APLICACION DEL DERECHO EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO(6-07)

Centro de Informacioacuten Juriacutedica en LiacuteneaConvenio Colegio de Abogados ndash Universidad de Costa Rica

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INFORME DE INVESTIGACIOacuteN CIJUL

TEMA APLICACIOacuteN DEL DERECHO EN EL TIEMPO Y EL ESPACIORESUMEN El presente trabajo aborda el tema de la Aplicacioacuten delDerecho en el tiempo y el espacio desde los puntos de vistadoctrinario normativo y jurisprudencial incluyendo aplicacioacutende la ley en el tiempo y espacio obligatoriedad de las leyesefectos de la inconstitucionalidad de una ley derecho adquiridosituacioacuten consolidada vigencia y eficacia de las normasjuriacutedicas conflicto de leyes en el tiempo entre otros

Iacutendice de contenido1DOCTRINA2APLICACIOacuteN DE LA LEY EN EL TIEMPOIRRETROACTIVIDAD DE LA LEYPENAL2APLICACIOacuteN DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO TERRITORIALIDAD YEXTRATERRITORIALIDAD 3

2NORMATIVA3CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LA REPUacuteBLICA DE COSTA RICA3COacuteDIGO CIVIL 4COacuteDIGO PENAL7APLICACIOacuteN EN EL ESPACIO7TERRITORIALIDAD7EXTRATERRITORIALIDAD7

APLICACIOacuteN EN EL TIEMPO9EPOCA DE VIGENCIA DE LA LEY PENAL9

3JURISPRUDENCIA10ANAacuteLISIS SOBRE EFECTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY APLICABLE10CONCEPTO DE UNICIDAD O SINGULARIDAD DERECHO ADQUIRIDO YSITUACIOacuteN JURIacuteDICA CONSOLIDADA31PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY APLICACIOacuteN EN MATERIATRIBUTARIA38NORMAS JURIacuteDICAS ANAacuteLISIS DE SU APLICACIOacuteN RETROACTIVA44

4PROCURADURIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DE COSTA RICA47SOBRE LA VIGENCIA DE LAS NORMAS JURIDICAS47CONFLICTO DE LEYES EN EL TIEMPO48LA EFICACIA DE LOS REGLAMENTOS DEPENDE DE SU PUBLICACIOacuteN51PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL 55APLICACIOacuteN DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO83

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OBLIGATORIEDAD DE LA LEY FACTORES QUE INCIDEN SOBRE LA VIGENCIADE LA NORMA 83VIGENCIA Y EFICACIA DE NORMAS JURIacuteDICAS APLICACIOacuteN DELDERECHO INTERNACIONAL EN EL PAIacuteS PROBLEMAS DE EFICACIA DERECHOINTERNO SUBORDINADO89APLICACIOacuteN DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO94EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL95

1 DOCTRINA

APLICACIOacuteN DE LA LEY EN EL TIEMPOIRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL[HERRERA LAURENT Edwin]1

El principio de irretroactividad soacutelo tiene en parte caraacutecterabsoluto que el legislador ha de respetar siempre(La ley penal no puede regular hechos cometidos antes de suentrada en vigencia si perjudica la situacioacuten juriacutedica de losrespon sables pero debe regularlos si es beneacutefica para ellos enesto es donde se quiebra el principio de la irretroactividad perola ley maacutes gravosa carece siempre de efecto retroactivo y asiacute diceGrispigniNo es necesario vacilar para explicar el fundamento ra cional detal principio que soacutelo es uno de los aspectos do la maacuteximaNULLUM CRIMEN NULLA PENA SINE PREVIA LEGEBasta pensar en los inconvenientes que surgiriacutean si se siguiese elcriterio opuesto no existiriacutea ya garantiacutea alguna nadie sabriacutea sipor la propia actividad actual mente liacutecita no podriacutea ser penadomantildeanase abririacutea el campo a toda posibilidad de abusos y devenganzas especialmente poliacuteticas por parte de quienesrecientemente llegaran al poder La ley penal no puede regular hechos cometidos antes de su entradaen vigor siacute perjudica por se maacutes gravosa al reo en otraspalabras seguacuten la teoriacutea y la jurisprudencia de la ley penal nopuede tener el sentido de una ley EXPOST FACTOo sea de una leyposterior al hecho que empeore la condicioacuten de los acusados



APLICACIOacuteN DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO TERRITORIALIDAD YEXTRATERRITORIALIDAD [QUINTEROS VELAZCO Juan]2

Es sabido que el Estado es el oacutergano de Derecho y su misioacuten maacutesimportante es la proteccioacuten de los intereses colectivos- Lasoberan es un atributo esencial del Estado y consiste en el podersupremo d eacuteste para determinar y hacer efectivo el derecho en lavida social -Las leyes que consideran TERRITORIALES porque el estado dentro desu territorio debe velar por la tutela de los intereses juriacutedicospor lo cual la ley penal de cada Estado se aplica a los hechosdelic tuosos cualesquiera que fuere la nacionalidad deldelincuente y de la viacutectimaEntendido este principio de modo absoluto casi ninguna garantiacuteaprestariacutea el Estado a los intereses sociales pues se limitariacutea lajurisdiccioacuten a la represioacuten de los delitos que se produjeranuacutenicamente dentro de sus fronteras y faacutecil seriacutea burlar laseguridad puacuteblica de Estado- De esto se desprende la necesidad deaplicar la ley penal en ciertos delitos cometidos en el exteriorya sea por nacionales o por extranjeros por lo cual la ley penalse considera tambieacuten como EXTRA TERRITORIAL El principio de la extraterritorialidad de la ley penal ha venaevolucionando a traveacutes de distintas etapas siendo varios lossistemas sustentados los cuales pueden reducirse a tress A)PRINCIPIO DE LA PERSONALIDAD o de LA NACIONALIDAD DE LA LEY B)PRINCIPIO REAL o de DEFENSA C) PRINCIPIO DE LA JUSTICIA MUNDIAL ode LA UNIVERSALIDAD -() Hemos visto que el principio de territorialidad de la ley penales el que domina en todas las legislaciones teniendo el papel decomplementarias las doctrinas de la extraterritorialidad de lasleye penales- Asiacute pues en principio general la ley penal seaplica coi preferencia al territorio nacional y a las personas quelo habitan sean nacionales o extranjeras salvo algunasexcepciones como luego veremos-

2 NORMATIVA

CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LA REPUacuteBLICA DE COSTA RICA3

ARTIacuteCULO 34- A ninguna ley se le daraacute efecto retroactivo en



perjuicio de persona o de sus derechos patrimoniales adquiridos ode situaciones juriacutedicas consolidadas

ARTIacuteCULO 129- Las leyes son obligatorias y surten efectos desdeel diacutea que ellas designen a falta de este requisito diez diacuteasdespueacutes de su publicacioacuten en el Diario Oficial

Nadie puede alegar ignorancia de la ley salvo en los casosque la misma autorice

No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general ni laespecial de las de intereacutes puacuteblico

Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas seraacutennulos si las mismas leyes no disponen otra cosa

La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posteriorcontra su observancia no podraacute alegarse desuso costumbre nipraacutectica en contrario Por viacutea de refereacutendum el pueblo podraacuteabrogarla o derogarla de conformidad con el artiacuteculo 105 de estaConstitucioacuten

(Asiacute reformado el paacuterrafo anterior por el inciso d) del artiacuteculo1deg de la Ley Ndeg 8281 de 28 de mayo del 2002)

COacuteDIGO CIVIL4

ARTIacuteCULO 5ordm- Las normas juriacutedicas contenidas en los tratados yconvenios internacionales no seraacuten de aplicacioacuten directa en CostaRica en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamientointerno mediante su aprobacioacuten por la Asamblea Legislativa ypublicacioacuten iacutentegra en el diario oficial La Gaceta

(Asiacute reformado por Ley Nordm 7020 de 6 de enero de 1986 artiacuteculo 1ordm)

ARTIacuteCULO 7ordm- Las leyes entraraacuten en vigor diez diacuteas despueacutes de sucompleta y correcta publicacioacuten en el diario oficial La Gaceta



si en ellas no se dispone otra cosa Sin embargo si el error odefecto comprendiere soacutelo alguna a algunas de las normas de unaley las demaacutes disposiciones de eacutesta tendraacuten plena validezindependientemente de la posterior publicacioacuten que se hagasiempre que se trate de normas con valor propio que se hubierenaplicado de esa manera


ARTIacuteCULO 8ordm- Las leyes soacutelo se derogan por otras posteriores ycontra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbre opraacutectica en contrario La derogatoria tendraacute el alcance queexpresamente se disponga y se extenderaacute tambieacuten a todo aquello queen la ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con laanterior

Por la simple derogatoria de una ley no recobran vigencia las queeacutesta hubiere derogado


ARTIacuteCULO 13- Las leyes penales las excepciones y las de aacutembitotemporal no se aplicaraacuten a supuestos ni en momentos distintos delos comprendidos expresamente en ellas


ARTIacuteCULO 23- Las leyes de la Repuacuteblica concernientes al estado ycapacidad de las personas obligan a los costarricenses para todoacto juriacutedico o contrato que deba tener su ejecucioacuten en CostaRicacualquiera que sea el paiacutes donde se ejecute o celebre elcontrato yobligan tambieacuten a los extranjeros respecto de losactos que se ejecuten o de los contratos que se celebren y quehayan de ejecutarse en Costa Rica


ARTIacuteCULO 24- Las leyes costarricenses rigen los bienes inmueblessituados en la Repuacuteblica aunque pertenezcan a extranjeros ya seconsideren dichos bienes aisladamente en siacute mismos ya en relacioacutencon los derechos del propietario como parte de una herencia o deotra universalidad




ARTIacuteCULO 25- Los bienes muebles pertenecientes a loscostarricenses o extranjeros domiciliados en la Repuacuteblica seregiraacuten como los inmuebles situados en Costa Rica pero losmuebles que pertenezcan a extranjeros no domiciliados en laRepuacuteblica soacutelo se regiraacuten por las leyes costarricenses cuando seles considere aisladamente en siacute mismo


ARTIacuteCULO 26- La prescripcioacuten y todo lo que concierna al modo decumplir o extinguir las obligaciones que resulten de cualquieracto juriacutedico o contrato que haya de ejecutarse en Costa Rica seregiraacute por las leyes costarricenses aunque los otorgantes seanextranjeros y aunque el acto o contrato no se haya ejecutado ocelebrado en la Repuacuteblica


ARTIacuteCULO 27- Para la interpretacioacuten de un contrato y para fijarlos defectos mediatos o inmediatos que de eacutel resulten serecurriraacute a las leyes del lugar donde se hubiere celebrado elcontrato pero si los contratantes tuvieren una mismanacionalidad se recurriraacute a las leyes de su paiacutes

En los testamentos se aplicaraacuten las leyes del paiacutes donde tuvieresu domicilio el testador

Respecto de matrimonios atenderaacute a las leyes del lugar dondehubieren convenido en establecerse los coacutenyuges y a falta de eseconvenio a las del paiacutes donde tenga su domicilio el coacutenyugedemandado o en el caso de separacioacuten a las del domicilio decualquiera de ellos


ARTIacuteCULO 28- En cuanto a la forma y solemnidades externas de uncontrato o de un acto juriacutedico que deba tener efecto en CostaRica el otorgante u otorgantes pueden sujetarse a las leyescostarricenses o a las del paiacutes donde el acto o contrato seejecute o celebre

Para los casos en que las leyes de Costa Rica exigiereninstrumento puacuteblico no valdraacuten las escrituras privadascualquiera que sea la fuerza de eacutestas en el paiacutes donde se hubierenotorgado




ARTIacuteCULO 29- El matrimonio contraiacutedo por extranjeros fuera deCosta Rica con arreglo a las leyes del paiacutes en que se celebresurtiraacute todos los efectos civiles del matrimonio legiacutetimo siempreque no esteacute comprendido entre los matrimonios que son legalmenteimposibles


ARTIacuteCULO 30- El que funde su derecho en leyes extranjeras deberaacuteprobar la existencia de eacutestas


COacuteDIGO PENAL5

APLICACIOacuteN EN EL ESPACIO

TERRITORIALIDAD

Artiacuteculo 4ordm-

La ley penal costarricense se aplicaraacute a quien cometa un hechopunible en el territorio de la Repuacuteblica salvo las excepcionesestablecidas en los tratados convenios y reglas internacionalesaceptados por Costa Rica Para los efectos de esta disposicioacuten seentenderaacute por territorio de la Repuacuteblica ademaacutes del natural ogeograacutefico el mar territorial el espacio aeacutereo que los cubre yla plataforma continental

Se consideraraacute tambieacuten territorio nacional las naves y aeronavescostarricenses

EXTRATERRITORIALIDAD

ARTIacuteCULO 5ordm-



Se aplicaraacute tambieacuten la ley penal costarricense a los hechospunibles cometidos en el extranjero cuando

1) Atentaren contra la seguridad interior o exterior del Estadolo mismo contra su economiacutea y 2) Sean cometidos contra laadministracioacuten puacuteblica por funcionarios al servicio de ella seano no costarricenses

Posibilidad de incoar proceso por hechos punibles cometidos en elextranjero


Podraacute incoarse proceso por hechos punibles cometidos en elextranjero y en ese caso aplicarse la ley costarricense cuando

1) Produzcan o puedan producir sus resultados en todo o en parteen el territorio nacional

2) Hayan sido cometidos por personas al servicio de Costa Rica yno hubieren sido juzgadas en el lugar de comisioacuten del hecho envirtud de inmunidad diplomaacutetica o funcional y 3) Se perpetrarencontra alguacuten costarricense o sus derechos

Artiacuteculo 7ordmmdashIndependientemente de las disposiciones vigentes en ellugar de la comisioacuten del hecho punible y de la nacionalidad delautor se penaraacute conforme a la ley costarricense a quienescometan actos de pirateriacutea o actos de genocidio falsifiquenmonedas tiacutetulos de creacutedito billetes de banco y otros efectos alportador tomen parte en la trata de esclavos mujeres o nintildeos seocupen del traacutefico de estupefacientes o de publicaciones obscenasasimismo a quienes cometan otros hechos punibles contra losderechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario previstosen los tratados suscritos por Costa Rica o en este Coacutedigo

(Asiacute reformado por el artiacuteculo 1deg de la Ley Ndeg8272 de 2 de mayo de2002)


Para que los delitos a que se contrae el artiacuteculo 5ordm sean



perseguibles en Costa Rica se requiere uacutenicamente la accioacuten delEstado En los contemplados en los artiacuteculos 6ordm y 7ordm es necesarioque el delincuente esteacute en el territorio nacional

Ademaacutes en los casos del artiacuteculo 6ordm se precederaacute con la simplequerella del ofendido y en los del artiacuteculo 7ordm soacutelo podraacuteiniciarse la accioacuten penal mediante instancia de los oacuterganoscompetentes


No tendraacuten el valor de cosa juzgada las sentencias penalesextranjeras que se pronuncien sobre los delitos sentildealados en losartiacuteculos 4ordm y 5ordm sin embargo a la pena o a parte de ella que elreo hubiere cumplido en virtud de tales sentencias se abonaraacute laque se impusiere de conformidad con la ley nacional si ambas sonde similar naturaleza y si no lo son se atenuaraacute prudentementeaqueacutella

ARTIacuteCULO 10-

En los casos sentildealados en los artiacuteculos 6ordm y 7ordm la sentenciapenal extranjera absolutoria tendraacute valor de cosa juzgada paratodos los efectos legales La condenatoria en todos los casos latendraacute para determinar los fenoacutemenos de la reincidencia y lahabitualidad

APLICACIOacuteN EN EL TIEMPO

EPOCA DE VIGENCIA DE LA LEY PENAL

ARTIacuteCULO 11-

Los hechos punibles se juzgaraacuten de conformidad con las leyesvigentes en la eacutepoca de su comisioacuten

Ley posterior a la comisioacuten de un hecho punible

ARTIacuteCULO 12-

Si con posterioridad a la comisioacuten de un hecho punible sepromulgare una nueva ley aqueacutel se regiraacute por la que sea maacutes



favorable al reo en el caso particular que se juzgue

Ley emitida antes del cumplimiento de la condena

ARTIacuteCULO 13-

Si la promulgacioacuten de la nueva ley cuya aplicacioacuten resulta maacutesfavorable al reo se produjere antes del cumplimiento de lacondena deberaacute el Tribunal competente modificar la sentencia deacuerdo con las disposiciones de la nueva ley

Ley temporal

ARTIacuteCULO 14-

Los hechos realizados durante la vigencia de una ley destinada aregir temporalmente se juzgaraacuten siempre de conformidad con losteacuterminos de eacutesta

En cuanto a medidas de seguridad

ARTIacuteCULO 15-

En cuanto a las medidas de seguridad se aplicaraacute la ley vigenteen el momento de la sentencia y las que se dicten durante suejecucioacuten

3 JURISPRUDENCIA

ANAacuteLISIS SOBRE EFECTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY APLICABLE[SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA]6

IV- El fundamento de las pretensiones del accionante seencuentra en el artiacuteculo 1ordm inciso ch) de la Ley Nordm 148 de 23 deagosto de 1943 y sus reformas -Ley de Pensiones de Hacienda- asiacutecomo en las Normas Generales de Presupuesto nuacutemeros 19 de la LeyNordm 7055 de 18 de diciembre de 1986 y 29 de la Ley Nordm 7111 de 12de diciembre de 1988 En virtud de la accioacuten deinconstitucionalidad promovida contra esas normas generalespresupuestarias la Corte Suprema de Justicia en Sesioacuten



Extraordinaria Nordm 56-89 de las 16 horas del 21 de junio de 1989con integracioacuten de los Magistrados Suplentes por voto de mayoriacuteadecidioacute declararlas inaplicables por contrarias a una serie dedisposiciones de la Ley Fundamental y posteriormente esta SalaSegunda establecioacute asiacute los alcances de esa declaratoria IV Encuanto a la fijacioacuten de los efectos de la declaratoria deinconstitucionalidad teniendo a la vista los dictaacutemenes de laProcuraduriacutea General de la Repuacuteblica nuacutemeros C-029-90 del 28 defebrero de 1990 y C-071-90 del 16 de mayo de 1990 que transcribeel recurso cabe sentildealar que la Sala sostiene una posicioacutenjuriacutedica diferente a la de ese oacutergano administrativamente asesordel Estado y su representante en juicio de tal suerte entoncesque por las razones que se daraacute seguidamente esos dictaacutemenes noson fuente derecho para el sub juacutedice Concretamente la posicioacutende la Sala en materia laboral y para aspectos semejantes ya fueclaramente fijada a traveacutes de las sentencias nuacutemeros 130 131 132y 133 de 1420 1430 1440 y 1450 horas del 5 de setiembre de1990 En esos fallos se reprodujo en esencia las ideasexternadas a su vez en el fallo nuacutemero 113 de 10 horas del 26de julio de 1989 que conviene transcribir en lo que interesaIII La declaratoria de inconstitucionalidad conduceineludiblemente a reparar sobre la incidencia de sus efectos en eltiempo Ello plantea entonces el tema de la retroactividad elcual necesariamente debe acometer la ciencia del derecho comoimperativo para la solucioacuten de problemas praacutecticos que surgen comoconsecuencia de tal declaratoria Es por eso que no resultaaceptable la tesis del divorcio en cuanto a sus efectos entre elprincipio de la irretroactividad legal y la declaratoria deinconstitucionalidad propiciada por el recurrente Si bien escierto en esta uacuteltima no media ninguacuten conflicto de leyes pues nose trata de una ley anterior y otra posterior siacute sucede que suacaecimiento produce la nulidad de una disposicioacuten legal la cualformoacute parte del derecho positivo vigente y por consiguiente rigioacuteconductas en el pasado Este mismo fenoacutemeno se da al promulgarseuna nueva ley que se contrapone a otra que la precedioacute Susurgimiento a la vida juriacutedica determina la derogacioacuten de lapreexistente la cual reguloacute las relaciones humanas hasta esemomento por parte de la normativa en vigencia El derecho comoinstrumento de orden justicia y seguridad en la sociedad estaacutecasado con la realidad por lo que no puede desatender sustrastornos con base en postulados teoacutericos de la teacutecnicajuriacutedica A ese vicio llevariacutea precisamente sostener que lasconsecuencias en el quehacer cotidiano de una declaratoria deinconstitucionalidad nada tienen que ver con institutosconstitucionales como el de la irretroactividad legal que tratande obviar trastornos en la experiencia humana que fenoacutemenosjuriacutedicos como tal declaratoria concretamente producen soacutelo



porque una y otra -la irretroactividad y la inconstitucionalidad-responden a supuestos diferentes en su concepcioacuten juriacutedica Elderecho cuando se trata de los valores esenciales que pretenderealizar a saber justicia y seguridad debe verse einterpretarse como un todo armoacutenico ya que sus diferentesinstitutos -no obstante las peculiaridades en su construccioacutenjuriacutedica- tienden de consuno al logro de esos fines De ahiacute quelos efectos de una declaratoria de inconstitucionalidad no puedendarse en forma tal que lesionen otros principios fundamentalesconsagrados por la misma Carta Magna Bajo esa inteligencia lairretroactividad preceptuada por el artiacuteculo 34 de la ConstitucioacutenPoliacutetica no debe tenerse en el presente caso como conceptocircunscrito al supuesto del conflicto de leyes sino comoprincipio de alcances mucho maacutes amplios que engarza sus fines conpropoacutesitos de certeza y seguridad los cuales inspiran a todo elordenamiento juriacutedico confirieacutendole su valor funcional A traveacutesde esa oacuteptica el autorizado autor espantildeol Federico de Castro yBravo concibe la irretroactivadad como regla de buena poliacuteticamaacutexima de prudencia y exigencia de la equidad Como regla de buengobierno -antildeade- no puede desatender la diversidad de lascircunstancia No deben desconocerse los derechos que nacieron alamparo de disposiciones que los protegiacutean como legales(Compendio de Derecho Civil quinta edicioacuten Madrid 1970 paacutegina146) Si bien es cierto en el caso de la declaratoria deinconstitucionalidad la ley es anulada y sus efectos yaproducidos forman parte de una realidad que estaacute ahiacute comosituacioacuten juriacutedica consolidada al cobijo de una disposicioacuten legalvigente y obligatoria Si se interpretara que la nulidad absolutaestablecida por el artiacuteculo 10 constitucional afecta esa realidadello significariacutea despojar a la ley de los atributos que leconfiere el artiacuteculo 129 ibiacutedem al cual se haraacute referencia en elacaacutepite siguiente En verdad una cosa es la ley declaradainconstitucional y otra los efectos ya consumados al socaire deuna disposicioacuten legal vigente que despueacutes es anulada por talrazoacuten Por consiguiente la nulidad absoluta del susodichoartiacuteculo 10 tiene efecto para aquellos casos en que no se haaplicado la norma asiacute declarada existiendo por ende soacuteloexpectativas Mas si ya lo fue hay que respetar los derechosadquiridos en aras de la seguridad juriacutedica IV El artiacuteculo 129de nuestra Carta Magna por su parte inspirado en los principiosde certeza y seguridad enunciados establece la obligatoriedad delas leyes y cuaacutendo eacutestas surten sus efectos consagra comoprecepto que nadie puede alegar ignorancia de ellas asiacute como suirrenunciabilidad en general al igual que otros aspectos como elde que no quedan abrogadas ni derogadas sino por otra posteriory que contra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbreni praacutectica en contrario Todo ello al igual que el artiacuteculo 34



ya comentado tiende a darle creacutedito a la ley solidez ypermanencia al derecho de forma tal que el individuo en su vidade relacioacuten pueda confiar en el ordenamiento juriacutedico De otramanera la inestabilidad y la incertidumbre reinariacutean frustrandoel orden social y abortando las iniciativas tan necesarias para eldesarrollo dentro de una comunidad Como se ve los principioscontenidos en los referidos dos artiacuteculos constitucionales secomplementan Ambos constituyen pilares del valor fundamental asaber la seguridad que persigue el derecho A su lado figura elotro valor esencial que es primordial sea la Justicia Ningunode los dos como fines es absoluto ya que en alguacuten momento unode ellos en obsequio a la supervivencia del otro tiene queceder como ocurre en el caso de la prescripcioacuten en que en favorde la seguridad cede la justicia A la seguridad conviene que elordenamiento juriacutedico se mantenga inalterado Sin embargo siendoel derecho un producto social referido a una realidad cambiantede la que no debe sustraerse la justicia exige en ciertosmomentos el remozamiento de la normativa mediante la modificacioacuteny abrogacioacuten de sus disposiciones Tal modificacioacuten y abrogacioacutenpueden darse por medio de nuevas leyes que se promulgan o de ladeclaratoria de inconstitucionalidad En ambos casos en aras dela justicia se quiebra parcialmente el objeto de permanencia queimplica seguridad No obstante si para la Justicia es menesterque en ciertas circunstancias la seguridad ceda los alcances deesta excepcioacuten deben circunscribirse al menor grado posible deforma tal que por esa grieta no pueda introducirse laincertidumbre capaz de impedir que el individuo planifique conacierto y sin temores sus metas de desarrollo para labrar sufuturo Si con miras a ese fin de justicia se crean nuevas leyeslo cual hace ceder la seguridad del status quo por razoacuten delcambio que ello entrantildea ese cambio al menos no debe afectar losderechos adquiridos ni las situaciones juriacutedicas consolidadasmerced a la ley abrogada lo cual ha dado lugar a la doctrina dela supervivencia del derecho abolido De no ser asiacute peligrariacuteael fin primordial que es la Justicia al entronizarse lainseguridad y el desorden factores que la tornan inalcanzablesMientras que el fallo transcrito se dirige a determinar laprocedencia de una declaratoria de retroactividad de los efectosde una sentencia que declara la inconstitucional de disposicioneslegales en el tanto eacutestas establecieron derecho para lostrabajadores cuyo disfrute reclamaron ellos en la viacuteaadministrativa y luego en la jurisdiccional ante la negativapatronal desde aquella sede por razones de constitucionalidad enel presente es el trabajador al que la ley legiacutetima le otorgabadeterminados derechos y que le fueron suprimidos por las normasque se declararon inconstitucionales quien reclama laretroactividad de tal declaratoria de inconstitucionalidad a fin



de tener aquellas disposiciones como inexistentes Ahora bien noobstante que se trata de una declaratoria de inconstitucionalidadefectuada por Corte Plena antes de la entrada en vigencia de lanovedosa Ley de Jurisdiccioacuten Constitucional la Sala encuentra auacutenplenamente aplicable en lo esencial el criterio sostenido en lasentencia nuacutemero 102 de las 9 horas del 18 de junio de 1986 enla que se dijo IIPero ya la Corte Plena respondiendo apretensiones de esa iacutendole de interesados en recursos de inconstitucionalidad ha dicho que tal nulidad nose puede decretar en la forma que establece el artiacuteculo 10indicado porque el Coacutedigo de Procedimientos Civiles habla deinaplicabilidad y por esa razoacuten la Corte se ha abstenido de darinterpretacioacuten precisa sino que deja a los tribunales a que enlos casos concretos interpreten la ley En el caso de autos portratarse de materia laboral cuya legislacioacuten impone lainterpretacioacuten de las disposiciones legales en beneficio deltrabajador si existiere duda no queda otra alternativa quehacerlo de ese modo y decir que la inaplicabilidad decretada porla Corte Plena respecto de la norma 101 no podriacutea tener efectoretroactivo en perjuicio del trabajador Asiacute las cosascorrespondieacutendole a la Sala graduar los efectos de la declaratoriade inconstitucionalidad en el caso concreto se debe echar mano ala par de los principio que consagra el numeral 17 del Coacutedigo deTrabajo que mandan ante la controversia resolver en intereacutes deltrabajador a otros de igual solera y de arraigo pleno en nuestrasconstituciones material y formal que a partir del reconocimientode la Suprema Ley como norma juriacutedica superior de aplicacioacutendirecta se desprenden del contenido de los artiacuteculos 10 -anteriory actual aqueacutel que confirmoacute lo que ya disponiacutea el numeral 17 dela Constitucioacuten Poliacutetica de 1871 son nulas y de ninguacutenvalor con su orden seraacuten absolutamente nulas y eacutestecon su complementacioacuten por el artiacuteculo 91 de la Ley de esajurisdiccioacuten especializada- de la Constitucioacuten Poliacutetica y semantienen en forma expresa o impliciacuteta en el ordenamientojuriacutedico positivo -del que desaparecieron las Normas Generalesespurias con las que el Estado pretendioacute sacar un provecho tanilegiacutetimo como inadmisible en un Estado de Derecho- como sedesprende tambieacuten de los artiacuteculos 8 inciso a) de la LeyOrgaacutenica del Poder Judicial 1 2 10 y 20 del Coacutedigo Civil y delos numerales 6 146-3 y-4 166 169 170 y 171 de la LeyGeneral de la Administracioacuten Puacuteblica que han informado ladecisioacuten de esta Sala Ademaacutes conforme a la sentencia de la SalaConstitucional Ndeg 1147-90 de las 16 horas del diacutea 21 del mes desetiembre de 1990 en su Considerando XI Ya se dijo que elderecho a la jubilacioacuten no puede limitarse condicionarse osuprimirse irrazonable o desproporcionalmente no importa si por



circunstancias anteriores o posteriores a su adquisicioacutenconsolidacioacuten reconocimiento o goce efectivo En este sentido espreciso observar que ese derecho deja de ser una simpleexpectativa y se adquieren desde que se ingresa al reacutegimenjubilatorio al menos como derecho general de pertenencia almismo y desde el instante en que el beneficiario se encuentra enlas condiciones de hecho previstas para recibir el beneficio comoderecho a la prestacioacuten actual sin que sea necesario que la hayareclamado ni mucho menos declarado el reconocimiento o comenzadoa percibirla de la misma manera que el derecho a la herencia seadquiere en el momento de la muerte del causante no en el de laapertura del juicio sucesorio ni mucho menos en el de laadjudicacioacuten del derecho hereditario o de la entrega de los bienesal heredero y por ello debe tomarse en cuenta que a favor delpetente existiacutean ya derechos adquiridos al amparo de la Ley dePensiones de Hacienda por tratarse de un pensionado de una eacutepocaanterior a la entrada en vigencia de las espurias normaspresupuestarias anuladas y por haber cumplido en su momento conlas exigencias de aquella normativa Dichos derechos se vieronluego aparentemente limitados con la entrada en vigencia de lacitada norma diecinueve a partir del primero de enero de milnovecientos ochenta y siete en cuanto esa disposicioacuten ilegiacutetimaabrogaba las que se le opusieran en razoacuten de establecerlimitaciones en cuanto a los incrementos que daban origen a unreajuste y por otro lado un liacutemite expreso para el monto delbeneficio jubilatorio por lo que declarada lainconstitucionalidad por lo dicho es de justicia y de equidadrestablecerlos como si las indicadas normas presupuestariaseliminadas ya del ordenamiento juriacutedico nunca hubiesen tenidoalguna vigencia juriacutedica en perjuicio del trabajador Enconsecuencia su declaratoria de inconstitucionalidad debe fijarsecon plenos efectos retroactivos dado el perjuicio que se lesestaba causando al contribuyente y potencial beneficiario delfondo independientemente de que eacuteste hubiese alegado o no lainconstitucionalidad de las disposiciones referidas en sedeadministrativa privando igualmente en el sentir de la Sala ladoctrina de previsioacuten social que inspira a las pensiones en eltanto en que tienen como fin fundamental suplir las necesidadesalimentarias del trabajador pensionado una vez que eacuteste hadesempentildeado su papel durante muchiacutesimos antildeos dentro del cicloproductivo sustituyendo las mismas en su caso el rol atribuidoa los salarios Corolario de lo expuesto es que habiendo mediadoun evidente abuso de las potestades puacuteblicas por parte de Estadoen perjuicio del trabajador con el cual eacuteste no se conformoacuteseguacuten se desprende de la existencia de sus reclamos y de esteproceso sin duda alguna que no es entonces exacta la afirmacioacutenhecha por el recurrente de que los efectos de tal declaratoria de



inaplicabilidad son soacutelo hacia el futuro sino que por elcontrario se retrotraen a la fecha en que cobroacute vigencia la normadiecinueve -1deg de enero de 1987- y en tal virtud desde esa datael inciso ch) del artiacuteculo 1deg de la Ley de Pensiones de Haciendasiguioacute manteniendo su plena validez y eficacia y tienenecesariamente que ser aplicado a quienes los demanden a reservahecha de la prescripcioacuten a declarar cuando asiacute se pida de lasdiferencias resultantes en el monto de la pensioacuten pero a partirde esa fecha y soacutelo hacia el futuro -artiacuteculos 607 del Coacutedigo dela Materia- (Veacutease la sentencia No 10-91 de la Sala) Y enrelacioacuten con la prescripcioacuten de las diferencias de pensioacuten en lasentencia No 157-91 esta Sala Segunda expresamente dijoI- Si bien su derecho a la pensioacuten no prescribe como se hasostenido reiteradamente (ver sentencia de la antigua Sala deCasacioacuten No 96 de las 16 horas del 20 de setiembre de 1979) nosucede lo mismo con las cuotas o mensualidades de pensioacutenvencidas acerca de las cuales siacute opera la prescripcioacuten Y seagrega ahora que se trata de la prescripcioacuten trimestral esto esde la que conteniacutea el artiacuteculo 607 del Coacutedigo Laboral portratarse de diferencias anteriores a la primera publicacioacuten delaviso de la inconstitucionalidad contra esa disposicioacuten -14 dejulio de 1992 seguacuten el voto 5969-93 de la Sala Constitucional

[SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA]7

I Previamente a considerar los cargos es conveniente hacer unbreve resumen de los sucesos que sirven de transfondo a esterecurso El 22 de diciembre de 1989 la Cooperativa actora y elsentildeor VAMM suscribieron un contrato de arrendamiento de unlocal comercial propiedad de aqueacutella ubicado en San Isidro deHeredia concretamente en la finca inscrita en el RegistroPuacuteblico Folio Real matriacutecula 4-101225-000 donde se instaloacute unnegocio de farmacia Posteriormente la codemandada M de HSAasumioacute el rol de arrendataria en lugar de MM El contrato enreferencia entre otras claacuteusulas contiene dos estipulaciones queconstituyen el eje del conflicto a saber la sexta que estableceque el arrendatario no puede alegar derecho de llave por lo querenuncia expresamente a eacuteste y particularmente la seacuteptima quetextualmente reza En virtud de que la Cooperativa en cualquiermomento puede vender el inmueble lo cual conoce y acepta elarrendatario este contrato podraacute darlo por terminado laCooperativa ya sea avisando con tres meses de anticipacioacuten alarrendatario por escrito o abonaacutendole el importe correspondientea dos meses de alquiler y dando un mes de plazo para que desalojeel inmueble El arrendatario podraacute dar por finalizado el presente



contrato avisando por escrito con tres meses de anticipacioacuten a laCooperativa o en su defecto abonaacutendole el importe correspondienteal alquiler de dichos tres meses Al otorgarse ese contratoestaba vigente la Ley de Inquilinato No 7101 de 6 de octubre de1988 La Sala Constitucional mediante el Voto No 479-90 de las17 horas del 11 de mayo declaroacute inconstitucional la referida ley7101 con efectos declarativos y retroactivos a la fecha de suvigencia sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe Enpunto a que debiacutea entenderse por derechos adquiridos de buenafe dijo lo siguiente deben entenderse las prestaciones quese dieron entre las partes de una relacioacuten inquilinaria al amparode la ley Nordm 7101 mientras estuvo vigente y que a la fecha seencuentren extinguidas Es decir no es posible recuperar ahora lopagado pero a partir de este fallo las relaciones se regiraacuten porla legislacioacuten anterior que acaba de mencionarse Porextinguidas han de entenderse las prestaciones que fueronaceptadas por aqueacutel a quien perjudicaron sin llevarlas a lostribunales en su momento o porque habieacutendolas llevado a estradosjudiciales fenecieron por resolucioacuten firme en la viacuteacorrespondiente sin posibilidad ahora de revisioacuten alguna Delmismo modo habraacuten de fallarse conforme a la legislacioacuten anteriorque se mantiene las cuestiones que estuvieren pendientes ante lostribunales y que hubieren sido suspendidas en sus traacutemites por lainterposicioacuten de esta inconstitucionalidad Ulteriormente esaSala especializada de la Corte mediante el Voto Nordm 1283-90 de las1530 hrs del 17 de octubre consideroacute al solicitaacuterseleaclaracioacuten de la resolucioacuten supracitada lo siguiente Comose expresoacute con toda claridad por la mayoriacutea de esta Sala en laresolucioacuten indicada la sentencia mantuvo a pesar de la nulidaddecretada la procedencia de los derechos adquiridos de buena fecon motivo de la aplicacioacuten de la ley derogada con expresadefinicioacuten de lo que debe entenderse por ello La aplicacioacuten deese principio corresponde a cada juzgador con vista de loselementos que consten del juicio que ante eacutel se traacutemite lo que nopuede sustituir esta Sala por no ser propio de su competenciaEl 30 de enero de 1992 la Cooperativa actora suscribioacute uncontrato de opcioacuten de venta con la sociedad F y M de CCSRLconforme al cual dicha Cooperativa daba a la referida sociedad laopcioacuten para adquirir entre otras la propiedad donde se hallabaubicado el local objeto del contrato de arrendamiento En eseconvenio de opcioacuten de venta la Cooperativa recibioacute como sentildeal detrato doscientos mil colones y se comprometioacute como condicioacutenesencial para la validez de la opcioacuten y consecuentemente de laventa que el inmueble estuviere totalmente desalojado a la fechaen que la opcioacuten venciacutea El 4 de febrero inmediato siguiente laNotaria Publica DMFG a peticioacuten de la Cooperativa seconstituyoacute en el local arrendado con la finalidad de notificar



tanto a VAM como a M de HSA sobre la venta del inmueblearrendado la terminacioacuten del contrato de arrendamiento y hacera eacutestos a un propio tiempo oferta real para el pago de los dosmeses de preaviso previstos en el contrato La notificacioacuten y laoferta se hicieron con la persona que en ese momento estabaencargada de la farmacia Posteriormente la Cooperativa consignoacutela suma correspondiente a esos dos meses de preaviso Por suparte la sociedad arrendataria taacutecitamente se opuso procediendo ala consignacioacuten de alquileres En la demanda origen de esteproceso incoada el 28 de julio de 1992 la Cooperativa actorareclama la validez de las claacuteusulas sexta y seacuteptima del contratoinquilinario en cuestioacuten el incumplimiento por parte de lacodemandada M de H SA de ese contrato al no desocupar el localuna vez prevenida al efecto la resolucioacuten del mismo y el pago dedantildeos y perjuicios El Juzgado Segundo Civil y de Trabajo deHeredia acogioacute la accioacuten en todos sus extremos El TribunalSuperior de Heredia actuando primordialmente los artiacuteculos 13 y18 de la Ley de Inquilinato No 4898 de 16 de noviembre de 1971revocoacute el fallo del Juzgado y denegoacute en su totalidad la demandacondenando en costas a la actora II El recurso que nos ocupaescinde los cargos en dos grandes apartes El primero toca con laindebida aplicacioacuten al caso de la Ley de Inquilinato Nordm 4898 supramencionada y la falta de aplicacioacuten de la Nordm 7101 del 6 de octubrede 1988 igualmente citada Se acusa aquiacute error en la inteligenciadel fallo de la Sala Constitucional y dentro de eacuteste undimensionamiento en sus efectos hacia el pasado que no correspondea lo dispuesto en esa sentencia Se citan como infringidos porindebida aplicacioacuten los artiacuteculos 13 y 18 de la primera ley y porfalta de aplicacioacuten la normativa pertinente de la Ley deInquilinato Nordm 7101 y como consecuencia una profusa lista cuyaactuacioacuten habriacutea autorizado esta uacuteltima normativa de preceptosdel Coacutedigo Civil que en tesis del recurrente debieron aplicarse ala relacioacuten inquilinaria bajo examen Igualmente dentro de estecontexto se invocan como violados los artiacuteculos 34 y 129 de laConstitucioacuten Poliacutetica fundamentalmente por haberse dado efectoretroactivo a una ley en perjuicio de derechos patrimonialesadquiridos y situaciones juriacutedicas consolidadas El segundo apartese conduce dentro de la hipoacutetesis de que al nexo pudiere aplicarsela Ley de Inquilinato que cobroacute nueva vigencia con la sentencia dela Sala Constitucional Dentro de este supuesto reclama laviolacioacuten por interpretacioacuten erroacutenea de los mismos artiacuteculos 13y 18 de dicha ley errores de derecho en la apreciacioacuten de laprueba y conculcacioacuten de muchas disposiciones de orden civilcomercial y hasta especial (atinente eacutesta a las AsociacionesCooperativas) que en obsequio a la brevedad se omite mencionarIII Sobre la primera lista de cargos resulta fundamentalprecisar el alcance y consecuencias del fallo de la Sala



Constitucional porque todas las censuras giran en torno a estetema En este respecto lo primero que debe sentildealarse es que lassentencias estimatorias que dicta la Sala Constitucional comoconsecuencia de la interposicioacuten de una accioacuten deinconstitucionalidad resultan ser predominantementedeclarativas dado que constatan la disconformidad sustancial deuna ley con el bloque o paraacutemetro de Constitucionalidad En loreferente a los efectos de tales sentencias estimatorias deinconstitucionalidad declaran la nulidad de la norma impugnaday por consiguiente la eliminan del ordenamiento juriacutedico concaraacutecter erga omnes tal declaratoria tiene efectos retroactivos ala fecha de vigencia de la ley abrogada por inconstitucional(artiacuteculo 91 paacuterrafo 1deg de la Ley de la JurisdiccioacutenConstitucional) Resulta entonces manifiesta la diferencia queexiste en punto a efectos entre la nulidad de una ley por viciosde inconstitucionalidad y la derogacioacuten de ella por parte deloacutergano legislativo Por principio la derogacioacuten no tiene ni puedetener efectos retroactivos por lo que la ley derogada subsisteen el ordenamiento juriacutedico regulando las relaciones que nacieronbajo su imperio En cambio con la inconstitucionalidad lasituacioacuten es la inversa Como el vicio es de origen la ley seanula desde que entroacute en vigencia de modo que no puede siquieranormar las relaciones que se concertaron bajo su cobijo Ahorabien uno de los grandes liacutemites instituidos por el legislador alos efectos retroactivos de la sentencia estimatoria deinconstitucionalidad es la teoriacutea de las relaciones juriacutedicasextinguidas en aras de algunos valores superiores delordenamiento juriacutedico como la seguridad la justicia y la pazsocial para lo que se le confiere a la Sala Constitucionalpotestades para graduar o dimensionar espacial temporal ymaterialmente los efectos retrospectivos de sus pronunciamientos(artiacuteculo 91 paacuterrafo 2deg ibiacutedem) Precisamente en el ejercicio deesa potestad la Sala Constitucional procedioacute a poner en vigenciala ley de inquilinato derogada todo a efecto de evitar una suertede horror en vaciacuteo Ese pronunciamiento encaja dentro de lasdenominadas sentencias normativas de caraacutecter sustititutivotoda vez que la Sala Constitucional opta transitoriamente porponer en vigencia la norma derogada por la declaradainconstitucional y hasta tanto el legislador dicte una nuevaregulacioacuten sobre la materia Lo anterior implica que a lalegislacioacuten inquilinaria derogada por la Ley Nordm 7101 del 6 deoctubre de 1988 no se le confirioacute un tipo de ultractividad-doctrina de la supervivencia del derecho abolido- sino que altener la declaratoria de inconstitucionalidad de la segunda efectoretroactivo a la fecha de su entrada en vigencia -18 de octubre de1988- era preciso colmar por razones de seguridad juriacutedica yorden social la laguna o vaciacuteo normativo dejado por la sentencia



estimatoria mediante la puesta en vigencia de la primera Dentrode este predicado derechos adquiridos a la luz de la Ley Nordm 7101del 6 de octubre de 1988 seriacutean aquellos existentes al momento deser dictada la sentencia abrogatoria de la Sala Constitucional yque hubieren surgido bajo el imperio de aqueacutella con fundamento enun hecho idoacuteneo para generarlo Siacuteguese de lo anteriormenteexpuesto que uacutenicamente habraacute derechos adquiridos o situacionesjuriacutedicas consolidadas cuando se verifica el supuesto de hechoprevisto en la norma y sobreviene la consecuencia juriacutedica ligadaa eacuteste IV La relacioacuten inquilinaria que nos ocupa seguacuten ya seexpuso nacioacute bajo la vigencia de la Ley de Inquilinato Nordm 7101texto normativo que en tesis de la parte actora permitiacuteaconcertar acuerdos como los condensados en las claacuteusulas sexta yseacuteptima del contrato en la medida que eacutesta haciacutea posible regularel nexo por la legislacioacuten civil comuacuten y daba un amplio espacio ala autonomiacutea de la voluntad Al pronunciarse lainconstitucionalidad de esa ley con efectos retroactivos cobroacutevigencia la ley de inquilinato anterior (Nordm 4998 de 16 denoviembre de 1971) de muy conocidas restricciones en cuanto a lavoluntad de las partes contratantes que es precisamente la queactuacutea el Tribunal Superior para dirimir la litis La cuestioacuten quepropone el recurrente como primer tema del recurso es determinarsi el contenido de esas claacuteusulas es un derecho adquirido de buenafe salvado por esta razoacuten de los efectos retroactivos de lanulidad En orden a dilucidar esta cuestioacuten precisa repasar unpoco lo que la misma Sala Constitucional consideroacute al respectoEsta sentildealoacute de modo inequiacutevoco que por derechos adquiridos debuena fe debiacutean entenderse las prestaciones que se dieron entrelas partes de una relacioacuten inquilinaria al amparo de la ley 7101mientras estuvo vigente y que a la fecha se encuentrenextinguidas Precisamente el mismo fallo aclara que tal ocurrecon lo ya pagado porque se acota se trata de una situacioacutenconsolidada y consecuente con lo anterior agrega pero apartir de este fallo las relaciones se regiraacuten por la legislacioacutenanterior que acaba de mencionarse Y para evitar cualquier dudasobre el teacutermino extinguidas refiere que se trata deprestaciones que fueron aceptadas por aqueacutel a quien perjudicaronsin llevarlas a los tribunales en su momento o porque habieacutendolasllevado a estrados judiciales fenecieron por resolucioacuten firme enla viacutea correspondiente sin posibilidad ahora de revisioacuten algunaIncluso somete sin limitaciones a la legislacioacuten anterior esdecir la ley Nordm 4898 las cuestiones que estuvieren pendientesante los tribunales y que hubieren sido suspendidas en sustraacutemites por la interposicioacuten de esta inconstitucionalidadsometimiento que importa agregarlo con mayor razoacuten se aplica alas que se iniciaron despueacutes de ese pronunciamiento V Laclaacuteusula seacuteptima del contrato de arrendamiento supone para la



exigibilidad de esta prestacioacuten que la Cooperativa recibiera enfirme la oferta de compra del inmueble y esto no ocurrioacute sinodespueacutes de pronunciada la inconstitucionalidad de la ley Nordm 7101En consecuencia dentro de la vigencia de la ley anulada no seconsolidoacute la hipoacutetesis faacutectica de esa claacuteusula de donde se sigueque mal podriacutea estarse ante una prestacioacuten extinguida oconsolidada seguacuten lo entiende la Sala Constitucional en lasentencia que ha venido mencionaacutendose Por lo demaacutes queacute duda cabeque estamos ante una prestacioacuten que si bien es parte de uncontrato ha sido protestada y discutida en estrados judicialesen un proceso que iniciado despueacutes de la referida sentencia debepor lo mismo resolverse conforme a la legislacioacuten inquilinaria queadquirioacute vigencia a traveacutes de ese fallo Por lo demaacutes es palmarioque si el contrato de opcioacuten de venta se concierta cuando ya laley Nordm 7101 habiacutea sido anulada los contratantes no podiacutean ignorarque los nexos inquilinarios ya no se regulaban por aquellalegislacioacuten sino por la vigente entonces de donde resulta quelos riesgos sobre la validez de las claacuteusulas los asumieronconcientemente y mal puede la actora protestar un derechoadquirido Las partes de la opcioacuten no podiacutean ignorar que almomento de suscribir el convenio regiacutea de nuevo la ley Nordm 4898 consus correspondientes limitaciones VI En lo referente al cargorelativo a la supuesta aplicacioacuten retroactiva del artiacuteculo 13paacuterrafo 1deg y 18 de la Ley de Inquilinato Nordm 4898 del 16 denoviembre de 1971 es menester indicar que para todos losefectos la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Nordm7101 supuso tal y como se acotoacute su eliminacioacuten del ordenamientojuriacutedico como si nunca hubiere existido al adolecer la nulidadmaacutes grave que se puede concebir -su confrontacioacuten con lospreceptos constitucionales- De otra parte la Sala Constitucionaloptoacute por mayoriacutea al estar ante un VI ordenamiento necesariopara la inmensa mayoriacutea de los habitantes del paiacutes que pordefinicioacuten carece de un lugar de su propiedad donde habitar oejercer su comercio industria o actividad profesional por declarar vigente la legislacioacuten dictada con anterioridad a laLey Nordm 7101 que a pesar de sus fallas se habiacutea consolidado comocuerpo de normas expresas y soluciones jurisprudencialesgeneralmente conocidas de los interesados Tanto que puededecirse con relativa certeza que en punto al Derecho Inquilinariose habiacutea consolidado con los antildeos un cuerpo de doctrina que nodebe menospreciarse y que es preferible dejar subsistentemientras la Asamblea Legislativa no tenga a bien ocuparsenuevamente del problema que por supuesto sigue latente Dejar alpaiacutes sin ninguna legislacioacuten inquilinaria seriacutea un retrocesoenorme y lesivo al orden puacuteblico social que la ha justificadodesde tiempo atraacutes Tal pronunciamiento de la SalaConstitucional a tenor de lo dispuesto en el artiacuteculo 13 de la



Ley de la Jurisdiccioacuten Constitucional vincula a todos los poderespuacuteblicos dentro de los cuales figuran los Jueces y Tribunales Enconcordancia con la norma referida el artiacuteculo 8 de la LeyOrgaacutenica del Poder Judicial en su paacuterrafo primero inciso 1dispone que los funcionarios que administran justicia no puedeninterpretar o aplicar las normas de manera contraria a losprecedentes o jurisprudencia de la Sala Constitucional La razoacutende las normas citadas obedece al caraacutecter de inteacuterprete supremode la Constitucioacuten que posee la Sala Constitucional y a ladefinicioacuten permanente de la Constitucioacuten Material que eacutestaefectuacutea Bajo esa inteligencia el Tribunal de Grado no infringioacutepor falta de aplicacioacuten el artiacuteculo 34 de la ConstitucioacutenPoliacutetica y por aplicacioacuten indebida los numerales 13 paacuterrafo1ordm y 18 de la Ley de Inquilinato puesto que al no existirninguacuten derecho adquirido o situacioacuten juriacutedica consolidada deconformidad con los elementos de juicio que obran en autos larelacioacuten inquilinaria a partir de la publicacioacuten de ladeclaratoria de inconstitucionalidad pasoacute a regirse por lanormativa anterior esto es por la Ley Nordm 4898 del 16 denoviembre de 1971 como si la ley 7101 nunca hubiere existido VIITocante a la censura relativa a los yerros de derecho en laponderacioacuten de los elementos de juicio que en opinioacuten delcasacionista determinaron el quebranto de los numerales 9 13 y 18de la Ley de Inquilinato Nordm 4898 del 16 de noviembre de 1971 2845 de la Constitucioacuten Poliacutetica y una larga lista de ordinales delCoacutedigo Civil y del Procesal Civil es menester indicar que lacondicioacuten resolutoria pactada por las partes en la claacuteusulaseacuteptima del contrato resulta a la luz del caraacutecter imperativo ytuitivo del inquilino de la Ley Nordm 4898 absolutamente nula alintroducir una causal de desalojo diferente a las taxativamenteprevistas en esa normativa (artiacuteculos 9 y 14 ibiacutedem) y reducir enperjuicio de la sociedad arrendataria el plazo miacutenimo estatuidopor la ley -5 antildeos- (artiacuteculo 13 paacuterrafo 1deg ibiacutedem) porvoluntad unilateral del arrendante Claacuteusula contractual quevirtualmente impide que opere la proacuterroga legal automaacutetica la quese encuentra obligatoriamente establecida para el arrendante ypuede ser utilizada facultativamente por el arrendatario [

[SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA]8

II- Los actores han invocado en este proceso la aplicacioacuten de la



Ley de Pensiones de Hacienda Nordm 148 de 23 de agosto de 1943 y susreformas concretamente en su artiacuteculo 1ordm inciso ch) dondeestablece Este beneficio se reajustaraacute de oficio en elporcentaje equivalente al incremento alcanzado o que llegue aalcanzar la remuneracioacuten del cargo respectivo Con fundamentoen esa ley los actores solicitan que se les reajuste el monto delas pensiones percibidas desde los antildeos 1987 1988 y 1989Mediante las normas presupuestarias Nordm 19 de la Ley Nordm 7055 de 18de diciembre de 1986 del Presupuesto Ordinario y Extraordinario dela Repuacuteblica por Programas para el ejercicio fiscal de 1987 -Leyde Presupuesto del antildeo 1987- y mediante norma Nordm 29 de la Ley dePresupuesto Ordinario y Extraordinario de la Repuacuteblica Fiscal ypor Programas Nordm 7111 del 12 de diciembre de 1988 -Ley dePresupuesto del antildeo 1989- se establecioacute un liacutemite maacuteximoequivalente al salario base de un Diputado para el monto de laspensiones que se otorguen con cargo a las partidas del PresupuestoNacional sin que tal monto pudiera ser superior a ese liacutemitemaacuteximo y mucho menos podiacutean incrementarse mientras superaran esetope incluyendo las pensiones otorgadas antes de la vigencia dela norma presupuestaria conteniendo uacutenicamente dos salvedadesaquellas personas que al entrar en vigencia la norma 19 ibiacutedemhubiesen cumplido 30 antildeos de servicio y 50 antildeos de edad y elpersonal del Servicio Exterior De manera que mientras el incisoch) del artiacuteculo 1ordm de la Ley de Pensiones de Hacienda autorizael aumento al beneficio jubilatorio en el tanto en que laremuneracioacuten del cargo respectivo tenga alguacuten incremento lasnormas 19 y 29 limitaban el reajuste a aquellas pensiones cuyomonto fuera inferior al tope que ellas estableciacutean equivalente alsalario base de un Diputado Tal y como consta en autos lasreferidas normas generales 19 y 29 fueron declaradas inaplicablespor voto de mayoriacutea en sesioacuten extraordinaria de la Corte Plenanuacutemero 56-89 de las 16 horas del 21 de junio de 1989 conintegracioacuten de los Magistrados Suplentes donde se acogioacute unademanda de inconstitucionalidad contra las citadas normaspresupuestarias El Representante estatal fundamenta el Recurso deCasacioacuten en los dictaacutemenes de la Procuraduriacutea General de laRepuacuteblica nuacutemeros C-029-90 del 28 de febrero de 1990 y C-071-90de 16 de mayo de 1990 que fueron transcritos en parte en esterecurso La tesis esgrimida en esos dictaacutemenes no la avala laSala y asiacute lo ha resuelto [ver datos en la seccioacuten correspondientea notas de jurisprudencia] fallos que reproducen lo externado a suvez en la sentencia nuacutemero 113 de 10 horas del 26 de julio de1989 que conviene transcribir en lo que interesa III Ladeclaratoria de inconstitucionalidad conduce ineludiblemente areparar sobre la incidencia de sus efectos en el tiempo Elloplantea entonces el tema de la retroactividad el cualnecesariamente debe acometer la ciencia del derecho como



imperativo para la solucioacuten de problemas praacutecticos que surgen comoconsecuencia de tal declaratoria Es por eso que no resultaaceptable la tesis del divorcio en cuanto a sus efectos entre elprincipio de la irretroactividad legal y la declaratoria deinconstitucionalidad propiciada por el recurrente Si bien escierto en esta uacuteltima no media ninguacuten conflicto de leyes pues nose trata de una ley anterior y otra posterior siacute sucede que suacaecimiento produce la nulidad de una disposicioacuten legal la cualformoacute parte del derecho positivo vigente y por consiguiente rigioacuteconductas en el pasado Este mismo fenoacutemeno se da al promulgarseuna nueva ley que se contrapone a otra que la precedioacute Susurgimiento a la vida juriacutedica determina la derogacioacuten de lapreexistente la cual reguloacute las relaciones humanas hasta esemomento como parte de la normativa en vigencia El derecho comoinstrumento de orden justicia y seguridad en la sociedad estaacutecasado con la realidad por lo que no puede desatender sustranstornos con base en postulados teoacutericos de la teacutecnicajuriacutedica A ese vicio llevariacutea precisamente sostener que lasconsecuencias en el quehacer cotidiano de una declaratoria deinconstitucionalidad nada tiene que ver con institutosconstitucionales como el de la irretroactividad legal que tratande obviar transtornos en la experiencia humana que fenoacutemenosjuriacutedicos como tal declaratoria concretamente producen soacuteloporque una y otra -la irretroactividad y la inconstitucionalidad-responden a supuestos diferentes en su concepcioacuten juriacutedica Elderecho cuando se trata de los valores esenciales que pretenderealizar a saber justicia y seguridad debe verse einterpretarse como un todo armoacutenico ya que sus diferentesinstitutos -no obstante las peculiaridades en su construccioacutenjuriacutedica- tienden de consuno al logro de esos fines De ahiacute quelos efectos de una declaratoria de inconstitucionalidad no puedendarse de forma tal que lesionen otros principios fundamentalesconsagrados por la misma Carta Magna Bajo esa inteligencia lairretroactividad preceptuada por el artiacuteculo 34 de laConstituticioacuten Poliacutetica no debe tenerse en el presente caso comoconcepto circunscrito al supuesto del conflicto de leyes sinocomo principio de alcances mucho maacutes amplios que engarza sus finescon propoacutesitos de certeza y seguridad los cuales inspiran a todoel ordenamiento juriacutedico confirieacutendole su valor funcional Atraveacutes de esa oacuteptica el autorizado autor espantildeol Federico deCastro y Bravo concibe la irretroactividad como regla de buenapoliacutetica maacutexima de prudencia y exigencia de la equidad Comoregla de buen gobierno -antildeade- no puede desatender la diversidadde las circunstancias No deben desconocerse los derechos quenacieron al amparo de disposiciones que los protegiacutean comolegales (Compendio de Derecho Civil [ver maacutes datos en la seccioacutencorrespondiente a notas de doctrina]) Si bien es cierto en el



caso de la declaratoria de inconstitucionalidad la ley es anuladasus efectos ya producidos forman parte de una realidad que estaacuteahiacute como situacioacuten juriacutedica consolidada al cobijo de unadisposicioacuten legal vigente y obligatoria Si se interpreta que lanulidad absoluta establecida por el artiacuteculo 10 constitucionalafecta esa realidad ello significariacutea despojar a la ley de losatributos que le confieren el artiacuteculo 129 ibiacutedem [] Enverdad una cosa es la ley declarada inconstitucional y otra losefectos ya consumados al socaire de una disposicioacuten legal vigenteque despueacutes es anulada por tal razoacuten Por consiguiente la nulidadabsoluta del susodicho artiacuteculo 10 tiene efecto para aquelloscasos en que no se ha aplicado la norma asiacute declarada existiendopor ende soacutelo expectativas Maacutes si ya lo fue hay que respetarlos derechos adquiridos en aras de la seguridad juriacutedica lV Elartiacuteculo 129 de nuestra Carta Magna por su parte inspirado enlos principios de certeza y seguridad enunciados establece laobligatoriedad de las leyes y cuando eacutestas surten sus efectosconsagra como precepto que nadie puede alegar ignorancia deellas asiacute como su irrenunciabilidad en general al igual que otrosaspectos como el de que no quedan abrogadas ni derogadas sino porotra posterior y que contra su observancia no puede alegarsedesuso ni constumbre ni praacutectica en contrario Todo ello aligual que el artiacuteculo 34 ya comentado tiende a darle creacutedito a laley solidez y permanencia al derecho de forma tal que elindividuo en su vida de relacioacuten puede confiar en elordenamiento juriacutedico De otra manera la inestabilidad y laincertidumbre reinariacutean frustrando el orden social y abortandolas iniciativas tan necesarias para el desarrollo dentro de unacomunidad Como se ve los principios contenidos en los referidosdos artiacuteculos constitucionales se complementan Ambos constituyenpilares del valor fundamental a saber la seguridad que persigueel derecho A su lado figura el otro valor esencial que esprimordial sea la Justicia Ninguno de los dos como fines esabsoluto ya que en alguacuten momento uno de ellos en obsequio a lasupervivencia del otro tiene que ceder como ocurre en el caso dela prescripcioacuten en que en favor de la seguridad cede a lajusticia A la seguridad conviene que el ordenamiento juriacutedico semantenga inalterado Sin embargo siendo el derecho un productosocial referido a una realidad cambiante de la que no debesustraerse la justicia exige en ciertos momentos el remozamientode la normativa mediante la modificacioacuten y abrogacioacuten de susdisposiciones Tal modificacioacuten y abrogacioacuten pueden darse pormedio de nuevas leyes que se promulgaron o de la declaratoria deinconstitucionalidad En ambos casos en aras de la justicia sequiebra parcialmente el objeto de permanencia que implicaseguridad No obstante si para la justicia es menester que enciertas circunstancias la seguridad ceda los alcances de esta



excepcioacuten deben circunscribirse al menor grado posible de formatal que por esa grieta no puede introducirse la incertidumbrecapaz de impedir que el individuo planifique con acierto y sintemores sus metas de desarrollo para labrar su futuro Si conmiras a ese fin de justicia se crean nuevas leyes lo cual haceceder la seguridad del status quo por razoacuten del cambio que elloentrantildea ese cambio al menos no debe afectar los derechosadquiridos ni las situaciones juriacutedicas consolidadas merced a laley abrogada lo cual ha dado lugar a la doctrina de lasupervivencia del derecho abolido De no ser asiacute peligrariacutea elfin primordial que es la justicia al entronizarse la inseguridady el desorden factores que la tornan inalcanzable En elpresente caso es de intereacutes sentildealar que la declaratoria deinconstitucionalidad fue efectuada por Corte Plena antes de laentrada en vigencia de la Ley de Jurisdiccioacuten Constitucional y de acuerdo a la legislacioacuten existente en esa fecha el juezordinario estaba facultado para interpretar los alcances de ladeclaratoria de inconstitucionalidad seguacuten el caso concreto y asiacutelo ha considerado la Sala en situaciones semejantes [ver datos enla seccioacuten correspondiente a notas de jurisprudencia] Enconsecuencia trataacutendose de materia laboral de conformidad conlos principios que consagra el numeral 17 del Coacutedigo de Trabajose impone interpretar las disposiciones legales en beneficio deltrabajador en caso de duda Estima la Sala que lo indicado en lospronunciamientos de la Procuraduriacutea General de la Repuacuteblicaaportados al expediente en el sentido de que la declaratoria deinconstitucionalidad no puede tener efecto retroactivo carece desustento juriacutedico En el sub juacutedice los demandantes con excepcioacutende [uno de ellos] habiacutean adquirido el derecho a los reajustesjubilatorios al amparo de la Ley de Pensiones de Hacienda Ndeg 148de 23 de agosto de 1943 y sus reformas con anterioridad a laentrada en vigencia de las normas presupuestarias 19 y 29 derepetida cita posteriormente fueron declaradas inconstitucionalesy por consiguiente inaplicables a partir del 11 de agosto de 1989en que se publicoacute el recurso de inconstitucionalidad en el BoletiacutenJudicial siendo de justicia y equidad restablecer los reajustesjubilatorios como si las indicadas normas presupuestariaseliminadas ya del ordenamiento juriacutedico nunca hubieren tenidovigencia juriacutedica en perjuicio de los actores No es justo queuna declaratoria de inconstitucionalidad deje sin efecto derechosadquiridos de buena fe incorporados en la esfera juriacutedica de sutitular al amparo de una legislacioacuten constitucionalmente vaacutelidaEn consecuencia la declaratoria de inconstitucionalidad procedefijarse con plenos efectos retroactivos dado el perjuicio causadoal contribuyente y potencial beneficiario del fondo volviendo lascosas al estado en que se encontraban al momento en que nacieron ala vida las normas declaradas inaplicables Asiacute las cosas lo



establecido en el inciso ch) del artiacuteculo 1deg de la Ley dePensiones de Hacienda sigue manteniendo su plena validez yeficacia y necesariamente tiene que ser aplicado conforme losolicitan los actores a excepcioacuten del demandante [] que seacogioacute a su jubilacioacuten el 1ordm de junio de 1987 siendo enconsecuencia a partir de esa data que resultan aplicables losreajustes contemplados en la ley relacionada a diferencia de losrestantes demandantes que se jubilaron con anterioridad al 1ordm deenero de 1987 fecha en que entroacute en vigencia la aludidalimitacioacuten a las pensiones de Hacienda mediante las normas derepetida cita

Anaacutelisis sobre principio de irretroactividad[SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA]9

I Conoce esta Sala el recurso de casacioacuten formulado por elapoderado judicial del sentildeor DOV contra la sentencia delTribunal Superior de Trabajo Seccioacuten Segunda de las trece horasveinte minutos del veintitreacutes de marzo de mil novecientos noventay cinco La disconformidad manifestada por el recurrente serefiere a los siguientes aspectos del fallo a) La interpretacioacutensobre la Claacuteusula 70 del Laudo Arbitral Ndeg 112 dictado por elTribunal Superior de Trabajo Seccioacuten Primera a las 800 horas del27 de febrero de 1990 en lo referente al caacutelculo de la cesantiacuteab) la omisioacuten de condenar a la demandada al pago de intereses c)igualmente en lo que respecta a las comisiones por venta yrenovacioacuten de poacutelizas y d) argumenta que debioacute utilizarse para lainterpretacioacuten de este asunto la norma maacutes favorable altrabajador asiacute como que debe tenerse en cuenta que no se estaacuteante un asunto de retroactividad de la ley sino maacutes bien delefecto retrospectivo de dichas normas II En criterio de la Salael fallo recurrido se encuentra ajustado a derecho salvo en losaspectos que especiacuteficamente se diraacute El antecedente histoacuterico deeste proceso se inicia el 22 de diciembre de 1988 fecha en la quese presentoacute ante el Juzgado Primero de Trabajo de San Joseacute lasdiligencias de arbitraje con el objeto de dilucidar variaspretensiones de los trabajadores entre ellas el rompimiento deltope de la cesantiacutea que regiacutea para los Agentes de Seguros Es asiacutecomo llegoacute a dictarse el Laudo Arbitral citado que respecto de lacesantiacutea y su vigencia dispuso POR TANTO Se modifica ellaudo apelado en su claacuteusula 39 en el cual se dispone la comisioacutenpara los Agentes en el segundo antildeo seraacute un cinco por ciento (5)



mayor que lo fijado por el Tribunal Arbitral a-quo siempre ycuando haya sido establecido en un porcentaje igual o menor alquince por ciento (15) Para los antildeos tercero y subsiguientes seincrementa la comisioacuten en un cinco por ciento (5) Claacuteusula 70 serevoca y se resuelve asiacute que la indemnizacioacuten por auxilio decesantiacutea se equipara con los demaacutes trabajadores del InstitutoNacional de Seguros en la misma forma en que se encuentraregulado y establecido en los artiacuteculos 133 y 134 de la actualConvencioacuten Colectiva de Trabajo vigente y suscrita entre elInstituto empleador y la Unioacuten del Personal del Instituto Nacionalde Seguros (UPINS) Vigencia derechos otorgados se conceden apartir de la presentacioacuten de las diligencias de arbitraje En lodemaacutes se confirma pero imponieacutendole el pago de ambas costas alInstituto Nacional de Seguros fijaacutendose las personales en elveinte por ciento (20) del total de la condenatoria y su monto sefijaraacute en ejecucioacuten de estas diligencias Con base en loanterior necesariamente debe comprenderse que los artiacuteculos 133 y134 de la Convencioacuten que suscribieron el Instituto Nacional deSeguros y la Unioacuten del Personal del Instituto Nacional de Seguros(UPINS) forman parte de las reivindicaciones maacutessignificativas de los Agentes de Seguros frente al institutoempleador logradas en aquella negociacioacuten Pero ello no da opcioacutenpara interpretar que el juzgador dispusiera una copia literal delos acuerdos entre el instituto demandado y los empleadosadministrativos Ello se deduce sin dificultad porque las fechas ymomentos sentildealados en el documento de UPINS no tienen la mismamotivacioacuten histoacuterica para los Agentes de Seguros ameacuten de que laspretensiones de estos uacuteltimos se presentan hasta cinco antildeosdespueacutes del momento sentildealado por los administrativos para darefecto a sus pretensiones El documento que reguloacute las relacionesentre la Unioacuten del Personal del Instituto Nacional de Seguros y elente asegurador determinoacute que la cesantiacutea y los mecanismos derecuperacioacuten para el pago de este rubro comenzariacutea acomputarse apartir de 1983 de manera que la data sentildealada no tiene ningunasignificacioacuten especial o razoacuten de ser referente a laspretensiones negociadas durante el conflicto de los Agentes deSeguros porque la fecha de su vigencia fue claramente estipuladaen la sentencia de 1990 El Tribunal establecioacute la vigencia de losderechos concedidos sobre la claacuteusula 70 a partir de lapresentacioacuten de las diligencias de arbitraje mismas que sepresentaron el 22 de diciembre de 1988 como anteriormente seindicoacute Esa fecha desde luego en beneficio de los intereses delos Agentes de Seguros al disponer aquella data y no la fecha dela sentencia definitiva o posterior Ahora bien en materia deConvencioacuten Colectiva y Laudo en la buacutesqueda por solucionar losConflictos Colectivos de caraacutecter Econoacutemico Social lo comuacuten esestablecer de manera precisa el momento o fecha cuando comienza a



desplegar sus efectos con ello se logra rescatar el tiempo quelas pretensiones formuladas han pasado por diversas etapas ynegociaciones hasta llegar a formar parte del contrato de lostrabajadores involucrados Asiacute se ha manifestado la doctrina sobreeste importante extremo La entrada en vigor de un conveniocolectivo equivale a la produccioacuten de efectos por parte de eacutesteLa eficacia no se produce en tanto el convenio no entra en vigorY dicha eficacia concluye con el teacutermino de vigencia Las normasque rigen la entrada en vigor del convenio son las mismas quepresiden la entrada en vigor de la ley en general De no contenerestipulacioacuten ninguna habraacute que entender que la fecha de comienzode vigencia del convenio viene dada por lo que al respectoestablezcan las normas del derecho comuacuten Y que la fecha a partirde la cual habraacute de hacerse el posible necesario coacutemputo a estosefectos coincide con la de la firma del convenio si eacuteste noprecisa de homologacioacuten o aprobacioacuten o con la de eacutestas si dichosrequisitos son necesarios Normalmente sin embargo el conveniodetermina expresamente la fecha concreta de su entrada en vigorfecha que no tiene por queacute ser -y que no lo es normalmente- la dela firma de aqueacutel Existiriacutea en tal caso un periacuteodo de vacatiolegis destinado a lograr una mejor aplicacioacuten del convenio Noes frecuente por otra parte que se asignen al convenio efectosretroactivos El principio general es el de su irretroactividadSin embargo no faltan supuestos en los cuales se establece laretroactividad de ciertas claacuteusulas de aqueacutel que supone unaconcesioacuten de beneficios o incluso el retrotraimiento desituaciones juriacutedicas determinadas a fechas o momentos anterioresen relacioacuten con la entrada en vigor del convenio en su conjuntoLa retroactividad no obstante se estaacute convirtiendo en un sistemacomuacuten como consecuencia de la dificultad de llegar a acuerdo antesdel teacutermino de vigencia del convenio anterior (Alonso GarciacuteaManuel Curso de Derecho de Trabajo Novena Edicioacuten ArielDerecho 1985 paacuteginas 240 241) Lo fundamental es tomar encuenta que si en el documento dado para un particular grupo detrabajadores no estuviera expresamente sentildealado el momento apartir de cuando empiezan a desplegarse sus efectos debeatenderse las normas de derecho comuacuten que determinaraacutenobviamente su vigencia a futuro Se considera posible retrotraerlos efectos del convenio a la fecha cuando empezaron lasnegociaciones fundamento de su origen situacioacuten muy especialdado lo lento de aqueacutellas para concretar el nacimiento deobligaciones y derechos de las partes Considera la Sala que no setrata de dar efectos a la claacuteusula 70 tal y como estaba disentildeadapara el personal administrativo del Instituto demandado sinotomar las normas sobre la ampliacioacuten del tope de cesantiacutea y lafoacutermula para recuperar los antildeos no tomados en cuenta para talcaacutelculo haciendo una relacioacuten con la fecha establecida en forma



expresa en el Laudo de los Agentes de Seguros tal y comodeterminoacute la vigencia de aquel Instrumento sea a partir de lapresentacioacuten de las diligencias ante el Tribunal -el 22 dediciembre de 1988- Como consecuencia de ello se llega a laconclusioacuten que los Agentes de Seguros a la data sentildealada solopudieron acumular ocho antildeos de cesantiacutea por ser ese el tope queestableciacutea la Convencioacuten Colectiva ANDAS y la legislacioacutenordinaria A partir de ese momento se rompioacute el tope de ocho antildeosy se les computariacutea por cada antildeo laborado un mes de cesantiacutea maacutesun diez por ciento adicional por los antildeos no reconocidos III LaSala en otros procesos (ver votos Ndeg 42-96 de 950 horas de 7-2-96 Ndeg 29-96 de 850 horas 26-1-96 y Ndeg 32 de 1520 horas de 26-1-96) realizoacute un anaacutelisis detallado de los pasos seguidos por losrepresentantes de los Agentes en el proceso Arbitral Ndeg 9-89 delJuzgado Primero de Trabajo cuya sentencia es la Ndeg 112 de las800 horas del 27 de febrero de 1990 de ahiacute se puede destacar losiguiente a) la petitoria del proceso arbitral estaba dirigida aregir a futuro b) los representantes llegaron a solicitar que lasentencia tuviera efectos a partir de la presentacioacuten de lasdiligencias y no meses despueacutes como en alguacuten momento solicitoacute elInstituto Nacional de Seguros De ello se puede concluir sindificultad lo siguiente el objetivo de los Agentes de Segurosradicoacute en primer teacutermino en obtener la ruptura del tope delauxilio de cesantiacutea a futuro ademaacutes de lograr la aplicacioacuten delmecanismo empleado en la Convencioacuten Colectiva INS-UPINS para larecuperacioacuten de antildeos laborados y no reconocidos a causa del topeasimismo que los beneficios fueran concedidos a partir de lapresentacioacuten de las diligencias de Arbitraje Conviene tenerpresente tambieacuten otro aspecto muy importante para aclarar enforma definitiva la vigencia de los derechos concedidos en elLaudo Arbitral y radica fundamentalmente en el incremento parael pago de las Comisiones de modo que se forma el reclamo a partirdel momento en que se plantearon las diligencias de Arbitraje sea22 de diciembre de 1988 no en fecha anterior a eacutesta como sepretende con el auxilio de cesantiacutea IV De interpretarse la Claacuteusula 70 como lo ha hecho el recurrente seestariacutea dando efecto retroactivo a lo estipulado en el Laudovulneraacutendose con ello el artiacuteculo 34 de la Constitucioacuten Poliacuteticaperjudicando asiacute derechos patrimoniales del Instituto Nacional deSeguros entidad puacuteblica que tendriacutea que sufragar las diferenciascorrespondientes a la aplicacioacuten maacutes allaacute de los teacuterminosjuriacutedico-econoacutemicos consagrados en el Laudo con perjuicio delsistema financiero puacuteblico Los efectos retroactivos indica elDiccionario de la Lengua Espantildeola corresponde a Que obra o tienefuerza sobre el pasado mientras que los retrospectivos esdefinido asiacute Que se refiere a tiempo pasado de forma que ambosconceptos se refieren al tiempo pasado Interpretar en este



sentido seriacutea imprimir a las claacuteusulas que regulan el auxilio decesantiacutea efectos hacia atraacutes en la fecha estipulada por el Laudosea 22 de diciembre de 1988 por lo que esta argumentacioacuten no esde recibo Ahora bien revisados los caacutelculos con los cuales laparte demandada canceloacute las prestaciones legales al sentildeor OV sellega a determinar que los mismos deben ser rectificadosObseacutervese que en la contestacioacuten de la demandada el apoderado delInstituto demandado reconocioacute expresamente lo siguiente Noobstante la antiguumledad reconocida al sentildeor O de acuerdo con lafecha de ingreso correcta se ha determinado por medio delDepartamento especializado respectivo que el nuacutemero de antildeos areconocer es de 144 y no de 134 como originalmente se calculoacute(folio 15) Conforme se encuentra acreditado el actor laboroacute parala entidad demandada 32 antildeos 4 meses 24 diacuteas desde el siete deagosto de 1958 hasta el 31 de diciembre de 1990 A la fecha dellevantamiento del tope del auxilio de cesantiacutea 22 de diciembre de1988 le correspondiacutea por ese motivo un total de ocho salarios comoindemnizacioacuten acumulada Tambieacuten le corresponde por el periacuteodo queva del 22 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1990 dossalarios maacutes Adicionalmente debe sumarse por cada antildeo laborado apartir del 22 de diciembre de 1988 un diez por ciento de los antildeosno reconocidos hasta completar la cantidad de 22 que es el totalde antildeos no reconocidos diez por ciento de los mismos correspondea 22 salarios anuales los que multiplicados por los dos antildeoslaborados (de diciembre del 88 a diciembre de 1990) nos da 44salarios que sumados a los diez anteriormente indicados nosresulta un total de 144 salarios Conforme quedoacute demostrado elsalario promedio del actor para el caacutelculo de las prestacioneslegales fue de trescientos setenta y cinco mil trescientos uncolones setenta ceacutentimos (oslash37530170) (folios 65 y 217) ElInstituto Nacional de Seguros reconocioacute que al actor se lecanceloacute por concepto de auxilio de cesantiacutea la suma de cincomillones veintinueve mil cuarenta y dos colones con ochentaceacutentimos 134 meses cuando realmente le correspondiacutean 144 mesesequivalentes a cinco millones cuatrocientos cuatro mil trescientoscuarenta y cuatro colones con cincuenta ceacutentimos Concluimosentonces que el Instituto le adeuda al actor la suma detrescientos setenta y cinco mil trescientos un colones con ochentaceacutentimos por un mes de auxilio de cesantiacutea no liquidado

CONCEPTO DE UNICIDAD O SINGULARIDAD DERECHO ADQUIRIDO Y SITUACIOacuteNJURIacuteDICA CONSOLIDADA[SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA]10

V- Recurso por el fondo La Ley Ndeg 7532 del 8 de agosto de



1995 publicada en La Gaceta Ndeg 162 del 28 de agosto siguientecon vigencia a partir de su publicacioacuten adicionoacute al Coacutedigo deFamilia el Tiacutetulo VII con un uacutenico Capiacutetulo denominado De laUnioacuten de Hecho el cual comprendiacutea los artiacuteculos del 229 al 233cuya numeracioacuten posteriormente a raiacutez de otra reforma fuetrasladada y en la actualidad corresponden a los artiacuteculos 242al 246 Por escrito presentado ante la Sala Constitucional el 11de marzo de 1999 se solicitoacute que se declarara lainconstitucionalidad de los artiacuteculos 242 y 246 del Coacutedigo deFamilia Esta Accioacuten concluyoacute con el Voto Ndeg 3858 de las 1648horas del 25 de mayo de 1999 por medio del cual se declaroacute lainconstitucionalidad del numeral 246 del Coacutedigo de Familia porconsiderarse que al otorgar dicho artiacuteculo efectospatrimoniales a la denominada unioacuten de hecho irregular seinfringiacutea la norma constitucional nuacutemero 52 En consecuencia sedispuso en lo que interesa lo siguiente Se declara con lugarla demanda y en consecuencia se anula el artiacuteculo 246 del Coacutedigode Familia Esta sentencia tiene efectos declarativos yretroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada sinperjuicio de los derechos adquiridos de buena fehellip De esa maneraal ser anulada la norma por vicios de inconstitucionalidad suaplicacioacuten posterior resulta imposible no obstante se debeatender a lo tambieacuten expresamente resuelto por la SalaConstitucional Por consiguiente si la declaratoria deinconstitucionalidad se hizo sin perjuicio de derechos adquiridosde buena fe la norma no puede dejarse de aplicar sin anteshaberse realizado un anaacutelisis en cada caso concreto respecto dela existencia de los eventuales derechos adquiridos a favor de laparte que reclama la aplicacioacuten de la normativa En el caso bajoanaacutelisis tanto el juzgador de primera instancia como losmiembros del Tribunal desaplicaron la norma automaacuteticamente sinrealizar el obligado anaacutelisis correspondiente a los efectos dedeterminar si a favor de la accionante existiacutea la posibilidad dehacer surgir los efectos juriacutedicos previstos en el numeralanulado en atencioacuten a un posible derecho adquirido por eacutesta Porconsiguiente no puede realizarse un anaacutelisis juriacutedico completo desu situacioacuten si antes no se establece la posibilidad de que se leapliquen las consecuencias tambieacuten juriacutedicas derivadas de lanorma anulada ante aquella eventual existencia de un derechoadquirido en su favor VI- La teoriacutea de los derechos adquiridossurge a raiacutez de los estudios relacionados con la aplicacioacuten de laley en el tiempo y principalmente con el principio de lairretroactividad de la ley contemplado en el artiacuteculo 34 denuestra Carta Magna En efecto dicho numeral sentildeala A ningunaley se le daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona algunao de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situacionesjuriacutedicas consolidadas Dicha teoriacutea ha dado lugar a una



importante y amplia discusioacuten doctrinal en el Derecho Comparadode la cual se obtienen diversas definiciones de lo que puedeentenderse como un derecho adquirido En efecto la concepcioacutentradicional ha sido la de Merlin quieacuten indicoacute que derechosadquiridos son aquellos que han entrado a nuestro patrimonio quehacen parte de eacutel y que no pueden sernos arrebatados por aqueacutel dequieacuten los hubimos Por su parte Chabot de LrsquoAllier lo definioacutecomo aqueacutel que habiacutea sido irrevocablemente conferido ydefinitivamente adquirido antes del hecho del acto o de la leyque se le pretende oponer para impedir el pleno y entero goce deeacutel Blondeau por su parte funda su teoriacutea en la nocioacutenfundamental de esperanza derivando de ahiacute no soacutelo laconcepcioacuten del derecho adquirido sino tambieacuten la de expectativaindicando que la ley nueva no puede lesionar los derechosadquiridos Todas estas definiciones no han estado exentas decriacuteticas pero nos dan una nocioacuten aproximada de lo que ha deentenderse por derecho adquirido Maacutes adelante Vergara en laelaboracioacuten de su teoriacutea manifestoacute Una vez consumada laexistencia de los hechos o condiciones a que la ley ha unido elpoder de formar o constituir un derecho eacuteste principia a existirluego con el poder de desarrollarse en lo sucesivo produciendotodos los efectos que habriacutea producido bajo el imperio de la leyque procedioacute a su formacioacuten Bajo ese mismo pensamiento Fioreconceptuoacute el derecho adquirido como aqueacutel que se debe tener pornacido en el ejercicio integralmente realizado o por haberseiacutentegramente verificado todas las circunstancias del acto idoacuteneoseguacuten la ley en vigor para atribuir dicho derecho pero que no fueconsumado enteramente antes de haber comenzado a estar en vigor laley nueva Con mayor claridad el autor Juliaacuten RestrepoHernaacutendez expuso esta teoriacutea y al respecto sentildealoacute que en todadisposicioacuten legal hay un elemento material y otro formal Elprimero se refiere al supuesto o hipoacutetesis de hecho previstos enla norma y el formal a la conclusioacuten juriacutedica surgida comodirecta consecuencia del acaecimiento de aquellos supuestos ehipoacutetesis faacutecticos Verificado el hecho nacen los efectosjuriacutedicos que la ley le asigna y que son precisamente losderechos adquiridos De esa manera las consecuencias de un hechoanterior a la ley nueva no pueden ser desconocidas ni destruidaspor eacutesta cuando se hayan producido antes de que entre en vigor lanueva ley o cuando no hubieren acontecido se relacionen a sucausa como un resultado necesario y directo La teoriacutea deBonnecase de gran importancia y trascendencia abandonando ladiscusioacuten sobre los derechos adquiridos y las meras expectativasestablecioacute que la regla de la no retroactividad de las leyessignifica rigurosamente que una ley nueva no puede vulnerar oatacar una situacioacuten juriacutedica concreta nacida bajo el imperio dela ley antigua y considerada tanto en sus efectos pasados y en su



existencia como en sus efectos futuros tal como los determinabala ley derogada entendiendo por situacioacuten juriacutedica la manera deser de cada uno respecto de una regla de derecho o institucioacutenjuriacutedica que se concretiza cuando se pone en funcionamiento laley (ZULETA ANGEL Eduardo Estudios Juriacutedicos Bogotaacute EditorialTemis 1974 pp 18-71 Respecto del mismo tema tambieacuten puedenconsultarse las siguientes obras ARANGO VALENCIA Jorge DerechosAdquiridos Bogotaacute Ediciones Libreriacutea del Profesional primeraedicioacuten 1983 pp 25-58 GARCIA MAYNEZ Eduardo Introduccioacuten alEstudio del Derecho Meacutexico Editorial Porruacutea cuarta edicioacuten1951 pp 377-391) En nuestro medio Rubeacuten Hernaacutendez Valle bajola misma inteligencia sentildeala que un derecho se adquiere o unasituacioacuten juriacutedica se consolida cuando se realiza la situacioacuten dehecho prevista por la norma para que se produzcan los efectos quela misma disposicioacuten regula (El Derecho de la ConstitucioacutenVolumen I San Joseacute Editorial Juricentro primera edicioacuten 1993p 532) Sobre el tema tambieacuten resulta de intereacutes el texto deCarlos M Coto Albaacuten titulado El principio de irretroactividadde la ley incluido en la obra La Jurisdiccioacuten Constitucional ysu influencia en el Estado de Derecho San Joseacute EUNED ManavellaBertolini y Hubert Fernaacutendez Editores primera edicioacuten 1996 pp407 y siguientes En cuanto a este mismo punto resulta de intereacutescitar lo dispuesto en el Voto Constitucional Ndeg 2765 dictado alas 1503 horas del 20 de mayo de 1997 que sentildealoacute Losconceptos de derecho adquirido y situacioacuten juriacutedicaconsolidada aparecen estrechamente relacionados en la doctrinaconstitucionalista Es dable afirmar que en teacuterminos generalesel primero denota a aquella circunstancia consumada en la que unacosa -material o inmaterial traacutetese de un bien previamente ajenoo de un derecho antes inexistente- ha ingresado en (o incididosobre) la esfera patrimonial de la persona de manera que eacutestaexperimenta una ventaja o beneficio constatable Por su parte lasituacioacuten juriacutedica consolidada representa no tanto un pluspatrimonial sino un estado de cosas definido plenamente en cuantoa sus caracteriacutesticas juriacutedicas y a sus efectos aun cuando eacutestosno se hayan extinguido auacuten Lo relevante en cuanto a la situacioacutenjuriacutedica consolidada precisamente no es que esos efectos todaviacuteaperduren o no sino que -por virtud de mandato legal o de unasentencia que asiacute lo haya declarado- haya surgido ya a la vidajuriacutedica una regla clara y definida que conecta a un presupuestofaacutectico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efectocondicionado) Desde esta oacuteptica la situacioacuten de la persona vienedada por una proposicioacuten loacutegica del tipo laquosi entoncesraquovale decir si se ha dado el hecho condicionante entonces lasituacioacuten juriacutedica consolidada implica que necesariamentedeberaacute darse tambieacuten el efecto condicionado En ambos casos(derecho adquirido o situacioacuten juriacutedica consolidada) el



ordenamiento protege -tornaacutendola intangible- la situacioacuten de quienobtuvo el derecho o disfruta de la situacioacuten por razones deequidad y de certeza juriacutedica En este caso la garantiacuteaconstitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en lacertidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener laconsecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido delpatrimonio de la persona o de provocar que si se habiacutea dado elpresupuesto faacutectico con anterioridad a la reforma legal ya nosurja la consecuencia (provechosa se entiende) que el interesadoesperaba de la situacioacuten juriacutedica consolidada Ahora bienespeciacuteficamente en punto a eacutesta uacuteltima se ha entendido tambieacutenque nadie tiene un derecho a la inmutabilidad del ordenamientoes decir a que las reglas nunca cambien Por eso el preceptoconstitucional no consiste en que una vez nacida a la vida juriacutedica la regla que conecta el hecho con el efecto no puedaser modificada o incluso suprimida por una norma posterior lo quesignifica es que -como se explicoacute- si se ha producido el supuestocondicionante una reforma legal que cambie o elimine la regla nopodraacute tener la virtud de impedir que surja el efecto condicionadoque se esperaba bajo el imperio de la norma anterior Esto es asiacuteporque se dijo lo relevante es que el estado de cosas de quegozaba la persona ya estaba definido en cuanto a sus elementos y asus efectos aunque eacutestos todaviacutea se esteacuten produciendo o inclusono hayan comenzado a producirse De este modo a lo que la personatiene derecho es a la consecuencia no a la regla (La negrita noestaacute en el original) De esa manera a pesar de que el artiacuteculo246 del Coacutedigo de Familia fue anulado por inconstitucional deprevio a desaplicarse debe establecerse en cada caso concretosi median derechos adquiridos o situaciones juriacutedicas consolidadasque deban respetarse en virtud de lo dispuesto en el artiacuteculo 34constitucional En el caso bajo estudio estaacute claro que losefectos de la norma anulada no han beneficiado auacuten a laaccionante no obstante ello debe analizarse si de previo a laanulacioacuten su situacioacuten se enmarcaba dentro de cada uno de lospresupuestos de hecho previstos en la norma pues en tal caso susituacioacuten se consolidoacute juriacutedicamente y por consiguiente losefectos juriacutedicos previstos para la situacioacuten faacutectica contempladadeben aplicaacutersele en atencioacuten a lo normado en el artiacuteculo 34constitucionalVII- Expuesto lo anterior debe indicarse que elsupuesto de hecho previsto en el citado artiacuteculo 246 del Coacutedigode Familia en lo que ahora interesa sentildeala La unioacuten de hechopuacuteblica notoria estable y uacutenica cuya duracioacuten sea mayor decuatro antildeos en la cual uno de los convivientes esteacute impedido paracontraer matrimonio por existir un viacutenculo anterior tendraacute losefectos patrimoniales limitados que se estipulan en este artiacuteculopues los convivientes no tendraacuten derecho a exigirse alimentos hellipSi la situacioacuten de la accionante coincidioacute con dicho presupuesto



de previo a que la norma fuera declarada inconstitucionalconserva el derecho a que se le apliquen los efectos juriacutedicosprevistos pues como se indicoacute su situacioacuten juriacutedica seconsolidoacute plenamente cuando la normativa estaba auacuten vigente Ahorabien en las instancias previas ha quedado acreditado y de esaforma lo han tenido los juzgadores de primera y de segundainstancias que entre la accionante y el causante existioacute unarelacioacuten de convivencia cuyo comienzo fijaron aproximadamente en1991 dentro de la cual procrearon una hija y que la mismaconcluyoacute con la muerte del sentildeor Granados Corteacutes el 14 de mayo de1999 Sin embargo tambieacuten tuvieron por probado que el causantemantuvo al mismo tiempo una relacioacuten con la sentildeora JosefaMatarrita Rosales razoacuten por la cual consideraron que la unioacutenentre la actora y el causante no fue estable y tampoco uacutenica osingular En atencioacuten al reclamo que ahora plantea el recurrentedebe determinarse entonces si tal y como lo consideraron losjuzgadores de primera y de segunda instancia la relacioacutenefectivamente no fue uacutenica y tampoco estable tal y como lo exigeel presupuesto de hecho previsto en la normaVIII- De lo hastaaquiacute expuesto se desprende que ese numeral 246 tutelaba lasuniones de hecho en las cuales alguno de los convivientes notuviera aptitud legal para contraer matrimonio por existir unviacutenculo anterior pero para ello se requeriacutea que la unioacuten fuerapuacuteblica notoria estable uacutenica y que su duracioacuten fuera mayor decuatro antildeos La publicidad y notoriedad necesariamente implicabaque se tratara de relaciones que no fueran ocultas la estabilidadindicaba que no se tratara de relaciones casuales y por uacuteltimola unicidad o singularidad contiene la idea de que no existieranotras relaciones concomitantes de convivencia (Al respecto puedeconsultarse la sentencia de esta Sala Ndeg 210 de las 1400 horasdel 17 de setiembre de 1997) En el caso bajo estudio se indicoacuteque la relacioacuten de la actora con el causante careciacutea de losindispensables requisitos de estabilidad y de unicidad dado queeacuteste tambieacuten manteniacutea relaciones con otra mujer Procedeentonces realizar el anaacutelisis de la prueba traiacuteda a los autos alos efectos de determinar si medioacute una apreciacioacuten inadecuada porparte de los juzgadores de las instancias precedentes Sobre esteconcreto punto constan las declaraciones de Manuel Angel AbadiacuteaMatarrita (folio 52) de Nicasio Carrillo Carrillo (folio 54) deJavier Granados Carrillo (folio 55) de Greivin Fonseca Rosales(folio 63) de Marcelo Naranjo Arias (folio 65) de MartaVillalobos Valverde (folio 67) de Marilin Arguedas Villalobos(folio 69) y de Josefa Matarrita Rosales (folio 71) Analizadosdichos testimonios en relacioacuten con la demaacutes prueba aportada conbase en los principios de la sana criacutetica se arriba a laconclusioacuten de que la unioacuten entre el causante y la actora siacute fueestable y uacutenica esto a pesar de que de esas probanzas tambieacuten



se desprende la existencia de otra relacioacuten amorosa ndashmas no deconvivencia y tampoco simultaacutenea- por lo menos con la sentildeoraJosefa Matarrita Rosales con la cual pero tiempo atraacutes siacute habiacuteamantenido tambieacuten otra relacioacuten de plena convivencia Como seexpuso analizadas las pruebas se concluye sin lugar a dudasque el causante manteniacutea relaciones amorosas con otras mujerespero no se trataba de relaciones de convivencia como la que tuvocon la actora por lo menos desde 1991 La sentencia del JuzgadoCivil de Nicoya dictada a las 1055 horas del 31 de diciembre de1985 acogioacute la pretensioacuten de separacioacuten judicial planteada porla coacutenyuge del causante y dicha separacioacuten se sustentoacute en larelacioacuten aduacuteltera que eacuteste manteniacutea ndashse reafirma- en aquella otraeacutepoca con la sentildeora Matarrita Rosales (folios 24-28) Noobstante de las pruebas se desprende con certeza que alrededorde 1991 el causante inicioacute una relacioacuten estable con laaccionante ndashde convivencia- de la cual nacioacute una hija y que lasrelaciones que eacuteste manteniacutea con otras mujeres ndashinclusive con lasentildeora Matarrita Rosales- eran pasajeras o casuales razoacuten por lacual dicha situacioacuten no tiene la virtud de eliminar el caraacutecterde unioacuten de hecho con las caracteriacutesticas establecidas en lalegislacioacuten pues la relacioacuten que manteniacutea con la actora siacuterevistioacute aquellos caracteres previstos por el legislador puesdurante dicho periacuteodo soacutelo con ella convivioacute y no mantuvo unionesde hecho similares con otras mujeres (En cuanto a este puntopuede consultarse la reciente sentencia de esta Sala Ndeg 642 delas 940 horas del 30 de junio del antildeo en curso ndash2000-)Analizadas en concreto las probanzas se tiene que los testigosAbadiacutea Matarrita y Carrillo Carrillo fueron contestes y muyclaros en expresar que el causante conviviacutea con la promovente yque su trato era como el de esposos Luego si bien el testimoniode Granados Carrillo intentoacute desacreditar la existencia de launioacuten entre la actora y el causante maacutes bien de sus declaracionesse desprenden elementos que hacen concluir que por el contrarioaquella relacioacuten siacute existioacute Al analizar la prueba resultaextrantildeo que si el declarante indica que su padre no conviviacuteapermanentemente con la actora por queacute fue a ella a quien se leentregaron los documentos personales del causante cuando eacutestesufrioacute el accidente de traacutensito que a la postre le causoacute lamuerte Luego tambieacuten extrantildea que haya indicado que fue a la casade eacutesta donde fueron a recoger las pertenencias de su padre yque en ese mismo lugar se encontraba una bicicleta y unvehiacuteculo ambos pertenecientes a eacuteste Por otro lado estaacute claroque el conocimiento de los hechos por parte del testigo no essuficiente pues el mismo declaroacute que era vecino de Alajuelacuando el domicilio del causante estaba en Guanacaste Eltestimonio de Fonseca Rosales quien colaboroacute en la construccioacutende la vivienda de la actora tampoco es suficiente para desvirtuar



la relacioacuten de convivencia de eacutesta con el causante pues sutestimonio se contradice con lo dicho por otros testigos en elsentido de que el sentildeor Granados Corteacutes siacute viviacutea con lapromovente Luego el testigo Naranjo Arias si bien indicoacute que elcausante convivioacute por muchos antildeos con la sentildeora Josefa Matarritade su testimonio se desprende que en otra eacutepoca posterior aaqueacutella eacutel uacutenicamente la visitaba En ese sentido declaroacute hellipeacutelllegaba de vez en cuandohellip eacutel llegaba continuamente a esa casahellip nome consta que fuera todos los diacuteas porque tendriacutea que vivir en esacasa para saberlo (folio 65) De esa declaracioacuten se desprendeque ya en una eacutepoca posterior el causante soacutelo la visitaba Lomismo se deduce de las declaraciones de Villalobos ValverdeArguedas Villalobos y de la propia Josefa Matarrita Rosales Laprimera de las testigos sentildealoacute hellip eacutel viviacutea ahiacute un tiempo eacutel seiba los lunes y veniacutea los viernes siempre la visitaba y cuando eacutelfallecioacute haciacutea unos diiacutetas habiacutean ido a bailarhellip (folio 67)Luego la otra testigo dijo hellip al principio eacutel siacute viviacutea ahiacute yadespueacutes fue que empezoacute de que se iba y volviacutea (folio 69) Y poruacuteltimo la testigo Matarrita Rosales sentildealoacute hellip antes de fallecereacutel visitaba mi casahellip soacutelo me deciacutea que en la cama no amaneciacutea pueseacutel habiacutea nacido alegre y seguiriacutea alegrehellip (folios 71-72) (Lasnegritas no estaacuten en los originales) De todo lo anterior sedesprende que la relacioacuten con esta otra sentildeora fue pasajeramientras que con la accionante siacute mantuvo por lo menos desde1991 una unioacuten de hecho puacuteblica notoria permanente y singularPor consiguiente necesariamente debe concluirse que mientrasestuvo vigente el artiacuteculo 246 del Coacutedigo de Familia y hasta antesde su anulacioacuten la situacioacuten del actora se ajustoacute a los presupuestos de hecho ahiacuteprevistos y por ello se trata entonces de una situacioacutenjuriacutedica consolidada que no puede lesionarse en virtud delprincipio de la irretroactividad de las leyes razoacuten por la cuallos efectos previstos en la norma deben ser aplicados

PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY APLICACIOacuteN EN MATERIATRIBUTARIA[SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA]11

III- El debate gira en torno a la aplicacioacuten de la Ley Nordm 6999de 17 de setiembre de 1985 la cual reformoacute el artiacuteculo 63 de laLey del Impuesto sobre la Renta Se trata de establecer si a lostiacutetulos valores con claacuteusula a la orden emitidos por [la sociedadactora] con anterioridad a la publicacioacuten de la Ley se les puede



aplicar dicha reforma Ello impone el anaacutelisis juriacutedico antes ydespueacutes de la reforma operada para posteriormente analizar cuaacuteles el hecho generador y la determinacioacuten de la obligacioacutentributaria Solo de esa forma se podriacutea establecer conforme a loslineamientos de la legislacioacuten tributaria si lo resuelto por laAdministracioacuten estaacute conforme con el ordenamiento juriacutedico La Ley6962 del 16 de julio de 1984 vigente a partir del 8 de agosto de1984 en su artiacuteculo 13 modificoacute el numeral 63 de la Ley delImpuesto sobre la Renta Nordm 837 del 20 de diciembre de 1946 Dichanorma en lo que interesa dispuso Artiacuteculo 63-Los emisoresagentes pagadores sociedades anoacutenimas u otras entidades puacuteblicaso privadas que paguen o acrediten rentas de tiacutetulos de ceacutedulasbonos de toda clase y demaacutes valores deben retener el cinco porciento (5) de tales sumas si son nominativas y el quince porciento (15) si son al portador En caso de que los tiacutetulos alportador esteacuten inscritos en una bolsa de comercio reconocidaoficialmente o hayan sido emitidos por entidades financierasdebidamente registradas en la Auditoriacutea General de Bancos altenor de la ley Nordm 5044 del 17 de setiembre de 1972 el porcentajeretenido seraacute el cinco por ciento (5) La retencioacuten debeconsiderarse como pago uacutenico y definitivo del impuesto por talesconceptos y practicarse a la fecha en que se efectuacutee el pago ocreacutedito que la origine [] Con esta reforma el legisladorgravoacute uacutenicamente dos clases de tiacutetulos valores los nominativos yal portador Conforme a la legislacioacuten vigente en dicha eacutepocaantes de las modificaciones al Coacutedigo de Comercio se considerantiacutetulos nominativos los expedidos a favor de una persona cuyonombre se expresa en el texto mismo del documento (artiacuteculo 686)Sobre ellos los entes emisores teniacutean el deber de retener un 5sobre el monto de los intereses En cuanto a los tiacutetulos alportador entendidos como aquellos que no expedidos a favor depersona determinada se trasmiten por simple tradicioacuten contengano no la claacuteusula al portador (artiacuteculo 712 el porcentaje deretencioacuten seriacutea de un 15 No se mencionan por ninguna parte lostiacutetulos a la orden ni se establece ninguacuten porcentaje especiacuteficopara este tipo de tiacutetulos valores Por ello si el legisladorhubiese querido gravar los tiacutetulos a la orden lo habriacutea indicadoexpresamente Pero no fue asiacute La Direccioacuten General de TributacioacutenDirecta en resolucioacuten de las 12 horas y 5 minutos del 11 dediciembre de 1989 conociendo del reclamo presentado por el[actor] aceptoacute expresamente estaacute interpretacioacuten al indicarya desde la Ley Nordm 6962 de 8 de Agosto de 1984 se establecioacutetal tributo pero con tasas diferentes -a saber 5 para lostiacutetulos nominativos y 15 si eran al portador- en ese sentido lacircular publicada a que se refiere la reclamante sencillamentevino a llenar una laguna legal de dicha ley por cuanto viacutearesolucioacuten aclara que los tiacutetulos valores nominativos con claacuteusula



a la orden estaban exentos de dicho tributo fue para evitarconfusiones de ese tipo que se dio la reforma del artiacuteculo 63 dela Ley del Impuesto sobre la Renta por medio de la Ley Nordm 6999 del17 de setiembre de 1985 establecieacutendose para el futuro y desde suvigencia que la retencioacuten del impuesto de repetida cita recaeriacuteasobre TODA CLASE DE TITULOS VALORES sin diferencia alguna[] La interpretacioacuten de la recurrente en cuanto a laexistencia del tributo antes de la reforma indicada es por elloinaceptable en esta instancia Mediante la Ley Nordm 6999 del 28 deagosto de 1985 vigente a partir del 17 de setiembre de 1985 sereformoacute nuevamente la citada norma En ella se dispuso Artiacuteculo63 Impuesto sobre los dividendos y rentas de tiacutetulos valores 1-() 2- Los emisores agentes pagadores sociedades anoacutenimas yotras entidades puacuteblicas o privadas que paguen o acreditenintereses de toda clase de tiacutetulos valores deben retener elquince por ciento (15) de dichas rentas por concepto deimpuesto Si los tiacutetulos valores se inscriben en una bolsa decomercio reconocida oficialmente o hubieren sido emitidos porentidades financieras debidamente registradas en la AuditoriacuteaGeneral de Bancos a tenor de la ley Nordm 5044 del 7 de setiembre de1972 y sus reformas por el Estado sus instituciones o los bancosintegrados al Sistema Bancario Nacional el porcentaje por aplicarseraacute el cinco por ciento (5) 3- Las retenciones de losimpuestos anteriores deben practicarse en la fecha en que seefectuacutea el pago o creacutedito el acto que se realice primero Porello solo a partir de esta reforma se gravaron toda clase detiacutetulos valores incluyendo los de claacuteusula a la orden Elproblema radica en determinar como se dijo maacutes arriba si lamisma se podriacutea aplicar a tiacutetulos valores emitidos conanterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Para ello esindispensable establecer el momento del hecho generador y ladeterminacioacuten de la obligacioacuten tributaria V La Corte Interinaconociendo un recurso de amparo en un caso similar al que ahoranos ocupa sentildealoacute como momento del hecho generador la fecha deemisioacuten de los tiacutetulos respectivos En sentencia dictada a las 14horas del 12 de febrero de 1988 establecioacute IV- La normativalegal aplicable a la recaudacioacuten del tributo es aquella vigente alproducirse el hecho generador o imponible Con la compra del bonoy entregados los correlativos cupones se produjo el hechogenerador del tributo pues desde ese momento quedaban gravados losintereses devengados por la modalidad especial del impuesto encuestioacuten y loacutegicamente por el porcentaje que la ley sentildealaba ala sazoacuten Con esto resulta claro entonces que desde la compradel bono y entrega de los cupones se sabiacutea cuaacutento era elporcentaje con que se gravaba a los intereses devengables Ladeterminacioacuten del quantum debeatur en este caso inclusotambieacuten era posible a la fecha de adquisicioacuten del bono ya que



desde entonces se conociacutea el monto del bono el plazo el tipo deintereacutes el porcentaje de incidencia del impuesto y el monto delos intereses y lo que resultaba diferido era uacutenicamente el pagode los intereses y la recaudacioacuten del tributo porque debiacuteaesperarse el vencimiento de los cupones V- En el caso enexamen el tributo incidiacutea sobre el sujeto pasivo (adquirente oendosatario del bono) desde el momento mismo de la adquisicioacuten deltiacutetulo con sus respectivos cupones de intereses pues laadquisicioacuten funcionaba como la conditio facti de que dependiacutea laobligacioacuten tributaria en cuestioacuten La conditio iuris se produjopor el dictado de la Ley que autorizaba el tributo y laconsecuente emisioacuten de los bonos y cupones Pues bien cuando elrecurrente comproacute el mencionado bono el porcentaje del impuestoera de un cinco por ciento de los intereses y no de un ocho porciento como lo quiere la Administracioacuten Tributaria Lacuantificacioacuten del tributo tiene caraacutecter meramente deacertamiento declarativo por lo que la fecha de la determinacioacuteny del pago en su caso no tienen efectos constitutivos y porconsiguiente la ley tributaria vigente en estas oportunidades noresulta relevante para fijar el monto del tributo La Salacomparte los criterios ahiacute esbozados En el subjuacutedice estaacutedemostrado que el reajuste realizado por la AdministracioacutenTributaria recayoacute sobre tiacutetulos valores con claacuteusula a la ordenemitidos con anterioridad a la vigencia de la Ley 6999 del 17 desetiembre de 1985 Auacuten cuando el periacuteodo fiscal se extendiacutea desdediciembre de 1985 no era posible aplicar en forma retroactiva lareforma del artiacuteculo 63 de la Ley del Impuesto sobre la Renta Siel hecho generador de la obligacioacuten tributaria como se haindicado se realiza al momento de la emisioacuten del tiacutetulo [laactora] uacutenicamente teniacutea la obligacioacuten de realizar las retencionessobre los tiacutetulos gravados con el impuesto de los cuales quedabanexcluidos los tiacutetulos con claacuteusula a la orden emitidos conanterioridad a la vigencia de la Ley En siacutentesis el hechogenerador de la obligacioacuten tributaria ocurre en el momento de laemisioacuten del tiacutetulo Los tiacutetulos con claacuteusula a la orden sobre loscuales se hizo el reajuste administrativo fueron emitidos por [laactora] con anterioridad a la reforma del artiacuteculo 63 de la Leydel Impuesto sobre la Renta operada por Ley 6999 del 17 desetiembre de 1985 y por ello se violoacute el principio deirretroactividad de las Leyes consagrado en el artiacuteculo 34Constitucional El tributo solo se podiacutea aplicar a tiacutetulos a laorden emitidos con posterioridad a dicha reforma VI- Esinaceptable la tesis de la representante estatal en el sentido deque el hecho generador se realiza al momento de la retencioacuten Comose ha indicado en liacuteneas maacutes arriba la emisioacuten del tiacutetulo valorconlleva el nacimiento de un derecho incorporado en el documentoincluso en ese mismo documento se fija el tipo de intereacutes a cobrar



y desde ese momento puede determinarse el impuesto a pagar Porello el hecho generador ocurre con la emisioacuten del tiacutetulo y noposteriormente Respecto de la determinacioacuten de la obligacioacutentributaria el artiacuteculo 63 paacuterrafo tercero antes de la reformaestableciacutea La retencioacuten debe considerarse como pago uacutenico ydefinitivo del impuesto por tales conceptos y practicarse en lafecha en que se efectuacutee el pago o creacutedito que la origine Con lareforma operada por la Ley 6999 el artiacuteculo 63 inciso 3 dispusoLas retenciones de los impuestos anteriores deben practicarse enla fecha en que se efectuacutea el pago o creacutedito el acto que se realice primero De modo que el hecho generador laemisioacuten del tiacutetulo valor es el presupuesto para el nacimiento dela obligacioacuten tributaria cuya realizacioacuten se hace efectiva almomento del pago o creacutedito respectivo En forma geneacutericasiguiendo este criterio esta Sala en sentencia Nordm 71 de las 14horas y 40 minutos del 29 de mayo de 1991 sentildealoacute IV- Ladeterminacioacuten de la obligacioacuten tributaria entendida como elconjunto de actos provenientes de la administracioacuten tributaria delos contribuyentes o de ambos orientados a determinar para cadacaso concreto si se ha configurado el supuesto de hecho la medidade lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligacioacuten tieneun efecto declarativo ya que la obligacioacuten tributaria nace alproducirse el supuesto de hecho previsto por la norma tributaria ola hipoacutetesis legal condicionante es decir el hecho imponible quedescribe y tipifica el tributo correspondiente El deber desatisfacer la obligacioacuten tributaria y el correlativo derecho aexigirla no se encuentran condicionados a ninguacuten acto sustancialposterior La determinacioacuten tributaria implica y supone unreconocimiento formal de una obligacioacuten preexistente Tanto elcontribuyente como la Administracioacuten Tributaria al determinarpara la situacioacuten concreta la base imponible y el monto de ladeuda no crean ni perfeccionan obligacioacuten alguna simplementereconocen y declaran una obligacioacuten preexistente a ladeterminacioacuten El caraacutecter declarativo de la determinacioacuten es latesis maacutes consecuente con el caraacutecter innegable ex lege de laobligacioacuten tributaria Sobre el particular nuestra legislacioacutentributaria dispone que El hecho generador de la obligacioacutentributaria es el presupuesto establecido por la ley para tipificarel tributo y cuya realizacioacuten origina el nacimiento de laobligacioacuten (artiacuteculo 31 Coacutedigo de Normas y ProcedimientosTributarios) lo anterior significa que basta que se deacute elsupuesto hipoteacutetico contenido en la norma tributaria para que laobligacioacuten tributaria nazca a la vida juriacutedica (artiacuteculo 11 Coacutedigode Normas y Procedimientos Tributarios) Argumenta la recurrenteque el gravamen sobre los tiacutetulos valores y toda clase de rentasproviene desde el origen de la Ley del Impuesto sobre la RentaHasta esta altura procesal se trae a discusioacuten este punto



juriacutedico Como se ha indicado y la misma AdministracioacutenFinanciera lo aceptoacute el impuesto correspondiente a tiacutetulosvalores a la orden nace con la reforma a la Ley del Impuestosobre la Renta operada por la Ley Nordm 6999 del 17 de setiembre de1985 y no antes Es a partir de ahiacute donde se produce el hechogenerador de la obligacioacuten tributaria y el deber de retencioacutencorrespondiente

[SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA]12

Del contenido integral del motivo se advierte que toda laargumentacioacuten del recurrente se centra en la pretensioacuten de que lasnormas relativas al coacutemputo de la prescripcioacuten de la accioacuten penalque contempla el nuevo Coacutedigo Procesal Penal de 1996 se apliquenal presente asunto de manera retroactiva todo lo cual resultaimprocedente Tal y como lo acepta de manera taacutecita el defensor ensu recurso al existir un auto de elevacioacuten a juicio que data del03 de enero de 1997 (cfr folios 133 a 136) y seguacuten la regulacioacutenque a dichos efectos incorpora el transitorio III de la Ley deReorganizacioacuten Judicial de forma correcta este proceso se tramitoacuteconforme al Coacutedigo de Procedimientos Penales de 1973 de donderesulta claro que al mismo le era aplicable el reacutegimen deprescripcioacuten previsto en el Coacutedigo Penal y las leyes que locomplementan (cfr paacuterrafo 3deg ibiacutedem) sobre todo la Ndeg 5712 envirtud de la cual se mantuvieron vigentes las reglas que en cuantoa dicha materia contemplaba el Coacutedigo de Procedimientos Penales de1910 A igual conclusioacuten se llega a partir del contenido de lostransitorios I y II de la Ley Ndeg 7594 publicada en el Alcance Ndeg31 a la Gaceta Ndeg 106 del 04 de junio de 1996 en los queclaramente se define que todos aquellos procesos que a la entradaen vigencia del Coacutedigo Procesal Penal (1deg de enero de 1998)tengan auto de elevacioacuten a juicio o de proacuterroga extraordinariaaunque no esteacuten firmes continuaraacuten tramitaacutendose de conformidadcon el Coacutedigo anterior Ademaacutes que para todas estas causasregiraacuten las disposiciones que sobre prescripcioacuten preveiacutea el Coacutedigode Procedimientos Penales de 1919 Siendo ello asiacute resultariacutea deltodo impropio que -conforme se pretende- a pesar de existir unadefinicioacuten legal clara e inequiacutevoca acerca de cuaacuteles son lasreglas de prescripcioacuten aplicables se optara por otras quevendriacutean a favorecer la situacioacuten del acusado La misma SalaConstitucional ya se pronuncioacute al respecto insistiendo por votode mayoriacutea en que ldquo las reglas de la prescripcioacuten de la accioacutenpenal deben aplicarse seguacuten las definidas en los transitorios I yII del Coacutedigo Procesal Penal nuacutemero 7594 del 28 de marzo de milnovecientos noventa y seis que no son inconstitucionales rdquo En



cualquier caso conviene recordar que si bien es cierto existe unprincipio prohibitivo constitucional seguacuten el cual a ninguna leyse le daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna osus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones juriacutedicasconsolidadas (artiacuteculo 34 de la Carta Magna) correlativamente aello no existe un derecho fundamental a que siempre y en todos loscasos a la ley posterior se le deba dar efecto retroactivo enbeneficio del ciudadano sindicado como presunto autor de unainfraccioacuten penal pues nuestro ordenamiento juriacutedico establececomo regla general que las acciones delictivas han de juzgarseconforme a la ley vigente a la fecha de los hechos (en tal sentidoveacutease la resolucioacuten de la Sala Tercera de la Corte Suprema deJusticia Ndeg 416-A-93 de las 1050 hrs del 30 de setiembre de1993) Quien siacute preveacute de forma expresa una aplicacioacuten obligatoriay necesaria es el numeral 11 del Coacutedigo Penal soacutelo que en ellohace referencia clara a la ley penal de fondo o sustantiva y no ala ley procesal o adjetiva como ocurre en el caso que nos ocupaEste es el criterio que en materia de revisioacuten ha mantenido lacitada Sala Penal (en tal sentido veacuteanse entre otros el voto Ndeg558-97 de las 1055 hrs del 06 de junio de 1997) Por uacuteltimo elartiacuteculo 9 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos(Pacto de San Joseacute) tambieacuten contempla una aplicacioacuten retroactiva yobligatoria de la ley penal de fondo posterior soacutelo para aquellossupuestos en los que eacutesta sentildeale una pena maacutes leve para el delitode que se trate lo que no se da en el presente caso Asiacute lascosas resulta claro que la situacioacuten que cuestiona el defensoresto es que el tribunal de juicio no suspendioacute los procedimientosseguacuten se solicitoacute no constituye ninguna irregularidad o defectoen su actuacioacuten que justifique acoger la nulidad intentada pues-seguacuten se explicoacute- las normas procesales cuya constitucionalidadefectivamente se discute en este momento ante la Sala respectiva(cfr acciones acumuladas nuacutemeros 00-6008-007-CO y 00-7168-007-CO) no resultaron aplicables ni incidieron de ninguacuten modo en elfallo condenatorio que se dictoacute Con base en lo expuesto sedeclara sin lugar el motivo

NORMAS JURIacuteDICAS ANAacuteLISIS DE SU APLICACIOacuteN RETROACTIVA[TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACION]13

Ciertamente el Coacutedigo Penal reconoce en los artiacuteculos 12 y 13 laeficacia retroactiva de la ley penal aplicando la que resulte maacutesfavorable en el caso concreto a costa inclusive de lainstitucioacuten de la cosa juzgada en el supuesto del segundo artiacuteculoanotado En principio la norma juriacutedica como regla de conductatoma en cuenta el futuro comportamiento del individuo y no los



pasados cuando esa norma ha entrado a regir No obstante a tenordel axioma tempus regit actum contenido en el artiacuteculo 11ibiacutedem los actos que se realicen durante la vigencia de una leydeben ser juzgados conforme a ella auacuten cuando a posteriorisurja una nueva norma que resulte maacutes benigna para el reo Asiacuteentonces se aplicariacutea la ley vigente al momento de la realizacioacutende la conducta del juzgamiento de ese hecho y del cumplimientoefecto de la pena En ese caso la vigencia de la ley se proyectadesde la ejecucioacuten de la misma del delito hasta la extincioacuten de lapena Pero tampoco se puede mantener a ultranza lairretroactividad del derecho pues ello significariacutea condenar alautor de acuerdo con un criterio maacutes severo que el mismoordenamiento juriacutedico repudioacute y la ley ya no regula El artiacuteculo12 citado determina que si rige una nueva ley en el momento que sejuzga el hecho seraacute aplicada la que maacutes favorezca al inculpadoen ese caso particular En tanto el ordinal 13 ibiacutedem establece lahipoacutetesis de la aplicacioacuten de la norma maacutes favorable en -caso desucesioacuten de leyes- auacuten cuando la sentencia se encuentre en firmepero en todo caso antes del cumplimiento de la sancioacuten Lamodificacioacuten de lo resuelto en ese supuesto corresponde realizarsepor la viacutea de la revisioacuten en consonancia con el artiacuteculomencionado 42 de la Constitucioacuten Poliacutetica y 490 inciso 5ordm delCoacutedigo de rito penal En relacioacuten a este conflicto que surge conel dictado de nuevas leyes debe tomarse en cuenta que el derechoconstituye una estructura normativa que garantiza acciones Esobligado que cada persona conozca como es que su conducta va a sercalificada o tratada juriacutedicamente Surge de ello lacaracteriacutestica general del derecho en cuanto debe dar certeza alos integrantes de la comunidad con fundamento en el principio dereserva legal No basta con el nullun crimen o con la nullapoena sino que sea praevia lege Una sancioacuten fijada conposterioridad al hecho no puede aplicarse retributiva opreventivamente al autor porque como retribucioacuten supone lainfraccioacuten a la ley y eacuteste no existiacutea a la realizacioacuten de laconducta ni como prevencioacuten en la medida que no puede evitar lacomisioacuten de un hecho realizado en el pasado Las dificultades sepresentan cuando el suceso se produce bajo el amparo de una normael juzgamiento se daacute estando auacuten en rigor esa disposicioacuten yluego por una nueva ley se modifica favorablemente la situacioacutendel imputado en dos circunstancias temporales cuando el fallo noha adquirido firmeza o cuando alcanzoacute el valor de cosa juzgadaSeguacuten el reclamo que se plantea el inculpado fue favorecido poruna legislacioacuten novedosa que surge luego que la sentencia seemitioacute sin estar firme Sobre el particular se hacen lassiguientes anotaciones Lo importante es tomar en consideracioacuten elprincipio de publicidad de las leyes Al respecto el artiacuteculo 129de la Constitucioacuten en lo que interesa establece Las leyes son



obligatorias y surten efectos desde el diacutea que ellas designen afalta de este requisito diez diacuteas despueacutes de su publicacioacuten en elDiario Oficial En iguales teacuterminos el artiacuteculo 7ordm del CoacutedigoCivil se pronuncia Las leyes entraraacuten en vigor diez diacuteas despueacutesde su completa y correcta publicacioacuten en el diario oficial LaGaceta si en ellas no se dispone otra cosa [] Se tiene quela Ley Nordm 6404 del 20 de diciembre de 1979 regiacutea el actoatribuido al encartado [] puesto que aqueacutel se dio seguacuten loshechos probados de la sentencia el 9 de diciembre de 1993 Laparte dispositiva es el 4 de mayo de 1994 y la lectura integraloperoacute el 5 del mismo mes y antildeo La Ley que se reclama inaplicada(Nordm 7395) se publicoacute en el Diario Oficial el 6 de mayo de 1994cuyo artiacuteculo 36 deroga expresamente la Ley Nordm 6404 del 20 dediciembre de 1979 Por no expresar el inicio de la vigencia seentiende que eacutesta surge diez diacuteas de su publicacioacuten conforme a lasnormas transcritas Entretanto el inculpado no puede someterse acumplimiento de la pena impuesta por no estar firme la sentenciatenieacutendose que seguacuten se protesta esa nueva normativa es la quele favorece Asiacute planteadas las cosas se observa que el problema aestas alturas del proceso no es de orden puramente sustantivo ysiacute de caraacutecter praacutectico y procedimental El a-quo al dictar lasentencia el 4 y 5 de mayo de 1994 no podiacutea conocer el contenidode una nueva ley que se publicariacutea hasta el 6 de mayo de 1994siendo irrelevante que el Poder Ejecutivo la hubiese rubricado el3 de mayo de ese antildeo tenieacutendose claro que la vigencia se alcanzacon la publicidad de La Gaceta Ergo el Juez no teniacutea facultadeslegales para adecuar la resolucioacuten que dicta a los teacuterminos de unaley futura por eacutel desconocida y mucho menos modificar el fallopara ajustarla a esa nueva norma pues no tiene competencia paraello Ahora bien este Tribunal -como casacioacuten- carece igualmentede competencia para pronunciarse sobre la inaplicabilidad de unadisposicioacuten legal que al dictarse el fallo por parte del Juez deinstancia auacuten no regiacutea No puede obligarse la observancia de unaley juriacutedicamente inexistente El control que ejerce este Tribunales sobre la legalidad del fallo al ser requerida su intervencioacutenpor la actividad impugnaticia ejercida y desde esa oacuteptica debedeclararse que el a-quo no quebrantoacute ninguna de las disposicionesalegadas por el recurrente El agravio no es procedente alegarlopor esta viacutea y corresponderaacute discutirlo si procediere y fuerepertinente mediante un juicio de revisioacuten que desde luegooficiosamente este Tribunal no puede trastrocar para adaptarlo eneste procedimiento si lo que se ha instado por la parteinteresada es casualmente el de la casacioacuten



4 PROCURADURIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DE COSTA RICA

SOBRE LA VIGENCIA DE LAS NORMAS JURIDICAS[PROCURADURIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DE COSTA RICA]14

De conformidad con lo dispuesto en el paacuterrafo primero del artiacuteculo129 de la Constitucioacuten Poliacutetica Las leyes son obligatorias ysurten efectos desde el diacutea en que ellas designen y a falta deeste requisito diez diacuteas despueacutes de su publicacioacuten en el DiarioOficial

En sentido similar se pronuncia el artiacuteculo 7 del Coacutedigo CivilLas leyes entraraacuten en vigor diez diacuteas despueacutes de su completa ycorrecta publicacioacuten en el diario oficial La Gaceta si en ellasno se dispone otra cosa

De la normativa transcrita se desprende claramente que es potestaddel legislador establecer a partir de que momento las leyesempiezan a surtir sus efectos Sobre el particular la SalaConstitucional ha sentildealado que

() la determinacioacuten de la fecha a partir de lacual entre a regir una ley es materia de exclusiva decisioacuten de laAsamblea Legislativa con base en criterios de oportunidadrazonabilidad y conveniencia Lo anterior sobre todo teniendo encuenta que se trata de un liacutemite puramente cuantitativo y que laresponsabilidad de sopesar las circunstancias histoacutericas y losefectos que en la sociedad puedan producir sus actos en relacioacutencon la tutela de los intereses nacionales que le han sidoconfiados corresponde uacutenicamente al Parlamento Eacutel deberaacute evaluarla conveniencia y el meacuterito del tiempo dentro del cual debeempezar a regir una norma () (sentencia nuacutemero 6378-94 de1627 del 1deg de noviembre de 1994)

Es claro entonces que toda norma juriacutedica posee un aacutembito devigencia formal determinado en el tiempo obliga desde el momentoen que entra en vigor En ese sentido la vigencia de una normaequivale a su obligatoriedad

Ahora bien la entrada en vigencia de una norma genera por unlado el deber de todas las personas que sean sus destinatarios deobservar el mandato que la misma contenga y por otro el deberde las autoridades puacuteblicas de realizar las actividades necesariaspara asegurar el cumplimiento de la norma



En el caso que nos ocupa tenemos que el artiacuteculo 111 de la Ley dePensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional fue reformado porel artiacuteculo 1deg de la Ley ndeg 7946 del 18 de noviembre de 1999publicada en el Diario Oficial La Gaceta ndeg 235 Alcance 96B del3 de diciembre del mismo antildeo Dicha Ley dispuso ademaacutes que regiacuteadesde su publicacioacuten

La reforma en cuestioacuten tuvo por objeto precisamente ampliar dedos a cinco antildeos el periacuteodo de nombramiento del Director Ejecutivode la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio NacionalConsecuentemente a partir de la entrada en vigencia de la Ley ndeg7946 acaecida repito el 3 de diciembre de 1999 todo acuerdo denombramiento de Director Ejecutivo que realice la Junta Directivade la citada Institucioacuten debe ajustarse y respetar el plazo legalde cinco antildeos que establecioacute el legislador

Recordemos que la Junta de Pensiones y Jubilaciones del MagisterioNacional de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 97 de laley que regula su funcionamiento constituye

() un ente puacuteblico no estatal con personeriacuteajuriacutedica y patrimonio propio Como tal estaacute sujeta a las normasde la presente ley asiacute como al ordenamiento juriacutedicoadministrativo puacuteblico y particularmente a las ordenanzasdirectrices y demaacutes actos vinculantes emanados de laSuperintendencia General de Pensiones

Por lo tanto la citada Junta se encuentra sujeta al principio delegalidad rector de la actuacioacuten administrativa ndashconsagrado en elartiacuteculo 11 de la Constitucioacuten Poliacutetica y 11 de la Ley General dela Administracioacuten Puacuteblica-- estando obligada a cumplir fielmentelo dispuesto por el legislador en cuanto al periacuteodo denombramiento del Director Ejecutivo

CONFLICTO DE LEYES EN EL TIEMPO

[PROCURADURIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DE COSTA RICA]15

III-Conflicto de leyes en el tiempo (distincioacuten entre eficacia yvigencia de la ley)

Para muchos autores el efecto tiacutepico que se desprende del actode derogacioacuten expresa consiste en la cesacioacuten de la eficacia de la



ley derogada Dicho de otro modo la ley deja de surtir efectos osea pierde la fuerza para regular los supuestos de hecho a queella se refiere

Sin embargo esa concepcioacuten del efecto derogatorio es hastacierto punto imprecisa ya que si bien todo acto de derogacioacutenconduce a la peacuterdida de la eficacia de la ley derogada lo ciertoes que en infinidad de casos esa peacuterdida de eficacia no se produceinstantaacuteneamente en el momento mismo de la derogacioacuten pues lavieja ley continuacutea surtiendo efectos

Al respecto se ha sostenido lo siguiente

() Para que la configuracioacuten del efecto derogatorio comocesacioacuten de la eficacia fuera correcta seriacutea necesario que la leyderogatoria se subrogara inmediatamente a la ley derogada en laregulacioacuten de la materia que se trate ndasho en su caso quedesregulara con la misma inmediatez esa materia dejando unespacio normativamente vaciacuteo y libre - es decir seriacutea precisoque la sucesioacuten de leyes en el tiempo como consecuencia de laderogacioacuten tuviera lugar por medio de cortes limpios de suerteque no se diera jamaacutes una superposicioacuten entre la antigua y lanueva ley La maacutes elemental experiencia ensentildea no obstante quesoacutelo en contadas ocasiones las cosas se desarrollan con tantasencillez Antes al contrario lo normal ndashno soacuteloestadiacutesticamente sino incluso desde el punto de vista delfuncionamiento fisioloacutegico del ordenamientoes que durante unlapso de tiempo maacutes o menos extenso la vieja ley deba seguirsiendo aplicada (DIEZ-PICAZO Luis Mariacutea La derogacioacuten de lasleyes Editorial Civitas SA Madrid 1990 paacutegs 161-162)

Por ello resulta maacutes ajustado definir el efecto derogatoriocomo cesacioacuten de la vigencia entendida eacutesta como la pertenenciaactual y activa de una norma en el ordenamiento de manera que espotencialmente capaz de regular todas las situaciones submibles ensu supuesto de hecho (DIEZ-PICAZO Ibiacutedem paacuteg 162)

Esa distincioacuten entre vigencia y eficacia es relevante pueshay supuestos en los cuales es posible la eficacia de leyes que yano estaacuten vigentes Pieacutensese en el supuesto normal de una leyderogada que seguacuten es generalmente admitido continuacutea rigiendolas situaciones nacidas durante su periacuteodo de vigencia (Idibpaacuteg 168)

Situaciones como las aludidas implican necesariamente unauteacutentico conflicto de leyes en sentido teacutecnico y seraacute eloperador juriacutedico quien en aplicacioacuten de las normas loacutegicas del



derecho intertemporal el que determine en cuaacutel texto legal elnuevo o el derogado se halla la norma aplicable al caso concreto

IV-Sobre lo consultado

De conformidad con lo dispuesto en los artiacuteculos 129constitucional y 7ordm del Coacutedigo Civil existe en nuestroordenamiento una presuncioacuten iuris tantum de irretroactividad delas leyes es decir a menos que establezcan otra cosa las leyesno poseen efecto retroactivo para regular sobre situacionesnacidas bajo el imperio de la ley derogada que auacuten no se hanextinguido en el momento de la entrada en vigor de la ley nueva

Ahora bien el hecho de que la duracioacuten del periacuteodo por elcual seriacutean nombrados los miembros de la Junta Directiva de laCaja Costarricense de Seguro Social haya sido modificado de ocho(8) a cuatro (4) antildeos por una ley posterior no significa por siacutesolo que haya un corte limpio en la regulacioacuten de la materia demodo que el nuevo plazo comience a regir plenamente con la nuevaley y pierda automaacuteticamente cualquier eficacia normativa aqueacutelotro plazo establecido en la antigua ley en cuya vigencia sedesignoacute al funcionario que en razoacuten de su renuncia es ahorasustituido por otro en el mismo cargo

Veacutease ademaacutes que por disposicioacuten normativa expresa la LeyConstitutiva de la Caja establece que en caso de darse unasustitucioacuten anticipada de un miembro de la Junta Directiva seapor ausentismo remocioacuten incapacidad o renuncia el nuevonombrado ejerceraacute el cargo por el resto del periacuteodo legal Locual nos lleva a concluir que si el Consejo de Gobierno a partirdel 19 de mayo de 1998 nombroacute en condicioacuten de representantelaboral del movimiento cooperativo al sentildeor Joseacute Miguel VillalobosUmantildea cuando el plazo legal de dicha designacioacuten era por 8 antildeos(seguacuten lo habiacutea dispuesto la reforma introducida mediante Ley Nordm4646 de 20 de octubre de 1970) en caso de darse la sustitucioacutenanticipada de ese titular quien resultare nombrado en ese cargolo ejerceraacute por el resto de aqueacutel periacuteodo y no por cuatro antildeos(modificacioacuten introducida por Ley Nordm 7983 de 16 de febrero del2000)

Como es obvio durante un cierto periacuteodo de tiempo ndashhasta quevenzan los ocho antildeos por los cuales fue nombrado el entoncestitular Villalobos Umantildea - existiraacute una parcial superposicioacuten ocoexistencia de la antigua ley (Nordm 4646) con la nueva ley(Nordm7983) pues la primera tendraacute en alguacuten grado eficacia residualo ultractividad (supervivencia de la ley antigua) sobre aquellas



situaciones todaviacutea no extinguidas nacidas a su amparo

Por consiguiente la norma de conflicto general aplicable eneste caso es la ultraactividad de la ley antigua con respecto alas situaciones creadas con anterioridad a la entrada en vigor dela ley nueva maacutexime si no existe otra norma de conflictoaplicable al caso y en particular porque la ley nueva nocontiene alguna disposicioacuten transitoria que ordene otra cosa

Admitir lo contrario y pretender aplicar el plazo de cuatroantildeos indicado en la nueva ley nos llevariacutea a violar el principiode irretroactividad de la ley (Artiacuteculo 34 constitucional) y sucorolario el principio de intangibilidad de los efectosindividuales de los actos administrativos pues estariacuteamosaplicando la ley nueva a una relacioacuten juriacutedica conformada por unanorma juriacutedica de fecha anterior de modo que la afectariacuteamos demodo sustancial e ilegiacutetimo

En esa direccioacuten interpretativa nos orientamos porque deconformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 101 de la Ley Generalde la Administracioacuten Puacuteblica eacutesta es la forma en que dichonombramiento garantiza mejor la realizacioacuten del fin puacuteblico a quese dirige esto es brindarle mayor estabilidad al oacuterganocolegiado y contribuir a una mejor administracioacuten de su gestioacuten

Conclusioacuten

En aplicacioacuten del principio de ultraactividad de la leyantigua con respecto a las situaciones creadas con anterioridad ala entrada en vigor de la ley nueva este Oacutergano Asesor concluyeque ante la sustitucioacuten anticipada del representante laboral delmovimiento cooperativo ante la Junta Directiva de la CajaCostarricense de Seguro Social el consiguiente nombramiento quehaga el Consejo de Gobierno seraacute por lo que resta del plazo legalde su antecesor el cual habiacutea sido nombrado por ocho (8) antildeos

LA EFICACIA DE LOS REGLAMENTOS DEPENDE DE SU PUBLICACIOacuteN[PROCURADURIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DE COSTA RICA]16 Se consulta si el Estatuto de Personal de los empleados del ICEpromulgado por la Junta Directiva del Ente debe ser publicado enLa Gaceta para que sea eficaz y mientras no se publique esilegal



La publicacioacuten es un requisito de eficacia que deriva delartiacuteculo 129 de la Carta Poliacutetica en cuanto dispone en lo queaquiacute interesa

Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el diacutea queellas designen a falta de este requisito diez diacuteas despueacutes de supublicacioacuten en el Diario OficialNadie puede alegar ignorancia de la ley salvo en los casos que lamisma autorice()

La publicidad de la ley y por extensioacuten de toda normajuriacutedica constituye un pilar esencial del Estado de Derecho talcomo eacuteste se configura a partir de la Revolucioacuten Francesa Asiacute enla medida en que una norma juriacutedica pretenda regular la conductade los administrados resulta imperativo que sea dada a conocer aquienes estaacute destinada Maacutexime cuando eacutestos no han participado ensu elaboracioacuten El medio para hacer efectivo la publicidad de laley es la publicacioacutenLa publicacioacuten aparece como una garantiacutea objetiva del propioordenamiento destinada a fijar el contenido de la norma (cfrPaloma BIBLINO CAMPOS La publicacioacuten de la Ley Tecnos 1993 p26) Es una forma de mantener el principio de seguridad juriacutedicaya que da certeza a las normas Ademaacutes la publicacioacuten estaacuterelacionada con el requisito de cognoscibilidad de la ley nadiedebe soportar las consecuencia de un acto si no ha sido puesto encondicioacuten de conocer el mandato de la ley y por ende cuaacutel debeser el contenido del acto que de eacutel se requiere Dado lo dispuesto por el artiacuteculo 129 de la Carta Poliacuteticapuede considerarse que la publicacioacuten de las normas juriacutedicas esuna obligacioacuten de origen constitucional La obligatoriedad de lanorma deriva de su publicacioacuten en tanto ella determina sueficacia Por consiguiente puede sostenerse que el deber depublicacioacuten se impone no soacutelo respecto de las leyes sino tambieacutenrespecto de los reglamentos ejecutivos y del resto de normasjuriacutedicas incluidas las emitidas por los entes autoacutenomos La publicacioacuten determina la entrada en vigencia de la normasea porque eacutesta rige a partir de su publicacioacuten sea a partir deldiacutea que ella designe o bien diez diacuteas despueacutes de esa publicacioacutenconforme lo dispuesto en el numeral 129 de la Constitucioacuten y 7 delCoacutedigo Civil Pero ademaacutes la publicidad tiene como objeto darautenticidad al texto de la norma se presume presuncioacuten iuristantum que el texto de la norma es el que ha sido reproducido enLa Gaceta



En la medida en que el Estatuto de Personal emitido por laJunta Directiva del ICE debe ser tenido como una norma juriacutedicaadministrativa de caraacutecter reglamentario se sigue como loacutegicaconsecuencia que la publicacioacuten es requisito indispensable para sueficacia Puesto que la Administracioacuten no puede aplicarvaacutelidamente una norma ineficaz el ICE no puede aplicar losreglamentos o sus reformas que no han sido debidamente publicadosEn el dictamen N C69-96 de 18 de noviembre de 1996 sentildealamossobre estos puntos

la publicacioacuten formal tiene como objeto hacer realidad lagarantiacutea de la publicidad de las normas juriacutedicas y con ella elprincipio de seguridad juriacutedica La publicacioacuten en el DiarioOficial es el medio constitucional de plasmar el deber depublicidad Publicidad que determina la fuerza obligatoria de laley

Los reglamentos pueden ser conceptualizados como un tipo deacto administrativo Se trata de actos generales en la medida enque estaacuten dirigidos a una pluralidad de destinatarios todosaquellos respecto de los cuales acaezca el supuesto de hechoprevisto en el reglamento Esa naturaleza de acto administrativogeneral refuerza la necesidad de publicacioacuten El artiacuteculo 240 dela Ley General de la Administracioacuten Puacuteblica recoge el principiogeneral en orden a la comunicacioacuten de los actos administrativosgenerales La comunicacioacuten de los actos generales debe hacerse pormedio de publicacioacuten En el ordenamiento juriacutedico costarricense no existe duda deque la publicacioacuten de las normas juriacutedicas constituye un requisitode eficacia no de perfeccioacuten y validez de esas normas Se siguede ello que la norma es perfecta en el tanto en que haya sidoaprobada por el oacutergano competente y siguiendo el procedimientodispuesto para tal efecto Seraacute vaacutelida si se conformasustancialmente con el ordenamiento juriacutedico Como no existe unaidentidad entre perfeccioacuten validez y eficacia una norma puedeser perfecta y vaacutelida pero ineficaz pero tambieacuten una norma puedeser invaacutelida pero eficaz Lo que siacute debe resultar claro es que laausencia de publicacioacuten impide la eficacia de la norma afecta lacapacidad de la norma para producir efectos regulando lossupuestos de hecho que preveacute Simplemente la regla no publicadano puede producir efectos y en el tanto en que ello es asiacute no essusceptible de obligar o vincular a sus destinatarios Ciertamente en los sistemas juriacutedicos que aceptan que lapublicacioacuten de la norma forma parte del procedimiento de



elaboracioacuten de eacutesta se considera que la publicacioacuten perfeccionala norma y por ende es un requisito de validez De manera talque la norma no publicada es invaacutelida En ese sentido se haindicado

Cabe afirmar en primer lugar que la publicacioacuten es unelemento constitutivo de la ley ya que como tambieacuten se analizoacutecon anterioridad es uno de los actos que componen elprocedimiento legislativo exigido en cuanto tal por elordenamiento Por formar parte de la propia ley la institucioacutenpuede definirse igualmente como elemento necesario para laexistencia de la misma En efecto soacutelo con la publicacioacuten esposible afirmar que una ley se integran en el ordenamientojuriacutedico y transcurrida la vacatio legis puede adquirir laobligatoriedad que el es propiaQue la publicacioacuten constituye un requisito de existencia de la leyse pone de manifiesto precisamente en el hecho de que el textono publicado carece de relevancia juriacutedica para elordenamiento P BIGLINO CAMPOS op cit p 80 En el mismo sentido Santamariacutea Pastor manifiesta la publicacioacuten es un requisito constitutivo de la validez de lasnormas eacutestas simplemente no existen juriacutedicamente en tanto noson publicadas en la forma establecida no obligan a losintegrantes del aparato puacuteblico ni desde luego a los ciudadanostal y como se ha terminado por aceptar (tras algunas vacilaciones)la jurisprudencia

JA SANTAMARIacuteA PASTOR Apuntes de Derecho Administrativo I1987 p 279

Posicioacuten que como hemos indicado no es admisible en nuestrosistema en el cual la publicacioacuten es parte de la fase integrativade la eficacia de las normas Se sigue de lo expuesto que la ausencia de publicacioacuten nodetermina la invalidez de la norma Por ende si el Estatuto dePersonal o sus reformas no ha sido publicado el problema es deeficacia de la norma sin que se afecte su validez De ese modoel Estado podriacutea ser ilegal en virtud de su contenido pero nopodriacutea sostenerse que es ilegal porque se afirma no ha sidopublicado Es de advertir sin embargo que una distinta situacioacuten seproduce respecto de los actos de aplicacioacuten de una norma ineficazSi la norma ineficaz se aplica se presenta un problema de



validez no de la norma sino del acto de aplicacioacutencorrespondiente Ello en el tanto se estariacutean dando efectosjuriacutedicos a una norma que no es eficaz

PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL [PROCURADURIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DE COSTA RICA]17

Con la aprobacioacuten de la sentildeora Ana Lorena Brenes Esquivel en sucaraacutecter de Procuradora General de la Repuacuteblica damos respuesta asu oficio 01-02 DG de 08 de enero del 2002 en el cual solicitabrindar criterio con respecto a ldquosi es legalmente posible que laedicioacuten impresa del Diario Oficial La Gaceta sea sustituida uhomologada por una versioacuten electroacutenica (Internet) y si pueden lasnormas legales publicarse en una edicioacuten del Diario Oficialdistinta a la tradicionalrdquo

Adjunta usted el criterio de la Asesoriacutea Legal oficio 003-01 ALde 08 de enero de 2001 La Asesoriacutea Legal concluye que todas lasactuaciones de la Administracioacuten Puacuteblica deben realizarse conapego a la ley lo que constituye la nocioacuten baacutesica del Principiode Legalidad Indica ademaacutes que por maacutes de ciento treinta antildeos lalegislacioacuten de Costa Rica se ha oficializado mediante supublicacioacuten en La Gaceta y que las versiones tales como laelectroacutenica la radiofoacutenica o la televisada seraacute posible si sepermitiera mediante una ley pues de lo contrario se estariacuteaincurriendo en un acto de manifiesta ilegalidad

Agrega la Asesoriacutea Legal que la publicacioacuten por otros medios queno sea la impresioacuten en La Gaceta no tiene las garantiacuteas de certezaque siacute ofrece la publicacioacuten en papel mientras que si se diese aconocer su contenido exclusivamente en un formato electroacutenico laImprenta Nacional deja abierta la posibilidad de que tantoldquointernardquo como ldquoexternamenterdquo puedan sustituirse o eliminarsenormas legales ya publicadas o ser modificadas faacutecilmenteasumimos por terceros



El tema consultado es complejo ya que nos enfrentamos a ladisyuntiva de un cambio que afecta directamente la esfera juriacutedicade la Administracioacuten Puacuteblica y del administrado en punto a suderecho y obligacioacuten de conocer las normas juriacutedicas que

rigen y determinan su accionar y el de la sociedad asiacute como elaspecto de la divulgacioacuten de informacioacuten oficial por mediosadecuados y accesibles al administrado Por ello se hacenecesario analizar varios conceptos que nos ayudaraacuten a tener unavisioacuten completa sobre el tema y asiacute poder externar un criteriocertero sobre la consulta en cuestioacuten

I-BREVE RESENtildeA HISTORICA DEL DIARIO OFICIAL EN COSTA RICA

Histoacutericamente durante el siglo XVII la invencioacuten de la imprentapropicioacute el nacimiento de numerosos boletines y gacetas enpraacutecticamente toda Europa Estas publicaciones surgieron de lainiciativa privada y con un contenido estrictamente informativoldquoGacetardquo era visto como sinoacutenimo de ldquoperioacutedicordquo por lo que laexistencia de perioacutedicos particulares con el nombre de ldquoGacetardquohizo que el Estado para diferenciar el suyo le agregara lapalabra ldquoOficialrdquo Asiacute de 1861 a 1878 se le llamaba usualmenteldquoGaceta Oficialrdquo

En Costa Rica resumiendo la historia del Diario Oficial expuestapor la propia Imprenta Nacional en su paacutegina en Internet (1 Veacuteaseel sitio en Internet lthttpwwwimprenalgocrgt) vemos comodesde un principio el Diario Oficial fue un medio que utilizoacute elEstado costarricense para dar a conocer sus actividades y publicarla legislacioacuten del paiacutes Primeramente a finales de octubre de1831 se publicoacute una hoja mensual llamada La Relacioacuten de losNegocios Despachados por el Gobierno Supremo del EstadoPosteriormente ademaacutes de la legislacioacuten y otros temasrelacionados de intereacutes puacuteblico se amplioacute el contenido de lainformacioacuten tratando temas del quehacer diario nacional Dichapublicacioacuten tuvo posteriormente otros nombres entre ellos ldquoEl



Costarricenserdquo y ldquoEl Mentor Costarricenserdquo

Es en 1878 cuando mediante el Acuerdo No XVIII (no indicafecha pero debioacute haberse emitido entre el 20 y el 22 de febrerode 1878) publicado en la Coleccioacuten de Leyes y Decretos de 1878paacutegina 38 La Gaceta se funda como Diario Oficial tendiendo asiacutea lograr un mayor desarrollo de los intereses intelectualescomerciales y econoacutemicos del paiacutes lo que se aprecia claramente dela lectura del Acuerdo mencionado

ldquoACUERDO Ndeg XVIII

Fundando un Diario Oficial

Secretariacutea de Gobernacioacuten

Considerando

Que la publicidad comprensiva de las actos oficiales es unacondicioacuten propia de todo Gobierno republicano que el mayordesarrollo de los intereses intelectuales comerciales yeconoacutemicos del paiacutes reclama un oacutergano que deacute a conoceroportunamente las operaciones oacute actos con ellos relacionados yque el perioacutedico diario es el medio maacutes conducente aacute lograraquellos fines se

ACUERDA

Establecer en vez de ldquoLa Gacetardquo y ldquoEl Boletiacutenrdquo un perioacutedicodiario que se denominaraacute ldquoLa Gaceta- Diario Oficialrdquo el cualdejaraacute de levantarse tan soacutelo los domingos y diacuteas festivos Ladireccioacuten y edicioacuten del Diario estaraacuten a cargo del Director de laImprenta Nacional y de un auxiliar quienes procuraraacuten darle elmayor intereacutes posible mediante una organizada correspondencia ylas maacutes extensas relaciones periodiacutesticas- De orden SE elPresidente de la Repuacuteblica el Secretario de Gobernacioacuten encargadodel despacho ordinariordquo

Cabe resaltar la visioacuten del legislador del momento en



que vislumbraba la necesidad de dar a conocer los actos oficialescomo una condicioacuten necesaria para el desarrollo saludable delsistema democraacutetico

II-NATURALEZA DEL DIARIO OFICIAL ldquoLA GACETArdquo

El diccionario de la Real Academia espantildeola define ldquoDiariordquo como

ldquoCorrespondiente a todos los diacuteas (hellip) Perioacutedico que se publicatodos los diacuteashelliprdquo

Este mismo texto define Oficial como

ldquoQue es de oficio o sea que tiene autenticidad y emana de laautoridad derivada del Estado y no particular o privadordquo

La normativa nacional conceptuacutea lo que se entenderaacute por ldquoDiarioOficialrdquo Concretamente en el Reglamento a La Gaceta DecretoEjecutivo No 26651 de 16 de febrero de l998 en sus artiacuteculos 1inciso d) y 2 respectivamente se indica queacute es La Gaceta sucontenido baacutesico y las posibles formas de divulgacioacuten

ldquoArtiacuteculo 1- (hellip)

d) La Gaceta o Diario Oficial al Diario Oficial del EstadoCostarricense

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 2deg-La Gaceta seraacute publicada todos los diacuteas haacutebiles y



en ella soacutelo apareceraacuten los actos puacuteblicos y las publicaciones quela legislacioacuten establezca Estas publicaciones se haraacuten siguiendoel orden de solicitud y apareceraacuten seguacuten la programacioacuten queestablezca la Direccioacuten de la Imprenta Nacional ldquoLa Gacetapuede ser publicada en medios impresos diversos tales como lostradicionales (perioacutedicos) o medios electroacutenicos

De lo anteriormente expuesto concluimos que el ldquoDiario Oficialrdquo esel mecanismo oficial que utiliza el Estado para hacer delconocimiento puacuteblico sus disposiciones y todas aquellasresoluciones que por mandato de ley deban publicarse Al seroficial esto es tener su fuente originaria y productiva en elEstado se reviste de autenticidad y legalidad

III-PUBLICACIOacuteN DEL DIARIO OFICIAL

En Costa Rica la publicacioacuten del Diario Oficial corresponde a laImprenta Nacional En la primera Ley Reglamentaria No 101 de 03de octubre de 1846 de la Imprenta del Estado (antiguo nombre de laactual Imprenta Nacional) denominada ldquoReglamento de la Imprentadel Estadordquo en sus artiacuteculos 21 y 23 se disponiacutea

ldquoARTIacuteCULO 21-Para la edicioacuten de la Gaceta del Gobierno eacuteste nombraraacute unredactorhelliprdquo

ldquoARTICULO 23-Se estableceraacute un perioacutedico del Gobierno con el tiacutetulo de ElCostarricense su edicioacuten seraacute en folio mayor y contendraacute en lacaraacutetula el diacutea fecha santos de la semana fases lunares yestacioacuten y se iniciaraacute primero con el artiacuteculo editorial yseguiraacuten los acuerdos notas y estados del Gobierno cuando loshaya a continuacioacuten las comunicaciones de los E E que convengapublicar las notificas extranjeras y las maacutes que puedan seruacutetiles y algunos artiacuteculos de industria y estadiacutestica y poruacuteltimo las entradas y salidas de buquesrdquo



Obseacutervese que tanto de los artiacuteculos citados como de la lecturadel considerando que antecede a la ley mencionada (No 101 de03101846) se deduce que anterior a ella no existiacutea normalegal que reglamentara la Imprenta del Estado y por ende que leotorgara como funcioacuten la publicacioacuten del Diario Oficial a sucargo Dicha exposicioacuten en lo que interesa indicaba

ldquoEl Jefe Supremo Provisorio del Estado libre de Costa Rica

Considerando que no existe una sola disposicioacuten que reglamente laadministracioacuten de la Imprenta del Estado y que es de imperiosanecesidad dictar la que sea maacutes conforme a la situacioacuten actual dedicha Imprenta y edicioacuten de papeles puacuteblicos decretahelliprdquo

Actualmente la obligacioacuten que tiene la Imprenta Nacional depublicar el Diario Oficial se encuentra regulada en el Reglamentode ldquoLa Gacetardquo antes mencionado el cual dispone en su artiacuteculo3 que la direccioacuten y edicioacuten de ldquoLa Gacetardquo son responsabilidaddel Director General de la Imprenta Nacional

IV-

EL DESARROLLO DE INTERNET EN COSTA RICA

Dado que lo que se pretende es analizar la posibilidad de dar aconocer la normativa nacional proyectos de ley y actos puacuteblicosen un Diario Oficial electroacutenico utilizando asiacute no soacutelo latecnologiacutea en boga sino ademaacutes un medio de informacioacuten novedosocomo es la Red Internacional conocida comuacutenmente como Internetobligatorio es conocer algo de su desarrollo en Costa Rica

Si bien la posibilidad de entrelazar redes de coacutemputo paracompartir informacioacuten no era una idea novedosa pues desde ladeacutecada de los antildeos setenta se produciacutea este fenoacutemeno en los paiacutesescentrales especialmente con fines militares en Costa Rica estaoportunidad se presenta en octubre de 1994 cuando RadiograacuteficaCostarricense SA (RACSA) busca llenar las necesidades de la



cierto estrato poblacional al introducir servicios decomunicacioacuten e informacioacuten dirigidos a un mercado muy particularentre ellos el empresarial el personal y el residencial

Asiacute RACSA provee nueva y avanzada tecnologiacutea que permite ofrecermayor garantiacutea y velocidad en los servicios maacutes utilizados por susclientes dentro del Internet como lo son el correo electroacutenico yel acceso a servidores de informacioacuten graacuteficos (World Wide Web owww por sus siglas en ingleacutes) Ahora el hecho de que unainstitucioacuten puacuteblica posea servidores de red propios no es garantiacuteade autonomiacutea tecnoloacutegica en su conexioacuten a Internet ni tampoco unbuen servicio a los usuarios pues no depende de aquella elviacutenculo fluido ni la velocidad que se requiere para el buenservicio que se desea brindar a los usuarios externos

El servicio de Internet ha tenido un incremento trascendental enun proceso de globalizacioacuten que ha estado experimentando el paiacutesasiacute como el fortalecimiento de una herramienta para la buacutesqueda deinformacioacuten y toma de decisiones en diversos temas dentro deldesarrollo empresarial asiacute como el fomento de la cultura socialde Costa Rica

Seguacuten se indica en la paacutegina Web de RACSA

ldquoUna reciente investigacioacuten-octubre 2004- de la empresaespecializada en estudios de opinioacuten CID Gallup sentildeala que ldquouno decada tres hogares costarricenses cuenta con computadorardquo esdecir mientras en abril -fecha de una medicioacuten anterior realizadaigualmente por CID Gallup- en el 29 de los hogares del paiacutes secontaba con computadora en el pasado mes de octubre esteporcentaje se habiacutea incrementado hasta el 34 Y la mitad de estostienen acceso a Internet

La brecha digital entre las zonas urbanas y rurales del paiacutes havenido disminuyendo en forma importante y sostenida lo que quedademostrado en el hecho de que en el uacuteltimo antildeo se duplicoacute lacantidad de hogares fuera del Gran Aacuterea Metropolitana que cuentacon computadoras pasando del 10 al 20 y que si bien ya en elmes de abril del antildeo pasado el 38 de los hogares con computadoraen el resto del paiacutes -fuera del Gran Aacuterea Metropolitana- contabacon acceso a Internet este porcentaje se incrementoacute en losuacuteltimos seis meses llegando hoy al 48 siendo esta una relacioacutensimilar a la que disfrutan la mayoriacutea de los paiacuteses desarrollados



y mucho mejor que la que tienen la casi totalidad de los paiacuteses enviacuteas al desarrollo

El estudio de la CID Gallup tambieacuten indica que en el 35 de loshogares del paiacutes -41 en el caso de los habitantes del GAM- almenos un miembro de la familia residente accede con ciertafrecuencia a Internet ya sea desde el propio hogar el trabajocentro de estudios o un cafeacute Internet Esto representa unincremento del 9 en comparacioacuten con la medicioacuten anterior y esotro indicativo que refleja la disminucioacuten en la brecha digital

El promedio del aprovechamiento de acceso a Internet es hoy de dospersonas por hogar para un total aproximado de unas 300 milpersonas con un promedio de edad de 28 antildeos Ademaacutes de quienestienen acceso a Internet desde su hogar unos 400000 accedendesde su centro de trabajo 650000 utilizan los cafeacute Internet -enel paiacutes operan unos 700 Cibercafeacutes- y 670000 tienen acceso desdesu centro de estudios (una misma persona puede tener facilidadesde acceso desde diferentes puntos)

Adicionalmente cada mes se dan en promedio unos 50000 accesosa traveacutes de los servicios de RACSA que no requieren contratoprevio como lo son el servicio 900 En Liacutenea y las Tarjetas PrePagadas opciones cuya aplicacioacuten por parte de la ciudadaniacutea escada diacutea mas frecuente con un incremento de cerca del 20 anualhelliprdquo

lthttpwwwracsacocrracsa_noticiasdisminuye_brecha_digitalhtmgt

Con lo anterior se deduce que Costa Rica se encuentra en ladisposicioacuten de constituir una red amplia de comunicacionesorientada al desarrollo de aplicaciones multimedios y que laAdministracioacuten Puacuteblica no puede estar ajena a ese avance potencialde integracioacuten tecnoloacutegica como una herramienta maacutes al serviciodel puacuteblico Poco a poco se disminuye la brecha digital haciendoposible que cada vez maacutes costarricenses tengan acceso a la RedInternet

V-CONCEPTO DE DOCUMENTO (tradicional) Y DOCUMENTO ELECTROacuteNICO SUSVENTAJAS Y DESVENTAJAS



Al hablar de Internet se hace necesario referirnos al concepto dedocumento tradicional y documento electroacutenico ya que ambos seencuentran ligados Asiacute tendremos una mejor perspectiva encuanto a las consecuencias que podriacutea traer el cambio pretendidoesto es precisar la preocupacioacuten y necesidad de implementarcambios tecnoloacutegicos y nuevas regulaciones para dotar a losdocumentos electroacutenicos y la publicacioacuten del Diario Oficial LaGaceta por medios digitales asiacute como resentildear las caracteriacutesticasdeseadas de seguridad y el valor juriacutedico que como documento debenllenar

El acelerado proceso de difusioacuten de la informaacutetica ha estadorompiendo las costumbres de las actividades gubernamentalespraacutecticas comerciales y de la vida diaria de los ciudadanos Sinembargo no soacutelo esos campos han sufrido una innovacioacuten sino quedel mismo modo se inicia un proceso de desmaterializacioacuten deldocumento escrito por el documento electroacutenico Corresponde portanto a la Administracioacuten Puacuteblica tomar todas las disposicionespara acrecentar eficientemente todo el cuacutemulo documental que lasnuevas tecnologiacuteas de la informacioacuten proveen

En primer lugar la definicioacuten de documento propiamente dicho estodo medio fiacutesico o electroacutenico de caraacutecter representativo odeclarativo empleado como soporte para el registro de una pruebao de las actuaciones y resoluciones del proceso (2 J CoutureEduardo Vocabulario Juriacutedico Facultad de Derecho y CienciasSociales Montevideo 1950)

No obstante se conceptualiza desde dos puntos de vista En unsentido estricto viene a ser un escrito tangible en que constandatos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales paraprobar algo en donde se cumpla las caracteriacutesticas de a- el deasiento escrito b- contiene datos fidedignos c- que puedenservir como prueba

Es decir es un instrumento objeto normalmente escrito en cuyotexto se consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer unhecho o se deja constancia de una declaracioacuten de voluntad que



produce efectos juriacutedicos

Desde el punto de vista amplio el documento es todarepresentacioacuten material destinada e idoacutenea a reproducir unadeterminada manifestacioacuten de pensamiento (3 Chiovenda GiusseppeInstituciones de Derecho Procesal Civil Vol III Ed Revista deDerecho Privado Madrid 1954 p 265)

En segundo lugar el documento electroacutenico es definido de lasiguiente manera Aquellos documentos que son confeccionados porel computador por medio de sus perifeacutericos de salidahelliprdquo Para laProcuraduriacutea General es aquel que se imprime en papel o encualquier otro soporte durohellip perceptible por el ojo humano ygrabado por medios electroacutenicoshellip (C-283 del 4 de diciembre de1998)

Del mismo modo que el documento propiamente dicho viene a serdefinido en dos grandes apartados

Desde el punto de vista estricto ldquocuya caracteriacutestica comuacuten esque no pueden ser leiacutedos o conocidos por el hombre sino comoconsecuencia de la intervencioacuten de adecuadas maacutequinas traductorasque hacen perceptibles y comprensibles las sentildeales digitales(magneacuteticas) de que estaacuten constituidos los datos estaacuten en elmismo ordenador que es ininteligible para el operador en otraspalabras documento es el archivo electroacutenico en siacute mismo esdecir un grupo de bits (nuacutemeros binarios -ceros y unos-) que ensu conjunto representan los caracteres que integran el documento yque podriacutea encontrarse fiacutesicamente alojado en un soporte magneacutetico(discos riacutegidos unidades de disquetes cintas de almacenamientoldquozipsrdquo CD-ROM etc) pudiendo ser visualizado o impreso a traveacutesde alguacuten perifeacuterico de una PC Y en sentido amplio es eldocumento gestado con intervencioacuten de un ordenador en estesentido es el formado por la computadora a traveacutes de sus propiosoacuterganos de salida (monitor impresora etc) cuya caracteriacutesticaes que son perceptibles y en el caso de textos alfanumeacutericoslegibles directamente por el hombre sin necesidad deintervenciones por parte de maacutequinas traductoras (4Giannantonio Ettore Valor Juriacutedico del Documento Electroacutenico



Informaacutetica y Derecho Volumen I Ed Depalma Buenos Aires 1991paacuteg 93)

En el dictamen C-283-98 la Procuraduriacutea General equipara aldocumento electroacutenico con el documento propiamente dicho en elsentido de que un documento es un soporte que contiene un datouna informacioacuten de un hecho o de una actividad humana o suresultado no siempre tiene una grafiacutea (por ejemplo un alfabeto)que consta sobre una superficie fiacutesica pues auacuten no teniendoestrictamente las caracteriacutesticas fiacutesicas la informacioacutenelaborada con procedimientos electroacutenicos pueden considerarsetambieacuten como un documento

Sin embargo si bien es cierto se pueden considerar como igualesexisten ventajas e inconvenientes que justifican la utilizacioacuten deunos maacutes que otros no obstante no negamos que con la adecuadaregulacioacuten y adecuados mecanismos de proteccioacuten puedan ambosdocumentos ser aptos y seguros para el conocimiento del usuario

Los documentos en papel por su parte traen a acotacioacuten lassiguientes caracteriacutesticas

Ventajas

a) Perdurabilidad y (5 En condiciones apropiadas en cuanto aambiente temperatura oxiacutegeno etc un documento en papel puededurar cientos de antildeos o sin sufrir mayor deterioro aparte de laenorme ventaja de no tener que contar con ninguacuten tipo de artefactopara leerlo con inmediatez)

b) Dificultada para sualteracioacuten

Inconvenientes

a) Elementos fiacutesicos tiempo humedad roedores que hacen estragosen los documentos (6 Son precisamente este tipo condiciones las



que provocan que los documentos en papel sufran deterioro en suvida uacutetil) y

b) Adulteracioacuten con mediossofisticados

Los documentos electroacutenicos por su lado poseen

Ventajas

a) Reduccioacuten de costos de impresioacuten

b) Informacioacuten inmediata conatrasos de casi minutos y

c) Acceso desde cualquierparte del mundo

Inconvenientes

a) Defectos basados en la teacutecnica o en la ejecucioacuten (7 Serefiere a una serie de condiciones que deben cumplir losprogramas superficies magneacuteticas y equipo de coacutemputo para lograrque un documento sea debidamente guardado en una soporteapropiado Si cualquiera de esas tres condiciones fallase a lahora de guardar o recuperar un documento probablemente seproduciriacutea un defecto en su integridad)

b) Errores de manejo entradasincompletas equivocadas u omitidas

c) Medidas deliberadasfraude informaacutetico

d) Falta de confidencialidadpues existe una falta de capacidad de mantener un documentoelectroacutenico inaccesible a todos excepto a una lista determinada



de personas

e) Falta de autenticidad pueshay un falta de capacidad de precisar si una lista determinada depersonas han establecido su reconocimiento sobre el contenido deldocumento electroacutenico y

f) No perdura en el tiempo (8 La no perdurabilidad de losdocumentos electroacutenicos estaacute estrechamente ligada con el fenoacutemenode la obsolescencia de los equipos que permiten su guarda yrecuperacioacuten Igualmente los soportes magneacuteticos y oacutepticos porsu naturaleza son muy fraacutegiles y soacutelo se mantienen en condicionesde humedad calor oxiacutegeno etc muy determinadas)

Pero estas desventajas pueden ser subsanas si se lograra proponernuevas poliacuteticas de proteccioacuten tales como

1 Posibilidad de habilitar tecnologiacutea adecuada paraconservar los archivos de los particulares y entidades puacuteblicas

2 Posibilidad de que existan mecanismos que garanticen laintegridad de los documentos mediante meacutetodos de encriptacioacuten

3 Que los responsables que apliquen esas medidasgaranticen un medio teacutecnico de archivo tal como reza su original(sin modificaciones)

4 Que existan medios que protejan el acceso no autorizado alos datos y en caso de que se comprobare su acceso ilegal se lepueda responsabilizar por ese hecho y

5 Los responsables deberaacuten calificar los documentos comoiacutentegros y dar autenticidad iacutentegra del documento reproducido

En conclusioacuten podemos equipar el documento electroacutenico con eldocumento tradicional en el tanto cumple con los tres requisitosbaacutesicos de contener un mensaje escrito en lenguaje convencional



se encuentra sentado sobre un soporte material Ademaacutes latecnologiacutea tiene un avance considerable aproximadamente cadacuatro o seis antildeos por lo que no existe la seguridad de que latecnologiacutea que hoy se utiliza sea compatible con la utilizada enantildeos posteriores Ejemplo de ello seriacutea el uso de diskettes de 8rdquoo 525rdquo al igual que los de 35rdquo de baja densidad que ya noexisten en el mercado lo mismo que sus correspondientes unidadesde lectura o bien documentos electroacutenicos en viacutedeo tales comoel denominado Betamax que ha dejado de fabricarse desde haceantildeos

VI-VALOR PROBATORIO Y AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO ELECTROacuteNICO

El proceso de informatizacioacuten ha ido generando paulatinamente unreemplazo del documento escrito por el documento electroacutenicotanto en la Administracioacuten Puacuteblica como en la actividad privada yque para darle las caracteriacutesticas deseadas de seguridad y valorjuriacutedico es necesario aclarar los siguientes conceptosinformaacuteticos

De acuerdo a Carnelutti la autenticidad de un documento consisteen la certeza de la procedencia del autor indicado en el mismodocumento o sea en que el documento fue expedido por quien eneacutel aparece como su autor () La palabra auteacutentico quieredecir fehaciente autorizado lo que vale por siacute mismo Tambieacuten sellama auteacutentico al documento que procede de la persona que en eacutelse dice o aparece que lo expidioacute el que hace prueba por siacute mismosin necesidad de ninguna otra probanza que lo perfeccione (9Palladares Eduardo Diccionario de Derecho Procesal CivilMeacutexico Editorial Porruacutea S A decimonovena edicioacuten 1990 p109)

En cuanto al documento electroacutenico la autenticidad vendriacutea a serdada por meacutetodos que garanticen su seguridad y afirmen que eldocumento es original de su autor En el caso de los documentospublicados por La Gaceta seriacutea la certificacioacuten de que el textoes copia fiel del original que se emitioacute por el ente encargado



Para algunos autores entre ellos Leonardo Guzmaacuten y GiannantonioEttore la institucioacuten informaacutetica denominada ldquofirma digitalrdquovendriacutea a llenar ese vaciacuteo de autenticidad y por ende de legalidadde un documento electroacutenico Para garantizar ese proceso deautenticidad de un documento amerita de la existencia de unaldquoAutoridad Certificadorardquo sea un ente puacuteblico o persona privadaen la que todos los interesados confiariacutean y cuya principalfuncioacuten es precisamente dar fe digital (10 Sobre el tema dela firma digital veacutease la Opinioacuten Juriacutedica 028-2003 de 19 defebrero de 2003)

Otras formas de legalidad y seguridad de autoriacutea de un documentoelectroacutenico como cierto seriacutea la utilizacioacuten de coacutedigos deusuarios y de palabras claves identificadores (password) latransmisioacuten de textos encriptados o codificados de tal manera quelos convierten en indescifrables para terceras personas u elidentificador del operador a traveacutes de caracteriacutesticas biomeacutetricas(por ejemplo la huella digital) fisioloacutegicas (el registro de lavoz) o personales de otro tipo (reconocimiento automatizado de lafirma)

Sin embargo estas teacutecnicas conllevan un costo pero es precisorecordar que el uso creciente y generalizado del documentoelectroacutenico estaacute intensificando las inversiones o investigacionestendientes a disentildear dispositivos de seguridad que rodeen decertidumbre la manera en que se autentica o rubrica un documentocomo lo es la firma digital

El legislador nacional no ha sido ajeno a la existencia deldocumento en sus diversas forma seguacuten el avance las nuevasteacutecnicas de resguardo y reproduccioacuten de documentos Asiacute porejemplo el artiacuteculo 368 del Coacutedigo Procesal Civil Nordm 7130 de 16de agosto de 1989 distingue como documentos hellip los escritos losimpresos los planos los dibujos los cuadros las fotografiacuteaslas fotocopias las radiografiacuteas las cintas cinematograacuteficaslos discos las grabaciones magnetofoacutenicas y en general todoobjeto mueble que tenga caraacutecter representativo o declarativo (loresaltado no es del original)



Cuando se habla de ldquotodo objeto mueble que tenga caraacutecterrepresentativo o declarativordquo debe tomarse en consideracioacuten elconcepto de documento en sentido amplio analizado conanterioridad es decir que sea capaz de captar transmitir ydifundir una determinada informacioacuten es decir que contenga unainformacioacuten o mensaje que esteacute escrito en lenguaje convencionalsentado sobre un soporte material y que esteacute destinado a durar enel tiempo Por ende el documento electroacutenico estariacutea incursionandoen ese margen de amplitud que da el artiacuteculo analizado

La Ley del Sistema Nacional de Archivos Nordm 7202 de 24 de octubrede 1990 en su artiacuteculo 3 establece que hellip Se consideran de valorcientiacutefico- cultural aquellos documentos textuales manuscritos oimpresos graacuteficos audiovisuales y legibles por maacutequina que porsu contenido sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo dela realidad costarricense tales como actas acuerdos cartasdecretos informes leyes resoluciones mapas planos cartelesfotografiacuteas filmes grabaciones cintas magneacuteticas diskettesy los demaacutes que se sentildealen en el reglamento de esta ley (loresaltado no es del original) Es en esta norma donde permiteconsiderar los archivos guardados en diskette y las cintasmagneacuteticas como documentos electroacutenicos a la hora de darle unaimportancia cultural y cientiacutefica

Por otra parte la Ley de Registro y Secuestro Documentos Privadose Intervencioacuten Comunicaciones Nordm 7425 de 9 de agosto de 1994 enel artiacuteculo 1 les da caraacutecter privado a los siguientes documentoshellip la correspondencia epistolar por fax teacutelex telemaacutetica ocualquier otro medio los videos los casetes las cintasmagnetofoacutenicas los discos los disquetes los escritos loslibros los memoriales los registros los planos los dibujoslos cuadros las radiografiacuteas las fotografiacuteas y cualquier otraforma de registrar informacioacuten de caraacutecter privado utilizados concaraacutecter representativo o declarativo para ilustrar o comprobaralgo (lo resaltado no es del original)

Del mismo modo su artiacuteculo 9 seguacuten reforma practicada por la leyNdeg 8238 de 26 de marzo del 2002 referente a las intervencionesde comunicacionesrdquo sentildeala que ldquohellip Dentro de los procedimientos de



una investigacioacuten policial o jurisdiccional los tribunales dejusticia podraacuten autorizar la intervencioacuten de comunicacionesorales escritas o de otro tipo incluso las telecomunicacionesfijas moacuteviles inalaacutembricas y digitales cuando involucre elesclarecimiento de los siguientes delitos secuestro extorsivocorrupcioacuten agravada proxenetismo agravado fabricacioacuten oproduccioacuten de pornografiacutea traacutefico de personas y traacutefico depersonas para comercializar sus oacuterganos homicidio calificadogenocidio terrorismo y los delitos previstos en la Ley sobreestupefacientes sustancias psicotroacutepicas drogas de uso noautorizado legitimacioacuten de capitales y actividades conexas Nordm8204 del 26 de diciembre del 2001helliprdquo (lo resaltado no es deloriginal)

Por su parte la Ley Orgaacutenica del Poder Judicial Nordm 7333 en suartiacuteculo 6 bis aclara que hellip Tendraacuten la validez y eficacia de undocumento fiacutesico original los archivos de documentos mensajesimaacutegenes bancos de datos y toda aplicacioacuten almacenada otransmitida por medios electroacutenicos informaacuteticos magneacuteticosoacutepticos telemaacuteticos o producidos por nuevas tecnologiacuteasdestinados a la tramitacioacuten judicial ya sea que contengan actos oresoluciones judiciales Lo anterior siempre que cumplan con losprocedimientos establecidos para garantizar su autenticidadintegridad y seguridad (Lo resaltado no es del original) Es eneste artiacuteculo donde se le otorga al documento electroacutenico unaimportancia mayor Ademaacutes en su contenido se plasma con claridadel principio de eficiencia en la actuacioacuten administrativa

En las normas citadas se denota claramente el intentode nuestro legislador por aceptar el cambio tecnoloacutegico tomandocomo punto de partida el documento en sentido amplio

Precisamente buscando dar validez juriacutedica al documentoelectroacutenico regulando el reconocimiento de la Firma Digital y asiacuteconferir al documento digital firmado los mismos efectos que seimputan al documento escrito (seguacuten se desprende del propioproyecto de ley) fue presentado ante la Asamblea Legislativa elProyecto de Ley de Firma Digital y Certificados Digitales el cualse tramita bajo el expediente Ndeg 14276 y ya fue aprobado en primerdebate



Ahora bien en cuanto a los criterios de seguridad que permiten aldocumento electroacutenico constituirse en documento Poullet citadoen el pronunciamiento C-283 del 24 de diciembre de 1998 hasentildealado lo siguiente

1 Debe ser inalterable

2 Debe ser legible mediante un procedimiento adecuado

3 Debe ser identificado respecto al lugar (nombre ydireccioacuten) y al tiempo (fecha de redaccioacuten de enviacuteo y derecepcioacuten) y

4 Debe ser estable lo que plantea el problema del soportefiacutesico y los meacutetodos de rejuvenecimiento del soporte

No obstante este tipo de documento siendo una reproduccioacuten de undocumento escrito en lenguaje computarizado (11 AlmacenamientoComputarizado de la Informacioacuten Indica coacutemo se escribe y seguarda el documento por medio de una computadora Aquiacute se utilizanen primer lugar las memorias de soacutelo lectura (ROM) cuyainformacioacuten se mantiene guardada de permanente porque es necesariapara la utilizacioacuten de la computadora y en segundo lugar lasmemorias de acceso aleatorio (RAM) almacenamiento primario omemoria volaacutetil en la cual se pierde todo tipo de informacioacutencuando se desconecta el aparato o se interrumpe el fluidoeleacutectrico) y que ademaacutes carece de la autenticidad propia deldocumento original estaacute en la actualidad lejos de constituirse enun documento seguro incluso para los mismos especialistasinformaacuteticos que consideran que no es posible su perdurabilidaden el tiempo

VII-PUBLICACION DE LAS NORMAS LEGALES COMO MANDATO LEGAL

En Costa Rica al inicio de la vida republicana las normaslegales y otros documentos estatales no eran de publicacioacuten



obligatoria No es sino con la promulgacioacuten del Decreto XVIII de12 de mayo de l870 publicado en la Coleccioacuten de Leyes y Decretosdel mismo antildeo en que se hace imperiosa dicha publicacioacuten En loque nos interesa indicaba

ldquoDECRETO No XVIII

Forma de la promulgacioacuten de las leyes

El Jefe Provisorio de la Repuacuteblica en uso de sus facultadesdecreta

Art 1deg Las leyes decretos oacuterdenes y resoluciones expedidas porlos Poderes puacuteblicos se tendraacuten por promulgados por el hecho desu publicacioacuten en el perioacutedico Oficial y los funcionariospuacuteblicos tendraacuten dichos actos y las notas Oficiales que en eacutel sepubliquen por comunicados desde su recibohelliprdquo

(se respeta la escritura de la eacutepoca)

La publicacioacuten de las normas estaacute estrechamente ligada con elprincipio de legalidad antes visto asiacute como con el principio depublicidad de las normas ambos elementos caracteriacutesticos delEstado de Derecho El principio de publicidad tiene como finevitar la arbitrariedad pues permite a los ciudadanos conocerlas actuaciones del Estado y sus entes Asiacute lo acepta nuestraSala Constitucional cuando en su Voto No 2645 de las 1533 horasdel 21 de abril de 1998 dice ldquoAhora bien debe tenerse presenteque el propio Estado concebido como Estado de Derecho seautolimita a fin de no incurrir en excesosrdquo

Aunque este principio tambieacuten se proyecta en la actuacioacuten de otrosoacuterganos del Estado desde su origen se configura como un requisitoimprescindible para la elaboracioacuten de las normas ya que losefectos vinculantes de las mismas pueden oponerse soacutelo cuando seha dado a los ciudadanos la oportunidad de conocer previamente sucontenido

Tanto nuestra Carta Magna en su artiacuteculo 129 como el Coacutedigo Civilen el artiacuteculo 7 recogen este principio al expresar



ldquoARTIacuteCULO 129- Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el diacutea queellas designen a falta de este requisito diez diacuteas despueacutes de supublicacioacuten en el Diario Oficial

Nadie puede alegar ignorancia de la ley salvo en los casos que lamisma autorice


Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas seraacuten nulossi las mismas leyes no disponen otra cosa

La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior ycontra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbre opraacutectica en contrario (El destacado es nuestro)

ARTIacuteCULO 7ordm- Las leyes entraraacuten en vigor diez diacuteas despueacutes de sucompleta y correcta publicacioacuten en el diario oficial La Gacetasi en ellas no se dispone otra cosa Sin embargo si el error odefecto comprendiere soacutelo alguna a algunas de las normas de unaley las demaacutes disposiciones de eacutesta tendraacuten plena validezindependientemente de la posterior publicacioacuten que se hagasiempre que se trate de normas con valor propio que se hubierenaplicado de esa manerardquo

(Asiacute reformado por Ley Nordm 7020 de 6 de enero de 1986 artiacuteculo1ordm)

Tambieacuten el artiacuteculo 124 de la Constitucioacuten establece que ldquoTodoProyecto para convertirse en ley debehellip publicarse en el DiarioOficialrdquo

De los artiacuteculos transcritos se deduce que la publicacioacuten esrequisito en el traacutemite de elaboracioacuten de las leyes y unacondicioacuten para la eficacia de las mismas hecho que recoge laProcuraduriacutea General en su dictamen Ndeg C-030 de 2 de febrero del995 cuando indica



ldquoLa publicacioacuten constituye un requisito de eficacia De modo quela ausencia de publicacioacuten de una parte de la Ley no determina lainvalidez de las obligaciones contraiacutedas por el Gobiernocostarricense pero siacute la ineficacia de lo no publicado Se tratade un defecto formal que debe ser suplido por la Administracioacuten atraveacutes de una publicacioacuten de la Ley comprensiva de todos losdocumentos aprobados por la Asamblea Legislativahelliprdquo

Al respecto la Sala Constitucional en su Voto No 1912-2001 de las954 horas del 9 de marzo de 2001 indicoacute

ldquoSi bien es cierto el recurrente acusa que la Municipalidadrecurrida no ha publicado la modificacioacuten respectiva del PlanRegulador lo cual le trae perjuicios porque inclusive elInstituto recurrido le deniega el visado de los planos la Salaconstata que si bien lleva razoacuten la empresa amparada en loacusado tambieacuten la tiene cuando acusoacute que el Plan Regulador quelas autoridades estiman vigente carece de eficacia por su faltade publicacioacuten integral En el caso de estudio al igual que el dela sentencia recieacuten transcrita auacuten persiste la falta depublicacioacuten total del Plan Regulador que los recurridos imponencomo obstaacuteculo a la empresa amparada para desarrollar el proyectourbaniacutestico que pretende pues a pesar de que han sido publicadasdos modificaciones maacutes posteriormente seguacuten Las Gacetas No 64del 4 de abril de 1994 y No 5 del 6 de enero de 1995 eacutestastampoco han sido debidamente publicadas lo cual bien conoce laMunicipalidad recurrida precisamente porque este Tribunal ya selo habiacutea sentildealado y la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica seguacutenconsta en oficio C-178-99 (a folio 38) en razoacuten de que debenpublicarse los planos mapas reglamentos etc del Plan Reguladory ello no consta asiacute en las publicaciones de cita Asiacute las cosaslleva razoacuten el amparado en sentildealar que las actuaciones de losrecurridos no se ajustan a derecho toda vez que imponenilegiacutetimamente limitaciones a la propiedad que pretende urbanizarla empresa recurrente amparaacutendose en un Plan Regulador que a lafecha no tiene eficacia por la falta de publicacioacuten integralhelliprdquo

(El destacado no es del texto)

Con respecto a lo anterior la Procuraduriacutea General en su



dictamen C-038 de 29 de febrero de 2000 manifestoacute

ldquoLa nocioacuten juriacutedica de eficacia hace referencia a la produccioacutende efectos juriacutedicos por la norma luego de que se han cumplidolos requisitos fijados por el ordenamiento juriacutedico para elloAhora bien seguacuten la clasificacioacuten seguida por la Ley General deAdministracioacuten Puacuteblica los reglamentos y demaacutes disposicionesnormativas dictadas por oacuterganos puacuteblicos sean estatales o no sonconsiderados actos administrativos

hellip

La jurisprudencia recoge la tesis esbozada consistente en quepara los actos de alcance general la publicidad de los mismos esrequisito de su eficacia

Asiacute en relacioacuten con la necesaria publicacioacuten de las normas decaraacutecter general la Sala Constitucional de la Corte Suprema deJusticia sentildeala sobre la publicacioacuten

Los artiacuteculos de la Constitucioacuten Poliacutetica que el accionanteindica recogen el principio general del derecho puacuteblico depublicidad de las normas de caraacutecter general exigieacutendose enrelacioacuten con algunas de ellas su publicacioacuten en el DiarioOficial (ver el voto No 4048-93 de 20 de agosto de 1993)rdquo

De lo expuesto hasta aquiacute queda claro que la norma debe provenirde la autoridad competente y no soacutelo debe haber seguido elprocedimiento establecido para su aprobacioacuten (requisito devalidez) sino debe ser publicada en el Diario Oficial en nuestrocaso ldquoLa Gacetardquo (requisito de eficacia)

VIII-PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD JURIDICA COMO RECTOR DE LAACTUACIOacuteN DE LA ADMINISTRACIOacuteN PUacuteBLICA

No se puede concebir un Estado de Derecho sin seguridadjuriacutedica ya que eacutesta le da al administrado la certeza y confianzade que el Ordenamiento Juriacutedico preveacute aquellas situaciones en las



que puede verse involucrado dentro en sus relaciones con elEstado donde debe estar precalificado cada supuesto de hecho yque cuenta con los mecanismos a su alcance para hacer cumplir elderecho

Nuestra Constitucioacuten Poliacutetica no cuenta con un artiacuteculo queexpresamente haga referencia a la seguridad juriacutedica como siacutesucede con la Constitucioacuten Espantildeola No obstante ella encierravalores supremos de libertad justicia e igualdad de los cualesno se puede desvincular dicho principio asiacute lo expuso el TribunalConstitucional Espantildeol al indicar rdquohellipes la suma de certeza ylegalidad jerarquiacutea y publicidad normativa irretroactividad delo no favorable interdiccioacuten de la arbitrariedadhelliprdquo y antildeade queldquola seguridad juriacutedica es la suma de esos principios equilibradade tal suerte que permita promover en el orden juriacutedico lajusticia y la igualdad en libertadrdquo Indica la doctrina que ldquohellipel tribunal aplica el principio de seguridad juriacutedica en suconcepcioacuten claacutesica que se expresa en una triple dimensioacuten comoconocimiento y certeza del Derecho positivo como confianza de losciudadanos en las instituciones puacuteblicas en el orden juriacutedico engeneral en cuanto garantes de la paz social y finalmente comoprevisibilidad de las consecuencias juriacutedicas derivadas de laspropias acciones o de las conductas de terceroshelliprdquo (12 JesuacutesLeguina Villa Principios Generales de Derecho y ConstitucioacutenRevista de Administracioacuten Puacuteblica Ndeg 11)

Nuestra Sala Constitucional refirieacutendose al principiode seguridad juriacutedica como principio Constitucional en SentenciaNdeg 8790-97 de las nueve horas seis minutos del veinticuatro dediciembre de mil novecientos noventa y siete expresoacute

ldquohellipLa seguridad juriacutedica es un principio constitucional que en susentido geneacuterico consiste en la garantiacutea dada al individuo de quesu persona sus bienes y sus derechos no seraacuten objeto de ataquesviolentos o que si eacutestos llegan a producirse le seraacuten aseguradaspor la sociedad proteccioacuten y reparacioacuten es la situacioacuten delindividuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales quesabiendo o pudiendo saber cuaacuteles son las normas juriacutedicasvigentes tiene fundamentales expectativas de que ellas secumplan Ese valor juriacutedico pretende dar certeza contra lasmodificaciones del Derecho procura evitar la incertidumbre del



Derecho vigente es decir las modificaciones juriacutedicasarbitrarias realizadas sin previo estudio y consulta Puede serconsiderada tanto en sentido subjetivo y objetivo pero ambosestaacuten indisolublemente vinculados en su sentido subjetivo es laconviccioacuten que tiene una persona de que la situacioacuten de que gozano seraacute modificada por una accioacuten contraria a los principios querigen la vida social y en sentido objetivo se confunde con laexistencia de un estado de organizacioacuten social de un ordensocial En la mayoriacutea de los ordenamientos juriacutedicos positivosexisten normas que pretenden dar cumplimiento al valor de laseguridad juriacutedica en el nuestro tenemos varias expresiones deese principio tales como la presuncioacuten del conocimiento de la leyel principio de la reserva o legalidad penal el principio deirretroactividad de la ley la cosa juzgada y la prescripcioacutenentre otroshelliprdquo (Ver tambieacuten Sentencia Ndeg 8390-97 de las dieciseacuteishoras veintiuacuten minutos del nueve de diciembre de mil novecientosnoventa y siete)

IX-REGLAMENTO A LA GACETArdquo (DECRETO EJECUTIVO No 26651 de 19 dediciembre de 1997)

Teniendo una visioacuten completa de aqueacutellos conceptosnecesarios para llegar arribar a una conclusioacuten coherente yllegando a un punto en que se hace necesario analizar la uacutenicanorma que parece dar cabida a una posible versioacuten electroacutenica delDiario Oficial nos referiremos al Reglamento de La GacetaDecreto ejecutivo Ndeg 26651 de 19 de diciembre de 1997 ya que eacutesteen su artiacuteculo 2 indica que hellipldquoLa Gaceta puede ser publicada enmedios impresos diversos tales como los tradicionales (perioacutedicos)o medios electroacutenicosrdquo

Debemos situarnos en el contexto del tiempo en que se emitieronlos diversos cuerpos legales que regulan la publicacioacuten de lasnormas (Acuerdo nuacutemero XVIII de febrero de 1870 Coacutedigo CivilConstitucioacuten Poliacutetica Ley General de la Administracioacuten Puacuteblica)antes del decreto Ndeg 26651 A todas luces queda claro que siempreque se nombroacute el Diario Oficial como medio de publicacioacuten deellas se teniacutea en mente el perioacutedico o sea el medio impresoDifiacutecilmente pudo ser de otra forma ya que en esos momentos no seteniacutea idea de que en el futuro pudiesen existir medios de



transmisioacuten tecnoloacutegicos como la que actualmente tenemos En laobra espantildeola Derecho Constitucional Sistema de fuentes (10)refirieacutendose al artiacuteculo 93 de la Constitucioacuten Espantildeola el cualgarantiza la publicidad de las leyes dice

ldquoLa publicidad a la que se refiere la Constitucioacuten en su art 93no consiste simplemente en que la norma sea accesible al puacuteblicoconocimiento cosa que podriacutea ocurrir incluso en el supuesto deque se hubiera pretendido evitarlo sino que consiste en que selleven a cabo los actos conducentes a hacerla puacuteblica de modo queel mandato no se cumple porque la norma resulte accesible alpuacuteblico conocimiento de cualquier forma sino que requiere que eacutesesea precisamente el resultado de la accioacuten de publicarla la cualconstituye el verdadero objeto del mandato constitucional

De ahiacute deriva alguna consecuencia importante respecto del modo enque ha de hacerse la publicacioacuten Dado que el objeto de lapublicacioacuten es la norma precisamente es necesario que se haga enteacuterminos tales que su contenido resulte indiscutible esto es quese haga de manera oficial y por escrito en una determinada formadirigida a hacer constar de modo fehaciente la existencia ycontenido de la norma Esta forma de publicidad que consiste enla insercioacuten en un perioacutedico oficial es lo que se llamapublicidad formal en contraposicioacuten a la publicidad materialmediante pregones pasquines publicacioacuten en perioacutedicos etcAunque tal sistema de publicacioacuten pueda parecer a primera vistamaacutes apto para obtener un efectivo conocimiento puacuteblico con eacutel selesionariacutea la seguridad juriacutedica pues no habriacutea una constanciafehaciente de cuaacutel es el contenido de la norma publicada Laregla general es por tanto la publicacioacuten en un perioacutedicooficialhelliprdquo (13 De Otto Ignacio Derecho Constitucional Sistemasde Fuentes 2da Edicioacuten Editorial Ariel Barcelona Espantildea1988) El destacado no es del original

Actualmente enfrentamos una era de tecnologiacutea avanzaday es primordial importancia agilizar el proceso de conocimiento delas normas al puacuteblico como fin primero de la AdministracioacutenPuacuteblica La misma Imprenta Nacional en su resentildea histoacuterica delDiario Oficial nos dice que ldquohellipcomo respuesta a las nuevas formasde competencia que se avecinan en la era de la Internet fue queen el artiacuteculo 2 del actual reglamento de La Gaceta (Decreto No26651) se previoacute que el diario podiacutea ser publicado en mediosimpresos diversos tales como los tradicionales (perioacutedicos) o



medios electroacutenicos

Pero cabe cuestionarse si es posible afirmar que seriacutea suficienteeste decreto para sustituir la publicacioacuten impresa normalmenteutilizada hasta ahora de nuestro Diario Oficial por unapublicacioacuten electroacutenica viacutea Internet

El Diccionario de la Real Academia Espantildeola define la palabrapublicar de la siguiente manera

ldquo1 Hacer notorio o patente por televisioacuten radio perioacutedicos opor otros medios algo que se quiere hacer llegar a noticia detodos

2 Hacer patente y manifiesto al puacuteblico algo Publicar lasentencia

3hellip

4hellip

5 Difundir por medio de la imprenta o de otro procedimientocualquiera un escrito una estampa etcrdquo

Veamos el concepto de publicacioacuten que la misma Real Academia nosda

ldquo1 Accioacuten y efecto de publicar

2 Escrito impreso como un libro una revista un perioacutedicoetc que ha sido publicadordquo

Entonces si las normas se deben de publicar a efectos degarantizar la seguridad juriacutedica a los administrados lo cual sepuede hacer por medio de la imprenta o de otro procedimiento



cualquiera (concepto de ldquopublicarrdquo dado por la Real Academia) alestablecer nuestro ordenamiento juriacutedico (artiacuteculo 129Constitucioacuten Poliacutetica como norma de rango superior) que lapublicacioacuten de la ley seriacutea en el Diario Oficial ldquoLa Gacetardquo seinfiere que necesariamente es la forma impresa mediante el DiarioOficial la que prevalece actualmente Pretender introducir uncambio como lo seriacutea eliminar la versioacuten escrita del DiarioOficial (seguacuten se desprende de ese cuestionable numeral segundo) yen su defecto introducir una Gaceta electroacutenica basados en elDecreto Ejecutivo 26651 (norma de rango inferior a la Constitucioacuteny a la ley) estariacuteamos violando el principio de legalidad yseguridad constitucionales De alliacute que consideremos que talposibilidad excluyente rintildee con el contenido visto de la CartaFundamental Tal numeral deberiacutea eliminarse o modificarse deacuerdo con los teacuterminos que ordena las normas de mayor rango

X-LA GACETA ELECTROacuteNICA COMO COMPLEMENTO DE LA VERSIOacuteN ESCRITA TIPOPERIOacuteDICO

Seguacuten estudios suministrados por el Departamento deMercadeo de la Imprenta Nacional el tiraje diario de ejemplaresdel Diario Oficial a julio del 2005 era de maacutes de siete milejemplares distribuidos en cuatro sectores el sector privadoconstituido por empresas comerciales organizaciones sin fines delucro y otras es el que tiene el mayor porcentaje desuscriptores con un 45 El sector estatal un 40 El sector deabogados obtiene un 10 y finalmente el 5 lo cubren las ventaen oficinas centrales y oficina del Registro Nacional ademaacutes dela distribucioacuten diaria a los departamentos secciones y unidadesde la Imprenta Nacional Si comparamos estos datos con elestudio suministrado por RACSA sobre acceso a la Red Internetse puede inferir claramente que la diferencia es grande y quepodemos decir que se tiene maacutes acceso por Internet que a laversioacuten impresa del Diario Oficial y si pensamos que hay voluntadexpandir el servicio de Internet no podriacuteamos obviar laexistencia de nuevas tecnologiacuteas que faciliten la divulgacioacuten delas normas y de los actos oficiales

Empero La Gaceta electroacutenica seriacutea un complementode la versioacuten escrita con lo cual se dariacutea cumplimiento de



manera maacutes efectiva al principio de publicidad de las normas Alampliar la cobertura en cuanto a los destinatarios del DiarioOficial la versioacuten escrita quedariacutea como garantiacutea y pruebafehaciente de que lo puesto en Internet es copia fiel de aqueacutellaEn todo caso no se sabe de ninguacuten perioacutedico nacional o extranjeroque por poner un sitio en Internet con el contenido de su versioacutenimpresa haya dejado de publicarla en papel

XI-CONCLUSIONES

Por lo antes expuesto es criterio de la Procuraduriacutea General dela Repuacuteblica que

1 De acuerdo con nuestro Ordenamiento Juriacutedico (artiacuteculo 129de la Constitucioacuten Poliacutetica) el principio de legalidad yseguridad juriacutedica constitucionales el Decreto Ejecutivo Ndeg26651no es la norma idoacutenea para fundamentar la realizacioacuten del cambiode Diario Oficial impreso por una versioacuten electroacutenica que lasustituya No es legalmente posible la sustitucioacuten de laedicioacuten impresa del Diario Oficial La Gaceta por una versioacutenelectroacutenica (Internet)

2 La versioacuten escrita no puede desaparecer por motivos delegalidad y seguridad juriacutedica No obstante compartimos plenamenteLa Gaceta electroacutenica como complemento de la versioacuten impresa y losbeneficios que la misma dariacutea ya que brinda la posibilidad dellegar a maacutes personas en el paiacutes

3 La edicioacuten impresa es baja en comparacioacuten con el nuacutemero dehabitantes que tiene el paiacutes y no se encuentra distribuida demanera estrateacutegica para asiacute hacer posible el acceso a ella auacuten enlos lugares maacutes remotos del paiacutes

Nota En la preparacioacuten de este informe participoacute el ProcuradorAdjunto Lic Joseacute Francisco Salas Ruiz quien por encontrarsefuera del paiacutes no lo puede suscribir



APLICACIOacuteN DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO[SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA]18

II- En el segundo motivo del recurso se acusan violados losartiacuteculos 39 y 129 de la Constitucioacuten Poliacutetica 8 13 y 14 delCoacutedigo Civil 1deg del Coacutedigo Penal 372 de la Ley General de Saludy 37 de la Ley Ndeg 7093 sobre sustancias psicotroacutepicas drogas deuso no autorizado y actividades conexas Estima el recurrente queel artiacuteculo 372 de la Ley General de Salud que se le aplicoacute a supatrocinado estaacute derogado y no puede aplicarse en la actualidadTal reclamo es improcedente Es cierto que el artiacuteculo 372 de laLey General de Salud vino a ser derogado por otra legislacioacuten queagravoacute el delito de transporte o almacenamiento de droga para eltraacutefico Sin embargo en virtud de principios constitucionales ylegales que operan en favor de los acusados del delito cuando conposterioridad a la comisioacuten de un hecho iliacutecito se promulga unanueva ley que se refiere a ese delito se aplica la ley maacutesbeneficiosa que en el presente caso resulta ser el derogadoartiacuteculo 372 de la Ley General de Salud siendo eacuteste un problemade ultra-actividad de una ley maacutes favorable Lo anterior lejos deviolar los derechos del sentenciado tiende a protegerlos al noaplicaacutersele una legislacioacuten maacutes severa no obstante estar vigentea la fecha del juzgamiento la cual le habriacutea aumentado incluso elnuacutemero miacutenimo de antildeos de prisioacuten de la condena

OBLIGATORIEDAD DE LA LEY FACTORES QUE INCIDEN SOBRE LA VIGENCIADE LA NORMA [PROCURADURIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA]19

EN CUANTO A LA OBLIGATORIEDAD DE LA LEY

En nuestro ordenamiento la ley es la norma dictada por laAsamblea Legislativa en ejercicio de la funcioacuten legislativa ysancionada por el Poder Ejecutivo o en su defecto resellada porla propia Asamblea

De la ley se predica su obligatoriedad Un principio quesignifica que la ley debe ser cumplida por su destinatario Laobligatoriedad de la norma depende de su vigencia la cual estaacutedada por la pertenencia al sistema juriacutedico La vigencia significa



la

pertenencia actual y activa de una norma al ordenamiento demanera que es potencialmente capaz de regular todas lassituaciones subsumibles en su supuesto de hecho L DIEZ-PICAZO La derogacioacuten de las leyes Civitas Madrid 1990 p 162

por lo que la vigencia es diferente a la eficacia idoneidadpara producir efectos juriacutedicos Vigencia y eficacia no sonteacuterminos sinoacutenimos lo que se muestra con el hecho de que unanorma vigente puede no producir efectos Ello sea porque ellegislador previoacute que su eficacia estariacutea condicionada adeterminados hechos difirioacute su eficacia o bien simplementeporque la ley no se adecua a la realidad social que pretenderegir Por el contrario una norma no vigente puede continuarsurtiendo efectos En principio la ley continuacutea rigiendo loshechos y situaciones acaecidas durante su vigencia asiacute comodeterminadas situaciones pendientes Se produce asiacute lasupervivencia del derecho abolido

En la medida en que la ley esteacute vigente resulta obligatoria(artiacuteculo 129 de la Carta Poliacutetica) y tiene la idoneidad deproducir los efectos a los que tiende En el dictamen Ndeg C-118-2003 de 29 de abril uacuteltimo nos referimos a este aspecto de laobligatoriedad de las normas juriacutedicas sentildealando

Importa sentildealar que en virtud del principio de obligatoridad delas normas mientras la ley mantenga su vigencia no puede emitirseun acto que conduzca a su desaplicacioacuten si la ley estaacute vigente yresulta eficaz todo destinatario incluida la AdministracioacutenPuacuteblica se encuentra obligado a aplicarla Puesto que no existeuna libertad de apreciacioacuten sobre el cumplimiento de la ley lainaplicacioacuten de la ley genera responsabilidad por suincumplimiento Al respecto debe estarse a lo dispuesto en elTiacutetulo Seacutetimo de la Ley General de la Administracioacuten PuacuteblicaEspeciacuteficamente el inciso 1) del artiacuteculo 190 de la LGAP disponeque la Administracioacuten debe responder por todos los dantildeos que causesu funcionamiento ya sea legiacutetimo o ilegiacutetimo normal o anormalsalvo en los casos de fuerza mayor culpa de la viacutectima o hecho deun tercero

Las disposiciones en orden a la obligatoriedad y eficacia de laley tienden a satisfacer uno de los valores fundamentales a quedebe tender todo ordenamiento juriacutedico en concreto el principiode seguridad juriacutedica En razoacuten del cual se postula la noignorancia de la ley asiacute como la plena eficacia de las normasjuriacutedicas disponiendo sobre los mecanismos que pueden hacer cesar



tanto la vigencia como la eficacia de las disposicionesjuriacutedicas

En razoacuten de su obligatoriedad cabe sentildealar que eldestinatario de la norma debe ajustar su conducta a lo preceptuadopor la ley sea actuando sus preceptos sea omitiendo lasconductas que el legislador sanciona

Empero esa vigencia de la norma puede verse afectada por dosactos la derogatoria de la ley o la declaratoria deinconstitucionalidad Dispone en lo que aquiacute interesa el artiacuteculo129 de la Carta Poliacutetica

La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posteriorcontra su observancia no podraacute alegarse desuso costumbre nipraacutectica en contrario Por viacutea de refereacutendum el pueblo podraacuteabrogarla o derogarla de conformidad con el artiacuteculo 105 de estaConstitucioacuten (Asiacute reformado su paacuterrafo uacuteltimo por el inciso d)del artiacuteculo 1deg de la Ley Ndeg 8281 de 28 de mayo del 2002)

En tanto que el artiacuteculo 10 constitucional faculta a la SalaConstitucional a declarar la inconstitucionalidad de las normasjuriacutedicas De modo que la peacuterdida de vigencia de una norma legalpuede derivar de un juicio de validez normativa (control deconstitucionalidad) o de un juicio de oportunidad poliacutetica(decisioacuten legislativa) Si bien se trata de institutos diferentescompetencia de autoridades diferentes la declaracioacuten deinconstitucionalidad y la derogacioacuten tienen el efecto comuacuten decesar la vigencia de la ley En consecuencia la declaracioacuten deinconstitucionalidad produce el efecto de que la ley deje depertenecer al ordenamiento juriacutedico y en esa medida afecta laeficacia de la norma y la hace perder su obligatoriedad

Ninguno de estos eventos ha tenido lugar Ciertamente contrala Ley Ndeg 7765 ha sido interpuesta una Accioacuten deInconstitucionalidad (Expediente Ndeg 01-010116-0007-CO) respectode la cual la Procuraduriacutea ha concluido como Organo Asesorimparcial y objetivo ante la Sala Constitucional que si bien laAccioacuten resulta inadmisible en la tramitacioacuten de la ley se haincurrido en una violacioacuten de los derechos de enmienda y deiniciativa y de los principios democraacutetico y de publicidad querigen el procedimiento legislativo Asimismo se consideroacuteinconstitucional el segundo paacuterrafo del artiacuteculo 14 de la Ley yen general la posibilidad de celebrar contrataciones sinajustarse a los procedimientos regulados en la Ley de ContratacioacutenAdministrativa



Empero la interposicioacuten de esa Accioacuten no ha suspendido laeficacia de la Ley que ha seguido aplicaacutendose De ser acogida laAccioacuten la Sala determinaraacute si procede dimensionar sus efectos ypor ende los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidadsobre lo actuado por el Instituto contra el Caacutencer

En el estado actual del ordenamiento la ley 7765 no ha sidoderogada por lo que mantiene su vigencia y obligatoriedad Elpunto es si la presentacioacuten de proyectos de ley que la afectantiene la virtud de incidir sobre esa obligatoriedad

B-LA INICIATIVA LEGISLATIVA NO AFECTA LA VIGENCIA DE LA LEY

El efecto de la derogatoria se produce con la eficacia de lanorma derogante Una eficacia que soacutelo puede producirse con unaley no de un proyecto de ley En consecuencia para que losefectos sobre la vigencia y obligatoriedad de una norma seproduzcan se requiere que haya concluido el procedimientolegislativo sea que sus distintas fases iniciativa constitutivay de integracioacuten de la eficacia hayan tenido lugar

La cesacioacuten de la vigencia no puede entonces ser producto dela iniciativa en la formacioacuten de la ley Esta es la facultad deproponer a la Asamblea Legislativa el conocimiento de un proyectode ley con lo cual se pone en marcha el procedimientolegislativo abriendo paso a la fase deliberativa y constitutiva

En particular la iniciativa se encuentra iacutentimamente unida alacto conclusivo del procedimiento y por tanto a la ley aprobadamediante el acto de iniciativa se identifica la materia sobre laque las Caacutemaras estaacuten llamadas a deliberar y se precisan losintereses para los que se requiere satisfaccioacuten por parte dellegislador Cualquiera que sea la suerte que corra el proyecto nohay duda de que tal identificacioacuten juega un papel peculiar nosoacutelo por sus efectos procedimentales sino tambieacuten sentildealadamentepor la posicioacuten que asume en la confrontacioacuten de voluntades en lasCaacutemaras que se manifiestan sobre el proyecto aceptaacutendolo orechazaacutendolo o incluso dejaacutendolo caducar por el fin de lalegislatura P GARCIA ESCUDERO MARQUEZLa iniciativalegislativa en la Constitucioacuten espantildeola de 1978 Revista Espantildeolade Derecho Constitucional Ndeg 59-2000 p 65

Sobre la iniciativa la Sala Constitucional ha indicado

la iniciativa legislativa es la fase introductoria oiniciadora del procedimiento legislativo o dicho de otro modo es



la facultad de someter a un Parlamento un proyecto de ley sobreuna cuestioacuten determinada con la consiguiente obligacioacuten de laAsamblea Legislativa de deliberar sobre eacutel salvo el caso de quecuando la iniciativa proceda del Poder Ejecutivo eacuteste lo retiredurante el periacuteodo de sesiones extraordinarias Teacutecnicamente lainiciativa no integra la potestad legislativa aunque siacuteconstituye una operacioacuten esencial dentro del procedimientolegislativo se trata de un acto de impulso y no de un acto dedecisioacuten legislativa en tanto la competencia legislativa resideexclusivamente en la Asamblea Legislativa ndashartiacuteculos 105 y 121 dela Constitucioacuten Poliacutetica- Sala Constitucional resolucioacuten Ndeg6939-96 de 924 hrs del 20 de diciembre de 1996

Por consiguiente la presentacioacuten de un proyecto de ley no seidentifica con la potestad legislativa En esa medida no puedeconsiderarse que el ejercicio de la iniciativa en siacute mismaconsiderada pueda producir efectos sobre la vigencia y eficaciade la ley En efecto la eficacia de eacutesta estaacute limitada a permitirel inicio de un procedimiento legislativo La iniciativalegislativa forma parte de la fase introductoria de la Ley Suobjeto es dar impulso a las fases subsiguiente pero en siacute noafecta el ordenamiento juriacutedico existente y por ende la vigenciade las leyes emitidas por la Asamblea Estos efectos siacute pueden sergenerados durante la fase constitutiva del proyecto de ley y porla integrativa de la eficacia

Entendida en su correcta dimensioacuten la iniciativa legislativase sigue que la circunstancia de que se haya presentado unproyecto de ley para reformar otra no afecta la vigencia yeficacia de eacutesta juriacutedicamente no impide su ejecucioacuten Desde elpunto de vista juriacutedico no deberiacutea existir entonces duda sobrela posibilidad de ejecutar la ley

Empero la duda surge por cuanto la Administracioacuten estaacute enproceso de preparar un cartel de licitacioacuten para construir elhospital que preveacute la Ley Ndeg 7765 No obstante en la AsambleaLegislativa se ha iniciado la discusioacuten para reformar o derogardicha ley Como se desprende de lo antes dicho la iniciativalegislativa en si misma considerada no produce efectos sobre laobligatoriedad de esta Ley En ese sentido la Administracioacutenpuede continuar con el proceso licitatorio para la construccioacutendel hospital que se proyecta No se desconoce que si la voluntadlegislativa fuese que la Ley Ndeg 7765 debe ser modificada inclusoen los artiacuteculos que autorizan la construccioacuten de dicho hospitalpodriacutean presentarse problemas Baste sentildealar la posibilidad de queantes de que la Asamblea modifique la ley Ndeg 7765 y esamodificacioacuten adquiera eficacia se proceda a dictar un acto de



adjudicacioacuten y que eacuteste quede firme En ese supuesto la voluntaddel legislador expresada en la ley reformante no podriacuteaconcretizarse por la presencia de un derecho derivado de lafirmeza del acto adjudicatorio Ya no se tratariacutea de un problemade derecho intertemporal puesto que el ordenamiento no podriacuteadesconocer los derechos del adjudicatario a partir de la firmezade la adjudicacioacuten

E incluso de no producirse la adjudicacioacuten de meacuterito antes dela eficacia de la ley reformante lo cierto es que en virtud delos principios que rigen la eficacia de las normas seriacuteanecesario que el legislador emitiera disposiciones de derechointertemporal que resuelvan la situacioacuten sobre las contratacionesen curso En consecuencia se hariacutea necesario regular la situacioacutenmediante disposiciones transitorias

El acto de derogacioacuten por siacute solo lo uacutenico que hace es determinarla inidoneidad pro futuro de la ley derogada para regular lassituaciones previstas en su supuesto de hecho En este sentido lapeacuterdida de la idoneidad reguladora de la ley derogada significariacuteasimultaacuteneamente cesacioacuten de la vigencia y cesacioacuten de la eficaciaPero ocurre que el fenoacutemeno derogatorio raramente se da en estadopuro Suele entrecruzarse con otros institutos (vacatio legisretroactividad disposiciones transitorias etc) que inciden sobreeacutel y modulan su efecto Por ello lo que ha dado en llamarseDerecho intertemporal ndashesto es el conjunto de normas que en undeterminado ordenamiento regulan la sucesioacuten temporal de leyes-constituye un elemento indispensable para la definicioacuten del efectoderogatorio o dicho de otro modo la derogacioacuten aunque institutodiferenciado no es comprensible fuera del marco del Derechointertemporal hermeneacuteutica que puede ser destruida por unaclara voluntas legis de sentido contrario L DIEZ-PICAZO Laderogacioacuten de las leyes Civitas Madrid 1990 pp 172-173

Bajo estas consideraciones se sigue que la decisioacuten decontinuar con el proceso de contratacioacuten en tanto se discuten losproyectos de ley para reformar la Ndeg 7765 entrantildea un problema devaloracioacuten poliacutetica Ello en el tanto en que debe ponderarse laviabilidad de la aprobacioacuten de la reforma legal que se tramita yen su caso las consecuencias que tendriacutea sobre el Estado laimposibilidad de ejecutar el contrato administrativo que podriacuteasurgir del procedimiento licitatorio que se pretende iniciar conla publicacioacuten del cartel

CONCLUSIOacuteN

Por lo antes expuesto es criterio de la Procuraduriacutea General



de la Repuacuteblica que

Conforme lo dispuesto en los artiacuteculos 129 y 10 de la ConstitucioacutenPoliacutetica las leyes mantienen su vigencia y posibilidad deejecucioacuten en tanto no sean derogadas por otras de rango igual osuperior o bien no sean declaradas inconstitucionales por laSala Constitucional

la iniciativa legislativa no tiene el efecto directo e inmediatode afectar la vigencia y eficacia de una norma legal La ley quese pretende reformar o derogar puede ser ejecutada hasta tanto noentre en vigencia la ley derogante

En ese sentido la presentacioacuten de proyectos de ley tendientes areformar o derogar la Ley Ndeg 7765 de 17 de abril de 1998 noafecta su pertenencia al ordenamiento juriacutedico por lo que tampocoimpide su ejecucioacuten Por el contrario la aprobacioacuten de losproyectos objeto de la iniciativa legislativa afectariacutea tanto lavigencia como la eficacia de la Ley

En consecuencia desde el punto de vista juriacutedico la iniciativalegislativa no constituye un impedimento para que se continuacutee conla ejecucioacuten de la ley iniciando el procedimiento licitatorio quese plantea Empero la decisioacuten debe sopesar la situacioacuten juriacutedicaque se presentariacutea si antes de la conclusioacuten de dichoprocedimiento se llegare a emitir una

ley derogando o reformando sustancialmente la Ndeg 7765

VIGENCIA Y EFICACIA DE NORMAS JURIacuteDICAS APLICACIOacuteN DEL DERECHOINTERNACIONAL EN EL PAIacuteS PROBLEMAS DE EFICACIA DERECHO INTERNOSUBORDINADO[PROCURADURIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DE COSTA RICA]20

Con la aprobacioacuten del sentildeor Procurador General de la Repuacuteblicame refiero a su atento oficio N DM-287 de 27 de marzo uacuteltimo pormedio del cual consulta el criterio de la Procuraduriacutea Generalrespecto a dudas suscitadas por la vigencia de la Ley de Marcas yOtros signos distintivos N 7978 de 6 de enero del presente antildeo

Relata Ud que el 17 de setiembre de 1999 los paiacutesescentroamericanos denunciaron el Convenio Centroamericano para laProteccioacuten de la Propiedad Industrial (CCPI) aprobado en CostaRica por la Ley N 4543 de 28 de marzo de 1970 Luego el 22 dediciembre siguiente se promulgoacute la Ley N 7978 antes mencionada



que se encuentra vigente a partir de su publicacioacuten y sustituye alConvenio Centroamericano para la Proteccioacuten de la PropiedadIndustrial respecto del uso y registro de marcas y otros signosdistintivos En fin el 20 de diciembre de 1999 se firma la Ley N7982 que ratifica el protocolo mediante el cual se denuncia elCCPPI Ley que fue publicada el 2 de febrero del presente antildeoAgrega Ud que este Protocolo incluye varios acuerdos como laderogacioacuten a partir del 1 de enero del antildeo 2000 del ConvenioCentroamericano para la Proteccioacuten de la Propiedad (marcasnombres comerciales y expresiones o sentildeales de propaganda) de 1 dejunio de 1968 los paiacuteses se comprometieron a iniciar gestionespara establecer un reacutegimen comuacuten de propiedad intelectual una vezadoptada su legislacioacuten interna que el protocolo entrariacutea envigencia en cada Estado contratante en la fecha del depoacutesito delinstrumento de ratificacioacuten y por uacuteltimo previoacute que si al 1 deenero del 2000 en un Estado contratante no hubiere entrado envigencia la respectiva ley nacional el Convenio se tendriacutea comoprorrogado Dado que la Ley N 7982 se limita a derogar la Ley N4543 consulta la relacioacuten juriacutedica entre el ConvenioCentroamericano para la Proteccioacuten de la Propiedad Industrial y lanueva ley de marcas y determinar su legalidad

De conformidad con lo conversado con la Directora del Registrode Propiedad Intelectual la duda que determina la consulta radicaen que la nueva ley de marcas entroacute en vigencia antes de que seprocediera a ratificar el Protocolo al Convenio Centroamericano enla materia

Situacioacuten que plantea problemas en virtud de los principiosque rigen la aplicacioacuten de la ley por una parte y la eficacia delos tratados por otra parte A- EN ORDEN A LA APLICACIOacuteN DE LALEY

La aplicacioacuten de la ley es determinada ante todo por lodispuesto en el artiacuteculo 129 de la Carta Poliacutetica De acuerdo conel cual las leyes surten sus efectos desde el diacutea que ellasdesignen a falta de este requisito diez diacuteas despueacutes de supublicacioacuten en el Diario Oficial Es constitucionalmente vaacutelidoentonces que el legislador disponga la entrada en vigor de la leyal partir de su publicacioacuten que someta esa eficacia a un plazopor ejemplo seis meses o bien que omita legislar sobre el puntocaso en el cual seraacute eficaz diez diacuteas despueacutes de que la ley hayasido publicada en La Gaceta

Con base en el citado artiacuteculo constitucional podriacutea decirseque elemento primordial para la eficacia de la ley es supublicacioacuten Esta garantiacutea objetiva del ordenamiento tiende a



fijar el contenido de la norma obligatoria para los administradosy gobernantes con lo cual se satisface el principio de seguridadjuriacutedica Sin embargo la insercioacuten del texto en el Diario Oficialpodriacutea no ser suficiente a efectos de entrada en vigencia de unadeterminada ley sea porque la ley dispone una suspensioacuten de laentrada en vigor vacatio legis sea porque esa aplicacioacuten estaacutecondicionada al perfeccionamiento del ordenamiento por otrosmecanismos Asimismo procede recordar que la eficacia de la leyestaacute determinada por el principio de jerarquiacutea normativa y porcriterios temporales

Se cuestiona la aplicacioacuten de la ley 7978 de 6 de enero de2000 Ley de Marcas y otros signos distintivos Dicha Ley fuepublicada en La Gaceta del 1 de febrero siguiente y de acuerdocon la claacuteusula en ella inserta rige a partir de su publicacioacutenLa intencioacuten del legislador es entonces que entre a regirinmediatamente incluso respecto de las marcas y otros signosdistintivos registrados con base en la ley anterior pero conexcepcioacuten de las solicitudes en traacutemite y acciones iniciadas conbase en el Convenio (disposiciones transitorias)

La mencioacuten al Convenio nos recuerda que las marcas han sidoreguladas por normativa de caraacutecter comunitario y por ende derango superior a las leyes Por consiguiente dado el rangosuperior del Derecho Comunitario sobre la ley el rige inmediatode la Ley de Marcas soacutelo podriacutea producirse en forma vaacutelida si elConvenio no estuviera vigente Y a eso tiende el Protocoloaprobado por la Ley 7982 B- EFICACIA INTERNA DEL PROTOCOLO

La Ley N 7982 de 14 de enero de 2000 aprueba el Protocolo alConvenio Centroamericano para la Proteccioacuten de la propiedadindustrial (marcas nombres comerciales y expresiones o sentildeales depropaganda) Dicha Ley fue publicada el 2 de febrero siguiente

El Protocolo tiene como objeto derogar a partir del 1 deenero del antildeo 2000 el Convenio Centroamericano para la Proteccioacutende la Propiedad Industrial (marcas nombres comerciales yexpresiones o sentildeales de propaganda) suscrito el 1 de junio de1968 Derogacioacuten que se rige por lo dispuesto en los numerales 5465 y 70 de la Convencioacuten de Viena sobre el Derecho de losTratados

La derogacioacuten de ese Convenio debiacutea producir la entrada envigor en cada uno de los Estados contratantes de una legislacioacuteninterna sobre el tema Es decir no podiacutea presentarse una lagunade regulacioacuten porque eacutesta resultariacutea contraria a la proteccioacutenque necesita la propiedad intelectual y se afectariacutea ademaacutes el



mercado No obstante el fin uacuteltimo es un futuro reacutegimen comuacuten depropiedad intelectual (artiacuteculo 2)

Desde el punto de vista del instrumento comunitario tendriacuteamosque el cambio normativo debiacutea producirse a partir del 1 de enerode este antildeo No obstante se contemploacute que el Convenio podiacuteacontinuar siendo aplicado en caso de que los paiacuteses no hubiesenadoptado su ley interna para dicha fecha (artiacuteculo transitorio)Dicha situacioacuten determinariacutea entonces la aplicacioacuten del Conveniohasta tanto no entrara en vigencia la Ley de Marcas Pero ademaacutesel cambio normativo estaacute condicionado a la propia eficacia delInstrumento Al respecto el artiacuteculo 3 del Protocolo dispone

El presente Instrumento seraacute sometido a ratificacioacuten encada Estado contratante de conformidad con su respectivalegislacioacuten Los instrumentos de ratificacioacuten seraacuten depositados enla Secretariacutea General del Sistema de la IntegracioacutenCentroamericana El Protocolo entraraacute en vigencia en cada Estadocontratante en la fecha del depoacutesito de su respectivo instrumentode ratificacioacuten

La eficacia del protocolo estaacute condicionada por laratificacioacuten y a su vez la eficacia de eacutesta en el plano internoestaacute condicionada por el depoacutesito del documento de ratificacioacutenEn consecuencia la circunstancia de que la ley aprobatoria hayaestablecido que la Ley rige a partir de su aprobacioacuten esabsolutamente inocuo puesto que de acuerdo con el Protocolo serequiere la ratificacioacuten y el depoacutesito del instrumento ante laSIECA El Protocolo no puede ser exigible en el plano interno sino se han cumplido las condiciones que prescribe para su vigenciaque en el caso en examen se reuacutenen con el depoacutesito del instrumentode ratificacioacuten

Sobre este punto ha dicho la Sala Constitucional

no encuentra objecioacuten constitucional al texto delartiacuteculo 2 del proyecto en cuanto sentildeala que la misma rige apartir de su publicacioacuten ya que ello debe entenderse referidouacutenicamente a la actuacioacuten legislativa que manifiesta suconformidad a aqueacutella y no a la propia Convencioacuten cuya vigenciaestaacute supeditada a la posterior ratificacioacuten o promulgacioacuten porparte del Poder Ejecutivo artiacuteculo 7 y 140 inciso 10)constitucional y por las propias disposiciones que sobre vigenciasentildeale la Convencioacuten (artiacuteculo 49 de la misma) resolucioacuten N647-90 de las 15 00 hrs del 12 de junio de 1990

Maacutes recientemente la resolucioacuten N 5888-98 de 948 hrs del



14 de agosto de 1998 deja entrever que el depoacutesito del instrumentode ratificacioacuten forma parte del procedimiento constitucional deincorporacioacuten de un tratado al Derecho interno Lo que implica quehabriacutea una violacioacuten constitucional si se pretendiera aplicarinternamente el tratado con soacutelo su ratificacioacuten

Puesto que se estaacute dejando sin efecto es un ConvenioCentroamericano norma de rango superior a la ley no puedeconsiderarse vaacutelido ni eficaz el artiacuteculo 2 de la ley aprobatoriadel Protocolo en cuanto dispone la derogacioacuten del Convenioaprobado por la Ley N 4543 de 18 de marzo de 1970 Notamosademaacutes que no se trata simplemente de una derogacioacuten de una leypor otra sino de la derogacioacuten de un convenio norma superior yla terminacioacuten de los tratados se rige por lo dispuesto en lanormativa constitucional e internacional no por lo que dispongauna ley CONCLUSIOacuteN

De lo expuesto la Procuraduriacutea General de la Repuacuteblicaconcluye que

1- La Ley de Marcas y otros signos distintivos ley N 7978 del 6de enero de 2000 adquiere eficacia en la fecha en que se depositeen la Secretariacutea General del Sistema de la IntegracioacutenCentroamericana el instrumento de ratificacioacuten del Protocolo alConvenio Centroamericano para la Proteccioacuten de la PropiedadIndustrial

2- La ausencia de ese depoacutesito determina no soacutelo la ineficacia dela Ley de Marcas sino que obliga a considerar como plenamentevigente y eficaz el Convenio Centroamericano para la Proteccioacuten dela Propiedad Industrial

3- En consecuencia hasta tanto el depoacutesito no seacute el Registro dePropiedad Industrial no puede aplicar vaacutelidamente la Ley de Marcasy todas las situaciones en orden a la proteccioacuten a la propiedadintelectual que interesa deben regirse por el referido ConvenioEllo incluye necesariamente las solicitudes en traacutemite o cualquiergestioacuten que se presentaren que tendriacutean que ser resueltas en todocaso con fundamento en el Convenio

4- Por el contrario en el momento en que el depoacutesito delinstrumento tenga lugar la Ley de Marcas podraacute ser aplicada entodos sus extremos salvo para las acciones y las solicitudes entraacutemite conforme lo disponen las disposiciones transitorias Dela sentildeora Ministra muy atentamente



APLICACIOacuteN DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO[SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA]21

I- Reclama el recurrente en su motivo de fondo que la accioacutentenida por demostrada no es constitutiva de delincuencia alguna enCosta Rica pues la alteracioacuten del pasaporte del imputado y suposterior uso estaba destinada a engantildear al personal de laembajada estadounidense en este paiacutes para que le otorgaran visade entrada como en efecto sucedioacute lo que implica que ni teniacuteael propoacutesito de afectar a las autoridades costarricenses o la fepuacuteblica nacional y fue realizado en un territorio sobre el quenuestro ordenamiento juriacutedico no tiene cobertura Sentildeala ademaacutesque no existioacute el dolo de usar dicho documento ante el personalmigratorio costarricense El alegato debe rechazarse En primerteacutermino porque al igual que la gran mayoriacutea de las figurastiacutepicas del ordenamiento penal el iliacutecito de uso de documentofalso no exige ciertas caracteriacutesticas personales o funcionales enel ofendido por lo que no por tratarse de un afectado diverso aun servidor puacuteblico del Estado costarricense deja de configurarseel delito Bien puede hacerse ese uso ante un ciudadano comuacuten o unfuncionario extranjero Segundo contraponieacutendose a lo queinapropiadamente se dice con frecuencia en cuanto a que esosespacios fiacutesicos constituyen parte del territorio del Estadoacreditante la Convencioacuten de Viena (ratificado por Costa Ricamediante ley 3394 del 21 de setiembre de 1964) en su artiacuteculo22 soacutelo les atribuye la caracteriacutestica de inviolables mas node segmento de un territorio ajeno Esto es les otorga para sufuncionamiento una proteccioacuten especial al igual que al personaldiplomaacutetico pero no las sustrae de ese territorio anfitrioacuten quede conformidad con el artiacuteculo 4 del Coacutedigo Penal seraacute regido porla ley punitiva nacional De lo contrario para un costarricensefaacutecil seriacutea procurar la impunidad de un delito grave cometido endantildeo de un extranjero con soacutelo cometerlo en una de esas sedes ysaliendo de inmediato de ella pues los tribunales nacionalesbajo la tesis de la defensa no tendriacutean competencia ni el sujetoseriacutea extraditable al paiacutes del ofendido o al Estado acreditante detal sede Por uacuteltimo debe declararse sin lugar el motivo porquese tiene buenamente como acreditado que al hacer uso de esedocumento tanto al ser exhibido al personal consularestadounidense como al presentarlo ante la terminal aeacuterea elacusado teniacutea conocimiento de la falsedad del documento y quisohacer uso de eacutel constataacutendose asiacute el dolo que se echa de menos



independientemente de que en un caso la finalidad fuera diversaque en el otro ya que el tipo aplicado no exige una modalidad dedolo especiacutefico elemento este con el que el recurrenteerroacuteneamente confunde el dolo comuacuten contenido en el tipo

EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL[SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA]22

II- Primer motivo de casacioacuten Incompetencia de los tribunalescostarricenses para juzgar a la encartada Reclama el licenciadoGarciacutea Osorio inobservancia de los numerales 7deg de laConstitucioacuten Poliacutetica 1deg y 4deg de la Convencioacuten de las NacionesUnidas contra el traacutefico iliacutecito de estupefacientes y sustanciaspsicotroacutepicas Ello es asiacute ndash indica el recurrente ndash porque deacuerdo con la Ley de migracioacuten y extranjeriacutea su representada erauna pasajera en traacutensito y en ese tanto nuestro Paiacutes no era puntode procedencia ni destino definitivo de los bienes en cuestioacutenEl reclamo no es de recibo Yerra el impugnante al razonar queescapa de la competencia nacional por territorio el conocimientode la causa penal en cuestioacuten argumentando que el territorionacional no era ni el paiacutes de origen ni el destino final de losvalores provenientes del trasiego iliacutecito de droga transportadospor Becerra Barrios Sentildeala el artiacuteculo 69 de la Ley sobreestupefacientes 8204 del 11 de enero de 2002 que ldquohellip Seraacutesancionado con pena de prisioacuten de ocho a veinte antildeos a) Quienadquiera convierta o transmita bienes de intereacutes econoacutemicosabiendo que estos se originan en un delito grave o realicecualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen iliacutecito opara ayudar a la persona que haya participado en lasinfracciones a eludir las consecuencias legales de sus actosLapena seraacute de diez a veinte antildeos de prisioacuten cuando los bienes deintereacutes econoacutemico se originen en alguno de los delitosrelacionados con el traacutefico iliacutecito de estupefacientes sustanciaspsicotroacutepicas legitimacioacuten de capitales desviacuteo de precursores osustancias quiacutemicas esenciales y delitos conexosrdquo Asiacute deacuerdo con la descripcioacuten del tipo penal en cuestioacuten la conductailiacutecita se encontraba en plena praacutectica cuando la encartada fuesorprendida por oficiales de la Policiacutea de Control de Drogasintentando facturar su maleta en el Aeropuerto Juan Santamariacuteapara continuar su viaje con destino a Venezuela Dicha maletaconteniacutea - en conjunto con su equipaje de mano - la cantidad desetecientos diecisiete mil ochenta y ocho doacutelares ($717088oo)ocultos en cajas de juguetes y empacados con papel carboacuten cinta yplaacutestico ambos adhesivos No se estaacute entonces ante un caso deextraterritorialidad - como sugiere quien recurre - sino que como



se ha venido apuntando el iliacutecito de infringir la Ley depsicotroacutepicos en su modalidad de legitimacioacuten de capitales seencontraba en plena fase de ejecucioacuten cuando se detuvo a laacriminada dentro del territorio nacional propiamente en elAeropuerto Juan Santamariacutea Cabe recordar que el numeral 4deg delCoacutedigo sustantivo establece que ldquohellip La ley penal se aplicaraacute aquien cometa un hecho punible en el territorio de la Repuacuteblica salvo las excepciones establecidas en los tratados convenios yreglas internacionales aceptados por Costa Rica rdquo (la letranegrita se suple) Tampoco se estaacute en la especie en un caso deexcepcioacuten regulado por instrumentos internacionales ni cabeinterpretar que la ldquocomisioacutenrdquo en el territorio nacional referidaen el numeral de cita para definir la competencia de lostribunales costarricenses implique que los actos iniciales deliliacutecito asiacute como su consumacioacuten o agotamiento deban habersellevado a cabo en Costa Rica Tal inferencia no tiene asideroloacutegico y a mayor claridad el artiacuteculo 20 ejuacutesdem establece que elhecho punible se considera cometido ldquohellip a) En el lugar en que sedesarrolloacute en todo o en parte la actividad delictuosa de autoreso partiacutecipesrdquo No cabe duda entonces acerca de que la accioacutendelictiva atribuida a Becerra Barrios se encontraba en fase decomisioacuten o ejecucioacuten al ser descubierta por las autoridadescostarricenses El verbo ldquotransmitirrdquo incluido dentro de lasformas de comisioacuten del iliacutecito sometido a estudio lo define elDiccionario de la Real Academia Espantildeola (Tomo II 22ordf edicioacutenEspasa Madrid 2001) como ldquoTrasladar transferirrdquo y laprimera acepcioacuten significa a la vez ldquohellip Llevar a alguien o algo deun lugar a otrordquo de forma tal que la accioacuten de trasladarbienes producto del narcotraacutefico a traveacutes del territoriocostarricense constituye el delito previsto como ldquolegitimacioacuten decapitalesrdquo y los tribunales nacionales tienen la competencianecesaria para juzgarla auacuten cuando en la trayectoria ideada elpunto inicial fuese Meacutexico y el objetivo final Venezuela Envirtud de lo antes sentildealado se declara sin lugar el primermotivo de casacioacuten por la forma

FUENTES CITADAS


1 HERRERA LAURENT Edwin Aplicacioacuten de la Ley Penal en el Tiempo yen el Espacio Tesis para optar por el grado de Licenciado enDerecho Facultad de Derecho Universidad de CostaRica1966pp10112 QUINTEROS VELAZCO JuanAlgunos aspectos sobre la aplicacioacuten dela Ley Penal Tesis para optar por el grado de Licenciado enDerecho Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica1963pp21243 Constitucioacuten Poliacutetica Costa Rica del 071119494 Ley Ndeg 63 Coacutedigo Civil Costa Ricadel 28091887 5 Ley Ndeg 4573 Coacutedigo PenalCosta Rica del 040519706 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Resolucioacuten Ndeg95-003 de las nueve horas veinte minutos del cuatro de enero de milnovecientos noventa y cinco 7 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Resolucioacuten Ndeg 14 de las catorce horas cuarenta minutos del nueve de febrero de milnovecientos noventa y seis8 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Resolucioacuten Ndeg25 San Joseacute a las ocho horas cincuenta minutos del veintitreacutes deenero de mil novecientos noventa y uno 9 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Resolucioacuten Ndeg97-034 de las nueve horas treinta y cinco minutos del catorce defebrero de mil novecientos noventa y siete 10 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Resolucioacuten Ndeg2001-00034 de las catorce horas cuarenta minutos del doce deenero del antildeo dos mil uno 11 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Resolucioacuten Ndeg Nordm105 de las dieciseacuteis horas cinco minutos del seis de octubre demil novecientos noventa y cinco12 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ResolucioacutenNdeg2001-00075 de las diez horas quince minutos d el diecinueve deenero de dos mil uno 13 TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACION Resolucioacuten Ndeg376-F-94 delas quince horas cinco minutos del veintisiete de octubre de milnovecientos noventa y cuatro14 PROCURADURIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DE COSTA RICA DictamenNdeg 191 del 22082000 15 PROCURADURIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DE COSTA RICA Dictamen Ndeg042 del 1402200216PROCURADURIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DE COSTA RICA OpinioacutenJuriacutedica Ndeg 078 - J del 23052003 17 PROCURADURIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DE COSTA RICA Dictamen Ndeg273 del 2907200518 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Resolucioacuten Ndeg047-F-91 de las catorce horas treinta y cinco minutos del treinta deenero de mil novecientos noventa y uno- 19PROCURADURIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA Dictamen Ndeg 137 del19052003

20 PROCURADURIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DE COSTA RICA Dictamen Ndeg

072 del 1004200021 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ResolucioacutenNdeg0440-98 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos delquince de mayo de mil novecientos noventa y ocho22 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ResolucioacutenNdeg2005-00765 de las diez horas cincuenta minutos del ocho dejulio del dos mil cinco


OBLIGATORIEDAD DE LA LEY FACTORES QUE INCIDEN SOBRE LA VIGENCIADE LA NORMA 83VIGENCIA Y EFICACIA DE NORMAS JURIacuteDICAS APLICACIOacuteN DELDERECHO INTERNACIONAL EN EL PAIacuteS PROBLEMAS DE EFICACIA DERECHOINTERNO SUBORDINADO89APLICACIOacuteN DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO94EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL95

1 DOCTRINA

APLICACIOacuteN DE LA LEY EN EL TIEMPOIRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL[HERRERA LAURENT Edwin]1

El principio de irretroactividad soacutelo tiene en parte caraacutecterabsoluto que el legislador ha de respetar siempre(La ley penal no puede regular hechos cometidos antes de suentrada en vigencia si perjudica la situacioacuten juriacutedica de losrespon sables pero debe regularlos si es beneacutefica para ellos enesto es donde se quiebra el principio de la irretroactividad perola ley maacutes gravosa carece siempre de efecto retroactivo y asiacute diceGrispigniNo es necesario vacilar para explicar el fundamento ra cional detal principio que soacutelo es uno de los aspectos do la maacuteximaNULLUM CRIMEN NULLA PENA SINE PREVIA LEGEBasta pensar en los inconvenientes que surgiriacutean si se siguiese elcriterio opuesto no existiriacutea ya garantiacutea alguna nadie sabriacutea sipor la propia actividad actual mente liacutecita no podriacutea ser penadomantildeanase abririacutea el campo a toda posibilidad de abusos y devenganzas especialmente poliacuteticas por parte de quienesrecientemente llegaran al poder La ley penal no puede regular hechos cometidos antes de su entradaen vigor siacute perjudica por se maacutes gravosa al reo en otraspalabras seguacuten la teoriacutea y la jurisprudencia de la ley penal nopuede tener el sentido de una ley EXPOST FACTOo sea de una leyposterior al hecho que empeore la condicioacuten de los acusados





2 NORMATIVA












COacuteDIGO CIVIL4




































COacuteDIGO PENAL5


TERRITORIALIDAD

























ARTIacuteCULO 10-




ARTIacuteCULO 11-



ARTIacuteCULO 12-






ARTIacuteCULO 13-


Ley temporal

ARTIacuteCULO 14-



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3 JURISPRUDENCIA









































































































































































Conclusioacuten








































Considerando


ACUERDA














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IV-









































Ventajas



Inconvenientes







Ventajas




Inconvenientes







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XI-CONCLUSIONES
















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CONCLUSIOacuteN


























































FUENTES CITADAS








2 NORMATIVA












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TERRITORIALIDAD

























ARTIacuteCULO 10-




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Conclusioacuten








































Considerando


ACUERDA














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IV-









































Ventajas



Inconvenientes







Ventajas




Inconvenientes







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XI-CONCLUSIONES
















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CONCLUSIOacuteN


























































FUENTES CITADAS













COacuteDIGO CIVIL4




































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ARTIacuteCULO 10-




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Ley temporal

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3 JURISPRUDENCIA









































































































































































Conclusioacuten








































Considerando


ACUERDA














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IV-









































Ventajas



Inconvenientes







Ventajas




Inconvenientes







de personas














































































hellip
































3hellip

4hellip















XI-CONCLUSIONES
















la




































CONCLUSIOacuteN


























































FUENTES CITADAS




































COacuteDIGO PENAL5


TERRITORIALIDAD

























ARTIacuteCULO 10-




ARTIacuteCULO 11-



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Ley temporal

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3 JURISPRUDENCIA









































































































































































Conclusioacuten








































Considerando


ACUERDA














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IV-









































Ventajas



Inconvenientes







Ventajas




Inconvenientes







de personas














































































hellip
































3hellip

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XI-CONCLUSIONES
















la




































CONCLUSIOacuteN


























































FUENTES CITADAS























ARTIacuteCULO 10-




ARTIacuteCULO 11-



ARTIacuteCULO 12-






ARTIacuteCULO 13-


Ley temporal

ARTIacuteCULO 14-



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Conclusioacuten








































Considerando


ACUERDA














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IV-









































Ventajas



Inconvenientes







Ventajas




Inconvenientes







de personas














































































hellip
































3hellip

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XI-CONCLUSIONES
















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CONCLUSIOacuteN


























































FUENTES CITADAS





APLICACION DEL DERECHO EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO(6-07)

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