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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO PROVINCIAL DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015

En la Ciudad de Salamanca, a las trece horas del día treinta y uno de Agosto de dos mil quince, se reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la Corporación Provincial para celebrar Sesión Ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Don Francisco Javier Iglesias García y con asistencia de los Vicepresidentes 1º Don Carlos García Sierra y 2º Doña Isabel Mª de la Torre Olvera y de los Diputados, Don Julián Barrera Prieto, Don Marcelino Cordero Méndez, Don Francisco Javier García Hidalgo, Don Manuel Rufino García Núñez, Don Román Javier Hernández Calvo, Don Jesús María Ortiz Fernández, Doña Eva María Picado Valverde, Don Alejo Riñones Rico, Don Antonio Luís Sánchez Martín, Don José María Sánchez Martín, Doña Mª del Carmen Ávila de Manueles, Don José Francisco Bautista Méndez, Don Carlos Fernández Chanca, Doña Mª del Carmen García Romero, Don José Lucas Sánchez, Don Antonio Luengo Hernández, Doña Beatriz Martín Alindado, Don Francisco Martín del Molino, Don Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez, D. Jesús Luís de San Antonio Benito, D. Manuel Hernández Pérez y D. Gabriel de la Mora González que son los veinticinco Diputados que de hecho y de derecho componen la misma, asistidos por el Secretario General Don Alejandro Martín Guzmán, estando presente el Interventor Don Manuel Jesús Fernández Valle.

83.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIO DE 2015.

Se da cuenta por el Sr. Secretario del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día treinta de Julio de dos mil quince.

Y la Corporación, por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial, acuerda prestarle su aprobación.

84.- RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA PRESIDENCIA DESDE EL DÍA 20 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2015, NÚMEROS 2.532 AL 2.985.

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En cumplimiento y a los efectos previstos en el art. 62 del R.D. 2568/1986, de 2 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la Presidencia se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la misma, desde el día veinte de Julio al veintiuno de Agosto de dos mil quince, números del dos mil quinientos treinta y dos al dos mil novecientos ochenta y cinco.

Y la Corporación se dio por enterada.

85.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PRESIDENCIA Nº 2309/15, SOBRE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTES DE LAS MESAS DE PRECIOS DE LA LONJA AGROPECUARIA DE SALAMANCA.

Por el Sr. Secretario se da cuenta del siguiente Decreto de la Presidencia nº 2309/15, de fecha 3 de Julio:

“El Art. 15 de los Estatutos reguladores de la organización y funcionamiento de la Lonja Agropecuaria de Salamanca, señala que el Presidente de las Mesas de Precios, previstas en el art. 14, lo será el Presidente/a de la Diputación, pudiendo delegar la presidencia de cada Mesa en otro u otros Diputados Provinciales.

A tal efecto y vista la normativa legal de aplicación, he resuelto

Primero.- Nombrar a Julián Barrera Prieto, Diputado Provincial, Presidente de las Mesas de Precios de Porcino Ibérico y Blanco, Mesa de Despiece Ibérico.

Segundo.- Nombrar a Jesús María Ortiz Fernández, Diputado Provincial, Presidente de la Mesa de Precios de la Patata, Mesa de Cereales y Leguminosas y Mesa de ovino.

Tercero.- Nombrar a Román Javier Hernández Calvo, Diputado Provincial, Presidente de las Mesa de Vacuno de vida y Mesa de Vacuno de carne.

Cuarto.- Dichos Presidentes podrán sustituirse entre sí en caso de ausencia, vacante o enfermedad.”

Y la Corporación queda enterada.

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86.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA PRESIDENCIA Nº 2757/15 Y 2898/15, REFERENTE A NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL.

Se da cuenta por el Sr. Secretario de los siguientes Decretos de la Presidencia:

Decreto nº 2757/15, de 29 de Julio:

“En virtud de las atribuciones conferidas a la Presidencia de la Diputación Provincial por el art 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Vistas la propuesta de esta Presidencia y el informe evacuado por la Dirección del Área de Organización y RR. HH, de 28 de julio de 2015.

Por ello y en su virtud, vengo en dictar la siguiente:

Primero.- Designar como personal eventual de esta Corporación con efectos desde la fecha de toma de posesión.

• Dª María Yasmina Recio Tabares, como Coordinador de Presidencia.

Segundo.- Las retribuciones serán las que corresponde según determina el Pleno Provincial y su abono se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 10.9120B.110000

Tercero.- La presente resolución, será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia así como en el Tablón de Anuncios de esta Corporación.

Cuarto.- Procédase a dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Diputación Provincial de Salamanca, en la próxima sesión ordinaria que éste celebre y a comunicarse a los debidos efectos.”

Decreto nº 2898/15, de 12 de Agosto:

“En virtud de las atribuciones conferidas a la Presidencia de la Diputación Provincial por el art 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Vistas la propuesta de esta Presidencia y el informe evacuado por la Dirección del Área de Organización y RR. HH, de 28 de julio de 2015.

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Por ello y en su virtud, vengo en dictar la siguiente:

Primero.- Avocar para este acto concreto, la competencia delegada por esta Presidencia en la Junta de Gobierno, mediante decreto 2312/15, de 6 de Julio, para declarar las situaciones administrativas de los funcionarios públicos.

Segundo.- Designar como personal eventual de esta Corporación con efectos desde la fecha de toma de posesión a:

- D. Manuel Jesús Alonso de Castro como Coordinador del Grupo Ganemos.

Tercero.- Las retribuciones serán las que corresponde según determina el Pleno Provincial y su abono se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 10.9120B.110000

Cuarto.- Declarar en situación de servicios especiales a dicho funcionario como consecuencia de su designación como funcionario de empleo o personal eventual y de conformidad con lo estipulado en el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Quinto.- La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón de Anuncios de esta Corporación.

Sexto.- Procédase a dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Diputación Provincial de Salamanca en la próxima sesión ordinaria que éste celebre y a comunicarse a los debidos efectos.”

Y la Corporación queda enterada.

87.- INFORME-PROPUESTA DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS COMPLEMENTARIAS MUNICIPALES DE ÁMBITO PROVINCIAL DE SALAMANCA.

Se da cuenta por el Sr. Secretario del siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Gobierno Interior, aprobado por mayoría:

“• Visto el informe propuesta de la segunda modificación de las normas subsidiarias y complementarias municipales de ámbito provincial de Salamanca suscrito por el Arquitecto del Servicio de Asistencia a Municipios, el 6 de agosto de 2015, y el Texto de modificación que se acompaña al informe propuesta.

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• Visto el informe jurídico evacuado por el Secretario Interventor del Servicio de Asistencia a Municipios, de 14 de agosto de 2015.

Por todo ello, y en su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.2 y 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, así como los art. 57 y 61 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Salamanca, la Comisión Informativa de Gobierno Interior, con los votos favorables de los miembros de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos y la abstención del miembro del Grupo Podemos Salamanca, que se reserva su voto para el Pleno, se dictaminó favorablemente proponer al Pleno Corporativo, la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Modificar la propuesta de la “Segunda modificación de las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial de Salamanca” aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial de Salamanca, por unanimidad, en la Sesión Ordinaria del día 27 de noviembre de 2014, ajustándolas a las correcciones propuestas por el Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Segundo.- Instar a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, para que de conformidad a lo previsto en la anterior normativa de aplicación proceda a aprobar definitivamente y publicar la “Segunda Modificación de las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial (NSP) de Salamanca”, conforme a las pautas marcadas y corregidas en la Segunda propuesta de modificación, adjunta, la cual consta de dieciocho folios útiles por una sola cara, sellados, numerados y rubricados por el Secretario General de la Corporación.”

Con ausencia total de debate el dictamen que antecede fue aprobado por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

RATIFICACIÓN SOBRE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DIA DE PUNTOS NO DICTAMINADOS PREVIAMENTE EN COMISIÓN INFORMATIVA, EN LA FECHA DE CONFECCIÓN DEL MISMO.

Por la Presidencia, se somete a ratificación del Pleno Provincial dos puntos incluidos por razón de urgencia en el Orden del Día, al amparo de lo que establece el artículo 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

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Entidades Locales, sin que estuvieran dictaminados previamente en Comisión Informativa en la fecha de confección del citado Orden del Día:

- Proposición del Grupo Socialista de esta Diputación, solicitando mantener la totalidad de los servicios municipales en todos los municipios de la provincia.

- Proposición del Grupo Socialista de esta Diputación, solicitando la aprobación de un Plan Tecnológico Rural que contemple el acceso público a Internet mediante sistema WIFI y estudio general de acceso a nuevas tecnologías en todos los municipios de la provincia.

Y la Corporación, por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial, acuerda ratificar la inclusión en el Orden del Día de este Pleno Provincial de los puntos aludidos y en consecuencia proceder al debate de los mismos.

88.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA, CIUDADANOS Y GANEMOS SALAMANCA DE ESTA DIPUTACIÓN, SOLICITANDO MANTENER LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente proposición conjunta presentada por los cuatro Grupos Políticos de esta Diputación:

“Después de la modificación del marco normativo estatal, referente al régimen local. La entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, sigue existiendo una situación de incertidumbre en los Ayuntamientos y Diputaciones, fundamentalmente respecto a los servicios, competencias y financiación, debido a los cambios introducidos.

Tal es la situación de confusión e incertidumbre generada en las Entidades Locales por esta legislación, donde los Interventores están cuestionando la continuidad de determinados programas y servicios, que la Junta de Castilla y León se vió obligada a dictar el Decreto Ley 1/2014 de 27 de marzo, de medidas urgentes, para garantizar la continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, y la Circular de 1 de abril de 2014, relativa al sistema competencial y otras cuestiones derivadas de la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

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La Junta de Castilla y León con esta normativa, intenta invalidar la aplicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad en Castilla y León. Pretende que todo siga igual a su entrada en vigor. Que los Ayuntamientos y Diputaciones sigan gestionando programas y servicios, independientemente de que sean competencias propias, delegables o distintas a las propias. Eso sí. Que las sigan pagando las entidades locales

Ante tanto caos normativo, a los Grupos Provinciales nos preocupa la continuidad de determinados programas y servicios municipales, así como la calidad y cobertura de los mismos. Hay competencias definidas como distintas a las propias y competencias delegables en el marco normativo, que en estos momentos quedan en el aire su continuidad y su financiación. Oficinas de Consumo, Programas de igualdad de oportunidades, servicios de cooperación al desarrollo, programas de juventud, servicios de promoción económica, programas duales de empleo, escuelas infantiles, centros de día, servicios de estancias diurnas y residenciales para personas mayores, talleres ocupacionales para personas con discapacidad, servicios de inspección sanitaria, programas de absentismo escolar, …

La Junta de Castilla y León ya ha dejado claro con el Decreto1/2014 y la circular de 1 de abril de 2014, que en tanto la Comunidad Autónoma no asuma el ejercicio de las competencias delegables, la prestación de las mismas debe desarrollarse por parte de los municipios. Y que las competencias distintas a las propias y a las delegables, seguirán prestándolas las Entidades Locales, a pesar de que son competencia de la Administración Estatal o Autonómica, siempre que cumplan los requisitos de no duplicidad y de cumplimiento de la estabilidad y sostenibilidad financiera de la hacienda municipal.

La disposición adicional novena de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, se refiere a los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. A estos efectos, la norma prevé la necesidad de que antes de 31 de diciembre de 2014 se adapten dichos convenios, cosa que no se ha hecho.

Ante el posible riesgo, de que el Ayuntamiento pudiera dejar de prestar alguno de los servicios o programas municipales descritos anteriormente, por no ser competencias propias, o por falta de financiación, los Grupos Popular, Socialista, Ciudadanos y Ganemos Salamanca, proponen al Pleno la siguiente MOCIÓN:

Primero.- Que el Pleno de la Diputación Provincial acuerde mantener la totalidad de los programas y servicios provinciales, derivados de las competencias delegables o competencias distintas a las propias, que en la actualidad viene prestando, de forma que se garantice la oferta y cartera de servicios a los ciudadanos de la Provincia.

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Segundo.- Que el Pleno de la Diputación Provincial acuerde iniciar los trámites y cauces administrativos precisos, para exigir la financiación necesaria a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España de las competencias distintas a las propias o las competencias que pudieran se delegadas, a través de los instrumentos y cauces legales.

Tercero.- Solicitar a la Junta de Castilla y León la iniciación inmediata del proceso de negociación de la financiación local, de modo que se incrementen progresivamente los fondos destinados a las Entidades Locales con carácter incondicionado en los presupuestos de la Comunidad y se distribuyan de acuerdo con los criterios que se acuerden.”

Dª Carmen García Romero, Portavoz del Grupo Socialista intervino para manifestar que las proposiciones que traía su Grupo habían cambiado y concretamente la relativa al mantenimiento de los servicios municipales, tras el acuerdo alcanzado entre todos los Grupos Provinciales, se transformaba en una proposición conjunta de los cuatro grupos políticos provinciales.

Tras el debate, la propuesta que antecede fue aprobada por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes, que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

89.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE ESTA DIPUTACIÓN, SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE UN PLAN TECNOLÓGICO RURAL QUE CONTEMPLE EL ACCESO PÚBLICO A INTERNET MEDIANTE SISTEMA WIFI Y ESTUDIO GENERAL DE ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS EN TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente proposición presentada por la Portavoz del Grupo Socialista:

“Planteamos un tema que nos parece fundamental para el desarrollo de nuestros municipios, elemento fundamental en la vida cotidiana de los ciudadanos y cuestión básica en la lucha contra la despoblación como es el servicio de acceso a Internet y estudio general de acceso a nuevas tecnologías.

Cualquier usuario final, con independencia de su localización geográfica, tiene derecho a obtener una conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas desde una

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ubicación fija en un inmueble urbano o en su vivienda habitual, que permita realizar comunicaciones a un precio asequible y con una calidad mínima determinada.

Por todo ello señor Presidente proponemos algo tan fundamental, elemental y de no demasiado coste para la Diputación de Salamanca como acometer un plan wifi para toda la provincia, pero especialmente para los municipios más pequeños, para municipios de menos de mil habitantes, a la vez que un análisis real e independiente de cómo está en la actualidad y en toda la provincia, el acceso a estos servicios de Telefonía e Internet que, repito deben ser universales, complementándolo con mediciones de campo de cobertura de señales de TDT, Por todo ello proponemos la aprobación de la siguiente MOCION:

Que se apruebe un Plan tecnológico rural que comience por dotar a todos los pueblos de la provincia indicados, de un sistema de acceso público a Internet mediante sistema Wifi y finalice con estudio general, actualizado y real, tanto de la cobertura de Redes de Telefonía Fijas y Móviles, como de TDT y acceso a Internet en nuestra provincia.”

D. Francisco Martín del Molino hizo uso de la palabra para decir que hacía algún tiempo, a propuesta del Grupo Socialista se había conseguido que la Diputación considerara servicios básicos los relacionados con las nuevas tecnologías y así se recogía en varios documentos de la Diputación, incluso en el asunto de la TDT hay creada una Mesa Provincial.

Hoy traían un tema que consideraban fundamental para el desarrollo de los municipios, de la vida cotidiana de los ciudadanos y elemento de lucha contra la despoblación y con ello se refería al acceso a Internet en el mundo rural. Recordó que en la actual Ley General de Telecomunicaciones, cualquier usuario final con independencia de su localización tenía derecho de acceso a una red electrónica desde su vivienda habitual, permitiéndole la comunicación con una calidad adecuada y a un precio asequible. Señaló que durante muchos años habían escuchado propuestas de la Junta de Castilla y León sobre este asunto y escuchar a responsables que decían tener el objetivo de llegar al 90% de la población de Castilla y León, pero la realidad era que en muchos municipios de la provincia el acceso a Internet era complicado y con muchas limitaciones tanto en ancho de banda como en velocidad. El problema se daba todo el año, pero durante el verano con la afluencia de personas a los municipios el problema se multiplicaba. Añadió qué podría decirse de las empresas, que veían limitado su campo de acción por el mal acceso a Internet o cobertura de móvil.

Su Grupo proponía algo tan fundamental, elemental y de no demasiado coste como era un plan WIFI para toda la provincia, pero en especial para los municipios de menos de 1.000 habitantes e incluso en una primera fase en los de menos de 500 y al mismo tiempo

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un análisis de cómo estaba en la provincia el acceso a estos servicios, así como el de telefonía, que eran universales y así complementaria con el asunto de la TDT.

Respecto a su coste añadió que no era demasiado elevado y era perfectamente asumible por Diputación y en consecuencia proponía lo siguientes:

“Que se apruebe un Plan tecnológico rural que comience por dotar a todos los pueblos de la provincia indicados, de un sistema de acceso público a Internet mediante sistema Wifi y finalice con estudio general, actualizado y real, tanto de la cobertura de Redes de Telefonía Fijas y Móviles, como de TDT y acceso a Internet en nuestra provincia.”

D. Gabriel de la Mora González, Portavoz del Grupo Ganemos hizo uso de la palabra y dijo que apoyaban la proposición, pues consideraba que el acceso a Internet era un derecho fundamental, que no debía estar supeditado a los intereses de las teleoperadoras y las grandes corporaciones de la comunicación.

D. Manuel Hernández Pérez, Portavoz del Grupo Ciudadanos intervino para manifestar que también iban a votar a favor, pues consideraban interesante el acceso a las nuevas tecnologías en el mundo rural, con la matización de que confiaba que el proyecto se adecuara a la realidad y por eso esperaba que el Grupo Socialista estuviera dispuesto a lograr un compromiso para que el proyecto saliera adelante.

Dª Isabel Mª de la Torre Olvera, Diputada Delegada de Hacienda, intervino para señalar que no iba a entrar a debatir sobre el fondo del asunto, puesto que éste era indiscutible, pero si en cuanto a la forma y ellos también estaban preocupados por la implantación de las nuevas tecnologías en general y en particular con el acceso a Internet de calidad. Siempre habían considerado ese asunto básico para fijar población, empresas y para garantizar el futuro de la provincia y no era una preocupación nueva y recordó que en 2013 se había firmado un Convenio Marco con la Universidad de Salamanca, dentro del cual, en 2014 se había puesto en marcha un proyecto piloto en La Fuente de San Esteban con resultado satisfactorio. Y en 2015 el Presidente de la Diputación había hablado en prensa sobre este asunto porque se seguía trabajando para buscar una línea de actuación en este asunto y se trabajaba en un proyecto para llevar Internet a todos los municipios de la provincia. Ese proyecto se vieron obligados a frenarlo, pues de acuerdo con la nueva Ley General de Telecomunicaciones la participación de las Administraciones públicas en este campo, más allá de la autoprestación estaba muy condicionada y de acuerdo con los informes legales y técnicos de funcionarios provinciales, algo como lo que proponía el Sr. Martín del Molino era muy cuestionable, al margen de que el presupuesto que preveía el Grupo Socialista tampoco coincidía con el que a ellos les informaban los expertos de la USAL y de la Diputación, aunque ese no sería el problema, pero no podían votar a favor de

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una moción que técnica y jurídicamente les habían dicho que no era posible, al menos en los términos en que se plantea. Sin embargo, para su tranquilidad ellos seguían trabajando en este tema buscando una vía que no fuera ilegal, pues para ellos este era un asunto que les preocupaba y estaban convencidos de que todos los ciudadanos de la provincia deberían tener acceso, gratuito o no que era discutible, a Internet.

El Sr. Martín del Molino hizo uso de la palabra de nuevo para agradecer a los Portavoces de Ganemos y Ciudadanos el apoyo a la proposición y que estaba dispuesto a pactar el contenido del proyecto que fuera necesario.

No estaba de acuerdo con lo manifestado por la Sra. de la Torre Olvera que si había dejado claro lo que había hecho el Grupo Popular en este asunto, que, a su juicio, era un proyecto con la Universidad en La Fuente de San Esteban y que el Presidente había hablado de este tema, dos acciones muy acertadas, pero claramente insuficientes y como todos podían ver a lo largo del año y en especial en verano cientos de ciudadanos buscaban cerca de los ayuntamientos acceso a Internet y eso era una realidad de la provincia.

Respecto a que trabajaban en ello, pidió que se hiciera rápido pues pasaba el tiempo entretanto y era muy fácil decir que era muy importante el acceso a Internet, pero había que actuar.

En cuanto a la referencia al presupuesto dijo que podía entender que el propuesto por él era poco, pero se podía empezar por ahí, pues no había barajado cantidades que a él le parecieran, sino que había contactado con empresas y le habían dado un presupuesto de lo que costaría acometer el plan y lo que costaría el mantenimiento y se asemeja al que él dio en rueda de prensa y pidió se sacara a licitación el programa por un presupuesto de 300.000 euros y ya se vería si era ajustado o no. Recordó que muchos municipios ya tenían instalado este servicio y el coste variaría de 1.000 a 1.500 euros, dependiendo del número de antenas y el mantenimiento mensual de los ayuntamientos de 61 a 102 euros. Lo que era indiscutible era que existían muchos municipios de la provincia que no tenían acceso fácil a Internet.

En cuanto a la legalidad del plan y que los técnicos de la Diputación habían manifestado que pudiera no ser legal, él decía, si había un técnico que mantuviera que no era legal que la Diputación pudiera colaborar con un ayuntamiento en un tema de nuevas tecnologías y sí para reparar una iglesia o dar un curso de tai chi, que se lo dijera a él, pues en otro caso podría pensar que se lo estaba inventando.

Respecto a la competencia, recordó que por unanimidad se había aprobado por todos, la Ordenanza Provincial reguladora de la gestión de obras, servicios y suministros incluidos en los planes y programas de inversiones provinciales de competencia local y en

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ella se decía y se financiaba entre otras, aquellas actuaciones que contribuyan a la sostenibilidad del municipio, optimicen el aprovechamiento de los recursos, contribuyan a mejorar la eficiencia energética en el municipio y las que den impulso a la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación, y en el apartado 9 definido como proyecto básico, proyectos de acceso o mejora de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones. Y esto lo había aprobado la Sra. de la Torre Olvera y ahora le decía que había técnicos que decían que lo que pedía en la moción no era legal ni competente. Pero además, habían aprobado en Pleno con su voto a favor, una moción relativa a la mejora de telecomunicaciones e Internet, por lo que no podía decir ahora que no eran competentes. Añadió que, enseñar a los niños determinadas actividades, todos entendían que eran competentes, pero el que los ciudadanos tengan derecho a acceso a Internet y la Diputación competencia para colaborar, salvo el Grupo Popular, nadie dudaría. Él creía que esto era un servicio básico, como el agua, de cuya competencia no se dudaba y todos los veranos había que suministrar con cisternas agua a los municipios, por lo que se incumplía la competencia, al igual que sucedía con las condiciones de las carreteras o la situación de la finca de Castro Enríquez. Finalizó diciendo que no era un problema de competencia, sino de incompetencia, de incompetentes que gobernaban la Diputación que era el Grupo Popular.

La Sra. De la Torre Olvera intervino de nuevo para manifestar que no sabía si el Presidente se había sentido tan reconfortado como el Sr. Martín del Molino hablando en prensa de un asunto en el que ellos llevaban años trabajando, o tan reconfortado hablando de un tema del que todos estaban convencidos. Reiteró que estaban de acuerdo en el fondo, pero no en la forma. No iban a entrar a valorar lo que hubieran hecho en otras Administraciones, sino que insistía, a la luz de a los informes, que la Diputación estaba muy condicionada técnica y jurídicamente para participar en un proyecto de despliegue de redes de telecomunicaciones. Dudaba mucho que ellos pudieran llegar a un municipio y poner un poste, contratar y pagar la conexión, pues ustedes hablaban de red pública gratuita y no se podían comprometer a algo que ni siquiera sabían si podrían cumplir. Señaló que ellos seguían trabajando en encontrar una solución y cuando tuvieron que paralizar el proyecto, estaban pensando en remitirlo a la Junta de Castilla y León, CMT, Gobierno Central y Unión Europea, puesto que se requería autorización de todas ellas para poder actuar, por lo que no le podían hablar de incompetencia, pues no lo aceptaba.

Eran responsables y llegaban a donde podían y seguirían trabajando hasta encontrar una vía para poder actuar, pues su objetivo era lograr el acceso a Internet de todos los municipios de la provincia, sin entrar que tecnología sea la que utilice pues eso lo dirían los expertos. Tampoco entraba en la cuestión de gratuidad pues no todos los servicios básicos tenían que ser gratuitos. Finalizó diciendo que ellos seguirían trabajando.

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Tras el debate, la propuesta que antecede fue rechazada por mayoría, al votar en contra los trece Diputados del Grupo Popular y a favor los nueve Diputados del Grupo Socialista, dos del Grupo Ciudadanos y uno del Grupo Ganemos Salamanca.

ASUNTOS DECLARADOS DE URGENCIA.

D. Gabriel de la Mora González, Portavoz del Grupo Ganemos hizo uso de la palabra para manifestar que ellos habían presentado cuatro mociones, habían retirado una y que tenían tres, una relativa al expediente electrónico, que iba conjunta con el resto de Grupos, otra relativa a la transparencia y otra sobre la mina de Retortillo.

Por el Sr. Presidente se sometió a votación la inclusión de dichas mociones en el orden del día

Los Diputados de los Grupos Ciudadanos y Ganemos votaron a favor.

Dª Carmen García Romero, Portavoz del Grupo Socialista dijo que o no entendía bien las proposiciones del Grupo Ganemos o no era lo que se había hablado en la Junta de Portavoces y quería hacer constar que, a su juicio, no era lo que se había hablado en la misma. Añadió que no tenía problema en admitir la urgencia y posteriormente matizar su voto, pero pidió que para el futuro lo que se pactara en la Junta de Portavoces se cumpliera.

D. Carlos García Sierra, Portavoz del Grupo Popular intervino y dijo que se pronunciaba en el mismo sentido que la Portavoz del Grupo Socialista, pues en Junta de Portavoces se había pactado la moción conjunta de todos los Grupos relativa a la implantación del expediente electrónico. Por otra parte la moción relativa a la mejora y ampliación del portal de transparencia el Sr. Portavoz del Grupo Ganemos había quedado en retirarla, puesto que se accedía por parte del Grupo de Gobierno a la cuestión que planteó, así como la retirada de otra de las mociones y por eso creía que convendría aclarar estas cuestiones antes de seguir, para recoger el espíritu de lo que se pactó en Junta de Portavoces.

El Sr. de la Mora González intervino de nuevo y dijo que él había entendido que retiraba la moción relativa a la transparencia y expondría en pleno las razones de dicha retirada y pensaba debatir pero lo cierto era que esta moción relativa a la mejora y ampliación del portal de transparencia, existía voluntad de desarrollo de la misma, pero existían discrepancias en parte, pero en todo caso se había aceptado la presencia de los Grupos en el desarrollo de la propuesta y por esa razón la retiraba.

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La Sra. García Romero señaló que el acuerdo de la Junta de Portavoces era que la moción se retiraba su inclusión en el orden del día, pues se aceptaba la inclusión de todos los Grupos en la mesa de transparencia para el desarrollo del proyecto y no se debatiría, no obstante, si se mantenía no tenían inconveniente en su debate.

El Sr. García Sierra ratificó las palabras de la Sra. García Romero.

El Sr. de la Mora González dijo que había entendido mal lo acordado y que simplemente él quería hacer constar las razones de la retirada y a la vista de lo manifestado por los Portavoces, la retiraba sin ningún problema.

En consecuencia, a pregunta del Sr. Presidente el Sr. de la Mora González dijo que las mociones que presentaba eran la conjunta de todos los Grupos relativa a la implantación del expediente electrónico y la particular relativa a la planta de mineral de uranio en Retortillo y Santidad (Villavieja de Yeltes).

D. Manuel Hernández Pérez, Portavoz del Grupo Ciudadanos hizo uso de la palabra para recordar que la moción relativa la planta de mineral de uranio en Retortillo y Santidad (Villavieja de Yeltes), la había suscrito también su Grupo junto con Ganemos.

Al amparo de lo previsto en el artículo 91.4 del R.D. 2568/1986 de 28 de Noviembre, se sometieron a votación la urgencia de las dos mociones que fueron aprobadas su inclusión en el orden del día por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes, que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

90.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA, CIUDADANOS Y GANEMOS SALAMANCA DE ESTA DIPUTACIÓN, SOBRE IMPLANTACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente moción presentada por los cuatro Grupos Políticos de esta Diputación:

“El expediente electrónico tiene las ventajas de: eficacia y eficiencia en la tramitación, garantías de seguridad, homogeneidad y posibilidad de intercambio de datos, reducción de costes, transparencia y herramientas para la mejora de la calidad.

Agiliza el traslado de los expedientes entre quienes deben trabajar sobre ellos, que pueden estar ubicadas en lugares distantes; el trámite se vuelve más rápido y económico, y la gestión más eficiente.

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Tiene plena validez legal, se regula por un marco legal que legitima y legaliza los procesos documentales electrónicos. Cada actuación en el expediente que esté firmada electrónicamente, reviste el mismo valor legal y documental que en el soporte papel. Los mecanismos de firma electrónica garantizan que el trámite electrónico sea aún más seguro que uno en papel. Pueden ser intercambiados entre diversos organismos o empresas sin necesidad de trasiego de papeles ni demoras por traslados.

Se reducen los costes de impresión Impresoras, papel, tinta, tóner, archivadores, etc. Se reducen las pérdidas de tiempo en el traslado de expedientes y el manejo de versiones.

El expediente electrónico puede ser seguido por el interesado paso a paso, conociendo su estado, en qué etapa se encuentra y cuáles son las siguientes, a través de Internet. Puede ser utilizada por la Administración para identificar fallas, localizar partes del proceso donde se generan atascos, donde se entorpece el funcionamiento, etapas innecesarias o que pueden ser simplificadas.

En el ámbito de aplicación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, aparece la ineludible necesidad de implantar en nuestros sistemas el Expediente Electrónico, así como recoger toda actividad que se produzca durante su ciclo de vida, dentro de un Registro de Actuaciones que permita conocer siempre, y para cualquier usuario, el estado de su tramitación.

Esta Diputación aprobó y tiene en vigor la Ordenanza de Administración Electrónica y desarrolló software para crear las Sede Electrónica, pero su uso se ha restringido a la tramitación de solicitudes de obras de planes provinciales por los Ayuntamientos. Se reciben de los proveedores facturas electrónicas con motivo de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica, pero los expedientes de tramitación para su aprobación y pago se siguen haciendo en papel.

El artículo 70.bis. 3. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que “las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.

Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado.”.

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En su consideración, este Grupo propone al Pleno que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 33.2 apartados a) y e) de la Ley 7/1985, se adopte el siguiente ACUERDO:

Primero.- Que por la Presidencia de esta Diputación se impulse la implantación del expediente electrónico, que habrá de partir de una clara definición y estandarización de los procedimientos administrativos en vigor, la normalización de formularios y trámites, seguido de la creación o adaptación de la plataforma y software necesario por el equipo informático, la fase de prueba, la formación del personal y su implantación.

Segundo.- Establecer el objetivo, que el último trimestre de 2015 se establezca una hoja de ruta para la implantación del Expediente Electrónico en el año 2016.

Tercero.- Confeccionar un plan de formación a los municipios de la Provincia que posibilite la implantación progresiva del expediente electrónico en todos los Ayuntamientos.”

D. Gabriel de la Mora González toma la palabra para hacer una breve defensa de la moción en el sentido de que este tipo de medidas reduce la burocracia, aumentaba la transparencia, reforzaba derechos y suponía ahorro de dinero publico. Su Grupo pedía un plazo menor pero todos los Grupos veían mejor que se diera el plazo durante 2016 para su implantación.

Dª Carmen García Romero manifestó que estaban de acuerdo en la moción, pero si quería comentar que en Junta de Portavoces se había pactado el que todas la mociones que se presentaban en común no se defendían y por ello pidió al Portavoz del Grupo Ganemos que respetara los acuerdos que se tomaban.

D. Carlos García Sierra se reafirmó en los mismos términos que había empleado la Sra. García Romero y dijo que al estar de acuerdo habían consensuado la moción conjunta.

Tras el debate, la moción que antecede fue aprobada por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

91.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS CIUDADANOS Y GANEMOS SALAMANCA DE ESTA DIPUTACIÓN, PARA PRONUNCIARSE EN CONTRA DE LA PLANTA DE MINERAL DE URANIO EN RETORTILLO Y SANTIDAD (VILLAVIEJA DE YELTES)..

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Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente moción presentada por los Grupos Políticos Ciudadanos y Ganemos de esta Diputación:

“La empresa BERKELEY MINERA DE ESPAÑA S.A. (Berkeley M.E. S.A.) pretende obtener las licencias y permisos necesarios para supuestamente poner en marcha en la provincia de Salamanca, un proyecto de Planta de tratamiento de mineral de uranio en los yacimientos de Retortillo y Santidad (Villavieja de Yeltes), en pleno Campo Charro de nuestra provincia.

Este proyecto incluye las minas de uranio a cielo abierto en Retortillo y Santidad (Villavieja de Yeltes), una planta para el tratamiento y beneficio del uranio mediante pilas de lixiviación al aire libre, calificada por el Consejo de Seguridad Nuclear (C.S.N.) como Instalación radiactiva de primera categoría y forma parte también de este proyecto el almacenamiento, en los huecos de mina, de los residuos de toda la explotación; residuos que el C.S.N. ha calificado como RESIDUOS RADIACTIVOS. Se trata por lo tanto, de una instalación radiactiva de primera categoría y de un almacén de residuos radiactivos, es decir, un cementerio nuclear. A cambio, la empresa promete cientos de puestos de trabajos directos e indirectos.

Sin embargo, estamos en presencia de un engaño manifiesto.

Berkeley no es una empresa que se dedique a la explotación de minas y no creará ninguno de los puestos de empleo prometidos. Esta sociedad multinacional, con sede social en un paraíso fiscal, no tiene más objetivo que la especulación financiera, a través de la compra y venta de acciones en bolsa. Ese es su negocio.

Berkeley crea esas empresas y su trabajo se limita a obtener permisos en países pobres del sur, en los que gracias a las laxas legislaciones ambientales, la corrupción de las administraciones y la contratación de periódicos y lobbies locales consigue el favor de las autoridades y la población local, con el engaño de la futura creación de puestos de trabajo, que jamás creará. Su único objetivo es conseguir los permisos legales y esperar que el precio mundial del uranio suba para vender el chiringuito a empresas reales con interés en explotar la mina. Areva, la gran multinacional francesa del uranio ya denunció a Berkeley por haberle engañado en la venta de una mina en Namibia, por valor de 2.000 millones de euros. Países pobres y del sur, con yacimientos minerales que se dejan seducir por las promesas de empleos y crecimiento económico. Cantos de sirena para la explotación de los recursos.

No obstante, en el remoto supuesto de que finalmente viera la luz este megaproyecto de minas de uranio a cielo abierto ocuparía una superficie total, en ambos términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, de más de DOS MIL

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HECTAREAS (2.000 Has), que dejará un volumen de residuos radiactivos de más de 40 Millones de metros cúbicos.

Supondría también la utilización de cantidades ingentes de productos químicos como reactivos en las balsas de lixiviación para el tratamiento y concentración del uranio: por ejemplo más de 42.000 Tm/año de ácido sulfúrico y más de 20.000 Tm/año de diversos productos químicos altamente peligrosos y contaminantes.

El ámbito territorial de este peligroso proyecto minero de uranio afectaría de forma directa, pues coinciden en su delimitación, con lo terrenos de Red Natura 2000, LIC “Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes” y ZEPA “Riberas de los ríos Huebra y Yeltes”, que tienen especial protección por la normativa de la Unión Europea.

La puesta en marcha de este peligroso proyecto de minas de uranio a cielo abierto y cementerio radiactivo y nuclear, tendría efectos devastadores para la salud humana, de las personas, pero también para la vida animal y para todos los ecosistemas asociados. Hay que tener en cuenta los efectos de las megavoladuras que se llevarán a cabo, en la contaminación del aire.

Supondría la desaparición inmediata del bosque mediterráneo (más de 25.000 árboles se cortarán: robles, alcornoques, encinas); la contaminación del río Yeltes, sus afluentes y arroyos y de todas las aguas subterráneas y también del subsuelo. Supondría además la probable desaparición del Balneario de Retortillo con sus aguas termales y la destrucción de los más de 60 puestos de trabajo que en la actualidad beneficia al pueblo y a la zona.

Este proyecto de minas de uranio supondría un varapalo para la actividad agrícola y ganadera en esta zona del campo charro y en una buena área de influencia por los efectos de la importancia de la contaminación radiactiva a través del aire. Igualmente sería el fin de las actividades económicas vinculadas al turismo rural. Estas sí que son actividades económicas reales, tangibles, endógenas, que no atentan contra la salud y el medio ambiente y dependen de nosotros, no de los precios internacionales del uranio ni de los mercados financieros de la especulación.

El único beneficiado por este indeseable proyecto es su promotor: la sociedad mercantil Berkeley M.E. S.A. que pretende obtener mucho dinero en poco tiempo; en contraposición con las personas y profesionales que actualmente viven en la zona que pretenden durante mucho tiempo ganar el dinero necesario para seguir viviendo en su pueblo y hacer viables sus explotaciones agrícolas y ganaderas.

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Este proyecto de minas de uranio en nuestra provincia de Salamanca, cuenta con la oposición de buena parte de la sociedad salmantina, de la ciudadanía y organizaciones políticas, sindicatos agrarios, sociales y ciudadanas. La Plataforma “Stop Uranio” ha recogido más de 160.000 firmas en contra de de este proyecto. Y más de 100.000 ya han sido entregadas en la Junta de Castilla y León y en el Ministerio de Industria.

La Junta de Castilla y León informó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) en fecha 25 de septiembre de 2013 (Orden FYM/796/2013 de 25/09). Posteriormente y por exigencias de documentación del C.S.N. la empresa Berkeley ha tenido que presentar documentación complementaria en la que queda claro que el proyecto incluye el almacenamiento de residuos radiactivos que no estaba inicialmente así contemplado. Por ello es imprescindible que la Junta de Castilla y León lleve a cabo una revisión de la D.I.A. para tener en cuenta la documentación completa del proyecto y así poder evaluarlo en su integridad y velar de forma efectiva por la defensa de los intereses generales de la ciudadanía de Salamanca.

Por todo ello, de acuerdo con el Reglamento de funcionamiento, se propone por estos Grupos Políticos la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Declarar que el proyecto de Planta de tratamiento de mineral de uranio de los yacimientos de Retortillo y Santidad (Villavieja de Yeltes) que incluye la planta de tratamiento de concentrados de uranio, instalación radiactiva de primera categoría y también el almacenamiento de residuos radiactivos (cementerio nuclear) es perjudicial para la salud humana, de los animales, para los ecosistemas asociados en la zona y también para la economía de los pueblos.

Segundo.- Exigir a la Junta de Castilla y León que lleve a cabo la revisión de la D.I.A. aprobada por la Orden FYM /796/2013 de 25 de septiembre (Bocyl nº 194 de 08/10/2013), pues con posterioridad la empresa mercantil Berkeley M.E. S.A. ha presentado en el C.S.N. documentación nueva y que no fue presentada con el proyecto inicial para la D.I.A., especialmente lo relacionado con el almacenamiento de residuos radiactivos.

Tercero.- Esta Diputación Provincial de Salamanca se compromete a la búsqueda de iniciativas, proyectos que puedan ubicarse en la comarca del Campo Charro y vinculadas a las actividades económicas de la ganadería, agricultura y el turismo rural sostenible y otras iniciativas vinculadas con la sostenibilidad, a fin de que haya realmente futuro para la gente, para las personas que viven o quieran vivir en esta zona. En este compromiso se tratará de implicar a todas las administraciones públicas, incluida la U.E. y a todas las organizaciones relacionadas con el mundo rural.”

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D. Gabriel de la Mora González dijo que pretendía que la Diputación tuviera un pronunciamiento claro contra este tipo de proyectos que eran especulativos. Estimaba que la mina de uranio estaba dentro de lo que era el ciclo nuclear y por ello quería también un posicionamiento contra ello, pues no estaba resuelto el problema que generaban los residuos y por ello la explotación debía ser rechazada por atentar contra la economía de los municipios, el medio ambiente y la salud. Recordó que sólo había otro proyecto similar en Finlandia y todos los países del mundo estaban estudiando como hacerse cargo de los residuos nucleares.

Respecto a la mina de Retortillo, creía en primer lugar que la empresa Berkeley no era una empresa dedicada a la explotación, sino especulativa, radicada en un paraíso fiscal. Añadió que su actividad consistía en buscar recursos en países pobres y en un entorno de corrupción que les permitiría acceder a las licencias. Tampoco estaba claro el asunto de los empleos ya que esta empresa no iba a proporcionarlos, sino que una vez que se hiciera con la concesión y subiera el precio del uranio debería buscar una empresa que explotara el yacimiento.

En segundo lugar dijo que quería que se pidiera a la Junta de Castilla y León que se volviera a renovar la declaración de impacto ambiental del proyecto pues posteriormente a su estudio se había incorporado al mismo el almacenamiento de residuos de fuerte impacto y por eso sería necesaria la revisión de dicha declaración. Además tenía conocimiento de que la Junta había notificado a los municipios la paralización del proyecto por cuestiones administrativas, pero no por la revisión de la declaración.

Por ultimo, pidió un posicionamiento a favor de proyectos sostenibles, económica y socialmente y no para este tipo de proyectos.

D. Jesús de San Antonio Benito, del Grupo Ciudadanos intervino para manifestar que habían suscrito la moción porque entendía que para ponerse a trabajar, primero había que votar en contra de este tipo de proyectos por varias razones, en primer lugar pues se había dejado en manos de dos municipios la licencias de instalación y cuando se hablaban de instalaciones nucleares era un asunto serio y sensible y debía traspasarse la competencia a la Junta de Castilla y León para su tramitación a través de un Proyecto Regional, tal y como se había hecho con la planta de bioetanol de Babilafuente, no gestionarlo a través de un municipio pequeño y por ello apoyaban la moción.

Dª Carmen García Romero intervino y dijo que ellos al contrario que Ciudadanos si creían en la autonomía municipal y por tanto los municipios debían decidir si querían o no tener determinadas instalaciones en su término, además de que éstos tenían la posibilidad de volver a pronunciarse si querían tener o no las instalaciones y por ello hasta que esto no ocurriese, el Grupo Socialista no se iba a pronunciar.

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En cuanto a las exigencias de la moción, ellos entendían que con la resolución del 12 de agosto de 2015 de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León competente para otorgar la autorización ambiental, cuyo acuerdo es el de suspensión de tramitación y devolución de los expedientes para subsanación de deficiencias e inicio de nuevo del procedimiento, entendía que éste había de iniciarse de nuevo y en él habría de subsanarse las deficiencias que la empresa había cometido en la tramitación inicial, como eran el incumplimiento relativo a que se había manifestado que sólo ejecutaría un actividad extractiva cuando además incorporaba almacenamiento y otras deficiencias observadas en el acuerdo de Medio Ambiente.

Por ello entendía que en el nuevo procedimiento deberían pronunciarse los ayuntamientos y deberían subsanarse las deficiencias. Por tanto se trataba de un procedimiento nuevo y reiteraban su apoyo al desarrollo de la zona, como ya habían hecho en una moción que habían presentado tiempo atrás al balneario de Retortillo y no podían apoyar la moción porque la Junta de Castilla y León había paralizado el procedimiento y por otra parte reiteraban su defensa de la autonomía de los municipios para decidir qué empresas operan en su termino municipal.

D. Carlos García Sierra intervino para señalar que la Diputación siempre había sido muy respetuosa con la autonomía municipal y los intereses de los vecinos debían ser los municipios quienes los representaran y los defendieran. Además eran cuestiones muy claras, sin perjuicio de lo que dijera Diputación, las declaraciones ambientales eran competencia de la Junta de Castilla y León y más cuando ya existía un pronunciamiento que suspendía y retrotraía el procedimiento al inicio del mismo y a partir de ahí los ayuntamientos podrán aportar cuantas cuestiones consideren y valorar si las instalaciones van a perjudicar o no a los vecinos.

El Sr. de San Antonio Benito intervino de nuevo para señalar que claro que ellos estaban a favor de la autonomía local, pero creía que este era un proyecto que superaba con creces lo local y a él le gustaría saber qué opinaban los vecinos de municipios limítrofes. Estaba a favor de la autonomía de gestión municipal, pero este era un proyecto calificado por el Consejo de Energía Nuclear de instalación radiactiva de 1ª categoría y eso a él le ponía en alerta y creía que dos municipios pequeños no tenían capacidad técnica y por eso a través de la tramitación de un Proyecto Regional se garantizaría dicha capacidad. No había que olvidar que la instalación iba estar en el Campo Charro, espacio protegido por la Red Natural. Eso no quería decir que negara la autonomía local, pero aquí debía imperar el sentido común y estaban para eso.

La Sra. García Romero intervino de nuevo y dijo que a través de un Proyecto Regional el procedimiento era más opaco, pues dada la urgencia del mismo la información pública se reducía con un plazo más corto de 8 días, mientras que los municipios deben en

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el procedimiento, arbitrar dos periodos de información pública con un periodo mínimo de 20 días. Así el procedimiento era más garantista y los vecinos podían opinar. Añadió que al igual que al Sr. de San Antonio Benito los dos Alcaldes afectados también eran sensibles con el asunto, pues a ellos les atañía y mayor preocupación tendrían que los demás y por ello creo que tienen más capacidad para decidir la decisión correcta.

El Sr. García Sierra intervino brevemente para insistir en que de acuerdo con la autonomía municipal, eran los municipios afectados los que debían decidir que hacer respecto a un asunto y no desde la Diputación, pues el debate sobre la autónoma local era otro y de otros foros y estimaba que los ayuntamientos decidirían en su ámbito lo que procediera y lo mismo harían los que tuvieran competencias sobre el particular.

Tras el debate, la moción que antecede fue desestimada, al votar a favor los dos Diputados del Grupo Ciudadanos, uno del Grupo Ganemos Salamanca y con el voto en contra de los trece Diputados del Grupo Popular y la abstención de los nueve Diputados del Grupo Socialista.

92.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA, CIUDADANOS Y GANEMOS SALAMANCA DE ESTA DIPUTACIÓN, EN RELACIÓN CON LA ACTUAL SITUACIÓN LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUNCIONES DE TESORERÍA EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AYUNTAMIENTOS.

Al amparo de lo previsto en el artículo 91.4 del R.D. 2568/1986 de 28 de Noviembre, se sometió a votación la urgencia de la moción. Fue aprobada su inclusión en el orden del día por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes, que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

Seguidamente por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente moción presentada por los cuatro Grupos Políticos de esta Diputación:

“La reciente Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007 de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público ha modificado la Disposición Transitoria Séptima de Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, adicionando un segundo párrafo al apartado primero de la misma.

Este cambio ha introducido importantes modificaciones en cuanto a quién corresponde la responsabilidad del ejercicio de las funciones de Tesorería en las Entidades

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Locales, dado que llega a considerar su necesaria prestación por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y, en consecuencia, su imposibilidad de atribuirse, como tradicionalmente venía siendo, a funcionarios municipales o miembros de la Corporación.

El párrafo añadido, en concreto, establece que cuando se produzca “la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local”.

El impacto de tal modificación crearía una situación problemática en nuestra provincia, donde los municipios son muy pequeños y no cuentan con más funcionario que el Secretario-Interventor, la mayoría de las veces en agrupación, cuyas funciones resultan incompatibles con las de Tesorería.

También las Diputaciones por su parte requerirían de tiempo para adaptarse debidamente a este importante cambio y a las prestaciones de apoyo a los municipios, que en este aspecto, ahora se le exigen.

La aplicación de esta ley supondría que la Diputación Provincial de Salamanca debe ejercer las funciones de tesorería y recaudación en municipios que no cuenten con funcionarios, debería hacerlo en aproximadamente 359 municipios de la provincia.

Ante la inquietud generada entre los municipios de la provincia con esta nueva regulación que ha entrado en vigor el día 11 de julio sin contemplar régimen transitorio alguno y las numerosas dudas que se suscitan en esta Diputación Provincial sobre su aplicación los Grupos Políticos Provinciales proponen al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Solicitar al Gobierno que modifique la disposición transitoria séptima de la I.R.S.A.L.. Consistirá esta modificación en que de forma excepcional se prorrogue hasta el 1 de enero de 2017 la posibilidad de que, cuando exista el impedimento de la prestación por funcionario con habilitación nacional de puesto de Tesorería (o simplemente de sus funciones) y de forma justificada no sea posible tampoco prestarse por los servicios provinciales o según los casos, no exista funcionario municipal coordinado por la Diputación Provincial, pueda atribuirse tales funciones en Tesorerías que se correspondan con Secretarías de clase segunda a un funcionario suficientemente cualificado; y en

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entidades con puesto reservado a Secretaría-Intervención, las funciones reservadas a la Tesorería, a un miembro de la Corporación (con la posibilidad en ambos puestos de introducir algún tipo de coordinación desde la Diputación Provincial).

Segundo.- Dar traslado de esta moción a la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.”

Con ausencia total de debate, la moción que antecede fue aprobada por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

93.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR Y SOCIALISTA DE ESTA DIPUTACIÓN, EN APOYO DEL HOSPITAL DE SALAMANCA.

Al amparo de lo previsto en el artículo 91.4 del R.D. 2568/1986 de 28 de Noviembre, se sometió a votación la urgencia de la moción. Fue aprobada su inclusión en el orden del día por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes, que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

Seguidamente por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente moción presentada por los Grupos Popular y Socialista de esta Diputación:

“El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca es uno de los motores fundamentales de la ciudad y una de las claves para su avance hacia modelos de ciudad de futuro basados en la excelencia, el conocimiento y la innovación.

En el momento actual, está clasificado de máximo nivel dentro de los hospitales españoles atendiendo a parámetros objetivos de actividad asistencial, número de camas, dotación tecnológica, cartera de servicios, complejidad de los casos tratados, capacidad y calidad docente y recursos humanos, siendo un referente regional y nacional tanto en la prestación de asistencia sanitaria especializada como en el desarrollo de labores docentes de pre y post-grado e investigadoras.

Atiende a la población de su área de influencia natural (la más elevada de la Comunidad, con cerca de 350.000 tarjetas sanitarias) y a pacientes derivados del resto de la Región por su condición de centro de referencia de la zona Oeste y por poseer servicios médicos y quirúrgicos de referencia regionales, suprarregionales y nacionales, que atienden a pacientes con patologías muy complejas que requieren atención especializada muy

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sofisticada. Recientemente, con fecha de resolución de 15 de enero de 2014, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca fue declarado de referencia nacional en trasplante de páncreas y doble trasplante de riñón-páncreas.

Estas circunstancias acreditan tanto la adecuación tecnológica como el alto grado de preparación de los profesionales sanitarios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. La introducción del PET-TAC en noviembre de 2014 sitúa al complejo hospitalario de Salamanca a la cabeza de los hospitales de la Comunidad Autónoma en cuanto a dotación de alta tecnología se refiere, ya que es el único hospital regional que dispone de esta tecnología.

De acuerdo a datos publicados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en el año 2013 se produjeron 238.699 estancias hospitalarias, 567.073 consultas externas y 35.370 intervenciones quirúrgicas, con el promedio anual más elevado de la Comunidad tanto de quirófanos en funcionamiento como de quirófanos urgentes en funcionamiento. De igual forma el número de urgencias (150.308) y de urgencias/día (411,80) atendidas por el Complejo Hospitalario de Salamanca fue el más elevado de la Comunidad.

Esta elevada demanda de atención asociada a las peculiaridades de la población atendida (pirámide de edad, prevalencia de determinadas enfermedades…), a la naturaleza de la atención demandada (complejidad de los casos atendidos,…) y a las características asistenciales, docentes e investigadoras inherentes al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca determinan, en ocasiones, una elevada presión asistencial y la saturación de determinados servicios cuyas consecuencias más remarcables son el aumento de las listas de espera y el alargamiento de la tarea asistencial de los profesionales en detrimento de la motivación y de actividades y funciones docentes e investigadoras.

Esta situación se ha visto agravada por el retraso en los plazos de ejecución en las obras de remodelación del Complejo hospitalario, imprescindibles para absorber la demanda actual, para adaptarlo a los nuevos retos de la asistencia hospitalaria, para dar un soporte adecuado a la investigación biomédica de calidad favoreciendo sinergias entre grupos clínicos y de investigación básica y para convertirlo en un foco de atracción de primera magnitud para profesionales sanitarios con capacidad de liderazgo y para nuevos sanitarios internos residentes (MIR, FIR, PIR, EIR…) con capacidad de integración en los diferentes niveles asistenciales, docentes e investigadores y que garanticen la regeneración y la excelencia.

Por lo expuesto los Grupos Políticos Provinciales PP y PSOE proponen al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

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Primero.- Instar a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a:

1. Priorizar la ejecución de las obras del Complejo Hospitalario de Salamanca dentro de la inversión regional en infraestructuras sanitarias, de manera que se cumplan los plazos comprometidos por la Junta de Castilla y León para la finalización de las mismas.

2. Realizar un correcto mantenimiento de las actuales instalaciones del Complejo Hospitalario de Salamanca hasta que el nuevo hospital sea una realidad.

3. Cumplir los compromisos adquiridos en cuanto a plantilla del Complejo Asistencial Universitario, de manera que se garantice en todo momento la adecuada cobertura de necesidades para prestar los servicios sanitarios en las debidas condiciones de calidad, eficacia y eficiencia.

4. Dotar al Complejo Hospitalario de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar el mantenimiento en el nivel 4 de la clasificación de los hospitales españoles.

5. Mejorar el sistema de gestión de prioridades de los pacientes en espera: garantizando que los pacientes más graves sean intervenidos antes de 30 días; poniendo en marcha planes anuales para reducir los tiempos de espera de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, que incluyan la potenciación de las Consultas de Alta Resolución y de las Unidades de Diagnóstico Rápido; y garantizando que, en los casos que sea imprescindible realizar una adjudicación de determinadas cirugías a clínicas externas, dichas intervenciones se realicen en centros de calidad contrastada y evitando, salvo interés de la salud del paciente, desplazamientos del mismo fuera de nuestra ciudad.

6. Facilitar el desarrollo de una carrera académico/asistencial/investigadora en Ciencias de la Salud manteniendo programas de incentivación y de formación clínica-investigadora para Sanitarios Internos Residentes, y favoreciendo la actividad docente e investigadora de calidad, imprescindible en el mantenimiento del Complejo Universitario en un puesto de liderazgo nacional e internacional.

Segundo.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Excmo. Sr. Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León.”

D. Gabriel de la Mora intervino para señalar sobre las dos mociones presentadas y dijo que sobre ésta estaba de acuerdo en el contenido de la misma pero se iba a abstener pues se le había presentado otra con una justificación que estaba más en la línea de lo que ellos exigían y por eso estando en principio de acuerdo con los dos por parecidas, se abstenía en ésta y apoyaban la que llevaban con Ciudadanos.

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D. Manuel Hernández Pérez, intervino para manifestar que estaba en contra de la moción, aunque la misma tenía 6 puntos exactamente iguales a la presentada por ellos en el Ayuntamiento de Salamanca, eliminándose otros. Le sorprendía que el PSOE se hubiera aliado con el PP para presentar la moción y que no se hubiera contado con ellos pues podrían haber aportado algo. No sabía si PSOE y PP tenían algún acuerdo para ir juntos en las elecciones y que votaban en contra por no haber contado con ellos y haber presentado una moción que copiaba varios puntos de la que ellos habían presentado en el Ayuntamiento de Salamanca, moción en la que también faltaban muchos puntos de las que ellos presentaron.

Dª Carmen García Romero intervino y dijo refiriéndose al Sr. Hernández Pérez, que en el mes de julio no estaba ni se le esperaba, no estuvo ni se enteró de lo que votó ni de lo que pasó. En la sesión de julio el Grupo Socialista había presentado una moción sobre el hospital que quedó sobre la mesa para su discusión. Además el Sr. Hernández Pérez mentía pues en la reunión de la Junta de Portavoces le habían presentado el texto de la moción y éste había quedado en responder a fecha de la celebración de la sesión sobre la misma. Lo cierto era, que la moción que no conocían era la que Ciudadanos presentaba y lo curioso era que si la había pactado con Ganemos, con el que si había tenido tiempo.

Calificó de electoralismo su actitud y no ellos que habían cumplido sus compromisos y los que faltaban y habían actuado de manara electoralita eran Ciudadanos y Ganemos. Añadió que le sorprendía la actitud del Sr. de la Mora González pues en sesión anterior no podía aprobar ni siquiera la inclusión en el orden del día de una moción del Grupo Socialista porque desconocía el asunto y hoy si podía aprobar una moción presentada media hora antes del Grupo Ciudadanos.

D. José Mª Sánchez Martín intervino y dijo que había que respetar cierta cortesía y no se podía por tanto debatir, una moción sin conocerla antes. Señaló que la moción no copiaba punto por punto la de Ciudadanos, era una moción trabajada por parte de los Grupos Socialista y Popular y no de ayer, sino que se comenzó a trabajar en el mandato anterior y se había cogido lo mejor de las mociones de ambos Grupos y ahí estaba el libro de actas para confirmarlo. No se ha copiado nada y si les gustaría haber conocido la moción de Ciudadanos para apoyarla o no, o completar la que defendían ellos.

El Sr. de la Mora González en su segunda intervención dijo que tomaba la palabra de nuevo por alusiones y que ellos eran una plataforma que no iban a presentarse a las elecciones, por lo que electoralismo no había También quería señalar que en la última sesión el Grupo Socialista había presentado una moción y él había dicho que si se la hubieran presentado media hora antes, la hubiera apoyado y lo mismo había ocurrido en este caso y al ser concordantes las dos mociones podía decidir abstenerse en una y votar a favor de la otra. Por todo ello, las alusiones estaban fuera de lugar.

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El Sr. Hernández Pérez volvió a intervino para manifestar que en el último pleno estuvo y se les esperaba y se había quedado en que se trabajaría sobre la moción, cosa que no había ocurrido. Si era cierto que se les había dado la moción, pero después de trabajar sobre ella habían decidido presentar la que sus compañeros, el Grupo Socialista y Ganemos habían presentado en el Ayuntamiento de Salamanca. No sabía si existía o no descoordinación entre el Grupo Socialista del Ayuntamiento y el de la Diputación, pero lo cierto era que de su moción se habían copiado seis puntos y por esa razón y no contarse con ellos, votaban en contra.

La Sra. García Romero intervino y dijo que no tenía más que añadir. El Diputado del Grupo Ganemos, señaló, había reconocido que desde el jueves tenía la moción y que los únicos que no tenían la presentada por los Grupos Ganemos y Ciudadanos eran el Grupo Socialista y el Popular. No existía ninguna descoordinación, se había trabajado con el Grupo Popular y había existido tiempo para que los Grupos que hubieran querido hubieran trabajado sobre ella.

D. José Mª Sánchez Martín intervino y dijo que se reiteraba en lo dicho en su anterior intervención.

Tras el debate, la moción que antecede fue aprobada por mayoría, al votar a favor los trece Diputados del Grupo Popular y los nueve Diputados del Grupo Socialista y con el voto en contra de los dos Diputados del Grupo Ciudadanos y la abstención del Diputado del Grupo Ganemos.

94.- MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS DE ESTA DIPUTACIÓN, PARA RECUPERAR LA CALIDAD ASISTENCIAL EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE SALAMANCA.

Acuerdo rectificado en la Sesión Ordinaria del Pleno Provincial del día 30 de Septiembre de 2015.

Al amparo de lo previsto en el artículo 91.4 del R.D. 2568/1986 de 28 de Noviembre, se sometió a votación la urgencia de la moción. Fue aprobada su inclusión en el orden del día por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes, que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

Seguidamente por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente moción presentada por el Grupo Ciudadanos de esta Diputación:

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“El desprecio mostrado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León al Complejo Asistencial de Salamanca, y con él a todos los salmantinos, se ha evidenciado en el último año. La falta de inversiones, la nula búsqueda de la calidad, la ausencia de evaluaciones internas y análisis objetivos del desempeño de los servicios durante los últimos años, se han agravado con el nombramiento en el año 2014 de un Gerente cuya nefasta gestión ha llevado al Hospital de Salamanca al estado deplorable en que ahora se encuentra. Este Gerente no solo no ha reconducido la situación, sino que la ha agravado tomando decisiones tan inexplicables como derivar una gran parte de la cirugía a clínicas privadas, sin argumentar los motivos sanitarios o económicos que lo aconsejaban.

Esta desastrosa situación ha llevado a un hecho tan insólito como el consenso de todas las fuerzas sociales salmantinas, en forma de tres mareas blancas multitudinarias en el plazo de cuatro meses, que se vieron obligadas a tomar la calle "en defensa del hospital". A pesar de estas y otras voces del sector que exigían un cambio en la gerencia del Complejo Hospitalario, el Consejero de Sanidad ha optado por premiar al ya ex-gerente con un cargo superior, en el que deberá desplegar unas competencias profesionales, organizativas y sanitarias, hasta el momento no manifestadas, en todo el territorio de Castilla y León. Entre los sanitarios salmantinos se entiende esta decisión como una demostración de fuerzas y un pulso a la ciudadanía, en un nuevo capítulo de quien está acostumbrado a hacer lo que quiere, sin tener en cuenta ninguna opinión más.

Este pulso se prolonga con el nombramiento de una nueva Gerente sin que exista ningún tipo de consenso en esta decisión con los trabajadores del hospital, como una imposición más, que viene precedida por la vinculación personal de la actual con el anterior Gerente, y la percepción de que nada va a cambiar.

Los recortes presupuestarios aplicados al Complejo Hospitalario y la paralización de las obras de construcción del nuevo Hospital, simultánea a la suspensión del mantenimiento del Complejo actual, no son sino factores colaterales que han agravado la situación de la Sanidad Pública en Salamanca, pero no son los únicos que nos han llevado a la actual situación de precariedad sanitaria, ni por supuesto los más determinantes.

Por lo expuesto, el Grupo Provincial Ciudadanos propone al Pleno de la Diputación la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Denunciar ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León la deplorable situación en que se encuentra el Complejo Asistencial de Salamanca a todos los niveles; el deterioro en instalaciones, recursos e infraestructuras que se ha acelerado en el último año; el clima de desmotivación y ansiedad que sufren la mayoría de trabajadores del Complejo, y el ambiente de crispación y enfado que se ha extendido en la sociedad salmantina, fruto de la falta de eficacia, eficiencia y calidad de los servicios sanitarios

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públicos. Caso de no corregirse esta situación de manea inmediata, este clima indudablemente desembocará en nuevas protestas ciudadanas, que el Grupo Provincial Ciudadanos apoyará incondicionalmente y trasladará a todos los escenarios donde sea necesario.

Segundo.- Exigir a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León lo siguiente:

- Reconsiderar la decisión de recolocar al anterior Gerente del Complejo Hospitalario de Salamanca en la Gerencia del SACYL, a la vista de su negligente gestión organizativa, sanitaria, de recursos humanos y materiales en esta ciudad, y que ahora podría perjudicar al resto de castellano-leoneses.

- Realizar una auditoría sobre las adjudicaciones de cirugía llevadas a cabo en el último año a clínicas externas privadas, para conocer el coste real de estas adjudicaciones, su repercusión en la reducción de las listas de espera quirúrgica y el seguimiento de los casos clínicos tratados externamente.

- Reconsiderar la decisión de nombrar como nueva Gerente del Complejo Hospitalario de Salamanca a una persona que ha sido elegida sin ningún consenso con los trabajadores del hospital, y cuyo nombramiento responde más a criterios políticos que profesionales y sanitarios.

- Cumplir los ratios de profesionales correspondientes a un Hospital de nivel 4 y referente en múltiples especialidades, de manera que se garantice en todo momento la adecuada cobertura de necesidades para prestar los servicios sanitarios en las debidas condiciones de calidad, eficacia y eficiencia. En todo caso, que no se amorticen las plazas, conservándose el número de plazas la plantilla orgánica que como mínimo existía en 2012.

- Dotar al Complejo Hospitalario de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar el mantenimiento en el nivel 4 de la clasificación de los hospitales españoles, identificando y corrigiendo el sobredimensionamiento humano y técnico injustificado de unos servicios en detrimento de otros.

- Llevar a cabo de manera inmediata el procedimiento de evaluación de puestos de jefe de servicio y jefe de unidad recogido en el Capítulo III y Disposición Transitoria Primera del DECRETO 73/2009, de 8 de octubre, por el que se regula el procedimiento de provisión y remoción de los puestos de trabajo de libre designación en los Centros e Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, y proceder al cese del personal que no sea confirmado en su puesto tras la correspondiente evaluación (Art. 13).

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- Revisar el grado de funcionalidad de los servicios cuyo Jefe ostente el puesto de Catedrático en la Universidad de Salamanca, y valorar con criterios objetivos su desempeño para tomar las medidas oportunas.

- Priorizar la ejecución de las obras del Complejo Hospitalario de Salamanca dentro de la inversión regional en infraestructuras sanitarias, de manera que se cumplan los plazos comprometidos por la Junta de Castilla y León para la finalización de las mismas, antes de que concluya el año 2018.

- Realizar un correcto mantenimiento de las actuales instalaciones del Complejo Hospitalario de Salamanca hasta que el nuevo hospital sea una realidad. Mantenimiento de instalaciones que deberá recoger como actuaciones inmediatas en cuanto a seguridad (grupo electrógeno), ascensores (Hospital Virgen de la Vega) y terrazas del hospital los Montalvos.

- Mejorar el sistema de gestión de prioridades de los pacientes en espera: garantizando que los pacientes más graves sean intervenidos antes de 30 días; poniendo en marcha planes anuales para reducir los tiempos de espera de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, que incluyan la potenciación de las Consultas de Alta Resolución y de las Unidades de Diagnóstico Rápido. La demora máxima de un paciente no urgente para ser intervenido será de seis meses, para recibir asistencia en consulta externa o para la realización de pruebas diagnósticas será como media 30 días. Garantizando que, en los casos que sea imprescindible realizar una adjudicación de determinadas cirugías a clínicas externas, dichas intervenciones se realicen en centros de calidad contrastada y evitando, salvo interés de la salud del paciente, desplazamientos del mismo fuera de nuestra ciudad.

- Facilitar el desarrollo de una carrera académico/asistencial/investigadora en Ciencias de la Salud manteniendo programas de incentivación y de formación clínica-investigadora para Sanitarios Internos Residentes, y favoreciendo la actividad docente e investigadora de calidad, imprescindible en el mantenimiento del Complejo Universitario en un puesto de liderazgo nacional e internacional.

Tercero.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Excmo. Sr. Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León.”

Con ausencia total de debate, la moción que antecede fue desestimada, al votar a favor los dos Diputados del Grupo Ciudadanos, uno del Grupo Ganemos Salamanca y con

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el voto en contra de los trece Diputados del Grupo Popular y los nueve Diputados del Grupo Socialista.

RUEGOS Y PREGUNTAS

D. Manuel Hernández Pérez, Portavoz del Grupo Ciudadanos toma la palabra para manifestar que habían presentado escritos en el Registro General dirigidos al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, con fechas 21 de julio 2015 y 11 de agosto de 2015, solicitando información y copias de expedientes necesarios para ejercer nuestra función de control como miembros de la oposición.

Como quiera que no se nos ha facilitado ningún tipo de información, recordamos al Ilmo. Sr. Presidente el contenido de referidos escritos, SOLICITANDO su contestación en el Pleno a celebrar el 31 de agosto de 2015, y la entrega por escrito de todo lo solicitado.

El 21 de julio pedíamos, y ahora SOLICITAMOS su contestación en el Pleno, lo siguiente:

1º.- Importe y relación pormenorizada de todos los gastos producidos en la organización y gestión de la Feria Agropecuaria Salamaq 2014.

2º.- Importe desglosado de los gastos realizados como inversiones para la puesta en marcha de la Feria Agropecuaria Salamaq 2014.

3º.- Importes satisfechos por salarios y contratación de personal necesario para la organización, funcionamiento y finalización de la Feria Agropecuaria Salamaq 2014.

El 11 de agosto solicitamos y ahora pedimos su contestación en el Pleno, lo siguiente:

1º.- La información oportuna de las subvenciones directas nominativas, concedidas por la Diputación Provincial, cuya cuantía sea igual o superior a 20.000 €, en el periodo comprendido entre 2011 y 2015 (anterior legislatura) a los Ayuntamientos de la provincia en base al artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, con relación de cada uno de ellos y su cuantía.

2º.- También pedimos se nos indique la finalidad para la que se concedió en cada caso, y si se realizó la justificación de la misma, dentro de los plazos establecidos.

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Así mismo, el 11 de agosto solicitamos y pedimos su contestación en el Pleno lo siguiente:

1º.- Se nos facilite copia del expediente de contratación y copia del contrato que en su día se realizó con Explotaciones Portuarias Fluviales Vegater S.A.

2º.- De igual forma pedimos se nos indiquen los motivos de la rescisión del contrato después de 18 años.

- La situación económica de Vegater S.A. con la Diputación.

- Si se percibió por parte de la Diputación el canon establecido durante el periodo de vigencia del contrato.

- Y se nos facilite copia de los informes del Área de Fomento relacionados con el tema del pago del canon, y cualquier otro informe relacionado con el contrato.

3º.- También pedimos se nos indique en qué situación se encuentra el Centro de Recepción de Visitantes, quien lo gestiona, durante que periodo de tiempo permanece abierto y que persona o personas son los responsables.

No entendemos si esta es la forma de mano tendida y colaboración mutua que el Presidente destacó en su discurso de investidura, pero con estas actuaciones, de no facilitarnos información, a nuestro Grupo, se le está limitando el acceso a tener una adecuada información en tiempo para ejercer nuestra función como oposición.

Por todo ello preguntamos:

- ¿Qué razones puede aducir el Equipo de Gobierno para no darnos contestación?

- ¿Qué pretenden ocultar con su silencio?

D. Carlos García Sierra intervino y dijo en relación con el segundo escrito que ellos no querían ocultar nada, la razón de la demora era que existían dos escritos solicitando una serie importante de documentos y datos y en particular las referidas a subvenciones nominativas que se solicitaban de 4 años y una vez que este toda recopilada se pondría a su disposición para que la revisara y solicitara la documentación pertinente. Además habían sido meses de vacaciones y todo eso había retrasado este asunto.

El Sr. Hernández Pérez esperaba que ahora que ya habían regresado todos de vacaciones, se le entregara la documentación para su examen.

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D. José Francisco Bautista Méndez hizo uso de la palabra y dijo que en reiteradas ocasiones desde su Grupo se había solicitado que se actuase en las carreteras provinciales para mantenerlas en buen uso. Recientemente el Alcalde de Ciperez se había quejado del estado de la carreteras de acceso a su municipio y señalización, entendía que eran justas sus reclamaciones por lo que preguntaba ¿qué actuaciones tenía previstas el Grupo de Gobierno para dotar al municipio de Ciperez de accesos dignos y seguros?

El Sr. García Sierra intervino de nuevo para manifestar que la Diputación a través de su personal tenían programas de mantenimiento, no obstante, se transmitirían las necesidades del municipio y si hubiera alguna solicitad del alcalde sobre problemas de señalización, a la mayor brevedad posible se resolvería.

D. Gabriel de la Mora González intervino y en relación con IFESA preguntó:

Con fecha 25 de septiembre de 2014 por el Comité Ejecutivo de IFESA se acordó la disolución de la Institución Ferial de Salamanca, así como la apertura del período de liquidación.

Por acuerdo del Pleno Provincial en sesión celebrada, varios días después, el día 30 de septiembre de 2014 se aprobó la disolución de la Institución Ferial y la apertura del período de liquidación. Igualmente se aprobó dicho proceso liquidador por el resto de integrantes de la Institución Ferial.

El día 31 de julio de 2015 por la presidencia del Comité Liquidador de IFESA (que es el Presidente de la Diputación) se procedió finalmente al despido de los tres trabajadores que tenía la Institución, alegando causas objetivas y organizativas.

- ¿Si se ha realizado el preaviso establecido en el Estatuto de los Trabajadores?

- ¿Si se les han entregado las nóminas atrasadas sin pagar desde febrero de este año?

- ¿Si se les ha puesto a su disposición la indemnización que la ley establece para la causa de despido alegada?

-¿Si se les entregó certificado de empresa en el plazo legal correspondiente?

- Finalmente, al parecer se les han dado esperanzas de alguna solución de reincorporación, pero sin concretarse en nada, creando unas expectativas que generan todavía más incertidumbre. Porque parece que hay dos soluciones, o el reempleo o el fin de la relación, pagando la indemnización correspondiente a los derechos laborales adquiridos por los trabajadores. ¿Han decidido ya cuáles de las soluciones van a ofrecer a los

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trabajadores, readmisión o liquidación? ¿Cómo se encuentra el estudio técnico de la posible incorporación a la institución?

El Sr. García Sierra contestó que en esa sesión del Comité Ejecutivo, el despido se decidió por todos los miembros que estaban en dicho comité, no por el Presidente. Ese era un matiz importante. Si era cierto que se les adeudaban ciertas cantidades y que las habían reclamado por vía judicial. Lo cierto era que IFESA no tenía liquidez en estos momentos, aunque la Diputación estaba al corriente de pago con IFESA, cuestión también importante. Respecto a tomar la decisión de admitirles cuando se había adoptado un acuerdo de disolución era muy difícil, se estaba en periodo de liquidación y habría que hacer frente a todas las deudas, entre las que estaban las de los trabajadores, que tendrían carácter preferente. En cuanto a la readmisión, dijo que él había mantenido una reunión con los trabajadores y les había dicho que no querían que se vieran perjudicados, pero siempre y cuando los informes técnicos lo permitieran y esto estaba en fase de estudio.

El Sr. de la Mora González intervino para señalar que los trabajadores llevaban más de un año sin tener atribución funcional alguna y no le habían contestado ni les habían entregado las nominas, ni el certificado de empresa, ni se les había dado preaviso, lo que era bastante lamentable. Creemos que el conflicto político, e incluso creemos que ya personal, entre las cúpulas del Partido Popular y CONFAES se ha ido trasladando a los ámbitos institucionales, Ayuntamiento, Diputación, Cámara de Comercio e incluso Cámara Agraria. Esta influencia de los intereses privados en las cuestiones públicas, por muy legítimos que éstos sean, es inaceptable y no lo pueden pagar las personas, como si fueran “daños colaterales”. Habría que preguntarse qué pasaría si el Presidente de esta Institución, y todas las demás, estuvieran varios meses sin cobrar, por lo que rogaba al Sr. Presidente que:

1º.- Clarifique cuál es la propuesta de reempleo que tiene prevista para los tres trabajadores de IFESA que acaba de despedir y en caso de que esto sea posible llegue a un acuerdo inmediato con los mismos de solución negociada. En caso contrario que se exija al Comité Liquidador de IFESA el cumplimiento de las obligaciones en materia laboral para con los empleados de la Institución, entregándoles las nóminas, el finiquito y el certificado de empresa; abonándoles los salarios que tienen pendientes de cobrar y la indemnización por despido que legalmente corresponda; efectuando las cotizaciones a la Seguridad Social incluyendo los períodos de vacaciones.

2º.- Requerir al comité y utilizar todos los medios disponibles de solución de controversias (negociación, mediación, etc.) habida cuenta del conflicto existente, para la liquidación de IFESA. Esto debería incluir que los copartícipes de la Institución Ferial desembolsen las aportaciones debidas que les corresponda, se cobren los derechos a favor de IFESA pendientes de recaudar, se paguen a los proveedores y demás acreedores las

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deudas que queden pendientes de abonar y se finalice el proceso liquidador lo más pronto posible para evitar mayores costes para las arcas públicas y para la imagen de esta Institución.

3ª.- Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 del RODP que establece que en las sesiones ordinarias, podrá establecerse un turno de consultas entre el público asistente y dado que existía la posibilidad de que los trabajadores que estaban allí pudieran interpelarles, solicitaba se abriera dicho turno sobre IFESA y trabajadores.

El Sr. Presidente contestó que no iba a abrir dicho turno y lo que se tuviera que hablar con los trabajadores sería no como Diputación, sino como IFESA y siendo la Diputación uno más de los miembros y que poseía el 25% de las participaciones, no era pues un asunto de competencia de la Diputación Provincial que tenía las manos atadas puesto que uno solo de los miembros debía 90.000 euros y él incluso había intentado pagar a los trabajadores, adelantando el dinero, no siendo esto posible, a criterio de los técnicos. La Diputación añadió, estaba al día de todos sus pagos a IFESA pero existía uno que sólo debía 90.000 euros. Todo este asunto era una ratonera, ya que él como Presidente de la Diputación y Presidente de IFESA tenía voluntad de pagar pero no podía legalmente y todo ello, estando de acuerdo en el derecho de los trabajadores a cobrar sus nóminas. Y no se iba a abrir el turno pues los trabajadores cuando tenían que hablar con ellos lo habían hecho y no convenía en este asunto tocar cuestiones que no beneficiaban ni a los propios trabajadores.

El Sr. García Sierra intervino para decir que, en cuanto a liquidar sus derechos a los trabajadores era uno de sus mayores anhelos, pero como había dicho el Presidente, él puede convocar, pero a la hora de votar, la Diputación ostentaba el 25% de las participaciones. En cuanto al conflicto de los trabajadores, estaban en manos de los informes técnicos, pero también tendrían que hacer las defensas de sus derechos para incardinar esa solución.

El Sr. de la Mora González intervino y preguntó sobre los despidos y nuevas contrataciones de peones para la Feria por parte de la presidencia de IFESA que fue denunciada ante los Tribunales y generó la apertura de procedimientos judiciales. En relación con estas circunstancias y considerando que son de interés para esta Institución y para todos los Diputados que formamos este Pleno, planteó al Sr. Presidente las siguientes cuestiones:

1ª.- ¿Cuál es la situación en que se hallan los procedimientos judiciales?

2ª.- ¿Cuál es la situación procesal en que se encuentran los mandatarios de esta Diputación que están inmersos en tales procedimientos?

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El Sr. Presidente contestó que existía una querella interpuesta en el mandato anterior por los Diputados del Grupo Socialista, que había sido admitida a trámite y que el Juez instructor, y él se atiene a lo requerido, había pedido que se fuera prudente y que no se comentara nada y eso era lo que hacía él.

Toma de nuevo la palabra D. Gabriel de la Mora en relación con la Feria Salamaq 15, prevista para el período comprendido entre los días 4 y 8 de septiembre, que hay una serie de aspectos que rogaría al Equipo de Gobierno Provincial, el Presidente o los Diputados Delegados de Economía y de Mercado de Ganados, nos aclarara.

1ª.- ¿Cuál es la justificación de las atribuciones temporales de personal de la Diputación realizadas para la Feria Agropecuaria? ¿Cuál ha sido el criterio para designar a los empleados señalados? ¿Por qué el Diputado Delegado de Recursos Humanos, preguntado en Comisión Informativa hace apenas unos días, desconoce los criterios y razones de esta gestión del personal? ¿Quién gestiona estas cuestiones?

2ª.- Respecto de las obras realizadas en el recinto ferial, dada su afección a la seguridad y salud de los empleados, es obligado solicitar informe y dar audiencia al Departamento de Salud Laboral y al Comité de Seguridad y Salud:

- ¿Por qué razón no se ha dado audiencia al Departamento de Salud Laboral en la ejecución de estas obras?

- ¿Por qué no está funcionando el Comité de Seguridad y Salud?

- En concreto en la obra de renovación de la cubierta de la Nave de Vacuno, ¿Sabe usted que por el tipo de material que se retira de la cubierta –que tiene fibras generadoras de cáncer- deberían haberse adoptado una serie de medidas para el personal que trabaja en el recinto e inmediaciones?

3ª.- En cuanto a la contratación de las obras. Se han efectuado varias contrataciones mediante procedimiento negociado sin publicidad, cuando podría haberse realizado un solo proyecto y un solo contrato en régimen abierto dando la posibilidad a la concurrencia de todas las empresas que hubieran tenido interés. Se ha fraccionado el objeto del contrato, se ha eludido la publicidad, se ha restringido la participación de otras posibles empresas interesadas y con ello puede haberse encarecido además el coste de las obras. ¿Por qué razón no se ha realizado una contratación mediante un procedimiento abierto, incluyendo toda la obra abordada? ¿Son conscientes de que se están burlando los principios básicos de la contratación administrativa?

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4ª.- En la contratación del resto de servicios y suministros (publicidad, carpas, ...) se ha utilizado el procedimiento negociado sin publicidad y los contratos menores. ¿Cuáles han sido los criterios objetivos que ha tenido en cuenta esa Presidencia para invitar a unas empresas y excluir a otras que pudieran estar interesadas?

5ª.- Respecto a las numerosas entradas gratuitas al Recinto Ferial (232 por Diputado) y demás privilegios tales como aparcamiento reservado que se dan a los Diputados, nuestro Grupo renuncia a tales entradas y privilegios. Consideramos que carecen de justificación porque los cargos públicos no deben tener este tipo de privilegios, porque son un despilfarro de dinero público y porque van contra los intereses de los profesionales del sector.

¿Cuál es la razón que tiene ese Equipo de Gobierno para justificar la existencia de estos privilegios que vienen repitiéndose año tras año?

Por último, rogaba que por distintos sectores, se han puesto en duda las cifras de ingresos y gastos de la pasada edición de la Feria (Salamaq 2014), indicándose que no es cierto que el saldo final fuese el publicitado por el Equipo de Gobierno, que aseguró la existencia de un superávit. Para poder verificar la información, ruego se nos facilite informe detallado de los ingresos y gastos computados, indicando la aplicación presupuestaria, el tercero, el concepto e importe de todos los asientos contables relativos a la Feria Salamaq 2014.

D. Carlos García Sierra intervino para manifestar que se habían hecho tantas preguntas que para una adecuada contestación lo haría el próximo Pleno. Pero si quería aclarar que las invitaciones se hacían con el fin de que se invitara a los concejales que les habían votado para estar aquí y como esto era provincia, se podría entender que tienen derecho a tener una invitación.

El Sr. de la Mora González toma la palabra de nuevo para decir que respecto a las contrataciones del Área de Fomento, él había solicitado información y se le dijo que fuera a la fiscalía y para su información la solicitó en el mismo pleno, en virtud del derecho de acceso a la información. Había pasado el mes y no le había dado contestación y por eso reiteraba su solicitud, que además lo haría por escrito para que quedara constancia, pues parecía no se le hacía caso a lo solicitado verbalmente.

En cuanto a la a trama que se investiga preguntó:

1º.- ¿Cuál es el estado de petición realizada si se había tramitado o no se había tenido en cuenta?

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2º.- ¿Cuáles son las irregularidades y los defectos advertidos en la contratación y qué medidas se habían adoptado al respecto en contratación para evitar las irregularidad que uds. habían advertido?

3º.- ¿Cuál es la situación laboral y procesal de los funcionarios presuntamente implicados? Germán Berrocal, Jefe del Parque de Maquinaria y Coordinador de Vialidad, y Manuel Borrego, Director del Área de Fomento.

4º.- ¿Cuál es la razón de que a los presuntos funcionarios implicados únicamente se les haya realizado una atribución temporal de funciones a otro puesto, cuando dicha fórmula de provisión, no está prevista para este tipo de situaciones y además reciben el total del salario de su puesto originario?

5º.- ¿Cuál es la razón de este apartamiento de su puesto de D. Germán Berrocal si no está imputado en la causa penal?

6º.- ¿Qué formas se han barajado para su apartamiento temporal?

7º.- ¿Se les ha abierto algún tipo de expediente disciplinario?

8º.- ¿Cuál era el estado general de los procedimientos judiciales abiertos con motivo de esta trama de corrupción?

El Sr. García Sierra dijo que al igual que en la pregunta anterior le había dicho el Presidente, era el propio Juez quien les había pedido discreción en las actuaciones que se habían ido realizando y a eso se remitía. Respecto de los trabajadores aludidos le harían llegar los Decretos para que estuviera informado.

El Sr. de la Mora González hizo uso de la palabra para manifestar lo siguiente:

Me ha parecido en este grave momento expresar aquí las palabras que escasamente hace unos días escribió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau:

“Antes de ayer 50 personas murieron asfixiadas en la bodega de un barco. Ayer más de 70 muertos en el interior de un camión. Hoy nos despertamos con dos naufragios: puede que más de cien muertos. Tenemos un mar que se llena de muertos. Unas fronteras que se llenan de alambres, pinchos, cuchillas... y de muertos.

Hombres, mujeres, niños y niñas, muertos.

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Y una parte de Europa llora, grita, quiere que se salven, que no mueran, pero... pero que no vengan, que se vayan, que desaparezcan, que no existan y que no tengamos que verlos en la tele, y menos en nuestras calles, con sus mantas, en el metro, o en las escaleras de nuestras casas.

Algunos de forma irresponsable promueven el miedo a “los otros”, “los ilegales”, “los que vienen a vender sin licencia”,” a gastar nuestra sanidad”, “a quedarse nuestras ayudas”, “a ocupar nuestras plazas de colegio”, “a pedir”, “a mendigar” “a delinquir”...

Pero el miedo es sólo eso: miedo. Nuestro miedo a vivir un poco peor contra su miedo a no sobrevivir. Nuestro miedo a tener que compartir una pequeña parte del bienestar contra su miedo al hambre y a la muerte, tan profundo que les ha dado el valor de arriesgarlo todo, para venir sin otro equipaje que el propio miedo.

Miedo contra miedo. Y el suyo es más fuerte. Así que Europa, europeos: abramos los ojos. No va a haber suficientes muros ni alambres que paren esto. Ni gases lacrimógenos ni pelotas de goma. O abordamos un drama humano desde la capacidad de amar que nos hace humanos, o acabaremos todos deshumanizados. Y habrá más muertos, muchos más. Ésta no es una batalla para protegernos de “los otros”. Ahora mismo esto es una guerra contra la vida.

Que los gobiernos dejen de amenazar con el “Efecto llamada”. Lo que necesita Europa, urgentemente, es una “Llamada al afecto”, una llamada a la empatía. Podrían ser nuestros hijos, hermanas o madres. Podríamos ser nosotros, como también fueron exiliados muchos de nuestros abuelos.

Aunque se trata de un tema de competencia estatal y europea, desde Barcelona haremos todo lo que podamos para participar de una red de ciudades-refugio. Queremos ciudades comprometidas con los derechos humanos y con la vida, ciudades de las que sentirnos orgullosos.”

Ruego al Sr. Presidente y al resto de miembros de esta Corporación que tomen conciencia de lo que está sucediendo en el Mediterráneo, donde nos encontramos con la mayor crisis de refugiados desde la 2ª Guerra Mundial e impulsen decididamente propuestas para apoyar los derechos humanos y el refugio de las familias que están sufriendo los horrores de las guerras en el norte de África y oriente medio.

El Sr. Presidente dijo que tomaba nota.

D. Manuel Hernández Pérez hizo uso de la palabra para efectuar el siguiente ruego:

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“Consideramos que la actuación de la Institución IFESA, cuya presidencia corresponde al Presidente de la Diputación Provincial, como determinan los Estatutos de IFESA, al ser esta la de mayor representación, no ha sido la más adecuada ni en las formas ni en los hechos. Por ello rogamos:

Primero.- Que se nos informe de todo el proceso seguido y qué razones han existido para llegar a esta situación.

Segundo.- Que si ello es posible se reconsidere la situación planteada y se llegue a un acuerdo con los trabajadores despedidos, antes de seguir con procesos judiciales, que seguro que serán contrarios a los intereses de la Diputación”.

El Sr. Presidente dijo que tomaba nota, aunque matizó que la Diputación no era la Institución que más porcentaje tenía, que era el mismo que el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio.

D. Jesús de San Antonio Benito hizo uso de la palabra al hilo de la moción sobre la mina de Retortillo para rogar, que si desde Diputación se podía pedir a los alcaldes y ayuntamientos de los municipios cercanos a Retortillo y Villavieja de Yeltes, opinión sobre la apertura de la mina de uranio, en uso de la autonomía municipal que ellos defendían, dado que se trataba de una asunto que transcendía a esos dos municipios.

El Sr. García Sierra contestó que el principio de autonomía local decía que el proyecto lo habían planteado los ayuntamientos y habría que hablar con los municipios que habían propuesta la iniciativa, pues si se hacía la consulta, qué se les iba a decir a esos municipios. Los ayuntamientos afectados seguro que estarán escuchando lo que se diga en la zona.

El Sr. de San Antonio Benito dijo que se trataba de una instalación que podría crear riqueza pero no a cualquier precio, pues en esa zona se vivía de la agricultura y ganadería y el proyecto implicaba un gran corrimiento de tierra y había que posicionarse de uno u otro lado y por eso quería preguntar al Diputado Delegado de Medio Ambiente, qué opinaba del proyecto.

El Sr. Presidente contestó que el Diputado de Medio Ambiente, no estaba allí para opinar de cuestiones que no eran de su competencia, pero seguro que después de la sesión le podría dar su parecer.

El Sr. Hernández Pérez hizo uso de la palabra para efectuar el siguiente ruego:

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“En el pasado Pleno, por parte del Equipo de Gobierno se nos dijo, que de forma inmediata se pasaría a los Grupos Políticos, en la situación que se encontraba la redacción del proyecto de “ acondicionamiento de la línea férrea La Fregeneda-Barca DÁlva”, dotado presupuestariamente con 800.000 €.

Como quiera que transcurrido un mes, no tenemos ninguna noticia, ni se ha llevado a ninguna comisión informativa, mucho nos tememos que se esté dando largas al asunto, para que transcurrido el tiempo, no se pueda contratar ni ejecutar el proyecto y el importe destinado para esta obra de gran necesidad sobre todo para la zona, no se realice en el ejercicio presupuestario.

Por ello ROGAMOS se confeccione de forma inmediata el proyecto, del que deberíamos tener copia los Grupos Políticos, al objeto de si es necesario aportar nuestras propuestas o sugerencias.

Todo ello en consonancia con lo que determina la base 60º de ejecución del presupuesto que textualmente dice “Las dotaciones presupuestarias que se hallen relacionadas en el anexo de inversiones, deberán concretarse en proyectos específicos antes de proceder a actos de autorización y disposición presupuestaria, no teniendo hasta ese momento efectividad la vinculación jurídica prevista en el anexo”.”

D. Carlos García Sierra contestó que en próximas comisiones se informaría y se pondría a disposición el proyecto, que estaba bastante avanzado aunque había que rematar, para que se pudieran hacer aportaciones.

Y sin más asuntos de que tratar, a las quince horas el Sr. Presidente declaró terminada la sesión, extendiéndose la presente Acta que firma conmigo el mismo y de cuyo contenido, como Secretario doy fe.

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO,

DILIGENCIA.- Para hacer constar que este Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día treinta y uno de Agosto de dos mil quince, contiene cuarenta y dos folios, numerados del al y foliados del cuatrocientos veintiocho al cuatrocientos sesenta y nueve.

EL SECRETARIO GENERAL,