Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. · Author: Carlos David Bautista Lozano...
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1494/2011 Pral. 1 En cuatro de septiembre de dos mil doce, el Secretario da cuenta a la Juez con las constancias que integran los autos que integran el juicio de amparo 1494/2011. Conste. México, Distrito Federal, a cuatro de septiembre de dos mil doce. Vistas las constancias que integran los autos del juicio de amparo en que se actúa, de las que se advierte que obran los elementos necesarios para resolver si se encuentra cumplido el fallo protector; en ese sentido, y atento a lo ordenado mediante proveído de veintisiete de agosto pasado (fojas 1107 a 1111, tomo II) este órgano jurisdiccional procede a resolver lo conducente. En efecto, para un mejor entendimiento del presente asunto se considera necesario hacer una relación de cada una de las constancias y actuaciones que integran el presente expediente. En ese sentido, mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil once (fojas 2 a 28, tomo I), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el aquí quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos siguientes: A las autoridades responsables denominadas Consejo de Salubridad General; Secretaría de Salud; Instituto Mexicano del Seguro Social; Instituto Nacional de
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1494/2011 Pral.
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En cuatro de septiembre de dos mil doce, el Secretario da cuenta a la Juez con las constancias que integran los autos que integran el juicio de amparo 1494/2011. Conste.
México, Distrito Federal, a cuatro de septiembre
de dos mil doce.
Vistas las constancias que integran los autos del
juicio de amparo en que se actúa, de las que se advierte
que obran los elementos necesarios para resolver si se
encuentra cumplido el fallo protector; en ese sentido, y
atento a lo ordenado mediante proveído de veintisiete de
agosto pasado (fojas 1107 a 1111, tomo II) este órgano
jurisdiccional procede a resolver lo conducente.
En efecto, para un mejor entendimiento del presente
asunto se considera necesario hacer una relación de cada
una de las constancias y actuaciones que integran el
presente expediente.
En ese sentido, mediante escrito presentado el
catorce de diciembre de dos mil once (fojas 2 a 28, tomo I),
en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados
de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal,
el aquí quejoso solicitó el amparo y protección de la
Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los
actos siguientes:
A las autoridades responsables denominadas
Consejo de Salubridad General; Secretaría de Salud;
Instituto Mexicano del Seguro Social; Instituto Nacional de
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Salud Pública; Instituto Nacional de Rehabilitación; Instituto
Nacional de Psiquiatría; Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias; Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición; e Instituto Nacional de
Cancerología, les reclamó la omisión de garantizarle y
brindarle el acceso a los servicios de salubridad, así como
a medicamentos e insumos necesarios para salvaguardar
su salud.
A las autoridades denominadas Secretario de
Gobernación; Subsecretario de Gobernación (autoridad
inexistente -auto de seis de enero de dos mil doce- fojas
285 a 287, tomo I); y Director General del Registro Civil en
el Distrito Federal; les atribuyó la omisión de reconocer su
personalidad jurídica y de garantizar su derecho al nombre,
en razón de la abstención de registrarlo y de otorgarle los
documentos adecuados que le permitan identificarse.
A las responsables Director General de Comisión
Nacional de Vivienda; Coordinación General de Operación
de Políticas de Apoyo para Programas; Dirección de
Política de Vivienda; Director de Promoción y Operación de
Subsidios; Jefe de Departamento de Apoyo Operativo de
Programa, “Esta es tu Casa”; Jefe de Departamento de
Promoción y Difusión del Programa “Esta es tu Casa”;
Coordinadora General de Producción Nacional de Vivienda
(autoridad inexistente -auto de veintitrés de enero de dos
mil doce- foja 559, tomo I); Subdirector de Diagnóstico de
Zonas de Riesgo; Subdirección de Seguimiento de
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Proyectos; y Comisión Nacional de Vivienda, les imputó la
omisión de garantizarle y brindarle el acceso a una
vivienda digna y decorosa, o en su caso, a un albergue.
A la autoridad responsable Secretaría de Educación
Pública, le reclamó la omisión de garantizarle y brindarle el
acceso a servicios educativos, así como la omisión de
validarle los estudios y conocimientos técnicos con que
cuenta.
Y a las autoridades denominadas Secretaría de
Desarrollo Social Federal; Subsecretaría de Desarrollo
Social y Humano; Coordinación Nacional del Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades; Jefe de Gobierno del
Distrito Federal (ampliación de demanda); y Secretario de
Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal
(ampliación de demanda), les atribuyó la omisión de
garantizarle y proporcionarle una alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad.
De este modo, previo desahogo de prevención, por
auto veintitrés de diciembre de dos mil once (fojas 59 a
61, tomo I), este Juzgado Primero de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, admitió a trámite la
demanda de amparo de que se trata, y entre otras cosas,
atento a las manifestaciones que formuló el autorizado de
la parte quejosa en amplios términos del artículo 27 de la
Ley de Amparo, en el sentido de que el quejoso no se
encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, dio
vista al agente del Ministerio Público de la Federación
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adscrito, para que manifestara lo que a su representación
social correspondiera en relación con dicha circunstancia,
interviniera e hiciera valer los medios de defensa
correspondientes, con la finalidad de tutelar las
prerrogativas y derechos humanos del impetrante, y evitar
que pudiera quedar sin representación jurídica en la
presente instancia; requerimiento que fue reiterado por
auto de treinta de enero pasado (foja 565, tomo I).
Una vez que el presente asunto quedó integrado se
celebró la audiencia constitucional, y el veintidós de
marzo de dos mil doce, se dictó sentencia definitiva (fojas
622 a 727, tomo I), determinando, por una parte, sobreseer
en el juicio, y por otra conceder el amparo y protección de
la Justicia Federal a la parte quejosa.
En efecto, en términos de lo expuesto en el
considerando tercero de la sentencia dictada en autos
(fojas 706 a 711, tomo I), se tuvo por cierto el acto
atribuido al Secretario de Desarrollo Social del Distrito
Federal, consistente en la “omisión de garantizar y
proporcionar al quejoso una alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad”, y por lo tanto, se procedió al
estudio de la litis fijada, únicamente respecto del acto
antes referido.
De esta manera, una vez analizados y suplidos en
su deficiencia los conceptos de violación esgrimidos por el
justiciable, este Juzgado Federal determinó procedente
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concederle el amparo y protección de la Justicia de la
Unión, para los siguientes efectos:
“[…]
En consecuencia, este Juzgado de
Distrito considera que suplidos en su
deficiencia los conceptos de violación
expuestos por la parte quejosa, en términos
de lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción
VI, de la ley de la materia, resultan fundados
y suficientes para concederle el amparo y
protección de la Justicia Federal solicitados,
para el efecto de que el Secretario de
Desarrollo Social del Distrito Federal,
dentro del plazo de veinticuatro horas, que
correrá a partir del momento en el que la
presente sentencia alcance el grado de
ejecutoria, ordene a las autoridades
adscritas a la dependencia a su cargo, que
lleven a cabo las acciones necesarias para
que ******** sea incorporado al “Programa
de atención preventiva y emergente a
personas afectadas por contingencia o en
vulnerabilidad social” que se encuentre
vigente, a fin de que se le garantice el acceso
a los recursos indispensables que le
garanticen su subsistencia y en consecuencia
el goce de una vida digna, entre los que se
encuentran, proporcionarle albergue,
alimentación, servicio médico, vestido, así
como canalizarlo a los Centros de
Asistencia e Integración Social, hospitales
médicos y psiquiátricos en caso de
requerirlo, previa valoración que se realice,
con la finalidad de lograr su reinserción en
la sociedad, de ser posible.
[…]”
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Una vez transcurrido el término legal, sin que las
partes hubieran interpuesto recurso alguno en contra de la
sentencia de mérito, ésta causó ejecutoria por auto de
diecisiete de abril de dos mil doce (fojas 788 a 790,
tomo I), en los términos en que fue dictada, y en la misma
fecha se requirió al Secretario de Desarrollo Social del
Distrito Federal, para que dentro del término de
veinticuatro horas diera cumplimiento al fallo protector,
esto es, para que ordenara a las autoridades adscritas a la
dependencia a su cargo que llevaran a cabo las acciones
necesarias para que el quejoso fuera incorporado al
“Programa de atención preventiva y emergente a personas
afectadas por contingencia o en vulnerabilidad social” que
se encontrara vigente, a fin de que se le garantizara el
acceso a los recursos indispensables que le aseguraran su
subsistencia y en consecuencia, el goce de una vida digna,
entre los que se encontraban, proporcionarle albergue,
alimentación, servicio médico, vestido, así como para que
se le canalizara a los Centros de Asistencia e Integración
Social, hospitales médicos y psiquiátricos en caso de
requerirlo, previa valoración que se realizara, con la
finalidad de lograr su reinserción en la sociedad, de ser
posible.
Del mismo modo, a través de dicho proveído,
considerando que la parte quejosa se encontraba en
estado de vulnerabilidad, se determinó que las acciones
descritas en el párrafo que antecede deberían llevarse a
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cabo en el lugar en el que se localizaba el impetrante de
amparo, esto es, en el lugar en donde manifestó que
habitaba regularmente, a saber, en una casa fabricada con
madera, ubicada en ******, a un costado de la salida de la
estación del Sistema de Transporte Colectivo Metro
denominada Copilco, para lo cual, se señalaron las diez
horas del veinte de abril de dos mil doce, con el fin de que
la autoridad vinculada al fallo protector, en presencia del
actuario de la adscripción, se constituyera y trasladara al
quejoso al albergue del Instituto de Asistencia e
Integración Social que correspondiera.
La diligencia referida en el párrafo que antecede fue
desahogada al tenor del acta que obra glosada en autos a
foja ochocientos diecinueve del tomo I y siguiente, en la
cual la actuaria de la adscripción asentó las circunstancias
que acontecieron durante la realización de la misma e hizo
constar los motivos por los cuales diversas autoridades
dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social del
Distrito Federal no pudieron dar cumplimiento a la
ejecutoria de amparo, en términos del requerimiento que
se les formuló mediante el citado acuerdo de diecisiete de
abril del año en curso, lo cual obedeció, básicamente, a la
negativa del quejoso de trasladarse al albergue.
Atento a lo anterior, por auto de veintitrés de abril
de dos mil doce (foja 821, tomo I), se requirió al
Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal
para que informara de manera pormenorizada las razones
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particulares y las circunstancias especiales por las que no
pudo dar cumplimiento al fallo protector, en los términos en
que le fue requerido, así como para que citara los
fundamentos legales que sustentaran dicha imposibilidad,
en el entendido de que si existía algún protocolo o
lineamiento que rigiera su actuar, debería remitir copia
certificada y completa del mismo.
En desahogo al referido requerimiento, la
Subdirectora Jurídica y apoderada de la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal,
mediante oficio presentado en la oficialía de partes de este
órgano jurisdiccional el treinta de abril siguiente, registrado
en el libro de correspondencia bajo el folio 7098 (fojas 833
a 841, tomo I), manifestó lo siguiente:
a) Que el “Programa de atención preventiva y
emergente a personas afectadas por contingencia o
en vulnerabilidad social” tenía como objetivos, entre
otros, realizar recorridos para llevar a cabo acciones
a fin de brindar atención a personas en situación de
calle.
b) Que eran elegibles para recibir el apoyo
institucional, entre otras, las personas, familias o
grupos en situación de calle o abandono social.
c) Que el procedimiento para la instrumentación del
programa, consistía en que si la persona en
situación de calle aceptaba ir al albergue, se le
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trasladaba en la camioneta del IASIS, y además, el
Trabajador Social realizaba una entrevista y
levantaba la “Cédula de Identificación”.
d) De igual modo, refirió que el Programa de
Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante su
línea de acción 2022, recomendó evitar los retiros
forzados de las vías públicas que violentaran los
derechos humanos de las poblaciones callejeras,
debiendo crear los mecanismos para proteger a las
poblaciones callejeras y sancionar penalmente la
privación ilegal de la libertad, lesiones y abusos de
particulares, incluso, cuando se argumentara el retiro
de espacios públicos para atender las adicciones.
e) Finalmente, expresó que la actitud del autorizado
de la parte quejosa obstruyó el cumplimiento de la
ejecutoria de amparo, pues a través de las redes
sociales realizó una convocatoria para que el público
en general presenciara la diligencia de cumplimiento
del fallo protector, circunstancia que desvió la
atención del justiciable, y entorpeció el ejercicio de
las facultades de la autoridad vinculada al
cumplimiento.
Remitiendo al efecto las constancias con las que se
acreditaba lo anterior.
Así, por auto de dos de mayo de dos mil doce
(fojas 872 y 837, tomo I), este Juzgado de Distrito ordenó
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dar vista a la parte quejosa con copia del oficio y anexos
referidos en líneas anteriores, y de igual modo, instruyó a
la actuaria de la adscripción a efecto de que realizara una
ampliación de la razón actuarial levantada con motivo de
la diligencia llevada a cabo el veinte de abril del año en
curso, indicándosele que debía narrar de manera
pormenorizada, las circunstancias que rodearon el
desahogo de la referida diligencia, en específico, las que
describió la responsable a través del ocurso de referencia
y que obstruyeron el cumplimiento de la ejecutoria de
amparo, es decir, la concurrencia a la diligencia de
personas ajenas a los contendientes en el presente
asunto, la presencia de medios de comunicación, o
cualquier otro factor, con la finalidad de que este órgano
jurisdiccional se allegara de mayores elementos a fin de
establecer las directrices de las acciones que las
autoridades responsables deberían efectuar con la
finalidad de garantizar el derecho del quejoso, tal como
se precisó en la ejecutoria de amparo.
En atención al citado requerimiento, mediante razón
actuarial de cuatro de mayo del año en curso (fojas 877 y
878, tomo I), la actuaria judicial comisionada, asentó, entre
otras cosas, que durante el desahogo de la diligencia se
encontraron presentes las autoridades vinculadas al
cumplimiento, el autorizado de la parte quejosa en amplios
términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, una
reportera de “Canal 40” y un camarógrafo, quienes por
momentos entrevistaron al autorizado, a las autoridades
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responsables, así como al quejoso, de igual modo, señaló
la concurrencia de diversas personas ajenas a la
diligencia, al parecer estudiantes, quienes se acercaban a
la referida funcionaria judicial, así como al autorizado, y
realizaban diversas preguntas en torno al desarrollo de
dicha diligencia, pues tenían conocimiento previo de la
misma.
De lo anterior, se advirtieron diversos factores que
complicaban u obstaculizaban de algún modo, el debido
cumplimiento de la ejecutoria dictada por este órgano
jurisdiccional, a saber, por una parte, la negativa del propio
justiciable de ingresar al Centro de Asistencia e Integración
Social, por otro lado, la imposibilidad de la autoridad
vinculada al cumplimiento de actuar en contra de la
voluntad del impetrante del amparo, y en una última parte,
la publicidad y difusión que el autorizado de la parte
quejosa en amplios términos del artículo 27 de la ley de la
materia dio a las actuaciones de las demás partes y de
este Juzgado de Distrito, encaminadas a dar cabal
cumplimiento al fallo protector.
Con todo ello, a efecto de que este órgano
jurisdiccional estableciera las directrices de las acciones
que tendrían que emprenderse para cumplimentar el fallo
constitucional, se precisó, por un lado, que el
cumplimiento de la sentencias de amparo
representaba una cuestión de orden público e interés
social, pues resultaba inconcuso que la sociedad estaba
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interesada en que las sentencias en las que se hubiera
otorgado el amparo y protección de la justicia de la unión
fueran acatadas en sus términos, y por otro, que en el caso
que nos ocupaba, la materia de la protección del
amparo incidía de manera directa en el derecho a una
vida de calidad del justiciable, entendido como el
derecho a que se le generaran condiciones que le
permitieran y facilitaran el acceso a una mejor existencia.
Se indicó también, que en el presente caso la
autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector,
debía integrar al justiciable al “Programa de atención
preventiva y emergente a personas afectadas por
contingencia o en vulnerabilidad social” a fin de brindarle
alimentación, vivienda, vestimenta y, en su caso, atención
médica, exigencia que constituía una circunstancia de
resultado inmediato.
Así también se señaló que si bien era cierto que los
protocolos y los lineamientos que regían el actuar de la
autoridad responsable en el momento de brindar atención
a las personas en situación de calle, establecían las
conductas que debían observar en cada hipótesis que se
les presentara, también era cierto que, en estos casos,
como autoridades no podían limitarse a lo que en estricto,
les permitiera llevar a cabo el marco legal, pues debían
tener presente que lo que finalmente se pretendía, era
proteger a un ser humano, y por lo tanto, correspondía a
las autoridades vinculadas, realizar todo aquello que
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resultara necesario, sin violentar la normatividad
correspondiente, para facilitar el cumplimiento y dar cabal
ejecución a la sentencia protectora.
De este modo, por auto de diez de mayo de dos mil
doce (fojas 900 a 904, tomo I), este Juzgado de Distrito
concedió al Secretario de Desarrollo Social del Distrito
Federal un término de diez días para que efectuara todas
aquellas acciones de sensibilización y acercamiento que
resultaran necesarias a fin de que el justiciable recibiera
toda la información y atención que fuera necesaria, incluso
médica, a fin de que adquiriera la confianza suficiente para
que de manera voluntaria se incorporara al Programa
Social antes referido, autorizando para tal efecto, el uso de
todos los medios probatorios a su alcance, para que
pudiera constatarse la realización de tales acciones.
Asimismo, se hizo constar que no se citaba a las
partes al desahogo de las diligencias referidas, en razón
de que, como había quedado asentado, la concurrencia
de personas ajenas a las partes en la presente
instancia, podría entorpecer y dificultar el
cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y por lo tanto,
ante la obligación de este Juzgado de Distrito de velar por
el cabal acatamiento de la misma, se estimaba necesario
que la autoridad vinculada actuara con amplitud de
ejercicio del cúmulo de sus facultades legales, sin la
intervención de personas ajenas ni factores extraños que
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directa o indirectamente obstaculizaran el desarrollo de sus
funciones.
Ante ello, mediante oficio registrado con el folio
8649, presentado en la oficialía de partes de este órgano
jurisdiccional el veintitrés de mayo (fojas 909 a 912, tomo
I), la Subdirectora Jurídica de la Secretaría de Desarrollo
Social del Distrito Federal, realizó diversas
manifestaciones y exhibió sendos medios probatorios de
los que se advirtió que el veintiuno de mayo de dos mil
doce, luego de diversos acercamientos por parte de las
autoridades pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo
Social del Distrito Federal, el accionante del amparo,
acudió, de manera voluntaria y en compañía de diverso
personal, a las oficinas del Programa de Atención Social
Emergente del Instituto de Asistencia e Integración Social
de la Secretaría en mención, ubicadas en calle Sur 65 A,
número 3246, colonia Viaducto Piedad, Delegación
Iztacalco, en esta Ciudad, para posteriormente ser
canalizado e ingresado al Centro de Asistencia e
Integración Social “Plaza del Estudiante”, lugar en donde,
adujo la responsable, el accionante del amparo recibió el
alojamiento, alimentación, vestimenta y el servicio médico
inmediatamente requerido.
Para acreditar tales extremos, la autoridad de mérito
exhibió lo siguiente:
Copia certificada de la Nota Informativa de veintiuno
del mismo mes y año, signada por la Trabajadora
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Social adscrita a la Dirección General del Instituto
de Asistencia e Integración Social de la Secretaría
de Desarrollo Social del Distrito Federal.
Copia certificada del formato de Recepción de
Personas en Situación de Abandono Social
canalizadas por el Programa de Atención Social
Emergente a los Centros de Asistencia e
Integración Social y/o Instituciones de veinte de
mayo pasado.
Copia certificada de la Nota de Valoración Médica de
veintiuno de mayo de dos mil doce.
Dos memorias de almacenaje digital USB (Universal
Serial Bus, por sus siglas en inglés) en un sobre,
que contenían cuatro archivos de material audio-
visual, de los que se advertía, en esencia, el primer
acercamiento de sensibilización que las autoridades
responsables tuvieron con el quejoso, así como la
diligencia de traslado del impetrante del amparo del
lugar en donde pernoctaba a las oficinas del
Programa de Atención Social Emergente, su llegada
a dicho lugar, su registro en el Centro de Asistencia
e Integración Social “Plaza del Estudiante” y la
asignación de un dormitorio.
Por lo anterior, este órgano jurisdiccional, mediante
acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso (fojas
919 a 925, tomo I), entre otras cosas, estimó imperativo
ordenar la realización de una visita espontánea al lugar en
el que se encontraba el quejoso, para que la Suscrita, en
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compañía de un Secretario y del Actuario de la
adscripción, dieran fe de las acciones emprendidas por la
responsable, que permitieran constatar que el accionante
del amparo se encontraba efectivamente incorporado al
“Programa de Atención Social Emergente”, así como que
se le brindaba la alimentación, manutención y atención
médica que por su especial condición requería, a fin de
garantizar su reinserción social.
Haciendo constar que resultaba necesario que la
visita fuera espontánea, con el fin de advertir de la manera
más natural y cotidiana posible, las condiciones en que se
encontraba el promovente del amparo.
En ese sentido, la visita espontánea antes referida
fue desahogada por la Titular de este Juzgado y por dos
fedatarios judiciales, al tenor del acta levantada el treinta
de mayo de dos mil doce (fojas 940 a 942, tomo I), en la
que básicamente se constató que el promovente del
amparo se encontraba incorporado al programa de
atención social describiéndose las características físicas
del Centro de Asistencia e Integración Social “Plaza del
Estudiante”, perteneciente al Instituto de Asistencia e
Integración Social de la Secretaria de Desarrollo del
Distrito Federal y los fedatarios describieron la
organización de dicho Centro y los servicios que ahí se
prestaban a los beneficiarios del “Programa de Atención
Social Emergente”; asentándose que se advertía que el
justiciable se encontraba físicamente en dicho Centro.
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De lo antes relatado, y toda vez que el accionante
del amparo fue ingresado al Centro de Asistencia e
Integración Social “Plaza del Estudiante”, se infirió que
contaba con una valoración médica, social y, en su caso,
psiquiátrica, razón por la cual se requirió al Subdirector de
Atención Social Emergente, al Coordinador de
Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional,
al Director General del Instituto de Asistencia e
Integración Social, estas tres como autoridades
vinculadas con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo
así como al Titular, todos de la Secretaría de Desarrollo
Social del Distrito Federal, para que rindieran un informe
pormenorizado de las acciones que se habían llevado a
cabo para incorporar al quejoso al “Programa de Atención
Social Emergente”, así como para que detallaran cada una
de las valoraciones que le habían realizado, los
tratamientos médicos que, en su caso, se le seguían, así
como para que indicaran el procedimiento a seguir luego
de su valoración, de conformidad con el Manual
Administrativo de la Dirección General del Instituto de
Asistencia e Integración Social “Coordinación de Atención
Social Emergente y Enlace Institucional”, además, para
que remitieran copia certificada, completa y totalmente
legible, del expediente formado con motivo de la
incorporación del justiciable al referido programa.
Lo que desahogaron a través del oficio anotado con
el folio 10445 (fojas 964 a 968, tomo I), mediante el cual,
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exhibieron sendas documentales que se encuentran
resguardadas en el seguro de este Juzgado por contener
datos confidenciales, de las que, en esencia, se advertía el
expediente clínico formado al quejoso y las diligencias
llevadas a cabo para determinar su estado de salud.
Ciertamente, para demostrar tales extremos, los
oficiantes remitieron las constancias que a continuación se
relacionan:
Oficio PASE/315/2012 de diecinueve de junio de
dos mil doce, consistente en un informe suscrito por
el Coordinador de Atención Social Emergente y
Enlace Interinstitucional del Instituto de Asistencia e
Integración Social de la Secretaría de Desarrollo
Social del Distrito Federal.
Nota de seguimiento del justiciable de diecinueve
de junio de dos mil dos mil doce, signado por la
Trabajadora Social, relativo al Plan de Trabajo
elaborado para la atención social del aquí quejoso.
Expediente de historia clínica, historia clínica de
salud mental y de estudio social, perteneciente al
accionante del amparo.
En seguimiento a las acciones tendentes a
cumplimentar el fallo protector, el mismo veintiuno de junio
pasado el Director General, el Coordinador de Atención
Social Emergente y Enlace Interinstitucional y el
Subdirector de Atención Social Emergente, estos tres
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dependientes del Instituto de Asistencia e Integración
Social, así como la Subdirectora Jurídica, todos de la
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal,
realizaron diversas manifestaciones señalando
básicamente, que de conformidad con el Programa de
Atención Social Emergente, que establecía que “…La
persona en situación de calle y/o alta vulnerabilidad
atendida en el marco del Programa de Atención Social
Emergente que proporciona datos de domicilio será
reinsertada a su núcleo familiar…”, se llevó a cabo una
visita al inmueble que el impetrante del amparo refirió
como último domicilio en esta Ciudad, sin que pudiera
localizarse algún familiar, y por otra parte, que para el
veinte de junio de dos mil doce se programó una nueva
visita en compañía del quejoso, a efecto de que
reconociera el lugar en donde vivía y confirmara la
existencia de familiares, y de este modo, poderlo reinsertar
a su domicilio familiar.
Así, a efecto de constatar la culminación del
procedimiento “Reinserción a su núcleo familiar y
Reintegración a su lugar de origen”, o bien, la continuación
del diverso procedimiento de “Canalización a Centro de
Asistencia e Integración Social (C.A.I.S.), Institución
Gubernamental y No Gubernamental”, previsto en el
Manual de referencia, por auto de veintidós de junio de
dos mil doce (fojas 972 a 979, tomo I), se requirió a las
responsables para que remitieran los medios probatorios
de los que se advirtiera el desarrollo y conclusión de la
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diligencia ordenada para el veinte de junio del año en
curso, y de ser caso, informaran si el quejoso había sido
incorporado a su núcleo familiar, o bien, si por el contrario,
dicha reinserción no había sido posible.
En cumplimiento al requerimiento de referencia, el
Director General, el Coordinador de Atención Social
Emergente y Enlace Interinstitucional y el Subdirector de
Atención Social Emergente, estos tres dependientes del
Instituto de Asistencia e Integración Social, así como la
Subdirectora Jurídica, todos de la Secretaría de Desarrollo
Social del Distrito Federal, mediante oficio registrado con el
folio 11496, presentado en la oficialía de partes de este
órgano jurisdiccional el nueve de julio de dos mil doce
(fojas 989 a 993, tomo I), remitieron diversas constancias
de las que se advirtió que el veintiuno del mes y año en
cita, el justiciable, en compañía de diversos funcionarios
pertenecientes al Instituto de Asistencia e Integración
Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito
Federal, se constituyeron en el que el quejoso ubicó como
su último domicilio en esta Ciudad, a efecto de que el
accionante del amparo pudiera reconocer el domicilio en
donde adujo que vivía y confirmar la existencia de
familiares, para que en su caso, se llevara a cabo su
reincorporación familiar, de igual modo, se apreció que
llevaron a cabo una entrevista en el domicilio antes
señalado con quien dijo llamarse ******** y ser cuñado de
accionante del amparo, quien manifestó que tanto la madre
del quejoso como su hermana, que habitaban en ese
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mismo lugar habían fallecido, pero que proporcionaba su
consentimiento para recibir en dicho domicilio al
accionante del amparo pues él antes ahí vivía, motivo por
el cual, señaló la autoridad responsable, que desde esa
fecha habitaba el justiciable en ese lugar, y finalmente, las
propias responsables manifestaron que el veintiséis de
junio pasado, personal del Instituto de Asistencia e
Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social del
Distrito Federal realizó una visita al ahora domicilio del
justiciable, con la finalidad de entregarle el medicamento
que le fue recetado por los médicos que lo valoraron
durante su estancia en el Centro de Asistencia e
Integración Social “Plaza del Estudiante”, haciéndole llegar
medicamento suficiente para continuar su tratamiento por
el lapso de ochenta días.
A fin de demostrar lo antes relatado, los oficiantes
exhibieron lo siguiente:
Nota Informativa de veintiuno de junio de dos mil
doce, consistente en un informe suscrito por el
Coordinador del “Programa de Atención Social
Emergente” del Instituto de Asistencia e Integración
Social de la Secretaría de Desarrollo Social del
Distrito Federal, relativo a la diligencia de esa
misma fecha.
Formato de Reinserción Familiar de veintiuno de
junio de dos mil dos mil doce, signado por la
Trabajadora Social adscrita a la Dirección General
1494/2011 Pral.
22
del Instituto de Asistencia e Integración Social de la
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal y
por ********, relativo a la reincorporación del aquí
quejoso a su domicilio familiar.
Nota Informativa de veintisiete de junio de dos mil
doce, signada por el Coordinador del “Programa de
Atención Social Emergente” del Instituto de
Asistencia e Integración Social de la Secretaría de
Desarrollo Social del Distrito Federal, relativo a la
entrega de medicamentos realizada al quejoso el
veintiséis del mes y año en mención.
Dos discos compactos en un sobre, que contienen
ocho archivos de material audio-visual, y veinte
imágenes, todos relativos a la diligencia de
reincorporación del justiciable a su domicilio familiar,
de los que se advierte, en esencia, por una parte, la
diligencia de traslado del impetrante del amparo a
su antiguo domicilio, el reconocimiento de éste del
que dijo ser su domicilio, la entrevista realizada con
quien dijo ser cuñado del quejoso y el otorgamiento
del consentimiento del último de los mencionados
para recibir al justiciable en dicho domicilio, y por
otra parte, la diligencia llevada a cabo por el
personal del Instituto de Asistencia e Integración
Social de la Secretaría de Desarrollo Social del
Distrito Federal a través de la cual realizó una visita
al ahora domicilio del justiciable e hizo entrega al
mismo del medicamento que le fue recetado por los
1494/2011 Pral.
23
médicos que lo valoraron durante su estancia en el
Centro de Asistencia e Integración Social “Plaza del
Estudiante”, para continuar su tratamiento por el
lapso de ochenta días.
De este modo, por auto de diez de julio del año en
curso (fojas 1001 a 1009, tomo I), se requirió a las
autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector,
para que en acatamiento al procedimiento “Reinserción a
su núcleo familiar y Reintegración a su lugar de origen”,
previsto en el Manual Administrativo de la Dirección
General del Instituto de Asistencia e Integración Social
“Coordinación de Atención Social Emergente y Enlace
Institucional”, acreditaran, por escrito, el ofrecimiento a los
familiares del justiciable, de alternativas para la
continuación del tratamiento médico que le resultaba
necesario para mantener en buen estado su salud física y
mental.
Asimismo, y en virtud de que del contenido de los
archivos audio-visuales exhibidos por las responsables
relativos a la filmación de la diligencia de reincorporación
del justiciable a su domicilio familiar, se desprendía la
imagen y participación del justiciable y de diversas
personas adscritas a la dependencia en cita, las
condiciones de vida del quejoso y de sus familiares, así
como el actuar de las mencionadas autoridades en el
ejercicio de sus funciones, con apoyo en la la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
1494/2011 Pral.
24
Distrito Federal, se reservó dicha información con el
carácter de confidencial.
Por otra parte, a través del acuerdo antes referido,
tomando en consideración que, como se ha dicho con
anterioridad, el amparo y protección constitucional
concedido en el presente expediente incide de manera
directa en el derecho a una vida de calidad del
justiciable, pues su finalidad es generar las condiciones
que le permitan y faciliten el acceso a una mejor
existencia, mitigando su situación de vulnerabilidad,
indefensión y de riesgo, así como también que de las
constancias que integran los presentes autos se advertía
que el justiciable tenía un padecimiento mental,
correspondiendo a esta potestad de amparo, salvaguardar
los derechos y la dignidad de éste último, se requirió a la
agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a
efecto de que se impusiera del contenido de las
constancias exhibidas por las autoridades responsables en
la etapa de ejecución de sentencia y de los diversos
medios probatorios resguardados con el carácter de
confidenciales, para que manifestara lo que a su
representación social correspondiera, tomando como
apoyo el contenido de la tesis aislada cuyo rubro es:
“PERSONA NO SUJETA A LA PATRIA POTESTAD CON
PROBABLE RETRASO MENTAL O DISCAPACIDAD. EL
JUEZ ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA AL MINISTERIO
PÚBLICO, COMO REPRESENTANTE SOCIAL, PARA
QUE INTERVENGA EN JUICIO Y GESTIONE LO
1494/2011 Pral.
25
PERTINENTE CON EL FIN DE EVITAR QUE QUEDE
INDEFENSA, PROTEGIÉNDOSE ASÍ SU DIGNIDAD
HUMANA Y CUALQUIER ACTO DISCRIMINATORIO”.
En atención a dicho requerimiento, la agente del
Ministerio Público adscrita compareció a este órgano
jurisdiccional el trece de julio de dos mil doce,
imponiéndose del contenido de las constancias y medios
probatorios de referencia, lo que se corrobora con el acta
correspondiente, misma que obra glosada en autos (foja
1018, tomo I).
De este modo, y dentro del término concedido para
tal efecto, la Representante Social a través del pedimento
149/2012, registrado en el libro de correspondencia bajo el
folio 12090 (fojas 1021 y 1022, tomo I), solicitó que se le
expidiera copia certificada de todo lo actuado en el
expediente en que se actúa, con el fin de realizar los
trámites que le competen, petición que fue acordada de
manera favorable por auto de diecinueve de julio pasado
(foja 1023, tomo I); y a través de dicho acuerdo se le
requirió para que informara cuáles serían los trámites que
procedería a realizar con motivo de la vista ordenada por
este órgano jurisdiccional, y en su caso, exhibiera las
constancias correspondientes que acreditaran los mismos.
A través de los oficios presentados en este órgano
jurisdiccional el veintiséis de julio y el trece de agosto,
ambos del año en curso, registrados con los folios 12425
(fojas 1038 a 1041, tomo II) y 13369 (fojas 1069 a 1072,
1494/2011 Pral.
26
tomo II), las autoridades responsables Director General,
Coordinador de Atención Social Emergente y Enlace
Interinstitucional y Subdirector de Atención Social
Emergente, estos tres dependientes del Instituto de
Asistencia e Integración Social, así como la Subdirectora
Jurídica, todos de la Secretaría de Desarrollo Social del
Distrito Federal, en cumplimiento al requerimiento
contenido en auto de diez de julio de dos mil doce (fojas
1001 a 1009, tomo I), así como al diverso acuerdo de
veintisiete de julio de dos mil doce (fojas 1044 a 1048,
tomo I), remitieron copia certificada del citatorio de nueve
de agosto pasado y del acta de notificación de diez
siguiente, relativas a la diligencia de notificación del oficio
número PASE/356/2012 de dieciséis de julio de dos mil
doce, dirigido a ********, en su carácter de cuñado del
accionante del amparo, de los que se advertía que el
Coordinador del Programa de Atención Social
Emergente del Instituto de referencia le proporcionó a
la persona responsable del quejoso, la información
relativa al tratamiento médico que le fue indicado al
justiciable, e hizo de su conocimiento las alternativas
de atención a su alcance, para la continuación de la
atención médica que le fuera necesaria, así como para
la continuación del proceso de reinserción social.
Por otra parte, mediante pedimento número
151/2012, registrado con el folio 12646 (fojas 1057 y 1058,
tomo II), la agente del Ministerio Público adscrita informó
que las copias certificadas que le fueron proporcionadas,
1494/2011 Pral.
27
fueron remitidas al Delegado en el Distrito Federal de la
Procuraduría General de la República, exhibiendo el acuse
correspondiente, con el fin de que este último llevara a
cabo las acciones que estimara procedentes de
conformidad con el cúmulo de sus facultades legales.
En ese sentido, y atento al contenido del caudal
probatorio que obra en autos, del que se advirtieron las
acciones emprendidas por las autoridades vinculadas al
cumplimiento del fallo protector, por medio de las cuales,
en acatamiento a la ejecutoria de amparo, pretendieron
demostrar que brindaron al quejoso el acceso al goce de
una mejor existencia, que le proporcionaron albergue,
alimentación, servicio médico, vestido, que lo canalizaron
al Centro de Asistencia e Integración Social “Plaza del
Estudiante”, y posteriormente, que realizaron las
diligencias necesarias a efecto de incorporarlo a su
domicilio familiar, y que proporcionaron a sus familiares la
información correspondiente, con la finalidad de que
continuara con el proceso de reintegración social, por auto
de quince de agosto de dos mil doce (fojas 1075 a 1077,
tomo I), se dio vista personal a la parte quejosa, por
conducto de su autorizado en amplios términos del artículo
27 de la Ley de Amparo, y atendiendo a las
particularidades del caso, así como a la especial situación
del impetrante del amparo, también se dio vista al ahora
responsable del quejoso, y a la agente del Ministerio
Público de la Federación adscrita, para que expresaran lo
que a su interés legal y representación social
1494/2011 Pral.
28
correspondiera, en relación con el cumplimiento dado al
fallo protector.
Así, a través del escrito y del pedimento 186/2012,
registrados en el libro de correspondencia bajo los folios
14221 y 14328 (fojas 1089 y 1100, tomo II), el autorizado
de la parte quejosa en amplios términos del artículo 27 de
la Ley de Amparo, y la agente del Ministerio Público de la
Federación adscrita, desahogaron la vista de que se trata,
manifestando, el primero de ellos, su desacuerdo con el
cumplimiento dado al fallo constitucional, y la segunda, que
la ejecutoria de amparo se encontraba cumplida.
En ese sentido, a fin de determinar si el fallo
constitucional dictado en la presente instancia se
encuentra cumplido, se estima necesario enfatizar que los
efectos para los cuales se concedió el amparo y protección
de la Justicia Federal, fueron los siguientes:
“[…]
En consecuencia, este Juzgado de
Distrito considera que suplidos en su
deficiencia los conceptos de violación
expuestos por la parte quejosa, en términos
de lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción
VI, de la ley de la materia, resultan fundados
y suficientes para concederle el amparo y
protección de la Justicia Federal solicitados,
para el efecto de que el Secretario de
Desarrollo Social del Distrito Federal,
dentro del plazo de veinticuatro horas, que
correrá a partir del momento en el que la
presente sentencia alcance el grado de
1494/2011 Pral.
29
ejecutoria, ordene a las autoridades adscritas
a la dependencia a su cargo, que lleven a
cabo las acciones necesarias para que ********
sea incorporado al “Programa de atención
preventiva y emergente a personas
afectadas por contingencia o en
vulnerabilidad social” que se encuentre
vigente, a fin de que se le garantice el acceso
a los recursos indispensables que le
garanticen su subsistencia y en consecuencia
el goce de una vida digna, entre los que se
encuentran, proporcionarle albergue,
alimentación, servicio médico, vestido, así
como canalizarlo a los Centros de
Asistencia e Integración Social, hospitales
médicos y psiquiátricos en caso de
requerirlo, previa valoración que se realice,
con la finalidad de lograr su reinserción en
la sociedad, de ser posible.
[…]”
Ahora bien, del cúmulo probatorio que obra en autos,
así como de las constancias que fueron resguardadas con
el carácter de confidenciales, y que han quedado descritas
en párrafos que anteceden, en específico, de las
documentales que integran el Expediente de historia
clínica, historia clínica de salud mental y de estudio
social, perteneciente al accionante del amparo, mismas
que fueron resguardadas en el seguro de este Juzgado
con el número 6/2012, se desprende que el veintiuno de
mayo de dos mil doce, luego de diversas diligencias de
acercamiento por parte de autoridades dependientes de la
Secretaría de Desarrollo Social, el justiciable ingresó de
1494/2011 Pral.
30
manera voluntaria a las instalaciones del Programa de
Atención Social Emergente, ubicadas en calle Sur 65 A,
número 3246, colonia Viaducto Piedad, Delegación
Iztacalco, en esta Ciudad, para posteriormente ser
canalizado e ingresado al Centro de Asistencia e
Integración Social “Plaza del Estudiante”, lugar en el que el
accionante del amparo fue registrado, se le proporcionó el
alojamiento, alimentación, vestimenta y el servicio médico
que requería de inmediato -diligencias que se encuentran
videograbadas y contenidas en las dos memorias de
almacenaje digital USB (Universal Serial Bus, por sus
siglas en inglés), resguardadas en el seguro del Juzgado
bajo el número 5/2012-.
De igual modo, se aprecia que el veinticinco del
mismo mes y año, fue valorado por un Médico Psiquiatra y
Adictólogo, quien lo diagnosticó con un presunto
padecimiento de esquizofrenia indiferenciada,
prescribiéndole tratamiento psicofarmacológico, el cual,
según las bitácoras correspondientes, le fue suministrado
dos veces al día, durante su estancia en dicho Centro.
Asimismo, se advierte que el doce de junio del año
en curso, se le realizaron distintas valoraciones, a saber,
“Historia Clínica”, “Historia Clínica de Salud Mental” y
“Estudio Social”, a las cuales se les dio seguimiento
correspondiente, como se desprende de las respectivas
notas de evolución.
1494/2011 Pral.
31
En ese sentido, una vez que este órgano
jurisdiccional tuvo conocimiento de que el quejoso había
sido ingresado al Centro de Asistencia e Integración Social
“Plaza del Estudiante”, ordenó la práctica de una visita
espontánea a efecto de que pudiera constatarse, de
manera fehaciente, por un lado, que el quejoso se
encontraba efectivamente incorporado al “Programa de
Atención Social Emergente”, así como que se le brindaba
la alimentación, manutención y atención médica que por su
condición especial requería.
Así, de la diligencia en comento, se lograron advertir
las condiciones de vida del quejoso y el entorno en el que
se desenvolvía, así como el lugar en donde se encontraba
en aquel momento.
Continuando con el estudio del acervo probatorio, en
específico, de la Nota de seguimiento del impetrante del
amparo de diecinueve de junio de dos mil dos mil doce,
signado por la Trabajadora Social adscrita a la Dirección
General del Instituto de Asistencia e Integración Social de
la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal,
relativo al Plan de Trabajo elaborado para la atención
social del aquí quejoso (foja 971), se advirtió, por una
parte, que el once de junio pasado, de conformidad con el
Programa de Atención Social Emergente, se llevó a cabo
una visita al inmueble que el justiciable refirió como último
domicilio en esta Ciudad, sin que pudiera localizarse algún
familiar -diligencia que se encuentra videograbada y
1494/2011 Pral.
32
contenida en el disco compacto, resguardado en el seguro
del Juzgado bajo el número 6/2012-, y por otra parte, que
para el veinte de junio de dos mil doce se había
programado una nueva visita, con la finalidad de que el
propio quejoso reconociera el lugar en donde vivía y
confirmar la existencia de familiares.
De esta forma, en apego al Manual Administrativo de
la Dirección General del Instituto de Asistencia e
Integración Social “Coordinación de Atención Social
Emergente y Enlace Institucional”, que rige, entre otros
ordenamientos, al Programa de Atención Social
Emergente, en concreto, al Procedimiento “Reinserción a
su núcleo familiar y Reintegración a su lugar de origen”, las
autoridades responsables se trasladaron con el justiciable
al domicilio que éste proporcionó, y una vez en dicho lugar,
el propio accionante del amparo reconoció el inmueble que
dijo ser su último domicilio en esta Ciudad, lugar en el que
se entrevistaron con quien dijo llamarse ******** y ser
cuñado del quejoso, persona que reconoció al justiciable,
informando a la autoridad que tanto la madre del quejoso
como su hermana, habían fallecido.
Durante el desahogo de dicha diligencia el quejoso
reconoció por dentro el inmueble, ubicando su habitación y
algunas pertenencias; de igual modo, se preguntó a
******** que si al ser familiar político del quejoso y habitar el
domicilio en donde vivió la madre y la hermana del
accionante del amparo, era factible que lo recibiera, a lo
1494/2011 Pral.
33
que accedió, asimismo, se le preguntó al impetrante del
amparo si era su deseo quedarse en dicho lugar, a lo que
de manera voluntaria también aceptó.
Lo anterior puede constatarse de la Nota Informativa
de veintiuno de junio de dos mil doce, signada por el
Responsable del programa de Atención Social Emergente,
del Formato de Reinserción Familiar de esa misma fecha
suscrito por ******** y por la Trabajadora Social adscrita a
la Dirección General del Instituto de Asistencia e
Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social del
Distrito Federal (fojas 944 a 997, tomo I), así como del
contenido de la videograbación relativa a dicha diligencia
contenida en los discos compactos resguardados en el
seguro del Juzgado con el número 8/2012.
Por otra parte, el veintiséis de junio pasado, personal
del Instituto de Asistencia e Integración Social de la
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal realizó
una visita al ahora domicilio del justiciable, con la finalidad
de entregarle el medicamento que le fue recetado por los
médicos que lo valoraron durante su estancia en el Centro
de Asistencia e Integración Social “Plaza del Estudiante”,
haciéndole llegar medicamento suficiente para continuar su
tratamiento por el lapso de ochenta días -diligencia que se
encuentra videograbada y contenida en el disco compacto,
resguardado en el seguro del Juzgado bajo el número
8/2012-, y que se corrobora con el contenido de la Nota
1494/2011 Pral.
34
Informativa de veintisiete de junio siguiente (foja 1000,
tomo I).
Finalmente, las autoridades exhibieron el oficio
PASE/356/2012 de dieciséis de julio de dos mil doce,
dirigido al responsable del quejoso, del que se desprende
que el Coordinador del Programa de Atención Social
Emergente del Instituto de referencia le proporcionó por
escrito la información relativa del tratamiento médico que le
fue indicado al justiciable, y le hizo de su conocimiento las
alternativas de atención a su alcance para la continuación
de la atención médica que le era necesaria, al quejoso así
como para la continuación del proceso de reinserción
social (fojas 1042 a 1043 y 1073 a 1074, tomo II).
De lo anteriormente considerado, y no obstante las
manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte
quejosa, este órgano jurisdiccional considera reparado
el núcleo esencial del derecho violado, en virtud de que
las autoridades responsables demostraron haber llevado a
cabo todas las medidas y haber ejecutado todas aquellas
acciones que resultaron necesarias para incorporar al
quejoso al programa de asistencia social vigente, además
de que como quedó evidenciado, el justiciable fue alejado
de la situación de calle en que se encontraba al momento
de la presentación de la demanda de amparo a que el
presente expediente corresponde [1], posteriormente fue
incorporado, de manera voluntaria, al “Programa de
1494/2011 Pral.
35
Atención Social Emergente” de la Secretaría de Desarrollo
Social del Distrito Federal [2].
Después, fue canalizado a un Centro de Asistencia e
Integración Social, lugar en el que le fue proporcionado
alojamiento, vestido y alimentación, además de que se le
brindó el acceso a servicios de salud, puesto que fue
valorado y diagnosticado médicamente, se le prescribió un
tratamiento psicofarmacológico, y se le dio seguimiento a
éste, así como también le fueron proporcionados los
medicamentos necesarios [3].
De igual modo, se mitigó la situación de
vulnerabilidad, indefensión y de riesgo en que se
encontraba el accionante del amparo, toda vez que la
atención y los servicios que le fueron proporcionados
permitió que reconociera su propio domicilio, a los
familiares que en él habitan, y que finalmente accediera,
de forma voluntaria, a incorporarse al mismo, reduciendo
de esta manera los peligros que corría diariamente al
permanecer en la situación de calle en que se encontraba,
disminuyendo su estado de vulnerabilidad [4].
Circunstancias que se pueden constatar a través de
los medios probatorios exhibidos por las autoridades
vinculadas al cumplimiento fallo constitucional y que fueron
detallados y estudiados a lo largo del presente proveído.
En ese sentido, no debe de perderse de vista, como
se dijo con anterioridad, que el amparo y protección de la
1494/2011 Pral.
36
Justicia de la Unión concedido al quejoso en el presente
asunto, se otorgó para el efecto que el Secretario de
Desarrollo Social del Distrito Federal, por conducto de las
autoridades adscritas a la dependencia a su cargo,
incorporara al quejoso al “Programa de Atención
Preventiva y Emergente a Personas Afectadas por
Contingencia o en Vulnerabilidad Social” vigente, a fin
garantizar su acceso a los recursos indispensables que
aseguraran su subsistencia y en consecuencia, el goce de
una mejor existencia, proporcionándole albergue,
alimentación, servicio médico, vestido, y canalizándolo al
Centro de Asistencia e Integración Social correspondiente,
hospitales médicos y psiquiátricos en caso de requerirlo,
con la finalidad de lograr su reinserción en la sociedad.
Así, debe destacarse que el “Programa de Atención
Social Emergente” tiene como objetivos, entre otros,
atender a la población en desventaja social y/o en
situación de abandono, así como ofrecer servicios
asistenciales a grupos vulnerables o en situación de
riesgo, y brindar atención a la población en situación de
calle, ofreciéndole servicios de salud, sitios de pernocta y
alimentos, los que se prestan en los Centros de Asistencia
e Integración Social, con lo que se busca reinsertar a
dichas personas, social y familiarmente, según lo
permitan las características del caso, a través de la
localización y sensibilización al núcleo familiar sobre la
importancia y los deberes de rescatar y apoyar a los
1494/2011 Pral.
37
familiares que se encuentran en situación de abandono
social.
Luego, de las actuaciones contenidas en la etapa de
cumplimiento de sentencia, se desprende que las
autoridades responsables aplicaron en favor del quejoso el
“Programa de Atención Social Emergente”, pues luego de
que fue incorporado al mismo, y valorado física y
psicológicamente, se pudo lograr su reinserción a su
núcleo familiar a través de la sensibilización, lo que
permitió, como se ha dicho, que el quejoso tuviera el
acceso a una mejor existencia, en convivencia con su
propio núcleo familiar.
Lo anterior pone de manifiesto que la sentencia de
amparo ha sido cumplida en su núcleo esencial,
restituyéndose de esa manera al justiciable, en términos
del artículo 80 de la Ley de Amparo.
Ciertamente, no obstante las manifestaciones del
autorizado de la parte quejosa, es preciso puntualizar lo
siguiente:
Este Juzgado, como todo órgano con funciones
jurisdiccionales, tiene el poder, inherente a sus
atribuciones, de determinar el alcance de su propia
competencia, así como de sus resoluciones y fallos, y el
cumplimiento de estos últimos no puede quedar al mero
arbitrio de las partes, pues sería inadmisible subordinar el
1494/2011 Pral.
38
mecanismo previsto en la Ley de Amparo a sus
imposiciones haciendo inoperante la función del Tribunal.
Bajo este esquema, es cierto que la supervisión del
cumplimiento de las sentencias es uno de los elementos
que componen la jurisdicción y la efectividad de las
mismas depende de su cumplimiento.
Además, el cumplimiento de las decisiones y
sentencias debe ser considerado parte integrante del
derecho de acceso a la justicia, entendido éste en sentido
amplio. Lo contrario supone la negación misma de este
derecho.
Así pues, es cierto que, como se dijo, este Juzgado
tiene la facultad, inherente a su función jurisdiccional, de
supervisar el cumplimiento de sus decisiones y de obligar a
las autoridades a que respeten sus decisiones, empero, no
tiene facultades para actuar, a petición de parte o motu
proprio, asumiendo competencias y facultades que no le
son propias y que van mucho más allá de los efectos
protectores del amparo.
Ciertamente, las decisiones emitidas por este órgano
en el procedimiento de supervisión de cumplimiento atañen
directamente a la restitución del agraviado en el goce del
derecho humano y la garantía violada, pero en manera
alguna las actuaciones exigidas deben modificar los
alcances del fallo aquí dictado.
1494/2011 Pral.
39
En ese sentido, no debe perderse de vista, que en
un estado compuesto por tres poderes, a cada uno le
corresponde su actuación según el marco normativo
vigente, de manera que este Juzgado debe ejercer su
facultad inherente con apego a la ley y no arbitrariamente
con el pretexto de supervisar el cumplimiento de sus
decisiones.
Luego, en lo que atañe al presente caso, este
órgano jurisdiccional considera que las actuaciones sobre
el cumplimiento de sentencia que ha dictado, fueron
emitidas dentro del ámbito de su competencia, con el
propósito de lograr la aplicación de un programa social en
beneficio del justiciable, lo cual ya acontenció, empero, no
puede llegar al extremo de sustituir a las autoridades
responsables competentes, en el ámbito de atribuciones
que a cada una de ellas corresponde, ni mucho menos
desconocer los límites de su propia sentencia. Hacerlo,
atentaría evidentemente contra los límites de la función
jurisdiccional.
En efecto, pretender que este Juzgado ordene,
reoriente, dirija y califique el actuar de las responsables
emitido en cumplimiento a la sentencia, pero con plenitud
de jurisdicción, resulta una cuestión ajena a su función y
desproporcional con los efectos de la propia sentencia de
amparo, pues no debe perderse de vista que la única
finalidad de dicha concesión fue la de hacer cesar una
omisión, lo cual, de conformidad con lo descrito a lo largo
1494/2011 Pral.
40
de presente proveído ya sucedió, habida cuenta de que,
como quedó demostrado, se mitigó la situación de
vulnerabilidad, indefensión y de riesgo en que se
encontraba el accionante del amparo al momento de la
presentación de la demanda, toda vez que, como también
ya se dijo, la atención y los servicios que le fueron
proporcionados por parte de las autoridades responsables
permitió que reconociera su propio domicilio, a los
familiares que en él habitan, y que finalmente accediera,
de forma voluntaria, a incorporarse al mismo, reduciendo
de esta manera los peligros que corría diariamente al
permanecer en la situación de calle en que se encontraba,
y disminuyendo así su propio estado de vulnerabilidad.
Luego, al haberse reparado en su núcleo esencial
las garantías individuales violadas al quejoso, se impone
concluir que el fallo protector ha quedado cumplido.
Por ende, lo anterior hágase del conocimiento de la
parte quejosa, por conducto de su autorizado en
amplios términos del artículo 27 de la ley de la materia,
y atendiendo a las particularidades del caso, así como a la
especial situación del accionante del amparo, notifíquese
también a ********, en su carácter de cuñado y
responsable del justiciable, persona que podrá ser
notificada en el inmueble ubicado en ********, así como a la
Agente del Ministerio Público adscrita, para los efectos
1494/2011 Pral.
41
del tercer párrafo del artículo 105 de la ley reglamentaria
de los artículos 103 y 107 constitucionales.
NOTIFÍQUESE; Y POR LISTA A LA PARTE
QUEJOSA Y PERSONALMENTE A ********, EN SU CARÁCTER DE CUÑADO Y RESPONSABLE DEL JUSTICIABLE, ASI COMO A LA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITA.
Así lo proveyó y firma Silvia Cerón Fernández, Juez
Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, asistida por el secretario Carlos David Bautista
Lozano, quien autoriza y da fe. C DAVID
EL SECRETARIO HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA PARTE FINAL DEL PROVEÍDO DE CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 1494/2011;
DE IGUAL MODO, QUE EN LA MISMA FECHA SE LIBRARON LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES PARA COMUNICAR EL AUTO QUE ANTECEDE. CONSTE.
