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ANAS

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EL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO Y SU APORTE AL FORTALECIMIENTO

DEL ENTORNO ÉTICO DE LAS UNIVERSIDADES

Área de Investigación: Entorno socioeconómico de las organizaciones

AUTORES

Mtro. Mario Humberto Hernández López 1

Maestría en Ciencias Sociales

FCA-UNAM

Teléfonos: 57044825

Correo electrónico: mario.humberto.hernandez@gmail.com

Sericultura # 250, col. 20 de noviembre, Venustiano Carranza, México, D.F.

Delia Rocío Martínez Montesinos 2

Licenciatura en Informática

FCA-UNAM

Teléfonos: 56311957

Correo electrónico: del_ia_mtz@yahoo.com.mx

Lázaro Cárdenas L.2. Mz. 119, col. ampl. Miguel Hidalgo, Tlalpan, México, D.F.

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RESUMEN

LIMITACIONES INSTITUCIONALES PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE

MÉXICO

Área de investigación: Entorno socioeconómico de las organizaciones

Las naciones están dentro de un contexto histórico definido por la centralidad tecnológica para la obtención de rentas. Actualmente, el progreso tecnológico impacta directamente la productividad y la competitividad de los países y las organizaciones. Algunos países como los del sudeste asiático, han logrado inserciones activas a la globalización, mientras que otro grupo de países ―B‖, entre los que está América Latina, han sido engarzados a la globalización pasivamente. El propósito de esta ponencia es subrayar las limitaciones institucionales que subyacen en México para la modernización tecnológica, entendida como una de las claves para la superación del atraso tecnológico y económico. La pregunta en este sentido no es tanto cómo lograr la modernización tecnológica, sino por qué no se ha logrado este proceso, aunque el análisis de las experiencias exitosas y los medios para lograr este objetivo han sido estudiados con denuedo. Se parte de la hipótesis de que es la matriz institucional la que abre o cierra las ventanas de oportunidad que disponen las condiciones históricas del propio capitalismo, y que hacen posible la inserción de países tardíos a la dinámica global de la valorización y el avance tecnológico. Pero esta modernización requiere, además de sistemas educativos y núcleos tecnológicos endógenos que promuevan el aprendizaje y la innovación, de los marcos institucionales apropiados; lo que de no lograrse, genera estructuras parasitarias y retórica demagoga. Eso tiene un impacto negativo sobre la estructura socioeconómica en que se desempeñan las organizaciones, retroalimentando el atraso económico y la incapacidad para lograr una inserción activa en los procesos de competencia global y regional. El resultado final es el asentamiento de problemas de competencia ineficiente en los mercados locales, el rezago y la dependencia tecnológica, impidiendo superar la trampa del atraso.

Palabras clave: instituciones, modernización, tecnología

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PONENCIA

LIMITACIONES INSTITUCIONALES PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA EN

MÉXICO

Área de investigación: Ética y Organizaciones

La necesidad de cambio, por obvia que sea, siempre es negada, no sólo por aquellos cuyos intereses podrían verse perjudicados, sino también por aquellos que se gobiernan por el principio de que nada debería hacerse por primera vez. Estos últimos, quizá, son los más numerosos. Antony Barnett, La especie humana

Desde la primera revolución industrial, ha sido continua la vinculación del conocimiento científico y tecnológico con la vida económica. Lejos de ser un factor más, la dinámica del capitalismo incorpora progresivamente el constante incremento de las capacidades tecnológicas, a fin de aumentar la productividad, reducir costos y producir nuevos bienes y servicios; las innovaciones han sido una palanca en el despliegue de las diferentes etapas del capitalismo. El avance logrado en términos de convergencia con respecto a la brecha de los países avanzados y los tardíos, se define por medio de su capacidad para competir por la obtención de rentas en el marco de una economía globalizada e incrementar su crecimiento macroeconómico. Actualmente, como reconocen diferentes autores [Castells, 2000; Pérez, 2004; Dabat; 2002] el mundo se halla en medio de un paradigma tecnológico derivado de la oleada que se asocia al microprocesador y sus implicaciones en la informática y las telecomunicaciones, lo que permite definir a nuestra época como de un capitalismo informático-global [Rivera, 2005 y 2009]. Con base en ello, los países compiten por las rentas a partir de sus capacidades tecnológicas en un espacio globalizado [Dabat, Rivera y Sztulwark, 2007], definido por el entramado de redes productivas, comerciales y financieras tendidas por la deslocalización de las plantas que permite la estructura transnacionalizada, así como el incremento de los flujos de inversión productiva y de cartera iniciados en los 1970s. En la lógica básica del paradigma de la industrialización tardía [Gerschenkron, 1970; Hikino y Amsden 1995], los países pueden superar su situación ―típica de atraso‖ por medio de ―saltos‖ a partir de la adaptación al paradigma tecnológico de vanguardia; por lo que parecería lógico aceptar que si estamos en medio de una revolución tecnológica, y éstas suelen abrir oportunidades para el desarrollo [Pérez, 2004], es fundamental adaptar y asimilar los conocimientos (innovaciones radicales) más avanzados generados por los países líderes hasta dominarlos. Desde esta posición, tiene sentido la tesis marxiana de que ―el país industrialmente más avanzado muestra al menos desarrollado la imagen de su propio futuro‖. Pero esto sólo ha sido acertado parcialmente.

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Gracias a las nuevas condiciones económica asociadas con la globalización y el cambio tecnológico, algunos países tardíos, sobre todo de la región surasiática, han podido converger en la brecha que históricamente ha separado a los países avanzados del resto. Por medio de políticas activas impuestas por el Estado, esta experiencia expresa que el desarrollo no es un fenómeno espontáneo, propio de la ―mano invisible del mercado‖, sino que requiere la aplicación de políticas industriales, comerciales, educativas y tecnológicas bien definidas. Las oportunidades asociadas a la producción flexible y transnacionalizada han dado lugar a una producción internacional por medio de redes empresariales ligadas a la fabricación de valor a lo largo de encadenamientos que terminan en bienes finales comercializados por firmas específicas, es decir, el proceso de subcontratación como medio para la integración y participación de organizaciones de países tardíos en las cadenas globales de valor hasta ascender como exportadores superiores cuando añaden valor sostenido en conocimiento y rebasan el plano de la manufactura basada en la mano de obra barata [Gereffi et al., 1994; Gereffi 2001]. El conjunto de países que inicialmente se denominó ―tigres asiáticos‖ al que se han sumado recientemente a China e India, ha despertado un interés no sólo académico sino político en la búsqueda por esclarecer las rutas del desarrollo económico, con base en una disposición activa al aprendizaje y la innovación incremental, cuyos resultados se plasman en el dinamismo de su crecimiento, acceso a las redes globales y up grade tecnológico. Este grupo de países es el que denominamos tipo ―A‖. El interés que despertó el ―milagro asiático‖, contrasta con el atraso económico prevaleciente en vastas zonas del planeta como el resto de Asia, África y América Latina, grupo de países que grosso modo definiremos como ―B‖. Desde los 1980s y los 1990s ha estado presente en la literatura económica un contraste franco entre la situación del Sudeste asiático y América Latina sobre el desarrollo y el aprendizaje tecnológico1. Inspirados en esa comparación, en nuestra región se trazaron líneas de investigación y algunos programas públicos para seguir los pasos de los países asiáticos exitosos y lograr una mejor inserción en la globalización. Parecía que sólo había que seguir lo que allá habían hecho (a su vez, a partir de los casos alemán y japonés): copiar y mejorar los procesos de las nuevas tecnologías. De tal suerte, podría decirse que el objetivo y la estrategia de la industrialización a partir de una modernización tecnológica por medio del aprendizaje están claros. Se sabe el qué y en buena medida el cómo. Pero si hay cierto consenso en las teorías acerca de la centralidad del aprendizaje, el conocimiento y la innovación, entonces ¿por qué no hemos logrado crear en nuestra región el núcleo tecnológico endógeno que potencie esas capacidades? El problema parece subyacer en la matriz institucional, es decir, en el seno de las reglas del juego, por lo que la pregunta que no se ha resuelto contundentemente es para qué. Parecería obvio responder que para lograr el desarrollo, incrementar las capacidades tecnológicas y dotar de capacidades productivas a la población, para estimular su iniciativa y su inventiva y buscar esa competitividad en los mercados internacionales, para acrecentar la

1 Destacan al respecto los trabajos de Amsden [1989, 1996, 2004] y Fajnzylber [1983, 1987, 1989].

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calidad de los bienes y servicios y los niveles de vida, etcétera. Centrándonos en México, el tema es más bien si eso es beneficioso o no a los grupos que concentran el poder político y económico. Se requiere por eso, antes de partir de la idea del Estado desarrollista sostenida por el paradigma de la industrialización tardía [Amsden, 1989], explicar porque no ha sido posible crear una coalición que defina el problema del interés coaligado de la sociedad para superar el atraso. Eso nos hace tratar de cubrir esta omisión en aras de desentrañar las causas anteriores que preservan al Estado depredador. Limitaciones de espacio impiden un tratamiento más amplio aquí, pero es menester identificar qué es lo que impide institucionalmente la adopción de políticas desarrollistas. Avanzar en la ruta de la economía del conocimiento implica un gran avance en la preparación de la población. No sólo se requiere de una capacitación técnica que logre el know how, satisfaciendo el plano operativo, sino la capacidad de implementar ingeniería de reversa para acometer el know why y desatar las tecnologías para adoptarlas. Eso hace necesaria una reforma educativa profunda, que a la vez permita una movilidad social ascendente que haga posible la germinación de una clase empresarial funcional y perdurable en los niveles micro, pequeño y medio. Lo anterior va de la mano con una voluntad de mejorar la educación, promover la capacitación laboral, conducirse bajo los contornos del estado de derecho y una modernización en la infraestructura que soporte las exigencias tecnológicas de punta. No pueden desconocerse problemas como las barreras a la entrada en las actividades centrales de la cadena de valor, o que incluso pueden generarse, como en varios casos de la misma experiencia asiática, islotes dinámicos en un marco de estancamiento nacional. Pero las potencialidades no dejan de ser notables. El nudo que deseamos señalar está entonces en la implementación de políticas de fomento y desarrollo tecnológico que exige de la voluntad política, ya que es el Estado el sujeto social responsable de definir los contornos por los que habrá de transcurrir la vida material de una sociedad, y dentro de las condicionantes históricas prevalecientes, promover la modernización capitalista. Frente a los intereses antagónicos de las clases sociales, se supone que el Estado se levanta con altura de miras por encima de los mismos para encauzar las políticas que impliquen el mayor bien común. Posturas críticas han insistido en que no es así, sino que el Estado se coaliga con el capital para promover ―desde arriba‖ la modernización, ello explica por qué en la mayoría de los casos se exige un sacrificio mayor a las clases trabajadoras. Para los marxistas, esto sólo encuentra salvedad en casos excepcionales en los que el Estado debe, o bien constituir, o bien disciplinar al capital, porque de otra forma es inviable un capitalismo nacional. Pareciera ser el caso de las regiones atrasadas, en las que el capitalismo no se configuró espontáneamente. Como ejemplo podemos citar el caso sudcoreano, en el que la coordinación entre el capital y el Estado permitió la conformación de competidores internacionales. Si consideramos que los grandes conglomerados empresariales (Chaebol) como Samsung, Daewoo o Hyndai, actúan ahora como polos intensivos en capital y conocimientos, no debemos soslayar el apoyo del Estado que les otorgó condiciones monopólicas temporales del mercado interno y de subsidios,

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como compensación al costo del aprendizaje. Ello implicó un respaldo condicionado del Estado al gran capital, lo que nos regresa a la necesidad de poner condiciones institucionales firmes, para disciplinar al capital y mantener a raya los intereses particulares de la élite empresarial y someterla a la estrategia de alcance nacional, traducido en gasto en investigación y desarrollo tecnológico, capacitación laboral y desempeño exportador, con un impacto favorable para la movilidad social. Caso contrario a México, donde el gran capital se gestó al amparo de las políticas sustitutivas, lo que conformó un maridaje entre el Estado y el gran capital. El Estado mexicano no ha afirmado su fuerza sobre el empresariado ni promovido una mejor distribución del ingreso, contrariamente, por acuerdos informales consiente la concentración de la riqueza, con lo que cede autonomía ante los grandes grupos empresariales, que actúan como grupos de interés y condicionan su respaldo al propio Estado por medio de negociaciones de la política económica, privatizaciones y concesiones. La concentración de la riqueza se traduce en limitaciones de acceso a la educación y a su influencia sobre los mecanismos del poder; con lo que el rezago se transmite intergeneracionalmente, frenando las capacidades productivas de las mayorías [Rivera, 2009]. Ello afianza otros mecanismos de exclusión, es el caso de la repartición del mercado mexicano, en el que el espacio interno se reserva para las grandes corporaciones nacionales que operan en las ramas industriales tradicionales de escasa innovación, y se cede el terreno tecnológicamente avanzado a las grandes transnacionales asentadas en México. Por un lado, Telmex, Cemex, Bimbo, FEMSA, Alfa, Gruma, Vitro, Grupo Modelo, Televisa o TV Azteca, funcionan como empresas dominantes en un mercado que históricamente les permite obtener rentas de monopolio, y por el otro están las grandes transnacionales, que son las que participan en las cadenas globales de valor tecnológico, pero sin una incorporación de proveedores nacionales, lo que limita los encadenamientos endógenos; estas empresas operan atraídas por la mano de obra barata y las ventajas de exportación en el marco del TLCAN; lo mismo ocurre en el caso de la maquila, que recurre a la importación de un altísimo porcentaje de insumos, pero también explota las ventajas regionales y salariales de México, a cambio de ofrecer empleos mal remunerados y sin potencialidades de aprendizaje. Frente a tal reparto, los empresarios en México empantanan el progreso, se convierten en fuerzas retardatarias que hacen prevalecer el atraso porque les resulta rentable en el corto plazo y están desinteresados en innovar. En el país se inhibe la creatividad y las nuevas ideas, porque se teme a la disidencia su potencial impacto subversivo en la sociedad. Históricamente ha sido clara la cercanía entre el poder político y el económico. En las décadas postreras a la Revolución, el régimen político priísta se constituyó como un sistema funcional en el que el Estado imponía orden consensado con el gran capital, y este se beneficiaba de las prerrogativas públicas en aras de la industrialización nacional. Ese orden se fracturó por la crisis del modelo de la industrialización sustitutiva de importaciones y la erosión de la legitimidad política del propio régimen a partir de los 1970s; a lo que le siguió la reorganización neoliberal de la economía que otorgó mayores espacios de rentabilidad a los actores privados sin la necesidad de depender de la intervención estatal, hasta llegar a integrar explícitamente (en una

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intrincada relación económico-política) ―el gobierno de empresarios, por empresarios y para empresarios‖. Debemos reconocer que la intervención del capital en las decisiones estatales no es algo exclusivo de México ni sólo de los países tardíos; en todo el mundo se practica el cabildeo (lobbying) y los grupos de interés especial obtienen beneficios [Olson, 1992]; pero aun así, algunas economías son capaces de mediar entre los intereses particulares con miras al desarrollo nacional. Cuando en los países con instituciones bien asentadas se descubre el cohecho, las sanciones son ejemplares. Si esto ocurre en los países avanzados, la pregunta es por qué no lo han hecho los gobiernos en México, y más aun, qué ha faltado para concretar la preocupación por convertirse en una economía dinámica. Una posible respuesta es la falta de estímulos. Siguiendo la argumentación planteada por North [1993] y Hoff y Stiglitz [2002], es atendible el tema del cambio institucional centrando el interés primeramente en las fallas gubernamentales y luego los fallos de mercado. Así, lo que estos autores llaman fallos de coordinación, derivan de equilibrios disfuncionales sobre bases institucionales que generan círculos viciosos, con el predominio de instituciones inferiores (las que preservan el atraso) sobre las superiores (que promueven el aprendizaje) [Rivera, 2009]. Cuando la falta de oportunidades, la mala distribución del ingreso o el lucro político con la ignorancia de la población, permiten a las élites dirigentes servirse de los recursos, el atraso ―se institucionaliza‖. Pero sería equivocado soslayar la considerable influencia de la historia. Cuando la trayectoria del atraso ha sido aprendida y legitimada socialmente (path dependence), afecta los modelos institucionales que definen las actitudes o disposiciones sociales, con su reflejo ulterior sobre la educación, y finalmente sobre la tecnología, el conocimiento y el comportamiento organizacional. Tal y como ocurre con las trayectorias innovadoras del progreso que generan dinámicas virtuosas y estimulan sistemáticamente el comportamiento innovador, la legalidad y la justicia; ocurre el caso contrario en las que prevalece la trayectoria del atraso, con su reflejo perverso cuando delinea una matriz institucional que es funcional dentro del atraso mismo y lo prolonga. De tal manera, en este segundo caso, se establecen ―camisas de fuerza‖ que constriñen el comportamiento innovador de los agentes. Lo anterior no siempre es fruto de un Estado demasiado opresivo, ya que como advierten Hoff y Stiglitz, ―frecuentemente, el problema es un Estado demasiado débil‖ [2002: 399], debilidad que se traduce en complacencias a grupos de interés y el freno al capital social opuesto a esa trayectoria. Es así que el problema de incentivos y rentas adquiere sentido; ya que si no existen los incentivos claros al cambio institucional, aquellos agentes que se benefician de las rentas en el marco del atraso no renunciarán a ellas, lo que perpetua conductas contrarias a la innovación; así lo demuestra la experiencia latinoamericana en el contexto de la industrialización por sustitución de importaciones, que avanzó en su etapa simple, pero se limitó a la obtención de ganancias fáciles por la complacencia del Estado a grandes empresas monopólicas que frenaron la adopción de la etapa compleja [Hirschman, 1996].

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El comportamiento rentista prevalecerá ante el innovador si no se rompen las condicionantes institucionales que lo permiten. Eso revela la importancia que tiene una matriz institucional en la explicación de la continuidad o el cambio social. Las instituciones son ―las reglas del juego‖ social. Buscan primeramente, evitar el conflicto desintegrador en el sentido que da John Elster cuando se refiere al ―cemento de la sociedad‖; y luego buscan la funcionalidad del cuerpo social, para lo cual las instituciones son el marco en el que se proyectan los fines que esa sociedad busca alcanzar. Los incentivos y sanciones son, pues, parte del tejido institucional que estimula o inhibe el comportamiento de los sujetos sociales. Si bien las instituciones en su plano formal son construcciones humanas administradas por el Estado y realizadas por el resto de los actores sociales, su plasmación no necesariamente responde al criterio estatal; ya que tanto las leyes mismas son pilares de la edificación social, como las instituciones informales moldeadas en criterios, normas y costumbres que cohesionan en un sentido común a esos actores, definiendo medios y fines legítimos para la sociedad. En ellas se configuran los estímulos, valores, intereses, pasiones, hábitos mentales y demás expresiones que crean un marco de sentido compartido. Con frecuencia, las instituciones informales son más duraderas que las formales [North, 1993] ya que atienden lo primario de la cultura, conectando al pasado con el presente y proyectando el futuro. Dentro de esto es imprescindible reconocer el incentivo material o económico en las instituciones primarias, o sea, las que estructuran la formación social. La vida material es un principio elemental que condiciona el acceso de los agentes a la riqueza social y los medios para reproducirla, el Estado define los derechos de propiedad que habilitan y restringen el campo de acción económica de los agentes. De tal manera, la matriz institucional puede potenciar o frenar el desarrollo, por eso es tan determinante el papel del Estado en la gestión de los capitalismos nacionales. Esto nos conduce a problemas como: ¿qué define la direccionalidad de un Estado hacia el desarrollo o la preservación del atraso? El modelo conductual de países desarrollados en los que el poder público resuelve ciertos problemas, no puede proyectarse linealmente al medio de países atrasados. Finalmente, ¿por qué habría de romperse una matriz que aun basada en el atraso, es funcional para los grupos que detentan el poder? Sería un error suponer que estas condiciones habrían de cambiar de forma espontánea, ya que ni el Estado ni el gran capital, y ni la misma clase trabajadora, son agentes neutros; desde su posición tienen intereses y también pasiones, que tienden a resguardar. Sin incentivos suficientes para romper el rentismo o el lucro político del atraso, los agentes no actuarán hacia el aprendizaje ni la innovación, preservando así la ―trampa del atraso‖. Dentro de una matriz institucional que a pesar de todos los problemas asociados con el atraso, resulta funcional para los grupos que controlan el poder, sólo un gran choque podría sacudir dicha matriz. El problema es, pues, determinar las causas de esos choques que potencialmente permitan una sacudida de tal magnitud que desmorone el entrampamiento institucional.

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Rivera [2008 y 2009] sostiene que son choques internos y externos los que hacen que el Estado retraiga su tendencia depredadora y considere ―intervenciones estatales profundas‖ [Hoff y Stiglitz, 2002]; estos choques representan una amenaza al poder o un riesgo a la sobrevivencia nacional. Esto impondría una tensión necesaria (fuerzas de primer orden) que obligara a romper las condiciones del atraso y diera lugar al Estado desarrollista (fuerzas de segundo orden). Los choques internos pueden ser desde crisis económicas profundas, movimientos sociales organizados, corrientes políticas democratizadoras con respaldo popular, y todo conflicto que implique la necesidad de un cambio estructural. Los choques externos pueden ser peligros desde el exterior que figuren ataques a la soberanía, como intervenciones políticas o militares, o el propio reordenamiento geopolítico y económico del mundo que amenace a un país con estancarse en el atraso. El punto es cómo romper el conservadurismo en el que por razones idiosincráticas, históricas, culturales, educativas e ideológicas, derivadas del atraso, se preserva una matriz institucional adversa. Ante una realidad que exhibe las limitaciones nacionales para enfrentar los retos de una nueva economía globalizada basada en el conocimiento y la innovación, que demanda una mayor competitividad sostenida en mayor productividad de los factores, es necesario dar cuenta de las causas por las que no se ha logrado una modernización tecnológica que posicione al país en la ruta para encarar esos retos. En el caso de la modernización tecnológica es patente el rezago institucional que hay en México para beneficiarse de las posibilidades históricas que la nueva economía abre. Ya que el país ha sido proyectado como un espacio rentable por su mano de obra barata como principal atractivo para las inversiones foráneas, limita el aprendizaje tecnológico endógeno. Algunas ventajas del país como su cercanía y el tratado de libre comercio con el mayor mercado del mundo, lo dispone como plataforma de exportación, razón por la cual en México se han asentado diversas empresas extranjeras. Ello sería potencialmente muy importante si se tradujera en transferencia de tecnología y encadenamientos productivos, que derivaran en aprendizaje tecnológico y upgrading en las cadenas de valor endógenas y exógenas. Pero no ha sido así, ya que más bien ha ocurrido una delimitación del mercado, implicando la concentración de las actividades industriales tradicionales de escasa innovación (cemento, alimentos y bebidas, vidrio, telecomunicaciones) en las grandes empresas monopólicas nacionales; mientras que las grandes transnacionales son las que más invierten en las ramas dinámicas (automotriz, cómputo) pero con un alto componente de insumos importados, dejando en un aislamiento a las medianas, pequeñas y micro empresas, que en México representan al 99.4% del conjunto empresarial y demandan el 72% del empleo; advirtiendo que sólo el 2.4% del total de empresas nacionales exportan2, y primordialmente lo hacen las grandes organizaciones. En ese contexto hay que matizar resultados como el auge exportador manufacturero, ya que si bien se ha dado un incremento de las ventas al exterior y más del 70% de las exportaciones totales son manufacturas, debemos considerar que dentro del total manufacturero, los bienes

2 http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/estadisticas/Est_ExpImp_xEdo.asp

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de alta tecnología representan apenas el 20% entre 2000 y 2006, y para 2007 fueron el 17%3. Por lo que si el grueso de las exportaciones recae en las empresas extranjeras asentadas en el país (primordialmente las automotrices) que han aprovechado las ventajas para los exportadores que configuró el Estado mexicano a inicios de la década pasada4, y son así las que llevan a cabo las exportaciones de bienes con valor agregado tecnológico aunque de propiedad intelectual externa (cuadro 1).

Cuadro 1: Las 10 principales empresas exportadoras en México

Lugar Empresa País Sector 1 Petróleos Mexicanos México Petróleo 2 General Motors de México Estados Unidos Automotriz 3 Nissan Mexicana Japón Automotriz 4 Chrysler de México Estados Unidos Automotriz 5 Volkswagen de México Alemania Automotriz 6 Ford Motor Company Estados Unidos Automotriz 7 Coca-Cola FEMSA México Bebidas 8 Grupo México México Minería 9 Industrias Peñoles México Minería

10 Mabe México Electrodomésticos Fuente: Elaborado con base en CNNExpansión, http://www.cnnexpansion.com/negocios/ las-10-grandes-exportadoras-mexicanas/mexico-le-vende-al-mundo A partir de información del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, son empresas extranjeras las principales solicitantes y titulares de patentes en México. Como puede verse en los cuadros 2 y 3, hay una gran desproporción entre el interés que le confieren las organizaciones extranjeras en México y las nacionales. Lo relevante, además del número de empresas exportadoras foráneas, es que se sitúan en sectores de valor agregado e impacto tecnológico: automotriz, electrónica e informática, electrodomésticos, informática y farmacéutica. Mientras tanto, las empresas mexicanas enfocan su liderazgo en ramas maduras como alimentos, bebidas, cemento, acero y plástico.

Cuadro 2: Número de patentes solicitadas en México, por nacionales y extranjeros

Año Nacionales Extranjeros Porcentaje nacional

1996 386 6365 6.1

1997 420 10111 4.2

1998 453 10893 4.2

1999 455 12110 3.8

3 http://sitesources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/Statiscal-Annex.pdf 4 Cuando se establecieron incentivos fiscales como instrumentos de apoyo a las empresas altamente exportadoras,

fueron aprovechados no sólo por las grandes empresas nacionales, sino por las extranjeras, que se posicionan entre

las principales exportadoras desde México.

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2000 431 13061 3.3

2001 534 13566 3.9

2002 526 13062 4.0

2003 468 12207 3.8

2004 565 13194 4.3

2005 584 14436 4.0

2006 574 15500 3.7

2007 641 16599 3.9

Fuente: Elaborado con base en IMPI en cifras, 2008.

Cuadro 3: Principales titulares de patentes en México, 2006

País Empresa Núm. de patentes

Francia Thomson Licensing, S.A. 232 Estados Unidos

The Procter & Gamble Company 216

Estados Unidos

Kimberly-Clarck Worldwide, Inc. 192

Alemania Bayer Aktiengesellschaft 94 Estados Unidos

Qualcom Incorporated 92

Suiza F. Hoffman – La Roche AG 91 Alemania Basf Aktiengesellschaft 88 Estados Unidos

Illinois Tool Works Inc. 87

Estados Unidos

General Electric Company 81

Estados Unidos

3M Innovative Properties Company 76

Países Bajos Unilever N.V. 64 Suecia Astrazeneca AB 54 Alemania Sanofi-Aventis Deustschland GMBH 51 Suiza Ciba Speciality Chemicals Holding Inc. 49 Países Bajos Shell Internationales Research Maatschappij

B.V. 45

Japón Honda Giken Kogyo Kabushiki 37 Japón Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. 37 Suiza Société des Products Nestlé, S.A. 36 Francia L’Oreal 33

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Suiza Novartis AG 32 Japón Sony Corporation 31 Suecia Telefonaktiebolaget L M Ericcson 21 Finlandia Nokia Corporation 21 Suiza Inventio AG 20 Francia Aventis Pharma, S.A. 18 Bélgica Janssen Pharmaceutica N.V. 16 Suecia SCA Hygiene Product AB 15 Reino Unido DCA Design International Limited 15 Italia Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite

S.P.A. 15

Finlandia Outokumpu OYJ 13 México Instituto Mexicano del Petróleo 13 Dinamarca H. Lundbeck A/S 9 México Servicios Condumex, S.A. de C.V. 8 México Grupo Bimbo, S.A. de C.V. 6 México Instituto de Investigaciones Eléctricas 5 México Centro de Investigaciones en Química

Aplicada 4

Fuente: Conacyt, Informe general del estado de la ciencia y la tecnología, 2007. El rezago y la falta de inversión en ciencia y tecnología profundizan el viejo problema de la dependencia tecnológica, lo que aunado a la desarticulación entre las empresas extranjeras y las nacionales, limita los encadenamientos y por lo mismo hay una escasa transferencia tecnológica; como producto de una desatención institucional en tales rubros, México no es un país innovador y por ende tiene una balanza de pagos tecnológica deficitaria (cuadro 4). La centralidad de la investigación y desarrollo (I+D) tecnológico en la actualidad no es trivial, por la importancia que tienen las rentas tecnológicas como forma avanzada de generar riqueza, y resalta la carencia nacional de mecanismos institucionales por revertir esa dependencia mediante políticas de largo alcance.

Cuadro 4: Balanza de pagos tecnológica, 200-2005 (millones de dólares)

Año Ingresos Egresos Saldo Total de

transacciones Total de

Cobertura* 2000 43.1 406.7 -363.6 449.8 0.110 2001 40.8 418.5 -377.7 459.3 0.097 2002 70.3 690.2 -619.9 760.5 0.102 2003 79.3 672.0 -592.7 751.3 0.118 2004 115.1 1628.9 -1513.8 1744.0 0.071 2005 180.4 2093.5 -1913.1 2273.9 0.086

Fuente: Conacyt, Informe general del estado de la ciencia y la tecnología, 2008.

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* Tasa de cobertura = Ingresos / Egresos. El país no cuenta con una política firme de desarrollo científico y tecnológico, y frente a

realidades contundentes como la concentración de las exportaciones con valor tecnológico en

las empresas transnacionales, es preocupante que la capacidad nacional para participar de esa

renta es exigua. Considerando algunos indicadores publicados en el Informe sobre Desarrollo

Humano 2007-2008, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): México –

la economía 16 del mundo por el tamaño de su PIB– se ubica en la posición 52 de desarrollo

humano, para el Informe 2009, cayó a la posición 53; debajo de otros países del continente

como Canadá (4), Estados Unidos (13), Barbados (37), Chile (44), Argentina (49), Uruguay (50),

Cuba (51) y Bahamas (52). Pero en los indicadores de difusión y creación de tecnología, se

evalúa que México tiene, entre 2000-2005, sólo 268 investigadores en I+D por cada millón de

habitantes.

Con base en esa información, se aprecia que en México es insuficiente la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, lo que estructuralmente frena nuestra competitividad. Y si bien le corresponde al Estado el impulso de la innovación, los enfoques teóricos contemporáneos sostienen que también al sector privado le incumbe invertir en tecnología e investigación; sin embargo, en México sólo 30% de la inversión es privada, mientras que en China, por ejemplo, el sector privado aporta el 80%5. Pero a su vez, considérese que la investigación plasmada en patentes depende esencialmente de las grandes empresas, en promedio para el periodo 1999-2007, representaron el 95% de las patentes logradas6. Sin embargo, la atención que presta la gran empresa doméstica a la investigación y desarrollo es mínima y su participación en el total de patentes es mínimo, insistimos, ya que no existen los incentivos a la innovación, por la existencia de mercados ineficientes que les permite obtener rentas de monopolio, y así el terreno de la innovación está en manos de grandes empresas extranjeras (cuadro 5).

Cuadro 5: Patentes concedidas a las grandes empresas en México

Año Nacionales Extranjeras Porcentaje nacional 1999 36 3653 1.0 2000 47 5202 0.9 2001 30 5152 0.6 2002 54 6237 0.9 2003 45 5659 0.8 2004 69 6393 1.1

5 El Financiero, septiembre 12 de 2008, p. 13. 6 De acuerdo con datos del Informe general del estado de la ciencia y la tecnología 2008 de Conacyt, para ese

periodo el 94.8% de las patentes concedidas está en poder de empresas grandes, el 0.3% para empresas pequeñas,

3.9% para inventores independientes, y otros el 0.2%.

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2005 53 7568 0.7 2006 47 9138 0.5 2007 70 9382 0.7

Fuente: Elaborado con base en Conacyt, Informe general del estado de la ciencia y la tecnología, 2008. El propio impulso estatal es insuficiente, ya que ni siquiera se cumple la meta establecida en la Ley de Ciencia y Tecnología decretada en 2002, de destinar el 1% del PIB a estos rubros7, como puede apreciarse en el cuadro 6, la asignación presupuestaria pública es muy menor a la meta fijada por el propio Estado. La escasez de recursos públicos asignados se traduce en un desinterés por las políticas de fomento y desarrollo de capacidades de aprendizaje tecnológico e innovación, así como a la focalización casi exclusiva del interés por mantener una estabilidad en las variables macroeconómicas, que en su apuntalamiento, descuidan áreas que requieren de la inversión pública como lo son la educación, la ciencia y la tecnología. Cuadro 6: Asignación presupuestaria pública para investigación científica y desarrollo experimental (porcentaje del PIB, 1993=100)

2000 0.23 2001 0.23 2002 0.23 2003 0.27 2004 0.22 2005 0.22 2006 0.22 2007 0.22 2008 0.28

Fuente: Presidencia de la República, Tercer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico: 555. El problema se relaciona también con la ausencia de una política industrial activa, que debido a las directrices marcadas por los criterios neoliberales, ha dejado su estrategia basada en los mecanismos del mercado, es decir, la escasa intervención pública en combinación con la abrupta apertura comercial y financiera, y la atracción de inversión extranjera de predominio especulativo; empero, esta política desentona abiertamente con la seguida por otros países en desarrollo, particularmente los surasiáticos, que se basan en una enérgica pero dinámica gestión estatal orientada decididamente a la educación científica con miras a la conexión entre el aparato productivo interno y el mercado mundial. Sólo a partir de una política industrial activa, basada en la superación de impedimentos institucionales podría abrirse una posibilidad de reconvertir la estructura productiva sustentada en la modernización, el aprendizaje y la innovación tecnológica.

7 “El monto anual que el Estado –Federación, entidades federativas y municipios– destinen a las actividades de

investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser

menor al 1% del producto interno bruto del país” (http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242.pdf)

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Este conjunto de razones objetivas (intereses de grupo y rentas cómodas) y subjetivas (creencias socio-políticas, dogmatismos) hace que el problema no sea sólo de aplicación de políticas de aprendizaje tecnológico, sino de modelos conductuales inspirados en una matriz institucional ineficiente. Como hemos subrayado, un marco adverso a la innovación deviene hábitos mentales que condicionan la disposición a actual en ese sentido, repercutiendo en el comportamiento de los agentes. El modelo conductual político emanado de la Revolución sentó bases para la industrialización y el crecimiento, pero también institucionalizó el sometimiento y la subordinación; el beneficio político de una población mal educada y acrítica en un contexto antidemocrático y elitista. Esto es hoy en día un impedimento al progreso del país, ya que la matriz institucional de ese régimen no está superada, persiste en el imaginario colectivo y en la clase que detenta el poder político y económico. A partir de lo anterior, podemos concluir que la integración de México a la nuevo situación histórico-económica del mundo, no ha sido plenamente activa debido a desigualdades muy marcadas en cuanto al avance científico-educativo con respecto a los países que han adoptado una matriz institucional innovadora, base indispensable para acometer los retos tecnológicos que plantea el capitalismo actual cimentado en el conocimiento. Ello, sumado a una condición asimétrica entre las grandes empresas nacionales, refugiadas en los sectores tradicionales escasamente intensivos en tecnología, y las empresas transnacionales asentadas en el país, que tienen mayores vínculos con el avance tecnológico en ramas como la electrónica y la automotriz. En ese sentido, el gran capital emanado de las privatizaciones se ha convertido en un núcleo endurecido sumamente influyente en torno a su poder económico-político, centrado en su hegemonía oligopólica en sectores clave de la economía, con lo que se ha vuelto crucial en la definición de la política económica, en aras de apuntalar su expansión interna como palanca de su expansión externa (transnacionalización). Esto, no impulsa la posibilidad de un compromiso definido y constante con el aprendizaje y la modernización tecnológica, debido a que los grandes potentados extraen sus ganancias básicamente de las ganancias de monopolio, la escasa contribución impositiva de que gozan por los regímenes fiscales ad hoc y su influencia para frenar la competencia en el mercado. Esto forma derechos de propiedad ineficientes [Rivera, 2009] que hacen del gran capital un sujeto desinteresado por la innovación, ya que no la necesita para obtener grandes rentas. De no romperse la ―camisa de fuerza‖ que sostiene instituciones ineficientes, México corre el riesgo de seguir perdiendo oportunidades de inserción activa en la globalización y de alcanzar mejores niveles de vida para su población, agudizando con una complacencia pasiva su crisis y la erosión de sus capacidades para salir de la misma. Pero como hemos visto, eso depende de un cambio profundo en el sistema de poder. La forma de concebir al poder crea eslabones históricos y las instituciones pasadas establecen el presente y moldean el futuro. Mientras no se sujete a los grupos que controlan el poder, incluyendo al Estado mismo, no se estará en condiciones de crear las posibilidades de crecimiento, ni de movilidad social.

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La conclusión es que mientras no haya una sacudida de tal magnitud que amenace el status quo prevaleciente, no se erosionará la matriz institucional que obstaculiza la modernización del país para dar paso a otra matriz que la favorezca. Por lo que se requiere de una conmoción que trastoque al sistema de poder para abrir la posibilidad de un cambio en la trayectoria institucional que incluya a las capas gruesas de la población en la posibilidad de una prosperidad compartida.

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