Agenda del Frente Amplio en el diálogo con el Ejecutivo

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1 FRENTE AMPLIO CONFERENCIA DE PRENSA 27-08-2013 DECLARACIÓN DE MANUEL DAMMERT EGO AGUIRRE por encargo del Frente Amplio I. El Frente Amplio y el derecho al diálogo democrático El Perú requiere el diálogo nacional democrático para lograr establecer acuerdos en torno a objetivos nacionales de desarrollo, ante la crisis nacional y mundial y en perspectiva al Bicentenario de la Independencia el 2021. La institucionalidad democrática se sustenta en la deliberación y la participación de la ciudadanía. El diálogo entre Gobierno y las oposiciones, políticas y sociales, es ahora, además, crucial y urgente. Vivimos la encrucijada de una profunda crisis nacional, ante los agudos problemas del modelo neoliberal primario exportador y la crisis del Gobierno, que no logra dar soluciones adecuadas a la crisis económica mundial y a su impacto en la nación, en el corto, mediano y largo plazo. El diálogo democrático está afectado por la cerrazón del sistema político a la participación efectiva de la ciudadanía y la permanencia de un régimen sin partidos reales en la sociedad, y con la amenaza de la monopolización creciente de la vida económica y en los medios de prensa. La crisis nacional amenaza bloquear la promesa del Perú como nación integral, soberana, democrática, de todas las sangres. Esta Promesa del Perú con Democracia Ciudadana, es la que el pueblo ha mandatado con su voto masivo en las elecciones y con su esfuerzo de trabajo y organización social. Para el Frente Amplio, el diálogo democrático es un derecho, al que no se debe excluir, y también es una obligación, en la que deben presentarse las diversas alternativas. Con esta convicción, es que hemos formalizado nuestra incorporación al Acuerdo Nacional, y también hemos acudido a la convocatoria realizada por el Gobierno para un diálogo nacional ante la crisis actual. II. La Agenda del Diálogo con el Poder Ejecutivo Consideramos que la grave situación del país, obliga a que se priorice en la agenda nacional los siguientes temas, respecto a los cuales haremos llegar el día de la reunión con el Poder Ejecutivo, las propuestas específicas del Frente Amplio. Sobre estos y otros aspectos, es urgente que se adopten objetivos y políticas nacionales. 1. Crisis económica: reactivación productiva diversificada, desarrollo nacional integral con respeto al medio ambiente. La crisis mundial está en una nueva etapa, en la cual es insostenible para el Perú la continuación del modelo neoliberal primario exportador. El Gobierno no cumple con el mandato del voto ni con

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FRENTE AMPLIO CONFERENCIA DE PRENSA 27-08-2013

DECLARACIÓN DE MANUEL DAMMERT EGO AGUIRRE por encargo del Frente Amplio

I. El Frente Amplio y el derecho al diálogo democrático

El Perú requiere el diálogo nacional democrático para lograr establecer acuerdos en torno a

objetivos nacionales de desarrollo, ante la crisis nacional y mundial y en perspectiva al

Bicentenario de la Independencia el 2021.

La institucionalidad democrática se sustenta en la deliberación y la participación de la ciudadanía.

El diálogo entre Gobierno y las oposiciones, políticas y sociales, es ahora, además, crucial y

urgente. Vivimos la encrucijada de una profunda crisis nacional, ante los agudos problemas del

modelo neoliberal primario exportador y la crisis del Gobierno, que no logra dar soluciones

adecuadas a la crisis económica mundial y a su impacto en la nación, en el corto, mediano y largo

plazo. El diálogo democrático está afectado por la cerrazón del sistema político a la participación

efectiva de la ciudadanía y la permanencia de un régimen sin partidos reales en la sociedad, y con

la amenaza de la monopolización creciente de la vida económica y en los medios de prensa.

La crisis nacional amenaza bloquear la promesa del Perú como nación integral, soberana,

democrática, de todas las sangres. Esta Promesa del Perú con Democracia Ciudadana, es la que el

pueblo ha mandatado con su voto masivo en las elecciones y con su esfuerzo de trabajo y

organización social.

Para el Frente Amplio, el diálogo democrático es un derecho, al que no se debe excluir, y también

es una obligación, en la que deben presentarse las diversas alternativas. Con esta convicción, es

que hemos formalizado nuestra incorporación al Acuerdo Nacional, y también hemos acudido a la

convocatoria realizada por el Gobierno para un diálogo nacional ante la crisis actual.

II. La Agenda del Diálogo con el Poder Ejecutivo

Consideramos que la grave situación del país, obliga a que se priorice en la agenda nacional los

siguientes temas, respecto a los cuales haremos llegar el día de la reunión con el Poder Ejecutivo,

las propuestas específicas del Frente Amplio. Sobre estos y otros aspectos, es urgente que se

adopten objetivos y políticas nacionales.

1. Crisis económica: reactivación productiva diversificada, desarrollo nacional

integral con respeto al medio ambiente.

La crisis mundial está en una nueva etapa, en la cual es insostenible para el Perú la continuación

del modelo neoliberal primario exportador. El Gobierno no cumple con el mandato del voto ni con

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las leyes vigentes ni con opciones viables en diversos aspectos cruciales. Se ha limitado a

precarizar el empleo e imponer abusivas tasas en servicios financieros a la ciudadanía. Ha

acumulado estos años reservas, con un manejo discrecional del MEF, por más de 15 mil millones

de dólares, las que anuncia derrochará a favor de algunas grandes empresas favorecidas y no para

el desarrollo nacional.

El Poder Ejecutivo ha abandonado una visión del desarrollo del Perú, dejando de lado que

debemos tener objetivos nacionales estratégicos al 2021, en que cumplimos el Bicentenario de

Nuestra Independencia, integrando la Patria Grande Latinoamericana.

Entre los asuntos que deben tratarse en el Diálogo, para vincular el proyecto de nación con el

corto plazo, se requiere superar las siguientes políticas impuestas estos años.

Se ha abandonado la política nacional ante el cambio climático mundial y el necesario

ordenamiento territorial ambientalmente sustentable.

Se ha bloqueado los créditos y asistencia técnica para la diversificación productiva en el mercado

interno (agrario, agroindustrial, ganadería, vacuna y camélidos, forestal, metalmecánica,

conglomerados industriales).

Se ha negado a constituir fondos y líneas de crédito, preferenciales y con asistencia técnica, para

la pequeña y microempresas, las empresas asociativas, comunales y de conglomerados

productivos.

No ha promovido las inversiones con aportes públicos en grandes proyectos aprobados y viables

que están paralizados y cuyas empresas públicas como Petroperú, Banco Agrario, Enapu, se

bloquean en vez de modernizarlas. Entre estos proyectos paralizados, pese a que tienen recursos,

legislación y respaldo, están el Gasoducto-petroquímica surandina; el Petróleo Noroeste y

Amazonia y la Refinería Talara; los Ejes Interoceánicos sur, norte y centro y el nuevo eje

interoceánico central desde Tacna-Moquegua-Arequipa, con puerto y ferrocarril continental,

uniendo Perú con Bolivia y Brasil.

No ha diseñado una política de nueva minería, que armonice con el medio ambiente y articule con

el desarrollo social. No ha resuelto la formalización de la minería informal al negarse a constituir

un banco público minero que sea el que compre el oro y acabe con las mafias de acopiadores.

No ha afirmado los mercados con los países latinoamericanos, sino se ha subordinado a las

negociaciones secretas para un Tratado Transpacífico, supeditado geopolíticamente a Estados

Unidos, que nos reduciría a ser plataforma financiera sin soberanía.

La política para la Juventud, se ha reducido a paliativos, lo que más bien debe ser una política

estratégica para la juventud, pues actualmente es una de las principales potencialidades del país al

ser su población joven la mayoritaria, con desafíos de unir la educación universal de calidad con

las oportunidades de trabajo y vida social.

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2. Necesaria apertura política a la ciudadanía para superar el cierre del régimen

vigente, la burocratización autoritaria del Estado y la corrupción sistémica,

afirmando el Estado unitario, descentralizado y participativo.

El pueblo ha expresado el rotundo rechazo a la exclusión de la ciudadanía en el sistema político.

Este es el sentido del rechazo masivo ciudadano a la Repartija de Cargos, que pretendió el Poder

Ejecutivo y la mayoría del Congreso, para nominar representantes al Tribunal Constitucional, a la

Defensoría del Pueblo y al Banco Central de Reserva.

La crisis actual es también la de un régimen político, que reduce los partidos a fábricas de firmas y

niega la participación activa y militante de los ciudadanos como formadores y decisores reales del

sistema político.

Son indispensables cambios constitucionales, incluidos los de la esfera política, para que el poder

democrático sea unitario y descentralizado, con la expresión y ejercicio de la ciudadanía, y no un

régimen impuesto contra ella, que la suplanta, dispersa o bloquea.

La corrupción se está institucionalizando, capturando las mafias distintas áreas del Estado. Es

indispensable la “muerte civil” a los que cometen actos de corrupción, y sancionar la corruptela de

subordinar el Estado, sus políticas, dominio y recursos, a grupos privados.

3. Necesidad de Programas Sociales Universales y régimen laboral democrático

Ante la crisis, se han impuesto las políticas de cholo barato, con regímenes laborales sin derechos

básicos y con alto subempleo; de precarización de las condiciones de vida; y de prosperidad falaz

de consumidores agobiados, con tasas abusivas en servicios públicos, en servicios bancarios y

telefónicos, en las AFP y el aporte abusivo de los trabajadores independientes.

Los Programas y Políticas sociales en vez de universales se han reducido y burocratizado. Se traba

la aprobación de la Ley General de Trabajo, la que debe afirmarse con los derechos básicos

reconocidos por la OIT.

Es indispensable que se otorgue mayor importancia a las reformas en Educación y Salud. Es

necesario que se asuman como políticas universales, indispensables para el desarrollo de la

nación, y en la que el conjunto de la ciudadanía y de sus artífices sean activos formuladores y

gestores activos.

4. Seguridad Ciudadana y Comisión de la Verdad

En el Acuerdo Nacional se han avanzado propuestas de política sobre Seguridad Ciudadana y se

debate el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Es necesario que

este Foro complete sus labores y recabe todos los aportes. Pero ello serán inútiles si el Poder

Ejecutivo no cumple sus obligaciones, en especial el de superar la inexistencia real de la policía

nacional como institución, pues al mantenerse vigente el régimen laboral policial de 24x24 (un día

policía y otro de trabajo privado), tenemos guachimanes pero no institución policial.