AMPARO EN REVISIÓN 157/2016 QUEJOSA Y …207.249.17.176/Primera_Sala/Asuntos Lista...

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AMPARO EN REVISIÓN 157/2016 QUEJOSA Y RECURRENTE: ********** PONENTE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día. Vo. Bo. Señor Ministro V I S T O S Y, R E S U L T A N D O: Cotejó: PRIMERO. Antecedentes. En diciembre de dos mil once, ********** y **********, en carácter de endosatarios en procuración de **********, reclamaron en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria, de **********, el pago de ********** por concepto de suerte principal, así como el pago de intereses moratorios a razón del ********** mensual, gastos y costas. La demanda se radicó en el Juzgado Quinto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el registro **********. En el propio auto de admisión, se ordenó realizar diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento.

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AMPARO EN REVISIÓN 157/2016 QUEJOSA Y RECURRENTE: **********

PONENTE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día.

Vo. Bo.

Señor Ministro

V I S T O S Y,

R E S U L T A N D O:

Cotejó:

PRIMERO. Antecedentes. En diciembre de dos mil once,

********** y **********, en carácter de endosatarios en procuración

de **********, reclamaron en la vía ejecutiva mercantil y en

ejercicio de la acción cambiaria, de **********, el pago de **********

por concepto de suerte principal, así como el pago de intereses

moratorios a razón del ********** mensual, gastos y costas.

La demanda se radicó en el Juzgado Quinto del Ramo Civil

del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el registro

**********. En el propio auto de admisión, se ordenó realizar

diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento.

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Para realizar tal actuación, el referido juez giró exhorto al juez

competente del ramo civil de la ciudad de Isla, Veracruz, en virtud

de que el domicilio del demandado se encontraba en dicha

localidad.

La diligencia ordenada se llevó a cabo el diez de julio de

dos mil doce por la Secretaria en funciones de actuaria del

Juzgado Municipal de Villa Isla, Veracruz1. No obstante, tal

actuación se declaró nula por el juez exhortante mediante auto de

treinta y uno de agosto de dos mil doce2, por lo que se ordenó

girar exhorto nuevamente al juez del domicilio del demandado

para que llevara a cabo la diligencia en los términos de ley. Una

vez cumplido lo anterior por conducto del juez exhortado3, el juez

exhortante volvió a declarar nula la diligencia practicada4.

Tras una serie de requerimientos posteriores, el Juzgado

Quinto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, recibió oficio del juez exhortado en el que se le informó

que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y

emplazamiento no había sido llevada a cabo5.

El veintiocho de mayo de dos mil catorce, la parte actora

presentó escrito en el que solicitó al juez de la causa que girara

1 Foja 25 del cuaderno del juicio ejecutivo mercantil **********.

2 Foja 37 del cuaderno del juicio ejecutivo mercantil **********.

3 Foja 74 del cuaderno del juicio ejecutivo mercantil **********.

4 Foja 81 del cuaderno del juicio ejecutivo mercantil **********.

5 Foja 120 del cuaderno del juicio ejecutivo mercantil **********.

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nuevo exhorto para realizar dicha diligencia. A tal

ocurso recayó auto de veintinueve del propio mes

y año6, en el que dicho juez estableció que no era posible atender

a lo peticionado, ya que habían transcurrido más de ciento

cuarenta días hábiles sin que la parte actora impulsara el

procedimiento, por lo que en observancia al artículo 1076 del

Código de Comercio, decretó la caducidad de la instancia,

declaró ineficaces las actuaciones realizadas y dejó a salvo los

derechos de la actora.

SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante

escrito de veinticuatro de junio de dos mil catorce presentado

ante el juez de la causa, el endosatario en procuración de la

persona moral actora promovió juicio de amparo, en el que

señaló como acto reclamado: “La inconstitucionalidad del artículo

1076 del Código de Comercio y su acto de aplicación en el auto

que decreta la caducidad de 29 de mayo de 2014, dictada por la

autoridad responsable en el expediente número **********”.

La demanda de amparo fue remitida por el juez responsable

al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en turno. Del asunto

conoció el Tercer Tribunal del Vigésimo Circuito, el que dictó auto

el siete de julio de dos mil catorce7, en el que determinó que se

actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61,

6 Fojas 122 a 124 del cuaderno del juicio ejecutivo mercantil **********.

7 Fojas 21 a 25 del cuaderno de amparo indirecto 1128/2014.

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fracción XVIII, de la Ley de Amparo8, toda vez que el acto

reclamado (auto de veintinueve de mayo de dos mil catorce, en el

que se decretó la caducidad de la instancia) no era una

resolución definitiva ni ponía fin al juicio, ya que era impugnable a

través del recurso de revocación, en términos de los artículos

1334 y 1340 del Código de Comercio9. En ese sentido, determinó

que la competencia legal para conocer del asunto correspondía a

un Juzgado de Distrito, por lo que ordenó remitirlo al juzgado en

turno.

Correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el

Estado de Chiapas, el que le asignó el registro ********** y dictó

auto el ocho de agosto de dos mil catorce10, en el que aceptó la

competencia planteada, se avocó al conocimiento del asunto y

previno al promovente para que manifestara su protesta de

verdad respecto a los hechos narrados en la demanda.

8 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: […]

XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. […]

9 Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición.

Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339.

10 Fojas 27 a 29 del cuaderno de amparo indirecto 1128/2014.

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Por escrito presentado el diecinueve de

agosto de dos mil catorce11, el representante de la

parte quejosa desahogó la prevención en el sentido de protestar

de ciertos los hechos narrados en la demanda. Asimismo, señaló

como autoridades responsables al Presidente de la República y al

Congreso de la Unión, debido a que el acto reclamado era una

ley federal.

El veinte de agosto de dos mil catorce12, el Juez de Distrito

tuvo por cumplida la prevención y, por otro lado, determinó que

se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo

61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso

no agotó el recurso previsto en ley en contra de la resolución

reclamada, esto es, el recurso de revocación en términos del

artículo 1334 del Código de Comercio. Así, desechó de plano la

demanda de amparo.

Inconforme, el quejoso interpuso recurso de queja en contra

del desechamiento13, del que conoció el Primer Tribunal

Colegiado del Vigésimo Circuito, órgano que dictó sentencia el

once de diciembre de dos mil catorce, en la que declaró fundado

el recurso y ordenó al juez de distrito pronunciarse sobre la

admisión de la demanda de amparo14.

11 Foja 34 del cuaderno de amparo indirecto 1128/2014.

12 Foja 43 del cuaderno de amparo indirecto 1128/2014.

13 Foja 53 del cuaderno de amparo indirecto 1128/2014.

14 Fojas 81 a 90 del cuaderno de amparo indirecto 1128/2014.

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En cumplimiento a ello, el Juez Primero de Distrito en el

Estado de Chiapas dictó proveído el veintinueve de diciembre de

dos mil catorce, en el que admitió a trámite la demanda, requirió

informe justificado a las autoridades responsables, ordenó el

emplazamiento del tercero perjudicado y señaló fecha y hora para

la audiencia constitucional.

Seguido el trámite correspondiente, el juez de distrito del

conocimiento dictó sentencia el quince de mayo de dos mil

quince15, en la que se declaró incompetente para conocer del

asunto, ya que el acto reclamado era impugnable mediante

amparo directo, por lo que ordenó su remisión al Tribunal

Colegiado de Circuito en turno.

El veintisiete de mayo de dos mil quince16, el juez de distrito

referido dictó auto en el que tuvo por recibido el oficio del Tercer

Tribunal del Vigésimo Circuito en el que comunicó que no aceptó

la competencia planteada por dicho juzgado. De esa manera, el

Juzgado de Distrito se avocó de nueva cuenta al conocimiento

del asunto.

El treinta de junio de dos mil quince, el Juzgado de Distrito

del conocimiento dictó sentencia en la que negó el amparo

solicitado17.

15 Fojas 195 a 202 del cuaderno de amparo indirecto 1128/2014.

16 Foja 204 del cuaderno de amparo indirecto 1128/2014.

17 Fojas 255 a 267 del cuaderno de amparo indirecto 1128/2014.

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TERCERO. De acuerdo a lo expresado en la

demanda de amparo y su escrito de desahogo a la prevención

hecha por el Juez de Distrito, se advierte que la quejosa señaló

como autoridades responsables y actos reclamados los

siguientes:

AUTORIDADES RESPONSABLES

1) Presidente de la República.

2) Congreso de la Unión.

3) Juez Quinto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas.

ACTOS RECLAMADOS:

Del Presidente de la República y el Congreso de la Unión:

a) Inconstitucionalidad del artículo 1076 del Código de

Comercio18.

18 Artículo 1,076.- En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias:

a).- Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y

b).- Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. Los efectos de la caducidad serán los siguientes:

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Del Juez Quinto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla:

b) El auto de veintinueve de mayo de dos mil catorce, dictado

en el juicio ejecutivo mercantil **********, en el que se decretó

la caducidad de la instancia.

La quejosa invocó como preceptos constitucionales violados

los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

I. Extingue la instancia pero no la acción, convirtiendo en ineficaces las actuaciones del juicio y volviendo las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos, mandándose cancelar su inscripción en los Registros Públicos correspondientes;

II. Se exceptúa de la ineficacia señalada, las resoluciones firmes de las excepciones procesales que regirán en cualquier juicio que se promoviera. De igual manera las pruebas rendidas en el proceso que se haya declarado caduco podrán invocarse de oficio, o por las partes, en el nuevo proceso que se promueva;

III. La caducidad de la segunda instancia deja firmes las resoluciones apeladas;

IV. La caducidad de los incidentes sólo afectará las actuaciones del mismo, sin comprender la instancia principal, aunque haya quedado en suspenso por la resolución de aquél, si transcurren sesenta días;

V. No ha lugar a la caducidad en los juicios universales de concurso, pero si en aquéllos que se tramiten en forma independiente aunque estén relacionados o surjan de los primeros;

VI. Tampoco opera la caducidad cuando el procedimiento está suspendido por causa de fuerza mayor y el juez y las partes no pueden actuar; así como en los casos en que es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; y en los demás casos previstos por la ley;

VII. La resolución que decrete la caducidad será apelable en ambos efectos, en caso de que el juicio admita la alzada. Si la declaratoria se hace en segunda instancia se admitirá reposición, y

VIII. Las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la caducidad del juicio en primera instancia. En la segunda instancia serán a cargo del apelante, y en los incidentes las pagará el que lo haya interpuesto. Sin embargo, las costas serán compensables con las que corran a cargo del demandado cuando hubiera opuesto reconvención, compensación, nulidad y en general las excepciones o defensas que tiendan a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda

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CUARTO. Conceptos de violación. La

quejosa expresó en la demanda de amparo los

siguientes conceptos de violación:

o Al aplicar el artículo 1076 del Código de Comercio, la autoridad

responsable violó los artículos 14, 16 y 17 constitucionales,

pues transgrede las normas del procedimiento y el derecho de

acceso a la justicia.

o El artículo 1076 del Código de Comercio viola principios

constitucionales básicos, ya que no prevé la prevención antes

de la pérdida de un derecho, lo cual es contrario al artículo 14

constitucional, el cual dispone que “nadie puede ser privado de

la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino

mediante juicio”. La caducidad es una sanción determinante,

por lo que si no hay prevención se viola el debido proceso

legal, cuyo fin último es evitar que se deje en estado de

indefensión previo al acto privativo. Así, el artículo no ofrece

medios accesibles de defensa, sino los obstaculiza, al

establecer una sanción desproporcionada que anula el acceso

a la justicia. De ahí que para ser acorde a la Constitución, el

juez debería prevenir a las partes antes de que se decretara la

caducidad.

o El artículo es inconstitucional porque se trata de una sanción

genérica que mide situaciones desiguales en forma similar,

tales como el factor distancia. Se viola la seguridad jurídica ya

que el juez debe ampliar los plazos para la realización de

cargas procesales en función de la distancia. Ello, conforme a

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una interpretación sistemática de los artículos 1075 y 1207 del

Código de Comercio19, así como 134 del Código de

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal20.

o En efecto, el numeral impugnado no prevé la dificultad de las

comunicaciones para la ampliación de plazos, lo cual sí se

tiene que tomar en cuenta. En el caso concreto, el domicilio

del demandado no se encuentra en el lugar del juicio, además

de que para ejecutar un exhorto se debe hacer mediante dos

jueces distintos.

o El artículo impugnado está redactado como una presunción

legal que no admite prueba en contrario, es decir, no se basa

en hechos, ya que decir que todos los casos en que no se

19 Artículo 1075. […]

Cuando se trate de la primera notificación, y ésta deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del tribunal, aumentará a los términos que señale la ley o el juzgador, un día más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien, pudiendo el juez, según las dificultades de las comunicaciones, y aún los problemas climatológicos aumentar dichos plazos, razonando y fundando debidamente su determinación en ese sentido.

Artículo 1207. El término ordinario que procede, conforme al artículo 1199, es susceptible de prórroga cuando se solicite dentro del término de ofrecimiento de pruebas y la contraria manifieste su conformidad, o se abstenga de oponerse a dicha prórroga dentro del término de tres días. Dicho término únicamente podrá prorrogarse en los juicios ordinarios hasta por veinte días y en los juicios ejecutivos o especiales hasta por diez días. El término extraordinario sólo se concederá cuando las pruebas se tengan que desahogar en distinta entidad federativa o fuera del país, y cuando se otorguen las garantías por cada prueba que se encuentre en dichos supuestos, bajo las condiciones que dispongan las leyes procesales locales aplicadas supletoriamente, quedando al arbitrio del juez señalar el plazo que crea prudente, atendida la distancia de lugar y la calidad de la prueba. Del término extraordinario no cabe prórroga.

20 Artículo 134. Siempre que la práctica de un acto judicial requiera citación de las personas que estén fuera del lugar del juicio, para que concurran ante el Tribunal, se debe fijar un término en el que se aumente al señalado por la ley, un día más por cada doscientos kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad, salvo que la ley disponga otra cosa expresamente o que el juez estime que deba ampliarse. Si el demandado residiere en el extranjero, el juez ampliará el término del emplazamiento a todo el que considere necesario, atendidas las distancias y la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.

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impulse el procedimiento en el plazo de 120 días

demuestra falta de interés en seguir el

procedimiento es una falacia, pues no se atiende a las

características del caso y a la dificultad y distancia de las

comunicaciones. También es absurdo llegar a la conclusión de

que se ha abandonado el ejercicio de la acción.

o El Estado no puede dejar de garantizar el acceso a la justicia

en virtud de criterios decimonónicos, aunque sea más fácil y

cómodo para los órganos jurisdiccionales aplicar sin excepción

sanciones desmedidas como la caducidad, en lugar de

avocarse a la impartición de justicia. Así, el artículo 1076 del

Código de Comercio es un aliado para las estadísticas que da

prioridad a los aspectos formales sobre los reales.

o Si hubiera falta de interés en continuar con el procedimiento no

se estaría impugnando de inconstitucional la norma ni se

habría diligenciando el exhorto, lo cual implica el empleo de

recursos económicos y humanos, pues aun con la dificultad de

diligenciar el exhorto, la caducidad es una salida que evade la

justicia que se reconoce como derecho humano en el artículo

17 constitucional, así como la prevención antes de decretarla,

que se desprende del diverso artículo 14 constitucional.

QUINTO. Sentencia de amparo indirecto. En la sentencia

de treinta de junio de dos mil quince, el Juez Primero de Distrito

en el Estado de Chiapas negó el amparo solicitado, en atención

a las siguientes consideraciones:

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Procede dilucidar si el artículo 1076 del Código de Comercio

contraviene los principios de acceso a la justicia y seguridad

jurídica previstos en el artículo 14 y 16 constitucionales.

Se considera que la norma impugnada es clara en su texto, lo

que significa que basta su interpretación gramatical para

comprender la regla que establece. Ello, pues por una parte y

de manera explícita prevé la caducidad de la instancia y, por

otra, limita el periodo en que se puede decretar la caducidad,

esto es, desde la primera actuación recaída en el juicio hasta

la citación de sentencia.

Así, la quejosa basa sus argumentos en una interpretación

incorrecta de la norma, pues la entiende de forma fraccionada

sin observar el sentido integral y literal de su contenido, ni el

objeto y alcance que persigue la caducidad de la instancia.

No existe contradicción en el texto de la norma impugnada y,

por lo tanto, no incumple con la garantía de seguridad

jurídica. En efecto, el artículo reclamado establece de modo

claro y preciso cuál es la institución que regula, cómo puede

decretarse y cuáles son las condiciones para que opere. Por

lo tanto, lejos de generar ambigüedad o dudas al gobernado

respecto a su aplicación y consecuencias, salvaguarda los

principios de seguridad y certeza jurídica, pues establece el

periodo en el que la autoridad puede decretar la caducidad de

la instancia, el que una vez transcurrido impide que ésta se

declare, ya que el juez debe dictar sentencia.

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Por otro lado, la disposición impugnada

tampoco contraviene el artículo 17 constitucional

que establece el derecho de acceso a la justicia, ya que el

hecho de que se decrete la caducidad cuando el actor deje

de impulsar el procedimiento en cualquiera de sus etapas es

una consecuencia de la propia conducta de quien en

determinado momento inició un procedimiento de naturaleza

mercantil y luego desatendió los plazos y términos fijados

previamente por el legislador.

Si bien la caducidad implica que la parte actora no puede

continuar con el procedimiento en virtud de su propia

inactividad procesal, ello no significa que el Estado deje de

asumir su deber de procurar el acceso a la justicia, toda vez

que tal medida es una forma de garantizar las formalidades

del procedimiento, las cuales deben ser respetadas por los

órganos jurisdiccionales21.

Al respecto, se debe tener en cuenta que la intención del

legislador de establecer la caducidad de la instancia fue la de

evitar que se prolonguen juicios infructíferos por la falta de

impulso de las partes, y que su sanción sea meramente

procesal, por lo que sólo extingue la instancia y retrotrae las

21 En este punto, citó en apoyo a sus consideraciones la tesis CIV/2011, de esta Primera Sala, de rubro: “CADUCIDAD. EL ARTÍCULO 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, junio de 2011, pág. 170.

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cosas al estado que tenían antes de la presentación de la

demanda.

De este modo, no puede decirse que dicho artículo debe

prever un apercibimiento previo para que se pueda actualizar

la caducidad de la acción (sic), como lo refiere el quejoso,

pues si no lo dispuso así el legislador se debe a la naturaleza

de la acción, consistente en la obligación que el gobernado

tiene a un órgano jurisdiccional con el objeto de alegar que se

tiene cierto derecho sobre alguna pretensión en controversia

o en una situación de hecho para la cual se busca solución.

Entonces, la caducidad de la instancia constituye una sanción

para aquellos que se olvidan de continuar con la secuela

procesal y pasan por alto el efecto que les producirá dejar de

promover en el juicio, sin que ello contravenga su acceso a la

justicia pues tienen la obligación de estar al pendiente del

juicio que promueven. De ahí que el hecho de que el artículo

impugnado no establezca la prevención cuando se vaya a

decretar la caducidad no transgrede su derecho de acceso a

la justicia.

En virtud del sentido del artículo impugnado, su claridad y su

propósito, que es manifiesto para los gobernados y la

autoridad, se salvaguarda la seguridad jurídica, de modo que

resultan infundados los conceptos de violación sobre la

inconstitucionalidad del precepto.

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

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SEXTO. Interposición del recurso de

revisión. Inconforme con la resolución anterior, la

parte quejosa interpuso recurso de revisión mediante escrito

presentado el veinte de julio de dos mil quince ante el juzgado del

conocimiento22.

SÉPTIMO. Remisión al Tribunal Colegido en Turno. Por

acuerdo de veintiuno de julio de dos mil quince23, el Juzgado

Primero de Distrito en el Estado de Chiapas tuvo por interpuesto

el recurso de revisión. Luego, en proveído de cuatro de noviembre

siguiente, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado del

Vigésimo Circuito en turno.

El asunto se turnó al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo

Circuito, el que dictó proveído el nueve de noviembre de dos mil

quince en el que admitió el recurso interpuesto, ordenó notificar a

las partes e indicó el plazo para presentar revisión adhesiva.

El treinta de noviembre de dos mil quince, la Directora

Adjunta de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de

la Secretaría de Economía, en representación del Presidente de

la República, interpuso revisión adhesiva. El uno de diciembre de

dos mil quince, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó auto

en el que admitió dicho medio de impugnación y, además, informó

22 Foja 270 del cuaderno de juicio amparo 1128/2014.

23 Foja 279 del cuaderno del juicio de amparo 1128/2014.

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su cambio de denominación para quedar como Segundo Tribunal

Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito.

Seguidos los trámites, el referido Tribunal Colegiado dictó

resolución el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, en la cual

determinó que en el caso subsiste el problema de

constitucionalidad respecto al artículo 1076 del Código de

Comercio, pues si bien el Juez de Distrito negó el amparo a la

quejosa, esta última combate lo resuelto mediante el recurso de

revisión. En ese sentido, el Tribunal Colegiado reservó

competencia a esta Suprema Corte para hacer el estudio de

constitucionalidad del precepto reclamado, por lo que ordenó el

envío de los autos a este Alto Tribunal.

OCTAVO. Trámite del Recurso de Revisión ante la

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recibidos los autos

correspondientes, por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil

dieciséis,24 el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación estimó que procedía asumir la competencia originaria de

este Alto Tribunal para conocer del recurso de revisión que

hizo valer la parte quejosa, así como del recurso de revisión

adhesiva de la autoridad responsable Presidente de la República.

Por ende, ordenó remitir el expediente a la Primera Sala de este

Alto Tribunal y turnó el asunto para su estudio al Ministro Arturo

Zaldívar Lelo de Larrea, el que se registró como el toca 157/2016.

24 Fojas 35 a 37 del toca del amparo en revisión 157/2016.

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NOVENO. Avocamiento del recurso en la

Primera Sala. Por acuerdo de trece de mayo de

dos mil dieciséis25, el Presidente de la Primera Sala determinó el

avocamiento del asunto, así como su envío al Ministro ponente.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para

conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los

artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo vigente;26

y, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación; así como el punto Tercero del Acuerdo Plenario

5/2013, toda vez que subsiste el tema de constitucionalidad de

una Ley Federal debido a que la recurrente, a través de sus

agravios, combate lo decidido por el Juez de Distrito en relación a

la constitucionalidad del artículo 1076 del Código de Comercio.

25 Foja 61 del toca de amparo en revisión 157/2016.

26 Lo anterior en virtud de que la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de dos mil catorce y de acuerdo con el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de junio de dos mil catorce, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece, el presente asunto se regirá por la Ley de Amparo vigente.

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

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SEGUNDO. Oportunidad. El recurso fue interpuesto en

tiempo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la

Ley de Amparo. Ello, pues la sentencia recurrida le fue notificada

a la parte quejosa el siete de julio de dos mil quince, por lo que

surtió efectos el ocho de julio siguiente. Así, el plazo de diez días

para la interposición del recurso transcurrió del nueve al

veintidós de julio de dos mil quince, sin contar los días once,

doce, dieciocho y diecinueve del citado mes, por ser inhábiles de

conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, si el escrito de agravios se presentó el

veinte de julio de dos mil quince,27 es evidente que el recurso es

oportuno.

Por otro lado el recurso de revisión adhesiva fue interpuesto

en tiempo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de

la Ley de Amparo. Ello, pues el auto admisorio del recurso de

revisión fue notificado a la autoridad responsable el diecinueve de

noviembre de dos mil quince, la que surtió efectos el mismo día.

Así, el plazo de cinco días para su interposición transcurrió del

veintitrés al veintisiete de noviembre de dos mil quince, sin

contar los días veintiuno, y veintidós del citado mes y año, por ser

inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de

Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación.

27 Foja 270 del juicio de amparo 1128/2014.

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

19

En consecuencia, si el escrito de agravios fue

depositado en la oficina del Servicio Postal Mexicano de la Ciudad

de México, el veintisiete de noviembre de dos mil quince,28 es

evidente que el recurso de revisión adhesiva es oportuno.

TERCERO. Agravios de la revisión. Los agravios que

planteó la recurrente principal son los siguientes:

o El Juez de Distrito se reduce a señalar que “si el legislador lo

quiso así, así será”, el cual es un argumento de autoridad

carente de actualidad, sobre todo si existe el deber de analizar

la constitucionalidad del artículo impugnado. Si tal evasiva

fuera válida, dejaría sin sentido la existencia del proceso de

amparo.

o El juez debió tomar en cuenta que el acceso a la justicia es un

derecho humano que no sólo implica la presentación de la

demanda, sino que es una instancia proyectiva.

o La caducidad de la instancia es tan grave que no fue incluida

en la actual Ley de Amparo.

o La caducidad de la instancia pretende sancionar la inactividad

procesal, pero no indica qué debe entenderse por esta última o

a quién se refiere.

o ¿Es factible sancionar a las partes porque los órganos

jurisdiccionales no cumplen con el plazo razonable? Un

28 Foja 19 del cuaderno de amparo en revisión RA (P-5/2001), glosado al cuaderno de amparo indirecto 1128/2014.

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

20

ejemplo de ello es el presente juicio de amparo, en el que

trascurrieron más de 140 días desde la presentación de la

demanda al dictado de la sentencia.

o Un principio básico en materia de derechos humanos implica

no subordinar el derecho sustantivo al procesal, pues se pierde

la finalidad puesto que el proceso sólo es el instrumento para

resolver controversias de derechos sustantivos.

o La reforma del artículo 1 constitucional dinamiza y expande los

derechos humanos, además de que en todo acto jurisdiccional

se debe hacer un control de convencionalidad, de modo que el

argumento de autoridad del proveído combatido carece de

sustento en la nueva cultura jurídica.

o Se cita el contenido de los artículos 2 y 8 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos.

o La forma en que el juez utiliza los principios de seguridad

jurídica y certeza para justificar la decisión no se actualiza en el

caso concreto, pues éstos deben estar subordinados al acceso

a la justicia. No hay más certeza y seguridad jurídica para el

justiciable que ser prevenido previo a que se le prive de un

derecho humano.

o La conclusión del juez consistente en que el hecho de que

no se prevea prevención no viola el derecho de acceso a la

justicia es por demás ligera. La caducidad de la instancia

impide el ejercicio de la acción, por lo que si no se lleva a

cabo prevención antes de decretarla, se convierte en una

agravante mayor.

o El juez se limita a reproducir la historia procesal sin hacer un

análisis real del caso concreto, sin valorar la complejidad

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

21

derivada de las distancias y el acceso a los

lugares de las autoridades judiciales que

intervienen.

o La caducidad no es un derecho humano, pero sí es una figura

jurídica que lo limita. En consecuencia, debería estar

subordinada a la finalidad que persigue el derecho de acceso a

la justicia, además de que se debe analizar si en el caso

concreto tal medida es o no desproporcionada para restringir tal

derecho.

o Cuando se trate de restringir un derecho humano, como en el

caso acontece con el acceso a la justicia, se debe hacer un test

de convencionalidad, lo cual omite hacer el juez. La Corte

Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que para

que la medida privativa del derecho de acceso a la justicia no

se torne arbitraria debe cumplir con ciertos parámetros: i) que

su finalidad sea compatible con la Convención Americana,

como lo es asegurar que no se impedirá el desarrollo del

procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ii) que sean

idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean

necesarias, es decir, absolutamente indispensables para

conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos

gravosa respecto al derecho intervenido; iv) que sea

estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio

inherente a la restricción del derecho al acceso a la justicia no

resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se

obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la

finalidad perseguida, y; v) cualquier restricción del acceso a la

justicia que no contenga una motivación suficiente que permita

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

22

evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas es arbitraria y

por tanto, viola el artículo 7.3 de la Convención Americana.

CUARTO. Agravios de la revisión adhesiva. Los agravios

que planteó la recurrente son los siguientes:

o El precepto reclamado, no contraviene las garantías de

seguridad jurídica y acceso a la justicia previstas en los

artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, toda vez que el

legislador estableció de manera clara y precisa la figura de

caducidad de la instancia que regula, cómo puede decretarse,

y específica las condiciones que deben concurrir para que la

misma opere, lo que no violenta, ni genera ambigüedad a los

gobernados porque salvaguarda tales principios, pues se

encuentra en el marco legal que habrá de aplicar la autoridad.

o Es infundado e inoperante el argumento hecho valer por la

recurrente en su recurso de revisión respecto de la

convencionalidad de derechos humanos, toda vez que es un

elemento novedoso, que no aplica porque no lo hizo valer en el

juicio de primera instancia y por ende no pudo ser objeto de

pronunciamiento por el A quo.

CUARTO. Estudio de fondo. Los agravios expresados por

la recurrente resultan en parte infundados, y en otra, inoperantes.

En sus agravios, la recurrente aduce que el Juez de Distrito

desestimó su reclamo de inconstitucionalidad del artículo 1076 del

Código de Comercio con base en un criterio de autoridad carente

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

23

de actualidad, al hacer referencia a la forma en

que el legislador decidió regular la procedencia de

la caducidad de la instancia, lo cual es una evasiva que si fuera

válida, haría carecer de sentido al juicio de amparo. Ello, pues de

acuerdo al artículo 1 constitucional, en todo acto jurisdiccional se

debe hacer un control de convencionalidad.

Lo anterior resulta infundado, pues de la lectura de la

sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito no sé basó

en un “argumento de autoridad” para sostener la

constitucionalidad del precepto impugnado, sino que expuso

diversas razones para desestimar lo alegado por la quejosa al

respecto. Entre ellas, sostuvo que el precepto era claro respecto a

los supuestos en que se puede decretar la caducidad de la

instancia, además de que no era contradictorio en su texto, por lo

que no violaba el derecho a la seguridad jurídica. Asimismo,

indicó que el numeral tampoco era contrario al derecho de acceso

a la justicia ya que la caducidad de la instancia es una

consecuencia de la conducta de quien inició un juicio y dejó de

observar las cargas procesales establecidas en ley, las cuales

tienen precisamente la finalidad de garantizar las formalidades

esenciales del procedimiento. De este modo, señaló que lo que se

intenta evitar es que se prolonguen juicios infructíferos por la falta

de impulso de las partes, quienes tienen la obligación de estar al

pendiente del juicio que promueven, razón por la cual no se

puede considerar que el hecho de que no se establezca la

prevención cuando se vaya a decretar la caducidad transgrede su

derecho de acceso a la justicia.

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

24

De lo anterior se desprende que el Juez de Distrito expuso

cuál era la finalidad de la caducidad de la instancia y cómo es que

ésta resultaba congruente con los principios constitucionales de

seguridad jurídica y acceso a la justicia. De ahí que no asiste

razón a la recurrente en lo relativo a que dicho juez evadió

responder los argumentos de la demanda de amparo con base en

un criterio de autoridad carente de vigencia. Si bien el juez de

amparo hizo referencia cuál era la intención del legislador al

establecer la caducidad de la instancia, ello fue con el fin de

demostrar que no se trata de una medida arbitraria, sino que

obedece a objetivos que el legislador consideró convenientes

para salvaguardar los principios de expedites, imparcialidad, y

celeridad que rigen la administración de justicia.

Por otro lado, la recurrente expresa diversos argumentos

con los cuales pretende evidenciar que la caducidad de la

instancia (prevista en el artículo impugnado) resulta contraria al

derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17

constitucional. En ese sentido, alega que la caducidad de la

instancia es tan grave que no fue incluida en la actual Ley de

Amparo; que pretende sancionar la inactividad procesal, pero no

indica qué debe entenderse por esta última o a quién se refiere y

que no se debe subordinar el derecho sustantivo al procesal, pues

se perdería de vista que el proceso sólo es el instrumento para

resolver controversias de derechos sustantivos.

Lo anterior resulta infundado por lo siguiente.

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

25

En primer lugar, el hecho de que otro

ordenamiento vigente en el país (como la Ley de

Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece) no

prevea la caducidad de la instancia, no lleva a concluir que ello se

debe a que se trata de una medida que afecta gravemente los

derechos de los justiciables. En realidad, dicho término de

comparación carece de cualquier base objetiva.

Tampoco es cierto que el artículo impugnado no precise en

qué consiste la inactividad procesal o a quién va dirigida la norma,

pues dicha norma establece que opera la caducidad de la

instancia cuando hayan trascurrido 120 días y “no hubiere

promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al

procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la

conclusión del mismo”. Así, el texto es claro en indicar cuáles son

las condiciones que se deben cumplir para que opere la

caducidad de la instancia, esto es, que transcurran 120 días sin

que haya impulso al procedimiento por cualquiera de las partes.

De ahí que si bien el Juez de Distrito se refirió a la sanción que

genera la inactividad procesal, no se puede considerar que dicha

expresión sea ambigua y genere seguridad jurídica, pues el

propio artículo impugnado especifica el supuesto en que procede

la caducidad de la instancia.

Por otro lado, tampoco es dable concluir que la caducidad

de la instancia es una institución procesal que subordina el

derecho sustantivo al procesal, pues como lo ha sostenido esta

Primera Sala al analizar la constitucionalidad del precepto

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

26

impugnado, el hecho de que no se pueda continuar con el

procedimiento judicial iniciado no significa que el Estado deje de

asumir su deber de procurar el acceso a la justicia, sino que dicha

medida busca hacer efectivos los plazos y términos que el

legislador estimó convenientes para garantizar las formalidades

del procedimiento29.

Asimismo, esta Primera Sala –al pronunciarse sobre la

constitucionalidad de una disposición similar- ha establecido que

la ley sujeta cada una de las etapas del procedimiento a plazos

específicos, en atención a los principios de justicia pronta y

expedita y de seguridad jurídica, para evitar que los procesos se

alarguen indefinidamente. Por lo tanto, cuando se decreta la

caducidad de la instancia, el juicio culmina antes de que el juez

emita una decisión de fondo debido al incumplimiento de las

29 Tales consideraciones se ven reflejadas en la tesis 1a. CIV/2011, de rubro y texto: “CADUCIDAD. EL ARTÍCULO 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La caducidad regulada en el artículo 1076 del Código de Comercio, no vulnera el derecho de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal, por el hecho de decretarla cuando el actor deja de impulsar el procedimiento en cualquiera de sus etapas procesales. Lo anterior es así, ya que es una consecuencia de la propia conducta de quien en determinado momento inició un procedimiento de naturaleza mercantil, y posteriormente desatendió los plazos y términos previamente fijados por el legislador. En este sentido, si la caducidad genera que la parte actora no pueda continuar con su procedimiento por inactividad procesal en un periodo transcurrido de ciento veinte días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial, ello no significa que el Estado deje de asumir su deber de procurar el acceso a la justicia, toda vez que dicha condición es una forma de garantizar las formalidades del procedimiento, mismas que deben ser respetadas por los órganos jurisdiccionales”. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, junio de 2011, p. 170.

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

27

partes a su carga procesal, esto es, a su

obligación correlativa de sujetarse a los plazos y

términos fijados por la propia ley30.

30 Amparo directo en revisión 1116/2013, aprobado por unanimidad de 5 votos en sesión de veintinueve de mayo de dos mil trece. Asunto del que derivó la tesis 1a. LXXIII/2014 (10a.), de rubro y texto: CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. EL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2008, NO VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO. La caducidad que regula el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, vigente en 2008, es parte de un procedimiento en el que se respetan las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que se permite a las partes iniciar un juicio, mediante la presentación de una demanda, ser emplazadas y tener la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes, presentar alegatos y obtener una resolución que resuelva de fondo el problema, con base en leyes emitidas con anterioridad al hecho y por tribunales imparciales y competentes. Así, la ley sujeta cada una de las etapas del procedimiento a plazos específicos, en atención a los principios de justicia pronta y expedita y de seguridad jurídica, para evitar que los procesos se alarguen indefinidamente. Por tanto, lo que ocasiona que el juicio culmine antes de que el juez emita una decisión de fondo cuando se decreta la caducidad de la instancia, es el incumplimiento de las partes a su carga procesal, esto es, el incumplimiento a su obligación correlativa de sujetarse a los plazos y términos fijados por la propia ley. Ahora bien, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), establecen que los Estados deben conceder a las partes un plazo ilimitado para cumplir con sus cargas procesales dentro del procedimiento. En ese sentido, este Alto Tribunal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que los derechos fundamentales y, en particular, las garantías judiciales y de acceso a la justicia, pueden limitarse o restringirse, siempre que la medida restrictiva cumpla con los requisitos siguientes: a) persiga una finalidad que la Constitución Mexicana o la Convención Americana permita o proteja; b) sea necesaria en una sociedad democrática para la consecución de esa finalidad; y c) sea proporcional, esto es, que se ajuste estrechamente al logro del objetivo legítimo, de forma que no se alcance a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos protegidos por la convención o la Constitución Mexicana; además, la Corte Interamericana agrega que la limitación debe estar consignada en una ley formal y material. De ahí que el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no vulnere los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque está contenida en una ley formal y material, que es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, expedido por un órgano legislativo competente para legislar en materia civil; persigue una finalidad constitucionalmente válida, en el sentido de que no haya litigios pendientes por tiempo indefinido, y porque es necesaria para dar eficacia a la finalidad perseguida, en cuanto a que impone una sanción a las partes en caso de no sujetarse a los plazos y términos que fijan las leyes. Asimismo, es proporcional, siempre que se sujete a lo siguiente: a) sólo puede tener lugar por la omisión de las partes de cumplir con sus cargas procesales, mas no puede imponerse por la sola inactividad del tribunal; b) sólo extingue la instancia, lo que se traduce en que no se priva a las partes de su derecho a iniciar un nuevo juicio en el que hagan valer sus derechos; c) sólo tiene lugar en juicios regidos por el principio dispositivo, en los que se ventilan intereses particulares y, por ende, derechos disponibles; y, d) debe estar sujeta a plazos

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

28

Lo anterior pone en evidencia que los términos establecidos

en ley respecto a la tramitación del procedimiento no son

arbitrarios, sino que buscan satisfacer principios constitucionales

como los de justicia pronta y expedita y de seguridad jurídica. Por

lo tanto, no se puede considerar que la sanción prevista para el

incumplimiento de tales normas procesales implica sobreponer los

intereses procesales sobre los sustantivos, sino que busca

precisamente hacer efectivos los mandatos constitucionales que

rigen la actividad jurisdiccional.

La recurrente alega, por otra parte, que el juez se limita a

reproducir la historia procesal sin hacer un análisis real del caso

concreto, sin valorar la complejidad derivada de las distancias y el

acceso a los lugares de las autoridades judiciales que intervienen.

Tal motivo de inconformidad es inoperante, pues a través de

éste, la recurrente pretende controvertir lo resuelto por el Juez de

Distrito en relación a la legalidad del acto de aplicación de la

norma impugnada, esto es, la resolución de veintinueve de mayo

de dos mil catorce, en la cual se decretó la caducidad de la

instancia.

En efecto, la recurrente considera que al analizar si se

actualizaba el supuesto previsto en el artículo 1076 del Código de

Comercio, el Juez de Amparo debió tomar en cuenta la

razonables, de forma que la caducidad sólo opere si es evidente que ha habido desinterés de las partes, o que han abandonado el juicio.

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

29

complejidad del caso relacionada con las

distancias y el acceso a los lugares. Sin embargo,

ello se traduce en una cuestión de legalidad ajena al estudio de

constitucionalidad de la norma impugnada y, por tanto, está fuera

de la competencia de revisión de este Alto Tribunal. De ahí lo

inoperante del agravio, sin perjuicio de que se analicen por el

tribunal colegiado en el ámbito de la revisión que es de su

competencia, por lo que deberá reservársele jurisdicción en

ese sentido.

La recurrente también alega que cuando se trate de

restringir el derecho de acceso a la justicia, la Corte

Interamericana ha establecido que se deben cumplir ciertos

parámetros para que la medida no sea violatoria de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos31. No obstante, esta

Primera Sala estima que tales manifestaciones son inoperantes,

pues en su demanda de amparo la quejosa no alegó violación

alguna a la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo

tanto, si el Juez de Distrito no se pronunció al respecto, no es

posible que en el presente recurso esta Primera Sala se avoque

al estudio de argumentos novedosos que no fueron planteados en

31 “i) Que su finalidad sea compatible con la Convención Americana, como lo es asegurar que no se impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ii) que sean idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, es decir, absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido; iv) que sea estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho al acceso a la justicia no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida, y; v) cualquier restricción del acceso a la justicia que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas es arbitraria y por tanto, viola el artículo 7.3 de la Convención Americana”.

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

30

la demanda de amparo.32 Máxime que esta Sala no advierte que

en el caso sea procedente el control de convencionalidad ex

officio respecto del numeral impugnado.

Por último, la inconforme también aduce que: la conclusión

del juez consistente en que el hecho de que no se prevea

prevención no viola el derecho de acceso a la justicia es por

demás ligera. La caducidad de la instancia impide el ejercicio

de la ‘acción’, por lo que si no se lleva a cabo prevención

antes de decretarla, se convierte en una agravante mayor.

Lo que también es infundado, pues contrario a ello, del

contenido de la sentencia recurrida se aprecia que el juez de

amparo afirmó que aun cuando el precepto impugnado no prevea

la prevención como necesaria antes de decretar la caducidad;

pero además, consta que tal aserción fue corolario de las

consideraciones relativas a que:

a) La institución procesal de la caducidad de la instancia

pretende evitar juicios infructíferos o desiertos derivados

de la falta de impulso de las partes en relación con su

prosecución.

32 Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por esta Primera Sala en la tesis 1a./J. 150/2005, de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN”. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 52.

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

31

b) Su naturaleza es de una sanción

procesal ante la inacción de los interesados, para

aquéllos que ‘se olvidan’ de continuar con la secuela

procesal, cunado tienen la carga de estar al pendiente del

juicio en que promueven.

c) El efecto jurídico de la caducidad de la instancia sólo es

extinguir la instancia y retrotraer las cosas al estado que

guardaban antes de la demanda.

Lo que pone de manifiesto que la esencia de tal decisión

descansó en que no se podría prevenir con la declaratoria de

caducidad sin liberar a las partes de la carga procesal de ‘no

olvidar’ continuar con la secuela procesal; carga que es

fundamento de la institución procesal de la caducidad de la

instancia. De ahí lo infundado del agravio en estudio.

A mayor abundamiento, cabe advertir que el precepto

impugnado prevé que la caducidad de la instancia en materia

mercantil opera de pleno derecho; disposición normativa esta

última que la quejosa no refirió como inconstitucional.

Por lo que partiendo de la base de que la caducidad de la

instancia opera de pleno derecho; resultaría incongruente

pretender que la autoridad judicial deba prevenir a los justiciables

antes de decretarla; pues por un lado, si ya estuviere probado en

autos que transcurrió el plazo de inactividad correspondiente, la

prevención resultaría con trascendencia meramente formal, pues

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

32

las manifestaciones respectivas, por regla general, no servirían

para desvirtuar la situación de inactividad probada en autos.

Y por otro lado, de no haber trascurrido aún la inactividad

necesaria para que operara la caducidad, se revertiría la carga

procesal que conforme a su naturaleza pesa en las partes (vigilar

el trámite del proceso e impulsarlo oportunamente), para imponer

al juzgador el deber de llevar a cabo un constante y cuidadoso

monitoreo de los procesos a su cargo, a fin de estar en

condiciones de prevenir a las partes de manera oportuna a fin de

que estén en condiciones de interrumpir la caducidad (si es que

es su interés continuar con la instancia) antes de que ésta opere

de pleno derecho.

QUINTO. Sin materia la revisión adhesiva interpuesta

por el Presidente de la República, por versar sobre

cuestiones de constitucionalidad. En su escrito de agravios, la

Directora Adjunta de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos

Jurídicos de la Secretaría de Economía, en representación del

Presidente de la República, expresó argumentos, por un lado,

para sostener la constitucionalidad del precepto y, por otro,

respecto a la inoperancia de los agravios sobre la

convencionalidad del artículo impugnado. Ambas cuestiones, con

motivo del estudio sobre constitucionalidad del artículo 1076 del

Código de Comercio impugnado, en lo conducente.

Estima Primera Sala estima que si los agravios respectivos

de la revisión principal fueron desestimados, en los términos

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

33

expuestos en las páginas precedentes. Entonces,

la revisión adhesiva debe declarase sin materia,

dado que los agravios de la misma sólo se encaminaron a

sostener la negativa de amparo respecto de la

inconstitucionalidad de la ley que hizo valer el quejoso en el juicio

de amparo indirecto **********.33

En las relatadas condiciones, dado lo inoperante e infundado

de los agravios en materia de la revisión competencia de esta

Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe confirmarse la

recurrida en la materia de la revisión, y negar el amparo respecto

del artículo 1076 del Código de Comercio en cuanto prevé la

caducidad de la instancia en materia mercantil; lo que desemboca

en la declaratoria sin materia respecto de la revisión adhesiva,

cuyos agravios solamente plantean la constitucionalidad del

precepto impugnado indicado.

33 Es aplicable para el caso, en lo conducente y por analogía de razón, la tesis de jurisprudencia

Es aplicable para el caso, en lo conducente y por analogía de razón, la tesis de jurisprudencia

1a./J. 71/2006, de la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV,

Octubre de 2006, página 266, cuyo rubro y texto son: “REVISIÓN ADHESIVA. DEBE

DECLARARSE SIN MATERIA AL DESAPARECER LA CONDICIÓN A LA QUE SE SUJETA EL

INTERÉS DEL ADHERENTE.- De conformidad con el último párrafo del artículo 83 de la Ley de

Amparo, quien obtenga resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión

interpuesta por el recurrente, expresando los agravios respectivos dentro del término de cinco días,

computado a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso. Ahora bien, si se

toma en cuenta que la adhesión al recurso carece de autonomía en cuanto a su trámite y

procedencia, pues sigue la suerte procesal de éste y, por tanto, el interés de la parte adherente

está sujeto a la suerte del recurso principal, es evidente que cuando el sentido de la resolución

dictada en éste es favorable a sus intereses, desaparece la condición a la que estaba sujeto el

interés jurídico de aquélla para interponer la adhesión, esto es, la de reforzar el fallo recurrido y,

por ende, debe declararse sin materia el recurso de revisión adhesiva.”

AMPARO EN REVISIÓN 157/2016

34

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de esta

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se

confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a

la quejosa, en contra del artículo 1076 del Código de Comercio,

en cuanto prevé la caducidad de la instancia en materia mercantil,

en términos del considerando Cuarto de esta ejecutoria.

TERCERO.- Queda sin materia la revisión adhesiva, en

términos del considerando Quinto de este fallo.

CUARTO.- Se reserva jurisdicción al Segundo Tribunal

Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en

términos del considerando Cuarto de este fallo.

MGAJ/alb