Acuerdo Interconfederal Negociacion Colectiva 2007

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6) Programa de Orientacin y Terapia Familiar en Molina de Segura. Aportacin Comunidad Autnoma y Corporacin

Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.170,98Aportacin M.T.A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.842,51

7) Programa de Orientacin Familiar en el Municipio de Murcia. Aportacin Comunidad Autnoma y Corporacin


8) Servicio de Mediacin en casos de conflicto intergene-racional y Servicio de Punto de Encuentro Familiar en Murcia (mbito regional). Aportacin Comunidad Autnoma . . . . . . . . . . . . . . . 86.680,91.Aportacin M.T.A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.681,09Total aportacin Comunidad Autnoma y Corporacio-

nes Locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.485,26Aportacin Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales . 86.685,09

3. Aportacin de la Comunidad Autnoma de la Regin de Murcia y del Ministerio de Trabajo y Asun-tos Sociales para la realizacin del programa de apoyo a familias en cuyo seno se produce violencia

familiar. 2006

1) Programa de intervencin multidisciplinar con fami-

lias en cuyo seno se produce violencia familiar, en Alcantarilla. Aportacin Comunidad Autnoma y Corporacin


2) Programa de apoyo a familias en cuyo seno se produce violencia familiar, en Alguazas. Aportacin Comunidad Autnoma y Corporacin


3) Proyecto de intervencin con familias con riesgo de padecer situaciones de violencia familiar, en Cieza. Aportacin Comunidad Autnoma y Corporacin


4) Programa de apoyo a familias en situaciones de crisis que pueden originar violencia intrafamiliar, en Jumi-lla. Aportacin Comunidad Autnoma y Corporacin


5) Programa de Apoyo a familias con violencia o con riesgo de poder producirse (VESTA) en Lorca. Aportacin Comunidad Autnoma y Corporacin


6) Programa de prevencin, deteccin y tratamiento de la violencia familiar, en Los Alczares. Aportacin Comunidad Autnoma y Corporacin


7) Programa de sensibilizacin e intervencin con fami-lias en cuyo seno se produce violencia familiar, en Puerto Lumbreras. Aportacin Comunidad Autnoma y Corporacin


8) Programa de intervencin y prevencin en familias en las cuales se genera cualquier tipo de violencia, en S. Pedro del Pinatar. Aportacin Comunidad Autnoma y Corporacin


9) Programa de prevencin, deteccin y tratamiento de la violencia familiar, en el municipio de San Javier. Aportacin Comunidad Autnoma y Corporacin


10) Programa de intervencin con familias en cuyo seno se produce violencia familiar, en la Mancomunidad del Sureste.

Aportacin Comunidad Autnoma y Corporacin


11) Programa de Atencin y Prevencin de Conflictos y Violencia Familiar, en Yecla.

Aportacin Comunidad Autnoma y Corporacin Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.621,25

Aportacin M.T.A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.512,65Total aportacin Comunidad Autnoma y Corporacio-


Total de las aportaciones para los programas de apoyo a las familias en situaciones especiales

Total aportacin Comunidad Autnoma y Corporacio-


3985 RESOLUCIN de 9 de febrero de 2007, de la Direccin Gene-ral de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo Interconfederal para la negociacin colectiva 2007.

Visto el texto del Acuerdo Interconfederal para la negociacin colec-tiva 2007 (ANC 2007), que fue suscrito con fecha 6 de febrero de 2007, de una parte por la Confederacin Espaola de Organizaciones Empresaria-les (CEOE) y la Confederacin Espaola de la Pequea y Mediana Empresa (CEPYME), y de otra parte por la Confederacin Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unin General de Trabajadores (UGT), y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 83.2 en relacin con el artculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depsito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Direccin General de Trabajo resuelve:

Primero: Ordenar la inscripcin del citado Acuerdo Interconfederal en el correspondiente Registro de este Centro Directivo.

Segundo: Disponer su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Madrid, 9 de febrero de 2007.El Director General de Trabajo, Ral Riesco Roche.

ACUERDO INTERCONFEDERAL PARA LA NEGOCIACIN COLECTIVA 2007

CAPTULO I

Balance y consideraciones generales

La negociacin colectiva es el espacio natural del ejercicio de la auto-noma colectiva de las Organizaciones Empresariales y Sindicales y el mbito apropiado para facilitar la capacidad de adaptacin de las empre-sas, fijar las condiciones de trabajo y modelos que permitan mejorar la productividad, crear ms riqueza, aumentar el empleo, mejorar su calidad y contribuir a la cohesin social.

El establecimiento de criterios y orientaciones para acometer los pro-cesos de negociacin colectiva ha contribuido a afrontar en mejores condiciones la situacin de incertidumbre econmica que se viene produ-ciendo durante los ltimos aos y que posiblemente tendr su continui-dad en el ao 2007. Con tal finalidad, desde 2002, las Organizaciones Sin-

Euros Euros

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dicales, UGT Y CC.OO. y Empresariales, CEOE y CEPYME, suscribimos sucesivos Acuerdos Interconfederales para la Negociacin Colectiva.

Nuestro objetivo ha sido incidir sobre las materias que, en muchos casos, ya configuraban la negociacin colectiva para conseguir afrontar los cambios y las diferentes coyunturas de la economa y el empleo. Dicho de otro modo, conscientes de la complejidad de la negociacin colectiva y de la necesidad de adaptarse a un marco cambiante que tienen empre-sas y trabajadores, nuestro propsito fue orientar la negociacin de los convenios colectivos en dichos ejercicios, partiendo del reconocimiento de la madurez alcanzada en los mbitos sectoriales y en las empresas.

La confianza que ha generado la asuncin de las responsabilidades contenidas en los Acuerdos ha contribuido a mantener el crecimiento de la economa espaola, a mejorar el poder adquisitivo de los salarios en un contexto de moderacin y a mantener y crear empleo.

Los principales problemas registrados por la economa espaola en 2006 han sido la desfavorable evolucin de la inflacin, la aportacin negativa del sector exterior, y la inestabilidad que implica el endeuda-miento de las familias, sobre el que se sustenta el crecimiento del con-sumo y de la construccin.

No obstante, a lo largo del ltimo tramo del ao 2006 se ha producido una desaceleracin de la inflacin debida al descenso de los precios de los productos energticos, as como un mejor comportamiento del sector exterior.

Frente a estos datos ms alentadores, se mantienen algunos proble-mas para 2007: elementos de incertidumbre que pudieran dificultar el crecimiento econmico y la creacin de empleo, tales como una desace-leracin del ritmo inversor del sector de construccin, un previsible aumento del precio del dinero y unas expectativas a la baja sobre el creci-miento econmico del conjunto de la UE. En sentido positivo cabe espe-rar la consolidacin de un mayor aporte al crecimiento del sector exterior y un mejor comportamiento de los precios de las materias primas, en particular los productos energticos.

Por otra parte, en 2007 entrar en vigor el nuevo escenario de aplica-cin y distribucin de los Fondos estructurales y de cohesin, en el nuevo contexto de la ampliacin de la Unin Europea a 27 miembros.

La previsin u objetivo de inflacin cifrada en el 2% por el Gobierno para 2007 contenida en los Presupuestos Generales del Estado constituye un referente necesario para homologar el crecimiento de los precios con los de nuestros socios comunitarios, para la competitividad de las empre-sas y para la mejora del poder adquisitivo de los salarios.

A la vista del escenario previsto para 2007 debemos persistir en los objetivos de Acuerdos anteriores, al tiempo que incorporamos al mismo los resultados del proceso de Dilogo Social desarrollado desde la Decla-racin de 2004, y dar continuidad a compromisos que incluyan seguridad para los trabajadores y flexibilidad para las empresas. Eso justifica la conveniencia de suscribir un nuevo Acuerdo Interconfederal para la Negociacin Colectiva del ao 2007.

Creemos que el Dilogo Social y la negociacin colectiva son los mto-dos de trabajo ms apropiados para el buen funcionamiento del sistema de relaciones laborales en todos los niveles y para abordar reformas, cambios y adaptaciones en los sectores productivos y empresas.

La Declaracin para el Dilogo Social 2004 sobre Competitividad, Empleo Estable y Cohesin Social, suscrita entre el Gobierno y las Confe-deraciones Sindicales y Empresariales, recoge como objetivo comn de los firmantes el que la sociedad espaola alcance unos mayores niveles de desarrollo econmico, de calidad en el empleo, de bienestar social, de cohesin territorial y de sostenibilidad ambiental. Para el logro de este objetivo es preciso apostar por un modelo de crecimiento econmico equilibrado y duradero basado en la mejora de la competitividad de las empresas y en el incremento de la productividad.

Con dicha Declaracin se procedi a la apertura del proceso de Di-logo, que, desarrollado en diversos escenarios de negociacin, incluye una amplia relacin de materias, habindose alcanzado acuerdos en gran parte de ellas. Algunos de los mismos hacen remisiones a la negociacin de los convenios colectivos.

Tambin en el marco del dilogo social est previsto a lo largo de 2007 iniciar un proceso de dilogo tripartito sobre el conjunto de las polticas de insercin laboral de las personas con discapacidad.

Como en aos anteriores, el principal objetivo del ANC 2007 es dar una visin compartida por las Organizaciones firmantes sobre la necesidad de impulsar la competitividad de la economa espaola, que le permita afron-tar en mejores condiciones los cambios producidos por la ampliacin europea, los procesos de liberalizacin del comercio mundial, la coyun-tura econmica y sus efectos en el empleo.

El ANC 2007, equilibrando los intereses en juego de los distintos acto-res que participan en la negociacin colectiva, aborda un conjunto de cuestiones y criterios interrelacionados, que deben tener fiel reflejo en su traslacin a los convenios colectivos.

As, hemos establecido criterios en materia salarial que contribuyan al control de la inflacin, al crecimiento del empleo, al aumento de las inver-siones productivas, y a la mejora de la capacidad adquisitiva de los sala-

rios y de la situacin de las empresas. Al igual que en otros Acuerdos hemos dedicado un apartado a previsin social complementaria en el que se introducen algunos criterios y orientaciones al respecto.

Hemos articulado tambin criterios sobre mantenimiento y creacin de empleo, as como sobre su estabilidad en correspondencia con los acuerdos alcanzados en el mbito del Dilogo Social. El desarrollo de mecanismos de flexibilidad interna, siempre preferibles a la externa y a los ajustes de empleo; la formacin permanente y la mejora de las compe-tencias y cualificaciones, adecundolas a los trminos de los recientes acuerdos en esta materia; el impulso de la contratacin indefinida, el uso adecuado de la contratacin temporal, la transparencia en la subcontrata-cin; la informacin, consulta y negociacin con la representacin de los trabajadores; y el fomento de la igualdad de trato y de oportunidades. Todos ellos son elementos de respuesta a los requerimientos del cambio a tener en cuenta en la negociacin colectiva.

Una vez ms, las Organizaciones firmantes manifestamos nuestro compromiso para reducir la siniestralidad laboral en Espaa tambin en el marco de la negociacin colectiva, fomentando la cultura preventiva y el cumplimiento de las normas y llamando a la colaboracin de todos los sujetos implicados en su mbito de responsabilidad.

En los ltimos aos se ha venido produciendo un amplio debate en el mbito internacional sobre la llamada responsabilidad social, como pone de manifiesto el Libro verde de la Comisin Europea titulado Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas (1) y las posteriores Comunicaciones (2) de la Comisin.

De un lado, las Organizaciones Sindicales y Empresariales queremos contribuir a despejar algunas confusiones que se vienen observando alre-dedor de este concepto y sobre el carcter voluntario de su ejercicio. De otro, queremos formular algunas aportaciones sobre una materia en la que reclamamos un protagonismo ms intenso de las empresas, los traba-jadores y sus organizaciones representativas, estando previsto abordarlo en el Dilogo Tripartito en 2007.

Este acuerdo tambin incorpora unas consideraciones relacionadas con el desarrollo del teletrabajo y el Acuerdo Marco Europeo sobre tele-trabajo resultado del dilogo social.

El desarrollo y aplicacin de los compromisos y objetivos que acaban de sealarse no sera posible sin un procedimiento gil de negociacin de los convenios y de resolucin de las posibles discrepancias; y sin una adecuada vertebracin y articulacin en los distintos mbitos negociales.

Como conclusin, el ANC 2007 aborda el tratamiento de este conjunto de materias con el objetivo de orientar la negociacin de los convenios colectivos durante la vigencia del mismo.

CAPTULO II

Naturaleza jurdica y mbitos del Acuerdo Interconfederal

Naturaleza jurdica y mbito funcional

Las Organizaciones signatarias asumen directamente los compromi-sos del presente Acuerdo y se obligan, por tanto, a ajustar su comporta-miento y acciones a lo pactado, pudiendo cada una de ellas reclamar de la otra el cumplimiento de las tareas o cometidos acordados.

Asimismo, consideran que las materias del Acuerdo constituyen ele-mentos interrelacionados y el tratamiento de las distintas materias en los convenios colectivos puede favorecer la actividad empresarial y el empleo.

Las Confederaciones firmantes, que tienen la condicin de ms repre-sentativas a nivel estatal, debern intensificar los esfuerzos para estable-cer con sus respectivas Organizaciones en los sectores o ramas de activi-dad, sin menoscabo de la autonoma colectiva de las partes, los mecanismos y cauces ms adecuados que les permitan asumir y ajustar sus comportamientos para la aplicacin de los criterios, orientaciones y reco-mendaciones contenidas en este Acuerdo cuya naturaleza es obligacional.

mbito temporal

El Acuerdo estar vigente durante el ao 2007.En el supuesto de que se mantengan las principales variables de la econo-

ma en materia de crecimiento y empleo, las partes signatarias procedern a la prrroga del presente Acuerdo para 2008 en sus propios trminos. Las Organizaciones firmantes se reunirn tres meses antes de la finalizacin del ao 2007, al objeto de constatar la evolucin de dichas variables.

Comisin de seguimiento

Se constituye una Comisin de Seguimiento integrada por tres repre-sentantes de cada una de las Organizaciones signatarias de este Acuerdo.


Dicha Comisin tendr encomendada la interpretacin, aplicacin y seguimiento de lo pactado.

A requerimiento de parte, formulado a travs de alguna de las Organiza-ciones signatarias, esta Comisin podr interponer sus buenos oficios a fin de resolver cuantas discrepancias se manifiesten en la interpretacin y apli-cacin de lo aqu previsto en la negociacin de los convenios colectivos.

Durante la vigencia del Acuerdo la Comisin de Seguimiento tendr encomendadas las tareas que de comn acuerdo estimen las partes.

La Comisin de Seguimiento aprobar sus normas de funcionamiento en la primera reunin que celebre.

CAPTULO III

Consideraciones sobre la competitividad y el empleo

Contexto internacional

En contra de las previsiones iniciales, el ao 2006 se podra configurar como uno de los mejores ejercicios de esta dcada. El crecimiento mun-dial ha sido mayor de lo esperado y ms homogneo entre las diferentes reas econmicas. Adems, a pesar del incremento del precio de las mate-rias primas, en las principales economas de la OCDE la inflacin se ha visto contenida, lo que, junto con cierta moderacin salarial, ha permitido un importante repunte de la creacin de empleo. No obstante, continan agudizndose los desequilibrios mundiales, incrementando los riesgos a la baja para el crecimiento futuro.

Si la primera mitad del ejercicio se caracteriz por un fuerte creci-miento en trminos de actividad y una aceleracin de la inflacin, durante los ltimos meses se ha producido una contencin del crecimiento de los precios, en parte por un efecto comparacin con el ao anterior, y una cierta desaceleracin de la actividad en determinadas zonas econmicas, que aunque de momento se concentra principalmente en los Estados Uni-dos, parece que ser el preludio de un menor ritmo de avance en la prc-tica totalidad de las economas en 2007.

La ralentizacin sufrida en el tercer trimestre por la economa ameri-cana no se ha debido exclusivamente a la contraccin registrada en el mercado residencial sino que ha sido reflejo de ciertas presiones inflacio-nistas y de la desaceleracin del empleo, que han incidido sobre el ritmo de crecimiento del consumo privado. En 2007 continuar el deterioro de la inversin en vivienda lo que supondr una significativa aportacin negativa al crecimiento del pas. Adems, el retroceso en la inversin residencial incidir negativamente en la produccin de otros sectores, en el empleo generado durante la ltima expansin inmobiliaria y, sobre todo, en el efecto riqueza de las familias, limitando el crecimiento del consumo privado. Sern, entonces, la inversin productiva y las exporta-ciones, las que sostendrn el crecimiento de la economa americana a lo largo de 2007, para el que se estima un recorte de un punto porcentual.

Por su parte, en 2006 la economa de la UE ha dado signos de recupe-racin. El repunte de la actividad ha superado las previsiones iniciales, esperndose un crecimiento en la zona euro del 2,6% para el conjunto del ejercicio que, sin embargo, se vera suavemente desacelerado hasta el 2,1-2,2% en 2007, segn las ltimas previsiones de la OCDE y de la Comisin Europea. El crecimiento europeo en este ejercicio se ha fun-damentado en la expansin de la demanda interna y en el considerable repunte de las exportaciones, que han venido acompaados de una favo-rable evolucin del empleo y una mayor inflacin. El mantenimiento del nivel de inflacin por encima de su objetivo, unido a la mejora del creci-miento y a la elevada liquidez, ha llevado al Banco Central Europeo a seguir una poltica monetaria ms restrictiva, elevando el tipo de inters de referencia de forma gradual a lo largo de 2006 y situndolo, tras la reunin del mes de diciembre, en el 3,5%.

En 2007, el endurecimiento de la poltica monetaria y fiscal (incre-mento del IVA en Alemania), a lo que previsiblemente se ver aadido un deterioro de las expectativas de los consumidores, puede pesar sobre el ritmo de avance de la demanda interna. Por otra parte, la apreciacin del euro con respecto al dlar encarecer las exportaciones europeas en un contexto de desaceleracin de la demanda internacional, limitando el crecimiento de las economas europeas tambin desde el punto de vista del sector exterior.

El entorno internacional presenta para 2007 un marco de crecimiento favorable, si bien menos intenso que el registrado en el ao previo. No obstante, permanecen ciertas dudas y riesgos de carcter estructural, destacando los que se podran derivar de un ajuste abrupto de los dos principales desequilibrios de la economa norteamericana, el dficit de la balanza de pagos por cuenta corriente y el dficit fiscal. Asimismo, un nuevo repunte de los precios del petrleo desviara la inflacin al alza con respecto a las previsiones e impulsara a las autoridades monetarias a endurecer de forma adicional su poltica monetaria. Por ltimo, existen incertidumbres sobre la consolidacin de la recuperacin de las econo-mas centrales de la UE.

La economa espaola

La economa espaola sigue inmersa desde hace ms de una dcada en una etapa de crecimiento econmico superior al registrado en las econo-mas centrales de la Unin Europea, lo que ha permitido reducir la brecha entre los niveles de renta per cpita. El ao 2005 se cerr con un creci-miento del 3,5% del PIB y, segn el Ministerio de Economa, la previsin de resultados para 2006 es todava mejor, con un crecimiento esperado del 3,8% para el conjunto del ao.

Este largo ciclo de bonanza y el mayor crecimiento con respecto a Europa se explican por muchos factores. Entre ellos destacan algunos por novedosos para la economa espaola, aunque tradicionales para las eco-nomas centrales de la UE, de ah el impulso diferencial que han generado.

Uno de estos elementos es la llegada de mano de obra de origen inmi-grante que ha impulsado el aumento de la actividad por varias vas, pero sobre todo mediante el abastecimiento a los sectores intensivos en mano de obra que han sido protagonistas del crecimiento econmico ms reciente.

Otro elemento son las condiciones generadas por la unin monetaria que han permitido a la economa espaola disfrutar simultneamente de financiacin favorable (negativa incluso en trminos reales) y un tipo de cambio estable y elevado para comprar en el exterior materias primas, energa y tecnologa, a un precio competitivo.

La buena coyuntura que atraviesa la economa espaola est acompa-ada, sin embargo, de una serie de desequilibrios cuya correccin debe abordarse ahora que el ciclo es favorable y, en particular, vistas las pers-pectivas que dibujan los organismos internacionales para la economa espaola, donde el ao 2006 aparece como techo de la actual etapa de crecimiento.

Se aprecia un modelo de crecimiento que va acompaado en buena medida de puestos de trabajo que generan un menor componente de valor aadido y un menor peso de las rentas del trabajo sobre el conjunto de la riqueza, y que, a su vez, manifiestan una mayor sensibilidad ante cambios que se produzcan en el ciclo de la actividad, lo que puede repercutir a medio plazo sobre la eficiencia econmica y plantear incertidumbres sobre la sostenibilidad del crecimiento y la cohesin social.

En este sentido, y desde el punto de vista de la oferta, el incremento de la poblacin procedente del exterior obedece a este proceso significativo de creacin de empleo, especialmente en aquella estructura de la activi-dad sobre la que descansa en mayor medida el aumento de la demanda.

Estos puestos de trabajo han sido cubiertos en gran medida por la poblacin inmigrante, un colectivo especialmente vulnerable a la econo-ma sumergida y con mayor riesgo de exclusin del mbito de proteccin del Estado de Bienestar en ausencia de rentas. Todo lo cual indica la nece-sidad de polticas y recursos pblicos para ordenar los flujos migratorios y garantizar los derechos de estos trabajadores, contribuyendo a fomentar la regularidad de su empleo y los efectos positivos sobre la economa.

La deseada evolucin de la economa espaola hacia un patrn de crecimiento ms productivo, donde la demanda interna ceda protago-nismo a la demanda externa, y donde los sectores intensivos en capital ganen peso frente a los sectores intensivos en mano de obra, parece con-dicionada por la evolucin de las economas centrales de la UE, que este ao dieron signos de recuperacin, pero cuyas perspectivas para el ao que viene estn por confirmarse.

El elevado precio que ha alcanzado en Espaa la vivienda en propiedad ha dificultado el acceso de muchas familias a este bien bsico y elevado su endeudamiento, situndolo en un nivel que unido al previsible aumento de los tipos de inters, puede terminar afectando a las decisiones de consumo de las familias y en consecuencia al ciclo de crecimiento.

Otros de los desequilibrios ms importantes de la economa espaola son sus problemas de competitividad, que se reflejan en su cada vez ms abultado dficit comercial y en el permanente diferencial de crecimiento de los precios. La mejora de la productividad es el factor ms relevante para el sostenimiento del crecimiento econmico y del empleo en el medio y largo plazo.

Inflacin y competitividad

Uno de los desequilibrios bsicos que ha seguido registrando la econo-ma espaola en 2006 ha sido una inflacin elevada en trminos relativos, que adems de erosionar la capacidad de compra de la poblacin, perju-dica la capacidad competitiva de la economa espaola. La tasa anual media del IPC ha sido del 3,5%, lejos del entorno del 2% que establece el Banco Central Europeo como referencia de estabilidad de precios.

En lnea con lo sucedido desde 2004, la incidencia de los precios del petrleo ha sido en buena medida causante de esas tensiones inflacionis-tas, reflejando tambin la elevada dependencia y exposicin de nuestra economa ante las perturbaciones del mercado energtico. Del mismo modo, la moderacin del petrleo en el segundo semestre del ao se ha traducido en una desaceleracin de los precios de consumo en el ltimo cuatrimestre, hasta situar la tasa anual en el mes de diciembre en el 2,7%.


No obstante, la evolucin de los precios energticos no explica total-mente los aumentos del nivel general de precios. Estos tienen tambin su origen en el fuerte crecimiento de la demanda, as como en las disfuncio-nes en la formacin de precios de algunos mercados internos, que son en ltimo trmino las responsables de la persistencia de los problemas de inflacin en nuestra economa y del diferencial existente respecto a la media de los pases de la eurozona.

Mientras los precios de los bienes industriales no energticos, que sufren la competencia exterior, vienen creciendo a un ritmo inferior al 1,5% desde hace tres aos, los aumentos de precios en otras activi-dades, que denotan un cierto poder de mercado y estn menos expuestos a la concurrencia internacional, siguen siendo importan-tes. As, los precios de los servicios, que ponderan un tercio en la cesta de la compra de las familias, crecen a un ritmo cercano al 4% que no se explica slo por la fortaleza del consumo.

Por su parte, el deflactor del PIB, que incluye el precio de todos los bienes y servicios generados dentro de nuestras fronteras, contina regis-trando aumentos cercanos al 4%, a pesar de que los costes laborales uni-tarios estn creciendo a un ritmo inferior en ms de un punto al propio deflactor.

Lo cierto es que, pese a la mejora apuntada por el IPC a finales de 2006, la inflacin sigue lastrando la competitividad de nuestra econo-ma. La mayora de los indicadores sobre la posicin competitiva de nues-tro pas reflejan un continuo deterioro desde hace aos, debido a la peor evolucin relativa de los precios (agravada adems, para el caso del comercio con los pases de fuera del rea del euro, por la fortaleza del euro respecto al dlar) y a la menor inversin en investigacin, desarro-llo, innovacin y capital humano.

Estas carencias dificultan las exportaciones espaolas y, sobre todo, impulsan las importaciones para satisfacer el vigoroso crecimiento de la demanda interna, lo que est provocando una prdida de cuota de mer-cado nacional para las empresas espaolas y un rpido aumento de la posicin deudora de nuestro pas respecto al resto del mundo.

El empeoramiento progresivo de la competitividad es, por tanto, el factor explicativo bsico del elevado y creciente dficit comercial de la economa espaola, que supone ya el 8,7% del PIB, el nivel ms elevado del mundo en trminos relativos, y que plantea riesgos a medio plazo para las inversiones y la creacin de empleo.

Las expectativas de inflacin para 2007 apuntan a un mejor comporta-miento que en el pasado ao, gracias esencialmente a la moderacin de los precios de la energa. Pero, para situar la tasa general de inflacin en un nivel en el entorno del 2% de forma permanente no basta con la influencia favorable de factores externos, sino que ser preciso un mayor compromiso por parte de todos.

En este sentido, cabe sealar que el moderado incremento de los sala-rios, que han propiciado los sucesivos ANC firmados por los interlocuto-res sociales, ha sido un factor coadyuvante en la consecucin de las importantes tasas de creacin de empleo que viene registrando la econo-ma espaola.

Por ello, consideramos necesario insistir de nuevo en la importancia de contribuir, desde los sectores pblico y privado, a lograr la estabilidad de precios, eliminando comportamientos que aprovechen de cualquier forma la moderacin general de costes que promueve el presente acuerdo para obtener aumentos adicionales de ingresos a travs de la elevacin de los precios, lo que provocara un grave deterioro a empresas, a trabajado-res y al conjunto del pas.

Empleo y estabilidad

La evolucin del empleo durante 2006 se ha caracterizado, en trminos generales, por mantener un ritmo de crecimiento notable, aunque ligera-mente inferior al registrado el ao anterior. Esta evolucin, unida al menor avance de la poblacin activa, ha supuesto un descenso adicional del nmero de desempleados y de la tasa de paro en porcentaje de la poblacin activa que se sita en el tercer trimestre en el 8,2%.

Al contrario que en 2005, la variacin de la ocupacin ha seguido durante 2006 una senda de desaceleracin. A pesar de los avances regis-trados en trminos de actividad en la prctica totalidad de las ramas eco-nmicas, el menor crecimiento de la ocupacin ha tenido lugar en todas ellas a excepcin de la construccin donde se registra una aceleracin adicional a los ya notables incrementos registrados el ao anterior. No obstante, el incremento acumulado de la ocupacin hasta el tercer trimes-tre segn la Contabilidad Nacional Trimestral se eleva hasta el 3,1%.

Los crecimientos ms importantes de la ocupacin continan concen-trndose en la construccin y en los servicios, en lnea con el fuerte dina-mismo mostrado por la actividad de estos sectores y con el manteni-miento de la demanda de consumo e inversin residencial.

En lo que respecta a la contratacin, el nmero de contratos regis-trado en 2006 se increment en un 7,9% con relacin al ao anterior. De acuerdo con la duracin del contrato cabe destacar el fuerte repunte de la contratacin indefinida en la segunda parte del ejercicio que ha elevado

su peso dentro de la contratacin total en el mes de diciembre hasta el 17%, gracias al impulso del Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo suscrito por los interlocutores sociales.

No obstante, la tasa de temporalidad se mantiene elevada, y ser difcil que flexione a la baja significativamente mientras los protagonistas de la creacin de empleo sean los sectores intensivos en mano de obra, lo que reafirma la necesidad de transitar hacia un modelo productivo donde los sectores intensivos en capital y que requieren trabajo ms cualificado ganen peso.

Asimismo, el crecimiento del empleo entre las mujeres est siendo ms intenso que entre los hombres, reducindose gradualmente la brecha existente tanto en tasa de ocupacin como en tasa de actividad entre hombres y mujeres.

En cuanto a la evolucin del desempleo, ste ha mostrado una reduc-cin adicional, si bien algo inferior, a la registrada en 2005, debido a la desaceleracin de la ocupacin al tiempo que el incremento de la activi-dad se mantena.

Aunque la evolucin de la actividad y la ocupacin muestran una senda favorable a lo largo de 2006, sus niveles se encuentran an lejos de los registrados en media en la UE-15, diferencias que se explican y con-centran por entero en el grupo de las mujeres, mientras que la situacin de los hombres parece ya homologada. Por ello, se hace necesario refor-zar an ms las medidas realizadas estos ltimos aos de cara a incremen-tar la actividad y la ocupacin con la vista puesta en alcanzar los objetivos marcados por la Estrategia de Lisboa.

En este sentido, el ANC 2007 contribuye a establecer un marco de referencia que ayuda a mejorar la situacin del empleo en la economa espaola, reforzando su evolucin tendencial frente a las caractersticas fluctuaciones de la actividad econmica.

Inversin y productividad

En el ao 2005 la inversin registr una alta tasa de crecimiento (7%), que se desacelera en 2006, pero manteniendo un ritmo vigoroso, por encima del 6% de aumento interanual. Este incremento de la inversin total ha venido acompaado en 2005 y 2006 por un intenso crecimiento de la inversin en bienes de equipo, que a finales de ao aumentaba a un ritmo superior al 9% interanual.

La inversin asegura la sostenibilidad futura del crecimiento, en tanto que aumenta el potencial de crecimiento de la economa y mejora su com-petitividad mediante el cambio tecnolgico que introducen los nuevos bienes de equipo.

Sin embargo, una parte cada vez ms significativa de la inversin se ha ido concentrando en la construccin de viviendas en los ltimos aos, lo cual no aumenta la base productiva de la economa, aunque s puede incrementar el bienestar social si supone una mejora en el acceso a este bien bsico.

Si el peso de la inversin en vivienda sobre la inversin total se mova en el entorno del 22%, a partir del ao 2001 su presencia empieza a aumen-tar hasta situarse en el 30% en el primer trimestre de 2006. De hecho, entre el ao 2001 y 2005, el 44% de la inversin se ha destinado a la construccin de viviendas.

Paralelamente, la productividad ha tenido unos registros pobres a lo largo de los ltimos aos, aunque en 2006 se observa un ligero aumento (0,7% hasta el tercer trimestre del ao) gracias al mejor registro del sector industrial, que se alcanza por el repunte de su actividad y, en parte, por el ajuste del empleo. El bajo crecimiento de la productividad se explica, entre otros factores, por un ciclo de crecimiento cuyo motor son sectores intensivos en mano de obra, donde muchos de los puestos de trabajo que crean son poco productivos, no requieren cualificacin y su remunera-cin es baja.

No obstante, el ciclo tambin ha generado empleo de calidad que ha sido atendido con mano de obra cualificada, aunque su productividad no ha sido suficiente para compensar el peso que han ganado los trabajos no cualificados en la estructura del empleo.

Por otro lado, la evolucin de la productividad no slo est condicio-nada por el protagonismo de un determinado tipo de sectores sobre el crecimiento econmico, sino por las caractersticas de los puestos de trabajo que se generan en cada sector y la capacidad de la oferta de empleo para atenderlos. Desde esta perspectiva, la sociedad espaola est avanzando aunque con dificultades en la mejora de su oferta edu-cativa y formativa, mientras que una parte significativa del empleo gene-rado en los ltimos aos requiere muy poca cualificacin. Esta falta de sintona entre lo que se ofrece y demanda en el mercado de trabajo es objeto de reflexin por los agentes sociales y debe serlo tambin para los poderes pblicos.

Junto al esfuerzo permanente en materia de educacin, formacin y cualificacin profesional, es imprescindible reforzar la inversin en aque-llos factores capaces de propiciar un cambio en el modelo de competitivi-dad que incida ms en la mejora del valor aadido y menos en el ajuste permanente de los costes. Un progresivo cambio en el modelo de desarro-


llo sobre bases ms equilibradas y slidas, que pasa por redoblar los esfuerzos en nuevas tecnologas, calidad de productos y servicios, actividades investigadoras e innovadoras y difusin de la sociedad del conocimiento.

En este sentido, las polticas pblicas tienen la capacidad de incidir de forma determinante sobre los grandes ejes que determinan las ganancias duraderas de competitividad y el incremento de la productividad, pero tambin los agentes sociales deben implicarse activamente para lograr que el esfuerzo colectivo que se precisa sea equilibrado.

CAPTULO IV

Criterios en materia salarial

Las Organizaciones firmantes del ANC 2007 declaramos la intencin de llevar a cabo, durante la vigencia del presente Acuerdo, una poltica de crecimiento moderado de los salarios que permita adaptarse al contexto econmico, apoyar el descenso de la inflacin y la mejora de la competi-tividad, potenciar las inversiones productivas y favorecer el empleo esta-ble y seguro.

El anlisis de la situacin econmica y social espaola permite consta-tar la necesidad de mejorar la productividad. El incremento de sta y la mejora de la competitividad son objetivos estrechamente vinculados, a los que han de coadyuvar tanto los trabajadores como las empresas, y a cuya consecucin contribuir, entre otros:

Inscribir nuestro aparato productivo en un modelo de competencia que se base en la mejora del valor aadido y no exclusivamente en el ajuste de los costes, as como contribuir a erradicar la economa sumergida.

Efectuar una llamada de atencin a los poderes pblicos, a las empre-sas, a los trabajadores y a la sociedad espaola en general sobre la nece-sidad de redoblar el esfuerzo en materia educativa, y en actividades de investi-gacin, desarrollo e innovacin. Sera deseable la generalizacin de nuevas tecnologas como instrumentos para mejorar la capacidad productiva.

Contribuir, desde los sectores pblicos y privados, a lograr la estabili-dad de precios, eliminando comportamientos que aprovechen la modera-cin general de costes para obtener aumentos de ingresos a travs de la elevacin de los precios.

Favorecer la estabilidad en el empleo y la cualificacin profesional, sin perjuicio de mantener un marco de contratacin temporal que permita responder a necesidades coyunturales.

Favorecer la adaptacin de las empresas mediante cambios organiza-tivos que permitan una mayor competitividad.

La mejora de la productividad general de la economa espaola y de los sectores y empresas ha de favorecer, entre otros factores, el incre-mento de las rentas salariales.

Las Organizaciones Sindicales y Empresariales consideramos que la credibilidad del objetivo o previsin de inflacin es una base necesaria para el modelo de negociacin salarial, evitando que ste se vea sometido a tensiones derivadas de una sustancial desviacin entre el dato previsto y el dato real registrado, lo que perjudica a las rentas y genera tambin incertidumbre de costes para las empresas.

A partir de las consideraciones anteriores, y por lo que respecta a los criterios salariales, los negociadores de convenio debern tener en cuenta lo siguiente:

Criterios para la determinacin de los incrementos salariales

1) La negociacin salarial debe tomar como primera referencia el objetivo o previsin de inflacin del Gobierno, fijado para el ao 2007 en el 2 por ciento.

Consideramos oportuno recomendar que no se utilicen otras previsio-nes de inflacin distintas de las oficiales, desaconsejndose, en conse-cuencia, la identificacin de otros parmetros ya sea en un mbito secto-rial especfico, ya sea en un mbito territorial determinado.

2) En segundo lugar, puede haber incrementos superiores a la infla-cin prevista dentro de los lmites derivados del incremento de la produc-tividad. La negociacin salarial debe tener en cuenta los criterios pro-puestos para apoyar el mantenimiento o, en su caso, el crecimiento del empleo en las empresas, favoreciendo sus inversiones productivas, y para sostener la mejora del poder adquisitivo de los salarios sobre el que, en buena medida, se soporta el crecimiento econmico y del empleo a travs del aumento del consumo.

Clusula de revisin salarial

Los convenios colectivos as negociados incorporarn una clusula de revisin salarial, sin que ello trunque el objetivo de moderacin salarial. A tal fin, tomarn como referencia el objetivo o previsin de inflacin, el IPC real y el incremento salarial pactado en el convenio colectivo.

La determinacin de los salarios en la negociacin colectiva basada en esta poltica de moderado crecimiento de los salarios, tomando como referencia la inflacin prevista, la productividad y la clusula de revisin salarial, en los trminos sealados, constituye un modelo apropiado para evitar espirales inflacionistas nada deseables.

Otros aspectos a considerar

Debe tenerse en cuenta que el crecimiento de los salarios en convenio debera tambin tomar como referencia los costes laborales unitarios, de forma tal que la cifra resultante permita a las empresas, en particular las abiertas a la competencia internacional, mantener, al menos, su posicin actual y no verse perjudicadas respecto a sus competidores.

En este sentido, es preciso sealar que la evolucin de los costes labo-rales unitarios no depende en exclusiva de los salarios, sino que tambin se ve afectada por la incidencia de otros factores que los determinan y que tienen que ver con la evolucin, tanto de los costes laborales no salariales (cotizaciones a la Seguridad Social, prestaciones sociales pagadas por la empresa, etc.), como de los aspectos que afectan al grado y forma de uti-lizacin del factor trabajo (distribucin de la jornada, organizacin del trabajo, absentismo injustificado, inversin productiva, etc.).

En una economa abierta a la competencia internacional, se hace pre-ciso afrontar cambios en las actuales estructuras salariales, avanzando en una mayor relacin entre retribucin y productividad.

En tal sentido, la negociacin colectiva constituye un instrumento adecuado para establecer la definicin y criterios de una estructura sala-rial (conceptos fijos y variables, salarios mnimos, complementos u otros) adecuada a la realidad sectorial y empresarial, teniendo en cuenta su directa relacin con los nuevos sistemas de organizacin del trabajo y los incentivos a la produccin, la calidad o los resultados, entre otros.

A tal fin, en la definicin de los conceptos variables deberan tomarse en consideracin criterios de objetividad y claridad en su implantacin; la delimitacin de porcentajes de retribucin variable sobre la retribucin total; los derechos de informacin y participacin en la empresa de los representantes de los trabajadores y la consideracin de las realidades especficas de cada sector o empresa.

Diversidad de situaciones

No pueden tratarse de manera uniforme las distintas situaciones, por lo que los negociadores debern, en cada caso, tener en cuenta las cir-cunstancias especficas de su mbito para fijar las condiciones salariales, todo ello dentro de los criterios sealados anteriormente.

Clusula de inaplicacin salarial

La inclusin de la llamada clusula de inaplicacin del rgimen salarial forma parte del contenido mnimo de los convenios colectivos de mbito superior al de empresa.

En tal sentido, consideramos necesario que en dichos convenios se establezcan las condiciones y procedimientos por los que podra no apli-carse el rgimen salarial a las empresas cuya estabilidad econmica pudiera verse daada como consecuencia de tal aplicacin. La reincorpo-racin, en su caso, al rgimen salarial objeto del descuelgue se debera adoptar en el mismo mbito que el del acuerdo correspondiente.

Previsin social complementaria

Las Organizaciones firmantes de este Acuerdo hemos compartido una valoracin positiva sobre los sistemas de Previsin Social Complementa-ria y considerado conveniente analizar conjuntamente los problemas que dificultan el desarrollo de los mismos en el marco de la negociacin colectiva, que es un mbito adecuado para la promocin de nuevos com-promisos por pensiones.

Este anlisis deber abordar la integridad de aspectos que afectan al desarrollo de sistemas de previsin social complementaria, incluido entre ellos el vigente marco regulador.

Por otra parte, hay que recordar que el Real Decreto 16/2005, de 30 de diciembre (BOE 31.12), aprob una nueva y ltima prrroga del plazo inicialmente fijado para exteriorizar los compromisos por pensiones con-templados en convenios colectivos sectoriales de mbito supraempresa-rial conocidos como premios de jubilacin. Dicho plazo finaliz el da 31 de diciembre de 2006.

A efectos de la realizacin de dicho proceso, el BOE de 9 de noviembre de 2006, public la Orden EHA 3433/2006, de 2 de noviembre, sobre con-diciones tcnicas especiales aplicables a contratos de seguro y planes de pensiones que instrumenten determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilacin. Esta norma constituye una alternativa adicio-nal de financiacin del proceso de exteriorizacin ya que facilita la finan-ciacin a futuro de los compromisos por servicios pasados.


La finalizacin del plazo legal de exteriorizacin supone que aquellas empresas con compromisos por pensiones derivados de su convenio sec-torial que, a la fecha referida, pudieran no haber concluido el proceso de exteriorizacin de los mismos, debern hacerlo para hacer efectiva la obligacin y evitar el riesgo del procedimiento sancionador que pudiera derivarse del incumplimiento de la obligacin legal.

La normativa vigente regula los instrumentos para la exteriorizacin: plan de pensiones de empleo (de empresa o de promocin conjunta para el mbito supraempresarial) y seguros colectivos de empresa.

CAPTULO V

Empleo. Formacin. Flexibilidad y seguridad. Derechos de informacin y consulta

La negociacin colectiva del ao 2007 deber tener en cuenta el con-junto de normas y de nuevos criterios derivados del amplio proceso de negociacin desarrollado en los dos ltimos aos, en cumplimiento de la Declaracin para el Dilogo Social 2004 suscrita por el Gobierno y los Interlocutores Sociales.

Algunos de los acuerdos tripartitos alcanzados afectan de manera signi-ficativa a las materias que se tratan en este Captulo y, en particular: el Acuerdo para el nuevo Sistema de Formacin para el Empleo que desarro-lla nuevos aspectos de la formacin de los trabajadores y trabajadoras; el Acuerdo sobre Medidas en materia de Seguridad Social que afecta, entre otras cuestiones, a la jubilacin parcial y a los incentivos a la prolongacin voluntaria de la vida laboral; la Ley 14/2005, de 1 de julio, sobre las clusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilacin que habilita a los convenios colectivos para establecer clusu-las que posibiliten la extincin del contrato de trabajo al cumplir el trabaja-dor la edad ordinaria de jubilacin; el Acuerdo para la Mejora del Creci-miento y del Empleo (AMCE), hoy recogido por la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, que establece un nuevo programa de bonificaciones al empleo estable y nuevas normas en materia de contratacin y de subcontratacin.

Los contenidos del Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo, en tanto que plasmacin del consenso entre las partes firmantes, constituye un punto de equilibrio que se orienta en la direccin de apoyar y sostener la creacin de empleo, as como mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y la estabilidad del empleo.

El mencionado Acuerdo refleja el convencimiento de los firmantes de que la apuesta por la mejora de la productividad del trabajo y de la com-petitividad empresarial que son dos de los grandes desafos de futuro para la economa espaola debe pasar por alcanzar un mayor nivel de estabilidad en el empleo.

Estos mismos objetivos han estado presentes en los criterios y reco-mendaciones que han conformado los sucesivos Acuerdos Interconfede-rales para la Negociacin Colectiva suscritos entre las organizaciones sindicales y empresariales desde el ao 2002.

La estabilidad del empleo debe seguir presente en la negociacin colectiva, sin perjuicio de mantener un marco de contratacin temporal que permita responder a las necesidades coyunturales de produccin de bienes y servicios, y de articular instrumentos de flexibilidad, entre ellos las nuevas formas de organizacin del trabajo, y tener en cuenta que los mecanismos de adaptacin internos son preferibles a los externos y a los ajustes de empleo. En este contexto se debe perseguir el adecuado equili-brio entre flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores.

Para contribuir al mejor tratamiento de todos estos aspectos conside-ramos que los convenios colectivos de 2007 deben tener en cuenta los siguientes criterios generales:

El mantenimiento del empleo y la promocin del mismo, especial-mente entre quienes tienen mayor riesgo de desempleo.

El establecimiento de marcos que permitan a las empresas mejorar su posicin en el mercado y su productividad, y adaptarse internamente ante circunstancias cambiantes, manteniendo el adecuado equilibrio entre flexibilidad y seguridad.

El fomento de la estabilidad del empleo como garanta de competitivi-dad para las empresas y de seguridad para los trabajadores.

El desarrollo permanente de las competencias y la cualificacin profe-sional.

El cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminacin en el empleo y en las condiciones de trabajo, as como la promocin de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

El desarrollo de instrumentos de informacin y de anlisis para favo-recer la adecuada adaptacin a los cambios productivos, as como para el seguimiento de lo pactado en la negociacin colectiva.

La incidencia de las tecnologas de la informacin y de la comunica-cin en el desarrollo productivo general y en las relaciones laborales.

1. Empleo y contratacin

Los convenios colectivos debern seguir avanzando en la asuncin de las competencias que la legislacin laboral traslada a la negociacin colec-tiva en materia de contratacin, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) La promocin de la contratacin indefinida inicial, la transforma-cin de contratos temporales en contratos fijos, el mantenimiento del empleo y la igualdad de oportunidades, teniendo para ello en cuenta las nuevas normas e instrumentos vigentes:

El nuevo programa de bonificaciones a la contratacin indefinida de determinados grupos de trabajadores y trabajadoras con mayores dificul-tades de insercin laboral y personas desempleadas: las mujeres, los jvenes, las personas mayores de 45 aos, quienes llevan ms de 6 meses en paro, las personas con discapacidad, las personas vctimas de violen-cia de gnero o domstica, y los que se encuentren en situacin de exclu-sin social.

Una vez finalizado el programa extraordinario de incentivos para la conversin de empleo temporal en fijo el da 31 de diciembre de 2006, las bonificaciones se destinarn a la contratacin indefinida inicial.

La reduccin de 0,25 puntos porcentuales en la cotizacin empresarial por la contingencia de desempleo a todos los contratos indefinidos desde el 1 de julio de 2006 y de otros 0,25 puntos adicionales a partir del 1 de julio de 2008.

La reduccin del tipo de cotizacin empresarial al FOGASA, quedando establecido en el 0,20 desde el 1 de julio de 2006.

La posibilidad de transformar los contratos temporales, incluidos los formativos, celebrados antes del 31 de diciembre de 2007 en el contrato para el fomento de la contratacin indefinida.

b) El fomento del uso adecuado de las modalidades contractuales de forma tal que las necesidades permanentes de la empresa se atiendan con contratos indefinidos y las necesidades coyunturales, cuando existan, puedan atenderse con contratos temporales causales, directamente o a travs de ETT.

c) La adopcin de frmulas que eviten el encadenamiento injustifi-cado de sucesivos contratos temporales, con el objetivo de prevenir abu-sos, teniendo en cuenta la nueva regulacin:

Los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado con-tratados durante un plazo superior a 24 meses, con o sin solucin de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o ms contratos temporales (de las modalidades de obra y servicio y eventual por circunstancias de la produccin), sea directa-mente o a travs de ETT, adquirirn la condicin de trabajadores fijos.

Esta medida afecta a los contratos realizados con posterioridad al 15 de junio de 2006, y respecto a los contratos suscritos con anterioridad, a los efectos del cmputo del nmero de contratos y del periodo y plazo previsto, se tomar en consideracin el contrato vigente el 15 de junio de 2006.

Adems, la norma prev que, atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a las caractersticas del puesto de trabajo, la negociacin colectiva establecer requisitos dirigidos a prevenir la utilizacin abusiva de contratos de duracin determinada con distintos trabajadores para des-empear el mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con contratos de ese carcter, incluidos los de puesta a disposicin realizados con ETT.

Este segundo supuesto ha sido remitido por la Ley a la negociacin colectiva, dejando a sta distintas posibilidades de actuacin, dado que la pluralidad de situaciones no permite una solucin homognea, convir-tiendo a la negociacin colectiva en el cauce adecuado para instrumentar frmulas y procedimientos dirigidos a evitar el encadenamiento injustifi-cado de contratos temporales atendiendo a las peculiaridades de la activi-dad y de los puestos de trabajo a cubrir.

d) El fomento de los contratos formativos, como va de insercin laboral y cualificacin de los jvenes. La incorporacin definitiva en la empresa de estos trabajadores, una vez finalizado el contrato formativo, contribuye a la estabilidad del empleo.

La negociacin colectiva deber tener presente las modificaciones introducidas en los lmites de edad de los trabajadores con los que se puede suscribir el contrato para la formacin. Debe recordarse que el lmite general trabajadores mayores de 16 y menores de 21 aos ha sido repuesto para colectivos antes excluidos del mismo (extranjeros durante la vigencia de su primera autorizacin de trabajo, parados que lleven ms de 3 aos en situacin de desempleo y personas en situacin de exclusin social), quedando como nicas excepciones a dicho lmite las personas con discapacidad y alumnos-trabajadores de escuelas taller, casas de ofi-cios y talleres de empleo.

e) La desaparicin del contrato de insercin, cuya utilizacin estaba reservada a la gestin de programas pblicos de empleo por parte de las Administraciones Pblicas y entidades sin nimo de lucro.

f) El fomento de los contratos a tiempo parcial indefinidos que pue-den ser una alternativa a la contratacin temporal o a la realizacin de horas extraordinarias en determinados supuestos, as como de los contra-


tos fijos discontinuos en las actividades discontinuas o estacionales, teniendo en cuenta que ambas modalidades estn bonificadas en las cuo-tas empresariales a la Seguridad Social proporcionalmente al volumen de jornada contratado.

g) La utilizacin de las posibilidades que para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de plantillas presentan la jubilacin parcial y el contrato de relevo.

A estos efectos, la negociacin colectiva deber tener en cuenta las modificaciones derivadas del Acuerdo tripartito sobre Medidas en mate-ria de Seguridad Social, que tendrn traslacin normativa a lo largo de 2007 y que afectan a la edad, los aos de cotizacin, la antigedad en la empresa y el volumen mximo de jornada reducida del trabajador rele-vado. Segn el citado Acuerdo, de forma transitoria, los convenios y acuerdos colectivos que estn vigentes a la entrada en vigor de la disposi-cin que apruebe las medidas pactadas sobre jubilacin parcial, seguirn rigindose, en lo que se refiere a los compromisos sobre jubilacin parcial y hasta la finalizacin de su vigencia y, en todo caso, hasta el 31 de diciem-bre de 2009, por las previsiones contenidas en el Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajado-res contratados a tiempo parcial, as como la jubilacin parcial.

Tambin deber tenerse en cuenta la Ley 14/2005, de 1 de julio, sobre las clusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilacin, que responde a un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las Organizaciones Empresariales y Sindicales en el marco de la Declaracin para el Dilogo Social 2004.

Dicha Ley contempla la habilitacin a los convenios para el estableci-miento de clusulas que posibiliten la extincin del contrato de trabajo al cumplir el trabajador la edad ordinaria de jubilacin, siempre que se cum-plan los supuestos y requisitos siguientes:

Podr pactarse la jubilacin obligatoria a partir del momento en que el trabajador alcance la edad ordinaria de jubilacin, debiendo el trabajador afectado por la medida cumplir los requisitos exigidos para causar dere-cho a la pensin de jubilacin en su modalidad contributiva.

Los objetivos de poltica de empleo que justificarn la utilizacin de la jubilacin obligatoria debern expresarse en el convenio colectivo, dado que la Ley recoge algunos de tales objetivos, como la mejora de la estabi-lidad en el empleo, la transformacin de contratos temporales en indefini-dos, el sostenimiento del empleo, la contratacin de nuevos trabajadores o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer la calidad del empleo.

2. Formacin y cualificacin profesional

La formacin y el desarrollo de las competencias profesionales es un objetivo compartido por trabajadores y empresas para responder conjun-tamente a las necesidades de mejorar la capacidad de adaptacin y la empleabilidad, y constituye un objetivo estratgico para los firmantes de este Acuerdo.

En este sentido, resulta imprescindible intensificar el esfuerzo que iniciamos en 1992 para conseguir el objetivo comn de actualizar y mejo-rar la cualificacin de la poblacin activa e incrementar la productividad y competitividad de las empresas, llegando a un mayor volumen de traba-jadores e incrementando los niveles de inversin en formacin, en cohe-rencia con la Agenda de Lisboa.

En el ao 2006, las Organizaciones Empresariales y Sindicales Euro-peas hemos evaluado conjuntamente el Marco de accin para el desarro-llo permanente de las competencias y cualificaciones (3) que habamos suscrito en 2002, comprometindonos a promover una serie de priorida-des que siguen hoy vigentes:

La identificacin y anticipacin de las necesidades de competencias y cualificaciones.

El reconocimiento y validacin de las competencias y cualificaciones.La necesidad de informar, apoyar y orientar a empleados y empresas

en todo el proceso de desarrollo de sus competencias.La movilizacin de los recursos a este fin.

A este respecto, debemos tener presente tambin el marco previsto por la Ley Orgnica de Cualificaciones y Formacin Profesional (Ley 5/2002) en cuanto establece el Sistema Nacional de Cualificaciones. El desarrollo de esta Ley ha continuado, en 2005, con el Real Decreto referido a la crea-cin de Centros Integrados de Formacin Profesional (RD 1558/2005) y, en 2006, con el de ordenacin de la Formacin Profesional en el Sistema Educativo (RD 1538/2006), al tiempo que se ha avanzado en la elaboracin del Catlogo Nacional de Cualificaciones que constituye la base para una oferta integrada de formacin. La Ley continuar desarrollndose en el presente ao, durante el que se prev la regulacin de Centros de Referen-cia Nacional, que tendrn una especializacin sectorial y contarn con un rgano de participacin de los interlocutores sociales. Igualmente est previsto el desarrollo normativo en materia de evaluacin y reconoci-

miento de los aprendizajes adquiridos mediante la experiencia laboral y otras vas no formales de formacin.

Por otro lado, resulta importante facilitar la transicin de los jvenes al mercado de trabajo. A este fin, la legislacin laboral contempla los contratos de trabajo en prcticas y para la formacin. Adems de los ante-riores, en las empresas se realizan otras prcticas formativas que no revis-ten carcter laboral (con desempleados, y con estudiantes de FP y univer-sitarios). Las Organizaciones Empresariales y Sindicales compartimos el objetivo de optimizar el carcter formativo de todos estos instrumentos.

En febrero de 2006, el Gobierno y las Organizaciones Empresariales y Sindicales suscribimos los Acuerdos de Formacin Profesional para el Empleo, estableciendo los fines, principios y ejes para la reforma de los antiguos sistemas de formacin continua y ocupacional.

Se configura, de este modo, un nuevo sistema de formacin para el empleo dirigido a todos los trabajadores y empresas, que se ver recogido prximamente en un nuevo Real Decreto, y que mantiene entre sus prin-cipios la vinculacin con el Dilogo Social y la negociacin colectiva sectorial. El Acuerdo tambin prev que la Administracin articule un sistema integral de orientacin que preste atencin tambin a los trabaja-dores ocupados.

La nueva regulacin introducir novedades en la formacin de los trabajadores y trabajadoras para responder ms adecuadamente a sus necesidades y a los cambios del entorno productivo, y hacerlo de manera ms efectiva al integrar la formacin de ocupados y parados.

La negociacin colectiva debe contribuir a facilitar el aprovecha-miento de las oportunidades que ofrece este marco en el nivel que corres-ponda, sector o empresa.

En este sentido, debe recordarse que la norma, con algunas noveda-des, atribuye una serie de funciones en el mbito de este sistema de for-macin a las Comisiones Paritarias que se constituyan por la negociacin colectiva sectorial de mbito estatal.

El Acuerdo de Formacin seala que las Organizaciones Empresaria-les y Sindicales ms representativas, y las representativas en los distintos sectores, desarrollarn con el impulso de los rganos del Sistema las tareas necesarias para simplificar y racionalizar la actual ordenacin y composicin de dichas Comisiones Paritarias Sectoriales. El mapa secto-rial resultante, que se aprobar en su momento por los rganos del Sis-tema, debe ser transparente para la estructura del Sistema de Cualifica-ciones.

La negociacin colectiva, en el nivel que corresponda, contribuir a alcanzar los objetivos de formacin, mediante la definicin de criterios y prioridades en cuestiones como:

Las iniciativas a desarrollar, en funcin de las necesidades de forma-cin, y los colectivos prioritarios, en particular en lo referido a las accio-nes formativas, sobre todo las dirigidas a los colectivos con mayor riesgo de perder el empleo y los de menor nivel de cualificacin.

El desarrollo de la formacin terica en los contratos para la formacin.Los derechos y obligaciones en relacin con la formacin.Facilitar la aplicacin de las bonificaciones de las empresas y los Per-

misos Individuales de Formacin previstos en el Acuerdo de Formacin.La asistencia a la formacin, su aprovechamiento y el tiempo en que se

realiza.La evaluacin y, en su caso, la acreditacin de la competencia profe-

sional.La orientacin a los trabajadores y el desarrollo de itinerarios de for-

macin coherentes con las necesidades de empresas y trabajadores, con-siderando los que puedan conducir a acreditaciones en el marco del Sis-tema Nacional de Cualificaciones u otros mbitos de certificacin.

Las referencias formativas en relacin con la clasificacin, movilidad, promocin y planificacin de carreras.

La mejora de la calidad de las acciones formativas.

3. Flexibilidad y seguridad. Reestructuraciones. Observatorios. Absentismo

Flexibilidad y seguridad. Teletrabajo.Potenciar un empleo ms pro-ductivo, a travs de la cualificacin de los trabajadores, de la innovacin y desarrollo tecnolgico y del impulso de mecanismos de flexibilidad interna de la empresa, preferibles a los ajustes externos, as como de la iden-tificacin de instrumentos y dispositivos de anlisis y dilogo, constituye un elemento esencial para responder a los requerimientos del cambio.

Los convenios colectivos permiten tratar un conjunto de aspectos que avanzan en dicha direccin, como son:

La clasificacin profesional y las estructuras profesionales basadas en grupos y, cuando proceda dentro de stos, en reas funcionales, estable-ciendo los procedimientos adecuados de adaptacin entre los sistemas tradicionales y los nuevos.

Sin perjuicio de la autonoma de las partes para determinar la estruc-tura que mejor se adecue en cada mbito, pueden servir como referentes orientadores a la hora de fijar la clasificacin profesional los niveles de


cualificacin en que se articula el Sistema Nacional de Cualificacio-nes (4), los del Marco Europeo de Cualificaciones (5) o los grupos que fijaba el Acuerdo sobre Cobertura de Vacos (6).

La movilidad funcional, como instrumento de adaptacin interna, vincu-lada a la clasificacin profesional y los procesos formativos correspondientes.

Las modificaciones en la organizacin del trabajo derivadas de proce-sos de innovacin y de cambios tecnolgicos.

La gestin del tiempo de trabajo; la duracin y redistribucin de la jornada, incluso su cmputo anual y su distribucin flexible; la limitacin de las horas extraordinarias que no sean estrictamente necesarias; la uti-lizacin de sistemas flexibles de jornada, acompaada de los correspon-dientes procesos de negociacin y de las condiciones para su realizacin, con el objetivo compartido de conciliar las necesidades de las empresas con las de los trabajadores y trabajadoras.

La utilizacin de sistemas flexibles de jornada puede facilitar los des-plazamientos al inicio y final de la jornada laboral, especialmente la movi-lidad en los grandes ncleos urbanos.

El desarrollo de la formacin continua de los trabajadores y trabajado-ras como mecanismo para hacer frente a los mayores requerimientos de cualificacin y polivalencia.

Una de las formas innovadoras de organizacin y ejecucin de la pres-tacin laboral derivada del propio avance de las nuevas tecnologas es el teletrabajo, que permite la realizacin de la actividad laboral fuera de las instalaciones de la empresa.

Partiendo del reconocimiento por los interlocutores sociales del tele-trabajo como un medio de modernizar la organizacin del trabajo para hacer compatible la flexibilidad para las empresas y la seguridad para los trabajadores, consideramos oportuno establecer algunos criterios que pueden ser utilizados por las empresas y por los trabajadores y sus repre-sentantes:

El carcter voluntario y reversible del teletrabajo, tanto para el traba-jador como para la empresa.

La igualdad de derechos, legales y convencionales, de los teletrabaja-dores respecto a los trabajadores comparables que trabajan en las instala-ciones de la empresa.

La conveniencia de que se regulen aspectos como la privacidad, la confidencialidad, la prevencin de riesgos, las instalaciones, la forma-cin, etc.

Ms all de esos criterios, las Organizaciones empresariales y sindica-les vuelven a recordar el contenido del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, suscrito por los interlocutores sociales europeos en julio de 2002, en el que se recogen pautas que pueden resultar de utilidad en el desarrollo del teletrabajo.

Procesos de reestructuracin.Las situaciones de dificultad deben ser abordadas teniendo en cuenta, cuando sea posible, la anticipacin y valo-racin de las consecuencias sociales.

En este sentido, cabe recordar la Declaracin suscrita en el mbito europeo por la Organizacin Sindical CES y las Organizaciones Empresa-riales UNICE/UEAPME y CEEP, el 16 de octubre de 2003, en la que se recogen una serie de orientaciones, extradas del estudio de casos con-cretos, que pueden servir de referencia para los procesos de reestructura-ciones y que en sntesis son, entre otras, las siguientes:

La explicacin y justificacin de los cambios. Una adecuada informa-cin a tiempo, explicando y justificando los cambios a los trabajadores y sus representantes favorece un clima de confianza para el proceso de discusin posterior.

El desarrollo de la empleabilidad favorece la movilidad interna y externa y asegura el xito de la reestructuracin.

La dimensin territorial, dadas las repercusiones que los cambios eco-nmicos y sociales tienen sobre el conjunto de una regin o territorio.

La situacin especfica de las pequeas y medianas empresas, tomando en consideracin su especial situacin en zonas o sectores en reestructuracin.

La gestin de las reestructuraciones, teniendo en cuenta las conse-cuencias sociales relativas a los condicionantes de la empresa, el rgimen fiscal, la legislacin nacional, los convenios colectivos y las necesidades y eleccin de los trabajadores, y abordando posibles alternativas, tales como la reclasificacin interna o externa, la formacin, la reconversin, el apoyo a la creacin de empresas, las jubilaciones, los planes personales para los trabajadores o los acuerdos para diversificar las formas de empleo y un acompaamiento personalizado de los asalariados.

Observatorios sectoriales.Un anlisis de la situacin competitiva de la economa espaola en general, y en particular de los sectores concre-tos, debe permitir identificar los puntos fuertes, las debilidades, y las condiciones marco que deben mejorarse.

Los observatorios sectoriales son instrumentos en los que se puede desarrollar ese trabajo y pueden contribuir a definir las medidas que per-mitan anticiparse a los cambios estructurales.

Adems de los observatorios sectoriales estatales de carcter tripar-tito constituidos vinculados a los Presupuestos Generales del Estado, CC.OO., UGT, CEOE y CEPYME, consideramos necesario seguir mante-niendo, como hemos hecho en los anteriores ANC, una apuesta decidida por el desarrollo de observatorios sectoriales bilaterales, especialmente en el mbito sectorial estatal, que permita el anlisis conjunto de las pers-pectivas futuras en materias tales como la posicin de las empresas en el mercado, la ampliacin de la Unin Europea, el desarrollo tecnolgico, las cuestiones medioambientales, la evolucin de la productividad y el empleo, las necesidades formativas, la igualdad de oportunidades, etc., con especial atencin a las pequeas y medianas empresas.

A su vez, la mejora de la gestin del medio ambiente en las empresas resulta cada vez ms importante. En este marco se inscribe tambin la Declaracin para el Dilogo Social 2004 a la hora de acometer los com-promisos y las consecuencias que sobre la actividad productiva y el empleo puede tener el Protocolo de Kyoto y los compromisos adquiridos por la Unin Europea y nuestro pas en esta materia. En este marco se inscribe tambin el establecimiento de las Mesa General y Sectoriales de los sectores industriales afectados por la Directiva de Comercio de Emi-siones de CO2 y los Planes Nacionales de Asignacin.

El objetivo prioritario es prevenir, evitar o reducir los posibles efectos negativos que los retos medioambientales pudieran tener sobre la compe-titividad y el empleo.

Es preciso abordar las cuestiones relacionadas con el medio ambiente desde diversas perspectivas, entre ellas la mejora tecnolgica de las empresas econmicamente viable, lo que supone situarse en una posicin ms favorable de competitividad y superar los impactos que pudieran derivarse de la normativa medioambiental. La informacin a los represen-tantes de los trabajadores sobre actuaciones medioambientales que ten-gan directa repercusin en el empleo, cooperar con la consecucin de este objetivo.

Absentismo injustificado.El absentismo injustificado conlleva una prdida de productividad e incide de manera negativa en los costes labo-rales, perjudicando con ello la competitividad de las empresas y la posibi-lidad de mejorar los niveles de empleo y renta de los trabajadores.

La reduccin del absentismo injustificado en el mbito sectorial o de empresa debe ser un objetivo compartido por la representacin sindical y empresarial, dado que se proyecta sobre las condiciones de trabajo, el clima laboral, la productividad y la salud de los trabajadores.

Para poder abordarlo, la empresa debe tener un conocimiento rigu-roso de su absentismo: sus causas, las circunstancias que lo rodean, su coste, etc. Cualquier solucin requiere de un acertado diagnstico com-partido, as como el desarrollo de metodologas sencillas y adecuadas a la realidad.

A tal fin, los convenios colectivos deberan:

Identificar las causas del absentismo y sus efectos, y cuantificar su dimensin, analizando la situacin as como su evolucin en el mbito correspondiente.

Establecer criterios para la reduccin del absentismo injustificado, definir mecanismos de seguimiento y de informacin a los representantes de los trabajadores y, en su caso, medidas correctoras y de control posibi-litando llevar a cabo planes concretos a nivel de empresa de acuerdo con sus circunstancias.

Difundir la informacin sobre la situacin existente y las medidas adoptadas.

4. Derechos de informacin y consulta. Subcontratacin de actividades

Informacin, consulta y participacin.Con carcter general, la regula-cin legal actual, y su concrecin y desarrollo a travs de la negociacin colectiva, establecen un conjunto de materias que deben ser objeto de informacin y, en su caso, de consulta a los representantes de los trabaja-dores. Tales materias son las relativas a la situacin econmica del sector o mbito negocial correspondiente; las previsiones sobre el volumen y tipo de empleo, as como la evolucin prevista en el inmediato futuro; las modalidades de contratacin, los contratos de puesta a disposicin y los supuestos de subcontratacin; los procesos de reconversin y reestructu-racin de empleo; los despidos objetivos y, en su caso, las medidas alter-nativas a los mismos.

A su vez puede ser til posibilitar la interlocucin, a efectos del desa-rrollo del convenio colectivo, de las federaciones de los sindicatos ms representativos firmantes del mismo.

La incidencia de las tecnologas de la informacin y de la comunica-cin (TIC) en las relaciones laborales tambin debera ser objeto de trata-miento en los convenios colectivos para garantizar los derechos indivi-duales y colectivos de los trabajadores.

Habr, tambin, que tener en cuenta en su momento la regulacin contenida en el Proyecto de Ley que modifica el Texto Refundido de la


Ley del Estatuto de los Trabajadores, en materia de informacin y con-sulta a los trabajadores y en materia de proteccin de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, que transpone el con-tenido de la Directiva 2002/814/CE.

Con carcter especfico, en los supuestos de Sociedades Annimas Europeas o Cooperativas Europeas, deben tenerse en cuenta los mecanis-mos de informacin, consulta y participacin que prev la Ley 31/2006, de 18 de octubre, que regula la implicacin de sus trabajadores.

Contratacin y subcontratacin de actividades.La importancia y extensin de nuevas formas de organizacin productiva y societaria, en un contexto de externalizacin creciente de las actividades por parte de las empresas, ha dado lugar a regulaciones legales que establecen dere-chos de informacin para la representacin de los trabajadores, siendo necesario:

Facilitar la informacin por parte de las empresas principal y contra-tista a sus trabajadores y a la representacin legal de los mismos sobre los procesos de subcontratacin, segn lo establecido en el artculo 42 del Estatuto de los Trabajadores, lo que contribuir a la seguridad del empleo y al cumplimiento de las condiciones laborales establecidas legal y con-vencionalmente.

Facilitar informacin por parte de la empresa usuaria a los represen-tantes de los trabajadores sobre los contratos de puesta a disposicin con las ETT, entregndoles una copia bsica del contrato de trabajo o de la orden de servicio.

Informar a los trabajadores sobre los medios de coordinacin fijados para proteger y prevenir los riesgos laborales en el centro de trabajo, en los trminos previstos en el artculo 24 de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, desarrollado por el Real Decreto 171/2004.

Dichas regulaciones en el mbito de la subcontratacin de actividades han sido tambin objeto de tratamiento en el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo (AMCE). La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo incorpora algunas medidas nuevas en materia de informacin y de coordinacin en las empresas principal y contratistas cuando comparten un mismo centro de trabajo. As, es necesario tener en cuenta:

Cuando las empresas, principal, contratista y subcontratista, compar-tan de forma continuada un mismo centro de trabajo, la primera deber disponer de un libro de registro en el que se refleje la informacin mencio-nada en el artculo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores respecto de todas las empresas citadas. Dicho libro estar a disposicin de los representan-tes legales de los trabajadores.

Los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas ten-drn derecho a formular a los representantes de los trabajadores de la empresa principal cuestiones relativas a las condiciones de ejecucin de la actividad laboral, mientras compartan centro de trabajo y carezcan de representacin legal.

Los representantes legales de los trabajadores de la empresa principal y de las empresas contratistas y subcontratistas, cuando compartan de forma continuada centro de trabajo, podrn reunirse a efectos de coordi-nacin entre ellos y en relacin con las condiciones de ejecucin de la actividad laboral en los trminos previstos en el artculo 81 del Estatuto de los Trabajadores.

La capacidad de representacin y mbito de actuacin de los repre-sentantes de los trabajadores, as como su crdito horario, sern los establecidos en la legislacin vigente y, en su caso, en los convenios colectivos de aplicacin.

Las Organizaciones Empresariales y Sindicales compartimos que las nuevas modalidades de organizacin productiva y societaria, que en oca-siones revisten una notable complejidad, no deben suponer la inaplica-cin de la regulacin convencional correspondiente, o cesin ilegal de trabajadores. La citada Ley 43/2006 incluye una nueva redaccin del nmero 2 del artculo 43 del Estatuto de los Trabajadores referido a la cesin ilegal.

CAPTULO VI

Igualdad de trato y oportunidades

A pesar de los avances registrados en los ltimos aos, determinados colectivos, como las personas con discapacidad y los mayores de 45 aos, encuentran an dificultades para su incorporacin al mercado de trabajo o para hacerlo en trminos de igualdad con el resto de los trabajadores. A estos grupos se suma ms recientemente la poblacin trabajadora inmigrante.

Hay otros colectivos como las mujeres y los jvenes que en los ltimos aos se han beneficiado mayoritariamente del proceso sostenido de crea-cin de empleo. Sin embargo, su situacin laboral en el mercado refleja todava algunos de los problemas estructurales del mismo (menores tasas de actividad y empleo, mayor desempleo, mayores tasas de temporalidad).

Aunque algunas de las dificultades y problemas sealados para la incorporacin y mantenimiento en el empleo de los colectivos citados proceden del mbito familiar o sociocultural, carencias e ineficiencias del sistema formativo y de la intermediacin laboral, etc., las Organizaciones firmantes creemos que la negociacin colectiva puede contribuir a la correccin de posibles fenmenos de desigualdad, promoviendo asi-mismo actuaciones concretas dirigidas a eliminar discriminaciones direc-tas e indirectas. Por ello, debe ser un criterio de la negociacin colectiva reconocer la diversidad y facilitar la igualdad de trato y la no discrimina-cin en las condiciones laborales.

En este sentido UGT, CC.OO., CEOE Y CEPYME consideramos adecua-dos para su tratamiento por la negociacin colectiva los siguientes aspectos:

La adopcin de clusulas declarativas antidiscriminatorias, que pue-den incluirse como principio general o de manera especfica en apartados concretos del convenio.

La adecuacin del contenido de los convenios colectivos a la norma-tiva vigente o, en su caso, la mejora de la misma, eliminando aquellas clusulas que estn superadas por modificaciones normativas en materia de no discriminacin y reconocimiento de igualdad de trato. Esta adecua-cin se extiende tambin a los contenidos en materia de prevencin de riesgos laborales para la maternidad, la lactancia y la reproduccin, as como el tratamiento del acoso sexual.

Contemplar la promocin de la estabilidad laboral de los jvenes y una formacin adecuada a su actividad.

Aplicar las mismas condiciones laborales para los inmigrantes que para el resto de los trabajadores en formas y tipos de contratacin, retribuciones, prevencin y seguridad, clasificacin y promocin, formacin y derecho a prestaciones sociales, teniendo en cuenta, con la suficiente flexibilidad, aque-llas situaciones especficas y excepcionales que puedan surgir con ocasin de la aplicacin del rgimen de permisos por acontecimientos familiares, cuando stos conlleven la necesidad de largos desplazamientos.

La igualdad de derechos de los trabajadores contratados a tiempo parcial y con contratos temporales con quienes son contratados a jornada completa y con contratos indefinidos, respectivamente.

Evitar la discriminacin de los trabajadores de ms edad en el acceso y mantenimiento del empleo.

Contribuir al establecimiento de un marco equitativo para el desarro-llo de las condiciones de trabajo de hombres y mujeres, propiciando aquellas actuaciones que eliminen los obstculos para tal equidad, y, en su caso, acudiendo a la inclusin de acciones positivas, cuando se constate la existencia de situaciones desiguales de partida vinculadas a las condi-ciones laborales.

Insercin laboral de personas con discapacidad.Las Organizaciones Sindicales y Empresariales hemos venido trabajando, desde hace tiempo, en diversas direcciones con el fin de facilitar la incorporacin al empleo de los trabajadores con discapacidad.

Una de las actuaciones llevadas a cabo es la promocin de la insercin laboral de dicho colectivo a travs de la negociacin colectiva, para lo cual se han incluido diversas recomendaciones en los sucesivos ANC.

Asimismo, el pasado 26 de enero de 2006 la Comisin de Seguimiento del ANC aprob el Informe Negociacin Colectiva e Insercin Laboral de Personas con Discapacidad (7).

En dicho Informe se recogen una serie de propuestas y buenas prcti-cas que tienen incidencia en la negociacin colectiva.

De un lado, se propone promover la modificacin de la normativa vigente de tal forma que se contemple la posibilidad de actuacin de la negociacin colectiva a travs de la modulacin de la cuota para aquellas empresas que por las caractersticas de su actividad tengan dificultades para su cumplimiento.

De otro, se recogen algunas propuestas especficas:

En relacin al empleo ordinario: la cuota de reserva.Promover en los procesos de negociacin colectiva el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% en las empresas de ms de 50 trabajadores. Para facilitar este obje-tivo, debemos establecer clusulas especficas de cumplimiento, identifi-cando las actividades y los puestos de trabajo que pueden tener menos dificultades para su cobertura por personas con discapacidad.

En relacin al empleo protegido.La negociacin colectiva debe ser un pilar bsico en la regulacin de las relaciones laborales en el empleo protegido.

Por lo que se refiere a los Centros Especiales de Empleo, la negocia-cin colectiva facilitar la transicin de los trabajadores desde este mbito a la integracin en el empleo ordinario.

En relacin a los enclaves laborales.Garantizar que las empresas colaboradoras que tengan un enclave laboral adecuan sus instalaciones y los puestos de trabajo a las necesidades de los trabajadores del Centro Especial de Empleo, en los trminos sealados en la normativa de preven-cin de riesgos laborales.

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.En los sucesivos Acuerdos sobre Negociacin Colectiva desde el ao 2002, las Organiza-


ciones Empresariales y Sindicales hemos venido considerando adecua-dos para su tratamiento por la negociacin colectiva criterios generales en materia de igualdad de oportunidades:

La inclusin de clusulas de accin positiva para fomentar el acceso de las mujeres, en igualdad de condiciones, a sectores y ocupaciones en los que se encuentren subrepresentadas.

La fijacin de criterios de conversin de contratos temporales a fijos que favorezcan a las mujeres cuando, en igualdad de condiciones y mri-tos, se encuentren afectadas en mayor medida que los hombres por el nivel de temporalidad.

El estudio y, en su caso, el establecimiento de sistemas de seleccin, clasificacin, promocin y formacin, sobre la base de criterios tcnicos, objetivos y neutros por razn de gnero.

La eliminacin de denominaciones sexistas en la clasificacin profe-sional (categoras, funciones, tareas).

La subsanacin de las diferencias retributivas que pudieran existir por una inadecuada aplicacin del principio de igualdad de retribucin por trabajos de igual valor.

A estos efectos, resultara de utilidad el anlisis y aplicacin, en su caso, de sistemas de valoracin de los puestos de trabajo que permitan evaluar peridicamente el encuadramiento profesional.

Un tratamiento de la jornada laboral, vacaciones, programacin de la formacin, etc. que permita conciliar las necesidades productivas y las de ndole personal o familiar.

La evaluacin de la aplicacin del convenio desde la perspectiva de gnero, a travs del seguimiento realizado por la Comisin Paritaria que se dotar, en su caso, del correspondiente asesoramiento. Si se considera oportuno, tal tarea se delegar en comisiones de trabajo especficas.

Estos criterios (8) mantienen su vigencia y actualidad y se adecuan a los contenidos previstos para la negociacin colectiva en el Proyecto de Ley Orgnica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, actual-mente en fase de tramitacin parlamentaria.

A este respecto, las Organizaciones firmantes se comprometen a ana-lizar, en el seno de la Comisin de Seguimiento de este Acuerdo, la aplica-cin de los contenidos de dicha Ley.

Por otra parte, se considera adecuado recordar algunas de las disposi-ciones contenidas en la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de medi-das de proteccin integral contra la violencia de gnero que tienen inci-dencia en las relaciones laborales.

En concreto, el artculo 21 contiene el ncleo de las disposiciones laborales de la Ley que incluyen, entre otros, el derecho de las trabajado-ras a la

Acuerdo Interconfederal Negociacion Colectiva 2007

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