DESAFÍOS A LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y RELACIONES CÍVICO-MILITARES

Alejandra Nuño

I. IntroducciónEl 28 de junio de 2009 el pueblo de Honduras y la comunidad internacional nos levantamos con una increíble noticia: el Presidente Manuel Zelaya Rosales había sido removido forzosamente y posteriormente destituido ilegalmente de su puesto, junto con su gabinete. Como sabemos, durante varios meses el Presidente Zelaya fue sustituido por el entonces Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti.

No había pasado una generación siquiera sin que volviéramos a presenciar un nuevo golpe de Estado: el primero de este siglo en el continente.

Varias similitudes y algunas diferencias en este golpe. Por una parte, el golpe fue “limpio”, sin saldos de sangre salvo en las manifestaciones que le siguieron. Al Presidente Zelaya se le exilió forzadamente, y varios de sus colaboradores cercanos huyeron a otros países. Asimismo, el golpe fue perpetrado –y tolerado- por prácticamente todas las instituciones hondureñas: la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, el Congreso y, lamentablemente, hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Pero este golpe de Estado también nos recordó a un actor que ha estado presente por décadas y que pareciera no encontrar su lugar en una sociedad democrática: el Ejército. Y más allá de ese cuerpo mismo, tampoco los gobernantes ni los ciudadanos parecen entender ese lugar, aunque en su momento se pactó que su actuación sería muy acotada (como en los acuerdos de paz de Guatemala o El Salvador). Quienes entraron a la habitación del Presidente Zelaya, quienes le trasladaron de su domicilio al aeropuerto y quienes lo transportaron finalmente acá, a Costa Rica, fueron miembros del Ejército hondureño. Además fueron quienes apoyaron el nombramiento de Micheletti y se mantuvieron a su lado durante todo el periodo en el poder y aún ahora con el propio Porfirio Lobo, lo cual ha suscitado críticas de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos1.

Directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). www.cejil.org 1

? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha criticado la permanencia de militares en altos puestos del Ejecutivo hondureño, de la siguiente manera:

124. En este intento de normalización institucional, la CIDH observa con preocupación que altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el Golpe de Estado estén ocupando la gerencia de dependencias públicas en el gobierno de Porfirio Lobo. Así, el General de División Venancio Cervantes es Director General de la Dirección de Migración y Extranjería (era Sub jefe del Estado Mayor Conjunto al momento del golpe de Estado); el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es Director de Aeronáutica Civil; el ex General Nelson Wily Mejía se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) (era Comandante en Jefe de las FFAA al momento del golpe de

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Apenas algunos meses antes del golpe de Estado hondureño (en mayo), Guatemala vivía una fuerte crisis a raíz del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Es sabido que, en su momento, las presiones hacia el presidente Álvaro Colom fueron de tal magnitud que él mismo habló de la posibilidad de un golpe de Estado en su contra (y, paradójicamente, es el periodo de gobierno donde más se ha fortalecido al Ejército, se ha aumentado la inversión y se han reabierto bases militares). En octubre de 2010, el Presidente Mauricio Funes tuvo que desmentir los rumores de un Golpe de Estado en El Salvador. Y, por si lo anterior no fuera sumamente grave, a mediados de 2010, el propio Porfirio Lobo denunció que querían darle un golpe de estado, por sus críticas relacionadas -sobre todo-, con el actuar del Poder Judicial.

Lo anterior evidencia que existe una real y justificada preocupación por el nivel de consolidación de las instituciones y prácticas democráticas en el continente, pero particularmente en Centroamérica y México.

Así las cosas, algunas de las preguntas frecuentes que escuchamos son: ¿Por qué la debilidad en las instituciones? ¿Por qué volvemos a recordar, en varios países de nuestra región, las pesadillas de décadas anteriores? ¿Qué sentido tiene la voluntad popular plasmada en elecciones? O ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática?

Imposible es dar una respuesta sencilla o única a problemáticas tan complejas y diversas. No obstante, en esta presentación me centraré en algunos de los aspectos que considero importantes para el análisis, desde la perspectiva de los derechos humanos. Por ello, inicialmente hablaré de manera breve sobre algunos antecedentes en la región para luego abordar algunos retos en la institucionalidad democrática y terminaré con unas breves conclusiones o reflexiones finales.

II. Los antecedentes: una historia de lucha por la democracia en la regiónLatinoamérica ha sido una región que ha luchado incansablemente por la democracia, tras décadas de gobiernos dictatoriales, caudillistas o de facto.

Hoy en día se lleva un registro de poco menos de 330 golpes de estado, cometidos durante el siglo XX (con excepción de Honduras y posteriormente del intento de golpe de Estado en Ecuador), contando los que se estabilizaron como dictaduras por meses o años y aquellos que duraron pocos días, como fue el caso de los repetidos golpes de estado en Bolivia2.

Estado). Cfr. CIDH. Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010, 3 de junio de 2010 http://www.cidh.org/pdf files/HondurasObservacionesVisitaCIDH2010.pdf

2 En un artículo publicado en 2006, se contaban 327 golpes –e intentos de golpes- de Estado. Cfr,. Modesto Emilio Guerrero. Memoria del golpe de Estado en América latina durante el siglo XX. 30 de marzo de 2006. Artículo disponible en: http://www.voltairenet.org/article137304.html#auteur120638

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Si bien Bolivia es el país con mayor fragilidad en este sentido (para 2006, se habían contado 56 golpes de Estado en 51 años (desde el golpe a Salamanca en 1934, en plena Guerra del Chaco hasta 1985), el siguiente país en la lista es Guatemala, “con 36 golpes, desde 1944.”3 Panamá –con 24 golpes- se cree que fue el primer país de América Latina en tener un golpe de Estado en el siglo pasado (1902).

De acuerdo con algunos estudios, “En casi el 30% de los casos, los golpes y las dictaduras resultaron de la intervención directa de tropas de los Estados Unidos, por lo menos desde el fin de la Guerra Hispano Norteamericana. Si registramos sólo el Caribe y Centroamérica, hasta Panamá, la proporción se acercaría al 70%.”4

Lo anterior se agrava si adicionamos el fenómeno de regímenes militares (como ocurrió en Nicaragua y Guatemala) o caudillismos fomentados por dudosas elecciones como es el caso de México cuando el Partido Revolucionario Institucional -PRI- ocupó la presidencia de la República por más de 70 años.

Pero las amenazas de golpes de Estado no son lo único con lo que actualmente nos enfrentamos: la falta de opciones electorales, la corrupción, la inseguridad, la aparición del crimen organizado, la falta de políticas públicas integrales, incluyentes y respetuosas de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad en la distribución de la riqueza, son algunas de las afrentas latentes (o patentes!) que diariamente presenciamos en nuestra región. Ello, sin dejar de mencionar la cooptación de la institucionalidad o el uso de la institucionalidad para fines partidarios o en función de intereses.

Es muy conocida la frase que reza que “un pueblo que no conoce su historia está condenado a volverla a vivir”. ¿Estamos condenados en la región a volver a vivir el horror y de supresión de garantías fundamentales? ¿Qué aprendimos de esas historias de espanto? ¿Queremos dejar la esperanza y volver a la locura de la que hablaba el informe de la Comisión de la verdad para El Salvador? ¿O es que existe otra explicación para la repetición de hechos, que no tenga que ver con el “desconocimiento” de lo ocurrido en décadas muy cercanas? ¿En dónde quedan los compromisos asumidos en acuerdos de paz o, especialmente, los derivados de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos?.

III. Factores que influyen de manera negativa en el debilitamiento de la institucionalidad democrática y algunos de sus principales retos

Sabemos que una de las ramificaciones de la teoría política -la teoría del Estado-, se encarga del estudio del origen, la constitución y la estructura del mismo, así como su fundamentación teórica y significado político.

3 Ídem.4 Ídem.

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En base a ello, se sabe que el Estado es el responsable de garantizar el bienestar de sus habitantes. En lo general, ese Estado organiza/distribuye y separa los poderes mediante las responsabilidades encomendadas al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y hoy en día también las instituciones autónomas desempeñan un papel crucial en la fiscalización del actuar de los funcionarios públicos y en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas de los mismos.

Sin duda, existen diferentes ejercicios para encontrar indicadores de institucionalidad democrática que pueden ser sopesados de manera integral para acercarnos a una valoración objetiva de las realidades de nuestros países. Desde la perspectiva de los derechos humanos -de donde me toca hablar-, existen varios retos impostergables que explican, en alguna medida, parte de las crisis que actualmente tenemos.

a. La impunidadEn la gran mayoría de nuestros países, tenemos índices de impunidad completamente irrazonables. En Guatemala, Honduras o México –donde son superiores al 95%- estas cifras hablan de una seria deficiencia en un tema que es central para garantizar que los hechos no se repitan y para enviar un mensaje a la sociedad de que el actuar delictivo (sobre todo de quienes violan derechos humanos) no pasará por alto.

Si bien ha habido en algunos casos documentos valiosos que sistematizaron las historias de horror5 (como comisiones de la verdad), es importante tener claro que éstas son fundamentales para que las víctimas sientan algún resarcimiento al contar y saber la verdad, pero de ninguna manera sustituyen la exigencia –y la importancia- de la justicia.

Muchos de los perpetradores que cometieron gravísimas violaciones de derechos humanos en las décadas de los 70, 80 y aún 90 siguen sin ser investigados: cientos de masacres con millares de víctimas en El Salvador o Guatemala que contabilizaron decenas de millares víctimas. En otras ocasiones, se constituyeron juntas militares que quisieron dar apariencia de sanción. Lejos de ello, eran teatros que evidenciaban lo intocable de la estructura militar, lo que aumentaba la indignación de los familiares y víctimas que hubieran sufrido violaciones de derechos humanos.

Adicionalmente, es evidente que la falta de imparcialidad, la continua presión de poderes fácticos de toda índole (crimen organizado, grandes empresarios, poderes políticos, etc.) –acrecentada con la falta de recursos humanos y materiales en algunos casos-, son elementos que se suman a la imposibilidad de contar con la justicia pronta y expedita de la que siempre se habla pero poco se ve.

Dos casos patéticos son los que ocurren hoy en día en Nicaragua y en Honduras. En el segundo, los más altos funcionarios judiciales justificaron el golpe de Estado alegando

5 Ver, por ejemplo, el Informe “Los hechos hablan por sí mismos”, publicado por el entonces Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Leo Valladares Lanza. Asimismo, el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Informe REMHI), o el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador titulado “De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador”.ión de la Memoria Histórica (REMHI) de Guatemala.

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que era una “sucesión constitucional”, mientras que en el caso de Nicaragua, la Corte Suprema ha pasado por alto los ordenamientos constitucionales y ha declarado que la prohibición constitucional para que el actual Presidente Daniel Ortega se reelija es discriminatoria. Es decir, las más altas cortes de nuestros países son un instrumento fundamental para dar legalidad a graves quebrantos en la institucionalidad.

Pero eso no es lo único. El uso de figuras como amnistías, prescripción, caducidad u otras, evidencia cómo, dentro de las instituciones del Estado, toda la maquinaria parecía estar ensamblada para no tocar a los responsables. Aun cuando la Corte Interamericana ha reiterado insistentemente que el uso de esas figuras es contrario a las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos, en la práctica esa orden sigue siendo uno de los principales talones de Aquiles de los Estados.

b. Irrespeto a la separación de poderesSin duda alguna, la impunidad está ligada, en muchas ocasiones, a la imposibilidad de los poderes públicos de asumir las tareas que les han sido encomendadas, pero un elemento adicional que también vemos con preocupación es una intromisión cada vez más evidente en algunos poderes del Estado.

Ya sea que hay diferentes actores que presionan para que existan elecciones de candidatos a magistrados, fiscales o legisladores afines a sus intereses, o bien, que las mismas instituciones del Estado incidan directamente en la elección de funcionarios o en el actuar arbitrario o irregular de otros poderes. Este es el caso de lo que está ocurriendo en Nicaragua con el Presidente Ortega (quien ha prorrogado ilegalmente los mandatos del Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema y el Procurador de Derechos Humanos), o del Presidente Martinelli, quien presuntamente ordenó la remoción de la entonces Procuradora General de la Nación y ha participado en el nombramiento de funcionarios claves como los jueces de la Corte Suprema.

Las consecuencias de ello son obvias: la falta de debate y adopción de leyes adecuadas, la impunidad derivada de pago de favores y abuso de poder, la presión por parte del Ejecutivo sin consecuencia alguna, y una ciudadanía con una enorme desconfianza en sus instituciones, a las que cada vez exige menos rendición de cuentas porque simplemente no le importa su actuar.

c. Instituciones autónomas no tan autónomas: acceso a la información, derechos humanos, discriminación

En 1992, la entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyas varias recomendaciones que fueron plasmadas por un grupo convocado previamente para discutir los Principios Relativos el Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Tales recomendaciones, mejor conocidos como “Principios de París”, eran los mínimos indispensables para el funcionamiento de lo que conocemos como Ombudsman o defensorías del pueblo o de los habitantes.Esa situación se puede ver en algunas instituciones que habían sido creadas ex profeso para garantizar derechos fundamentales como la transparencia, el acceso a la

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información pública (particularmente la relacionada con el actuar de las fuerzas de seguridad) y la no discriminación.

No obstante, en la mayoría de los casos, el actuar de tales órganos se ha sumado al descontento y desconfianza de la ciudadanía, al no ser actores independientes, autónomos e imparciales a los que se pueda acudir. Son muchos los casos en los que la figura del Ombudsman ha servido como cortina para avalar serias irregularidades, perseguir a otras instituciones o aún a defensores y defensoras de derechos humanos (entre las que se encuentran Honduras, Nicaragua y México).

d. Libertad de expresión y manifestación de ideasEn los últimos años hemos sido testigos de algo que creíamos impensable: las garantías y salvaguardas que poco a poco y con mucho esfuerzo se habían ganado en nuestros países, hoy en día se encuentran nuevamente en peligro: En Nicaragua vemos con alarma el precio que deben pagar las organizaciones de la sociedad civil que fiscalizan el actuar de las instituciones del Estado (particularmente al Presidente Ortega); en Honduras los jueces que defendieron la democracia fueron arbitrariamente destituidos de sus cargos; en México, las visitas de los órganos “históricos de la ONU” (como los relacionados con las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales) nos transportan a décadas que esperábamos que nunca se volvieran a repetir. ¿Y qué decir de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito o a la libertad de manifestación o creencias? La arbitrariedad e intolerancia se pueden identificar en todos nuestros países, con sus particularidades.

Adicionalmente, cada vez es más común tener noticias de muertes y amenazas a periodistas en la región. Sólo por recordar, en 2010 hubo 10 periodistas asesinados en Honduras, de los cuales hasta el momento no ha habido una investigación que derive en la condena de los responsables.

Hoy por hoy, las “libertades fundamentales” consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (y en otros tratados de derechos humanos), están gravemente en riesgo. Y lo peor es que, en muchas ocasiones, es justamente el actuar o la tolerancia de funcionarios del Estado la que favorece el riesgo de violaciones de estos derechos. Si a ello le sumamos la inacción de la institución que está llamada a proteger a las personas (Poder Judicial), tenemos como resultado una “fachada” de Estado que, lejos de prevenir, proteger (principalmente a quienes se encuentran en particular riesgo o vulnerabilidad) y sancionar a los responsables, aumenta la desconfianza y garantiza que muchos hechos reprobables se puedan repetir sin ninguna consecuencia.

e. La exclusión social, acumulación de riqueza y corrupciónPara dejar al final un tema que no nos es ajeno y que, sin duda, juega un papel fundamental en la institucionalidad democrática: la alarmantemente creciente brecha de desigualdad en el continente más inequitativo del mundo6. En la región mesoamericana

6 Cfr. CIDH. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57. 31 diciembre 2009, párr. 94. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Seguridad/seguridadindice.sp.htm

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tenemos a la persona más rica del planeta (Carlos Slim) y, después de Haití, tenemos a dos de los países más pobres del continente (Nicaragua y Honduras).

La situación anterior se agrava si analizamos otros índices de desarrollo social fundamentales como la educación, salud, trabajo, salario mínimo accesible, etc., los cuales son parte de los 8 grandes Objetivos de desarrollo del milenio planteados en el seno de las Naciones Unidas7.

Ello se suma a la preocupante inseguridad ciudadana que vivimos todos y todas, así como a las alegaciones de corrupción contra ex presidentes (como el caso de Costa Rica), candidatos a la presidencia (la Sra. Sandra Torres en Guatemala), o instituciones (como el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua).

f. Las campañas de desprestigio contra defensores/as de derechos humanos Por si todo lo anterior no fuera suficiente, cada vez existen menos espacios de fiscalización del poder (particularmente el público). Ya sea por el asesinato y amenazas de periodistas (México y, particularmente, Honduras con 10 periodistas asesinados en un año), o los asesinatos, hostigamientos y amenazas a personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, particularmente de derechos humanos8.

En tal sentido, diversas instancias internacionales han documentado tales situaciones, urgiendo a los Estados a proteger a estos actores claves en el fomento de la democracia, la transparencia y la reivindicación de derechos. No obstante, la situación actual en que se encuentran la mayoría de los países Mesoamericanos evidencia que el escenario anterior es cada vez más lejano.

g. El ejército y su lucha por definirseTenemos a una institución que continuamente sale a la escena en situaciones que cuestionan su mandato original: el ejército. De todos es sabido que en siglos anteriores, los ejércitos lucharon contra las invasiones de diferentes países (particularmente los europeos y Estados Unidos), y desde esa trinchera garantizaban la seguridad del Estado.

Pero en los últimos tiempos, los ejércitos –siempre recordados por su contribución en la seguridad de la ciudadanía ante amenazas e intromisiones extranjeras-, buscan un nuevo espacio para poderse mantener activos –y saberse indispensables-, con la esperanza de que el debate sobre su pertinencia no se dé. 7 Esos objetivos son: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; conseguir la educación universal primaria; promover la igualdad de género; reducir la mortalidad infantil; incrementar la salud maternal; combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades endémicas; asegurar la sostenibilidad medioambiental; forjar la colaboración mundial para el desarrollo. Para más información, ver: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 8 Para obtener más información, ver los documentos emitidos por la Relatora sobre la Situación de los Deensores de los derechos humans de las Naciones Unidas (http://www2.ohchr.org/english/issues/defenders/index.htm), así como el Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los derechos humanos en Las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en http://www.cidh.oas.org/countryrep/Defensores/defensoresindice.htm.

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En las últimas décadas (particularmente en la segunda parte del siglo XX), fuimos testigos de cómo el actuar de estas fuerzas entrenadas para la guerra eran unos de los principales actores en la comisión de graves violaciones de derechos humanos que generaron en Guatemala, al menos 200,000 víctimas asesinadas; 45,000 personas desaparecidas –de ellas 5,000 niños y niñas-; y 626 masacres ejecutadas mayoritariamente en comunidades mayas mediante “actos de extrema crueldad”9 en menos de dos años. En El Salvador, el escenario no es distinto: al menos 75,000 víctimas civiles10; 7,000 personas desaparecidas (entre ellas más de 800 niños y niñas)11; y más de un millón de personas refugiadas que salieron de su país por la crueldad de la guerra de 12 años. La mayoría de las víctimas eran de zonas rurales.

Con cifras menos elevadas pero hechos igual de cruentos, Honduras, Panamá y Nicaragua, no escapan a una realidad en la que las Fuerzas Armadas, lejos de cuidar a esa población a la que estaban llamados a proteger, fueron los principales artífices de desapariciones, masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, quema de casas y cosechas, etc.

Por poner un ejemplo de ello, a continuación les comparto los hechos de la masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, caso que cuenta con una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la cual, a su vez, retoma los hechos del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala: Memoria del Silencio):

78. El día 7 de diciembre de 1982 en la madrugada, soldados guatemaltecos […] llegaron a Las Dos Erres y sacaron a las personas de sus casas. A los hombres los encerraron en la escuela del Parcelamiento y a las mujeres y niños en la iglesia evangélica. Mientras los mantuvieron encerrados los golpearon e incluso algunos murieron como consecuencia de los golpes.

79. Alrededor de las 4:30 p.m. los Kaibiles sacaron a los hombres de la escuela y los llevaron vendados y maniatados a un pozo de agua inconcluso donde los fusilaron. Después sacaron a las mujeres y los niños para llevarlos al mismo lugar. En el camino muchas niñas fueron violadas por los Kaibiles, particularmente por los subinstructores. Al llegar al Pozo, los Kaibiles hincaban de rodillas a las personas y les preguntaban si pertenecían a la guerrilla, luego los golpeaban con un mazo de hierro en el cráneo o les disparaban, para luego lanzar los cadáveres al interior del pozo. En los hechos de la masacre perdieron la vida por lo menos 216 personas [… de los poco más de 300 habitantes que tenía el parcelamiento].

80. […]

81. El día 9 de diciembre de 1982, vecinos de la aldea Las Cruces se acercaron a Las Dos Erres y descubrieron trastos tirados por todas partes, los animales sueltos, también vieron sangre, cordones umbilicales y placentas en el suelo, ya que la crueldad desplegada por los soldados alcanzó tal punto que a las mujeres embarazadas les causaron abortos producto de los golpes que les propinaban, incluso saltando sobre el vientre de dichas

9 Corte IDH. Caso de la masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, Párr. 73.10 Cfr. Naciones Unidas. Acuerdos de El Salvador: en el camino de la paz. Antecedentes, pág. i. 11 Ver datos de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos de El Salvador. http://www.probusqueda.org.sv/

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mujeres hasta que salía el feto malogrado. Según declararon testigos en el proceso interno, el Teniente Carías, comandante del destacamento militar de Las Cruces, informó a la población que lo que había sucedido en Las Dos Erres era que la guerrilla se había llevado a las personas para México, y luego ordenó a sus soldados que sacaran todo lo que pudieran del Parcelamiento: enseres domésticos, animales y granos, entre otros: y que quemaran las casas de Las Dos Erres12.

Lamentablemente, como sabemos, el caso de Las Dos Erres no fue aislado ni excepcional en Guatemala o en otros países centroamericanos13. La instrumentalización del ejército fue y sigue siendo en algunos casos –como lo sucedió en Honduras hace casi dos años- fundamental para sembrar terror y desestabilizar a las instituciones.

Hoy en día no es difícil ver al ejército o a otras Fuerzas Armadas (como la Marina, haciendo operativos en “tierra”) en el combate al narcotráfico, patrullando calles, cuidando cárceles, participando en “estados de sitio” ilegales (como sucedió en Alta Verapaz, Guatemala); desaloja violentamente –en operativos conjuntos con la policía-, a campesinos ‘invasores’, a solicitud de grandes empresarios… Eso sucede hoy, en democracia; no son abusos del pasado.

También vemos personas pertenecientes al ejército –militares de alto rango o pertenecientes a grupos élite- como candidatos a puestos de elección popular. Algunos de ellos (como Efraín Ríos Montt u Otto Pérez Molina), con acusaciones de delitos relacionados con graves violaciones de derechos humanos, o el caso de Romeo Vásquez Velásquez (líder de la cúpula militar que perpetró el golpe de Estado), formando parte del gobierno hondureño, al igual que otros militares en puestos importantes14.

12 Corte IDH. Caso de la masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Op. Cit., Párr. 76 y ss. 13 Como se ha mencionado previamente, en Guatemala se contabilizan aproximadamente 626 masacres cometidas durante los primeros años de 1980. La Corte Interamericana ha señalado que dichas masacres “consistieron principalmente en matanzas de población, conocidas como masacres y “operaciones de tierra arrasada”. De acuerdo con el Informe de la CEH [Comisión de Esclarecimiento Histórico], alrededor de 626 masacres fueron ejecutadas mediante “actos de extrema crueldad” dirigidos a la eliminación de las personas o grupos de personas “definidos como enemigo” y dirigidos a “aterrorizar a la población” […].”. Cfr. Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, parr. 73. Adicionalmente a esa masacre, la Corte Interamericana ha condenado al Estado guatemalteco por otras masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas (particularmente la de un niño de 14 años: Marco Antonio Molina Theissen). Para más información, ver www.corteidh.or.cr

En el caso de El Salvador, la Comisión y Corte Interamericanas se han pronunciado sobre masacres, asesinatos de líderes (como 6 jesuitas en 1989), desapariciones forzadas de niñas y niños. Recientemente, la CIDH presentó una demanda a la Corte Interamericana en relación a la masacre del caserío de El Mozote y otros lugares aledaños (cometida en el departamento de Morazán en 1981), cuyas víctimas ascienden a 971.

Respecto de Panamá, existe una sentencia relacionada con la desaparición forzada del líder social Heliodoro Portugal (ocurrida en mayo de 1970); y la CIDH emitió un informe especial sobre los sucesos de la “Navidad Roja” de Nicaragua. Cfr. CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos de un sector de la población nicaragüense de origen Miskito. OEA/Ser.L/V/II.62 doc. 10 rev. 3, de 29 noviembre 1983. Disponible en http://www.cidh.oas.org/countryrep/Miskitosesp/Indice.htm

14 Ver nota al pie 1.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, reiteró la siguiente posición:

… es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos […]15.

No obstante ello, con independencia de la ideología o propuesta política del gobierno en el poder (izquierda o derecha), el papel del ejército sigue siendo privilegiado: cuentan con cárceles militares, con una jurisdicción especial mediante la cual “investigan” el actuar “irregular” de sus miembros (aunque en muchos casos sean una autoridad incompetente, carente de imparcialidad y que garantiza la falta de sanción de sus miembros).

Si bien el ejército debería estar estrictamente subordinado al poder civil, día a día somos testigos de una realidad distinta: el poder que mantiene hoy en día esta institución es, sin duda, muy alto. En algunos países, el presupuesto asignado a esta institución ha aumentado considerablemente (Guatemala y México) y en otros hemos visto a los propios titulares del ejecutivo vestidos de militares como un apoyo incondicional a las fuerzas armadas (v.g. México). Y, no obstante todo lo anterior, aunque cada vez son mayores las preocupaciones relacionadas con las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en el presente y con delitos y actos de corrupción en los que se encuentran involucrados. Lo que es un hecho irrefutable es que su uso da, a la ciudadanía, una percepción de seguridad16 que tanto anhelan en la región más violenta del mundo.

IV. A manera de conclusión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en las Américas estableció que la seguridad ciudadana se concibe “[…] como la situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son vulnerados.”17

15 CIDH. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, Op. Cit., párr. 101.16 Ver, entre otros, la percepción ciudadana positiva en base a la aprobación de la institución del Ejército en varios países.17 CIDH. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, Op. Cit., párr. 22.

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Al inicio pregunté si habíamos aprendido alguna lección. Sin duda, hay que reconocer que, entre otros, actualmente podemos contar con las primeras condenas en Guatemala por desaparición forzada; que actualmente existen procesos judiciales por genocidio; que existe fiscalización de la comunidad internacional en Honduras a raíz del golpe de Estado; que hay más organismos internacionales de derechos humanos para monitorear la situación de los derechos humanos y brindar asistencia técnica a los Estado (como sucede con os oficiales y las oficinas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).

Desafortunadamente, esos ejemplos parecen ser la excepción de un contexto en el que cada vez existen más factores que ponen en riesgo la institucionalidad democrática. Entre otros, el papel que el Ejército y otras fuerzas armadas juegan en nuestras democracias, pareciera poner en riesgo la vigencia de los derechos humanos y a condenarnos a revivir experiencias de nuestra historia reciente que quisiéramos olvidar. Al final, ¿seremos sociedades que no conocemos nuestra historia y que, por tanto, estamos condenadas a volverla a vivir?

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