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“Economía y Desarrollo Sustentable, el Compromiso Social Empresarial y Tercer Sector en México, 1990-2015”

“Economía y Desarrollo Sustentable, el Compromiso Social

Empresarial y Tercer Sector en México, 1990-2015”

DOCUMENTO METODOLÓGICO

“Economía y Desarrollo Sustentable, el Compromiso Social Empresarial y Tercer Sector en México, 1990-2015”

Índice.

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... I

1. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. ................................................. XIV

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. ............................................................................................... XVI

3. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA....................................................................... XVIII

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. ................................................................................................... XX

5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA. ...................................................................... XXII

6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. ..................................................................................................... LVI

7.- PRUEBA EMPÍRICAS O CUALITATIVAS LAS HIPÓTESIS. ................................................................. LVIII

CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN. .................................................................. LXXIII

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.................................................................................................................. XCV

"Economía y Desarrollo Sustentable, el Compromiso Social Empresarial y Tercer Sector en México, 1990-2015"

I

INTRODUCCIÓN

La sociedad mexicana de nuestros días se caracteriza por ser diversa, rica y

compleja, estos factores construyen una realidad cotidiana en constante cambio,

tan continuo como rápido, que en la rutina no se hace perceptible la evolución en

la que estamos inmersos, de ahí la importancia de analizar los problemas que

tienen implicaciones en nuestra vida tanto en la esfera privada como pública,

especialmente en lo que se refiere a la política de desarrollo nacional. En concreto

para exponer el presente estudio y con el objetivo de apoyar una mejor

comprensión del mismo, así como orientar al lector sobre la forma en la que se

diseñó la investigación se presenta una parte metodológica, donde se describe la

importancia de conocer y analizar el tema: “Economía y Desarrollo Sustentable,

el Compromiso Social Empresarial y Tercer Sector en México, 1990-2015”,

los objetivos propuestos, la delimitación y el planteamiento preciso del problema a

estudiar, las preguntas de investigación y las hipótesis desprendidas de éstas.

Asimismo, se puntualiza la forma en que se constataron y falsearon las hipótesis

que guían el estudio, por otra parte, se describirán las fuentes de información que

sirvieron de soporte para la formación del documento, finalmente se presentan las

conclusiones que se obtuvieron como resultado de los análisis realizados a lo

largo de la investigación.

Como ya se ha mencionado, el presente estudio, surge del interés por tratar un

tema que se vuelve cotidiano por su relevancia, pero que sus particularidades no

se comprenden adecuadamente, por lo que se infiere la necesidad de analizar los

aspectos sociales, económicos y ambientales de manera conjunta y simultánea,

considerando la influencia e importancia de los antecedentes históricos.

La crisis financiera mundial a finales de 2008, el calentamiento global y la

multiplicidad de problemas económicos y sociales que se derivaron de ellos, los

elevados y persistentes índices de pobreza a nivel mundial, así como las cada vez

más profundas desigualdades entre regiones, son algunas de las manifestaciones

contundentes de la inviabilidad de los patrones de desarrollo vigentes.


II

Consecuentemente, estos hechos constituyen algunos de los mayores retos a los

que habrán de hacer frente, todos y cada uno de los Estados-nación existentes

sobre el planeta, en suma, la humanidad.

Este trabajo parte de la premisa de que a medida que la ciudadanía conozca y se

involucre en las prácticas gubernamentales y en los procesos de rendición de

cuentas, podrá revertir de manera gradual las malas prácticas, costumbres y

desatención que de los temas fundamentales tiene el gobierno, y al mismo tiempo,

constituirá un elemento importante para abatir la corrupción, impulsar la

transparencia y contribuir a la transformación del gobierno y una administración

pública más democrática que no se vea rebasada por las demandas de la

sociedad en sus diferentes aspectos.

Conviene recordar que con la Revolución Industrial en Europa y Estados Unidos

se originaron los mitos del progreso y del desarrollo1, basados en el crecimiento

económico mediante el crecimiento científico y tecnológico, que han llevado a un

uso expansivo de recursos naturales y en general a la degradación de las bases

sobre las que se finca el desarrollo. No obstante, sobre estas ideas se ha

fundamentado nuestra actual civilización y a las cuales ha enfocado todos sus

esfuerzos.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que no todos los países han logrado

los objetivos del desarrollo, más de dos tercios de los países nunca lo han logrado,

-aún cuando se llegó a reconocer que los beneficios del crecimiento no serían

equitativos para todos-, por el contrario con el paso del tiempo las desigualdades

se han hecho más grandes y la pobreza ha aumentado; adicionalmente se

reconoce que este proceso ha ejercido impactos negativos sobre el medio

ambiente y que estos han llegado al extremo de poner en riesgo la existencia

misma de la raza humana. Sin embargo, tanto las ideas de progreso como de

desarrollo, continúan arraigadas hasta nuestros días.

Todavía a mediados del siglo pasado, a pesar de reconocerse la existencia de los 1 De Rivero, Oswaldo, El mito del desarrollo. Los Estados inviables en el siglo XXI, FCE, Perú, 2006, p. 22


III

problemas ambientales y los riesgos que éstos acarrean, la idea de desarrollo no

se cuestionaba, más aún, los teóricos del desarrollo económico promovían una

idea más o menos lineal acerca de éste2, en la que no se hacía alusión al medio

ambiente, o bien lo tenían en cuenta como elemento implícito en el proceso.3

No es sino hasta finales de la década de los sesenta e inicios de los setenta,

cuando comienza a reconocerse la importancia que el deterioro ambiental tiene en

el crecimiento económico. Es decir, se logra establecer una conexión entre el

desarrollo y el medio ambiente. A partir de entonces el debate sobre medio

ambiente y desarrollo quedó abierto.

Por otro lado, es importante resaltar que a partir de entonces las cosas no han

sido sencillas y el debate ha transitado por diversos y complejos cauces, por

cuanto que ha implicado abordar y polemizar en asuntos que trastocan

profundamente a los intereses e ideologías dominantes del mundo

contemporáneo, tales como poner en tela de juicio la idea misma de crecimiento

económico, asimismo, se han cuestionado el papel que juega la tecnología, la

desigualdad de responsabilidades en el deterioro ambiental, la relación que existe

entre el hombre y la naturaleza, (por ejemplo si es el hombre quien goza de una

supremacía y dominio sobre esta y por lo tanto la naturaleza solo debe su

existencia por el beneficio que le representa, o bien, si la naturaleza posee un

valor intrínseco y el hombre sólo es un elemento más de ella), pasando por el

reconocimiento de los límites absolutos y relativos que la naturaleza impone al

sistema económico (por ejemplo la finitud de los recursos naturales o los límites de

carga y asimilación de los ecosistemas, etcétera), o bien, que tienen implicaciones

éticas tal como el crecimiento demográfico. Pero también, sin duda alguna, uno de

2 Entre ellos Víctor Urquidi nos menciona a Myrdal, Rosenstein-Rodan, Nurske, Prebisch, Singer, Arthur Lewis, Ahumada, Sunkel, Pinto, Seers, Furtado, entre otros. Por ejemplo, nos menciona que para éste último, el desarrollo, es un proceso de transformación que engloba el conjunto de la sociedad y que está ligado a la introducción de métodos productivos más eficaces y se manifiesta bajo la forma de un aumento del flujo de bienes y servicios finales a disposición de la colectividad, lo que permite satisfacer más plenamente las necesidades humanas. El punto de partida es una determinada estructura, sujeta a un proceso de cambio. Furtado asigna enorme importancia a la innovación, a los valores, al “excedente social” que hacen posibles nuevas fases del desarrollo pero que es susceptible de asignarse de diversas maneras en función de presiones políticas y de otra índole que los distintos estratos sociales ejercen. Urquidi, Víctor, “Economía y medio ambiente”, En: Nadal, Alejandro (Editor), Obras escogidas de Víctor L. Urquidi. Desarrollo Sustentable y cambio global, El Colegio de México, México, 2007, p. 160. 3 Ibíd.


IV

los temas centrales de esta discusión ha sido el de la pobreza, cuando se

reconoce que ésta constituye uno de los mayores problemas.

Casi a finales del Siglo XX, la inmensa mayoría de los hombres y mujeres del

mundo trabajan por consolidar la participación ciudadana democrática en cada

uno de los ámbitos de su vida cotidiana, en cada una de las instituciones a través

de las cuales se han socializado. Desde el punto de vista sociológico la sociedad

de la primera modernidad y sus sucesivos desarrollos han sido en dirección

antihumanista (Donati, 1997). Al compás de una progresiva transformación y

complejización de la sociedad fueron surgiendo nuevas formas de solidaridad y

acción colectiva, coherentes con las nuevas situaciones y las nuevas necesidades.

Las llamadas organizaciones de la Sociedad Civil comienzan a expresarse de

diferentes formas de acuerdo a lo que las costumbres y tiempos sociales les

fueron indicando. Entre las causas por las cuales las redes de asociaciones del

Tercer Sector, emergen como actor colectivo con grados relativos de visibilidad,

pueden identificarse factores relacionados al contexto socio-político y coyuntura de

acción y factores relacionados a las características de las demandas sociales.

En el último tiempo han comenzado a circular en América Latina algunos trabajos

de investigación cuantitativa dedicados al “tercer sector”, refiriéndose con ello al

llamado “sector no lucrativo” compuesto por organizaciones privadas pero que no

se comportan como las empresas tradicionales: no reparten utilidades, ni buscan

obtenerlas. Es una tendencia relevante, por cuanto la emergencia de este sector

en la región no ha sido acompañada de un análisis de la envergadura real que

éste tiene. Cuando se habla de “sector privado”, se está haciendo referencia a las

empresas y no se considera la existencia de “otro mundo privado” que tiene otras

finalidades y cumple otras funciones sociales. Para ello es importante investigar,

llegado a una etapa de cierto desarrollo, las magnitudes organizativas y de acción

que alcanzan las entidades de este sector. Esta investigación se refiere a algunas

de las conceptualizaciones utilizadas para fundamentar investigaciones recientes,

proponiendo hipótesis que den sustento a esta necesaria estrategia de


V

investigación.

Las tendencias recientes de la investigación y reflexión sobre la sociedad civil y el

tercer sector han enfatizado su dimensión cuantitativa y la han asociado con el

concepto de “capital social”. La hipótesis subyacente señala que, a mayor

densidad asociativa, mayor sería el “capital social disponible” en una comunidad.

En este texto, encontramos que resulta muy complejo determinar evidencias en

los principales trabajos para sostener esa hipótesis y para vincular a las

organizaciones de la sociedad civil con el “capital social”. Por lo tanto, es

necesario comprender la significación y el alcance de las mismas y no sólo su

cantidad y perfil. El modo como se ha encarado la cuantificación privilegia la

dimensión económica del “tercer sector” y resulta funcional a las necesidades de

desarrollo, tal como éstas son planteadas por organismos internacionales, que

buscan incorporar nuevas dimensiones a las propuestas a la Conferencia

Internacional de la International Society for Third Sector Research (ISTR). Pero no

se han resuelto cuestiones teóricas básicas que permitirían aclarar la relación

entre la sociedad civil, el tercer sector y el capital social, las cuales son decisivas

para orientar la investigación. Planteamos que es necesario reorientar la

investigación hacia la descripción y comprensión de la estructura interna de las

sociedades civiles en el país y hacia la vinculación entre esta estructura y las

grandes transformaciones socioeconómicas que la determinan en su conformación

y alcance. Sólo considerando esos factores, podremos establecer hipótesis

plausibles acerca de la relación entre una “sociedad civil organizada” y una

“disponibilidad de capital social”.

El término “capital social”, a pesar de haber sido usado por Bourdieu en 1980, sólo

ha cobrado cierta notoriedad a mediados de los noventa. Los términos a veces

parecen intercambiables: “sociedad civil”, “tercer sector”, “sector no lucrativo” y

“capital social”, “asociatividad”, etc. Esa confusión conceptual no sería

mayormente relevante y materia de especialistas, si no fuera porque rápidamente

se está dando el siguiente pasó: una vez que se ha decidido usar el concepto de


VI

“capital” para aplicarlo a la sociedad, ahora corresponde cuantificarlo, saber quién

tiene y cuánto tiene. En el contexto del triunfo del capitalismo, ésta puede ser una

rúbrica de ese triunfo, es decir colocar a la organización capitalista como la única

moderna y eficiente, desplazando a cualquier otra.

Durante las dos últimas décadas la economía social y en general las iniciativas de

desarrollo sustentable, ha adquirido un peso económico y social incuestionable,

particularmente en los países latinoamericanos que constituyen nuestro entorno

de referencia, de forma que estas empresas están contribuyendo decididamente a

la creación de oportunidades productivas.

En estos momentos existen un gran número de empresas de economía social

activas, de las cuales la mayoría son cooperativas, algunas pocas adoptan la

forma de mutualidades de previsión social y otras son sociedades laborales,

anónimas o limitadas.

Tal y como ha indicado el gobierno, existen numerosos estudios del mercado de

trabajo que consideran que la creación de empleo y ocupación a escala local

dependen del dinamismo y expansión que experimente la economía social.

Las empresas o entidades de economía social tienen un objetivo social definido, y

su finalidad trasciende el mero beneficio económico para extenderse hasta el

provecho de la comunidad general, es en ese interés general donde su cometido

cobra su sentido esencial.

En el escenario actual se presentan las asociaciones que intervienen en casi todas

las áreas portando un nuevo código simbólico de lo que significa, hacer sociedad.

Los actores sociales y los movimientos en general tienen un rol doble por cumplir:

por un lado, son sistemas colectivos de reconocimiento social, que expresan

identidades colectivas viejas y nuevas, con contenidos culturales y simbólicos

importantes. Por otro, son intermediarios políticos no partidarios, que traen las

necesidades y demandas de las voces no articuladas a la esfera pública y las

vinculan con los aparatos institucionales del Estado.


VII

De esta manera las ventajas para el desarrollo regional, implican la importancia de

las empresas de economía social en el desarrollo regional y local, ya que su

naturaleza organizativa impulsa la creación de puestos de trabajo localizados.

Asimismo, este tipo de empresas contribuyen a retener y fijar la población en el

territorio y a mejorar la oferta ofreciendo un conjunto de servicios que en muchas

ocasiones todavía es escaso en nuestra estructura productiva, contribuyendo así a

la diversificación.

Además, es reconocido el desarrollo de estas nuevas actividades que significa una

demanda por trabajo heterogénea, tanto en los niveles de calificación, como en el

tiempo de trabajo. Permitiendo incorporar al mercado de trabajo a individuos con

diversos niveles de formación o con problemas especiales de inserción

sociolaboral y compatibilizar la vida familiar y laboral.

En este sentido, el rasgo fundamental para definir las organizaciones de la

economía social o tercer sector y su contribución al desarrollo sustentable, no es

tanto la modalidad que adoptan, como la finalidad que persiguen que es

eminentemente social.

De esta manera, la economía social se ha consolidado en todos los sectores y

actividades productivas como una realidad multifacética, que se puede bordar

desde muy diversas perspectivas, en la medida que contribuye a crear un espacio

intermedio, ente el sector público y el sector privado, que podemos identificar

como el social.

Además, son empresas con un modelo de gobierno basado en la participación

democrática y responsable que las hace socialmente muy valiosas.

El tercer sector está contribuyendo a que la empresa se entienda no sólo como un

ente de producción y creación de riqueza directa, sino también como un elemento

promotor del desarrollo de nuestra sociedad, particularmente, mediante la

integración social que supone el empleo que ellas generan y también a través de

la responsabilidad social de las empresas que va creciendo día a día”.


VIII

La metodología incluye análisis cuantitativos y cualitativos, valiéndose de

exhaustivos estudios y recopilación de información sobre organizaciones solidarias

y sociales que aceptan donaciones materiales o donaciones de tiempo voluntario

en todo el país. En consecuencia, la presente investigación tiene como objetivo

general describir y explicar la forma en que se han venido integrando las

organizaciones que conforman el tercer sector en México. De manera que se

puedan establecer las diversas restricciones que enfrentan el diseño e

instrumentación de políticas públicas enfocadas al desarrollo, consolidación y

legitimidad de este sector.

En cuanto a las técnicas que se utilizaron para la elaboración del estudio

“Economía y desarrollo sustentable, el compromiso social empresarial y

tercer sector en México, 1990-2015” se utilizó el método descriptivo, toda vez

que la finalidad de este método es el describir situaciones y eventos. Decir cómo

es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Se realizó investigación

documental y de campo, recabando libros y consultando revistas y periódicos

históricos, así como páginas de Internet relacionadas con el tema en cuestión. Por

lo que respecta a los métodos utilizados, consisten en el método cualitativo, y por

otra parte el método analítico, mismo que da soporte al análisis de la información

obtenida.

El texto se estructurará por cinco capítulos que establecen aspectos como los

siguientes:

El primer capítulo se enfoca a una propuesta teórico-conceptual, y el Tercer

Sector, donde busca plantear una problematización desde la ciencia política

adoptado para dar sustento y entender el papel de la evaluación de la política

social bajo diferentes perspectivas.

El segundo capítulo, establece las bases para su caracterización del Tercer

sector en México, entre la capacidad emprendedora y Capital Social, como

Factores Clave para el Desarrollo del Tercer Sector.


IX

En el tercero capitulo, Análisis económico financiero de las empresas de la

economía social reacciones y desempeño. Se examinan tres trabajos recientes,

muy diferentes entre sí, innovadores en su enfoque, para determinar qué es lo que

cuantifican y cuáles son las interpretaciones válidas que puede darse a esos

resultados. Luego se analiza críticamente la noción misma de capital social e

intentaremos una explicación de la asociación de términos que se ha producido.

En el cuarto capítulo: Evaluación de la política de desarrollo social en México, se

hace una observación a la actividad evaluativa del CONEVAL, a la luz de los

resultados para abatir las desigualdades y la pobreza en un contexto de crisis

global.

En el capítulo 5, se identifica la respuesta que el Estado mexicano ha ofrecido

para tratar de solucionar o aminorar estos desequilibrios vía la política social y la

política ambiental. Por ello, hacemos una caracterización y descripción de ellas,

resaltaremos los aspectos a los que se han enfocado y los instrumentos que han

utilizado; hablaremos de sus presupuestos y de los resultados que se lograron

obtener, en términos de los principales indicadores de cuentas nacionales.

Por último, se especifican las conclusiones, que son el producto del estudio de

todos los ordenamientos sociales y políticos que citamos; son propuestas que

pretenden ayudar a la comprensión y resaltar las ideas relevantes dentro del texto,

las limitantes del argumento y su planteamiento. Llevamos a cabo un análisis

desde una perspectiva teórica, de la situación en la que se encuentra el Estado-

nación en la actualidad, con el fin de observar las transformaciones de las que ha

sido sujeto en las últimas décadas y los retos a los que se enfrenta, pero sobre

todo queremos hacer énfasis en las tareas que habrá de emprender, con el fin de

iniciar la transición hacia un proceso de desarrollo con sustentabilidad.

El propósito fundamental es apuntar ciertas directrices para que puedan

consolidarse y ampliarse los logros alcanzados. Tratamos de aportar ideas

conscientes, apegadas a nuestra realidad política, social, económica y cultural,

pero sobre todo, apegadas al a la realidad de nuestro país.


X

De esta forma ha quedado establecido el contenido de la presente investigación,

misma que en todo momento busca contribuir al desarrollo integral entre la

sociedad y su gobierno.

El diseño de la investigación es de naturaleza no experimental, descriptiva y

observacional, es decir, se han identificado y descrito los principales elementos y

características que definen el origen y devenir histórico del sector social de la

economía a partir del conocimiento de las acciones y políticas implementadas por

el estado mexicano para su promoción y desarrollo, para lo cual, se requirió la

consulta y revisión de fuentes y bases de datos del pasado; en particular se utilizó

los elementos que ofrecen las fuentes bibliográficas y hemerográficas disponibles,

así como referencias de origen administrativo como son informes y evaluaciones

de los programas públicos desarrollados por las distintas agencias

gubernamentales y de justicia que inciden sobre la problemática, del mismo modo

se propuso una visión crítica sobre el material seleccionado para evitar cualquier

sesgo ideológico que pudieran contener los informes ejecutivos sobre la política de

fomento al tercer sector.

Las referencias utilizadas se encuentran adecuadamente registradas en el aparato

crítico y la bibliografía que acompaña al reporte escrito.

Debe señalarse que las fuentes bibliográficas consultadas se encuentran

adecuadamente registradas en el apartado Bibliografía, pese que en algunos

casos no se consideraron para la integración en el cuerpo de la investigación dado

que facilitaron elementos para contrastar, validar o refutar la información obtenida

en otras fuentes.

Asimismo, en cuanto al diseño de la investigación se encuentra el haber sido de

carácter retrospectivo y transversal, dado que se trabajó con información obtenida

con anterioridad al proyecto y con fines ajenos al trabajo de investigación, así

como el que se mide una sola vez las variables en un momento determinado.

De esta manera el tipo de estudio se caracteriza por ser de tipo exploratorio, el


XI

cual permite “preparar el terreno” para investigaciones posteriores de mayor

profundidad y con objetivos más precisos, conforme a la definición que indique

Movimiento Ciudadano como línea de profundización y donde requiera análisis

más puntuales, con el fin de ofrecer a simpatizantes, militantes y ciudadanía en

general, elementos de juicio para definir su postura política – ideológica sobre este

tema.

En este sentido, el diseño de la investigación busco ante todo allegarse de una

visión integral de las variables, actores y circunstancia que rodean al problema

agrario y que dan cauce para la definición de una política de estado en materia

agraria, distinguiendo su problemática y las áreas de oportunidad para insertarse

como elemento de desarrollo y justicia social.

De esta manera, en la tesitura que indica Sampieri, los estudios exploratorios:

“sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar

problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales

de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir postulados verificables” 4

En este sentido el proceso de recopilación de datos, consistió en:

Detección de la literatura y otros documentos, en este sentido se distinguen tres

tipos de fuentes: Fuentes primarias o directas y secundarias.

El primer paso consistió en la elección y recuperación de la literatura disponible en

listados de referencias bibliográficas y hemerográficas publicadas en el área de las

ciencias sociales, así como el uso de motores de búsqueda en internet y

acudiendo a las bases de datos de diversas bibliotecas, entre las que se

encuentran: la Biblioteca Nacional, Colegio de México, Banco de México, entre

otras.

4 Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la Investigación, Mc. Graw Hill, México 1991. pág. 60


XII

Una vez establecido una batería de citas bibliográficas afines al tema de

investigación, se inició su ubicación geográfica, y verificación de su disponibilidad

y acceso al material preseleccionado.

En un segundo momento se acudió a la revisión de fuentes primarias o directas

como son libros y publicaciones especializadas, monografías, tesis y

disertaciones, documentos oficiales como informes de gobierno y reportes sobre la

ejecución de los programas, trabajos presentados en seminarios y conferencias,

artículos periodísticos, entre otros.

En esta parte, se realizó una revisión exhaustiva de la bibliografía y fuentes

disponibles con el fin de discernir el material que atendiera de mejor manera el

objetivo y propósito encomendado para la investigación, en este sentido, fue

necesario prescindir de algunas de ellas en razón de la dificultad manifiesta de

acceder al material y también debido a que la profundidad y contenido del material

difería sustancialmente del perfil definido para la investigación. No obstante, se

integró una base de datos bibliográficos que pudiera ser útil para futuras

investigaciones, conforme la línea de investigación definida con Movimiento

Ciudadano.

Parte relevante de este esfuerzo consistió la búsqueda mediante medios

electrónicos de información disponible y accesible, para lo cual el equipo de

trabajo contó con el apoyo para la búsqueda en Internet y acceso a distintas bases

de datos como INDEX, Social Citation, entre otros.

Una vez con las referencias validadas se inició con el proceso de recuperación de

la literatura, lo cual consistió en la obtención de los ejemplares seleccionados

mediante su fotocopiado, extracción manuscrita cuando fue necesario, o bien

utilizando medios electrónicos como el scanner o la cinta de audio.

Una vez, seleccionado el material y establecido su disponibilidad, el equipo de

trabajo inició con la elaboración de fichas y notas de trabajo, utilizando los distintos

modelos disponibles como son: textuales, resumen, opinión, etcétera. Con el fin de


XIII

alimentar el trabajo de reflexivo y de integración de la información, y dar

coherencia a la investigación, evitando la desviación del propósito original.

Para la discriminación de los textos se inició con el análisis del contenido, con lo

cual se obtuvo una pauta para conocer si los temas elegidos eran pertinentes para

el propósito de la investigación, posteriormente se revisan las conclusiones

Vale la pena mencionar, que el orden que llevó la integración estuvo determinado

por el contenido del marco teórico previo y la metodología definida. Es decir, si,

por ejemplo, el capítulo es de tipo histórico se condujo con un criterio de orden

cronológico de los hechos y/o de los hallazgos empíricos. Si la investigación se

relacionaba con una serie de variables o información de teoría, o bien estudios

previos sobre la relación entre variables, fue conveniente delimitar secciones que

abarcaran cada uno de los aspectos relevantes, a fin de integrar aquellos datos

pertinentes a nuestro estudio.


XIV

1. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN.

El resultado del proceso de reforma al estado, ha visto disminuida su capacidad y

facultades de intervención para atender las necesidades más apremiantes en

materia de provisión de servicios básicos como la salud, alimentación y educación,

afectando cada vez más amplios sectores de la población. En este sentido, un

gran número de empresas, principalmente internacionales han comenzado a

sustituir esta participación compensatoria en sectores y tareas específicas. A

través de la filantropía primero y más recientemente, por medio de las acciones de

Responsabilidad Social Empresarial.

De esta manera el concepto de subsidiaridad del Estado liberal, refiere que el

Estado "no debería ocuparse de lo que la sociedad puede hacer por sí misma,

reservándose su compromiso en cuatro grandes campos: Salud, Justicia,

Seguridad y Educación.", está siendo ampliamente superado por las necesidades

sociales.

El principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de

niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades,

organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en

los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y

macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales

que favorecen a toda la sociedad.

Dentro del sistema social prevaleciente, la empresa es la entidad económica por

excelencia, es el motor de desarrollo económico. Como parte fundamental de un

sistema las organizaciones sociales no se desarrollan de manera aislada. Al ser

entidades vivas y dinámicas, son vulnerables e impactan al resto del sistema.

El enfoque de las organizaciones de negocios desde una perspectiva ética se

originó en Norteamérica a partir de los años 70. Adquirió cierto ímpetu y alcanzó a

Europa a fines de los años 80, extendiéndose al anillo del pacífico, América Latina,

África y otras regiones durante la década de los 90. El concepto de


XV

responsabilidad social se acuñó a nivel internacional aproximadamente hace una

década con el objeto de que las empresas estuvieran conscientes del rol que

deben desempeñar en la sociedad. En este sentido existe consenso en que las

empresas reciben de la sociedad una serie de bienes y a su vez, lo retribuyen al

pagar impuestos, pero esto no es suficiente, deben ir más allá de las obligaciones

legales.

De esta manera efectuar un estudio que permita analizar particularmente el

impacto que ha tenido La política ambiental en la última década en México:

alcances, límites y desafíos contemporáneos, y reconocer la vigencia del

concepto, y retirar las barreras a las que se enfrenta para continuar

evolucionando, identificando posibles soluciones para contribuir a una sociedad

más justa y equitativa. Finalmente, este estudio exploratorio integra diferentes

puntos de vista, manteniendo en todo lo posible un enfoque objetivo.


XVI

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Objetivo General

Caracterizar y describir la forma en que han venido operando las organizaciones

que conforman el sector social en México, en el marco de las políticas públicas

establecidas para su fomento por el estado mexicano, de manera que se puedan

establecer las restricciones que enfrentan el diseño e instrumentación de políticas

públicas enfocadas al desarrollo, consolidación y legitimidad de este sector.

Objetivos Específicos

� Identificar los conceptos y característica que definen la particularidad de las

instituciones que forman parte la economía social y el tercer sector.

� Describir la experiencia en otros países en materia del fomento de la

economía social y compromiso social empresarial.

� Delimitar el concepto de capital social como un recurso disponible en las

sociedades para promover la equidad social.

� Explicar los instrumentos y programas implementados por el gobierno

federal en materia de fomento a las organizaciones que integran el

compromiso social en sus actividades.

� Evaluar la consistencia entre las políticas, programas y acciones

emprendidos por el Estado mexicano para el establecimiento un marco

normativo facilitador de estas iniciativas.

� Identificar el peso específico y las acciones y políticas concretas que

despliegan estas organizaciones en atención a sus objetivos.

� Exponer el impacto de las organizaciones del sector en el empleo, el uso y

mantenimiento de los recursos naturales, y justicia social.

� Explicar y detallar los principales alcances de las organizaciones que

integran el sector.


XVII

� Caracterizar a la empresa cooperativa, así como de las organizaciones sin

ánimo de lucro.

� Distinguir las acciones de las empresas privadas que son consideradas

como parte del compromiso social empresarial.

� Examinar la concordancia de la acción de la política social del estado en

relación a fomentar el sector de la economía social solidaria.

� Examinar la vinculación entre la política social instrumentada por el estado

y las acciones que desarrollan las empresas en materia de desarrollo

social.


XVIII

3. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

Este fenómeno, aunque no es nuevo, en el actual contexto de un estado

disminuido en sus capacidades de intervención sí lo es. Si bien es correcto señalar

que áreas específicas las entidades del tercer sector han demostrado mayor

eficacia y transparencia en la canalización de recursos, subsisten serias dudas

respecto los límites objetivos que tienen éstas como instrumentos de gestión del

desarrollo y sobre la forma en que el Estado debe intervenir.

Aunque ciertamente la cantidad de vertientes en que se han desdoblado dichas

organizaciones complican la definición de una sola política marco para todo el

sector, es necesario establecer una serie de principios éticos y de supervisión que

favorezca su transparencia y fomente la rendición de cuentas sobre las

subvenciones recibidas, basta con recordar que una buena parte de estas

organizaciones reciben donaciones directas de organismos públicos y privados de

fomento y que en contraprestación suelen emitir recibos deducibles de impuestos,

por lo que de manera indirecta dichos recursos son públicos.

Sin embargo, lejos de proponer una estrategia que involucre la persecución o

recelo de la autoridad a estas iniciativas, debe de insistirse en una normatividad

que coloque como primacía su consolidación y la rendición de cuentas, procesos

autogestionarios y en general, el cumplimiento eficaz de sus objetivos.

Por ello es relevante integrar un marco de referencia que permita conocer la

naturaleza y especificidad de este sector que está llamado a tener una

participación cada vez más relevante, en la dinámica social de nuestro país, con el

fin de promover el diseño de políticas específicas que tome en cuenta las

principales restricciones que enfrentan estas organizaciones, así como fomentar y

respaldar la necesaria contraloría social para evitar abusos y simulación en sus

actividades, alentando el debate y generando el consenso social necesario sobre

la urgencia de atender, rápida y eficazmente esta problemática.

El protagonismo adquirido por el tercer sector en el campo de las políticas sociales


XIX

y en ese marco, la compleja articulación de relaciones con el estado y entre las

propias organizaciones que la integran, justifican su estudio, pensando en la

posibilidad de potenciar su participación como actores capaces de favorecer la

ampliación de la ciudadanía y la participación.

Este texto es un acercamiento al desarrollo sustentable en México, con la ayuda

de las políticas de desarrollo social. Para el análisis se optó por unas herramientas

teórico metodológico desde una perspectiva crítico-política, que indica que hay

más caminos posibles.


XX

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

¿Cuál es el origen de las organizaciones que integran el tercer sector o de la

economía social y solidaria?

¿Qué principios filosóficos y técnicos dan soporte y legitimidad a estas

organizaciones para ser receptoras de apoyos del estado?

¿De qué manera estas se complementan con las organizaciones privadas en

materia de promover el desarrollo social y el crecimiento económico?

¿Cuáles son las principales actividades en que se encuentran involucradas dichas

organizaciones?

¿Qué elementos positivos a los objetivos de las empresas privadas le aportan

suscribir acciones de compromiso social empresarial?

¿Cómo se articulan las diferentes acciones públicas, privadas y sociales para

atender temáticas como el desarrollo sustentable y la justicia social? ¿Qué

evolución han tenido?

¿Cuál es la importancia que han adquirido el desarrollo sustentable y la protección

del medio ambiental en los últimos años?

¿Cuáles son los principales participantes del tercer sector?

¿Cuáles son las principales características del marco normativo sobre las

organizaciones del tercer sector, es consistente con el objetivo de alentar su

consolidación y desarrollo?

¿Son las políticas sociales un factor relevante para el desarrollo del tercer sector?

¿Cómo se da la convivencia entre ambas perspectivas?

¿Las políticas de protección ambiental y el desarrollo sustentable son temas

relevantes para la consolidación democrática del país?

¿Cuáles son las principales características que definen a estas organizaciones

como participantes del tercer sector?


XXI

¿Cuál debe ser el compromiso que debe asumir el estado en el fomento de las

actividades del tercer sector y el compromiso social empresarial?

¿Cuál podría ser un resultado equilibrado entre la política social y el desarrollo de

este sector en México?


XXII

5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA.

Para llevar a cabo el presente estudio que aborda la “Economía y desarrollo

sustentable, el compromiso social empresarial y tercer sector en México,

1990 - 2015, se desarrolló un marco teórico conceptual (sustento metodológico)

con el fin de abarcar varios aspectos históricos, para ello resultan relevantes los

conceptos de ambiente, educación ambiental, sustentabilidad, crecimiento

sustentable, deterioro ambiental, medio ambiente, política ambiental, gestión

ambiental en México, entre otros, ya que esta investigación está basado en la

literatura de género, en los antecedentes jurídico-políticos respecto a su parte

doctrinal e histórica; en cuanto a los comentarios, las críticas, las opiniones y

conclusiones plasmadas, son de carácter personal derivadas de la información

recopilada.

Capítulo 1. Marco Teórico – Histórico de Referencia y el Tercer Sector

1.1 Conceptualización de desarrollo sustentable

El entender que es el desarrollo sustentable, comienza con la referencia histórica,

en el Informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo en

1987, durante la dirección de la Sra. Brundtland en él se da a conocer el

documento "Nuestro futuro común"5, en el que se plantean los problemas más

críticos en torno al desarrollo y el medio ambiente, y se propone al desarrollo

sustentable como la alternativa de solución.

En Nuestro futuro común se define al desarrollo sustentable, como "aquel que

responde a las necesidades del presente de forma igualitaria pero sin

comprometer las posibilidades de sobrevivencia y prosperidad de las

generaciones futuras", y se establece que la pobreza, la igualdad y la degradación

ambiental no pueden ser analizadas de manera aislada. (Foladori & Tommasino,

2000)

El concepto de desarrollo sustentable ha generado una serie de controversias por

5 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf. Consultado 15-enero-2015


XXIII

la forma en que son interpretados los términos, sustentable, sostenible y sostenido

ya que, en la literatura, se pueden encontrar como sinónimos.

Para fines de comprender el concepto revisaremos algunas interpretaciones,

(Arias, 2003) comenta estas diferencias, mientras sustentable, se refiere a un

posibilidad, condición o característica de un hecho o fenómeno de tener

basamento6 de apoyo, soporte o sustentación para asegurar su permanencia en el

tiempo de presentarse la oportunidad de su ocurrencia; sostenible se entiende

como un proceso o hecho que una vez ocurrido puede mantenerse activo en el

tiempo o continuar en operación eficiente; y sostenido puede ser un hecho o

suceso que se mantiene invariable en el tiempo.

Otros conceptos utilizados a la par del desarrollo sustentable, son la sostenibilidad

y sustentabilidad, dentro de esta idea para la conceptualización, un grupo de

estudiosos de la Universidad Autónoma de Chapingo publicaron un documento

llamado el Manifiesto por la vida y por una ética de la sustentabilidad, en la cual se

presentan los siguientes comentarios acerca de las diferencias entre estos

conceptos:

El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y

potenciales de la naturaleza, así como la complejidad ambiental, inspirando una

nueva compresión del mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad en el

tercer milenio.

Sin minimizar al Manifiesto, se concentraron algunas diferencias, comentadas en

él, con la finalidad de sólo dar soporte a la presente tesis. Que se muestra a

continuación:

6 Cuerpo que se pone debajo de la caña de la columna, y que comprende la basa y el pedestal. (Diccionario de la Real

Academia)


XXIV

Desde un punto de vista económico según Herman E, (2008) la sustentabilidad se

define como un legado intergeneracional no declinante de algo que no puede ser

medido ni donado, también coloca al futuro en desventaja, el presente podría legar

un flujo total cada vez más pequeño y sostener que es lo es suficiente para que no

se reduzca la utilidad, si el futuro aprovecha las posibilidades que se avizoren de

sustitución tanto en las funciones de producción como de utilidad

Cuando la economía se volvió economía ecológica, la ecología se convirtió en

ecología política y la diversidad cultural condujo a una política de la diferencia, la

ética se está transmutando en una ética política. La ética para la sustentabilidad

promueve la gestión participativa de los bienes y servicios ambientales de la

humanidad para el bien común. (Krishnamurthy, 2006)

Siendo que hay varias definiciones de sustentabilidad identificadas en la literatura,

(Guimaraes P., 1994) por ejemplo:

7 Se refiere a la acción que legítima a las autoridades para la utilización de medios cautelativos con el objetivo de conservar la vida ante la falta de certeza de conocimiento científico y el exceso imperativos tecnológicos y económicos.

DESARROLLO SUSTENTABLE SUSTENTABILIDAD

Revitalizando el viejo mito desarrollista, promoviendo la falacia de un crecimiento económico sostenible sobre la naturaleza

limitada del planeta Promueve una alianza entre naturaleza - cultura

Crecimiento económico a la par de la conservación de la naturaleza

Nueva economía

Criterios para orientar las acciones de los gobiernos

Percepción de una sola Tierra Diversidad cultural

Pensar globalmente y actuar localmente Pensar y actuar localmente, por consecuencia

global

Principio precautorio7 Principio ético

Promueve la responsabilidad colectiva, la equidad social, la justicia ambiental y la calidad de vida

La coexistencia de los derechos colectivos e individuales, la satisfacción de necesidades

básicas, realizaciones personales y aspiraciones culturales de los diferentes grupos sociales.


XXV

• La mantención del stock de recursos

• Calidad ambiental para la satisfacción de las necesidades básicas

• Para las generaciones actuales y futuras

Por un lado, ciertos autores platean que la diversidad de definiciones relacionada

con la sustentabilidad, puede dificultar la posibilidad de llegar a acuerdos y a

entendimientos comunes sobre los cuales trabajar. (Hernández Ramos & Tilbury,

2006)

Siendo que hay un sin fin de definiciones se puede decir que el desarrollo de

sustentable, es un proyecto económico-social-ecológico, que busca racionalizar el

uso de los recursos, ocupando lo necesario; es decir un equilibrio en el

crecimiento poblacional y su sustento, en reciprocidad con la cantidad de recursos

de su entorno, para mantener permanencia y continuidad de la población.

Por otro lado, los citados señalamientos ignoran que en los debates

especializados el desarrollo sostenible y la sostenibilidad se han entendido, no

como un producto hacia el cual hayamos de aspirar o como un camino por el cual

todos debamos transitar, sino como procesos de cambio que pueden ser

conducidos por ciertos principios, pero que tienen que ser construidos localmente

con base en procesos de reflexión crítica y de acuerdos con los diferentes

contextos.

Debe inferirse que el concepto puede retomarse del informe de la Comisión

Brundtland, pero que la amplitud de interpretación dependerá de

condicionamientos de origen nacional o regional, o aun internacional, a la luz de la

gravedad de las tendencias actuales y la capacidad real que exista para

moderarlas o revertirlas. (Urquidi, 1996, pág. 47)

Siendo que hay varios enfoques en el concepto de desarrollo sustentable

podemos enmarcar la construcción de él, en la siguiente deducción:

El comprender que el desarrollo sustentable, presenta matices de diversos

enfoques, ya sea que sea sinónimo de sustentabilidad, sostenibilidad o sostenible,


XXVI

lo que sí hay que considerar, es que en ambas se agrupa la necesidad de un

cambio en la forma de conducirnos en este mundo. Para fines de homologar la

visión del desarrollo sustentable, a partir de este momento, se expresará como

único término, ensamblando los diversos puntos de vista, con una sola misión

construir un concepto que nos oriente hacia la creación de una nueva sociedad.

El desarrollo sustentable es una idea conformada de varias partes que a su vez se

hacen uno, para fines de explicación se muestran de manera fragmentada:

1. Se conforma de varias dimensiones, no como elementos sino de una

manera integral.

2. Se fundamenta en una ética ambiental

3. Se hace un solo elemento con la cultura

4. Coloca a la educación como centro de todo y como solución

Tener la construcción mental de que el desarrollo sustentable se conforma de

dimensiones, nos conduce a lo que según plantea (Foladori & Tommasino, 2000)

existen tres visiones con respecto a la concepción de desarrollo sustentable:

Creemos que las diversas posiciones pueden ser reducidas a tres grandes ejes

hacia los cuales los diferentes autores se ven más o menos atraídos: aquellos

para quienes la sustentabilidad es exclusivamente ecológica; aquellos para

quienes la sustentabilidad es ecológica y social pero donde la parte social es un

vehículo para llegar a la sustentabilidad ecológica (sustentabilidad social limitada);

y aquellos para quienes la sustentabilidad debe ser realmente social y ecológica

en forma de coevolución (coevolución sociedad-naturaleza).


XXVII

Figura 1

Aunque le agregaríamos otras como lo muestra el siguiente esquema

Figura 2. Dimensiones del desarrollo

La idea de las dimensiones nos guía hacia la posibilidad de identificar la serie de

condiciones que se conjugan para el valor de la vida y el reencuentro de nosotros

mismos, como seres humanos sociales y naturales. Es necesario repensar la

globalidad desde la localidad del saber, es decir en el territorio y la cultura, desde

la riqueza de su heterogeneidad, diversidad y singularidad.

La sustentabilidad no es "simplemente", un asunto del ambiente de justicia social y

desarrollo. También se trata de la gente y de nuestra sobrevivencia como

individuos y culturas. La sustentabilidad es entonces acerca de una lucha por la

diversidad en todas sus dimensiones. (Barkin, 1998, pág. 27)

La ética ambiental plantea la necesidad de reconciliar a la razón y la moral, de

manera que los seres humanos alcancen un nuevo estadio de conciencia,

autonomía y control sobre su mundo, haciéndose responsables de sus actos hacia

sí mismos, hacia los demás y hacia la naturaleza, para la conducción de lo justo y

lo bueno. Es por ello, que es una ética de la vida y para la vida.


XXVIII

La (Krishnamurthy, 2006) lo plantea como un conjunto de preceptos, principios y

propuestas para reorientar los comportamientos individuales y colectivos, así

como las acciones públicas y privadas orientadas hacia la sustentabilidad -como

sinónimo de desarrollo sustentable-

Ética de una producción para la vida: pasan por el cambio hacia una civilización

basada en el aprovechamiento de fuentes de energías renovables,

económicamente eficientes y ambientalmente amigables.

Ética del conocimiento y el diálogo de saberes: la ciencia se debate hoy entre dos

políticas alternativas, por una parte, seguir siendo la principal herramienta de la

economía mundial de mercado orientada por la búsqueda de la ganancia

individual y el crecimiento sostenible, por otra parte, está llamada a producir

conocimiento y tecnologías que promuevan la calidad ambiental, el manejo

sustentable de los recursos naturales y el bienestar de los pueblos. Para ello sería

necesario conjugar las aportaciones racionales del conocimiento científico con las

reflexiones morales de la tradición humanística abriendo la posibilidad de un

conocimiento donde puedan convivir la razón y la pasión, lo objetivo y lo subjetivo,

la verdad y lo bueno. Evitando el negar y excluir a los saberes no científicos, los

saberes populares, los saberes indígenas, tanto en el diseño de estrategias de

conservación ecológica y en los proyectos de desarrollo sostenible, así como en la

resolución de conflictos ambientales. Ello implica promover estrategias de

conocimiento abiertas a la hibridación de las ciencias y la tecnología moderna con

los saberes populares y locales en una política de la interculturalidad y el diálogo

de saberes. Con lleva un proceso de reapropiación social del conocimiento y la

orientación de los esfuerzos científicos y desde allí reconstruir el mundo a través

del diálogo intercultural de saberes y la hibridación de los conocimientos científicos

con los saberes locales.

La ética ambiental nos confronta, con el vínculo de la sociedad con la naturaleza,

la condición humana y el sentido de la vida. La ética para la construcción de una


XXIX

sociedad sustentable conduce hacia un proceso de emancipación8 que reconoce,

como enseñaba Paulo Freire, que nadie libera a nadie y nadie se libera sólo; los

seres humanos sólo se liberan en comunión. De esta manera es posible superar la

perspectiva "progresista", que pretende salvar al otro (al indígena, al marginado, al

pobre) dejando de ser él mismo para integrarlo a un ser ideal universal, del

mercado global al Estado Nacional; forzándolo a abandonar su ser, sus tradiciones

y sus estilos de vida para convertirse en un ser "moderno y desarrollado". Es una

ética de los derechos fundamentales predicables que promueve la dignidad

humana como el valor más alto y condición fundamental para reconstruir las

relaciones del ser humano con la naturaleza. (Krishnamurthy, 2006)

Debe estar basada en un principio de integridad de los valores humanos y las

identidades culturales, con las condiciones de productividad y regeneración de la

naturaleza, principios que emanan de la relación material y simbólica que tienen

las poblaciones con sus territorios, y con los recursos naturales y el ambiente.

(Krishnamurthy, 2006) Una ética de la diversidad cultural implica una pedagogía

de la otredad9 para aprender a escuchar otros razonamientos y otros sentimientos.

Esta se traduce en una ética de respeto a sus estilos de vida y sus espacios

territoriales, a sus hábitos y sus hábitats tanto en el ámbito rural como en el

urbano, se definen dentro de una concepción de la trilogía territorio-cultura-

biodiversidad como un todo íntegro e indivisible. (Barkin, 1998, pág. 20) Esto abre

los cauces para recuperar identidades, para volver a preguntarnos quiénes somos

y quienes queremos ser. Aunque en los diversos estratos de la sociedad, aún si la

gente está adquiriendo una mayor conciencia de la necesidad de cuidar el

ambiente, la creciente complejidad de los procesos productivos y las

características del consumo urbano conducen a perder contacto en la relación

intrínseca entre el bienestar ambiental y el humano (Barkin, 1998, pág. 26) Los

8 Liberación de una o más personas respecto de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o

dependencia. http://es.thefreedictionary.com/emancipaci%C3%B3n (recuperado 5 de marzo del 2015) 9 La noción de otredad es habitual en la filosofía, la sociología, la antropología y otras ciencias. Se trata del reconocimiento

del Otro como un individuo diferente, que no forma parte de la comunidad propia. http://definicion.de/otredad/ Recuperado

7 de marzo del 2015


XXX

sistemas productivos y los patrones de consumo existentes amenazan la

continuidad de nuestras organizaciones sociales, debido al reconocimiento de que

no sé pueden generalizar los niveles actuales de consumo de recursos per cápita

en los países ricos a la gente que vive en el resto del mundo.

La ética ambiental implica, entre otros aspectos, la reorientación de la evolución

tecnológica y el marco institucional, el avance en el crecimiento económico, la

modificación de los patrones de consumo, así como la realización de proyectos

responsables para disminuir y/o erradicar la extrema pobreza. Pero es indudable

que también pesa mucho el no saber cómo afrontar los retos. Es urgente fomentar

y formar talentos internos con capacidad de generar conocimientos y tecnología

propios, a fin de solucionar problemas internos de cada país; y a la vez

enfrentarse a un mundo globalizado en donde el conocimiento es la materia prima

de la competitividad. (Pérez García & Hernández Cárdenas, 1998)

La raíz latina de la palabra cultura es colere, que puede significar desde cultivar y

habitar, hasta veneración y protección. Su significado como habitar ha

evolucionado desde el latín colonus al actual colonialismo. Por un lado, la palabra

cultura señala la transición histórica decisiva, pero por otro, encierra por si sola

una serie de aspectos filosóficos clave. Entendida como un control organizado del

desarrollo natural, la cultura sugiere una dialéctica entre lo artificial y lo natural,

entre lo que le hacemos al mundo y lo que el mundo nos hace a nosotros

(Eagleton, 2001, pág. 13)

La organización cultural es como un pulpo, cuyos tentáculos están en gran parte

integrados de manera separada y pobremente conectados neurológicamente el

uno con el otro y con lo que en el pulpo puede considerarse un cerebro; y sin

embargo el animal consigue moverse y conservarse, en todo caso por un tiempo,

como una entidad viva viable aunque algún tanto desgarbada, sino que es la

investigación de símbolos significativos de conjuntos y de conjuntos de conjuntos

de símbolos significativos —los vehículos materiales de la percepción, de la

emoción y de la comprensión— y la determinación de las regularidades


XXXI

subyacentes de la experiencia humana que están implícitas en la formación de los

símbolos. (Geertz, 1973, pág. 336)

La cultura se mueve también a semejanza del pulpo, con movimientos inconexos

de una parte ahora que, luego de esta otra y más adelante de otra parte cuyo

efecto acumulado de alguna manera determina un cambio de dirección. (Geertz,

1973, pág. 337)

El mayor valor de la cultura es su apertura hacia la diversidad cultural. La

construcción de la sustentabilidad está suspendida en el tiempo, en una ética

transgeneracional. El futuro sustentable solo será posible en un mundo en el que

la naturaleza y la cultura continúen coevolucionando. El arraigo de los pueblos de

sus saberes, sus identidades y de la circulación de estos en el tiempo. Estos

legados culturales son los que hoy abre la historia y permite la emergencia de lo

nuevo a través del diálogo intercultural y transgeneracional de saberes, fertilizando

los caminos hacia un futuro sustentable. (Krishnamurthy, 2006)

La totalidad de la cultura se ha convertido en una pieza rentable del mercado.

Para ello ha sido menester forjar una economía acomodada a los nuevos mitos.

Según estos, el progreso consiste en la ampliación indefinida del consumo y el

desarrollo histórico significa producir más y consumir más.

Las soluciones al problema de la insostenibilidad no deben ser planteadas

únicamente en términos de conservación de la cultura, sino también en términos

de cambio de procesos y de dinámicas culturales. (Hernández Ramos & Tilbury,

2006)

Parte de esta solución es tener a una ciudadanía esta como menciona (Tréllez

Solís, 2006) se relaciona con el conjunto de los seres humanos asumidos como

personas que pueden y deben toma parte activa en el proceso de su propio

desarrollo, como individuo pensantes, como miembros de una comunidad, de un

nación, en suma, como seres humanos responsables vinculados con espacios

geográficos y ámbitos históricos y culturales y como ciudadanos y ciudadanas de


XXXII

este planeta Tierra que tienen el derecho básico a la vida y a un futuro mejor para

ellos y sus descendientes.

La ciudadanía ambiental es la integración dinámica entre el reconocimiento de los

derechos al ambiente y a la vida, los deberes diferenciados de ciudadanos y

ciudadanas frente al ambiente y el desarrollo sustentable, y la participación activa

de todos y todas para defender sus derechos y ejercitar cotidianamente sus

respectivas responsabilidades, en un marco ético y de valoración de la vida en

todas sus manifestaciones. (Tréllez Solís, 2006)

Parte del respeto a la diversidad, es reconocer el derecho de ser individuo y que

cada comunidad tiene la decisión y es libre para forjar su propio futuro. Las

características que se requieren para lograr la ciudadanía como parte de nuestra

responsabilidad ambiental (Tréllez Solís, 2006):

• Contar con un sustento ético, comprometido y un conjunto de valores que

permitan la construcción de seres humanos con una nueva visión.

• Ser crítico y responsable consciente, que comprendan, se interesen,

reclamen y exijan sus derechos ambientales.

• Ser capaces de organizarse y participar en la dirección de su propia vida,

adquiriendo también poder político comunitario, local, regional, nacional,

junto con una gran capacidad de cambio colectivo.

• Tener capacidad de vigilancia y participación en el manejo de los recursos

naturales.

Si se ensambla la ética y la ciudadanía esto favorece la capacidad de ser

negociadores con valores que permitan defender lo que es mejor para cada

región, además de adquirir la capacidad de resolver de conflictos.

Desde esta política cultural por la identidad, el clamor por la igualdad y la

sustentabilidad es una lucha por la diversidad por el derecho del ser diferente.

(Leff, 2013)


XXXIII

Otro elemento necesario para la cultura es la alfabetización se entiende en

cambio, como la posibilidad de aprender a pensar a discernir. En especial el

alfabetismo ecológico, es definido, (Imaz Gispert, 2010) como la habilidad de una

persona para comprender cómo funciona el mundo, entendiendo que todas las

actividades humanas tiene consecuencias y la posibilidad de traducir este

entendimiento en acciones que redunden en el cuidado del medio ambiente.

El alfabetizar es un proceso de concientización entendiendo como liberación de la

conciencia, para que el analfabeto se asuma como sujeto de la historia, de su

historia. "Es fundamental entender que el hombre es un ser de relaciones y no

sólo de contactos, no sólo está en el mundo, sino con el mundo. De su apertura a

la realidad, de donde surge el ser de relaciones que es, resulta esto que llamamos

estar con el mundo" (González Gaudiano E., 2001)

Es por ello que el alfabetizar se da a través del conocer, esta condición produce

construcciones simbólicas generadas de las interacciones con los otros.

Resultando de ello símbolos que generan significados singulares en cada cultura,

a su vez en el interior de cada estructura social, familias, comunidades, regiones

etc.

Esos significados se mantienen y se dispersan por medio de la comunicación es

por ello una vía que puede encauzar hacia las sociedades sustentables, apoyando

en hacer del significado del desarrollo sustentable un concepto entendido y al

mismo tiempo cercano a la gente. En este sentido hay que buscar estrategias o

métodos que provean de una comunicación que propicie un cambio de

pensamiento basándose en las relaciones del contexto y las conexiones, sean

estas conscientes, emotivas y afectivas, con la intención de humanizamos. Esto

puede propiciar cambios en nuestros valores para cambiar el comportamiento

(Bozic, 2010) - siendo aceptados que los valores, junto con las actitudes y los

sistemas de creencias -, están relacionados con nuestros comportamientos. Se

definen actitudes como "la predisposición de responder o comportarse en una

cierta manera” y el comportamiento en visto como una consecuencia de la actitud.


XXXIV

En la búsqueda del cómo realizar esos cambios ya sean implementado métodos,

estrategias etc., se plantea que la educación sea una opción, (Imaz Gispert, 2010)

en el análisis de sistemas (Sterling 2006) coloca a la educación en el cetro del

nido, circulada por el sistema sociedad/economía y ambos incluidos en el círculo

denominado ecosfera. Con base en esta propuesta define a la sustentabilidad

como "la habilidad de un sistema de mantenerse en relación a su medio ambiente,

dado que todos los sistemas están conformados por subsistemas y forman parte

de sistemas más grandes o metasistemas. Sin embargo, enfatiza Sterling, existe

una relación co-evolutiva, la cual puede ser vista como la clave del cambio en

ambos sistemas (Imaz Gispert, 2010)

La educación para la sustentabilidad debe entenderse en este contexto como una

pedagogía basada en el diálogo de saberes, orientada hacia la construcción de

una racionalidad ambiental. Esta pedagogía incorpora una visión holística del

mundo y un pensamiento de la complejidad. Pero va más allá al fundarse en una

ética y una ontología de la otredad10 que del mundo cerrado de las interrelaciones

sistémicas del mundo objetivado de lo ya dado, se abre hacia lo infinito del mundo

de lo posible y a la creación de "lo que aún no es". La construcción de un futuro

sustentable, equitativo, justo y diverso, es una educación para la participación, la

autodeterminación y la transformación; una educación que permita recuperar el

valor de lo sencillo en la complejidad; de lo local ante lo global; de lo diverso ante

lo único; de lo singular ante lo universal (Krishnamurthy, 2006)

Por ello por si partimos de la visión actual, en la que se manejan acciones globales

para incidir en acciones locales como lo muestra la figura 2 A, continuaremos con

este desarrollo insustentable, más sin embargo si se avanza hacia una nueva

forma de vincular la relación del ser humano con su entorno, partiendo que el

cambio se comienza con el individuo, si se busca transformar hacia esa visión de

vida, de ser "yo” parte del entorno y por ello soy responsable de él, se requiere de

10La noción de otredad es habitual en la filosofía, la sociología, la antropología y otras ciencias. Se trata del reconocimiento

del Otro como un individuo diferente, que no forma parte de la comunidad propia. http://definicion.de/otredad/ Recuperado

7 de marzo del 2015


XXXV

tener el enfoque de acciones locales a acciones globales. Como se muestra en la

figura 2 B.

Figura 2 A Figura 2 B

Lo que acontece hoy en día en el mundo, es resultado de esta visión que muestra

la figura 3 A, por lo que estamos en el borde de la transición hacia el paradigma

ecológico posmoderno, que sugiere un cambio epistemológico, que va del

reduccionismo al holismo, del objetivo a una subjetividad crítica y del relativismo al

relacionismo. (Sterling, 2010)

Ello indica la necesidad de sustituir enfoque ingenuos exclusivamente

"conservacionista” acerca de la sustentabilidad del desarrollo por el

reconocimiento de que los problemas ecológicos y ambientales revelan

disfunciones de carácter social y político. (Guimaraes P., 1994)

Es la razón porque se requiere de una educación ambiental - en la que se trate

sobre los problemas ambientales a los que el hombre enfrenta en su uso de los

recursos naturales y las posibilidades de superarlos y prevenirlos en el futuro,

nunca habrá una solución 100% correcta a problemas de la comunidad, lo que se


XXXVI

conciba como la solución adecuada depende de los propios valores y prioridades-.

(Breiting, 1997)

Para lograr el cambio, la gente tiene que creer en el objetivo, necesita

retroalimentación para entender o asumir que es lo que están haciendo vale la

pena, necesita saber lo que realmente puede hacer y finalmente necesita pruebas

y modelos de conducta. La cognición del comportamiento, tal como se relaciona

con el conocimiento del medio, se apoya no solamente en el conocimiento

sistemático - o entendimiento del asunto ecológico- sino también en el

conocimiento relacionado con la acción (lo que se puede hacer) y el conocimiento

de la afectividad (beneficios comparativos de acciones distintas) (Bozic, 2010)

Encajar al hombre dentro del ecosistema o en saber conservar, no es suficiente,

sino que se requiere que aprender a transformar bien.

La necesidad de utilizar un enfoque epistemológico de carácter transdisciplinario y

multidisciplinario que permita una mejor comprensión del fenómeno, a la vez que

una pertinente estrategia de búsqueda de soluciones de problemas. La

globalización e internacionalización de las vidas social, económica, política y

cultural como una realidad dramáticamente presente constituye en última instancia

el hecho fundamental que obliga al tránsito de un esquema rígido y disciplinario

tradicional, hacia un modelo flexible y carácter transdisciplinario. (Zenteno Gaytán,

2010) Hoy en día prácticamente cualquier decisión, en los microambientes y

macroambientes sociales, tiene que tomar en consideración las condiciones y

perspectivas globales. Se requiere un enfoque de calidad educativa que considere

nuestras experiencias personales y sobre todo, la educación en valores y calidad

de vida.

Para finalizar el desarrollo sustentable se concibe como una forma de vida,

construida de una visión, filosofía, ética y acciones cotidianas, que marcan una

nueva forma de convivir con nuestro entorno, entendiendo nuestra relación con él,

haciéndonos conscientes del compromiso y responsabilidad.


XXXVII

1.2 El Principio de Sustentabilidad

El concepto de lo ambiental ha tomado parte importante en las discusiones

políticas y de relaciones internacionales en la actualidad; el marco jurídico se ha

modificado de manera acompañada con los cambios culturales en relación a la

sociedad y la naturaleza, constituyendo un elemento axiológico con la valorización

de la naturaleza y sus componentes, desarrollo que culminaría con la protección

constitucional de un “derecho al ambiente”.

La noción de desarrollo ha sido entendida en términos de un crecimiento,

recuperación o aceleración de un camino trazado de antemano. Es decir, el objeto

de conocimiento de la teoría del desarrollo había obedecido a una noción

determinista que interpretaba la historia material de los hombres guiada por las

tendencias registradas en los países desarrollados, y éstos, a la vez, por una

tendencia universal dada de crecimiento ilimitado. Se sostiene que la cultura

contemporánea dominante y el modelo de desarrollo que ésta impulsa, han

provocado una crisis ambiental que se han manifestado en el deterioro global de

las condiciones naturales que hacen posible la vida en el planeta y que ponen en

riesgo el futuro de la especie humana. Olivier Godard explica que el término

sustentable inspira entonces la definición de un proyecto de transformación de la

organización económica y social actual.11

Las ideas de crecimiento y desarrollo, así como en general las ambientalistas, han

variado desde visiones totalmente sociales hasta las más naturalistas; desde la

idea de incredulidad, hasta las más catastróficas. Thomas Robert Malthus, desde

una visión meramente social, planteaba que, mientras la población se desarrollaba

en progresión geométrica o exponencial, la producción de alimentos tendía a

hacerlo en progresión aritmética o lineal, por lo que, en un momento dado, los

alimentos resultarían insuficientes, y los salarios llegarían a niveles por debajo del

de subsistencia.12 Por otra parte, Paul Ehrlich exponía que se necesita una política

11 Véase Godard, Olivier, “L’inscription économique du développement durable”, en Cahiers Français, Francia, Número 306, 2002. 12 Véase Malthus, Robert, Primer ensayo sobre la población, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, s/f.


XXXVIII

de control con definición previa de lo que podría ser el tamaño óptimo de una

población estable y a consecuencia de las publicaciones del llamado Club de

Roma, se llegó a la elaboración de un modelo informatizado de las variables

asociadas a las cinco tendencias de inquietud mundial: industrialización acelerada,

rápido crecimiento demográfico, escasez general de alimentos, agotamiento de recursos no

renovables y deterioro del medio ambiente.

Con distintas proyecciones de tendencias y circunstancias actuales, estudiaron

posibles escenarios que incluían variables como el desarrollo tecnológico, los

recursos económicos, la contaminación y la escasez de alimentos. Las

conclusiones eran que, de continuar las tendencias actuales, los límites que el

planeta impondría al crecimiento se alcanzarían dentro de los próximos 100 años,

teniendo por resultado más probable una catástrofe general a partir del declive

súbito e incontrolable de la capacidad industrial, y la hambruna y disminución de la

población consiguientes, en un contexto de caos social.

Una propuesta alternativa de estas y otras visiones fue la del “ecodesarrollo13”.

Esta corriente recogió también gran parte de las críticas al concepto de desarrollo

como equivalente lineal de crecimiento económico, como son: críticas a los

patrones de consumo dominantes, a los sistemas y escalas de producción, a los

estilos tecnológicos, con la desaparición de los recursos naturales, a través de

ideas como la preferencia por los recursos renovables frente a los no renovables y

por las tecnologías adecuadas o blandas, buscando la conservación del medio

natural.

Fueron pocas y sin reflectores las conferencias en las que se divulgaba la idea de

este tipo de desarrollo. En el Seminario de Founex, Suiza, en 1971, se buscó

establecerla estrecha relación entre el desarrollo y el medio ambiente, que los

desequilibrios ecológicos se atribuyen al proceso de industrialización y al

crecimiento demográfico en general, así como la necesidad en la adecuada

regulación de los planes de desarrollo. Otra de las fechas en las que se incluía

13 Foladori, Guillermo y Pierri, Nina, ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, México, Porrúa, 2005, p. 45.


XXXIX

esta propuesta, fue en la Conferencia de Cocoyoc, en México, en octubre de 1974,

en la que se insistió en que las desigualdades socioeconómicas en el deterioro

ambiental son consecuencia de los modelos de desarrollo y las formas de vida

vigentes; y se indicó la necesidad de estilos de desarrollo alternativos y de un

nuevo orden internacional.

La idea del ecodesarrollo constituye la idea de comunión entre el sistema natural y

el contexto sociocultural, así como la pluralidad de soluciones de acuerdo al tipo

de circunstancias, interpreta los problemas ambientales como externalidades del

sistema, de donde el ecodesarrollo buscaría integrar lo ambiental al proceso de

desarrollo, como la internalización. En la explicación del concepto, Ignacy Sachs

reivindicó una nueva ética de la naturaleza, y estableció los principios de una

solidaridad diacrónica con las generaciones futuras, basada en la conservación de

la estructura productiva de los recursos renovables y en la oposición a la

utilización inmoderada de los recursos no renovables. A esto se agregan acciones,

como la introducción de tecnologías apropiadas y la orientación del sistema

educativo para generar los conocimientos necesarios para un manejo

ecológicamente adecuado de los recursos, proclamando el rechazo a la

dependencia cultural y técnica.14

Antes de la idea del desarrollo sustentable, otra perspectiva importante fue la

propuesta al tiempo del Informe del Club de Roma, fue el estudio presentado por

la Fundación Bariloche. En “¿Catástrofe o Nueva Sociedad? Modelo Mundial

Latinoamericano”, se presenta una visión también humanista y crítica, pero más

profunda que la del ecodesarrollo por cuestionar las bases económicas y políticas

del orden actual y proponer alternativas en pos de una sociedad diferente. Los

elementos básicos de la nueva sociedad serían: equidad a todas las escalas; no

consumismo (determinación a través de las necesidades sociales y no por el lucro

14 Sachs, Ignacy, “Ambiente y estilos de desarrollo”, en Comercio exterior, Vol. 24, Número 4, abril, México, 1974, pp.360-368. Consultable en http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/407/5/RCE7.pdf Fecha de consulta: 18-septiembre-2016.


XL

privado); y el reconocimiento de que esas necesidades pueden ser definidas de

manera diferente según las diferentes culturas, entre otras características.

Catástrofes químicas, petroleras, atmosféricas y hasta nucleares desde 1976

hasta 1986, más las crisis económicas y sociales, fueron desencadenantes y

puntos de quiebre para el surgimiento de un nuevo modelo de desarrollo. Es

entonces, a partir de la publicación del documento conocido como “Nuestro Futuro

Común”, que se refuerza la unión entre desarrollo y el ambiente como esfuerzos

interligados, y establece una reciprocidad de causa–efecto entre la pobreza y el

ambiente. La apelación al desarrollo sustentable es un llamado a cambiar las

estrategias aplicadas hasta el momento, tanto en materia de políticas de

desarrollo, como ambientales.

Respecto a la teorización de la sustentabilidad, es necesario volver a la idea de los

opuestos. Como en muchos otros temas, han existido posiciones en ocasiones

muy encontradas sobre la viabilidad y eficiencia del desarrollo sustentable; en el

plano ambiental general, existen grupos que comparten la idea de un desarrollo

con visión ambiental, a estos se les puede distinguir bajo el nombre de

economistas ambientales, y además existe un contrario, el de los economistas

ecológicos, o ambientalistas conservacionistas, que parten de la separación entre

el crecimiento y la protección a los recursos naturales, defendiendo la idea de un

necesario crecimiento cero. En materia de la sustentabilidad, se pueden destacar

–en el plano de la literatura sobre el tema– cuatro categorías de sustentabilidad,

desde la muy débil hasta la muy fuerte, con dos intermedios. Las sustentabilidades

muy fuerte y muy débil, representan las posiciones paradigmáticas de la economía

ecológica y de la economía moderada, que tienen las posiciones extremas

respecto al crecimiento, oponiéndose la primera, y defendiéndolo la segunda,

ambas de manera absoluta.

La sustentabilidad muy fuerte, niega la sustituibilidad entre capital natural y

manufacturado, proponiendo, como vimos, que son complementarios, y que debe

mantenerse todo el capital natural y reponerse lo más posible del ya dañado o


XLI

usado. En el otro extremo, la sustentabilidad muy débil, sostiene la perfecta

sustituibilidad, y le preocupa no sólo mantener sino, en lo posible, acrecentar el

capital total, independientemente de su composición. La sustentabilidad débil,

intermedia, es la propuesta por una parte de la economía moderada ambiental:

reconoce que la sustituibilidad no es perfecta y entonces hay que preocuparse por

mantener cierto capital natural tomando en cuenta las situaciones y posibilidades

concretas. Por su parte, la sustentabilidad fuerte a secas, se inscribe en la

economía ecológica, pero se aparta de su formulación tan cerrada con el fin de

obtener mayor pragmatismo.

El desarrollo sustentable representa una interconexión orgánica de tres campos de

conocimiento, sin embargo, actualmente ésta interconexión no se encuentra lo

suficientemente estudiada como para definir con precisión las relaciones que se

dan entre ellos; por lo tanto, es importante considerar que deberán construirse

nuevas instituciones y regulaciones que de manera transversal aborden el

problema de la sustentabilidad15. Así, trabajar por el desarrollo sustentable implica

avanzar simultáneamente desde incluso cinco perspectivas: económica, humana,

ambiental, institucional y tecnológica. Las características de este proceso serán

diferentes dependiendo de la situación específica en que se encuentre un

determinado país, región o localidad.

Entonces, la idea del desarrollo sustentable surge como una propuesta que integra

tres dimensiones: la económica, la ecológica y la social, y constituye el resultado

de un intenso esfuerzo por construir una visión integral sobre los problemas más

acuciosos del cómo pensar el desarrollo, recuperando las aportaciones desde la

aparición de la teoría de desarrollo como una especialidad de la economía hasta la

etapa actual, de construcción multidisciplinaria, del desarrollo sustentable. El

principio de sustentabilidad emerge en el contexto de la globalización como la

marca de un límite y el signo que reorienta el proceso civilizatorio de la

15 Cfr. Saldívar V., Américo, (coord.), De la economía ambiental al desarrollo sustentable: alternativas frente a la crisis de gestión ambiental, México, UNAM, 1998.


XLII

humanidad, se comprende que el desarrollo debe centrarse en los seres humanos

y no sólo en los índices económicos.

El paradigma del desarrollo sustentable constituye un fenómeno cultural que

involucra la transformación de prácticas antes aceptadas y defendidas como

necesarias, ante la visión antropocéntrica del mundo, por hábitos y actividades

que significan un sacrificio contra esas prácticas hegemónicas. Además, las

transformaciones sociales y culturales derivadas de la evolución tecnológica

acelerada de los últimos años ha acelerado a su vez los tiempos de la sociedad

humana, contraponiéndose a los tiempos de la naturaleza; el crecimiento

poblacional es una muestra clara de cómo el avance de la sociedad afecta

fatalmente el entorno. Doctrinariamente, el adjetivo se ha concebido como

fundamento teórico y metodológico de un nuevo paradigma de desarrollo que

unifique el aspecto económico, la conciencia ecológica y la responsabilidad socio–

cultural.

En el terreno práctico, hoy en día es común la denominación de “sustentable” a

actividades humanas, ya de arquitectura, ya de ingeniería, etcétera; lo que ha

ocasionado problemas en su utilización es la vaguedad con la que en ocasiones

se maneja el concepto. Distintos escritores consideran que algunos ven la

sustentabilidad como una nueva creencia que sustituye a otros paradigmas como

el progreso, apunta que la noción de sustentabilidad está sometida a la lógica de

las prácticas: se articula a los efectos sociales deseados, a las funciones prácticas

que el discurso pretende volver realidad objetiva.

Derivado de esta vaguedad surge la confusión con el término “sostenible”, más

allá de la confusión gramatical, la discusión de la diferencia entre ambos

conceptos se basa, principalmente, en la idea de que el término “desarrollo

sostenible” suele usarse de una manera insustancial, general e imprecisa,

llamándose sostenible a innumerables procesos de producción, prácticas y

políticas que en realidad no responden a esa orientación. Estas ideas, se pueden

rebatir con lo siguiente: El término sustentable necesita dos momentos para


XLIII

comparar resultados: el presente y el futuro, se trata de la relación entre un

presente conocido y un futuro deseable.

Esta noción sitúa a la sustentabilidad en la “causalidad teleológica”. Además, el

desarrollo sustentable, cuestiona de raíz los procesos de desarrollo económico y

el crecimiento ilimitado de la economía en un mundo finito, sugiriéndolo como

principal obstáculo para crear sociedades justas para todos y perdurables; en

definitiva, se hace necesario una transformación radical del modelo económico

imperante. De esta forma, lo sustentable se entiende como la práctica continua de

acciones y políticas que llevarán a lo que en un futuro resultará en un desarrollo

sostenible.

El desarrollo se debe concebir como una forma de planificación. La planificación

se debe entender como la preparación de una política y, más particularmente, de

una política de desarrollo. El desarrollo también exige transformaciones profundas

y deliberadas, cambios estructurales e institucionales. Se concibe entonces como

un proceso de cambio social, como un proceso deliberado que persigue como

finalidad última la igualdad de oportunidades sociales, políticas y económicas,

tanto en el plano nacional como en relación con sociedades que poseen patrones

más elevados de bienestar material.

En los procesos que se lleven a cabo en la búsqueda del nuevo modelo de

desarrollo, como ya se mencionó, es necesaria una planificación, la cual significa

una acción consciente, racional y organizada; la planificación debe ser concebida

como un proceso, en cuanto al conjunto de etapas sucesivas, así como un

sistema, en cuanto a una organización que posibilite atender los aspectos

concernientes con la ubicación y los plazos. La planificación es una condición

previa e indispensable para la formulación de las políticas y de las medidas de

desarrollo pertinentes para que sean eficientes.

Juan Rodrigo Walsh destaca entre los elementos característicos de la

interpretación de la sustentabilidad el símil al bienestar humano pero mantenido a

lo largo del tiempo; la exigencia en considerar la compensación por los deterioros


XLIV

ambientales generados en el presente, con el fin de mantener las expectativas de

bienestar humano en el futuro, esto se efectiviza –al menos en parte– con la

garantía de un acervo de bienes equivalentes a los actuales; este “capital

constante” se compone tanto por recursos naturales como por recursos

antrópicos, con la alternancia y recomposición entre ambas categorías (bienes

naturales y recursos antrópicos), lo cual hace necesaria una valorización de

ambos tipos de recursos, así como una distinción de aquellos bienes naturales

que podrían considerarse irremplazables por medio de bienes antrópicos,

determinación que deriva en el concepto de “principio precautorio”. Además, la

innegable necesidad de transformar la forma clásica de medir el crecimiento

económico.16

“Las características de la sustentabilidad (Z) parten de una visión económica de

la problemática ambiental y tienen sus raíces en el pensamiento moderno, con la

generación de la clara conciencia respecto del crecimiento de la civilización

humana y las limitaciones materiales que este crecimiento impone al ecosistema

de la tierra”.17

Deben así tomarse en cuenta varios elementos neurálgicos para el cambio de

paradigma hacia un desarrollo sustentable: es necesario reafirmar y asegurar la

misma situación de derechos para todo ser humano, debe establecerse una visión

global de los problemas ambientales, en tanto que su afectación es global; la base

institucional política es necesaria como parte de la transformación integradora;

derivado de los puntos anteriores, es necesario tomar en cuenta las variables

culturales de cada sociedad, a partir de aspectos históricos y filosóficos, y no solo

políticos y legales; además, es necesaria la búsqueda constante de igualdad en

términos de oportunidades, así como de los beneficios hacia los más necesitados;

por último, es fundamental garantizar estos derechos no solo en una visión actual,

sino con la prospectiva de las generaciones futuras.18 Entonces, la noción de la

16 Di Paola, María Eugenia, Walsh, Juan Rodrigo (coords.), Ambiente, Derecho y Sustentabilidad, 10ª edición, Argentina, Editorial La Ley, 2000, pp. 27-29. 17 Ibídem, p. 29. 18 Fuchs Bobadilla, Margarita, “El desarrollo sustentable y el derecho”, Tomo 52, Número 237, México, 2002, pp. 85 y 86.


XLV

temporalidad que se mencionó líneas arriba incluye también una nueva visión en

prospectiva para la decisión política y económica que se adopten.

1.2.1 La sustentabilidad como eje de solución transversal

Indicadores de la sustentabilidad

El problema de la insostenibilidad histórica de la sociedad industrial estriba en que,

a diferencia de la biósfera, no ha sido capaz de cerrar los ciclos de materiales

reconvirtiendo, con la ayuda del Sol y sus derivados, los residuos en recursos.

Con ello el sistema se topa con problemas de escasez de recursos y de exceso de

residuos, a la vez que resulta cada vez más difícil y costoso mantener su propia

calidad interna. Es fácil afirmar que un sistema económico se hace globalmente

más insostenible a medida que utiliza (directa o indirectamente) y degrada

cantidades crecientes de la energía y los materiales extraídos de la corteza

terrestre o de los obtenidos de la sobreexplotación de ecosistemas, especies o

recursos. Estos usos arrojan una huella de deterioro ecológico observable sobre el

territorio por el espacio requerido para obtener los recursos o para depositar o

digerir los residuos.

“Cuando a la sociedad, a la economía y al medio ambiente se les mira como

entidades separadas, como partes no relacionadas de la comunidad, los

problemas también se ven como tópicos aislados. Con base en este paradigma,

cada entidad pública va por su lado, los consejos para el desarrollo económico

tratan de crear empleos. Este enfoque, poco sistemático, puede generar un

número importante de efectos colaterales negativos”.19

Para monitorear el desarrollo en sus debidas dimensiones, para ayudar a quienes

toman las decisiones y elaboran las políticas a todo nivel a mantenerse enfocados

en el camino hacia el desarrollo sustentable, es necesario que la planificación se

desenvuelva en torno a diversos indicadores. El proceso de elaboración de

indicadores es lento y complejo y requiere numerosas consultas. Cuando aparece

19 Díaz Coutiño, Reynol, Escárcega Castellanos, Susana, Desarrollo sustentable: Una oportunidad para la vida, México, Mc Graw Hill, 2009. p 107.


XLVI

un nuevo indicador éste debe ser puesto a prueba y modificado a la luz de la

experiencia.20

Un indicador, es una variable que, en función del valor que asume en determinado

momento, despliega significados ligados a un constructo cultural y de significado

social que se asocia al mismo. De ahí que no cualquier tipo de estadística pueda

ser considerada como indicador, pues para entrar en esta última categoría, el dato

que se está considerando debe decir varias cosas de primera importancia a un

grupo determinado de personas, sin lugar a dudas o interpretaciones encontradas;

conforma una variable. Una variable es una representación operativa de un

atributo (calidad, característica, propiedad) de un sistema.

Un indicador proporciona una pista para un asunto de mayor trascendencia o hace

perceptible una tendencia o fenómeno que no es detectable inmediatamente. Por

tanto, el significado de un indicador va más allá que lo que realmente mide, y se

dirige más bien hacia un fenómeno de mayor interés. Deben, sin embargo, tener la

factibilidad de ser analizados y una metodología de medición fija. Los indicadores

proveen información en una forma más cuantitativa que únicamente las palabras o

los diagramas; implican una medida contra la cual pueden medirse algunos temas

de política pública, como el desempeño de la política. Los indicadores también

proveen información en una forma más simple y entendible que estadísticas

complejas u otra clase de datos científicos o económicos; implican un modelo o

conjunto de supuestos que relacionan, como ya se dijo, al indicador con un

fenómeno más complejo.

La importancia del establecimiento adecuado de indicadores se puede ver por su

propia función; reducir el número de medidas y parámetros que normalmente se

requieren para ofrecer una presentación lo más cercana posible a la realidad de

una situación, y con ello simplificar los procesos de comunicación. Estas funciones

básicas convierten a los indicadores en el instrumento mediante el cual se

proporciona información concisa y sustentada científicamente a diversos usuarios,

20 Foladori, Guillermo y Nína Pierri, óp. cit., México, Porrúa, 2005, p. 53.


XLVII

tomadores de decisiones y al público en general de manera que pueda ser

entendida y usada fácilmente.

Desde un punto de vista teórico, y de acuerdo al autor que se investigue, se

pueden encontrar distintos grupos de indicadores. Uno de ellos, por ejemplo, es de

acuerdo a lo que la (Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU)

denomina una “sociedad sustentable”, la cual se medirá de acuerdo a distintos

parámetros: En un primer grupo, se encuentra el índice de desarrollo humano, que

engloba el promedio de esperanza de vida, el nivel educativo y el ingreso per

cápita. En un segundo bloque se encuentra el índice de libertad humana, medido a

través de los derechos y libertades que se protejan. Un tercer parámetro lo abarca

la sustentabilidad específicamente ecológica, la cual se relaciona a los cuidados,

restricciones y acciones que se lleven a cabo para la protección del ambiente. Por

último, un cuarto bloque lo abarcan indicadores como el gasto en alimentos, agua

y otros recursos naturales; el uso de la energía y los cambios demográficos.21

Desde un punto de vista más práctico, se han desarrollado modelos que integran

los diversos indicadores que podrían ser utilizados, agrupándolos de acuerdo a los

aspectos o dimensiones que forman parte del desarrollo sustentable. Así, nos

encontramos con tres principales dimensiones, más una cuarta que recientemente

se ha añadido a la explicación. Los aspectos económico, social y ambiental son el

resultado de la sistematización de este nuevo paradigma, y un cuarto elemento, el

aspecto institucional o político, como planificador y regulador del sistema.

La dimensión económica de la visión del progreso ha sido en la que el sr humano

se ha enfocado más, principalmente desde la Revolución Industrial, se empezó la

producción en serie de un sinnúmero de bienes que permitieron al hombre –

principalmente a los dueños de las empresas y quienes controlaban los recursos–

una forma de vida más cómoda, además de percibir cada vez ingresos y

beneficios económicos cada vez mayores. Fue por un largo tiempo que se otorgó

21 Fuchs Bobadilla, Margarita, óp. cit., p. 93.


XLVIII

mayor atención a cualquier vínculo económico con las acciones que el ser humano

realizara.

Así mismo, la humanidad ha cometido el grave error de buscar dar un valor

económico a todo producto, material o recurso a su alcance, o, para mejor decir,

se ha monetizado el sentido de la palabra “valor”, reduciéndolo a una simple cifra,

y encasillando los bienes en ganancias. Desde los textos del Club de Roma y de

diversos autores que han expuesto ideas en contra de este capitalismo

exacerbado, se ha dejado entrever la forma de redimensionar lo valuable y lo

valioso, ante la situación de saber que recursos tales como el agua de los

océanos, de ríos o lagunas, el aire, la energía del Sol, la oxigenación que ofrecen

los bosques, selvas y otra serie de servicios y beneficios que nos brinda la

naturaleza no han podido ser tarifados con la etiqueta de un precio, así como la

necesaria desvinculación del valor de un bien y de la calidad de vida del ser

humano (¿Cuánto valdría el beneficio de despojarse de toda la contaminación

sonora que ocurre en las grandes ciudades?, ¿Qué valor otorgar a la pérdida de

visión nocturna debida de los cientos de miles de espectaculares luminosos que

invaden cada vez más las calles?).

La enseñanza de un mundo que se desarrolle sustentablemente no implica la

eliminación total de los medios de producción ni del capital monetario, pero sí el

nuevo enfoque hacía el capital natural, hacia los recursos que se han ido y se

seguirán agotando. Así, entre algunos de los indicadores que se pueden registrar

en el aspecto económico se encuentran: La cooperación económica internacional

para mejorar el desarrollo sustentable en los países, y en sus políticas internas; el

cambio de patrones de consumo; la regulación y manejo responsable de

mecanismos y recursos financieros, así como la transferencia de tecnología de

quienes la poseen hacia quienes la necesitan.

La dimensión social del desarrollo sustentable consiste en reconocer el derecho a

un acceso equitativo a los bienes comunes para todos los seres humanos, en

términos intrageneracionales e intergeneracionales, tanto entre géneros como


XLIX

entre culturas. La distribución de los recursos y su consecuente escasez ha

provocado la obligada respuesta de las personas que enfrentan severas

dificultades de acceso a los recursos más indispensables para sobrevivir, dando

como resultado guerras por el control y administración de los recursos y

manifestaciones sociales con diversas formas de demanda respecto a una

distribución justa de recursos y a un equilibrio de condiciones de vida para todas

las personas. Es por ello que uno de los objetivos primordiales en un marco de

desarrollo sustentables luchar cada vez más –y mejor– en contra de las

desigualdades y la extrema pobreza en el mundo.

Es por todos conocido el desplazo de comunidades y poblaciones debido a

conflictos económicos o conflictos bélicos, situación que debe erradicarse, pero

otro aspecto que no en muchos lugares se menciona es el número de

desplazamientos de poblaciones debido a problemas ambientales, ya causados

directamente por el hombre, ya indirectamente, tales como la escasez de agua, la

destrucción de bosques o zonas de cultivo, incendios e inundaciones.

Indicadores comúnmente vinculados al aspecto social del desarrollo son: Como se

mencionó, el combate a la pobreza; la regulación y estudio constante de la

dinámica demográfica y de sustentabilidad en poblaciones necesitadas; la

promoción de la educación, la concientización pública y la capacitación ante

cualquier problema o riesgo social y ambiental; la protección y promoción de la

salud humana; y la promoción del desarrollo de asentamientos humanos

sustentables.

La tercera dimensión, el aspecto ambiental, del desarrollo sustentable, es

resultado de la evolución que se ha expuesto líneas arriba, además de la suma de

los conflictos generados por los anteriores dos aspectos. A partir de las últimas

Conferencias y publicaciones de la ONU, se ha establecido la necesidad de

incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas

nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. Lo que se busca

es preservar las condiciones del planeta con acciones como la defensa de los


L

bosques, la protección de las distintas especies de flora y fauna, conservar buenas

condiciones del aire, proteger las fuentes de suministro de agua, lograr un control

de la urbanización, así como otra serie de factores relacionados con el ambiente

que en su conjunto nos proporcionan las condiciones necesarias para una vida

digna y, sobre todo, el cuidar que estas condiciones se mantengan en el futuro.

“En términos ecológicos, el desarrollo sustentable supone que la economía sea

circular, que se produzca un cierre de los ciclos, tratando de imitar a la naturaleza.

Es decir, los sistemas productivos son diseñados para utilizar únicamente recursos

y energías renovables, para no producir residuos, ya que éstos vuelven a la

naturaleza o se convierten en input de otro producto manufacturado. Este modelo

opera considerando el ciclo vital del producto completo, desde su extracción hasta

la disposición final del residuo cuando su vida útil termina.”22

La actividad humana a través del tiempo, en aras del desarrollo, ha

desencadenado resultados negativos para la calidad de vida que se supone ese

desarrollo debía proporcionar, esto en relación al estado del ambiente,

circunstancia generada en gran medida por al uso irracional e inconsciente de los

recursos naturales.

Algunos de los indicadores ambientales más utilizados son: Los recursos de agua

dulce; el grado de protección de océanos, todo tipo de mares y áreas costeras; el

enfoque integrado para la planificación y administración de recursos del suelo; el

manejo de ecosistemas frágiles (desertificación y desarrollo en zonas vulnerables);

promoción de la agricultura sustentable y desarrollo rural; el combate a la

deforestación y la conservación de la diversidad biológica.

Por último, se ha integrado un cuarto aspecto en tanto que desempeña un papel

fundamental en el cumplimiento de objetivos en cada país, y por supuesto

internacionalmente. La clase política se instaura para regular los convenios

comerciales y de mantener las buenas relaciones entre países, a través de

tratados, que permitan una apertura de mercados con acuerdos arancelarios 22 Díaz Coutiño, Reynol, Escárcega Castellanos, Susana, óp. cit., p. 110.


LI

equivalentes; por ello se puede confundir el aspecto político con el económico,

debido a la misma hegemonía que se ha establecido de los aspectos económicos;

sin embargo, la dinámica actual entre los países abarca una gran diversidad de

relaciones, no solo económicas, sino personales, sociales, tecnológicas, o de

investigación, y es fundamental considerar todos los posibles para el

establecimiento de acuerdos, pues implica un hábil manejo político para lograr que

dichas relaciones sean exitosas.

La dimensión política o institucional funciona como el eje que organiza, regula,

ejecuta y monitorea los indicadores de los otros tres ejes, con la obligación de

mantener un apego entre cada uno de ellos con los demás. Con el propósito de

incorporar la variable ambiental en los acuerdos entre países desarrollados se

consideran principios tales como “el que contamina paga” a escala internacional y

el principio de la soberanía internacional, restricciones o diversos ordenamientos

jurídicos, ejemplo de ello es una de las medidas que mayor beneficio ha aportado,

la norma ISO 14001, para la evaluación de criterios de Gestión Ambiental.23

Entonces, dentro de los indicadores que se relacionan al aspecto político se

encuentran la integración del ambiente y el desarrollo en la toma de decisiones; el

fortalecimiento y promoción de avances científicos para el desarrollo sustentable;

la implementación y obediencia de instrumentos y mecanismos legales

internacionales, así como la transmisión de información para la adopción de

decisiones y el fortalecimiento del papel de los grupos principales en la toma de

decisiones políticas.

El establecimiento de indicadores para cada dimensión debe regirse por

características muy específicas:24

1. Ofrecer una visión de las condiciones ambientales, presiones ambientales y

respuestas de la sociedad o gobierno; 2. Ser sencillos, fáciles de interpretar y

capaces de mostrar las tendencias a través del tiempo; 3. Responder a cambios

23 ISO 14000 – Environmental Managment. Consultable en http://www.iso.org/iso/iso14000 Fecha de consulta: 18-septiembre-2016. 24 Villavicencio Ortiz, María de los Ángeles (coord.) Desarrollo sustentable en el contexto actual, México, s/e, 2011, p. 57.


LII

en el ambiente y las actividades humanas relacionadas; 4. Proporcionar una base

para las comparaciones internacionales (cuando sea necesario); 5. Ser aplicables

a escala nacional o regional, según sea el caso; 6. De preferencia tener un valor

con el cual puedan ser comparados; 7. Estar teórica y científicamente bien

fundamentados; 8. Estar basados en consensos internacionales; 9. Ser capaces

de relacionarse con modelos económicos y/o de desarrollo, así como con sistemas

de información; 10. Estar disponibles con una razonable relación costo/beneficio;

11. Estar bien documentados y gozar de calidad reconocida; 12. Ser actualizados

a intervalos regulares con procedimientos confiables.

Dependiendo de las prioridades asignadas por los gobiernos, las empresas y la

población en su conjunto, cada país aplicará sus propias estrategias para alcanzar

el desarrollo sustentable. La cuestión del desarrollo se concibe ya como un

proyecto de voluntad política, que toma forma en la concepción desarrollo

“sustentable”. Este calificativo al sustantivo desarrollo, es lo que constituye el

desafío para buscar un cambio de rumbo a las teorías del antiguo orden

económico.

Al hablar de lo que involucra la noción de indicadores en el desarrollo sustentable,

es necesario hacer mención de un presupuesto conceptual de la sustentabilidad:

el principio precautorio. Este elemento constitutivo del nuevo paradigma, involucra,

en principio teóricamente, los indicadores ambientales o ecológicos y sociales;

este criterio surgió en Alemania en la década de los ochenta como una política de

estado, tendiente a limitar o minimizar los impactos ambientales, mediante un

cuidadoso análisis de riesgos con la evaluación y planificación de alternativas,

exigiendo evitar lo mayor posible cualquier riesgo de menoscabo al ecosistema,

ante una situación de incertidumbre en el daño potencial en los aspectos social y

ambiental, derivado de cualquier acción planteada.25

Se pueden distinguir algunos criterios y elementos claves para el entendimiento de

este principio. En primer lugar, implica una proactividad, como disposición a tomar

25 Di Paola, María Eugenia, Walsh, Juan Rodrigo (coords.), óp. cit., p. 47.


LIII

decisiones; toda acción está en función del beneficio que se vayan a producir y los

costos que ésta pudiese generar; Así mismo, cualquier acción se desarrollará en

el marco de la vulnerabilidad de los recursos naturales, y los umbrales de

irreversibilidad de éstos ante la acción a tomarse; este principio además conlleva

una valorización de los ecosistemas, como bienes naturales que poseen un valor

moral intrínseco por su propia vulnerabilidad; con la ejecución del principio

precautorio, se establece la carga al proponente de una determinada acción de

probar la inocuidad de la acción a tomarse; existe además la necesidad de

contemplar horizontes temporales amplios –situación que va en contra de la

cultura democrática de gratificaciones al corto plazo–; por último, a pesar de verse

como un principio por esencia proactivo, implica más ampliamente la

responsabilidad de recomposición de cualquier daño ocasionado en el pasado.26

Marco de Referencia.

INTRODUCCIÓN Capítulo 1. Marco Teórico – Histórico de Referencia y el Tercer Sector 1.1 Conceptualización de desarrollo sustentable 1.2 El Principio de Sustentabilidad 1.2.1 La sustentabilidad como eje de solución transversal 1.2.2 Desarrollo sustentable como derecho humano 1.2.3 El enfoque del derecho de las generaciones futuras 1.3 El tercer sector, definiciones y modelos teóricos alternativos 1.3.1 ¿Qué es la Economía de Solidaridad? 1.3.2 El tercer sector y la economía social 1.3.3 El Tercer Sector: entre lo Económico y lo Social 1.3.4 Las Instituciones Públicas y el Tercer Sector 1.3.5 La economía solidaria una alternativa al modelo capitalista 1.3.6 Las dimensiones del desarrollo de la economía solidaria 1.3.7 La participación social en la economía solidaria 1.3.8 El tercer sector y la política 1.3.9 Desarrollo con participación 1.3.10 El Estado y el Tercer Sector 1.3.11 Tercer Sector y empresa 1.4 El modelo conceptual del Tercer Sector 1.4.1 El resurgimiento de la sociedad civil 1.4.2 Participación y Capital Social 1.4.3 La institucionalidad pública, la racionalidad colectiva y el capital social 26 Di Paola, María Eugenia, Walsh, Juan Rodrigo (coords.), óp. cit., pp. 48-49.


LIV

Capítulo 2. Tercer sector en México, bases para su caracterización 2.1 Las organizaciones de la sociedad civil 2.2 Capacidad Emprendedora y Capital Social: dos Factores Clave para el Desarrollo del Tercer Sector 2.3 La generación de empleo en las organizaciones del tercer sector 2.4 El modelo de intervención europeo y la promoción del empleo 2.5 Profesionalización de las Organizaciones del Tercer Sector 2.6 La Reflexión Europea en torno a las iniciativas locales, el Tercer Sector y las Nuevas Fuentes de Empleo Capítulo 3. Análisis económico financiero de las empresas 3.1 De la economía social reacciones y desempeño 3.1.1 Cooperativas Agrarias 3.1.2 Cooperativismo de consumo 3.1.3 Cooperativismo de servicios 3.1.4 Cooperativas de trabajo asociado 3.1.5 Sociedades laborales 3.1.6 Las entidades sin ánimo de lucro 3.1.7 Las funciones de origen empresarial 3.1.8 Redes solidarias entre pares 3.1.9 El voluntariado desde la empresa: ¿qué opinan los empleados? 3.1.10 ONG Microfinancieras en México 3.1.11 Comercio justo 3.1.12 Las jóvenes empresas de la Economía Social y su relación con el sistema bancario 3.1.13 Banca ética 3.1.14 Aversión al riesgo 3.1.15 Precios 3.2 Reacción a las dificultades financieras de las empresas de la Economía Social 3.2.1 Acceso al crédito por parte de las empresas jóvenes de la Economía Social 3.3 Empresas ecológicas o verdes y su desempeño en México 3.3.1 Responsabilidad Social Empresarial VS Corporativa 3.3.2 Empresas sustentables Capítulo 4. Evaluación de la política de desarrollo social en México 4.1 Antecedentes 4.2 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 4.3 El balance político-institucional de la crisis social contemporánea Capítulo 5. Desarrollo social en el siglo XXI 5.1 El Estado social de la postguerra 5.1.1 Antecedentes 5.1.2 La intervención estatal en la economía de la crisis de 1929 5.1.3 El florecimiento de las economías europeas 5.1.4 El Estado de Bienestar ó Estado social 5.2 Las transformaciones del Estado en la segunda mitad del Siglo XX 5.2.1 El Estado de Bienestar y su multidimensional crisis


LV

5.2.2 Neoliberalismo y globalización 5.2.2.1 Impactos en la seguridad social y derechos sociales 5.2.2.2 Crisis del Estado-nación 5.2.2.3 Nuevos modelos de organización territorial 5.2.2.4 Impacto en el Derecho y Derechos humanos 5.2.2.5 Desigualdades 5.3 Vigencia y necesidad del Estado 5.4 Retos del Estado para la gobernabilidad y el desarrollo sustentable 5.4.1 La reforma del Estado: un Estado social y democrático 5.4.2 La función del Estado en la provisión de bienes públicos 5.4.3 Estrategia para coordinar la política de Desarrollo Sustentable 5.4.4 El territorio: su ordenamiento dinámico y complejo 5.4.5 La crisis económica y la necesidad de regulación de los mercados 5.4.6 El uso de instrumentos económicos 5.4.7 El agotamiento del petróleo y la reconversión energética 5.4.8 Uso de nuevos indicadores multidimensionales 5.4.8.1 Construcción y monitoreo constante 5.4.8.2 Construcción del Índice de Progreso Real 5.4.9 Construcción de estrategias sociales locales 5.4.10 Propuesta para la construcción de un nuevo paradigma social 5.4.10.1 El decrecimiento 5.4.10.2 La teoría de la entropía 5.4.10.3 La teoría de la convivialidad 5.4.10.4 El concepto de metabolismo social 5.4.10.5 La paradoja de la eficiencia tecnológica (paradoja de Jevons) 5.4.10.6 La incongruencia de la sustentabilidad capitalista Conclusiones Bibliografía


LVI

6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.

Hipótesis Principal.

La creciente cobertura, presencia y tamaño de las organizaciones y empresas con

objetivos sociales, ha significado un cuestionamiento relevante sobre la

pertinencia y capacidad del estado de proveer bienes y servicios importantes

socialmente, esta sustitución que parece favorable en la mayoría de las ocasiones,

en términos de oportunidad y eficacia operativa, tiene impactos significativo en

términos de legitimidad y gobernanza para los gobiernos, así como la carencia de

marcos normativos eficaces (regulación y supervisión) que les otorgue a las

organizaciones y acciones de este sector legalidad y certidumbre a sus

operaciones.

Hipótesis Secundarias.

1.- La evolución de las distintas concepciones y enfoques sobre la forma en que

las sociedad puede participar en la respuesta a problemáticas sociales concretas,

como son el desarrollo humano, la preservación del medio ambiente, y aun en

materia de la defensa de derechos sociales y políticos, permite identificar el reto

que significa al estado la transición hacia un modelo político que deberá incluir

como actores relevantes a la ciudadanía y particulares como competidores reales

de la legitimidad y por lo tanto reduciendo sus márgenes de gobernabilidad y

conducción del desarrollo social.

2.- El incremento de organizaciones e iniciativas empresariales que actúan en

diversos ámbitos proveyendo a la población de satisfactores en sustitución del

estado, puede sobrepasar la capacidad de regulación y supervisión de estas

organizaciones que sin un marco adecuado pueden dar ocasión a defraudar

fiscalmente o dañar a los receptores de servicios afectando el bienestar y calidad

de vida de las comunidades. En este contexto surge como requerimiento el

racionalizar su participación y uso de los recursos también públicos, es decir un

equilibrio que permita la permanencia y continuidad de sus acciones, pero sin


LVII

poner en riesgo la estabilidad social, ya que algunas de éstas iniciativas están

constituidas en gran medida por intereses de tipo político y económico.


LVIII

7.- PRUEBA EMPÍRICAS O CUALITATIVAS LAS HIPÓTESIS.

En la presente Investigación se intentó comprobar las siguientes hipótesis:

HIPÓTESIS PRINCIPAL:

La creciente cobertura, presencia y tamaño de las organizaciones y

empresas con objetivos sociales, ha significado un cuestionamiento

relevante sobre la pertinencia y capacidad del estado de proveer

bienes y servicios importantes socialmente, esta sustitución que

parece favorable en la mayoría de las ocasiones, en términos de

oportunidad y eficacia operativa, tiene impactos significativo en

términos de legitimidad y gobernanza para los gobiernos, así como

la carencia de marcos normativos eficaces (regulación y

supervisión) que les otorgue a las organizaciones y acciones de

este sector legalidad y certidumbre a sus operaciones.

La anterior hipótesis está comprobada, a pesar de todos los programas que

otorgan los gobiernos, es complicado que las empresas dejen de producir sin

contaminar, pues muchas veces no tienen otra forma de obtener el producto final.

Sin embargo, es muy destacable que algunas empresas que están en esta

situación busquen otra forma de apoyar a evitar el deterioro del medio ambiente.

La problemática ambiental plantea la búsqueda de soluciones objetivas y

satisfactorias para lograr la resolución de conflictos mediante la confrontación de

diversos puntos de vista y a través de un verdadero enfoque holístico y

transdisciplinario. Sus características complejas y tan particulares, determinan

abordajes múltiples que requieren de la participación de todos los integrantes de la

sociedad.

Es cierto que con la premisa anterior no se busca justificar a las empresas que

están en territorio mexicano ni mucho menos al Estado, tristemente ambas partes

han dejado de tomar en serio el compromiso con el que México lideraba en las

diferentes reuniones internacionales unos años atrás.


LIX

El contexto actual presenta un cambio en la política internacional y en la línea de

énfasis con el que se dirige ahora. El tema del cuidado se ha quedado rezagado

por algún tiempo y es difícil que se retome con tanta facilidad en otros países

latinos como Brasil o países europeos.

La sociedad mexicana le falta todavía un largo camino para identificar el camino

adecuado al consumo responsable de todos los productos que se realizan en

México o que se comercializan en nuestro país. Es indispensable que el gobierno

promueva este tipo de proyectos para que las empresas se obliguen a seguir la

tendencia del mercado y que el mismo se vuelva más estricto con las normas de

distribución y venta.

El trabajo que una empresa sustentable debe hacer va más allá. Es importante no

descuidar el objetivo principal que se debe seguir pues el cuidado del medio

ambiente es primordial para asegurar que las generaciones futuras logren

conseguir niveles de desarrollo económico, político, social, cultural y ambiental

parecidos a los que se poseen en la actualidad.

Es cierto que esto no es un trabajo exclusivo del sector privado sino también de

los Estados, esté o no participando en políticas de cuidado del medio ambiente

posterior a 1972 cuando se firma la Declaración de Estocolmo y se aceptan ciertas

medidas de acción para contrarrestar el cambio climático.

En caso de que los países no cumplan con dichas medidas, es responsabilidad de

la sociedad exigir su cumplimiento y en igualdad de condiciones con las empresas,

exigir que el Estado tome en consideración evaluar mejor a aquellas compañías.

Desde la visión de la academia, los conceptos antes mencionados pueden

proporcionar la pauta necesaria para fomentar la evaluación y evolución del

concepto propuesto y para que ayuden a la formación de nuevas políticas

ambientales que compartan la visión de una relación equilibrada entre el hombre y

la naturaleza, en donde se pueda convivir sin necesidad de destruir alguno de los

dos participantes.


LX

Una propuesta a este punto es el fomento de una cultura ecológica, desde la

educación básica donde se aprecie el valor de la naturaleza, que se den opciones

de desarrollo y convivencia entre la sociedad y la naturaleza y donde el concepto

económico no resulte como elemento prioritario al momento de hacer negocios.

La gestión ambiental como dimensión esencial del Desarrollo Sostenible

demandas políticas públicas modernas acompañadas de conocimientos e

instrumentos interdisciplinarios lo que implica un reto sociopolítico de gran

envergadura al estar marcada por el conflicto de intereses de múltiples actores

económicos.

En general, existen suficientes leyes e instituciones como para realizar y mantener

una adecuada gestión ambiental, pero lo más frecuente es la falta de aplicación y

cumplimiento de leyes, regulaciones y normas. Por lo tanto, el esfuerzo principal

estará dirigido a emplear adecuadamente lo que existe y a aplicar efectivamente

las regulaciones y normas en vigencia teórica, pertinentes a la política ambiental.

Las nuevas prácticas del tercer sector intentan reconstruir los fundamentos de una

sociedad más justa que permita el ejercicio de la solidaridad en la vida cotidiana.

Hay que pensar y activar la nueva economía social en una sociedad cada vez más

globalizada, terciarizada, informatizada donde los vínculos sociales y familiares se

transforman constantemente según una tendencia irrefrenable hacia la

individualización y al deterioro de las relaciones y de los espacios públicos de

intercambio tradicionales.

Hay que subrayar que para organizar servicios de proximidad que atiendan a las

nuevas necesidades sociales, no es suficiente la organización de las ofertas y de

las demandas. Es necesario facilitar y asegurar la expresión de las demandas

sociales, usuarios (padres, ancianos, mujeres, vecinos) que también actúan como

actores de la construcción de las ofertas. La articulación de voluntarios,

profesionales y usuarios es una nueva combinación necesaria y que configura la

“nueva economía social”.


LXI

El tercer sector tiende a ser mejor en el cumplimiento de tareas que generan

pocos beneficios o ninguno, exigen compromiso personal y solidaridad de los

individuos y una casi ilimitada confianza por parte de los beneficiarios o de los

clientes e implica la imposición de códigos morales y responsabilidad individual de

la conducta. Ello será cada vez más relevante en el futuro inmediato.

Un factor de primera importancia para el futuro de las organizaciones del tercer

sector, será la combinación coherente de los ingresos provenientes de la venta de

servicios, las cotizaciones de los socios y voluntarios, de las subvenciones y de los

servicios contratados con el sector público. La evolución muestra una tendencia

hacia un crecimiento de las dos primeras fuentes de ingresos y una disminución

de las dos últimas.

HIPÓTESIS SECUNDARIAS

1.- La evolución de las distintas concepciones y enfoques sobre la

forma en que las sociedad puede participar en la respuesta a

problemáticas sociales concretas, como son el desarrollo humano,

la preservación del medio ambiente, y aun en materia de la

defensa de derechos sociales y políticos, permite identificar el reto

que significa al estado la transición hacia un modelo político que

deberá incluir como actores relevantes a la ciudadanía y

particulares como competidores reales de la legitimidad y por lo

tanto reduciendo sus márgenes de gobernabilidad y conducción

del desarrollo social.

Como se demuestra en la presente investigación, la anterior hipótesis resultó ser

cierta, ante la cada vez más creciente necesidad de buscar formas de enfrentar la

problemática ambiental así como la posibilidad de Integración de desarrollo social

y crecimiento económico, surge el concepto de desarrollo sustentable. En el caso

de México, estamos conscientes que nuestro estudio requiere identificar los

factores que han contribuido a profundizar o generar los desequilibrios en términos

sociales y ambientales en el transcurso de las últimas cuatro décadas. Por ello,


LXII

analizamos los modelos de desarrollo que se han adoptado en México al igual que

la política económica y los instrumentos que ha utilizado.

El analizar los aspectos sociales, económicos y ambientales de manera conjunta y

simultánea, considerando la debida importancia que constituyen los hechos

pasados o históricos como antecedentes u origen de la realidad presente, genera

un nuevo horizonte.

Una nueva política social para el DS requiere ser una política de corto, mediano y

largo plazo que erradique las bases estructurales de la pobreza y la desigualdad; y

debe centrarse en la integralidad y coordinación de las políticas económica y

social, las que deberán vincularse desde su propio diseño o planeación. Para lo

cual es preciso que tome como referencia las siguientes estrategias: - Equidad

distributiva - Equidad de género - Estabilización de la población - Responsabilidad

oficial y participación política27

Generar un nuevo conocimiento sobre el DS, supone una reelaboración

interdisciplinaria del saber. No significa una negación de la visión disciplinaria, por

el contrario, es un grado superior de construcción del conocimiento que, para

configurarse, supone necesariamente apelar a las disciplinas individuales,

previamente constituidas. Es un conglomerado cognoscitivo, nuevo, inédito que

resulta de la interacción entre disciplinas.

En este sentido, la política educativa deberá comprometerse con una nueva

cultura para el DS, es decir orientarse a lograr la equidad social, a respetar los

derechos humanos y la pluralidad política, a la satisfacción de las necesidades

básicas de la sociedad y a revertir los procesos de deterioro ambiental.

Por otra parte, es indudable que el mayor reto para el Estado mexicano lo

constituye la lucha que se libra contra la delincuencia y el crimen organizado. Sin

embargo, no puede tratarse con el mero incremento de recursos presupuestales

mientras no se combatan las raíces de este mal, en tal sentido, el concepto de

27 Véase “Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 desde el enfoque del Desarrollo Sustentable”, óp. cit., p. 104-108


LXIII

seguridad debe cambiar hacia un acento mucho mayor en la seguridad de la

población.28

Es preciso comenzar por incorporar en las instituciones una conceptualización

amplia y completa de las obligaciones sociales que significan su accionar en

diferentes esferas, además del cuidado de la sustentabilidad de dichas iniciativas,

en la que el primero se entienda como un diálogo entre el sector público y el

social. En tanto que la sustentabilidad no debe quedar reducida en su dimensión

más local, si no tener en cuenta los esfuerzos para escalar la posibilidad de dichas

iniciativas, en este sentido debe además incluir:

1) La sustentabilidad alimentaria (se trata de conservar ecosistemas y también de

agroecosistemas y su diseño frente al cambio climático);

2) La sustentabilidad industrial, financiera y comercial; con la provisión de bienes y

servicios socialmente necesarios, y

3) Tener en cuenta el ciclo económico en todas sus fases (para aprovechar los

residuos, en términos de cuidado al medio ambiente).

Mismas que deberá quedar incorporadas desde el propio Plan Nacional de

Desarrollo, pasando por la Ley de Economía Social y Solidaría, el Programa

Sectoriales, la reforma del INAES.

Ahora bien, resulta imprescindible un cambio en la independencia con la que han

trabajo estas organizaciones, estilos operativos, financiamiento y rendición de

cuentas. Esto implica que tanto autoridades como las fuerzas productivas asuman

mayores responsabilidades, tales como:

• Garantizar la conservación de los ecosistemas (agua y biodiversidad),

• Protección y restauración de las culturas originarias, para conservar e impulsar la

bio cultura y la diversidad presente en el territorio nacional, impulsando acciones

que las hagan compatibles con el desarrollo económico y social de las

comunidades y ciudadanos. 28 Ibíd. p. 108-109, 110


LXIV

• Estimular la explotación y aprovechamiento de los económicos y sociales

necesarios para el desarrollo de la sociedad.

• Promover el desarrollo del capital en manos de la comunidad, buscando que un

mínimo de 50% de las autorizaciones de aprovechamiento sean reorientadas al

desarrollo local y certificadas.

• Fomentar el desarrollo de sistemas de producción limpia en procesos

industriales, productos y servicios

• Establecer mecanismos judiciales de reparación del daño, cuando por omisión en

el cumplimiento de la ley las autoridades y/o los particulares resulten responsables

de procesos que impliquen afectar a particulares.

• Promover la participación activa de la sociedad en programas de ahorro y

financiamiento.

• Desarrollar y aplicar un programa de fomento de las energías renovables para

cubrir un porcentaje significativo de la demanda de energía primaria en los

próximos años

• Fomentar los medios de transporte colectivo y propiedad social con base en una

política y criterios de movilidad sostenible, y de seguridad en la planificación de las

infraestructuras y de los servicios del transporte

• Expandir los procesos productivos y de consumo dependientes de recursos

renovables, hasta una explotación de éstos consistentes con su capacidad

regenerativa

• Mantener un balance en la utilización de los recursos no renovables y de

sustitutos, que no minen la capacidad renovable de asimilación del ambiente,

dentro de la perspectiva transgeneracional.

• Rediseñar marcos regulatorios de las IAP.

• Impulsar industrias y servicios (ciudades) con enfoque comunitarios y solidarios

en base a energías limpias.


LXV

• Configurar un sector de economía de los desechos (sector de nuevas empresas

y organizaciones civiles).29

Es preciso que el Estado asuma su responsabilidad y represente efectivamente el

interés público por la conservación y garantice el desarrollo de un tercer sector útil,

legítimo y seguro.

2.- El incremento de organizaciones e iniciativas empresariales

que actúan en diversos ámbitos proveyendo a la población de

satisfactores en sustitución del estado, puede sobrepasar la

capacidad de regulación y supervisión de estas organizaciones

que sin un marco adecuado pueden dar ocasión a defraudar

fiscalmente o dañar a los receptores de servicios afectando el

bienestar y calidad de vida de las comunidades. En este contexto

surge como requerimiento el racionalizar su participación y uso de

los recursos también públicos, es decir un equilibrio que permita la

permanencia y continuidad de sus acciones, pero sin poner en

riesgo la estabilidad social, ya que algunas de éstas iniciativas

están constituidas en gran medida por intereses de tipo político y

económico.

Esta hipótesis también resulta cierta, para afirmar en lo mencionado

anteriormente, una alternativa puede ser la educación, mediante de la

concientización, a través de comprender el concepto de desarrollo sustentable. Si

bien suene ilógico, siendo nuestro país rico en recursos naturales y biodiversidad,

día con día dilapida su capital ambiental sumergiéndose en un círculo de pobreza,

y por si esto no fuera poco, se eleva irremediablemente los índices de

contaminación, produciéndose también un agotamiento de los recursos naturales y

una alteración en las condiciones naturales de los sistemas ecológicos, así como

una destrucción de las especies, lo que sin duda alguna genera más pobreza.

Todo esto se debe a que hasta ahora no se ha adoptado un auténtico modelo 29 Véase “Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 desde el enfoque del Desarrollo Sustentable”, óp. cit., p. 117 y 118; y, Torres Carral, óp. cit., p. 72


LXVI

económico que ponga en marcha un real desarrollo sustentadle da la Nación,

siendo que debe ser de imperante necesidad implementar un Plan Nacional de

Desarrollo cuyo objetivo fundamental sea alcanzar, como ya hemos dicho, un

verdadero desarrollo sustentable.

Objetivo General Objetivos

específicos Preguntas Hipótesis Desarrollo

Caracterizar y describir la forma en que han venido operando las organizaciones que conforman el sector social en México, en el marco de las políticas públicas establecidas para su fomento por el estado mexicano, de manera que se puedan establecer las restricciones que enfrentan el diseño e instrumentación de políticas públicas enfocadas al desarrollo, consolidación y legitimidad de este sector.

Identificar los conceptos y característica que definen la particularidad de las instituciones que forman parte la economía social y el tercer sector. Describir la experiencia en otros países en materia del fomento de la economía social y compromiso social empresarial. Delimitar el concepto de capital social como un recurso disponible en las sociedades para promover la equidad social. Explicar los instrumentos y programas implementados por el gobierno federal en materia de fomento a las organizaciones que integran el compromiso social en sus actividades. Evaluar la consistencia entre las políticas, programas y acciones emprendidos por el Estado mexicano para el establecimiento un marco normativo facilitador de estas iniciativas. Identificar el peso específico y las acciones y políticas concretas que despliegan estas organizaciones en atención a sus objetivos. Exponer el impacto de las

¿Cuál es el origen de las organizaciones que integran el tercer sector o de la economía social y solidaria? ¿Qué principios filosóficos y técnicos dan soporte y legitimidad a estas organizaciones para ser receptoras de apoyos del estado? ¿De qué manera estas se complementan con las organizaciones privadas en materia de promover el desarrollo social y el crecimiento económico? ¿Cuáles son las principales actividades en que se encuentran involucradas dichas organizaciones? ¿Qué elementos positivos a los objetivos de las empresas privadas le aportan suscribir acciones de compromiso social empresarial? ¿Cómo se articulan las diferentes acciones públicas, privadas y sociales para atender temáticas como el desarrollo sustentable y la justicia social? ¿Qué evolución han tenido? ¿Cuál es la importancia que han adquirido el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiental en los últimos años? ¿Cuáles son los principales participantes del tercer sector? ¿Cuáles son las principales características del marco normativo sobre las organizaciones del

HIPÓTESIS PRINCIPAL. La creciente cobertura, presencia y tamaño de las organizaciones y empresas con objetivos sociales, ha significado un cuestionamiento relevante sobre la pertinencia y capacidad del estado de proveer bienes y servicios importantes socialmente, esta sustitución que parece favorable en la mayoría de las ocasiones, en términos de oportunidad y eficacia operativa, tiene impactos significativo en términos de legitimidad y gobernanza para los gobiernos, así como la carencia de marcos normativos eficaces (regulación y supervisión) que les otorgue a las organizaciones y acciones de este sector legalidad y certidumbre a sus operaciones. HIPÓTESIS SECUNDARIAS. 1.- La evolución de las distintas concepciones y enfoques sobre la forma en que las sociedad puede participar en la respuesta a problemáticas sociales concretas, como son el desarrollo humano, la preservación del medio ambiente, y aun en materia de la defensa de derechos sociales y políticos, permite identificar el reto que significa al estado la transición hacia un modelo político que

Capítulo 1. Marco Teórico – Histórico de Referencia y el Tercer Sector 1.1 Conceptualización de desarrollo sustentable 1.2 El Principio de Sustentabilidad 1.2.1 La sustentabilidad como eje de solución transversal 1.2.2 Desarrollo sustentable como derecho humano 1.2.3 El enfoque del derecho de las generaciones futuras 1.3.1 El tercer sector, definiciones y modelos teóricos alternativos 1.3.1.1 ¿Que es la Economía de Solidaridad? 1.3.1.2 El tercer sector y la economía social 1.3.1.3 El Tercer Sector: entre lo Económico y lo Social 1.3.1.4 Las Instituciones Públicas y el Tercer Sector 1.3.1.5 La economía solidaria una alternativa al modelo capitalista 1.3.1.6 Las dimensiones del desarrollo de la economía solidaria 1.3.1.7 La participación social en la economía solidaria 1.3.1.8 El tercer sector y la política 1.3.1.9 Desarrollo con participación 1.3.1.10 El Estado y el Tercer Sector 1.3.1.11 Tercer Sector y empresa 1.4 El modelo conceptual del Tercer Sector 1.4.1 El resurgimiento de la sociedad civil 1.4.2 Participación y Capital Social 1.4.3 La institucionalidad pública, la racionalidad colectiva y el capital social Capítulo 2. Tercer sector en México, bases para su caracterización 2.1 Las organizaciones de la


LXVII



organizaciones del sector en el empleo, el uso y mantenimiento de los recursos naturales, y justicia social. Explicar y detallar los principales alcances de las organizaciones que integran el sector. Caracterizar a la empresa cooperativa, así como de las organizaciones sin ánimo de lucro. Distinguir las acciones de las empresas privadas que son consideradas como parte del compromiso social empresarial. Examinar la concordancia de la acción de la política social del estado en relación a fomentar el sector de la economía social solidaria. Examinar la vinculación entre la política social instrumentada por el estado y las acciones que desarrollan las empresas en materia de desarrollo social.

tercer sector, es consistente con el objetivo de alentar su consolidación y desarrollo? ¿Son las políticas sociales un factor relevante para el desarrollo del tercer sector? ¿Cómo se da la convivencia entre ambas perspectivas? ¿Las políticas de protección ambiental y el desarrollo sustentable son temas relevantes para la consolidación democrática del país? ¿Cuáles son las principales características que definen a estas organizaciones como participantes del tercer sector? ¿Cuál debe ser el compromiso que debe asumir el estado en el fomento de las actividades del tercer sector y el compromiso social empresarial? ¿Cuál podría ser un resultado equilibrado entre la política social y el desarrollo de este sector en México?

deberá incluir como actores relevantes a la ciudadanía y particulares como competidores reales de la legitimidad y por lo tanto reduciendo sus márgenes de gobernabilidad y conducción del desarrollo social. 2.- El incremento de organizaciones e iniciativas empresariales que actúan en diversos ámbitos proveyendo a la población de satisfactores en sustitución del estado, puede sobrepasar la capacidad de regulación y supervisión de estas organizaciones que sin un marco adecuado pueden dar ocasión a defraudar fiscalmente o dañar a los receptores de servicios afectando el bienestar y calidad de vida de las comunidades. En este contexto surge como requerimiento el racionalizar su participación y uso de los recursos también públicos, es decir un equilibrio que permita la permanencia y continuidad de sus acciones, pero sin poner en riesgo la estabilidad social, ya que algunas de éstas iniciativas están constituidas en gran medida por intereses de tipo político y económico.

sociedad civil 2.2 Capacidad Emprendedora y Capital Social: dos Factores Clave para el Desarrollo del Tercer Sector 2.3 La generación de empleo en las organizaciones del tercer sector 2.4 El modelo de intervención europeo y la promoción del empleo 2.5 Profesionalización de las Organizaciones del Tercer Sector 2.6 La Reflexión Europea en torno a las iniciativas locales Capítulo 3. Análisis económico financiero de las empresas de la economía social reacciones y desempeño 3.1.1 Cooperativas Agrarias 3.1.2 Cooperativismo de consumo 3.1.3 Cooperativismo de servicios 3.1.4 Cooperativas de trabajo asociado 3.1.5 Sociedades laborales 3.1.6 Las entidades sin ánimo de lucro 3.1.7 Las funciones de origen empresarial 3.1.8 Redes solidarias entre pares 3.1.9 El voluntariado desde la empresa: ¿qué opinan los empleados? 3.1.10 ONG Microfinancieras en México 3.1.11 Comercio justo 3.1.12 Las jóvenes empresas de la Economía Social 3.1.13 Banca ética 3.1.14 Aversión al riesgo 3.1:15 Precios 3.2 Reacción a las dificultades financieras 3.2.1 Acceso al crédito por parte de las empresas jóvenes 3.3 Empresas ecológicas o verdes y su desempeño en México 3.3.1 Responsabilidad Social Empresarial VS Corporativa 3.3.2 Empresas sustentables Capítulo 4. Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 4.1 Antecedentes 4.2 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014.CONEVAL 4.3 El balance político-


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institucional de la crisis social contemporánea Capítulo 5. Desarrollo social en el siglo XXI 5.1 El Estado social de la postguerra 5.1.1 Antecedentes 5.1.2 La intervención estatal en la economía de la crisis de 1929 5.1.3 El florecimiento de las economías europeas 5.1.4 El Estado de Bienestar ó Estado social 5.2 Las transformaciones del Estado en la segunda mitad del Siglo XX 5.2.1 El Estado de Bienestar y su multidimensional crisis 5.2.2 Neoliberalismo y globalización 5.2.2.1 Impactos en la seguridad social y derechos sociales 5.2.2.2 Crisis del Estado-nación 5.2.2.3 Nuevos modelos de organización territorial 5.2.2.4 Impacto en el Derecho y Derechos humanos 5.2.2.5 Desigualdades 5.3 Vigencia y necesidad del Estado 5.4 Retos del Estado para la gobernabilidad y el desarrollo sustentable 5.4.1 La reforma del Estado: un Estado social y democrático 5.4.2 La función del Estado en la provisión de bienes públicos 5.4.3 Estrategia para coordinar la política de Desarrollo Sustentable 5.4.4 El territorio: su ordenamiento dinámico y complejo 5.4.5 La crisis económica y la necesidad de regulación de los mercados 5.4.6 El uso de instrumentos económicos 5.4.7 El agotamiento del petróleo y la reconversión energética 5.4.8 Uso de nuevos indicadores multidimensionales 5.4.8.1 Construcción y monitoreo constante 5.4.8.2 Construcción del Índice de Progreso Real 5.4.9 Construcción de estrategias sociales locales 5.4.10 Propuesta para la construcción de un nuevo paradigma social 5.4.10.1 El decrecimiento


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5.4.10.2 La teoría de la entropía 5.4.10.3 La teoría de la convivialidad 5.4.10.4 El concepto de metabolismo social 5.4.10.5 La paradoja de la eficiencia tecnológica (paradoja de Jevons) 5.4.10.6 La incongruencia de la sustentabilidad capitalista

HIPÓTESIS SECUNDARIA 1




Identificar los conceptos y característica que definen la particularidad de las instituciones que forman parte la economía social y el tercer sector. Describir la experiencia en otros países en materia del fomento de la economía social y compromiso social empresarial. Delimitar el concepto de capital social como un recurso disponible en las sociedades para promover la equidad social. Explicar los instrumentos y programas implementados por el gobierno federal en materia de fomento a las organizaciones que integran el compromiso social en sus actividades. Evaluar la consistencia entre las políticas, programas y acciones emprendidos por el Estado mexicano para el establecimiento un marco normativo facilitador de estas iniciativas. Identificar el peso específico y las acciones y políticas concretas que

¿Cuál es el origen de las organizaciones que integran el tercer sector o de la economía social y solidaria? ¿Qué principios filosóficos y técnicos dan soporte y legitimidad a estas organizaciones para ser receptoras de apoyos del estado? ¿De qué manera estas se complementan con las organizaciones privadas en materia de promover el desarrollo social y el crecimiento económico? ¿Cuáles son las principales actividades en que se encuentran involucradas dichas organizaciones? ¿Qué elementos positivos a los objetivos de las empresas privadas le aportan suscribir acciones de compromiso social empresarial? ¿Cómo se articulan las diferentes acciones públicas, privadas y sociales para atender temáticas como el desarrollo sustentable y la justicia social? ¿Qué evolución han tenido? ¿Cuál es la importancia que han adquirido el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiental en los últimos años? ¿Cuáles son los principales participantes

HIPÓTESIS PRINCIPAL. La creciente cobertura, presencia y tamaño de las organizaciones y empresas con objetivos sociales, ha significado un cuestionamiento relevante sobre la pertinencia y capacidad del estado de proveer bienes y servicios HIPÓTESIS SECUNDARIAS. 1.- La evolución de las distintas concepciones y enfoques sobre la forma en que las sociedad puede participar en la respuesta a problemáticas sociales concretas, como son el desarrollo humano, la preservación del medio ambiente, y aun en materia de la defensa de derechos sociales y políticos, permite identificar el reto que significa al estado la transición hacia un modelo político que deberá incluir como actores relevantes a la ciudadanía y particulares como competidores reales de la legitimidad y por lo tanto reduciendo sus márgenes de gobernabilidad y conducción del desarrollo social.

Capítulo 1. Marco Teórico – Histórico de Referencia y el Tercer Sector 1.1 Conceptualización de desarrollo sustentable 1.2 El Principio de Sustentabilidad 1.2.1 La sustentabilidad como eje de solución transversal 1.2.2 Desarrollo sustentable como derecho humano 1.2.3 El enfoque del derecho de las generaciones futuras 1.3.1 El tercer sector, definiciones y modelos teóricos alternativos 1.3.1.1 ¿Que es la Economía de Solidaridad? 1.3.1.2 El tercer sector y la economía social 1.3.1.3 El Tercer Sector: entre lo Económico y lo Social 1.3.1.4 Las Instituciones Públicas y el Tercer Sector 1.3.1.5 La economía solidaria una alternativa al modelo capitalista 1.3.1.6 Las dimensiones del desarrollo de la economía solidaria 1.3.1.7 La participación social en la economía solidaria 1.3.1.8 El tercer sector y la política 1.3.1.9 Desarrollo con participación 1.3.1.10 El Estado y el Tercer Sector 1.3.1.11 Tercer Sector y empresa 1.4 El modelo conceptual del Tercer Sector 1.4.1 El resurgimiento de la sociedad civil 1.4.2 Participación y Capital Social 1.4.3 La institucionalidad


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despliegan estas organizaciones en atención a sus objetivos. Exponer el impacto de las organizaciones del sector en el empleo, el uso y mantenimiento de los recursos naturales, y justicia social. Explicar y detallar los principales alcances de las organizaciones que integran el sector.

del tercer sector? ¿Cuáles son las principales características del marco normativo sobre las organizaciones del tercer sector, es consistente con el objetivo de alentar su consolidación y desarrollo? ¿Son las políticas sociales un factor relevante para el desarrollo del tercer sector? ¿Cómo se da la convivencia entre ambas perspectivas? ¿Las políticas de protección ambiental y el desarrollo sustentable son temas relevantes para la consolidación democrática del país?

pública, la racionalidad colectiva y el capital social Capítulo 2. Tercer sector en México, bases para su caracterización 2.1 Las organizaciones de la sociedad civil 2.2 Capacidad Emprendedora y Capital Social: dos Factores Clave para el Desarrollo del Tercer Sector 2.3 La generación de empleo en las organizaciones del tercer sector 2.4 El modelo de intervención europeo y la promoción del empleo 2.5 Profesionalización de las Organizaciones del Tercer Sector 2.6 La Reflexión Europea en torno a las iniciativas locales Capítulo 3. Análisis económico financiero de las empresas de la economía social reacciones y desempeño 3.1.1 Cooperativas Agrarias 3.1.2 Cooperativismo de consumo 3.1.3 Cooperativismo de servicios 3.1.4 Cooperativas de trabajo asociado 3.1.5 Sociedades laborales 3.1.6 Las entidades sin ánimo de lucro 3.1.7 Las funciones de origen empresarial 3.1.8 Redes solidarias entre pares 3.1.9 El voluntariado desde la empresa: ¿qué opinan los empleados? 3.1.10 ONG Microfinancieras en México 3.1.11 Comercio justo 3.1.12 Las jóvenes empresas de la Economía Social 3.1.13 Banca ética 3.1.14 Aversión al riesgo 3.1:15 Precios 3.2 Reacción a las dificultades financieras 3.2.1 Acceso al crédito por parte de las empresas jóvenes 3.3 Empresas ecológicas o verdes y su desempeño en México 3.3.1 Responsabilidad Social Empresarial VS Corporativa 3.3.2 Empresas sustentables


LXXI

HIPÓTESIS SECUNDARIA 2




Evaluar la consistencia entre las políticas, programas y acciones emprendidos por el Estado mexicano para el establecimiento un marco normativo facilitador de estas iniciativas. Identificar el peso específico y las acciones y políticas concretas que despliegan estas organizaciones en atención a sus objetivos. Explicar y detallar los principales alcances de las organizaciones que integran el sector. Caracterizar a la empresa cooperativa, así como de las organizaciones sin ánimo de lucro. Distinguir las acciones de las empresas privadas que son consideradas como parte del compromiso social empresarial. Examinar la concordancia de la acción de la política social del estado en relación a fomentar el sector de la economía social solidaria. Examinar la vinculación entre la política social instrumentada por el estado y las acciones que desarrollan las empresas en materia de desarrollo social.

¿Qué elementos positivos a los objetivos de las empresas privadas le aportan suscribir acciones de compromiso social empresarial? ¿Cómo se articulan las diferentes acciones públicas, privadas y sociales para atender temáticas como el desarrollo sustentable y la justicia social? ¿Qué evolución han tenido? ¿Cuál es la importancia que han adquirido el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiental en los últimos años? ¿Cuáles son los principales participantes del tercer sector? ¿Cuáles son las principales características del marco normativo sobre las organizaciones del tercer sector, es consistente con el objetivo de alentar su consolidación y desarrollo? ¿Son las políticas sociales un factor relevante para el desarrollo del tercer sector? ¿Cómo se da la convivencia entre ambas perspectivas? ¿Las políticas de protección ambiental y el desarrollo sustentable son temas relevantes para la consolidación democrática del país? ¿Cuáles son las principales características que definen a estas organizaciones como participantes del tercer sector? ¿Cuál debe ser el compromiso que debe asumir el estado en el fomento de las actividades del tercer sector y el compromiso

HIPÓTESIS SECUNDARIAS. 2.- El incremento de organizaciones e iniciativas empresariales que actúan en diversos ámbitos proveyendo a la población de satisfactores en sustitución del estado, puede sobrepasar la capacidad de regulación y supervisión de estas organizaciones que sin un marco adecuado pueden dar ocasión a defraudar fiscalmente o dañar a los receptores de servicios afectando el bienestar y calidad de vida de las comunidades. En este contexto surge como requerimiento el racionalizar su participación y uso de los recursos también públicos, es decir un equilibrio que permita la permanencia y continuidad de sus acciones, pero sin poner en riesgo la estabilidad social, ya que algunas de éstas iniciativas están constituidas en gran medida por intereses de tipo político y económico.

Capítulo 3. Análisis económico financiero de las empresas de la economía social reacciones y desempeño 3.1.1 Cooperativas Agrarias 3.1.2 Cooperativismo de consumo 3.1.3 Cooperativismo de servicios 3.1.4 Cooperativas de trabajo asociado 3.1.5 Sociedades laborales 3.1.6 Las entidades sin ánimo de lucro 3.1.7 Las funciones de origen empresarial 3.1.8 Redes solidarias entre pares 3.1.9 El voluntariado desde la empresa: ¿qué opinan los empleados? 3.1.10 ONG Microfinancieras en México 3.1.11 Comercio justo 3.1.12 Las jóvenes empresas de la Economía Social 3.1.13 Banca ética 3.1.14 Aversión al riesgo 3.1:15 Precios 3.2 Reacción a las dificultades financieras 3.2.1 Acceso al crédito por parte de las empresas jóvenes 3.3 Empresas ecológicas o verdes y su desempeño en México 3.3.1 Responsabilidad Social Empresarial VS Corporativa 3.3.2 Empresas sustentables Capítulo 4. Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 4.1 Antecedentes 4.2 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014.CONEVAL 4.3 El balance político-institucional de la crisis social contemporánea Capítulo 5. Desarrollo social en el siglo XXI 5.1 El Estado social de la postguerra 5.1.1 Antecedentes 5.1.2 La intervención estatal en la economía de la crisis de 1929 5.1.3 El florecimiento de las economías europeas 5.1.4 El Estado de Bienestar ó Estado social 5.2 Las transformaciones del


LXXII



social empresarial? ¿Cuál podría ser un resultado equilibrado entre la política social y el desarrollo de este sector en México?

Estado en la segunda mitad del Siglo XX 5.2.1 El Estado de Bienestar y su multidimensional crisis 5.2.2 Neoliberalismo y globalización 5.2.2.1 Impactos en la seguridad social y derechos sociales 5.2.2.2 Crisis del Estado-nación 5.2.2.3 Nuevos modelos de organización territorial 5.2.2.4 Impacto en el Derecho y Derechos humanos 5.2.2.5 Desigualdades 5.3 Vigencia y necesidad del Estado 5.4 Retos del Estado para la gobernabilidad y el desarrollo sustentable 5.4.1 La reforma del Estado: un Estado social y democrático 5.4.2 La función del Estado en la provisión de bienes públicos 5.4.3 Estrategia para coordinar la política de Desarrollo Sustentable 5.4.4 El territorio: su ordenamiento dinámico y complejo 5.4.5 La crisis económica y la necesidad de regulación de los mercados 5.4.6 El uso de instrumentos económicos 5.4.7 El agotamiento del petróleo y la reconversión energética 5.4.8 Uso de nuevos indicadores multidimensionales 5.4.8.1 Construcción y monitoreo constante 5.4.8.2 Construcción del Índice de Progreso Real 5.4.9 Construcción de estrategias sociales locales 5.4.10 Propuesta para la construcción de un nuevo paradigma social 5.4.10.1 El decrecimiento 5.4.10.2 La teoría de la entropía 5.4.10.3 La teoría de la convivialidad 5.4.10.4 El concepto de metabolismo social 5.4.10.5 La paradoja de la eficiencia tecnológica (paradoja de Jevons) 5.4.10.6 La incongruencia de la sustentabilidad capitalista


LXXIII

CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN.

Ante la crisis del estado de bienestar, y su paulatina sustitución por un enfoque

centrado en los mecanismos del mercado como garante del mejor distribuidor del

bienestar, se vive una crisis significativa en los niveles de gobernabilidad,

asociado a la percepción de la perdida de bienestar se debe a la ineficacia del

estado para proveer con calidad y oportunidad los servicios públicos más

elementales.

En México después de la alternancia en el poder de los primeros años del siglo

XXI, se propuso una profunda reforma del Estado, no solo no pudo prosperar sino

significo una crisis de legitimidad, por lo que la refundación del estado se alejó, en

medio del debate más pragmático en donde los partidos políticos se enfrascaron

en sus propios intereses y cálculos electorales. No obstante, en el año 2004 la

agudización de la crisis política y la polarización social, hicieron emerger

nuevamente el tema de la necesaria reforma del Estado. Los temas tratados

cuatro años atrás volvieron a aparecer, ahora con la evidencia de que el modelo

presidencialista no era operante. Se planteó entonces la necesidad de reinventar

el Estado desde la perspectiva de la apertura a nuevos actores en particular de la

ciudadanización de las políticas públicas enfocadas en el desarrollo humano.

Además, se reconoció que era necesario asegurar la conciliación de los objetivos

sociales y económicos dentro de las políticas públicas, lo cual implicaría una

rectificación sustancial de las políticas aplicadas por el gobierno, de las cuales la

mayoría se sentía excluida.

En este sentido, un Estado cívico implica un régimen plural de partidos, imperio

del principio de tolerancia, acuerdos recíprocos en beneficio de la colectividad, y

más recientemente la actividad de una multiplicidad de organizaciones en un

medio ambiente de Estado de derecho. Es posible impulsar una transición hacia

un Estado cívico y plural, el cual puede mitigar y hasta revertir los males de la

globalización capitalista.


LXXIV

Como señalamos anteriormente, la sociedad civil juega un papel muy importante

en tanto que son quienes pueden exigir al resto de los agentes económicos, en

particular al gobierno, el cumplimiento de los compromisos para el desarrollo

social, por ello será importante que la sociedad civil tenga la capacidad de ejercer

sus derechos plenamente en un marco normativo acorde para facilitar las

actividades que desarrollan las organizaciones del tercer sector, tanto por parte

del mercado como del propio funcionamiento del gobierno.

Algunos indicadores que nos podrían ayudar a evaluar la capacidad institucional

del estado mexicano para la gobernanza se encuentra los que el Banco Mundial

propone:

1. Voz y Rendición de Cuentas. Participación en la elección de gobernantes;

libertad de expresión; libertad de asociación y libertad de los medios de

comunicación.

2. Estabilidad Política y Ausencia de Violencia. Probabilidad de que el gobierno

sea desestabilizado por medios violentos; violencia política y terrorismo.

3. Efectividad Gubernamental. Calidad de los servicios gubernamentales; la

calidad del servicio civil y su independencia de presiones políticas y credibilidad en

los compromisos de política del gobierno.

4. Calidad Regulatoria. Calidad en la formulación e instrumentación de políticas.

5. Estado de Derecho. Confianza y respeto del orden jurídico; cumplimiento de

contratos; definición de derechos de propiedad; confianza en la policía y los

jueces, así como, extensión del crimen y la violencia.

6. Control de la Corrupción. Grado al cual se ejerce el poder público para obtener

ganancias privadas; “captura” del Estado por élites e intereses privados.

Sin embargo, es necesario hacer que la democracia sea apreciada no sólo por sus

bondades políticas, sino también porque debe asegurar la igualdad social y el

bienestar de todos los individuos, pues la democracia es también una construcción

cultural, y definitivamente es cuestionada cuando prevalece en un país la pobreza


LXXV

y la desigualdad, los mismos problemas donde nacen iniciativas del tercer sector,

por ello resulta fundamental sentar las bases para el progresivo mejoramiento de

las condiciones de vida de la población.

Aunque el desarrollo económico no debe ser visto como una premisa para la

democracia, ambos procesos se realizan de manera simultánea, la construcción

de instituciones democráticas genera un marco más racional de la negociación y

participación política, que a su vez permite colocar en el centro de la política

económica los objetivos de desarrollo social. En este sentido el tercer sector y las

iniciativas de responsabilidad social empresarial son coadyuvantes y

complementan las acciones del estado en materia de desarrollo social.

Históricamente, una sociedad civil dinámica y autónoma ha sido fundamental para

la consolidación de la democracia y para el desarrollo sostenible. Diversos

factores económicos y políticos pueden contribuir al fortalecimiento de una

sociedad civil, pero siempre han sido indispensables los aportes voluntarios de

tiempo y recursos de ciudadanos de todos los estratos sociales.

Durante los últimos años, investigadores, organismos públicos y privados e

instituciones en América Latina han realizado importantes mapeos y perfiles de las

organizaciones privadas sin fines de lucro, y de las actividades filantrópicas de las

élites nacionales. Gracias a estos trabajos, sabemos que la mayoría de las

organizaciónnes privadas sin fines de lucro se sostienen con recursos propios -

aportes de sus miembros y beneficiarios, más que con recursos del Estado o

donaciones de las élites. Sin embargo, todavía sabemos poco sobre la naturaleza

e impacto del trabajo voluntario como tal en nuestra región, y de las donaciones

realizadas por ciudadanos “comunes y corrientes”.

Luego de las transiciones a la democracia de la década del 80 y principios del 90

se comenzó a definir a la sociedad civil en relación de colaboración con el estado,

reduciendo su capacidad de contestación a la defensa del individuo frente a este

último. Como contraparte, el término sociedad civil adquirió un uso instrumental

que se conjugó con nociones de democracia minimalistas y procedimentales. Una


LXXVI

de las conclusiones más importantes de la investigación es necesario avanzar en

la construcción de un marco institucional y normativo para superar los riesgos que

afrontan estas organizaciones ciudadanas que caracteriza a los países de América

Latina, es necesario superar la supuesta dicotomía entre lo público y lo privado, y

recuperar el componente que se encontraba presente en precedentes teorías de

sociedad civil.

En ese sentido, la idea de sociedad civil a lo largo de la historia, ha evolucionado

desde los componentes contestatarios al poder del estado, hasta donde se le

concibe como una forma de colaboración. Esta primera perspectiva concluye que

posteriormente a los periodos de transición democrática, se incorporan las ideas

de colaboración y contestación, acentuando el elemento de colaboración.

En esta perspectiva colaborativa. Se identifica que estas versiones pueden

conducir a la idealización de la sociedad civil, olvidando que la misma está

estrechamente relacionada con el mercado donde prevalece una visión más

individual o la búsqueda de los directamente involucrados, generándose

situaciones de desigualdad que pueden conducir a la incivilidad y la violencia

(Whitehead, 1997 y Keane, 1992). Segundo, es necesario cuestionar la relación

causal entre desarrollo del mercado, aumento del pluralismo y emergencia de la

sociedad civil (Gellner, 1994; Oxhorn, 1994, Diamond, 1996) recordando que los

factores histórico-cultural también juegan un rol importante en esta cadena causal

(Lipset, 1997 y 1993). Tercero, reclamar la necesidad de tener en cuenta las

desigualdades del mercado (Fine, 1997; Bentham, 1997) no equivale a igualar

mercado y sociedad civil; por el contrario, en el primero los individuos persiguen

sus intereses particulares mientras que en el segundo se debaten asuntos de

interés público. Cuarto, pensar en la sociedad civil como diferente al mercado y

como el producto no sólo del desarrollo económico sino también de la expansión

de ciertos valores, implica a la vez cuestionar la idea de sociedad civil como un

orden a-moral (Gellner, 1994; Keane, 1992) y complementar la teoría del capital

social (Putnam, 1993) postulando que para que una sociedad organizada


LXXVII

produzca un capital social favorable a la democracia, los principios

organizacionales deben ser democráticos.

Posteriormente se concentra en las consecuencias del uso de estas perspectivas

colaborativas en los procesos de la transición y consolidación democrática en

América Latina. Se argumenta que estos hacen un uso instrumental del término

donde la sociedad civil organizada pero moderada sería fundamental para

mantener y legitimar a las democracias ya existentes (Baker, 2000). El problema

es que la democracia está lejos de ser parte de la vida cotidiana de todos los

miembros de las sociedades latinoamericanas (Pearce, 1997; Jelin, 1996) y por lo

tanto la sociedad civil no debería cumplir sólo un rol legitimador sino también

demandar la profundización de la democracia, reclamar su rol en la definición de lo

político y en la generación de nuevas formas de entender la realidad.

Las críticas presentadas a la participación de sociedad a través de las

organizaciones que integran el tercer sector, hoy en boga, llevan a concluir que

debe recuperarse las perspectivas que contribuyeron al desarrollo de la idea de

sociedad civil a través de la historia, frente a la necesidad de estabilizar las

democracias emergentes, se dejaron de lado. Se propone contrarrestar la

perspectiva "colaborativa" con una visión que recupere algunas de las ideas sobre

sociedad civil basadas en las iniciativas sociales y productivas que contribuyeron a

la transición democrática. Principalmente, recuperar la idea Gramsciana de que la

sociedad civil es el espacio donde se generan valores y perspectivas con las

cuales se analiza el mundo; valores y perspectivas que pueden ser tanto

legitimadoras como cuestionadoras.

Sin embargo, para que la reincorporación del elemento contestatario no resulte en

el cuestionamiento a ultranza del estado, es necesario superar la noción

minimalista del estado y la idea de sociedad civil como un orden a-moral. Si los

valores democráticos son los principios organizacionales y no simplemente las

reglas del sistema político, la adopción de una idea de sociedad civil que enfatice

el aspecto contestatario podría, sin mayores inconvenientes, facilitar la generación


LXXVIII

de propuestas y alternativas que permitan profundizar la democracia en la región.

En este sentido, arribamos a la primera propuesta específica en materia de

política pública:

1) Reformulación de la Ley de la Economía Social y Solidaria a nivel

federal, así como la emisión de una Ley General de Asistencia Privada,

con el fin de homologar los principios y regulación de las entidades

privadas y del ámbito social que se integren como organizaciones sin

fines de lucro; estableciendo con precisión las obligaciones fiscales y

operativas que deben cumplir; así como las características de sus

operaciones autorizadas.

La discusión sobre el marco institucional está limitada a ejemplos internacionales

que no se conocen bien y que se da en un círculo cerrado donde no llegan los

análisis y los datos más importantes, distinguir este fenómeno y sus antecedentes,

así como las formas en que se configura (sobre lo que hemos trabajado en los

últimos años) puede ser un aporte, si esto se relaciona con hechos. No sabemos

qué grupos vulnerables acceden a ellos y cuáles son los perfiles de proyectos

seleccionados, los montos involucrados, la experiencia de los usuarios, etc.

Asimismo, el estudio nos permite identificar la necesidad de preparar

profesionistas especializados por lo que es necesario diseñar programas más

específicos que permitan formar a los jóvenes estudiantes en los temas del tercer

sector y la responsabilidad social, para que estén en condiciones de aportar

soluciones y cumplan un papel fundamental en la promoción de los valores y

prácticas de la solidaridad y la cooperación, la construcción de la ciudadanía y el

fortalecimiento de la democracia. Finalmente, afirmamos que los resultados

presentados reflejan las tendencias reales y actuales en relación a la gestión del

tercer sector y la responsabilidad social que se vienen desarrollando también en la

región.

Los propios sujetos que participan en la gestión de organizaciones de la sociedad


LXXIX

civil advierten necesidades de capacitación diferenciales de acuerdo a los

recorridos de históricos, la experiencia y naturaleza de cada organización y de

acuerdo a su área de atención. Por un lado, se requiere organizar y gerenciar al

grupo de voluntarios y viabilizar alternativas para el desarrollo autónomo de este

grupo; por otro lado, se encuentran los requerimientos de la gerencia orgánica

institucional que por lo general tiende a resolver sus necesidades coyunturales de

capacitación mediante cursos cortos y puntuales. La capacitación debe tender a

explotar las riquezas experienciales de las personas, no incurriendo en la

tiomogeneización ni de los sujetos ni de los contextos organizaciones que en sí

son radicalmente diferentes (no es lo mismo un contexto empresarial que una

organización sin fin de lucro). En estas organizaciones conviven dos tipos de

perfiles con la misma necesidad de capacitación o estudio sistemático y para lo

que se precisa de la disponibilidad del recurso humano docente (que es muy difícil

de encontrar, pues no hay una cantidad de experiencias de capacitación en el

área) y anexado a ello, la disponibilidad de bibliografía.

La orientación social de estas organizaciones se presenta para la autoridad como

un problema particular de estas organizaciones, en la medida que privilegian el

objeto social de su actividad, pero sin cuidar adecuadamente los aspectos

formales y más aún el cumplimiento de la normatividad. Los dirigentes de estas

organizaciones se encuentran preocupados por profesionalizar sus instituciones y

los equipos de trabajo, pero a la dificultad nombrada se le suma que por sí mismas

estas organizaciones no alcanzan a satisfacer esta necesidad- ya sea por no

contar con recursos capacitadores o con recursos económicos suficientes para

contratar personal para asistencia técnica.

Otro aspecto que es percibido como problemático en el interior de las

organizaciones no gubernamentales es el que atañe a la planificación estratégica

y que en este caso estaría estrechamente relacionada con lo institucional:

determinar sus fines, su misión, su interrelación e integración con el contexto.

En cuanto a lo económico: se caracterizan por las dificultades para la consecución


LXXX

del recurso financiero y cuando lo consiguen lo utilizan para sortear sus propios

costos fijos, para la "sobrevivencia institucional" y no para una inversión en

capacitación. El costo se presenta para ellos como un factor crítico. Las

dificultades para encontrar fuentes locales de financiamiento y en general para

acceder a información respecto a potenciales fuentes de ingreso se asocia a la

falta de experiencia en el desarrollo de fondos (fund-aising) que les permita

sostener su infraestructura institucional, los recursos materiales, humanos y

técnicos necesarios para desarrollar los programas diseñados y a la ausencia de

una planificación económica (ya sea porque desconoce la cantidad estimativa del

dinero que contará el año entrante, o por desconocimiento total de cómo se realiza

un presupuesto).

De esta manera se hace indispensable, promover el fortalecimiento de las

organizaciones, por lo que en este contexto proponemos como segunda acción

específica en materia de política pública:

2) Establecer un sistema integral de atención al tercer sector, el cual

debe incluir la creación de un Consejo Superior por tipo de

organización con el fin orientar las acciones que los actores por rama

de actividad desarrollan, con el de evitar duplicidad y lapidación de

esfuerzos, pero a la vez conseguir sinergias y economías de escala y

alcance en los diversos sectores; dichos organismos autónomos

operativamente deberán de integrar cuerpos de gobierno

democráticos integrados por los propios organismos participantes,

pero coordinados por la autoridad gubernamental. Estos establecerán

políticas, acciones y evaluaciones pertinentes, y deberán de ser

consultados para determinación del marco normativo e institucional.

En este sentido, hay una preocupación generalizada en cuanto a la necesidad de

desarrollo de investigaciones sobre el sector, al mismo tiempo que reconocen el

alto nivel de sistematización que han alcanzado durante los años recorridos.



LXXXI

























Otro de los temas de importancia es la gestión de políticas sociales pensándola

desde las posibilidades no sólo de incidencia en su formulación sino también en su

implementación.

El universo conformado por las organizaciones de la Sociedad Civil ha dado lugar


LXXXII

a una rica y variada experiencia a lo largo de muchos años planteando diversos

escenarios e involucrando distintos actores con racionalidades o lógicas de acción

particulares cuya conjunción ha redundado en forma casi determinante en los

procesos de participación y en el peso relativo de cada uno de ellos.

Las organizaciones de la sociedad civil que participan del tercer sector no están

exentas de la necesidad de responder con celeridad a la velocidad de los cambios

que operan en el mercado al igual que las empresas y el estado. Este sector se

está desarrollando paulatinamente, pero la serie de obstáculos que tiene que

salvar de manera casi vertiginosa, dependen muchas veces de sus habilidades

personales, sin embargo, han incidido en la conformación de su identidad externa

e interna y plantea a la sociedad una alternativa y un fuerte desafío por seguir

recibiendo los beneficios, pero garantizando su viabilidad.

De esta manera todos los sectores de la sociedad comparten una línea de acción

común destinada a impulsar la realización de aquellos valores que se relacionan

con el bienestar colectivo sobre bases equitativas. Tanto el Estado y sus

instituciones políticas deberían actuar como ámbitos de mediación, construcción y

realización del interés general, dirigiendo el conjunto social hacia metas

socialmente compartidas, afianzando las prácticas y el régimen democráticos y

promoviendo la participación ciudadana tanto en la opinión como en la toma de

decisión frente a la resolución de cuestiones socialmente problematizadas.

El sector social, o tercer sector por su parte, está en condiciones de apoyar el

desarrollo de la sociedad civil mediante la disposición del recurso económico vital

para la sobrevivencia y fortalecimiento de las instituciones y las organizaciones de

la Sociedad Civil, de esta forma adquieren una gran capacidad de instrumentar

una diversidad de acciones, que están ejerciendo recursos significativos por lo que

deben continuar orientando su acción por principios democráticos, promoviendo el

ejercicio de los derechos de ciudadanía y, fundamentalmente, no perder de vista la

responsabilidad que tienen frente a los destinatarios de su actuación.

En este contexto es donde planteamos la tercera acción específica a seguir en


LXXXIII

materia de política pública:

3) Es necesario fortalecer las capacidades regulatorias del estado, tanto

en el marco financiero, operativo y de gobernanza, para lo cual debe

existir coordinación entre las diversas agencias encargadas de emitir

y supervisar las normas regulatorias, existiendo un ente coordinar las

acciones para evitar los actos persecutorios, si no preferir un sistema

prudencial basado en el desarrollo de indicadores de eficiencia

financiera y operativas; así como de buenas prácticas de gobierno,

riesgos y protocolos de actuación pertinentes y transparentes. La

generación de un centro o área de concentración sobre la información

relevante que generen los diversos sectores, es un paso necesario

para avanzar en la evaluación y el seguimiento de las organizaciones.

Los fundamentos por cuales se establece esta nueva forma de organización

obedecen a los procesos que en últimos tiempos han venido protagonizando las

asociaciones civiles, jugando un rol privilegiado en torno al desarrollo social, su

aporte a la economía y su implicancia en relación a la formulación de políticas

sociales.

Recomendaciones de políticas

Uno de los principales desafíos de nuestro tiempo es la construcción de nuevas

relaciones entre el Estado y las organizaciones del tercer sector. El primero parece

que encargaría a la segunda la gestión de los servicios. Esto crea una tensión

sobre la autonomía de las organizaciones del tercer sector.

Los poderes públicos y el estado admiten la necesidad ineludible de crear un

espacio para las asociaciones en el marco de las políticas de cohesión territorial y

social. En la lucha contra las desigualdades y la exclusión. Asimismo, hay que

hacer notar que la participación comunitaria y las organizaciones comunitarias del

tercer sector cumplen un papel que, en algunos casos, es superior al que cumplen

los servicios públicos. En la medida que, se orientan más hacia el cuidado de las


LXXXIV

personas que hacia los servicios a las personas, parece que comprenden mejor

los problemas que los profesionales de los servicios, están más comprometidas

con sus miembros, son más creativas y flexibles y, finalmente, tienen un menor

coste que los servicios profesionales (D. Osborne, 1994).

Pero las organizaciones del tercer sector no pueden quedar exclusivamente como

un actor de gestión de servicios públicos. Es el peligro al que se tiende en la

actualidad. La distinción como organizaciones sin fines de lucro cumple un papel

central en la naturaleza del tercer sector. De hecho, el voluntariado es el eje que

permite articular una nueva “hibridación” entre la economía pública y el sector

mercantil.

Pero también porque las organizaciones comunitarias se centran en las

capacidades de la comunidad mientras que los servicios sociales públicos se

centran en las deficiencias. Existen comunidades que dependen de las

capacidades de sus miembros para hacer cosas. Las organizaciones comunitarias

requieren una contribución de sus miembros, ya sea de tiempo, de habilidades o

de dinero. De ahí que toda su atención se centre en sus capacidades. En

contraste muchos programas públicos se centran en sus deficiencias y en su

tratamiento como víctimas. Esto lleva a las poblaciones y a las familias al

convencimiento cada vez mayor de su incompetencia para saber, cuidar, enseñar,

curar o hacer.

Cómo actúan las asociaciones y entidades no lucrativas ante la individualización

creciente de nuestras sociedades. Existe un contexto donde las opciones

individuales de los individuos son las que los llevan a afiliarse a una asociación y

no a la inversa.

Predomina un criterio más utilitarista. La asociación es algo más volátil para el

afiliado. De ahí la importancia que las asociaciones sepan encuadrar y dar sentido

a los voluntarios.

El tercer sector se renueva en función de los cambios profundos de nuestras


LXXXV

sociedades. Ya no es útil un concepto de economía social, definido en función de

sí mismo, empresas de economía social.

Asimismo, en esta perspectiva, adquirirá mayor importancia la transparencia y la

democracia de las organizaciones del tercer sector. Qué duda cabe que los

aspectos críticos y los conflictos a los que hemos aludido en estas notas, generan

cierta opacidad interna de las organizaciones, como son las relaciones entre

miembros voluntarios y profesionales.

Las reflexiones precedentes nos indicarían que cada vez será menos importante la

propiedad de un bien o de un servicio y que será mucho más relevante y decisivo

la dinámica del mercado privados o públicos, generada por organizaciones

innovadoras que dan satisfacción efectiva a las demandas y necesidades de la

población.

En este estudio, se ha expuesto una lectura agregada de balances y cuentas de

explotación de un conjunto de empresas de la Economía Social. La retención de

todos los beneficios permite una mejora de la dotación de recursos propios y de la

financiación estable en el pasivo. Les permite constituir su propio patrimonio, la

empresa cooperativa es una estructura productiva cuyo objetivo no es la

realización de beneficios para su distribución privada posterior. La cooperativa es

una estructura productiva que actúa para dar servicio a sus miembros.

El análisis de la central de balance para las jóvenes empresas y entidades de la

Economía Social permite constatar que las cooperativas de trabajo asociado,

sociedades laborales y jóvenes entidades sin ánimo de lucro están pagando el

dinero a un precio más alto que el conjunto promedio de la empresa convencional.

Las empresas cuya significación es central de compra o de venta la partida

principal del crédito son proveedores como queda explícito en las ramas del

cooperativismo de consumo, de servicios y crédito.

En el caso de las empresas de trabajo asociado, la principal fuente de financiación

es la capitalización de la prestación por desocupación de los socios de trabajo


LXXXVI

fundadores en el supuesto de inicio de la andadura empresarial o de la

incorporación de nuevos socios que capitalicen en el supuesto de posteriores

incorporaciones. Una segunda fuente de financiación son los ahorros familiares de

los socios de trabajo o socios trabajadores. Una tercera fuente de financiación es

financiación externa: se observa que la dependencia financiera procede de los

propios socios de trabajo o socios trabajadores. Los beneficios se reinvierten en

su totalidad, pero al ser empresas pequeñas que actúan en mercado

tremendamente competitivos el nivel de generación de beneficios es insuficiente

para hacer frente a la capitalización de la empresa al ritmo deseable.

En el caso específico de las entidades sin ánimo de lucro, se considera que el

recurso productivo voluntariado en forma de tiempo o en forma de donaciones en

dinero es una fuente de financiación importante, aunque las donaciones en tiempo

usualmente no queden recogidas en los documentos económicos-financieros de la

entidad.

En las empresas de trabajo asociado y entidades sin ánimo de lucro, los bajos

niveles de remuneración de sus profesionales y el estrecho abanico salarial son

otras, dos fuentes de financiación de la actual empresa de trabajo asociado y

entidades sin ánimo de lucro. El nivel de motivación de sus profesionales por la

misión social de la organización facilita la capitalización de la empresa mediante el

aporte voluntario en trabajo de sus trabajadores, al menos, en el primer periodo de

andadura del proyecto empresarial.

En definitiva, el mensaje principal capitalización mediante reinversión de

beneficios e intentar el mínimo de dependencia financiera bancaria. Son empresas

que ya han desarrollado una parte de su andadura empresarial con un cierto nivel

de éxito empresarial que les permite empezar a crear su propio patrimonio. La

micro empresa recién constituida sin garantías patrimoniales no tiene relaciones

con el banco y, en el supuesto que existan, se establecen en unas condiciones

que recuerdan a las relaciones entre Goliat y David. Las empresas jóvenes y de

escasa facturación de la Economía Social tienen difícil el acceso al sistema


LXXXVII

financiero al ser catalogadas por éste como clientes de “alto riesgo”. Los precios y

las garantías son, en consecuencia, superiores a las exigidas en el mercado en

general, y la documentación requerida, así como la necesidad de poseer

experiencia bancaria de pasivo previamente a la concesión de facilidades

crediticias, supone un coste elevado, tanto en dinero como en tiempo.

Para finalizar es necesario destacar que, en las circunstancias actuales, no se

observa que esta situación vaya a cambiar de forma voluntaria por parte de las

entidades financieras. Como reacción a esta exclusión que realiza el sistema

bancario, a continuación, repasamos brevemente algunas de las respuestas que

se han desarrollado con el objetivo de intentar capitalizar los proyectos

empresariales de las nuevas empresas de la Economía Social.

La Economía Social abarca empresas y organizaciones productivas muy diversas,

con ritmos de desarrollo empresarial distintos. Son empresas que actúan en el

mercado y deben respetar las reglas de la gestión empresarial. Como dice un líder

del cooperativismo europeo “para ser solidario, primero se debe ser eficiente”. Con

la democracia política, la Economía Social ha reflejado una capacidad

extraordinaria de crecimiento cuantitativo. Ahora el mayor reto es mostrar que esta

sociedad civil, organizada en estructuras de democracia económica, sabe

gestionar el crecimiento empresarial de sus empresas sociales. Se considera que

este es el gran reto que en la actualidad tiene todo el movimiento de la Economía

Social. Ejemplos en los medios de comunicación de quiebras o suspensiones por

razones de falta de profesionalización empresarial repercuten en todo el conjunto

de las empresas y organizaciones de la Economía Social. Un país con un

consolidado y amplio sector de Economía Social es un país mucho más

cohesionado y con mayor nivel de bienestar para sus habitantes. Ahora bien, el

reto de un verdadero sector de la Economía Social es responsabilidad de todos los

actores que forman parte de un país: gestores públicos, banqueros, sindicatos y,

por supuesto, los ciudadanos que han optado por realizar su carrera profesional

en una empresa de la Economía Social la descripción cualitativa arroja “la


LXXXVIII

significativa predominancia de las organizaciones de base, el bajo nivel de

articulación institucional, el importante nivel de financiamiento obtenido por la

ejecución de programas del estado y el peso relativo del personal voluntario en la

prestación de sus servicios”

Más bien obliga a interrogar otro tipo de factores que inciden tanto en la

conformación de la sociedad civil organizada como del alcance de su acción. El

primero de ellos se refiere a la “densidad” de la trama asociativa, expresada en los

vínculos que existen entre los grupos y de éstos con la comunidad a la que

pertenecen.

Luego revisamos factores de contexto: el impacto de la transformación

socioeconómica y la relación de las asociaciones civiles con el estado y la

institucionalidad.

En cuanto a los vínculos internos se encontró una densa trama organizativa,

expresada en la gran cantidad y diversidad de grupos, pero no estructurada

internamente: sus vínculos intergrupos son pocos y débiles y no se expresan en

relaciones de cooperación estables. Más fuerte es la tendencia a articularse con

determinadas instituciones públicas, particularmente aquellas que ofrecen

recursos o proyectos a los grupos. También en algunos casos se participa de

redes de segundo o tercer nivel, en las cuales frecuentemente hay una institución

que la patrocina (Iglesia, Municipio). Poco menos de la mitad de los grupos

encuestados participa en algún tipo de redes. La mitad de los grupos mantiene

relaciones con otros, aunque sea de modo esporádico y puntual, mientras la otra

mitad actúan solos.

De acuerdo a lo anterior, puede afirmarse que subsiste en las comunas estudiadas

la tendencia de importantes segmentos de la población (principalmente de

sectores populares) a “organizarse”: sea para resolver problemas emergentes o

ante la convocatoria de alguna institución pública o privada que facilita las

condiciones para hacerlo. Esta tendencia se verifica cuando existen condiciones

de estabilidad de la comunidad que le permiten “acumular experiencia” asociativa,


LXXXIX

aún a pesar de los fracasos, escasez de logros materiales y períodos de debilidad

organizativa. Por ello es relativamente más fuerte en contextos relativamente

aislados y de poco dinamismo, así como también en una comunidad que surgió

del esfuerzo colectivo y conserva una memoria activa del mismo (Cerro Navia).

La asociatividad local aparece como un tejido social de alcances limitados, pero

altamente valorado por sus participantes como factor de unificación y

fortalecimiento de la comunidad y de obtención de algunos logros de mejoramiento

de la calidad de vida; pero no incidente en cuanto a controlar o transformar el

contexto en que la comunidad se desenvuelve.

La productividad de la acción asociativa se revela limitada, de cara a las

condiciones “duras” de desarrollo de la comunidad.

El contexto institucional más relevante es el que brinda el estado. La asociatividad

local predominante aparece vinculada de diferentes formas a la acción estatal,

especialmente el municipio y los programas sociales. El financiamiento de los

grupos proviene de modo muy significativo de fuentes estatales, el reconocimiento

legal requiere del concurso de las autoridades, la dinámica de los grupos fluctúa

según las oportunidades de acceso a programas y recursos estatales, etc. No

encontramos desarrollos asociativos equivalentes de tipo autónomo o desligado

de la acción estatal. De tal modo que las iniciativas que el estado toma y las

modalidades que utiliza son decisivas en la evolución y características de la

realidad asociativa. No se ha generado hasta ahora un contexto adecuado para un

desarrollo más autónomo en los diversos ámbitos (reconocimiento legal,

financiamiento, acceso a recursos y programas). Por su parte, la acción del Estado

no se ha puesto como objetivo el fortalecimiento del “capital social” de las

comunidades pobres donde interviene. Más bien sus objetivos han sido de ampliar

la base de infraestructura social y producir mejoras en la calidad de vida, mediante

proyectos de corta duración a los que se accede a través de concursos. Los

análisis de esas estrategias revelan que ellas no fortalecen la asociatividad, sino

que la funcionalizan para canalizar sus políticas y programas.


XC

El otro contexto relevante es la acelerada transformación socioeconómica del país

durante los últimos quince años, factor decisivo para la conformación de las

pautas asociativas de la comunidad. El cambio socioeconómico se revela

importante al constatar que aquellos sectores que han protagonizado cambios

más rápidos y profundos son los que muestran una menor asociatividad respecto

de aquellos con mayor estabilidad.

Aparentemente la flexibilidad de los tratos y la diversidad de intereses de los

distintos segmentos de trabajadores están grandes que ello resulta enormemente

difícil. El sindicalismo campesino está al margen de esta realidad, pues se

organiza en torno a los trabajadores permanentes (contratados), cuyo número,

diversidad y condiciones de trabajo difieren enormemente de los jornaleros.

Los estudios empíricos sobre la sociedad civil han avanzado en la línea de

cuantificar y caracterizar su estructura y dinámica y han establecido una

asociación entre esta realidad y el concepto de capital social. Hemos mostrado

que no es posible seguir avanzando en esa dirección si no se establecen con

mayor claridad algunos presupuestos conceptuales, ya que se trata de conceptos

que tienen acepciones muy diferentes.

Tras la pérdida de legitimidad del estado, esta ha tendido a predominar por sobre

una discusión conceptual adecuada con respecto a la sociedad civil y el capital

social. Ello redunda en privilegiar el rediseño de políticas, por sobre la

construcción conceptual. Es necesario fortalecer la reflexión desde instancias

académicas independientes, que incorporen estas temáticas en sus actividades.

Como enfoque se requiere elaborar mejor la heterogeneidad de la vida asociativa

en América Latina y discutir su evolución histórica en diferentes contextos

nacionales, regionales, étnicos, etc. Ello debiera anteceder a los estudios

comparativos que se basan en conceptos y metodologías homogeneizadoras

La conceptualización del “tercer sector”, que ha tenido una importante difusión,

sólo tiene una aplicación clara en terreno económico, sin que pueda resolver

preguntas esenciales sobre la significación del universo denominado de ese modo.


XCI

Resulta especialmente relevante considerar las relaciones entre la “modernización

económica” según el modelo neoliberal predominante y sus impactos sobre la

formación y desarrollo de la sociedad civil. Si bien es posible que en determinados

contextos surjan “nuevos actores” (fundaciones empresariales, empresas sociales,

redes globales y otras) el rasgo más fuerte que puede observarse en la

investigación empírica es la disolución de las bases de la asociatividad tradicional,

sin reemplazo por otras. Incluso cuando se plantea la hipótesis de un

“desplazamiento” desde el “capital social formal” al “informal”, no existen estudios

previos acerca de la fuerza de ese capital informal, pero es plausible la hipótesis

de que ese también era mucho mayor en contextos de menor impacto de las

relaciones de mercado sobre la vida social. Es decir que la tendencia apunta a una

disminución neta de la fuerza de las asociaciones, aunque quedaría una “reserva”

de “espíritu cívico” informal.

También el contexto institucional es clave para entender la significación y peso

que pueden tener las múltiples formas asociativas que existen. En todas las

investigaciones se enfatiza el rol relevante del Estado como financista, impulsor e

influencia sobre la sociedad civil “realmente existente”. Ese Estado fue “protector”

en la etapa anterior al neoliberalismo.

Actualmente sigue interviniendo, por la vía de fondos de inversión social, el

clientelismo político y otros instrumentos, pero su intervención es radicalmente

diferente, pues apunta principalmente a hacer viables las políticas focalizadas en

sectores pobres. El marco normativo que fija el Estado no ha evolucionado en un

sentido de fortalecer a la sociedad civil, por lo que es también un condicionante

importante de estudiar. La introducción del concepto de “capital social” ha

significado un interesante énfasis en las variables no económicas de la vida social,

aunque bajo una conceptualización “traducible” para los economistas. El principal

impacto de este concepto ha sido su rápida aceptación en círculos políticos y de la

cooperación internacional, pues proporciona un instrumento fácilmente aplicable

para la reorientación de políticas. Sin embargo, la consideración del capital social


XCII

como un subproducto de la sociedad civil, e incluso como su sinónimo, no aparece

avalada por la investigación.

El estudio de la sociedad civil “desde abajo”, en contextos particulares es hoy una

necesidad, frente al desarrollo de estudios comparativos y diseños metodológicos

de pretensión amplia. Es necesario desarrollar más los instrumentos de

recolección de información de modo de trazar un perfil realista de las

características de la sociedad civil encada uno de esos contextos.

El concepto de sociedad civil es multidimensional y su delimitación supone

criterios normativos aceptados, por alguna comunidad de alguna naturaleza. De tal

modo que la orientación de los estudios descriptivos debe tomar en cuenta esa

realidad y desarrollar indicadores complejos, que no necesariamente tendrán

comportamientos sincrónicos entre sí. Al mismo tiempo, estos indicadores no

deben referirse sólo al campo de “las organizaciones de la sociedad civil”, sino

también a las dimensiones del contexto que determinan las características y

significación de éstas.

La investigación latinoamericana sobre el tercer sector ha hecho importantes

avances en el último tiempo, tanto en el terreno teórico como empírico. Sin

embargo, ambos esfuerzos aparecen separados uno de otro, pues los estudios

empíricos están asumiendo de modo poco elaborado conceptos provenientes

principalmente del mundo anglosajón, sin someterlos a un escrutinio adecuado a

la evolución histórica de nuestra región. Tanto la crisis del estado populista

latinoamericano y su relación con los grupos sociales, como la imposición de

modelos económicos neoliberales (mercados abiertos, concentrados, economías

desreguladas) están contextualizando la emergencia de la sociedad civil y

produciendo profundos cambios en la región. La posibilidad de que esta categoría

constituya un factor relevante de la vida social latinoamericana depende en gran

medida de su autonomía relativa frente a las determinaciones que imponen estos

dos procesos globales. El estudio de la sociedad civil no puede ni debe eludirlos.

La articulación del mercado, el estado y la sociedad civil se convierte en un


XCIII

elemento fundamental del nuevo contrato social, y es el Tercer Sector quien tiene

la capacidad de imprimir fuerza a proyectos de largo plazo como el que se

requiere para redefinir el contrato social y dar un nuevo cauce al desarrollo.

La lección que puede obtenerse de la presente investigación es que, a escala

mundial son las políticas, y nos actos caritativos, lo que determinarán, en última

instancia, si las nuevas organizaciones se han de transformar en instrumento de

desarrollo humano en todo el mundo.

Parece necesario superar la tendencia a pensar en forma agregatoria buscando

completar lo existente, sin modificarlo, mediante la adición de un nuevo

componente; e intentar reflexionar en forma sistémica. Esto implica empezar a

pensar que los referidos objetivos, especialmente aquellos que significan

modificaciones d la situación existente y no sólo aumento de la eficiencia del

Estado en sus políticas sociales, sólo podrían alcanzarse si se produce no sólo

una reforma del Estado para hacerlo más eficiente, sino una real democratización

del mismo, del sistema político y de los partidos. Se requiere, asimismo, un

cambio en las relaciones entre el Estado, la sociedad y el sector empresarial, por

el cual éste se comprometa y asuma su responsablidad para consolidar una

democracia participativa con ciudadanía ampliada. Ciertamente, que esto es muy

difícil en las actuales condiciones políticas y sociales, e implicaría un cambio

substantivo de nuestra actual cultura política y del actual modelo de desarrollo,

como se ha señalado (Vergara 1989).

Aquí hemos planteado varios argumentos complementarios. Primero, es necesario

para las organizaciones del tercer sector y para la sociedad en su conjunto

comprender las contribuciones de éstas al propósito público. Sin esta comprensión

amplia y crítica sería difícil avanzar en la construcción de propuestas que

respondan a los múltiples problemas que enfrenta el país, ahora y en el futuro.

Segundo, las distintas organizaciones del tercer sector, y particularmente las

fundaciones empresariales, requieren una reflexión y un debate sostenido sobre

su propia práctica, sus capacidades y debilidades. Para ello, es una prioridad


XCIV

consolidar un campo de investigación sobre el tercer sector en nuestro país. Si

bien se han generado algunos documentos sobre este tema, suelen ser poco

críticos y se dedican a destacar las acciones meritorias de las organizaciones sin

fines de lucro. Hay que demostraren qué sentido han sido y siguen siendo un

componente integral de una sociedad de mercado, democrática, equitativa y

plural. A su vez, hay que entender mejor nuestros resultados, los costos de

nuestras intervenciones y los impactos que éstas generan.


XCV

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XCVI

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"Economía y Desarrollo Sustentable, el Compromiso Social

Empresarial y Tercer Sector en México, 1990-2015"

REPORTE DE LA INVESTIGACIÓN


Índice

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 1

Capítulo 1. Marco Teórico – Histórico de Referencia y el Tercer Sector .......................................... 13

1.1 Conceptualización de desarrollo sustentable .......................................................................... 13

1.2 El Principio de Sustentabilidad ............................................................................................... 26

1.2.1 La sustentabilidad como eje de solución transversal ....................................................... 34

1.2.2 Desarrollo sustentable como derecho humano ............................................................... 42

1.2.3 El enfoque del derecho de las generaciones futuras ....................................................... 47

1.3 El tercer sector, definiciones y modelos teóricos alternativos .................................................. 57

1.3.1 ¿Qué es la Economía de Solidaridad? ............................................................................ 57

1.3.2 El tercer sector y la economía social ............................................................................... 58

1.3.3 El Tercer Sector: entre lo Económico y lo Social ............................................................. 61

1.3.4 Las Instituciones Públicas y el Tercer Sector .................................................................. 66

1.3.5 La economía solidaria una alternativa al modelo capitalista ............................................ 71

1.3.6 Las dimensiones del desarrollo de la economía solidaria ................................................ 72

1.3.7 La participación social en la economía solidaria .............................................................. 73

1.3.8 El tercer sector y la política ............................................................................................. 75

1.3.9 Desarrollo con participación............................................................................................ 80

1.3.10 El Estado y el Tercer Sector ......................................................................................... 83

1.3.11 Tercer Sector y empresa .............................................................................................. 88

1.4 El modelo conceptual del Tercer Sector ................................................................................101

1.4.1 El resurgimiento de la sociedad civil ..............................................................................101

1.4.2 Participación y Capital Social .........................................................................................106

1.4.3 La institucionalidad pública, la racionalidad colectiva y el capital social ..........................112

Capítulo 2. Tercer sector en México, bases para su caracterización ............................................. 121

2.1 Las organizaciones de la sociedad civil .................................................................................123

2.2 Capacidad Emprendedora y Capital Social: dos Factores Clave para el Desarrollo del Tercer Sector .........................................................................................................................................129

2.3 La generación de empleo en las organizaciones del tercer sector ..........................................131

2.4 El modelo de intervención europeo y la promoción del empleo ..............................................133

2.5 Profesionalización de las Organizaciones del Tercer Sector ..................................................136

2.6 La Reflexión Europea en torno a las iniciativas locales, el Tercer Sector y las Nuevas Fuentes de Empleo ..................................................................................................................................139

Capítulo 3. Análisis económico financiero de las empresas .......................................................... 141

3.1 De la economía social reacciones y desempeño ...................................................................141

3.1.1 Cooperativas Agrarias ...................................................................................................141

3.1.2 Cooperativismo de consumo .........................................................................................142

3.1.3 Cooperativismo de servicios ..........................................................................................143

3.1.4 Cooperativas de trabajo asociado ..................................................................................145

3.1.5 Sociedades laborales ....................................................................................................149

3.1.6 Las entidades sin ánimo de lucro ...................................................................................151

3.1.7 Las funciones de origen empresarial .............................................................................152

3.1.8 Redes solidarias entre pares .........................................................................................163

3.1.9 El voluntariado desde la empresa: ¿qué opinan los empleados? ...................................166

3.1.10 ONG Microfinancieras en México .................................................................................166

3.1.11 Comercio justo ............................................................................................................171

3.1.12 Las jóvenes empresas de la Economía Social y su relación con el sistema bancario ...175

3.1.13 Banca ética .................................................................................................................176

3.1.14 Aversión al riesgo ........................................................................................................180

3.1.15 Precios ........................................................................................................................183

3.2 Reacción a las dificultades financieras de las empresas de la Economía Social ....................185

3.2.1 Acceso al crédito por parte de las empresas jóvenes de la Economía Social .................195


3.3 Empresas ecológicas o verdes y su desempeño en México ...................................................201

3.3.1 Responsabilidad Social Empresarial VS Corporativa .....................................................202

3.3.2 Empresas sustentables .................................................................................................211

Capítulo 4. Evaluación de la política de desarrollo social en México ............................................. 220

4.1 Antecedentes ........................................................................................................................220

4.2 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 .............................................230

4.3 El balance político-institucional de la crisis social contemporánea .........................................236

Capítulo 5. Desarrollo social en el siglo XXI ................................................................................. 245

5.1 El Estado social de la postguerra ..........................................................................................245

5.1.1 Antecedentes ................................................................................................................245

5.1.2 La intervención estatal en la economía de la crisis de 1929 ...........................................246

5.1.3 El florecimiento de las economías europeas ..................................................................246

5.1.4 El Estado de Bienestar ó Estado social ..........................................................................247

5.2 Las transformaciones del Estado en la segunda mitad del Siglo XX.......................................250

5.2.1 El Estado de Bienestar y su multidimensional crisis .......................................................250

5.2.2 Neoliberalismo y globalización .......................................................................................254

5.2.2.1 Impactos en la seguridad social y derechos sociales .............................................256

5.2.2.2 Crisis del Estado-nación ........................................................................................256

5.2.2.3 Nuevos modelos de organización territorial ...........................................................256

5.2.2.4 Impacto en el Derecho y Derechos humanos ........................................................257

5.2.2.5 Desigualdades ......................................................................................................257

5.3 Vigencia y necesidad del Estado ...........................................................................................258

5.4 Retos del Estado para la gobernabilidad y el desarrollo sustentable ......................................259

5.4.1 La reforma del Estado: un Estado social y democrático .................................................259

5.4.2 La función del Estado en la provisión de bienes públicos ...............................................260

5.4.3 Estrategia para coordinar la política de Desarrollo Sustentable ......................................261

5.4.4 El territorio: su ordenamiento dinámico y complejo ........................................................264

5.4.5 La crisis económica y la necesidad de regulación de los mercados ...............................265

5.4.6 El uso de instrumentos económicos...............................................................................266

5.4.7 El agotamiento del petróleo y la reconversión energética ...............................................267

5.4.8 Uso de nuevos indicadores multidimensionales .............................................................268

5.4.8.1 Construcción y monitoreo constante ......................................................................268

5.4.8.2 Construcción del Índice de Progreso Real .............................................................270

5.4.9 Construcción de estrategias sociales locales .................................................................271

5.4.10 Propuesta para la construcción de un nuevo paradigma social ....................................272

5.4.10.1 El decrecimiento .................................................................................................273

5.4.10.2 La teoría de la entropía .......................................................................................274

5.4.10.3 La teoría de la convivialidad ................................................................................274

5.4.10.4 El concepto de metabolismo social ......................................................................275

5.4.10.5 La paradoja de la eficiencia tecnológica (paradoja de Jevons) .............................275

5.4.10.6 La incongruencia de la sustentabilidad capitalista ................................................276

Conclusiones ............................................................................................................................... 278

Bibliografía ................................................................................................................................... 299


1

INTRODUCCIÓN

La sociedad mexicana de nuestros días se caracteriza por ser diversa, rica y

compleja, estos factores construyen una realidad cotidiana en constante cambio,

tan continuo como rápido, que en la rutina no se hace perceptible la evolución en

la que estamos inmersos, de ahí la importancia de analizar los problemas que

tienen implicaciones en nuestra vida tanto en la esfera privada como pública,

especialmente en lo que se refiere a la política de desarrollo nacional. En concreto

para exponer el presente estudio y con el objetivo de apoyar una mejor

comprensión del mismo, así como orientar al lector sobre la forma en la que se

diseñó la investigación se presenta una parte metodológica, donde se describe la

importancia de conocer y analizar el tema: “Economía y Desarrollo Sustentable,

el Compromiso Social Empresarial y Tercer Sector en México, 1990-2015”,

los objetivos propuestos, la delimitación y el planteamiento preciso del problema a

estudiar, las preguntas de investigación y las hipótesis desprendidas de éstas.

Asimismo, se puntualiza la forma en que se constataron y falsearon las hipótesis

que guían el estudio, por otra parte, se describirán las fuentes de información que

sirvieron de soporte para la formación del documento, finalmente se presentan las

conclusiones que se obtuvieron como resultado de los análisis realizados a lo

largo de la investigación.

Como ya se ha mencionado, el presente estudio, surge del interés por tratar un

tema que se vuelve cotidiano por su relevancia, pero que sus particularidades no

se comprenden adecuadamente, por lo que se infiere la necesidad de analizar los

aspectos sociales, económicos y ambientales de manera conjunta y simultánea,

considerando la influencia e importancia de los antecedentes históricos.

La crisis financiera mundial a finales de 2008, el calentamiento global y la

multiplicidad de problemas económicos y sociales que se derivaron de ellos, los

elevados y persistentes índices de pobreza a nivel mundial, así como las cada vez

más profundas desigualdades entre regiones, son algunas de las manifestaciones

contundentes de la inviabilidad de los patrones de desarrollo vigentes.

Consecuentemente, estos hechos constituyen algunos de los mayores retos a los


2

que habrán de hacer frente, todos y cada uno de los Estados-nación existentes

sobre el planeta, en suma, la humanidad.

Este trabajo parte de la premisa de que a medida que la ciudadanía conozca y se

involucre en las prácticas gubernamentales y en los procesos de rendición de

cuentas, podrá revertir de manera gradual las malas prácticas, costumbres y

desatención que de los temas fundamentales tiene el gobierno, y al mismo tiempo,

constituirá un elemento importante para abatir la corrupción, impulsar la

transparencia y contribuir a la transformación del gobierno y una administración

pública más democrática que no se vea rebasada por las demandas de la

sociedad en sus diferentes aspectos.

Conviene recordar que con la Revolución Industrial en Europa y Estados Unidos

se originaron los mitos del progreso y del desarrollo30, basados en el crecimiento

económico mediante el crecimiento científico y tecnológico, que han llevado a un

uso expansivo de recursos naturales y en general a la degradación de las bases

sobre las que se finca el desarrollo. No obstante, sobre estas ideas se ha

fundamentado nuestra actual civilización y a las cuales ha enfocado todos sus

esfuerzos.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que no todos los países han logrado

los objetivos del desarrollo, más de dos tercios de los países nunca lo han logrado,

-aún cuando se llegó a reconocer que los beneficios del crecimiento no serían

equitativos para todos-, por el contrario con el paso del tiempo las desigualdades

se han hecho más grandes y la pobreza ha aumentado; adicionalmente se

reconoce que este proceso ha ejercido impactos negativos sobre el medio

ambiente y que estos han llegado al extremo de poner en riesgo la existencia

misma de la raza humana. Sin embargo, tanto las ideas de progreso como de

desarrollo, continúan arraigadas hasta nuestros días.

Todavía a mediados del siglo pasado, a pesar de reconocerse la existencia de los

problemas ambientales y los riesgos que éstos acarrean, la idea de desarrollo no

se cuestionaba, más aún, los teóricos del desarrollo económico promovían una

30 De Rivero, Oswaldo, El mito del desarrollo. Los Estados inviables en el siglo XXI, FCE, Perú, 2006, p. 22


3

idea más o menos lineal acerca de éste31, en la que no se hacía alusión al medio

ambiente, o bien lo tenían en cuenta como elemento implícito en el proceso.32

No es sino hasta finales de la década de los sesenta e inicios de los setenta,

cuando comienza a reconocerse la importancia que el deterioro ambiental tiene en

el crecimiento económico. Es decir, se logra establecer una conexión entre el

desarrollo y el medio ambiente. A partir de entonces el debate sobre medio

ambiente y desarrollo quedó abierto.

Por otro lado, es importante resaltar que a partir de entonces las cosas no han

sido sencillas y el debate ha transitado por diversos y complejos cauces, por

cuanto que ha implicado abordar y polemizar en asuntos que trastocan

profundamente a los intereses e ideologías dominantes del mundo

contemporáneo, tales como poner en tela de juicio la idea misma de crecimiento

económico, asimismo, se han cuestionado el papel que juega la tecnología, la

desigualdad de responsabilidades en el deterioro ambiental, la relación que existe

entre el hombre y la naturaleza, (por ejemplo si es el hombre quien goza de una

supremacía y dominio sobre esta y por lo tanto la naturaleza solo debe su

existencia por el beneficio que le representa, o bien, si la naturaleza posee un

valor intrínseco y el hombre sólo es un elemento más de ella), pasando por el

reconocimiento de los límites absolutos y relativos que la naturaleza impone al

sistema económico (por ejemplo la finitud de los recursos naturales o los límites de

carga y asimilación de los ecosistemas, etcétera), o bien, que tienen implicaciones

éticas tal como el crecimiento demográfico. Pero también, sin duda alguna, uno de

los temas centrales de esta discusión ha sido el de la pobreza, cuando se

reconoce que ésta constituye uno de los mayores problemas.

Casi a finales del Siglo XX, la inmensa mayoría de los hombres y mujeres del

31 Entre ellos Víctor Urquidi nos menciona a Myrdal, Rosenstein-Rodan, Nurske, Prebisch, Singer, Arthur Lewis, Ahumada, Sunkel, Pinto, Seers, Furtado, entre otros. Por ejemplo, nos menciona que para éste último, el desarrollo, es un proceso de transformación que engloba el conjunto de la sociedad y que está ligado a la introducción de métodos productivos más eficaces y se manifiesta bajo la forma de un aumento del flujo de bienes y servicios finales a disposición de la colectividad, lo que permite satisfacer más plenamente las necesidades humanas. El punto de partida es una determinada estructura, sujeta a un proceso de cambio. Furtado asigna enorme importancia a la innovación, a los valores, al “excedente social” que hacen posibles nuevas fases del desarrollo pero que es susceptible de asignarse de diversas maneras en función de presiones políticas y de otra índole que los distintos estratos sociales ejercen. Urquidi, Víctor, “Economía y medio ambiente”, En: Nadal, Alejandro (Editor), Obras escogidas de Víctor L. Urquidi. Desarrollo Sustentable y cambio global, El Colegio de México, México, 2007, p. 160. 32 Ibíd.


4

mundo trabajan por consolidar la participación ciudadana democrática en cada

uno de los ámbitos de su vida cotidiana, en cada una de las instituciones a través

de las cuales se han socializado. Desde el punto de vista sociológico la sociedad

de la primera modernidad y sus sucesivos desarrollos han sido en dirección

antihumanista (Donati, 1997). Al compás de una progresiva transformación y

complejización de la sociedad fueron surgiendo nuevas formas de solidaridad y

acción colectiva, coherentes con las nuevas situaciones y las nuevas necesidades.

Las llamadas organizaciones de la Sociedad Civil comienzan a expresarse de

diferentes formas de acuerdo a lo que las costumbres y tiempos sociales les

fueron indicando. Entre las causas por las cuales las redes de asociaciones del

Tercer Sector, emergen como actor colectivo con grados relativos de visibilidad,

pueden identificarse factores relacionados al contexto socio-político y coyuntura de

acción y factores relacionados a las características de las demandas sociales.

En el último tiempo han comenzado a circular en América Latina algunos trabajos

de investigación cuantitativa dedicados al “tercer sector”, refiriéndose con ello al

llamado “sector no lucrativo” compuesto por organizaciones privadas pero que no

se comportan como las empresas tradicionales: no reparten utilidades, ni buscan

obtenerlas. Es una tendencia relevante, por cuanto la emergencia de este sector

en la región no ha sido acompañada de un análisis de la envergadura real que

éste tiene. Cuando se habla de “sector privado”, se está haciendo referencia a las

empresas y no se considera la existencia de “otro mundo privado” que tiene otras

finalidades y cumple otras funciones sociales. Para ello es importante investigar,

llegado a una etapa de cierto desarrollo, las magnitudes organizativas y de acción

que alcanzan las entidades de este sector. Esta investigación se refiere a algunas

de las conceptualizaciones utilizadas para fundamentar investigaciones recientes,

proponiendo hipótesis que den sustento a esta necesaria estrategia de

investigación.

Las tendencias recientes de la investigación y reflexión sobre la sociedad civil y el

tercer sector han enfatizado su dimensión cuantitativa y la han asociado con el

concepto de “capital social”. La hipótesis subyacente señala que, a mayor

densidad asociativa, mayor sería el “capital social disponible” en una comunidad.


5

En este texto, encontramos que resulta muy complejo determinar evidencias en

los principales trabajos para sostener esa hipótesis y para vincular a las

organizaciones de la sociedad civil con el “capital social”. Por lo tanto, es

necesario comprender la significación y el alcance de las mismas y no sólo su

cantidad y perfil. El modo como se ha encarado la cuantificación privilegia la

dimensión económica del “tercer sector” y resulta funcional a las necesidades de

desarrollo, tal como éstas son planteadas por organismos internacionales, que

buscan incorporar nuevas dimensiones a las propuestas a la Conferencia

Internacional de la International Society for Third Sector Research (ISTR). Pero no

se han resuelto cuestiones teóricas básicas que permitirían aclarar la relación

entre la sociedad civil, el tercer sector y el capital social, las cuales son decisivas

para orientar la investigación. Planteamos que es necesario reorientar la

investigación hacia la descripción y comprensión de la estructura interna de las

sociedades civiles en el país y hacia la vinculación entre esta estructura y las

grandes transformaciones socioeconómicas que la determinan en su conformación

y alcance. Sólo considerando esos factores, podremos establecer hipótesis

plausibles acerca de la relación entre una “sociedad civil organizada” y una

“disponibilidad de capital social”.

El término “capital social”, a pesar de haber sido usado por Bourdieu en 1980, sólo

ha cobrado cierta notoriedad a mediados de los noventa. Los términos a veces

parecen intercambiables: “sociedad civil”, “tercer sector”, “sector no lucrativo” y

“capital social”, “asociatividad”, etc. Esa confusión conceptual no sería

mayormente relevante y materia de especialistas, si no fuera porque rápidamente

se está dando el siguiente pasó: una vez que se ha decidido usar el concepto de

“capital” para aplicarlo a la sociedad, ahora corresponde cuantificarlo, saber quién

tiene y cuánto tiene. En el contexto del triunfo del capitalismo, ésta puede ser una

rúbrica de ese triunfo, es decir colocar a la organización capitalista como la única

moderna y eficiente, desplazando a cualquier otra.

Durante las dos últimas décadas la economía social y en general las iniciativas de

desarrollo sustentable, ha adquirido un peso económico y social incuestionable,

particularmente en los países latinoamericanos que constituyen nuestro entorno


6

de referencia, de forma que estas empresas están contribuyendo decididamente a

la creación de oportunidades productivas.

En estos momentos existen un gran número de empresas de economía social

activas, de las cuales la mayoría son cooperativas, algunas pocas adoptan la

forma de mutualidades de previsión social y otras son sociedades laborales,

anónimas o limitadas.

Tal y como ha indicado el gobierno, existen numerosos estudios del mercado de

trabajo que consideran que la creación de empleo y ocupación a escala local

dependen del dinamismo y expansión que experimente la economía social.

Las empresas o entidades de economía social tienen un objetivo social definido, y

su finalidad trasciende el mero beneficio económico para extenderse hasta el

provecho de la comunidad general, es en ese interés general donde su cometido

cobra su sentido esencial.

En el escenario actual se presentan las asociaciones que intervienen en casi todas

las áreas portando un nuevo código simbólico de lo que significa, hacer sociedad.

Los actores sociales y los movimientos en general tienen un rol doble por cumplir:

por un lado, son sistemas colectivos de reconocimiento social, que expresan

identidades colectivas viejas y nuevas, con contenidos culturales y simbólicos

importantes. Por otro, son intermediarios políticos no partidarios, que traen las

necesidades y demandas de las voces no articuladas a la esfera pública y las

vinculan con los aparatos institucionales del Estado.

De esta manera las ventajas para el desarrollo regional, implican la importancia de

las empresas de economía social en el desarrollo regional y local, ya que su

naturaleza organizativa impulsa la creación de puestos de trabajo localizados.

Asimismo, este tipo de empresas contribuyen a retener y fijar la población en el

territorio y a mejorar la oferta ofreciendo un conjunto de servicios que en muchas

ocasiones todavía es escaso en nuestra estructura productiva, contribuyendo así a

la diversificación.

Además, es reconocido el desarrollo de estas nuevas actividades que significa una


7

demanda por trabajo heterogénea, tanto en los niveles de calificación, como en el

tiempo de trabajo. Permitiendo incorporar al mercado de trabajo a individuos con

diversos niveles de formación o con problemas especiales de inserción

sociolaboral y compatibilizar la vida familiar y laboral.

En este sentido, el rasgo fundamental para definir las organizaciones de la

economía social o tercer sector y su contribución al desarrollo sustentable, no es

tanto la modalidad que adoptan, como la finalidad que persiguen que es

eminentemente social.

De esta manera, la economía social se ha consolidado en todos los sectores y

actividades productivas como una realidad multifacética, que se puede bordar

desde muy diversas perspectivas, en la medida que contribuye a crear un espacio

intermedio, ente el sector público y el sector privado, que podemos identificar

como el social.

Además, son empresas con un modelo de gobierno basado en la participación

democrática y responsable que las hace socialmente muy valiosas.

El tercer sector está contribuyendo a que la empresa se entienda no sólo como un

ente de producción y creación de riqueza directa, sino también como un elemento

promotor del desarrollo de nuestra sociedad, particularmente, mediante la

integración social que supone el empleo que ellas generan y también a través de

la responsabilidad social de las empresas que va creciendo día a día”.

La metodología incluye análisis cuantitativos y cualitativos, valiéndose de

exhaustivos estudios y recopilación de información sobre organizaciones solidarias

y sociales que aceptan donaciones materiales o donaciones de tiempo voluntario

en todo el país. En consecuencia, la presente investigación tiene como objetivo

general describir y explicar la forma en que se han venido integrando las

organizaciones que conforman el tercer sector en México. De manera que se

puedan establecer las diversas restricciones que enfrentan el diseño e

instrumentación de políticas públicas enfocadas al desarrollo, consolidación y

legitimidad de este sector.

En cuanto a las técnicas que se utilizaron para la elaboración del estudio


8

“Economía y desarrollo sustentable, el compromiso social empresarial y

tercer sector en México, 1990-2015” se utilizó el método descriptivo, toda vez

que la finalidad de este método es el describir situaciones y eventos. Decir cómo

es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Se realizó investigación

documental y de campo, recabando libros y consultando revistas y periódicos

históricos, así como páginas de Internet relacionadas con el tema en cuestión. Por

lo que respecta a los métodos utilizados, consisten en el método cualitativo, y por

otra parte el método analítico, mismo que da soporte al análisis de la información

obtenida.

El texto se estructurará por cinco capítulos que establecen aspectos como los

siguientes:

El primer capítulo se enfoca a una propuesta teórico-conceptual, y el Tercer

Sector, donde busca plantear una problematización desde la ciencia política

adoptado para dar sustento y entender el papel de la evaluación de la política

social bajo diferentes perspectivas.

El segundo capítulo, establece las bases para su caracterización del Tercer

sector en México, entre la capacidad emprendedora y Capital Social, como

Factores Clave para el Desarrollo del Tercer Sector.

En el tercero capitulo, Análisis económico financiero de las empresas de la

economía social reacciones y desempeño. Se examinan tres trabajos recientes,

muy diferentes entre sí, innovadores en su enfoque, para determinar qué es lo que

cuantifican y cuáles son las interpretaciones válidas que puede darse a esos

resultados. Luego se analiza críticamente la noción misma de capital social e

intentaremos una explicación de la asociación de términos que se ha producido.

En el cuarto capítulo: Evaluación de la política de desarrollo social en México, se

hace una observación a la actividad evaluativa del CONEVAL, a la luz de los

resultados para abatir las desigualdades y la pobreza en un contexto de crisis

global.

En el capítulo 5, se identifica la respuesta que el Estado mexicano ha ofrecido

para tratar de solucionar o aminorar estos desequilibrios vía la política social y la


9

política ambiental. Por ello, hacemos una caracterización y descripción de ellas,

resaltaremos los aspectos a los que se han enfocado y los instrumentos que han

utilizado; hablaremos de sus presupuestos y de los resultados que se lograron

obtener, en términos de los principales indicadores de cuentas nacionales.

Por último, se especifican las conclusiones, que son el producto del estudio de

todos los ordenamientos sociales y políticos que citamos; son propuestas que

pretenden ayudar a la comprensión y resaltar las ideas relevantes dentro del texto,

las limitantes del argumento y su planteamiento. Llevamos a cabo un análisis

desde una perspectiva teórica, de la situación en la que se encuentra el Estado-

nación en la actualidad, con el fin de observar las transformaciones de las que ha

sido sujeto en las últimas décadas y los retos a los que se enfrenta, pero sobre

todo queremos hacer énfasis en las tareas que habrá de emprender, con el fin de

iniciar la transición hacia un proceso de desarrollo con sustentabilidad.

El propósito fundamental es apuntar ciertas directrices para que puedan

consolidarse y ampliarse los logros alcanzados. Tratamos de aportar ideas

conscientes, apegadas a nuestra realidad política, social, económica y cultural,

pero, sobre todo, apegadas al a la realidad de nuestro país.

De esta forma ha quedado establecido el contenido de la presente investigación,

misma que en todo momento busca contribuir al desarrollo integral entre la

sociedad y su gobierno.

a) El diseño de la investigación es de naturaleza no experimental, descriptiva y

observacional, es decir, se han identificado y descrito los principales elementos y

características que definen el origen y devenir histórico del sector social de la

economía a partir del conocimiento de las acciones y políticas implementadas por

el estado mexicano para su promoción y desarrollo, para lo cual, se requirió la

consulta y revisión de fuentes y bases de datos del pasado; en particular se utilizó

los elementos que ofrecen las fuentes bibliográficas y hemerográficas disponibles,

así como referencias de origen administrativo como son informes y evaluaciones

de los programas públicos desarrollados por las distintas agencias

gubernamentales y de justicia que inciden sobre la problemática, del mismo modo


10

se propuso una visión crítica sobre el material seleccionado para evitar cualquier

sesgo ideológico que pudieran contener los informes ejecutivos sobre la política de

fomento al tercer sector.

Las referencias utilizadas se encuentran adecuadamente registradas en el aparato

crítico y la bibliografía que acompaña al reporte escrito.

Debe señalarse que las fuentes bibliográficas consultadas se encuentran

adecuadamente registradas en el apartado Bibliografía, pese que en algunos

casos no se consideraron para la integración en el cuerpo de la investigación dado

que facilitaron elementos para contrastar, validar o refutar la información obtenida

en otras fuentes.

Asimismo, en cuanto al diseño de la investigación se encuentra el haber sido de

carácter retrospectivo y transversal, dado que se trabajó con información obtenida

con anterioridad al proyecto y con fines ajenos al trabajo de investigación, así

como el que se mide una sola vez las variables en un momento determinado.

De esta manera el tipo de estudio se caracteriza por ser de tipo exploratorio, el

cual permite “preparar el terreno” para investigaciones posteriores de mayor

profundidad y con objetivos más precisos, conforme a la definición que indique

Movimiento Ciudadano como línea de profundización y donde requiera análisis

más puntuales, con el fin de ofrecer a simpatizantes, militantes y ciudadanía en

general, elementos de juicio para definir su postura política – ideológica sobre este

tema.

En este sentido, el diseño de la investigación busco ante todo allegarse de una

visión integral de las variables, actores y circunstancia que rodean al problema

agrario y que dan cauce para la definición de una política de estado en materia

agraria, distinguiendo su problemática y las áreas de oportunidad para insertarse

como elemento de desarrollo y justicia social.

De esta manera, en la tesitura que indica Sampieri, los estudios exploratorios:

“sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar


11

problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales

de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir postulados verificables” 33

En este sentido el proceso de recopilación de datos, consistió en:

Detección de la literatura y otros documentos, en este sentido se distinguen tres

tipos de fuentes: Fuentes primarias o directas y secundarias.

El primer paso consistió en la elección y recuperación de la literatura disponible en

listados de referencias bibliográficas y hemerográficas publicadas en el área de las

ciencias sociales, así como el uso de motores de búsqueda en internet y

acudiendo a las bases de datos de diversas bibliotecas, entre las que se

encuentran: la Biblioteca Nacional, Colegio de México, Banco de México, entre

otras.

Una vez establecido una batería de citas bibliográficas afines al tema de

investigación, se inició su ubicación geográfica, y verificación de su disponibilidad

y acceso al material preseleccionado.

En un segundo momento se acudió a la revisión de fuentes primarias o directas

como son libros y publicaciones especializadas, monografías, tesis y

disertaciones, documentos oficiales como informes de gobierno y reportes sobre la

ejecución de los programas, trabajos presentados en seminarios y conferencias,

artículos periodísticos, entre otros.

En esta parte, se realizó una revisión exhaustiva de la bibliografía y fuentes

disponibles con el fin de discernir el material que atendiera de mejor manera el

objetivo y propósito encomendado para la investigación, en este sentido, fue

necesario prescindir de algunas de ellas en razón de la dificultad manifiesta de

acceder al material y también debido a que la profundidad y contenido del material

difería sustancialmente del perfil definido para la investigación. No obstante se

integró una base de datos bibliográficos que pudiera ser útil para futuras

investigaciones, conforme la línea de investigación definida con Movimiento

33 Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la Investigación, Mc. Graw Hill, México 1991. pág. 60


12

Ciudadano.

Parte relevante de este esfuerzo consistió la búsqueda mediante medios

electrónicos de información disponible y accesible, para lo cual el equipo de

trabajo contó con el apoyo para la búsqueda en Internet y acceso a distintas bases

de datos como INDEX, Social Citation, entre otros.

Una vez con las referencias validadas se inició con el proceso de recuperación de

la literatura, lo cual consistió en la obtención de los ejemplares seleccionados

mediante su fotocopiado, extracción manuscrita cuando fue necesario, o bien

utilizando medios electrónicos como el scanner o la cinta de audio.

Una vez, seleccionado el material y establecido su disponibilidad, el equipo de

trabajo inició con la elaboración de fichas y notas de trabajo, utilizando los distintos

modelos disponibles como son: textuales, resumen, opinión, etcétera. Con el fin de

alimentar el trabajo de reflexivo y de integración de la información, y dar

coherencia a la investigación, evitando la desviación del propósito original.

Para la discriminación de los textos se inició con el análisis del contenido, con lo

cual se obtuvo una pauta para conocer si los temas elegidos eran pertinentes para

el propósito de la investigación, posteriormente se revisan las conclusiones

Vale la pena mencionar, que el orden que llevó la integración estuvo determinado

por el contenido del marco teórico previo y la metodología definida. Es decir, si por

ejemplo, el capitulo es de tipo histórico se condujo con un criterio de orden

cronológico de los hechos y/o de los hallazgos empíricos. Si la investigación se

relacionaba con una serie de variables o información de teoría, o bien estudios

previos sobre la relación entre variables, fue conveniente delimitar secciones que

abarcaran cada uno de los aspectos relevantes, a fin de integrar aquellos datos

pertinentes a nuestro estudio.


13

Capítulo 1. Marco Teórico – Histórico de Referencia y el Tercer Sector

1.1 Conceptualización de desarrollo sustentable

El entender que es el desarrollo sustentable, comienza con la referencia histórica,

en el Informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo en

1987, durante la dirección de la Sra. Brundtland en él se da a conocer el

documento "Nuestro futuro común"34, en el que se plantean los problemas más

críticos en torno al desarrollo y el medio ambiente, y se propone al desarrollo

sustentable como la alternativa de solución.

En Nuestro futuro común se define al desarrollo sustentable, como "aquel que

responde a las necesidades del presente de forma igualitaria, pero sin

comprometer las posibilidades de sobrevivencia y prosperidad de las

generaciones futuras", y se establece que la pobreza, la igualdad y la degradación

ambiental no pueden ser analizadas de manera aislada. (Foladori & Tommasino,

2000)

El concepto de desarrollo sustentable ha generado una serie de controversias por

la forma en que son interpretados los términos, sustentable, sostenible y sostenido

ya que, en la literatura, se pueden encontrar como sinónimos.

Para fines de comprender el concepto revisaremos algunas interpretaciones,

(Arias, 2003) comenta estas diferencias, mientras sustentable, se refiere a un

posibilidad, condición o característica de un hecho o fenómeno de tener

basamento35 de apoyo, soporte o sustentación para asegurar su permanencia en

el tiempo de presentarse la oportunidad de su ocurrencia; sostenible se entiende

como un proceso o hecho que una vez ocurrido puede mantenerse activo en el

tiempo o continuar en operación eficiente; y sostenido puede ser un hecho o

suceso que se mantiene invariable en el tiempo.

Otros conceptos utilizados a la par del desarrollo sustentable, son la sostenibilidad

y sustentabilidad, dentro de esta idea para la conceptualización, un grupo de

estudiosos de la Universidad Autónoma de Chapingo publicaron un documento 34 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf. Consultado 15-enero-2015 35 Cuerpo que se pone debajo de la caña de la columna, y que comprende la basa y el pedestal. (Diccionario de la Real Academia)


14

llamado el Manifiesto por la vida y por una ética de la sustentabilidad, en la cual se

presentan los siguientes comentarios acerca de las diferencias entre estos

conceptos:

El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y

potenciales de la naturaleza, así como la complejidad ambiental, inspirando una

nueva compresión del mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad en el

tercer milenio.

Sin minimizar al Manifiesto, se concentraron algunas diferencias, comentadas en

él, con la finalidad de sólo dar soporte a la presente tesis. Que se muestra a

continuación:

Desde un punto de vista económico según Herman E, (2008) la sustentabilidad se

define como un legado intergeneracional no declinante de algo que no puede ser

medido ni donado, también coloca al futuro en desventaja, el presente podría legar

un flujo total cada vez más pequeño y sostener que es lo es suficiente para que no

se reduzca la utilidad, si el futuro aprovecha las posibilidades que se avizoren de

sustitución tanto en las funciones de producción como de utilidad

Cuando la economía se volvió economía ecológica, la ecología se convirtió en

ecología política y la diversidad cultural condujo a una política de la diferencia, la 36 Se refiere a la acción que legítima a las autoridades para la utilización de medios cautelativos con el objetivo de conservar la vida ante la falta de certeza de conocimiento científico y el exceso imperativos tecnológicos y económicos.

DESARROLLO SUSTENTABLE SUSTENTABILIDAD

Revitalizando el viejo mito desarrollista, promoviendo la falacia de un crecimiento económico sostenible sobre la naturaleza limitada

del planeta Promueve una alianza entre naturaleza - cultura

Crecimiento económico a la par de la conservación de la naturaleza

Nueva economía

Criterios para orientar las acciones de los gobiernos

Percepción de una sola Tierra Diversidad cultural

Pensar globalmente y actuar localmente Pensar y actuar localmente, por consecuencia global

Principio precautorio36 Principio ético

Promueve la responsabilidad colectiva, la equidad social, la justicia ambiental y la calidad de vida

La coexistencia de los derechos colectivos e individuales, la satisfacción de necesidades básicas, realizaciones personales y aspiraciones culturales de

los diferentes grupos sociales.


15

ética se está transmutando en una ética política. La ética para la sustentabilidad

promueve la gestión participativa de los bienes y servicios ambientales de la

humanidad para el bien común. (Krishnamurthy, 2006)

Siendo que hay varias definiciones de sustentabilidad identificadas en la literatura,

(Guimaraes P., 1994) por ejemplo:

• La mantención del stock de recursos

• Calidad ambiental para la satisfacción de las necesidades básicas

• Para las generaciones actuales y futuras

Por un lado, ciertos autores platean que la diversidad de definiciones relacionada

con la sustentabilidad, puede dificultar la posibilidad de llegar a acuerdos y a

entendimientos comunes sobre los cuales trabajar. (Hernández Ramos & Tilbury,

2006)

Siendo que hay un sin fin de definiciones se puede decir que el desarrollo de

sustentable, es un proyecto económico-social-ecológico, que busca racionalizar el

uso de los recursos, ocupando lo necesario; es decir un equilibrio en el

crecimiento poblacional y su sustento, en reciprocidad con la cantidad de recursos

de su entorno, para mantener permanencia y continuidad de la población.

Por otro lado, los citados señalamientos ignoran que en los debates

especializados el desarrollo sostenible y la sostenibilidad se han entendido, no

como un producto hacia el cual hayamos de aspirar o como un camino por el cual

todos debamos transitar, sino como procesos de cambio que pueden ser

conducidos por ciertos principios, pero que tienen que ser construidos localmente

con base en procesos de reflexión crítica y de acuerdos con los diferentes

contextos.

Debe inferirse que el concepto puede retomarse del informe de la Comisión

Brundtland, pero que la amplitud de interpretación dependerá de

condicionamientos de origen nacional o regional, o aun internacional, a la luz de la

gravedad de las tendencias actuales y la capacidad real que exista para

moderarlas o revertirlas. (Urquidi, 1996, pág. 47)


16

Siendo que hay varios enfoques en el concepto de desarrollo sustentable

podemos enmarcar la construcción de él, en la siguiente deducción:

El comprender que el desarrollo sustentable, presenta matices de diversos

enfoques, ya sea que sea sinónimo de sustentabilidad, sostenibilidad o sostenible,

lo que sí hay que considerar, es que en ambas se agrupa la necesidad de un

cambio en la forma de conducirnos en este mundo. Para fines de homologar la

visión del desarrollo sustentable, a partir de este momento, se expresará como

único término, ensamblando los diversos puntos de vista, con una sola misión

construir un concepto que nos oriente hacia la creación de una nueva sociedad.

El desarrollo sustentable es una idea conformada de varias partes que a su vez se

hacen uno, para fines de explicación se muestran de manera fragmentada:

1. Se conforma de varias dimensiones, no como elementos sino de una

manera integral.

2. Se fundamenta en una ética ambiental

3. Se hace un solo elemento con la cultura

4. Coloca a la educación como centro de todo y como solución

Tener la construcción mental de que el desarrollo sustentable se conforma de

dimensiones, nos conduce a lo que según plantea (Foladori & Tommasino, 2000)

existen tres visiones con respecto a la concepción de desarrollo sustentable:

Creemos que las diversas posiciones pueden ser reducidas a tres grandes ejes

hacia los cuales los diferentes autores se ven más o menos atraídos: aquellos

para quienes la sustentabilidad es exclusivamente ecológica; aquellos para

quienes la sustentabilidad es ecológica y social pero donde la parte social es un

vehículo para llegar a la sustentabilidad ecológica (sustentabilidad social limitada);

y aquellos para quienes la sustentabilidad debe ser realmente social y ecológica

en forma de coevolución (coevolución sociedad-naturaleza).


17

Figura 1

Aunque le agregaríamos otras como lo muestra el siguiente esquema

Figura 2. Dimensiones del desarrollo

La idea de las dimensiones nos guía hacia la posibilidad de identificar la serie de

condiciones que se conjugan para el valor de la vida y el reencuentro de nosotros

mismos, como seres humanos sociales y naturales. Es necesario repensar la

globalidad desde la localidad del saber, es decir en el territorio y la cultura, desde

la riqueza de su heterogeneidad, diversidad y singularidad.

La sustentabilidad no es "simplemente", un asunto del ambiente de justicia social y

desarrollo. También se trata de la gente y de nuestra sobrevivencia como

individuos y culturas. La sustentabilidad es entonces acerca de una lucha por la

diversidad en todas sus dimensiones. (Barkin, 1998, pág. 27)

La ética ambiental plantea la necesidad de reconciliar a la razón y la moral, de

manera que los seres humanos alcancen un nuevo estadio de conciencia,

autonomía y control sobre su mundo, haciéndose responsables de sus actos hacia

sí mismos, hacia los demás y hacia la naturaleza, para la conducción de lo justo y

lo bueno. Es por ello, que es una ética de la vida y para la vida.

La (Krishnamurthy, 2006) lo plantea como un conjunto de preceptos, principios y


18

propuestas para reorientar los comportamientos individuales y colectivos, así

como las acciones públicas y privadas orientadas hacia la sustentabilidad -como

sinónimo de desarrollo sustentable-

Ética de una producción para la vida: pasan por el cambio hacia una civilización

basada en el aprovechamiento de fuentes de energías renovables,

económicamente eficientes y ambientalmente amigables.

Ética del conocimiento y el diálogo de saberes: la ciencia se debate hoy entre dos

políticas alternativas, por una parte, seguir siendo la principal herramienta de la

economía mundial de mercado orientada por la búsqueda de la ganancia

individual y el crecimiento sostenible, por otra parte, está llamada a producir

conocimiento y tecnologías que promuevan la calidad ambiental, el manejo

sustentable de los recursos naturales y el bienestar de los pueblos. Para ello sería

necesario conjugar las aportaciones racionales del conocimiento científico con las

reflexiones morales de la tradición humanística abriendo la posibilidad de un

conocimiento donde puedan convivir la razón y la pasión, lo objetivo y lo subjetivo,

la verdad y lo bueno. Evitando el negar y excluir a los saberes no científicos, los

saberes populares, los saberes indígenas, tanto en el diseño de estrategias de

conservación ecológica y en los proyectos de desarrollo sostenible, así como en la

resolución de conflictos ambientales. Ello implica promover estrategias de

conocimiento abiertas a la hibridación de las ciencias y la tecnología moderna con

los saberes populares y locales en una política de la interculturalidad y el diálogo

de saberes. Con lleva un proceso de reapropiación social del conocimiento y la

orientación de los esfuerzos científicos y desde allí reconstruir el mundo a través

del diálogo intercultural de saberes y la hibridación de los conocimientos científicos

con los saberes locales.

La ética ambiental nos confronta, con el vínculo de la sociedad con la naturaleza,

la condición humana y el sentido de la vida. La ética para la construcción de una

sociedad sustentable conduce hacia un proceso de emancipación37 que reconoce,

como enseñaba Paulo Freire, que nadie libera a nadie y nadie se libera sólo; los

37 Liberación de una o más personas respecto de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. http://es.thefreedictionary.com/emancipaci%C3%B3n (recuperado 5 de marzo del 2015)


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seres humanos sólo se liberan en comunión. De esta manera es posible superar la

perspectiva "progresista", que pretende salvar al otro (al indígena, al marginado, al

pobre) dejando de ser él mismo para integrarlo a un ser ideal universal, del

mercado global al Estado Nacional; forzándolo a abandonar su ser, sus tradiciones

y sus estilos de vida para convertirse en un ser "moderno y desarrollado". Es una

ética de los derechos fundamentales predicables que promueve la dignidad

humana como el valor más alto y condición fundamental para reconstruir las

relaciones del ser humano con la naturaleza. (Krishnamurthy, 2006)

Debe estar basada en un principio de integridad de los valores humanos y las

identidades culturales, con las condiciones de productividad y regeneración de la

naturaleza, principios que emanan de la relación material y simbólica que tienen

las poblaciones con sus territorios, y con los recursos naturales y el ambiente.

(Krishnamurthy, 2006) Una ética de la diversidad cultural implica una pedagogía

de la otredad38 para aprender a escuchar otros razonamientos y otros

sentimientos. Esta se traduce en una ética de respeto a sus estilos de vida y sus

espacios territoriales, a sus hábitos y sus hábitats tanto en el ámbito rural como en

el urbano, se definen dentro de una concepción de la trilogía territorio-cultura-

biodiversidad como un todo íntegro e indivisible. (Barkin, 1998, pág. 20) Esto abre

los cauces para recuperar identidades, para volver a preguntarnos quiénes somos

y quienes queremos ser. Aunque en los diversos estratos de la sociedad, aún si la

gente está adquiriendo una mayor conciencia de la necesidad de cuidar el

ambiente, la creciente complejidad de los procesos productivos y las

características del consumo urbano conducen a perder contacto en la relación

intrínseca entre el bienestar ambiental y el humano (Barkin, 1998, pág. 26) Los

sistemas productivos y los patrones de consumo existentes amenazan la

continuidad de nuestras organizaciones sociales, debido al reconocimiento de que

no sé pueden generalizar los niveles actuales de consumo de recursos per cápita

en los países ricos a la gente que vive en el resto del mundo.

La ética ambiental implica, entre otros aspectos, la reorientación de la evolución

38 La noción de otredad es habitual en la filosofía, la sociología, la antropología y otras ciencias. Se trata del reconocimiento del Otro como un individuo diferente, que no forma parte de la comunidad propia. http://definicion.de/otredad/ Recuperado 7 de marzo del 2015


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tecnológica y el marco institucional, el avance en el crecimiento económico, la

modificación de los patrones de consumo, así como la realización de proyectos

responsables para disminuir y/o erradicar la extrema pobreza. Pero es indudable

que también pesa mucho el no saber cómo afrontar los retos. Es urgente fomentar

y formar talentos internos con capacidad de generar conocimientos y tecnología

propios, a fin de solucionar problemas internos de cada país; y a la vez

enfrentarse a un mundo globalizado en donde el conocimiento es la materia prima

de la competitividad. (Pérez García & Hernández Cárdenas, 1998)

La raíz latina de la palabra cultura es colere, que puede significar desde cultivar y

habitar, hasta veneración y protección. Su significado como habitar ha

evolucionado desde el latín colonus al actual colonialismo. Por un lado, la palabra

cultura señala la transición histórica decisiva, pero por otro, encierra por si sola

una serie de aspectos filosóficos clave. Entendida como un control organizado del

desarrollo natural, la cultura sugiere una dialéctica entre lo artificial y lo natural,

entre lo que le hacemos al mundo y lo que el mundo nos hace a nosotros

(Eagleton, 2001, pág. 13)

La organización cultural es como un pulpo, cuyos tentáculos están en gran parte

integrados de manera separada y pobremente conectados neurológicamente el

uno con el otro y con lo que en el pulpo puede considerarse un cerebro; y sin

embargo el animal consigue moverse y conservarse, en todo caso por un tiempo,

como una entidad viva viable aunque algún tanto desgarbada, sino que es la

investigación de símbolos significativos de conjuntos y de conjuntos de conjuntos

de símbolos significativos —los vehículos materiales de la percepción, de la

emoción y de la comprensión— y la determinación de las regularidades

subyacentes de la experiencia humana que están implícitas en la formación de los

símbolos. (Geertz, 1973, pág. 336)

La cultura se mueve también a semejanza del pulpo, con movimientos inconexos

de una parte ahora que, luego de esta otra y más adelante de otra parte cuyo

efecto acumulado de alguna manera determina un cambio de dirección. (Geertz,

1973, pág. 337)


21

El mayor valor de la cultura es su apertura hacia la diversidad cultural. La

construcción de la sustentabilidad está suspendida en el tiempo, en una ética

transgeneracional. El futuro sustentable solo será posible en un mundo en el que

la naturaleza y la cultura continúen co-evolucionando. El arraigo de los pueblos de

sus saberes, sus identidades y de la circulación de estos en el tiempo. Estos

legados culturales son los que hoy abre la historia y permite la emergencia de lo

nuevo a través del diálogo intercultural y transgeneracional de saberes, fertilizando

los caminos hacia un futuro sustentable. (Krishnamurthy, 2006)

La totalidad de la cultura se ha convertido en una pieza rentable del mercado.

Para ello ha sido menester forjar una economía acomodada a los nuevos mitos.

Según estos, el progreso consiste en la ampliación indefinida del consumo y el

desarrollo histórico significa producir más y consumir más.

Las soluciones al problema de la insostenibilidad no deben ser planteadas

únicamente en términos de conservación de la cultura, sino también en términos

de cambio de procesos y de dinámicas culturales. (Hernández Ramos & Tilbury,

2006)

Parte de esta solución es tener a una ciudadanía esta como menciona (Tréllez

Solís, 2006) se relaciona con el conjunto de los seres humanos asumidos como

personas que pueden y deben toma parte activa en el proceso de su propio

desarrollo, como individuo pensantes, como miembros de una comunidad, de un

nación, en suma, como seres humanos responsables vinculados con espacios

geográficos y ámbitos históricos y culturales y como ciudadanos y ciudadanas de

este planeta Tierra que tienen el derecho básico a la vida y a un futuro mejor para

ellos y sus descendientes.

La ciudadanía ambiental es la integración dinámica entre el reconocimiento de los

derechos al ambiente y a la vida, los deberes diferenciados de ciudadanos y

ciudadanas frente al ambiente y el desarrollo sustentable, y la participación activa

de todos y todas para defender sus derechos y ejercitar cotidianamente sus

respectivas responsabilidades, en un marco ético y de valoración de la vida en

todas sus manifestaciones. (Tréllez Solís, 2006)


22

Parte del respeto a la diversidad, es reconocer el derecho de ser individuo y que

cada comunidad tiene la decisión y es libre para forjar su propio futuro. Las

características que se requieren para lograr la ciudadanía como parte de nuestra

responsabilidad ambiental (Tréllez Solís, 2006):

• Contar con un sustento ético, comprometido y un conjunto de valores que

permitan la construcción de seres humanos con una nueva visión.

• Ser crítico y responsable consciente, que comprendan, se interesen,

reclamen y exijan sus derechos ambientales.

• Ser capaces de organizarse y participar en la dirección de su propia vida,

adquiriendo también poder político comunitario, local, regional, nacional,

junto con una gran capacidad de cambio colectivo.

• Tener capacidad de vigilancia y participación en el manejo de los recursos

naturales.

Si se ensambla la ética y la ciudadanía esto favorece la capacidad de ser

negociadores con valores que permitan defender lo que es mejor para cada

región, además de adquirir la capacidad de resolver de conflictos.

Desde esta política cultural por la identidad, el clamor por la igualdad y la

sustentabilidad es una lucha por la diversidad por el derecho del ser diferente.

(Leff, 2013)

Otro elemento necesario para la cultura es la alfabetización se entiende en

cambio, como la posibilidad de aprender a pensar a discernir. En especial el

alfabetismo ecológico, es definido, (Imaz Gispert, 2010) como la habilidad de una

persona para comprender cómo funciona el mundo, entendiendo que todas las

actividades humanas tiene consecuencias y la posibilidad de traducir este

entendimiento en acciones que redunden en el cuidado del medio ambiente.

El alfabetizar es un proceso de concientización entendiendo como liberación de la

conciencia, para que el analfabeto se asuma como sujeto de la historia, de su

historia. "Es fundamental entender que el hombre es un ser de relaciones y no

sólo de contactos, no sólo está en el mundo, sino con el mundo. De su apertura a


23

la realidad, de donde surge el ser de relaciones que es, resulta esto que llamamos

estar con el mundo" (González Gaudiano E., 2001)

Es por ello que el alfabetizar se da a través del conocer, esta condición produce

construcciones simbólicas generadas de las interacciones con los otros.

Resultando de ello símbolos que generan significados singulares en cada cultura,

a su vez en el interior de cada estructura social, familias, comunidades, regiones

etc.

Esos significados se mantienen y se dispersan por medio de la comunicación es

por ello una vía que puede encauzar hacia las sociedades sustentables, apoyando

en hacer del significado del desarrollo sustentable un concepto entendido y al

mismo tiempo cercano a la gente. En este sentido hay que buscar estrategias o

métodos que provean de una comunicación que propicie un cambio de

pensamiento basándose en las relaciones del contexto y las conexiones, sean

estas conscientes, emotivas y afectivas, con la intención de humanizamos. Esto

puede propiciar cambios en nuestros valores para cambiar el comportamiento

(Bozic, 2010) - siendo aceptados que los valores, junto con las actitudes y los

sistemas de creencias -, están relacionados con nuestros comportamientos. Se

definen actitudes como "la predisposición de responder o comportarse en una

cierta manera” y el comportamiento en visto como una consecuencia de la actitud.

En la búsqueda del cómo realizar esos cambios ya sean implementado métodos,

estrategias etc., se plantea que la educación sea una opción, (Imaz Gispert, 2010)

en el análisis de sistemas (Sterling 2006) coloca a la educación en el cetro del

nido, circulada por el sistema sociedad/economía y ambos incluidos en el círculo

denominado ecosfera. Con base en esta propuesta define a la sustentabilidad

como "la habilidad de un sistema de mantenerse en relación a su medio ambiente,

dado que todos los sistemas están conformados por subsistemas y forman parte

de sistemas más grandes o metasistemas. Sin embargo, enfatiza Sterling, existe

una relación co-evolutiva, la cual puede ser vista como la clave del cambio en

ambos sistemas (Imaz Gispert, 2010)

La educación para la sustentabilidad debe entenderse en este contexto como una


24

pedagogía basada en el diálogo de saberes, orientada hacia la construcción de

una racionalidad ambiental. Esta pedagogía incorpora una visión holística del

mundo y un pensamiento de la complejidad. Pero va más allá al fundarse en una

ética y una ontología de la otredad39 que del mundo cerrado de las interrelaciones

sistémicas del mundo objetivado de lo ya dado, se abre hacia lo infinito del mundo

de lo posible y a la creación de "lo que aún no es". La construcción de un futuro

sustentable, equitativo, justo y diverso, es una educación para la participación, la

autodeterminación y la transformación; una educación que permita recuperar el

valor de lo sencillo en la complejidad; de lo local ante lo global; de lo diverso ante

lo único; de lo singular ante lo universal (Krishnamurthy, 2006)

Por ello por si partimos de la visión actual, en la que se manejan acciones globales

para incidir en acciones locales como lo muestra la figura 2 A, continuaremos con

este desarrollo insustentable, más sin embargo si se avanza hacia una nueva

forma de vincular la relación del ser humano con su entorno, partiendo que el

cambio se comienza con el individuo, si se busca transformar hacia esa visión de

vida, de ser "yo” parte del entorno y por ello soy responsable de él, se requiere de

tener el enfoque de acciones locales a acciones globales. Como se muestra en la

39La noción de otredad es habitual en la filosofía, la sociología, la antropología y otras ciencias. Se trata del reconocimiento del Otro como un individuo diferente, que no forma parte de la comunidad propia. http://definicion.de/otredad/ Recuperado 7 de marzo del 2015


25

figura 2 B.

Figura 2 A Figura 2 B

Lo que acontece hoy en día en el mundo, es resultado de esta visión que muestra

la figura 3 A, por lo que estamos en el borde de la transición hacia el paradigma

ecológico posmoderno, que sugiere un cambio epistemológico, que va del

reduccionismo al holismo, del objetivo a una subjetividad crítica y del relativismo al

relacionismo. (Sterling, 2010)

Ello indica la necesidad de sustituir enfoque ingenuos exclusivamente

"conservacionista” acerca de la sustentabilidad del desarrollo por el

reconocimiento de que los problemas ecológicos y ambientales revelan

disfunciones de carácter social y político. (Guimaraes P., 1994)

Es la razón porque se requiere de una educación ambiental - en la que se trate

sobre los problemas ambientales a los que el hombre enfrenta en su uso de los

recursos naturales y las posibilidades de superarlos y prevenirlos en el futuro,

nunca habrá una solución 100% correcta a problemas de la comunidad, lo que se

conciba como la solución adecuada depende de los propios valores y prioridades-.

(Breiting, 1997)


26

Para lograr el cambio, la gente tiene que creer en el objetivo, necesita

retroalimentación para entender o asumir que es lo que están haciendo vale la

pena, necesita saber lo que realmente puede hacer y finalmente necesita pruebas

y modelos de conducta. La cognición del comportamiento, tal como se relaciona

con el conocimiento del medio, se apoya no solamente en el conocimiento

sistemático - o entendimiento del asunto ecológico- sino también en el

conocimiento relacionado con la acción (lo que se puede hacer) y el conocimiento

de la afectividad (beneficios comparativos de acciones distintas) (Bozic, 2010)

Encajar al hombre dentro del ecosistema o en saber conservar, no es suficiente,

sino que se requiere que aprender a transformar bien.

La necesidad de utilizar un enfoque epistemológico de carácter transdisciplinario y

multidisciplinario que permita una mejor comprensión del fenómeno, a la vez que

una pertinente estrategia de búsqueda de soluciones de problemas. La

globalización e internacionalización de las vidas social, económica, política y

cultural como una realidad dramáticamente presente constituye en última instancia

el hecho fundamental que obliga al tránsito de un esquema rígido y disciplinario

tradicional, hacia un modelo flexible y carácter transdisciplinario. (Zenteno Gaytán,

2010) Hoy en día prácticamente cualquier decisión, en los microambientes y

macroambientes sociales, tiene que tomar en consideración las condiciones y

perspectivas globales. Se requiere un enfoque de calidad educativa que considere

nuestras experiencias personales y, sobre todo, la educación en valores y calidad

de vida.

Para finalizar el desarrollo sustentable se concibe como una forma de vida,

construida de una visión, filosofía, ética y acciones cotidianas, que marcan una

nueva forma de convivir con nuestro entorno, entendiendo nuestra relación con él,

haciéndonos conscientes del compromiso y responsabilidad.

1.2 El Principio de Sustentabilidad

El concepto de lo ambiental ha tomado parte importante en las discusiones

políticas y de relaciones internacionales en la actualidad; el marco jurídico se ha

modificado de manera acompañada con los cambios culturales en relación a la


27

sociedad y la naturaleza, constituyendo un elemento axiológico con la valorización

de la naturaleza y sus componentes, desarrollo que culminaría con la protección

constitucional de un “derecho al ambiente”.

La noción de desarrollo ha sido entendida en términos de un crecimiento,

recuperación o aceleración de un camino trazado de antemano. Es decir, el objeto

de conocimiento de la teoría del desarrollo había obedecido a una noción

determinista que interpretaba la historia material de los hombres guiada por las

tendencias registradas en los países desarrollados, y éstos, a la vez, por una

tendencia universal dada de crecimiento ilimitado. Se sostiene que la cultura

contemporánea dominante y el modelo de desarrollo que ésta impulsa, han

provocado una crisis ambiental que se han manifestado en el deterioro global de

las condiciones naturales que hacen posible la vida en el planeta y que ponen en

riesgo el futuro de la especie humana. Olivier Godard explica que el término

sustentable inspira entonces la definición de un proyecto de transformación de la

organización económica y social actual.40

Las ideas de crecimiento y desarrollo, así como en general las ambientalistas, han

variado desde visiones totalmente sociales hasta las más naturalistas; desde la

idea de incredulidad, hasta las más catastróficas. Thomas Robert Malthus, desde

una visión meramente social, planteaba que, mientras la población se desarrollaba

en progresión geométrica o exponencial, la producción de alimentos tendía a

hacerlo en progresión aritmética o lineal, por lo que, en un momento dado, los

alimentos resultarían insuficientes, y los salarios llegarían a niveles por debajo del

de subsistencia.41 Por otra parte, Paul Ehrlich exponía que se necesita una política

de control con definición previa de lo que podría ser el tamaño óptimo de una

población estable y a consecuencia de las publicaciones del llamado Club de

Roma, se llegó a la elaboración de un modelo informatizado de las variables

asociadas a las cinco tendencias de inquietud mundial: industrialización acelerada,

rápido crecimiento demográfico, escasez general de alimentos, agotamiento de recursos no

renovables y deterioro del medio ambiente.

40 Véase Godard, Olivier, “L’inscription économique du développement durable”, en Cahiers Français, Francia, Número 306, 2002. 41 Véase Malthus, Robert, Primer ensayo sobre la población, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, s/f.


28

Con distintas proyecciones de tendencias y circunstancias actuales, estudiaron

posibles escenarios que incluían variables como el desarrollo tecnológico, los

recursos económicos, la contaminación y la escasez de alimentos. Las

conclusiones eran que, de continuar las tendencias actuales, los límites que el

planeta impondría al crecimiento se alcanzarían dentro de los próximos 100 años,

teniendo por resultado más probable una catástrofe general a partir del declive

súbito e incontrolable de la capacidad industrial, y la hambruna y disminución de la

población consiguientes, en un contexto de caos social.

Una propuesta alternativa de estas y otras visiones fue la del “ecodesarrollo42”.

Esta corriente recogió también gran parte de las críticas al concepto de desarrollo

como equivalente lineal de crecimiento económico, como son: críticas a los

patrones de consumo dominantes, a los sistemas y escalas de producción, a los

estilos tecnológicos, con la desaparición de los recursos naturales, a través de

ideas como la preferencia por los recursos renovables frente a los no renovables y

por las tecnologías adecuadas o blandas, buscando la conservación del medio

natural.

Fueron pocas y sin reflectores las conferencias en las que se divulgaba la idea de

este tipo de desarrollo. En el Seminario de Founex, Suiza, en 1971, se buscó

establecerla estrecha relación entre el desarrollo y el medio ambiente, que los

desequilibrios ecológicos se atribuyen al proceso de industrialización y al

crecimiento demográfico en general, así como la necesidad en la adecuada

regulación de los planes de desarrollo. Otra de las fechas en las que se incluía

esta propuesta, fue en la Conferencia de Cocoyoc, en México, en octubre de 1974,

en la que se insistió en que las desigualdades socioeconómicas en el deterioro

ambiental son consecuencia de los modelos de desarrollo y las formas de vida

vigentes; y se indicó la necesidad de estilos de desarrollo alternativos y de un

nuevo orden internacional.

La idea del ecodesarrollo constituye la idea de comunión entre el sistema natural y

el contexto sociocultural, así como la pluralidad de soluciones de acuerdo al tipo

42 Foladori, Guillermo y Pierri, Nina, ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, México, Porrúa, 2005, p. 45.


29

de circunstancias, interpreta los problemas ambientales como externalidades del

sistema, de donde el ecodesarrollo buscaría integrar lo ambiental al proceso de

desarrollo, como la internalización. En la explicación del concepto, Ignacy Sachs

reivindicó una nueva ética de la naturaleza, y estableció los principios de una

solidaridad diacrónica con las generaciones futuras, basada en la conservación de

la estructura productiva de los recursos renovables y en la oposición a la

utilización inmoderada de los recursos no renovables. A esto se agregan acciones,

como la introducción de tecnologías apropiadas y la orientación del sistema

educativo para generar los conocimientos necesarios para un manejo

ecológicamente adecuado de los recursos, proclamando el rechazo a la

dependencia cultural y técnica.43

Antes de la idea del desarrollo sustentable, otra perspectiva importante fue la

propuesta al tiempo del Informe del Club de Roma, fue el estudio presentado por

la Fundación Bariloche. En “¿Catástrofe o Nueva Sociedad? Modelo Mundial

Latinoamericano”, se presenta una visión también humanista y crítica, pero más

profunda que la del ecodesarrollo por cuestionar las bases económicas y políticas

del orden actual y proponer alternativas en pos de una sociedad diferente. Los

elementos básicos de la nueva sociedad serían: equidad a todas las escalas; no

consumismo (determinación a través de las necesidades sociales y no por el lucro

privado); y el reconocimiento de que esas necesidades pueden ser definidas de

manera diferente según las diferentes culturas, entre otras características.

Catástrofes químicas, petroleras, atmosféricas y hasta nucleares desde 1976

hasta 1986, más las crisis económicas y sociales, fueron desencadenantes y

puntos de quiebre para el surgimiento de un nuevo modelo de desarrollo. Es

entonces, a partir de la publicación del documento conocido como “Nuestro Futuro

Común”, que se refuerza la unión entre desarrollo y el ambiente como esfuerzos

interligados, y establece una reciprocidad de causa–efecto entre la pobreza y el

ambiente. La apelación al desarrollo sustentable es un llamado a cambiar las

43 Sachs, Ignacy, “Ambiente y estilos de desarrollo”, en Comercio exterior, Vol. 24, Número 4, abril, México, 1974, pp.360-368. Consultable en http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/407/5/RCE7.pdf Fecha de consulta: 18-septiembre-2016.


30

estrategias aplicadas hasta el momento, tanto en materia de políticas de

desarrollo, como ambientales.

Respecto a la teorización de la sustentabilidad, es necesario volver a la idea de los

opuestos. Como en muchos otros temas, han existido posiciones en ocasiones

muy encontradas sobre la viabilidad y eficiencia del desarrollo sustentable; en el

plano ambiental general, existen grupos que comparten la idea de un desarrollo

con visión ambiental, a estos se les puede distinguir bajo el nombre de

economistas ambientales, y además existe un contrario, el de los economistas

ecológicos, o ambientalistas conservacionistas, que parten de la separación entre

el crecimiento y la protección a los recursos naturales, defendiendo la idea de un

necesario crecimiento cero. En materia de la sustentabilidad, se pueden destacar

–en el plano de la literatura sobre el tema– cuatro categorías de sustentabilidad,

desde la muy débil hasta la muy fuerte, con dos intermedios. Las sustentabilidades

muy fuerte y muy débil, representan las posiciones paradigmáticas de la economía

ecológica y de la economía moderada, que tienen las posiciones extremas

respecto al crecimiento, oponiéndose la primera, y defendiéndolo la segunda,

ambas de manera absoluta.

La sustentabilidad muy fuerte, niega la sustituibilidad entre capital natural y

manufacturado, proponiendo, como vimos, que son complementarios, y que debe

mantenerse todo el capital natural y reponerse lo más posible del ya dañado o

usado. En el otro extremo, la sustentabilidad muy débil, sostiene la perfecta

sustituibilidad, y le preocupa no sólo mantener sino, en lo posible, acrecentar el

capital total, independientemente de su composición. La sustentabilidad débil,

intermedia, es la propuesta por una parte de la economía moderada ambiental:

reconoce que la sustituibilidad no es perfecta y entonces hay que preocuparse por

mantener cierto capital natural tomando en cuenta las situaciones y posibilidades

concretas. Por su parte, la sustentabilidad fuerte a secas, se inscribe en la

economía ecológica, pero se aparta de su formulación tan cerrada con el fin de

obtener mayor pragmatismo.


31

El desarrollo sustentable representa una interconexión orgánica de tres campos de

conocimiento, sin embargo, actualmente ésta interconexión no se encuentra lo

suficientemente estudiada como para definir con precisión las relaciones que se

dan entre ellos; por lo tanto, es importante considerar que deberán construirse

nuevas instituciones y regulaciones que de manera transversal aborden el

problema de la sustentabilidad44. Así, trabajar por el desarrollo sustentable implica

avanzar simultáneamente desde incluso cinco perspectivas: económica, humana,

ambiental, institucional y tecnológica. Las características de este proceso serán

diferentes dependiendo de la situación específica en que se encuentre un

determinado país, región o localidad.

Entonces, la idea del desarrollo sustentable surge como una propuesta que integra

tres dimensiones: la económica, la ecológica y la social, y constituye el resultado

de un intenso esfuerzo por construir una visión integral sobre los problemas más

acuciosos del cómo pensar el desarrollo, recuperando las aportaciones desde la

aparición de la teoría de desarrollo como una especialidad de la economía hasta la

etapa actual, de construcción multidisciplinaria, del desarrollo sustentable. El

principio de sustentabilidad emerge en el contexto de la globalización como la

marca de un límite y el signo que reorienta el proceso civilizatorio de la

humanidad, se comprende que el desarrollo debe centrarse en los seres humanos

y no sólo en los índices económicos.

El paradigma del desarrollo sustentable constituye un fenómeno cultural que

involucra la transformación de prácticas antes aceptadas y defendidas como

necesarias, ante la visión antropocéntrica del mundo, por hábitos y actividades

que significan un sacrificio contra esas prácticas hegemónicas. Además, las

transformaciones sociales y culturales derivadas de la evolución tecnológica

acelerada de los últimos años ha acelerado a su vez los tiempos de la sociedad

humana, contraponiéndose a los tiempos de la naturaleza; el crecimiento

poblacional es una muestra clara de cómo el avance de la sociedad afecta

fatalmente el entorno. Doctrinariamente, el adjetivo se ha concebido como

44 Cfr. Saldívar V., Américo, (coord.), De la economía ambiental al desarrollo sustentable: alternativas frente a la crisis de gestión ambiental, México, UNAM, 1998.


32

fundamento teórico y metodológico de un nuevo paradigma de desarrollo que

unifique el aspecto económico, la conciencia ecológica y la responsabilidad socio–

cultural.

En el terreno práctico, hoy en día es común la denominación de “sustentable” a

actividades humanas, ya de arquitectura, ya de ingeniería, etcétera; lo que ha

ocasionado problemas en su utilización es la vaguedad con la que en ocasiones

se maneja el concepto. Distintos escritores consideran que algunos ven la

sustentabilidad como una nueva creencia que sustituye a otros paradigmas como

el progreso, apunta que la noción de sustentabilidad está sometida a la lógica de

las prácticas: se articula a los efectos sociales deseados, a las funciones prácticas

que el discurso pretende volver realidad objetiva.

Derivado de esta vaguedad surge la confusión con el término “sostenible”, más

allá de la confusión gramatical, la discusión de la diferencia entre ambos

conceptos se basa, principalmente, en la idea de que el término “desarrollo

sostenible” suele usarse de una manera insustancial, general e imprecisa,

llamándose sostenible a innumerables procesos de producción, prácticas y

políticas que en realidad no responden a esa orientación. Estas ideas, se pueden

rebatir con lo siguiente: El término sustentable necesita dos momentos para

comparar resultados: el presente y el futuro, se trata de la relación entre un

presente conocido y un futuro deseable.

Esta noción sitúa a la sustentabilidad en la “causalidad teleológica”. Además, el

desarrollo sustentable, cuestiona de raíz los procesos de desarrollo económico y

el crecimiento ilimitado de la economía en un mundo finito, sugiriéndolo como

principal obstáculo para crear sociedades justas para todos y perdurables; en

definitiva, se hace necesario una transformación radical del modelo económico

imperante. De esta forma, lo sustentable se entiende como la práctica continua de

acciones y políticas que llevarán a lo que en un futuro resultará en un desarrollo

sostenible.

El desarrollo se debe concebir como una forma de planificación. La planificación

se debe entender como la preparación de una política y, más particularmente, de


33

una política de desarrollo. El desarrollo también exige transformaciones profundas

y deliberadas, cambios estructurales e institucionales. Se concibe entonces como

un proceso de cambio social, como un proceso deliberado que persigue como

finalidad última la igualdad de oportunidades sociales, políticas y económicas,

tanto en el plano nacional como en relación con sociedades que poseen patrones

más elevados de bienestar material.

En los procesos que se lleven a cabo en la búsqueda del nuevo modelo de

desarrollo, como ya se mencionó, es necesaria una planificación, la cual significa

una acción consciente, racional y organizada; la planificación debe ser concebida

como un proceso, en cuanto al conjunto de etapas sucesivas, así como un

sistema, en cuanto a una organización que posibilite atender los aspectos

concernientes con la ubicación y los plazos. La planificación es una condición

previa e indispensable para la formulación de las políticas y de las medidas de

desarrollo pertinentes para que sean eficientes.

Juan Rodrigo Walsh destaca entre los elementos característicos de la

interpretación de la sustentabilidad el símil al bienestar humano pero mantenido a

lo largo del tiempo; la exigencia en considerar la compensación por los deterioros

ambientales generados en el presente, con el fin de mantener las expectativas de

bienestar humano en el futuro, esto se efectiviza –al menos en parte– con la

garantía de un acervo de bienes equivalentes a los actuales; este “capital

constante” se compone tanto por recursos naturales como por recursos

antrópicos, con la alternancia y recomposición entre ambas categorías (bienes

naturales y recursos antrópicos), lo cual hace necesaria una valorización de

ambos tipos de recursos, así como una distinción de aquellos bienes naturales

que podrían considerarse irremplazables por medio de bienes antrópicos,

determinación que deriva en el concepto de “principio precautorio”. Además, la

innegable necesidad de transformar la forma clásica de medir el crecimiento

económico.45

45 Di Paola, María Eugenia, Walsh, Juan Rodrigo (coords.), Ambiente, Derecho y Sustentabilidad, 10ª edición, Argentina, Editorial La Ley, 2000, pp. 27-29.


34

“Las características de la sustentabilidad (Z) parten de una visión económica de

la problemática ambiental y tienen sus raíces en el pensamiento moderno, con la

generación de la clara conciencia respecto del crecimiento de la civilización

humana y las limitaciones materiales que este crecimiento impone al ecosistema

de la tierra”.46

Deben así tomarse en cuenta varios elementos neurálgicos para el cambio de

paradigma hacia un desarrollo sustentable: es necesario reafirmar y asegurar la

misma situación de derechos para todo ser humano, debe establecerse una visión

global de los problemas ambientales, en tanto que su afectación es global; la base

institucional política es necesaria como parte de la transformación integradora;

derivado de los puntos anteriores, es necesario tomar en cuenta las variables

culturales de cada sociedad, a partir de aspectos históricos y filosóficos, y no solo

políticos y legales; además, es necesaria la búsqueda constante de igualdad en

términos de oportunidades, así como de los beneficios hacia los más necesitados;

por último, es fundamental garantizar estos derechos no solo en una visión actual,

sino con la prospectiva de las generaciones futuras.47 Entonces, la noción de la

temporalidad que se mencionó líneas arriba incluye también una nueva visión en

prospectiva para la decisión política y económica que se adopten.

1.2.1 La sustentabilidad como eje de solución transversal

Indicadores de la sustentabilidad

El problema de la insostenibilidad histórica de la sociedad industrial estriba en que,

a diferencia de la biósfera, no ha sido capaz de cerrar los ciclos de materiales

reconvirtiendo, con la ayuda del Sol y sus derivados, los residuos en recursos.

Con ello el sistema se topa con problemas de escasez de recursos y de exceso de

residuos, a la vez que resulta cada vez más difícil y costoso mantener su propia

calidad interna. Es fácil afirmar que un sistema económico se hace globalmente

más insostenible a medida que utiliza (directa o indirectamente) y degrada

cantidades crecientes de la energía y los materiales extraídos de la corteza

terrestre o de los obtenidos de la sobreexplotación de ecosistemas, especies o 46 Ibídem, p. 29. 47 Fuchs Bobadilla, Margarita, “El desarrollo sustentable y el derecho”, Tomo 52, Número 237, México, 2002, pp. 85 y 86.


35

recursos. Estos usos arrojan una huella de deterioro ecológico observable sobre el

territorio por el espacio requerido para obtener los recursos o para depositar o

digerir los residuos.

“Cuando a la sociedad, a la economía y al medio ambiente se les mira como

entidades separadas, como partes no relacionadas de la comunidad, los

problemas también se ven como tópicos aislados. Con base en este paradigma,

cada entidad pública va por su lado, los consejos para el desarrollo económico

tratan de crear empleos. Este enfoque, poco sistemático, puede generar un

número importante de efectos colaterales negativos”.48

Para monitorear el desarrollo en sus debidas dimensiones, para ayudar a quienes

toman las decisiones y elaboran las políticas a todo nivel a mantenerse enfocados

en el camino hacia el desarrollo sustentable, es necesario que la planificación se

desenvuelva en torno a diversos indicadores. El proceso de elaboración de

indicadores es lento y complejo y requiere numerosas consultas. Cuando aparece

un nuevo indicador éste debe ser puesto a prueba y modificado a la luz de la

experiencia.49

Un indicador, es una variable que, en función del valor que asume en determinado

momento, despliega significados ligados a un constructo cultural y de significado

social que se asocia al mismo. De ahí que no cualquier tipo de estadística pueda

ser considerada como indicador, pues para entrar en esta última categoría, el dato

que se está considerando debe decir varias cosas de primera importancia a un

grupo determinado de personas, sin lugar a dudas o interpretaciones encontradas;

conforma una variable. Una variable es una representación operativa de un

atributo (calidad, característica, propiedad) de un sistema.

Un indicador proporciona una pista para un asunto de mayor trascendencia o hace

perceptible una tendencia o fenómeno que no es detectable inmediatamente. Por

tanto, el significado de un indicador va más allá que lo que realmente mide, y se

dirige más bien hacia un fenómeno de mayor interés. Deben, sin embargo, tener la

48 Díaz Coutiño, Reynol, Escárcega Castellanos, Susana, Desarrollo sustentable: Una oportunidad para la vida, México, Mc Graw Hill, 2009. p 107. 49 Foladori, Guillermo y Nína Pierri, óp. cit., México, Porrúa, 2005, p. 53.


36

factibilidad de ser analizados y una metodología de medición fija. Los indicadores

proveen información en una forma más cuantitativa que únicamente las palabras o

los diagramas; implican una medida contra la cual pueden medirse algunos temas

de política pública, como el desempeño de la política. Los indicadores también

proveen información en una forma más simple y entendible que estadísticas

complejas u otra clase de datos científicos o económicos; implican un modelo o

conjunto de supuestos que relacionan, como ya se dijo, al indicador con un

fenómeno más complejo.

La importancia del establecimiento adecuado de indicadores se puede ver por su

propia función; reducir el número de medidas y parámetros que normalmente se

requieren para ofrecer una presentación lo más cercana posible a la realidad de

una situación, y con ello simplificar los procesos de comunicación. Estas funciones

básicas convierten a los indicadores en el instrumento mediante el cual se

proporciona información concisa y sustentada científicamente a diversos usuarios,

tomadores de decisiones y al público en general de manera que pueda ser

entendida y usada fácilmente.

Desde un punto de vista teórico, y de acuerdo al autor que se investigue, se

pueden encontrar distintos grupos de indicadores. Uno de ellos, por ejemplo, es de

acuerdo a lo que la (Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU)

denomina una “sociedad sustentable”, la cual se medirá de acuerdo a distintos

parámetros: En un primer grupo, se encuentra el índice de desarrollo humano, que

engloba el promedio de esperanza de vida, el nivel educativo y el ingreso per

cápita. En un segundo bloque se encuentra el índice de libertad humana, medido a

través de los derechos y libertades que se protejan. Un tercer parámetro lo abarca

la sustentabilidad específicamente ecológica, la cual se relaciona a los cuidados,

restricciones y acciones que se lleven a cabo para la protección del ambiente. Por

último, un cuarto bloque lo abarcan indicadores como el gasto en alimentos, agua

y otros recursos naturales; el uso de la energía y los cambios demográficos.50

50 Fuchs Bobadilla, Margarita, óp. cit., p. 93.


37

Desde un punto de vista más práctico, se han desarrollado modelos que integran

los diversos indicadores que podrían ser utilizados, agrupándolos de acuerdo a los

aspectos o dimensiones que forman parte del desarrollo sustentable. Así, nos

encontramos con tres principales dimensiones, más una cuarta que recientemente

se ha añadido a la explicación. Los aspectos económico, social y ambiental son el

resultado de la sistematización de este nuevo paradigma, y un cuarto elemento, el

aspecto institucional o político, como planificador y regulador del sistema.

La dimensión económica de la visión del progreso ha sido en la que el sr humano

se ha enfocado más, principalmente desde la Revolución Industrial, se empezó la

producción en serie de un sinnúmero de bienes que permitieron al hombre –

principalmente a los dueños de las empresas y quienes controlaban los recursos–

una forma de vida más cómoda, además de percibir cada vez ingresos y

beneficios económicos cada vez mayores. Fue por un largo tiempo que se otorgó

mayor atención a cualquier vínculo económico con las acciones que el ser humano

realizara.

Así mismo, la humanidad ha cometido el grave error de buscar dar un valor

económico a todo producto, material o recurso a su alcance, o, para mejor decir,

se ha monetizado el sentido de la palabra “valor”, reduciéndolo a una simple cifra,

y encasillando los bienes en ganancias. Desde los textos del Club de Roma y de

diversos autores que han expuesto ideas en contra de este capitalismo

exacerbado, se ha dejado entrever la forma de redimensionar lo valuable y lo

valioso, ante la situación de saber que recursos tales como el agua de los

océanos, de ríos o lagunas, el aire, la energía del Sol, la oxigenación que ofrecen

los bosques, selvas y otra serie de servicios y beneficios que nos brinda la

naturaleza no han podido ser tarifados con la etiqueta de un precio, así como la

necesaria desvinculación del valor de un bien y de la calidad de vida del ser

humano (¿Cuánto valdría el beneficio de despojarse de toda la contaminación

sonora que ocurre en las grandes ciudades?, ¿Qué valor otorgar a la pérdida de

visión nocturna debida de los cientos de miles de espectaculares luminosos que

invaden cada vez más las calles?).


38

La enseñanza de un mundo que se desarrolle sustentablemente no implica la

eliminación total de los medios de producción ni del capital monetario, pero sí el

nuevo enfoque hacía el capital natural, hacia los recursos que se han ido y se

seguirán agotando. Así, entre algunos de los indicadores que se pueden registrar

en el aspecto económico se encuentran: La cooperación económica internacional

para mejorar el desarrollo sustentable en los países, y en sus políticas internas; el

cambio de patrones de consumo; la regulación y manejo responsable de

mecanismos y recursos financieros, así como la transferencia de tecnología de

quienes la poseen hacia quienes la necesitan.

La dimensión social del desarrollo sustentable consiste en reconocer el derecho a

un acceso equitativo a los bienes comunes para todos los seres humanos, en

términos intrageneracionales e intergeneracionales, tanto entre géneros como

entre culturas. La distribución de los recursos y su consecuente escasez ha

provocado la obligada respuesta de las personas que enfrentan severas

dificultades de acceso a los recursos más indispensables para sobrevivir, dando

como resultado guerras por el control y administración de los recursos y

manifestaciones sociales con diversas formas de demanda respecto a una

distribución justa de recursos y a un equilibrio de condiciones de vida para todas

las personas. Es por ello que uno de los objetivos primordiales en un marco de

desarrollo sustentables luchar cada vez más –y mejor– en contra de las

desigualdades y la extrema pobreza en el mundo.

Es por todos conocido el desplazo de comunidades y poblaciones debido a

conflictos económicos o conflictos bélicos, situación que debe erradicarse, pero

otro aspecto que no en muchos lugares se menciona es el número de

desplazamientos de poblaciones debido a problemas ambientales, ya causados

directamente por el hombre, ya indirectamente, tales como la escasez de agua, la

destrucción de bosques o zonas de cultivo, incendios e inundaciones.

Indicadores comúnmente vinculados al aspecto social del desarrollo son: Como se

mencionó, el combate a la pobreza; la regulación y estudio constante de la

dinámica demográfica y de sustentabilidad en poblaciones necesitadas; la


39

promoción de la educación, la concientización pública y la capacitación ante

cualquier problema o riesgo social y ambiental; la protección y promoción de la

salud humana; y la promoción del desarrollo de asentamientos humanos

sustentables.

La tercera dimensión, el aspecto ambiental, del desarrollo sustentable, es

resultado de la evolución que se ha expuesto líneas arriba, además de la suma de

los conflictos generados por los anteriores dos aspectos. A partir de las últimas

Conferencias y publicaciones de la ONU, se ha establecido la necesidad de

incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas

nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. Lo que se busca

es preservar las condiciones del planeta con acciones como la defensa de los

bosques, la protección de las distintas especies de flora y fauna, conservar buenas

condiciones del aire, proteger las fuentes de suministro de agua, lograr un control

de la urbanización, así como otra serie de factores relacionados con el ambiente

que en su conjunto nos proporcionan las condiciones necesarias para una vida

digna y, sobre todo, el cuidar que estas condiciones se mantengan en el futuro.

“En términos ecológicos, el desarrollo sustentable supone que la economía sea

circular, que se produzca un cierre de los ciclos, tratando de imitar a la naturaleza.

Es decir, los sistemas productivos son diseñados para utilizar únicamente recursos

y energías renovables, para no producir residuos, ya que éstos vuelven a la

naturaleza o se convierten en input de otro producto manufacturado. Este modelo

opera considerando el ciclo vital del producto completo, desde su extracción hasta

la disposición final del residuo cuando su vida útil termina.”51

La actividad humana a través del tiempo, en aras del desarrollo, ha

desencadenado resultados negativos para la calidad de vida que se supone ese

desarrollo debía proporcionar, esto en relación al estado del ambiente,

circunstancia generada en gran medida por al uso irracional e inconsciente de los

recursos naturales.

51 Díaz Coutiño, Reynol, Escárcega Castellanos, Susana, óp. cit., p. 110.


40

Algunos de los indicadores ambientales más utilizados son: Los recursos de agua

dulce; el grado de protección de océanos, todo tipo de mares y áreas costeras; el

enfoque integrado para la planificación y administración de recursos del suelo; el

manejo de ecosistemas frágiles (desertificación y desarrollo en zonas vulnerables);

promoción de la agricultura sustentable y desarrollo rural; el combate a la

deforestación y la conservación de la diversidad biológica.

Por último, se ha integrado un cuarto aspecto en tanto que desempeña un papel

fundamental en el cumplimiento de objetivos en cada país, y por supuesto

internacionalmente. La clase política se instaura para regular los convenios

comerciales y de mantener las buenas relaciones entre países, a través de

tratados, que permitan una apertura de mercados con acuerdos arancelarios

equivalentes; por ello se puede confundir el aspecto político con el económico,

debido a la misma hegemonía que se ha establecido de los aspectos económicos;

sin embargo, la dinámica actual entre los países abarca una gran diversidad de

relaciones, no solo económicas, sino personales, sociales, tecnológicas, o de

investigación, y es fundamental considerar todos los posibles para el

establecimiento de acuerdos, pues implica un hábil manejo político para lograr que

dichas relaciones sean exitosas.

La dimensión política o institucional funciona como el eje que organiza, regula,

ejecuta y monitorea los indicadores de los otros tres ejes, con la obligación de

mantener un apego entre cada uno de ellos con los demás. Con el propósito de

incorporar la variable ambiental en los acuerdos entre países desarrollados se

consideran principios tales como “el que contamina paga” a escala internacional y

el principio de la soberanía internacional, restricciones o diversos ordenamientos

jurídicos, ejemplo de ello es una de las medidas que mayor beneficio ha aportado,

la norma ISO 14001, para la evaluación de criterios de Gestión Ambiental.52

Entonces, dentro de los indicadores que se relacionan al aspecto político se

encuentran la integración del ambiente y el desarrollo en la toma de decisiones; el

fortalecimiento y promoción de avances científicos para el desarrollo sustentable;

52 ISO 14000 – Environmental Managment. Consultable en http://www.iso.org/iso/iso14000 Fecha de consulta: 18-septiembre-2016.


41

la implementación y obediencia de instrumentos y mecanismos legales

internacionales, así como la transmisión de información para la adopción de

decisiones y el fortalecimiento del papel de los grupos principales en la toma de

decisiones políticas.

El establecimiento de indicadores para cada dimensión debe regirse por

características muy específicas:53

1. Ofrecer una visión de las condiciones ambientales, presiones ambientales y

respuestas de la sociedad o gobierno; 2. Ser sencillos, fáciles de interpretar y

capaces de mostrar las tendencias a través del tiempo; 3. Responder a cambios

en el ambiente y las actividades humanas relacionadas; 4. Proporcionar una base

para las comparaciones internacionales (cuando sea necesario); 5. Ser aplicables

a escala nacional o regional, según sea el caso; 6. De preferencia tener un valor

con el cual puedan ser comparados; 7. Estar teórica y científicamente bien

fundamentados; 8. Estar basados en consensos internacionales; 9. Ser capaces

de relacionarse con modelos económicos y/o de desarrollo, así como con sistemas

de información; 10. Estar disponibles con una razonable relación costo/beneficio;

11. Estar bien documentados y gozar de calidad reconocida; 12. Ser actualizados

a intervalos regulares con procedimientos confiables.

Dependiendo de las prioridades asignadas por los gobiernos, las empresas y la

población en su conjunto, cada país aplicará sus propias estrategias para alcanzar

el desarrollo sustentable. La cuestión del desarrollo se concibe ya como un

proyecto de voluntad política, que toma forma en la concepción desarrollo

“sustentable”. Este calificativo al sustantivo desarrollo, es lo que constituye el

desafío para buscar un cambio de rumbo a las teorías del antiguo orden

económico.

Al hablar de lo que involucra la noción de indicadores en el desarrollo sustentable,

es necesario hacer mención de un presupuesto conceptual de la sustentabilidad:

el principio precautorio. Este elemento constitutivo del nuevo paradigma, involucra,

en principio teóricamente, los indicadores ambientales o ecológicos y sociales;

53 Villavicencio Ortiz, María de los Ángeles (coord.) Desarrollo sustentable en el contexto actual, México, s/e, 2011, p. 57.


42

este criterio surgió en Alemania en la década de los ochenta como una política de

estado, tendiente a limitar o minimizar los impactos ambientales, mediante un

cuidadoso análisis de riesgos con la evaluación y planificación de alternativas,

exigiendo evitar lo mayor posible cualquier riesgo de menoscabo al ecosistema,

ante una situación de incertidumbre en el daño potencial en los aspectos social y

ambiental, derivado de cualquier acción planteada.54

Se pueden distinguir algunos criterios y elementos claves para el entendimiento de

este principio. En primer lugar, implica una proactividad, como disposición a tomar

decisiones; toda acción está en función del beneficio que se vayan a producir y los

costos que ésta pudiese generar; Así mismo, cualquier acción se desarrollará en

el marco de la vulnerabilidad de los recursos naturales, y los umbrales de

irreversibilidad de éstos ante la acción a tomarse; este principio además conlleva

una valorización de los ecosistemas, como bienes naturales que poseen un valor

moral intrínseco por su propia vulnerabilidad; con la ejecución del principio

precautorio, se establece la carga al proponente de una determinada acción de

probar la inocuidad de la acción a tomarse; existe además la necesidad de

contemplar horizontes temporales amplios –situación que va en contra de la

cultura democrática de gratificaciones al corto plazo–; por último, a pesar de verse

como un principio por esencia proactivo, implica más ampliamente la

responsabilidad de recomposición de cualquier daño ocasionado en el pasado.55

1.2.2 Desarrollo sustentable como derecho humano

Dentro de los derechos humanos reconocidos por los órganos internacionales y en

específico por el sistema jurídico mexicano, así como en otros de Latinoamérica y

el mundo, se encuentran los derechos ambientales, entendidos en su máxima

expresión, como necesidad de disfrutar de un ambiente sano, convertido, a su vez

en el deber de proteger y preservar el medio natural donde nos desenvolvemos;

ocupan un sitio destacado solo en recientes generaciones de derecho: “la razón

de esta ubicación responde al carácter progresivo que poseen los derechos

humanos, sobre la base de su constante desarrollo y la necesidad de

54 Di Paola, María Eugenia, Walsh, Juan Rodrigo (coords.), óp. cit., p. 47. 55 Di Paola, María Eugenia, Walsh, Juan Rodrigo (coords.), óp. cit., pp. 48-49.


43

reconocimiento de nuevas figuras que aparecen al tenor de las transformaciones

sociales”.56

Incluso, la idea del desarrollo ha estado también incluida dentro de los derechos

del ser humano, reconocida formalmente desde 1986, en la Declaración sobre el

derecho al desarrollo. Un primer acercamiento a lo que debe entenderse por

desarrollo ha sido la realización completa y progresiva de todas las libertades y los

derechos del ser humano57. Este acercamiento no solo significa una separación de

la idea capitalista e industrializada del crecimiento sino la obligación de un

mejoramiento constante en los aspectos social, cultural y político. De esta forma,

el derecho al desarrollo constituye un proceso consistente con los derechos

humanos y sus estándares, trabajando a la par con principios como la igualdad, la

no discriminación, la participación y la transparencia. Se puede notar que el

derecho al desarrollo tiene la doble naturaleza de estimulador de otros derechos y

de un derecho propiamente englobado dentro de los derechos humanos; es,

entonces, un derecho compuesto, al tener interdependencia con otros derechos y

buscar la conjunción de todos ellos. Es importante esta acotación pues significa la

mejora constante del cumplimiento y disfrute de un derecho, pero sin menoscabar

otro derecho. En otras palabras, esta doble naturaleza, o desempeño, del derecho

al desarrollo, es el de funcionar como un derecho instrumental, al incluirse en el

proceso de mejora de derechos, y un rol sustancial, al ser también el resultado de

la mejora y cumplimiento de todos esos derechos.58

Ahora bien, una necesidad de los derechos proclamados como inherentes al ser

humano es la factibilidad de ser operacionales, por lo que se han incluido

elementos que permiten su continua evaluación y mejora, los llamados

indicadores. Incluyendo el establecimiento de indicadores a la primera definición

que se dio sobre el derecho al desarrollo, se puede conformar una más adecuada,

entendiendo así al derecho al desarrollo como el derecho a un proceso de

56 Bruzón Viltres, Carlos Justo y Antúnez Sánchez, Alcides Francisco, “Reflexiones en torno a la protección de los derechos humanos desde la perspectiva del derecho ambiental internacional”, de Revista Producción + Limpia, Colombia, Volumen 7, Número 2, 2002, p. 109. 57 Véase Sengupta, Arjun, “The human right to development” en Oxford Development Studies, Volumen 32, Número 2, Estados Unidos, 2004, p. 180. 58 Ibídem, p. 184.


44

desarrollo, que consista en la realización progresiva de los derechos y libertades

del ser humano, así como la garantía a un proceso de crecimiento económico que

sea congruente con los estándares que otorgan los derechos humanos.

Otro elemento constitutivo del derecho al desarrollo es la colectividad del mismo,

lo que se entiende como la capacidad de ejercicio del derecho en sociedad, a

través del conjunto del disfrute por cada uno de sus individuos.

Dentro de este derecho ha evolucionado, y a partir de ahí ha tomado su propio

camino, el principio de sustentabilidad, por lo que han de señalarse los valores

que el desarrollo sustentable implica, como parte integral dentro del sistema –

cuestión que se explicaba líneas arriba–, principios como el de equidad

multidimensional, de autogeneración y autosuficiencia, sin olvidar la complejidad

del mismo por los procesos de desarrollo entre el individuo, sus semejantes, y su

contexto.

“Las normas se encuentran provistas de suposiciones reales que pueden ponerse

de manifiesto en el sistema jurídico mismo como errores, o resultar inadecuadas a

causa de una modificación de las condiciones (...). En la medida en la que la

sociedad aparece como la causa de lo que antes tenía que ser aceptado como

destino individual y que se convertía, por supuesto, en objeto de tematización

religiosa, se espera también de la sociedad prevención, ayuda y compensación de

las desventajas individuales. De todo ello es responsable el sistema político y,

sobre todo, el sistema jurídico”.59

El principio de sustentabilidad y la importancia del derecho a un distinto tipo de

desarrollo, no solo tiene su génesis en los problemas ambientales. Los problemas

expuestos en el capítulo primero –y otros más que pudiesen ser estudiados– están

íntimamente ligados a los problemas sociales como la desigualdad y la justicia

social, sin mencionar la ineludible verdad: todo problema de índole social o

ambiental, afectará en mayor medida a los sectores de la población con escasos

59 Luhmann, Niklas, El derecho de la sociedad, trad. de Javier Torres Nafarrate, 2ª edición, México, Herder. Universidad Iberoamericana, 2005, p. 602.


45

recursos. Solo hasta que se garantice un mayor grado de igualdad social y un

cambio en el modelo económico, se podrá hablar de un desarrollo sustentable.60

Las ideas recogidas de todos los documentos internacionales en materia de

derechos sociales y ambientales, señalan la necesidad de la profundización en el

estudio del desarrollo sustentable61. Es notoria la relevancia que ha adquirido este

principio en el orden jurídico, al punto de procurar considerársele como principio

general del derecho, basado en una idea de orden público medioambiental en

razón de la actividad cotidiana de todas las personas; y por otra parte del orden

sistémico, como parte de la estructura dentro de todo el ordenamiento,

interdependiente con los demás principios y elementos del mismo. Esto añade, a

criterio de Piñar Mañas, un nuevo sentido a otro principio fundamental, el de

justicia; sentido que incluya "armonización de políticas públicas, así como

convergencia y alineación de las mismas en relación a la naturaleza (presente y

futura), pero también la regulación y reconducción de las relaciones entre los

particulares para los mismos objetivos".62

En el ya citado Acuerdo de París, se establece y se enfatiza la importancia de la

implementación, promoción, evolución y mejoramiento, de los elementos que

componen el desarrollo sustentable, pero es importante recordar la diferencia

económica y sociocultural de cada país y sus particulares circunstancias. Una

legislación con la perspectiva de un desarrollo sustentable, obliga a un enfoque

distinto, ya no análogo a lo que otros países influyan por la globalización. La

participación internacional debe basarse en la planeación de programas tendientes

a la promoción de este tipo de desarrollo, y además es primordial establecer de

manera contundente las formas de instrumentarlo.

Por otra parte, la evolución del derecho ecológico y ambiental hacia un derecho de

la sustentabilidad, ha llevado a tomar de los principios generales del derecho,

principios propios que lo conforman tanto en el plano internacional –como el

principio de cooperación internacional–, tanto desde cada Estado. De la ya citada 60 Véase Agyeman, Julian, Bullard, Robert D. y Evans, Bob, “Exploring the Nexus: Bringing Together Sustainability, Environmental Justice and Equity” en Space and polity, Volumen 6, Tomo 1, Estados Unidos, 2002. p.77. 61 Ibídem, p.87. 62 Piñar Mañas, J, “El Derecho Sostenible como Principio Jurídico”, en Desarrollo Sostenible y Protección del Medio Ambiente, Madrid, Civitas, 2002, p. 77.


46

Declaración de Río de 1992 pueden esbozarse los principios que contribuyen a la

concepción de este derecho:63

1. El uso sustentable de los recursos naturales, reconocido desde la Conferencia

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y, con una

vinculación al concepto de equidad intergeneracional, en la Convención sobre

diversidad biológica, entendiéndose como el uso de los componentes de la

biodiversidad de modo que no conduzca a la declinación de esos recursos a largo

plazo, pero manteniendo su potencial de satisfacción de las necesidades de

futuras generaciones; 2. Responsabilidades comunes pero diferenciadas. 3.

Cooperación, tanto en el intercambio de información como en la investigación

científica, así como en la consulta y notificación de cualquier actividad que pudiera

ocasionar un daño al ambiente. 4. Prevención del daño ambiental, en el que se

han incluido el principio precautorio y la evaluación de impacto ambiental. 5.

Contaminador–pagador.

El desarrollo sustentable, como principio, nos brinda la oportunidad de actuar con

discernimiento global, ubicando, entre otras cosas, a “los seres humanos como la

razón del ser del desarrollo; (Z) que debe existir compatibilidad entre crecimiento

económico y protección al ambiente; (Z) la necesidad de asegurar que los

recursos renovables y no renovables deben ser conservados”,64 con el fin, como

señala Cantú–Martínez, de “tomar en cuenta las clases sociales oprimidas –

indígenas, campesinos y de bajos recursos económicos– global y localmente”65.

La sustentabilidad también podría tomarse como valor utilitario, permitiendo

encuadrar las acciones del Estado. Sin duda, en este nuevo acuerdo entre las

naciones, como señala Cantú–Martínez, se persigue “revitalizar el crecimiento

económico, examinando de manera holística los contextos políticos, sociales,

económicos, culturales y biológicos en los que se desenvuelve el hombre”.66

El derecho del desarrollo sustentable debe estudiarse y aplicarse en un doble

sentido nacional e internacional, en el que se enfoque al ser humano con un fin en 63 Di Paola, María Eugenia, Walsh, Juan Rodrigo (coords.), óp. cit., p. 450-459. 64 Amaya Navas, Óscar Darío, El desarrollo sostenible y el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano, Colombia, Externado de Colombia, 2012, p. 134. 65 Cantú-Martínez, Pedro C., El axioma del desarrollo sustentable. México, Revista de Ciencias Sociales, 2012, p. 90. 66 Ibídem, p. 99.


47

sí, pero considerando su entorno como medio de vida y armonía. Su estudio

implica una visión multi e interdisciplinaria, tendiente a la sistematización de los

factores que trastoque; debe ser un derecho disperso, en tanto influye no solo en

una esfera de la sociedad, y también dinámico y flexible, que se adapte a todo

cambio político, social, ambiental o económico, con facilidad en su adecuación.

Este nuevo derecho debe considerar. Existe una urgente necesidad de enmarcar

los derechos ambientales como un componente significativo en las discusiones

sobre lo que se constituye como derechos humanos.67

1.2.3 El enfoque del derecho de las generaciones futuras

El derecho, visto desde el punto de vista filosófico, teórico, o desde el aspecto

positivo, se ha enfocado al conjunto de normas, principios, reglas, que se

establecen dentro de una temporalidad, en un espacio y hacia un determinado

grupo de personas. Lo que el reconocimiento constitucional de los derechos

ambientales integra, junto con el paradigma de la sustentabilidad, es un enfoque

intergeneracional en la eficiencia y la utilidad de las normas, esto es, la visión del

establecimiento de normas que sirvan ya no únicamente a un sujeto existente en

el presente, sino que no menoscaben, y por el contrario ayuden, a un sujeto que

aún no existe; como se dijo anteriormente, puede resultar difícil de concebir un

derecho que sea objeto de estudio sin un sujeto al cual adjudicársele directamente

ese derecho. Lo que se busca explicar en este apartado es la concepción que se

tiene sobre ese enfoque intergeneracional, así como la visión necesaria en el

ámbito de la justicia y del propio derecho en un escenario que trasciende a los

contemporáneos.

La idea de la justicia ha sido estudiada desde la antigüedad, desde Aristóteles

hasta John Rawls; lo mismo ha ocurrido con la concepción de obligación y

responsabilidad; principalmente sobre los miembros dentro de una misma

generación. Respecto a esos mismos principios en el plano intergeneracional,

desde autores como Brian Norton y Avner de–Shalit hasta Derek Parfit y Hans

67 Adeola, Francis O., “Cross-National environmental injustice and human rights issues”, en American Behavioral Scientist, Volumen 43, Número 4, Estados Unidos, 2000, p.687.


48

Jonas han fundamentado nuevas ideas de justicia a partir de esa noción de

responsabilidad con el otro.

Hans Jonas, de quien se habló en la introducción de esta investigación, fue uno de

los primeros filósofos en analizar el modo en que el desarrollo de la tecnología y

de la ciencia ha afectado a la naturaleza y las consecuencias ecológicas

catastróficas para las generaciones futuras de seres humanos y para la

supervivencia misma de la especie. Jonas señala que el ser tiene un valor

absoluto, puesto que es el que dota a todo valor de la posibilidad de su existencia.

La existencia de la humanidad, aunque tiene un valor relativo (no absoluto), se

hace necesaria porque el ser humano es el único capaz de percibir y expresar el

valor del ser y de los entes, y, por tanto, es indispensable para la manifestación

del valor. La humanidad es la única capaz de asegurar la dimensión axiológica del

ser; así, si se considera al ser humano como el único capaz de tener

responsabilidad, entonces, dado que la responsabilidad es un valor, tenemos que

mantener la existencia del ser humano como condición de posibilidad de mantener

la existencia de la responsabilidad.68

Edward Page, profesor del Reino Unido, desde 1999 escribía un artículo en

relación a la responsabilidad hacía las futuras generaciones principalmente ante la

problemática del cambio climático, a partir de las ideas del ya mencionado Derek

Parfit e incluso desde el empirismo de John Locke. Page comienza su idea de

justicia intergeneracional desde una aproximación de igualdad en la distribución de

recursos a través de las generaciones, entendiendo la igualdad como la

procuración en la similitud de cantidad de recursos, o en la recomposición y

posibles acciones compensatorias por la falta de estos. Su estudio se desarrolla a

partir de dos políticas que, a su consideración, el ser humano puede tomar: El

agotamiento o la conservación.

Posteriormente, en el 2006, extendía su análisis en su libro Climate change,

justice and future generations69, con la fundamentación de nuevas teorías de la

68 Jonas, Hans, El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Barcelona, Herder, 2004, p. 96. 69 Cfr. Page, Edward A., Climate change, justice and future generations, Estados Unidos, Edward Elgar, 2006.


49

justicia ante las desigualdades generadas por el cambio climático, no solo a los

contemporáneos sino a los individuos de posteriores generaciones, revalorizando

hacia quienes se enfoca la idea de justicia, la medida de los beneficios que deben

tomarse en cuenta y que expectativas se tienen de las ideas actuales de justicia,

viéndose como una justicia consecuencial en contra de una simplemente

metodológica o procedimental. De este modo lleva su análisis hacia la igualdad en

tres posibilidades, la igualdad en la distribución de los recursos, la igualdad en el

bienestar de las personas y la igualdad de oportunidades; con el objetivo de

ampliar la concepción de bienestar y de justicia hacia un modelo intergeneracional

y sin limitación espacial. Así, la más viable política de adaptación es procurar la

igualdad de oportunidades a las siguientes generaciones: “La idea es que no se

trata del bajo bienestar actual de una persona lo que indica su relativa desventaja,

sino que la suma del grado de bienestar de todas las vidas posibles del individuo,

es menor a la de otros70”. Para Page, la adaptación, en términos de las

desventajas circunstanciadas, no es suficiente en un ideal de justicia por parte de

las generaciones anteriores, pues enseña y condiciona a los futuros individuos a

esas malas condiciones. Por último, incorpora la idea de Rawls de los bienes

primarios con una extensión del acuerdo hacia las futuras generaciones

sujetándose a un consumo apropiado de los recursos proporcionando de esta

manera, la idea de que un paradigma de sustentabilidad requiere que en cualquier

punto del tiempo que el grado de igualdad de oportunidades de cada individuo de

la población deberá ser capaz de mantenerse dentro de un tiempo indeterminado,

asumiendo que el tamaño de la futura población se mantenga igual al de la

presente.

Lo que intenta Page es fundamentar una nueva idea de justicia distributiva. Con la

primera premisa de que las acciones humanas ocasionan irrefutablemente un

daño, ocasionan cambios al clima y amenazan el bienestar de las futuras

generaciones y una segunda premisa de que toda acción que amenace el

bienestar de las futuras generaciones, llega a la conclusión lógica de que todo

70 Ibidem, p. 58.


50

cambio en el clima que sea producido por la acción del ser humano, debe

considerarse como injusto.

Esos argumentos pueden debatirse, y se han debatido, desde distintos puntos de

vista, tales como el estado de la situación ética de las futuras generaciones, el

argumento de otros autores en tanto que las amenazas del cambio climático, al

ser un hecho empírico, serán limitadas, así como la disminución de

responsabilidades entre las generaciones entre más amplio sea el tiempo entre

ellas. Todos estos son problemas que se relacionan con dos ideas éticas

planteadas desde los autores mencionados anteriormente, Locke y Parfit. Uno es

el problema de la falta de reciprocidad y la otra es la falta de identidad. Estos

problemas se relacionan con el cuestionamiento sobre la obligación que tiene la

generación actual hacía con individuos del mismo presente, con individuos de un

futuro próximo y con individuos de un futuro lejano, respecto a la calidad de vida

actual y la potencial calidad de vida futura, y el daño que se genere en la

actualidad; también tienen relación con un sentido de “necesidad” de respuesta –

reciprocidad– que todo individuo experimenta al actuar de cierta forma con otros,

además de la ausencia de una presencia empírica –identidad– que determine al

sujeto que se busca defender, volviendo indeterminables sus derechos.

Para el profesor británico, estos problemas son refutables si se amplían y

profundizan, como expone también Peter Singer, nuevas visiones nuestros valores

ya existentes, tales como el de justicia, los derechos colectivos y los intereses

comunes, entendiendo que de manera general los intereses de esas futuras

generaciones serán semejantes a los actuales. Rasgos de una idea distinta de

justicia planteada por el autor, es re–enfocar la justicia en la distribución de

recursos, en la procuración de un bienestar, pero sobre todo en la lucha y defensa

por una justicia en el mantenimiento y protección de capacidades básicas del ser

humano.

En la misma estructura de la justicia intergeneracional, Andrew Dobson muestra,

con fundamentos más políticos, el planteamiento de una ciudadanía ecológica

responsable y reivindicativa, en que se pongan en el marco de discusión política


51

las decisiones que afecten a lo que pueda entenderse como desarrollo

sustentable. Esto implica el compromiso hacia un bien común y el vínculo

inseparable de derechos y responsabilidades, un modelo que no se detiene con la

justicia respecto al ser humano, esta concepción obliga a que se tomen en cuenta

los intereses también de la biodiversidad, asegurándose las condiciones

necesarias para su supervivencia; el problema entonces no radica en qué interesa

a las generaciones futuras no humanas, sino en cómo proporcionar las

condiciones para que estos intereses se cumplan, cualesquiera que estos puedan

ser.71 Dobson integra íntimamente las ideas de justicia y sustentabilidad en tanto

prácticas de distribución para la distribución de recursos y el origen y aumento de

la pobreza en relación al ambiente y la misma mala distribución de recursos.

Brian Barry cuestiona que el cumplimiento de nuestras obligaciones morales hacia

las generaciones futuras haya de identificarse únicamente con el objetivo de

crecer indefinidamente, pues es precisamente esta exigencia de crecimiento la

que reduce en muchos casos las posibilidades de elección entre diferentes planes

de vida. Para Barry, la sustentabilidad desde un aspecto ético, nos obliga a pensar

en la preservación; en primer lugar, para definir sustantivamente el contenido de la

sustentabilidad, es necesario aceptar el hecho de que, si poseemos obligaciones

hacia las generaciones futuras, al menos deberemos proporcionarles los medios

suficientes para que ejerzan sus derechos y las consiguientes oportunidades de

elección entre diferentes planes de vida que deseamos para nosotros mismos. La

consecución de la máxima libertad para elegir en el presente puede acarrear la

carencia casi absoluta de libertad de elección en el futuro; las restricciones a la

libertad necesarias para alcanzar mayores cotas de sustentabilidad deben gozar

de un amplio respaldo democrático.72

Laura Westra conforma otra idea de lo que debe comprenderse por

responsabilidad intergeneracional, conjuntando principalmente los estudios de

Edith Brown–Weiss, Paul Barresi, Alf Ross y Thomas Pogge.73

71 Dobson, Andrew, “Representative democracy and the environment”, en Lafferty, W. y Meadowcraft, J., Democracy and the environment, Estados Unidos, 1996, p. 137. 72 Dobson, Andrew, Fairness and Futurity Estados Unidos, Oxford, 2002, pp.101-110. 73 Westra, Laura, Environmental justice and the rights of unborn and future generations, Reino Unido, Earthscan, 2006.


52

Edith Brown–Weiss expone que existen derechos y deberes que trascienden la

generación presente: La obligación de mantener las condiciones del planeta para

que las futuras generaciones hagan uso de éste, así como el deber de reparar el

daño ocasionado por las generaciones que antecedieron, acreditándose así una

obligación intergeneracional con deberes intrageneracionales. Sin embargo, estos

deberes son hasta ahora más morales que jurisdiccionales, por lo que es

necesario el tratamiento jurídico adecuado, que sirva de puente normativo entre

las experiencias del pasado, la situación del presente y la expectativa del futuro,

para una eficiente composición de la sociedad.

Por su parte, de Barresi se entienden cuatro puntos en relación a las obligaciones

de cada generación: Conservar la diversidad natural y cultural del planeta;

conservar la calidad ambiental para las siguientes generaciones; garantizar el

acceso de los recursos a todos los miembros de esa generación; conservar ese

acceso en las condiciones para que las futuras generaciones hagan uso de éste y

lo conserven de la misma manera. Además, fundamentado en el ius cogens, como

las normas de protección de valores esenciales vigentes para la comunidad

internacional, reclama responsabilidad mayor para los países desarrollados.

Westra incluye también teorías mencionadas anteriormente como la de Alf Ross y

la de John Rawls, entendiendo que la discriminación en relación a la distribución y

acceso de recursos también está sujeta a posiciones geográficas y temporales,

recalcando que, de acuerdo a lo que señala Thomas Pogge, ha existido una falla

estructural en el comportamiento de instituciones internacionales como el Banco

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, al no haber entendido –mucho menos

actuado en contra de– la innegable conexión entre el colonialismo y la pobreza

actual; el hecho de, hasta ahora, depender de un único recurso –el planeta–, y

dejar el control de ese recurso a los individuos con mejor situación económica,

manteniendo y solapando así el desproporcionado orden económico global.

Expone también el concepto de eco–justicia (justicia ecológica), como aquella que

reconoce a los humanos como dentro y parte del hábitat, sumándose a la idea de


53

Edward Page en tanto que estos derechos intergeneracionales son no más que la

consolidación de los derechos grupales.

Concluye que hay una innegable conexión entre el reconocimiento de estos

derechos y el derecho internacional, al existir una presión de los países en mejor

posición económica para mantener el estado de cosas, pero una reciente lucha

por conformar y robustecer una solidaridad transnacional y un nuevo enfoque de la

comunidad internacional humana, sin demeritar la soberanía estatal, con la puesta

en práctica del principio de herencia común de la humanidad. Señala que el riesgo

se encuentra en la impredictibilidad del futuro no en las consecuencias fácticas,

más en las formas de presentación y los efectos o daños que se ocasionen; que

se debe considerar como base el bienestar económico a nivel familiar y, por

último, que debe existir un respeto a la riqueza ecológica y garantizarse un

consumo más eficiente de los recursos actuales.

Otra aproximación de los derechos y responsabilidades intergeneracionales es la

idea de comunidad con bienes comunes e intereses compartidos, la cual se

extiende no solo entre la misma generación, sino, así como llega de anteriores

generaciones, trasciende hacia las futuras. La responsabilidad que tenemos con

respecto a las generaciones futuras tiene que ver con legarles las ideas, el bagaje

cultural y político de la comunidad que permite el mantenimiento de la identidad de

la misma. Es esa motivación la que se denomina “auto trascendencia”, con el logro

de que algo de nosotros permanezca después de nuestra existencia material.

En un plano gradualmente más jurídico, como explicaba Brown–Weiss, se ha

buscado el otorgamiento de derechos a las generaciones futuras; ha existido un

debate principalmente respecto a la posibilidad de reconocerle derechos humanos,

y otros más de establecerse en constitucionalmente. El constitucionalista Peter

Häberle ha planteado la idea de un contrato generacional, como modalidad del

contrato social; en Un derecho constitucional para las futuras generaciones. La

otra forma del contrato social: el contrato generacional74, Häberle hace una

74 Véase Haberle, Peter, Un derecho constitucional para las futuras generaciones. La otra forma del contrato social: el contrato generacional, trad, de Milton Fellay y Ferreyra Leandro, en Lecciones y Ensayos, Universidad de Buenos Aires-Facultad de Derecho, número 87, Argentina, 2009, pp. 17-37.


54

revisión de la protección, directa o indirecta, implícita o explícita, de los derechos

intergeneracionales plasmados en las constituciones actuales, muchos de ellos

incluidos dentro de los reconocidos derechos ambientales; teniendo como primer

ejemplo de ello la Constitución de Baviera de 1984, en relación a la protección de

las bases naturales y la responsabilidad ante las futuras generaciones –y

actualmente en la constitución alemana:

Artículo 20.a. Consciente también de su responsabilidad hacia futuras

generaciones, el Estado protege las bases natales de la vida y los animales dentro

del marco del orden constitucional vía legislativa, y de acuerdo con la ley y la

justicia, por el poder ejecutivo y judicial.75

Además, refiere a las constituciones en las cuales se plasma la responsabilidad

actual hacia el futuro, e incluso de una forma más ecológica, protegiendo no solo

la vida humana sino la natural. Constituciones como la de Polonia, Estonia,

Moldavia, Rusia y Sudáfrica, establecen un principio de responsabilidad de

nuestra generación hacia las futuras; más aún, dentro de las protecciones de los

derechos ambientales, se establecía la importancia que conlleva la educación para

la consecución de estos principios.

Es importante la aclaración que el autor hace en referencia al contenido de esas

constituciones, ya que muchas de ellas protegen el patrimonio o la naturaleza,

detalle no menor pues su mención amplía el umbral de protección, y no

limitándose a las generaciones humanas, como se ha entendido en la literatura

“las generaciones futuras”.

En el constitucionalismo europeo, como modelo de referencia, se han desarrollado

las ideas generacionales a través de los tratados que se firman en comunidad,

desde la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de la Unión Europea de

1999–2000 (responsabilidades y obligaciones tanto hacia los hombres como hacia

la comunidad humana y las futuras generaciones); hasta el proyecto de Tratado

Constitucional de Europa de 2004, estos textos forman parte del proceso de

75 Constitución de la República de Alemania (vigente). Consultable en http://ocw.um.es/cc.juridicas/derecho-internacional-publico-1/ejercicios-proyectos-y-casos-1/capitulo4/documento-20constitucion-de-alemania.pdf Fecha de consulta: 22-septiembre-2016.


55

construcción de la creación constitucional europea, pues diversos autores han

ampliado y reformulado sus ideas a partir del derecho sustentable y la

responsabilidad con las futuras generaciones para la elaboración de proyectos

constitucionales. Sin embargo, se llega a un conflicto en materia normativa: desde

la teoría constitucional se plantea el problema acerca de la legitimación de las

generaciones actuales para vincular a las siguientes normativamente, tal es el

caso de la constitución francesa, al incluir en el artículo 28 de la Constitución de

1793, que establece que una generación no puede forzar a otra a regirse bajo las

reglas que esa generación establezca.

Häberle busca redimensionar la idea de futuras generaciones, de un modo,

aunque científico, natural y cultural, englobando así la concepción de la cultura y la

naturaleza como parte fundamental en el desarrollo humano: “Se podría

cuestionar (y, al mismo tiempo, seguramente afirmar) si la naturaleza puede existir

sin la raza humana y sus generaciones; sin embargo, es seguro que el hombre

sólo puede existir como parte de la naturaleza viviente e inanimada.[Z] la ciencia

de la naturaleza y la de la cultura tienen hoy el mismo fin, concerniente a la

protección generacional”76. De este modo, se engloba e integra la idea del hombre

con la naturaleza y la cultura, concluyendo, como se mencionó anteriormente, en

una comunidad internacional que proteja la herencia humana global, y

añadiéndose también a los postulados de Hans Jonas respecto a las decisiones

éticas y la conservación de la raza humana.

Esta redimensión constitucional con el enfoque del tiempo es lo que constituye el

contrato generacional de Häberle, “el ‘pueblo’ per se es una cooperación, una

coexistencia y una sucesión de varias generaciones”.77 El conflicto de la

temporalidad en la protección, como el régimen de pensiones en la Alemania de

los noventa, debe estudiarse a la luz de nuevas versiones de justicia,

redimensionando con ello los fundamentos de una protección ambiental, así como

de la economía:

76 Ibídem, p. 28. 77 Ibídem, p.32.


56

“Todavía resta advertirse si la superposición de las escalas de tiempo

mencionadas debe ser complementadas por un extensivo gasto territorial,

excediendo los Estados de derecho. Dicho gasto territorial implicaría un “contrato

generacional mundial”, uniendo todos los pueblos y ciudadanos de nuestro planeta

azul. Un contrato de este estilo podría llegar celebrarse paso por paso. Las

demandas globales para la protección del medioambiente, la naturaleza y la

cultura y las varias legislaciones interestatales apuntan en esa dirección. Esto

también aclararía la conexión intertemporal entre las generaciones humanas”.78

Es evidente que la industrialización y el desarrollo tecno científico hace que los

efectos de nuestras acciones afecten a seres vivos cada vez más lejanos en el

tiempo y en el espacio: seres humanos y animales no humanos contemporáneos

nuestros, generaciones futuras de animales humanos y no humanos, otros seres

vivos presentes y futuros, debe entenderse que “los intereses que hayan de

tenerse en cuenta moralmente cuentan lo mismo, con independencia del momento

temporal en que vivan los portadores de esos intereses”;79 la idea de

sustentabilidad es construida y fortalecida únicamente alrededor de la noción

intergeneracional.

Giuliano Pontara identifica una moral intergeneracional80, cambiando la

perspectiva de “dueños del mundo” y estableciendo normas como base de esa

moral, como no ejecutar elecciones que tengan consecuencias irreversibles o cuya

irreversibilidad sea muy difícil o extremadamente costosa: poner fin a la enorme

destrucción forestal; maximizar el nivel de vida sostenible; proteger la

biodiversidad; proteger el patrimonio artístico, científico y cultural. Es

indispensable comprender que los derechos intergeneracionales constituyen

derechos de solidaridad ambiental, derechos que son una herramienta

imprescindible para la supervivencia de la humanidad, además de comprender

que la Naturaleza, a la que pertenecemos como seres vivos, tiene un valor

intrínseco.

78 Ibídem, p. 35. 79 Riechmann, Jorge, op. cit., p. 196. 80 Véase Pontara, Giuliano, Ética y Generaciones Futuras, Barcelona, Ariel, 1996. p.180 a 200.


57

De esta forma podemos ir esbozando lineamientos que constituirían los

fundamentos de los derechos intergeneracionales, como lo es una obligación es

de carácter negativo, limitadora de la libertad de acción de las generaciones

presentes. Si determinamos al ser humano como un ser superior al menos

intelectual y éticamente, no se puede más que atribuir una necesaria

responsabilidad por parte del mismo con su entorno, y las proyecciones de ese

entorno. La responsabilidad activa del hombre sobre la naturaleza, y a través de

ésta respecto a las generaciones futuras, se resume básicamente en la asunción

de su papel de protector y vigilante de los bienes naturales. De esta forma, el ser

humano se determina como la criatura perteneciente al engranaje de la misma

naturaleza, con obligada función de ordenar de forma inteligente el entorno y sus

recursos.

Las nociones de sustentabilidad, la nueva reflexión sobre el ambiente, el

paradigma “eco–céntrico”, la diversidad cultural y natural, la redimensión de os

recursos naturales, el impacto que el ser humano ha ocasionado al ambiente, el

orden económico mundial que ha dividido al mundo, así como el repensar de

nuestro legado, la herencia y las futuras generaciones, forman parte del esquema

conceptual y fundamento del sistema de derechos ambientales e

intergeneracionales.

1.3 El tercer sector, definiciones y modelos teóricos alternativos

1.3.1 ¿Qué es la Economía de Solidaridad?

La economía solidaria o economía de solidaridad es una búsqueda teórica y

práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el

trabajo.

El principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de

niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades,

organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en

los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y

macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales

que favorecen a toda la sociedad.


58

Ha habido diferentes intentos por catalogar las organizaciones sin fines de lucro.

Se han catalogado como “organizaciones no gubernamentales”, “sociedad civil”, o

en otros países, como el sector “voluntario” o “independiente”.

Según algunos estudios recientes, otra manera más útil de verlas es como un

“tercer sector” de la sociedad moderna, igualmente complejo como el primero (el

mercado), o el segundo (el Estado)

Las entidades pertenecientes al tercer sector son: organizaciones formales;

privadas, sin injerencia de gobiernos; sin fines de lucro, que no reparten beneficios

para sus gestores; autónomas, que controlan sus propias actividades; y

voluntarias, en el sentido de que la pertenencia a ellas no es impuesta por ley. A

esta definición podría añadirse otro rasgo: típicamente, las organizaciones del

tercer sector producen bienes colectivos en el sentido de que sus productos están

orientados hacia el mejoramiento del bienestar de la sociedad en su conjunto, o de

subgrupos específicos, identificados como merecedores de atención especial.

La importancia del tercer sector está reflejada en un creciente cuerpo de

investigación académica en muchos países. Hace siete años se creó una

asociación internacional de investigadores especializados en estudios del tercer

sector (ISTR), que tiene más de 600 miembros de 70 países81. Según una

encuesta de sus miembros, la motivación principal es apoyar no solamente la

investigación sino también la creación de redes regionales y la educación formal e

informal.

Como suele ocurrir en muchos otros campos de investigación, los estudios sobre

el tercer sector están concentrados en los países más desarrollados. Sin embargo,

hay cada vez más estudios comparativos.

1.3.2 El tercer sector y la economía social

Este mayor protagonismo del tercer sector no está exento de ambigüedades y

contradicciones puestas de relieve por muchos autores (Defourny, J., Favreau, J.

L., Laville, J. L., 1998; Döring, R., Kegler, M., ed., 1996). Por un lado, se señala su

81 La principal contribución del estudio sería precisamente el refinamiento metodológico para la búsqueda de los datos, lo que en un enfoque cuantitativo resulta de gran importancia.


59

creciente dependencia financiera e institucional de la administración pública, su

concomitancia y posibles manipulaciones políticas, las dificultades de articular los

intereses particulares con el interés general, la verificación de su representación,

etc., y por el otro, se citan las precarias condiciones de trabajo, el «secuestro» de

la voz de los pobres en manos de una creciente profesionalización, la irrupción de

criterios de gestión empresarial, más jerárquicos y menos participativos, la

creciente competencia ínter-asociativa, el riesgo de abandonar la lógica de la

donación y la reciprocidad por la búsqueda de beneficios, etc.

A pesar de estas contradicciones, potenciales y reales, las actividades y funciones

del tercer sector se han ampliado y diversificado. Cabe distinguir varios niveles.

Un primero se entronca con el aislamiento y la marginación que genera la

exclusión. Participar en una organización voluntaria, ¿no es el primer paso para

romper con estas circunstancias? ¿No es éste el camino seguido por millares y

millares de jóvenes, no tan jóvenes y personas mayores para dejar su

apartamiento? A menudo, esta participación significa encontrar una identidad, una

función social más o menos reconocida, unos compromisos con unas reglas

colectivas, el aprendizaje de aptitudes preelabórales. En muchas ocasiones, las

organizaciones socio voluntarias son verdaderas escuelas de ciudadanía y de

democracia e incluso fuentes de innovación.

En el itinerario descendente de la exclusión, en el ascendente de la inclusión y en

el horizontal de fuera hacia adentro, caben multitud de funciones tales como: las

actividades preventivas, motivadoras, formativas, informativas, de seguimiento, de

mediación y negociación, de interlocución y partenariado. La provisión de estas

funciones, que a menudo se transforman de una cierta informalidad en servicios

reglados, es una de las causas de la expansión del tercer sector.

Un tercer nivel es el dar la voz y a veces su capacidad de presión a las personas

que precisamente porque son más vulnerables y excluidas de los mecanismos de

representación, no tienen ni la una ni la otra. No siempre los que dicen ser la voz

de las personas excluidas las incorporan o las representan y ello constituye un

debate complejo que debería empezar por preguntarse por las condiciones


60

materiales que permiten u obstaculizan su participación. Pero es constatable que

determinados colectivos (discapacitados, expresos, gitanos, desempleados,

jóvenes) en función de su propia especificidad y problemática, o sobre una base

territorial (barrio, pueblo, zona), casi siempre local, se agrupan, toman conciencia

colectiva, plantean sus reivindicaciones y demandas, inician procesos de

interlocución, crean sus actividades, denuncian situaciones, etc.

Todos los análisis sociológicos dan cuenta del aumento en calidad y cantidad de

las organizaciones del Tercer Sector pero es imposible comprender este desarrollo

sin dirigir la mirada analítica hacia el carácter peculiarmente relacionar de la

sociedad que está naciendo: se trata de una nueva forma del ejercicio de la

ciudadanía, donde los actores colectivos reconocen su pertenencia a una

comunidad política pero fundamentalmente se reconocen a sí mismos como un

conjunto organizado, con grados relativos de autonomía, y se sustentan sobre

bases culturales: que promueven la relación solidaria, operativas: que viabilizan la

gestión institucional, normativas: que regulan la acción de sus miembros y

productivas: de bienes relacionases colectivos.

El tema de definir la identidad de un sector de la sociedad no es tarea fácil. En

líneas generales hemos visto que es posible analizar el tema desde una mirada

externa y una mirada interna al sector. Desde la primera mirada se reconoce que

las organizaciones tienen formas de estructuración y modos de operación

particulares, poseen una figura jurídica que determina su consecuente

reglamentación a la que debe atenerse, asumen modalidades y fines diferenciados

de producción de bienes y servicios y, finalmente, establecen para su acción

propósitos y funciones.

Desde la segunda mirada, es necesario recurrir a los sujetos que efectivamente se

encuentran trabajando en su interior, escuchar lo que ellos tienen por decir. Con

esta perspectiva se realizaron las reuniones diagnosticas separándolas en tres

grupos focales.

Las organizaciones del Tercer Sector, aunque no puedan ser consideradas un

subsistema de la sociedad, en el sentido habitual de la expresión, y aunque sea


61

problemático incluso considerarlas como un 'sector' de la sociedad, sin embargo,

son una dimensión relevante de ella, en la cual se expresa la capacidad de

asociatividad de esa sociedad, y realizan un aporte indispensable a sus niveles de

integración social (De la Maza 2000). Por ello resulta importante analizar su

situación en dichos procesos.

1.3.3 El Tercer Sector: entre lo Económico y lo Social

Nos encontramos con dificultades evidentes a la hora de definir el concepto de

TERCER SECTOR, también conocido por tercer sistema y por economía social.

Se trata de una definición acotada por la presencia de otros dos sectores

“tradicionales”, es decir, el sector público y el sector mercantil.

No nos interesa aquí entrar en un debate en torno a las definiciones de tercer

sector, sino más bien, en el análisis de una serie de fenómenos y tendencias de

nuestras sociedades del fin del siglo, que determinan en gran medida, la

configuración de un “tercer sector” que se define en torno a su papel, como una de

las manifestaciones de estas tendencias nuevas (y mutaciones) en nuestras

sociedades.

Desde una perspectiva histórica, el tercer sector fue muy importante en la etapa

previa a la creación del estado del bienestar. Muchas de las funciones sociales y

de protección que posteriormente, en la era industrial, fueron asumidas por el

estado del bienestar, estaban casi exclusivamente en manos del sector voluntario

y no lucrativo.

Posteriormente, con la consolidación del papel del estado como ente redistributivo,

el tercer sector se ha colocado en los márgenes de la vida pública, apartado por el

creciente dominio del mercado y por las esferas del gobierno. Ahora que los otros

dos sectores económicos disminuyen su importancia, al menos en cuanto a la

cantidad de empleo que generan, la posibilidad de resucitar y transformar el tercer

sector y convertirlo en vehículo para la integración económica y social de muchas

personas, y para garantizar la calidad de vida de nuestras sociedades, parece

evidente. Esto sobre todo es así cuando otras dimensiones que tradicionalmente

han sido fundamentales para la integración social –la familia, la empresa- han


62

disminuido su capacidad como factores de integración de un sector social muy

importante. En este sentido, a través de las afiliaciones a organizaciones de

voluntarios, muchas personas superan su sensación de aislamiento personal y, en

cierta medida, se convierten en parte de una comunidad real. Se trata de una

necesidad de primera importancia que no puede ser cumplida ni por las fuerzas

tradicionales del mercado ni por las intervenciones públicas.

La globalización del mercado y la disminución del papel gubernamental, tienen

como consecuencia, que las personas se vean impulsadas a organizarse en

comunidades y organizaciones que defiendan intereses comunes para asegurar

su propio futuro. Y todo indica que esta tendencia se verá reforzada en el futuro.

En EEUU mientras que el sector empresarial representa el 80% de la actividad

económica y el sector público contabiliza un 14% adicional del PIB, el tercer sector

contribuye, en la actualidad, con algo más del 6% a la economía y es responsable

del 9% del empleo total. Existe más gente trabajando en este sector de voluntarios

que en las industrias de la construcción, de la electrónica, del transporte o del textil

(J.Rifkin, 1994).

En Europa y en los países desarrollados, el tercer sector genera el 4,7% del PIB,

ocupan a 18,8 millones de personas. En los países de la Unión Europea ocupan

un 10.1% de la fuerza de trabajo. (J. Estivill, 1996). En Francia, la economía social

contabiliza en la actualidad más de un 6% del empleo total. El equivalente al 4%

del PIB del Reino Unido es generado por las organizaciones no lucrativas o

comunitarias y representa en torno al 5% del empleo en Alemania.

El Tercer Sector juega un papel social cada vez más relevante en los países de

todo el mundo. Las personas crean organizaciones para poder cubrir las

necesidades que no están garantizadas por el mercado ni por el sector público.

Jim Joseph, presidente del Council of Foundations de EEUU, observa que,

prácticamente en cada país la gente reserva para sí misma un espacio intermedio

entre los negocios y el gobierno en el que las energías privadas pueden ser...

empleadas para el bien público.

En concreto, el tercer sector viene a ocupar un lugar que no ocupa el sector


63

público ni el sector mercantil. Sin embargo, el tercer sector también combina e

integra dimensiones de la economía mercantil y de la economía pública. En esta

perspectiva el tercer sector responde a diversas facetas de cambio o de

transformación:

1. Las nuevas necesidades sociales, producto de los cambios de fondo que vive la

organización social, no son cubiertas por los mecanismos tradicionales de

mercado ni mucho menos, por la extensión del estado del bienestar. La

configuración de estos nuevos mercados, exige la presencia de actores que

podríamos encuadrar dentro del tercer sector. Es decir, se trata de actividades que

requieren nuevas formas de cooperación entre los ciudadanos, las instituciones

públicas y los profesionales-empresarios. En este marco, las organizaciones no

lucrativas y voluntarias, cumplen un papel de intermediación que resulta clave

para dar salida a estas nuevas necesidades sociales. La satisfacción de estas

nuevas necesidades sociales, es un aspecto crucial para garantizar la cohesión

social, la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental de nuestras sociedades.2. El

declive del estado del bienestar clásico responde a un doble fenómeno. Por una

parte, a las políticas de ajuste y de equilibrios fiscales, exigidas por la

globalización, la liberalización de la vida económica y los requisitos de

competitividad. No es posible alimentar el déficit público, so pena de perder

capacidad para competir en una economía internacional fuertemente

interrelacionada. De ahí, la tendencia a los recortes presupuestarios y del gasto

público. Pero, por otra parte, el estado del bienestar se muestra ineficaz para tratar

y para abordar los nuevos fenómenos de la exclusión social, la individualización de

la vida social y, en suma, tiene cada vez mayores dificultades para intervenir de

forma directa en la satisfacción de las nuevas necesidades sociales. En este

marco, adquieren cada vez mayor relevancia, la presencia e intervención de

asociaciones y entidades ciudadanas que pretenden abordar problemas que el

gobierno no aborda y, sobre todo, de dar respuestas, “desde abajo” a los nuevos

fenómenos sociales82.

82 Para ello se estableció un listado consolidado de organizaciones a partir de diversas fuentes, se las dividió en cuatro categorías (de afinidad, territoriales, filantrópicas y de apoyo) y en base a ellas se construyó una muestra provincial a las


64

Así sucede, por ejemplo, en el campo del cuidado a las personas dependientes,

de la mejora del entorno urbano y ambiental, del cuidado de niños, de las

actividades culturales, etc. El tercer sector se basa, principalmente, en un

intercambio social y en la reciprocidad, aunque a menudo con consecuencias

económicas tanto para los beneficiarios como para el benefactor. En este sentido,

las actividades para la comunidad son sustancialmente diferentes de las

actividades propias del mercado, en las que el intercambio está basado en

aspectos materiales y financieros y en el que las consecuencias sociales son

menos importantes que las pérdidas y las ganancias económicas. Esta orientación

hacia el intercambio social y la reciprocidad es lo que define a las organizaciones

del tercer sector y lo que las diferencias de las organizaciones mercantiles y de las

políticas públicas.

La idea principal que explica la emergencia y crecimiento de las organizaciones

del tercer sector, es que el mercado no llega a la demanda no solvente y que el

estado no tiene recursos para garantizar la cohesión social.

El asociativismo ciudadano es un fenómeno heterogéneo, que no se configura en

un sector ni se consolida como tal, sino que responde a un movimiento

permanente. En su seno están presentes grandes organizaciones, con grandes

recursos y participación de asociados que se han consolidado en un mercado “no

lucrativo”. Piénsese, por ejemplo, en organizaciones mutualistas, en clubes

deportivos y sociales, en organizaciones de consumidores, etc. Junto a ellas,

existen, agrupaciones y grupos informales que actúan en espacios sectoriales o

territoriales, y que son la expresión de nuevos movimientos ciudadanos, y que no

necesariamente adquieren formalidad jurídica. Por ejemplo, grupos comunitarios,

que actúan en barrios concretos, y que expresan intereses y motivaciones

singulares (mujeres, jóvenes, grupos de cultura, de solidaridad, etc.). Entre estos

extremos, se mueve un conjunto de entidades y organizaciones diversas que

responden a motivaciones y objetivos heterogéneos, pero que todas ellas tienen

en común ciertas facetas que permiten incluirlas en este “tercer sector” emergente.

que se aplicó una encuesta construida a partir de los 15 indicadores. Ver: Índice de Desarrollo Sociedad Civil de Argentina. Formosa/Jujuy/Mendoza/Río Negro/Santa Fe. PNUD/BID, 2000.


65

En todos los casos, se trata de organizaciones motivadas por la solidaridad y la

consecución de objetivos colectivos. Tienen como misión y se organizan con la

finalidad de satisfacer necesidades sociales a partir de la implicación-participación

de los propios afectados o interesados en dichos objetivos. El eje del análisis

sobre el tercer sector debe orientarse al papel que estas nuevas organizaciones,

cumplen como agentes de cambio y expresiones de las mutaciones de nuestras

sociedades. El tercer sector va llenando un espacio en expansión, fruto, a su vez,

de la extensión de los llamados “mercados incompletos” vinculados a las nuevas

necesidades sociales insatisfechas. La necesidad de encontrar nuevas soluciones

para cubrir estas necesidades, que ni las empresas mercantiles ni el sector público

son capaces de encontrar, es lo que da fuerza a la emergencia de las

organizaciones del tercer sector. Desde este ángulo, estas organizaciones

resultan más idóneas para cubrir estas necesidades, en la medida que identifican

e interpretan con mayor eficacia las mutaciones sociales en la medida que los

propios afectados-implicados, participan en la búsqueda de soluciones. Integran

una fuerte motivación y vocación de sus promotores y miembros con las

soluciones más idóneas para la resolución de los problemas. Combinan de forma

flexible el trabajo profesional-remunerado (imprescindible para alcanzar los niveles

de calidad que las nuevas actividades exigen) con el trabajo voluntario. Ello

permite, en muchos casos, reducir costes lo que permite asegurar una viabilidad a

los proyectos emprendidos y completar “mercados” que el sector mercantil no

podría hacer en una lógica clásica de mercado (remuneración del capital).

Por tanto, el tercer sector no debe ser reducido a las organizaciones ciudadanas y

entidades cívicas, vinculadas a la defensa de intereses y a la movilización civil. El

tercer sector se amplía a las organizaciones que participan en la vida económica,

que gestionan recursos, promueven proyectos y que cumplen un papel de primer

orden en la organización de determinados mercados, principalmente en aquellos

que responden a las nuevas necesidades sociales emergentes.

Por ello, en un sentido amplio y atendiendo a las mutaciones de fondo que viven

nuestras sociedades, podemos incluir en el concepto de tercer sector, iniciativas

que adquieren formas de autoempleo, microempresas o incluso, iniciativas


66

económicas informales, que nacen y se desarrollan para dar respuesta a las

necesidades sociales, no cubiertas por las empresas clásicas ni por el sector

público.

Ni la palabra voluntario ni el enunciado sin fines de lucro ofrecen una descripción

precisa del tercer sector. El sector está formado por organizaciones de propiedad

y control privados, pero cuya existencia tiene por finalidad la satisfacción de

necesidades públicas o sociales y no la acumulación de riqueza privada. (Drucker,

1968).

1.3.4 Las Instituciones Públicas y el Tercer Sector

Alrededor de las organizaciones del Tercer Sector se han creado amplias

expectativas sobre su papel en el desarrollo, democratización y cambio social. A

este sector se le adjudican importantes virtudes en la solución de problemas

sociales, en la generación de innovaciones, en la capacidad de producción de

bienes públicos, en los procesos de democratización y equidad social. Sobre la

base de casos exitosos y algunas anécdotas, se suele generalizar las ventajas

comparativas de algunas de las organizaciones al conjunto del sector. Las ideas

sobre el Tercer Sector como el “lado virtuoso de la sociedad” y la fuerza

democratizadora de cambio, suelen estar acompañadas de una historia que

subraya el origen “desde abajo” de sus organizaciones y su actuar desinteresado y

altruista por fuera de las instituciones públicas, el gobierno y la política (Skocpol,

T. 1996:23).

Contrario a la visión que se suele presentar al tercer sector como el de un grupo

conformado por organizaciones independientes de las instituciones públicas, de la

política, del poder y del gobierno, la historia de un amplio número de estas

entidades ha estado ligada a la formación y transformación del Estado, a los

arreglos institucionales inherentes a estos cambios y a la relación directa con los

diversos actores intervinientes en esas transformaciones.

La dinámica histórica de las organizaciones del tercer sector, como lo hemos

mostrado en el estudio de estas organizaciones para Colombia no puede ser

entendida por fuera del contexto de oportunidades y limitaciones ofrecidas por los


67

diversos arreglos institucionales, las definiciones públicas sobre las

responsabilidades en torno a lo social y la relación con los actores del sistema

político. (Villar, R. 2001). La interdependencia con otras organizaciones y con las

instituciones públicas más que el aislamiento e independencia permiten entender

la dinámica de las organizaciones del sector.

Esta interdependencia significa determinación mutua entre organizaciones e

instituciones. Siguiendo la distinción establecida por Douglas North, entre

instituciones como reglas del juego en una sociedad y organizaciones como

grupos de individuos unidos por propósitos comunes para lograr objetivos, se

puede establecer de forma general que “tanto el tipo de organizaciones que

surgen y la forma cómo evolucionan, está fundamentalmente influido por el marco

institucional." (North, D. 1990:5). La otra parte de la ecuación, es la consideración

de las organizaciones como agentes activos del cambio institucional (North, D.

1990:5).

En esa línea de argumentación, no sólo las instituciones públicas y sus procesos

de transformación han tenido un inmenso peso en la dinámica de las

organizaciones del tercer sector, sino que estas, con muy diversas estrategias,

han jugado un importante papel a lo largo de la historia en influir las políticas

públicas y en incidir en la creación o cambio de las instituciones públicas.

La labor de influencia en la política y el peso de la institucionalidad pública en la

dinámica de las organizaciones ha sido sin minimizado por las teorías que buscan

dar cuenta del Tercer Sector. Estas teorías han enfatizado la función de servicios

sobre las funciones sociopolíticas del sector y suelen acudir a explicaciones y

variables económicas, desestimando los factores políticos e institucionales

presentes en el origen y dinámica del sector. (Bonamusa, M. y Villar, R. 1998:6-

10).

El análisis de las organizaciones del tercer sector bajo una perspectiva que

involucre su vínculo con las instituciones públicas y que tenga en cuenta la

estructura de oportunidades políticas en que se desenvuelven, permite, desde

nuestro punto de vista, no sólo una mejor comprensión de la dinámica del sector,


68

sino también dar mejores luces sobre el papel de estas organizaciones en un tema

de gran trascendencia para América Latina, la profundización de la democracia.

Este análisis requiere introducir el concepto de sociedad civil y evitar la

homologación de esta noción con la de tercer sector.

Del análisis sectorial al análisis relacional de la sociedad civil. A medida que el

conocimiento sobre el sector avanza, el "mito de la infalibilidad" de sus

organizaciones se cuestiona (Najam. A. 1996:339-340), poniéndose de presente

que muchos de los valores que se le adjudican a estas organizaciones

(democracia, equidad, inclusión, participación, interés por lo público, etc.) y

muchas de las funciones y capacidades (flexibilidad, innovación, promoción de la

participación, trabajar cerca de la gente, generar capital social, etc.) si bien están

presentes en un importante número de estas organizaciones, no necesariamente

son generalizable al conjunto. Compartir los rasgos estructurales y operacionales,

los cuales constituyen el común denominador de las organizaciones del Tercer

Sector (ser instituciones creadas voluntariamente, sin ánimo de lucro, privadas y

no gubernamentales), no parece ser un productor válido de los aportes sociales de

estas organizaciones, ni una guía para pensar sus orientaciones valorativas y

funciones.

Como bien nos lo recuerda un investigador mexicano de la sociedad civil, Alberto

Olvera, la sociedad civil no es un actor colectivo y homogéneo, ni posee ningún

proyecto de transformación radical ni un programa político específico y por lo

mismo no tiene un modo específico de relación con el sistema político y

económico. (Olvera, A. 2001: 18-19). El reconocimiento de la heterogeneidad de

las organizaciones del tercer sector, implica que el análisis de las relaciones con

las instituciones públicas no puede pensarse en términos "sectoriales" o del tercer

sector, pues lo que está en juego no es una relación general y uniforme entre los

sectores gubernamental y no gubernamental, sino entre intereses estratégicos y

preferencias políticas heterogéneas de organizaciones específicas, con las

instituciones públicas. (Villar, R. y González Bombal, I. 2002:4)

Algunos analistas suelen equiparar los conceptos de tercer sector con el de


69

sociedad civil, olvidando que en ese proceso se empobrece la noción de sociedad

civil y se reduce la riqueza de esta noción al sentido meramente descriptivo que

tiene la de tercer sector. Esa reducción del concepto de sociedad civil, como

también nos lo recuerda Olvera, es parte de una de las “recuperaciones

contemporáneas de la sociedad civil” donde “el Estado debe ser reducido a su

mínima expresión institucional y los actores políticos son dignos de desconfianza

por definición. Los esfuerzos de institucionalización y permanencia de la sociedad

civil son con frecuencia incomprendidos o perdidos de vista”. (2001:19) A

diferencia entonces de la categoría descriptiva de Tercer Sector, constituido por un

aglomerado de organizaciones que comparten una serie de criterios (no

distribución de excedentes, ser organizaciones privadas y no gubernamentales, de

creación voluntarias, autogobernadas), la de sociedad civil incluye a estas

asociaciones, el espacio público y las instituciones mediadoras. Desde esa

perspectiva, “El fortalecimiento de la sociedad civil depende del desarrollo de las

asociaciones voluntarias que forman su tejido social y materializan nuevas formas

de solidaridad; de la existencia de una esfera pública en la que asuntos de interés

colectivo puedan discutirse, y de la disponibilidad de medios institucionales para

establecer un puente de comunicación entre el nivel de la sociedad civil y la esfera

pública y el ámbito de las instancias políticas representativas y el aparato de

Estado.” (Olvera. A. 2001: 15)

La existencia de instituciones públicas abiertas y bajo control de la ciudadanía, de

canales de participación amplios, con normas e incentivos claros para garantizar la

inclusión de la pluralidad de sectores de una sociedad y lejos de limitar la sociedad

civil constituye en elemento central para el fortalecimiento de la misma. El que

estas instituciones públicas contribuyan al fortalecimiento de la acción colectiva y a

la coordinación de esfuerzos entre diversos actores sociales en torno a propósitos

comunes, tiene como condiciones la existencia de confianza en la estabilidad y

efectividad de esas instituciones y la apertura de las mismas para que la

ciudadanía tenga voz en su adaptación y continua recreación. Para entender

mejor estas condiciones de posibilidad de funcionamiento institucional en relación

con las organizaciones cívicas, es de gran utilidad servirse del concepto de capital


70

social.

En el seno de este Tercer Sector, que trata de combatir la exclusión, han adquirido

en Europa occidental (aunque no sólo allí) una considerable importancia la

economía social y, más específicamente, las empresas sociales. Desde la década

de los setenta, en una sorprendente coincidencia cronológica (Berney, J., Darmon,

I., 1999), y a partir de experiencias de inserción de discapacitados (y de otros

colectivos), se crean iniciativas en la mayoría de países europeos que van

adoptando la fórmula empresarial, buscando resultados económicos positivos,

pero que no tienen ánimo lucrativo y cuyo principal objetivo, además de

motivaciones ecológicas, culturales e ideológicas, es el de la lucha contra la

exclusión sociolaboral.

En cada país adoptan nombres distintos. En Francia, bajo el nombre común de

inserción por lo económico» se acostumbra a distinguir las Empresas de Inserción

en primer lugar, las «Régies de Quartier», las Asociaciones Intermediarias y los

Centros de Adaptación a la vida activa; en segundo lugar, en Bélgica,

correlativamente se las ha denominado Empresas de Formación por el Trabajo,

Empresas de Aprendizaje Profesional, Acciones Integradas de Desarrollo y por

último hay que constatar la nueva posibilidad legal de las Sociedades con

Finalidad Social. En Alemania se definen como Sociedades de Inserción y

Calificación (BQC), y como Sociedades de Ayuda al Trabajo, al Empleo y al

Desarrollo Estructural (ABS) en los estados del Este. En Gran Bretaña, sobre todo

en Escocia, se inscriben en el movimiento de las empresas comunitarias

(Community Business). En la Península Ibérica adoptan fórmulas diversas:

Empresas de Inserción, Asociaciones para la Inserción, Talleres Especiales de

empleo, etc., y en Portugal se agrupan bajo el denominado Mercado Social de

Empleo. En Suecia e Italia (De Leonardis, O. 1998; Mauri, D., Rotelli, F., 1994;

CGM, 1997; CECOP, 1995) tienen una considerable importancia las Cooperativas

Sociales y en el último país, desde la ley de 1991, se acostumbra a distinguir las

de tipo A y las de tipo B.

Esta distinción es importante porque marca una diferenciación entre las empresas


71

sociales finalistas, en las que las personas se integran de forma permanente, y las

que juegan un papel de transición, puesto que su finalidad es la de su

incorporación al mercado de trabajo ordinario (Francia, Alemania, Austria,

Flandes). No es posible aquí recorrer el itinerario de las distintas fases de la

evolución de estas empresas sociales, aunque cabe destacar que todas ellas

comparten a escala europea: 1) un nacimiento anterior a la cristalización legal

(período 1992-1998); 2) el paso de una fase de militancia hacia una de

profesionalización; 3) la sucesiva articulación en consorcios, federaciones y redes

sectoriales, locales, nacionales e incluso europeas; 4) la diversificación sectorial

que les hace estar en actividades económicas más tradicionales (construcción,

muebles, textil, transportes) pero ir cada vez más hacia los servicios de proximidad

y los nuevos yacimientos de empleo; 5) las crecientes dificultades en cuanto a la

financiación exterior y el encuadramiento interno, y 6) una combinación entre sus

objetivos de lucha contra la exclusión y contra el paro -unas privilegian más el

primer aspecto, otras el segundo -, con una capacidad en la gestión empresarial y

en la venta de sus productos y servicios al mercado privado y público.

1.3.5 La economía solidaria una alternativa al modelo capitalista

La pobreza, la exclusión y la marginación que afectan a multitudes de seres

humanos, sectores sociales y pueblos enteros en diversas regiones del mundo.

La desocupación y la cesantía de porcentajes elevados y crecientes de la fuerza

de trabajo.

Los límites e insuficiencias de la muy extendida economía informal o popular, que

puede potenciarse y encontrar en la economía solidaria cauces apropiados para

una mejor inserción en los mercados. La economía solidaria ha demostrado en

muchos casos ser una alternativa capaz de conducir organizadamente a muchos

trabajadores informales, a operar con mayor eficiencia, permitiendo la reinserción

social y el progreso de vastos sectores que despliegan de modo independiente

iniciativas que les generan ingresos y elevan su precario nivel y calidad de vida.

Las enormes y crecientes injusticias y desigualdades sociales que genera el

sistema económico predominante, que se traducen en procesos de desintegración


72

de la convivencia social, conflictos que se prolongan sin solución apropiada,

ingobernabilidad y desafección ciudadana, acentuada delincuencia y corrupción,

etc. Siendo la economía de solidaridad una forma justa y humana de organización

económica, su desarrollo puede contribuir eficazmente en la superación de esta

serie de graves problemas que impactan negativamente a nuestras sociedades.

La situación desmedrada en que en muchos países se encuentra la mujer en el

ámbito del trabajo y de la economía, dificultada de acceder y de participar de

manera protagónica en las actividades y organizaciones económicas, sociales y

culturales. La economía solidaria ha demostrado ser una de las formas en que la

mujer y la familia encuentran nuevas y amplias posibilidades de participación,

desarrollo y potenciamiento de sus búsquedas basadas en la identidad de género.

La crisis de las formas cooperativas, mutualistas y autogestionarias tradicionales,

desde la cual se percibe la economía de solidaridad como un camino apropiado de

renovación y refundación de las búsquedas de formas económicas asociativas y

participativas que pongan al hombre y la comunidad por sobre las cosas y al

trabajo por sobre el capital.

El deterioro del medio ambiente y de los equilibrios ecológicos, derivados en gran

parte de modos individualistas de producir, distribuir, consumir y acumular riqueza.

La economía solidaria orienta hacia nuevas formas de producción y consumo,

social y ambientalmente responsables.

1.3.6 Las dimensiones del desarrollo de la economía solidaria

Cuando con serias y profundas razones muchos hoy día cuestionan la

conveniencia e incluso la posibilidad de continuación del crecimiento económico,

en las formas actualmente vigentes, la economía de solidaridad postula un nuevo

tipo de desarrollo, alternativo, integral, a escala humana, sustentable, con énfasis

en lo local. Otro desarrollo supone otra economía, y esa otra economía para un

nuevo tipo de desarrollo puede ser la economía solidaria, o al menor, constituir un

componente que efectúa una contribución importante en esa dirección.

Cuando el "sistema" capitalista parece haberse implantado como el modo único de

organización económica eficiente, no obstante sus enormes costos sociales y


73

ambientales; cuando los proyectos socialistas basados en el Estado y la

planificación han fracasado en su intento de establecer una economía justa y

humana; cuando los motivos que históricamente fundaron los grandes

movimientos de cambio social con sentido de justicia y equidad siguen vigentes,

no encontrando sin embargo propuestas nuevas y alternativas que los encaucen;

cuando las energías sociales y espirituales orientadas a la transformación social y

que buscan formas éticamente superiores de organización económica, centradas

en los valores de la justicia, la equidad, la libertad, la fraternidad y la comunidad,

se encuentran desorientadas frente a una realidad adversa que parece tan

imposible de cambiar; cuando cunde la desesperanza y se difunde la convicción

de que "más de lo mismo" no conducirá a la humanidad hacia nuevos horizontes;

en este difícil contexto histórico, que no son pocos los que conciben como una

verdadera crisis de civilización, la economía de solidaridad aparece como el único

modo nuevo de pensar y de proyectar procesos transformadores eficaces y

profundos, en condiciones de concitar la conciencia y la voluntad de los más

vastos sectores que anhelan una vida mejor y una sociedad más humana y una

mejor convivencia.

Cuando se hace presente con urgencia la necesidad de un perfeccionamiento de

la economía, tanto a nivel de las empresas, de la organización de los mercados,

de las políticas públicas, de los procesos de globalización, etc., la economía de

solidaridad se ofrece como una realidad y un proyecto capaz de contribuir al

perfeccionamiento de la economía en el tiempo, con orientaciones, criterios,

metodologías y modelos organizativos nuevos y eficientes.

1.3.7 La participación social en la economía solidaria

Grupos populares y organizaciones de base, que se organizan solidariamente

para hacer frente a sus necesidades y problemas.

Personas de todos los grupos sociales que quieren desarrollar iniciativas

empresariales de nuevo tipo, eficientes y que sean acordes con un sentido social y

ético que se proponen establecer en sus actividades.

Movimientos cooperativos, mutualistas y autogestionarios, que encuentran en la


74

economía de solidaridad una nueva perspectiva y nuevos conceptos que llegan a

potenciar sus experiencias.

Organizaciones y movimientos ecologistas, que descubren que los problemas del

medio ambiente son causados por formas económicas y de desarrollo insolidarias.

Pueblos originarios que luchan por recuperar su identidad, y que encuentran en la

economía solidaria una forma económica moderna en que se aplican y viven

valores y relaciones sociales acordes con sus culturas comunitarias tradicionales.

Empresarios que quieren compaginar eficiencia y solidaridad, y que aspiran a

establecer en sus empresas modalidades armónicas de convivencia humana.

Organizaciones no-gubernamentales que se proponen objetivos de desarrollo

humano y social, y que aspiran a contribuir con nuevas iniciativas y experiencias a

procesos de desarrollo local, alternativo, sustentable.

Instituciones públicas y poderes locales preocupadas de los problemas de la

pobreza y la desocupación, y que ven en la economía solidaria una manera eficaz

de abordarlos.

Instituciones religiosas que conciben la economía solidaria como una forma de

hacer economía coherente con sus orientaciones espirituales y éticas, y como

formas eficaces de generar espacios de desarrollo humano y social.

Intelectuales de variadas disciplinas que buscan nuevas respuestas a los grandes

problemas sociales de nuestra época, nuevas maneras de pensar el cambio social

y el desarrollo, nuevos paradigmas conceptuales y nuevas relaciones entre la

teoría y la práctica social.

Economistas que toman conciencia de las limitaciones e insuficiencias de los

marcos teóricos de su disciplina convencional.

Definimos el voluntariado como “el trabajo organizado y no pagado, realizado en

beneficio de otros o de la sociedad en su conjunto a través de alguna organización

social”. ¿Qué nos revelan estas primeras aproximaciones? Definitivamente, las

encuestas demuestran que el voluntariado no es solamente una actividad de las

personas que han resuelto sus más importantes necesidades materiales, sino que


75

parece ser un rasgo significativo y constante de nuestra sociedad en general.

Asimismo, las encuestas revelan que, a pesar de la difícil coyuntura económica

que afecta a todos, existe un porcentaje importante de personas dispuestas a

realizar donaciones de diferentes tipos, incluyendo las de carácter monetario.

Aunque muy pocos peruanos donan su tiempo o recursos a organizaciones

netamente políticas (menos de 5%), existe un importante sector de nuestra

población que realiza trabajo voluntario en otros ámbitos, y que se organiza en

forma colectiva para lograr objetivos comunes. En la Encuesta de 1998, por

ejemplo, encontramos que 31% de los encuestados hizo trabajo voluntario en una

amplia gama de organizaciones, incluyendo grupos parroquiales, clubes

deportivos, asociaciones vecinales y organizaciones comunitarias diversas.

Asimismo, encontramos que fueron los trabajadores pobres y las clases medias

bajas los que tuvieron las más altas tendencias al voluntariado. Entre los jóvenes

de Lima, por otro lado, un 36% hizo trabajo voluntario y 32% son miembros activos

de diversas organizaciones sociales, culturales, educativas y religiosos.

Aunque este primer perfil sugiere un alto grado de solidaridad social, también es

importante observar que muchas de las actividades voluntarias de los pobres, que

son la mayoría en el Perú, bien podrían clasificarse cómo de auto-ayuda; es decir,

actividades colectivas dirigidas a mejorar los niveles de nutrición, educación e

ingreso de sus familiares y vecinos. Esto ha generado un interesante debate sobre

el concepto mismo de “voluntariado”, tradicionalmente concebido en este país

como la donación de tiempo en forma desinteresada a terceros.

1.3.8 El tercer sector y la política

Las transformaciones estructurales que se manifiestan en Argentina durante los

años noventas derivan en la configuración de lo que ha sido caracterizado como

una nueva matriz societal83, la cual implica una redefinición de los actores

intervinientes y la emergencia de nuevas modalidades de desempeño. Las

evidencias parecerían indicar en este sentido que ha habido un aumento de las

relaciones de cooperación entre las organizaciones del tercer sector y las 83 Cavarozzi, Marcelo; Autoritarismo y Democracia (1955-1996) La transición del Estado al mercado en la Argentina, Ariel, Argentina, 1997.


76

empresas y agencias estatales e incluso los organismos internacionales, así como

también de las instancias tendientes a su institucionalización y promoción. A su

vez se perciben múltiples esfuerzos tanto desde gran parte de la literatura como

desde ámbitos de formación y capacitación orientados a fortalecer y expandir este

tipo de vínculos.

En este escenario las relaciones de cooperación aparecen portando una impronta

positiva con respecto a las relaciones de conflicto, rasgo que claramente se grafica

en el terreno nominativo: más que ‘no’ gubernamentales o ‘sin’ fines de lucro,

estas organizaciones pertenecen a un sector que hace trinidad con otros dos. Sin

embargo la cooperación implica cierto grado de coincidencia (consciente o no) de

objetivos, intereses, perspectivas entre una y otra parte del vínculo; y a su vez la

participación de estas partes supone la marginación, o al menos no consideración,

de otras. Entonces, ante la conciliadora postura de que la cooperación es mejor

que el conflicto, cabría hacerse preguntas como ¿mejor para qué, para quién y

entre quiénes?

El trabajo parte de la premisa de que las relaciones –sean estas de cooperación,

conflicto o competencia- lejos de ser inocentes o neutras o altruistas son: a)

ejecutadas por determinados actores sociales con intereses, ideologías,

metodologías específicas; b) que se imponen a otros actores; y c) que contribuyen

a configurar y reproducir determinadas reglas de juego en y para la sociedad en la

que se despliegan. Se considera, en otras palabras, que todo repertorio de

relaciones supone en algún grado la efectivización de un proyecto político más o

menos determinado.

La hipótesis que se sostiene plantea que la noción de tercer sector hoy más

extendida –y por lo tanto el corpus de relaciones implícito en ésta- es configurada

principalmente a partir de las prácticas y los discursos hoy imperantes, los cuales

promueven relaciones, actores, reglas de juego, que -a grandes términos y con

sus particularidades locales- se corresponden con lo que se conoce como el

proyecto político del neoliberalismo84. Todo accionar o pensamiento que se dé en

84 Ver Bustelo, Eduardo; Pobreza Moral, en Sociales. Revista Latinoamericana de Política Social, Nº1, Octubre de 1999.


77

el solo terreno operativo, entonces, estaría contribuyendo de algún modo a

reproducir un determinado modelo de sociedad que desde este campo no está

siendo apropiadamente debatido. Por otro lado, las experiencias alternativas a

estas prácticas y discursos, en tanto carecen de los suficientes esfuerzos teórico-

metodológicos y de instancias de institucionalización y de promoción, encuentran

dificultades para consolidarse en algo más que excepciones o hechos aislados. La

propuesta del trabajo pasa así por el desplazamiento del foco de análisis y de

debate desde las relaciones en sí mismas a la dimensión política que las

sustentan, para luego establecer algunos elementos que permitan otros

posicionamientos.

De este modo, en una primera parte del trabajo se realiza una caracterización del

tercer sector tal cual se entiende y se promueve desde los discursos y prácticas

dominantes, con el objeto de precisar los principales componentes de dicha

cosmovisión que inciden en la configuración del repertorio de relaciones actual. Se

sostiene en términos generales que estas organizaciones, a partir de una

especificidad que se articula en torno a valores como el desinterés, el altruismo y

el voluntariado, son concebidas como un sector homogéneo, con área de acción

propia en una dimensión social ‘apolítica’ y ‘aeconómica’, y dotadas de naturaleza

conciliadora hacia el estado y las empresas.

En una segunda parte se postula como elemento clave para la elaboración de

posicionamientos alternativos a la problematización de la especificidad del tercer

sector, entendiendo a la misma no como la manifestación de unos factores

inherentes a estas organizaciones sino como la resultante de un complejo proceso

de construcción en el que intervienen múltiples aspectos (legales, históricos,

culturales, etc.). Se propone aquí un modo de entender, abordar y promover estos

atributos tomando como punto de partida principalmente los planteados por

Salamon y Anheier85, para luego debatir si el pensar en las relaciones de

cooperación, competencia y conflicto en término de sectores no sólo podría ser

erróneo sino también tendencioso; si además de poder diferenciar entre buenas y

85 Salamon, Lester – Anheier, Helmut; Defining the nonprofit sector 1: The question of definitions. Working papers of the Johns Hopckins Comparative Nonprofit Sector Project, N°2, Baltirmore, The Johns Hopkins Institute for Policy Studies, 1992.


78

malas organizaciones no sería preciso distinguir entre algo así como

organizaciones de izquierda y de derecha; si en nuestras sociedades figuras como

la del voluntariado no pueden en algunos casos adquirir funciones perversas,

entre otras cuestiones. Por otro lado, a modo introductorio se abordan dos de las

dimensiones que pueden considerarse imprescindibles para la concreción de la

perspectiva planteada: la dimensión legal, entendiendo al derecho como

herramienta de participación ciudadana86, y la naturaleza de la representación en

el universo de las organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la crisis de

representación política contemporánea87.

En las dos últimas décadas, las ONGs crecieron a un ritmo muy superior al de

períodos anteriores conformándose, por su pluralidad y heterogeneidad, “un nuevo

escenario de relaciones sociales y políticas”.88

¿Ciudadanía o Servicios? ¿Autonomía o dependencia? ¿Voluntariado o

profesionalismo? ¿Vigías o Vanguardias? ¿Públicas o privadas? ¿Solidaridad o

Beneficios? Estos interrogantes están presentes no sólo entre los investigadores

de la temática, en los decisores de políticas públicas y la población destinataria de

sus acciones sino también en los miembros de las instituciones en cuestión.

En la literatura acerca de las funciones de la esfera no gubernamental pueden

diferenciarse tres “bibliotecas”: La primera, vinculada a los enfoques funcionalistas

sobre el tema y a los planteamientos de los organismos financieros

internacionales, tiende a ”sacralizar” el accionar de estas instituciones a las que

ubican en un ámbito privado no lucrativo enfatizando sus ventajas operativas,

especialmente en la producción de bienes y servicios sociales y su capacidad de

articulación e interlocución interinstitucional lo que las habilitaría para ejercer un

control social sobre los demás actores de la esfera pública89. Se las confronta con

un Estado “desacreditado” al que estas instituciones deben controlar pero del cual

reciben, sin embargo, la mayor parte de sus recursos financieros.

86 Saba, Roberto –Bömer, Martín, Participación ciudadana en la Argentina: estrategias para el efectivo ejercicio de los derechos, en Cuadernos del Foro, Año 2, N°3, CEDES/CELS, Argentina, 2000. 87 Ver Lechner, Norbert; Las transformaciones de la política, Revista Mexicana de Sociología, 1996 88 L. Bresser Pereira y N. Cunill Grau: Lo público no estatal en la reforma del Estado CLAD- Paidós, Bs. Aires, 1998, cap.2 89 ídem ant.


79

La segunda, de origen más europeo, las visualiza en el campo de la esfera pública

y más ligada a la lógica política o cultural, según los casos, de los denominados

nuevos movimientos sociales o como instancias organizativas y “momentos”

activos de la sociedad civil y no como productoras de bienes y servicios.

La tercera “biblioteca”, las considera como organizaciones que resultan

funcionales a las políticas de ajuste económico, descentralización, terciarización y

privatización de actividades que deberían ser desempeñadas por el sector público-

estatal.

Desde distintas perspectivas se reconoce que los actuales procesos de reforma

del Estado y de participación de la sociedad civil en la conformación de lo público

no estatal como campo en construcción y en disputa se encuentra atravesado por

la tensión entre los fenómenos de control ciudadano de la gestión estatal, la

conformación de una democracia más participativa versus nuevas articulaciones

entre las ONGs convertidas cada vez más en "efectores" de políticas sociales

focalizadas, sin participación en el diseño de las mismas, y más alejadas de las

"organizaciones de base" concebidas ahora como población beneficiaria.

¿Cómo se perciben? ¿Con qué identidad, para qué actividades, con qué alcances

y limitaciones? ¿Cómo procesan las experiencias de articulación a través de

proyectos de intervención o emprendimientos concretos que han tenido con el

Estado? Teniendo en cuenta sus apreciaciones y experiencias revisaremos uno de

los temas difícilmente saldables en la discusión teórica como lo relacionado al

carácter público o privado de estas instituciones. Difícilmente saldables porque

dicho carácter, como construcción social y categoría de análisis, se vincula a

diferentes concepciones teóricas del campo de las ciencias sociales y a distintas

posiciones político-ideológicas de los actores involucrados.

Algunos autores reconocen que la importancia creciente que adquiere lo público

no estatal se asocia a la necesidad de proteger los "derechos republicanos": los

derechos que cada ciudadano tiene de que el patrimonio público sea de hecho

público y no capturado por intereses particulares. Dicha importancia está

directamente vinculada “a la conciencia de que el Estado ha estado expuesto -


80

sobre todo en el siglo XX- a un proceso de privatización, dominado y capturado

por intereses particulares, tanto de corporaciones privadas como de las propias

burocracias”. 90

1.3.9 Desarrollo con participación

Colaboración entre organizaciones civiles y gobiernos

Las interpretaciones sobre el desarrollo y las ideas sobre cómo alcanzarlo son

diversos, pero tienen en común que hasta ahora resultan insuficientes para

explicar de manera adecuada las desigualdades existentes y el fracaso de las

estrategias seguidas se expresa en el aumento de la pobreza y la desigualdad.

Las estrategias de desarrollo con participación se presentan como una alternativa

para enfrentar las desigualdades, siendo uno de sus principales propósitos el de

vencer los obstáculos para el empoderamiento de los excluidos.

Se afirma que la participación de múltiples actores puede facilitar el

establecimiento de orientaciones normativas con base en consenso social y

permitir tomar decisiones con base en diagnósticos y elaborar propuestas de

solución a los problemas más acordes a las condiciones de los interesados.

Las formas de colaboración se orientan a conjuntar recursos y complementar

competencias entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la

sociedad civil con el objeto de facilitar la identificación de acciones públicas.

En este trabajo se revisan algunas experiencias de colaboración en México, en

particular las que se llevaron a cabo entre organizaciones civiles involucradas en

desarrollo social y el gobierno del Distrito Federal durante el periodo 1997-2000, a

través de fondos de coinversión. Cabe señalar que este periodo es de suma

importancia ya que es el primer gobierno electo por el voto popular.

En este trabajo se pretende recuperar las riquezas de las experiencias en la

construcción de una participación efectiva, así como identificar lecciones útiles

para introducir cambios en los procesos de intervención-participación, y en la

modificación de estructuras e instrumentos que sirvan de base para la

90 Óp. cit.: pag.32


81

transformación a largo plazo expresada en una reducción de la pobreza y en una

mayor equidad.

En particular en el trabajo se analiza la relevancia de las prácticas de colaboración

en términos de su contribución al desarrollo social y se reflexiona acerca de los

alcances de la colaboración, tipos de involucramiento y la adecuación de

mecanismos para asegurar la representación de los numerosos intereses y

actores y permitir la articulación de esfuerzos individuales y colectivos.

Se identificaron elementos que contribuyeron o impidieron el éxito de esfuerzos

para construir compartir o distribuir funciones y responsabilidades y a poner en

evidencia la necesidad de alternativas para compensar la existencia de

desbalances en el poder de los participantes. Asimismo, debido a la existencia de

diversas perspectivas sobre el desarrollo y la manera de lograrlo, el éxito de la

permanencia de formas de colaboración dependerá en gran medida de los

acuerdos sobre mecanismos para la resolución de conflictos.

Por último, si se quiere que la participación y las formas de cooperación entre

actores puedan posibilitar la transformación es importante sustituir las prácticas en

las que se la considera un mecanismo formal para legitimar acciones

gubernamentales o de las agencias y resignificarlas dando lugar a la genuina

expresión de las perspectivas y los intereses de la gente.

A finales de los 80´, gobiernos municipales de países europeos y latinoamericanos

comienzan a poner en práctica un buen número de experiencias y mecanismos

concretos de participación ciudadana y asociativa. Cabe señalar, por ejemplo, los

“presupuestos participativos” practicados en varias ciudades brasileñas y,

recientemente, europeas; los “jurados ciudadanos” ejercitados en las ciudades

británicas y españolas, las distintas experiencias de “planificación estratégica” y

consejos consultivos llevados a cabo a ambos lados del Atlántico. Dichos diseños

de innovación democrática pretenden ser novedosos al promover la intervención e

involucramiento ciudadano de tipo mixto (personas y asociaciones) y combinar

funciones cercanas a la deliberación, la toma de decisiones y la gestión de

servicios o políticas locales.


82

La Argentina no ha permanecido ajena a esta tendencia en la gestión local de lo

público y en los últimos años se han implementado distintos modos y canales de

articulación y transmisión de intereses desde la ciudadanía al gobierno. En

algunas municipalidades de considerable peso político, demográfico y económico

estas políticas fueron precedidas o están siendo acompañadas por procesos de

descentralización administrativa, política y territorial. Córdoba, Buenos Aires, La

Plata, Rosario son algunas de las ciudades que han implementado este tipo de

instrumentos.

El artículo tiene por objeto caracterizar la estructura de oportunidades para la

participación de las asociaciones de la sociedad civil en el gobierno de la Ciudad

de Bs. As., en el marco del proceso de descentralización política y territorial que

ésta ha iniciado en 1996.

Para ello, se describe este proceso en función de sus objetivos y estrategias para

el fortalecimiento de la participación utilizando tipologías de clasificación

reconocidas en la literatura sobre el tema: Gifford, 1991 y Burns, Hambleton y

Hoggett, 1994.

Distingue los mecanismos implementados según el grado de formalización y

presencia de los mismos en cada distrito de la ciudad, la fase del proceso de

actuación pública que propone (diagnóstico y formación de agenda, diseño y toma

de decisiones y gestión de equipamientos y servicios) y los ámbitos de

intervención más comunes (política social, cultural, esparcimiento, desarrollo local,

etc.).

Asimismo, realiza un primer mapeo de los actores relevantes que utilizan estos

canales en los distintos centros de Gestión y Participación que dispone la ciudad.

Conclusiones: Se intenta ubicar el diseño institucional actual de participación

asociativa con que cuenta la ciudad en una clasificación modélica (deliberativa,

participativa, institucional, y territorial) a la vez que se identifican los factores que

posibilitarían, de cara al futuro, una mayor intensidad participativa: identidades

locales fuertes, elevada articulación de las asociaciones con estructuras sólidas de

coordinación, voluntad política de los gobiernos y relevancia de la acción municipal


83

en el terreno de la política pública local.

Metodología utilizada: el trabajo se apoya en datos obtenidos mediante la

realización de entrevistas a informantes claves de las áreas de descentralización y

participación del Gobierno de la ciudad, directores de los CGP; análisis

institucional y revisión bibliográfica.

1.3.10 El Estado y el Tercer Sector

El objetivo central de esta ponencia es el de hacer un breve análisis sobre la

situación del Estado chileno en el contexto de la modernización neoliberal;

seguidamente, se caracteriza la situación del Tercer Sector en Chile y, finalmente,

se examinan las posibilidades de una nueva forma de relación entre el Estado y

las organizaciones del Tercer Sector, mediante el análisis de un documento

reciente elaborado por una comisión mixta Estado-Tercer Sector.

Estos temas obligan a entrar en el campo de las complejas pero cruciales

relaciones de las organizaciones del tercer sector con las instituciones públicas.

Incluir esta perspectiva relacional, a su vez, implica superar el enfoque sectorial y

organizacional de buena parte de la investigación reciente sobre el tercer sector y

a introducir elementos claves del análisis de la sociedad civil, el espacio público y

las instituciones públicas. Obliga también a especificar el papel de las

organizaciones del tercer sector en la democratización, en el fortalecimiento de la

sociedad civil, en la producción de capital social y en su función de promotoras de

participación cívica.

Tareas estas bastante complejas, dados los supuestos que suelen tenerse sobre

los aportes de las organizaciones del sector. La literatura reciente ha señalado que

la densidad organizacional no se correlaciona necesariamente con cambios

sociales positivos, como por ejemplo mayores niveles de desarrollo, democracias

más avanzadas o con cantidades mayores de capital social (Rueschemeyer, R.

1998:12-16). Hay una creciente evidencia investigativa que problematiza el

supuesto de que las organizaciones del tercer sector orientan sus actividades a los

más pobres, realizan programas de forma más efectiva a los gubernamentales o

promueven la participación social incluyente (Hulme, D y Edwards, M. 1996:5). Por


84

otro lado, como lo han enfatizado varios analistas, el número de las

organizaciones del sector no es de por sí una guía suficiente para captar el

desarrollo del capital social de un país (Putnam, R. 2000: 53, Schuller, et al.

2000:27-28). Más que el número de organizaciones, lo que contribuye al desarrollo

del capital social, a la Profundización de la democracia y la ampliación de la

institucionalidad pública es el tipo organizaciones y las relaciones que estas

establecen con otras organizaciones, el público, los gobiernos y el sistema político.

(Warren, M. 2001; Evans, P. 1996, Diamond. L 1999).

Si este planteamiento de la importancia de las características de las

organizaciones y las relaciones es cierto, el foco investigativo debería variar de la

mirada sobre la topografía y el mapeo organizacional, hacia un enfoque que capte

las interacciones y la interdependencia de las organizaciones entre ellas misma,

así como sus vínculos con las instituciones públicas y con la ciudadanía. En ese

sentido, una evaluación más adecuada sobre las contribuciones y aportes de las

organizaciones civiles pasa por la ubicación de las mismas en el contexto de

relaciones que establecen con el conjunto institucional (Skocpol, T. y Fiorina, P. M.

1999:14-15).

Detrás de estas afirmaciones sobre la importancia de las relaciones entre las

organizaciones civiles y las instituciones públicas, existe también un planteamiento

normativo que va en contra de la visión del tercer sector como el lado virtuoso de

la sociedad, y del gobierno y las instituciones públicas como males necesarios que

requieren ser reducido en tamaño y funciones. Las organizaciones del tercer

sector tienen un papel socio político fundamental al retar, recrear e influir en la

orientación del sistema político, el estado y el mercado, pero no son la alternativa

a los gobiernos, ni al sistema político, ni al mercado. En la elaboración e

implementación de las políticas públicas, en el avance del bien común y en la

construcción de lo público, los actores de la sociedad civil participan al lado de las

agencias del estado y del mercado y no en su reemplazo, (Naidoo, Kumi y

Tandond, Rajesh. 1999:1).

En una perspectiva de construcción de un Estado Social de Derecho y no de


85

desmantelamiento del mismo, como lo ha señalado José Bernardo Toro, “¿se

vuelve obsoleta la discusión de si las ESAL (Entidades sin Ánimo de Lucro)

complementan o sustituyen al Estado; para volver actual otra pregunta: cómo debe

organizarse la sociedad para cooperar con el Estado en la construcción de bienes

colectivos y públicos que contribuyan a hacer posible la equidad?” (Toro, J. B.:

2000). Lo que habría que definir entonces son los esquemas institucionales y las

condiciones de funcionamiento para la gobernabilidad democrática con amplia

participación ciudadana y donde efectivamente sea posible la inclusión de las

organizaciones de la sociedad civil en la definición y gestión de lo público.

Es desde esta perspectiva de énfasis en las relaciones y de recreación

institucional donde adquiriere mucha importancia para los investigadores del tercer

sector y para los analistas de la participación cívica el concepto de capital social.

Este concepto, fundamentalmente relacional, se refiere a los elementos

vinculantes de la organización social como instituciones, normas, redes sociales,

actitudes y confianza que facilitan o dificultan la coordinación, colaboración y

manejo del conflicto entre personas, organizaciones e instituciones. El estudio del

capital social, al menos para un buen número de autores, implica necesariamente

el análisis de las formas de articulación horizontal (entre organizaciones) y vertical

(con instituciones públicas) de las organizaciones y el reconocimiento de que las

formas de acción colectiva y participación social, así como las dinámicas

organizacionales están inscritas en estructuras sociales e institucionales

(Bebbington, A. et al. 2002: 18).

El proceso social de creación de un orden democrático, depende de la capacidad

política de promover la constitución de actores colectivos y de institucionalizar la

interacción entre ellos. Este proceso exige un marco institucional que permita

traducir la diversidad organizacional en una efectiva y coherente pluralidad y

facilite el ajuste reciproco de preferencias y expectativas, pero no se reduce a una

estrategia de reingeniería institucional o un cambio legislativo. La relación

dinámica entre desarrollo de instituciones públicas y desarrollo socio político de la

ciudadanía organizada es lo que está en juego y es posible en esa perspectiva

plantear un círculo virtuoso en el fortalecimiento de instituciones públicas para


86

alentar y garantizar amplios niveles de participación y a su vez promover el

fortalecimiento de la vida asociativas para que las instituciones públicas

participativas funcionen adecuadamente.

En ese sentido, un gran reto que tienen las organizaciones del sector para poder

orientar su acción en torno a un proyecto público y a un proyecto compartido de

nación que respete la diversidad de las mismas organizaciones, es consolidar el

marco institucional y los niveles de confianza que permitan la participación de las

organizaciones en la conformación de la institucionalidad pública y de la

gobernabilidad democrática. Esto significa afianzar la participación democrática en

un marco de fortalecimiento de las instancias de interés público y del Estado

Social de Derecho. De esa manera, el fortalecimiento de la sociedad civil y de la

participación de sus organizaciones en la esfera pública se convierte en un

proceso de suma positiva con el fortalecimiento de un Estado democrático que

propenda por la defensa real de los derechos económicos, sociales y culturales de

sus ciudadanos. (Villar, R. 2001)

Como la han mostrado diversos historiadores, Chile ha sido una sociedad con una

fuerte presencia del Estado desde sus inicios republicanos. En cierto sentido,

puede decirse que el Estado ha constituido la nación (Góngora 1982), de acuerdo

a la idea de orden (político y social) y de gobernabilidad Las dimensiones de

democracia, libertad y participación han sido minimizadas (García de la Huerta

1999). Durante el período de la modernización desarrollista, desde los treinta a los

setenta, dada la debilidad del sector empresarial, el Estado asumió un papel activo

en la modernización económica y en la industrialización del país mediante la

creación de la infraestructura y de las industrias básicas (Lechner 1970).

Desarrolló un sistema político complejo, creó un amplio sistema de educación

pública; un sistema de salud pública de gran cobertura; y tempranamente dictó

una legislación laboral progresista. Desde los sesenta favoreció la

democratización social, creó algunas formas de participación, y emprendió con los

gobiernos de Frei y Allende un acelerado proceso de modernización destinado a

convertir a Chile en un país industrial y una sociedad más justa. Sin embargo, no

logró articular la débil base económica con la activación de las luchas sociales, el


87

aumento de las demandas sociales y las formas espontáneas de participación, y

se produjo la crisis política y social que condujo al golpe militar de 1973.

El régimen militar transformó substancialmente el Estado el cual dejó de ser

desarrollista y social y se convirtió en un Estado represivo y neoliberal. El Estado

pos autoritario es, básicamente, un Estado neoliberal y asistencial, puesto que

proporciona servicios básicos de educación y salud, en condiciones muy

precarias, y busca atenuar la marginación y pobreza de los sectores populares

mediante políticas sociales. En esta situación, hubo poco interés del Estado de

desarrollar las organizaciones de la sociedad civil. Los recursos que llegaban a

estas organizaciones durante el régimen militar fueron destinados a apoyar las

políticas sociales; se optó por no abrir espacios a la participación social por el

temor a que se produjera una explosión de demandas insatisfechas; se consideró

que las funciones que cumplían dichas organizaciones debían realizarlas el

Estado o el mercado. “La redemocratización institucional del país no logró

reconstruir los lazos entre Estado y sociedad civil. Por el contrario, se desactivó el

movimiento social, y no se le remplazó por nuevas formas de participación”

(Consejo ciudadano 2000: 12). Afortunadamente, y como respuesta al crecimiento

electoral de la derecha, y al malestar frente a la modernización neoliberal esta

situación ha cambiado este último año, pues se observa cierto interés del Estado

de fortalecer la sociedad civil”, ciudadanizar la política y avanzar a una democracia

participativa.

A pesar de que el Estado, del mercado y de la opinión pública no han sido

favorables, en la sociedad chilena actual existe un nivel de asociatividad

intermedio respecto a los países que tienen mayor cantidad de organizaciones

sociales por cada diez mil habitantes, por ejemplo, Suiza y los que tiene menos,

como Argentina (Pnud 2000). Estas organizaciones pueden clasificarse por sus

temáticas que abordan. Las más importantes son las económicas; de salud,

educación y vivienda, y las vecinales que alcanzan en conjunto el 60 % del total.

Asimismo, estas organizaciones se encuentran en todos los sectores sociales,

aunque son predominantemente urbanas. Sin embargo, el Tercer Sector chileno

presenta algunas limitaciones y debilidades: la mayoría de sus organizaciones son


88

pequeñas y de pocos miembros, la participación de ello es de bajo perfil, pocas

han logrado organizarse participativamente, los sectores de mayor nivel

educacional y económico son los que presentan mayor capacidad de

asociatividad, cuentan con escaso apoyo del Estado y de las empresas.

Este contiene las bases éticas de la propuesta, un planteamiento sobre el marco

jurídico normativo, un conjunto de proposiciones para fortalecer institucionalmente

las organizaciones de la sociedad civil, sugerencias sobre modalidades de

financiamiento, y finalmente, un conjunto de propuestas para la cooperación del

Estado y la sociedad civil. En ellas se propone: que las organizaciones sociales

sean puentes de participación de la sociedad en la elaboración de políticas

públicas; el establecimiento de “relaciones equitativas entre el Estado, el mercado

y la sociedad civil”; y crear un organismo tripartito para “identificar y desarrollar

oportunidades frente a los desafíos que presenta el desarrollo del país”. (Consejo

ciudadano 2000: 12 a 15). Este texto aparece en un contexto en que ya se han

mencionado otras iniciativas como la del Banco Mundial de la participación de los

beneficiarios mediante la co-ejecución de proyectos sociales, la del Presidente

Lagos de subvencionar las principales organizaciones privadas humanitarias,

entre otras. En la actitud de los dirigentes políticos respecto a la sociedad civil se

constata la presencia de dos tendencias que forman pare de la cultura política

nacional: de una parte, tendencias innovadoras de carácter participativo,

tradicional y también de carácter directivo e instrumental (Vergara 1987). Explicitar

la discordancia entre estas tendencias, así como procurar que se abran mayores

espacios de participación y de cooperación simétrica entre Estado, sociedad civil y

empresas parece ser la gran tarea de las organizaciones sociales en este período.

1.3.11 Tercer Sector y empresa

La Economía Social ha registrado un importante crecimiento empresarial en el

curso de los últimos veinte años en España. La restauración de la democracia

política ha facilitado el entorno institucional adecuado para el desarrollo de

empresas basadas en el concepto de democracia económica. Sin embargo,

factores menos positivos como la crisis de ocupación que vivió el país a partir de


89

la segunda mitad de los años setenta fue una de las bases de redescubrimiento de

las empresas de trabajo asociado por parte de los trabajadores en paro o en

riesgo de encontrarse en el desempleo. La construcción del Estado del Bienestar a

partir de los años ochenta con la transferencia de competencias a las diferentes

comunidades autónomas es otra de las principales razones que explican el

espectacular desarrollo empresarial, sobre todo, de asociaciones y fundaciones.

En este capítulo se utiliza la expresión. Economía Social para designar a

cooperativas en sus diferentes tipologías, mutuas, sociedades laborales,

asociaciones y fundaciones.

La pregunta que se plantea en este capítulo es: ¿La Economía Social está en

condiciones para financiar su futuro empresarial? Para intentar responder a esta

pregunta, este capítulo se estructura en seis apartados. En el primero se hace

referencia a la información utilizada y plantea la necesidad que el movimiento de la

Economía Social construya su propia central de balances si desea disponer de

información más certera sobre el futuro empresarial de las empresas que

constituyen la Economía Social en España. El segundo apartado presenta una

pequeña central de balances resumida de las ramas de cooperativas agrarias, de

consumo, de servicios, de trabajo asociado y sociedades laborales. Reconoce que

no dispone información económica-financiera sobre las entidades sin ánimo de

lucro. Este segundo apartado visualiza las estrategias empresariales que las

cooperativas están utilizando en su objetivo de permanencia en el mercado. Dos

son los instrumentos claves: profesionalización y alianzas estratégicas. Se obtiene

que este perfil de cooperativa opta por la creación de beneficios y su reinversión

para conseguir la capitalización de su estructura productiva. A continuación, el

capítulo plantea que, fundamentalmente, las jóvenes empresas de la Economía

Social tienen problemas de diálogo con las entidades financieras convencionales.

El tercer apartado describe de forma detallada las exigencias que la banca

convencional impone a las empresas jóvenes de la Economía Social si quieren

acceder al crédito. Se expone de forma detallada qué significa que una empresa

sea clasificada por la banca como empresas de “alto riesgo”. Frente a los

problemas de comunicación que tienen las jóvenes empresas de la Economía


90

Social con la banca convencional, el cuarto apartado analiza de forma muy rápida

la respuesta de las empresas de la Economía Social a sus dificultades financieras.

Se realiza una evolución general a la función de banqueros por parte de los

dirigentes de la Economía Social, se constata que en los últimos veinte años en

España no han surgido importantes experiencias de cooperativismo de crédito y

se plantea la necesidad del diálogo con la banca como uno del mecanismo de

desarrollo empresarial. Se asume que las empresas de la Economía Social deben

de ajustarse a la disciplina que exige la banca, pero también se apela a la

necesidad de compromiso, aunque sea obligado, de la banca con el crecimiento y

consolidación de las jóvenes empresas de la Economía Social. El capitulo termina

con unas conclusiones generales y con la cita de las referencias bibliográficas

utilizadas.

El tercer trabajo que comentamos es el más reciente, también del PNUD, esta vez

en Chile. Se trata del Más Sociedad para gobernar el Futuro. Desarrollo Humano

en Chile. (PNUD 2000). El estudio tiene varias partes, una de las cuales intenta

una cuantificación de la “asociatividad” por regiones.6 Esa cuantificación se la

relaciona con el “capital social”, que incluye también la confianza social, las

relaciones de reciprocidad y el compromiso existente en la sociedad chilena. Se

considera al “capital social” así entendido como un factor del “Desarrollo Humano

Sustentable”, entendido como “las capacidades de los chilenos para moldear el

orden social y apropiarse del futuro”, para lo cual deben “mejorar la calidad de su

vida social” (op.cit.:4)

53). Vale decir que aquí se avanza en la descripción cualitativa, pero el objeto es

el “vínculo social” y no la mera caracterización del perfil de las organizaciones.

Esto se vincula con el desarrollo, pues “la cohesión social y la concertación de

opiniones e intereses representan una de las mayores fuerzas productivas del

país” (Ibídem: 54) Dentro de ella “la asociatividad podría representar la base social

requerida para el buen funcionamiento de las instituciones económicas y políticas”

(Sinopsis: 17). 91

91 PNUD (2000), Sinopsis. Desarrollo Humano en Chile. Más Sociedad para gobernar el Futuro. Desarrollo Humano en Chile.


91

Se conceptualiza el capital social en tres aspectos “a) relaciones informales de

confianza y cooperación (...); b) la asociatividad formal en organizaciones de

diverso tipo y c) el marco institucional, normativo y valórico de la sociedad que

fomenta o inhibe las relaciones de confianza y el compromiso cívico” (PNUD 2000:

110). Por ello el estudio se focaliza sobre tres dimensiones: “las aspiraciones” (a

un orden colectivo), el “vínculo social” que expresa la magnitud y calidad del

capital social y la “ciudadanía”, donde se manifiestan las condiciones

institucionales y de cultura cívica que hacen posible que esas aspiraciones se

hagan realidad.

La perspectiva adoptada por este estudio para vincular “asociatividad” y “capital

social” es compleja. Se combinan para ello tres elementos: un Mapa Nacional de

la Asociatividad; una encuesta que indaga en la pertenencia de la gente a formas

asociativas, que cuantificaría el capital social formal existente y un estudio de

campo en el que se observan las dinámicas existentes entre capital social y

asociatividad. Las conclusiones cuantitativas son claras: existe una enorme

cantidad de asociaciones (83.386, es decir más que en Argentina que tiene el

doble de población) y al menos un tercio de la población reconoce estar afiliada a

alguna asociación. Eso es considerado como una “capacidad instalada” en la

sociedad por cuanto “la capacidad de asociarse constituye un recurso siempre

presente (...) que no sólo es útil para un campo acotado de problemas. Sobre la

base de ella, también es posible avanzar en el logro de desafíos de mayor

envergadura, como la profundización y estabilidad de la democracia y el aumento

del Desarrollo Humano Sustentable” (op.cit.: 133).

Para este estudio el capital social es más bien un atributo de las personas, que

puede expresarse formal o informalmente y que está compuesto –además de la

asociatividad- por la confianza (en personas e instituciones), la cooperación cívica

y la reciprocidad. El resultado final es una tipología y no un índice continuo. Esta

tipología tiene cuatro categorías que permiten agrupar al total de la población en

combinaciones de capital social formal (alto o bajo) e informal (alto o bajo). (p.

150).


92

El hecho de reconocer la necesidad de insertar la cuantificación de las

asociaciones en un marco conceptual más complejo, acota el alcance de las

conclusiones que pueden obtenerse directamente a partir de magnitudes que se

sabe que son extraordinariamente imprecisas.8 De los tres estudios comentados,

éste opta por el concepto más inclusivo (asociatividad) y, por lo tanto, el que

contiene mayor heterogeneidad.92

Por la misma razón debe considerársela como el “eslabón más débil” del capital

social, en el sentido de su menor capacidad predictiva, respecto de confianza,

reciprocidad y ciudadanía, que involucran vínculo activo. A lo más proporciona

condiciones para el desarrollo del capital social. Por ello, al vincular la

asociatividad con el capital social y el desarrollo humano, los autores incorporan

diversas dimensiones cualitativas. Sobre ellas es necesario centrar la discusión.

Por otra parte, una de las conclusiones “fuertes” del estudio relativiza aún más la

asociación simple entre la contabilidad asociativa y la potenciación social. Esta es

que “todos los grupos socioeconómicos poseen más capital social informal que

formal”, pudiendo ello interpretarse como un desplazamiento del capital social

hacia modalidades informales, producto “de la influencia del proceso de

individualización y redefinición de las identidades colectivas” (Sinopsis: 19). Esto

quiere decir que la gente tiende menos a participar en organizaciones, ha

disminuido su confianza en las instituciones y considera que no está amparada por

normas de reciprocidad establecidas. En cambio, a nivel de la sociabilidad tiene

vínculos informales significativos (conversaciones), aprecia reciprocidad en la

familia y el entorno cercano y está dispuesta a cooperar con otros en caso de ser

necesario (PNUD 2000: 144 y ss.). Vistos estos antecedentes, si se quiere obtener

cuantificaciones y descripciones cualitativas de la asociatividad, que guarden

relación con la dinámica social efectiva, es necesario recurrir a estrategias

metodológicas diferentes, que no se limitan a las fuentes escritas y los registros

institucionales, lo que en este estudio se intenta captar con un trabajo de campo.

92 “Mientras la asociatividad incluye todas las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad civil no incluye todas las organizaciones que comprenden la vida asociativa de una sociedad”. El criterio de distinción no es su carácter voluntario, ni su autonomía del estado, se trata de criterios normativos, pues también existiría una “sociedad incivil”. Kumi Naidoo y Rajesh Tandon (1999), “La Promesa de la Sociedad Civil”. En CIVICUS, La Sociedad Civil en el Milenio, Cali, p. 13.


93

En el estudio de Roitter, Rippeto y Salomón se utiliza la noción de “tercer sector”

definida por categorías institucionales formales, ya que sólo ellas son capturables

por la estrategia investigativa. Son éstas también las que tienen mayor peso

económico. Sin embargo, pareciera que la clasificación sobre la base de los

criterios definidos agrupa una inmensa diversidad, que no mantiene vínculos entre

sí en la realidad, ni los actores reconocen como una unidad. Más allá de eso, su

limitación es que impide analizar la práctica institucional real, que no siempre

coincide con las definiciones formales de las instituciones. Esto es particularmente

relevante respecto del carácter “no lucrativo” En el caso de Chile, por ejemplo, los

grandes clubes de fútbol, que son de hecho empresas millonarias, son

formalmente corporaciones, es93 decir pertenecen al “sector no lucrativo”. Lo

mismo ocurre con las universidades privadas. Lo contrario ocurriría con

asociaciones de mujeres pobres organizadas con fines de solidaridad y

subsistencia: si no son formales no aparecen y en la medida que se formalizan

son consideradas como “empresas lucrativas”, aún cuando mantienen su lógica,

mucho más cercana al “tercer sector”. Lo mismo ocurre con muchas cooperativas,

asociaciones indígenas y otros grupos. Lo anterior significa que “estar o no en el

mercado” es una noción relativa y no absoluta, lo mismo que “distribuir

ganancias”.94 La impronta anglosajona se expresa aquí en el hecho de que la

distinción jurídica básica para la legislación norteamericana es la de “for profit”o

“non profit”, expresada en la repartición de beneficios. Ello no ocurre de la misma

manera en otros contextos.

En relación al Estado sucede algo similar. Por un lado está el hecho reconocido de

que gran parte de los organismos no gubernamentales, así como las

organizaciones de base dependen financiera y a veces políticamente de

estructuras estatales, lo que relativiza su capacidad de constituir efectivamente un

93 PNUD (2000), Sinopsis. Desarrollo Humano en Chile. Más Sociedad para gobernar el Futuro. Desarrollo Humano en Chile. 94 Diversos trabajos han analizado la existencia de diferentes “lógicas de acción” al interior de actividades económicas, dando lugar a categorías como “economía popular” y “economía solidaria”. Ver de Luis Razeto: Las Donaciones y la Economía de la Solidaridad, Santiago de Chile, 1994, págs. 107 y ss. Por otra parte, en la tradición francesa no se habla de “tercer sector”, sino de “economía social”, indicando una aproximación que incluye prácticas que también se realizan en el mercado. Ver de J. Defourny y P. Develtere, Orígenes y Contornos de la Economía Social en el Norte y en el Sur, Liege, 1999, págs. 17 y ss.


94

“tercer sector”.95 Por otra parte debe considerarse que el Estado –una entidad

netamente “no lucrativa”- ha comenzado a generar estructuras asimilables al

sector privado, mediante las cuales obtiene nuevos recursos, flexibiliza su

accionar, organiza grupos voluntarios, etc. Esta modalidad de acción le permite

eludir o alivianar la normativa legal que rige sus actividades e incursionar en

nuevos sectores con nuevas estrategias, lo que está en directa relación con las

acciones de “modernización” a los que están sometidos los Estados de la región.

Es el caso de las universidades estatales, sometidas a la presión del

autofinanciamiento, que crean fundaciones de apoyo y corporaciones destinadas a

captar recursos para unidades académicas específicas, sin pasar por la

administración general. Son instituciones de bien público, jurídicamente estatales,

que están sometidas a una competencia por recursos y la presión por obtener

rentabilidad, para lo cual recurren también a establecer organismos no lucrativos.

¿Dónde clasificarlas válidamente? También a los municipios se les ha agregado la

figura de corporaciones para administrar la salud y la educación de acuerdo a

criterios de gestión empresarial, es decir no sometida a los controles burocráticos

de la administración municipal y los hospitales públicos han creado fundaciones

para captar recursos y subcontratar servicios. Las fronteras se difuminan, pero

sobre todo la utilidad de la categoría “tercer sector” se vuelve escaso.

En la medida que la investigación que analizamos se mantiene en el propósito de

determinar el “peso económico” del sector, podría incluir legítimamente a todas las

modalidades institucionales que cumplen con sus criterios, debiendo delimitar

rigurosamente los límites del96 conocimiento que produce. En los términos

planteados “tercer sector” no tiene relación directa con “sociedad civil”, con

“ciudadanía”, ni con “capital social”. Es sencillamente un conjunto de modalidades

institucionales de nuevo tipo, que no pueden ser comprendidas completamente a

partir de la teoría económica o la teoría del Estado. Pero más que constituir un

95 De hecho gran parte de la discusión sobre ONG en Chile y América Latina gira alrededor de sus relaciones con el Estado y de la falta de condiciones adecuadas para el desarrollo de ese sector. Ver de Gonzalo de la Maza, Informe de Investigación Relaciones ONG – Estado. 1990 - 1993. Presentado al Seminario “Innovaciones en las Organizaciones Privadas Sin Fines de Lucro”, Santiago de Chile, 1994. 96 De hecho el rigor metodológico con que se elaboró el Mapa Nacional de Asociatividad impidió incluir las asociaciones religiosas que son aparentemente las mayoritarias y que estaban consideradas conceptualmente. Los autores mencionan varios otros de problemas que dificultaron la confección del mapa, limitando su alcance.


95

“tercer sector”, en el sentido de lo que está “entre el estado y el mercado”; o lo que

“no es” Estado ni mercado, que es el modo como se ha popularizado esta noción,

convendría más una formulación del tipo “sector mixto”, formalmente definido por

las características ya anotadas. La utilidad de la noción de tercer sector se

aplicaría entonces principalmente en el debate sobre marco jurídico apropiado

para la acción pública. También en el debate sobre nuevas formas de crecimiento

económico y empleo, que comienza a reconocer en este sector una realidad de la

primera importancia97.

Las lecturas políticas del “tercer sector”, en cambio, requieren apoyarse en otro

tipo de conceptualizaciones, ya que asocian éste con objetivos sustantivos, como

la defensa de derechos, involucración de hombres de negocios en estrategias de

desarrollo local, autoorganización comunitaria, rol activo en la arena internacional

globalizada, por mencionar algunos.98 Así lo reconocen parcialmente los autores

de Descubriendo el Tercer Sector en Argentina cuando señalan que las

organizaciones informales –que no cuantifican- y las entidades que producen

“servicios intangibles” -las menores en número y peso económico- realizan una

“contribución a la construcción de ciudadanía y al desarrollo sustentable que

excede largamente su aporte en términos estrictamente económicos” (op.cit.: 17).

El segundo estudio comentado, utiliza la noción de “organizaciones de la sociedad

civil” (que es menos inclusivo que “sociedad civil”) “como un mecanismo colectivo

que promueve la confianza, al tiempo que confiere legitimidad a la vida pública y

sus instituciones” (PNUD/BID 2000: 20) Tiene mayor alcance que el de la

Universidad John Hopkins en cuanto se aplica a realidades provinciales y avanza

hacia determinar características de la estructura interna de la sociedad civil. Pero

conceptualmente es menos riguroso, ya que denomina a ese relevamiento

indistintamente “sociedad civil” y “capital social”, atribuyéndole por lo tanto un

conjunto de características comunes que no se deducen directamente del trabajo

97 Es la perspectiva de Jeremy Rifkin en El Fin del Trabajo, Paidos, 1996. En este texto demuestra que el tercer sector es un empleador creciente (el único) lo que lo vuelve económicamente relevante y anuncia que en el futuro seguirá aumentando su capacidad de brindar servicios, gracias a los recortes de los programas gubernamentales. Ver Cap. 17 “Potenciación del Tercer Sector”. 98 Ver por ejemplo de Anthony Giddens, “The role of the Third Sector in the Third Way”, en Focus, paper Nº 2, september 1999.


96

de investigación.99 Algo similar ha ocurrido con el ya clásico libro de Robert

Putnam, cuya fama debe mucho al interés suscitado en esferas políticas y en

organismos como el Banco Mundial en el momento de su aparición.

Es posible establecer la hipótesis que en el marco de las llamadas “reformas de

segunda generación”, en los países de América Latina, que apuntan al rediseño

institucional, manteniendo un Estado reducido, la posibilidad de fortalecer la

capacidad de los ciudadanos por encarar los problemas que el sector público ha

abandonado y hacerlo a bajo costo, resulta una perspectiva atractiva para diversos

sectores. Ante la falta de un proyecto de reconstrucción de lo público que permita

redefinir adecuadamente los roles del Estado, el rol de la “ciudadanía” se torna

crucial, aunque teóricamente muy poco definido. En este punto convergen quienes

consideran que el “estado de bienestar” expropió la iniciativa individual y

ciudadana, con quienes postulan una “tercera vía” que abandona en los hechos

ese mismo “estado de bienestar”100.

La noción de “sociedad civil” reclama una formulación no formalista, sino que

incluye elementos normativos en su definición, como plantea, entre otros, Alberto

Olvera en la línea de Jean Cohen y Andrew Arato.101 Esto lo reconocen todos los

estudios mencionados, sin embargo el problema parece estar en que no se

extraen todas las consecuencias de esa afirmación.102 Si efectivamente existe una

99 De hecho ello aparece como justificación político institucional de las instituciones multilaterales que auspiciaron el estudio y no en el texto de investigación propiamente tal, como se desprende de las palabras de Janine Perfit, funcionaria del BID en el prólogo: “Tales colaboraciones (de la Sociedad Civil con los gobiernos y los mercados), redes y confianzas constituyen la base del capital social. Juntos, el capital físico, humano, financiero y social, aumentan la capacidad productiva de la sociedad (...) El Índice de Desarrollo Sociedad Civil es una herramienta clave ya que, no sólo ha sido difícil establecer mediciones sobre la magnitud y el tamaño de ésta, sino que hemos enfrentado enormes dificultades en delimitar a las OSC. Tal búsqueda (...) ha derivado en innumerables clasificaciones no siempre productivas” (op.cit.: 15). En la publicación del 2000 ya se ha omitido el término “capital social” del título del libro y en los textos institucionales que la prologan el “capital social” aparece sólo como uno de los procesos vinculados a la sociedad civil. 100 Entre los primeros: Ronald Reagan: “A medida que el gobierno se fue expandiendo, le cedimos las tareas que habían sido realizadas por las comunidades y los vecindarios” Citado por Jeremy Rifkin 1996: 294. También Michael Novak, “La Crisis de la Social Democracia”, en Estudios Públicos, Nº 74, Santiago de Chile, otoño 1999. Entre los segundos, notoriamente Anthony Giddens, 1999: 2 y ss. y también en su respuesta a Michael Novak, “El Futuro del Estado Benefactor”, incluida en el mismo volumen de la revista Estudios Públicos. Sobre la inclusión de la “sociedad civil” y el “capital social” en las agendas políticas de los organismos Internacionales, ver Diana Tussie (coord.), Los Organismos Internacionales frente a la Sociedad Civil: Las Agendas en Juego. Documento presentado a la Primera Conferencia Regional Sociedad Civil y Gobernabilidad Democrática en Los Andes y Cono Sur. Pontificia Universidad Católica de Lima, junio 1999. Durante su presentación en la 4ª Conferencia Internacional de la ISTR, Kumi Naidoo de CIVICUS, llamó la atención irónicamente acerca del hecho de que las unidades y oficinas “de ONG” en los organismos multilaterales, habían sido sustituidas por otras “de sociedad civil”. Veía en ello un cambio conceptual y nominal, pero no de procedimientos efectivos. 101 Ver los trabajos incluidos en Alberto Olvera (coordinador), La Sociedad Civil. De la teoría a la realidad. El Colegio de México, 1999. 102 “Comprender la acción de la Sociedad Civil requiere reconocer su rol como actor público, como esfera autónoma de la interacción social, orientado a la promoción del desarrollo humano sustentable, a la erradicación de la pobreza y a la


97

“tercera esfera de la sociedad” además de Estado y mercado, entonces su

caracterización no puede hacerse sólo a partir de consideraciones jurídicas, ni su

función social entenderse sin relación a lo que ocurra con las instituciones

sistémicas del mercado y el estado. Tampoco se obtendrá una adecuada

caracterización de la misma, explorando solamente la pertenencia de las personas

a organizaciones y grupos.

La noción de sociedad civil tiene características diferentes a las que aquí se han

reseñado y reclama estrategias más complejas de investigación. “La sociedad civil

tendría dos componentes principales: por un lado, el conjunto de instituciones que

definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los

ciudadanos y que propician su libre asociación,103 La posibilidad de defenderse de

la acción estratégica del poder y del mercado y la viabilidad de la intervención

ciudadana en la operación misma del sistema (...) y el conjunto de los movimientos

sociales que continuamente plantean nuevos principios y valores, nuevas

demandas sociales, así como vigilan la aplicación efectiva de los derechos ya

otorgados”.104 Es decir que la sociedad civil es más que la suma de las

organizaciones y que la suma de organizaciones es algo diferente a la sociedad

civil.

El debate en torno a esta noción de sociedad civil es eminentemente político y se

divide principalmente entre quienes ven en ella el surgimiento de un nuevo poder

que dará origen a un nuevo proyecto político superador del neoliberalismo,

trascendiendo a la crisis de los socialismos contemporáneos y quienes la conciben

como una “estrategia de democratización autolimitada que busca hacer compatible

a largo plazo la lógica del mercado, las necesidades y estructuras del sistema

político y las necesidades de la reproducción sociocultural”. (Olvera 1999: 21)105

construcción de una vida pública más saludable”. (PNUD/ BID 2000:25) 103 Diversos trabajos han analizado la existencia de diferentes “lógicas de acción” al interior de actividades económicas, dando lugar a categorías como “economía popular” y “economía solidaria”. Ver de Luis Razeto: Las Donaciones y la Economía de la Solidaridad, Santiago de Chile, 1994, págs. 107 y ss. Por otra parte, en la tradición francesa no se habla de “tercer sector”, sino de “economía social”, indicando una aproximación que incluye prácticas que también se realizan en el mercado. Ver de J. Defourny y P. Develtere, Orígenes y Contornos de la Economía Social en el Norte y en el Sur, Liege, 1999, págs. 17 y ss. 104 Alberto Olvera, “Introducción”, en: A. Olvera 1999: 21. 105 No corresponde tratar aquí la problemática planteada por los teóricos de “la sociedad civil como proyecto” que incluyen una amplia gama de posiciones políticas. Ver un ejemplo, en Gabriel Salazar, “De la participación ciudadana: capital social constante y capital social variable”, en Proposiciones Nº 28, Santiago de Chile, 1998.


98

Pero también se plantean problemas respecto de la utilización de la noción de

“capital social” como sinónimo de sociedad civil. Una definición extensiva del

capital social, que rescata los elementos comunes del mismo según varios

autores, lo representa como la aptitud de los actores para asegurarse beneficios

en virtud de la pertenencia a redes y otras estructuras sociales. Esa definición, no

incluye, por cierto, la dimensión normativa de los “valores cívicos”, sino sólo los

beneficios individuales o grupales que se obtienen del “capital social”. Porque no

todo el capital social puede utilizarse ampliando los beneficios individuales al

mismo tiempo que el espacio público, como podría suponerse. También el capital

social tiene su “lado oscuro”, al decir de Alejandro Portes. Se pone como ejemplo

las mafias, poseedoras de lazos fuertes y confianza, pero carentes de espíritu

cívico. También el hecho de que la pertenencia a redes sociales fuertes puede

constituir una traba para procesos de movilidad social y aprovechamiento de

oportunidades, mientras una cierta mayor “libertad” sería más auspicioso para la

superación de la pobreza.106

Portes resume en cuatro las “consecuencias negativas del capital social: exclusión

de los extraños, reclamos excesivos a los integrantes del grupo, restricciones a la

libertad individual y normas niveladoras hacia abajo”.107 Pero estas consecuencias

son negativas o positivas según la posición relativa de los actores. Una red social

estrecha y “entre iguales” puede dificultar a un108 grupo de pobladores

santiaguinos romper el círculo de la pobreza, pero puede ser decisiva para que -en

la misma ciudad- un grupo de migrantes peruanos ilegales sí lo haga. A los pobres

pueden convenirle las “redes débiles”, en términos de Grannoveter, pero los ricos

parecen preferir las “redes fuertes” donde circulan y se reproducen los lazos

familiares, los contactos laborales, la socialización común.109 En general esto

106 Vicente Espinoza ha aplicado esta idea al campo de la superación de la pobreza, a partir de una idea formulada inicialmente por Granovetter en 1974. Ver Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, Un enfoque global de la pobreza y su superación, Documentos de Trabajo Nº 3, Santiago de Chile, 1999. Págs. 54 – 68. 107 Alejandro Portes, “Capital Social: sus orígenes y aplicaciones en la sociología moderna”, en: J. Carpio e I. Novacovsky, De Igual a Igual: El desafío del estado frente a los nuevos problemas sociales, Buenos Aires, 1999, p. 256. 108 De hecho gran parte de la discusión sobre ONG en Chile y América Latina gira alrededor de sus relaciones con el Estado y de la falta de condiciones adecuadas para el desarrollo de ese sector. Ver de Gonzalo de la Maza, Informe de Investigación Relaciones ONG – Estado. 1990 - 1993. Presentado al Seminario “Innovaciones en las Organizaciones Privadas Sin Fines de Lucro”, Santiago de Chile, 1994. 109 En determinadas coyunturas históricas, también las elites pueden requerir de “redes débiles”, que les permitan “ir al pueblo” y seguir reproduciéndose, insertándose en la sociedad de un modo diferente a la oligarquía tradicional, como lo muestra la trayectoria política de la “izquierda dorada” en Chile.


99

quiere decir que asociarse entre “iguales” tiene beneficios o perjuicios según la

ubicación que se tenga en la estructura social y no es positivo o negativo en sí

mismo. Esta es otra limitación para considerar que la fortaleza asociativa equivale

a capital social en un sentido positivo. En el estudio del PNUD sobre Chile, se

descubre que el grupo socioeconómico alto es el único que posee alto capital

social tanto formal como informal. (PNUD, 2000: 151).

También Portes llama la atención sobre la aplicación del concepto de “capital

social”, originalmente surgido como atributo individual, a comunidades y naciones.

Siendo posible esta aplicación, el autor señala que deben tomarse en cuenta

múltiples precauciones para no obtener un resultado tautológico, lo que a su juicio

sucede en parte con Putnam, al menos en cuanto a no considerar suficientemente

explicaciones alternativas para las diferencias que observa en las ciudades

italianas. (Portes 1999: 260 y ss.). La “cultura cívica” de una comunidad o su

tradición organizativa, no disuelven las estructuras de desigualdad que puedan

existir en su interior, incluidas las del capital social.

El rápido éxito de la noción de capital social sin duda ha tenido que ver más con

requerimientos políticos e institucionales, que, con un desarrollo sistemático del

concepto, particularmente en el nivel social o comunitario. No es raro, pues

representa la “energía social disponible” (Salazar: 1998) en el momento en que

coinciden tres fenómenos: a) la crisis de la acción social del Estado, tanto en su

vertiente europea de estado social de bienestar, como en la populista y “de

compromiso” latinoamericana; b) la concentración del poder económico producto

de la mundialización y c) la crisis de los sujetos sociales tradicionales (clases

sociales).

Por ello el “capital social” es así el gran objeto de disputa de la intervención social.

La ambigüedad del concepto permite ubicarlo tanto como nexo entre las redes

sociales y las políticas públicas; como factor de cohesión y empoderamiento de la

comunidad; pero también como un ámbito más de penetración del sistema

económico.110

110 En el discurso de las agencias multilaterales se observa una cierta ambigüedad en la “apuesta” por el capital social, que


100

El siguiente paso que dan las agencias internacionales interesadas en el capital

social es hacia la “producción” o “crecimiento” del mismo. De acuerdo a Putnam

ello no es posible. No se puede de inducir el capital social “desde fuera”, pues se

forma de modo “autosustentado”, en relación a la identidad de los sujetos y en

ciclos largos. Sin embargo, la utilización predominante apunta a la reorientación de

las políticas en las “reformas de segunda generación”, para la cual el concepto

sirve. De allí la rapidez con que se transita hacia usos operacionales de un

concepto teóricamente poco desarrollado. Ello es políticamente legítimo, pero

insuficiente desde el ángulo analítico, sobre todo si no se toman en cuenta los

eventuales efectos negativos de tal inducción. El otro problema es la

determinación del horizonte hacia el cual apunta la “construcción del capital

social”, el llamado “scaling up”. En la versión más instrumentalista, se trata sólo de

mejorar las competencias de los desfavorecidos para ingresar en mejores

términos a la economía de mercado. Por eso reducen la subjetividad y las

prácticas sociales a un “capital social” instrumental para obtener las otras formas

de capital.24 Para los teóricos del “proyecto histórico popular”, en cambio, el

capital social no puede ser inducido “desde arriba”, ello sólo puede destruirlo o

mantenerlo como “aprendizaje histórico” de “lo que pudo ser y no fue”. Permanece

como una suerte de “proyecto histórico latente en la sociedad civil” (Salazar

1998:165). De todas formas, en esta versión, subsiste inexplicado el paso de la

“energía comunitaria” al “proyecto histórico”. Conceptualmente el problema es que,

si bien el capital social es un concepto de dimensiones múltiples, no hay un

vínculo directo entre confianza, reciprocidad, asociatividad y ciudadanía. “La

ampliación de la ciudadanía no resulta de la confianza, sino de la capacidad de

transformar en universal un principio de derecho particular de un grupo en

general”. (Jiménez y Rodríguez 1999: 40) Y eso conduce directamente a las

mediaciones político institucionales, que se construyen en nombre del “interés

general” y escapan del ámbito tanto del “capital social”, como de la “sociedad civil”.

Las precisiones conceptuales son el punto de partida para una necesaria

se expresa en el énfasis en la “legitimidad de las instituciones” que brindaría el capital social. Es perfectamente válido pensar que lo inverso también es verdad: muchas veces los movimientos sociales pugnan por el cambio de instituciones que consideran excluyentes e ilegítimas.


101

reorientación de la investigación, de modo de analizar con mayor profundidad la

estructura interna de la sociedad civil y sus vínculos con el contexto político y

económico. Sólo así será posible interpretar adecuadamente los datos

cuantitativos que en el tiempo reciente se han comenzado a producir acerca de

esta realidad.

1.4 El modelo conceptual del Tercer Sector

1.4.1 El resurgimiento de la sociedad civil

Hay una razón teórica importante para estudiar estas organizaciones, y se refiere

a la necesidad de superar la concepción dualista Estado - sociedad civil, surgida

en un contexto histórico lejano y muy diferente del actual (Arancibia et alli 1998).

Como se ha dicho, es necesario desagregar el sentido original de la categoría de

sociedad civil, pues ésta comprende organizaciones y asociaciones muy

diferentes, incluso en sus lógicas de acción social. Puede decirse que la sociedad,

desde el punto de vista institucional, articula y comprende no sólo el Estado y el

mercado, sino también las denominadas organizaciones de la sociedad civil.

Ciertamente que los límites entre el Estado, el mercado y dichas organizaciones

pueden ser difusos, especialmente en algunos países. En México, por ejemplo,

muchas de estas organizaciones forman parte, de modos diversos, de la lógica de

poder del Estado, de sus políticas sociales, pues se financian realizando proyectos

cuyas características principales y límites son definidas por los organismos

gubernativos. Otras están articuladas a la lógica del mercado, puesto que

funcionan como una empresa, algunas producen importantes superavits, o incluso,

dependen a la vez del Estado y del mercado.

El problema actual ya no es el del siglo XVII-XVIII, el cual era el de afirmar y

fortalecer el conjunto de la sociedad civil frente a un Estado absoluto, sino el de

luchar por la autonomía y libertad de las personas frente a la lógica funcional del

dinero y del poder. Como se expondrá en este ensayo, es necesario potenciar las

organizaciones autónomas de la sociedad civil, frente al Estado y el mercado.

El proceso de modernización posee una buena imagen en los medios de

comunicación internacionales, especialmente en los relacionados al sector


102

financiero y empresarial. Chile es uno de los principales destinatarios de la

inversión extranjera, en América Latina, y su nivel per cápita de inversión externa

productiva es uno de los más altos. Más aún, es el único país de la región que ha

logrado un importante y sostenido crecimiento económico, durante más de diez

años, siguiendo la vía ortodoxa diseñada por los economistas de la Escuela de

Chicago, de la Comisión Trilateral y los organismos crediticios internacionales.

Esta vía es la de un modelo extravertido, orientado al mercado internacional,

basado en el crecimiento de los volúmenes de exportaciones de materias primas y

recursos naturales, el cual ha requerido una importante inversión externa en estas

áreas y en la de servicios. Asimismo, presenta el caso más radical de una

"sociedad de mercado", regida por la lógica mercantil. Por ello, se presenta la

economía chilena como un modelo para América Latina.

Los indicadores macroeconómicos corroboran esta interpretación: (a) la economía

chilena presenta un alta y sostenida tasa de crecimiento de más de 6 % anual

desde 1984 hasta 1997; (b) su tasa de inflación ha ido decreciendo hasta llegar al

3,6 % en los últimos doce meses, una de los más bajos de los países periféricos;

(c) la inversión extranjera productiva ha aumentado desde 1.314 en 1990 a 5.998

millones de dólares en 1998; (d) los niveles de desempleo de los últimos diez años

serían muy bajos, y menores que los de varios importantes países europeos (Pnud

2000).

Más aún, podemos decir que su acción se ha orientado predominantemente, y de

modo espontáneo por lo que Hinkelammert llama una "ética del bien común": "la

relación mercantil al totalizarse hoy, produce distorsiones de la vida humana y de

la naturaleza que amenazan a esta vida. Esta amenaza la experimentamos.

Experimentamos el hecho de que el ser humano es un ser con necesidades que

van más allá de simples propensiones a consumir. “La ética del bien común surge

como consecuencia de esta experiencia de los afectados por las distorsiones que

el mercado produce en la vida humana y en la naturaleza”. La misma experiencia

de la distorsión hace aparecer el concepto de bien común, en cuanto se hace

presente como resistencia" (Hinkelammert 1997). Para este autor, a diferencia de

las concepciones teóricas pesimistas de Weber y Foucault, la resistencia es


103

creativa; no es la mera negación de dichas distorsiones, sino que, en una especie

de dialéctica social, explicita y trae a realidad un principio ético universal, con

carácter proyectivo: todos merecen vivir, sin exclusión, ni subordinación; y tiende a

institucionalizar dichos valores en una comunidad y organización.

Más bien constituyen un germen de renovación e innovación social, un motivo de

esperanza en una sociedad de mercado en "que los ciudadanos están altamente

contaminados, respiran la peor polución anímica, esa que impregna hasta la última

neurona de escepticismo, desconfianza, desencanto, frustración, desamparo"

(Astorga 2000: D 26). Finalmente, convendría recordar la tesis del historiador Karl

Polanyi. Las sociedades de mercado están "siendo destruidas por la acción ciega

de instituciones sin alma, cuyo único propósito era (y es) el incremento del

bienestar material" (Polanyi 1944: 219). Consiguientemente, podríamos decir que

una sociedad que no fortalece su Tercer Sector y su Estado para limitar y regular

la lógica del mercado, se autodestruye y arrasa con su medioambiente

La economía de solidaridad es un nuevo enfoque conceptual, al nivel de la teoría

económica, referido a las formas económicas cooperativas, autogestionarias y

asociativas.

Desde los orígenes del capitalismo y a lo largo de la historia moderna y

contemporánea, se han desarrollado múltiples búsquedas y procesos de

experimentación de formas económicas alternativas, las cuales han asumido

diferentes nombres: cooperativismo, autogestión, mutualismo, economía social y

otros.

Un rasgo distintivo de dichas experiencias ha sido el ser acompañadas y

orientadas por un pensamiento económico-social formulado en términos ético-

filosófico, doctrinario o ideológico. A partir de estas formulaciones se establecen

principios orientadores y modelos organizativos que expresan el "deber ser" de las

propuestas económicas, y se derivan normativas de carácter jurídico y estatutario,

que indican con cierta precisión cómo deben organizarse y funcionar las

organizaciones que participan de las respectivas identidades.

Tales formas de pensamiento que orientan a las experiencias, sin duda útiles


104

especialmente para motivar a quienes participan en ellas, se han demostrado

insuficientes para: a) proporcionar adecuada guía y eficientes criterios de

eficiencia económica en los procesos decisionales y de gestión de las operaciones

que realizan; b) garantizar una identidad consistente a las experiencias y

búsquedas, que a menudo pierden el perfil inicialmente deseado y se van

asemejando y subordinando a las formas capitalistas y estatales de hacer

economía, respecto a las cuales aspiran a diferenciarse y constituir alternativas

válidas y viables; c) generar la confianza y convicción suficiente respecto a su

eficacia económica, como para atraer hacia ellas los recursos humanos,

financieros y materiales indispensables para su desarrollo; d) asegurarles la

autonomía cultural que necesita cualquier movimiento y proceso que aspire a

realizar cambios profundos en la economía y en la vida social.

Como explicación de todas estas limitaciones, puede mencionarse el hecho que

las experiencias cooperativas, autogestionarias, mutualistas y otras afines,

careciendo de un instrumental conceptual y o propio que las oriente en sus

procesos decisionales, a menudo recurren a aquellas herramientas de análisis

proporcionados por una ciencia económica convencional, que ha sido formulada a

partir de experiencias y racionalidades operacionales muy distintas y en cierto

sentido opuestas a las solidarias.

Aquellos cuatro aspectos, que implican limitaciones y deficiencias esenciales que

se manifiestan a menudo en estas búsquedas y experiencias económicas

alternativas, no pueden superarse sino mediante la disposición de una teoría

científica, elaborada al nivel de la disciplina económica, que no sólo respetando

sino aún fortaleciendo la identidad económica alternativa, exprese de modo

coherente su racionalidad económica especial y le proporcione criterios rigurosos

que guíen su proceso de toma de decisiones y su gestión y operación en los

mercados en que participan.

La concepción de la economía de solidaridad es una elaboración científica de

teoría económica que viene a llenar este vacío. Ella se establece al nivel

epistemológico de la ciencia económica, y utiliza las herramientas conceptuales y


105

metodológicas propias de ésta, convenientemente ampliadas y reelaboradas para

expresar la identidad de formas económicas muy diferentes: la racionalidad

especial de las economías alternativas fundadas en la cooperación, la autogestión,

el mutualismo y la ayuda mutua. La economía de solidaridad constituye, en tal

sentido, una contribución relevante al potenciamiento y desarrollo de las

búsquedas de economías alternativas eficientes.

La concepción teórica de la economía de solidaridad ofrece, adicionalmente, otras

contribuciones:

a) Proporciona un lenguaje moderno, renovado, motivador y cautivante, en un

contexto cultural como el de hoy, en que las concepciones tradicionales del

cooperativismo, el mutualismo y la autogestión parecen haber perdido capacidad

de convocatoria.

b) Ofrece una posibilidad de integración bajo una común identidad social, a

búsquedas y experiencias que se han desarrollado bajo distintas denominaciones,

siendo en realidad convergentes en sus propósitos y efectivamente provistas de

una misma racionalidad económica especial, que requiere ser profundizada.

c) Permite reconocer como parte de la misma búsqueda de formas económicas

alternativas, a numerosas experiencias nuevas y originales que adoptan diferentes

estructuras organizativas, que se conocen con distintos nombres, y que son

protagonistas de una dinámica reactivación de los procesos de experimentación

de la solidaridad y la cooperación en la economía y en la vida social.

Las Corporaciones que se definen como una asociación de individuos unidos de

manera estable para la prosecución de un fin de interés común de carácter idea o

moral, o, en general que no tengan carácter de lucro. Las Fundaciones son

entidades constituida por un patrimonio proporcionado y destinado por un

fundador para la realización de una obra o fin de interés general. Las

Organizaciones Comunitarias Territoriales y/o Funcionales que son aquellas que

agrupan a personas naturales o jurídicas que se reúnen con el objeto de promover

el desarrollo de la comuna y los intereses de sus integrantes, de colaborar con las

autoridades del estado y de las municipalidades y de representar y promover


106

valores específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o

agrupación de comunas respectivas.

1.4.2 Participación y Capital Social

Una de las virtudes del concepto de capital social es la capacidad de poner en

operación en diferentes niveles, el análisis del fenómeno de las instituciones,

normas, redes sociales y la confianza que facilitan o dificultan la acción colectiva

(Schuller et al, 2000:35). El capital social puede ser observado a un nivel micro en

las relaciones horizontales establecidas dentro de las organizaciones creadas

entre individuos, así como en las normas y valores vinculados a estas

organizaciones. El nivel medio captura la relación también horizontal entre grupos

y redes de organizaciones. Por último, en un nivel macro pueden analizarse las

relaciones verticales entre las organizaciones y las instituciones, así como reglas y

normas institucionales que regulan la vida pública. Estos diferentes niveles tienen

importantes efectos de complementariedad y sustitución y el concepto de capital

social ayuda al establecimiento de puentes en el análisis de esos diferentes

niveles.

La multidimensionalidad del concepto de capital reconoce que es posible que las

instituciones y la acción colectiva en los niveles micro, meso y macro se

retroalimenten y puedan complementarse unos con otros. Como bien lo sintetiza el

reporte sobre pobreza del Banco Mundial, "las macroinstituciones pueden proveer

un ambiente favorable en el cual las micro instituciones pueden florecer. A su vez,

las asociaciones locales ayudan a sostener las instituciones regionales y

nacionales dándoles una medida de estabilidad y legitimidad y haciéndolas

responsables por sus acciones" (World Bank, 2001: 129).

Por otro lado, desde un punto normativo esta aproximación multidimensional es

importante para pensar en cualquier estrategia de desarrollo y democratización.

Desde el punto de vista de una estrategia integrada, no es posible pensar el

desarrollo y la democracia, solamente como el fortalecimiento de organizaciones y

comunidades autocontenidas que pueden resolver por sí mismas sus problemas.

Es importante desarrollar la capacidad de coordinación, influencia y participación


107

de estas organizaciones en diferentes niveles. Al lado de la conectividad dentro de

las organizaciones y entre organizaciones, es importante apoyar la generación de

vínculos entre las organizaciones y con las instituciones de impacto público, ya

sean gubernamentales o no. La creación de normas, reglas del juego y confianza

en los diferentes niveles de acción reducen la incertidumbre social, facilita las

transacciones económicas, minimiza el costo de la información y hace posible la

deliberación, debate y apropiación de las políticas públicas, y el funcionamiento de

las instituciones públicas. (Daubón, Ramón, 2001:64)

La otra cara de la moneda en el uso de un concepto amplio y multidimensional de

capital social es que lo que por un lado es una gran virtud genera también una

inmensa complejidad y no pocos malentendidos en su uso. Si bien, puede existir

complementariedad positiva entre los niveles micro, meso y macro de capital

social, esto no sucede necesariamente y por tanto, no se puede inferir

mecánicamente que la acumulación de capital social en un nivel tiene efectos

positivos en el otro nivel. Al mismo tiempo que por ejemplo existen reglas y

ambientes institucionales favorables para el desarrollo de las organizaciones

civiles o incentivos para la generación de redes entre ellas, es posible encontrar

organizaciones con vínculos de confianza fuertes entre sus miembros pero que a

la vez desconfían de extraños. Esa identificación excluyente 7 genera no pocos

problemas para establecer vínculos entre organizaciones de diverso tipo o para

crear un espacio público plural en el que se respete el derecho a la diversidad y se

garantice una participación cívica plural que permita la gobernabilidad

democrática. (Grootaert, C. y van Bastelaer, 2002: 4).

En ese sentido, el estudio de los diferentes niveles de capital social y sus

interrelaciones requiere un buen nivel de especificación y su análisis contextual se

constituye en un área de investigación de inmenso valor por sus implicaciones en

programas de desarrollo y en propuestas de profundización de la democracia. A

continuación, profundizaré un poco más sobre los diferentes niveles de análisis del

capital social, las posibilidades de complementariedad de los mismos, así como

sobre las dificultades de agregación. Con este rodeo, podremos volver con mayor

claridad más adelante al tema central de las relaciones entre organizaciones e


108

instituciones públicas.

De los niveles de capital social y la complementariedad entre ellos. [1] El análisis

de capital social, como se mencionó atrás, presenta diferentes facetas de acuerdo

al nivel en el cual se expresa. Cuando se crean vínculos horizontales fuertes

dentro de las comunidades y organizaciones que comparten características

similares, se produce lo que se ha denominado el capital social de cohesión o

"bonding social capital". Esto contribuye a generar normas compartidas de

reciprocidad y confianza que facilitan la cooperación y coordinación entre los

miembros de estas comunidades. Este aprendizaje de normas y competencias

para la acción colectiva en pequeña escala a nivel intraorganizacional e

intercomunitaria puede ser la base para la coordinación de esfuerzos colectivos en

escalas mayores. (Putnam, Robert, 2000: 22; World Bank, 2001: 128-129)

En comunidades pobres, como lo ha mostrado la investigación, las organizaciones

manejadas por sus miembros para su propio beneficio y para el beneficio público

son con frecuencia la manera más efectiva de acceder a recursos, proveer

beneficios sociales a las comunidades y lograr que sus prioridades sean

escuchadas y atendidas por las instituciones públicas. Con razón se ha

denominado a la capacidad organizativa el "capital" de los pobres (Narayan,

Deepa et al. 2000:161). Las organizaciones comunitarias donde las decisiones y la

distribución de recursos depende de los propios miembros son instrumentos

importantes para responder a las prioridades de las comunidades y generar

capacidad local (Narayan, Deepa et al. 2000:161). Y a su vez, las organizaciones

de base que responden a las prioridades de las poblaciones pobres y de los

grupos excluidos, generan sensación de cohesión y confianza sobre las

posibilidades de cambio y sobre el potencial de su participación en la orientación

del mismo. En estas organizaciones se aprende a coproducir el futuro, a resolver

conflictos, a generar poder de negociación, a movilizar recursos colectivamente y

a encontrar soluciones a problemas prioritarios para la comunidad La importancia

de este tipo de organizaciones en la disminución de la pobreza ha sido objeto de

diversas investigaciones recientes. Por ejemplo, en los trabajos econométricos

que se impulsaron como parte de la iniciativa sobre capital social en el Banco


109

Mundial, se realizaron varias investigaciones para establecer el efecto del capital

en el bienestar de los hogares (Grootaert, C. 2002:41-84). Uno de estos estudios,

desarrollado en Bolivia, utilizó un índice de capital social compuesto por medidas

de participación en organizaciones locales y medidas de confianza. Acudiendo a

modelos 8 de regresión, comparó el efecto del capital social con los efectos del

capital humano y físico, obteniendo que el efecto del capital social en el bienestar

de los hogares era 2.5 veces más que el del capital humano. Este efecto, de

acuerdo al estudio, operaba a través de al menos tres mecanismos: El compartir

información entre los miembros de las organizaciones, la reducción del

compartimiento oportunista y la mejora en las decisiones colectivas gracias a la

existencia del capital social (Grootaert, C. Y Narayan, D. 2000: 58)

Junto al capital social desarrollado dentro de las organizaciones, se ha establecido

que la generación de vínculos horizontales entre organizaciones es un nivel

complementario de coordinación para el logro de cambios sociales de mayor

envergadura. Cuando los grupos sociales están desconectados de otros grupos

similares se reduce la escala de sus proyectos, la fuerza de su voz y su poder de

negociación, así como la posibilidad de movilizar o acceder a recursos mayores

para beneficio de sus comunidades La creación de lazos de confianza, vínculos y

coordinación de esfuerzos entre grupos similares o de organizaciones que

trabajan temas comunes, genera amplias oportunidades de aprendizaje social

entre los mismos. (Narayan, Deepa et al 2000:151).

Igualmente, es importante la generación de vínculos horizontales y formas de

coordinación entre organizaciones con recursos y capacidades diferentes pero que

buscan objetivos comunes. Estas alianzas, cuya fortaleza radica precisamente en

los aportes diversos que cada una de las distintas organizaciones puede aportar al

objetivo común, se han convertido en una importante estrategia para el desarrollo.

(Fiszbein, Ariel y Lowden, Pamela, 1999; Austin, James, 2000).

El capital social puente o "bridging social capital" acumulado en el proceso de

alianzas entre organizaciones diferentes y en las redes entre organizaciones

similares, contribuye a generar identidades incluyentes, grupos heterogéneos y al


110

desarrollo de perspectivas más abiertas al exterior y en ese sentido, los procesos

interorganizacionales contribuyen al acceso de recursos inexistentes entre las

propias comunidades. Cuando los grupos sociales no tienen conexiones con

grupos diferentes a ellos mismos, son incapaces de acceder a recursos al alcance

de otros grupos más poderosos. (Narayan, Deepa et al. 2000:151). Además de los

vínculos horizontales dentro y entre las organizaciones, existe otro nivel de capital

social de gran importancia para los procesos de desarrollo y democratización.

Nos referimos a los vínculos y formas de articulación verticales entre las

organizaciones y las instituciones públicas. Este es un nivel fundamental para

pensar en cambios sociales perdurables y de amplia escala. La participación de

organizaciones en procesos de concertación amplios, es prerrequisito y condición

de posibilidad para la formación de instituciones públicas confiable e inclusiva. A

su vez, la formación de estas instituciones requiere la participación de un amplio

sistema de actores donde están las bases (grassroots) pero también las élites

(grasstops) participando en el ejercicio democrático de su creación y control. (De

Souza Briggs, Xavier. 2000). "El empoderamiento, como lo señala el Banco

Mundial, significa ampliar la capacidad de los pobres para influir en las

instituciones estatales que afectan sus vidas, por medio de un fortalecimiento de

su participación en los procesos políticos y en la toma de decisiones a nivel

localZ" (World Bank, 2000:39).

Los sistemas de gobernabilidad democráticos donde el poder es negociado,

requieren de la participación de los diferentes segmentos de la sociedad en la

orientación de las decisiones públicas. Y para esto, se requiere de un ambiente

propicio para esta participación, un sistema de actores sociales diversos que lo

haga posible y unas instituciones que oigan y respondan a las voces de los

diversos sectores de la sociedad.

Para generar normas y reglas de juego institucional donde sea posible las

interacciones entre este conjunto de actores e intereses diversos, se requiere la

generación de vínculos verticales o "linking social capital" entre organizaciones e

Instituciones con relaciones asimétricas de poder (World Bank, 2001:128).


111

Los grupos tradicionalmente marginados de la participación en las deliberaciones

públicas son aquellos que correctamente sienten que las políticas, programas,

planes y proyectos les pasan a ellos y no con ellos o por ellos, de ahí el esfuerzo

que requiere conectar los procesos organizativos con la creación de instituciones

públicas confiables e incluyentes y el esfuerzo requerido para disminuir las

resistencias a esta participación por parte de las élites. En ese esfuerzo, los tres

niveles de capital social requieren desarrollarse en una perspectiva en que se

refuercen mutuamente.

El capital social como bien contingente y contextual. La descripción de los niveles

de capital social de la sección anterior nos da muestras de lo amplio del concepto

y permite ver el potencial de complementariedad entre los niveles. Sin embargo,

aunque estas diferentes formas de capital social pueden reforzarse mutuamente,

es también cierto que unas formas pueden existir sin las otras, e incluso que

algunas formas de capital social en un nivel pueden impedir o dificultar la

formación de capital social en otro nivel (Grootaert, C. y van Bastalaer, T. 2002:3).

Un análisis de estos niveles que no muestre las dificultades de complementación y

agregación, así como las potenciales tensiones entre los mismos sería incompleto.

Amartya Sen en un documento reciente ha llamado la atención sobre las

características dicotómicas del capital social, mostrando que a la vez que un

sentimiento fuerte de afiliación a un grupo puede generar solidaridad y cohesión

entre sus miembros, ese mismo sentimiento puede ser la base para un tratamiento

excluyente y segregador hacia aquellos que no pertenecen al grupo. Si esa

dicotomía es cierta, afirma Sen, puede ser problemático tratar el capital social

como un bien permanente pues las contribuciones positivas en un contexto

pueden ser negativas en otro. En ese sentido propone tratarlo como un bien

contingente más que como uno incondicional y de carácter positivo en cualquier

circunstancia y contexto (Sen, A. 2003:6)

Otros estudiosos del tema han llegado a conclusiones similares, enfatizando que

cada forma de capital social puede tener efectos diferentes e incluso

contradictorios dependiendo del contexto en que se desenvuelve. Si es cierto que


112

ciertas formas de capital social pueden contribuir a la exclusión no podría

entonces asumirse que un bien como el capital social sea siempre para el bien

público. Al igual que otras formas de capital, el social en esta perspectiva puede

tener externalidades positivas o negativas e incluso en ciertas circunstancias más

que un bien público podría considerarse como un mal público (Pantoja, E. 2002:

138).

Se deriva también de este razonamiento que no puede pensarse el capital social

en “unidades” que pueden ser sumadas o restadas independiente de los vínculos

con estructuras más amplias de clase, etnia, género y poder en las cuales las

relaciones sociales están inscritas (Bebbington, A. et al. 2002:).

El análisis del capital social, al igual de lo que hemos comentado sobre el análisis

de las organizaciones del tercer sector, implicar reconocer que las acciones

sociales están inscritas en estructuras sociales e institucionales y reconocer que si

bien es posible que los niveles micro, meso y macro se refuercen mutuamente, el

contrario también es posible. Para un análisis de las relaciones entre

organizaciones e instituciones, estas distinciones son centrales, pues refuerzan la

idea que hemos sostenido a lo largo del documento que no puede derivarse de la

existencia de fuertes densidades organizacionales, el que eso se traduzca

necesariamente en mayores niveles de confianza en instituciones públicas. “Los

niveles micro y meso de capital social pueden contribuir tanto a mejorar el

funcionamiento del estado como a debilitarlo. Del lado positivo, las organizaciones

locales pueden fortalecer instituciones regionales y nacionales contribuyendo a su

legitimidad y estabilidad. Del lado negativo, excesivas identificaciones étnicas en

asociaciones locales pueden impedir el desarrollo de políticas e incluso contribuir

a facilitar la violencia” (Grootaert, C. y van Bastalaer, T. 2002:4).

Este análisis de los niveles de capital nos permite volver con mejores elementos al

tema central del documento, las características del capital social y del tipo de

relaciones entre organizaciones e instituciones públicas que contribuyen a ampliar

la participación ciudadana y la profundización de la democracia.

1.4.3 La institucionalidad pública, la racionalidad colectiva y el capital social


113

La interacción entre los niveles micro, meso y macro que comentamos atrás pone

de presente el vínculo de doble vía que existe entre organizaciones e instituciones

públicas y obliga a superar el tipo de análisis que se concentra en el nivel micro y

meso del capital social y que suele dejar de lado los efectos positivos de las

instituciones públicas en el desarrollo de organizaciones capaces de actuar en

espacios plurales y de concertar con diversos actores sociales. Unas instituciones

públicas abiertas a la participación equitativa de las organizaciones sociales y que

demuestren los beneficios11 de la participación a través de dar respuestas

concretas a las demandas ciudadanas, contribuyen a generar confianza en la

acción colectiva pública, a cualificar y ampliar las formas de participación social y a

desarrollar formas de gobernabilidad democrática (Abers, Rebecca. 2000: 149-

151).

Es importante subrayar desde ahora que esta legitimidad institucional se genera

no por la existencia de una normatividad apropiada, sino por el uso efectivo de la

institucionalidad y por los resultados sociales y políticos que genera. En ese

sentido, una participación inclusiva, plural, deliberante y efectiva puede tener

efectos importantes en la generación de confianza y en la generación de capital

social entre las instituciones y la ciudadanía. Para generar este tipo de

participación se requieren además de normas, instituciones abiertas a la

participación, voluntad política, recursos, atención a los procesos y programas de

promoción (Sudarsky, J. 2003: 3 del capítulo 2)

Ese tipo de participación tiene por supuesto una amplia serie de condicionantes.

Uno central, es el logro de instituciones y políticas públicas que contribuyan

efectivamente al logro de la equidad en la participación. Al igual que lo que ocurre

con el ingreso, la participación social no está igualmente distribuida y se requieren

estrategias públicas para promover procesos participativos inclusivos. Existe un

amplio desbalance entre los recursos que movilizan las diferentes organizaciones

y una gran asimetría en las capacidades de las mismas. Esos desbalances

organizacionales en relación a grupos económicos, sociales, culturales generan

asimetrías en la participación social, lo cual puede tener efectos negativos en la

democracia y en el desarrollo social.


114

A quién se incluye en la participación, cómo se incluye, qué reglas se utilizan para

la deliberación de los participantes, de qué forma se promueve la generación de

capacidades organizacionales y cómo se responde a las propuestas de los

agentes participativos, son elementos cruciales en el desarrollo de instituciones

públicas favorables a la participación, formadoras de capital social y credibilidad

en la acción colectiva ampliada.

Las estrategias y reglas para promover deliberación, concertación y resolución de

conflictos entre los diversos sectores que participen en los espacios públicos son

también fundamentales en las políticas de participación que busquen ampliar lo

público y que contribuyan al desarrollo de una racionalidad colectiva y de una

confianza generalizada en las instituciones públicas. No siempre la participación

contribuye a la articulación vertical entre organizaciones e instituciones, o

articulación horizontal entre organizaciones, así que las reglas, incentivos y

características de las instituciones públicas se constituyen en factores facilitadores

o limitantes de estas formas de articulación. Un reto importante para la

investigación es encontrar claves en estrategias de articulación vertical y

horizontal que contribuyan al desarrollo de capital social y facilite formas de

coordinación y cooperación entre diversos en torno a proyectos de beneficio

público.

En lo que sigue nos serviremos de ejemplos de casos colombianos y brasileros y

de información de investigaciones realizadas en esos países para analizar el papel

de las instituciones públicas en la creación de capital social y en la promoción de

formas de participación inclusiva, así como para mostrar con alguna evidencia los

problemas de inequidad y desarticulación que las políticas de promoción de capital

social y participación cívica tienen que enfrentar.

Sobre la inequitativa distribución organizacional y la no relación entre densidad y

articulación. Un estudio reciente sobre capital social en Bogotá nos ayuda con su

información a ejemplificar varias de las proposiciones que hemos sostenido en

este documento y a mostrar las dificultades que enfrenta una política de

construcción de capital social al nivel institucional que busque ser inclusiva y


115

responda a las asimetrías de recursos organizacionales y de participación

existentes en la sociedad.

Iniciemos con algunos datos sobre la asimetría en los recursos organizacionales.

En el estudio mencionado se midió la densidad organizacional de la ciudad de

Bogotá sobre la base del número de membrecías de la población de la muestra.

Este indicador de densidad muestra el grado en que los residentes de una

localidad o de la ciudad pertenecen activamente o no a organizaciones

voluntarias. Los resultados tabulados por estratos socioeconómicos muestran

gráficamente la distribución desigual de los recursos organizativos en la población.

Siguiendo esa gráfica se puede analizar rápidamente el desbalance en la

distribución de la pertencia a organizaciones y ver cómo disminuye el porcentaje

de membrecías a medida en que disminuye el estrato socio económico o en otras

palabras, como los estratos altos tienen mayores recursos organizacionales en

relación a los estratos bajos. (Sudarsky, J. 2003:53).

En el 2001, de acuerdo a este estudio, el 91% (2´190.000) de la población mayor

de 18 años que no pertenecía a alguna organización secular en Bogotá, se

concentraba en los primeros tres estratos. Para efectos de entender la dimensión

relativa de este fenómeno es importante anotar que el 84% de la población mayor

de 18 años se concentra en estos estratos y por tanto que existe claramente una

distribución inequitativa en términos organizacionales en la ciudad (Sudarsky, J.

2003:56). Este desbalance en los recursos organizacionales que se da en Bogotá

y seguramente se repite en varias ciudades en América Latina, genera un reto

inmenso para cualquier política de participación que tenga como criterio la equidad

y la inclusión y requiere de estrategias e instituciones públicas adecuadas para

promover y facilitar la participación de los estratos bajos de la población. Esta

asimetría ha sido estudiada en otros contextos y es un dato que obliga a no asumir

como punto de partida que los diferentes sectores sociales cuentan con las

mismas capacidades y recursos para participar en la arena pública.

En la investigación mencionada, además de la densidad organizacional, se midió

la articulación organizacional, entendiendo por este concepto el grado por el cual


116

las organizaciones se encuentran entrelazadas o se vinculan con otras

(articulación horizontal) y a su vez se asocian con otras organizaciones de mayor

cobertura territorial y participan de los procesos de planeación local con

instituciones públicas (articulación vertical). (Sudarsky, J. 2003:46). Tabulados los

datos de densidad y articulación por las localidades o divisiones territoriales y

políticas de la ciudad y puestos en una matriz, el autor nos muestra claramente las

diversas modalidades de vínculos entre densidad y articulación. Es posible

encontrar localidades con baja densidad y baja articulación, localidades con alta

densidad y baja articulación, localidades con baja densidad y alta articulación, y

algunas pocas con alta articulación y alta densidad.

Tanto la asimetría en la densidad organizacional como la no correlación entre

densidad y articulación, pone en cuestión una vez más el supuesto de que el

fortalecimiento organizacional es en sí mismo un factor para el fortalecimiento de

la sociedad civil y para generar alternativas de participación equitativas y que

superen la fragmentación cívica. Esta investigación en Bogotá, así como otras en

Brasil han puesto un importante énfasis en el peso de cierto tipo de instituciones

públicas para facilitar la articulación, concertación y agregación de demandas

ciudadanas. Veamos a continuación algunas de sus características.

El presupuesto participativo en Brasil, la justicia redistributiva y el fomento

continúo del capital social. El ejemplo por excelencia de institución pública que ha

contribuido de manera importante a la inclusión de los sectores más pobres en su

participación en las decisiones de políticas y en el cambio de la cultura política es,

sin duda, el presupuesto participativo de Porto Alegre. Esta innovación fue

introducida en 1989 en Porto Alegre y actualmente se practica en 103 ciudades en

Brasil y en algunas otras ciudades en América Latina. La amplia expansión de

esta innovación con resultados diversos en los diferentes contextos, se ha

constituido en un laboratorio social que permite extraer conclusiones de gran

relevancia para la discusión sobre los vínculos entre instituciones, capital social,

organizaciones y participación ciudadana.

El presupuesto participativo (PP) es una institución pública que incentiva la


117

participación ciudadana y permite la deliberación y concertación pública en materia

de presupuesto municipal. De acuerdo a Leonardo Avritzer, uno de los analistas

más destacados de este fenómeno en Brasil, el PP tiene cuatro elementos que lo

caracterizan. El primero son las asambleas regionales y temáticas en las cuales

cualquier ciudadano del municipio puede participar y cuya función es realizar el

seguimiento al uso del presupuesto de anteriores administraciones y establecer

las prioridades por localidad después de negociar entre los participantes. (Avritzer,

L. 2002: 1, 5-6)

Una segunda característica es la combinación de diferentes elementos de

participación. Por ejemplo, mientras las asambleas temáticas y regionales se

basan en formas de participación directa, otro cuerpo del PP, el Consejo del

Presupuesto Participativo (CPP) funciona sobre la base de una participación

delegada. Este Consejo está compuesto por representantes elegidos (los

consejeros) en las asambleas temáticas y regionales y por representantes de

organizaciones sociales. En ese Consejo, se negocia y deciden las prioridades

presupuéstales entre los consejeros, y entre estos y los representantes de la

administración. Los representantes de la administración, al menos en Porto

Alegre, no tiene prerrogativas especiales ni poder de decisión, pero si voz y

capacidad de veto, basados en argumentos técnicos, ambientales y financieros

que tienen que argumentar y defender en el CPP (Avritzer, L. 2002: 6-7)

Una tercera característica es la autorregulación. Las reglas para la deliberación, el

proceso de toma de decisiones, así como para los procedimientos y la

composición de los diferentes cuerpos del PP se deciden en el CPP. En efecto el

diseño institucional actual es resultado de un proceso de concertación entre los

diferentes actores intervinientes en el proceso y no puede ser atribuido a ningún

actor en particular. (Avritzer, L. 2002: 4, 7)

El último elemento del PP es el cambio en la forma como se distribuyen los bienes

públicos, utilizando una combinación de decisiones basadas en la participación y

criterios técnicos de equidad sobre quién debe tener acceso a los bienes públicos.

(Avritzer, L. 2002: 2)


118

Estos diferentes elementos han contribuido a generar incentivos continuos para la

ampliación de la participación, especialmente de los sectores más desfavorecidos,

han tenido efectos en la transformación de la cultura y prácticas políticas y ha

conducido a una redistribución efectiva de los recursos públicos. Estos diferentes

efectos a su vez han sido el sustento para generar confianza, legitimidad y

continuidad a esta institución pública.

Los vínculos entre la participación inclusiva y la efectividad del presupuesto

participativo. Un primer dato de suma importancia para los analistas de las

participaciones que los niveles de participación en los presupuestos participativos

no sólo han sido altos, sino que se han incrementado en el curso de los años. En

Porto Alegre, por ejemplo, en el primer año participaron 976 ciudadanos. Diez

años más tarde, ese número había ascendido a 13.687. En Sao Paulo, el primer

año de funcionamiento del PP contó con 30.000 ciudadanos. En el segundo año

participaron 50.000 en el PP. (Avritzer, L. 2002: 7). Este incremento continuo en la

participación se relaciona con la efectividad del proceso. Efectividad de un proceso

deliberativo que tiene efectos visibles tanto en la distribución equitativa de los

bienes públicos como en la transformación de la cultura política.

Es importante analizar cuántos participan pero también quiénes participan.

Algunas cifras de la participación en asambleas temáticas y regionales del PP en

Porto Alegre nos ayudan en este punto. El 30.22% de los participantes tenían

ingresos menores a dos salarios mínimos y 25.51% entre dos y cuatro salarios

mínimos, porcentajes estos similares a la composición socio económica de la

población (Avritzer, L. 2002:5). Lo cual muestra una capacidad inclusiva en

términos de participación de una institución pública como el PP.

En relación a la justicia redistributiva, un estudio sobre el PP realizado en Belo

Horizonte mostró como los estratos 5 y 6 (los más bajos) están recibiendo entre 4

y 10 veces más inversión pública que los estratos 1 y 2 (los más altos), como

efecto de las deliberaciones en el PP. (Rocha, R. 2003:1). Este efecto en la

distribución equitativa de bienes público, conjuntamente con la tradición asociativa

del sur del Brasil, ha contribuido a la participación de una población de estratos


119

bajos y por tanto, al fomento de procesos políticos y económicos inclusivos.

A pesar de este importante nivel de participación de población de bajos recursos

determinado por el diseño y efectividad del PP, esto no significa que los retos por

una mayor inclusión estén aún superados. Si los porcentajes de participación se

analizan en relación a los que toman la palabra durante las asambleas, se puede

notar una correlación inversamente proporcional entre participación activa y

condición socio económica. El porcentaje de participantes que nunca habla en las

asambleas en el grupo con ingresos menores a dos salarios mínimos es 47.3%,

mientras en el grupo con salarios entre ocho y doce, solamente el 27.1% nunca

habla. Ese mismo porcentaje para el grupo que tiene entre 2 y 4 salarios mínimos

es de 37.9%. (Avritzer, L. 2000: 6)

Regresando al tema del acceso a los bienes públicos es interesante analizar las

cifras presentadas por Avritzer en el cuadro comparativo sobre el impacto socio

político del PP en Porto Alegre y Belo Horizonte que reproducimos abajo. Un

primer elemento que resalta en esta información es la importancia que tenían otras

estrategias diferentes a la deliberación, utilizadas para acceder a los bienes

públicos antes del PP. Nos referimos a la movilización social y a los mediadores

políticos. Al comparar el porcentaje de los participantes del PP que utilizaban la

movilización social (54% en Porto Alegre y 34% en Belo Horizonte) o la mediación

de políticos (41% en Porto Alegre y 60% en Belo Horizonte), en relación a los que

reportan acceder a los bienes públicos a través del PP (89.6% en Porto Alegre y

60.3% en Belo Horizonte), nos podemos llevar una buena idea de la forma en que

las estrategias de participación han variado por la introducción de una innovación

en una institución pública como el PP. Si además tenemos en cuenta que la

intervención por fuera del PP no fue necesaria para el acceso a bienes públicos

para un porcentaje alto de los participantes (72% en Porto Alegre y 61.7% en Belo

Horizonte) y que la intervención específica de políticos fue básicamente

innecesaria (en el 100% de los casos en Porto Alegre y el 92.7% en Belo

Horizonte), se puede evidenciar claramente la transformación de las prácticas

políticas derivada del PP. (Avritzer, L. 2002:10).


120

Avritzer, L. 2002: La información presentada atrás confirma nuevamente la

proposición sostenida a lo largo de este documento sobre la centralidad de la

efectividad de una institución pública para la generación de legitimidad y confianza

en la misma. La efectividad de un proceso de toma de decisiones público y

transparente y la capacidad de una institución como el PP de producir resultados

visibles tanto en el campo de la redistribución de bienes públicos como a nivel de

la transformación de las prácticas políticas, ha contribuido al incremento del capital

social y de la confianza en reglas que funcionan e instituciones que cumplen con

las expectativas de los participantes.


121

Capítulo 2. Tercer sector en México, bases para su caracterización

Aunque las organizaciones mexicanas del Tercer Sector sean similares a las de

otros países, poseen una especificidad que no es posible comprender sin referirse

los procesos societales que constituyen no sólo su contexto, sino los cuales

establecen importantes condiciones, límites y posibilidades de su acción, y los

cuales condicionan su modo de organizarse y de funcionar en su vida cotidiana.

Por ello, es que debemos atender cuidadosamente al contexto social, cultural y

político nacional donde han surgido y se desarrollan.

¿UN PROPÓSITO PÚBLICO?

Sin embargo, más allá de esta investigación exploratoria y algunos estudios que

han recogido información estadística sobre el tercer sector en su conjunto, hay

poca investigación rigurosa sobre su historia y evolución. Exceptuando uno que

otro estudio de caso sobre un hospital particular o una universidad privada, la

academia no pareciera interesarse en la investigación sobre las organizaciones sin

fines de lucro. Tampoco existen estudios detallados de diferentes categorías de

organizaciones. Por ejemplo, de algunas fundaciones tenemos un conocimiento

práctico de sus misiones institucionales y sus objetivos –que varían según sus

respectivos campos de acción, su estructura, sus capacidades y recursos–.

Algunas fundaciones gestionan sus propios programas y proyectos, independiente

de las políticas gubernamentales. Otras participan en la identificación, diseño y

hasta implementación de políticas y programas. En algunos casos, están sujetas a

regulación por entidades oficiales y en otros, funcionan sin mayor escrutinio

público.

No obstante este conocimiento práctico, no se tiene información fiel que permita

contrastar nuestra experiencia con la de otras organizaciones. Sin este referente

externo, a menudo nos equivocamos en la elección de objetivos y estrategias.

Complicándose gravemente la posibilidad de identificar los problemas comunes en

nuestros respectivos campos de acción; tampoco encontramos las estrategias

exitosas, mejores prácticas o proyectos replicables. No hay posibilidad de

referenciación. Peor aún, si dentro de las mismas organizaciones del tercer sector


122

existe una falta de información sobre sus pares, en otros auditorios especializados

y en la opinión pública hay un déficit casi total. El tercer sector no forma parte de

nuestro imaginario colectivo. Hay escasa comprensión de su contribución a fines

públicos. Aun cuando hay tendencias opuestas, no son del todo positivas. Con el

crecimiento del tercer sector y de su influencia, también acrecientan las exigencias

para mayor transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y eficacia en el

uso de recursos. Como resultado del escrutinio público surgen críticas sobre la

ausencia de una cultura de responsabilidad o rendición de cuentas dentro de las

organizaciones sin fines de lucro. En México, al igual que en otros países, estas

organizaciones gozan de exenciones tributarias. Así pues, aparecen preguntas

sobre el verdadero beneficio social de dichas exenciones: ¿Realmente las

organizaciones sin fines de lucro contribuyen a un propósito público?8 ¿Son

percibidas como legítimas? ¿Tienen credibilidad ante el público en general? Una

encuesta de opinión realizada este año arroja unos datos inquietantes9. El 8% de

las personas encuestadas confían en los partidos políticos, 24% dicen que confían

en el Estado, mientras que 39% confían en las organizaciones no

gubernamentales (ONG). En cambio, 62% dicen que confían en la empresa

privada. Estos resultados se refieren a un grupo de organizaciones (ONG) con una

connotación muy precisa de activismo en campos como los derechos humanos y

civiles, protección al medio ambiente, fomento a la participación ciudadana, etc.

Dichas organizaciones han sido percibidas con recelo por las entidades estatales.

Y en los medios de comunicación no siempre han recibido una cobertura positiva.

No obstante, hay razones para pensar que el problema de credibilidad y confianza

del público se extiende a las organizaciones sin fines de lucro en su conjunto.

Por ejemplo, en el caso de la educación privada, vale hacerse las siguientes

preguntas: ¿Cómo funcionan los colegios privados sin fines de lucro? ¿O las

corporaciones universitarias? ¿Cumplen con su misión? ¿Prestan servicios de

calidad? ¿Cómo se comparan con entidades públicas en términos de sus

resultados, logro de los estudiantes, etc.?

En el sector de salud también hay preguntas de mucha relevancia:


123

¿Cómo se han sostenido los hospitales de caridad? ¿Cómo se gobiernan? ¿Sus

juntas directivas siempre entienden su papel dentro del sistema de seguridad

social en salud? ¿Cómo asegurar su sostenibilidad dentro del actual marco legal y

regulatorio? ¿Qué papel desempeñan las asociaciones profesionales y similares?

Según el estudio mencionado antes, en Colombia estas asociaciones tienen un

peso grande dentro del tercer sector ¿cómo explicar este peso? ¿La legislación

colombiana ha fomentado su creación?

La investigación comparativa citada anteriormente destaca el papel de las

organizaciones del tercer sector en la prestación directa de servicios sociales. Sin

embargo, queda mucho por indagar. ¿Cómo contribuyen al aseguramiento de las

políticas y programas de atención a la niñez, a los niños y adolescentes en

situación de riesgo, a las mujeres sujetas a violencia intrafamiliar, a los

discapacitados o a los ancianos? ¿Cómo han evolucionado las relaciones entre

estas organizaciones y las entidades oficiales? ¿Están sujetas a vigilancia o

regulación? Sin una visión histórica de su evolución y sin información detallada

sobre su actuar hoy en día (de lo bueno y de lo malo), no es posible llegar a una

comprensión amplia de las contribuciones de las organizaciones del tercer sector

al propósito público. En este contexto, es difícil emprender un diálogo con los otros

sectores de la sociedad (Estado y mercado) para encontrar metas comunes,

estrategias de colaboración, o marcos legales y regulatorios adecuados.

2.1 Las organizaciones de la sociedad civil

Una de las vías importantes para estudiar la sociabilidad, y sus potencialidades,

consiste en examinar las características que asume la asociatividad en la sociedad

chilena. Ella posee, en sus diversas formas, una importante tradición. México

presenta un nivel intermedio de cantidad de organizaciones por cada diez mil

habitantes: 56, respecto a Suiza que tiene 169, y de Argentina que sólo posee 22

(Pnud 2000: 117). El total de las organizaciones encuestadas por el Pnud es

relativamente alto: 83.386. Las económicas son las más numerosas constituyendo

el 21,7 %; las de salud, educación y vivienda el 20,4 %; las vecinales el 20,1 %;

las recreativas-culturales, incluyendo las deportivas, corresponde al 17,9 % y las


124

de grupos etarios y de mujeres el 12,6 %.

Entre las organizaciones económicas los sindicatos tuvieron un gran desarrollo

hasta 1973. Actualmente el nivel de sindicalización es bajo: en casi todas las

regiones del país es menor al 18 %, y su poder de negociación a nivel empresarial

y nacional es muy limitado. Por ejemplo, los porcentajes de aumento en las

negociaciones colectivas han ido disminuyendo desde 1990. Esto se debe: al alto

endeudamiento de los empleados y obreros; al temor de ser despedidos.

Los objetivos de las organizaciones de la sociedad civil son muy variados y los

más recurrentes son: la búsqueda de "potenciación estratégica" para sus

miembros, al cual se abocan el 25,2 % de las organizaciones; la "sociabilidad" con

el 22,1 %; la "mejora de la calidad de vida" que comprende el 18,2 % de las

organizaciones; y el de fomento y promoción que llega al 13,7 % (Pnud 2000:

130). Desde otra perspectiva, puede diferenciarse entre organizaciones

tradicionales y emergentes del Tercer Sector: "observamos un debilitamiento de

las formas de asociatividad que predominaron en períodos anteriores:

sindicalismo, asociaciones urbanas, campesinas, estudiantiles; y el surgimiento de

otras: ambientalistas, de mujeres, de consumidores, de derechos ciudadanos

frente a la inseguridad, de oposición a proyectos que afectan comunidades,

regiones y pueblos indígenas; también emergen movilizaciones frente a la

intolerancia cultural y persisten las referidas a derechos humanos" (Ahumada et

alli 1998: 63).

El Tercer Sector, aunque posee un desarrollo relativamente amplio y un nivel

medio de asociatividad presenta importantes debilidades. Examinando la

bibliografía y las opiniones de directivos de estas organizaciones, se podría

señalar de modo conjetural en conjunto que : (a) la mayoría de las organizaciones

son pequeñas y de pocos miembros; (b) el nivel de participación en ellas es

variable pero, en una importante porcentaje, es de bajo nivel; (c) en su

organización interna y en la relación entre sus miembros y asociados podría

decirse que predominan las formas organizativas autoritarias y paternalistas; (d)

los análisis muestran que los sectores de mayores niveles educacionales y


125

económicos son los que han desarrollado una mayor capacidad de asociatividad

(Pnud 2000); (e) parte importante de ellas no cuenta con recursos materiales

mínimos, y se mantienen por el esfuerzo y dedicación de algunos de sus

miembros; se observa que tanto el Estado, las municipalidades, empresas y otras

organizaciones funcionales tienden a concebir a estas organizaciones con un rol

subordinado o de apoyo a sus objetivos; (g) el reconocimiento y auspicio del

Estado, sus organismos, ministerios y de las municipalidades a las organizaciones

de la sociedad civil es bajo, mínimo o inexistente, salvo aquellas que venden

servicios al Estado; (h) las empresas privadas -a diferencia de Estados Unidos,

por ejemplo- contribuyen en muy escasa medida a estas organizaciones, e incluso

están tendiendo a crear las suyas; por vacíos legales y la escasa capacidad

fiscalizadora del Estado, un conjunto significativos de empresas de servicios,

guiadas por criterios comerciales, funcionan bajo la apariencia de organizaciones

sin fines de lucro. Muchos de los colegios más exclusivos y caros del país tienen

la forma legal de organizaciones (fundaciones o corporaciones), sin fines de lucro.

El estudio realizado por el Pnud, que es el principal realizado hasta ahora, no

incluye muchas asociaciones pequeñas y sin personería jurídica. El hecho de que

no contemos con un catastro más completo y pormenorizado, muestra que la

sociedad y el Estado recién empiezan a valorar la diversidad de las

organizaciones del Tercer Sector; tampoco contamos con una acumulación de

estudios de casos, realizados con una metodología compleja que nos permita

conocer y analizar la situación real y la problemática de estas organizaciones.

En este sentido se puede estimar una fuerza vigorosa y económica del sector (5%

del PIB, 395 mil empleos asalariados y un millón y medio de voluntarios), por lo

que podríamos establecer dos conclusiones que son importantes para nuestra

hipótesis. En primer término que “la heterogeneidad es el rasgo dominante de las

organizaciones que conforman el sector sin fines de lucro, considerando sus

funciones, el tipo de servicios que prestan y sus características estructurales”

(Ibídem: 16).

En segundo lugar “desde una óptica que no subordina la importancia al tamaño,


126

puede afirmarse que la significación de estas organizaciones también debe ser

evaluada por su contribución a la integración de la sociedad, por su creciente rol

en las diversas instancias de ejecución de políticas sociales y por su potencialidad

para generar un espacio económico y social en el que predomine la reciprocidad y

la solidaridad” (Ibídem 18).

Los distintos ejemplos revisados indican que la expansión de los mecanismos de

mercado, del modo como ésta se ha dado, genera efectos diferenciales según el

contexto en que se produzcan. La flexibilización de los mercados laborales y la

acelerada dinámica de cambio en el sector rural ha tenido como consecuencia una

marcada tendencia a la desintegración social, expresada nítidamente en las

pautas de la asociatividad: casi inexistentes entre los temporeros de la fruta y

defensiva entre los jóvenes marginales de la ciudad. En el caso de los sectores

medios emergentes también decae la tendencia asociativa y surgen propuestas

para el desarrollo de una sociabilidad no asociativa desde el propio mercado. Esas

propuestas sólo reemplazan parcialmente las funciones de la acción asociativa,

dejando un vasto campo sin cubrir.

En esta preocupación concurren diversas motivaciones que conviene explicitar.

• Primero, se ha sostenido que algunas organizaciones humanitarias pueden

proporcionar servicios a los más pobres, con un costo más bajo para el

Estado, lo que hace razonable subvencionarlas para maximizar los recursos

del gasto social.

• Segundo, en el mismo sentido, se ha identificado las organizaciones del

Tercer Sector con las Ongs, y se les atribuye un significativo papel en "la

lucha contra la pobreza", y se contempla la posibilidad de crear sistemas de

voluntariado. Se aumentarán los fondos para licitaciones de proyectos. De

este modo, se privatizará una parte importante de la aplicación de las

políticas sociales. Esto significará como en el caso anterior, la maximización

de recursos del gasto social.

• Tercero, se han creado desde 1990, pequeñas organizaciones, por ejemplo,

de homeless o "allegados"; y de habitantes de los barrios pobres,


127

"pobladores", los cuales presentan proyectos que incluyen una parte del

financiamiento, y compiten entre sí, para obtener subsidios del Estado para

viviendas sociales, para pavimentar calles u otros fines. De este modo,

también se maximizan los recursos de las políticas sociales, y se tiende a

evitar que surjan movimientos sociales conflictivos. Este procedimiento ha

sido denominado "participación subordinada"(Guerra).

• Cuarto, en el mismo sentido, el Banco Mundial está proponiendo que los

beneficiarios de las políticas sociales se conviertan en coejecutores de

proyectos de dichas políticas. Habría que preguntarse porque no podrían

participar en su diseño y su evaluación.

• Quinto, las actuales políticas sobre el Tercer sector convocan a los

empresarios las empresas a realizar de actividades humanitarias y de

mejoramiento de la calidad de vida de los sectores pobres, de acuerdo a la

concepción de la responsabilidad social de las empresas. Se diría que estas

propuestas no se basan en un conocimiento realista sobre la mentalidad

empresarial chilena, para la cual este sector está cumpliendo con creces su

papel social por proporcionar empleos, contribuir al crecimiento económico

y exportar. Dicha propuesta tampoco considera las actuales condiciones

económicas de las pequeñas y medianas empresas, por tanto, su ámbito de

convocatoria se reduce (casi) exclusivamente a las grandes empresas.

Las referidas estrategias significarían que una parte de las organizaciones de la

sociedad civil potenciaría el rol subsidiario de un Estado asistencial y mínimo; lo

cual es concordante con la doctrina neoliberal prevalente. Esto no es negativo en

sí mismo, pero no corresponde -sino en muy escasa medida- con la idea de

fortalecer la sociedad, democratizarla y ampliar y profundizarla la ciudadanía.

• Sexto, hay una preocupación política en el amplio sentido de la expresión.

Los estudios del Pnud, se estarían mostrando que "ni el gobierno, ni el

parlamento, ni los empresarios, ni el modelo económico se van a legitimar,

sin que la sociedad sea más fuerte y se sienta más acompañada y valorada

por el sistema político. En otras palabras, el fortalecimiento de la sociedad


128

civil mediante la activación del Tercer Sector podría potenciar la democracia

y aumentar la integración social, lo que a su vez cumpliría un rol de

legitimación los otros dos sectores y de la modernización neoliberal. Sin

embargo, es difícil, o quizá imposible, que ésto pudiera lograrse mediante

los procedimientos mencionados.

• Séptimo, también se ha afirmado, en general, la necesidad de potenciar el

Tercer Sector para organizar la sociedad civil, fortalecer la democracia,

hacerla más participativa, ciudadanizarla, superando las limitaciones de una

democracia puramente representativa e institucional, y disminuyendo la

atomización y fragmentación social (Ortega 2000, Pnud 2000 y Lagos

2000).

• Octavo, una expresión de la búsqueda de nuevas alternativas, en el sentido

recién señalado, que superen la concepción funcionalista sobre las

organizaciones de la sociedad civil. Allí señaló que en la sociedad existían

diversas posibilidades de desarrollar el Tercer Sector, pues había una gran

cantidad de dirigentes políticos y sociales; un considerable interés por hacer

deportes; muchas iglesias que habían tendido a cerrarse sobre sí mismas,

las cuales podrían asumir una actitud de apertura; asimismo, las escuelas

podrían abrirse hacia la comunidad. El Estado y los municipios podrían

asumir la mayor responsabilidad en este nuevo proceso. El papel principal

de los dirigentes políticos y sociales sería el de constructores de

convivencia social.

En nuestra opinión, el problema básico no es de recursos, puesto que el Estado

está destinando importantes cantidades al área social, los cuales podrían

reasignarse. De hecho, el Estado estaba dando respuesta a distintos problemas,

pero éstas no son articuladas. Ejemplificó cuestionando las políticas de vivienda

social, puesto que, al ubicar las nuevas poblaciones en las zonas periféricas de la

ciudad, donde el suelo es más barato, el Estado sin proponérselo, contribuía a

reproducir la segregación urbana. Asimismo, la subvención a colegios particulares

en zonas populares ha generado una forma de segregación económica en los


129

colegios por el pago de matrículas y mensualidades. Asimismo, en muchos casos

los municipios son dirigidos con criterios empresariales, pero ellas no son

empresas ni deben intentar serlo. La tarea de hoy sería la de crear condiciones de

convivencia entre los vecinos y entre los ciudadanos, y reconstruir los modelos de

sociabilidad. La escuela podría ser el centro de rearticulación social. Esta tarea

implica debatir el modelo de desarrollo, y tratar de comprender lo que estaba

pasando en el tejido social (Montes 2000).

2.2 Capacidad Emprendedora y Capital Social: dos Factores Clave para el

Desarrollo del Tercer Sector

El tercer sector, en la medida que configura organizaciones que responden a

necesidades sociales, debe ser eficaz y eficiente en la satisfacción de las mismas.

Por tanto, debe orientarse hacia una demanda o hacia una clientela. La capacidad

emprendedora es un factor que atraviesa a todas las organizaciones y un

componente clave para su éxito. Las organizaciones del tercer sector se basan, en

gran medida, en la acumulación de capacidad emprendedora. De ahí la

importancia de analizar este factor en el seno del tercer sector.

La emergencia del espíritu emprendedor como a menudo se cree no depende solo

de opciones individuales o de fuerzas de mercado, sino de condiciones sociales.

Las actuales condiciones sociales son favorables a la emergencia de

emprendedores, de ahí la pertinencia de su definición como nuevo fenómeno

social.

Se puede definir a los emprendedores como personas que enfrentan problemas

que no tienen soluciones simples, que exigen el aprendizaje de nuevos métodos.

No esperan respuesta desde lo alto (gobiernos, empresas, organizaciones) sino

que presentan un cambio de actitudes y de valores, y demuestran una gran

capacidad de adaptación. La iniciativa emprendedora es la movilización de

personas que aprenden nuevas formas de actuar.

Estos emprendedores, no se reducen a la actividad empresarial privada, pueden

ser privados, pero también públicos o asociativos. En todos los casos, lo que los

define son algunos de estos rasgos:


130

• Estar atentos a las oportunidades para descubrir necesidades insatisfechas

y seleccionar vías apropiadas para satisfacerlas.

• Para aprovechar estas oportunidades, soportan riesgos (emocionales, de

reputación, y financieras) para llevar a cabo una acción con consecuencias

inciertas.

• Para proseguir estas acciones tienen que ensamblar equipos y redes que

reúnan talentos y los recursos necesarios para producir cambios.

Los emprendedores deben ser catalogados como innovadores culturales, capaces

de poner en movimiento nuevas pautas culturales y crear mutaciones porque en

su actitud está presente la preocupación por el modo de vida de la comunidad.

De aquí se desprende también su importancia central para la remoción de

obstáculos para satisfacer las nuevas necesidades Los emprendedores se

destacan por su clarividencia y fuerza para captar y satisfacer nuevas demandas,

habilidad para leer lo nuevo, que procede de su mayor sensibilidad hacia lo que

otros necesitan.

La capacidad emprendedora individual y colectiva es la base de una economía de

mercado abierta y dinámica. Pero también es necesaria en los espacios de “no

mercado”. De ahí la importancia de las iniciativas emprendedoras en los ámbitos

sociales o de interés público. En este sentido, las organizaciones del tercer sector

son un filón de capacidad emprendedora cuando ellas mismas son

emprendedoras, cuando se centran en la receptividad a las demandas de los

clientes-usuarios e innovan en la provisión de los servicios. Se puede constatar un

incremento de gran relevancia en la emergencia de nuevos emprendedores

sociales motivados por la creación de nuevos servicios a las personas y a la

comunidad, de protección del medio ambiente, o de actividades culturales,

generan proyectos, organizan equipos eficientes y alcanzan resultados exitosos en

sus ámbitos de acción. Sin duda, que los niveles de capacidad emprendedoras

están positivamente correlacionados con los niveles de asociacionismo cívico y

con el stock de capital social o capital de confianza que tenga la sociedad. El

capital social es otro factor de primera importancia para el desarrollo del tercer


131

sector. Puede definirse el capital social como el conjunto de normas y hábitos

sociales que llevan a las personas a la confianza recíproca, a asociarse para

tareas y objetivos comunes. De ahí que la densidad del tejido asociativo sea un

indicador del capital social existente en una sociedad. Este capital de confianza es

un factor de primera importancia para el desarrollo económico y para la cohesión

social de nuestras sociedades, en la medida que la confianza facilita y potencia la

resolución de problemas comunes y reduce costes de transacción y de

intercambio. Recientemente se ha estudiado con detenimiento la importancia que,

para el desarrollo económico y social de los países y regiones, tiene la dotación o

el stock de capital social que posee una sociedad determinada, así como la

propensión de algunos países, por ejemplo, los anglosajones, hacia una mayor

“sociabilidad espontánea”, o su mayor capacidad de asociarse en el seno de la

sociedad civil, más allá del estado y de los lazos familiares.

2.3 La generación de empleo en las organizaciones del tercer sector

Todas las estadísticas sobre la población activa muestran un incremento

significativo del empleo en las organizaciones del tercer sector y en las entidades

no lucrativas y este fenómeno tenderá a incrementarse en los próximos años

debido a los factores ya enumerados anteriormente en cuanto al nuevo papel que

las entidades del tercer sector cumplen en las transformaciones sociales de

nuestro tiempo.

Las actividades del tercer sector se desenvuelven en base a una combinación

inestable de trabajo profesional (remunerado) y el trabajo voluntario (donación). La

reflexión en torno al tercer sector como “fuente de nuevos empleos” y como

organismos que conducen progresivamente a la creación de empleo, puede

ocasionar una nueva contradicción entre voluntariado y trabajo remunerado.

Podemos ver aparecer formas de institucionalización del voluntariado, formas

mercantilistas de subvención, de profesionalidad y funcionalismo, que pueden

vaciar su sustancia desinteresada Entre la economía de las donaciones (propias

de las asociaciones de voluntarios), la economía de la redistribución (servicios del

estado) y el mercado (venta directa de servicios) se producen relaciones


132

complejas. Por una parte, en la medida que muchas asociaciones del tercer sector

gestionan programas por delegación pública. Por otra, porque las propias

asociaciones integran dimensiones de profesionalidad y gestión mercantil. Pero lo

más relevante es que existen tres dimensiones sustancialmente diferenciadas.

Muchas organizaciones del tercer sector viven esta contradicción entre

voluntariado, servicios a las personas, y la necesidad imperiosa de

profesionalización para proveer estos servicios. De hecho, se produce una tensión

entre los valores de eficacia gestora y los valores de solidaridad y donación.

Muchas se preguntan desde el ángulo de los principios éticos, si no se corre el

riesgo de mercantilizar y profesionalizar la solidaridad.

Pero hay otro ángulo de reflexión, si se quiere más pragmático. Durante los años

90, más de 94 millones de norteamericanos adultos, emplearon parte de su tiempo

en diferentes organizaciones voluntarias. Las horas dedicadas representan una

contribución económica equivalente a 9 millones de puestos de trabajo a tiempo

completo, y si se mide en términos monetarios, serían equivalentes a

176.000millones de dólares. (V. Hodgkinson, 1992). Esta dimensión tiene una

importancia crucial para el tercer sector en la medida que dispone, por su propia

naturaleza, de unos recursos y energías que le permite abordar los nuevos

problemas y, simultáneamente, reducir los costes de unos servicios que,

suministrados exclusivamente a través de la remuneración y del trabajo

asalariado, no existirían. Cabe pensar que el fenómeno del voluntariado no hará

sino crecer en nuestras sociedades. La reducción del tiempo de trabajo facilita el

tiempo de voluntariado asociativo. Es razonable pensar que nuestras sociedades

se encaminan hacia la pluriactividad.

El voluntariado cumple y cumplirá más en el futuro un papel en la identidad de los

individuos, en la medida que la identidad construida sobre la base laboral

profesional tenderá a reducir su importancia. La redistribución del tiempo social, y

el incremento del tiempo de voluntariado tendrán una incidencia mayor en la

construcción de la ciudadanía.

Por ello se hace necesaria una reflexión permanente y rigurosa en torno a los


133

equilibrios entre voluntariado y profesionalidad. De todos modos, puede

encontrarse una relación directa entre el voluntariado y el empleo. En muchos

casos, ser voluntario resulta un aprendizaje y el inicio de un itinerario hacia el

empleo. El voluntariado conlleva una formación personal de singular importancia

para futuros itinerarios profesionales. El nuevo rol de las organizaciones del tercer

sector en la satisfacción de necesidades sociales ha puesto de manifiesto la

necesidad de determinadas figuras o perfiles profesionales. Se trata de los

mediadores en toda su amplia variedad, imprescindibles para reconstruir vínculos

y relaciones deterioradas por nuestro modelo de convivencia. Se han debilitado los

vínculos la solidaridad informal del vecindario, de la familia, del trabajo. (B. Erme,

1996).

2.4 El modelo de intervención europeo y la promoción del empleo

Durante los últimos años, se ha ido desplegando una reflexión y una serie de

prácticas en torno a nuevos escenarios para la cohesión social, el empleo y el

desarrollo territorial europeo. Quizás el antecedente y referente más emblemático

ha sido el Libro Blanco sobre competitividad y empleo, o Informe Delors. La

Comisión Europea ha ido desarrollando una acción en esta dirección, y el llamado:

En el Segundo Informe sobre las Iniciativas de Desarrollo Local y de Empleo

(1998), han profundizado en esta línea Posteriormente, la Comisión, a través del

Fondo Social Europeo (artículo 6) ha promovido proyectos piloto sobre “Tercer

Sector y empleo”, e impulsado programas para la promoción de los llamados

“nuevos yacimientos de empleo” a través del Feder (artículo 10). En todo caso, las

relaciones entre creación de empleo y tercer sector están siendo promovidas de

forma decidida.

Las ILDE (iniciativas locales de desarrollo y empleo) resumen este enfoque.

Vinculadas a los cambios sociológicos, a la individualización creciente de nuestras

sociedades y al contexto económico de la globalización, tratan de apartarse de un

enfoque estándar de la creación de empleo. Frente a las predicciones sobre el

futuro del trabajo las iniciativas locales tienen una dimensión social e incluso

solidaria.


134

Proponen una respuesta económica al desempleo, potenciando el espíritu de

empresa colectivo y aceptando que no toda relación de servicio se someta a un

intercambio comercial.

Los aspectos clave de este enfoque tienen que ver con una nueva perspectiva de

acción. En primer lugar, la atención a la demanda resulta esencial, puesto que las

ILDE sólo prosperan si proponen servicios de mejor calidad o más innovadores y

capaces de estimular en última instancia, una demanda solvente.

Existe y funciona un mercado intermedio de trabajo. A menudo está a cargo de

organizaciones específicas (asociaciones, empresas de inserción, etc.). No se

limitan a seleccionar los desempleados, sino que estimulan la demanda local de

trabajo para generar nuevos puestos que constituyan un trampolín hacia la

reinserción profesional: la activación de proyectos latentes en las empresas

privadas existentes, la prospección de los nichos de mercado y las necesidades

no satisfechas, son funciones de estas organizaciones.

Desde este enfoque se promueve la reorganización de profesiones en función de

las necesidades. La formación no constituye un dato exógeno o un instrumento al

servicio de la activación del mercado de trabajo, sino un componente del empleo e

incluso de los proyectos locales. A causa de las nuevas exigencias de calidad de

los servicios propuestos a los clientes, es que se reconstruyen las profesiones en

función de la demanda, proceso en el que participan los interlocutores sociales y

las instituciones. Esto también se relaciona con las nuevas formas de organización

del trabajo que exige nuevas necesidades de cualificación (perfiles transversales,

relación producción-control, aptitudes de relación, coordinación de proyectos, etc.)

Los servicios de proximidad que afectan a la cohesión y la calidad de vida, deben

ser considerados como soluciones innovadoras, que se dirigen a necesidades

sociales concretas, que ofrecen un servicio de calidad elevada, y que son

creadoras de empleo con buenas condiciones de trabajo. En ese sentido se

descarta una perspectiva de trabajos ocasionales o la creación de empleo precario

por el lado de la oferta. La explotación de los nuevos yacimientos de empleo en

los servicios de proximidad exige una aproximación de mercado amplia. Las ILDE


135

responden a necesidades no solo nuevas sino también ilustrativas de tendencias

de fondo. Reflejan comportamientos innovadores y reveladores de cambios

profundos. Estas prácticas tienen que ver con diferentes facetas: los cambios en la

organización del trabajo, en la función de la empresa, en la calidad de vida y sobre

las relaciones entre lo social y lo económico.

Aunque las ILDE no se limitan a iniciativas del tercer sector, muchas de ellas están

promovidas por organizaciones asociativas. Las ILDE ponen en entredicho, entre

otras dimensiones:

• El concepto de proyecto en donde se relacionan la intención del promotor y

las cualidades específicas de los colaboradores, en una perspectiva de

flexibilización de las jerarquías y los organigramas.

• El concepto de competencia. Nuevas competencias requeridas y

desarrolladas por los promotores de estas iniciativas.

• El concepto de empresa que rebasa por todas partes sus fronteras

jurídicas, fiscales y contables. Igual que los nuevos emprendedores

sociales que no se desaniman por tener que asumir responsabilidades y

maximizar la eficacia de sus recursos, preservando al mismo tiempo la

finalidad solidaria de su servicio.

Estos emprendedores que han sido alguna vez, empleados por cuenta ajena o

que lo serán en alguna etapa futura de su trayectoria personal, anuncian la

diversificación de las trayectorias profesionales en las empresas y en las

actividades del mañana. En comparación con otras formas de creación de

empresas las ILDE reúnen características adecuadas para apoyarse en una red

social emprendedora movilizada en torno a proyectos. El agrupamiento voluntario

local reúne a agentes de orígenes diversos: usuarios potenciales de los servicios,

profesionales y responsables de las autoridades locales. La intervención de las

autoridades públicas puede al menos facilitar la tarea de estos nuevos

empresarios y la nueva motivación de estos emprendedores locales. El éxito de

las ILDE depende en gran medida de elementos difíciles de catalogar como la

personalidad de los promotores de proyectos, su arraigo local y la utilización de


136

una ingeniería financiera muy precisa. Estos factores no deben subestimarse

cuando se trata de desarrollar los puestos de trabajo de servicios que responden a

nuevas necesidades sociales.

Hay dimensiones que resultan fundamentales para el progreso de las ILDE y del

tercer sector emergente: Por ejemplo, la creación de estructuras jurídicas que

permitan la asociación entre el sector privado y el público y el ejercicio de una

actividad productiva sin desvirtuar los objetivos solidarios. El desarrollo de formas

de microfinanzas y la movilización del ahorro local es otro aspecto relevante.

Finalmente, el funcionamiento del régimen de gestión delegada de los servicios y

mercados públicos. De hecho las ILDE proponen la configuración y el desarrollo

de estructuras intermedias que asocian a las empresas, a las asociaciones y a las

autoridades locales para que actúen como catalizadores y animadores de las

iniciativas de empleo y cohesión social en los territorios. Cada vez con mayor

fuerza estas formas de operar en cooperación por parte de los tres sectores,

resultará decisiva para el desarrollo de nuestras sociedades.

2.5 Profesionalización de las Organizaciones del Tercer Sector

Todas las estadísticas sobre la población activa muestran un incremento

significativo del empleo en las organizaciones del tercer sector y en las entidades

no lucrativas y este fenómeno tenderá a incrementarse en los próximos años

debido a los factores ya enumerados anteriormente en cuanto al nuevo papel

que las entidades del tercer sector cumplen en las transformaciones sociales de

nuestro tiempo.

Las actividades del tercer sector se desenvuelven en base a una combinación

inestable de trabajo profesional (remunerado) y el trabajo voluntario (donación). La

reflexión en torno al tercer sector como “fuente de nuevos empleos” y como

organismos que conducen progresivamente a la creación de empleo, puede

ocasionar una nueva contradicción entre voluntariado y trabajo remunerado.

Podemos ver aparecer formas de institucionalización del voluntariado, formas

mercantilistas de subvención, de profesionalidad y funcionalismo, que pueden

vaciar su sustancia desinteresada.


137

Entre la economía de las donaciones (propias de las asociaciones de voluntarios),

la economía de la redistribución (servicios del estado) y el mercado (venta directa

de servicios) se producen relaciones complejas. Por una parte, en la medida que

muchas asociaciones del tercer sector gestionan programas por delegación

pública. Por otra, porque las propias asociaciones integran dimensiones de

profesionalidad y gestión mercantil. Pero lo más relevante es que existen tres

dimensiones sustancialmente diferenciadas.

Muchas organizaciones del tercer sector viven esta contradicción entre

voluntariado, servicios a las personas, y la necesidad imperiosa de

profesionalización para proveer estos servicios. De hecho, se produce una tensión

entre los valores de eficacia gestora y los valores de solidaridad y donación.

Muchas se preguntan desde el ángulo de los principios éticos, si no se corre el

riesgo de mercantilizar y profesionalizar la solidaridad.

Como se mencionó anteriormente, más de 94 millones de norteamericanos

adultos, emplearon parte de su tiempo en diferentes organizaciones voluntarias.

Las horas dedicadas representan una contribución económica equivalente a 9

millones de puestos de trabajo a tiempo completo, y si se mide en términos

monetarios, serían equivalentes a 176.000 millones de dólares. (V. Hodgkinson,

1992). Esta dimensión tiene una importancia crucial para el tercer sector en la

medida que dispone, por su propia naturaleza, de unos recursos y energías que le

permite abordar los nuevos problemas y, simultáneamente, reducir los costes de

unos servicios que, suministrados exclusivamente a través de la remuneración y

del trabajo asalariado, no existirían.

Cabe pensar que el fenómeno del voluntariado no hará sino crecer en nuestras

sociedades. La reducción del tiempo de trabajo facilita el tiempo de voluntariado

asociativo. Es razonable pensar que nuestras sociedades se encaminan hacia la

pluriactividad. El voluntariado cumple y cumplirá más en el futuro un papel en la

identidad de los individuos, en la medida que la identidad construida sobre la base

laboral profesional tenderá a reducir su importancia. La redistribución del tiempo

social, y el incremento del tiempo de voluntariado tendrán teóricamente poco


138

desarrollado. Ello es políticamente legítimo, pero insuficiente desde el ángulo

analítico, sobre todo si no se toman en cuenta los eventuales efectos negativos de

tal inducción. El otro problema es la determinación del horizonte hacia el cual

apunta la “construcción del capital social”, el llamado “scaling up”. En la versión

más instrumentalista, se trata sólo de mejorar las competencias de los

desfavorecidos para ingresar en mejores términos a la economía de mercado. Por

eso reducen la subjetividad y las prácticas sociales a un “capital social”

instrumental para obtener las otras formas de capital. Para los teóricos del

“proyecto histórico popular”, en cambio, el capital social no puede ser inducido

“desde arriba”, ello sólo puede destruirlo o mantenerlo como “aprendizaje

histórico” de “lo que pudo ser y no fue”.

Permanece como una suerte de “proyecto histórico latente en la sociedad civil”

(Salazar 1998:165). De todas formas, en esta versión, subsiste inexplicado el paso

de la “energía comunitaria” al “proyecto histórico”. Conceptualmente el problema

es que, si bien el capital social es un concepto de dimensiones múltiples, no hay

un vínculo directo entre confianza, reciprocidad, asociatividad y ciudadanía. “La

ampliación de la ciudadanía no resulta de la confianza, sino de la capacidad de

transformar en universal un principio de derecho particular de un grupo en

general”. (Jiménez y Rodríguez 1999: 40) Y eso conduce directamente a las

mediaciones político institucionales, que se construyen en nombre del “interés

general” y escapan del ámbito tanto del “capital social”, como de la “sociedad civil”.

Las precisiones conceptuales son el punto de partida para una necesaria

reorientación de la investigación, de modo de analizar con mayor profundidad la

estructura interna de la sociedad civil y sus vínculos con el contexto político y

económico. Sólo así será posible interpretar adecuadamente los datos

cuantitativos que en el tiempo reciente se han comenzado a producir acerca de

esta realidad, será una incidencia mayor en la construcción de la ciudadanía.

Por ello se hace necesaria una reflexión permanente y rigurosa en torno a los

equilibrios entre voluntariado y profesionalidad. De todos modos, puede

encontrarse una relación directa entre el voluntariado y el empleo. En muchos

casos, ser voluntario resulta un aprendizaje y el inicio de un itinerario hacia el


139

empleo. El voluntariado conlleva una formación personal de singular importancia

para futuros itinerarios profesionales. El nuevo rol de las organizaciones del tercer

sector en la satisfacción de necesidades sociales ha puesto de manifiesto la

necesidad de determinadas figuras o perfiles profesionales. Se trata de los

mediadores en toda su amplia variedad, imprescindibles para reconstruir vínculos

y relaciones deterioradas por nuestro modelo de convivencia. Se han debilitado los

vínculos la solidaridad informal del vecindario, de la familia, del trabajo. (B. Erme,

1996).

2.6 La Reflexión Europea en torno a las iniciativas locales, el Tercer Sector y

las Nuevas Fuentes de Empleo

En una investigación comparativa (Bernier, A., Estivill, J., Valadou, C., 1997) en

seis países (Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia e Italia) se comprobó que

en los últimos diez años, este tipo de empresas habían sido capaces de crear

300.000 puestos de trabajo, incorporando a ellos personas provenientes de la

precariedad y discapacidad física, psíquica y social. Al mismo tiempo, se

constataba su capacidad de innovación en la búsqueda de nuevas necesidades,

en los mecanismos de implicación y participación, en las formas de inserción

permanente o intermediaria y en su tratamiento transversal (trabajo, sanidad,

formación, vivienda, etc.).

En otra investigación (GES-Fondation Macif, 1999) llevada a cabo a través del

seguimiento de treinta y tres proyectos en Francia e Italia gestionados por jóvenes

para crear empleo bajo la perspectiva de la economía social, se concluía que en

dos años habían creado un promedio de seis empleos de duración indefinida,

aunque a ello había ayudado el dispositivo «emploi-jeunes» creado en Francia en

1997. Cualitativamente se distinguían: 1) proyectos que prestaban servicios y que

debían vivir de ellos actuando en el mercado, manteniendo su utilidad social; 2)

proyectos que combinaban estas prestaciones con ingresos externos y con el

trabajo de inserción de sus asalariados por el que recibían ayudas públicas, y 3)

proyectos que hacían una animación territorial social, medioambiental o cultural y

que difícilmente podían vender sus servicios. Así pues, estas nuevas iniciativas,


140

que también se abren paso en muchos países del Sur (Defourny, J., Develter, P.,

2000), son un punto de encuentro entre el mundo profesional y el de hombres y

mujeres excluidos y constituyen una especie de «welfare mix», puesto que tienen

una función de utilidad pública y colectiva e intervienen en el mercado donde se

encuentran con una frontera cada vez más flexible (Mazzoli, E., 1995) con el actor

y con sus organizaciones patronales y sindicales. Aunque esta entrada en el

mercado, junto a las exigencias de eficacia del sector público, hacen que sean

más selectivos, lo que tiende a excluir a los colectivos menos calificados y

productivos.

Sería deseable que, siguiendo el ejemplo del cooperativismo francés o italiano, el

movimiento de empresas de la Economía Social optara por realizar su central de

balances con una periodicidad anual o bianual que permitiera realizar un análisis

comparativo con los resultados obtenidos por la central de balances que realiza

anualmente el Banco de España para el caso de la empresa convencional.

Simultáneamente, las empresas de la Economía Social en España podrían

compararse con sus homólogas italianas o francesas. En definitiva, sería un

instrumento de información y de visualización de la empresa de la Economía

Social que facilitaría el diálogo entre los diferentes actores económicos y sociales

que interactúan en este país.


141

Capítulo 3. Análisis económico financiero de las empresas

3.1 De la economía social reacciones y desempeño

3.1.1 Cooperativas Agrarias

El cooperativismo agrario en el curso de los últimos veinticinco años y en concreto

en el momento que España tomó la decisión de incorporarse en la Unión Europea

y entrar en procesos de liberalización de su mercado interior se encontró en la

obligación de ajustarse empresarialmente a las nuevas condiciones competitivas o

el riesgo de desaparecer.

El cooperativismo agrario desempeña un papel muy importante de equilibrio y

cohesión territorial. Como consecuencia, en el curso de este periodo de tiempo el

cooperativismo agrario ha desarrollado una fuerte dinámica de fortalecimiento de

su capacidad empresarial a partir de dos ejes básicos: la profesionalización de su

equipo directivo y la creación de alianzas estratégicas entre cooperativas mediante

la creación de grupos empresariales o la creación de cooperativas de segundo

grado o consorcios. En la actualidad la gran mayoría de las pequeñas

cooperativas forman parte de una estructura de segundo grado que es la

responsable de garantizar la comercialización de los productos del socio miembro

de la cooperativa de primer grado.

Un análisis de la central de balances del cooperativismo agrario permite constatar

que una cooperativa con un nivel de facturación de 750 millones y 18 trabajadores

es una empresa que sabe que tiene que dar servicios a sus socios pero ha

entendido que si quiere continuar dando servicios a este socio debe capitalizarse y

para ello generar aquel nivel de beneficios que le permita esta capitalización. La

realización de beneficios y la reinversión de beneficios es el método clave de

capitalización de la cooperativa agraria bien gestionada. La caída del precio del

dinero en los últimos años se ha traducido en un descenso de las cargas

financieras que ha tenido su impacto positivo de forma que el beneficio ordinario

ha incrementado a pesar de la fuerte caída de las subvenciones. La retención de

todos los beneficios se traduce en una mejora de la dotación de recursos propios.

Las cooperativas agrarias optan por un aumento del peso de los recursos propios


142

y de la financiación estable en el pasivo. No obstante, el peso de la financiación

bancaria a corto plazo, aunque se reduce en términos relativos, es importante. Los

ratios de recursos por persona ocupada, recursos propios por cooperativa y activo

total por cooperativa crecen más que el conjunto del PIB nominal. El valor de estos

indicadores de solidez de la actividad muestra una trayectoria de consolidación y

aumento de la eficiencia. Única forma de hacer frente con posibilidades de éxito el

futuro empresarial.

3.1.2 Cooperativismo de consumo

En el año 2002 hablar de cooperativismo de consumo significa hablar de ya que

representa el 98 por 100 de los puntos de venta del cooperativismo de consumo

español de distribución de alimentos y el 95 por 100 del total de puntos de venta

del cooperativismo de consumo. El cooperativismo eléctrico se encuentra

concentrado en el País Valenciano y destaca en especial la cooperativa de

Crevillent que se encuentra en un proceso de crecimiento importante. El resto de

cooperativas de consumo que actúan en otros sectores, -culturales, sanitarios, etc.

se encuentran en Cataluña. (Hispacoop, 2000). Este capítulo no hablará de Eroski

y del Grupo Mondragón Corporación Cooperativa dado que su comportamiento

extraordinario deslumbra una realidad empresarial más discreta.

La impresión que se tiene es que el cooperativismo de consumo no ha sido capaz

de recuperarse de los resultados nefastos de una guerra civil que lo despojaron de

su patrimonio y de sus líderes sociales. Tuvo su gran época de oro en los años

treinta del siglo XX en España. Después entró en una situación de eclipse con las

excepciones que se han mencionado anteriormente.

En el momento actual, el cooperativismo de consumo se configura en dos grandes

modelos: Un número muy reducido de grandes cooperativas todas ellas

profesionalizadas y con más de treinta años de antigüedad; bastante bien

posicionadas en sus mercados locales. Y un conjunto de jóvenes pequeñas

cooperativas de consumo en nuevos sectores de actividad como es el B2C, las

cooperativas de distribución de productos ecológicos o cooperativas

promocionadas por asociaciones de vecinos.


143

Si exceptuamos la trayectoria de crecimiento empresarial de Eroski, la información

disponible permite observar que el crecimiento de las ventas del cooperativismo

de consumo es inferior al crecimiento del PIB monetario. Son empresas que tienen

como objetivo moderar sus precios aceptando la reducción del margen. Están

gestionadas con mucha cautela. El endeudamiento a corto plazo es muy pequeño.

La partida principal de pasivo es proveedores. La situación financiera es sólida.

Los beneficios se reinvierten y van a incrementar los recursos propios. Se constata

un fuerte nivel de autofinanciación que a las cooperativas con más trayectoria

empresarial les ha permitido constituir su propio patrimonio. En resumen, desde un

punto microeconómico, las pocas cooperativas de consumo que existen en el país,

en general, están gestionadas con criterio responsable. A nivel más general, de

sector, se echa en falta un movimiento de cooperativismo de consumo con mayor

presencia económica no sólo en el sector tradicional de la distribución de

alimentos sino también en otros sectores como cultura, educación o sanidad

donde la implicación directa del consumidor como socio de la empresa permitiría

desarrollar el concepto de empresa multistakeholder y reducir los costes de

transacción que genera la existencia de una información asimétrica en la

prestación de servicios a las personas.

3.1.3 Cooperativismo de servicios

El cooperativismo de servicios es un tipo de empresa cooperativa de importancia

estratégica en un país como España que registra unos altos niveles de iniciativa

empresarial autónoma y de micro empresa. Los dos principales perfiles que toma

en la actualidad el cooperativismo de servicios son: a) cooperativas de

comerciantes minoristas y b) estructuras organizativas de servicios de soporte a

los transportistas autónomos.

El objetivo de esta rama del cooperativismo es proporcionar servicios que faciliten

la actividad empresarial de sus miembros asociados. El análisis del sector permite

concluir que cuanto mayor es el nivel de consolidación empresarial de la

cooperativa, mejor y mayor variedad de servicios proporciona a sus asociados. El

cooperativismo de servicios es un instrumento clave de supervivencia del pequeño


144

negocio, base de todo el tejido productivo de un país.

De nuevo en este sector no existe un modelo único de empresa cooperativa.

Coexisten las grandes cooperativas de servicios con niveles de facturación que

pueden superar los 6.000 millones de pesetas con las pequeñas cooperativas que

facturan unos 150 millones al año. El análisis de este perfil de empresa para el

periodo 1998-2000 permite constatar que, manteniendo la eficiencia operativa,

buscan mantener un precio de venta favorable a los socios de la cooperativa, de

forma que las mejoras de gestión repercutan directamente sobre el socio y no a

través de la cuenta de explotación. En el curso de este periodo de tiempo las

ventas registraron un crecimiento superior al PIB nominal. Son empresas que

están reflejando capacidad de hacer frente a la dura competencia de las nuevas

formas de distribución. Este hecho da un aval a la continuidad y solidez de estas

entidades. El descenso en la carga financiera, asociado al descenso en los costes

financieros y la buena situación de autofinanciación, a la que contribuye una

reinversión de un porcentaje muy importante de sus beneficios, muestran una

situación en la cual la estrechez del margen coincide con mejoras de eficiencia

que se evidencian en el hecho que, el aumento del coste por persona ocupada

crece menos que el de vendas. Parte de este hecho es imputable al aumento de

dotación de capital por persona ocupada, medido por el cociente entre el activo

total y el número de personas ocupadas, que aumenta en los dos últimos

ejercicios.

En los balances destaca el aumento del activo fijo, especialmente en maquinaria e

instalaciones donde se incluyen acciones participadas, financiación por leasing y

créditos concedidos. En el descenso del capital circulante destacan el descenso

de tesorería con unas existencias más estables que las del conjunto de la

empresa no cooperativa y que, probablemente, responde a la voluntad de

mantener un abanico de oferta amplio con la finalidad de mantener la calidad del

servicio. El descenso de la liquidez no es peligroso en la medida que el activo

circulante supera con margen el pasivo a corto plazo y, en este, el endeudamiento

bancario es reducido.


145

Los recursos propios gracias a los beneficios no distribuidos aumentan. Además

en el último ejercicio también crecen los créditos a largo plazo, por lo que la

financiación estable es abundante para la actividad que realizan.

La partida de crédito de mayor volumen es la de proveedores que se mantiene por

encima del 50 por 100 del pasivo total. Esto es normal en todas las actividades de

naturaleza comercial.

¿Cuál ha sido el modelo de desarrollo empresarial de esta rama del

cooperativismo?

Se detectan dos grandes modelos de crecimiento empresarial.

A) Grupo empresarial donde cohabitan la fórmula de cooperativa de servicios con

la forma societaria la significación de la cual es asociación de capitales.

B) Alianzas estratégicas o trabajo en red: Otra vía de crecimiento empresarial es

mediante la realización de acuerdos estables de colaboración con

i) otras centrales mayoristas extranjeras.- la cooperativa de servicios participa en

estructuras de segundo grado de ámbito transnacional o mundial

ii) con otras cooperativas del mismo sector pero que actúan en otros ámbitos

geográficos del territorio. El caso más conocido es la Asociación de Cooperativas

Farmacéuticas, estructura de segundo grado que tiene como miembros a las

diferentes cooperativas de servicios cuyos miembros son las farmacias.

Se considera que el cooperativismo de servicios debería ser utilizado con mayor

intensidad. El sector del comercio minorista, del trabajo autónomo y pequeño

empresario constituyen un filón de creación de puestos de trabajo muy importante

siempre y cuando estos empresarios apuesten por actuar de forma organizada y

trabajando en red. De lo contrario hay el riesgo de la autoexplotación.

3.1.4 Cooperativas de trabajo asociado

Las cooperativas de trabajo asociado, (CTA) han mostrado una capacidad

extraordinaria de multiplicarse en el curso de los últimos veinte años. España es el

país de la Unión Europea con más empresas gestionadas por los propios


146

trabajadores como una expresión de autocupación. En el periodo transcurrido

entre 1990 y 2000 se constituyeron 18.731 cooperativas de trabajo asociado con

99.085 socios de trabajo en concepto de miembros fundaciones y con una media

de fundadores de 5 socios. Esta expresión del cooperativismo representó el 71,4

por 100 de las cooperativas constituidas en este periodo de tiempo, (Dirección

General de Fomento de la Economía Social y Fondo Social Europeo (2001) y

Anuario Boletín Estadísticas Laborales (2000). Al finalizar el año 2000, 17.037

CTA estaban dadas de alta en la Seguridad Social y 270.000 trabajadores de

cooperativas cotizaban a la Seguridad Social. De este total de 17.037 CTA sólo un

2,2% estaban dados de alta antes de 1960. Contrariamente, el número de

cooperativas activas después de 1980 supone el 90 por 100 del total. Además se

constata que a partir de principios de los años noventa, las cooperativas de trabajo

asociado se constituyen de forma mayoritaria en el sector servicios abandonando

progresivamente su perfil hegemónicamente industrial anterior.

Capitalización de la prestación por desocupación

La principal fuente de capitalización de las nuevas empresas cooperativas que se

constituyen a partir de la asociación de un colectivo de personas en paro y con

posibilidades de cobrar el subsidio de desempleo es poder acogerse al pago único

de la prestación por desocupación. Entre 1985 y 2000 un total de 57.849

trabajadores en riesgo de estar en el paro optaron por capitalizar su subsidio y

crear su puesto de trabajo en una cooperativa. La media de capitalización se sitúa

en torno a los 1,5 millones de pesetas por socio de trabajo.

Se considera que es la política activa de empleo más importante en la promoción

del cooperativismo en España: el 44 por 100 de los socios cooperativistas han

capitalizado su subsidio de desempleo. Es un porcentaje importante que permite

intuir que la actual fuerte dinámica de constitución de cooperativas se debe en

parte a la ayuda institucional que supone la posibilidad de capitalización del

desempleo. A partir de 1997 se observa que los porcentajes de nuevos socios que

capitalizan aumentan hasta llegar a un máximo del 74,4 por 100 en el año 2000.

Se observa que la década de los noventa se inicia con el porcentaje mínimo del


147

34,4% y tiene oscilaciones con tendencia creciente hasta el 1999, produciéndose

un salto espectacular durante el año 2000 (Dirección General de Fomento de la

Economía Social (2000) y Anuario Boletín Estadísticas Laborales, (2000)).

Es importante señalar que el trabajador que opta por crear su propio puesto de

trabajo, no sólo invierte su subsidio sino también sus ahorros familiares, tal como

se demuestra en Vidal, Rojo y Trigo (1992)

En resumen, el cooperativismo actual se denomina cooperativismo de trabajo

asociado. El actual movimiento de cooperativas de trabajo asociado se caracteriza

por estar compuesto de un numeroso colectivo de pequeñas empresas jóvenes,

con un máximo de antigüedad de veinte años y con presencia mayoritaria en el

sector terciario de la economía. Veamos, a continuación, cuál es el perfil

económico-financiero del actual movimiento de cooperativas de trabajo asociado.

Posición económica-financiera de la empresa cooperativa de trabajo asociado

La base de información que se va a utilizar es el Informe Entorno y realidad

económico-financiera de las empresas de trabajo asociado en Cataluña, que

realizó el Centro de Iniciativas de la Economía Social con Información Económico

Financiera de empresas federadas a la Federación de Cooperativas de Trabajo

Asociado de Cataluña para el periodo 1990-1995 (CIES, 1996, a).

En el colectivo de empresas CTA jóvenes, se observa un número importante de

cooperativas sin ánimo de lucro junto con otras que tienen mayor interés en

potenciar este aspecto por la naturaleza de la actividad que realizan. El tamaño

medio de las empresas CTA que ha participado en la muestra está en torno a los

25 empleados, con unas ventas unitarias en torno a los 100 millones y activos

medios que llegan a los 100 millones. Resalta la situación de empresas recientes y

pequeñas en las que las fluctuaciones económicas son más amplias que en las

empresas maduras convencionales y de más dimensión, donde las variaciones

son menores.

La distribución por sectores de la muestra de cooperativas de trabajo asociado es:

sector industrial 21%, construcción 11%, servicios 68% de las que se dedican a

trabajo social y servicios a las personas un 25%. El elevado porcentaje de


148

servicios da cuenta del peso relativamente bajo del activo fijo, así como de la

cuota que absorben los costes laborales, que representan una proporción en torno

al doble de la que tiene en la cuenta de explotación del conjunto de la empresa

privada.

Las subvenciones de explotación ascienden a poco más del 0,8% de ventas pero

a 3,8 veces los beneficios. En el caso de muchas cooperativas de trabajo asociado

centradas en servicios a la comunidad o en la realización de trabajos asistenciales

por cuenta de la Administración Pública esta partida es crucial para su

supervivencia empresarial.

Las partidas de costes de mayor relevancia, aparte de las compras y suministros

externos, son los costes laborales y los financieros. Los primeros tienen un peso

relativo superior al 40 % como procede en empresas cooperativas que asocian

trabajo y en la que su capital es justamente el humano. Sin embargo, el coste por

persona ocupada no sólo es inferior a la media del conjunto empresarial, sino bajo

sea cual sea el concepto que se considere, lo que se explica porque en varias

empresas se ocupa a personas con grados de productividad que permiten

únicamente actividades con bajo valor añadido, y, por tanto, escasa retribución.

El valor añadido bruto por empleado oscila entre 2,46 millones y un mínimo de

2,34 millones. Con esta capacidad de generación de valor añadido, aunque todo

fuera íntegramente a retribuciones no se llegaría a la media de coste por

empleado del conjunto empresarial con lo que se explica el nivel de coste por

persona.

Las ventas por empleado crecieron un 14,8% en 1994 y el 12,9% en 1995 pero no

se han traducido en mejoras equiparables en retribuciones ni en reparto de

beneficios probablemente porque el beneficio por empresa es tan pequeño que

cualquier proyecto de inversión futura o meramente la prudencia, requiere una

acumulación adicional de recursos.

El coste del crédito es uno de los factores de debilidad de las cooperativas de

trabajo asociado. Las CTA pagan el precio del dinero a un nivel muy por encima

del que paga el conjunto de las empresas.


149

En el activo de clientes hay un peso elevado de clientes, debido, en buena

medida, a las demoras de pago de las Administraciones Públicas, que constituyen

uno de los principales clientes de este grupo de empresas.

Para la continuidad de las empresas lo importante no es tanto el valor de los

fondos propios, sino el del conjunto de los recursos estables, que rebasan la mitad

del pasivo pero que, sin embargo, están en un proceso de reducción. La elevada

propensión a reinvertir beneficios es un mecanismo adecuado para revertir esta

tendencia, pero conviene no perder de vista el conjunto de otras acciones que

puedan contribuir al mismo objetivo como son: i) incrementar el nivel de

profesionalización de su estructura técnico-productiva y ii)la creación de

consorcios o cooperativas de segundo grado que faciliten mejorar sus condiciones

de negociación con las entidades financieras y con las administraciones públicas

territoriales en el caso de las cooperativas que actúan en el ámbito de la

prestación de servicios a las personas.

3.1.5 Sociedades laborales

La expresión heterodoxa de las empresas gestionadas por los trabajadores se

llama sociedades laborales. Son estructuras que nacen como reacción a la crisis

de empleo que sufre nuestro país desde la segunda mitad de los años setentas.

La principal fuente de capitalización de las sociedades laborales es, al igual que se

ha constatado para las CTA, la posibilidad que el trabajador pueda acogerse al

pago único de la prestación por desocupación. Entre 1985 y 2000 un total de

77.713 trabajadores en riesgo de estar en paro optaron por capitalizar su subsidio

y crear su puesto de trabajo en una sociedad laboral. La media de capitalización

se sitúa en 1,5 millones de pesetas (Anuario Boletín Estadísticas Laborales

(2001). Entre 1990 y el año 2000, 88.843 personas optaron por ser socios

trabajadores de una sociedad laboral. De este colectivo, 47.667 capitalizaron su

subsidio de desempleo. Esta cifra representa un promedio del 53,6 por 100 del

total de socios trabajadores de una sociedad laboral. En 1993 el 77 por 100

capitalizaron el subsidio de desempleo. Es importante señalar de nuevo que el

trabajador que opta por crear su puesto de trabajo no sólo invierte su subsidio sino


150

también sus ahorros familiares tal como se demuestra en Vidal, Rojo y Trigo

(1992). Por consiguiente se demuestra la efectividad de una buena medida de

política activa que ha estado bien concebida y utilizada por parte de la

administración y que ha generado efectos positivos en la movilización de recursos

privados para la autoocupación y la creación de riqueza.

Entre 1986 y el año 2000 se registraron 26.854 sociedades laborales. Entre 1991 y

el año 2000, 19.343 nuevas sociedades laborales, el número de socios

trabajadores fundadores fue de 69.242 y el número de socios capitalistas de

20.569; en total el número de socios fundadores fue de 89.811 (Dirección General

de Fomento de la Economía Social y Fondo Social Europeo, 2001 y Anuario

Boletín Estadísticas Laborales, 2001).

En el registro de la Seguridad Social había 11.935 sociedades laborales cotizando,

con un número de 84.870 trabajadores a 31 de diciembre de 2001. Desde 1998 a

2000 el número de sociedades laborales que cotizan a la Seguridad Social ha

incrementado en un 67 por 100 y el número de trabajadores en un 41,5 por 100.

Las sociedades laborales constituyen un movimiento empresarial muy joven: el

78,9 por 100 de las sociedades laborales activas actualmente se han constituido

en los últimos cinco años. Estas sociedades jóvenes han generado el 59,2% del

total de la ocupación del movimiento de las sociedades laborales. El colectivo de

microempresa con una plantilla laboral no superior a los 10 trabajadores significa

el 85,1% del total de sociedades y el 41,5% del total de trabajadores. En el otro

extremo, sólo 53 empresas, -0,5%-, tienen una dimensión superior a los 100

trabajadores, los cuales representan el 11,7% de la ocupación total de las

sociedades laborales. Se advierte que sólo hay 7 empresas consideradas de gran

dimensión. (Seguridad Social y Dirección de Fomento de la Economía Social y

Fondo Social Europeo, 2001).

Análisis de la posición económica financiera de las sociedades laborales

Las sociedades laborales que participaron en Vidal (dir.) (2001) son empresas con

una plantilla de 14 trabajadores y una facturación de 200 millones de pesetas. La

información económica - financiera corresponde al periodo 1999-2000. La


151

trayectoria del nivel de actividad muestra altos y bajos con un buen crecimiento de

ventas en 1999 y un crecimiento real negativo (ventas menos IPC) negativo en el

año 2000. Reflejan ser empresas demasiado pequeñas para tener poder de

negociación. Lo más notable de los gastos es el conjunto de los costes laborales.

El activo por persona ocupada crece en términos reales de manera que permite

esperar una mejora en la productividad por persona ocupada. Las sociedades

laborales de la muestra trabajan orientadas al mercado sin ayuda pública directa

apreciable. La carga financiera soportada se sitúa en cifras reducidas, como

corresponde a empresas de un aceptable y creciente nivel de capitalización y

escasa dependencia financiera externa que, de otra parte, en buena medida

procede de los propios socios trabajadores. La totalidad de los beneficios se

reinvierten La financiación a largo plazo, añadido a los recursos propios, dan una

proporción de recursos estables que en los dos ejercicios de análisis es superior al

60% del pasivo total. Como que el activo fijo está por debajo del 30% del total,

esto indica un elevado valor de ácido test. Así mismo, el activo circulante supera

de sobras el valor del pasivo a corto plazo, hecho que indica un grado de liquidez.

La situación que se ha expuesto, a la cual se puede añadir el aumento de la

inversión en inmuebles y terrenos, muestran una gestión basada en criterios de

prudencia. No hay financiación bancaria a corto plazo. En su conjunto, la situación

financiera está saneada, las empresas son rentables, crean puestos de trabajo y

cuentan con un activo que está bien correlacionado con la estructura financiera.

3.1.6 Las entidades sin ánimo de lucro

Que actúan en el ámbito de la prestación directa de servicios

Asociaciones y fundaciones

Si las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales despertaron

interés en el curso de los años ochenta del siglo XX como consecuencia de su

fuerte dinamismo de constitución en relación a periodos anteriores, las grandes

protagonistas en el curso de los años noventa han sido las asociaciones y las

fundaciones, sobretodo porque complementaron su función tradicional de defensa

de intereses con la actividad de prestar servicios y desarrollar una facete de


152

empresa orientada al mercado y creadora de empleo. Según Ruiz Olabuenaga

(2001) en España hay unas 5.698 fundaciones y 174.916 asociaciones. Se

encuentran actuando principalmente en los servicios de cultura, salud, educación,

servicios sociales y ayuda al tercer mundo. Para ser conscientes del grado de

dinamismo que registra en la actualidad la constitución de nuevas asociaciones,

señalar que en Cataluña en el año 1975 sólo habían registradas 200. En 1980,

más de 1000. Al 31 de diciembre del 2000 había inscritas 35.819 y en el curso del

año 2000 se inscribieron 1957 asociaciones.

Las entidades sin ánimo de lucro representan las nuevas empresas de la

Economía Social, resultado del fuerte crecimiento del Estado del Bienestar en

nuestro país. Son empresas que tienen como cliente principal las diferentes

administraciones públicas, principalmente territoriales. Se han convertido en el

brazo gestor en la prestación de servicios a las personas. Son empresas

intensivas en capital humano y no se conoce su situación económica-financiera,

aunque se sabe que no disponen de las posibilidades de capitalización del paro

para iniciar su actividad empresarial como son los casos de las CTA y sociedades

laborales. A cambio tienen la ventaja de poder utilizar el recurso productivo que es

el voluntariado. Son empresas que por ley no pueden distribuir beneficios, por

consiguiente deben ser reinvertidos en la organización para su capitalización o

para iniciar nuevas actividades cumpliendo con su objetivo fundacional.

3.1.7 Las funciones de origen empresarial

Como se planteó antes, dentro del tercer sector pueden identificarse diferentes

categorías de organizaciones según su campo de acción, misión, estructura legal,

forma de gobierno, etc. Una categoría específica sería la de las fundaciones de

origen empresarial, vinculadas a una empresa o grupo de empresas, muchas

veces (aunque no siempre) bajo el liderazgo de una sola familia y con una misión

orientada hacia los campos de educación, salud, servicios sociales y desarrollo.

Cuando se observa lo que hacen las fundaciones empresariales en la práctica,

bien sea en Colombia o en otros países, saltan a la vista numerosas motivaciones,

estructuras, formas de acción y orientaciones temáticas. Hay de todo. No obstante


153

esta diversidad, sería de gran importancia una reflexión sobre la práctica de las

fundaciones, tanto individualmente como en su conjunto. Dicha reflexión podría

tomar diferentes caminos, como son los estudios académicos (incluyendo los

intentos de categorización), investigaciones históricas, evaluaciones de impactos,

estudios de caso, indagaciones sobre las mejores prácticas, etc.

Con el apoyo de la Fundación Ford se ha iniciado recientemente un programa de

estudios sobre la filantropía y las fundaciones empresariales en América Latina,

que incluye algunos estudios sobre Colombia. Vale la pena referir brevemente

algunos de los resultados de estos estudios de caso.

En primer lugar es importante anotar que los estudios han tenido un sesgo

académico y crítico, en el sentido de que han buscado situar a las fundaciones

empresariales dentro de un contexto cultural, social, económico y político. Por esta

razón, no son testimonios de la obra social de estas fundaciones.

Un campo que cuenta con un amplio historial se refiere a la labor filantrópica de

los empresarios y organizaciones que acuden a la atención de particulares

propósitos que de manera libre y sin limitaciones definen. México tiene una rica

experiencia y variedad de actividades filantrópicas que se expresan en una

considerable cantidad de organizaciones voluntarias no gubernamentales, de

entidades de utilidad común y, en particular, de fundaciones empresariales.

En el país existen varios tipos de fundaciones: las operativas, que desarrollan sus

propios programas manejados por un staff profesional; las donantes tecnificadas,

que cuentan con recursos importantes y un staff profesional de tiempo completo, y

las donantes no profesionalizadas, que tienen grandes presupuestos anuales para

donaciones pero que no tienen equipos profesionales.

Desde luego, muchas fundaciones operativas han sido exitosas y pueden mostrar

grandes logros. Sin embargo este modelo puede tener graves limitaciones. Por un

lado, la ejecución directa genera estructuras e intereses institucionales que

pueden ser contrarios a la innovación y a la evaluación de resultados. Por otro,

cuando los programas son financiados por los gobiernos o por agencias

internacionales las fundaciones ven limitada su independencia y autonomía.


154

Las fundaciones donantes no profesionalizadas suelen expresar directamente las

prioridades de las corporaciones empresariales que las respaldan y cumplen una

función relevante como financiadores de una multitud de actividades de beneficio

social. Sin embargo no contribuyen al mejoramiento de la calidad de los

programas sociales pues carecen de un staff profesional que evalúe el impacto de

sus donaciones o genere aprendizaje.

Por otra parte, las fundaciones donantes tecnificadas no son operadoras de sus

propios programas pero han constituido un equipo profesional especializado,

encargado de definir sus políticas de intervención, realizar seguimiento a sus

donaciones, evaluar los proyectos y extraer aprendizaje de su labor.

De todas formas es posible percibir un cambio en el ejercicio de la filantropía

empresarial: más que nuevas fundaciones a nombre de una empresa lo que se

está generalizando es la creación de corporaciones, a nombre de grupos de

empresarios, con el objeto de contribuir a la resolución de un problema específico:

mejorar la administración de justicia, la calidad de la educación, etc.

Esta nueva forma de ejercer la filantropía aumenta el grado de profesionalismo de

estas entidades, exige una nueva forma de trabajar en equipo por parte de los

líderes del sector privado y permite la aparición de empresarios de menor escala.

Pero tal vez lo más importante es que a través de este enfoque los empresarios

están ayudando a fortalecer el ejercicio democrático más responsable y

aumentando la capacidad general del Estado y de otras organizaciones para

adelantar programas más efectivos.

En materia de inversión socialmente responsable, ésta se significa por la

integración de valores personales en la elección de determinadas inversiones o en

el desarrollo de una estrategia de inversión global. En este sentido, y analizando

las actividades filantrópicas en el marco de la planificación patrimonial, queda

claro que, además de aportar beneficios a la comunidad, permiten consolidar el

legado y respaldar los valores familiares generando cohesión a través de un

proyecto común.

Hay cuatro preceptos básicos a partir de los cuales se desarrolla un programa


155

filantrópico: el primero de ellos es identificar y examinar los valores y metas de la

empresa, así como las motivaciones que llevan a desarrollar las acciones

filantrópicas. A continuación, es necesario determinar un objetivo que permita

definir los valores con los que se identifica la empresa y elegir las principales

áreas de interés en las que invertir los fondos, además de realizar un balance

entre las acciones a desarrollar como empresa y aquellas a realizar de un modo

individual por sus miembros.

En tercer lugar, debemos establecer criterios de organización y toma de

decisiones dentro del entorno con el objetivo de efectivizar las líneas de trabajo y

colaboración de todos los miembros de la fundación. Por último, es fundamental

tener la posibilidad de compartir experiencias filantrópicas con otros interesados

en esta actividad que permitan lograr los resultados óptimos en referencia a los

recursos disponibles y las expectativas marcadas.

Entre los proyectos filantrópicos desarrollados, y dirigidos a aquellos patrimonios

que toman como base la responsabilidad social, cabe destacar algunos tipos como

los programas de microcrédito, los programas de formación, la creación de

carteras de inversión socialmente responsables o el desarrollo de planes que

equilibren las necesidades financieras y las inclinaciones éticas.

Responsabilidad Social Empresarial, naturaleza e implicaciones

El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) definir la RSE

como: “El compromiso de la empresa para contribuir en el desarrollo económico

sostenido trabajando con, empleados, sus familias, la comunidad local y toda la

sociedad para mejorar la calidad de vida” (Holliday, Schmidheiny and Watts

2002:103)

En este sentido, la responsabilidad social va más dirigida a lo que llamaríamos el

interés universalizable. No se trata de optar por una ética desinteresada, sino que

se trata de una ética del interés universalizable, es decir, del interés de todos los

afectados por la empresa. Por tanto, la responsabilidad social se distinguiría del

derecho y también de la filantropía. Cortina, Adela (2003:5)

Es en atención a esta parte, por la que vivimos un momento empresarial


156

caracterizado por un protagonismo creciente del concepto de Responsabilidad

Social Empresarial en el que cada vez más las empresas son vistas como

ciudadanos corporativos.

Este protagonismo obedece a las demandas de la sociedad, a que cada día son

más los inversionistas socialmente responsables, al aumento de consumidores

dispuestos a guiarse por criterios de responsabilidad, porque los empleados se

sienten comprometidos al trabajar en este tipo de empresas y porque

definitivamente se crea valor por medio de ella.

Por supuesto, no todas las personas interesadas en la responsabilidad social

estarán de acuerdo en que existe una obligación moral por parte de las empresas

de gastar recursos para ayudar a resolver problemas sociales. En su artículo

clásico, “La responsabilidad social de las empresas es incrementar sus utilidades”,

Milton Friedman establece que la solución de los problemas sociales es tarea del

gobierno, de tal manera que los gerentes que gastan dinero en actividades

sociales actúan irresponsablemente (Madsen, 1990: 272).

Por lo que preguntaríamos, ¿cuál es la meta de la empresa? Solo habría dos

metas para la empresa como primera instancia:

1. Maximizar el beneficio económico (Milton Friedman, 1970)

2. Aumentar el beneficio para el accionista y, además, cumplir la ley.

Sin embargo, hay la posibilidad de tener una tercera opción que visualiza a la

empresa como un organismo creado para satisfacer necesidades humanas,

asumiendo su responsabilidad social a través de la obtención del beneficio. Por lo

que la responsabilidad social va a consistir en asumir voluntariamente las

consecuencias de la empresa en el medio social y en el medio ambiente. Por

tanto, va más allá de lo que exige el derecho.

El concepto de responsabilidad manejado por el Profesor Herman Roberto Thiry-

Cherques en su documento: “Responsabilidad moral e identidad empresarial”

parte del punto donde las empresas están siendo interpeladas a la

responsabilidad, ya que se ha comprobado que hay una serie de equívocos con


157

respecto a la economía y los efectos sobre la sociedad. Se les está

responsabilizando por la indiferencia e imprudencia que nos han llevado a una

situación de riesgo físico y espiritual. La corrección que se vislumbra hasta el

momento es integrar la responsabilidad social al conformar la nueva identidad de

las empresas.

Para proseguir con este tema es preciso comprender el concepto de

responsabilidad. La responsabilidad la vamos a entender como la obligación de

responder. Donde la responsabilidad social comprende el deber de personas,

grupos e instituciones con relación a la sociedad como un todo, o sea, con relación

a todas las personas, todos los grupos y todas las instituciones. La

responsabilidad es lo que nos hace sujetos y objetos de la ética, del derecho y de

las ideologías.

Doctrinas sobre la Responsabilidad Social Empresarial

Diversos autores subrayan que la función social de las empresas está

perfectamente colmada y salvaguardada con ofrecer un producto de alta calidad y

elaborado con los mejores procedimientos existentes que aseguren al consumidor

una compra segura y satisfactoria. Sin embargo, existen otros estudiosos de la

materia que encuentran en la Responsabilidad Social una fuente de nuevas

perspectivas sociales, a través de la cual se alcanzaran los fines de la

organización: "...lo que tiene que promover, esencialmente, es un sentimiento de

solidaridad y confianza entre todos los grupos sociales de una institución y este

sentimiento debe derivar de la convicción plena de que dicha entidad cumple su

rol institucional dentro del marco de la ley y la moral" (Flores Bao 1981).

Por otra parte, Francisco Aguadero, destaca categóricamente el papel de la

Responsabilidad Social, cuando afirma en su libro "Comunicación Social

Integrada: Un reto para la organización" que "al actuar así estamos discurriendo

por el camino de una de las principales funciones de las Relaciones Públicas

modernas: la asunción de la responsabilidad social en el marco de organizaciones

y en la relación de estas con la comunidad a la que pertenecen". Lo que apoya

Carlos Feminis: "Hay compromisos morales para la acción individual como para la


158

conjunción colectiva, cuyos efectos se sintetizan en una imagen institucional frente

a la sociedad. Algunas concepciones sobre las nuevas responsabilidades sociales,

tienden a juzgar que la conducta ética es rentable. Según esta idea, si el público

percibe claramente una preocupación empresarial en este sentido, se mejoraría la

imagen y, por ende, se captarían más clientes."

Con este propósito se pueden establecer una serie de estrategias elementales

para su éxito:

� Profundizar el tema de la RSC al interior de la empresa. Encontramos en la

mayoría de las empresas un interés por la temática de la RSC pero siempre

referida a políticas externas. Existe una incipiente reflexión interna, es decir

de la responsabilidad de la empresa con sus propios trabajadores y con la

cadena del negocio.

� Profundizar la comprensión del concepto de RSC, al respecto señalamos la

necesidad que ésta pase a ser parte del leguaje de la empresa, para que no

sea percibido como una moda, por lo tanto, desechable. En este contexto la

empresa debe definir el porqué de la implementación de los planes de

responsabilidad social, la empresa debe poder detectar en qué lógica y

estado se encuentra y sobre esto, establecer los productos esperados de la

adopción de la estrategia de RSC.

Aquí es necesario subrayar la importancia de lograr una comunicación eficiente de

la RSC, tanto al interior de la empresa, mediante políticas específicas, como

externamente, en la cual el papel de los medios de comunicación de masas juega

un papel muy importante. La sensibilización desde el mundo de la comunicación

en torno a las acciones de RSC, servirá para la generación de redes y vínculos

entre los distintos sectores, así como la constitución de una imagen social

favorable a los propósitos. Donde la imagen pública de la organización asistencial

favorecida será trascendental para su éxito.

Adherir el concepto de responsabilidad social a la organización es sólo un paso

preliminar hacia la efectividad social de la empresa. Es importante, sin embargo,

porque es el elemento que da a los empresarios una base sólida para la acción


159

social. Asimismo, es la filosofía que justifica la participación empresarial en la

comunidad, pero la filosofía por sí sola es incompleta. Debe ser seguida por la

acción social efectiva. Por lo tanto, es preciso tener en cuenta respuestas sociales

al hablar de responsabilidad social.

Entre las prácticas más usuales para la implementación de los apoyos sociales,

encontramos muchas formas de aportar y cada una trae una retribución distinta:

Donativos anuales.- son una buena forma para que las compañías y

organizaciones se conozcan. Proporcionan un periodo de prueba inicial durante el

cual se puede evaluar cómo han de utilizarse los fondos y qué tan bien es

administrada la organización

Donativos en especie.- pueden dar menos flexibilidad que los donativos en

efectivo, pero ser muy importantes para los receptores. (Edificios, mobiliario, etc.)

Uso del nombre de la compañía.- Apoyar públicamente al grupo puede hacer

una contribución significativa a la credibilidad del mismo.

Consultoría y asesoría.- Muchas compañías hacen que su personal participe

como voluntarios en consejos. Esta es una forma excelente de dar y obtener ideas

valiosas y experiencia.

Algunas empresas consideran que ser socialmente responsable significa un gasto

extra o un lujo que sólo pueden darse los grandes corporativos y que a la práctica

no rinden ningún beneficio a la corporación, pero al hablar de inversión social, no

nos referimos a los recursos económicos que se donan o las acciones aisladas

que realiza en pro de la educación y salud, sin objetivos claros y lo que es peor sin

coherencia con su estrategia de negocios. Se trata de reemplazar el criterio

filantrópico de caridad y transferencia de recursos por el de integración y

vinculación con la comunidad. Las compañías que aquí y en el mundo,

materializan esta política como un componente vital de su estrategia empresarial

obteniendo entre otros beneficios:

• Mayor fidelidad a la marca

• Mejor posicionamiento de imagen


160

• Actitud más favorable por parte de los consumidores y medios de

comunicación

• Más defensas contra la crisis, puesto que los clientes se vuelven más

leales

• La corporación se distingue de su competencia

• La Organización se identifica con la comunidad en la que opera

• Su Imagen se fortalece

En México la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no es una práctica

generalizada. Debido a la poca información ésta se ha llegado a considerar como

una moda o como simple mercadotecnia. Pero la esencia de la RSE radica en

desarrollar, desde las empresas, estrategias que procuren el bienestar social, más

allá de las acciones filantrópicas.

En este sentido, desde 1997 opera el programa Responsabilidad Social

Empresarial (RSE) del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), uno de los

programas pioneros en el tema en América Latina, que actualmente cuenta con:

54 empresas y 23 Fundaciones Empresariales asociadas, 61 empresas con el

distintivo ESR y 6 organizaciones aliadas estratégicas (AliaRSE).

Aun cuando se identificaron 94 fundaciones empresariales, uno de los resultados

sorprendentes del estudio se refiere a la incidencia de las fundaciones

empresariales dentro del quehacer de las grandes empresas. Si bien comparado

con otros países México tiene un número relativamente grande de fundaciones

empresariales.

Otro resultado tiene que ver con las motivaciones y objetivos de las fundaciones.

La autora argumenta que al estudiar las fundaciones de mayor tamaño, es

evidente que “para estos empresarios o grupos empresariales grandes, la

filantropía ha sido una buena estrategia de posicionamiento e incremento de

ventas dentro del mundo de los negocios”, ya que entre los empresarios se

respetan mucho las empresas que demuestran un compromiso con la comunidad.

Sin embargo, el estudio también reconoce que las fundaciones empresariales

suelen ser “híbridas”, en el sentido de que “en su propio seno articulan la esfera de


161

los negocios con la esfera de la solidaridad”.

El estudio identifica diferentes enfoques o estilos de gestión de las fundaciones.

Vale la pena destacar dos de ellos: un enfoque “social-asistencial” y otro más

“desarrollista”. Bajo el primero, la problemática social se define en términos de

¿cómo insertar a los grupos marginales, “desocializados”, en alto riesgo de

adicalización política? Y en el segundo, “¿cómo lograrZ alianzas con entidades

sin ánimo de lucro, instituciones del Estado y la propia comunidad, para emerger

como socios importantes en movimientos para el cambio social?”. Si bien se

percibe una evolución histórica hacia el segundo enfoque, según este estudio, la

tensión persiste.

Otros de los estudios, el de la profesora Ann Farnsworth, examina los orígenes de

la filantropía empresarial en Antioquia, enfocándose en las empresas Coltejer y

Fabricato, y sus principales accionistas.

Según la autora, para los accionistas de estas empresas, sus fábricas deberían

ser modelos para una sociedad más armoniosa, sin conflictos de clase. Las

empresas instauraron un régimen paternalista de prestaciones excepcionales y a

su vez fomentaron una moral estricta basada en religiosidad, progreso y

pertinencia regional (“antioqueñidad”).

Este estudio histórico complementa el de la profesora Rojas, en el sentido de que

ayuda a comprender los factores culturales que condicionaron el surgimiento de

actividades filantrópicas entre el empresariado antioqueño. Siendo esta región la

de mayor presencia de fundaciones empresariales en el país, es claramente un

tema importante.


162

Empresas en México que practican la responsabilidad social empresarial

CATEGORÍA EMPRESA PROGRAMA ACCIONES

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

Philip Morris México

México Brigada Alimentodos

-Promover el voluntariado corporativo. -Generar solidaridad con el entorno y llevar alimentos o insumos a poblaciones marginadas.

Merk Sharp & Dohme

365 días detectando glaucoma

-Convoca a clínicas y médicos especialistas a ofrecer servicios para detectar esta enfermedad. MSD proporciona todos los elementos para hacer las detecciones.

Imágenes de Vida

-Reducción en más del 80% en precios de medicamentos para tratar el VIH/SIDA. -Apoyo a proyectos de educación sobre los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA.

Janssen –Cilag

Momias de El Carmen

-Preservar sin deterioro las momias del Museo de El Carmen.

Cemex

Patrimonio Hoy -Atender las necesidades habitacionales y mejorar la vivienda de 80 mil familias de bajos recursos.

Escuela de la construcción

-Albañiles, maestros de obra y autoconstructores mexicanos tienen acceso a educación y actualización materiales y construcción.

HSBC Niños con futuro

-Programa nacional a través del cual los clientes realizan donativos en los cajeros automáticos, que se canalizan a organizaciones no lucrativas de atención a la población infantil con orientación en nutrición, salud y educación.

CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA

British American Tobacco

Pasión por Vencer

-Apoyo al personal en caso de acontecimientos familiares (nacimientos, defunciones, bodas). -Horarios flexibles en ciertas áreas. -Apoyo para el retiro voluntario, desincorporación por reestructuración o jubilación. -Apoyo de hábitos y prácticas de trabajo saludables (seguridad, higiene y ecología). -Desarrollo de habilidades y competencias de su personal y familias.

Minera Penmont

Enfoque Holístico

-Adopción de pocos niveles jerárquicos para mejorar la comunicación, flexibilidad y velocidad -Ambiente laboral digno y seguro que fomenta la creatividad e imaginación del personal. -Cuida la integridad física y salud de los trabajadores.

CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO

Hewlett- Packard México

Promoviendo una conciencia ambiental

-Políticas de medio ambiente, higiene y salud. -Campañas de ahorro de energía. -Información de programas de reciclado.


163

AMBIENTE -Soluciones sustentables del medio ambiente. -Recolección de papel y cartón, de desechos biológicos-infecciosos y de desechos de la cafetería La Vianda.

3.1.8 Redes solidarias entre pares

¿Una alternativa de inclusión social para las personas de edad?

Las décadas de transición democrática implicaron un desarrollo sin precedentes

de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), como alternativas -con un alto

grado de heterogeneidad- de participación ciudadana en lo que denominamos el

Tercer Sector. Entre ellas, se destaca la emergencia de las conformadas por

personas de edad (que denominaremos a partir de este momento OPE,

Organizaciones de Personas de Edad), cuya existencia en nuestro país se

remonta a los años ’50, pero cuyo número creció visiblemente a partir de la

década de la recuperación de la democracia en los’80.

La pregunta que guía el desarrollo del presente trabajo inquiere sobre el tipo de

participación de las personas de edad en estas organizaciones conformadas casi

exclusivamente por voluntarios y la calidad de la misma en el espacio geográfico

de la Ciudad de Buenos Aires111. Partimos para ello del supuesto de un contexto

social contradictorio, en el que las personas de edad son estigmatizadas a partir

de fuertes mitos y prejuicios sociales que las visualizan como sin capacidades y

desenganchadas de la sociedad, por un lado y con capacidad de ocio creativo,

actividad y creatividad por el otro (Moragas, 1991; Salvarezza, 1988; Yuni, 2000).

En este sentido la edad no se constituye en la única dimensión a tener en cuenta

para identificar al conjunto de adultos mayores, sino que la vejez es un concepto

que se construye socialmente (Oddone, 1995; Yuni, 2000) y se manifiesta en

nuestras sociedades en el esfuerzo de los viejos por dar nuevos sentidos al

concepto de vejez. Las OPE se constituyen en espacios de práctica social, por lo

tanto práctica política, en los que se constituyen los sujetos sociales, en este caso,

los viejos.

Estos espacios de participación autogestivos tendrían diversas significaciones, por

111 La Ciudad de Buenos Aires es la ciudad del país que tiene la más alta proporción de personas de 60 y más años entre sus habitantes (20,9%).


164

un lado, serían canales de construcción de ciudadanía de las personas de edad y

por el otro, conformarían “lugares” (Augé, 1998) solidarios a partir de estrategias

organizacionales entre pares. En respuesta al desafío que implican los prejuicios

acerca de la vejez, como tiempo de pasividad y desapego de la sociedad, estos

espacios con identidad, con historia y donde existen posibilidades relacionales,

constituyen un intento, de optimizar las condiciones de vida de los mayores y de

vigorizar la capacidad autogestionaria y de lucha por los derechos de este grupo

etario (Bidegain, Fassio, Golpe, 1999). En su participación en las OPE los

mayores resignificarían el “estar en casa”, ya que se constituyen en espacios en

los que su discurso sintoniza el mismo estilo retórico de los que comparten su vida

y es sencillo hacerse comprender y comprender. En estos “lugares” las personas

de edad transitarían, en diferentes grados, el camino de la participación en el

trabajo voluntario, edificando una renovada identidad en el espacio social,

definiendo los problemas a enfrentar y diseñando las respuestas a los mismos.

Esta participación además implica saldar necesidades vacantes que no son

satisfechas ni desde el quehacer público ni desde el privado.

Son muchos los estudios realizados en el campo del voluntariado empresario en

países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Brasil y otros países

latinoamericanos. La mayor parte de ellos ha centrado su objeto de estudio en la

empresa misma y los programas de voluntariado del empleado que realiza, o en

otros casos se han estudiado las alianzas entre la empresa y las organizaciones

sin fines de lucro para llevar adelante programas de esta naturaleza. Pero son

pocos los trabajos cuyo eje de estudio son los empleados mismos, quienes en

última instancia toman la decisión de iniciar una actividad voluntaria.

En nuestro país el desarrollo de programas de voluntariado del empleado

constituye una tendencia de reciente implementación. Si bien muchas empresas

en Argentina (y en algunos casos desde hace ya muchos años) han impulsado en

forma “espontánea” acciones hacia la comunidad en las que grupos de empleados

participan voluntariamente, no ha sido sino desde hace unos pocos años que

estas acciones comenzaron a adquirir un carácter más formal y organizado.


165

Para efectos de este estudio hemos determinado una serie temas que nos parece

relevante conocer durante esta investigación. Estos son:

• Concepto de Responsabilidad Social en la Empresa. (Distinción entre

Filantropía e Inversión Social, manejo de conceptos, nivel de reflexión y

tematización en los distintos niveles de la empresa)

• Ética en los negocios. (Definición del concepto, apropiación, connotación

ideológica, etc.)

• Facilitadores y Obstaculizadores (Intraempresa) para la generación de

programas de responsabilidad social. (Distintas tendencias al interior del

directorio, definiciones programáticas, importancia que se la da al tema, etc.)

• Rentabilidad social y económica de las empresas que poseen programas

de responsabilidad social. (Autopercepción de la rentabilidad y percepción

externa. Material secundario).

• Tipos y funcionamiento de programas de responsabilidad social de las

empresas. (Niveles de reciprocidad en la inversión y forma de inversión en

relación con el nivel de integración a la comunidad, etc.)

• Empresas y desarrollo local. (Relación con las comunidades, proyectos e

inversión social, alianzas con ONGs y gobiernos locales, participación en

políticas públicas, etc.).

• Profesionalización de la responsabilidad social en las empresas e

institucionalización de la misma. (Fundaciones, Redes, Asociaciones).

• Percepción de otros actores para alianzas de Responsabilidad Social.

Percepción a futuro, es decir, receptividad para trabajar con el empresariado

en estos temas, confianzas y prejuicios al respecto).

• Percepción acerca de los incentivos u obstáculos (extraempresa) para el

desarrollo de la responsabilidad social de las empresas. (Legales,

tributarios, etc.).


166

• Capital Cultural de las empresas. (reactivo o proactivo para la generación de

la responsabilidad social): formación de ejecutivos, modelos de liderazgo y

participación, resistencia a temas emergentes como ecología, género y no-

discriminación, etc.

3.1.9 El voluntariado desde la empresa: ¿qué opinan los empleados?

Dadas estas condiciones cobra relevancia un trabajo de investigación –de carácter

exploratorio- que se propone como objetivo realizar un estudio sobre las opiniones

y los conocimientos que tienen los empleados acerca del trabajo voluntario

avalado y/o impulsado por la empresa: ¿cuánto conocen acerca de lo que se

realiza en su propia empresa?, ¿por qué o por qué no les gustaría involucrarse?,

¿consideran que la empresa sólo persigue fines de “marketing” o que existe un

verdadero compromiso social?. Las respuestas obtenidas a partir de éstas y otras

preguntas, permitirán realizar un relevamiento que será de interés y utilidad para

toda empresa que desee implementar un programa de voluntariado del empleado,

ya que le brindará “pistas” sobre conocimientos y opiniones que sus empleados

pueden potencialmente albergar y sobre las que será necesario trabajar.

Asimismo, los resultados del presente estudio pueden constituir un punto de

partida para nuevas investigaciones que ahonden en esta temática.

3.1.10 ONG Microfinancieras en México

Las relaciones entre las empresas y la sociedad civil están entrando a una nueva

etapa de desarrollo con un creciente número de interacciones. Las relaciones

filantrópicas y caritativas aún son la conexión dominante entre estos sectores y

continuarán desempeňando un papel importante. Sin embargo, la actividad

crecientemente se ha completado con interacciones más amplias y más intensas

tanto en las metas centrales de las empresas como en las metas centrales de la

sociedad civil.112 En general, las interacciones están en una etapa naciente y han

sido, hasta cierto punto, fortuitas.

Las relaciones están basadas en mecanismos específicos que pueden dividirse en

112 Waddell, Steve. Market-Civil Society Partnership Formation: A Status Report on Activity, Strategies, and Tools, The Institute for Development Research, (IDR), IDR Reports, vol. 13, núm. 5, 1997, http://www.jsi.com/idr/online_lib.htm, (Consulta: 10/04/2001).


167

cuatro tipos: 1) dinero mediante subvenciones, donaciones e inversiones; 2)

información mediante leyes de revelación, documentos de la organización,

reuniones e iniciativas educacionales; 3) estructuras formales a través de

comisiones intersectoriales y consejos consultivos; y 4) procesos y programas por

medio de audiencias, estándares y códigos, programas de intercambio de

personal, conferencias y talleres. El gobierno tiene un papel importante en hacer

disponibles estas herramientas, directa e indirectamente.113

Resumen: El presente capitulo se dirige a la presentación de las características

relevantes de la operación y resultados de las ong microfinancieras mexicanas, los

retos y dilemas a los que se enfrentan y las lecciones que se derivan de su

experiencia incluyendo las condiciones que requieren para lograr sustentabilidad

económica y social.

En el caso de las ong microfinancieras mexicanas las interacciones con el sector

empresarial aún no están presentes (por lo menos en una forma sistemática) pues

las propias ong constituyen un grupo emergente.

La contraparte de estas ong es el sistema financiero mexicano (sfm) y, en

particular, el sector bancario y el de organizaciones auxiliares de crédito. Hasta

hace poco tiempo la provisión de servicios financieros para pobres en México era

una actividad impensable para el sfm pues tanto el sector gubernamental como el

privado estaban convencidos de que los pobres no ahorran y no pueden pagar los

créditos (menos aún a tasas de mercado) por lo que no constituyen un nicho de

mercado propiamente dicho.

Las aisladas participaciones que estos sectores tuvieron en el pasado dirigidas a

esta población siempre se caracterizaron por basarse en actitudes paternalistas,

clientelistas o caritativas, reducidas a la concesión de créditos subsidiados o de

antemano catalogados “a fondo perdido”. Por ello, al menos por el momento, no

hay relaciones de cooperación, competencia o conflicto con el sector privado pues

éste no ha participado en él.

Por el contrario, la participación de las ong parte de la convicción de que los

113 Ibíd., p. ii.


168

pobres quieren, pueden y necesitan ahorrar, y lo hacen cuando tienen

instrumentos e instituciones apropiadas a su alcance. Además de los créditos,

tienen necesidad de otros servicios financieros como seguros y pagos de remesas

del exterior (dado el gran número de migrantes en el extranjero).

A pesar de su reciente origen, los proyectos microfinancieros en México han

demostrado ser un arma eficaz de combate a la pobreza y un medio de mejoría de

las condiciones de vida e ingresos de quienes participan en ellos, de adquisición

de nuevas habilidades, actitudes y aptitudes para sus participantes, de aumento

del ahorro monetario y de su utilización para el desarrollo local.

Sin embargo, el seguimiento de estas ong se convierte aún más interesante e

imperioso dado que el ascenso al poder del partido de oposición ha dado lugar a

un cambio en la posición gubernamental al respecto. Está en marcha el Programa

Nacional de Microcréditos114 que apoyará en una primera fase a 32 de estas ong

(una en cada entidad federativa) con fondos y capacitación. Asimismo, está en

debate en el Poder Legislativo la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

A partir de estas medidas surgen necesariamente interacciones con los sectores

público y privado que enriquecerán la experiencia de estas ong.

En las presentes líneas presentamos algunos de los rasgos más característicos de

la forma en las microfinanzas apoyan y fomentan la atención a la superación a la

pobreza, en este sentido, el subsector más estructurado e importante de los

servicios de microfinanzas los representa las Cajas Populares (cooperativas

financieras) y dentro de ellas en particular las que lograron su reconocimiento legal

como Sociedades de Ahorro y Préstamo.

La presencia y generalización de esquemas y actividades de financiamiento

popular es inminente, y lejos de lo que pudiera pensarse, es parte importante de la

actividad cotidiana de amplios sectores sociales considerados de escasos

recursos, demostrando lo erróneo del concepto tradicional sobre la falta de “cultura

114 Permitirá otorgar microcréditos (de 700 a 20 mil pesos) con aval social a la población de bajos ingresos. Es considerado “uno de los programas de desarrollo más importantes y más originales en el Gobierno del Presidente Vicente Fox” (Programa radiofónico Fox en Vivo, Fox Contigo del 24 de febrero de 2001. La versión estenográfica puede consultarse en la página “Sistema Internet de la Presidencia”: http://www.presidencia.gob.mx)


169

financiera” de estos sectores y su incapacidad para constituirse como generadores

de fondos de ahorro y sujetos de crédito.

Más allá de clichés, el interés que han despertado las más recientes

investigaciones y el reconocimiento gubernamental a nivel mundial sobre la

importancia y carácter de los sistemas financieros populares, ha demostrado que

la gente de escasos recursos ahorra y hace uso apropiado –sobre todo estima- la

importancia y adecuado aprovechamiento del acceso al financiamiento.

La gran diversidad de esquemas financieros orientados al sector social que se

manifiestan a nivel mundial tiene como sustancia común el uso cotidiano de

acciones basadas en conceptos de ayuda mutua y reciprocidad. México, como es

fácil constatar, no es ajeno a este tipo de manifestaciones, y es en particular en el

sector de las Cajas Populares donde se vive el más singular, serio e

independiente esfuerzo para integrar a esta parte de la población en el uso

solidario de los recursos y sus potencialidades como detonadores de un desarrollo

social y económico más equilibrado.

Dichas instituciones han sufrido con seguridad momentos sumamente difíciles al

concretarse el buscado reconocimiento legal, dado que el tránsito hacia la

formalización institucional115, es decir ahora como Sociedades de Ahorro y

Préstamo, ha significado actuar con urgencia en una profunda reforma de sus

organizaciones con la profesionalización de sus cuadros dirigentes y

administrativos, el saneamiento financiero y operativo, y la consecuente

modernización tecnológica.

A partir de ello, se puede identificar la concreción de varias tareas de reflexión,

que podríamos delimitar de manera general en la importancia y perspectivas de

desarrollo para el sector de empresas microfinancieras a partir de las tareas

pendientes en el marco institucional y la consiguiente reforma operativa y

organizativa de las instituciones, todo ello en el marco de generación de políticas

de supervisión orientadas a su fomento y consolidación, y.

115 No hay que olvidar que los niveles de organización y autogestión alcanzados como microfinanciera son excepcionales y sirvieron de base a la nueva reglamentación.


170

En este sentido, en las siguientes líneas se presentarán una breve reflexión sobre

las posibilidades y tareas pendientes del sector, y la forma en que se han ajustado

estas a los nuevos ordenamientos legales.

En este sentido, existe acuerdo en que la demanda de los servicios de ahorro y

préstamo de carácter popular está condicionada principalmente por factores

relacionados con el nivel de ingreso, seguridad y facilidad de acceso para las

clases populares. De esta manera, existe una significativa necesidad de

instrumentos de ahorro para las clases populares, como lo demuestran las

distintas investigaciones realizadas recientemente tanto por organismos públicos

(SHCP, Banco de México) como privados (agencias e instituciones financieras),

las cuales ubican entre los indicadores más relevantes el que el 41% de las

personas ahorran regularmente, de éstas el 59% lo hacen en efectivo en su casa y

en una proporción del 10% de su ingreso.

Asimismo, el 70% de las personas que ahorran regularmente lo hacen con el

objetivo de cubrir gastos familiares e imprevistos como enfermedades y

accidentes; el 60% de la población no utiliza servicios financieros y el 30% acude

a Cajas de Ahorros, cooperativas y uniones de crédito.

La competencia recientemente instrumentada en esquemas de ahorro por la

banca múltiple, no afecta de manera grave al mercado de las microfinancieras, al

ser dichos esquemas pobres en cuanto rendimiento, facilidad de acceso, y sobre

todo, la imposibilidad de acceso crediticio, situación que define en buena parte la

cobertura de los servicios de la financiera popular.

La oferta de servicios financieros por parte de microempresas se haya fuertemente

concentrada en los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.

Guanajuato es el estado donde estas organizaciones han tenido el mayor

desarrollo con más de 160 mil socios, 82 sucursales, ahorros por 893 millones de

pesos y una cartera de préstamos de más de 567 millones de pesos.

En este sentido, es en el Distrito Federal donde estas organizaciones aun no

cuentan con presencia relevante, pese a presentar uno de los saldos en plazo fijo

más altos del sistema (489 millones de pesos), la cartera de créditos es apenas de


171

una décima parte de dicho monto.

Como consecuencia de lo anterior el Distrito Federal permanece como un

mercado aún desatendido, presentando un amplio perfil de usuarios favorable

para la operación de dichas organizaciones; teniendo como competencia más

importante las propias operaciones del sector informal, sin embargo, en base a las

características de las organizaciones, seguridad, rendimiento y costos supera

ampliamente las opciones disponibles.

Por otra parte, estas organizaciones muestran un diferencial histórico entre tasas

pasivas y activas, lo cual representaría en términos monetarios el ingreso bruto de

las organizaciones, se ubica en un 29%, que cabe señalar ha aumentado a partir

de la crisis del sector bancario iniciada en 1994 que ha llevado a situarlo hasta en

un 35.1%.

En cuanto a los precios, mismos que se representan por el diferencial en términos

porcentuales entre las tasas activas y pasivas, se observa una tendencia estable

ligeramente creciente en relación a la tasa de inflación, la cual deberá de ajustarse

de acuerdo a las propias características en las operaciones de las

microfinancieras.

La labor promotora, y las políticas y estrategias del crédito son las piezas

fundamentales para lograr los objetivos planteados por estas organizaciones, lo

cual lo consiguen a través de una amplia asociación y una rápida y eficaz

evaluación del riesgo crediticio.

El saldo promedio de las cuentas de ahorro en el Distrito Federal presenta una

tendencia positiva por lo que existe un mercado potencial, agregado a la

inexistencia de opciones viables de servicios financieros para la población

objetivo.

3.1.11 Comercio justo

El Comercio Justo es un tipo de comercio que surge de una nueva relación, libre,

directa y honesta (no fraudulenta) entre tres nuevos sujetos económicos: los

productores en vías de empobrecimiento, los consumidores solidarios y los


172

intermediarios sin ánimo de lucro (siempre entendemos por tal a hombres y

mujeres). Para ser claros, llamaremos a los primeros «pequeños-Productores-

asociados» [Pa], a los segundos «Consumidores-responsables» [Cr], y a los

terceros «Mediadores-facilitadores» [Mf]. Podemos decir que se trata de sujetos

que han aprendido las lecciones de la Historia y por eso son nuevos.

Después de tanta alienación y manipulación la gente reacciona, y una de las

lecciones aprendidas es que hoy los consumidores empezamos a ser conscientes

de nuestro poder. Como tales consumidores votamos todos los días eligiendo los

productos que compramos. El consumidor está empezando a entender que con su

consumo puede castigar a empresas por su mala conducta frente al medio

ambiente, sus trabajadores o su comportamiento en el Tercer Mundo. Pero de lo

negativo hay que pasar a lo positivo y el reto es que el consumidor pueda

recompensar a empresas con objetivos sociales, protectores del medio ambiente y

capaces de mejorar las condiciones de los trabajadores del Tercer Mundo. Este

tipo de empresas ya ha aparecido, pero para asentarse y perdurar tienen que dar

calidad y ser eficientes en el logro de sus metas y objetivos. En los países

industrializados de la metrópoli son las empresas de Comercio Justo, y en los

países empobrecidos, como en Nicaragua, son las cooperativas y comunidades de

pequeños productores que integran un nuevo espacio económico llamado la

Economía Popular Asociativa y Autogestionaria (este movimiento existe con sus

particularidades, más o menos avanzado en todos los países pobres).

Por supuesto este movimiento por «aprender las lecciones de la Historia» no ha

hecho más que comenzar. Entre los consumidores, hoy sólo se plantean elegir

con responsabilidad una pequeña minoría. Todo movimiento de cambio comienza

por unos pocos y nadie debe creer que esto es algo sencillo. Es un movimiento

que no ha hecho más que iniciarse y que requiere como condición previa a

personas y dirigentes con principios sociales y morales sólidos. Debemos tener en

cuenta que estamos hablando de colectivos y grupos minoritarios, pero que

pueden conformar un espacio de lucha y de incidencia social importante.

El otro grupo necesario para un comercio justo es el sector social de los pequeños


173

productores asociados [Pa] que se organizan en cooperativas, colectivos y

asociaciones y están dando al capital una nueva dimensión social: son a la vez

gestores y administradores de capital social, un capital compartido en colectivos,

como decimos.

La lección aprendida es que en soledad una familia o una persona productora de

mercancías poco pueden hacer en la jungla del mercado. La mayor parte de las

empresas de la burguesía nacional de los países del Tercer Mundo están

quebrando y la ola acabará por llegar a los eslabones más débiles de la vieja

Europa. La oportunidad de enriquecerse ya no es posible con la competitividad y

el expansionismo de las multinacionales y el capital financiero global que actúa

con la locura de otorgar, en los países de la metrópoli (Europa y EE.UU.), unos

créditos del 2,5 al 5,25%, mientras en los países pobres es de un 35%

(recompensa a los acreedores y arruina a los deudores).

Ante las masivas quiebras en el Tercer Mundo, los pequeños productores toman

nuevas responsabilidades. Estamos hablando de más de 500 millones de familias

donde tanto el hombre como la mujer perciben un dólar de salario al día. Este gran

colectivo son semiproletarios, esto es, trabajan para un patrón (en el campo) pero

además disponen de su pequeña propiedad rural. En su calidad de pequeños

productores agropecuarios, dueños de la tierra, están comprendiendo que tienen

que acceder por su propia cuenta al mercado y escalar sus empinadas y

laberínticas rampas (dotarse de capital para infraestructuras de almacenaje,

transporte, y muchos conocimientos, así como asociarse ente los pequeños) para

vender mejor sus productos y buscar allí consumidores favorables ofreciéndoles

mejor calidad y otras oportunidades.

La particularidad del Comercio Justo, como decimos, es que nace del encuentro

de estos tres nuevos sujetos: productor asociado [Pa], mediador facilitador [Mf] y

consumidor responsable [Cr] y además del encuentro entre el Norte y el Sur. Del

Norte proviene ese nuevo sujeto consumidor que toma «responsabilidad» y se

hace capaz de dirigir su elección de compra. Del Sur proviene estos pequeños

productores de familia extensa, integrados en comunidades y colectivos de apoyo


174

mutuo, decididos a gestionar el mercado de sus propios productos. Y de ambos,

Norte y Sur, provienen, por último, un tercer sujeto que son las ONGs que se

proponen acompañar a ambos sujetos en la escalada por su emancipación y

facilitarles el encuentro directo.

En las antiguas sociedades pre-capitalistas los pequeños campesinos iban al

burgo (centro urbano) y vendían directamente en la plaza lo necesario para

comprar productos de necesidad, como herramientas, aperos u otras mercancías

que no podían producir en su aldea. El desarrollo del capitalismo convirtió en una

reliquia esta forma de comercio directo (productor-consumidor), pero, territorial-

mente, sólo ocurrió así en las metrópolis y en particular en las zonas más

urbanizadas, donde se concentraba la naciente industria. Hoy con la globalización

se acaban las fronteras nacionales y con el desarrollo de las comunicaciones y el

transporte es factible llegar a cualquier rincón del mundo. Así que las condiciones

para un encuentro global entre pequeños campesinos productores y consumidores

están dadas. Lo mismo que un inversionista se conecta a los mercados financieros

a través de internet, un pequeño productor del Sur puede comunicarse con un

consumidor del Norte siempre que cuente con un mediador que se lo facilite.

Aunque el 70% del comercio mundial está controlado por las multinacionales, es

posible encontrar «nichos» de mercado donde productores y consumidores se

ponen de acuerdo directamente. Uno de estos «nichos» es el Comercio Justo.

Aunque cuantitativamente la masa de capital que mueve es muy pequeña

(insignificante comparada con el movimiento de los mercados convencionales), el

valor cualitativo que tiene esta forma de comerciar solidaria y recíproca es

inmensa y prometedora. Para llevar a cabo esta revolución del mercado, esta

revolución de los valores humanos y de las relaciones justas y equitativas, ambos

sujetos económicos precisan, como decimos, de un tercero que los ponga en

comunicación y sea «facilitador» de ese encuentro.

Entidades y ONGs que buscan un nuevo concepto de bien común y renuncian al

lucro, reclamando no más ingresos que los necesarios para afrontar sus gastos,

muchas veces bajos pues tienen la ventaja de que sus miembros aportan trabajo


175

solidario y gratuito. Existe entre un 1 y un 5% de la población dispuesta a este tipo

de trabajos gratuitos, y pueden hacerlo en sus ratos libres, porque consideran que

ya ganan lo suficiente o porque su condición de clase media sensible les mueve a

mejorar las condiciones del Tercer Mundo y frenar el ciclo de la pobreza.

3.1.12 Las jóvenes empresas de la Economía Social y su relación con el

sistema bancario

Las jóvenes empresas de la Economía Social (cooperativa, sociedades laborales,

asociaciones, fundaciones y otras empresas sin ánimo de lucro) están catalogadas

en el sistema bancario como empresas de “alto riesgo” Se les otorga esta

clasificación por los siguientes motivos:

a) Existe la idea generalizada que la gerencia de dichas empresas se caracteriza

por una baja o nula profesionalización. Ello conlleva una desconfianza por

parte del responsable de la entidad financiera, especialmente en cuanto a la

gestión financiera de la actividad de la empresa.

b) Otro factor de riesgo es el hecho que la responsabilidad de los propietarios

está diluida, ya sea por su forma jurídica o por el elevado número de socios o

accionistas, de forma que en el caso de tener que ser requerida la

responsabilidad de sus componentes cuando la empresa no puede hacer

frente a los compromisos adquiridos, es previsible que esto se convierta en un

proceso lento, costoso e incierto, desde la perspectiva del Sistema Financiero.

c) El volumen de negocio anual de estas firmas normalmente es menor a 200

millones de pesetas, de forma que la rentabilidad para el banco es escasa, y

ello reduce ostensiblemente el atractivo de estas empresas para el sector

financiero.

d) Adicionalmente, dado que en estos casos el objetivo principal de la empresa

suele diferir del principio económico de maximización de beneficio, las

entidades financieras consideran en peligro la generación de recursos que

asegura el pago de las operaciones crediticias facilitadas, al quedar relegada

la búsqueda de rentabilidad a un segundo término.


176

Señalar que los puntos anteriores descritos son estructurales, con ello se quiere

indicar que la calificación de estas empresas dentro del sistema financiero no es

fácil que mejore, dado que la calificación de “alto riesgo” está basada en la propia

naturaleza de estas empresas.

Esta percepción de las empresas de la Economía Social conlleva que las

entidades financieras mantengan una cierta aversión a la toma de posiciones de

riesgo con respecto a este tipo de empresas.

3.1.13 Banca ética

Un poco de historia. La finanza ética moderna tiene su origen en Estados Unidos

en los años veinte. La Iglesia metodista, que hasta entonces veía la Bolsa como

una oscura casa de apuestas, decidió comenzar a invertir en ella, pero quiso

asegurarse de no hacerlo en empresas alcoholeras o implicadas en juego ilegal.

Sin embargo, el auge de la inversión socialmente responsable no llegó hasta los

años setenta. En plena guerra de Vietnam, grupos de ciudadanos decidieron

boicotear a la empresa fabricante del gas nápalm que, fumigado en la jungla

vietnamita, causó graves deformaciones en las poblaciones afectadas. A partir de

entonces, iglesias, fundaciones y universidades comenzaron a preguntarse sobre

el destino de sus ahorros.

Hoy día, la ética está presente en productos bancarios muy diversos: desde los

“fondos éticos” de inversión, que observan con lupa las empresas cuyas acciones

compran, eliminando las que tienen actividades negativas o no aplican una política

salarial o social correcta, hasta cuentas corrientes que ofrecen una tasa de interés

algo inferior a la del mercado, pero se comprometen a invertir parte de esos

beneficios en proyectos de cooperación o ayuda al desarrollo.

Asimismo, los operadores de la finanza ética son de naturaleza muy variada:

algunos funcionan como otro banco cualquiera, con sus sucursales, sus cajeros

automáticos y sus talonarios de cheques. Otros se asemejan más a mutuas o

cooperativas de crédito, como la Nef (Nouvelle Economie Fraternelle) francesa,

activa desde 1988 prestando fondos únicamente a proyectos de pedagogía,

agricultura biológica o sanidad. Por último, signo de la era virtual en que vivimos,


177

otros tienen su ámbito de acción sobre todo en el ciberespacio. Es el caso de la

Banca Ética Universale de Italia, que abrió sus puertas en Padua hace poco más

de un año y hoy cuenta con oficinas en Brescia, Milán, Roma, Florencia, y

Módena. Su presidente, Fabio Salviato, se enorgullece de haber reunido 4,5

millones de dólares con los que financiar 250 proyectos dentro y fuera de Italia en

tan corto espacio de tiempo. “Nuestro lema es la defensa de los pobres. En el

Tercer Mundo, por supuesto, pero también en Italia, donde aproximadamente siete

millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza”, dice Salviato, cuyo

banco se especializa en inversiones sociales repartidas en cuatro terrenos: la

cooperación social —fundamental en un país como Italia, con más de 4.000

cooperativas de este tipo—, el voluntariado, el medio ambiente y la cooperación

internacional: “Sobre todo financiamos a ong con proyectos de microcrédito en

Albania o Macedonia. En Guatemala hemos colaborado en la constitución de una

pequeña banca popular en la comunidad de Chajul, que produce café para

vendérselo a empresas de comercio justo”, explica. “La remuneración que

pagamos por los depósitos a plazo es la misma que la tasa de inflación italiana,

que oscila actualmente entre 2% y 2,5% y el interés que damos por las cuentas

corrientes es de 1%, algo inferior al del mercado. Pero los gastos de gestión de la

cuenta son también más baratos que en los bancos convencionales.” Si ello es

posible, se debe en buena parte a que detrás del nacimiento de la Banca Ética

están miles de voluntarios de otras tantas asociaciones sin ánimo de lucro, pero

con cuentas corrientes y necesidades de crédito.

Dos mil personas jurídicas y diez mil personas físicas tienen hoy ahorros en la

Banca Ética.

Cabe también preguntarse si la finanza ética, que por un lado debe su existencia a

una preocupación ciudadana por vivir en un planeta mejor, no es también parte de

una campaña de imagen de la banca tradicional, ávida de captar a esa nueva

clientela socialmente responsable. Guy Hooker, director de la Cooperativa de

Inversión Ética (Ethical Investment Cooperative), del Reino Unido, estima que “la

gente elige inversiones y bancos éticos porque, colectivamente, se ha dado cuenta

del poder que tiene su dinero, aunque en muchos casos también porque obtiene


178

un mejor servicio”. Para él, interviene además el hecho de que el público ve una

relación directa entre su moral familiar y la política que defiende el banco.

Ahora bien, la noción de moral no es la misma para todos. A unos puede

parecerles aberrante que su banco financie a empresas entre cuyas actividades

figura la compra-venta de armas, aunque no encontrarán tan mal que preste

fondos a compañías tabaqueras o a determinado partido político. Igualmente,

habrá quien prefiera financiar proyectos de alfabetización antes que el salvamento

de ballenas o el comercio justo de bananas. Conscientes de ello, algunas

entidades, como Triodos Bank, nacida en los Países Bajos en 1980 con filiales hoy

en Bélgica y el Reino Unido, ofrecen a sus clientes la posibilidad de dirigir sus

inversiones a áreas muy específicas, como la agricultura orgánica o el desarrollo

de la energía solar en los países del Sur. Thomas Steiner, de Triodos, explica la

manera en que su banco trata de conciliar las diferentes sensibilidades: “Nuestras

oficinas de Bélgica, Países Bajos y el Reino Unido no funcionan como un Mc

Donald’s, que es exactamente igual en todos los países. Nuestra filial belga tiene

cierto sabor belga, pone el acento en la economía social, mientras que en el Reino

Unido nos centramos más en ayudar a las organizaciones caritativas y nuestra

máxima preocupación en los Países Bajos es el medio ambiente”, dice. Además, a

la hora de otorgar créditos o elegir las compañías destinatarias de sus fondos, el

banco neerlandés aplica ciertas normas muy estrictas: “Como cualquier otro

banco, damos préstamos. Los criterios que utilizamos para otorgarlos o no son

‘positivos’; quienes nos piden dinero tienen que pertenecer a los campos en los

que actuamos: naturaleza, economía social, organizaciones sin ánimo de lucro,

cultura y cooperación para el desarrollo. Sólo prestamos dinero a proyectos que

cumplen estos criterios positivos. Por otro lado, tenemos fondos de inversión.

Invertimos el dinero que nuestros clientes nos confían en el mercado de valores, a

través de criterios que llamamos ‘negativos’. Sólo invertimos en empresas que no

tienen ninguna relación con la energía nuclear, las armas o el tabaco.” Tras veinte

años de existencia, Triodos Bank cuenta con una cartera de 40.000 ahorristas y

4.000 accionistas.

Otro de los puntos por los que apuestan claramente los bancos éticos es la


179

transparencia, visible incluso en la Banque Alternative Suisse (Bas) que, en un

país que protege por ley el secreto bancario, publica anualmente los nombres de

las personas y empresas a quienes otorga préstamos, así como las cantidades

prestadas. El Citizens Bank, propiedad de la Vancouver City Savings Credit Union,

la mayor entidad de crédito de Canadá, va un paso más allá: su programa de

donaciones a la comunidad, Shared Interest Program (programa de interés

compartido), invita a los clientes a nombrar grupos que estiman aptos para recibir

una parte del fondo. Una vez recibidas, las sugerencias se clasifican en cuatro

grupos, según el área a la que se refieran. De nuevo se invita a los clientes a votar

al grupo que merece el 50% del capital, cuál el 25, cuál el 15 y cuál el 10, y los

fondos se otorgan en virtud de este plebiscito.

En 1999, por ejemplo, los clientes de Citizens Bank decidieron donar 17.700

dólares a la Organización Católica Canadiense para el Desarrollo y la Paz (DEVP),

que lucha contra la pobreza y la injusticia en el mundo a través de sus filiales en

50 países. El segundo clasificado, Frontier College, una agrupación de

universitarios voluntarios muy activa en el campo de la alfabetización, recibió ese

mismo año casi 9.000 dólares. “Todo este proceso incluye la asesoría externa de

un comité formado por líderes de ong, clientes y personal del banco”, explica

Gillian Dusting, responsable de relaciones públicas de la entidad. Asimismo,

Citizens Bank se compromete a responder en 24 horas a todas las dudas sobre su

ideario ético que recibe por correo electrónico y su página web contiene un foro de

discusión sobre la finanza ética. Al cabo de tres años de operaciones, el banco

canadiense reunió depósitos por valor de más de 680 millones de dólares y sus

beneficios de 1998 antes de impuestos rondaron los tres millones de dólares.

El peso de la banca ética en el panorama económico mundial es todavía pequeño,

aunque aumenta año tras año. Según cifras publicadas por el Servicio de

Investigación sobre Finanza Ética (EIRIS), desde enero de 1999 a enero de 2000

la cantidad total invertida en fondos éticos en el Reino Unido pasó de 3.300 a

4.100 millones de dólares. La OCDE, por su parte, reconoce que aunque los

bancos éticos “han tenido un relativo éxito, están todavía lejos de cambiar las

actitudes de las instituciones bancarias convencionales”. Para la Organización, su


180

principal interés reside en que dan a las empresas sociales “otra respuesta al

problema del acceso al crédito”. David Perry, director del centro Markkula de Ética

Aplicada de la universidad californiana de Santa Clara, destaca precisamente que

“este tipo de bancos son para algunas personas la única manera de obtener

préstamos, sobre todo si no tienen un historial crediticio ni grandes avalistas.

Además, a menudo combinan los préstamos con programas de capacitación en

empresas que pueden ser de gran ayuda para gente que no conoce el mundo del

comercio.”

3.1.14 Aversión al riesgo

La política tradicional del sistema bancario es contraria a priori, por los motivos

anteriormente descritos, a conceder facilidades crediticias a las empresas jóvenes

y de pequeño tamaño de la Economía Social, lo que condiciona que el simple

hecho de conseguir una entrevista con un director de sucursal pueda resultar

dificultoso.

Esta aversión al riesgo conlleva, por tanto, una serie de particularidades para las

empresas de la Economía Social en cuanto a los pasos a seguir para acceder al

Sistema Bancario.

Este acceso se caracteriza por:

a. Dificultad en el primer acercamiento a la entidad financiera

b. Exigencia de mayores garantías

c. Precios superiores a los del mercado

d. Solicitud de una mayor cantidad de documentación.

Acercamiento

La dificultad de acceder al sistema financiero por parte de las empresas de la

Economía Social se produce ya en el momento de dirigirse por primera vez al

mismo. Generalmente debe acudirse a entidades bancarias en las cuales se

conozca personalmente al responsable, o donde se hayan mantenido relaciones

bancarias anteriormente por parte de alguno de los componentes de la empresa,

habiéndose demostrado en las mismas, seriedad, moralidad y solvencia


181

suficientes.

Una vez conseguida la entrevista, el primer contacto con las entidades financieras

raramente podrá ser la concesión directa de operaciones crediticias. Durante un

período relativamente extenso las relaciones bancarias deberán ser

exclusivamente de pasivo, para, de este modo, demostrar a la entidad financiera

mediante la experiencia contrastable, que las empresas disponen de ingresos

periódicos y saldos medios acreedores acordes con su volumen de negocios.

Garantías Personales

Una vez conseguida la confianza de la oficina bancaria, y sin que ello resulte

definitivo para conseguir créditos, en la solicitud de operaciones de activo se

requerirán, por parte de la entidad financiera, garantías personales de todos los

componentes, accionistas, socios o administradores de la empresa, que cubran

holgadamente el riesgo derivado de las operaciones de crédito o préstamo

solicitadas.

La Banca se basa en el principio de que “el primero que debe confiar en su

empresa es el propietario, con su tiempo y pertenencias, y el segundo la entidad

financiera”. En este principio no se contemplan aquellas empresas que, por su

volumen de actividad, años en el mercado y fincabilidad, cubran con holgura el

nivel de riesgo a asumir.

Las garantías personales en las jóvenes empresas de la Economía Social es un

factor que puede ser dramático, dado los siguientes aspectos:

a) En caso de existir varios componentes, se exige documentación de solvencia

contrastada (relaciones de bienes, verificaciones regístrales actualizadas, IRPF,

Impuestos sobre Patrimonio, etc.) de todos y cada uno de ellos lo cual implica

tiempo y dinero.

b) Se exige la firma personal y solidaria de cada uno, lo cual significa que cada

propietario o administrador responde con sus bienes presentes y futuros de la

globalidad del crédito solicitado y no de una parte proporcional.

Este punto presenta la dificultad adicional de que raras veces la solvencia de


182

todos los componentes es equitativa, y dichas diferencias impiden una

negociación clara y ágil, resultando en numerosas ocasiones un desacuerdo

previo entre los solicitantes, por las consideraciones de injusticia que implica el

hecho de cada uno de ellos responda del montante global solicitado, arriesgando

unos miembros mayor cantidad de pertenencias que otros miembros con menor

solvencia.

Otros tipos de garantías según las distintas operaciones financieras que se

soliciten

Una vez presentadas las garantías personales, ello no significa que se tenga

acceso al tipo de financiación deseado. Distinguiremos por tipos de financiación la

diversa operativa existente:

a) Préstamos a largo plazo.

En este caso:

1. Se exigirá garantía hipotecaria, y preferiblemente sobre vivienda de mayor

valor, dado que este tipo de empresas generalmente no disponen de fincabilidad

propia, y habiendo demostrado holgadamente que se dispone de suficiente

liquidez para poder hacer frente al pago de las cuotas.

2. El leaseback es una forma de financiación a largo plazo, pero se requiere

ser titular de una finca para poder realizar la operación de venta y posterior

compra.

3. Otra opción sería el leasing, pero solamente es aplicable en caso de que la

inversión sea sobre bien mueble o inmueble

b) Pólizas de crédito. En términos generales solo pueden acceder a esta

posibilidad bajo la modalidad de anticipo de una subvención ya otorgada, y con

toma de razón por parte de la Entidad que emite el pago. Difícilmente es

concedida para su libre utilización.

c) Descuento Nacional. Las líneas de descuento son concedidas siempre y

cuando se trate de librados de primera línea, en forma de pagarés a la orden o

letras aceptadas. Adicionalmente se retiene como mínimo un 5% de cada remesa,


183

y se mantiene en cuenta de ahorro firmada e intervenida afectando el saldo al

buen fin de la operación.

d) Descuento de Extranjero. Sólo se concede si el descuento está al 100%

garantizado con Créditos Documentarios o CESCE.

e) Factoring. Es la forma de financiación de más fácil acceso pare este tipo de

empresa, pero también la más cara, dado que la entidad financiera corre con el

riesgo de impago por parte del librado.

3.1.15 Precios

Si bien el tipo de interés y las comisiones difieren para cada tipo de operaciones

financieras, para las empresas calificadas de “alto riesgo” los precios siempre son

superiores al de la empresa que no ha recibido tal calificación. En 1996 la

situación llegó a ser muy desesperada ya que las empresas ya habían entrado en

un proceso de crecimiento empresarial siguiendo el ciclo económico por el

contrario el sistema bancario aun actuaba con un comportamiento de recesión y

crisis como correspondió al periodo 1993-1994. Como consecuencia de esta

sincronización, los precios del crédito para las empresas de la Economía Social se

situaron generalmente entre el 14% y el 18%, cuando los tipos de mercado se

movían en un intervalo entre el 8,25% y el 12,5%. En esta coyuntura de fuerte

sincronización, las empresas de la Economía Social en España empezaron a

hablar de la Banca Solidaria y otros sucedáneos que les permitiera aliviar el ahogo

financiero a que les sometía el sistema financiero convencional. En definitiva, el

precio del crédito desempeña una barrera importante para el crecimiento y

consolidación de la joven empresa de la Economía Social.

Con estos mayores precios se pretenden tres objetivos:

a) Cubrir lo que se conoce como Prima de Riesgo, que será tanto mayor

cuanto menor sea la empresa, de más reciente constitución y menor solvencia

registrada.


184

b) Superar con un mayor precio la ausencia de compensaciones de negocio

bancario derivado del pequeño volumen de las empresas analizadas, para obtener

una mayor rentabilidad.

c) Desalentar la forma de financiación bancaria en esta tipología de empresas.

La bajada generalizada de los tipos de interés, ha reducido la carga de los costes

financieros de todas las empresas españolas y, sobretodo, de las empresas

jóvenes y de pequeña dimensión de la Economía Social. Por consiguiente, aún

constatando la discriminación que las entidades financieras realizan a las

empresas de la Economía Social, señalar que un comportamiento

macroeconómico fundamentado en estabilidad de precios y descenso de los tipos

de interés es un entorno económico muy necesario para la viabilidad empresarial

de las empresas de la Economía Social.

Documentación Solicitada- Tiempo de Respuesta

Las entidades bancarias, con el objeto de minimizar el riesgo, solicitan una mayor

cantidad de documentación para el análisis de las operaciones solicitadas. Entre

los documentos exigidos se encuentran generalmente los siguientes:

1) Escritura de constitución

2) Fotocopia de las declaraciones de impuestos.

3) Cuentas de Resultados y Balances.

4) Proyecciones económicas de los próximos dos años con documentación

acreditativa para su contrastación.

5) Previsiones detalladas de tesorería.

6) Relación de clientes con los que trabajan.

7) Fotocopia de contratos con clientes.

8) Fincabilidad y verificaciones regístrales de la Empresa y de todos los

componentes del Consejo de Administración, así como sus declaraciones

individuales de IRPF e Impuestos sobre Patrimonio.


185

9) Relaciones de subvenciones a percibir, etc.

Adicionalmente, las decisiones referentes a empresas de “alto riesgo” son

adoptadas en el estamento superior jerárquico.

Ambos factores, la documentación solicitada y el nivel de decisión del riesgo,

suelen suponer un retraso de tiempo de entre uno y tres meses, sin ninguna

garantía de que la operación sea aprobada.

3.2 Reacción a las dificultades financieras de las empresas de la Economía

Social

El sistema financiero tradicional no comprende la lógica de las iniciativas socio-

económicas que gestiona las jóvenes empresas de la Economía. La banca

excesivamente selectiva, rechaza los clientes demasiado modestos; en paralelo el

sistema financiero tiene muchos problemas para entender la lógica de las

empresas que gestiona proyectos que tienen contenidos a la vez sociales y

económicos:

La financiación es demandada por personas que no cumplen con el perfil

tradicional requerido de empresario: padres de familias que quieren gestionar un

proyecto de centro especial de empleo para dar ocupación a sus hijos que sufren

discapacidades, jóvenes voluntarios que quieren gestionar un centro cultural en el

barrio, la asociación de vecinos que deciden crear una empresa de inserción para

dar empleo a las personas en paro de larga duración del barrio, etc.

Los demandantes carecen de formación o de experiencia en la gestión de

pequeñas y medianas empresas tradicionales

Las entidades financieras no entienden la lógica de la economía social en la cual

los promotores del proyecto deciden sacrificar una parte de la rentabilidad del

proyecto para ajustar mejor la actividad empresarial a las necesidades del usuario:

por ejemplo personas con discapacidades sociales y/o reconocidas y con bajo

nivel de productividad exige que los promotores deban elegir desarrollar una

actividad empresarial no por criterios de maximizar la rentabilidad de los recursos

invertidos sino en facilitar la inclusión de los usuarios en la sociedad. Es decir, la


186

lógica es distinta y el diálogo no es fácil.

Los proyectos nacen en nichos de mercados muy nuevos; demasiado complicados

para entender.

Los proyectos carecen de garantías o están situados en zonas considerados por la

banca como zonas de riesgo (es una versión europea del famoso “red lining”

americano, en el cual se puede estar excluido de los servicios bancarios sobre la

sola base del código postal de la dirección).

Este cúmulo de dificultades explica que las iniciativas socio-económicas

procedentes de la Economía Social estén tentadas a realizar banca en lugar de

depender de ella. Pero esta actitud plantea la pregunta: ¿es posible hacer

Economía Social sin la banca, es decir, contra ella? o ¿es necesario hacerla con la

banca, entonces donde encontrar el compromiso?

Históricamente, cuando el sistema financiero convencional no estaba desarrollado,

el cooperativismo agrario creó primero sus secciones de crédito y más tarde las

Cajas Rurales. En la actualidad las secciones de créditos que se mantienen en

algunas de las cooperativas agrarias aún juegan un papel muy importante al ser

instrumento que facilita los fondos de maniobra de la empresa. Sin embargo,

después de más de cien años desde la primera experiencia de sección de crédito,

el saldo no es brillante: el cooperativismo agrario no ha sabido gestionar con un

análisis de largo plazo los ahorros de proximidad. Ha habido demasiados casos de

gestión al corto plazo y con criterios de clientelismo más que con criterios de

viabilidad empresarial y gestión responsable.

Como refleja el comportamiento de sus informes económico–financieros, las

cooperativas agrarias han optado por el compromiso con la banca. Este

compromiso se fundamenta en la profesionalización de estas empresas y en una

estrategia empresarial basada en la creación de grandes grupos. La agregación

de la oferta les facilita incrementar su capacidad de negociación con el objetivo de

fijar precios de venta de sus productos que les permita registrar beneficios con el

objetivo principal de su reinversión. En este planteamiento de empresas

profesionalizadas y con capacidad de negociación, pactan con la banca las


187

necesidades sobre todo de financiación corto plazo que necesitan.

Asimismo, otro origen del actual cooperativismo de crédito en la Unión Europea es

la existencia de cooperativas de trabajo asociado necesitadas de instrumentos

financieros propios para desarrollar su propio proyecto empresarial. El único caso

que existe en la actualidad española se denomina Caja Laboral Popular y forma

parte del entramado Mondragón Corporación Cooperativa. Nació en un momento

de la historia económica de este país donde la banca estaba muy poco

desarrollada. No debe olvidarse que Caja Laboral es una alianza estratégica entre

un conjunto de cooperativas para crear una estructura de segundo grado que

como explica Ormaechea (1997) en sus primeros años de andadura tuvo

necesidad de recibir de las cooperativas de base antes de estar en condiciones

para prestar servicios y convertirse en la espina dorsal del grupo cooperativo más

importante del mundo. Significa que para crear estructuras propias de soporte

financiero, primero es necesario que las cooperativas de base se unan y quieran

dar antes de empezar a pedir.

En este país no existen experiencias de cooperativismo de crédito cuyo origen es

el cooperativismo de consumo.

Más recientemente, en el curso de los años sesenta se ha desarrollado alguna

experiencia de cooperativismo de crédito muy relacionada con los colegios

profesionales pero que no nació con el objetivo de ser el brazo financiero de

cooperativas de base.

El fuerte desarrollo de la Economía Social en el curso del último cuarto de siglo XX

no ha ido acompañado del surgimiento de verdaderos soportes financieros al

servicio de estas experiencias de base, nacidos desde el propio movimiento de la

Economía Social. Ha habido intentos locales: alguna Federación de Cooperativas

ha creado una cooperativa de servicios financieros para el conjunto de empresas

federadas y que voluntariamente quiere operar con esta cooperativa; La

Federación Española de Empresas de Inserción recibió una donación de una

fundación empresarial para crear un fondo de financiación a las empresas

federadas; pero son intentos muy frágiles que no resuelven las necesidades de


188

financiación que tiene el sector emergente de la Economía Social.

La constatación que la Economía Social en los últimos veinticinco años no ha

tenido capacidad para incrementar su función de banquero y dar cobertura

financiera a las nuevas empresas de la Economía Social es una realidad existente

en toda la Economía Social Europea, (2001).

Recordemos la pregunta planteada: Es posible hacer Economía Social sin la

banca, es decir, contra ella; o es necesario hacerla con la banca, entonces, donde

encontrar el compromiso.

Parece ser que en la actualidad se debe hacer Economía Social con la banca.

Ahora bien, la pregunta siguiente es: ¿dónde encontrar el compromiso?

Posiblemente el compromiso deba ser doble. La Economía Social debe intentar

ajustarse a las reglas de disciplina financiera que exige la banca y viceversa, la

banca, como empresa que debe participar del desarrollo sostenible de cualquier

economía, debe facilitar la financiación de proyectos basados en los conceptos de

cohesión social y territorial. La banca no puede excluir a ningún ciudadano.

Vayamos por partes: ¿qué significa que las empresas de la Economía Social

deben ajustarse a las reglas de disciplina financiera que exige la banca para no

ser catalogada de empresa de “alto riesgo” y poder negociar con las instituciones

financieras convencionales su crecimiento empresarial?

El análisis de central de balances constata que el fortalecimiento de la capacidad

empresarial de las cooperativas se basa en dos ejes estratégicos: a)

profesionalización de la estructura técnico productiva de la empresa y b) desarrollo

de alianzas estratégicas en forma de cooperativas de segundo grado o creación

de grupos empresariales. Contrariamente se considera que el crecimiento de las

empresas y entidades de la Economía Social ha optado por un modelo basado en

la pequeñísima empresa que no trabaja de forma organizada y coordinada y, por

consiguiente sin capacidad de negociación de precios con clientes y entidades

financieras. Se recomienda que en los próximos veinticinco años las autoridades

públicas responsables de la Economía Social y el movimiento cooperativo

promuevan políticas de fomento de la profesionalización de los técnicos y


189

directivos de las empresas de la Economía Social y de constitución de consorcios

o estructuras de segundo grado como lo han venido realizando para el caso del

cooperativismo agrario.

Paralelamente, la pregunta pendiente es ¿cómo obtener el compromiso de la

banca? Se considera que no va a ser voluntario; por consiguiente, se propone que

sea perceptivo como sucede en los Estados Unidos.

La financiación por la banca de los proyectos de desarrollo comunitario

americanos

En los años sesenta los promotores de lo que los americanos denominan

desarrollo comunitario, descubrieron que era sumamente difícil que los banqueros

les prestaran dinero. Hasta mediados de los años sesenta, los esfuerzos del

desarrollo comunitario habían logrado un éxito muy limitado para estimular el

renacimiento y recuperación de áreas económicamente deprimidas. Muchos de los

líderes comunitarios habían aprendido, con sus propias experiencias, las

dificultades para obtener inversiones financieras de los bancos convencionales.

Además, como también se ha puesto en evidencia en este capítulo para el caso

de la joven Economía Social española, había también prácticas de discriminación

bancaria.

A medida que se sabía de estas prácticas, se desarrolló un movimiento de

protestas y manifestaciones sociales que condujo a la aprobación en 1975 de la

Ley de Revelación de Hipotecas, que obligó a las instituciones bancarias a revelar

datos detallados de sus prácticas de concesión de hipotecas. En 1977 se aprobó

la Ley de Reinversión que obligaba a todos los bancos a conceder préstamos para

el desarrollo comunitario en las regiones, poblaciones, ciudades y barrios donde

tenían oficina bancaria. En 1994 se aprobó la Ley de Instituciones Financieras

para el Desarrollo Comunitario que creó un fondo federal de casi 400 millones de

dólares para la capitalización de las entidades de desarrollo comunitario. En

definitiva, en Estados Unidos son los bancos convencionales quienes se

responsabilizan a canalizar una parte del ahorro de proximidad a proyectos

empresariales y comunitarios locales.


190

El Sector Religión en Argentina: su importancia como empleador y como

generador de actividad económica cooperativa

1960 un importante movimiento cooperativo impulsado por la Iglesia Católica. Este

movimiento ha contado con la participación de líderes religiosos y laicos motivados

por establecer un cambio para mejorar las condiciones de vida de la población

excluida de esta región, con una propuesta propia de desarrollo. La alternativa de

cambio construida por este grupo de visionarios ha tenido influencia en el

desarrollo local y rural así como en el surgimiento de nuevas formas de gestión

cooperativa. Este manejo del desarrollo local ha dado como resultado cambios

evidentes en la población en materia de pobreza y de sostenimiento de una

economía campesina que interactúa con actores urbanos vinculados social y

económicamente a las actividades rurales.

Esta experiencia, de cerca de 40 años de permanencia, ha dado origen a

numerosas organizaciones de base como: asociaciones de juventudes

campesinas, asociaciones de mujeres, de productores de tabaco y fique y a un

número considerable de cooperativas de primer grado agrupadas en la Central de

Cooperativas de promoción Social – Coopcentral -

Igualmente este caso integra instancias que han impulsado procesos de

educación para adultos en áreas específicas según las necesidades locales.

Este caso colombiano es, en síntesis, un excelente ejemplo de manejo del

desarrollo por parte de una comunidad local impulsado por la Iglesia Católica, en

el cual hay un proceso dinámico de movilización de una población, de reflexión de

un proceso de cambio, de elementos políticos y de organización entorno a un

conjunto de oportunidades y problemas locales.

Es un caso que está inmerso en lo que sostiene Arocena « La historia reciente

parece indicar que la conservación de los equilibrios naturales y de ciertas

tradiciones locales son una condición de éxito de los procesos de desarrollo »

(Arocena 1995 p.33).

La Iglesia Católica en el Uruguay, a diferencia de lo ocurrido en otros países del

área, ha tenido sobre principios de siglo XX un temprano proceso de separación


191

del Estado que operó en el marco de una creciente polémica donde

protagonizaron con singular presencia los conceptos de secularización y

laicización.

Uno de los ejes de ese debate tuvo que ver con el papel del Estado y de la

sociedad civil, con especial referencia a las organizaciones religiosas, en la

ejecución de determinadas políticas sociales, de manera que el Estado uruguayo

se convertiría en uno de los primeros en el continente en desarrollar un modelo de

bienestar por el cual pasaba a desempeñar la mayoría de los servicios sociales

demandados por la ciudadanía.

Uno de los objetivos del trabajo será analizar cómo reaccionó la Iglesia Católica en

su inserción social a partir de entonces, y bajo qué marco doctrinario legitimó sus

nuevas incursiones en el plano social en esta primer etapa histórica que ubicamos

entre 1917 y comienzos de los setenta.

El análisis nos conducirá a una lectura contemporánea del fenómeno, dónde la

Iglesia Católica ha ido consolidando en todo el país una densa red de servicios

sociales, verdadera base constitutiva del tercer sector en el país.

Justamente la mayoría de estos servicios sociales pasan a constituir un rol central

en la prestación de servicios a la población a partir de la década del setenta,

cuando el Estado de Bienestar comienza a mostrar signos de debilitamiento. Para

este segundo gran período de referencia en la historia de las políticas sociales en

el país, la Iglesia comienza a procesar su intervención desde posturas distintas a

las que caracterizaron su participación sobre principios de siglo.

Una nueva concepción sobre la acción social de los cristianos, ahora iluminada

por el Concilio Vaticano II, más el desarrollo de las Encíclicas Sociales y el

impacto de los Concilios Latinoamericanos, le permitirá a la Iglesia uruguaya

fortalecer su Pastoral Social, y con ello, reorientar su participación hacia nuevos

criterios teológicos y sociológicos que le darán un sentido distinto a su acción.

La ponencia culmina con una estimación de la incidencia de la Iglesia Uruguaya

en la constitución actual del tercer sector en el Uruguay.


192

Itinerario y proyección legal de las fundaciones de derecho privado en chile

Se parte de la base que la legislación de la Monarquía hispano-colonial

contemplaba la existencia de entidades del tipo fundación creadas por

particulares, pero con grandes restricciones, toda vez que en el concepto de la

organización social indiana, reforzada luego por el absolutismo ilustrado, en

principio solo a la Corona competía la realización de este tipo de iniciativas, por lo

que ella, en definitiva, debía autorizar y controlar su existencia y desenvolvimiento.

Por otra parte, históricamente, las fundaciones aparecen ligadas a ciertas formas

de vinculación de la propiedad, propias de una sociedad oligárquica de base

agraria, que impedían la libre circulación de la riqueza.

Si bien la República heredó el concepto “estatízate” del quehacer filantrópico, la

codificación civil introdujo novedades respecto de las llamadas “personas jurídicas

sin fines de lucro”, que tendieron a liberalizar el sistema. El legislador chileno –

modelo, a su vez, de varios Códigos latinoamericanos– concibió una fórmula

original siguiendo al romanista alemán Savigny. Partiendo de una dualidad que

reconoce las figuras de las “corporaciones” y de las “fundaciones de beneficencia”,

mantuvo ciertas limitaciones a la realización de actos jurídicos de carácter

patrimonial, luego suprimidas en el siglo XX y, sobre todo, un sistema de

“concesión” de la personalidad jurídica, que ha sido factor de dificultades no solo

para la constitución de las organizaciones, sino fuente de un estilo de fiscalización

que ha propiciado una cultura administrativa de sospecha, parsimonia y control

burocrático respecto del funcionamiento de esta clase de entidades.

El trabajo distingue analíticamente los conceptos legales de las dos figuras

arquetípicas de personas jurídicas sin fines de lucro: las corporaciones y las

fundaciones, a partir de algunos elementos diferenciales, poniendo de relieve la

interpenetración y mixturas de ambas con el devenir y complejización de las

necesidades sociales. Luego, expone, algunos aspectos del marco jurídico que les

es aplicable, con particular atención al régimen tributario y la existencia de

incentivos y franquicias asociados a donaciones que pueden hacer los

contribuyentes, toda vez que ésta es una de las materias en que se revela con


193

mayor nitidez la presencia fuerte o débil o, en su caso, la ausencia, de relaciones

de cooperación y políticas públicas emanadas del Estado hacia este segmento de

la sociedad civil, el que, por lo demás, ha desempeñado en las últimas décadas un

rol en buena medida configurador del llamado “tercer sector”.

Más allá de esta descripción, el trabajo analiza críticamente ciertos aspectos que

dificultan la actuación sostenida y la gestión de las fundaciones como instrumento

de filantropía o, más ambiciosamente, de cumplimiento de fines sociales en el

marco de la cooperación público/privada. Al ya mencionado control burocrático, se

unen la dificultad de acceso legal, la problemática referida a los “fines de lucro”, la

eventual instrumentalización o abuso de la personalidad jurídica y la escasa

transparencia referida a motivaciones e ideologías subyacentes en la creación de

fundaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, el trabajo destaca dos fenómenos contemporáneos,

diversos entre sí, que han contribuido a dar un nuevo impulso a la creación y uso

de las fundaciones –y corporaciones– como herramientas para la realización de

acciones sociales de carácter solidario o filantrópico. Se trata, por una parte de la

emergencia del fenómeno no gubernamental y, por extensión de la consigna e

iniciativas que llaman al “fortalecimiento de la sociedad civil”, y por otra, de la

nueva mirada que paulatinamente el sector privado empresarial ha dado a las

entidades sin fines de lucro como expresión de una moderna filantropía.

Tomando en cuenta lo anterior, el trabajo concluye planteando la necesidad de

favorecer un clima político, social y cultural que permita el desarrollo sólido y una

mayor relevancia pública de esta clase de organizaciones, en la que se inserta

una mayor consideración de su función social por parte del resto de los actores

sociales. A tales efectos, finalmente formula algunas propuestas de cambios

legislativos, administrativos y de prácticas o hábitos institucionales tendientes

hacia ese objeto, bajo la comprensión de que las actuales estrategias de

desarrollo requieren el diseño explícito de una política de participación de la

sociedad civil que se expresa en el mejoramiento de la normativa, las funciones

asignadas y la posición de las fundaciones y demás entidades privadas similares


194

en el contexto de sus interrelaciones con los organismos públicos, las empresas y

los segmentos de base de la sociedad civil.

En este estudio nos interesa analizar la incidencia de las organizaciones de la

sociedad civil en el proceso de las políticas públicas,116 esto es, en las diferentes

etapas o fases que atraviesan las políticas, que incluyen la construcción de un

problema público, su incorporación en la agenda, el diseño de la política, su

implementación y la evaluación o monitoreo del conjunto de estrategias llevadas

adelante. En cada una de estas fases, la presencia del componente decisión al es

fundamental. En este sentido, y siguiendo a Craig Jenkins117 creemos que la

incidencia en políticas (policy advocacy) por parte de organizaciones de la

sociedad civil puede ser considerada como los intentos de influir sobre las

decisiones de elites institucionales, en todos sus niveles de acción, en función de

intereses colectivos o de grupos sub-representados - incorporando en esta última

categoría al público en general.

Las estrategias de incidencia llevadas adelante por las organizaciones de la

sociedad civil se traducen en repertorios de acciones118 cuyo desarrollo reconoce

dos factores fundamentales:

• la centralidad de la estructura de oportunidades políticas, 119esto es, la

existencia de ambientes políticos favorables para el desarrollo de las demandas y

su articulación con intereses de las elites gubernamentales; y

• la visibilidad del tema de incidencia a través de su cobertura por los medios

de comunicación o a partir del desarrollo de alianzas con los mismos por parte

de los actores sociales interesados.

En el caso que nos ocupa, nos referiremos a dos áreas específicas de incidencia:

116Aguilar Villanueva L (1996): Estudio introductorio en AAVV Problemas públicos y Agenda de gobierno, Ed. Porrua, Mexico. 117Craig Jenkins J. (1986) Nonprofit organizations and policy advocacy en The Nonprofit Sector: A Research Handbook, Editado por Walter Powell, Yale University Press, New Heaven. 118Tomo el término de Tilly, Charles (1986) The Contentious French, Harvard University Press, Cambridge; y de Tarrow, Sidney (1994) Power in Movement, Cambridge University Press. 119La estructura de oportunidades políticas es unas de los esquemas conceptuales a partir de los cuales se explica la formación de las organizaciones dedicadas a la incidencia en políticas públicas, o, más específicamente, el desarrollo de este tipo de actividades. Ver Mc Adam Doug (1996) Comparative Perspectives on Social Movements, Cambridge University Press; Craig Jenkins (1985) op.cit; Constain, Anne (1992) Social Movements as interest groups: the case of the woman´s movement, en Marc Petracca The politics of interest, Westview Press.


195

derechos de la infancia y tratamiento y prevención de HIV/SIDA. En ambos casos

encontramos experiencias de influencia por parte de organizaciones de la

sociedad civil vertebradas por acciones que suponen no sólo la participación de

las organizaciones en la implementación de políticas públicas o en la fijación de la

agenda de discusión, sino que estas se dedican también al control y seguimiento

de las políticas de su incumbencia. Para ello, despliegan actividades en estrecha

vinculación con los medios de comunicación con el fin de hacer visibles sus

demandas, presionar por ellas, etc.

Partimos de la premisa que las reformas estructurales que afectaron la economía

y el papel del estado en Argentina, acompañadas por los mandatos actuales de

los organismos multilaterales de desarrollo que incorporan una mayor

transparencia y participación de la sociedad civil en la gestión de las políticas

sociales,120 han abierto un nuevo campo de acción para las organizaciones de la

sociedad civil y las han dotado de una mayor visibilidad social.

3.2.1 Acceso al crédito por parte de las empresas jóvenes de la Economía

Social

Objetivo. Este apartado expone la percepción que tienen las entidades financieras

respecto las cooperativas, sociedades laborales, asociaciones sin ánimo de lucro y

demás empresas de la Economía Social con niveles de facturación inferior a los

200 millones de pesetas, entendiendo que las que rebasan tal importe no se

encuentran en el conjunto de empresas que hace referencia este apartado de este

capítulo.

Tomando como base este perfil de empresa de la Economía Social, se desarrollan

los pasos a seguir por parte de estas entidades para poder acceder a las

disponibilidades crediticias del sector financiero y exponer cuales son las garantías

exigidas y los precios aplicados.

Alcance de esta problemática en el ámbito de la Economía Social

Se debe destacar que no existe una normativa escrita y estandarizada de

120Ver Tussie D. (comp.) (1997) El BID, el Banco Mundial y la sociedad civil: nuevas formas de financiamiento internacional, FLACSO Oficina de publicaciones del CBC UBA.


196

condiciones y garantías exigidas para cada tipo de empresa, si bien es cierto que

las empresas jóvenes y de dimensión pequeña de la Economía Social reciben de

facto un trato similar, independientemente de la entidad financiera a la cual se

dirijan.

Cabe señalar que el desarrollo que se realiza a continuación, no considera todas

las particularidades que se pueden presentar, dada la amplitud de las mismas,

pero sí las más destacadas. Con ello se hace referencia al hecho que la concesión

de líneas de financiación no sólo depende del tipo de empresa desde el punto

vista jurídico, sino de factores tales como:

• Volumen de facturación,

• Año de asentamiento en el mercado,

• Estructura patrimonial y financiera de la empresa,

• Expectativas de futuro,

• Antecedentes bancarios o informes comerciales negativos,

• Evolución económica de la empresa,

• Tipos de clientes que conforman su cartera,

• Fuentes de ingresos, etc.

El criterio que se utilizará es considerar aquel tipo de empresa que:

1. Acaba de iniciar la actividad y/o

2. por el volumen de negocio o objeto de la actividad no resulta atractiva al

sistema bancario en general, y

3. no tienen informes comerciales negativos ni antecedentes bancarios

insatisfactorios.

Podría decirse que las expresiones "organizaciones de la sociedad civil" o del

"Tercer Sector" son términos vicarios, es decir, un modo sintético y breve de

denominar un conjunto heterogéneo de realidades. El problema surge cuando se

cree que dicho significante tiene un significado unívoco. Aún no tenemos un


197

conocimiento preciso y sistemático sobre la diversidad de organizaciones del

Tercer Sector en Chile, que permita hacer proyecciones y plantear proyectos

realizables que potencien su carácter de vías de participación y democratización

social. Se han hecho estudios sobre algunas Ong, pero otras son apenas

conocidas, incluso algunas muy importantes por su tamaño, presencia nacional y

capacidad de formar a sus miembros, por ejemplo, la de los scout y guías, y los

bomberos que en Chile son un organismo no gubernamental, compuesto de

voluntarios.

Como se ha dicho tantas veces, se requiere un amplio catastro, lo más completo

posible y en constante reactualización, que contenga la información básica sobre

su estatus legal, la cantidad de sus miembros, sus fines explícitos, sus

presupuestos, directivas, antigüedad, etc., así como información cualitativa sobre

la experiencia de sus miembros, y la opinión de las personas favorecidas por su

acción. Asimismo, parece muy importante realizar estudios de casos que permitan

acceder a la concreta diversidad de estas organizaciones, su realidad,

proyecciones, problemas y tensiones.

Ahora bien, se puede evaluar las actividades de algunas organizaciones del

Tercer Sector en Chile, desde la perspectiva de su contribución a minimizar los

efectos negativos del proceso de modernización, por su aporte al desarrollo de la

sociabilidad, y a la formación de sus miembros. Existen importantes

organizaciones del Tercer Sector, especialmente las humanitarias, que

proporcionan servicios de salud y de otro tipo a personas que no podrían acceder

a ellos por la vía del mercado. Contribuyen, ciertamente, a humanizar la vida bajo

un orden neoliberal, pero su acción no implica formas de innovación social, no

traen a realidad o no encarnan principios sociales diferentes a los de la ética de

mercado prevalente, mas allá del humanitarismo, sino que atienden "a los

perdedores del mercado", y con ello confirman, sin proponérselo, este mismo

orden mercantil.

¿INVESTIGACIÓN APLICADA?

Si bien resulta meritoria la evolución hacia un enfoque desarrollista identificada por


198

el estudio de la profesora Rojas, la verdad es que hace falta una mayor reflexión

sobre temas como la focalización y concentración, los costos y los resultados, el

impacto en los respectivos campos de intervención, etc. Aún queda mucho camino

por recorrer en la profesionalización de las fundaciones empresariales.

De hecho, para la Fundación Corona ha sido una preocupación permanente el

fortalecimiento de las fundaciones de origen empresarial en el país. Hemos

apoyado iniciativas lideradas por organizaciones internacionales, como los

estudios de caso y reuniones de expertos promovidas por la Fundación Synergos.

A su vez, hemos participado en diversas iniciativas nacionales, entre ellas el

programa “Entre Todos”, cuyo objetivo es coordinar y mejorar las intervenciones

programáticas de un grupo de fundaciones de origen empresarial en Antioquia.

Esta experiencia nos señala que no es suficiente la investigación histórica o crítica

sobre los orígenes, evolución histórica y contexto de las organizaciones del tercer

sector. También es necesario generar un campo de investigación aplicada al

quehacer del tercer sector, que se refiere a los temas específicos relacionados con

las diferentes categorías de organizaciones sin fines de lucro, incluyendo las

fundaciones empresariales. En Colombia todavía no existe investigación en esta

dirección. Por esta razón, hay que recurrir a estudios sobre otros contextos

nacionales.

Al respecto, uno de los estudios más llamativos en los últimos años es el de los

profesores Porter y Kramer, que se dedica a analizar cómo las fundaciones

pueden añadir más valor en sus intervenciones18.

Lo que sigue es una breve reflexión sobre dicho estudio y sus implicaciones para

las fundaciones empresariales. Tal vez la más importante decisión que enfrenta

una fundación es determinar su estrategia de intervención; más específicamente

definir en cuáles áreas actuará y, más importante aún, precisar de qué manera lo

hará. Al reflexionar sobre estas preguntas vitales, la fundación empresarial –como

cualquier otra empresa– debe aspirar a alcanzar el mejor desempeño posible en el

campo seleccionado; debe buscar la excelencia en su sector. Ya no son

suficientes los buenos deseos y las intenciones sinceras de contribuir. Sobre estas


199

intenciones, necesarias y bienvenida sin duda alguna, se deben agregar los

esfuerzos y escisiones por desempeñarse de la mejor manera, con la mayor

eficacia posible.

En muchas ocasiones, la definición de las áreas de intervención (educación,

medio ambiente, empleo, salud, cultura, etc.) ha estado históricamente atada a los

propósitos enunciados en la misión original, que sirve como marco de referencia

obligado. Sin embargo, con los años, la evolución institucional en medio de un

contexto social dinámico lleva usualmente a su decantación y precisión.

Al determinar explícitamente los campos y criterios de su intervención, las

fundaciones están de hecho dejando claro, ante sí mismas y ante su público, los

numerosos temas que han decidido dejar por fuera de su ámbito de acción. Las

exclusiones son inevitables y necesarias (cada vez más) si se quiere progresar

hacia la excelencia en uno o unos cuantos campos seleccionados.

Una fundación, como una empresa, difícilmente podrá ser sobresaliente en todo.

No obstante lo anterior, según el estudio mencionado, menos de 5% de las

fundaciones donantes en los Estados Unidos concentran más de 90% de sus

recursos en una sola área de intervención19.

Con respecto a la estrategia de intervención, un primer dilema que enfrentan las

fundaciones empresariales es si son o no son operadoras (ejecutoras) directas de

programas. Esta decisión tiene implicaciones profundas sobre la estructura

organizacional y el alcance de la entidad. Existen argumentos para una u otra

estrategia; y, en ocasiones, se hace necesario combinar ambas. En Colombia hay

fundaciones que actúan en las tres categorías anteriores.

La ejecución directa tiene la bondad del mayor control sobre los contenidos y la

operación de los programas, la facilidad de la evaluación y la sensación próxima

de logros. Como contraposición, implica crecer los costos fijos de la entidad, limitar

su flexibilidad y capacidad de adaptación y, eventualmente, competir con otras

entidades ejecutoras ya existentes en el sector.

Por otro lado, definir el carácter de no ejecutor le permite a una fundación mayor

flexibilidad en sus planes, con importantes ganancias en términos de eficiencia


200

interna y con la posibilidad de agregar al fortalecimiento de la capacidad

institucional ya presente en el país. Sin embargo, la enfrenta a las dificultades

inherentes de tener que trabajar a través de entidades externas (a veces

insuficientes o incluso inexistentes), con una aparente mayor complejidad para

controlar la implementación de los programas y para evaluar sus resultados.

Para aquellas fundaciones que deciden ser exclusivamente financiadoras de

iniciativas sociales (donantes), el estudio de Porter y Kramer señala cuatro

estrategias mediante las cuales pueden generar valor para la sociedad. Estas

estrategias son las siguientes:

1. Seleccionar las mejores instituciones donatarias; es decir, financiar los

mejores programas y las mejores entidades ejecutoras que existen en su

campo de intervención.

2. Guiar (inducir) a otras fundaciones donantes hacia estos mejores programas y

mejores instituciones donatarias; es decir, compartir su conocimiento sobre los

entes donatarios y sus programas, de forma que se canalicen más recursos

hacia estas mejores opciones.

3. Impulsar y contribuir decididamente al mejoramiento en el desempeño de las

instituciones donatarias; es decir, vincularse de lleno a fortalecer su capacidad

institucional.

4. Contribuir a mejorar el conocimiento público sobre determinados temas

sociales.

Las anteriores estrategias de intervención no son excluyentes para una fundación

donante. Por el contrario, pueden señalar un tránsito ascendente por un camino

natural de aprendizaje y fortalecimiento en un determinado campo social.

Igualmente, reflejan la propia evolución y fortalecimiento de un sector social en su

conjunto. Infortunadamente, la mayor parte de la inversión social canalizada a

través de las fundaciones donantes en países desarrollados se realiza en las

primeras dos estrategias de intervención. En Estados Unidos, sólo 2,2% de las

donaciones hechas por las fundaciones busca mejorar el desempeño de las


201

instituciones donatarias. Entre tanto, 95% de ellas tienen una duración inferior a un

año (a todas luces un tiempo insuficiente para dar real continuidad a programas o

para fortalecer entidades). Y más preocupante aún, sólo 8,8% de estas

donaciones hacen referencia a la investigación, innovación y generación de

conocimiento relevante para avanzar en las políticas públicas de campos sociales.

3.3 Empresas ecológicas o verdes y su desempeño en México

Anteriormente se ha mencionado vagamente el concepto de Responsabilidad

Social Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sin

realmente dar su significado y sin destacar tampoco una relación con la

ecoeficiencia dentro del sector privado como un elemento que ayude al cuidado

del medio ambiente.

Antes de comenzar a dar la definición de cada uno de estos elementos, es

necesario aclarar que uno de los problemas más grandes que rodea la

participación del sector empresarial es su falta de carácter coercitivo y que la

buena fe de las partes prohíbe la unificación de acciones respecto al tema.

Como se verá a continuación, el definir a una empresa como socialmente

responsable no significa necesariamente que sea verde aunque en el caso

inverso, las empresas que se preocupan por ser verdes por lo regular cumplen con

los elementos necesarios para ser catalogadas de igual forma como empresas

socialmente responsables.

La relación con la ecoeficiencia resulta ser más sencilla de observar puesto que se

ha convertido en una filosofía para hacer negocios donde las empresas pueden

obtener mayores ganancias considerando las repercusiones económicas que

puede llevar consigo no cuidar los recursos con los que se cuentan para seguir

produciendo a futuro.

En este sentido, todas las empresas que pretendan seguir generando ganancias

consideran el concepto de ecoeficiencia propuesto por el empresario suizo

Stephan Schmidheiny “como respuesta del sector empresarial al reto del


202

desarrollo sustentable, y como una filosofía de administración que enlaza la

protección ambiental con los negocios, creando valor”.121

3.3.1 Responsabilidad Social Empresarial VS Corporativa

En la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro que se celebró en 1992 se reconoció

la participación activa del sector privado por primera vez. A raíz de este proceso,

el Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable122, que había sido creado

en 1988 por iniciativa del primer ministro canadiense Brian Mulroney, sentenció

que el desarrollo sustentable para una empresa significa “adoptar estrategias de

negocios que cumplan con las necesidades de la organización y sus accionistas,

al tiempo que protegen, mantienen y mejoran los recursos naturales y humanos

que se necesitaran en el futuro”123.

Al notar que esta definición se quedaba estancada en una visión empresarial, se

decidió por crear una nueva definición que se pudiese llevar como una filosofía

económica, organizativa y ambiental dentro de la política de una empresa que

buscara subir en la escalada del cuidado del medio ambiente y colaborar de esa

manera con el trabajo que los Estados ya estaban haciendo desde tiempo atrás.

El concepto de RSE y RSC se refieren exactamente a lo mismo por lo cual, de

ahora en adelante el documento se referirá al concepto como Responsabilidad

Social Empresarial. En ambos casos no se puede decir con certeza los

antecedentes que están detrás del concepto de RSE pues nos podríamos

remontar incluso hasta la Revolución Industrial inglesa y sus deseos por lograr una

manera más confortable de hacer negocios a costos más bajos, o simplemente

tomar como ejemplo aquellas empresas que comenzaron a reducir costos por

ahorrar en la obtención de materias primas o en su desecho.

Es cierto que el boom surge en Estados Unidos al fungir como el centro financiero

más grande del mundo pero se dirige hacia Europa donde logra un auge bastante 121 Gerardo Berges, Es rentable ser sustentable, Forbes, Agosto 15, 2013, página 57. 122 La misión del International Institut for Development Sustentable (IISD) es fomentar la innovación, permitiendo a las sociedades vivir de un modo sustentable. El objetivo del IIDS es adelantar recomendaciones de políticas de comercio internacional, instrumentos, cambio climático y manejo de recursos naturales para hacer sustentable el desarrollo. El IIDS también cubre negociaciones internacionales e informa y disemina conocimiento obtenido a través de proyectos en colaboración con socios globales. International Institut for Sustentable Development, [en línea] http://www.iisd.org/, consultado el 8 de enero de 2014. 123 Gerardo Berges, ídem.


203

importante y donde se desarrolla el concepto de forma tal que, a principios del

siglo XXI se convierten en la bandera que toma el sector privado para asumir su

responsabilidad por los riesgos sanitarios y de contaminación en diversos sectores

económicos.

A nivel internacional existen diversas instituciones que definen la RSE y que

coinciden en lo general. Sin embargo es necesario dar al menos tres ejemplos de

lo que se entiende como RSE para poder entender de manera más clara a lo que

el tema se refiere.

1. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Suiza: “La

responsabilidad social empresarial es el compromiso que asume una empresa

para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con

sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en pleno, con el

objeto de mejorar la calidad de vida”.

2. Prince of Wales Business Leadership Forum (PWBLF), Inglaterra: “La

responsabilidad social empresarial es el conjunto de prácticas empresariales

abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto hacia los

empleados, las comunidades y el ambiente”.

3. Business for Social Responsibility (BSR), Estados Unidos: “La responsabilidad

social empresarial se define como la administración de un negocio de forma que

cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que

tiene la sociedad frente a una empresa”124.

A nivel nacional, el concepto no se queda atrás. Para el Centro Mexicano para la

Filantropía (CEMEFI) “aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es

inherente a la empresa, recientemente se ha convertido en una nueva forma de

gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus

operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental,

reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y

buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las

124 María Emilia Correa, Sharon Flynn y Alon Amit, “Responsabilidad social corporativa en América Latina: una visión empresarial” en Medio Ambiente y desarrollo, División de desarrollo sostenible y asentamientos humanos, CEPAL, Series 85, Chile, 2004, páginas 15-16.


204

generaciones futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto por las

personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión

misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta

ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad”125.

Analizando todas las definiciones que se mencionaron con anterioridad, destaca la

buena fe de las partes como método de aplicación del mismo dentro del campo

corporativo, sin en cambio, esto puede ser un arma de doble filo pues puede

significar desde el lazo que reúne a las empresas por una sola causa hasta el

freno de la buena causa. Dentro de la academia, la crítica a este concepto es más

dura pues se dice que es imposible e inevitable no ver todos los vicios a los que se

enfrentan las empresas antes, durante y después de aplicar este método como

filosofía de negocios. Los vicios más destacados son:

• El gran bombo alrededor del tema RSC se ve como una pantalla para

justificar a las empresas: la nueva ola del “green washing”, simples

enunciados cosméticos que no significan un cambio en el impacto de las

operaciones de las empresas.

• Todas las iniciativas son voluntarias y por lo general no existe monitoreo

independiente ni sanciones firmes por el incumplimiento de compromisos.

• Las iniciativas de RSC tienden a orientarse a la resolución de problemas

específicos de reputación de una empresa y no en integrar el tema dentro

de la gestión empresarial.

• Los consumidores, ONG y empresas del Norte han liderado las iniciativas

de RSC, lo que refleja un favoritismo hacia los estándares e intereses del

Norte. Algunos grupos temen un imperialismo que no refleje la complejidad

social y económica de los países en desarrollo. Los gobiernos del Sur

también temen que la RSC tenga un efecto de barrera arancelaria que se

utilice para limitar la competencia.

125 Juan Felipe Cajiga Calderón, El concepto de responsabilidad social empresarial, Centro Mexicano para la Filantropía CEMEFI, [en línea] http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf, consultado el 26 de septiembre de 2014.


205

• Muchas empresas y organizaciones no realizan procesos de consulta con

públicos interesados, y ésta ausencia es paradójica dado el compromiso

general de RSC hacia la participación de los actores de interés.

• Algunas empresas y organizaciones no tienen en cuenta los derechos

fundamentales del trabajo de la OIT. Aunque los derechos de libre

asociación y de negociación colectiva son fundamentales, varios códigos,

especialmente los que desarrollan las empresas, no los mencionan.

• A pesar de la proliferación de códigos y estándares, la aplicación actual es

mínima si se tiene en consideración el volumen total del sector

empresarial126.

Analizando más allá del concepto y viendo los pro y contra de lo que conlleva ser

una empresa con características RSE es real que aunque en menor escala, los

puntos negativos sobresalen por una razón sencilla, el carácter no coercitivo que

sigue aplicando un límite al impacto que pretende tener en comparación del

impacto que ya tienen los Estados en el tema.

Esto se refleja en la creación de organizaciones privadas encargadas de la RSE

puesto que hasta la fecha no se han creado ningún instituto u organismo de gran

importancia a nivel supranacional que se encargue de evaluar la RSE de las

empresas. Todo lo contrario, se han creado institutos que se dedican a dar una

asesoría, orientar y dirigir a las pequeñas y medianas empresas (PyMES) a nivel

interno que deseen alcanzar un nuevo nivel corporativo en el mercado. Todos

estos institutos apoyados por los Estados.

En el caso mexicano, el instituto más importante es el Centro mexicano para la

filantropía o CEMEFI, una asociación civil fundada en territorio nacional en

diciembre de 1988. Actualmente cuenta con 325 miembros en los que destacan

asociaciones, empresas, fundaciones y personas. Su misión consiste en

“promover y articular la participación filantrópica, comprometida y socialmente

126 María Emilia Correa, Sharon Flynn y Alon Amit, ibíd., página 20.


206

responsable de los ciudadanos y sus organizaciones, para alcanzar una sociedad

más equitativa, solidaria y próspera”127.

Es fundamental establecer ciertos marcos de referencia que han sido

consensados anteriormente por los miembros de esta asociación para poder

definir de forma precisa el apoyo que se da a las empresas. Uno de los conceptos

vitales que hacen posible que el trabajo de la CEMEFI funcione es la acción

responsable integral que involucra:

o Dimensión económica interna: responsabilidad se enfoca a la generación y

distribución del valor agregado entre colaboradores y accionistas,

considerando no sólo las condiciones de mercado sino también la equidad y

la justicia. Se espera de la empresa que genere utilidades y se mantenga

viva y pujante (sustentabilidad).

o Dimensión económica externa: implica la generación y distribución de

bienes y servicios útiles y rentables para la comunidad, además de su

aportación a la causa pública vía la contribución impositiva. Asimismo, la

empresa debe participar activamente en la definición e implantación de los

planes económicos de su región y su país.

o Dimensión social interna: implica la responsabilidad compartida y

subsidiaria de inversionistas, directivos, colaboradores y proveedores para

el cuidado y fomento de la calidad de vida en el trabajo y el desarrollo

integral y pleno de todos ellos.

o Dimensión sociocultural y política externa: conlleva a la realización de

acciones y aportaciones propias y gremiales seleccionadas para contribuir

con tiempo y recursos a la generación de condiciones que permitan y

favorezcan la expansión del espíritu.

o Dimensión ecológica interna: implica la responsabilidad total sobre las

repercusiones ambientales de sus procesos, productos y subproductos; y,

127 Centro mexicano para la Filantropía, México, [en línea] http://www.cemefi.org/congreso/presentacion/cemefi.html, consulado el 26 de septiembre de 2014.


207

por lo tanto, la prevención —y en su caso remedio— de los daños que

causen o pudieran causar.

o Dimensión ecológica externa: conlleva a la realización de acciones

específicas para contribuir a la preservación y mejora de la herencia

ecológica común para el bien de la humanidad actual y futura128.

Realizar la división de cada estrategia integral ayuda a realizar de manera más

completa las estrategias que se deben llevar a cabo a nivel interno para poder

tomas acciones reales a los problemas, considerando costos y beneficios

(monetarios, sociales, culturales y ambientales).

Otro de los organismos que se encargan de dar asesoría sobre el tema es la

Alianza por la responsabilidad Empresarial (UniRSE) que a pesar de ser una

asociación fundada en 2005 en Nicaragua, se ha expandido dentro de la región de

América Latina para promover un espacio de responsabilidad empresarial

ayudándose con la creación de foros y centros de trabajo a nivel internacional.

Tanto a nivel nacional como internacional existen diversas organizaciones que se

dedican a calificar a las diferentes empresas que año con año se postulan para

pertenecer al selecto grupo de RSE. En este caso, la CEMEFI en conjunto con

Aliarse por México, Empresas Socialmente Responsables y la asociación Empresa

hicieron un ranking de las empresas latinoamericanas que destacan en la región

por tener muy buenos resultados como RSE.

Para evaluar a detalle su impacto en la región de América Latina, la CEMEFI

organizó un listado entre los años 2008 y 201465 de las empresas que son

consideradas como RSE donde destacan países como Colombia con un total de

24 empresas en el ranking, Honduras con 10 empresas, Costa Rica con 8

empresas, Perú con 6 empresas, Chile con 5 empresas, Argentina, Brasil y

Ecuador con 4 empresas cada uno, Paraguay con 3 empresas, Venezuela con 2

128 Juan Felipe Cajiga Calderón, ibíd. 65 Si se desea ver el listado completo que fue realizado por la CEMEFI dirigirse al ANEXO 4 o bien CEMEFI, Listado de empresas ejemplares reconocidas por su Responsabilidad Social Empresarial en América Latina 2008-2014, [en línea] http://www.cemefi.org/esr/images/Listado%20de%20Empresas%20Ejemplares%20Latinoamerica% 202008-2014.pdf, consultado el 26 de septiembre.


208

empresas y Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y

Uruguay con una empresa cada uno.

En este ranking está compuesto por empresas de diversos sectores como

académicos, financieros, de transporte, salud, ciencia y tecnología, entre otros,

siendo el sector académico el que prevalece encima de los demás sectores

participantes.

Como se puede observar, en esta lista no figura ninguna empresa mexicana

debido a que, al ser en su mayoría organismos de origen mexicano los que

realizaron la evaluación a las empresas, han decidido hacer una lista a parte sobre

el desarrollo empresarial nacional. En este caso, el ranking se realizó de manera

diferente, es decir, se contempla a las empresas de acuerdo a los años que han

obtenido un lugar en la lista contemplando desde 1 hasta 14 años dentro del

ranking de RSE mexicano. Para efecto de este trabajo, solo estarán presentes

aquellas empresas que han estado más de 10 años en el ranking.

10 años

ACCOR MÉXICO ARANCIA INDUSTRIAL CEUTA PRODUCE COCA-COLA FEMSA COOPERATIVA LA

CRUZ AZUL, S.C.L. DELPHINUS EDENRED MÉXICO FEMSA COMERCIO FEMSA LOGÍSTICA S.A. DE

C.V. FINANCIERA PLANFIA GRUPO FINANCIERO MONEX GRUPO LALA, S.A. DE C.V. IMBERA (FEMSA

EMPAQUES) INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS

MONTERREY INTERCERAMIC METLIFE MÉXICO S.A. MICROSOFT MÉXICO NEXTEL DE MÉXICO

NUEVA AGROINDUSTRIAS DEL NORTE PEPSICO MÉXICO SANTANDER SODEXO MÉXICO ON_SITE

SERVICES

11 años

ARCA CONTINENTAL CEMEX MÉXICO CINÉPOLIS DANONE DE MÉXICO GNP SEGUROS GRUPO

MODELO GRUPO NESTLE MÉXICO HOMEX PARQUE XCARET SEGUROS MONTERREY NEW YORK

LIFE SOLUCIONES 24/7 TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS ESTADO DE MÉXICO TELEFÓNICA

MÉXICO

12 años

FINANCIERA INDEPENDENCIA INTERPROTECCIÓN, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS J.P.

MORGAN GRUPO FINANCIERO S.A. DE C.V. JUMEX MANPOWER GROUP NOVARTIS PHILIPS

MEXICANA, S.A. DE C.V.

13 años


209

AMERICAN EXPRESS COMPANY (MÉXICO) S.A. DE C.V. INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.

JANSSEN MÉXICO PARQUE XEL-HÁ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ZUUM

14 años

BBVA BANCOMER COCA-COLA DELOITTE GRUPO BIMBO HEWLETT PACKARD MÉXICO HOLCIM

MÉXICO SC JOHNSON SHELL WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA ZIMAT CONSULTORES129

Ambas listas califican a las empresas que han cumplido con la dimensión integral

desde el desarrollo de sus mercancías hasta que salen de producción. El

problema es que esta calificación puede ser solo superficial porque no existe una

verdadera numeración para definir qué tanto se cumple con el concepto y qué

puntos se dejan de lado al momento de aplicar la teoría.

Así podemos ver empresas como Coca-Cola (Grupo FEMSA), Grupo Bimbo,

Walmart de México y Centroamérica o Shell que han logrado por 14 años

seguidos destacar en la RSE sin que mencionen si es que algunas de las áreas de

dimensión integral les es más complicada o no.

Posteriormente se analizará más a fondo el papel que tiene Grupo Modelo dentro

de esta categoría, pero por lo mientras es importante resaltar que ha obtenido el

grado de RSE por 11 años consecutivos.

A nivel mundial Expok es una empresa de origen mexicano que se encarga de

enlistar a las empresas que han alcanzado mayores resultados aplicando RSE

hasta las que menos logros han tenido. Lo que califica básicamente son:

“resultados económico-financieros, calidad en la oferta comercial; reputación

interna: ética y Responsabilidad Corporativa; dimensión Internacional de la

empresa; e innovación”130.

Para el año 2012 estas eran las empresas a nivel mundial que lograron la mejor

calificación:

1. Novo Nordisk A/S (Dinamarca)

129 Si se desea ver la lista completa de empresas mexicanas que ostentan el papel de RSE véase anexo 2 o bien, CEMEFI, Distintivo RSE 2014, [en línea] http://www.cemefi.org/esr/distintivoesr/lista-de-empresas-con-distintivo-2014.html, consultado el 26 de septiembre. 130 Luis Maram, Las 100 empresas más responsables de MéxicoZ y las 100 más reputadas, Expoknews, México, [en línea] http://www.expoknews.com/las-100-empresas-mas-responsablesde-mexico-y-las-100-mas-reputadas/, consultado el 29 de abril de 2013.


210

2. Natura Cosméticos SA (Brasil)

3. Statoil SA (Noruega)

4. Novozymes A/S (Dinamarca)

5. ASML Holding NV (Holanda)

6. BG Group plc (Reino Unido)

7. Vivendi SA (Francia)

8. Umicore SA/NV (Bélgica)

9. Norsk Hydro ASA (Noruega)

10. Atlas Copco AB (Suecia)131

Espok realizó el mismo listado un año después para calificar a las 100 mejores

empresas dentro de México catalogadas como RSE132. La calificación máxima la

consiguió FEMSA con 10,000 puntos y Grupo Modelo consiguió posicionarse en el

sexto lugar con 4,347 puntos. Una diferencia bastante amplia en relación con el

primer lugar.

Lo que es importante destacar al respecto es que la diferencia de los dos primeros

lugares en relación con las demás empresas participantes es verdaderamente

considerable, es decir, mientras que entre el primer y segundo lugar la diferencia

es de 143 puntos, la diferencia con el tercer lugar ocupado por CEMEX es de

4,573 puntos. Si se realiza el mismo cálculo entre el primer y el sexto lugar es

evidente que la diferencia es más de la mitad de puntos que alcanzó el primero.

Si la cifra anterior se compara con la de tres años atrás observamos que en 2010

Grupo Modelo se posicionaba en tercer lugar según el trabajo realizado por

Phoenix y Global Sustainability Research Alliance (GSRA) en colaboración con el

gobierno mexicano. Así podemos observar que el primer lugar lo ocupa Coca Cola

con una inversión anual a programas sociales de $1,050,000,000 dólares y una

puntuación de 430 y Grupo Modelo ocupa el tercer lugar con la misma puntuación

131 Expokmasr, Las 100 empresas más sustentables del mundo 2012, México, [en línea] http://www.expoknews.com/las-100-empresas-mas-sustentables-del-mundo-2012/, consultado el 19 de noviembre de 2012. 132 Para ver la lista completa diríjase a ANEXO 5 o bien Luis Maram, ibíd.


211

pero con una menor inversión anual a programas sociales, es decir, $229,457,000

dólares.

Si se desea comparar las empresas anteriormente mencionadas con los primeros

15 lugares de la lista que se realizó, podemos observar que la diferencia no es tan

grande en la puntuación global, pero si en la inversión anual a programas sociales

Empresas con mayor RSE en México durante 2010

Mundo ejecutivo, Ranking: 50 empresas con mayor responsabilidad social sustentable en México, [en

línea] http://www.expoknews.com/wp-content/uploads/2009/11/rsesustentable2.pdf, consultado el 25

de noviembre de 2012.

Ahora bien, sería muy interesante analizar a fondo las razones por la cual bajo de

posición en el ranking de empresas RSE y porque tiene una diferencia tan amplia

con respecto con los primeros lugares, pero a primera vista se observa que es a

causa de la baja inversión que ha presentado en los programas sociales en

México y que empresas como Coca-Cola (Grupo FEMSA) no han dejado de tener

a lo largo de su inserción en las RSE.

3.3.2 Empresas sustentables

En realidad no existe un concepto que defina con certeza lo que es una empresa

sustentable puesto a que se limitan a ser calificadas con la categoría de RSE.

Quizá de igual manera no es tan importante obtener una categoría más alta


212

porque hasta el momento no resulta necesario tenerlo para que puedan continuar

haciendo negocios y obteniendo ganancias en el mercado, por lo cual, en el

presente trabajo se presenta una propuesta para definir lo que se entiende como

empresas sustentables.

Las empresas ecológicas, verdes o sustentables son aquellas que, además de

involucrar ética, valores y principios dirigidos al respeto de los trabajadores y el

medio ambiente, fomentan de manera integral la participación de todos los

trabajadores en proyectos especializados en la protección del entorno, dentro y

fuera del ámbito laboral para poder reducir su huella ecológica y su mochila

ecológica, contemplando que se deben preservar la misma cantidad de recursos

con los que se cuentan actualmente para las próximas generaciones o al menos

proporcionar las herramientas necesarias para que esas generaciones próximas

puedan acceder a los recursos con la misma facilidad con la que lo hacen las

generaciones de ahora.

Esta definición integra elementos que contemplan un análisis a profundidad de las

actividades que realizan las empresas procurando que su impacto ambiental sea

amigable con el entorno.

Esto se diferencia del concepto de RSE pero en la realidad el panorama se

observa diferente pues mientras las empresas pretenden ser responsables con la

sociedad en donde se encuentran aplicando diversos pasos que aseguran mejores

condiciones para los trabajadores que por consecuencia cuidarán del medio en el

que se encuentran (tratando de hacer una especie de mano invisible ambiental), la

verdad es que esta mano invisible no funciona así.

En realidad, aunque se intente invertir en programas sociales que integran

diferentes aspectos de cuidado ambiental, muchas veces los trabajadores no

están involucrados verdaderamente a tener una consciencia ambiental. Y eso es

muy difícil de conseguir.

Es precisamente por eso que las PyMES pueden ser los mejores ejemplos para

empezar con un modelo de empresas sustentables. Estas estarían enfocadas a

involucrar a los trabajadores y sus familias en programas que ayuden a la


213

comunidad, otorgando ciertos incentivos que sean de provecho para ayudar a

combatir el cambio climático.

Hoy en día, las empresas que se encuentran en los primeros lugares de RSE

intentan hacer que los programas sociales a los que financian tengan un

verdadero impacto en el cuidado del medio ambiente y en el desarrollo de la

sociedad. Sin embargo el problema que siguen teniendo constantemente es que

muchas veces la elaboración de sus productos no puede parar de contaminar, lo

que se refleja fácilmente en la huella ecológica que dejan atrás.

Ejemplo muy claro es la elaboración de la cerveza. A pesar de que el producto

final gusta de muchos, no se piensa casi nunca cuál es el proceso que tiene detrás

del resultado. Este producto necesita alrededor de 90% de agua para lograr su

producto final, por ejemplo, para elaborar un litro de cerveza se necesitan

aproximadamente de 3.6 a 4 litros133 de agua lo cual significa una importante cifra.

Retomando el concepto propuesto anteriormente, en él se mencionó el término de

huella ecológica y mochila ecológica para incrementar los elementos de análisis y

observar el impacto que tienen las actividades empresariales en el medio sin

explicarlos a profundidad por lo cual es indispensable tratarlos de modo separado

para poder entenderlos en su totalidad.

Una de las interrogantes más importantes en relación al tema era como debía

seguir siendo el consumo a nivel mundial. Si pensamos en “una economía como

un organismo con un metabolismo industrial, se puede comparar con una vaca en

la pradera. La economía requiere <<comer>> recursos y eventualmente toda esta

ingestión se convierte en desechos y debe salir del organismo –la economía- de

nuevo. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente: ¿qué extensión debe tener la

pradera para soportar esta economía, para producir todo su alimento y absorber

todos sus desechos?”134

133 María José Evia Herrero, ¿Cuánta agua se necesita para fabricar una cerveza?, Expoknews, México [en línea] http://www.expoknews.com/cuanta-agua-se-necesita-para-fabricar-una-cerveza/, consultado el 29 de septiembre de 2014. 134 Mathis Wackernagel y William Rees, Nuestra huella ecológica. Reduciendo el impacto humano sobre la tierra, Colección ecología y Medio Ambiente, Santiago de Chile, 2001, página 29.


214

Comenzando por la Huella Ecológica, los autores Mathis Wackernagel de Suiza y

William Rees de origen canadiense realizaron en 1990 lo que actualmente se

considera como la definición del concepto, es decir, es "el área de territorio

ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático)

necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos

producidos por una población definida con un nivel de vida específico

indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área”135.

La definición integra dos agentes en el cálculo de la Huella Ecológica: el consumo

directo contempla el suelo que ha sido ocupado para realizar las actividades

normales, mientras que el consumo indirecto contempla la producción, la

transformación y el transporte utilizado. Además involucra:

1. La cantidad de hectáreas utilizadas para urbanizar, generar infraestructura

y centros de trabajo.

2. Hectáreas necesarias para proporcionar el alimento vegetal necesario.

3. Superficie necesaria para pastos que alimenten al ganado.

4. Superficie marina necesaria para producir el pescado.

5. Hectáreas de bosque necesarias para asumir el CO2 que provoca nuestro

consumo energético.136

Así la huella de carbono se puede identificar como un indicador de desempeño en

materia de cambio climático, es decir, si se obtiene una mayor huella de carbono

el impacto negativo en el medio ambiente es mayor pero el desempeño generado

es peor.

El protocolo de Kioto define 6 gases de efecto invernadero (GEI) como causantes

del cambio climático. Estos pueden ser causados de manera directa o indirecta

por las organizaciones. Por este motivo se han categorizado en 3 alcances:

135 Ardisa, Huella Ecológica, Agenda 21, [en línea] http://agenda21ardisa.dpz.es/docs/ar_da_4.pdf, consultado el 29 de septiembre de 2014. 136 Ardisa, Huella Ecológica, Agenda 21, [en línea] http://agenda21ardisa.dpz.es/docs/ar_da_4.pdf, consultado el 29 de septiembre de 2014.


215

1. El alcance de emisiones directas (GEI) son emisiones que se producen a partir

de fuentes que son propiedad o están bajo el control de la organización, por

ejemplo, las emisiones provenientes de las calderas, hornos o vehículos que

pertenecen o son controlados por la empresa.

2. El alcance de emisiones electrónicas indirectas (GEI) son aquellas emisiones

procedentes de la electricidad consumida por la organización.

3. El alcance de otras emisiones indirectas (GEI) son consecuencia de las

actividades de la organización, pero que provienen de fuentes de las cuales no

son propietarios o no están bajo su control. Entre ellas se incluyen emisiones

procedentes de los residuos; la extracción y la producción de los materiales

adquiridos desde terceros; el transporte de combustibles comprados y el

transporte de los empleados137.

Para poder calcular la huella de carbono se utiliza la fórmula:

Consumo = Producción + Importaciones – Exportaciones

En donde, el consumo es amigable con el medio ambiente cuando el proceso de

producción sumando los efectos que generan las importaciones y restando los

efectos que generan sus exportaciones no general emisiones de GEI más grandes

de lo previsto. De lo contrario, el consumo resulta negativo y los daños con el

medio ambiente significativos.

Para efecto de este cálculo, los productos poseen un ciclo de vida el cual se divide

en etapas que integran “1) la adquisición de materias primas, 2) fabricación de

materiales, 3) fabricación de productos, 4) uso de productos, y 5) disposición

final”138

En cada una de estas etapas se producen emisiones de gases de efecto

invernadero, ya sea por el consumo energético que incluye consumo de

combustibles, eléctricos, o de otros insumos; el transporte; y la generación de

137 Detén el cambio climático, gestiona tu huella de carbono, Green Solutions, [en línea] http://www.greensolutions.cl/huella_de_carbono.html, consultado el 29 de septiembre de 2014. 138 Ídem.


216

residuos restando en los casos necesarios aquellos residuos que se reciclan. La

suma de estas emisiones conforma la huella de carbono del producto.

Para producir cualquier producto, independientemente del tipo de tecnología

utilizada, se necesita un flujo de materiales y energía, producidos en última

instancia por sistemas ecológicos. Se necesitan además sistemas ecológicos para

reabsorber los residuos generados durante el proceso de producción y el uso de

los productos finales, por lo cual se considera a las infraestructuras, viviendas

equipamientos, etc. Como un espacio que reduce la superficie de ecosistemas

productivos.

El término de Mochila ecológica no se queda atrás. En este sentido este término

viene a complementar al anterior pues “determina la cantidad de recursos

naturales que conlleva el consumo de distintos servicios y productos. De esta

forma pone de relieve la totalidad de los recursos que se necesitan, tanto en los

procesos productivos de todos los bienes como en la prestación de todos los

servicios, ya que muchos de dichos recursos permanecen en cubierto y hasta

ahora no se valoran”139.

Con esto, se evalúa de manera completa la elaboración del producto y el consumo

del mismo en diversos mercados y para diferentes personas que componen el

Estado.

Ambos conceptos reflejan el compromiso ambiental que se tiene por el medio

ambiente, dejando en segundo término la visión económica con la que se había

evaluado a las empresas a nivel mundial y por lo cual no se ha podido observar el

impacto ambiental que siguen teniendo realmente.

Sin embargo, la creación de entidades u organismos encargados de registrar el

grado de sustentabilidad de las empresas siguen contemplando en su mayoría

términos de crecimiento económicos que se refleja en las ganancias que poseen

anualmente y en la cantidad de inversión que puedan ofrecer a los programas

sociales.

139 Marta de la Cuesta González y María Jesús Muñoz Torres, Introducción a la sustentabilidad y la RSC, Colección sustentabilidad y Responsabilidad Social Corporativa, Netbiblo, España, 2010, página 17.


217

Para contrarrestar esta situación se creó en 1999 el Índice de Sustentabilidad del

Dow Jones140, que hasta el año 2014 es integrado por más de 350 empresas

globales líderes en su campo que aplican tecnologías que favorecen la protección

del medio ambiente” 141Esta organización se creó con el fin de evaluar el

desempeño económico, ambiental y social de las empresas.

Conforme pasaron los años se crearon otros organismos internacionales

encargados de recopilar datos, los cuales son proporcionados por las empresas

con el fin de formar parte de índices de sustentabilidad.

Ejemplo de esto es el Global Reporting Initiative Global Reporting Initiative (GRI),

una organización cuyo fin es “impulsar la elaboración de memorias de

sostenibilidad en todo tipo de organizaciones”142. Fue fundada por CERES y el

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año

1997 en Estados Unidos. A partir del año 2002, GRI trasladó sus oficinas a

Ámsterdam, donde actualmente se encuentra su Secretaría.

Las memorias creadas por el GRI son verificados por la KPMG Sustainability80,

organización pionera en sustentabilidad fundada en Suiza en 1987. De igual forma

está encargada de realizar informes que integran elementos sociales, económicos,

políticos y ambientales para poder abarcar a profundidad los temas que están

relacionados con el medio ambiente.

Los Estados utilizan esta información para analizar el compromiso del sector

privado. Estos datos funcionan como antecedentes que influyen en las políticas

públicas ambientales y posteriormente ayudan a algunos Estados a determinar los

incentivos que se deben dar a las empresas participantes en el tema.

140 Los Índices de Sustentabilidad del Dow Jones (DJSI) fueron lanzados en 1999 como el primer puntos de referencia globales de sostenibilidad. Los índices se ofrecen en forma cooperativa por Robeco SAM y S&P Dow Jones Índices. La familia sigue el desempeño de las acciones de las empresas líderes en el mundo en términos de criterios económicos, ambientales y sociales. Los índices sirven como puntos de referencia a los inversores que integran consideraciones de sostenibilidad en sus carteras, y proporcionan una plataforma de participación efectiva para las empresas que quieren adoptar las mejores prácticas sostenibles. Dow Jones Sustainability Índices, [en línea] http://www.sustainability-indices.com/index.jsp, consultado el 8 de enero de 2014. 141 Gerardo Berges, Ibíd., página 58. 142 Global Reporting Iniciative, [en línea] https://www.globalreporting.org/languages/spanish/Pages/default.aspx, consultado el 15 de febrero de 2014. 80 Se le da el nombre de KPMG Sustainability gracias a sus cuatro fundadores Piet Klynveld, Willian Barclay Peat, James Marwick y Reinhard Goerdeler. KPMG, [en línea] http://www.kpmg.com/Global/en/about/Overview/Pages/History.aspx, consultado el 25 de septiembre de 2014.


218

En lo local, México no se ha quedado atrás. En 1992 se crea el Índice de

Sustentabilidad Empresarial o IPC Sustentable y junto con la Bolsa Mexicana de

Valores, se encargan de registrar a aquellas empresas mexicanas que desean

entrar en el mercado sustentable internacional.

Esto proporciona herramientas que permiten aumentar la competitividad de las

empresas mexicanas que desean participar y competir dentro del mercado global

y que se enfrentan directamente con otras empresas que buscan obtener

beneficios por parte de los Estados en apoyo con el cuidado del medio ambiente.

En esta competencia los elementos culturales también resaltan y se reflejan en el

número de compañías que se encuentran por continente. Por ejemplo, es evidente

que en Europa se encuentran una mayor cantidad éstas al cuidado el medio

ambiente a raíz de los programas que se han realizado respecto al tema desde

hace un par de décadas y el trabajo constante que se ha propuesto como reto la

Unión Europea.

En América el proceso es mucho más lento debido a que cada país posee sus

propias leyes e incentivos hacia los organismos del sector público o privado que

deseen participar en el retroceso del cambio climático. Por tanto, la homologación

de ciertas propuestas de acción en la región es más difícil.

La realidad nos indica que la falta de coercitividad provoca por un lado, que dentro

del sector privado no exista un verdadero interés por el cuidado del medio

ambiente y que sus actividades se reflejen en alcanzar la categoría de RSE sin

interesarse verdaderamente en la huella de carbono y la mochila ecológica que

dejan a su paso. Y por otro lado, que los Estados promotores del cambio climático,

a pesar de ser pioneros en el tema, no promuevan las políticas necesarias para

que se cumplan los propósitos que reafirman año tras año en las reuniones de

medio ambiente que celebran regularmente.

Realizando un trabajo conjunto entre el sector privado y el público no es imposible

la creación de empresas sustentables. Esto debe ser enfocado a que las

empresas deban cumplir con medidas estrictas de producción en donde se obligue


219

a las partes interesadas por el cambio climático a reducir su huella de carbono en

la producción y su mochila ecológica en el consumo.

Evidentemente este último punto debe ser plasmado mediante campañas

educativas que muestren a la sociedad la mejor manera de revertir el cambio

climático y evitar contaminar más. Ejemplo de esto es consumir productos

regionales, que hayan sido producidos de manera natural o que su

manufacturación sea lo menos química posible y que consideren que la huella de

carbono que quede como resultado en la producción no sea mayor a lo

recomendado para cada producto.


220

Capítulo 4. Evaluación de la política de desarrollo social en México

4.1 Antecedentes

En las últimas tres décadas se ha registrado un deterioro constante en las

condiciones de empleo y de ingreso de millones de mexicanos, como

consecuencia de ello se han creado condiciones de pobreza en todas sus

magnitudes. Para tener una idea más clara sobre este fenómeno es necesario

observar los siguientes datos sobre la pobreza en México.

Los programas sustantivos de los gobiernos federales de las últimas décadas para

combatir la pobreza han cambiado de nombre en cuatro ocasiones desde 1988,

pero lo que no ha cambiado son los niveles de esta problemática social que,

desde entonces, afecta a más de la mitad de la población mexicana.

De Solidaridad, estrategia anunciada durante la administración federal de Carlos

Salinas de Gortari (1988-1994); pasando por Progresa, presentado en la gestión

de Ernesto Zedillo (1994-2000), y Oportunidades, implementado en el gobierno de

Vicente Fox (2000-2006) y continuado por el gobierno de Felipe Calderón (2006-

2012), ahora el principal programa gubernamental para abatir la pobreza se

llamará Prospera en lo que resta del sexenio, según anunció el Presidente Enrique

Peña Nieto durante el mensaje sobre su segundo informe de gobierno.

Las cifras oficiales muestran que los índices de pobreza patrimonial-insuficiencia

para adquirir la canasta básica alimentaria, así como servicios de salud,

educación, vestido y vivienda-, ha disminuido en menos de un punto porcentual en

22 años.

En 1992, 53.1% de los mexicanos vivían en esta situación, mientras que en 2012

lo hacían 52.3%, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Algunos especialistas como Mario Campos, Gerardo Esquivel y Edna Jaime,

alertan que el cambio de nombre podría mermar lo que ya se consideraba una


221

política de Estado, aunque difieren sobre los potenciales resultados de los

cambios anunciados, más allá de la denominación del programa.143

“Se había logrado que Oportunidades se viera más como una política de Estado y

no del gobierno en turno; la continuidad que se había dado con Vicente Fox y

Felipe Calderón me parecía importante, porque la gente entendía cada vez más

que no era un tema de un gobierno, sino una política financiada con recursos

públicos”, dijo el politólogo Mario Campos.

Al respecto, el profesor-investigador del Colegio de México, Gerardo Esquivel,

calificó como alarmante que el cambio de nombre no responda a un diagnóstico

profundo del programa Oportunidades

Lo que me parece preocupante es si realmente éste es un cambio de nombre y

forma parte de un diagnóstico detallado de la situación y debilidades del programa

anterior; o si es, más bien, un intento por desvincularse de los programas

anteriores y generar una nueva marca”, sostuvo Esquivel.

El nuevo Prospera

El presidente Peña Nieto afirmó en el marco de su segundo informe de gobierno,

que la estrategia antipobreza del gobierno federal, en el que se invierten

anualmente cerca de 73,000 millones de pesos, se transformará para dar “más

alternativas” a las familias necesitadas para incrementar sus ingresos.

El mandatario indicó que el nuevo programa contará con apoyos como becas

educativas y acceso a créditos, y destacó que ahora las familias podrán tener más

oportunidades para ingresar a actividades productivas.

Para la directora del centro de análisis de políticas públicas México Evalúa, Edna

Jaime, los cambios anunciados al programa más allá de su denominación, pueden

revertir lo que era una carencia de Oportunidades: el acceso a actividades

productivas y generadoras de recursos.

“Parece que se le agrega una vertiente generadora de ingresos que antes no tenía

el programa, no contaba con programas de apoyo productivo vinculados al

143 Periódico Milenio. 2 de septiembre, 2014.


222

programa; parece que Prospera quiere construir este puente, pero es importante

que no se desvirtúe la esencia de Oportunidades”, mencionó.

Aunque aclaró que es precipitado hacer un juicio sin tener muchos detalles de los

cambios, Edna Jaime resaltó la importancia de cuidar la implementación de los

nuevos componentes que incluirá este programa social que ahora se llamará

Prospera.

“Si se le va a agregar algo (al programa) es importante que se haga bien (Z)

tenemos que cuidar que el programa no genere clientelas, porque eso nos regresa

al pasado”, añadió la especialista.

Con esta preocupación por la implementación de los cambios anunciados

coincidió Gerardo Esquivel, aunque consideró que estas medidas podrían estar ya

incluidas en otros programas sociales del gobierno federal.

“Para evaluar habrá que ver la implementación del programa, pero no parece ser

una propuesta distinta de la que ya teníamos. A pesar de que aparentemente tiene

nuevas vertientes como tratar de vincular el programa con proyectos productivos,

con becas y con empleos... Son cosas que ya se han intentado y que existen ya

en la política social actual”, sentenció el investigador del COLMEX.

El programa anunciado por el mandatario mexicano, tiene tres antecedentes en

los últimos 30 años.

Solidaridad (PRONASOL)

Al momento de tomar protesta como presidente de México, Carlos Salinas de

Gortari, anunció el inicio del Programa Nacional de Solidaridad Social como

medida para combatir los niveles de pobreza en pueblos indígenas, campesinos y

en zonas marginales de las principales ciudades.

PRONASOL surgió como una medida para abatir los rezagos sociales de la crisis

de 1982 y sobre todo para contrarrestar los efectos de las políticas de ajuste

económico que trajeron como consecuencia la reducción del gasto social y la

caída de los salarios.


223

La estrategia tenía como punto fundamental la participación social comunitaria,

pues los recursos entregados por el gobierno federal eran administrados por

comités comunitarios. El programa se concentraba principalmente en la

construcción de infraestructura.

Los objetivos del PRONASOL fueron;

• Creación de las condiciones físicas y socioeconómicas necesarias para la

igualdad de oportunidades.

• El pleno desarrollo de las capacidades de la población.

• La apertura de espacios de decisión a la participación social organizada de

las comunidades144

Cabe señalar que, a pesar que el programa se diseñó para la superación de los

rezagos sociales de la población más vulnerable y con especial énfasis en la

participación comunitaria, este programa también fue usado con tintes políticos y

electorales ya que el gobierno salinista carecía de legitimidad y usó a PRONASOL

como una plataforma para crear una base social y política para construir

legitimidad

“Quizá por esa necesidad de ampliar la base social del gobierno, del presidente

Carlos Salinas, el programa no siguió estrictamente una estrategia focalizada en

su operación y los Comités de Solidaridad se extendieron por todo el país,

generando una estrecha relación clientelar entre el gobierno y los beneficiarios del

programa.”145

De acuerdo a cálculos de Levy, en su estudio sobre el diagnóstico de la pobreza

en México, contrastado con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

de los Hogares (ENIGH) de 1984, “mientras que la pobreza extrema era un

problema mayormente rural (los niveles de incidencia de la pobreza que obtuvo

fueron de 19.5% a nivel nacional, 37.2% en las áreas rurales, y 9.9% en las áreas

urbanas), la mayor parte de los beneficios entregados por el PRONASOL a través

144 Favela, Alejandro, Calvillo Miyriam, et al. El combate a la pobreza en el sexenio de Zedillo. Universidad Autónoma Metropolitana. 145 Acosta, Díaz, Félix, 2010, De pronasol a oportunidades: política social y persistencia de la pobreza en México, en Revista castellano-manchega de ciencias sociales, no 11, pp. 231-246, ISSN: 1575-0825, e-ISSN: 2172-3184


224

de subsidios a alimentos básicos como la tortilla y la leche se entregaban a los

pobres moderados de las zonas urbanas y metropolitanas como el Distrito

Federal”146.

Tal situación se vio reflejada en las cifras, pues la incidencia de pobreza urbana se

redujo entre 1989 y 1994, mientras que los índices de pobreza rural tuvieron un

aumento en la zona sur del país, ya que el ingreso de los trabajadores ejidatarios

se vio afectado negativamente por la depreciación del peso y por el colapso del

precio real de sus cultivos básicos y la pérdida de subsidios que sufrió el sector.

Según el Coneval, el sexenio de Salinas concluyó con 47 millones de pobres, es

decir, el 52% de la población de 1994 y con un porcentaje de pobreza patrimonial

de 52.4%. Al iniciar su gobierno, en el país había 46.1 millones en pobreza

alimentaria.

Salinas señaló, en su último informe de gobierno, que funcionaron para este

programa alrededor de 250,000 comités en todo el país y que se ejercieron bajo

este programa más de 52,000 millones de pesos en el sexenio.

Progresa

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo se vivió una de las crisis más fuertes en

México que llevó al colapso de la economía, por lo tanto, los índices de pobreza se

dispararon de 52.4% en 1994 a 69% en 1996.

Esta situación provocó que Zedillo cambiara el programa social, por lo que en

agosto de 1997 Solidaridad vio su final y fue reemplazado por el Programa de

Educación, Salud y Alimentación (Progresa).

Entre los principales cambios en el plan social, estaban la eliminación de los

comités que administraban los recursos, y ahora el dinero en efectivo lo recibían

directamente las familias afiliadas a este programa.

Los beneficiarios de Progresa sólo eran familias de comunidades rurales que

recibían transferencias en efectivo, las cuales estaban condicionadas a que

cumplieran ciertos requisitos de atención de salud y educativa.

146 Ídem


225

Progresa tuvo como característica la creación de capital humano y para ello

integro en un solo programa tres dimensiones básicas: salud, alimentación y

educación, ya que personas más sanas, mejor alimentadas y con mayor

alimentación tendrían mayores oportunidades para acceder al mercado laboral.

Es necesario señalar que este programa fue el primero en someterse a

evaluaciones de impacto, ya que desde su diseño se planteó como un programa

técnico y no político, con criterios de focalización bien establecidos.

De acuerdo con el último informe de gobierno del entonces presidente, en el año

2000 el programa atendía a dos millones 600,000 hogares en todo el país.

Aunque dicha administración logró reducir los porcentajes de pobreza de 69% a

53.6% en cuatro años, este nivel al final del sexenio era similar al registrado al

inicio de su administración.

Oportunidades

La siguiente etapa del programa social enfocado en abatir la pobreza en México

llegaría en la administración del Presidente Vicente Fox.

Aunque en los primeros dos años de su gobierno continuó el programa Progresa

implementado por Zedillo, en marzo de 2002, Fox anunció que cambiaría de

nombre para ahora ser conocido como Oportunidades, y que también incluiría

como beneficiarios a familias pobres de zonas urbanas.

Este plan siguió con la estrategia central de otorgar el dinero directamente a las

madres de las familias beneficiadas, siempre y cuando cumplieran con revisiones

médicas y que llevaran a sus hijos a la escuela.

De acuerdo con información oficial, se incrementó el presupuesto para el

programa en 70% en comparación con el último año de Zedillo, por lo que

Oportunidades canalizaba más de 146,000 millones de pesos.

Al terminar Fox su sexenio la pobreza se redujo en más de 10 puntos

porcentuales, al alcanzar 42.9%, es necesario reconocer el esfuerzo que se hizo

en este periodo por institucionalizar la política social mediante la creación de la

LGDS.


226

Al cambiar el gobierno, en ese momento encabezado por el presidente Felipe

Calderón, Oportunidades no nada más siguió con vida, sino que fue ampliado.

A partir de 2007 el monto entregado a cada familia pasó de 529 a 830 pesos al

finalizar 2012. Además, incluyó nuevos apoyos alimentarios a familias que no eran

parte del padrón de oportunidades.

De acuerdo con el sexto informe de Gobierno de Calderón, Oportunidades y el

Programa de Apoyo Alimentario beneficiaron a seis millones 500,000 familias.

Quizá una de las constantes en los periodos antes mencionados es el crecimiento

de la desigualdad, ya que hoy en día “algunos programas gubernamentales

orientados a reducir la pobreza y a combatir la desigualdad en la sociedad

mexicana son tachados, incluso por el propio gobierno, de populistas y

abandonados”147

El saldo social en México de la desigualdad económica ha sido desastroso, pues

los niveles de desigualdad y pobreza han aumentado de manera considerable en

comparación con años anteriores, como muestra de ello podemos ver que, en

2008, 10% de los hogares más pobres apenas sobrevivía con alrededor el 1% del

total del ingreso, mientras que 10% de los hogares más ricos concentraban más

del 40% de ese total. Visto de otra manera, para ese mismo año más del 56% del

ingreso lo concentran 20% de los hogares más ricos, mientras que 20% de los

hogares más pobres tenía apenas 3.6% del ingreso.148

Si bien es cierto que se ha registrado un leve incremento en el ingreso de las

familias mexicanas, la brecha entre los más pobres y los más ricos sigue siendo

abismal, esto se debe a que los gobiernos no han emprendido acciones concretas

encaminadas a la disminución de la desigualdad. La causa principal de este

problema es la ausencia de cambios importantes en la estructura distributiva que

promuevan la equidad y un verdadero desarrollo. Un ejemplo de ello es la

concentración del capital de las industrias y comercios en el territorio nacional ya

que sólo “115 de los dos mil 461 municipios que tiene el país general el 77% de la

147 Tello, Carlos, Sobre la desigualdad en México, 2010, Facultad de Economía, UNAM, p. 264 148 Ídem p 253


227

economía nacional en esas 115 jurisdicciones se concentra el 40% de la

población,”149 en contraste las entidades en donde se localizan los diez municipios

con mayor porcentaje de población en pobreza son Chiapas y Oaxaca, estos

datos reflejan la prioridad de la política económica y sus relaciones de producción,

además de los fuertes contrastes económicos del territorio.

La desigualad es producto de la concepción de desarrollo entendido como

crecimiento económico, tal idea de desarrollo se ha alejado de los preceptos de

justicia social y distributiva. La desigualdad puede ser prevenida mediante la

acción pública, en específico mediante la política social y económica. Es necesario

un crecimiento económico con equidad para poder alcanzar el desarrollo social,

sin embargo, los datos expuestos anteriormente evidencian que el problema de la

desigualdad no es un tema prioritario para la política social ni para la política

económica.

La desigualdad genera pobreza, es por ello que estos indicadores se encuentran

íntimamente ligados y relacionados con los ingresos y la insatisfacción de los

derechos sociales. Desafortunadamente debido a la especulación financiera han

surgido crisis como la del 2009 en donde el PIB disminuyó 6% y se perdieron

alrededor de 172 mil empleos netos reflejándose en el incremento de la tasa de

desocupación que pasó de 3.7% a 5.4% en 2009 según cifras del CONEVAL.

Según Carlos Tello150 el estado mexicano ha promovido esquemas que generan la

desigualdad ocasionando que las personas satisfagan sus derechos

constitucionales de manera inequitativa ya que muchos de los programas con

orientación social más que reducir la desigualdad la promueven, para ello alude al

ejemplo de los servicios de salud y seguridad social en México, pues estos

servicios surgieron a partir del principio de trabajo subordinado, es decir tenemos

un sistema de salud segmentado en distintas instituciones: IMSS, ISSSTE, Seguro

Popular, PEMEX, SDN, entre otros.

149 Linares, Zarco, Jaime, La geografía económica del municipio en México, UNAM 150 Catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, en conferencia del Seminario Permanente de Gobernabilidad y Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Eje rector 3 Igualdad de oportunidades.


228

Las diferencias entre los servicios de salud que brindan las instituciones antes

mencionadas son abismales, esto se puede comprobar con los resultados del

CONEVAL, que demuestran que la población de derechohabientes afiliados al

seguro popular fue la que más reportó no cubrir atención a sus problemas de

salud.

A pesar de los incrementos en la inversión pública para combatir la pobreza, al

analizar la evolución de ésta según la metodología del CONEVAL, se observa que

hasta 2006 se presentó un descenso consistente en todas las dimensiones de

pobreza, sin embargo, en 2008 se registró un incremento aproximado de 5% en

todos sus tipos, ello fue producto del bajo crecimiento económico del país y por el

inicio de la crisis internacional que comenzó a mediados del año 2007.

Según el CONEVAL, entre 2006 y 2008 el número de personas en situación de

pobreza patrimonial se incrementó de 44.7 millones a 50.6 millones. La pobreza

alimentaria o extrema también se incrementó del 13.8% al 18.2%de la población.

Esto quiere decir que cinco millones de mexicanos cayeron en pobreza extrema

en esos dos años.151 En el periodo 2008 a 2010 el número de pobres extremos

resulto ser igual a 11.7 millones de personas en ambos periodos según

información oficial del CONEVAL.

La población en situación de pobreza ascendió a 46.2% en 2010, lo que

representó 52 millones de personas. En comparación con 2008, esto significó un

aumento de 3.2 millones de personas; no obstante, el número promedio de

carencias de la población en pobreza disminuyó de 2.7 a 2.5.

El incremento del número de personas en situación de pobreza fue resultado del

aumento de personas con carencia de acceso a la alimentación (4.2 millones)

como el de la población con ingresos bajos (la población por debajo de la línea de

bienestar aumentó en 4.8 millones y la población por debajo de la línea de

bienestar mínimo se incrementó en 3.4 millones de personas entre 2008 y 2010).

A pesar de estos resultados, la pobreza no se expandió en la misma magnitud que

la reducción del Producto Interno Bruto en 2009, debido a que en este periodo

151 De 14.4 millones en 2006 a 19.5 millones en 2008.


229

(2008-2010) se incrementaron las coberturas básicas de educación, acceso a los

servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, los servicios básicos en las

viviendas y la seguridad social, especialmente la cobertura de adultos mayores,

factores que son parte de la medición de la pobreza. Los esfuerzos de la política

de desarrollo social han contribuido a que la población en México cuente con una

mayor cobertura de servicios básicos.152

Más allá del avance en cobertura de los servicios, el porcentaje de pobreza

significa que un gran número de personas sufre de carencias sociales que limitan

o impiden el acceso a condiciones mínimas de bienestar. Esta situación se

observa con más claridad desde el enfoque de la pobreza multidimensional, con

ello nos damos cuenta que esta situación se ha agravado en los últimos años, y

quienes resultan más agredidos por esta condición son los grupos con mayor

vulnerabilidad social, siendo estos niños, niñas y grupos indígenas.

Como ejemplo de lo anterior, el porcentaje de población indígena en pobreza se

ha mantenido sin cambios estadísticamente significativos (71.0 por ciento en 2008,

74.4 en 2010 y 72.0 en 2012). En 2012, siete de cada diez personas indígenas se

encontraban en pobreza mientras que alrededor de cinco de cada diez, del total de

la población no indígena, se encontraba en esta condición

Las políticas dirigidas a la población indígena, además de considerar dicha

acumulación de desventajas, deben incorporar en sus acciones un amplio

conjunto de elementos culturales específicos y acordes con las necesidades de

esta población.

Respecto a la población infantil se observa que de acuerdo con la medición oficial,

44.2% de la población mexicana, es decir, 42.7 millones de personas, vivía en

condiciones de pobreza multidimensional en 2008. No obstante, entre los niños,

niñas y adolescentes del país, esta cifra ascendía a 53.3%, lo que equivale a 20.8

millones de menores de edad.

152 CONEVAL, 2011, Informe de Evaluación de la política de desarrollo social en México en materia de bienestar económico y generación de ingreso.


230

Asimismo, la pobreza multidimensional moderada en menores de edad también

fue mayor que en otros grupos de edades, mientras que para los niños y

adolescentes fue de 40.2%, para la población adulta fue de 29.7% y para la

población adulta mayor de 32.5%.

En el estudio “La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica

global: el caso de México” sobre la distribución de la población infantil y juvenil en

condiciones de pobreza y de vulnerabilidad en 2008 se aprecia que 28.8% de la

población infantil era considerada como vulnerable por carencias sociales, para el

2010 esta cifra se redujo a 22.5%, lo cual habla de un avance positivo en esta

materia.

A pesar las cifras anteriores el comportamiento de la vulnerabilidad por ingresos

se incrementó del periodo 2008 al 2010, ya que pasó de 4.6% a 7.2% en la

población infantil y juvenil, es decir incrementó de 1.9 millones a 2.9 millones de

niños, niñas y jóvenes menores de 18 años.

La movilidad social, importante dimensión del desarrollo social, se mantiene

prácticamente estática entre los estratos extremos de la distribución de ingresos,

ya que 48 de cada 100 mexicanos de hogares del quintil más bajo de la

distribución se mantiene en esa posición, así como 52 de cada 100 mexicanos que

provienen de hogares del quintil más alto no se mueven de allí153. Lo cual conlleva

a reflexionar que el acceso a mejores oportunidades no siempre depende de las

capacidades de la persona, más bien se encuentra condicionado a cuestiones

externas como posición socioeconómica, entre otras.

4.2 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014

CONEVAL.

Con el objetivo de contar con una evaluación general de la política de desarrollo

social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL) realizó el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

2014, el cual analiza los avances en el ejercicio de los derechos sociales

marcados por la Ley General de Desarrollo Social e incorpora la medición 153 Datos según el informe de movilidad social en México 2013, imagina tu futuro


231

multidimensional de pobreza a nivel nacional y estatal (2008, 2010 y 2012) así

como a nivel municipal (2010).

El documento analiza la situación de la política social con un enfoque de derechos

sociales en dónde se aprecia un incremento en la cobertura de servicios básicos

(educación, salud y vivienda), pero la calidad de los servicios no ha crecido a la

par que la cobertura.

En materia de salud en 2012, de acuerdo con las estimaciones del CONEVAL,

21.5 por ciento de la población total del país presentaba carencia en el acceso a

los servicios de salud, lo que equivale a 25.3 millones de personas. Esta carencia

fue la que mayor reducción tuvo a nivel nacional y en las entidades del país de

2008 a 2012

Un ejemplo de la baja calidad de los servicios en materia de salud es el del Seguro

Popular, ya que en los últimos años ha tenido un número creciente de afiliados en

gran parte del territorio nacional, el cual pasó de tener una población afiliada de

21.6 millones de personas en 2008 a 47.8 en 2012, sin embargo, esto ha reducido

la calidad de los servicios principalmente en tiempos de espera, en abasto de

medicamentos y en cobertura de enfermedades.

Los datos anteriores demuestran que los incrementos en el acceso de los

derechos sociales no siempre indican que su aumento satisfaga las necesidades

de la población, dicho de otra manera, los indicadores de acceso a servicios

pueden mostrar que una política es exitosa cuantitativamente hablando, sin

embargo, cualitativamente es totalmente ineficaz.

En cuanto a educación, en el periodo 1992-2012 en todos los grupos etarios se

registraron incrementos en la asistencia escolar actualmente en el país, más del

90% de los niños y niñas de entre 6 y 14 años asisten a la escuela. Sin embargo,

la asistencia escolar de las personas entre dieciocho y veinticinco años sigue

siendo la que registra menor porcentaje, a pesar del incremento de ocho puntos

porcentuales en el periodo referido, esto se agudiza en el caso de la población con

ingresos inferiores, que solamente aumentó 4.4 puntos porcentuales y alcanzó 10

por ciento en 2012.


232

El derecho a la vivienda arrojó los siguientes resultados, en 2012 el porcentaje de

personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda descendió a 13.6%, lo

que equivale a 15.9 millones de personas

En términos porcentuales la población en zonas rurales presentó mayor

proporción de carencia por calidad y espacios de la vivienda. En 2012, 23.4%

reportó dicha carencia, mientras que la población urbana fue 10.6%. La carencia

por acceso a los servicios básicos en la vivienda considera aquellas sin acceso al

servicio de agua de la red pública, drenaje, electricidad o combustible.

Si bien se han presentado importantes avances en cuanto a los servicios básicos

de la vivienda, principalmente cuando se compara entre 1992 y 2012, existen

diferencias al analizar entre el ámbito rural y urbano. En 2012, 40.8 por ciento

(11.1 millones) de la población en zonas rurales, no contó con servicios básicos de

la vivienda, mientras que en el caso de las viviendas en zonas urbanas fue 7.2

(6.5 millones).

En cuanto a la seguridad social, en 2012 la carencia por acceso a este derecho

fue la mayor carencia social del país. En los tres años anteriores, en al menos 26

de las 32 entidades, más de la mitad de la población presentó falta de acceso a la

seguridad social. El desempleo, la política económica, el empleo informal y la

inestabilidad laboral son factores que contribuyen a los altos índices de personas

que nunca han cotizado a alguna institución de seguridad social, creando una

situación de vulnerabilidad para los periodos de enfermedad y vejez.

La seguridad social y el derecho al trabajo están estrechamente vinculados,

paradójicamente, en 2013 el gasto relacionado con el derecho a la seguridad

social ejercido fue 4.3% y para el derecho al trabajo, sólo 1% del total del gasto en

desarrollo social, siendo este último el menor de todo.

Es precisamente esta paradoja la que evidencia las contradicciones en el

planteamiento de las prioridades de la política, si se pretende terminar con el

asistencialismo en las políticas y atacar los problemas de raíz es necesario

replantear la política económica y laboral con un sentido humano y de justicia

social, se trata de llenar los vacíos éticos que hoy en día caracterizan diversos


233

aspectos tanto en la Administración Pública como en los mercados, la economía y

la sociedad.

El Informe destaca avances de la política de desarrollo social: se hace referencia

explícita a los derechos sociales en el Plan Nacional de Desarrollo y en diversos

programas sectoriales; se ha observado una coordinación intersectorial e

intergubernamental de la política social a partir de los indicadores de pobreza,

especialmente impulsada por la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como por

las modificaciones al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del

Ramo 33; se han hecho adecuaciones a diversos programas para mejorar el

acceso a derechos y a una mayor inclusión productiva; se han realizado reformas

que buscan incrementar la productividad en el mediano y largo plazo; y la política

social cuenta con avances importantes en la medición y la evaluación de su

desempeño.

En el documento se aprecia que el enfoque de derechos necesita definiciones

precisas que no están en la Constitución, y que desde el Congreso se contemple

su financiamiento gradual; el ingreso real de las familias ha caído desde 1992 y en

2014 no recupera el nivel que tenía en 2007; la calidad de los servicios educativos

y de salud es aún insuficiente para la población con menos ingresos; los

programas productivos no han tenido resultados adecuados y la productividad de

los pequeños productores es muy baja; se observa una gran dispersión de

programas sociales en los tres órdenes de gobierno; y todavía no se hace un uso

adecuado de la información que generan las evaluaciones para la toma de

decisiones presupuestarias, especialmente en el Congreso.

Respecto a la Cruzada Nacional contra el Hambre el Informe reporta los siguientes

hallazgos:

La observación en campo muestra que la población objetivo de la estrategia

(población en pobreza extrema con carencia alimentaria) efectivamente tiene

carencias importantes y un muy bajo nivel de ingreso, en zonas de atención

prioritaria tanto rural como urbana.


234

Diversos programas presupuestarios han modificado sus reglas de operación para

adecuarse a la estrategia. Será necesario aclarar el alcance de los seis objetivos

de la Cruzada y determinar cuáles de ellos se aplican a los 7 millones de personas

de la población objetivo y cuáles son más amplios. En el trabajo de campo se

observó que la capacidad productiva de los pequeños productores rurales es

limitada y no hay suficientes herramientas de política pública para mejorar esta

situación.

En materia de participación social se ha cumplido la meta de creación de comités

comunitarios. Será necesario que éstos mantengan actividad a partir de su

creación y que exista una conexión más clara entre la demanda que se genera en

los comités y la oferta gubernamental, para no crear expectativas que no se

puedan materializar.

En el Decreto que establece el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre,

(22/enero/13) se establece la alineación de la operación de 69 programas de

gobierno que podrán apoyar en la instrumentación de la “Cruzada contra el

Hambre”.

Con base en este trabajo de organización y coordinación, cada una de las

instituciones, propuso para el ejercicio fiscal 2014, un conjunto de programas,

componentes, acciones, vertientes, fondos y sistemas que pudieran incidir en los

1,012 municipios correspondientes a la suma de la primera etapa (400) 2013 y

(612) 2014.

La Cruzada está modificando las dinámicas y rutinas de las dependencias

gubernamentales en los tres ámbitos de gobierno. El efecto es heterogéneo entre

gobiernos locales y tipos de programas.

Evaluación del Ejercicio del Gasto Público.

El 19 de febrero de 2015, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF),

entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el Informe de

Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al

ejercicio del 2013. A través del informe de conclusiones y recomendaciones los

legisladores manifestaron su preocupación “por el hecho de que en la revisión de


235

la Cuenta Pública se han determinado millares de observaciones y acciones en las

auditorías practicadas, desde recomendaciones hasta pliegos de observaciones y

denuncias penales, sin que a la fecha se perciba un cambio sustancial en muchas

de las prácticas que inercialmente se siguen llevando a cabo y se han realizado

así por varios años”. La ASF halló anomalías en el manejo de recursos por mil 740

millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). La Cruzada

Nacional contra el Hambre, que encabeza la Secretaría de Desarrollo Social,

ejerció en 2013 sólo el 37.1 por ciento de sus recursos asignados, lo que significa

que gastó únicamente 44 mil 626.8 millones de pesos, de los 120 mil 369.7

millones que tuvo de presupuesto.

En otro orden, la ASF se refiere a la fiscalización realizada al Seguro Popular, en

el capítulo denominado “Cotejo de Padrones del Sistema Nacional de Salud”,

realizado por la Secretaría de la Función Pública, con base en el Padrón Nacional

de Beneficiarios, donde se acusa una duplicidad en los registros de afiliación en

institutos de seguridad social.

Las inquietudes de los legisladores hacen evidente la necesidad de construir un

verdadero sistema de rendición de cuentas en México debido a que existe la

concepción de los ciudadanos de que no hay consecuencias para quienes faltan, a

su responsabilidad pública.

En este sentido, se destacó que el marco legal que norma la actuación de la

Auditoría Superior de la Federación genera un proceso de fiscalización extenso

que impide una actuación oportuna, además de que el ente fiscalizador carece de

facultades para sancionar penal o administrativamente, por lo que el Congreso

deberá concretar las reformas pendientes dirigidas a fortalecer el trabajo de

fiscalización.154

Uno de los puntos más relevantes que menciona el Informe del CONEVAL es la

necesidad de transformaciones que requieren cambios radicales para que el país

tenga los resultados esperados en desarrollo social y la disminución de la pobreza

de manera sostenida. Tales transformaciones requieren de reformas en materia de

154 Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en la Cámara de Diputados. Conclusiones. 20/II/13


236

educación y finanzas públicas, control del gasto público, telecomunicaciones,

competencia económica, transacciones financieras, legislación laboral, sistema

político, sector energético, y en materia de amparo y justicia penal, en este sentido

es necesario señalar que tenemos la necesidad de impulsar una profunda reforma

institucional, democrática para poder cumplir con los objetivos del desarrollo social

sustentable.

Con base en estos diagnósticos y recomendaciones y a pesar del esfuerzo de la

Cruzada Nacional contra el Hambre para la organización de Comités

Comunitarios, el examen de la política social nos indica –desde el enfoque de la

sustentabilidad social-, que para darle mayor viabilidad democrática e institucional

es necesario tal como lo señala el CONEVAL realizar transformaciones técnico-

administrativas y de control parlamentario, pero además aumentar la densidad de

la participación social y mejorar la calidad de dicha participación en todos los

espacios, tal como se verá en el capítulo IV, de tal manera que el sistema en su

conjunto funcione de manera más adecuada, creando condiciones favorables —

legales, culturales, políticas, administrativas, económicas, sociales y ecológicas—

desde los ámbitos locales, para que se cumplan los objetivos de la política social.

4.3 El balance político-institucional de la crisis social contemporánea

En ausencia de un conjunto de indicadores sociales sistematizado, que permitiese

una evaluación metodológica (univoca) rigurosa, en el corto y mediano plazos, a

los objetivos de la política social, las cifras recientes sobre pobreza generadas por

el propio Coneval, analizadas minuciosamente en la presente investigación,

constituyen indicios que vale la pena tomar en cuenta para conocer la

multidimencionalidad de los problemas sociales y desafíos que todavía enfrenta la

política social en México.

La política social tiene una visión distorsionada del desarrollo social, ya que se

carece de una política con enfoque territorial integral, que incluya a la vez factores

como la diversidad social, política, económica, ambiental y el papel de los

movimientos sociales. Predominan las acciones aisladas, homogeneizadoras y


237

asistenciales las cuales se caracterizan por una falta de continuidad, lo que ha

limitado la posibilidad de revertir los rezagos sociales.

Si bien el esfuerzo gubernamental en las últimas décadas ha logrado alcances

presupuestales significativos, aún quedan rezagos importantes. Las encuestas de

opinión, con resultados distintos al discurso oficial demuestran que el desarrollo

social atraviesa por una severa crisis; que la economía no marcha bien y que la

calidad de vida es cada vez más preocupante. El crecimiento de la pobreza

abierta, el desempleo, la cuestionada calidad de los servicios de salud y

educación, la falta de acceso al crédito o la tecnología, la inseguridad y los riesgos

de ingobernabilidad, han alimentado desaliento y desconfianza generalizados de

la sociedad en sus representantes y autoridades.

Las cifras generadas por la medición multidimensional de la pobreza 20062010,

también son indicativas de la prevalencia de la pobreza, de la carencia de

oportunidades sociales, del rezago en los derechos sociales y de la vulnerabilidad

de algunos grupos sociales, particularmente rurales e indígenas.

Desigualdades

En América Latina, el fenómeno de la globalización y la instauración del modelo

neoliberal como soporte político e ideológico ha traído como consecuencia un

devastador proceso de exclusión de grandes masas poblacionales como producto

de la creciente brecha de desigualdad y polarización de la riqueza, además del

deterioro de las identidades culturales, ya que se propicia un proceso de

homogenización de las culturas.

El acercamiento de América Latina a un marco de protección de los derechos

humanos y culturales corre parejo con el resto de la comunidad internacional, pero

ello no es un indicador de avances con respecto a la incorporación, adopción y

ratificación de los múltiples mecanismos e instrumentos adecuados a la protección

de los derechos humanos y en particular a favor de los pueblos indígenas y

afrolatinos.

Según el informe 178 de la organización internacional Oxfam la desigualdad

económica crece rápidamente en la mayoría de los países. La riqueza mundial


238

está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población,

y la otra mitad se reparte entre el 99% restante; la riqueza del 1% de la población

más rica del mundo asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor

que el total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial.

Tal problema es el resultado de la aplicación un modelo económico que ha

demostrado ser total mente ineficiente en materia social.

En las crisis económicas hay ganadores, y en este caso muchos perdedores que

representan una gran cantidad de la población mundial, con los datos expuestos

en el párrafo anterior se puede apreciar que una pequeña élite resultó beneficiada

de las crisis, ya que las leyes que rigen los mercados actúan a favor de ellos. “Los

beneficios empresariales, los salarios de directores, y las transacciones bursátiles

baten records cada día y no parece que vallan a reducirse”155.

El mismo informe revela que la desigualdad en los ingresos es la mayor amenaza

mundial, ya que las personas manifiestan que la desigualdad económica está

afectando la estabilidad social en el seno de los países y por lo tanto afecta a la

seguridad a nivel mundial. El resultado puede ser la erosión de la gobernabilidad,

la destrucción de la cohesión social y la desaparición de la igualdad de

oportunidades.

En cuanto a desocupación laboral, “la OIT (22/1/2013) advierte que hay un pico de

desocupación, 197 millones de personas están desempleadas y otros 37 millones

se han retirado del mercado de trabajo ante la imposibilidad de conseguir trabajo,

los jóvenes son los más afectados con una tasa de desocupación juvenil del

12.6%, que sobrepasa en algunos países europeos el 50%”156

Según cifras de la FAO hay mil 25 millones de personas en el mundo con hambre,

un gran contingente de ellos son niños. Una cantidad muy alta considerando que

sólo con 0.25 centavos de dólar diarios se puede dotar a los niños con una tasa de

los seis micronutrientes fundamentales.

155 “Gobernar para las Elites, secuestro democrático y desigualdad económica”. en: Informe 178 Oxfam, 20 de enero. 2014 156 Kliksberg, Bernardo, Ética para empresarios, ediciones ética y economía, 3ª edición, 2013 65 Conferencia magistral Braibant, Bernardo Kliksberg, Los nuevos roles del Estado en nuestro tiempo, serie Praxis 149, INAP


239

Para ponerle rostro y nombre a esta situación basta con citar una entrevista del

New York Times a una familia en el Congo, en donde el jefe de familia explica que

ese día comerán los dos hijos mayores, mañana no comerán ellos, sino que lo

harán los tres menores, protestarán unos y otros, y a la noche los que no comieron

estarán muy débiles.65 Todo ello derivado de la exclusión que genera la pobreza.

Debilitamiento del modelo económico mundial y su impacto ambiental

La crisis económica mundial representa la insustentabilidad del actual modelo

económico, el horizonte económico previsto por los analistas es el de un largo

periodo de estancamiento. El mundo no encuentra la salida y nosotros somos una

economía abierta dependiente de Estados Unidos, ya que nuestra economía está

fuertemente ligada a la evolución de la situación económica estadounidense, las

relaciones comerciales de importación y exportación son un ejemplo de ello.

Por otro lado, no hay que mirar muy lejos para ver el impacto de la caída de los

precios del petróleo (actualmente en su nivel más bajo en cinco años) para

México: simplemente se debe ver el balance comercial de Pemex. Se redujo a la

mitad en un mes, de mil 300 millones de dólares (mdd) en septiembre a 656 mdd

en octubre de 2014, y eso fue antes de que la combinación de una menor

producción de México y el precio mundial del petróleo más bajo realmente

comenzaran a doler.

Los Servicios para Inversionistas de Moody’s señalan que el impacto de menores

precios del petróleo en México en cuentas externas será moderado, ya que el

petróleo crudo representa menos del 15% del total de las exportaciones. Incluso si

el precio promedio de la canasta petrolera de México cayera a 60 dólares por barril

(pb) en el presente año, lo que ya está ocurriendo, ya que el precio del barril de

petróleo actualmente oscila entre 45 y 47 dólares (pb).

Suponiendo que el precio promedio del petróleo mexicano caerá cerca de 20

dólares durante 2015, el impacto potencial de los precios del petróleo más bajos

en las cuentas del gobierno representaría menos del 1% del PIB, una cantidad que

no es insignificante, pero todavía es manejable desde la perspectiva fiscal. Por

ahora, la línea del gobierno es que las finanzas del Estado para 2015 están


240

protegidas gracias al seguro anual de cobertura del petróleo, y los analistas

estiman que incluso si hay nuevas caídas en el precio de las exportaciones de

México todavía puede ser manejable.157

La caída del precio internacional del petróleo es atribuida a diversos factores como

la caída de la demanda de China y Europa. La débil demanda global de productos

derivados del petróleo no tiene mayor misterio ya que desde la irrupción de la

crisis económica en 2007-2008 la actividad económica mundial se ha estancado y,

paralelamente a ella, lo ha hecho el consumo de productos derivados del petróleo

(gasolinas líquidas, lubricantes, productos plásticos, fertilizantes y herbicidas,

fibras textiles artificiales, ceras, asfalto, azufre, etc). De hecho, algunas y algunos

economistas señalan que la caída de los precios del petróleo evidencia que la

economía mundial ha entrado en recesión durante 2015.

Del otro lado, la elevadísima renta petrolera abrió espacio para la producción

costosa de gas y petróleo no convencionales en Estados Unidos, desde los 4

millones de barriles diarios a los 9 millones, aproximándose a las cotas registradas

por Arabia Saudí y Rusia (10 y 9 millones de barriles diarios, respectivamente),

hasta una recuperación de la producción en Libia y en Irak. Ahora bien, en

términos globales este aumento de oferta no pudo compensar la caída

generalizada de producción convencional.

Los últimos informes trimestrales de la OPEP (2014) ponen de manifiesto que los

países miembros de esta organización están reduciendo la producción. Sin

embargo, países no pertenecientes a la OPEP como Estados Unidos y Rusia sí

aumentaron su producción de combustibles no convencionales, fundamentalmente

gracias a la técnica de fracturación hidráulica o fracking que por los enormes

proyectos de inversión y negocios boyantes y lucrativos tuvieron como

consecuencia la gestación de una burbuja en los precios del petróleo, teniendo

como consecuencia una caída brusca de los precios del petróleo hasta un nivel

más acorde a las circunstancias reales.158

157 Weber, Jude. Periódico Milenio. 22/12/2014 158 Garzón, Eduardo y Carlos Martínez. “Los problemas actuales del sistema bancario: Amenaza de una nueva crisis financiera internacional”. Revista Argumentos, número 9. 16/ene/2015. Fundación por la Europa de los/as Ciudadanos/as


241

Un factor esencial en el derrumbe de la renta petrolera es, obviamente, Arabia

Saudita, la cual se niega a restringir la oferta de combustibles para detener la

caída del precio, para no beneficiar a sus competidores, de momento, puede

sobrevivir varios años con los precios bajos ya que dispone de 750.000 millones

de dólares en reservas internacionales a diferencia de otros países productores de

petróleo.

Los más perjudicados con esta situación son las economías productoras de

petróleo (Brasil, Rusia, Venezuela y otros), que observan cómo vendiendo el

mismo volumen ingresan mucho menos dinero, en torno a los 50 dólares por

barril.159

Este giro modifica el curso de la crisis mundial porque da de lleno en la periferia,

en el mismo momento en que se ha hecho más aguda en Europa y Japón.

Europa no logra recuperarse de la crisis del 2009. Sus gobiernos se encuentran

entre la espada y la pared: pagar su deuda o proporcionar servicios básicos a la

población. La media de desempleo es superior al 12 por ciento y llega a casi el

doble en algunos países del sur. Los salarios reales han bajado para,

supuestamente, adquirir competitividad y exportar más; lo que habría de generar

más empleo e inversión. En 2012 su economía se redujo en un 0.4 por ciento y en

2013 creció a apenas un 0.1 por ciento. Sin duda, la crisis de los mercados

petroleros agudizará estas dificultades e incluso podría repercutir en la economía

de Estados Unidos, a pesar de sus expectativas de crecimiento al 4 por ciento del

PIB para el 2015.

Ocurre que la mayor parte de los gobiernos necesitan los impuestos a los

combustibles para hacer frente al pago de la deuda pública y al rescate de los

bancos, sin embargo, la caída del precio del petróleo replica la de todos los rubros

de minerales metalíferos y alimentos, así como la explosión de la burbuja del

fracking, técnica para extraer gas natural de yacimientos no convencionales.

La fracturación hidráulica tiene impactos terribles en el agua, el aire, la tierra, la

salud humana, el bienestar del ganado, la fauna silvestre y el clima. Pero en una

159 Altamira, Jorge. Giro en la crisis mundial: una “guerra del petróleo... opinion.infobae.com/jorge-altamira/2014/11/28/


242

situación de estrangulamiento continuo de la economía por falta de su verdadero

motor último, la energía, está llevando a medidas verdaderamente desesperadas,

el alcance de las cuales probablemente no ha sido evaluado con la serenidad que

se requiere.

No sería razonable apostar por la transición energética, o por la búsqueda de

mejores instrumentos de la economía ambiental, sin tomar en cuenta que la crisis

ambiental cuya principal respuesta está en el cambio climático, es también una

expresión de la crisis capitalista global y que por ello requiere redefiniciones

profundas y generales, en el ámbito de la política, tanto como en el de la

tecnología y de la economía. No entenderlo así llevará, en el mejor de los casos, a

buscar paliativos para un problema de dimensiones planetarias.

Tal complejidad plantea al propio tiempo dilemas en apariencia irresolubles, como

el de seguir optando entre el crecimiento económico a costa del ambiente y de la

distribución equitativa del ingreso, o la protección de los recursos naturales y del

medio ambiente para beneficio de las generaciones futuras.

Debilitamiento del modelo institucional

Las instituciones tienen un papel muy importante en la sociedad, ya que en ellas

se organizan las relaciones sociales, gubernamentales y económicas, por lo tanto,

el modelo institucional debe responder a las necesidades y valores para las cuales

fue creado, de ello depende su legitimidad y el cumplimiento de sus objetivos, de

lo contrario se estaría debilitando el modelo institucional.

En los años que corren de esta década, vemos que el modelo organizacional de

gestión pública que comenzó a instalarse hace ya casi 30 años y aún vigente, se

está resquebrajando. Las firmes creencias sobre el Estado mínimo, la

desregulación y la infalibilidad de “la mano invisible del mercado”, comienzan a

ponerse en duda. Se cuestiona lo incuestionable, y eso es lo que sucede cuando

los paradigmas entran en crisis.160

160 Felcman, Isidoro Luís. (2009) Nuevos Modelos de Gestión Pública. Centro de Investigaciones en Administración Pública. CIAP. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. Documento de Trabajo, Año 1 Nº 2.


243

Se pueden mencionar algunas reflexiones de quienes anticiparon la crisis. Tal es

el caso de Paul Krugman cuando dice: “Yo no estoy a favor de la intervención del

Estado siempre y en todo, pero sí he sido un crítico de la visión extrema del libre

mercadoZ Y sí, esta (crisis) es una reivindicación para aquellos que decimos:

"Esperen, el mercado no siempre tiene la razón".161

En el mismo sentido se puede incluir una cita de Joseph Stiglitz, cuando afirma:

“El mundo no ha sido piadoso con el neoliberalismo, ese revoltijo de ideas

basadas en la concepción fundamentalista de que los mercados se corrigen a sí

mismos, asignan los recursos eficientemente y sirven bien al interés público. Ese

fundamentalismo del mercado era subyacente al thatcherismo, a la reaganomía y

al llamado “consenso de Washington” en pro de la privatización y la liberalización y

de que los bancos centrales independientes se centrarían exclusivamente en el

control de la inflación. Durante un cuarto de siglo, ha habido una pugna entre los

países en desarrollo y está claro quiénes han sido los perdedores: los países que

aplicaron políticas neoliberales no sólo perdieron la apuesta del crecimiento, sino

que, además, cuando sí crecieron, los beneficios fueron a parar

desproporcionadamente a quienes se encuentran en la cumbre de la sociedad.”162

De ahí la pregunta: cuando hablamos de reforma del estado, ¿estamos frente a un

ya recurrente slogan empleado en cualquier proceso de cambio, o bien ante una

oportunidad de transformación del Estado y sus instituciones asociada a una

ruptura paradigmática?

Para Bernardo Kliksberg, “la discusión sobre el rol del Estado en lo social forma

parte de una polémica más vasta sobre el rol global del Estado. Un abordaje usual

del tema de cómo rediseñar el Estado para facilitar y promover el desarrollo social

pasa por trabajar directamente sobre sus estructuras organizacionales, eficientizar

su gestión, incorporar técnicas modernizantes. Se trata de aspectos de

imprescindible tratamiento, pero hay una necesidad previa. Es necesario discutir

ante todo qué rol se desea que cumpla el Estado en los países en desarrollo. La

discusión tecnocrática pura sobre la reforma del Estado para el desarrollo social

161 Krugman Paul, Reportaje en la BBC, octubre de 2008. 162 Stiglitz Joseph. Reportaje del diario El País, noviembre de 2009.


244

debería ser superada por un debate más amplio que arrancando de los replanteos

respecto a los modelos de desarrollo, extraiga conclusiones en cuanto a cuáles

serían los papeles del "Estado deseable", y a partir de allí se procure aportar

criterios de gestión pública para dotarlo de las capacidades para llevarlos a

cabo.”163

Se observa por lo tanto que el rol del Estado, la formulación de políticas públicas,

los modelos organizacionales de gestión pública y la participación social se

convierten en temas predominantes de la discusión, para garantizar el éxito

transformador con base a un nuevo paradigma y modelo organizacional de gestión

pública que sea congruente con la transformación y reclamos sociales con

perspectiva de largo plazo, dicho modelo organizacional consiste en una nueva

política social, la vinculación de la política económica con la política social y la

institucionalización de la acción colectiva.

163 Kliksberg, Bernardo. Repensando el Estado para el Desarrollo Social, más allá de dogmas y convencionalismos”. Artículo incluido en Biblioteca Digital de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo (www.iadb.org/etica)


245

Capítulo 5. Desarrollo social en el siglo XXI

Las transformaciones del Estado en el siglo XX, Las consecuencias de la

globalización y los desafíos ante el Desarrollo social en el siglo XXI

5.1 El Estado social de la postguerra

5.1.1 Antecedentes

Los inicios del Estado social pueden encontrarse en Alemania, en las leyes de

aseguramiento y las medidas sociales llevadas a cabo entre 1883 y 1891 por el

canciller Bismark, y la constitucionalización por primera vez de los derechos

sociales del individuo en 1919. Durante los siguientes treinta años, el sistema de

aseguramiento surgido en Alemania, fue un modelo que se generalizaría en toda

Europa.

Es por ello que comúnmente se ha señalado a la seguridad social como el núcleo

histórico del Estado social, que aunque no constituía ni mucho menos un sistema

universal, pues cubría tan solo a personas con cierta capacidad económica,

quienes debían pagar su cuota, mientras que los pobres y marginados quedaban

fuera de ese sistema de protección.164

Sin embargo, no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando

los partidos socialdemócratas, quienes defendieron con mayor o menor éxito la

gestación y consolidación de fórmulas propias del Estado de Bienestar o Estado

Social, alcanzarían su máximo predicamento fundamentalmente en la Europa

occidental, logrando ejercer el gobierno en sus respectivos países, tal como

sucedió con el Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Laborista Británico, el

Partido Socialista Francés, el Partido Socialdemócrata Sueco y el Partido

Socialista Obrero Español, quienes progresivamente asumieron una ruptura con el

“marxismo” como fundamento ideológico. Y a finales del siglo XX, era indiscutible

que la socialdemocracia, aún con graves problemas de identidad, configuraba una

de las grandes corrientes políticas que operaban en el mundo desarrollado.165

164 Véase, Gallego Méndez, Ma. Teresa, “Estado social y crisis del Estado”, en: Del Águila, Rafael (editor), Manual de Ciencia Política, Editorial Trotta, Madrid, 1997, p.111-113 165 Taibo, Carlos, “Rupturas y críticas al Estado liberal”, en: Del Águila, Rafael, óp. cit., p. 88-89


246

5.1.2 La intervención estatal en la economía de la crisis de 1929

La aportación de Keynes

Por otra parte, la crisis de 1929 mostró la inseguridad de las relaciones capitalistas

de producción y la inestabilidad del modo de producción capitalista con resultados

catastróficos, abriendo paso a un nuevo intervencionismo estatal en la economía,

que encontró justificación en las teorías de Keynes. De tal manera que a partir de

los años treinta, el Estado adquiriría un papel económico realmente distinto, en

Europa y Estados Unidos resultó inevitable el crecimiento incesante del gasto

público, de los impuestos, del control de la fuerza de trabajo y de los mercados.166

5.1.3 El florecimiento de las economías europeas

Consolidación y expansión del Estado social en la postguerra

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las democracias europeas debían afirmar

una fórmula político-jurídica, la cual, evolucionando desde sí misma pudiera

adaptarse a las nuevas necesidades del desarrollo técnico, social y económico,

impidiendo la caída en el totalitarismo fascista y las posibilidades de revolución y

sistema del tipo soviético. De un lado, era necesario salir de la situación

económica posbélica con medidas económicas, y por otra parte consolidar el

sistema democrático.167

En este sentido, las propuestas keynesianas que otorgaban relevancia al mercado

y simultáneamente a la actividad pública para alcanzar los objetivos de la política

económica fueron indiscutibles y resultaron eficaces en el periodo posbélico,

logrando el objetivo principal del crecimiento –durante las décadas de los 50´s y

60´s se pudo observar el florecimiento de las economías europeas occidentales,

que en 1950 alcanzaron su nivel de outputs anterior a la guerra, y en 1962 lo

habían duplicado- con tasas de inversión altas y poco desempleo. Además, se

demostró que la planificación y el control del Estado junto con las instituciones

capitalistas podían lograr el pleno empleo; el Estado podía reformar el capitalismo.

166 Gallego Méndez, óp. cit., p.113-115 167 Ibíd., p. 120


247

De este modo, dichas circunstancias llevaron a la progresiva implantación de los

Estados de Bienestar.

Sin embargo, el clima de “progreso” generalizado en las economías capitalistas

con sistema político democrático generó también cambios sustanciales en el

desarrollo y uso de la tecnología, en las prácticas sociales de todo tipo, en la

familia, en los modos de vida, así como en el medio ambiente, los cuales

constituyen los grandes conflictos del mundo actual.168

5.1.4 El Estado de Bienestar ó Estado social

Hemos mencionado los orígenes y la forma en que inició el Estado del Bienestar a

finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, hemos hablado de la

socialdemocracia como una de las ideologías que le dieron sustento, y del

contexto histórico-económico de inicios de la década de los treinta del siglo XX

que mostró la necesidad y justificó unos cambios de planteamientos y sus bases

científicas sobre el papel y la intervención del Estado en los asuntos económicos y

sociales, y finalmente los resultados producidos por estos cambios en el periodo

de postguerra que llevaron a la consolidación y expansión de este tipo de Estado.

Lo que resta de este apartado, hacemos una caracterización y conceptualización

del Estado de bienestar o Estado social.

El Estado de bienestar o Estado social, es un sistema que se propone fortalecer

servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de

vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad. Provee la

integración de las clases sociales menos favorecidas, evitando la exclusión y la

marginación, de compensación de las desigualdades; y se funda en los principios

de legalidad, solidaridad y justicia social, pero no se limita sólo a éstos, sino

incorpora principios del Estado liberal como el reconocimiento y protección de la

libertad y los derechos civiles y políticos.

Aunque desde el punto de vista del análisis marxista, lo que caracteriza al Estado

de Bienestar es la utilización del poder estatal para modificar la reproducción de la

168 Ibíd., p. 119


248

fuerza de trabajo y para mantener a la población no trabajadora en las sociedades

capitalistas.

Este tipo de Estados deben desarrollar una actividad política de prestaciones

sociales, y debe garantizar el vigor de la igualdad de oportunidades y propiciar una

reducción de las diferencias sociales valiéndose para ello de mecanismos

redistributivos desarrollados ante todo por la vía de los impuestos. Política

económica y política social debían unirse para garantizar la subsistencia y que la

población pudiera adquirir bienes de consumo también de forma adecuada.

Prestaciones estatales y distribución de riqueza eran los mecanismos

fundamentales.

En este sentido, en el ámbito económico implica la postulación de una “economía

mixta” en la cual se hagan sentir por igual los efectos del intervencionismo estatal

y los de una economía de mercado, ya que ésta última exhibe numerosas

imperfecciones que deben ser corregidas por la acción estatal,169 tal como Keynes

lo señalaba.

Las propuestas keynesianas sobre las cuales se asentó este tipo de Estado

suponían el objetivo del pleno empleo, la estabilidad de los precios y el equilibrio

de la balanza de pagos por parte del Estado, así como el control de la demanda

mediante diferentes instrumentos: política fiscal, política monetaria y gasto público.

En todo caso, los objetivos del Estado social se refieren al incremento del

consumo y del bienestar social para lo cual la función redistribuidora del Estado y

el objetivo del pleno empleo tienen como finalidad justamente este aumento del

consumo, para todo ello es imprescindible la intervención, la planificación y la

coordinación.

En su dimensión jurídica, el Estado social actúa en cumplimiento de una

legislación que le obliga a responder ante las insuficiencias de la sociedad liberal y

capitalista. E implicó una transformación del Estado de Derecho de carácter liberal

para denominarse como Estado social y democrático de derecho para

169 Taibo, Carlos, óp. cit., p. 88- 89


249

salvaguardar la democracia política corrigiendo el individualismo clásico con

contenidos sociales.

Las constituciones intentaron fusionar Estado de derecho y Estado social, aún

cuando ambos difieren debido a su naturaleza, formas y contenidos, lo cual

supone dificultades filosóficas y jurídicas para articular ambos y que alcancen a la

garantía constitucional de los derechos económicos-sociales.

Los derechos económicos y sociales son los que califican a este Estado –pero son

distintos a los tradicionales derechos civiles y políticos-, es el Estado justamente

quien ha de garantizarlos y están orientados al logro de la igualdad. Sin embargo,

este tipo de derechos han encontrado algunos problemas, por ejemplo, en su

alcance jurídico, ya que se puede recurrir a los tribunales si se considera

lesionado el derecho a la libertad de expresión, sin embargo, no se puede actuar

de igual manera si una persona carece de trabajo o de una vivienda digna, es

decir no son exigibles constitucionalmente.

De igual forma, la igualdad ante la cual giran los giran los derechos sociales

presenta algunas dificultades que van de lo conceptual a lo jurídico. En primer

término, es difícil acordar un sentido preciso acerca de su significado, de ahí que

generalmente se hace una traslación y se habla de “igualdad de oportunidades”.

Por otra parte, no se puede concretar una idea de igualdad que pueda ser

comúnmente aceptado por toda la sociedad ya que ésta es heterogénea, dividida

en clases, sexos, culturas, etc, cuyas concepciones en torno a la igualdad pueden

ser contradictorias e incluso excluyentes, ó bien la misma noción de igualdad es

indeseable para algunos sectores.

En el plano jurídico, parece claro lo que significa igualdad ante la ley pero no lo

parecen la igualdad material o mayor grado de igualdad: ¿en qué grado y

mediante qué órganos deben los poderes públicos cumplir tal cosa? ¿Cómo

interpretar la igualdad en sentido económico-social y cómo exigirlo como derecho

positivo ante los tribunales incluso? Así, la igualdad en el plano de la legalidad si

no cuenta con desarrollos concretos se trata sólo de una conquista nominal.


250

No obstante, y a pesar de éstas dificultades, en los hechos se presentaron

algunos elementos que permitieron el funcionamiento del modelo de bienestar,

tales como: 1) base constitucional adecuada, 2) pacto político para sustentar el

modelo, 3) Estado regulador e intervencionista con fines de crecimiento

económico y redistribución de rentas además del pleno empleo como objetivo

central. Se dieron también las pautas de actuación necesarias: 1) selección y

jerarquización de objetivos, 2) definición por parte del Estado de sus políticas

siempre con la búsqueda del consenso necesario entre los sectores implicados, 3)

racionalización política, administrativa y económico social con gran importancia de

la información, 4) planificación generalizada. Todo ello como expresión del

consenso incuestionable sobre la democracia.

No obstante la heterogeneidad social y la existencia de intereses no coincidentes

que se expresan en los fines y valores atribuidos al Estado, la experiencia real del

Estado de Bienestar lo convierte en un modelo que no es posible negar, y pese a

sus insuficiencias es hasta hoy el único modelo capaz de llevar a cabo en mayor

medida, la finalidad básica del Estado: “el bien común” y es también el único

instrumento que en medio de las contradicciones sociales puede atajar la

desigualdad como fuente de conflictos manteniendo la libertad, pero ante la

carencia de una definición común, distintos enfoques teóricos enfatizan distintas

finalidades.170

5.2 Las transformaciones del Estado en la segunda mitad del Siglo XX

5.2.1 El Estado de Bienestar y su multidimensional crisis

Crisis estructural del sistema capitalista

A la época de bonanza que acompañó el periodo de postguerra le siguió la época

de estanflación: fin del crecimiento económico espectacular, fin del pleno empleo y

crisis fiscal, características sobre las que se asentó la pérdida de confianza en el

modelo del bienestar y las críticas de diversa naturaleza al mismo. Pero sobre

todo, el pacto que le dio origen y generó resultados positivos sobre la base del

excedente económico en razón del crecimiento se rompió.

170 Véase, Gallego Méndez, óp. cit., p. 120-124


251

De ahí que en las últimas décadas del siglo XX se haya hablado incesantemente

de la “crisis del Estado de Bienestar”, que puso en tela de juicio todo el aparato

asistencial público, y cuestionó la orientación moral que subyacía bajo el poder

gubernamental.

No obstante, es necesario tener en cuenta la referencia a la crisis del Estado

social como una situación general, con múltiples dimensiones, incluido el hecho de

que el propio Estado como concepción también está en crisis. Los analistas

generalmente no consideran el Estado como macroinstitución, sino aspectos del

mismo que necesariamente son parciales. No es de extrañar por tanto que la

arena política se sitúe en el ámbito del bienestar y se pierda la perspectiva del

conjunto de Estado.171

Lo cierto es que la expresión respondía a una situación distinta a la de los años

setentas y ochentas: el aparato asistencial había alcanzado en muchos lugares

niveles de presión fiscal percibidos como intolerables por sectores estratégicos de

la ciudadanía, mientras que en otros, sufría de anquilosamiento, ineficacia e

incompetencia; todo ello obligó a discutir sus efectos perversos a costa algunas

veces de hacer caso omiso de sus efectos virtuosos. La situación forzó a

replantear la problemática que rodeaba al Estado de Bienestar, no solo teórico

sino eminentemente práctico que agitó considerablemente el panorama de las

políticas públicas, los fiscos y los programas de partidos políticos y gobierno.172

En primer lugar se señaló lo relacionado al gasto público, que a partir de las

propuestas de Keynes había adquirido una nueva consideración, adjudicándoseles

el constante crecimiento de este. No obstante, una vez que se observaron los

datos de su evolución histórica se constató la existencia de oscilaciones

sustanciales. Por ejemplo, desde mitad de los años 70 el crecimiento fue menor, y

las actividades que realizan las administraciones públicas se mantuvieron estables

en la OCDE entre 1960 y 1978, pasando solamente del 15.2% al 16.7% del PIB.

Es cierto que la consolidación del marco institucional del Estado de bienestar

supuso un aumento del volumen del gasto público, y que en países más 171 Ibíd., p. 127. 172 Salvador Giner y Sebastián Sarasa (Edits.) Buen Gobierno y política social, Barcelona, Ariel, 1997, p. II


252

desarrollados y más democráticos el gasto público es mayor, ya que existe una

relación entre proceso económico y procesos políticos, culturales e ideológicos,

donde los procesos de decisión política juegan un papel fundamental. No

obstante, los gastos que más habían crecido eran los considerados básicos

(sanidad, educación y vivienda), ya que otros gastos como los relativos a la

calidad de vida son más discutibles según algunos sectores.

Sin embargo, se señala que los problemas se hicieron más evidentes por los

efectos de la crisis económica, por la crisis fiscal y por el crecimiento del déficit

público. El gasto público que en términos generales creció hasta 1973, estuvo

relacionado con los ingresos públicos, pero a partir de mediados de los 70

apareció el déficit, y la necesidad sustituyó a la capacidad de financiación de los

Estados.

Por otra parte, sobre la crisis fiscal se señala que es expresión de la dimensión del

déficit público, y tiene su origen en el crecimiento de los precios del petróleo a

inicios de los 70: se produjo crisis económica, inflación, crecimiento del

desempleo, etc, en un periodo en el que ya existían altas tasas fiscales.

Problemas todos ellos que deben analizarse en relación a nuevos procesos: de

globalización del capital financiero, de deslocalización industrial, de

reestructuración de las regiones económicas del mundo, con los diferenciales de

crecimiento y protección social entre países, con los cambios drásticos en la

demografía, con la incapacidad de crear nuevos empleos y los cambios rápidos en

el mercado laboral relacionados con las nuevas tecnologías, con las reducciones

salariales, migraciones de fuerza de trabajo etc., y que sin duda crearon

problemas totalmente inesperados. Por tanto debe considerarse que el

crecimiento del gasto público total y del gasto social no es separable tampoco del

crecimiento de las demandas sociales que son resultado directo o indirecto de

estos procesos.

Sobre la crisis fiscal se han dado diversas interpretaciones. En una de ellas se

señala que el Estado capitalista debe satisfacer dos funciones básicas:

acumulación y legitimación. Para lo cual el gasto del Estado tiene un doble


253

carácter: por un lado, crear y mantener el capital social que facilite la acumulación

y por otro la “armonía social” para su función de legitimación. Tal como, sucedió

en el Estado de Bienestar, en el que la legitimidad de sus autoridades no dependió

tan solo de las urnas, sino de rendir ciertos servicios públicos, así como de servir

de uno u otro modo a los intereses de la ciudadanía en general y, en especial, la

de aquellos sectores de la población más necesitados de asistencia. Bajo estas

premisas, el crecimiento de la acción del Estado es causa y efecto de la expansión

del capital monopolista. De manera que el problema fundamental radicaría en el

sistema capitalista173.

Así se llegó a la conclusión sobre los nuevos condicionantes para lograr la

gobernabilidad de las sociedades avanzadas, sobre todo las europeas: a) un

crecimiento económico de los países centrales mucho menor que el que permitió

la extensión de las políticas sociales de las últimas décadas del siglo XX; b) una

reestructuración económica mundial que reducía el margen de actuación del Esta

donación tradicional, y c) un debilitamiento del apoyo político que había gozado

hasta finales del siglo XX el modelo del Estado de Bienestar.

El hecho es que los factores que habían empujado a las sociedades avanzadas

hacia el espacio del Estado-nación estaban cambiando, y cuyo marco de

referencia se hacía cada vez más angosto limitando las posibilidades de maniobra.

Por tanto, en la década de los ochenta se pasó de los planteamientos teóricos a la

etapa de las experiencias prácticas. El acceso al poder en dos países tan

significativos como los Estados Unidos y Gran Bretaña de gobiernos

neoconservadores abría la posibilidad de poner en práctica las recetas del

desmantelamiento del capitalismo del bienestar y de retorno a un capitalismo

centrado en el mercado; en tanto que se producía un evidente retroceso de las

opciones políticas socialdemócratas en toda Europa.

La nueva situación pareció anunciar un proceso de cambios y transformaciones

que sólo se han cumplido en parte –algunos autores han decidido calificar al

proceso como semi-globalización-. En casi todos los países occidentales se

173 Véase Gallego Méndez, óp. cit. p. 128-133.


254

llevaron a cabo durante esos años considerables recortes –cuantitativos y

cualitativos- en las políticas sociales, justificados a veces por razones de mero

equilibrio presupuestario y otras por argumentos más ideológicos, como la

necesidad de recuperar incentivos para el trabajo. Probablemente uno de los

hechos más importantes ha sido el abandono casi generalizado de uno de los

principios básicos del Estado del Bienestar, como era el de la intervención estatal

para mantener el pleno empleo.174

Finalmente, todo el mundo parece aceptar la crisis del modelo. Analizar la

situación obliga a tener en cuenta su gran complejidad y a considerar multitud de

factores interrelacionados.175

5.2.2 Neoliberalismo y globalización

Crisis del Estado-nación y su impacto en las sociedades.

En los últimos años del siglo XX, con el auge del neoliberalismo el Estado fue

colocado en lo más bajo de sus capacidades y experimentó un gran debilitamiento

sobre todo en los países en desarrollo. La libre movilidad de capitales llevó a que

los capitales financieros se independizaran de las estructuras productivas y de las

regulaciones nacionales para circular en una globalización. Los Estados fueron

supeditados a los mercados financieros privados, el gobierno de la economía pasó

entonces a manos de empresas multinacionales privadas, y quedó determinada en

función de los intereses y las estrategias de los poderes mundiales privados.

De igual forma la relación entre el Estado y la sociedad cambió, ya que el Estado

se fue alejando de las necesidades de los individuos. La concepción de que era

función del Estado velar por los desfavorecidos se abandonó, y se encomendó a

los individuos valerse por sí mismos. Hubo un alejamiento de la justicia y la

equidad. Se infringieron importantes derrotas al mundo del trabajo y se

arrebataron viejas conquistas sociales, dando por resultado una disminución de

los derechos sociales. Los organismos financieros internacionales han tenido que

174 Jorge Benedicto y Fernando Reinares (Eds), “Las transformaciones de lo político desde una perspectiva europea”, en Las transformaciones de lo político, Madrid, Alianza Universidad, 1992, p. 20 175 Gallego Méndez, óp. cit., p. 134.


255

reconocer que sus medidas agravaron la distribución de la riqueza y que las

reformas aplicadas empeoraron los salarios y el empleo y agravaron la pobreza.176

En los últimos treinta años hemos sido testigos y sujetos de diversos procesos en

el orden histórico, en la investigación teórica y en lo que se refiere a la acción

social que apuntan cada vez más a lo que parece configurarse como un nuevo

orden simbólico.

Este orden simbólico implica un cambio de referentes en diferentes sentidos, en

particular, en lo concerniente a las legitimaciones del poder así como a

normatividades jurídicas emergentes. Los cambios vienen motivados, en gran

medida, como apunta Fernando Quesada, por la crisis de ciertas “ideas madre”

que auguraron un progreso indefinido con carácter redistributivo, por los avances

científicos que abrieron posibilidades para atender demandas humanas, pero que

alertaron ante caminos imposibles de seguir especialmente los referidos a la

degradación ecológica y, por tanto, a la búsqueda de un desarrollo sustentable.177

Sin embargo, la llamada “globalización” no se limita a lo que sería un diagnóstico

unidimensional: nueva economía más nuevos instrumentos tecnológicos. Este

reduccionismo interpretativo podría llevarnos a lo que muchos quisieran: no

reconocer la dimensión de los movimientos sociales diversos que se entrelazan

emancipatoriamente como reacción a la globalización dominante, aunque nuestra

negativa a considerar la globalización como un proceso objetivo de carácter

únicamente económico no implica que asumamos que este fenómeno responda

exclusivamente a un planteamiento ideológico.178

Hobsbawn nos dice que el proceso de globalización, acelerado por la revolución

en el transporte y las comunicaciones, en el que sus efectos mayores

176 Véase Aziz, A., y Alonso, J., “Introducción: perfiles y desafíos del Estado”, en: Aziz Nassif, A., Alonso Sánchez, J. (Coords), Globalización, poderes y seguridad nacional, CIESAS-Cámara de Diputados- Miguel Ángel Porrúa, México, 2005, p. 17,18, 20 177 Ver, Fernando Quesada, “Procesos de Globalización: hacia un nuevo imaginario político”, en Siglo XXI: ¿un nuevo paradigma de la política?, Barcelona, Anthropos, 2004, p. 11 178 Se ha podido constatar que, entre 1970 y 1997, las adquisiciones de acciones extranjeras por parte de inversores de los países industrializados se multiplicaron por 197. Esta cifra da la idea del proceso que se abrió en el rearme del sistema económico tras la crisis del 73 y que está llevando a una interpenetración de los mercados financieros del planeta bajo el control de grupos económicos privados. Por otro lado, mientras los intercambios de mercancías a mediados de los noventa, representaban tan sólo el 3% del total de las transacciones en los mercados internacionales, los mercados financieros, que ya se habían multiplicado por 10 en los años ochenta, habían alcanzado, a mediados de los noventa, el valor equivalente al PIB de los siete países. A ello habría que añadir el hecho de que, ya en 1995, se dejó constancia de que el 30 % del total de la inversión directa en el ámbito mundial se concentraba en 100 grupos. Óp. Cit., p. 12


256

corresponden directa o indirectamente al ámbito económico y, aunque se presenta

en todos los campos, no así en los del poder político y la cultura, en la medida que

dependen del idioma.179

5.2.2.1 Impactos en la seguridad social y derechos sociales

Uno de los aspectos más serios de ese debilitamiento es el que ha privado a los

gobiernos –sobre todo a los de las economías desarrolladas del Norte y

Occidente- de sus ambiciosos y generosos planes sobre seguridad social, -que

desde los tiempos de Bismarck habían sido reconocidos como el mejor

instrumento para la estabilidad social y política-, esto es el Estado benefactor.

5.2.2.2 Crisis del Estado-nación

Por otro lado, los impactos que la globalización ha causado en el Estado-nación

han llevado señalar que éste se encuentra en crisis, o más aún, se dice que éste

es un Estado anómico. La globalización ha implicado el fin de la concepción

organizada en parámetros de territorios estatales, en contra de la naturaleza del

Estado como entidad antiglobal que genera funciones legales, penales y

administrativas en un territorio definido por fronteras.180

5.2.2.3 Nuevos modelos de organización territorial

La crisis del Estado-nación se ha expresado tanto en su versión unitaria como

federal.

Las razones son múltiples y se traducen en la superación del concepto de

soberanía estatal tradicional. Por un lado, tienen que ver justamente con la

internacionalización de la política y de la economía, que incrementa la

interdependencia entre Estados, y genera la multiplicación de los marcos de

cooperación y la creación de organismos internacionales y asociaciones de

Estados. Por otro, la crítica proviene de comunidades o unidades territoriales con

identidad propia que cuestionan la mitificada homogeneidad nacional de los

Estados-nación, para quienes los proyectos nacionalistas de construcción de

179 Cfr. Eric Hobsbawn. Después del siglo XX: Un mundo en transición, http://www.letraslibres.com/index.php?art=13082, 12/04/10, 13.00 hrs. p. 1-2. 180 Véase Aziz, A. y Alonso, J., óp. cit., p. 17


257

comunidades homogéneas han fracasado, y en la práctica han supuesto la

imposición de los valores de un grupo sobre los demás.181

5.2.2.4 Impacto en el Derecho y Derechos humanos

La globalización no ha dejado de causar cambios en el ámbito de lo jurídico-

político desde el momento de su nacimiento. El principal de ellos ha sido desde

luego, la fragmentación de la unidad del sistema, basado en el Estado-nación

provocada tanto por la apertura de los mercados de capitales, como por la

multiplicación de los procesos de empobrecimiento, por la resurrección de los

localismos tanto como por el incremento de los movimientos migratorios, la

liberalización de los mercados de bienes y servicios, o la aparición de nuevos

organismos de carácter supranacional.

Esta ruptura ha traído consigo una pluralidad de sistemas normativos que aspiran

a convertirse en auténtico Derecho, esto es a sustituir a las normas emanadas de

la autoridad del Estado-nación como formas de regulación de la conducta humana,

tales como las legislaciones consuetudinarias de las poblaciones indígenas de

Latinoamérica o África, o las reglas seguidas por los inmigrantes que viven sin

integrarse en los modernos Estados occidentales; a las que se añaden las normas

emanadas de organizaciones internacionales a los que los Estados ceden parte de

su soberanía como la Unión Europea o la NAFTA, pero también de otras que no

siguen ese esquema clásico, como el FMI o la Organización Mundial del

Comercio, y desde luego, la lex mercatoria, esto es el código de normas que las

grandes empresas transnacionales van elaborando progresivamente,

perfeccionado por la jurisprudencia que crean los organismos arbitrales a los que

acuden para resolver sus diferencias.182

5.2.2.5 Desigualdades

entre los beneficios de la globalización y el mito del desarrollo

En cierto sentido la multiplicación de Estados nacionales ocurrida durante el siglo

XX, ha favorecido la globalización económica pues muchas de las pequeñas y 181 Véase García Guitián, Elena, “Estructura territorial del Estado”, en: Del Águila, Rafael (editor), óp. cit., p. 165, 170-175 182 Véase De Miguel Beriain, Iñigo, El poder en la era de la globalización. Análisis de una metamorfosis, Editorial Comares, Granada España, 2008, p. 1-6


258

enanas unidades políticas dependen totalmente de la economía global porque

poseen recursos indispensables como es el petróleo, destinos turísticos, territorios

base para la evasión fiscal, empresas trasnacionales. Así pues, algunos países se

han beneficiado desproporcionadamente con la globalización.183

5.3 Vigencia y necesidad del Estado

Desde la terminación de las economías de planeación centralizada, todos los

países han estado en mayor o menor grado a merced del mercado. Esto no

implica que haya perdido todo peso específico en la economía, ya que todos los

gobiernos centrales y locales, por la naturaleza de sus actividades son los

principales empleadores de la fuerza laboral. Es más, así han retenido su mayor

valor histórico: el monopolio de la ley y el poder político, lo cual significa que si

bien ya no funcionan como los actores económicos en el teatro mundial, ni

siquiera como dramaturgos, sí lo hacen como escenógrafos. Pues los grandes

actores de hoy, las grandes corporaciones trasnacionales, se ven en la necesidad

de acudir a ellos pues también son los propietarios de los teatros nacionales que

requieren para sus operaciones. El hecho es que la globalización neoliberal ha

debilitado seriamente a los Estados nacionales como los conductores del poder y

artífices de la política184.

Las Naciones Unidas y otros organismos económicos en el mundo, prevalecen por

la conveniencia y el permiso que los propios países les otorgan. Los Estados

nacionales son las únicas autoridades en el mundo y sobre el mundo para ejercer

el poder de la ley y el monopolio de la violencia.

Ante las afirmaciones de que la globalización conlleva la extinción de los Estados

se ha señalado que eso no puede ser tan drástico porque los individuos siguen

perteneciendo a algún Estado concreto. En las interrelaciones de política exterior

las unidades siguen siendo los Estados. No hay otra entidad con capacidad para

integrar las contradicciones de una población que habita en un territorio. Al Estado

competen las decisiones políticas de carácter estratégico que movilicen las

183 Véase, Oswaldo de Rivero. El mito del desarrollo. Los estados inviables en el siglo XXI, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 11-15 184 Eric Hobsbawm, op cit., p. 5


259

potencialidades de la sociedad. Los Estados no han desparecido o perdido

relevancia sino poder, y tratan con dificultad de adaptarse a las nuevas

condiciones económicas, tecnológicas, sociales y culturales.185

5.4 Retos del Estado para la gobernabilidad y el desarrollo sustentable

Para algunos estudiosos los conflictos más peligrosos se sitúan en el escenario

internacional y trasnacional por lo que se pone en evidencia la necesidad de que

exista un poder a escala planetaria, lo cual no sólo vemos remoto, sino

ciertamente utópico.

Lo primordial es fortalecer las capacidades del Estado nacional mediante dos

estrategias paralelas: impulsar un proyecto nacional que se centre en la resolución

de necesidades locales y buscar su viabilidad económica, social y medioambiental

interactuando, dependiendo en la región geopolítica en la que se encuentre, con el

mundo desarrollado.

En este proceso el impulso del DS se convierte en un inmenso y noble desafío.

Solamente apuntamos algunos de sus retos:

5.4.1 La reforma del Estado: un Estado social y democrático

La modernización del Estado resulta ineludible y fundamental para la construcción

de un proceso de desarrollo sustentable, pues ésta implica la posibilidad de que

desempeñe las funciones que le corresponden, que sea capaz de conducir y

perfeccionar el sistema político y asegurar congruencia en el funcionamiento de

este sistema ante una economía globalizada.

En Latinoamérica urge una reforma del Estado, la cual debe comenzar

planteándose qué tipo de Estado se quiere para qué tipo de nación. Los sectores

populares latinoamericanos necesitan Estados fuertes, eficaces, efectivos y

creíbles, que sean capaces de revertir el deterioro de los derechos sociales,

superar injusticias y desigualdades y además suministrar a sus poblaciones

protección contra la violencia privada, las bandas terroristas y las mafias, por ello,

185 Aziz, A. y Alonso, J., Óp. cit., p. 21


260

una gobernabilidad democrática implicaría una sólida protección de los derechos

humanos y una reinvención de la política.

En este sentido, la reforma del Estado que se necesita debe generar una

interacción entre Estado y sociedad en cuanto a una profunda democratización en

los dos sentidos. Por un lado, hay que generar un Estado democrático respetuoso

de todos los derechos, pues las democracias latinoamericanas se encuentran

incompletas tanto del lado de la ciudadanía civil, como de la ciudadanía social. De

igual forma, debe atender la promoción de una nueva estatalidad y la expresión de

la autonomía del Estado en el contexto de la globalización.

En suma, el reto se centra en expandir la ciudadanía como condición fundamental

para la gobernabilidad de los países. El desafío implica la construcción de un

verdadero Estado democrático; un Estado que sea portador creíble de significado

político para la ciudadanía en general. Ya que cuando se consigue un Estado

democrático de fondo hay una capacidad virtuosa de expandir la ciudadanía. Esa

expansión salvaguarda el carácter democrático del Estado.

Además, la reforma del Estado tendría que implicar entre otras cosas, un

fortalecimiento fiscal del Estado, terminar con el veto contributivo de las clases

dominantes y evitar la evasión. También debe considerar la jerarquización de la

administración pública y una reforma administrativa, la lucha contra la corrupción,

la redefinición de una nueva estrategia de intervención del Estado en la vida

económica y social y el mejoramiento de los mecanismos de funcionamiento

estatal, transparencia y control ciudadano. 186

5.4.2 La función del Estado en la provisión de bienes públicos

Para la teoría de los bienes colectivos –basada en la suposición de la elección

racional-, el objetivo más fundamental de la política es hacer factible la provisión

de bienes públicos187 para la mejora y el bienestar de los miembros de la

comunidad, cuya provisión dependen en parte de las características de diferentes 186 Véase Aziz, A. y Alonso, J. óp. cit., p. 20, 21-22, 24- 26 187 Un bien público se trata de algo que los miembros de la comunidad quieren pero no pueden conseguir sólo por sus propios medios individuales, como por ejemplo, la seguridad, la justicia, las carreteras, las escuelas, el medio ambiente limpio. Mediante el concepto de bien colectivo o público, podemos trazar una línea divisoria racional entre el ámbito de la actividad política y el de los asuntos privados. Los bienes públicos son indivisibles. Las definiciones habituales de los bienes públicos hacen hincapié en que son ofrecidos de manera conjunta a todos los individuos interesados en usarlos.


261

tipos de bienes,188 así como de un esfuerzo coordinado, ya sea por medios

voluntarios o coercitivos.189

Un bien público es un fracaso del mercado, es decir, algo que el mercado no llega

a proveer en la cantidad deseada.190 Así como también ha quedado claro que el

mercado ha fallado en reflejar en los precios los costos totales de producir bienes

y servicios, pues los costos sociales y medioambientales no están incorporados.

Sin embargo, no todos los bienes públicos potenciales ni todos los modos de

proveerlos son deseables o factibles. El ámbito de la actividad pública que puede

ser satisfactorio y socialmente aceptado depende del número de beneficiarios

potenciales de cada bien público potencial, de la intensidad de la preferencia de la

gente por el bien, de la tecnología disponible y de los costos de la coordinación

colectiva, la toma de decisiones y el aparato burocrático para proveer el bien. Así,

toda función de gobierno que no posea las características antes definidas de bien

público, según Paul A. Samuelson, “debería ser examinada con cuidado para ver

si es una función de gobierno realmente legítima.191

En el proceso de institucionalización del desarrollo sustentable un buen gobierno y

una Administración Pública sólida, son elementos esenciales para evitar la

primacía de lo económico sobre los social y ambiental. Aquí se encuentra la

intervención del Estado, en particular para proveer bienes y servicios, obtener sus

precios correctos, y a la manera de coordinar acciones esenciales a través de un

necesario marco normativo. La asignación socialmente eficiente de estos recursos

no sólo hace que las instituciones cumplan sus tareas con la mayor utilidad, sino

las hace exitosas, por eso se debe medir la capacidad institucional que punta a la

relación entre la gobernabilidad y el desarrollo sustentable.192

5.4.3 Estrategia para coordinar la política de Desarrollo Sustentable

188 En red, puros, con rivalidad, de club y los más difíciles bienes con rivalidad o congestivos que no son excluibles, como la atmósfera, ciertas especies de animales de valor comercial, las aguas no contaminadas, los pozos, los pastos y los bosques, etc. 189 Véase, Josep M. Colomer, Ciencia de la Política, Barcelona, Ariel, 2009, p. 3 190 Otro tipo de fracaso de mercado, que los economistas suelen llamar “externalidad” no es más que el efecto externo de cierta acción de unas personas sobre la satisfacción o utilidad de otras. 191 Ibíd. 192 Véase, Juan Carlos Belausteguigoitia, “Sustentabilidad ambiental del desarrollo”, en Héctor Zamitiz Gamboa (Coord.) Gobernabilidad y desarrollo sustentable, México, INAP, 2009, pp. 41-50


262

Hemos visto en los primeros capítulos de esta investigación la Estrategia de

Desarrollo Sustentable que el gobierno británico implementa actualmente, por ello

queremos destacar algunos de sus principales elementos que nos parecen

fundamentales para la construcción de un desarrollo sustentable.

En primer lugar, señalamos la necesidad de desarrollar la Estrategia ó plan de

acción de manera conjunta (gobierno central y gobiernos locales), para darle

mayor legitimidad y aumentar las posibilidades de ser instrumentada cabalmente.

En materia de política públicas deberán desarrollarse políticas y estrategias de alta

calidad basadas en la evidencia, para lo cual deberá promoverse un acercamiento

interdepartamental a los problemas, que requiere que los diseñadores de políticas

públicas consideren impactos y oportunidades fuera de sus propias áreas de

trabajo, y que contribuyan a metas de gobierno más amplias. Además de que es

necesario que estos diseñadores cuenten un enfoque de largo plazo.

Para elaborar y evaluar la sustentabilidad de las políticas públicas se pueden

utilizar cinco criterios fundamentales, a los que debe darse el mismo nivel de

importancia: 1) vivir dentro de los límites ambientales, 2) asegurar una sociedad

fuerte, sana y justa, 3) lograr una economía sustentable, 4) promover buena

gobernabilidad, 5) utilizar la ciencia sólida de una forma responsable.

Se deben establecer áreas de acción de prioritarias, los británicos contemplaron 4:

consumo y producción sustentable, cambio climático y energía, protección de los

recursos naturales y protección del medio ambiente, y creación de comunidades

sustentables. Así como 3 elementos transversales para lograr estas acciones:

involucramiento de las personas, el liderazgo del gobierno, y la seriedad a fin de

lograr resultados. Para medir los avances debe contemplarse el diseño de una

serie de indicadores de sustentabilidad, que en el caso británico fueron 68.

De igual manera, se contempla la creación de una instancia o estructura

especializada para poner al DS en el centro del gobierno, esta es la Comisión de

Desarrollo Sustentable, cuya función concreta es la de actuar como un órgano de

vigilancia del desempeño del gobierno en lo relativo al DS y su inserción en las

políticas públicas. La Comisión asesora a los gobiernos (central y locales) en


263

materia de DS, evalúa los avances de los diferentes ministerios (o secretarías) y

pública estas evaluaciones; elabora reportes públicos sobre diferentes temas

ambientales, sociales o económicos polémicos, convoca a debates públicos sobre

éstos temas y responde abiertamente a las iniciativas de políticas públicas

presentadas por el gobierno, apoyándose en opiniones de expertos en cada una

de sus áreas de trabajo. El financiamiento de la Comisión debe provenir de

diversas fuentes: departamentos centrales, gobiernos locales, asambleas locales,

ONG`s, etc. La Comisión deberá estar formada por un Consejo de comisionados

provenientes de diversos ámbitos: académico, científico, empresarial, ONG`s, etc.

Para hacer del gobierno un “líder en el ejemplo”, la Estrategia debe fijar objetivos

fundamentales en el mediano y largo plazo para eficientar las operaciones en las

instalaciones de todas las oficinas de gobierno, tales como pueden ser: la

reducción del porcentaje de emisiones de CO2 y carbono; incrementar el

porcentaje de reciclado de los desechos generados; reducción del porcentaje de

consumo de agua. Además de que se debe requerir a todos los departamentos de

gobierno que desarrollen y publiquen sus propios planes de acción de DS, y que

éstos sean evaluados por la CDS.

De igual forma es necesario realizar una reconfiguración de sectores y ministerios

en el cual podría contemplarse por ejemplo, un Departamento de Cambio

Climático y Energía y la creación de una legislación nacional sobre cambio

climático con una meta fijada.

Llevar a cabo acciones encaminadas a incentivar los patrones de conducta de la

sociedad en lo relativo al medio ambiente, analizándolos como segmentos de

mercado de acuerdo a sus patrones de consumo.

Cada uno de los gobiernos locales produzca sus propias Estrategias de

Comunidades Sustentables que deben ser evaluadas conforme a los indicadores

de sustentabilidad. No obstante, los británicos nos señalan la existencia de

algunos retos que quedan por enfrentar como lo son: la clara articulación de una


264

visión sustentable en el futuro, pero sobre todo, el cambio de mentalidad de los

negocios y consumidores hacia patrones de sustentabilidad.193

5.4.4 El territorio: su ordenamiento dinámico y complejo

El territorio ha sido registrado como el sustento de la vida sobre el planeta. Se

constituye como un bien público de la mayor trascendencia para la humanidad al

considerarse como el eje estructurador de la secuencia de intercambios de

energía que hacen posible la sobrevivencia de las especies animal, vegetal y

humana en la tierra.

El territorio es una pieza clave para la gobernabilidad en el proceso de transición a

un modelo de desarrollo sustentable. Su administración por parte del Estado es

vital para garantizar la continuidad de la vida sobre el planeta. Por lo tanto, la

forma en que el Estado implemente el ordenamiento durante los próximos años,

será sustancial para garantizar a la sociedad su permanencia intergeneracional;

debe tomar con determinación los conocimientos generados por distintas ciencias

como es la ecología, la biología, la psicología, la sociología, la economía, la

ciencia política y la administración pública, promoviendo nuevos enfoques no

lineales, heterogéneos y múltiples, para remodelar los sistemas de gestión

gubernamental capaces de responder a las características de un modelo de

desarrollo sustentable. 194

En este sentido, resulta fundamental reinterpretar al territorio no como un espacio

físico o un depósito más o menos grande de recursos naturales, sino como un

ensamble de ecosistemas articulados históricamente a las actividades humanas,

donde a toda transformación o cambio social relevante corresponde, para bien o

para mal, una transformación ecológica o ambiental.

193 Véase, Porrit, J. y Rutter, Jill., “sustentabilidad y la estrategia de desarrollo sustentable del Reino Unido”, en: Reséndiz, R. (Coord) Gobernabilidad y desarrollo sustentable desde la perspectiva de las ciencias sociales. UNAM-FCPyS. México, 2011, p.48-51; Castro, A., “Gobernabilidad para el desarrollo sustentable en el Reino Unido”, en: Zamitiz, H. óp. cit., p. 62-65. 194 Consúltese, Norma Teresa Ruz Varas, Tesis Doctoral, “La capacidad del Estado para administrar el territorio en el siglo XXI: su ordenamiento como un sistema dinámico y complejo”, México, INAP, 2009, 313 pp.


265

Siempre hay un modelo de uso del territorio que subyace a toda política, la cual es

responsable del destino de los ecosistemas. Por tanto, el manejo sustentable del

territorio depende del modelo territorial vigente.195

5.4.5 La crisis económica y la necesidad de regulación de los mercados

La crisis americana-europea-asiática de 2008 ha tenido cierta sabia y

aleccionadora lógica, pues la progresiva recesión económica que afectó primero a

la economía norteamericana central, para después escaparse a lo largo y ancho

de los continentes, nos ha permitido ver la capacidad de lo político a nivel mundial

cuando ha transcurrido una década del siglo XXI.

La crisis nos permitió ver que el Estado nacional no fue el problema de las crisis

del sistema financiero, sino la solución,196 lo que ya desde hace siglos se sabe:

que el remedio contra la exacerbación irracional de los mercados es la regulación

y la transparencia. En términos de George Soros, si las burbujas son endémicas al

sistema, entonces los reguladores tienen que intervenir para evitar que tales

burbujas se vuelvan demasiado grandes pues “los gobiernos tienen que reconocer

que los mercados no son autocorregibles”.197

Ahora bien, la lógica inicial de la crisis al requerir intervención del Estado o de los

Estados, anunció lo que verdaderamente era alarmante para muchos de los

grandes economistas, la mayoría de ellos con un premio Nobel: que la mayoría de

los países entraran en un periodo de crisis severa pero con un liderazgo débil y

confundido.

Si para Joseph Stiglitz, la caída de Wall Street significaba para el fundamentalismo

de mercado, lo que la caída del Muro de Berlín fue para el comunismo; dicho en

otros términos, que la forma de organización económica resultaba no ser

sustentable, por lo que se requería un nuevo camino.198

195 Quadri de la Torre, Gabriel, “La política ambiental en México. Necesidades y prioridades”, en: Glender Alberto, Lichtinger Víctor (Comps), La diplomacia ambiental. México y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, SRE- FCE, México, 1994, p. 368 y 369 196 Varios Autores, La Crisis Económica Mundial, México, Debate, 2009, p.37 197 Óp. Cit., P. 66 198 Ibídem., p. 62


266

Se requería no sólo una regulación, sino el rediseño del sistema regulatorio, el

cual pudo haber instrumentado desde la Reserva Federal, en el cual había crecido

la burbuja financiera e hipotecaria.199

Debido a que enfrentamos retos amenazadores de calentamiento global y

dependencia energética, la próxima administración (de los EEUU) debe dirigir

cualquier plan de estímulo hacia el ahorro de energía, el desarrollo de fuentes de

energía alternativa y la construcción de una infraestructura verde. Este estímulo

puede ser el nuevo motor para la economía mundial”.200

5.4.6 El uso de instrumentos económicos

Como el pago por servicios ambientales hidrológicos

Tras el reconocimiento científico que recibieron los diversos servicios ambientales

de la naturaleza, especialmente los de las zonas forestales, se dio con relativa

facilidad el paso conceptual hacia la conveniencia y necesidad de pagar por ellos.

En países como el nuestro, donde el agua se encuentra mal distribuida (escasa en

el norte y abundante en el sur) y se carece de nieves perpetuas, glaciares y

grandes lagos, el abastecimiento de agua dulce se vuelve un problema de vital

importancia. La conservación y regeneración de la masa forestal juegan entonces

un papel fundamental para el abastecimiento del vital líquido.

En la medida en que el agua es resultado de un servicio ambiental que proveen

los bosques, se halla sujeto a la decisión que tomen los dueños de los bosques

respecto de su conservación. Para garantizar de manera sustentable la “seguridad

del agua”201, es necesario considerar una compensación a los dueños, por cuidar,

mantener, ampliar y -en su caso- regenerar la cubierta forestal. Por ello, se

propone que los beneficiarios de dicho servicio paguen a los dueños de los

bosques para que realicen estas acciones.

Exceptuando la explotación directa de la madera (legal o ilegal), el mercado no ha

asignado un precio a los otros servicios que proporcionan los bosques aún cuando

199 Ibídem., p. 62 200 Ibídem., P. 68 201 Entendida como la “disponibilidad confiable de una cantidad y calidad aceptable de agua para la producción, la subsistencia y la salud”.


267

estos representan un alto valor para la comunidad. Por lo que en la medida que no

se les asignen valores económicos, su destrucción difícilmente será frenada. Es

importante destacar que la intervención del Estado para asignar estos valores

monetarios aquí resulta fundamental también. El enfoque de Pago por Servicios

Ambientales (PSA) es idéntico al principio de “el que contamina, paga”, al crear

incentivos positivos para la protección ambiental y la conservación.

El pago obviamente tiene que ser mayor al beneficio que obtendrían los

poseedores, derivado de un uso alternativo de la tierra, o no cambiarían su

comportamiento; y menor que el valor de los beneficios de las poblaciones

corriente abajo, o no estarían dispuestos a pagar por ellos. Es importante hacer

notar que esta lógica es permanente año con año y los pagos deben hacerse

durante todos los años que se desea que se provea el servicio y no sobre la base

de un solo pago.202

5.4.7 El agotamiento del petróleo y la reconversión energética

Los especialistas señalan que el mundo ha entrado de lleno en la tercera crisis del

petróleo, que sin lugar a dudas será la definitiva. Dicha crisis marcará la

inviabilidad futura del presente modelo urbano-agro-industrial a escala mundial y

se reflejará con especial intensidad en las metrópolis. La imposibilidad del

crecimiento económico continuo a partir de entonces, debido a que el suministro

energético será declinante, la primera vez en más de doscientos años, será el

mayor ataque que se puede prever a la lógica capitalista de expansión y

acumulación constante. Se iniciará pues a partir de entonces el decrecimiento que

cambiará todo y que implicará el colapso progresivo del actual modelo civilizatorio.

Dicho colapso puede ser catastrófico u ordenado en la transición obligada a un

suministro energético decadente. En cualquier caso, es inevitable el paso a

estructuras sociales y productivas de un nivel de complejidad e interrelación

inferior al actual a escala global.203

202 Véase, Pichardo Pagaza, I., “Pago por servicios ambientales hidrológicos: el caso del estado de México”, en: Zamitiz, H. óp. cit., p. 104, 106, 108-110. 203 Ramón Fernández Durán, El crepúsculo de la era trágica del petróleo. Pico del oro negro y colapso financiero (y ecológico) mundial, Barcelona, Virus Editorial, 2008, p. 77-78


268

Ante esta situación, establecemos lo que los especialistas nos han recomendado,

en el sentido de que más allá de la mera lógica de la ganancia, se requiere de una

voluntad política internacional y de un nuevo y potenciado Plan Marshall para

llevar la reconversión energética y el desarrollo sustentable al conjunto de las

naciones de éste mundo. Cuestión que sólo se puede instrumentar si se

constituyen nuevas apreciaciones y formas de satisfacer el gasto energético de las

necesidades biológicas y culturales de las muy diferentes naciones, y adecuarlas a

los nuevos requerimientos planetarios gracias a un cambio global.204

5.4.8 Uso de nuevos indicadores multidimensionales

5.4.8.1 Construcción y monitoreo constante

De un índice con visión integral que permita medir la sustentabilidad del desarrollo

y sus implicaciones para la política pública

El concepto de DS sin medición alguna no puede ser más que retórico y lejano a

la posibilidad de orientar las políticas públicas. Hemos permanecido en un círculo

vicioso de querer alcanzar un DS desde la retórica, ajenos a forma alguna de

medición y por ende sin políticas claras y metas concretas a alcanzar, donde la

política de Estado se perfile como una fuerza orientadora para avanzar hacia el

desarrollo integrado y equilibrado de lo social, económico y ambiental que

estructure las bases de una convivencia humana y de respeto a las diversas

formas culturales dentro de la misma sociedad.

Para ser posible calificar la sustentabilidad del desarrollo, son necesarias dos

cosas: necesitamos saber qué debemos medir y medirlo. Para medir la

sustentabilidad de un modelo considerando una visión integral se puede recurrir a

la construcción de un índice agregado de los tres sistemas: económico, social y

ambiental. Para medir el desarrollo de cada factor -aunque sea en forma marginal-

se requiere de un cierto número de variables que recojan lo esencial de su

expresión. Posteriormente podemos medir el desarrollo de todos ellos -aunque

cause cierta confusión su interpretación- esto se puede hacer agregando los

desarrollos de cada uno de ellos. Ahora bien, para medir que el desarrollo global

204 Véase, Bracho, J., “Lo irreversible y lo trágico del cambio climático”, en: Resendiz, R., óp. cit., p. 195.


269

de esos factores sea sustentable, se requiere conocer los límites posibles de

aprovechamiento de los recursos disponibles en ellos. No obstante, estos límites

son hasta ahora desconocidos, y en el futuro, inciertos por la dinámica de cambio.

Ahora bien, para poder operacionalizar un método de medición como el anterior,

es necesario tener en cuenta algunas consideraciones que suponen implicaciones

para las políticas públicas.

La primera de ellas se refiere a que entre los factores económicos, sociales y

ambientales debe existir un marco normativo cuyo cumplimiento demanda su

institucionalización, lo cual habla del papel de las instituciones para lograr un DS.

Por otra parte, también es necesario considerar que si bien en lo económico y en

lo social se cuenta con un número importante de variables, no sucede lo mismo en

lo ambiental, ello nos habla de la necesidad de ampliar las bases de datos

ambientales, para lo cual es necesario asignar presupuestos especiales para tener

una base mínima de los recursos naturales y la contaminación ambiental, pues

hablar de crear políticas sustentables en el escenario mundial y el país, sin contar

con información de estos sistemas en los que habita el ser humano es una

quimera.

Es indudable que se puede llegar a proponer un índice de medición de la

sustentabilidad tomando en cuenta una serie de variables y que se cuente con

datos suficientes para la creación de los indicadores, pero esto sólo tendría

sentido en la medida en que se pretenda hacer un constante monitoreo de los

avances y retrocesos de tal índice como expresión objetiva de las políticas

públicas en cuanto a la perturbación que causen las acciones de la misma. Hasta

ahora se ve poco avance, porque no hay una integración de los datos en la

dirección de lo que se quiere medir y poco se puede medir cuando no se sabe qué

se debe medir y qué se puede medir acerca de la sustentabilidad.

Una forma de gobernabilidad con sustentabilidad social sería un sistema que

indujera: 1) un crecimiento económico y desarrollo social equilibrado; 2) sin

perturbaciones abruptas que amenacen al sistema, es decir, la gobernabilidad y

sustentabilidad; 3) con capacidad de recuperación del sistema cuando existan


270

factores fuera de sus oscilaciones históricas; 4) un sistema humanamente natural

y naturalmente humano y, 5) cuyo fin humano y medios naturales del sistema

fueran intercambiables, porque no puede haber un fin para los humanos sin

medios naturales, ni sentido tendrían los medios naturales si no hubiese un fin

humano. Entonces se tendría una auténtica sustentabilidad social, porque se

contaría con una gobernabilidad con participación de los gobernados.205

5.4.8.2 Construcción del Índice de Progreso Real

(PIB- pérdidas de bienestar y calidad de vida)

Los especialistas nos han señalado que el problema no consiste en la cantidad del

crecimiento económico, sino en su tipo y modalidad, lo cual tiene más un carácter

cualitativo que cuantitativo. De ahí que las estrategias de crecimiento tanto en los

países en desarrollo como en los industrializados deben de convertirse en

estrategias de desarrollo humano sustentable y con equidad intra e

intergeneracional.

Por ello, proponen la construcción de un Índice de Progreso Real, el cual se basa

en realizar un ajuste al PIB para acercarlo a un PIB sustentable, así, la ecuación

que se propone es la siguiente: DS=F (crecimiento económico- pérdidas de

bienestar y de calidad de vida, equidad y sustentabilidad ambiental).

Para efectos de ilustrar la aplicación del Índice (IPR), en el caso particular de

México se han evaluado 4 indicadores, a través de los cuales se muestra el grado

de erosión del progreso social y una adecuada calidad de vida, estos son los

siguientes: 1) pérdida por deterioro, contaminación y agotamiento de los recursos

naturales, 2) gastos y costos por la “autosupervisión” para prevenir, vigilar,

controlar y castigar la corrupción de los servidores públicos, 3) gastos por combate

a la criminalidad, la delincuencia y el narcotráfico; 4) costos económicos derivados

de las horas perdidas por transportación (traslados) congestionamientos y por el

monto de los daños por accidentes vehiculares.206

205 Véase, Zamudio, F. y Sámano, M., “Desarrollo sustentable y su relación con el desarrollo humano o sustentabilidad social: una idea para su medición.” en: Zamitiz G., óp. cit., p. 126-133 206 Saldívar, A., “Algunas reflexiones sobre el desarrollo sustentable, su medición y el decrecimiento”, en: Zamitiz, H, óp. cit., P. 142-144


271

5.4.9 Construcción de estrategias sociales locales

Ejemplo de la construcción de estrategias sociales locales para el DS de las

comunidades y los grupos originarios

Se ha señalado que algunos de los conceptos que los pueblos indígenas de

América Latina utilizan en la expresión de los prerrequisitos para la “gobernanza y

el desarrollo” son los siguientes: 1) la libre determinación, que es la posibilidad de

gestionar sus recursos colectivos mediante sus propias instituciones y sistemas de

gobernanza; 2) la recuperación de su cultura de sustentabilidad; 3) la revitalización

y el desarrollo de los sistemas de conocimiento colectivo; y 4) el acceso a un uso

adecuado de la propiedad comunal, como la tierra, los recursos naturales, el

patrimonio cultural, el conocimiento colectivo y todos los beneficios que se derivan

de ello.207

En este sentido, en México existen numerosos grupos sociales trabajando

activamente para fortalecer sus comunidades, para rehabilitar y proteger sus

ecosistemas y para forjar un nuevo pacto social en el cual pueden disfrutar de

mayores niveles de vida a la vez que contribuir a mejoras en la calidad de vida de

la sociedad entera.

El campesinado y la economía rural, incluyendo los grupos indígenas, están

reposicionándose en respuesta a la contracción de oportunidades en la sociedad

urbano-industrial. Esta economía rural ya se encuentra ampliamente insertada

dentro de la sociedad de las ciudades intermedias y algunas de la grandes en

México, más aún, esta transformación es de importancia medular para la nación

en su conjunto, ya que la consolidación de las comunidades rurales, el aumento

en la producción de maíz, la diversificación de fuentes de ingresos y actividades

productivas no-agrícolas, y la inyección masiva de recursos financieros a las áreas

rurales, están generando nuevas posibilidades para el desarrollo social auto-

gestionado y procesos constructivos de gestión ambiental, llevando a nuevas

prácticas de conservación del suelo y agua y restauración de ecosistemas.

207 Paré, L., “Transición hacia sociedades sustentables”, en: Reséndiz, R., óp. cit. p. 240


272

Esta transformación estratégica debe considerarse como parte de un salto de

paradigmas, hacia la construcción de una vía alternativa para el desarrollo social y

económico que rechaza su incorporación al por mayor como sociedades

marginales en un proceso globalizado de subdesarrollo, a favor de una sociedad

en consolidación, forjando sus propias estructuras de auto-determinación

(autonomía).

Se reconoce la importancia de considerar y valorar las aportaciones de estas

nuevas estrategias rurales, las cuales están contribuyendo a elevar la calidad de

vida para los que viven en estas comunidades, reduciendo la erosión e

intensificando la cosecha de la lluvia a través de la reforestación, prácticas de

siembra con curvas de nivel y otras

técnicas agroecológicas, o proponiendo nuevas maneras para que los grupos

urbanos puedan familiarizarse y apoyar a las comunidades rurales como

ecoturistas o como compradores de sus productos, introduciendo nuevos

productos y, sobre todo, alimentos, y fortaleciendo su capacidad de administrar

sus propios ecosistemas y contribuyendo a la gestión de las áreas naturales

protegidas, estas comunidades están produciendo lo que se llaman “servicios

ambientales,” tan importantes en los esfuerzos para revertir el calentamiento

global y la desertificación.208

5.4.10 Propuesta para la construcción de un nuevo paradigma social

La propuesta de construir un nuevo paradigma social puede ayudarnos a diseñar y

dibujar una nueva visión, urgente y necesaria para enfrentar los grandes desafíos

que enfrentamos. Así que en este apartado señalamos algunas de las cuestiones

que son fundamentales en la construcción de un nuevo modelo de organización y

convivencia social, tanto en el ámbito local, como en el global, las cuales vistas en

forma articulada nos permiten comprender los componentes de lo que deberá ser

este nuevo paradigma, estas son: la teoría de la entropía y su relación con el

decrecimiento, la teoría de la convivialidad, el concepto de metabolismo social, la

208 Véase Barkin, D., “Estrategias sociales alternativas para la sustentabilidad”, en: Zamitiz, H., óp. cit., p. 147-149, 151-153


273

paradoja de la eficiencia tecnológica, la incongruencia de la sustentabilidad

capitalista, y la relación entre la ética y la ciencia.

Para comprender lo anterior, es necesario que nos planteemos el desarrollo desde

otra perspectiva. Lo cual no significa que no pueda haber desarrollo, de lo que se

trata es que podamos entenderlo como el incremento cualitativo en la calidad de

bienes y servicios que atienda las necesidades humanas elevando básicamente la

calidad de vida, no sólo el nivel de vida, con el mínimo posible de transumos. De

manera que podemos adoptar la definición y espíritu del DS como un desarrollo

sin crecimiento donde se satisfacen las necesidades humanas sin aumentar la

utilización de materiales, energía y desperdicios, más allá de la capacidad de

carga del ecosistema, entendiendo por esto último la población humana que

puede ser sostenida por un ecosistema dado, con un nivel dado y razonable de

consumo y con una tecnología dada.209

Uno de los cambios fundamentales por realizar se encuentra en el plano de

nuestro sistema de creencias y valores, colonizadas por el imaginario social que

insiste absurdamente en seguir por el único rumbo posible: el crecimiento

económico. En este sentido, la austeridad, como una virtud que no excluye a todos

los placeres que formen parte de la convivencia, en particular en la relación con

nuestro entorno, puede hacer la diferencia en esta búsqueda de alternativas en el

que el posible escenario sea el “buen vivir”, concepción contraria a la “buena vida”

que pregonan las sociedades de consumo.

5.4.10.1 El decrecimiento

Es necesario considerar los planteamientos que el decrecimiento (analizado en el

primer capítulo de esta investigación) nos propone. De lo que se trata, tal como

Latouche lo ha señalado, es que los hombres en las distintas sociedades se

apropien de su destino, lo que supone que estas sociedades (empezando por las

pequeñas comunidades) sean revolucionarias en el sentido de que descolonicen

su imaginario; cambien la relación que tienen con sus ecosistemas, en tanto que el

209 Saldívar, A., óp. cit., p. 144


274

sistema productivista se convirtió en una guerra contra los hombres y contra la

naturaleza.

Así, el programa reformista del decrecimiento basado en las ocho etapas (“8

erres”) que inician con reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, relocalizar,

redistribuir, reutilizar, reciclar y reevaluar nuevamente, junto con sus diez grandes

objetivos le van a permitir a la gente experimentar el buen vivir.

5.4.10.2 La teoría de la entropía

Nuestro sistema de creencias nos ha mantenido en el desconocimiento de los

límites que la naturaleza y nuestra propia condición humana nos imponen, se han

ignorado las aportaciones y desarrollos de la ciencia para evitar la entropía de

todo sistema, negando así la importancia de la unicidad de todo ente.

El sistema cultural actual y su marco jurídico - político e institucional que lo

respalda, han llevado a que día a día se profundice la ruptura de los equilibrios

eco-sistémicos, sin medir sus impactos económicos y sociales, llevándolos hasta

los límites de su equilibrio en aspectos múltiples. Estos son márgenes de equilibrio

eco-sistémico que la tecnología no debe ampliar más.

El principal reto está en saber hasta dónde puede llevar el hombre la

transformación de la naturaleza, pues hay límites naturales para la construcción de

los sistemas culturales y más allá de esos límites, el mismo sistema cultural

empieza a desmoronarse.

5.4.10.3 La teoría de la convivialidad

El principal escollo y la principal tarea para la construcción de un nuevo paradigma

social es el establecimiento de una sociedad justa, pues la naturaleza acaba

siendo minada por la injusticia social. No es posible separar la injusticia en la

distribución de la riqueza y en el gozo de los satisfactores terrenos sin producir

impacto en el medio. El exceso del consumo en sectores minoritarios a nivel

mundial y la pobreza cercana a la inanición de las mayorías es un tejido social que

debe ser el principal objeto de estudio para el medio universitario.


275

Es necesario repensar la ciencia, la filosofía y los modelos institucionales de

gobierno.

Se requiere la construcción de nuevos enfoques para hacer posible la articulación

del conocimiento científico. Ello exige nuevos comportamientos académicos, muy

distintos a los diseñados por una educación basada en la competencia y en la

lucha de las profesiones. El reto en las instituciones educativas, es enseñar a

pensar en paradigmas que funcionen de otra manera ante la descomposición

social en que se encuentran nuestras sociedades Aproximarse a la construcción

de valores que fundamenten un nuevo paradigma social, significa luchar contra la

deshumanización de la técnica. La cultura no se puede construir sin la técnica,

pero no se puede reducir a la técnica. El hombre con su técnica es también

naturaleza, pero tampoco debemos asentar como valor un humanismo sin técnica.

5.4.10.4 El concepto de metabolismo social

El concepto de metabolismo social se basa en comprender los vínculos existentes

entre el medio social y el natural, para conocer, por ejemplo, la historia ecológica

de sociedades y naciones; conocer sus procesos de producción, distribución,

cambio y consumo, que nos ayudan a comprender el impacto de éstos en su

calidad de vida. El metabolismo social nos sirve científicamente para pensar

analógicamente a la sociedad como un organismo que vive procesos que tienen

que ver cómo la gente se apropia, consume y desecha mediante un metabolismo

que se debate, entre la capacidad de regeneración de los sistemas y la capacidad

de absorción de los ecosistemas.

Aquí ha hecho ya una principal aportación la economía ecológica al asignar un

valor numérico a los factores que se encuentran en la parte material y la parte

intangible de los procesos. La parte material es la energía, los flujos materiales y

el agua; la parte intangible son las instituciones, el conocimiento, las reglas y los

recursos. El concepto de metabolismo social al igual que otros son conceptos que

se encuentran en la búsqueda de un análisis integrado.

5.4.10.5 La paradoja de la eficiencia tecnológica (paradoja de Jevons)


276

La paradoja del economista William Jevons consiste en comprender que a medida

que exista más eficiencia debido a los avances e innovaciones tecnológicas,

irónicamente más consumo habrá de los recursos naturales que proveen de

energía; en otros términos: en la medida que es más eficiente el uso de la energía

más uso intensivo habrá de ella y por tanto habrá más consumo de recursos

finitos, como es hoy en día el petróleo. El ejemplo más claro es el uso del

automóvil en las sociedades modernas que consume cada vez más gasolina.

Por ahora nos enfrentamos a la necesidad de cambiar nuestros patrones de uso

de energía. Se requiere impulsar un cambio tecnológico que disminuya el costo

individual del consumo de un recurso (energía con baja entropía) que implica una

acción encaminada a conservar los recursos naturales (renovables o no

renovables).

5.4.10.6 La incongruencia de la sustentabilidad capitalista

El hecho de que las empresas trasnacionales pongan por delante todo legalmente,

antes incluso que el bien público, parece sólo preocuparles obtener beneficios de

corto plazo para sus accionistas. Estas corporaciones influyen en la sociedad y en

el planeta, tanto en el sentido medioambiental, como en las personas y en su

comportamiento como individuos y como grupos. Existen bienes públicos que

ahora ya no son tan públicos, o como ciertas empresas subsidiadas por el bien

común que después son privatizadas. Su influencia más notoria es la existencia de

guerras por recursos naturales que debieran ser de todos, como el agua.

Así, planteado el problema: ¿cómo operaría una economía que asigne más

recursos a la satisfacción de necesidades sociales que a la de la acumulación

ilimitada de ganancias? ¿Quiénes y cómo, serían los protagonistas de esa

construcción de prioridades nuevas, y cuál sería la organización humana e

instituciones capaces de guiarse por ellas? No nos queda sino trascender el viejo

paradigma para construir el futuro, encarando los problemas que nos plantea el

cambio de la era de la economía a la era de la sustentabilidad social.

Quizá sin darnos cuenta estamos en el punto de partida para empezar a entender

la dirección a seguir. Ello tiene que ver con la visión que adoptemos para revertir


277

las causas del crecimiento defectuoso que nos condujo a la crisis actual, la

concepción de las estrategias que puedan hacer viable el desarrollo que

deseamos y sus condicionamientos globales. Cambiar esas actitudes es

prerrequisito para poder abocarnos a una estrategia de desarrollo en armonía con

el ambiente.210

210 Notas del Foro Universitario “Hacia la construcción de un nuevo paradigma social”, coordinado por el Dr. David Barkin y desarrollado por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y la FCPy SUNAM entre los meses de abril y diciembre de 2010.


278

Conclusiones

Ante la crisis del estado de bienestar, y su paulatina sustitución por un enfoque

centrado en los mecanismos del mercado como garante del mejor distribuidor del

bienestar, se vive una crisis significativa en los niveles de gobernabilidad,

asociado a la percepción de la perdida de bienestar se debe a la ineficacia del

estado para proveer con calidad y oportunidad los servicios públicos más

elementales.

En México después de la alternancia en el poder de los primeros años del siglo

XXI, se propuso una profunda reforma del Estado, no solo no pudo prosperar sino

significo una crisis de legitimidad, por lo que la refundación del estado se alejó, en

medio del debate más pragmático en donde los partidos políticos se enfrascaron

en sus propios intereses y cálculos electorales. No obstante, en el año 2004 la

agudización de la crisis política y la polarización social, hicieron emerger

nuevamente el tema de la necesaria reforma del Estado. Los temas tratados

cuatro años atrás volvieron a aparecer, ahora con la evidencia de que el modelo

presidencialista no era operante. Se planteó entonces la necesidad de reinventar

el Estado desde la perspectiva de la apertura a nuevos actores en particular de la

ciudadanización de las políticas públicas enfocadas en el desarrollo humano.

Además, se reconoció que era necesario asegurar la conciliación de los objetivos

sociales y económicos dentro de las políticas públicas, lo cual implicaría una

rectificación sustancial de las políticas aplicadas por el gobierno, de las cuales la

mayoría se sentía excluida.

En este sentido, un Estado cívico implica un régimen plural de partidos, imperio

del principio de tolerancia, acuerdos recíprocos en beneficio de la colectividad, y

más recientemente la actividad de una multiplicidad de organizaciones en un

medio ambiente de Estado de derecho. Es posible impulsar una transición hacia

un Estado cívico y plural, el cual puede mitigar y hasta revertir los males de la

globalización capitalista.

Como señalamos anteriormente, la sociedad civil juega un papel muy importante

en tanto que son quienes pueden exigir al resto de los agentes económicos, en


279

particular al gobierno, el cumplimiento de los compromisos para el desarrollo

social, por ello será importante que la sociedad civil tenga la capacidad de ejercer

sus derechos plenamente en un marco normativo acorde para facilitar las

actividades que desarrollan las organizaciones del tercer sector, tanto por parte

del mercado como del propio funcionamiento del gobierno.

Algunos indicadores que nos podrían ayudar a evaluar la capacidad institucional

del estado mexicano para la gobernanza se encuentra los que el Banco Mundial

propone:

1. Voz y Rendición de Cuentas. Participación en la elección de gobernantes;

libertad de expresión; libertad de asociación y libertad de los medios de

comunicación.

2. Estabilidad Política y Ausencia de Violencia. Probabilidad de que el gobierno

sea desestabilizado por medios violentos; violencia política y terrorismo.

3. Efectividad Gubernamental. Calidad de los servicios gubernamentales; la

calidad del servicio civil y su independencia de presiones políticas y credibilidad en

los compromisos de política del gobierno.

4. Calidad Regulatoria. Calidad en la formulación e instrumentación de políticas.

5. Estado de Derecho. Confianza y respeto del orden jurídico; cumplimiento de

contratos; definición de derechos de propiedad; confianza en la policía y los

jueces, así como, extensión del crimen y la violencia.

6. Control de la Corrupción. Grado al cual se ejerce el poder público para obtener

ganancias privadas; “captura” del Estado por élites e intereses privados.

Sin embargo, es necesario hacer que la democracia sea apreciada no sólo por sus

bondades políticas, sino también porque debe asegurar la igualdad social y el

bienestar de todos los individuos, pues la democracia es también una construcción

cultural, y definitivamente es cuestionada cuando prevalece en un país la pobreza

y la desigualdad, los mismos problemas donde nacen iniciativas del tercer sector,

por ello resulta fundamental sentar las bases para el progresivo mejoramiento de

las condiciones de vida de la población.


280

Aunque el desarrollo económico no debe ser visto como una premisa para la

democracia, ambos procesos se realizan de manera simultánea, la construcción

de instituciones democráticas genera un marco más racional de la negociación y

participación política, que a su vez permite colocar en el centro de la política

económica los objetivos de desarrollo social. En este sentido el tercer sector y las

iniciativas de responsabilidad social empresarial son coadyuvantes y

complementan las acciones del estado en materia de desarrollo social.

Históricamente, una sociedad civil dinámica y autónoma ha sido fundamental para

la consolidación de la democracia y para el desarrollo sostenible. Diversos

factores económicos y políticos pueden contribuir al fortalecimiento de una

sociedad civil, pero siempre han sido indispensables los aportes voluntarios de

tiempo y recursos de ciudadanos de todos los estratos sociales.

Durante los últimos años, investigadores, organismos públicos y privados e

instituciones en América Latina han realizado importantes mapeos y perfiles de las

organizaciones privadas sin fines de lucro, y de las actividades filantrópicas de las

élites nacionales. Gracias a estos trabajos, sabemos que la mayoría de las

organizaciones privadas sin fines de lucro se sostienen con recursos propios -

aportes de sus miembros y beneficiarios, más que con recursos del Estado o

donaciones de las élites. Sin embargo, todavía sabemos poco sobre la naturaleza

e impacto del trabajo voluntario como tal en nuestra región, y de las donaciones

realizadas por ciudadanos “comunes y corrientes”.

Luego de las transiciones a la democracia de la década del 80 y principios del 90

se comenzó a definir a la sociedad civil en relación de colaboración con el estado,

reduciendo su capacidad de contestación a la defensa del individuo frente a este

último. Como contraparte, el término sociedad civil adquirió un uso instrumental

que se conjugó con nociones de democracia minimalistas y procedimentales. Una

de las conclusiones más importantes de la investigación es necesario avanzar en

la construcción de un marco institucional y normativo para superar los riesgos que

afrontan estas organizaciones ciudadanas que caracteriza a los países de América

Latina, es necesario superar la supuesta dicotomía entre lo público y lo privado, y


281

recuperar el componente que se encontraba presente en precedentes teorías de

sociedad civil.

En ese sentido, la idea de sociedad civil a lo largo de la historia, ha evolucionado

desde los componentes contestatarios al poder del estado, hasta donde se le

concibe como una forma de colaboración. Esta primera perspectiva concluye que

posteriormente a los periodos de transición democrática, se incorporan las ideas

de colaboración y contestación, acentuando el elemento de colaboración.

En esta perspectiva colaborativa. Se identifica que estas versiones pueden

conducir a la idealización de la sociedad civil, olvidando que la misma está

estrechamente relacionada con el mercado donde prevalece una visión más

individual o la búsqueda de los directamente involucrados, generándose

situaciones de desigualdad que pueden conducir a la incivilidad y la violencia

(Whitehead, 1997 y Keane, 1992). Segundo, es necesario cuestionar la relación

causal entre desarrollo del mercado, aumento del pluralismo y emergencia de la

sociedad civil (Gellner, 1994; Oxhorn, 1994, Diamond, 1996) recordando que los

factores histórico-cultural también juegan un rol importante en esta cadena causal

(Lipset, 1997 y 1993). Tercero, reclamar la necesidad de tener en cuenta las

desigualdades del mercado (Fine, 1997; Bentham, 1997) no equivale a igualar

mercado y sociedad civil; por el contrario, en el primero los individuos persiguen

sus intereses particulares mientras que en el segundo se debaten asuntos de

interés público. Cuarto, pensar en la sociedad civil como diferente al mercado y

como el producto no sólo del desarrollo económico sino también de la expansión

de ciertos valores, implica a la vez cuestionar la idea de sociedad civil como un

orden a-moral (Gellner, 1994; Keane, 1992) y complementar la teoría del capital

social (Putnam, 1993) postulando que para que una sociedad organizada

produzca un capital social favorable a la democracia, los principios

organizacionales deben ser democráticos.

Posteriormente se concentra en las consecuencias del uso de estas perspectivas

colaborativas en los procesos de la transición y consolidación democrática en

América Latina. Se argumenta que estos hacen un uso instrumental del término


282

donde la sociedad civil organizada pero moderada sería fundamental para

mantener y legitimar a las democracias ya existentes (Baker, 2000). El problema

es que la democracia está lejos de ser parte de la vida cotidiana de todos los

miembros de las sociedades latinoamericanas (Pearce, 1997; Jelin, 1996) y por lo

tanto la sociedad civil no debería cumplir sólo un rol legitimador sino también

demandar la profundización de la democracia, reclamar su rol en la definición de lo

político y en la generación de nuevas formas de entender la realidad.

Las críticas presentadas a la participación de sociedad a través de las

organizaciones que integran el tercer sector, hoy en boga, llevan a concluir que

debe recuperarse las perspectivas que contribuyeron al desarrollo de la idea de

sociedad civil a través de la historia, frente a la necesidad de estabilizar las

democracias emergentes, se dejaron de lado. Se propone contrarrestar la

perspectiva "colaborativa" con una visión que recupere algunas de las ideas sobre

sociedad civil basadas en las iniciativas sociales y productivas que contribuyeron a

la transición democrática. Principalmente, recuperar la idea Gramsciana de que la

sociedad civil es el espacio donde se generan valores y perspectivas con las

cuales se analiza el mundo; valores y perspectivas que pueden ser tanto

legitimadoras como cuestionadoras.

Sin embargo, para que la reincorporación del elemento contestatario no resulte en

el cuestionamiento a ultranza del estado, es necesario superar la noción

minimalista del estado y la idea de sociedad civil como un orden a-moral. Si los

valores democráticos son los principios organizacionales y no simplemente las

reglas del sistema político, la adopción de una idea de sociedad civil que enfatice

el aspecto contestatario podría, sin mayores inconvenientes, facilitar la generación

de propuestas y alternativas que permitan profundizar la democracia en la región.

En este sentido, arribamos a la primera propuesta específica en materia de

política pública:

1) Reformulación de la Ley de la Economía Social y Solidaria a nivel

federal, así como la emisión de una Ley General de Asistencia Privada,

con el fin de homologar los principios y regulación de las entidades


283

privadas y del ámbito social que se integren como organizaciones sin

fines de lucro; estableciendo con precisión las obligaciones fiscales y

operativas que deben cumplir; así como las características de sus

operaciones autorizadas.

La discusión sobre el marco institucional está limitada a ejemplos internacionales

que no se conocen bien y que se da en un círculo cerrado donde no llegan los

análisis y los datos más importantes, distinguir este fenómeno y sus antecedentes,

así como las formas en que se configura (sobre lo que hemos trabajado en los

últimos años) puede ser un aporte, si esto se relaciona con hechos. No sabemos

qué grupos vulnerables acceden a ellos y cuáles son los perfiles de proyectos

seleccionados, los montos involucrados, la experiencia de los usuarios, etc.

Asimismo, el estudio nos permite identificar la necesidad de preparar

profesionistas especializados por lo que es necesario diseñar programas más

específicos que permitan formar a los jóvenes estudiantes en los temas del tercer

sector y la responsabilidad social, para que estén en condiciones de aportar

soluciones y cumplan un papel fundamental en la promoción de los valores y

prácticas de la solidaridad y la cooperación, la construcción de la ciudadanía y el

fortalecimiento de la democracia. Finalmente, afirmamos que los resultados

presentados reflejan las tendencias reales y actuales en relación a la gestión del

tercer sector y la responsabilidad social que se vienen desarrollando también en la

región.

Los propios sujetos que participan en la gestión de organizaciones de la sociedad

civil advierten necesidades de capacitación diferenciales de acuerdo a los

recorridos de históricos, la experiencia y naturaleza de cada organización y de

acuerdo a su área de atención. Por un lado, se requiere organizar y gerenciar al

grupo de voluntarios y viabilizar alternativas para el desarrollo autónomo de este

grupo; por otro lado, se encuentran los requerimientos de la gerencia orgánica

institucional que por lo general tiende a resolver sus necesidades coyunturales de

capacitación mediante cursos cortos y puntuales. La capacitación debe tender a

explotar las riquezas experienciales de las personas, no incurriendo en la

tiomogeneización ni de los sujetos ni de los contextos organizaciones que en sí


284

son radicalmente diferentes (no es lo mismo un contexto empresarial que una

organización sin fin de lucro). En estas organizaciones conviven dos tipos de

perfiles con la misma necesidad de capacitación o estudio sistemático y para lo

que se precisa de la disponibilidad del recurso humano docente (que es muy difícil

de encontrar, pues no hay una cantidad de experiencias de capacitación en el

área) y anexado a ello, la disponibilidad de bibliografía.

La orientación social de estas organizaciones se presenta para la autoridad como

un problema particular de estas organizaciones, en la medida que privilegian el

objeto social de su actividad, pero sin cuidar adecuadamente los aspectos

formales y más aún el cumplimiento de la normatividad. Los dirigentes de estas

organizaciones se encuentran preocupados por profesionalizar sus instituciones y

los equipos de trabajo, pero a la dificultad nombrada se le suma que por sí mismas

estas organizaciones no alcanzan a satisfacer esta necesidad- ya sea por no

contar con recursos capacitadores o con recursos económicos suficientes para

contratar personal para asistencia técnica.

Otro aspecto que es percibido como problemático en el interior de las

organizaciones no gubernamentales es el que atañe a la planificación estratégica

y que en este caso estaría estrechamente relacionada con lo institucional:

determinar sus fines, su misión, su interrelación e integración con el contexto.

En cuanto a lo económico: se caracterizan por las dificultades para la consecución

del recurso financiero y cuando lo consiguen lo utilizan para sortear sus propios

costos fijos, para la "sobrevivencia institucional" y no para una inversión en

capacitación. El costo se presenta para ellos como un factor crítico. Las

dificultades para encontrar fuentes locales de financiamiento y en general para

acceder a información respecto a potenciales fuentes de ingreso se asocia a la

falta de experiencia en el desarrollo de fondos (fund-aising) que les permita

sostener su infraestructura institucional, los recursos materiales, humanos y

técnicos necesarios para desarrollar los programas diseñados y a la ausencia de

una planificación económica (ya sea porque desconoce la cantidad estimativa del

dinero que contará el año entrante, o por desconocimiento total de cómo se realiza


285

un presupuesto).

De esta manera se hace indispensable, promover el fortalecimiento de las

organizaciones, por lo que en este contexto proponemos como segunda acción

específica en materia de política pública:

2) Establecer un sistema integral de atención al tercer sector, el cual

debe incluir la creación de un Consejo Superior por tipo de

organización con el fin orientar las acciones que los actores por rama

de actividad desarrollan, con el de evitar duplicidad y lapidación de

esfuerzos, pero a la vez conseguir sinergias y economías de escala y

alcance en los diversos sectores; dichos organismos autónomos

operativamente deberán de integrar cuerpos de gobierno

democráticos integrados por los propios organismos participantes,

pero coordinados por la autoridad gubernamental. Estos establecerán

políticas, acciones y evaluaciones pertinentes, y deberán de ser

consultados para determinación del marco normativo e institucional.

En este sentido, hay una preocupación generalizada en cuanto a la necesidad de

desarrollo de investigaciones sobre el sector, al mismo tiempo que reconocen el

alto nivel de sistematización que han alcanzado durante los años recorridos.














286














Otro de los temas de importancia es la gestión de políticas sociales pensándola

desde las posibilidades no sólo de incidencia en su formulación sino también en su

implementación.

El universo conformado por las organizaciones de la Sociedad Civil ha dado lugar

a una rica y variada experiencia a lo largo de muchos años planteando diversos

escenarios e involucrando distintos actores con racionalidades o lógicas de acción

particulares cuya conjunción ha redundado en forma casi determinante en los

procesos de participación y en el peso relativo de cada uno de ellos.

Las organizaciones de la sociedad civil que participan del tercer sector no están

exentas de la necesidad de responder con celeridad a la velocidad de los cambios

que operan en el mercado al igual que las empresas y el estado. Este sector se

está desarrollando paulatinamente, pero la serie de obstáculos que tiene que

salvar de manera casi vertiginosa, dependen muchas veces de sus habilidades

personales, sin embargo, han incidido en la conformación de su identidad externa

e interna y plantea a la sociedad una alternativa y un fuerte desafío por seguir

recibiendo los beneficios, pero garantizando su viabilidad.

De esta manera todos los sectores de la sociedad comparten una línea de acción


287

común destinada a impulsar la realización de aquellos valores que se relacionan

con el bienestar colectivo sobre bases equitativas. Tanto el Estado y sus

instituciones políticas deberían actuar como ámbitos de mediación, construcción y

realización del interés general, dirigiendo el conjunto social hacia metas

socialmente compartidas, afianzando las prácticas y el régimen democráticos y

promoviendo la participación ciudadana tanto en la opinión como en la toma de

decisión frente a la resolución de cuestiones socialmente problematizadas.

El sector social, o tercer sector por su parte, está en condiciones de apoyar el

desarrollo de la sociedad civil mediante la disposición del recurso económico vital

para la sobrevivencia y fortalecimiento de las instituciones y las organizaciones de

la Sociedad Civil, de esta forma adquieren una gran capacidad de instrumentar

una diversidad de acciones, que están ejerciendo recursos significativos por lo que

deben continuar orientando su acción por principios democráticos, promoviendo el

ejercicio de los derechos de ciudadanía y, fundamentalmente, no perder de vista la

responsabilidad que tienen frente a los destinatarios de su actuación.

En este contexto es donde planteamos la tercera acción específica a seguir en

materia de política pública:

3) Es necesario fortalecer las capacidades regulatorias del estado, tanto

en el marco financiero, operativo y de gobernanza, para lo cual debe

existir coordinación entre las diversas agencias encargadas de emitir

y supervisar las normas regulatorias, existiendo un ente coordinar las

acciones para evitar los actos persecutorios, si no preferir un sistema

prudencial basado en el desarrollo de indicadores de eficiencia

financiera y operativas; así como de buenas prácticas de gobierno,

riesgos y protocolos de actuación pertinentes y transparentes. La

generación de un centro o área de concentración sobre la información

relevante que generen los diversos sectores, es un paso necesario

para avanzar en la evaluación y el seguimiento de las organizaciones.

Los fundamentos por cuales se establece esta nueva forma de organización

obedecen a los procesos que en últimos tiempos han venido protagonizando las


288

asociaciones civiles, jugando un rol privilegiado en torno al desarrollo social, su

aporte a la economía y su implicancia en relación a la formulación de políticas

sociales.

Recomendaciones de políticas

Uno de los principales desafíos de nuestro tiempo es la construcción de nuevas

relaciones entre el Estado y las organizaciones del tercer sector. El primero parece

que encargaría a la segunda la gestión de los servicios. Esto crea una tensión

sobre la autonomía de las organizaciones del tercer sector.

Los poderes públicos y el estado admiten la necesidad ineludible de crear un

espacio para las asociaciones en el marco de las políticas de cohesión territorial y

social. En la lucha contra las desigualdades y la exclusión. Asimismo, hay que

hacer notar que la participación comunitaria y las organizaciones comunitarias del

tercer sector cumplen un papel que, en algunos casos, es superior al que cumplen

los servicios públicos. En la medida que, se orientan más hacia el cuidado de las

personas que hacia los servicios a las personas, parece que comprenden mejor

los problemas que los profesionales de los servicios, están más comprometidas

con sus miembros, son más creativas y flexibles y, finalmente, tienen un menor

coste que los servicios profesionales (D. Osborne, 1994).

Pero las organizaciones del tercer sector no pueden quedar exclusivamente como

un actor de gestión de servicios públicos. Es el peligro al que se tiende en la

actualidad. La distinción como organizaciones sin fines de lucro cumple un papel

central en la naturaleza del tercer sector. De hecho, el voluntariado es el eje que

permite articular una nueva “hibridación” entre la economía pública y el sector

mercantil.

Pero también porque las organizaciones comunitarias se centran en las

capacidades de la comunidad mientras que los servicios sociales públicos se

centran en las deficiencias. Existen comunidades que dependen de las

capacidades de sus miembros para hacer cosas. Las organizaciones comunitarias

requieren una contribución de sus miembros, ya sea de tiempo, de habilidades o

de dinero. De ahí que toda su atención se centre en sus capacidades. En


289

contraste muchos programas públicos se centran en sus deficiencias y en su

tratamiento como víctimas. Esto lleva a las poblaciones y a las familias al

convencimiento cada vez mayor de su incompetencia para saber, cuidar, enseñar,

curar o hacer.

Cómo actúan las asociaciones y entidades no lucrativas ante la individualización

creciente de nuestras sociedades. Existe un contexto donde las opciones

individuales de los individuos son las que los llevan a afiliarse a una asociación y

no a la inversa.

Predomina un criterio más utilitarista. La asociación es algo más volátil para el

afiliado. De ahí la importancia que las asociaciones sepan encuadrar y dar sentido

a los voluntarios.

El tercer sector se renueva en función de los cambios profundos de nuestras

sociedades. Ya no es útil un concepto de economía social, definido en función de

sí mismo, empresas de economía social.

Asimismo, en esta perspectiva, adquirirá mayor importancia la transparencia y la

democracia de las organizaciones del tercer sector. Qué duda cabe que los

aspectos críticos y los conflictos a los que hemos aludido en estas notas, generan

cierta opacidad interna de las organizaciones, como son las relaciones entre

miembros voluntarios y profesionales.

Las reflexiones precedentes nos indicarían que cada vez será menos importante la

propiedad de un bien o de un servicio y que será mucho más relevante y decisivo

la dinámica del mercado privados o públicos, generada por organizaciones

innovadoras que dan satisfacción efectiva a las demandas y necesidades de la

población.

En este estudio, se ha expuesto una lectura agregada de balances y cuentas de

explotación de un conjunto de empresas de la Economía Social. La retención de

todos los beneficios permite una mejora de la dotación de recursos propios y de la

financiación estable en el pasivo. Les permite constituir su propio patrimonio, la

empresa cooperativa es una estructura productiva cuyo objetivo no es la

realización de beneficios para su distribución privada posterior. La cooperativa es


290

una estructura productiva que actúa para dar servicio a sus miembros.

El análisis de la central de balance para las jóvenes empresas y entidades de la

Economía Social permite constatar que las cooperativas de trabajo asociado,

sociedades laborales y jóvenes entidades sin ánimo de lucro están pagando el

dinero a un precio más alto que el conjunto promedio de la empresa convencional.

Las empresas cuya significación es central de compra o de venta la partida

principal del crédito son proveedores como queda explícito en las ramas del

cooperativismo de consumo, de servicios y crédito.

En el caso de las empresas de trabajo asociado, la principal fuente de financiación

es la capitalización de la prestación por desocupación de los socios de trabajo

fundadores en el supuesto de inicio de la andadura empresarial o de la

incorporación de nuevos socios que capitalicen en el supuesto de posteriores

incorporaciones. Una segunda fuente de financiación son los ahorros familiares de

los socios de trabajo o socios trabajadores. Una tercera fuente de financiación es

financiación externa: se observa que la dependencia financiera procede de los

propios socios de trabajo o socios trabajadores. Los beneficios se reinvierten en

su totalidad, pero al ser empresas pequeñas que actúan en mercado

tremendamente competitivos el nivel de generación de beneficios es insuficiente

para hacer frente a la capitalización de la empresa al ritmo deseable.

En el caso específico de las entidades sin ánimo de lucro, se considera que el

recurso productivo voluntariado en forma de tiempo o en forma de donaciones en

dinero es una fuente de financiación importante, aunque las donaciones en tiempo

usualmente no queden recogidas en los documentos económicos-financieros de la

entidad.

En las empresas de trabajo asociado y entidades sin ánimo de lucro, los bajos

niveles de remuneración de sus profesionales y el estrecho abanico salarial son

otras, dos fuentes de financiación de la actual empresa de trabajo asociado y

entidades sin ánimo de lucro. El nivel de motivación de sus profesionales por la

misión social de la organización facilita la capitalización de la empresa mediante el

aporte voluntario en trabajo de sus trabajadores, al menos, en el primer periodo de


291

andadura del proyecto empresarial.

En definitiva, el mensaje principal capitalización mediante reinversión de

beneficios e intentar el mínimo de dependencia financiera bancaria. Son empresas

que ya han desarrollado una parte de su andadura empresarial con un cierto nivel

de éxito empresarial que les permite empezar a crear su propio patrimonio. La

micro empresa recién constituida sin garantías patrimoniales no tiene relaciones

con el banco y, en el supuesto que existan, se establecen en unas condiciones

que recuerdan a las relaciones entre Goliat y David. Las empresas jóvenes y de

escasa facturación de la Economía Social tienen difícil el acceso al sistema

financiero al ser catalogadas por éste como clientes de “alto riesgo”. Los precios y

las garantías son, en consecuencia, superiores a las exigidas en el mercado en

general, y la documentación requerida, así como la necesidad de poseer

experiencia bancaria de pasivo previamente a la concesión de facilidades

crediticias, supone un coste elevado, tanto en dinero como en tiempo.

Para finalizar es necesario destacar que, en las circunstancias actuales, no se

observa que esta situación vaya a cambiar de forma voluntaria por parte de las

entidades financieras. Como reacción a esta exclusión que realiza el sistema

bancario, a continuación, repasamos brevemente algunas de las respuestas que

se han desarrollado con el objetivo de intentar capitalizar los proyectos

empresariales de las nuevas empresas de la Economía Social.

La Economía Social abarca empresas y organizaciones productivas muy diversas,

con ritmos de desarrollo empresarial distintos. Son empresas que actúan en el

mercado y deben respetar las reglas de la gestión empresarial. Como dice un líder

del cooperativismo europeo “para ser solidario, primero se debe ser eficiente”. Con

la democracia política, la Economía Social ha reflejado una capacidad

extraordinaria de crecimiento cuantitativo. Ahora el mayor reto es mostrar que esta

sociedad civil, organizada en estructuras de democracia económica, sabe

gestionar el crecimiento empresarial de sus empresas sociales. Se considera que

este es el gran reto que en la actualidad tiene todo el movimiento de la Economía

Social. Ejemplos en los medios de comunicación de quiebras o suspensiones por


292

razones de falta de profesionalización empresarial repercuten en todo el conjunto

de las empresas y organizaciones de la Economía Social. Un país con un

consolidado y amplio sector de Economía Social es un país mucho más

cohesionado y con mayor nivel de bienestar para sus habitantes. Ahora bien, el

reto de un verdadero sector de la Economía Social es responsabilidad de todos los

actores que forman parte de un país: gestores públicos, banqueros, sindicatos y,

por supuesto, los ciudadanos que han optado por realizar su carrera profesional

en una empresa de la Economía Social la descripción cualitativa arroja “la

significativa predominancia de las organizaciones de base, el bajo nivel de

articulación institucional, el importante nivel de financiamiento obtenido por la

ejecución de programas del estado y el peso relativo del personal voluntario en la

prestación de sus servicios”

Más bien obliga a interrogar otro tipo de factores que inciden tanto en la

conformación de la sociedad civil organizada como del alcance de su acción. El

primero de ellos se refiere a la “densidad” de la trama asociativa, expresada en los

vínculos que existen entre los grupos y de éstos con la comunidad a la que

pertenecen.

Luego revisamos factores de contexto: el impacto de la transformación

socioeconómica y la relación de las asociaciones civiles con el estado y la

institucionalidad.

En cuanto a los vínculos internos se encontró una densa trama organizativa,

expresada en la gran cantidad y diversidad de grupos, pero no estructurada

internamente: sus vínculos intergrupos son pocos y débiles y no se expresan en

relaciones de cooperación estables. Más fuerte es la tendencia a articularse con

determinadas instituciones públicas, particularmente aquellas que ofrecen

recursos o proyectos a los grupos. También en algunos casos se participa de

redes de segundo o tercer nivel, en las cuales frecuentemente hay una institución

que la patrocina (Iglesia, Municipio). Poco menos de la mitad de los grupos

encuestados participa en algún tipo de redes. La mitad de los grupos mantiene

relaciones con otros, aunque sea de modo esporádico y puntual, mientras la otra


293

mitad actúan solos.

De acuerdo a lo anterior, puede afirmarse que subsiste en las comunas estudiadas

la tendencia de importantes segmentos de la población (principalmente de

sectores populares) a “organizarse”: sea para resolver problemas emergentes o

ante la convocatoria de alguna institución pública o privada que facilita las

condiciones para hacerlo. Esta tendencia se verifica cuando existen condiciones

de estabilidad de la comunidad que le permiten “acumular experiencia” asociativa,

aún a pesar de los fracasos, escasez de logros materiales y períodos de debilidad

organizativa. Por ello es relativamente más fuerte en contextos relativamente

aislados y de poco dinamismo, así como también en una comunidad que surgió

del esfuerzo colectivo y conserva una memoria activa del mismo (Cerro Navia).

La asociatividad local aparece como un tejido social de alcances limitados, pero

altamente valorado por sus participantes como factor de unificación y

fortalecimiento de la comunidad y de obtención de algunos logros de mejoramiento

de la calidad de vida; pero no incidente en cuanto a controlar o transformar el

contexto en que la comunidad se desenvuelve.

La productividad de la acción asociativa se revela limitada, de cara a las

condiciones “duras” de desarrollo de la comunidad.

El contexto institucional más relevante es el que brinda el estado. La asociatividad

local predominante aparece vinculada de diferentes formas a la acción estatal,

especialmente el municipio y los programas sociales. El financiamiento de los

grupos proviene de modo muy significativo de fuentes estatales, el reconocimiento

legal requiere del concurso de las autoridades, la dinámica de los grupos fluctúa

según las oportunidades de acceso a programas y recursos estatales, etc. No

encontramos desarrollos asociativos equivalentes de tipo autónomo o desligado

de la acción estatal. De tal modo que las iniciativas que el estado toma y las

modalidades que utiliza son decisivas en la evolución y características de la

realidad asociativa. No se ha generado hasta ahora un contexto adecuado para un

desarrollo más autónomo en los diversos ámbitos (reconocimiento legal,

financiamiento, acceso a recursos y programas). Por su parte, la acción del Estado


294

no se ha puesto como objetivo el fortalecimiento del “capital social” de las

comunidades pobres donde interviene. Más bien sus objetivos han sido de ampliar

la base de infraestructura social y producir mejoras en la calidad de vida, mediante

proyectos de corta duración a los que se accede a través de concursos. Los

análisis de esas estrategias revelan que ellas no fortalecen la asociatividad, sino

que la funcionalizan para canalizar sus políticas y programas.

El otro contexto relevante es la acelerada transformación socioeconómica del país

durante los últimos quince años, factor decisivo para la conformación de las

pautas asociativas de la comunidad. El cambio socioeconómico se revela

importante al constatar que aquellos sectores que han protagonizado cambios

más rápidos y profundos son los que muestran una menor asociatividad respecto

de aquellos con mayor estabilidad.

Aparentemente la flexibilidad de los tratos y la diversidad de intereses de los

distintos segmentos de trabajadores están grandes que ello resulta enormemente

difícil. El sindicalismo campesino está al margen de esta realidad, pues se

organiza en torno a los trabajadores permanentes (contratados), cuyo número,

diversidad y condiciones de trabajo difieren enormemente de los jornaleros.

Los estudios empíricos sobre la sociedad civil han avanzado en la línea de

cuantificar y caracterizar su estructura y dinámica y han establecido una

asociación entre esta realidad y el concepto de capital social. Hemos mostrado

que no es posible seguir avanzando en esa dirección si no se establecen con

mayor claridad algunos presupuestos conceptuales, ya que se trata de conceptos

que tienen acepciones muy diferentes.

Tras la pérdida de legitimidad del estado, esta ha tendido a predominar por sobre

una discusión conceptual adecuada con respecto a la sociedad civil y el capital

social. Ello redunda en privilegiar el rediseño de políticas, por sobre la

construcción conceptual. Es necesario fortalecer la reflexión desde instancias

académicas independientes, que incorporen estas temáticas en sus actividades.

Como enfoque se requiere elaborar mejor la heterogeneidad de la vida asociativa

en América Latina y discutir su evolución histórica en diferentes contextos


295

nacionales, regionales, étnicos, etc. Ello debiera anteceder a los estudios

comparativos que se basan en conceptos y metodologías homogeneizadoras

La conceptualización del “tercer sector”, que ha tenido una importante difusión,

sólo tiene una aplicación clara en terreno económico, sin que pueda resolver

preguntas esenciales sobre la significación del universo denominado de ese modo.

Resulta especialmente relevante considerar las relaciones entre la “modernización

económica” según el modelo neoliberal predominante y sus impactos sobre la

formación y desarrollo de la sociedad civil. Si bien es posible que en determinados

contextos surjan “nuevos actores” (fundaciones empresariales, empresas sociales,

redes globales y otras) el rasgo más fuerte que puede observarse en la

investigación empírica es la disolución de las bases de la asociatividad tradicional,

sin reemplazo por otras. Incluso cuando se plantea la hipótesis de un

“desplazamiento” desde el “capital social formal” al “informal”, no existen estudios

previos acerca de la fuerza de ese capital informal, pero es plausible la hipótesis

de que ese también era mucho mayor en contextos de menor impacto de las

relaciones de mercado sobre la vida social. Es decir que la tendencia apunta a una

disminución neta de la fuerza de las asociaciones, aunque quedaría una “reserva”

de “espíritu cívico” informal.

También el contexto institucional es clave para entender la significación y peso

que pueden tener las múltiples formas asociativas que existen. En todas las

investigaciones se enfatiza el rol relevante del Estado como financista, impulsor e

influencia sobre la sociedad civil “realmente existente”. Ese Estado fue “protector”

en la etapa anterior al neoliberalismo.

Actualmente sigue interviniendo, por la vía de fondos de inversión social, el

clientelismo político y otros instrumentos, pero su intervención es radicalmente

diferente, pues apunta principalmente a hacer viables las políticas focalizadas en

sectores pobres. El marco normativo que fija el Estado no ha evolucionado en un

sentido de fortalecer a la sociedad civil, por lo que es también un condicionante

importante de estudiar. La introducción del concepto de “capital social” ha

significado un interesante énfasis en las variables no económicas de la vida social,


296

aunque bajo una conceptualización “traducible” para los economistas. El principal

impacto de este concepto ha sido su rápida aceptación en círculos políticos y de la

cooperación internacional, pues proporciona un instrumento fácilmente aplicable

para la reorientación de políticas. Sin embargo, la consideración del capital social

como un subproducto de la sociedad civil, e incluso como su sinónimo, no aparece

avalada por la investigación.

El estudio de la sociedad civil “desde abajo”, en contextos particulares es hoy una

necesidad, frente al desarrollo de estudios comparativos y diseños metodológicos

de pretensión amplia. Es necesario desarrollar más los instrumentos de

recolección de información de modo de trazar un perfil realista de las

características de la sociedad civil encada uno de esos contextos.

El concepto de sociedad civil es multidimensional y su delimitación supone

criterios normativos aceptados, por alguna comunidad de alguna naturaleza. De tal

modo que la orientación de los estudios descriptivos debe tomar en cuenta esa

realidad y desarrollar indicadores complejos, que no necesariamente tendrán

comportamientos sincrónicos entre sí. Al mismo tiempo, estos indicadores no

deben referirse sólo al campo de “las organizaciones de la sociedad civil”, sino

también a las dimensiones del contexto que determinan las características y

significación de éstas.

La investigación latinoamericana sobre el tercer sector ha hecho importantes

avances en el último tiempo, tanto en el terreno teórico como empírico. Sin

embargo, ambos esfuerzos aparecen separados uno de otro, pues los estudios

empíricos están asumiendo de modo poco elaborado conceptos provenientes

principalmente del mundo anglosajón, sin someterlos a un escrutinio adecuado a

la evolución histórica de nuestra región. Tanto la crisis del estado populista

latinoamericano y su relación con los grupos sociales, como la imposición de

modelos económicos neoliberales (mercados abiertos, concentrados, economías

desreguladas) están contextualizando la emergencia de la sociedad civil y

produciendo profundos cambios en la región. La posibilidad de que esta categoría

constituya un factor relevante de la vida social latinoamericana depende en gran


297

medida de su autonomía relativa frente a las determinaciones que imponen estos

dos procesos globales. El estudio de la sociedad civil no puede ni debe eludirlos.

La articulación del mercado, el estado y la sociedad civil se convierte en un

elemento fundamental del nuevo contrato social, y es el Tercer Sector quien tiene

la capacidad de imprimir fuerza a proyectos de largo plazo como el que se

requiere para redefinir el contrato social y dar un nuevo cauce al desarrollo.

La lección que puede obtenerse de la presente investigación es que, a escala

mundial son las políticas, y nos actos caritativos, lo que determinarán, en última

instancia, si las nuevas organizaciones se han de transformar en instrumento de

desarrollo humano en todo el mundo.

Parece necesario superar la tendencia a pensar en forma agregatoria buscando

completar lo existente, sin modificarlo, mediante la adición de un nuevo

componente; e intentar reflexionar en forma sistémica. Esto implica empezar a

pensar que los referidos objetivos, especialmente aquellos que significan

modificaciones d la situación existente y no sólo aumento de la eficiencia del

Estado en sus políticas sociales, sólo podrían alcanzarse si se produce no sólo

una reforma del Estado para hacerlo más eficiente, sino una real democratización

del mismo, del sistema político y de los partidos. Se requiere, asimismo, un

cambio en las relaciones entre el Estado, la sociedad y el sector empresarial, por

el cual éste se comprometa y asuma su responsablidad para consolidar una

democracia participativa con ciudadanía ampliada. Ciertamente, que esto es muy

difícil en las actuales condiciones políticas y sociales, e implicaría un cambio

substantivo de nuestra actual cultura política y del actual modelo de desarrollo,

como se ha señalado (Vergara 1989).

Aquí hemos planteado varios argumentos complementarios. Primero, es necesario

para las organizaciones del tercer sector y para la sociedad en su conjunto

comprender las contribuciones de éstas al propósito público. Sin esta comprensión

amplia y crítica sería difícil avanzar en la construcción de propuestas que

respondan a los múltiples problemas que enfrenta el país, ahora y en el futuro.

Segundo, las distintas organizaciones del tercer sector, y particularmente las


298

fundaciones empresariales, requieren una reflexión y un debate sostenido sobre

su propia práctica, sus capacidades y debilidades. Para ello, es una prioridad

consolidar un campo de investigación sobre el tercer sector en nuestro país. Si

bien se han generado algunos documentos sobre este tema, suelen ser poco

críticos y se dedican a destacar las acciones meritorias de las organizaciones sin

fines de lucro. Hay que demostraren qué sentido han sido y siguen siendo un

componente integral de una sociedad de mercado, democrática, equitativa y

plural. A su vez, hay que entender mejor nuestros resultados, los costos de

nuestras intervenciones y los impactos que éstas generan.


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