92. Manuel de la Torre y Castro. 16 de marro de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hemández Viazcán. Secretario: Hugo Gumán López.

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. FUNDAMENTACZON DE LA.

El articulo 16 de la Constituci6n Federal de la República textual- mente establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del proce- dimiento." De la anterior transcripción se llega al conocimiento de que diclio precepto exige la fundamentacidn y motivación exclusivamente para la causa legal del procedimiento, es decir, a invocar los prereptos correspondientes que sirven de apoyo al acto que se emite, asi como las razones de hecho que hacen que el gobernado se encuentre en la hipó- tesis normativa que se señaló, mas no exige la fundamentación de la competencia de la autoridad que emite el acto, pues tan sólo requiere que esta efectivamente sea competente. situación distinta a fundamen-

304 JURISPRUDENCIA ,

tos d e las facultades que le fueron conferi&as por la ley. E n tales con- diciones, basta que l a autoridad emisora del acto sea competente y que esa competencia se encuentre prevista e n disposiciones legales o regla- mentarias q u e fueron debidamente publicadas para que se satisfagan los requisitos exigidos por el articulo 16 constitucional en ese aspecto.

Amparo directo 1271/90. Rosas Internacionales, S. A. 24 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hemández Viazcán. Secreta- rio: Ricardo Ojeda Bohórquez.

Amparo directo 291/92. Rubéu Tovar Anguiano. 4 de mano de 1992. Una- nimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Luz Cueto Martinez.

Amparo en revisión 2881/91. Umen Consultores, S. A. de C. V. 7 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hemández Fonse- ca. Secretario: Carlos Ruiz Constantino.

Revisión fiscal 571/92. Turisnáutica, S. A. 5 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hemández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán Mpez.

Amparo directo 1141/92. Central de Tornillos, S. A. 12 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Lua Cneto Martínez.

SEGUNDO T R I B U N A L COLEGIADO E N M A T E R I A PENAL D E L P R I M E R C I R C U I T O

CALIFICATIVAS Y PENAS ACCESORIAS. SANCION PROPORCZO- N A L A L A PELIGROSIDAD P A R A LAS.

T a n t o la pena de prisión como las accesorias o las calificativas de- mostradas que se impongan por la comisión d e u n delito, deben ser proporcionales a la peligrosidad social apreciada, esto es, el mismo a i - terio que el juzgador haya tenido para aplicar, dent ro de los miximos y mínimos, la privativa de libertad con base e n la referida peligrosidad, servireí a la vez para calcular la q u e deba imponerse a l responsable por la calificativa demostrada, o por la mul ta o la suspensión d e derechos, etcétera.

Amparo directo 482/88. Alejandro Valdespino Beníta. 29 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretaria: Ma- rla del Pilar Vargax Codina.

Amparo directo 1795/91. Moisés Baeza Vargas. 7 de enero de 1992. Una- nimidad de votas. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretaria: María del Pilar Vargas Codina.

JURISPRUDENCIA 305

Ampam directo 2155/91. Samuel Guzmán Garcia. 13. de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballcsteros Tena. Secretario: José Luis González Cahuantzin.

Amparo directo 850/92. Rubén Pérez Garduño. 14 de agosto de 1992. Una- nimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: José Luis González Cahuantzin.

Amparo directo 1328/92. José de Jesús Galván López. 28 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: José Luis González Cahuantzin.

Q U I N T O T R I B U N A L COLEGIADO E N M A T E R I A CIVIL D E L P R I M E R C I R C U I T O

A M P A R O D I R E C T O . VIOLACIONES PROCESALES, P A R A EXA- MINARLAS DEBE PREPARARSE EL JUICIO DE.

D e conformidad con l a fracción 111, inciso a), del articulo 107 d e la Constitución Federal, las violaciones a las leyes del procedimiento q u e afecten las defensas del quejoso y trasciendan a l resultado del fallo, pueden impugnarse dentro del juicio d e amparo directo que se pro- mueva contra la sentencia definitiva. Sin embargo, para q u e laa citadas violaciones puedan examinarse e n tal juicio, es necesario que este se prepare agotando el recurso ordinario o medio d e defensa establecido e n la ley; toda vez que, con el precepto mencionado, el constituyente quiso q u e en el juicio d e origen se agotaran todas las posibilidades d e corregir las imperfecciones del procedimiento, a f in de que sólo e n ca- sos excepcionales, dichas violaciones llegaran a ser examinadas en el juicio d e amparo.

Amparo directo 2445/88. Margarita Rosa Maria Pascua1 Garcia y otro. 2 de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núña Gaytán.

Amparo directo 3540/88. Maria Esther Inclán Hemández. 30 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Victor Manuel Islas Domingua. Se- cretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.

Amparo directo 1385/89. Juan Solis López. 11 de mayo de 1989. Unanimi- dad de votos. Ponente: Victor Manuel Islas Domínmiez. Secretario: Mano Pedroza Carbajal.

Amoaro directo 5189/91. Esoeranza Hemández Galicia. 16 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Efrain Ochoa Ochoa. Secretaria: Eduar- do Francisco Núñez Gaytán.

Amparo directo 4437/92. Patricia Cabrera García de García. 24 de septiem- bre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Efrain Ochoa Ochoa. Secretano: Eduardo Núñez Gaytán.

306 JURISPRUDENCIA

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO E N MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CADUCIDAD, ES INOPERANTE L A DECRETADA, SI N O SE CELEBRO LA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCION QUE LA LEY BUROCRATICA SERALA.

Es inoperante la caducidad decretada por la Sala responsable si esta omitió celebrar la audiencia de recepción y admisi6n de pruebas, alega- tos y resolución, pues de conformidad con el articulo 132 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, esta audiencia debe llevarse a cabo en su integridad y en la fecha señalada, con o sin asis- tencia d e las partes, tomando en consideracibn que las pruebas deben ofrecerse con anterioridad a ella; en consecuencia, no está a cargo del actor impulsar el procedimiento.

Amparo directo 1316/91. Gildardo Rodríguez Diaz. 7 de mano de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secre- tario: Felix Arnulfo Flores Rocha.

Amparo directo 106/91. Adán Xicoténcatl Elizaga. 26 de mano de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Soconi, Alvarez Nava.

Amparo directo 586/91. Jorge Zozaaga Díaz. 30 de abril de 1991. Unani- midad de votos. Ponente: Mada del Rosario Mota Cienfueeos. Secretaria: - Idalia Peña Cristo.

Amnaro directo 1636192. María Dolores González Doria. 5 de mana de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake.

Amparo directo 5066/92, Isauro Cano González. 4 de junio de 1992. Unani- midad de votos. Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: José Luis Martinez Luis.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO

DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DE TRABAJO, CONTROVZRTIÉNDOSE EL SALARIO.

Si el patrón niega haber despedido al trabajador y ofrece admitirlo nuevamente en su puesto en los mismos t6rminos y condiciones en que lo venia desempeñando, corresponde al trabajador demostrar qiie efec. tivamente fue despedido; pero si el patr6n niega el despido y ofrece el

JURISPRUDENCIA 307

trabajo, controvirtiendo el salario a C l le toca probar su monto en los tCrminos exigidos por el artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal de l T raba jo y si n o llega a demostrarlo, no se revierte a l trabajador l a carga d e probar el despido, por estimarse que el ofrecimiento del Ira- bajo se hizo d e mala fe.

Amparo directo 332/90. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Manufact~ira, S. A. de C. V. 16 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Alfon- sina Berta Navarro Hidalgo. Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores.

Amparo directo 6/91. María Manuela Franco Huerta. 20 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Bena Navarro Hidalgo. Se- cretario: Jorge Humberto Benítez Pimienta.

Amparo directo 64/92. Bertha Alicia Farfán López 25 de mano de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Maitíner. Secretario: Martin Angel Rubio Padilla.

Amparo directo 241/92. Miguel Hernánd~z Rodrígurz. 10 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jorge Humberto Benítez Pimienta.

Amparo directo 384/92. Refugio Murillo Flores. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martína. Secretaria: Conitancio Carrnsco Daza.

SEGUNDO T R I B U N A L COLEGIADO D E L C U A R T O C l R C U I T O

RENUNCIA. ES INSUFICIENTE EL ESCRITO QUE CONTIENE LA, PARA ACREDITAR EL PAGO DE PRESTACIOA'ES SECUN- DARIAS RECLAMADAS.

El escrito d e renuncia f irmado por e l trabajador, e n e l que se indica q u e mientras d u r ó la relación laboral siempre se le cubrieron todas las prestaciones laborales, no es a p t o para acreditar los conceptos q u e se especifican en la renuncia como pagados, pues con tal documento iini- camente se demuestra la terminación d e la relación laboral por renun- cia d e la parte obrera, pero n o puede constituir u n recibo finiquito liberatorio d e las prestaciones q u e comprenda, a l n o contener las can- tidades que por cada u n a se pagaron a l quejoso.

Amparo directo 361/91. Sociedad Urbanizadora Obrera, S. A. de C. V. 8 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Jesús S. Fraustro Macareno.

Amparo directo 265/92. Carlos Ramíreii Trejo. 3 de junio de 1992. Unani- midad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Jesús S. Fraus- tro Macareno.

308 JURISPRUDENCIA

Amparo directo 344/92. Raúl García Leos y otros. 7 de julio de 1992. Una- nimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Carlos Ra- fael Domínguez Avilán.

Amparo directo 395/92. Víctor Manuel Alvarez y otros. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Leandro Femándcz Castillo. Secretario: Juan Antonio Ramos Padilla.

Ampara directo 396/92. José Guadalupe Vitela Ortiz. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Leandro Femández Castillo. Secretario: Juan Antonio Ramos Padilla.

T R I B U N A L COLEGIADO E N M A T E R I A PENAL D E L S É P T I M O C I R C U I T O

FUNDAMENTACZON Y MOTIVACION, G A R A N T f A DE. SU AL- CANCE.

N o es vi l ido pretender q u e todas y cada u n a de las afirmaciones q u e hagan los juzgadores a l decidir las cuestiones planteadas an te su potes- tad tengan que ser individual y específicamente motivadas y fundadas, ya que lo q u e exige el artículo 16 constitucional es que para molestar a alguien en s u persona, familia, domicilio, papeles y posesiones debe existir mandamiento escrito d e autoridad competente que funde y mo- tive la causa legal del procedimiento, debiendose entender este como un todo.

Amparo en revisión 508/89. Francisco Jiménez Espinoza. 4 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez v Pérez. Secretario: Nicolás Leal Salazar.

Amparo directo 1276/90. Guillermo Conde Escorza. 13 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pkrez. Secretario: Nicc- lás Leal Salazar.

Amoaro directo 34/89. Víctor Manuel Izquierdo Veaa Y otro. 3 de se~tiem- - . bre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Páez y Pérez. Se- cretaria: Leticia Amelia Upez Vives.

Amparo directo 1820/90. Jesús Marín Quijano. 10 de junio de 1992. Una- nimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretario: Nicolás Leal Salazar.

Amparo directo 830/90. Celestina Hemánda García. 3 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jim6nn. Secretario: JosC Luis Rafael Cano Martínez.

JURISPRUDENCIA

P R I M E R T R I B U N A L COLEGIADO D E L DECIMO P R I M E R C I R C U I T O

ESTADO DE CUENTA BANCARIA. NO LO CONSTITUYE LA SOLA ESPECIFZCACIdN DEL SALDO.

L a certificación del contador general d e u n a institución bancaria e n la q u e únicamente se precisa el saldo a cargo del acreditado, sin conte- ne r desglose d e las operaciones que lo generaron, n o hace fe, n i cons- tituye titulo ejecutivo, e n terminos del articulo 68 d e la Ley d e Insti- tuciones d e Crkdito, por n o contener u n estado d e cuenta, el cual debe comprender u n a relación d e los cargos y abonos correspondientes que dieron como resultado aquel saldo, pues en caso contrario el demanda- do queda e n estado d e indefensión frente a las reclamaciones del banco acreedor, a l n o estar en posibilidad d e preparar adecuadamente su de- fensa, ante el desconocimiento d e los elementos q u e originaron aquel saldo, y l a sentencia reclamada que estimó l o contrario, es violatoria d e garantías.

Amparo directo 165/91. Anemio Andaluz Oropeza. 23 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Valdés García. Secretaría: Patricia Mújica López.

Amparo en revisión 221/91. José Maria Martinez Ruiz. 6 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Joel González Jiménez. Secretaria: Areli Ortuño Yáñez.

Ampam directo 573/91. Ramón Montes Morales. 28 de febrera de 19'12. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Valdés García. Secretaria: Irma IIe- rrerera Navarrete.

Amparo en revisión 268/92. Roberto Rosales Miranda. 8 de septiembre dc 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Joel González Jiménez. Secretaria: Are- li Ortuño Yáñez.

Amparo en revisión 277/92. Banco Nacional de hléxico, S. A. 17 de sep tiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Joel González Jiménez. Se- cretario: Ricardo Díaz Chávez.

P R I M E R T R I B U N A L COLEGIADO D E L DÉCIMO SEGUNDO C I R C U I T O

DEMANDA DE AMPARO C O N T R A LAS REFORMAS A LA CONS- TITUCION FEDERAL. IMPROCEDENCIA DE LA.

Si e n la demanda d e amparo, se reclama la aprobación del decreto q u e reformó el articulo 27 constitucional, asi como la ejecución que las

310 JURISPRUDENCIA

nuevas autoridades agrarias den a tales enmiendas y el juez de Distrito la desecha con apoyo en la causal d e improcedencia prevista e n el ar- ticulo 73, fracción XVIII, en relación con el articulo lo., ambos d e la Ley d e Amparo, su actuar es correcto; toda vez q u e e n el articulo 103 d e la Carta Magna, se hace u n a enumeración limitativa d e los casos e n q u e procede el juicio d e amparo d e donde se advierte q u e las reformas a los artículos d e la propia Constitución, n o es t in contempladas dentro d e los supuestos d e procedencia d e juicio de garantías; por tanto, a l ser este artículo limitativo y n o enunciativo, debe considerarse q u e se actualiza en la especie la causal d e improcedencia invocada.

Improcedencia 20/92. Comité Particular Agrario del Poblado Doroteo Aran- go, Municipio de Culiacán, Sinaloa. lo. de julio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Manuela Rodríguez Caravante?. Secretaria: Clara Zúñiga Viz- carra.

Improcedencia 29/92. Integrantes del Comité Particular Ejecutivo del Cen- tro de Población "San Miguel Zaptitlán", Municipio de Ahome, Sinaloa. 13 de julio de1992 Unanimidad de votos. Ponehte: Manuela Rodríguez Ca- ravantes. Secretario: Federico Garcia Millan.

Improcedencia 33/92. Nuevo Centro de Población "Dos de Octubre", Mu- nicipio de Navolato, Sinaloa. 12 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Eliseo Gustavo Araujo Arriaga. Secretario: Miguel Izaguirre Ojeda.

Improcedencia 28/92. Comisariado Ejidal Guadalupe Victoria, Muriicipio de Culiacán, Sinaloa. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Manuela Rodríguez Caravantes. Secretaria: María Raquel Lomelí Tisnado.

Improcedencia 35/92. Comité Particular Ejecutivo del Poblado "Estación San Rafael", Municipio de CuliacAn, Sinaloa. 19 de agosto de 1992. Unani- midad de votos. Ponente: Eliseo Gustavo Araujo Arriaga. Secretaria: Enri- queta del Carmen Vega Rivera.

T R I B U N A L COLEGIADO D E L VIGÉSIMO C I R C U I T O

RECTIHCACIóN DE ACTA DE NACIMIENTO, CUANDO SE T R A T A DE AGREGAR A L NOMBRE EL APELLIDO MATERNO RESULTA IMPROCEDENTE EL EJERCICIO DE L A ACCION DE.

Si bien es cierro q u e l a H. Suprema Corte d e Justicia d e la Nación, ha sostenido el criterio d e que procede rectificar u n a acta d e nacimieu- to con la finalidad d e ajustarla a la realidad social; tambien lo es, que esa modificación no procede cuando se pretende agregar al nombre el apellido materno, porque e n esa hipótesis la acción d e rectificación d e acta, encierra u n a cuestión d e filiación que n o se puede ventilar a través del ejercicio d e esa acción.

JURISPRUDENCIA 311

Amparo directo 525/91. Dominga Alicia Gordillo. 21 de noviembre de 19'31. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretario: Casto Ani- brosio Domínguez Bermúdez.

Amparo directo 278/92. Eduardo Ballinas Sánchez. 25 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Veiasco Santiago. Secretario: Miguel Angrl Esquinca Molina.

Amparo directo 332/92. Diega del Carmen Aguilar o Carmen Martínez Aguilar. 27 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Casto Ambrosio Domínguez Bermúdez.

Amparo directo 371/92. Hortensia Leticia Utrilla Arizmendi. 3 de scptiem- bie dc 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Jasé Emigdio Diaz Mpez.

Amparo directo 381/92. Óscar Díaz Alfaro. 24 de septiembre de 1992. Una- nimidad de votas. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Jasé Gabriel Clemente Rodrípez.