81-82 · Margarita Mateo entre el ensayo y la ficción Daniel Díaz Mantilla 81-82 enero-junio...

ENFOQUE¿Qué son los Estados Unidos?

Una mirada latinoamericana sobre los Estados Unidos y su sistema político / 4

Luis MairaComentario sobre la crisis

del sistema político norteamericano / 11Soraya M. Castro Mariño

Estados Unidos: ideología y política en tiempos de transición / 16

Jorge Hernández Martínez

La seguridad nacional estadounidense y las tecnologías de la información / 25

Abraham R. WagnerComentario sobre seguridad nacional

y las tecnologías de la información / 33Carlos del Porto Blanco

La misión y la naturaleza de los medios de difusión del mainstream / 36

Paul Louis Street Comentario sobre medios

y esfera pública en los Estados Unidos / 45Raúl Garcés Corra

Apuntes sobre los dilemas de la economía política estadounidense / 53

Víctor M. GodínezComentario sobre la sostenibilidad

en la economía política norteamericana / 58Ariane van Buren

Estados Unidos: una nación de naciones / 61 Patricia de los Ríos

Comentario sobre la cuestión migratoria en los Estados Unidos / 67

Antonio Aja Díaz

73 / ¿Qué significan los latinos en los Estados Unidos?Carlos Heredia Zubieta

81 / La política de la identidad y el voto latino en los Estados UnidosArturo Santa Cruz89 / Comentario sobre la política de la identidad y el voto latino en los Estados UnidosJesús Arboleya

91 / La política de los Estados Unidos hacia Cuba: formación, factores y fantasmasSoraya M. Castro Mariño, Jorge Mario Sánchez Egozcue, Rafael Hernández

CONTROVERSIA111 / Veinte años: la reforma constitucional (1992-2012)Orlando Cruz, Julio César Guanche, Ulises Aquino, Rafael Hernández (moderador)

ENTRETEMAS125 / Políticas nacionales de comunicación en el nuevo modelo cubanoRafael Ángel Salazar Martínez y colaboradores

133 / Rodolfo Walsh: en busca de la palabra ajenaCelina Fernanda Ballón Patti

141 / C. Wright Mills: el profeta olvidadoRicardo Alarcón de Quesada

149 / La URSS y el sistema-mundo. La formación soviética ante el capitalismo globalIván Felixovich León Zhukovskii

LECTURA SUCESIVA158 / ¿«Cubanólogos» o cubanistas?Carmelo Mesa-Lago

165 / La voz venezolana de Nicolás Guillén. Apuntes sobre su identidad latinoamericana Norberto Codina

171 / Las Antillas hispanas y el azúcarJuan Valdés Paz

174 / Escribir en crisis. Margarita Mateo entre el ensayo y la ficciónDaniel Díaz Mantilla

81-82e n e r o - j u n i o 2 015

Temas es una publicación trimestral, dedicada a la teoría y el análisis de los problemas de la cultura, la ideología y la sociedad contemporáneas. Está abierta a la colaboración de autores cubanos, caribeños, latinoamericanos y de otros países. Los artículos expresan la opinión de sus autores.

No se devuelven originales no solicitados. Prohibida la reproducción sin autorización de los artículos publicados en Temas por primera vez.

Este número de Temas fue posible gracias a la contribución del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard.

Fotomecánica e impresión: Imprimerie l’Artographe,Mont-Laurier (Quebec), Canadá.

ISSN 0864-134x. Inscrita en el Sistema de Publicaciones Seriadas Científico-Tecnológicas, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA). Registro #0616307-2007

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A menudo se reducen los Estados Unidos a la proyección del imperialismo, y se olvida que es un país y una nación, con una historia, una sociedad, un sistema político y una cultura cívica particulares. Resulta común también limitar la política norteamericana a su dimensión ideológica, de manera que los factores específicos que forman esa política, y explican su razón de ser se resuelven con un formulario de sentencias codificadas. Esta entrega de Temas procura rebasar ese reduccionismo, adentrarse en la complejidad de los Estados Unidos, desde la perspectiva de las ciencias sociales, y proveer una visión actualizada sobre algunos problemas principales del país real. Se armó a partir de un taller de autores celebrado en marzo de 2015, coauspiciado por la red de Relaciones Internacionales de América Latina (RIAL), donde participaron conocidos analistas, provenientes de los Estados Unidos, México, Chile, Argentina y Cuba. Temas agradece a Luis Maira, coordinador de RIAL y fundador del antiguo Instituto de Estados Unidos del CIDE, por su colaboración decisiva en la organización y realización de este taller; a la oficina cubana de OXFAM Canadá, a la Fundación Christopher Reynolds y a la Fundación Threshold, por su apoyo; y a los autores e investigadores especialmente invitados que debatieron los ensayos publicados en su versión de borradores. De manera excepcional en un número de Temas se incluyen algunos de esos comentarios, que aportan valor agregado a la comprensión sobre los problemas norteamericanos. El análisis crítico informado sobre esa agenda, naturalmente, rebasa estas páginas. Estas solo intentan una modesta contribución a los estudios norteamericanos y su difusión, en un momento histórico clave para el hemisferio que compartimos.

¿Qué son los Estados Unidos?

4 Luis Maira

Una mirada latinoamericana sobre los Estados Unidos y su sistema político

Luis MairaConsejo de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe (RIAL).

Una de las grandes insuficiencias en las ciencias sociales de América Latina en el siglo xx fue el estudio de los Estados Unidos. Esto se hizo mucho más nítido desde el fin de la Segunda

guerra mundial, cuando ese país se convirtió en la primera superpotencia del mundo, lo que dio inicio a las casi cinco décadas de enfrentamiento con la Unión Soviética sobre proyectos de civilización —del que formó parte la Guerra fría—, cuando América Latina fue siempre un área de influencia preferente para el gobierno de Washington.

El único campo en el que hubo amplios estudios fue el de las relaciones internacionales bilaterales de cada uno de los veinte países latinoamericanos con la potencia del norte. En cambio, fue particularmente deficitario el trabajo, tanto en la docencia como en la producción académica, acerca de lo que ocurría dentro de ese país y, en especial, de la lógica del funcionamiento de su sistema político y del proceso de toma de decisiones de su política exterior.

En nuestra región abundaron los ensayos y proyectos antimperialistas, pero se mantuvo constante ese déficit del conocimiento acerca de la forma en que se adoptaban las decisiones en la Casa Blanca, el Capitolio y los mayores estados de la Unión, así como del quehacer y la influencia de los principales actores privados: las grandes empresas, los medios de comunicación, las iglesias, las más importantes universidades, las minorías étnicas y otros grupos activos que participaban e influían en los debates sobre las cuestiones internacionales. Semejante vacío tuvo un costo elevado para la defensa de nuestros intereses, particularmente en las situaciones de crisis que vivieron

n. 81-82: 4-10, enero-junio de 2015

5Una mirada latinoamericana sobre los Estados Unidos y su sistema político

varios países latinoamericanos con las autoridades de Washington, que el Departamento de Estado llamaba test cases (CIDE, 1981; Maira, 2014a; 2014b).

Solo dos países pueden considerarse excepciones dentro de esta tendencia: México y Cuba. Ambos tuvieron razones distintas, pero poderosas, para emprender dicho esfuerzo. México, por sus 3 200 kilómetros de frontera, que marca una separación no solo de dos países, sino entre «dos mundos», en esa época conocidos como el del desarrollo y el del subdesarrollo. Cuba, en cambio, actuó acuciada por el incesante conflicto iniciado pocos meses después del triunfo de la Revolución cubana y que tuvo en el Ejecutivo y el Congreso estadounidense un tratamiento particularmente implacable. Ello obligó a los especialistas del gobierno cubano y a sus académicos a realizar un aprendizaje consistente de lo que ocurría en la Unión Americana, que se llevó a cabo, primero, en el Centro de Estudios sobre América, adscrito al Partido Comunista y luego se fue extendiendo a diversos círculos universitarios hasta llegar a la comprensión sofisticada que hoy tienen del decision making process de ese país (Hernández Martínez, 2008; Arboleya Cervera, 2013; Sánchez-Parodi, 2014; Morales y Ramírez, 2015).

La verdad es que, para entender a los Estados Unidos y lo que ocurre «adentro» de su régimen político, un latinoamericano debe comenzar por asumir las distintas lógicas que tienen nuestras respectivas historias. Un hito orientador al respecto es el profundo estudio que los historiadores Lewis Hanke (1966), de la Universidad de Columbia, y el mexicano Edmundo O’Gorman realizaron a finales de los años 50, para confirmar las diferencias entre las dos Américas: la anglosajona y la latinoamericana. La conclusión de estos trabajos acerca de las distintas racionalidades de ambas en cada período —el de los pueblos originarios, el del dominio de los conquistadores europeos y el de la existencia independiente de los Estados— prevalece hasta hoy con pocos reparos. Por eso, una primera exigencia para cualquier especialista de nuestra región que se interese por comprender el sistema político norteamericano es olvidar cómo se organiza el poder y se decide las políticas en cualquiera de nuestros países, porque eso solo conduciría a distorsiones y errores.

Lo cierto es que la historia original de América Latina da fe de civilizaciones y culturas muy avanzadas como la maya, la inca, la olmeca o la azteca; mientras que en la costa y el interior de Norteamérica había escaso poblamiento y casi ninguna cultura significativa. Luego, en los dominios españoles, y también en los de Portugal, hubo un fuerte control de las coronas y un manejo burocrático centralizado en torno a virreinatos y capitanías generales. En el caso de España, las políticas

eran decididas por el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. A eso se agregó el peso de la evangelización católica.

En las trece colonias, entre tanto, prevaleció la lógica privada de las compañías colonizadoras, que reclutaban directamente a los migrantes que, tras una etapa ardua de trabajo al servicio de estas, se convertían en agricultores independientes. Además, tuvieron una fuerte tradición de autogobierno en el ámbito local. Esto explica bien su proceso de independencia y su capacidad para rebelarse contra medidas de la Corona inglesa que los afectaban. El proceso de creación de los Estados latinoamericanos fue más confuso y llevó a resultados fragmentarios.

Los trece futuros integrantes de la Unión Americana crearon la «primera nación moderna» (Lipset, 1992), inspirada en el desarrollo del capitalismo —cuya edificación se había iniciado en Inglaterra en el siglo xvi—, con componentes financieros y una efectiva acumulación originaria. Se beneficiaron de la ausencia de todo pasado feudal y de sus conflictos. Los americanos del norte creyeron siempre en la primacía de esa forma de organización productiva y han conocido en su historia un solo modo de producción, el capitalista. Del mismo modo, se inspiraron en el pensamiento político más avanzado de su tiempo: la teoría liberal; y nunca se han apartado de las formas de gobierno democrático-representativas que consideran, junto con la economía de mercado, la base de una nación superior. En el camino, los Padres Fundadores aportaron numerosas creaciones al funcionamiento de los sistemas políticos: la organización republicana, el régimen presidencial, el Estado federal, un sistema de controles entre los poderes públicos (checks and balances) para impedir la amenaza de un Leviatán descontrolado, y buscaron tener una Constitución breve y estable para conducir el país. Entendieron que con el federalismo habían instituido dos circuitos de poder y buscaron, igualmente, el balance entre el poder federal de las instituciones de Washington y el que acumulaba la suma de los estados de la Unión. Esto hizo que desde muy temprano se consideraran constructores del régimen político más perfecto que ha existido sobre la faz de la tierra y se creyeran dotados, en virtud de esta superioridad, de un «destino manifiesto».

Pero en la formación de los Estados Unidos quedaron, también, importantes cuestiones pendientes, la más importante de las cuales fue la definición del proyecto de desarrollo del nuevo país. Esto originó un largo debate entre un modelo inspirado en la naciente revolución industrial, de carácter urbano y manufacturero, y otro basado en una agricultura moderna, centrado en la plantación, que sostuvieron los dirigentes de los estados del sur. Esto último

6 Luis Maira

conllevaba el mantenimiento de lo que, elípticamente, los historiadores de la época llamaron la «institución peculiar», que no era otra cosa que conservar una mano de obra esclava para dar viabilidad a los cultivos de algodón y tabaco que prevalecían en la economía sureña. Esta discrepancia abierta, en torno a fórmulas incompatibles, acabó por producir, en 1861, la más grave fractura en la historia del país: la guerra civil, que decidió y encabezó el presidente Abraham Lincoln.

En los países ubicados al sur del río Bravo, en cambio, la independencia tuvo un sesgo muy distinto. En lugar de ser encabezada por expertos en la «ciencia del gobierno», como Jefferson, Hamilton o Madison, nuestros Padres de la Patria fueron líderes militares que encabezaron una lucha armada, bastante más compleja y prolongada, que comenzó en 1809 y solo se decidió en la batalla de Ayacucho, en 1824. Luego, sin voluntad para asumir el proyecto integrador de Bolívar en el Congreso Anfictiónico de Panamá, en 1826, nuestras naciones se fragmentaron hasta dar lugar a dieciocho Estados, surgidos de los antiguos dominios españoles, y el vasto territorio portugués que dio origen a Brasil, los cuales se sumaron al pionero esfuerzo que, en 1804, había dado forma a Haití, el primer Estado independiente de la región latinoamericana y caribeña.

En el examen de lo ocurrido en los Estados Unidos en el siglo xix, un aspecto central tiene que ver con la comprensión de los orígenes y desarrollo del proyecto imperial norteamericano. En las versiones históricas más tradicionales y difundidas se sostiene que ese país mantuvo, hasta la guerra contra España de 1898, una política exterior aislacionista, en la que solo buscó la consolidación y ampliación del proyecto salido del acuerdo de las trece excolonias del Atlántico, con un claro énfasis en el afianzamiento de su sistema político, de cuya superioridad, respecto a la de sus congéneres europeos, sus gobernantes no tuvieron nunca dudas. En esta interpretación se considera como una clave fundamental el discurso de despedida de la presidencia (Farewell Address) de George Washington, en 1796 (Washington, 2015). El primer presidente norteamericano exhortó a sus compatriotas a no inmiscuirse en los conflictos internacionales de su tiempo, que tenían como teatro a Europa occidental y aprovechar, en cambio, las ventajas de la distancia, posición geográfica y «el espléndido aislamiento» del nuevo Estado para perfeccionar un modelo económico que les permitiera combinar la diversidad y monto de sus recursos naturales y materias primas en un territorio en expansión (principalmente tranquila) con un desarrollo industrial acelerado. Eso les fue permitiendo avanzar, simultáneamente, en los procesos de invención e innovación tecnológica.

En esta lectura de un vuelco inicial hacia adentro se presta gran atención al dilema de mantener o abolir la esclavitud, tema en que la contraposición de intereses de los estados industriales del norte y los agrícolas del sur dominó, claramente, el escenario desde principios de la década de los 20 del siglo xix, hasta que se llegó al acuerdo de interrumpir el ingreso de nuevos Estados a la Unión, a menos que se hiciera en parejas, donde uno era abolicionista y el otro se oponía a esta medida, con lo cual se mantenían precariamente las bases de un consenso nacional difícil. En esta misma interpretación, sus sostenedores explican la ausencia de un mayor involucramiento internacional, luego del término de la Guerra de secesión, por la situación del debilitamiento de la presidencia que siguió al asesinato de Abraham Lincoln en 1865. Por única vez en su historia, los Estados Unidos tuvieron un poder ejecutivo precario frente a un Capitolio muy fuerte (Zakaria, 2000). Hubo una sucesión de presidentes sin gran fortaleza, como Andrew Johnson, Chester Arthur o Benjamin Harrison. Además, en dos ocasiones, en 1876 y 1888, fueron elegidos con minoría en el voto popular, en virtud de uno de los defectos del sistema político: la elección indirecta por el Colegio Nacional Electoral. Estos gobernantes, efectivamente, carecieron de condiciones para reflejar en el mundo el peso creciente del país en los asuntos globales, concentrándose en la acelerada expansión que la economía norteamericana viviera en esas décadas, hasta convertirse en la primera potencia industrial del planeta a comienzos de la década de los 90 del siglo xix, desplazando a Gran Bretaña.

Frente a esta lectura predominante, existe una segunda a la que me adhiero. De acuerdo con ella, la Unión Americana tuvo, desde sus orígenes y en todo momento, un proyecto imperial, solo que este tuvo un curso heterodoxo y se fundó en la idea de dar al gobierno de la nueva nación una completa autonomía frente al desgaste que le habría ocasionado una participación temprana en los conflictos europeos, los cuales definían la hegemonía internacional de la época. En esta interpretación, las recomendaciones del Farewell Address de Washington tienen que ser vistas como una prevención de riesgos que se debían evitar, y la invitación a un curso original y distinto, que efectivamente se siguió. La clave de esta opción fue pasar de un país de territorio mediano —las Trece Colonias tenían un poco más de 800 000 km2 en una franja del Atlántico norteamericano— a un país de tamaño continental y a la vez bioceánico. La ejecución de esa tarea —imperial en su esencia— tomó los dos primeros tercios del siglo xix e hizo crecer doce veces la superficie de los Estados Unidos. Se trata de una secuencia conocida, que combinó el aprovechamiento de las urgencias económicas de las potencias de Europa —de ese modo se compró a Napoleón, en 1804,


el amplio territorio de Luisiana; y la desprotegida superficie de Florida a España, en 1819; se tomó el incontrolable enclave de Oregon en 1846, y se adquirió, también por compra, la gran superficie de la Alaska de los zares en solo 7,2 millones de dólares de la época.

Complementariamente, y ya en el terreno del conflicto, la decisiva marcha hacia el oeste, emprendida hacia comienzos de los años 30, implicó numerosas guerras con los pueblos originarios del centro y el oeste norteamericanos, a los que se eliminó o confinó, luego de ejercer el predominio de las armas. En la misma dirección hay que entender el apoyo del gobierno de Washington a la autonomía de Texas, emprendida por Samuel Houston en 1836, antecedente decisivo de la guerra contra México de 1847, donde los efectivos norteamericanos llegaron a ocupar la ciudad de México, frente a la total debilidad en la que había caído el país bajo la conducción caudillista de Antonio López de Santa Anna. El tratado de Guadalupe-Hidalgo, en 1848, formalizó la integración a territorio norteamericano de Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y California, unos dos millones de kilómetros cuadrados.

Si interpretamos todos estos episodios como parte de un esfuerzo intencionado y sistemático, el ascenso imperial de los Estados Unidos tiene que ser visto como un diseño concebido en sus orígenes, que dio lugar a un proyecto imperial único ejecutado en dos fases: una de incesante expansión de su territorio propio y otra de ejercicio global del poder internacional acumulado en la primera etapa, lo que ocurre efectivamente cuando al derrotar a España, luego de entrometerse en la independencia de Cuba, cierra el ciclo de la decadencia del Imperio español y obtiene el control de Puerto Rico en el Caribe y de las Filipinas y las islas Guam en el Pacífico asiático. Desde ese momento, ya no caben dudas ni de la magnitud de la hegemonía internacional norteamericana ni de la existencia de un proyecto imperial en expansión.

A partir de ese escenario, que llevó, en el Departamento de Estado, al uso de la expresión mare nostrum para referirse al Caribe, se hizo todavía más clara la significación de Cuba como un objetivo estratégico inmediato de la política exterior norteamericana. El debate sobre el valor de la Isla y la conveniencia de anexarla venía desde la época del establecimiento de los Estados Unidos y hay referencias a ello del propio Thomas Jefferson. El asunto volvió a plantearse a comienzos de los años 30, en la Administración del presidente Andrew Jackson, y se convirtió en un punto central en la plataforma del Sur durante la Guerra de secesión. Igualmente, formó parte constante del debate con posterioridad a esta y eso explica los amplios preparativos que permitieron la rápida incursión norteamericana después del episodio del estallido del Maine. El virtual protectorado que

limitó la soberanía de Cuba con la Enmienda Platt y la existencia permanente de regímenes políticos autoritarios o semidemocráticos en la Isla hasta 1959, explican la legitimidad que tuvo el conflicto entre el gobierno de Fidel Castro y los ocupantes de la Casa Blanca, acentuado por el dilema ideológico de un modelo antagónico al capitalista, que planteaba el programa de la Revolución cubana.

Los titulares de la Casa Blanca, desde la proclamación del «corolario Roosevelt» (Roosevelt, 2015), tuvieron cuidado, sin embargo, de no repetir el modelo de dominación colonial que Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros países europeos habían establecido. Más que ocupar naciones extranjeras de otras características, y administrarlas en forma directa, los Estados Unidos prefirieron imponer el comercio y la inversión extranjera y el ejercicio de un poder imperial exento de los costos de la gestión gubernamental. Inicialmente, se conformaron con seguir siendo —pese al poderío que mostró al definir, con sus contingentes, la Primera guerra mundial, en 1918— una potencia regional con fuerte influencia en América Latina y Asia, donde ya tenía ventajas de todo tipo frente a las potencias colonizadoras europeas. De este modo, no fue sino hasta su enorme victoria en la Segunda guerra mundial, tanto en los frentes europeos como los del Pacífico, cuando llegó a ser la primera superpotencia del mundo, habiendo mantenido la totalidad de su territorio fuera del teatro de la guerra, lo que le permitió controlar la mitad de la economía mundial hacia 1945.

En esta segunda versión de su trayectoria imperial, que ubica sus orígenes en la penúltima década del siglo xviii, la primera fase concluyó al finalizar la segunda conflagración mundial del siglo xx, cuando los Estados Unidos se mantuvieron lejos del escenario bélico y sus enormes destrucciones, y llegaron a un cenit del poderío imperial que no había conocido antes ningún otro hegemon.

A la luz de esta trayectoria de su política exterior, resulta muy importante entrecruzar las etapas de esta con las transformaciones internas del régimen político consagrado en los Consensos de Filadelfia.1 A este respecto, lo más importante es subrayar que los Estados Unidos han mantenido un marco político institucional muy estable, pero, a la vez, han desarrollado enormes transformaciones en las formas de funcionamiento de su gobierno, a partir de pautas aconsejadas por su desarrollo político, que no han afectado, necesariamente, el marco de su ordenamiento jurídico central.

La Constitución norteamericana de 1787 ha sido definida siempre como la «carta de navegación» de su trayectoria política. En efecto, es un texto breve que

8 Luis Maira

sustenta los grandes principios que han edificado la nación, sin entrar en detalles sobre el funcionamiento de los poderes públicos ni sobre el ejercicio de las garantías fundamentales (la mayoría de estas modificaciones contenidas en el Bill of Rights de 1791 (U. S. National Archives..., 2015),2 que conviene entender como un anexo a las normas del Congreso Constituyente de Filadelfia). Esto explica que tenga una vigencia de más de 225 años, habiendo experimentado solo veintisiete enmiendas, que en verdad son quince, si descontamos las diez primeras del Bill of Rights y la anulación de la Enmienda XVIII, que en 1919 estableció la Ley Seca, que fue suprimida por la Enmienda XXI de 1933.

Entre tanto, el régimen político efectivo del país ha vivido enormes ajustes. En la primera época, y en parte por el temprano desarrollo de los partidos políticos estadounidenses, el gobierno y la administración pública fueron vistos como un verdadero botín que quedaba en manos de la fuerza política vencedora. La culminación de esta práctica se produjo en el gobierno de Andrew Jackson, período que los expertos definen como el spoil system, algo completamente disfuncional en una buena gestión gubernativa. Así, fueron el progreso productivo y el crecimiento económico norteamericano los que presionaron por una mejor forma de administración, criterio que se afianzó al término de la guerra civil, dando lugar a normas que implantaron una administración civil del Estado que buscó afianzar la estabilidad y el mérito de los servidores públicos. Esto tuvo, con el pasar del tiempo, un efecto político pendular, en la medida que dentro de los diversos departamentos y agencias del Estado emergió un poder burocrático cada vez con más fuerza frente a las autoridades políticas emanadas del voto ciudadano.

A medida que avanzó el siglo xx, en Washington se consolidó lo que se conoció como «el gobierno permanente». Esto fue especialmente nítido en la formación de la política exterior, al crear áreas de autonomía del Departamento de Estado en decisiones muy importantes. En este surgieron doctrinas y visiones que eran trasmitidas de una generación de funcionarios a la siguiente, y sobre esa base se adoptaban, de manera casi automática, muchas decisiones, sin considerar necesariamente el parecer del Presidente de la República y del Secretario de Estado. La Casa Blanca pasó a ser, así, un lugar lleno de atribuciones nominales que no tenía posibilidad de ejecutar, lo cual debilitaba su capacidad para cumplir las promesas ofrecidas a la nación.

Esta situación llevó las cosas a un punto crítico luego de 1929, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt buscó, en 1933, dar un turning point al manejo de la Gran Depresión a través del New Deal, y encontró oposición, entre otros lugares, en la administración central del Estado. Esto dio lugar a un segundo «ajuste fáctico» del funcionamiento político del gobierno norteamericano. Apenas iniciada su segunda administración, en enero de 1937, Roosevelt estableció una Comisión destinada a reorganizar el trabajo de la presidencia, cuya conducción encomendó a uno de sus asistentes de mayor confianza, Louis Brownlow. Este entregó, en 1939, el llamado Brownlow Report, fundamento de la mayor transformación que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos (74th Congress..., 1937).

La aplicación de estas recomendaciones dio origen —en la Casa Blanca— a la Oficina Ejecutiva del presidente, que los expertos en regímenes políticos comparados han llamado «la presidencia personal». A partir de la verificación de que el presidente de la República necesitaba contar con una amplia asesoría y orientación especializada para la adopción de las políticas públicas en su entorno inmediato, esa Oficina fue creando una diversificada red de asesores. Al término de la Segunda guerra mundial —ya bajo la conducción de Harry S. Truman— la Oficina pasó a controlar un tejido de fuertes entidades públicas de coordinación de las distintas esferas especializadas del Poder Ejecutivo. Así se crearon organismos como el Consejo de Seguridad Nacional, la Oficina de Administración de Presupuesto, el Consejo de Asesores Económicos y, en tiempos de John F. Kennedy, la Oficina del Representante Presidencial para las Negociaciones Comerciales Internacionales. Estas acabaron por darle al jefe de Estado un efectivo control de la marcha del país, pues donde antes se producía el choque de equipos burocráticos profesionales, vinculados a políticas públicas cercanas, que originaban una disputa administrativa, ahora se establecía una autoridad central subordinada directamente al presidente, que dirimía, conforme a la opinión de este, las diferencias producidas. En los hechos, la suma de poderes y capacidades situados en la Casa Blanca acabaron por controlar las determinaciones de las burocracias especializadas, repartidas en los departamentos y otros servicios públicos.

Esta tendencia al fortalecimiento del gobierno en el ajuste del sistema político coincidió con el tremendo aumento de la hegemonía internacional

Para entender a los Estados Unidos y lo que ocurre «adentro» de su régimen político, un latinoamericano debe comenzar por asumir las distintas lógicas que tienen nuestras respectivas historias.


norteamericana en el inicio de la segunda posguerra. Para manejar la disputa global con la Unión Soviética, que incluía dos visiones diferentes del mundo y de la historia, el presidente de los Estados Unidos pudo construir lo que se denominó un bipartisan approach que le permitió ejercer, en forma efectiva, el liderazgo en la conducción internacional de su país. Tal conglomerado de atribuciones introdujo la expresión «presidencia imperial», que luego el historiador y cientista político Arthur Schlesinger recogiera en el título de su famoso libro The Imperial Presidency (1973). En este, argumenta acerca de la supremacía definitiva del gobierno sobre el Congreso, dando una especial relevancia a las atribuciones otorgadas por la War Power Resolution que suprimió, en la práctica, la declaración formal de guerra que antes sancionaba el Capitolio.

Como quiera que sea, después de 1945 se rompió el equilibrio buscado por los Padres Fundadores: en el gobierno central, ahora prevalece el Ejecutivo sobre el Legislativo; al mismo tiempo, en la Administración Federal, los poderes de Washington predominan ampliamente sobre la autoridad de los estados.

Pero, de acuerdo con una mirada histórica, tampoco esta forma de gobernar, consagrada a principios de la Guerra fría, ha perdurado, y especialmente a partir de la severa triple crisis de comienzos de los años 70 —Watergate, la derrota en Viet Nam y la recesión del Stagflation—, se han producido nuevos reajustes que han complicado el funcionamiento práctico del gobierno. La introducción de la discusión acerca del tamaño del Estado —big vs. small State—, clave en el ascenso del pensamiento neoconservador y de la administración Reagan, ha roto los acuerdos esenciales del período previo y ha introducido factores de polarización política que dificulta el trabajo de cualquier administración, con independencia de sus preferencias políticas. Este cuadro de fragmentación del poder y de una creciente dificultad en la construcción de los acuerdos ha prevalecido a lo largo de la posguerra fría y plantea, cada vez más, incertidumbres acerca de la vigencia del ordenamiento institucional, que sigue siendo considerado por los norteamericanos —pese a sus fragilidades— como la mejor forma de organización del gobierno.

Esto nos trae al momento actual en que, examinando a los Estados Unidos desde América Latina y con nuestra mirada, resulta indispensable actualizar nuestras anteriores visiones.

En esta perspectiva, el período de la posguerra fría, iniciado en 1991 con el fin de la Unión Soviética, tiene una lógica curiosamente paradojal. En los inicios de esta etapa, pareció que entrábamos a un momento unipolar en el que los Estados Unidos prevalecían como la única superpotencia global. Fue cuando

Francis Fukuyama (1992) hizo su profecía del «fin de la historia» y los expertos internacionales hablaron de un largo período de unipolar politics (Kapstein y Mastanduno, 1999). La predicción era que casi todos los países de la tierra se homologarían con las propuestas norteamericanas de la economía de mercado y la democracia representativa, casi como una consecuencia automática del fin del comunismo. Pero ese fue un momento extraordinariamente fugaz. Los impresionantes atentados del 11 de septiembre de 2001 —apenas una década después— remplazaron ese clima por uno de máxima inseguridad interna, que llevó a George W. Bush a proclamar la «guerra contra el terrorismo», las internaciones militares preventivas y un regreso a la centralidad de los esquemas de seguridad nacional. Luego, cuando todavía se vivían los tropiezos de las invasiones militares de Afganistán e Irak, la gran recesión producida tras la quiebra del Banco Lehman Brothers, en septiembre de 2008, planteó para los Estados Unidos nuevas dificultades para el sostenimiento y ejercicio de su posición hegemónica internacional.

La única certeza que deja la situación actual, que parece abierta a tantos escenarios y cursos posibles, es que el papel de los Estados Unidos como primera potencia del mundo se irá ajustando gradualmente a una línea de disminución de sus capacidades productivas y ventajas tecnológicas, y que dispondrá de menos poder y hegemonía en un sistema internacional sin una gobernanza alternativa clara. Así como el mundo de la segunda posguerra mundial tuvo un orden económico global establecido en Breton Woods, en 1944,3 y un sistema político estructurado en la Conferencia de San Francisco, en 1948,4 con la creación de Naciones Unidas —ambos funcionales a la hegemonía de Washington— hoy día, en que ambas regulaciones son obsoletas, no se avizora la implantación de un orden internacional de remplazo, lo que nos coloca en medio de una prolongada y compleja transición.

En este contexto, América Latina es una región muy distinta de la que era hace siete décadas y a sus países se les plantean otras opciones hacia la búsqueda de experiencias de cooperación e integración regional que redefinan apropiadamente los vínculos con la potencia hegemónica del norte. También para esto y para encarar las negociaciones que vienen, debemos entender bien lo que ocurre dentro del sistema político y la arquitectura que irá adquiriendo la política exterior de los Estados Unidos.

Notas

1. La redacción de la Constitución de los Estados Unidos en 1787 en Filadelfia representó las bases de un verdadero «contrato social» por la activa participación de sus 55 miembros. Esto, y el buen

10 Luis Maira

conocimiento de los temas de «la teoría del gobierno» que tenían muchos de los redactores de la Constitución, explica la fuerza y duración del mito de creación de un régimen político perfecto, que surgió como resultado de este suceso.

2. El episodio de la implantación de la Ley Seca, por un lapso de catorce años, no solo fue una operación completamente fallida, sino que confirmó la inconveniencia de reflejar los climas morales de una coyuntura y sus orientaciones en el marco institucional más permanente de un país. Este episodio ha servido como argumento para no introducir nuevos asuntos en la Constitución, aunque estos tengan un gran apoyo en un momento determinado.

3. La reunión de Breton Woods, que se efectuó en instalaciones hoteleras del Estado de New Hampshire, del 1 al 22 de julio de 1944, marcó el momento en que la principal potencia vencedora de la Segunda guerra mundial, los Estados Unidos, aseguró su hegemonía económica futura, mediante la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

4. Se realizó entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945 en San Francisco, los Estados Unidos. Igualmente, la ONU reflejó la posición dominante de la Unión Americana en la segunda posguerra, bien reflejada en el derecho al veto que estableció en el Consejo de Seguridad, junto a tres de sus principales aliados: Gran Bretaña, Francia y, hasta 1971, China Nacionalista.

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, 2015

11Comentario sobre la crisis del sistema político norteamericano

Después del brillante texto de Luis Maira, que resume casi 225 años de historia y política de los Estados Unidos de América, me referiré a algunas características actuales, a lo que

en su presentación Maira define como la adaptación del sistema político a través de la práctica versus la estabilidad normativa de la Constitución de 1787 y su establecida tripartición de poderes, basada en los principios de balance y contrapeso en un sistema de carácter federal, que constituyó un hito histórico al organizar un gobierno en una etapa histórica en la que imperaban las monarquías.

Algo con lo que coincido, como punto de partida obligatorio, es entender que los Estados Unidos han conocido un solo modo de producción, el capitalista, y su historia colonial es muy diferente a la de nuestra América. José Martí resumía esto de manera magistral cuando escribió: «Del arado nació la América del Norte, y la española del perro de presa».

En las últimas décadas se ha hablado más de una vez, en momentos particulares y coyunturas específicas, sobre la decadencia y pérdida de liderazgo de los Estados Unidos. Como regularidad, el énfasis recae en su relativa pérdida de protagonismo y reducción de su peso en la economía mundial. Esto es esencial, y no es gratuito que la administración de Barack Obama haya declarado que su prioridad es «vigorizar la economía tanto a escala nacional como planetaria para reparar la confianza de la nación y la reputación internacional».

La otra vertiente muy analizada para hablar sobre «el fin del siglo americano» está relacionada con sus capacidades para mantener la supremacía en un sistema-mundo cambiante y de interdependencia compleja y asimétrica, que se complica por la difusión de poderes y autoridad, así como por la interacción de una creciente y diversa multiplicidad de actores estatales y no gubernamentales, públicos y privados, nacionales y transnacionales. Es un entorno de altos niveles de

Soraya M. Castro MariñoProfesora e investigadora. Centro de Investigaciones

sobre Política Internacional (CIPI)

Comentario sobre la crisis del sistema político norteamericano

incertidumbre e inestabilidad de tipo multipolar o policéntrico, en donde las estructuras tradicionales de poder, en particular el Estado-nación, se ven precisadas a lidiar con actores transnacionales legítimos e ilícitos, e interactuar en una horizontalidad de relaciones sociales, políticas y económicas mediante el acceso universal a la red y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En este entramado, lógicamente, existen actores que tienen la propensión a establecer sólidos espacios de poder a nivel regional y global, así como a disputarles la supremacía internacional a los Estados Unidos.

Pero, las distorsiones y confrontaciones o, como decía el profesor Luis Maira, las prácticas de las estructuras políticas del sistema —que también reflejan situaciones de gobernabilidad y gobernanza—, pocas veces son objeto de análisis.

Ya nada es puramente doméstico o internacional; por eso, en este comentario quisiera destacar la necesidad de considerar el criterio analítico de lo «interméstico», el cual nos permite realzar la necesidad de ponderar o considerar que todo este debate tiene también raíces muy profundas en la forma y actual comportamiento del sistema político de los Estados Unidos de América y su interacción con el sistema internacional.

Sin dudas, la ruptura del sistema bipolar y el fin de la Guerra fría tuvieron un impacto en el sistema político de los Estados Unidos, llamados a actuar en un proceso cada vez más globalizado y marcado por la financiarización de la economía internacional y la creciente circulación de mercancías y servicios. Asimismo, los sucesos terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la consecuente tragedia en términos humanos, materiales y políticos constituyeron acontecimientos sin precedentes en la historia de ese país. Resultaron un punto de inflexión que implicó una revaluación de los conceptos y las prioridades de su política de seguridad nacional, doméstica y exterior.

n. 81-82: 11-15, enero-junio de 2015

12 Soraya M. Castro Mariño

La intención de consolidación del proyecto de dominio internacional, desde una visión neoconservadora, durante la administración de George W. Bush, convirtió la causa de la libertad en el exterior en prioridad de la seguridad interna desde una perspectiva estrecha. Bajo esta lógica, se decidió un conjunto de esfuerzos, encaminados a asegurar amplios márgenes de maniobra que garantizaran la ejecución de la política «preventiva» al abrigo de un Estado de seguridad nacional paralelo, cimentado en el poderío militar-policial de carácter represivo.

En el contexto del clima antiterrorista de un «país en guerra» y la utilización del miedo como instrumento político, tuvieron lugar drásticas variaciones en las estructuras del Estado. Como resultado, en la primera década del siglo xxi se observa la mayor reestructuración del Estado-nación desde finales de la Segunda guerra mundial. Principalmente destaca la creación, rearticulación y fusión de las instituciones más vinculadas a la función opresiva del Estado y a las estructuras ejecutivas, relacionadas con el proceso de conformación de la política exterior y de seguridad. Esto se patentiza con el establecimiento de un nuevo comando militar, el del Norte; la creación del Departamento de Seguridad de la Patria, y la Oficina del Director Nacional de Inteligencia; así como la realización de intensos reajustes en las estructuras de los departamentos de Estado, Tesoro, Comercio, Justicia, etc.

A quince años de iniciado el siglo xxi, el actual entorno ha estado signado, además, por la mayor crisis económica después de la Gran depresión, el sobredimensionamiento de la política exterior y de seguridad, al decir de Paul Kennedy, y la elección del primer presidente afroamericano en la historia de los Estados Unidos, aspectos todos de una relevancia singular.

Los Estados Unidos de América, al igual que a finales del siglo xix, con el trasfondo económico del proceso de industrialización y urbanización, enfrentan en el tercer milenio, retos en la llamada «era de la información». Con un liderazgo en el patrón científico-técnico productivo, particularmente en las áreas de las ciencias de la vida, de las comunicaciones, de la información, de la informática y la telemática, pujan por encabezar el sistema mundial en todas la esferas y, en particular, en el terreno de la llamada «economía del conocimiento», pero se encuentran inmersos en un contradictorio proceso de crisis que se refleja particularmente en su sistema político.

En esencia, la economía nacional, la cultura pública y el tejido social están en un período de cambios fundamentales, altamente polarizado y disfuncional, marcado por un espectro político que se ha movido cada vez más a la derecha y con una fuerte ruptura

del llamado consenso bipartidista. Este concepto es el que Pedro Javier González —en su artículo «Contradicciones culturales y dilemas políticos», publicado en Cuadernos Semestrales de CIDE, en 1988— definiera como un «acuerdo mínimo que posibilita la convivencia», y le imprime una dirección específica hacia lo «viable socialmente» y lo «legítimo» en política. Es un contexto complejo y caracterizado por una gran ansiedad económica y moral, así como por el temor del ciudadano medio de no poder enfrentar los retos económicos y políticos que le impone el nuevo siglo; lo cual explica, parcialmente, la volatilidad y contradicción de la política, tanto a nivel federal, como a estadual y local.

Con particular agudeza, en los últimos seis años, durante la administración de Obama, los debates públicos de matriz conservadora se han sumergido en una agenda ideológico-cultural, a lo cual me referiré muy brevemente más adelante. Se pone de relieve una crisis del sistema de valores, credos e identidades; en otras palabras, del imaginario social, que contribuye aún más a la polarización e inmovilismo del sistema político.

La recuperación económica que viven los Estados Unidos en 2015 es la más débil de los últimos cuarenta años; es moderada y contradictoria, y, en consecuencia, sigue siendo la principal fuente de desvelo para su ciudadano medio. La inequidad social y la gran desigualdad de ingresos se manifiestan, a nivel socioeconómico y político, con 50 millones de personas que viven por debajo del nivel de pobreza; lo cual, a su vez, deviene factor negativo incluso para el proceso de producción, reproducción y acumulación del capital.

Esta trama es relevante y ha expuesto con extrema severidad la crisis del sistema político, que a los analistas de los Estados Unidos les gusta llamar a broken system (un sistema roto). A su vez, el país debe enfrentar arduos dilemas y serias contradicciones en una sociedad multicultural y multirracial.

La confrontación en el sistema de gobierno de los Estados Unidos, en particular entre la presidencia y el Congreso, en donde la inacción política proyecta no solo debilidad, sino incapacidad —baste recordar el cierre parcial del gobierno y el debate sobre el aumento del techo de la deuda en 2014—, emite al exterior grandes dudas sobre la llamada «nación indispensable».

Las transformaciones generacionales y demográficas (hay un panel sobre el tema de las minorías, particularmente de los latinos, por lo cual obviaré esta variable analítica), que tienen lugar, son de gran envergadura y marcan pautas para la definición de las agendas públicas del país y los procesos electorales, lo cual provoca serias divisiones y escisiones.

El Estado mantiene el marco de securitización. Esto propicia la restricción de las libertades civiles,


la vigilancia masiva de los ciudadanos y de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil. El escenario se distingue por la arbitrariedad de los órganos policiales y del orden público, cuya expresión se patentiza en diferentes entornos, entre los que destacan los ámbitos raciales (Ferguson es la punta del iceberg) y la criminalización del asunto migratorio. A pesar de la orden ejecutiva firmada por Obama en 2015, su administración lleva el «mérito» de haber sido la que más deportaciones ha realizado en la historia de los Estados Unidos.

Por otro lado, las tendencias ideopolíticas, liberales y conservadoras, en el entendido de la lógica de esta nación, trascienden las fronteras tradicionales de los partidos y se está produciendo una amalgama de corrientes políticas que también ocasiona un movimiento en sus bases y pilares.

La fuerte «crisis del bipartidismo» sobrevive gracias a un sistema electoral plutocrático que se define por las características del Colegio electoral y se enraíza con la actuación de los súperPACs, a partir del precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia: Ciudadanos Unidos de Wisconsin vs. Comisión Electoral Federal.

Los procesos políticos, particularmente los comicios federales, estaduales y locales, se desenvuelven en un marco de coreografía mediática de un negativismo brutal, que desafortunadamente tiende a trivializarlos y situarlos en lo que Guy Debord denomina la «sociedad del espectáculo».

La prolongada revuelta política conservadora anti-Estado no se traduce en el dominio republicano o demócrata del escenario público. Como resultado, aumenta el número de electores independientes, sobre todo en el grupo social de los jóvenes de la generación del milenio y de aquellos que se autodefinen como libertarios, sin que ello establezca las condiciones para un nuevo realineamiento político a corto plazo.

Las élites gobernantes evitan el debate sustantivo sobre la redistribución de la riqueza, la inequidad socioeconómica, la desregulación; de esta manera se ha postergado la solución de la controversial y central polémica nacional de la relación Estado-sociedad-individuo. La parálisis e inmovilismo político alientan el sentimiento de desencanto y desconfianza política y social.

Como derivación, una creciente cultura del miedo a la «otredad y/o alteridad», la apatía, el desdén y la falta de confianza hacia las instituciones públicas del país, que toca pico histórico, caracterizan la cultura política de los Estados Unidos.

En consecuencia, en los últimos seis años, a nivel federal, las relaciones Ejecutivo-Congreso son el escenario axiomático de enfrentamientos ínter e intrapartidistas, así como entre las diferentes corrientes ideopolíticas y los intereses nacionales, estaduales y locales.

Los enfrentamientos entre la presidencia y el poder legislativo federal provocan una relativa inacción en la toma de decisiones y evidencian la incapacidad de resolver situaciones complejas, lo que pone al descubierto la disfuncionalidad del sistema. Simultáneamente, propicia que los gobiernos estaduales tengan un papel más importante en cuestiones que, constitucionalmente, no son sus prerrogativas, como es el caso de la política exterior y los temas migratorios. Esto ha reanimado el viejo debate del federalismo y el antifederalismo en la agenda pública. Destaca en el asunto migratorio la actuación de los gobiernos estaduales y el ejemplo más luctuoso lo encontramos en la Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act, ley conocida como Arizona SB 1070, aprobada en abril de 2010. Esta, a pesar de haber sido parcialmente limitada por las Cortes para su entrada en pleno vigor, ha servido de patrón para medidas similares contra los migrantes indocumentados en alrededor de veinte estados, entre los que destacan Alabama, Idaho, Florida, Nebraska, Indiana, Oklahoma, Georgia, Kentucky, Mississippi, Carolina del Sur y Texas.

La realidad sociopolítica de los Estados Unidos se proyecta en los procesos de participación política de ambos partidos. La brecha que los diferencia es muy corta, sin embargo, tanto en el Congreso como en las relaciones con el Ejecutivo y a nivel de los estados, se refleja de una forma especialmente cruenta. Los desacuerdos sobre las vías concretas para solucionar prioridades nacionales y la falta de convergencias públicas en las bases sociales de los partidos políticos, así como en la clase dirigente a nivel nacional, provocan la inacción gubernamental en cuestiones centrales de la agenda pública nacional y local.

Esta dinámica está muy presente en los ya iniciados comicios de 2016, sobre los cuales no podré referirme en detalles en este comentario, por razones de espacio. No obstante, amerita mencionar que justamente es en el escenario electoral donde, usualmente, se dirimen y afloran con fuerza singular estas contradicciones, puesto que su lógica pone a prueba los resortes de adaptación del sistema, su legitimidad y, por consiguiente, marca, en sentido general, los necesarios reajustes estructurales provenientes de causas internas y/o externas.

A pesar de que existe un panorama de alto grado de incertidumbre en cuanto al desenvolvimiento de los comicios presidenciales de 2016, el legado y desgaste de la presidencia demócrata de Obama es un indicador relevante. Si bien la economía, como se mencionó, refleja un crecimiento moderado y una relativa mejoría en cuanto al indicador de empleos, su vigor y alcance son limitados, con una gran afectación de la clase media. En cuanto a política exterior, la espiral de conflictividad con Rusia, a raíz de las crisis de Crimea y Ucrania y las

14 Soraya M. Castro Mariño

consiguientes consecuencias para los aliados europeos, la OTAN y el espacio postsoviético, así como una mayor inestabilidad y derrame de conflictividad en toda la región del Medio Oriente ampliado y África del Norte, sumado a la pujanza de China, provocan en los políticos estadounidenses de las más disímiles tendencias ideológicas y pertenencias partidistas, en los tanques pensantes, los académicos y la gran prensa, un serio cuestionamiento en cuanto al pensamiento y el accionar estratégico de la Administración.

Todos estos factores domésticos e internacionales, así como los retos y desafíos que enfrentan los Estados Unidos están presentes en la ya inaugurada campaña de 2016. Estos problemas les permiten a los republicanos, después de ocho años de presidencia demócrata, líneas de ataques ofensivas con base real. Sus desenvolvimientos, tanto en la praxis como en las percepciones, impactan la contienda.

En tanto el proceso electoral en los Estados Unidos está diseñado sobre la base de los dos partidos dominantes, nos referiremos brevemente a su situación y a cómo su accionar en el sistema político ha provocado inmovilismo de altos riesgos para la gobernanza y gobernabilidad.

Dentro del Partido Republicano confluyen diferentes facciones con distintos énfasis en la agenda conservadora, a pesar de que sus espacios políticos, tanto desde el punto de vista demográfico como en la retórica política de la extrema derecha, tienden a reducirse. El fragmentado partido sufre una fuerte crisis de identidad que se patentiza en diversos círculos. Se debate entre las fuerzas del Tea Party, los conservadores sociales y religiosos, la nueva ola neoconservadora y los líderes del establishment político más tradicionalista. Un grave problema para los republicanos con miras a los comicios electorales de 2016, radica en que en el proceso de elecciones primarias y caucuses, y en función de ganar la nominación, los candidatos deben apelar a las bases del partido, en las cuales prevalecen fuerzas muy conservadoras, extremadamente combativas y con alta participación en las urnas. En consecuencia, sus candidatos tienden a moverse hacia posiciones extremas del conservadurismo. Sin embargo, para la elección general, estas posturas enajenan a sectores sociales por la estridencia de su agenda sociocultural, su xenofobia, homofobia y marcado carácter a favor del gran capital. La agenda de extrema derecha para lograr la nominación republicana persigue al candidato en la contienda general, la cual se gana en el centro del espectro político y no en el extremo conservador.

Pero para lograr la nominación son centrales los enfoques políticos de los candidatos republicanos sobre temas de moralidad, la relación del individuo con Dios

y la fe, la familia, la integridad, el asunto de la teoría de la evolución, el de los matrimonios entre parejas del mismo sexo, los límites a la investigación pública con células madres, el aborto, el rezo en las escuelas públicas, la tenencia de armas de fuego, la intervención del Estado en la vida personal, social y económica, así como una alta preocupación sobre la relajación de los valores sociales y familiares, partiendo de una cultura en donde —más allá de la afiliación religiosa— los principios del puritanismo protestante imperan en el orden social.

Nos referimos a esa conexión entre el «espíritu religioso» que domina muchos aspectos de la vida del país y la tesis de Max Weber, que encuentra en la «ética protestante» el fundamento del «espíritu del capitalismo», de su cultura, de sus tendencias y, se debiese añadir, de sus fanatismos; una «ética» de ascetismo que ha sido transmutada en apetencia de dominio y poder en nombre de un «país elegido» y de un «destino» que lo dictamina «adalid del mundo». Se trata de una ética fundamentalista que habla por boca de los más conservadores en ese país, en un accionar sistémico y sistemático de las instituciones políticas, religiosas e incluso comunitarias, cuyas narrativas enfatizan que los principios cristianos están en peligro y, por ende, la sociedad estadounidense se encuentra en «decadencia moral». A esto, según sus convicciones, es necesario oponerse decididamente con una «guerra cultural».

Estos aspectos, que pasan por la autoidentificación del sistema de valores de los individuos, sus credos e identidades, originan una simbiosis, en términos electorales, de los conservadores sociales y fundamentalistas religiosos con los seguidores del Tea Party. Con un mayor acento hacia los problemas económicos, financieros y fiscales que azotan a los Estados Unidos de América, esta facción constituye un movimiento populista de corte radical de extrema derecha que se opone a la intervención estatal, exacerbada por las propuestas de política general de la administración Obama. Esta heterogénea y diversa agrupación, furiosamente anti-Obama, constituye una fuerza política anti-establishment de significativo impacto, lo cual demostró en las elecciones de 2010, pero que quedó en «entredicho» en las de 2014. No obstante, y más allá de las diferencias sustanciales entre las elecciones de medio término y las presidenciales, la contundencia con la que ganaron los republicanos la mayoría en el Congreso es una variable de peso.

Las divisiones existentes se reflejan en la larga lista de republicanos que aspiran a la nominación. En ella destacan políticos de tendencias muy conservadoras y conservadores más pragmático-centristas como Jeb Bush.


El Partido Demócrata continúa mostrando su habitual poca cohesión en todos los niveles del sistema político, pero es aún más evidente en el legislativo federal. Su membresía está caracterizada por un amplio abanico de enfoques políticos, en tanto es una heterogénea coalición donde confluyen diferentes intereses, incluso contradictorios. Paradójicamente, y a diferencia de los republicanos que cuentan con un largo listado de contendientes, reflejo de las diferentes facciones, los demócratas parecen llegar, a nivel simbólico, más unidos y aglutinados alrededor de una figura del siglo xx: Hillary Clinton. Algunos analistas consideran positivo este factor, mientras que otros estiman que el manejo de una sola candidatura demuestra la debilidad de la coalición demócrata y la inexistencia de políticos jóvenes con proyección nacional.

Lo cierto es que la opción de que en 2016 se enfrenten en la lucha electoral dos dinastías políticas del siglo xx, como la Clinton y la Bush, es altamente probable.

A mediano plazo, tanto en las cortes federales, como en la Corte Suprema de Justicia se han producido cambios en su composición. Esto puede favorecer un mayor equilibrio ideológico que permita, con límites, ciertos alivios sociales, como el reconocimiento, por parte de los estados, del matrimonio homosexual. Sin embargo, los fallos judiciales a favor de que estos determinen, mediante referéndums o leyes estaduales, la política pública federal, es una cuestión que tiene efectos negativos en una amplia variedad de asuntos nacionales.

La complejidad y sinergia de los factores intermésticos en el sistema político y las consecuencias de este proceso en desarrollo nos plantean, quizás, otra pregunta, además de la que nos convoca en este taller: Estados Unidos de América, ¿quo vadis?

, 2015

16 Jorge Hernández Martínez

Perplejos, entre su doble naturaleza histórica, los norteamericanos hoy no saben qué camino tomar; la disyuntiva es mortal: si escogen el destino imperial, dejarán de ser una democracia y así perderán su razón de ser como nación.

Octavio Paz, Tiempo nublado.

A partir del año 2000, los Estados Unidos transitan por uno de los períodos de mayor conmoción de su historia contemporánea. A los efectos acumulados desde dos décadas

atrás, con la llamada revolución conservadora, se sumaba el último proceso electoral del siglo xx, con una sobresaliente irregularidad, prolongación y fraudulencia, que marcó de modo simbólico el umbral de la nueva centuria, con un presidente republicano y conservador designado por la Corte Suprema. Los ataques terroristas perpetrados meses después, el 11 de septiembre de 2001, contra los emblemas del poder financiero y militar del país, en las Torres Gemelas y el Pentágono, agregaron un cuadro de crisis sin precedentes, que aportó a George W. Bush el respaldo y liderazgo del que carecía, con lo que iniciaba una doble administración, que culminaría, en múltiples sentidos, en callejones sin salida. Las implicaciones de esa crisis mantienen aún sus expresiones institucionales, junto a repercusiones sociopolíticas y culturales, impregnando la base doctrinal de la proyección exterior. La sociedad se halla sumamente dividida e inmersa en diversas contradicciones.

El país está signado tanto por acentuadas heterogeneidades clasistas, derivadas de la concentración

Estados Unidos: ideología y política en tiempos de transición

Jorge Hernández MartínezSociólogo.

Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos.

n. 81-82: 16-24, enero-junio de 2015

17Estados Unidos: ideología y política en tiempos de transición

del capital y la consiguiente polarización socioeconómica entre los poseedores y los desposeídos, entre ricos y pobres, como por conflictos políticos asociados al acceso a las cuotas de poder dentro de la clase dominante, que se manifiestan en las posturas partidistas, pero al mismo tiempo, las trascienden: el presidente tiene la piel negra y figuras femeninas han protagonizado las últimas contiendas electorales, en una sociedad racista y machista; el gobierno está dividido entre un Ejecutivo demócrata y un Congreso republicano, en tanto que parece agotado el liberalismo y florece el conservadurismo. Desde el punto de vista político, se hallan en el centro del debate el rumbo del país, el carácter del gobierno, la relación Estado/sociedad/mercado, el presupuesto, los impuestos, la inmigración, el aborto, los derechos de grupos que han sido objeto de discriminación e intolerancia, el balance entre lo federal y lo estadual, el modo de asumir los valores que sostienen la identidad cultural, los intereses y seguridad de la nación. El entorno económico, sinuoso, inestable, entre crisis y depresiones, aun con los asomos de relativa recuperación, en un entorno mundial globalizado, de interdependencia, competitividad y conflictividad, traslada inconsistencia al matizado y contradictorio paisaje sociopolítico (Hernández Martínez, 2009).

Con ese telón de fondo, las notas que siguen presentan una mirada sobre las matrices ideológicas actuales en los Estados Unidos, su presencia en la vida política, los partidos, la cultura cívica, asumiendo que la transición histórica que tiene lugar en ese país condiciona transformaciones estructurales que se expresan en su dinamismo, fluidez y nuevas características. Esta situación se ha hecho más intensa y notoria, sobre todo luego de las elecciones de medio término de 2014, que recuerda el realineamiento de veinte años antes, cuando en 1994, bajo el primer gobierno de Clinton, como resultado de una coyuntura similar, convivió un Ejecutivo demócrata con un Legislativo republicano (De los Ríos, 1996).

Matrices ideológicas, partidos y cultura política

Sin embargo, la sociedad norteamericana ha sido, desde un punto de vista histórico, predominantemente consensual, debido a la adhesión de la mayor parte de su población y de los sectores que la componen, a determinados acuerdos, establecidos sobre la base de los valores del capitalismo como modo de producción, formación social y patrón de organización económica, unido a la democracia liberal, como forma acompañante de organización política (Hofstader, 1969; Nash, 1976). Algunos autores incorporan otros elementos a los que identifican como constitutivos del

«credo norteamericano», tales como el liberalismo, el individualismo, la democracia, el igualitarismo y una cierta actitud de independencia ante el gobierno y la centralización. El consenso se da sobre las particularidades que la democracia liberal adquirió en los Estados Unidos desde la formación de la nación, cuyos rasgos formales han persistido. La crisis de consenso ha sido relativa, ya que no se han puesto en tela de juicio esos atributos del «credo» (Myrdal 1972; Hodgson 1976; Huntington 1981). Por eso es que se afirma que se trata de un país con un alto índice de conflicto, pero donde el debate político tiene lugar dentro de márgenes ideológicos muy estrechos; por lo que más que antinomias nítidamente contrapuestas, lo que resultan son contrastes y traslapes ideológicos y políticos.

Quizás la mejor explicación de lo que acaba de señalarse la provea Arthur Schlesinger, Jr., cuando expresa que

en la república norteamericana conservadurismo y reforma, capitalismo y democracia, intereses privados e intereses públicos confluyen en definir la tradición política. Estas dos tirantes posiciones del pensamiento de los Estados Unidos tienen más puntos de acuerdo que de discordia. Ambas están comprometidas con la libertad individual, el Estado constitucional y el imperio de la ley. Ambas desempeñan un papel indispensable en la dialéctica de la política pública. (1966: 46)

O sea, dos concepciones, dos discursos, una misma tradición. En las condiciones históricas de los Estados Unidos, el conservadurismo florece dentro de una matriz liberal, lo que explica la muy relativa distancia entre una y otra corriente, en tanto que las alternativas de izquierda han tenido una debilidad notoria. Según la interpretación de Louis Hartz, se trata de que en la sociedad norteamericana no ha existido un conservadurismo al estilo europeo y, por lo tanto, no ha sido necesaria una reacción dialéctica de oposición, como el socialismo o alguna otra corriente de izquierda. Su explicación intenta aclarar por qué en los Estados Unidos no han sido importantes los movimientos y partidos de izquierda. En esencia, se trata de que como no hubo una sociedad feudal, no ha habido una tradición revolucionaria (Hartz, 1994; Deutsch, 1998; Lipset, 2000; Maira, 2002).

En la actualidad, los Estados Unidos han sido escenario de una prolongada crisis y de hondas transformaciones en la estructura de su sociedad y de su economía, incluyendo importantes mutaciones tecnológicas, socioclasistas, demográficas, con expresiones también sensibles para las infraestructuras industriales y urbanas, los programas y servicios sociales gubernamentales, la cultura, la composición étnica y el papel de la nación en el mundo. Se trata de cambios graduales y acumulados, que durante los


últimos treinta años han modificado la fisonomía integral norteamericana.

Más allá de ese primer decenio del siglo xxi, el proceso en curso en la segunda década, derivado de las citadas crisis y transformaciones, no ha conllevado, aún, una versión sustitutiva del proyecto nacional; de modo que, ante tales indefiniciones y búsquedas, los Estados Unidos enfrentan un escenario de transiciones objetivas que mantienen tensiones y enfrentamientos e impiden la rearticulación plena del consenso. Si bien el proyecto conservador avanzado por las presidencias de Ronald Reagan y George Bush durante doce años, latente bajo Bill Clinton en los 90, rescatado y remozado por George W. Bush en los 2000, concluyó con su visible decadencia en tanto propuesta gubernamental de alcance nacional; sus secuelas perduran de modo vigoroso, en tanto que en los 2010, con Obama, no termina de cristalizar una propuesta alternativa desde el liberalismo ni se advierten perspectivas a corto plazo. Lo que se aprecia en el espectro político-ideológico estadounidense actual es una coexistencia dialéctica de posiciones de derecha y de centro-derecha, con amagos liberales o moderados a distintos niveles, que atraviesan al Ejecutivo, al Congreso, a los partidos, a la opinión pública, a la cultura cívica y a los círculos intelectuales.

De cierta manera, la polémica y las divisiones que se manifiestan en la historia reciente del presente siglo en torno al modo de encarar la relación Estado/sociedad/mercado y demás temas mencionados, llevan consigo la pugna por una nueva redefinición del proyecto nacional, como —salvando distancias— ocurrió durante la guerra civil y las citadas inflexiones del New Deal y la revolución conservadora. La importancia de un proceso de transición de este tipo la dejó indicada hace muchos años Luis Maira, al enfatizar en su complejidad y significación. La validez de su apreciación aconseja retomarla.

Uno de los problemas más serios que puede afrontar un sistema político es el del agotamiento del proyecto nacional que le sirve de fundamento sin que exista oportunamente uno alternativo para reemplazarlo. Cuando esta posibilidad ocurre, tanto el Estado y sus aparatos como la sociedad en que aquellos se insertan comienza a funcionar a la deriva, en un cuadro dominado por la simple administración de la crisis; semejante situación produce, como primer efecto, un completo desajuste entre las tendencias de corto y largo plazo del proceso político. (1983: 96)

Cabe agregar que esa transición sigue inconclusa.Para apreciar lo que sucede a nivel político-

ideológico en un contexto como el sugerido, uno de los conceptos más importantes es el de cultura cívica, desarrollado por Gabriel Almond y Sydney Verba (1963), para quienes la cultura cívica da pie a la cultura política, al ser esta última una forma de

describir la sociedad considerando la percepción y la actitud dentro del sistema político y hacia él. Según esa propuesta, las cuestiones políticas no se pueden comprender solo mediante el estudio de los fenómenos específicamente suyos, sino que debe tomarse en cuenta una amplia diversidad de esferas y procesos sociales que conectan la cultura cívica, en un sentido amplio, con la cultura política, relacionada con el poder, las clases, los partidos, las ideologías, el Estado.

Los valores políticos fundamentales que sostienen emblemáticamente la sociedad norteamericana —como la libertad y la igualdad— se articulan alrededor de un modelo pluralista en cuyo centro se ubica la figura del ciudadano, pero con marcadas expresiones de exclusión, discriminación, restricción de derechos, intolerancia y marginación, a partir del modo en que se rechaza todo aquello que no encaja en el patrón étnico, racial, religioso, de los llamados wasp (blancos, anglosajones, protestantes, de clase media). Así, la configuración histórica de los Estados Unidos le confiere a la cultura política nacional una estructura y unos contenidos definidos con una mezcla de orientaciones liberales y conservadoras en relación con aspectos cuya impronta no es consustancial a la política, como la familia, la moral, la religiosidad, el entretenimiento, sino que se integran en ese anillo más amplio, el de la cultura cívica (Núñez, 2008: 94). Las encuestas recurrentes que ya son típicas de la vida cotidiana en ese país, dan cuenta de ello.

Al examinar esos nudos o superposiciones de la cultura norteamericana a finales de la pasada década, y llegar a las elecciones presidenciales de 2008, quedaba claro que en el país se reclamaba cambios tanto en el orden objetivo como en el subjetivo. El cansancio acumulado, la crisis de confianza, el deterioro moral, el agotamiento ideológico del proyecto conservador sustentado por W. Bush, sus reveses económicos, el desencanto ciudadano, el clima psicológico de incertidumbre y temor, la ineficacia de la política exterior, la impopularidad de la gestión del Presidente, configuraban un cuadro de desgaste que el candidato demócrata Barack Obama capitalizó desde temprano durante el desarrollo de la campaña, al ofrecer un discurso y una consigna, primero a favor del cambio (Change) y, en 2012, llamando a seguir adelante (Go forward).

En los Estados Unidos concurren hoy tendencias, contradicciones y superposiciones político-ideológicas que desdibujan las interpretaciones simplificadoras en términos que contraponen como incompatibles corrientes de pensamiento (liberales y conservadores) y estructuras partidistas (demócratas y republicanas). A nivel interno, la nación ha permanecido marcada por dificultades económicas, promesas incumplidas, insatisfacciones populares, polarizaciones políticas, rivalidades ideológicas, en tanto que en el ámbito


externo el país ha seguido inmerso en confrontaciones bélicas, dentro de un escenario mundial de crisis, conmociones sociales e inestabilidad política.

A pesar de que el legado conservador del doble gobierno de W. Bush parecía agotado y que el renacimiento, con Obama, de una alternativa al menos cercana al liberalismo, apuntaba hacia un escenario de mayor racionalidad y coherencia, en realidad, la nueva Administración no se distanciaría mucho en determinados planos, más allá de la retórica, de ciertas posturas del presidente anterior. Si se quisiese clasificar el perfil de Obama en términos ideológicos, el ejercicio resultaría difícil; su ubicación como liberal o conservador sería difusa, confusa, entre las discordancias y traslapes que muestra.

Ello ha tenido lugar en un escenario interno muy contradictorio, marcado por la ofensiva de la derecha en ascenso, como parte de la cual se distinguía una inspiración con tintes libertarios, populistas, nativistas, racistas, xenófobos, encarnada en el Tea Party. Y si bien, como contraste, el movimiento Ocuppy Wall Street expresó la capacidad contestataria, la inconformidad y rechazo de no pocos sectores sociales ante la oligarquía financiera, que se extendió en espacio y tiempo, se trató de un fenómeno que no cristalizó como una fuerza política que quebrara el equilibrio establecido por el sistema bipartidista ni el predominio ideológico del conservadurismo (Nye, 2002; Fukuyama, 2006; George, 2007; Micklethwait y Wooldridge, 2007; Kagan, 2008; Thomas, 2008; Alzugaray, 2009).

Si se prosigue con similar línea de análisis, y se vuelve la mirada a circunstancias precedentes, se confirma que el dinamismo de las corrientes ideológicas se interrelaciona con implicaciones partidistas en la trayectoria de las contiendas presidenciales. Un repaso panorámico, de algunas coyunturas electorales anteriores a las aludidas, lo deja claro. Así, cuando a finales de los 60 terminaba la etapa de la lucha por los derechos civiles y contra la guerra en Vietnam, la victoria electoral republicana de Richard Nixon en 1968 inició (o prefiguró) el ascenso de las fuerzas conservadoras. Quedó atrás el período de prolongado predominio demócrata, comenzado por Franklin D. Roosevelt y que concluyó con los sucesivos mandatos presidenciales de John F. Kennedy y de Lyndon B. Johnson, hacia mediados del citado decenio de los 60, cuando los grandes conflictos sociales y políticos de la

época provocaron en las bases liberales y progresistas de los demócratas un extendido rechazo a la gestión de gobierno, en el segundo caso. Así se abrió un período conservador impulsado por el Partido Republicano que se extendió por cuatro decenios, hasta las elecciones de 2008, cuando con Obama retornan los demócratas a la Casa Blanca.

Las elecciones presidenciales de 1968 fueron un reflejo de los grandes conflictos que aquejaban a la nación y de falta de consenso entre los grupos dominantes, lo cual se manifestó en los dos partidos, y el fraccionamiento político se reflejó en el resultado de la votación. Según Ramón Sánchez Parodi, dicha elección

inauguró una nueva era en la política presidencial norteamericana, que con el breve interregno de James Carter (1977-1981) pero incluyendo los mandatos presidenciales del demócrata Bill Clinton (1992-2000), imprimió un sello conservador a la presidencia de la nación hasta las elecciones de noviembre de 2008. (2015: 120)

Es decir, si bien el período demócrata carteriano se puede identificar con una orientación ideológica liberal, no ocurre lo mismo con la etapa clintoniana, también demócrata.

Las elecciones de 1976 se realizaron teniendo como telón de fondo la falta de cohesión entre los grupos de intereses que se agrupaban dentro de las filas republicanas o demócratas, a causa de los factores que afectaron sensiblemente a la sociedad norteamericana en los años 70, entre ellas las crisis asociadas al escándalo Watergate, la derrota en Viet Nam, la recesión económica y los reveses en política internacional, que propiciaron profundos cuestionamientos en la confianza, la legitimidad y la moralidad del sistema. Una fuerte pugna en el interior de ambos partidos, y entre los grupos dominantes norteamericanos, caracterizó la situación electoral, en un contexto de ausencia de líderes reconocidos y aceptados nacionalmente. La victoria de Carter, el primero de los dos únicos presidentes demócratas electos en los cuarenta años que transcurren entre 1968 y 2008, fue resultado de una transacción entre distintas corrientes de su partido. A pesar de su discurso y accionar liberal, Carter no logró modificar, en esencia, el rumbo conservador de la nación, iniciado al finalizar la década previa. En buena medida, su Administración recogería la cosecha de viejas pugnas internas entre facciones conservadoras y liberales dentro de las filas demócratas.

En las condiciones históricas de los Estados Unidos, el conservadurismo florece dentro de una matriz liberal, lo que explica la muy relativa distancia entre una y otra corriente, en tanto que las alternativas de izquierda han tenido una debilidad notoria.


En las elecciones de 1980, la conocida coalición de fuerzas conservadoras que se estructuró como medio de expresión del descontento ante lo que se consideraban excesos del liberalismo y debilidades del gobierno demócrata de Carter, se plasmó en un articulado movimiento político en torno a la candidatura republicana de Ronald Reagan, que sumaba a organizaciones sociales y religiosas, personalidades académicas, publicaciones periodísticas e instituciones de ciencias sociales, con auspicios bipartidistas, ya que no solo halló resonancia dentro de las filas republicanas, sino también en sectores desencantados del partido demócrata. La revolución conservadora no dejaría en pie bastión liberal alguno, y se extendería mediante la reelección de Reagan en 1984 y la victoria de George H. Bush en 1988. Así, los republicanos gozarían de un triple mandato, en tanto el partido demócrata se mantenía dividido entre conservadores sureños, liberales del nordeste, sindicalistas del medio-oeste, e intelectuales considerados de izquierda.

Sirvan los ejemplos tratados para ilustrar que las matrices ideológicas fluyen dentro de los partidos, sin afiliaciones rígidas, aunque en ocasiones existan correspondencias entre liberales y demócratas, o entre conservadores y republicanos. De otra parte, la incursión realizada permite percibir que el conservadurismo en los Estados Unidos no ha constituido un fenómeno fragmentado o aislado, sino una especie de constante cultural, que marca el sendero político contemporáneo en ese país. La tónica que lo define al comienzo del presente siglo revela la viabilidad de las propuestas políticas de los principales exponentes del conservadurismo, y su interrelación con las ya importantes transformaciones ocurridas a escala nacional. Una parte importante de esos cambios ha ocurrido en el plano subjetivo. Los términos del debate se han ido alterando hasta relegar, pareciera que de modo progresivo, creciente, algunos de los principales soportes del ideario liberal, como los concernientes al papel del Estado en la economía. En este sentido, en la medida en que la historia ha demostrado que la cosecha conservadora de los años 80 tiene continuidad hoy, la ya vieja y olvidada por muchos afirmación de William Schneider acerca de que la verdadera magnitud de la revolución reaganiana solo sería visible a largo plazo, se ha visto en buena medida confirmada (Schneider, 1984a; 1984b).

Liberalismo, conservadurismo y dinámica política

A partir de lo planteado, se desprende que la pretensión de ofrecer definiciones exactas para la distinción entre liberales y conservadores en las

condiciones histórico-concretas de los Estados Unidos no arroja demasiada luz —y puede ser hasta engañosa— a la hora de comprender los procesos políticos, las inserciones partidistas o el lugar en la cultura nacional. La postura de liberales y conservadores varía, además, en relación con distintos temas (pena de muerte, aborto, impuestos, control de armas, matrimonio, guerra contra el terrorismo). No obstante, se imponen algunas puntualizaciones, a fin de enmarcar este apresurado e incompleto escrutinio analítico, subrayando que con el tiempo las identificaciones se han modificado, en ambos casos.

En el caso de los liberales, en un inicio el término se refería básicamente a los individuos que defendían la libertad y la determinación de límites al poder y al control del Estado, y en la actualidad se identifica con el apoyo a reformas sociales y políticas. Favorecen la intervención del gobierno en la regulación de la economía; propugnan una vigorosa política a favor de los pobres, las mujeres y las minorías, articulada por la expansión de una red federal de servicios sociales, además de la defensa del medio ambiente y de los consumidores. Asimismo, promueven la acción gubernamental en función de la igualdad de oportunidades y la protección de las libertades civiles, así como los derechos humanos individuales. Los liberales reivindican la libertad como la base de la prosperidad de las naciones y de los individuos.

En cuanto a los conservadores, la tradición política inicial los caracterizaba por privilegiar el uso del poder gubernamental y la intervención e influencia en la vida de la nación de sectores privilegiados, como la aristocracia terrateniente, los empresarios y los líderes religiosos. Hoy día se los describe como defensores del orden establecido, proclives a promover arreglos que favorezcan un gobierno limitado, cuyas atribuciones no consideren la imposición de regulaciones a las empresas con el argumento de que estas inciden negativamente en el nivel de vida de los ciudadanos, pues desincentivan la inversión. Tienen una firme creencia en el individuo, en su sentido de responsabilidad y en el principio de que las políticas públicas deben sustentarse en el empoderamiento personal para incentivar la capacidad de las personas que las ayude a resolver sus propios problemas.

Una mención adicional merece la referencia a la corriente libertaria, dado su lugar histórico, pero sobre todo, acentuado en las últimas décadas, que añaden complicación al escenario de hoy, ya que se habla con frecuencia, casi indistintamente, de demócratas y republicanos libertarios, atribuyéndoles connotaciones conservadoras o liberales. Aunque requeriría precisiones más amplias, basta con señalar que el término libertarian, que en ocasiones se traduce y confunde con el de liberal, en rigor, es más restrictivo


que este último. A los efectos que interesan, sería conveniente distinguir entre «libertarios» (en el sentido norteamericano) y «liberales» o «liberales clásicos», que vendrían a ser la versión de una prédica que hace de la libertad la clave de su pensamiento. Así, un «liberal clásico», por ejemplo, acepta alguna clase de impuesto sobre la renta, si los bienes que este impuesto proporciona fuesen imposibles de suministrar por otros medios. Un «libertario», en cambio, lo descartaría por principio. Otro ejemplo: al esgrimir una defensa extrema de la libertad individual, los «libertarios» justifican la tenencia de armas. Por estas razones, aunque la tradición libertaria se emparienta con la ideología liberal, tiene grandes vasos comunicantes con las posiciones conservadoras, especialmente con las de la derecha radical.

Es bajo un prisma que interrelacione de modo dialéctico el universo ideológico en los Estados Unidos que puede interpretarse la historia y la contemporaneidad de las matrices examinadas en el anterior apartado, y el papel de las principales corrientes en la dinámica política. La reactivación de una tendencia de extrema derecha en la cultura cívica norteamericana como el Tea Party —que surge inicialmente más como movimiento social que como entidad política—, cuya influencia en las filas republicanas tiene lugar en el contexto de la presidencia de Barack Obama, un negro. Ello hace que entre en erupción volcánica el trasfondo de la cultura wasp aludida y la tradición libertaria.

Es ese mismo marco el que propicia que en la sociedad norteamericana emerja un movimiento semejante al conocido como «indignados», nacido en Europa, con las expresiones que adquiere Ocuppy Wall Street. A pesar de las limitaciones apuntadas, llamó la atención que no fuera tan efímero como se esperaba y que se extendiera más allá de su área de nacimiento, en Nueva York, hacia otros estados y regiones, sin alcanzar una capacidad de convocatoria nacional como movimiento de izquierda, por las razones históricas ya explicadas.

Cuando se examina de conjunto la problemática ideológica y sociopolítica que caracteriza a los Estados Unidos al comenzar el siglo xxi, se constata que no existen dudas acerca del espacio reducido que encuentra el liberalismo como proyección elaborada en el pensamiento académico, los llamados «tanques pensantes», ni en el Partido Demócrata. En cambio, es visible el predominio del conservadurismo en todas aquellas esferas, niveles o estructuras en las que se define el curso de la vida nacional, dentro y fuera del país —a través del discurso de funcionarios y líderes gubernamentales, de los debates congresionales, de los trabajos escritos por especialistas e instituciones de las ciencias sociales y de los medios de difusión masiva.

Si se compara con la situación que existía entre 1980 y 2000, bajo gobiernos republicanos conservadores, se advierte una continuidad, expresada dentro de nuevas coordenadas históricas (Orozco, 2011).

Vale la pena recalcar que cuando se habla de pensamiento conservador, como precisa Paz Consuelo Márquez Padilla,

no es una categoría fija o transparente, sino siempre contextuada y dependiente del debate político del momento [...] se trata de una matriz que constituye un conjunto de ideas o creencias que propone el mantenimiento del sistema político existente; es un concepto con una gran carga emotiva y en muchos países tiene connotación negativa; puede decirse que conservadurismo se contrapone a pensamiento progresista y de alguna forma se definen mutuamente. (2000: 20)

Siguiendo a autores como John Miclethwait y Adrian Wooldridge (2007), por conservador se entiende a una persona que se adhiere a los siguientes principios: desconfianza frente al poder del Estado; preferencia por la libertad sobre la igualdad; patriotismo; confianza en las instituciones, las costumbres y las jerarquías; escepticismo ante la idea del progreso; elitismo.

Lo que define al contexto actual en los Estados Unidos, en términos del mosaico ideológico interno, es una suerte de recreación de la situación de los años 80, toda vez que el pensamiento conservador, su auge y articulación a un entramado amplio, que casi podría calificarse de totalizador sin desconocer fisuras y contraposiciones —con expresiones en lo político, ideológico y religioso—, se debe a la decadencia del liberalismo, es como la otra cara de una misma moneda. Se trata de una matriz que penetra todas las esferas de la vida cotidiana, la cultura, la religión y las actitudes de la población hacia temas como la igualdad racial, sexual, la familia, que el liberalismo consideraba como «conquistas» de la forma de vida en los Estados Unidos. Con el ascenso del conservadurismo hay un regreso a valores tradicionales, se exacerba el racismo, hay una retracción de los movimientos feministas, entran en crisis valores que se desarrollaron en los años 60 y 70 entre los jóvenes. Incluso, en el nivel de la relación de la sociedad con el establishment, en los años 80, perdieron vigencia los movimientos opositores y contraculturales que tuvieron un gran auge en períodos anteriores, como las protestas civiles contra la participación de los Estados Unidos en Viet Nam, a través del hippismo o la canción protesta.

La situación de las dos primeras décadas del siglo xxi, desde luego, no es la misma, y determinadas formas que afirman derechos y reclamos de grupos minoritarios y vulnerables, pareciera que llegaron para quedarse en campos como el feminismo, el homosexualismo, la aceptación de la diversidad, la defensa de la multiculturalidad, multirracialidad y


multietnicidad. Junto a esas visiones diferentes, se hallan las tocantes a los impuestos, las prestaciones sociales, el aborto, la inmigración y desde luego, a la política exterior. De nuevo, entre las grandes polarizaciones ideológicas y debates políticos, se advierte zonas de confluencia en la cultura cívica ante cuestiones relativas a las percepciones de amenazas a la identidad e intereses nacionales, entre otros aspectos. Si bien esto no tiene repercusión política en términos de plataformas partidistas ni se refleja en debates congresionales, ni en posiciones de campañas electorales —donde lo que prevalece es la oferta de alternativas distintivas de cada bando—, el «credo» norteamericano no ha abandonado el imaginario cultural.

Durante los años 2000, en buena parte de la literatura especializada —política, académica y publicística— la etiqueta con la que se identificaba la atmósfera ideológica imperante en la sociedad norteamericana, el discurso y la práctica del doble gobierno de W. Bush era la del neoconservadurismo. Con un criterio riguroso, podría decirse que aunque retrataba los componentes esenciales del enfoque que nutría la política exterior, se hizo uso y abuso del calificativo, a la hora de caracterizar el mosaico de ideas que caracterizaba la cultura política (Kristol y Kagan, 1996; Harper y Clarke, 2004; Lieven, 2004; Rathbun 2008). Es cierto que reaparecieron figuras que tuvieron protagonismo como exponentes de la corriente neoconservadora durante el decenio de los 80; algunos de ellos se vincularon al denominado Proyecto del Nuevo Siglo Americano, desde finales de los 90, y otros tuvieron relaciones, incluso familiares, con paladines del neoconservadurismo, que Jesús Velasco Grajales (2011) ha calificado como neoconservadores de segunda generación, y Elíades Acosta Matos (2005) como «neocons reciclados». Pero en la escena política mantuvieron espacios otras vertientes, como la de los conservadores tradicionales dentro del Partido Republicano, con menor impacto, pero siempre presentes, y con mayor notoriedad sectores de la «nueva» derecha (ya no tan novedosa, pero sí bien definida), y de modo descollante, la derecha religiosa. De alguna manera, en el decenio en curso ha proseguido esta tendencia, palpable en los nuevos desarrollos del extremismo político, con la continuada representación de la derecha radical, a través del Tea Party, como elemento no único, pero sí el más visible y polémico, y de los sectores religiosos cristianos.

Es decir, hoy día aunque las corrientes conservadoras siguen acaparando la centralidad del espectro ideológico, su composición ha cambiado. Por ejemplo, ya quedó atrás la pujanza de las resonantes New Right o Moral Majority, la constante mención a activos

think-tanks, como Heritage Foundation, Hoover Institution, Centre for Strategic and International Studies, American Enterprise Institute, así como la de aquel grupo que alcanzaba su identidad a partir de la definición de propuestas ampliamente argumentadas de políticas económicas, caracterizado por su afán en presentar enfoques alternativos capaces de nutrir el proceso de formulación de opciones gubernamentales viables, como la supply-side economics o economía orientada hacia la oferta, o el monetarismo. En resumen, de aquellos grupos fundamentales, los que han dejado mayor huella hasta nuestros días han sido: una vertiente de la «nueva» derecha, que se transforma, por un lado, con el incremento de su definición y compromiso religioso, amalgamándose con la derecha religiosa, y que en la actualidad se conoce como derecha cristiana y, por otro, tributando racionalidad a los extremistas del Tea Party; y el movimiento neoconservador que, a la luz del siglo xxi, se podría considerar como un neoconservadurismo renovado.

Una sociedad en tiempo de transición

La sociedad norteamericana seguirá marcada, en el corto y mediano plazos, por la incertidumbre, la agudización de las contradicciones entre los dos partidos y cierta ingobernabilidad del sistema.

Desde el punto de vista económico, los efectos acumulados de la crisis y las condiciones depresivas seguirán definiendo un cuadro, entre débiles señales de recuperación, junto a altos niveles de endeudamiento y sensaciones de optimismo que traslada el gobierno, con expresiones en segmentos de la opinión pública. Entretanto, persiste el debate intelectual acerca de la declinación de los Estados Unidos, contrastando enfoques a favor y en contra.

La Administración demócrata seguirá esforzándose por implantar políticas que creen puestos de trabajo y disminuyan el desempleo, promoviendo una agenda social que retoma promesas no cumplidas. El Partido Republicano, desde su posición hegemónica en las dos Cámaras del Congreso, continuará tratando de derrotar las iniciativas en tal dirección. La política adoptada dependerá de cuán fuertemente se pueda imponer el liderazgo presidencial de Obama o el de los republicanos y, dentro de ellos, los criterios y las presiones del Tea Party, cuya beligerancia mantiene las tensiones entre los conservadores y determinados rechazos en la opinión pública, que históricamente no simpatiza con los extremismos políticos.

El impacto estructural acumulado de los cambios económicos y sociales que se han venido desplegando desde hace varias décadas, desde los años de la


revolución conservadora, junto a los procesos en curso, de gestación más reciente, condicionan una nueva fisonomía productiva y tecnológica, que lleva consigo reajustes en la estructura de la sociedad norteamericana, con repercusiones para la cultura y la vida política.

La pérdida de la capacidad hegemónica del país se refleja en nuevas limitaciones con implicaciones para el imaginario de la sociedad estadounidense, en la cual se acumulan desilusiones y frustraciones, ante la constatación de que la nación se debilita objetivamente, junto a sus valores y mitos en el plano subjetivo, erosionándose la confianza en las instituciones políticas.

Los cambios demográficos están conduciendo a que la población anglosajona pierda —o siga perdiendo— su posición mayoritaria en la pirámide poblacional y se abra un mayor espacio a las llamadas minorías, en consonancia con la profundización de las tendencias que vienen manifestándose hace años. El proceso de envejecimiento de la población provoca una mayor demanda de servicios gubernamentales en atención a la salud y la seguridad social que no pueden ser sostenidos por los ingresos gubernamentales con su actual nivel de organización. Las insuficiencias institucionales en la educación y la formación de personal calificado en la ciencia y la técnica ocasiona desajustes en el sistema social.

Sobre esas bases, la sociedad norteamericana está definida por la transición. Para concluir y caracterizar de modo gráfico la presente situación viene bien la célebre expresión metafórica que utilizara Abraham Lincoln, el 16 de junio de 1858, con una frase bíblica, durante su intenso debate con Stephen A. Douglas, en el marco de la campaña por la representación del estado de Illinois en el Senado: «Una casa dividida contra sí misma no puede perdurar». Han transcurrido 150 años de terminada la guerra civil, y la sociedad norteamericana sigue siendo escenario de contradicciones ideológicas, entre contrastes y traslapes. De alguna manera, se reproduce un patrón histórico de alternancias entre lo público y lo privado, de coexistencia de dos tradiciones culturales, la cívica y la de los negocios, cuyas connotaciones éticas y consecuencias prácticas se identifican, en términos generales, con las grandes corrientes políticas del país: los demócratas asociados a la cultura cívica y los republicanos a la de los negocios. Con razón Víctor Godínez afirmaba que

los grandes debates nacionales en los que se discuten disyuntivas y se fijan prioridades para la acción —debates del tipo justicia social o crecimiento económico, comunidad o individuo, gobierno o libre mercado—, están por completo impregnados de la tensión entre ambas culturas y sus correspondientes expresiones partidarias. (1996: 197-8).

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, 2015

25La seguridad nacional estadounidense y las tecnologías de la información

El término «seguridad nacional» es amplio y a menudo significa cosas diferentes para las personas. Aquí resulta útil pensarlo según tres elementos principales: las amenazas que

enfrenta una nación, las fuerzas disponibles para lidiar con ellas, y los elementos de apoyo. Las primeras, tanto reales como imaginarias, impulsan, en última instancia, el tipo de acciones que toman los países y el modo en que responden a las distintas situaciones.

Durante décadas, los Estados Unidos evaluaron amenazas reales de superpotencias como la Unión Soviética y China, así como coacciones de menor nivel que no implicaban la posibilidad de una guerra nuclear, provenientes de algunas naciones del Medio Oriente, Asia o América Latina. Ante cada caso, Washington contemplaba un conflicto potencial que involucraba un Estado nacional, y era capaz de dedicarle recursos de inteligencia.

El mundo presenta hoy un conjunto de tensiones muy distintas, que en muchos casos tienen que ver con actores no estatales y grupos terroristas que buscan dañar tanto a los Estados Unidos como a sus intereses y aliados en el extranjero. En este caso, el país ha enfrentado considerables dificultades para adaptar sus herramientas analíticas, desarrolladas en la era de la Guerra fría, a esos nuevos retos. Recientemente, la amenaza de la ciberguerra ha supuesto desafíos completamente nuevos.

Con respecto a Cuba, sencillamente no existe ninguna amenaza creíble, de ningún tipo, para los Estados Unidos. Los conflictos propios de la Guerra fría se han ido distendiendo a partir de la desaparición de la Unión Soviética. Un estudio reciente del Departamento

La seguridad nacional estadounidense y las tecnologías de la información

Abraham R. WagnerProfesor. Escuela de Derecho, Universidad de Columbia.

n. 81-82: 25-32, enero-junio de 2015

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de Estado norteamericano también concluyó que Cuba no estaba involucrada en el apoyo a organizaciones terroristas, de modo que tampoco existen elementos de ninguna amenaza potencial.

Otro importante aspecto de la seguridad nacional son las fuerzas —que incluyen tanto la mano de obra militar como una amplia gama de sistemas de armamentos— desarrolladas para enfrentar un escenario de amenazas de distinto carácter. Para los Estados Unidos, esas fuerzas están conformadas tanto por unidades militares activas como por las de la reserva —en el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y los Marines—, así como personal contratado que apoya a los militares en muchas áreas; tras más de una década de guerras en Irak y Afganistán, siguen evaluando qué nivel y combinación de fuerzas requerirán para enfrentar las amenazas del futuro.

Como apoyo a estas fuerzas existe una variedad de sistemas de armamentos y dispositivos que van desde termonucleares, capaces de destruir ciudades enteras, hasta pistolas personales. Aparte de esas armas tradicionales, una nueva clase de ciberarmamentos, que emplea tecnología de la información (TI), está siendo desarrollada e integrada a las unidades reales de combate.

Finalmente, la seguridad nacional también involucra organizaciones de apoyo, como los servicios de inteligencia que recogen y analizan información de importancia para los encargados de adoptar las decisiones y los militares, así como servicios diplomáticos como el Departamento de Estado y el de Seguridad Interior, al cual le han sido asignadas algunas misiones de seguridad nacional.

El papel de la tecnología de la información

Según cálculos, el cambio más dramático en la tecnología que apoya la seguridad nacional ha ocurrido en la esfera de la TI, incluidas las comunicaciones. Esta esfera se ha vuelto cada vez más crítica para la seguridad, así como para todas las demás operaciones gubernamentales. Desde la aparición del ciberespacio, los servicios y las agencias que tienen que ver con la seguridad nacional han estado dependiendo cada vez más de los modernos sistemas de TI, tales como Internet, para la inmensa mayoría de sus requerimientos de comunicaciones y de procesamiento de datos. Incluso los sistemas con la más alta clasificación utilizan la espina dorsal de Internet para la trasmisión de datos cifrados, pero que transitan por la vía de los transportadores comerciales en ese proceso1 —resulta importante observar que todos los involucrados en el proceso de seguridad nacional, desde el presidente hasta

las fuerzas en el terreno, son altamente dependientes de la gestión comercial en Internet, y en la medida en que todos esos servicios están en riesgo, existen problemas significativos. El mundo ha entrado en lo que se conoce como la era de los «grandes datos», y todos los aspectos de la sociedad tienen que ver con ello.

Una preocupación de envergadura la constituye ahora la esfera de la ciberguerra—que se ha convertido en un dominio por sí solo— y hasta dónde cuenta verdaderamente.2 En la actualidad está en curso un debate en torno a si esto es en gran medida un mito, o si los Estados Unidos enfrentan potencialmente lo que algunos ya están llamando un «ciber-Pearl Harbor». Aunque el conflicto, en términos cibernéticos, no es lo mismo que la guerra tradicional, los Estados Unidos establecieron el Cibercomando Militar (CYBERCOM), así como todos los componentes de servicio, y están tratando de aumentar el presupuesto del Departamento de Defensa y el personal en esta esfera; desde 2004, dividieron lo que hasta entonces había sido responsabilidad de este Departamento, con la creación del nuevo Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, DHS). Bajo este nuevo arreglo, las principales responsabilidades del contraterrorismo, así como en materia de terrorismo cibernético, han sido asignadas al DHS.

Aunque todavía hay debate y cierta confusión organizativa en cuanto a la extensión de la amenaza, existe algún acuerdo general referido a que los ciber-riesgos son reales, y amplias porciones de la infraestructura de los Estados Unidos siguen siendo muy vulnerables a ataques en ese campo. Las amenazas siguen estando fuera del terreno que los militares han entendido durante décadas, pero esto está cambiando también. Un problema relacionado, que ha recibido cada vez más atención de los medios de difusión, es el peligro de que los países extranjeros se infiltren en las computadoras estadounidenses; China, Rusia e Irán han sido acusados de operaciones de ese tipo, y es probable que otras naciones y actores no estatales se sumen a la lista.

A diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, en la era de Internet no es fácil distinguir entre los problemas militares y de seguridad nacional, y los comerciales. Los militares, el gobierno y el comercio civil dependen de la infraestructura de TI existente, de modo que su protección se ha convertido en una importante preocupación de seguridad nacional. Al mismo tiempo, los ataques provienen de los hackers, de los delincuentes, así como de los militares y terroristas extranjeros, por lo que sigue existiendo un poco de confusión respecto a quién es responsable por la ciberdefensa y cómo puede conseguirse.

En los Estados Unidos, y cada vez más en el Reino Unido y otros sitios, ya existen temas legales que han


evolucionado respecto a la privacidad y la seguridad, que en algunos casos están teniendo un impacto adverso en las misiones de seguridad nacional en la ciberesfera. Muy recientemente, el debate en torno a volver a autorizar la Ley Patriótica de los Estados Unidos —particularmente, su Sección 215, que se refiere a la colecta de metadatos telefónicos de la Agencia de Seguridad Nacional—, así como varias revelaciones de Edward Snowden3 sobre programas de vigilancia, han causado significativos problemas. En la actualidad, varios de estos asuntos están siendo decididos por el Congreso estadounidense y tribunales federales, de modo que es una esfera en vías de evolución.4 Aunque queda mucho por evaluar, es seguro que el desenlace tendrá un efecto de envergadura en la seguridad nacional.

Evolución del ciberespacio y de la tecnología de la información

En años recientes, la vasta expansión del ciberespacio —no solo en términos de usuarios, sino de contenido y aplicaciones— ha conllevado un nuevo conjunto de amenazas y desafíos jamás previstos por los diseñadores de la red. A inicios de esta revolución tecnológica, el acceso se materializaba solo a través de unas pocas computadoras centrales conectadas; literalmente, no había nada que robar o atacar, y no había ninguna infraestructura conectada a la red. La ciberseguridad, por tanto, no era un tema de discusión.

Con el tránsito a Internet a escala mundial y la evolución del comercio electrónico, al igual que la amplitud y variedad de sus contenidos, el ciberespacio se convirtió en un escenario lucrativo para los delincuentes y brindó un importante conjunto de blancos para ser atacados en la medida en que los servicios militares y de inteligencia se convirtieron en principales usuarios de la red. Este nuevo mundo presenta un serio conjunto de desafíos que hay que atender. Vale la pena observar tres puntos:

La protección de la seguridad, la privacidad y la •infraestructura en el ciberespacio tiene que ver con un conjunto de problemas legales, técnicos, económicos y de seguridad nacional. Todos ellos son dinámicos.El régimen legal para el ciberespacio tiene varias •generaciones de atraso respecto al entorno tecnológico y sus amenazas.Los desenlaces importan realmente. La integridad •de la infraestructura nacional y de la seguridad de la nación está estrechamente asociada con la solución de esos problemas.

Etapas en la evolución del ciberespacio

A inicios del decenio de los 60, la «red» era un experimento referido a la optimización del trabajo en red emprendido por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados del Departamento de Defensa (ARPA y luego DARPA) que contemplaba el concepto de paquetes conmutados, en lugar de la tradicional conmutación de línea. La temprana red ARPA o ARPAnet, tal como se la conocía, conectaba las computadoras centrales a unas pocas universidades y otros sitios, sin ninguna vía para acceder a la red de manera externa durante años, y carentes de contenido atractivo para los delincuentes o hackers.

Los fondos federales posibilitaron, en 1989 y 1990, un rápido tránsito de la ARPAnet a Internet, junto con un explosivo crecimiento del correo electrónico, que la red y las aplicaciones relacionadas jamás habían previsto. Las tecnologías relacionadas permitían que una base creciente de computadoras y de redes de área local se conectaran a la red con mayor ancho de banda y costos muy inferiores. La proliferación de computadoras personales, así como los suministradores de servicios de Internet (Internet service providers, ISPs) hacían que el acceso fuese fácil y costeable. Los negocios, las instituciones educacionales y el gobierno, entre otros, instalaron computadoras conectadas a las redes de área locales que, a su vez, se conectaban a Internet y brindaban conectividad global.

El desarrollo del protocolo de red a escala mundial (world wide web protocol, www) y el software de navegación trajeron una nueva era al ciberespacio. La red pasó a ser muchísimo más amistosa con los usuarios, mientras que el contenido y las aplicaciones se añadían a ella a una velocidad enceguecedora. El comercio electrónico, las gestiones bancarias por esa misma vía y otras aplicaciones pronto ofrecieron blancos lucrativos, y hubo mucho para robar. La primera generación de hackers traviesos estaba siendo remplazada por diestros ciberdelincuentes que con frecuencia operaban desde el extranjero, donde no podía alcanzarlos la ley estadounidense.5

Esta era también presenció el modo en que el gobierno de los Estados Unidos se convirtió en el mayor usuario de Internet. Todas las agencias y oficinas, y también los militares, reconocieron la utilidad de la red y rápidamente adoptaron el ciberespacio como medio de comunicación y de almacenamiento de datos. El gobierno devino rápidamente «el cerdo en el abrevadero»: utilizaba la red, pero fracasaba en cuanto a brindarle seguridad y garantía. No hay dudas respecto a la razón por la cual los adversarios potenciales comenzaron a invertir en capacidades para la ciberguerra, a la luz de las principales vulnerabilidades a la seguridad, que no eran para nada secretas.


Una etapa posterior ha sido la creciente conexión de lo que se ha dado en llamar la infraestructura crítica para la red. Aquí se incluyen los sistemas SCADA: las redes energéticas, los sistemas de alcantarillado, entre otros muchos.6 Es cuestionable la razón por la cual resultó esencial que todos esos sistemas, tales como las empresas de interés público, estuvieran conectados con la red; pero el hecho es que lo fueron, y eso los ha hecho sensibles al ciberataque. La vulnerabilidad de la infraestructura crítica y la necesidad de protegerla no son nuevas. En efecto, un repaso del problema durante la Administración Clinton sacó a la luz el PD/NSC-63 (1998), pero con muy pocos resultados tangibles. La más reciente Orden Ejecutiva de Obama sobre el tema (2013), así como la Directiva Presidencial PPD-21 relacionada con ello, son sorprendentemente similares en tono y sustancia respecto a los de la Administración Clinton, pero también fracasan, en tanto no presentan un programa concreto y un financiamiento esencial para cumplir ese objetivo. (La Casa Blanca, 1998, 2013a, 2013b)

Ciberseguridad: la década perdida

Sería difícil culpar ya fuese a la DARPA o a otros sectores del gobierno estadounidense por no haber invertido abundantemente en la ciberseguridad durante los primeros tiempos, puesto que al principio la «red» era sencillamente un experimento carente de contenido significativo. Tampoco tenía grandes aplicaciones comerciales o de seguridad nacional. Esta y la privacidad no eran elementos esenciales del diseño original de la red, y mucho de lo que se hizo después puede caracterizarse como «demasiado poco, demasiado tarde».7

Sin embargo, con el tránsito de la ARPAnet a Internet después de 1990 y la virtual explosión de la base de usuarios, así como del contenido basado en la red, esta situación cambió de manera radical, y había entonces «algo que robar», así como una multitud de usuarios a los cuales molestar y un creciente potencial al cual infligir verdaderos daños. Los hackers y otros contaban ahora con acceso a la red, y de hecho se organizaron en oscuros grupos clandestinos.8 Las amenazas al ciberespacio provenían de una variedad de fuentes, que iban desde escolares de secundaria aburridos hasta unidades militares bien entrenadas

a las que asignaban misiones de ciberguerra. Las más importantes categorías de dichas amenazas incluyen:

Hackers • con variados niveles de habilidad, cuyos objetivos incluyen molestar a las personas, inhabilitar computadoras individuales, dañar archivos, insertar códigos maliciosos o malware, robar datos y desorganizar el servicio.Individuos perturbados, como los administradores •de sistemas despedidos que buscan venganza contra sus antiguos empleadores.Delincuentes cuyos objetivos primarios son el robo •de dinero o datos (tarjetas de crédito, información sobre cuentas o identidades).Actores estatales y no estatales (por ejemplo, •organizaciones terroristas) que están desarrollando capacidades de ciberguerra.Resulta cada vez más clara la necesidad de que el

ciberespacio sea un medio seguro, y también es cierto que las protecciones esenciales no han avanzado al mismo paso que el crecimiento de la red. Si bien los arquitectos originales de DARPA jamás contemplaron sus actuales usos y no vieron necesidad de protegerla, carecían de los recursos adecuados para convertir la seguridad en parte del sistema. Financiaron varias iniciativas claves, como el Equipo de Repuesta de Emergencia a la Computación (Computer Emergency Response Team, CERT), pero jamás fueron capaces de brindar una infraestructura segura en ese sentido.

El contenido llega al ciberespacio

Con el tránsito de la primera y experimental ARPAnet a Internet pública, y el desarrollo concomitante en las tecnologías de la red, grandes cantidades de contenido se volvieron cada vez más asequibles para los usuarios. Pronto fue posible conectar anfitriones y servidores de computadoras a la red, por todo el mundo, incluidas las empresas comerciales, las instituciones educacionales, las agencias gubernamentales, los servicios militares, además del sistema legal, los expedientes médicos y muchos más. Para la mayoría de estos usuarios, sus carpetas de papel se estaban convirtiendo rápidamente en digitales, almacenadas en servidores de computadoras conectados a la red. Y al mismo tiempo, la facilidad del acceso para los usuarios

Aunque todavía hay debate y cierta confusión organizativa en cuanto a la extensión de la amenaza, existe algún acuerdo general referido a que los ciber-riesgos son reales, y amplias porciones de la infraestructura de los Estados Unidos siguen siendo muy vulnerables a ataques en ese campo.


significaba facilidad de acceso para los hackers y los delincuentes.

No solo se amplió el almacenamiento: el comercio electrónico evolucionó rápidamente para llevar al mercado tanto productos tradicionales como nuevos bienes y servicios. Empresas como Amazon.com crecieron rápidamente y constituyen desde entonces un desafío a las que han pasado a llamarse ahora «tiendas de ladrillos y concreto». La era de Internet también ha sido testigo de la proliferación de sitios web de todo tipo, que van desde el benigno al delictivo, y hasta el mortífero.9 Los medios tradicionales como periódicos y revistas, tienen ahora versiones digitales, y un número cada vez mayor de ellos ha abandonado las ediciones impresas. Las estaciones de radio y televisión también han adoptado adjuntos, con base en la red, a sus operaciones de trasmisión, y ofrecen no solo medios de difusión adicionales, sino también, la capacidad de bajar carpetas y materiales relacionados.

Posiblemente, el aporte más significativo a la cultura de esta nueva era ha sido el auge de los medios de difusión sociales tanto como vía de interacción como de información. Esto es mucho más que una herramienta de comunicación y abarca un cambio cultural de envergadura alrededor del mundo. Los sitios y las aplicaciones de trabajo social en red (tales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y otros) se han convertido en una parte principal del dominio de la política exterior y de la seguridad nacional. Hace dos años, Twitter fue un escenario fundamental de los sucesos relativos a la «Primavera árabe», y el uso que el Estado Islámico ha hecho de los medios sociales se ha convertido en un elemento importante de sus operaciones en curso en Irak y Siria (Wagner, 2015).

La seguridad nacional y el ciberespacio

Los funcionarios de la seguridad nacional rápidamente adoptaron el ciberespacio y trabajaron sistemas en red, porque eran muy eficientes en cuanto a costos y ofrecían una gama de importantes capacidades; pero inicialmente fracasaron en cuanto a reconocer y solucionar una gran cantidad de vulnerabilidades críticas. El Departamento de Defensa, la Comunidad de Inteligencia y el Departamento de Estado evitaron conectar a Internet sistemas que contuvieran datos clasificados, susceptibles de ser «hackeados».10 Aunque esas agencias se han movido, en gran medida, en dirección a las computadoras en red, utilizan redes clasificadas y separadas para conectar los sistemas y los usuarios autorizados, y están protegidas con cifrados de alta calidad y otras formas de seguridad.11

Todos esos usuarios —incluida una gran base de contratación como la empresa que dio empleo a Edward Snowden— dependen de la Internet comercial para la realización de sus conexiones y transferencias de paquetes. Por ende, aunque los datos y sus redes pueden ser seguros, en la infraestructura sigue vigente la vulnerabilidad.

La ciberseguridad se ha convertido en un elemento esencial de la vida en un mundo conectado por cables, altamente dinámico. Tanto la base tecnológica como las amenazas que padece siguen evolucionando. Las arquitecturas del sistema se mueven cada vez más en dirección a un concepto de nube, al tiempo que las más serias amenazas de los ciberdelincuentes, de los ciberguerreros y de los ciberterroristas siguen aumentando por todo el mundo.

La mayor parte del decenio 1990-1999 fue un tiempo perdido para la ciberseguridad, y es muy poco lo que están haciendo ya sean el gobierno o la industria para lidiar con las amenazas en rápida evolución. Era un tiempo tanto de malas políticas como de oportunidades perdidas. El ciberespacio se expandió rápidamente y jamás se consideró un recurso nacional. Cada persona involucrada pensaba que su protección era la tarea de alguna otra persona. Tanto el gobierno como los usuarios comerciales ignoraron en gran medida sus vulnerabilidades y riesgos. Subyacía a este fatal enfoque una suposición bastante difundida dentro del gobierno, referida a que la industria, que se estaba volviendo altamente dependiente de la red, reconocería y pagaría para que se arreglasen los problemas; y dentro de la industria existía la suposición —igualmente errónea— de que el gobierno, que había sido el más generoso en cuanto al desarrollo de la red, volvería atrás para pagar por su reparación. Ambos se equivocaban. El mundo comercial adoptó la red con mucha rapidez y ofreció una vasta gama de aplicaciones, pero en gran medida carecía de la disposición y, las más de las veces, del interés en pagar para garantizarla. Incluso los grandes bancos fracasaron en cuanto a lidiar con el problema, hasta que les robaron cantidades masivas de dinero.12

La DARPA financió algunos esfuerzos limitados, como el CERT, y algunas mejoras en las redes, pero el financiamiento no era del monto requerido para dar respuesta a las crecientes amenazas. Tampoco estaba claro que fuese su responsabilidad arreglarlo todo. A estas alturas, la comunidad militar y de inteligencia estadounidenses, por no mencionar todas las demás agencias gubernamentales, se habían vuelto usuarios de la red, pero no habían invertido prácticamente nada en cuanto a garantizar su seguridad.13 Más recientemente, el CERT ha sido transferido al Departamento de Seguridad Interior y sigue siendo administrado por la Universidad Carnegie Mellon.


En su mayor parte, el impulso por hacer del ciberespacio un entorno garantizado, seguro y privado está siendo puesto en movimiento por las demandas de los usuarios. El crecimiento del comercio electrónico y de su uso en los negocios trajo consigo nuevas exigencias de seguridad, y la proliferación de sistemas trabajados en red por parte del gobierno para usos de seguridad nacional y otros también requirió redes garantizadas y aplicaciones a estándares muy altos. Se identificaron vulnerabilidades en casi todas las esferas de hardware y software, al tiempo que nuevas amenazas siguen siendo identificadas cada día.

La industria desarrolló, en efecto, varios productos de seguridad para lidiar con problemas tales como los códigos maliciosos o malware. Esos productos ofrecieron a los usuarios protección y la eliminación de códigos sospechosos (virus, gusanos y troyanos) de las computadoras infectadas. Otras empresas ofrecieron softwares para cifrar, como el PGP, que permitieran a sus usuarios proteger carpetas sensibles, mientras que una versión garantizada del protocolo de la red permitía las transacciones «aseguradas». El ciberespacio se iba haciendo más seguro y más garantizado para muchos usuarios, pero la amenaza permanecía.

Las amenazas en escalada en el ciberespacio

Aunque las primeras amenazas involucraron a jóvenes hackers y a empleados disgustados, no se esperaba que el ciberespacio se convirtiera en un escenario de envergadura para la guerra. No obstante, tanto actores estatales como no estatales han desarrollado capacidades de ciberguerra, susceptibles de lanzar tanto ataques de tipo convencional como clandestinos y de espionaje.14 China y otras naciones se siguen desarrollando en ese sentido, porque para ellas es algo sensato. En la medida en que los Estados Unidos se han vuelto cada vez más dependientes de la infraestructura de la red, constituyen un blanco para cualquier adversario. Al mismo tiempo, la construcción de una capacidad de ciberguerra como la Unidad PLA 61398, de China, requiere muy poco en lo tocante a equipos e instalaciones en comparación con otras operaciones militares. El único elemento clave es el reclutamiento de personal diestro y susceptible de ser entrenado.

Aunque el caso chino ha recibido notable atención por parte de los medios de difusión, no es el único; varios Estados del «eje del mal» han aumentado dramáticamente sus ciberactividades hostiles. La República Popular Democrática de Corea ha escalado sus ataques contra Corea del Sur, al tiempo que Irán construye capacidades similares, tanto en respuesta a los

ataques de STUXNET contra las instalaciones nucleares de esa nación, como para responder a adversarios potenciales como Israel y los Estados Unidos.

Aparte de los Estados nacionales establecidos, existe una preocupación creciente referida a que actores no estatales y organizaciones terroristas, como Al Qaeda, Hamas y Hezbollah, adquieran los recursos necesarios para involucrarse en ciberataques de distinto tipo. Si bien dichas organizaciones pudieran tener una ideología del siglo viii, no han sido reacias a utilizar tecnología del xxi . En dependencia de la calidad de los ataques, podrían evitar ser detectados durante cierto período de tiempo y, en algunos casos, que se les impute como atacantes. En términos de ciberdefensa, sin la habilidad de identificar rápidamente a un agresor con un alto grado de precisión, la respuesta se vuelve casi imposible.

En la actualidad sigue habiendo un debate entre los expertos en cuanto a la naturaleza exacta de los futuros ataques y de los posibles blancos. Algunas autoridades prevén la posibilidad de lo que llaman un «Pearl Harbor digital», en el cual las infraestructuras nacionales e internacionales estarían seriamente amenazadas. Otros ven un escenario aún más serio, en el que un ataque contra la red no solo desorganizaría algunos servicios, sino que corrompería los datos hasta el punto en que ya no se podría confiar en ellos.

Enfrentando el desafío

Un resultado de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 fue el nuevo enfoque de la comunidad de seguridad nacional respecto a lo importante que era el ciberespacio tanto para las operaciones terroristas como para las defensivas. Varios programas, en la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA), que recientemente recibieron una gran atención de los medios de difusión, fueron emprendidos como respuesta a esas nuevas amenazas. Muy estrechamente relacionado con los programas de la NSA estuvo el establecimiento de un comando militar unificado (CYBERCOM), comandado justamente por el director de esa agencia.

Además de este comando unificado, los servicios militares individuales también establecieron un número de componentes de servicio, incluida la 14ta fuerza de la Fuerza Aérea, la 67ma Rama de Guerra de Red; la décima flota de la Marina, y el segundo Ejército. Tras una década de financiamiento y atención inadecuados, esas acciones demuestran un nivel significativamente mayor de atención y esfuerzo programático por parte de los servicios militares, que ahora están tomando con muchísima más seriedad la perspectiva de una futura ciberguerra.


El primer decenio del siglo también fue testigo de un significativo incremento de los gastos dentro de otros elementos del Departamento de Defensa, así como de otras agencias de gobierno, incluidos el Departamento de Seguridad Interior y otros. En la DARPA, cuna de la red, una nueva serie de programas con una cantidad sustantiva de financiamiento han sido emprendidos para lidiar con la ciberseguridad, que apoyan requerimientos en la NSA, los servicios militares y otros usuarios.

La Casa Blanca también ha llevado a efecto una revisión general de estos temas, que condujo a una reciente Orden Ejecutiva y Directiva de Política Presidencial (PPD-21) (La Casa Blanca, 2013a, 2013b). Hasta qué punto estas dos acciones producirán resultados tangibles sigue siendo un asunto abierto al debate. Ni la reciente Orden Ejecutiva ni el PPD vienen con fondos adjuntos, y les asignan las responsabilidades al Departamento de Seguridad Interior (DHS) y al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National Institute of Standards and Technology, NIST) en lugar de hacerlo a la NSA y al CYBERCOM. Los críticos plantean que el DHS y el NIST carecen de los recursos y las habilidades requeridos para esta asignación de envergadura y que lo más probable es que estén condenados al fracaso.15

La buena noticia es que la tecnología de la red es en gran medida asimétrica y favorece la defensa. También está la cuestión de que los Estados Unidos crearon este «monstruo» y conocen bien la tecnología, mientras que muchos de sus adversarios no son tan sofisticados técnicamente. Al menos en teoría, la protección es más fácil que la penetración, y aquí tanto la tecnología como la economía están del lado de la ciberdefensa. También resulta que el mundo sigue estando en los días del «salvaje oeste» ciberespacial y todavía hay muchas cosas que no están bien asentadas. Temas como la gobernanza de Internet se hallan aún en las primeras etapas de desarrollo y preguntas tales como «¿quién es el encargado?» no han sido enteramente respondidas.16

En el más largo plazo, es probable que muchos de los más acuciantes problemas de la ciberseguridad estadounidense puedan ser resueltos si la nación adopta una posición verdaderamente seria respecto a su enfrentamiento. En parte, significa tomar un sistema y un conjunto de protocolos que jamás fueron diseñados para ser seguros y garantizados, y transformarlos en otros que sí lo sean, e ir al encuentro de las necesidades en vías de evolución de los usuarios por todo el mundo. No obstante, para hacerlo, se requerirá no solo una estrategia nacional, sino también, la organización y los recursos para cumplir la tarea. Claramente, la solución de estos problemas a largo plazo necesitará de una sostenida inversión de recursos federales, así

como una más estrecha cooperación entre las agencias gubernamentales pertinentes y los abastecedores comerciales de Internet.

Los proyectos de ley que permanecen pendientes ante el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos contienen muchos de los elementos críticos de una solución a largo plazo.17 Se requiere primero de un incremento de la inversión en la educación para la ciberseguridad, de un modo muy parecido a aquel que la nación adoptó para responder al desafío de la Guerra fría respecto a la «carrera espacial». La ciberseguridad exige las mejores mentes, y resulta esencial brindar los incentivos para que ingresen en ese campo y obtengan las habilidades requeridas para resolver esos complejos problemas. Las universidades de la nación no van a hacerlo por su propia iniciativa, y requerirán apoyo gubernamental si se desea que el país tenga éxito en este asunto.

El gobierno ha de reconocer que no puede legislar la seguridad: tiene que financiar su desarrollo y aplicación en las esferas de seguridad, resistencia y privacidad. La nación tiene que moverse, de otra Orden Ejecutiva de alto nivel o Directiva Presidencial, a programas concretos y efectivos. Al propio tiempo, tiene que seguir refinando una estrategia para la ciberguerra.

El actual estado de cosas sigue confundiendo lo que se hace bajo el Título 10 (operaciones militares) y Título 50 (operaciones de inteligencia), puesto que las actividades en esta esfera utilizan personal y técnicas tanto de los militares como de la comunidad de inteligencia (Wall, 2011). Ciertamente, el establecimiento del CYBERCOM y otras iniciativas similares son un buen comienzo, pero tiene que hacerse muchísimo más.

Finalmente, el enfrentamiento del reto de la ciberseguridad requiere una asociación fuerte con la industria. Resulta esencial no perder de vista que esta construyó la red, y que ella la arreglará. Por lo general, el gobierno solo puede firmar cheques, y no un código de computadoras. Incluso los militares y las agencias de inteligencia son ampliamente dependientes de sus bases de contratistas en esta esfera crítica. La solución definitiva es impulsada tanto por las amenazas como por las demandas de los usuarios, y ambas cosas están cambiando constantemente. Las políticas y los programas deben responder a ellas si se quiere hacer frente al desafío.

Traducción: David González

Notas

1. Muchas personas no se dan cuenta de que virtualmente todas las comunicaciones —para la Casa Blanca, los militares, los servicios de inteligencia y otros— se producen a través de los servicios de


telecomunicación comerciales. Esos portadores se han mudado, en su casi totalidad, a los protocolos de Internet.

2. Un buen resumen de esta situación está contenido en el Department of Defense Cyber Strategy (Abril de 2015), de reciente publicación.

3. Las revelaciones sobre el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos a ciudadanos norteamericanos, hechas por el exempleado de la CIA Edward Snowden, han causado desde 2013 un notable impacto en la comunidad internacional.

4. Investigaciones y debates paralelos están teniendo lugar en el Reino Unido. Véase, por ejemplo, Anderson (2015), sobre el reporte presentado al Primer Ministro respecto a la Sección 7a de la Ley de Poderes de Retención de Datos e Investigativos.

5. Quizás sea una extraña coincidencia que el nacimiento de Internet se produjera al mismo tiempo que el desplome de la Unión Soviética, pues muchos de los más serios ciberdelitos provenían de allí.

6. SCADA son las siglas de Supervisory Control and Data Acquisition (control de supervisión y adquisición de datos), un sistema de computación para colectar y analizar datos en tiempo real, utilizado para monitorear y controlar una planta o equipos en industrias tales como las telecomunicaciones, control de aguas y de basura, energía, refinación de petróleo y gas, y transporte.

7. Para muchos, podría resultar una sorpresa el hecho de que el correo electrónico no constituía siquiera una parte del diseño original de ARPAnet, y su protocolo fue un proyecto personal carente de financiamiento del empleado de la BBN, Ray Tomlinson. Sin embargo, ello no impidió que ARPA, en última instancia, lo incorporase al sistema.

8. La comunidad de hackers ha evolucionado hasta convertirse en una grande y creciente subcultura, con una convención anual (DefCon) que se celebra en Las Vegas. La convención comenzó en 1992 como Dark Tangent (tangente oscura) y desde entonces ha crecido enormemente.

9. No resulta sorprendente que incluso organizaciones terroristas como Al Qaeda, y más recientemente, el Estado Islámico, mantengan un gran número de sitios web para promover sus causas y auxiliarse en sus operaciones. Durante algún tiempo, el sitio web de la Carretera de la Seda ayudó al tráfico internacional de drogas, y su fundador ha recibido ahora una condena de cadena perpetua en una prisión federal.

10. En el ahora célebre escándalo de Wikileaks, un individuo con una acreditación de seguridad utilizó una memoria USB para retirar datos clasificados de una computadora segura, razón por la cual ha sido condenado por cargos de espionaje. De modo similar, el ciudadano estadounidense Edward Snowden contaba con una acreditación de seguridad de alto nivel e ilegalmente retiró documentos clasificados de computadoras gubernamentales antes de huir a Moscú, y también enfrentaría cargos de espionaje si retornase al país. Estos no fueron casos en los que las computadoras gubernamentales fueron «hackeadas» y los datos retirados.

11. Existe el asunto independiente del correo electrónico entre el personal de seguridad nacional. Al principio, muchos de esos usuarios de hecho utilizaron los servicios comerciales, tales como AOL y otros, a menudo respecto a asuntos sensitivos. Las violaciones de los procedimientos de seguridad fueron a menudo burdas y flagrantes. Más recientemente, las agencias han adoptado cuentas de correo seguras, clasificadas, para apoyar a sus usuarios. Aunque la mayoría de ellos ahora cuentan con varias cuentas, y mantienen las comerciales, hay optimismo respecto a que el nivel de violaciones de seguridad se ha reducido.

12. El ejemplo primordial aquí es CitiBank, que sufrió un robo por parte de cibercriminales rusos de un monto aún no revelado de dinero antes de adoptar medidas correctivas.

13. Tanto la comunidad militar como la de inteligencia construyeron redes clasificadas con tecnologías de cifrado que –creyeron— debían hacerlas invulnerables, pero luego aprendieron que no era totalmente así.

14. Para un excelente análisis del desarrollo de la Unidad PLA 61398, véase, por ejemplo, Mandiant, 2013.

15. También existe la cuestión legal referida a que no tiene lógica separar las ciberoperaciones defensivas y ofensivas, y que estas últimas requieren la habilidad jurídica de involucrarse en actividades Título 50 (operaciones de inteligencia encubiertas), y que el DHS y el NIST no están autorizados para hacerlo.

16. Un temprano análisis de este problema puede hallarse en Goldsmith, J. y T. Wu, (2006) Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World, Nueva York, Oxford University Press.

17. Esto no es un asunto de tomar partido, y tanto los proyectos que están ante el Senado como los que están ante la Cámara contienen elementos importantes y útiles. Incluidos aquí están el Proyecto de Ley sobre ciberinteligencia y protección (Cyber Intelligence and Protection Act, CISPA, H.R. 3523 – Rogers); el Proyecto de Ley sobre la promoción y el perfeccionamiento de la ciberseguridad y de la efectividad sobre la forma de compartir información (Promoting and Enhancing Cybersecurity and Information Sharing Effectiveness Act, PRECISE, H.R. 3674 – Lungren y McCaul); el Proyecto de Ley de Ciberseguridad (Cybersecurity Act, S. 2105 – Lieberman-Collins); y el Proyecto de Ley sobre el fortalecimiento y perfeccionamiento de la ciberseguridad por la vía de utilizar la investigación, la información y la tecnología (Strengthening and Enhancing Cybersecurity by Using Research, Education, Information & Technology Act, SECURE-IT, S. 2151 – McCain-Fengold).

Referencias

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La Casa Blanca, (1998) Directiva de decisión presidencial/NSC-63. Protección de infraestructura crítica, Washington, 22 de mayo.

______, (2013a) Orden ejecutiva. Mejoramiento de la ciberseguridad de la infraestructura crítica, Washington, 12 de febrero.

______, (2013b) Directiva de política presidencial/PPD-21.Seguridad y Resistencia de la infraestructura crítica, Washington, 12 de febrero.

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Wall, A. E., (2011), «Demystifying the Title 10-Title 50 Debate: Distinguishing Military Operations, Intelligence Activities & Covert Action» en Harvard Law Review. www.soc.mil/528th/PDFs/Title10Title50.pdf

, 2015

33Comentario sobre la seguridad nacional y las tecnologías de la información

La alta dependencia que tiene la sociedad estadounidense de los procesos informatizados constituye su talón de Aquiles, pues todas las infraestructuras críticas del país —agua,

electricidad, gas, transporte, entre otros— están soportadas sobre esas tecnologías que no son ni infalibles, ni totalmente seguras.

En el momento en que ARPAnet —posteriormente, Internet— daba sus primeros pasos, el académico estadounidense y luego asesor de Seguridad Nacional del presidente James Carter (1977-1981), Zbigniew Brzezinski, planteaba:

[L]a era tecnotrónica involucra la aparición gradual de una sociedad más controlada y dominada por una élite sin las restricciones de los valores tradicionales, por lo que pronto será posible asegurar la vigilancia casi continua sobre cada ciudadano y mantener al día los expedientes completos que contienen incluso la información más personal sobre el ciudadano. (Brzezinski, 1982)

En enero de 2002 se creó el proyecto Total Information Awareness (TIA), al frente del cual estuvo el Almirante John Poindexter, quien fuera Asesor de Seguridad Nacional del presidente Ronald Reagan (1981-1989), condenado por el escándalo Irán-Contras y posteriormente conmutado por el presidente George Bush (1989-1993). Este proyecto tenía como objetivo «buscar inconsistencias en fuentes de datos abiertas con el fin de conocer hechos y objetivos», y como misión,

imaginar, desarrollar, aplicar, integrar, demostrar y utilizar las tecnologías de la información, componentes y otros sistemas de información para detectar amenazas asimétricas, con el objetivo de lograr un conocimiento total de la información. (Information Awarness Office, S/A)

Aparentemente, este proyecto cesó en 2004 cuando el Congreso retiró su financiamiento, pero se conoce que determinadas partidas presupuestarias para los órganos de inteligencia no pasan por el Legislativo.

Carlos del Porto BlancoProfesor. Instituto Superior Politécnico

«José Antonio Echeverría» (CUJAE)

Comentario sobre seguridad nacional y tecnologías de la información

La llegada de la Administración Obama significó un impulso a la informatización y automatización permanentes de la maquinaria militar estadounidense, como se aprecia en su doctrina militar presentada en enero de 2011 y que se basa en tres pilares: los aviones sin piloto o drones, las tropas especiales y la ciberguerra.

En 2010 se hizo pública la presencia de un programa maligno (malware) de muy alta tecnología que golpeaba el programa nuclear iraní: Stuxnet, que interrumpió el proceso de enriquecimiento de uranio y que, como se demostró, era una obra de ingeniería muy elaborada. Su desarrollo necesitó muchos recursos financieros y un conocimiento profundo en varias áreas, imposibles de lograr por un hacker o grupo de ellos sin el respaldo de un Estado; las investigaciones posteriores revelaron que la Administración Bush y el gobierno de Israel estuvieron involucrados, y que Obama heredó y continuó el proyecto, que tuvo como clave el nombre de Olimpic Games (Sanger, 2012). Este hecho se considera como la apertura de la caja de Pandora en este tipo de hechos, pues a partir de aquí, cualquier Estado se puede sentir en el derecho de atacar cibernéticamente a otro, con todos los peligros que ello implica.

Como era de esperar, esta política no se detuvo y siguió con un impulso renovado. Todas las pruebas forenses apuntan a que el resto de programas malignos de alto nivel de complejidad que han sido detectados en tareas de espionaje tienen puntos de contacto con Stuxnet: por ejemplo, Duqu, MiniDuqu, Gauss, Flame, Careto y otros. Un elemento que despierta suspicacias es que después de años de instalación y de realizar labores de inteligencia, ninguno de esos malwares ha sido detectado por alguna de las «grandes y famosas» empresas dedicadas a la seguridad informática, casi todas estadounidenses; solo una empresa se lleva prácticamente todos los méritos, Kaspersky Lab., de nacionalidad rusa —¿será que las del llamado mundo occidental están de alguna forma implicadas?

n. 81-82: 33-35, enero-junio de 2015

34 Carlos del Porto Blanco

El país que clama por una mejora en sus defensas ante peligrosos y despiadados enemigos, es el que da el primer golpe también en el campo cibernético y dedica todo un ejército, el Cibercomando (CYBERCOM), a estos fines.

El enfrentamiento en el campo del ciberespacio es asimétrico por naturaleza, pero puede ser altamente letal. Permitir que «el genio salga de la botella» puede tener consecuencias inimaginables, por lo que los responsables de elaborar y llevar a cabo las políticas en este campo llevan sobre sus hombros una enorme responsabilidad: no dejarse llevar por fobias ideológicas, sino actuar como verdaderos estadistas; reconocer que el mundo no se puede mirar con el prisma de «los buenos» y «los malos», y que hay mucho en juego.

En este escenario no existe ni frente ni retaguardia: se rompen todas las reglas de la guerra convencional. Se puede estar ante a un ataque perpetrado por un Estado, un grupo o un «lobo solitario», y es muy difícil discernir cuál es la situación. El presidente Obama y el premier británico David Cameron han planteado que deben redefinirse las reglas de la guerra para adecuarlas a las necesidades del mundo digital (Fung, 2013); si esto se llevase a cabo, debe ser el resultado de una negociación internacional en la que tengan voz y voto todos los Estados y no solo algunos elegidos.

Una pregunta que haría un observador objetivo es: ¿para qué tanto gasto entonces? En 2014, los Estados Unidos tuvieron un presupuesto militar de 581 mil millones de dólares, más que China, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, India e Israel juntos —aquí no se consideran otras partidas como la del armamento nuclear que corre por parte del departamento de energía. 3,51% del PIB del país más rico del planeta se dedicó a tareas relacionadas con la guerra. Para el año fiscal 2016, el presupuesto aprobado es de 523 mil millones de dólares. ¿Quién amenaza a quién?

Todo esto provoca la reacción de otros Estados que crean sus propios cibercomandos. Francia, Alemania, Brasil, China, Rusia e Israel han manifestado que ya poseen instituciones de ese tipo.

Los Estados Unidos y el Reino Unido han planteado también la posibilidad de la utilización ofensiva de armas cibernéticas. En mayo de 2011, el presidente Obama aprobó la Strategy for Cyberspace, que planteaba, entre otras cosas, que los Estados Unidos «tienen el derecho inherente a defenderse, que puede ser traído a colación por ciertos actos agresivos en el ciberespacio»; «cuando sea necesario […] responderán a actos hostiles en el ciberespacio, como lo haríamos a cualquier otra amenaza a nuestro país»; y «se asegurarán de que el riesgo asociado a atacar o explotar nuestras redes, sea mucho mayor que los posibles beneficios».

Los últimos tiempos han sido pródigos en hechos que justifican un análisis multilateral de los problemas relacionados con la seguridad:

La publicación de informaciones que ilustran las •fallas que tiene el sistema estadounidense y que comprometen su liderazgo. Los casos más conocidos son los de Julian Assange, Chelsea Manning y Edward Snowden.El presidente Obama ha firmado recientemente •una resolución que permite sancionar a hackers extranjeros que atenten contra infraestructuras críticas norteamericanas.Los grupos terroristas como Al Qaeda y Daesh •ganan adeptos y expanden su área de operaciones, apoyándose fundamentalmente en las redes sociales digitales.Rusia presenta un sistema operativo propio.•La solución a estos problemas de alta complejidad

tiene obligatoriamente que basarse en principios éticos, la colaboración y los acuerdos internacionales; de lo contrario nos encontramos a la puerta de pandemoniun.

Dos voces que ilustran cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones se encuentran en el centro de la doctrina militar estadunidense son James Wilkinson, quien fuera el vocero del Comando Central de los Estados Unidos, USCENTCOM, radicado en Tampa, Florida, quien expresó en marzo de 2003: «El objetivo de la guerra de información es ganar sin disparar un solo tiro, si empieza la acción, la guerra de información se usa para que el conflicto sea lo más corto posible»; y James Andrew Lewis, director y socio del Programa de Tecnología y Política Pública del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, quien dijo: «Ya no tienen necesidad de bombardear. Es un mundo totalmente nuevo».

Para resumir, la seguridad nacional de un Estado no puede estar centrada en ir en contra de los intereses de otros.

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35Comentario sobre la seguridad nacional y las tecnologías de la información

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36 Paul Louis Street

En consonancia con su ubicación entre los principales activos de la acaudalada élite de la nación y con su condición de productor de dinero para ella, los medios de difusión

corporativos y comerciales son un bastión de la propaganda al servicio del poder y de las tonterías diseñadas para mantener a la ciudadanía de los Estados Unidos subordinada al capital y al Estado imperial norteamericano. De manera regular, presentan a ese país como un gran modelo de democracia e igualdad. Venden la falsa imagen una sociedad en la que los ricos disfrutan de la opulencia debido a su laboriosidad dura y honesta, y los pobres lo son debido a su pereza e irresponsabilidad. Las emisiones nocturnas de los noticieros de televisión, los dramas policiales y los atinentes a la ley y el orden trasmitidos por el mismo medio están obsesionados con el crimen violento en los guetos negros de la nación y en los barrios latinos; pero jamás hablan de la extrema pobreza y la ausencia de oportunidades impuestas a esas barriadas por las fuerzas interrelacionadas del racismo institucional, la fuga de capitales, el desempleo estructural masivo, las escuelas insuficientemente financiadas y las encarcelaciones masivas. Los partes nocturnos televisados del estado del tiempo informan a los ciudadanos sobre un creciente número de temperaturas récords y formas relacionadas de clima extremo, pero jamás relacionan esos destacados eventos meteorológicos con el cambio climático antropogénico.

Los medios de difusión corporativos dominantes exageran, de manera rutinaria, el grado de diferencia y de alternativa entre los candidatos impulsados por las dos organizaciones políticas dominadas por las

Paul Louis Street Periodista.

La misión y la naturaleza de los medios de difusión del mainstream

n. 81-82: 36-44, enero-junio de 2015

37La misión y la naturaleza de los medios de difusión del mainstream

corporaciones de la nación, el Partido Demócrata y el Republicano. Jamás observan que los dos concuerdan en muchísimas más cosas que en las que difieren, particularmente en lo que respecta al poder de la clase empresarial y del Imperio norteamericano. Presentan a los manifestantes estadounidenses involucrados en tempestuosas confrontaciones con la policía y destacan ejemplos aislados de violencia por parte de aquellos; pero restan importancia a la protesta pacífica y desatienden las cuestiones referidas a las políticas que han desencadenado esas protestas, o las demandas y recomendaciones expresadas por los ciudadanos.

Para vender el Imperio

Los locutores norteamericanos de telediarios y sus contrapartes de los medios de difusión impresos repiten como papagayos y difunden, de modo rutinario, las falsas afirmaciones de política exterior de la élite imperial de la nación. A principios de este año, trasladaron disciplinadamente a los ciudadanos norteamericanos la afirmación disparatada de la Administración Obama referida a que la Venezuela socialdemócrata era represiva, corrupta y un peligro para su propio pueblo y para los Estados Unidos. Ninguno de los principales mercados de noticias se atrevió a señalar el carácter absurdo de esta acusación hecha durante la visita de Obama y otros altos funcionarios estadounidenses a Ryad para apoyar al nuevo rey de Arabia Saudita: el líder absoluto de un Estado —cliente principal de los Estados Unidos— que tiene, por cierto, el gobierno más brutalmente opresivo y reaccionario de la tierra.

En los medios de difusión del mainstream, los objetivos de Washington son siempre benévolos y democráticos; sus clientes y aliados, progresistas; sus enemigos, viles; y sus víctimas, invisibles e incidentales. Los Estados Unidos pueden ocasionalmente cometer «errores» y «torpezas estratégicas» en el escenario global, pero en lo que a esos medios de difusión respecta, sus políticas exteriores jamás son inmorales, criminales o imperialistas por naturaleza. Esto está en línea también con la doctrina de la «excepcionalidad norteamericana», según la cual el país es la única de las grandes potencias de la historia que no procura ganancias egoístas o imperiales en el extranjero. Resulta igualmente coherente con la onerosa dependencia que padecen los grandes medios de difusión norteamericanos respecto a las «fuentes gubernamentales oficiales» (la Casa Blanca, los departamentos de Estado y de Defensa) y las oficinas de relaciones públicas y de prensa de las principales empresas.

Tal como mostraran Edward Herman y Noam Chomsky (1988: 37-86, 87-142), destacados intelectuales de la izquierda norteamericana, en su texto clásico Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, los dobles raseros orwellianos abundan en la cobertura y la interpretación que hacen los medios de difusión estadounidenses de los asuntos globales. Las elecciones ganadas en otros países por los políticos que Washington aprueba —porque puede contar con ellos para que sirvan a sus intereses corporativos y militares— son presentadas en los medios de difusión como buenas y limpias; pero cuando llevan al poder a quienes no sirven a los «intereses norteamericanos» (Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por ejemplo), las corporaciones mediáticas las presentan como «falsificadas» y «corruptas». Cuando los norteamericanos o personas aliadas con Washington son muertos o heridos en el extranjero, son «víctimas respetables» y reciben gran atención y simpatía en esos medios; sin embargo, las personas muertas, mutiladas, desplazadas o dañadas de alguna forma por los Estados Unidos, o sus clientes y aliados, son anónimas y víctimas «no respetables» cuyos destinos merecen poca mención o preocupación.

Los ciudadanos norteamericanos ven regularmente imágenes de personas enfadadas con los Estados Unidos por todo el mundo. Los medios de difusión dominantes jamás les conceden ningún debate serio acerca de las políticas y acciones norteamericanas que provocan esa cólera; dejan que millones de norteamericanos se pregunten, en su ignorancia casi pueril: «¿Por qué nos odian? ¿Qué hemos hecho?».

En febrero de 2015 ocurrió un acontecimiento extraordinar io en los medios de d i fus ión norteamericanos: el despido de uno de los principales locutores de noticias de la televisión, Brian Williams, del noticiario de la NBC. Perdió su puesto debido a algunas mentiras que dijera con respecto a la invasión norteamericana a Irak. Alguna persona ajena e ingenua podría pensar que fue despedido porque repitió las burdas fabricaciones de la Administración de George W. Bush respecto a las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y la supuesta vinculación de este con los acontecimientos del 11 de septiembre. Tristemente, pero de manera muy predecible, no fue ese el problema. Williams perdió su empleo debido a que se vanaglorió falsamente de haber viajado en un helicóptero obligado a aterrizar por un fuego de granadas durante los inicios de la invasión. Si el hecho de trasmitir las mentiras de Washington sobre Irak fuese algo por lo cual pudiera alguien ser despedido, las autoridades de los medios de difusión corporativos de los Estados Unidos tendrían que deshacerse de la mayor parte de sus principales locutores de noticias.


Más que entretenimiento

El servicio propagandístico que prestan los medios de difusión corporativos norteamericanos a las estructuras reinantes e interrelacionadas del Imperio y la desigualdad, no se limita a sus ramas noticiosas y de asuntos públicos. Igualmente significativo —si no más— es el vasto sector de «entretenimiento» de esos medios, cargado de contenido político e ideológico (Street, 2000; 2009; 2015a); pero que fue totalmente ignorado en la reveladora obra de Herman y Chomsky (1988). Un ejemplo es la producción de Hollywood Zero Dark Thirty (2012), que dramatizó la búsqueda de Osama bin-Laden a raíz de los ataques con aviones de pasajeros del 11 de septiembre de 2001. El filme, aclamado por la crítica, fue un éxito de taquilla. También fue una obra de arte de la propaganda promilitar, pro-CIA, que con mucha destreza presentaba las prácticas de torturas por parte de los Estados Unidos «como un asunto sucio, feo, que resulta necesario para proteger América» (Greenwald, 2012), y suprimía el debate moral que estalló sobre las «técnicas de interrogatorio intensificadas» de la CIA. Bajo el disfraz de una fachada neutral, pseudodocumental, Zero Dark Thirty brindó credenciales de normalidad a la tortura y la aprobó de maneras que eran tanto o más efectivas debido a una apariencia de moderación, distanciamiento y «objetividad». La película también trazó una preocupante nueva frontera en el rodaje de filmes norteamericanos «empotrados» dentro de lo militar, en virtud de la cual los cineastas reciben apoyo técnico y logístico del Pentágono a cambio de producir relaciones públicas complejas para beneficio de los militares.

La superproducción de Hollywood, American Sniper (2015), también es un ejemplo. Se supone que los espectadores del filme se maravillen ante lo que se pretende sean nobles hazañas, sacrificio y heroísmo de Chris Kyle, un francotirador de los SEALS,1 robusto, patriótico y fundamentalista cristiano que tomó parte en la invasión norteamericana a Irak para combatir «el mal» y vengar los ataques de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001. Kyle dio muerte a 160 iraquíes en cuatro misiones de cumplimiento del «deber» en el contexto de la «libertad operativa iraquí». A los espectadores jamás se les dice que el gobierno iraquí no tuvo nada que ver con los ataques del 11 de septiembre o con Al Qaeda, ni que la invasión norteamericana fue uno de los actos más notoriamente criminales, descaradamente imperiales y masivamente homicidas en la historia de la violencia internacional. Al igual que los apologistas de Zero Dark Thirty, los defensores de American Sniper sostienen que la película adopta una perspectiva neutral de «puramente contar la historia», sin ningún sesgo ideológico. En realidad, la cinta está llena de distorsiones racistas e imperiales, que

funcionan como el tipo de propaganda de guerra que apela a cualquier medio (Street, 2015b).

Estos son apenas dos entre muchos ejemplos del servicio regular que proveen los medios de «entretenimiento» al imperio norteamericano. Hollywood y otras partes del vasto complejo corporativo del entretenimiento de la nación desempeñan el mismo papel de servicio al poder con respecto a las estructuras de clase y raza, desigualdad y opresión domésticas («de la patria») (Macek, 2006; Puette, 1992).

La manufactura del idiotismo

Cuando la contemplamos en sus múltiples aristas, la misión oscura, al servicio del poder, de los medios de difusión corporativos de los Estados Unidos trasciende la manufactura del consentimiento. Un objetivo más profundo es la del idiotismo masivo, entendiendo «idiotismo» en el sentido original griego y ateniense:2 no de estupidez, sino de egoísmo infantil e indiferencia deliberada respecto a las preocupaciones y los asuntos públicos.

En los Estados Unidos de las corporaciones, donde la violencia no está tan al alcance de la mano para las élites como en la América Latina del decenio de los 70, se busca el mismo terrible resultado a través de sus instituciones ideológicas, incluidos sobre todo sus medios masivos de difusión. En las películas norteamericanas, las comedias de situación, los dramas televisivos, los reality-shows, los comerciales, los anuncios de la lotería estatal y los videojuegos, el tipo ideal de ciudadano norteamericano es un idiota en ese sentido clásico: una persona que se interesa por poco más que su propio bienestar, su nivel de consumo y su estatus, se siente dichosamente indiferente frente a los terribles precios que otros pagan por el mantenimiento de las estructuras de opresión reinantes e interrelacionadas dentro del país y en el exterior.

Un tema recurrente en esta cultura de los medios de difusión es la noción de que las personas que se encuentran en la parte más baja de las pirámides socioeconómica y racial de la nación, abruptas e interrelacionadas, son los constructores de su propio destino, «personalmente irresponsables» y culturalmente deficientes. La versión que tienen los medios de difusión de masas norteamericanos de la idiotez ateniense obra para «eliminar lo social del lenguaje de la vida pública, con el objetivo de reducir» los asuntos referidos a la disparidad racial y socioeconómica al nivel de «cuestiones privadas» de carácter individual y perversión cultural. En línea con «el concepto central neoliberal de que todos los problemas son privados y no sociales por naturaleza», presenta las únicas barreras a la igualdad y participación


democrática significativa como «una carencia de principios de autoayuda y de responsabilidad moral» y malas decisiones personales por parte de los oprimidos. Los esfuerzos gubernamentales por encarar y mejorar significativamente (por no mencionar abolir) las disparidades de la sociedad respecto a la raza, la clase, el género, la etnicidad, la nacionalidad y cosas por el estilo, son presentados como inútiles, contraproducentes, ingenuos y peligrosos (Giroux, 2003; 2004).

Efectivamente, una especie de preocupación y compromiso públicos estrechos y reaccionarios aparece y presenta un aspecto favorable en esta cultura de los medios de difusión corporativos. Adopta la forma de una respuesta cruel —a menudo, incluso, sádicamente violenta— frente a los «indignos» y «malvados», a los que se percibe como incapaces de obedecer los códigos culturales nacionales y neoliberales prevalecientes. Al igual que la clase gobernante norteamericana que es su dueña, los medios pretendidamente antigubernamentales no están realmente opuestos al gobierno como tal, sino a lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llamó «la mano izquierda del Estado»: aquellas partes del sector público que sirven las necesidades sociales y democráticas de la mayoría no acaudalada. Elogian y de otros modos impulsan la «mano derecha del Estado» (Bourdieu, 1998: 24-44; Pilger, 2002: 116): las porciones del gobierno que sirven a la minoría opulenta, distribuyen castigos entre los pobres y atacan a los que perciben como vilmente resistentes frente al orden imperial dentro del país y en el extranjero. Los oficiales de la policía, los fiscales, los militares y otras autoridades gubernamentales que representan la «mano derecha» son héroes y modelos en estos medios de difusión. Los defensores públicos, propugnadores de las libertades civiles, activistas por la justicia racial, líderes sindicales, los que protestan por las guerras y otros similares son presentados, en el mejor de los casos, como ingenuos e irritantes «bienhechores» y, en el peor, como agentes del mal.

La generación de la idiotez masiva —en el sentido más comúnmente entendido— es también una parte central de la misión de los medios de difusión norteamericanos del mainstream. En ningún otro aspecto resulta esta evidencia más clara que en el bombardeo constante de anuncios del tipo de fuego graneado que inundan los medios de difusión corporativos de los Estados Unidos. Como observara

treinta años atrás el crítico cultural Neil Postman, el comercial de televisión norteamericano moderno es la antítesis de la valoración económica racional que los primeros campeones occidentales del sistema de lucros alegaban que era la esencia ilustrada del capitalismo.

Sus teóricos principales, incluso sus más prominentes practicantes, creían que el capitalismo se basaba en la idea de que tanto el comprador como el vendedor son lo suficientemente maduros, bien informados y razonables como para involucrarse en transacciones del propio interés de ambas partes. (Postman, 1983)

Los comerciales tratan de vender esta idea como algo nuevo. Están dedicados a persuadir a los consumidores con afirmaciones totalmente irracionales. No se basan en la presentación razonada de evidencias y el argumento lógico, sino en el emocionalismo sugestivo, la manipulación infantilizante y la imaginería evocativa de fuego graneado (Postman, 1983: 127-8; Chomsky, 2013: 80).

Las mismas técnicas envenenan la política electoral norteamericana. El hecho de invertir en comerciales de campaña engañosos y manipuladores es lo que comúnmente determina el éxito o el fracaso en competencias electorales; los candidatos son vendidos a los espectadores/electores como marcas de pasta dental o desodorante. Muy apropiadamente, el costo de estos anuncios políticos eleva hasta tal punto los gastos de campaña (las elecciones presidenciales de 2016 costarán al menos cinco mil millones de dólares) que los candidatos se vuelven cada vez más dependientes de los donantes corporativos de mucha plata, y de Wall Street.

Por el camino, la competencia cognitiva de masas es asaltada por la entumecedora ubicuidad y velocidad de los anuncios de la televisión y la radio norteamericanas. Esos comerciales asaltan la capacidad de los ciudadanos para el enfoque mental sostenido y la deliberación racional durante casi dieciséis minutos por hora en la televisión por cable, y 44% de los anuncios individuales ahora duran solo 15 segundos. Este es un factor de la epidemia del «Desorden de Déficit de Atención» que hace mucho tiempo se ha estado lamentando en el país.

La rama del «entretenimiento» en el vasto complejo de medios de difusión corporativos es crítica para el «poder» ideológico «suave» que los Estados Unidos ejercen por todo el mundo aun cuando su hegemonía económica se tambalea en un sistema global cada vez más multipolar, y en la medida en que se evidencian los

Relativamente pocas personas fuera de sus fronteras consumen noticias y medios de difusión norteamericanos referidos a los asuntos públicos; pero las películas, los espectáculos televisivos, los juegos de video, los aparatos de comunicación y la cultura del anuncio de origen «americano» —es decir, estadounidense— son omnipresentes por todo el planeta.


significativos límites de su poder militar «duro» en el Medio Oriente y más allá. Relativamente pocas personas fuera de sus fronteras consumen noticias y medios de difusión norteamericanos referidos a los asuntos públicos; pero las películas, los espectáculos televisivos, los juegos de video, los aparatos de comunicación y la cultura del anuncio de origen «americano» —es decir, estadounidense— son omnipresentes por todo el planeta.

Para explicar los medios de difusión del mainstream

La propiedad corporativa

No hay nada sorprendente en el hecho de que los medios de difusión supuestamente «libres» e «independientes» de los Estados Unidos funcionen como un medio de adoctrinamiento masivo de la élite económica e imperial de la nación. La primera y más importante explicación de esta dura realidad se concentra en la propiedad privada, es decir, el hecho fundamental de que esos medios de difusión son propiedad, en primera instancia, de gigantescas corporaciones, representantes de quienes han realizado una fuerte inversión en el capitalismo y el Imperio norteamericanos. Quienes visitan los Estados Unidos no deben dejarse engañar por el gran número y la variedad de tipos de canales y estaciones que pueden sintonizarse en el radio de un auto o en un aparato de televisión típicos de ese país, ni por el amplio número y los variados tipos de revistas y libros que se exhiben en una librería de Barnes & Noble. En la actualidad, solamente seis corporaciones masivas y globales (Comcast, Viacom, Time Warner, CBS, The News Corporation y Disney) controlan, en su conjunto, más de 90% de los medios de difusión impresos y electrónicos de la nación, incluidos la televisión por cable y por ondas aéreas, la radio, los periódicos, las películas, los juegos de video, la publicación de libros, los comics y mucho más. Tres décadas atrás, cincuenta corporaciones controlaban la misma cantidad de medios.

Cada una de las seis compañías reinantes es un conglomerado gigante y diversificado de los multimedios, con inversiones más allá de los de difusión, incluyendo la «defensa» (la esfera militar). Pedirles a los reporteros y comentaristas en una de esas corporaciones gigantes que cuenten la verdad sin maquillaje sobre lo que ocurre en el país y el mundo, sería como pedirle a la revista empresarial publicada por la United Fruit Company que cuente la verdad sobre las condiciones laborales en sus plantaciones caribeñas y centroamericanas en el decenio de 1950-1959. Sería como pedirle al periódico empresarial

de la General Motors que cuente la verdad sobre los salarios y las condiciones de trabajo en sus plantas de ensamblaje de autos por todo el mundo.

En la medida en que los medios de difusión de la nación se concentran en cada vez menos manos corporativas, el personal de dichos medios se vuelve cada vez menos seguro en sus puestos porque tienen cada vez menos empresas a las que puedan vender sus habilidades. Eso los indispone todavía más a salirse de las fuentes oficiales, a cuestionar la línea oficial y a decir la verdad sobre los acontecimientos en curso y el contexto en el cual ocurren.

Los anunciantes

Una segunda explicación radica en el poder de los anunciantes. Los gerentes de los medios de difusión de los Estados Unidos se hallan naturalmente reacios a publicar o a trasmitir cualquier material que pueda ofender a las grandes corporaciones que pagan las trasmisiones mediante la compra de anuncios. Tal como observara Chomsky en una reciente entrevista, las grandes corporaciones no son solo los principales productores de los medios de difusión de masas y comerciales de los Estados Unidos; también constituyen su principal mercado, lo cual profundiza el cautiverio de dichos medios, supuestamente democráticos e independientes, respecto al gran capital: «Estas son básicamente corporaciones de envergadura que brindan públicos a otros negocios, y eso configura de un modo significativo la naturaleza de la institución» (Chomsky, 2015).

A la vez, tanto los gerentes de los medios de difusión corporativos de los Estados Unidos como los anunciantes que les brindan ingresos para sus salarios, vacilan en cuanto a producir un contenido que pueda alienar a las personas acaudaladas que dominan una porción, en constante aumento, de las compras de los consumidores en el país. Naturalmente, los anunciantes apuntan sobre todo a aquellos que poseen el más alto poder adquisitivo.

La política gubernamental

Un tercer gran factor es la política y la regulación de los medios de difusión que ejerce el gobierno de los Estados Unidos para beneficio de la hiperconcentración oligopólica. Los medios corporativos no son un producto «natural» del «libre mercado»; son el resultado de las protecciones y los subsidios gubernamentales que brindan enormes ventajas «competitivas» a las mayores y más política y plutocráticamente influyentes empresas de comunicación. En línea con los términos de la Ley de Comunicaciones de 1934 y la Ley de Telecomunicaciones de 1996, los difusores comerciales


que procuran lucro tienen, casi por completo, las manos libres en las ondas aéreas y las líneas de cable de la nación. No se ha puesto aparte ningún segmento sustantivo del espectro de las trasmisiones para servir al verdadero interés público y genuinamente democrático, popular, no lucrativo, y las redes oficiales de trasmisión «pública» son totalmente cautivas de los intereses corporativos y de los políticos de derecha que captan gigantescas contribuciones para sus campañas. Buena parte del proyecto de ley de 1996 fue redactada por miembros de grupos de presión que laboraban para las principales empresas de medios de difusión de la nación (McChesney, 1994; 1997; 2000).

Habría que mencionar una forma diferente de política estatal. Bajo la Administración Obama, hemos presenciado la más agresiva persecución de que se tenga memoria, enfilada contra los periodistas norteamericanos que ponen un pie fuera de los estrechos parámetros de la cobertura y los comentarios pronorteamericanos, y contra aquellos que les filtran información. Esa es la razón por la cual Edward Snowden vive en Rusia y Glenn Greenwald en Brasil, Chelsea Manning está cumpliendo cadena perpetua en una prisión militar norteamericana y Julian Assange está atrapado en la embajada ecuatoriana en Londres. Durante años, la Casa Blanca ha amenazado con encarcelar a un importante escritor y reportero de The New York Times, James Risen, por su negativa a revelar sus fuentes.

Público de las copas de los árboles vs. público de las raíces

Según la experiencia del que escribe, el análisis crítico que hacen las fuerzas de izquierda respecto a los medios de difusión norteamericanos del mainstream como herramienta para «manufacturar el consentimiento» y la idiotez que acabo de presentar enfrenta cuatro objeciones por parte de los defensores de ese sistema de medios.

La izquierda hipócrita

Una primera objeción observa que The New York Times, The Washington Post, Financial Times (FT), The Wall Street Journal (WSJ) y otros principales mercados de los medios de difusión corporativos de los Estados Unidos generan una cantidad significativa de reportajes y comentarios informativos, de alta calidad y a menudo francos, que los pensadores y activistas de izquierda comúnmente citan para apoyar sus propuestas de cambio radical y democrático. Se dice que los norteamericanos que desde la izquierda critican los medios de difusión, tales como Chomsky y Herman, son hipócritas, porque obviamente hallan muchos

elementos utilizables en su condición de pensadores de la izquierda en los mismos medios de difusión que critican por distorsionar la realidad de acuerdo con los dictados capitalistas e imperiales.

Es cierta la observación referida a que resulta común que los izquierdistas utilicen y citen información de los medios corporativos a los que tan duramente critican, pero resulta fácil explicar esa aparente anomalía dentro del marco crítico de la izquierda, al observar que los medios de difusión confeccionan dos versiones muy diferentes de la formulación de políticas, la política, la sociedad, «la vida» y los acontecimientos en curso para dos públicos distintos.

Siguiendo la obra del brillante crítico australiano de la propaganda, Alex Carey, podríamos llamar al primer público «las raíces» (Carey, 1997: 89-93). Este comprende la masa general de los ciudadanos de la clase trabajadora y baja. En el criterio de las élites empresariales dueñas y gerentes de los medios de difusión de masas de los Estados Unidos y de las corporaciones que les pagan con compras de anuncios, a esa «chusma» no se le puede confiar información seria, franca y directa. Su papel esencial en la sociedad es mantenerse callada, trabajar duro, dejarse entretener —de maneras exquisitamente propagandísticas, debemos recordar—, comprar cosas y, generalmente, hacer lo que se le dice. Se supone que esas personas dejen las decisiones claves respecto a la sociedad en manos de aquellos que el destacado intelectual público norteamericano del siglo xx y entusiasta de los medios de difusión como propaganda, Walter Lippman, llamó «los hombres responsables». Esa élite «inteligente, bondadosa, experta y responsable» —responsable en verdad por hazañas tan gloriosas como la Gran Depresión, la guerra de Viet Nam, la invasión a Irak, la Gran Recesión, el calentamiento global y el auge del Estado Islámico— requería ser protegida, en opinión de Lippman, de lo que llamó «el pisoteo y el rugido de la manada aturdida» (Rossiter y Lare, 1965: 90-1). El populacho iluso, la subciudadanía, la peligrosa mayoría de la clase obrera no es el público de órganos de la élite tales como el Times, el Post y el Journal.

El segundo grupo-objetivo comprende la clase política pertinente de ciudadanos norteamericanos de, cuanto más, la quinta parte superior de la sociedad. Ese es el que lee el Times, el Post, el WSJ y el FT, en su mayoría. Llamemos a este público (de nuevo, siguiendo a Carey) «la copa de los árboles», la «gente que importa» y que merece —y puede— algo que se aproxime de manera más precisa a la historia real porque sus mentes han sido apropiadamente disciplinadas y aduladas por salarios superiores, una significativa autonomía laboral en el puesto y una certificación educativa y profesional «avanzada». Esta élite incluye a personas tan fuertemente adoctrinadas como gerentes corporativos, abogados, administradores públicos y la mayoría de los


profesores universitarios con cátedra. Puesto que estas élites desempeñan tareas claves, dirigidas de arriba hacia abajo, referidas a la supervisión, la disciplina, la formación, la desmoralización, la cooptación y el adoctrinamiento —todas ellas esenciales para el gobierno de la verdadera élite económica y el sistema imperial—, no pueden ser completamente inducidos a error sobre los acontecimientos y las políticas en curso sin que ello conlleve consecuencias perjudiciales para el suave funcionamiento del orden social y político dominante. Requieren información adecuada y no deben ser excesivamente influidos por la brutal y tonta propaganda generada por la «manada aturdida». Al propio tiempo, la información y el comentario destinados a esta clase a menudo contienen cierta dosis de debate político y de trazado de políticas intraélite razonado —un debate que siempre tiene el cuidado de no aventurarse más allá de los estrechos parámetros ideológicos norteamericanos. Por ello, un pensador y activista de la izquierda radical de los Estados Unidos puede hallar muchas cosas aprovechables en los medios de difusión norteamericanos «de las copas de los árboles». Semejante pensador o activista sería ciertamente tonto si no los consultase.

«P»BS y N«P»R

Una segunda objeción a la crítica de izquierda de los medios de difusión norteamericanos del mainstream sostiene que el público norteamericano disfruta de una alternativa significativa a través del Public Broadcasting Service (PBS, servicio de trasmisiones públicas, en la televisión) y el National Public Radio (NPR, radio pública nacional) de la nación. Este argumento no puede tomarse como algo serio. Debido al financiamiento gubernamental —patéticamente pobre— de los medios de difusión «públicos» de los Estados Unidos, su fuerte dependencia respecto a los patrocinadores de las corporaciones y el constante hostigamiento al que los someten los críticos de derecha dentro y fuera del Congreso norteamericano, N«P»R y «P»BS son extremadamente reacios a cuestionar las ideologías y estructuras de poder dominantes.

El tibio conservadurismo al servicio del poder que manifiestan las trasmisiones «públicas» emana de un diseño y la formulación de política de vieja data. El gobierno federal permitió la formación de sus redes solo con la condición de que no planteen desafíos —en cuanto a la competencia en el mercado o la ideología— a los medios de difusión comerciales privados, al sistema de ganancias y a la política exterior global de los Estados Unidos. «P»BS y N«P»R son «públicas» en un sentido muy limitado. No funcionan para el público por encima y en contra del poder corporativo, financiero e imperial en ningún grado significativo.

«Internet nos salvará»

Una tercera objeción alega que el auge de Internet crea un ambiente de wild west en el cual el poder de los medios de difusión corporativos es vulnerable y los ciudadanos pueden hallar e incluso producir todos los «medios alternativos de difusión» que requieran. Este argumento no es del todo cierto, pero no debe ser descartado por mero reflejo o en su totalidad. En los Estados Unidos, al igual que en otras partes, aquellos con acceso a Internet y dotados del tiempo y la energía para emplearla de modo significativo, pueden hallar una amplitud y una profundidad de información sobresalientes, así como mordaces análisis de izquierda en varios sitios en línea. Internet también amplía el acceso de los ciudadanos y activistas a redes más allá de los Estados Unidos, y a fuentes de élite que tienen, por supuesto, mucha menos obligación con respecto a la propaganda y la ideología norteamericanas. Al propio tiempo, Internet y las redes de la telefonía digital han demostrado a veces que son herramientas organizadoras de la gente raigal, de las bases, de los activistas norteamericanos progresistas.

De todas formas, es fácil exagerar el impacto democrático y progresista de Internet en los Estados Unidos. Los mercados en línea de la izquierda, y otros progresistas, carecen de todo lo que pueda compararse con los recursos financieros, técnicos, organizativos y humanos de los medios de difusión corporativos, que tienen su propio Internet sofisticado. Nada puede desafiar el poder ideológico y propagandístico «suave» de esos medios corporativos del «entretenimiento». La infraestructura técnica de Internet está siendo sometida cada vez más al dominio de un «cartel ISP» dirigido por un pequeño número de corporaciones gigantes (McChesney, 2014a).

La noción de una gran Internet «democratizadora» del «salvaje Oeste» y del «libre mercado» se ha mostrado políticamente útil para los gigantes de los medios de difusión corporativos. Regularmente, anuncian con trompetas el gran mito de Internet para sostener que el público norteamericano y los encargados de regular los negocios en Norteamérica no tienen que preocuparse por su poder, y para justificar sus demandas de mayores niveles de subsidios y protección gubernamentales. Finalmente, por las revelaciones de Edward Snowden, Glenn Greenwald y otros, sabemos que las principales corporaciones digitales y con base en Internet, del correo electrónico (Google y Yahoo), la telefonía (v.g., Verizon) y las «redes sociales» (Facebook, sobre todo) han colaborado con la Agencia de Seguridad Nacional y con la policía local, estatal y federal de la nación en la vigilancia de las comunicaciones privadas de los ciudadanos y los activistas norteamericanos (Greenwald, 2014).


Soluciones

La cuarta objeción acusa a los críticos izquierdistas de los medios de difusión de ser excesivamente negativos, y arremete contra aquellos que no brindan alternativas serias al sistema actual de difusión de la nación. Esta es una acusación transparentemente falsa y de intención mezquina. Las críticas de izquierda están fuertemente ligadas a un inteligente e impresionante movimiento en favor de aplicar reformas a los medios de difusión norteamericanos, que presenta numerosas propuestas interrelacionadas para crear un sistema que sea genuinamente público y dirigido democráticamente.

Algunas de las demandas y de las propuestas de este movimiento incluyen la propiedad y la operación públicas de Internet como una empresa de servicio público; el desmembramiento de los principales oligopolios de los medios de difusión; el pleno financiamiento público de las trasmisiones públicas; el establecimiento de límites a los anuncios en los medios comerciales; la abolición de los anuncios políticos; la expansión del acceso a las ondas aéreas y a la banda ancha para los mercados de los medios alternativos; un periodismo impreso públicamente financiado, sin fines de lucro ni comercial; la abolición de la supervisión y el monitoreo gubernamentales y corporativos, y de la extracción de datos comerciales a partir de la comunicación privada y de las redes sociales (McChesney, 2014b: 139-59). Con respecto a esta cuarta crítica, debemos recordar la burlona respuesta de Chomsky: «Existe una traducción certera para ese argumento: “ellos presentan soluciones, y a mí no me gustan”» (Chomsky, 2006, 262).

Una falsa paradoja

La misión propagandística y al servicio del poder, así como la naturaleza de los medios de difusión corporativos norteamericanos dominantes, podrían parecer irónicas y hasta paradójicas a la luz de las fuertes tradiciones de los Estados Unidos respecto a la libertad de expresión y la democracia. Tal como han subrayado Carey y Chomsky, lo primero cobra todo su sentido a la luz de lo segundo. En naciones en las cuales la expresión popular y el disentimiento son rutinariamente aplastados mediante una violenta represión, las élites tienen pocos incentivos para configurar las percepciones populares en concordancia con los intereses de dicha élite; la población es controlada primariamente mediante la coerción física. En sociedades en las que generalmente no se considera legítimo aplastar la expresión popular con el férreo talón de la fuerza armada y donde a la opinión disidente se le otorga un grado significativo de libertad de expresión, las

élites son fuerte y peligrosamente incentivadas a tratar de manufacturar el consentimiento popular masivo y la idiotez. El peligro se profundiza por la condición de los Estados Unidos como pioneros en el desarrollo de un capitalismo de consumo masivo, las películas y la televisión. Gracias a esa historia, se han ubicado a la vanguardia global por mucho tiempo en lo tocante al desarrollo de tecnologías, métodos, arte y ciencias de la persuasión de masas y de control del pensamiento (Carey, 1997: 11-4, 133-9; Chomsky, 1992: 351-406; Street, 2009).

Resulta apropiado entrecomillar la frase «medios de difusión del mainstream» cuando escribimos sobre los corporativos dominantes en los Estados Unidos. Durante la era de la Guerra fría, los funcionarios norteamericanos y los medios de difusión jamás se referían a la televisión estatal de la Unión Soviética, a su radio o a sus principales periódicos estatales como «medios de difusión rusos del mainstream»: les llamaban «medios estatales soviéticos» y los consideraban vías para la difusión de la propaganda y la ideología soviéticas. No existe razón alguna para pensar que los medios corporativos y comerciales norteamericanos sean de algún modo más del mainstream de lo que fueran en su tiempo los principales órganos soviéticos. Están tan dedicados como otrora lo estuvieran aquellos a proveer el impulso a las perspectivas doctrinarias de la élite reinante de la nación que los alberga, y lo hacen de un modo mucho más efectivo.

No obstante, su éxito puede fácilmente exagerarse. Es un mérito de los norteamericanos comunes el hecho de que los medios de difusión corporativos nunca hayan sido plenamente exitosos en su afán por liquidar la resistencia popular y ganarse los corazones y las mentes del populacho. Una encuesta reciente de Pew Research muestra que los «del milenio» (jóvenes entre 18 y 29 años) tienen una respuesta más favorable a la palabra socialismo que a capitalismo, un hallazgo sobresaliente sobre los límites de los que adolecen los medios de difusión corporativos y otras formas de poder ideológico elitista en los Estados Unidos. La sublevación de inmigrantes obreros de mayo de 2006, la ocupación de la planta de la Chicago Republic Door and Window en 2008, los levantamientos estudiantiles de la Universidad de California en 2009 y 2010, la rebelión de los trabajadores públicos de Wisconsin a inicios de 2011, el Occupy Movement de fines de 2011, el Fight for Fifteen (por un salario mínimo de 15 dólares la hora) y los movimientos Black Lives Matter de 2014 y 2015, muestran que el establishment norteamericano corporativo e imperial no ha logrado manufacturar nada tan abarcador ni ha conseguido un consentimiento masivo y una idiotez tan generalizados. La élite de los Estados Unidos no es más exitosa en su afán utópico (o distópico) por controlar cada corazón


y cada mente norteamericanos, que en su igualmente imposible ambición de manejar acontecimientos a todo lo ancho de un complejo planeta, desde las márgenes del Río Potomac en Washington D.C. La lucha por la autodeterminación, la democracia, la justicia y la igualdad populares sigue viva, a pesar de la influencia de los medios corporativos.

Traducción: David González.

Notas

1. Nombre popular de los Sea Air Land Teams (equipos de mar, aire y tierra), principal fuerza de operaciones especiales de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, fundada en 1962. [N. del T.]

2. En griego, idiōteíā: grosería, incultura, falta de educación. [N. del T.] Un «idiota» en la democracia ateniense se caracterizaba por estar centrado en sí mismo y preocupado exclusivamente por los asuntos privados en lugar de los públicos.

Referencias

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, 2015

45Comentario sobre medios y esfera pública en los Estados Unidos

A Walter Lippman, la historia le debe varias primicias. El llamado «decano de los periodistas estadounidenses» inauguró la frase «manufactura del consenso» para

referirse a las potencialidades de la propaganda en el propósito de unificar la opinión pública. Su experiencia como miembro de la Comisión Creel,1 lo convirtió en uno de los expertos consultados frecuentemente por el gobierno de su país, cada vez que era preciso controlar al «rebaño desconcertado» (Chomsky, 2003).

Hacia 1922, Lippman publicaba una de las primeras indagaciones sobre los vínculos entre poder, esfera pública y audiencias. En su texto Public Opinion aseguraba que la condición supuestamente desinformada del público lo hacía vulnerable a manipulaciones, reducía su potencial de intervención en el debate social y, consecuentemente, su rol en la discusión sobre los asuntos de gobierno. «El público llegará a la mitad del tercer acto y se irá antes de que caiga la última cortina, habiendo estado solo lo suficiente como para tal vez decidir quién es el héroe y quién el villano de la obra» (Lippman citado en Splichal, 1999: 157).

Desde una acera teórica opuesta, John Dewey publicó a sus 70 años (1927) «La opinión pública y sus problemas»; para muchos una de las obras más influyentes dentro de los debates sobre la democracia norteamericana en la primera mitad del siglo xx. A diferencia de Lippman, Dewey concebía al público como un cuerpo activo, con indiscutibles actitudes para la participación política sobre la base de la discusión racional, el diálogo y el conocimiento compartido. La implicación del público en las cuestiones de gobierno resultaba más efectiva, según Dewey, en la medida en que se cumplieran tres condiciones: a) educación pública, b) libertad para la investigación y la discusión de sus resultados, y c) un alto grado de publicidad respecto a los temas concernientes al público (Splichal, 1999: 139-150).

Comentario sobre medios y esfera pública en los Estados Unidos

Raúl Garcés CorraPeriodista y profesor.

Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana.

n. 81-82: 45-52, enero-junio de 2015

Como han apuntado varios estudiosos (Splichal, 1999; Del Castillo, 2004), la publicidad —entendida como información y discusión en torno a los asuntos de mayor trascendencia social— cobraba una importancia capital en el pensamiento de Dewey, en la misma medida en que permitía al público «volverse inmune a la propaganda deshonesta» y «juzgar críticamente el estado de las cosas» (Del Castillo, 2004: 22). La publicidad —aclara— contribuía a la formación de hábitos racionales y a la articulación de una opinión pública ajena a la espontaneidad, los impulsos y las pasiones, tan exaltados por Lippman en sus elaboraciones teóricas, y fomentaría, al mismo tiempo, una cultura de debate y un ambiente de libertad imprescindibles para el afán de fortalecer un tipo específico de vida pública. «El problema es —se preguntaría— qué clase de cultura es tan libre en sí misma que pueda concebir y engendrar la libertad política como su acompañamiento y consecuencia» (Dewey citado en Del Castillo, 2004: 31).

La polémica entre Lippman y Dewey encarna dos posiciones que siguen enfrentándose y que polarizan modos de concebir las relaciones entre la comunicación masiva y el espacio público. En cierto sentido, es la misma dicotomía planteada por Habermas (1997) entre una esfera pública crítico-racional, donde los medios servirían naturalmente como plataformas articuladoras de las diferentes corrientes de opinión, y otra «refeudalizada» donde, por el contrario, orquestarían operaciones de ingeniería simbólica, comparables a las practicadas por los reyes para administrar su visibilidad en las cortes feudales.

Sin mucha suspicacia, podría advertirse que, a pesar de que ambas perspectivas han sido usualmente presentadas como excluyentes, en realidad coexisten y encuentran circunstancias que las favorecen. Los Estados Unidos son probablemente uno de los mejores laboratorios para demostrarlo, en la medida en que

46 Raúl Garcés Corra

el desarrollo de los medios ha adelantado allí tendencias que se replican luego en buena parte del mundo. En este artículo partiremos de discutir algunas de ellas, y sus implicaciones para la configuración de las relaciones entre la comunicación y la política en la sociedad norteamericana contemporánea.

Comercialización

Desde que la prensa de masas irrumpió en el escenario mediático norteamericano del siglo xix, la principal obsesión para los dueños de diarios fue hacer de sus negocios empresas rentables. La demanda de un mercado en expansión estimuló la producción y distribución masivas de noticias, pero evidenció al mismo tiempo la urgencia de buscar fuentes de financiamiento a fin de compensar las pérdidas asociadas al precio de los penny papers. La publicidad se erigió como tabla salvadora dentro de un contexto en el que el florecimiento de las industrias mediáticas tuvo su símbolo más ilustrativo en el surgimiento y la consolidación de los primeros consorcios. Hacia fines del siglo, por ejemplo, William Randolph Hearst era dueño del New York Journal y el San Francisco Examiner, pero controlaba también que las informaciones de sus periódicos se reprodujeran en otras publicaciones del mundo periodístico neoyorquino (Garcés Corra, 1997: 138). A la vuelta de otro siglo, en 1982, los Estados Unidos poseían 50 grandes corporaciones multimedias; cuatro años después, su número se había reducido a 26, resultado de fusiones representativas de la tendencia a la concentración (Sánchez, 2002: 217).

Como un «diluvio comercial» califica Daniel Hallin (2004: 274) las tendencias a la privatización y la concentración experimentadas por la prensa durante los años 80 y 90 no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa y América Latina, a contrapelo del modelo de servicio público, antaño tan extendido y reconocido entre las audiencias. Para entonces, las transformaciones mencionadas habían tenido su principal aliado en un entorno ideológico —y legal— de desregulación.

En febrero de 1997, dentro del contexto de la Organización Mundial de Comercio, 72 países se habían comprometido a liberar sus mercados en ese sector y eliminar sus «ineficientes» monopolios estatales. En 1996, la famosa Ley de Telecomunicaciones norteamericana despejó el camino para fusiones colosales. En el sector radiofónico, donde un mismo licenciatario podía tener hasta cuarenta emisoras, se levantaron todas las restricciones a los límites de propiedad, mientras que en el sector televisivo se aumentó de 25 a 35% de la población el techo de audiencia permitido a una empresa (González, 2003: 78).

Aun así, uniones tan gigantescas como la que integró en 2000 a las compañías American On Line y Time Warner tuvieron que esperar hasta un año para ser aprobadas, en medio de intensos debates sobre si desafiaban o no a las ya bastante débiles leyes antimonopolio. Dichas dilaciones, sin embargo, no parecen haber trascendido demasiado en el tiempo. Si en 1983, 90% de los medios norteamericanos eran manejados por cincuenta compañías, en 2011 el mismo 90% era controlado por apenas seis, con las previsibles repercusiones sobre la pluralidad del discurso público.

Norteamericanización

El éxito alcanzado por los Estados Unidos en la conquista del territorio simbólico global salta a la vista en evidencias concretas. Se dice hoy, por ejemplo, que la mitad de la audiencia mundial es para producciones de ese país. Dicha afirmación es enfáticamente constatable en el caso del cine, cuyos mercados suelen afiliarse más a gusto con sus thrillers, que con películas producidas por el resto de las industrias nacionales.

Dos realidades primermundistas como la de los propios Estados Unidos y la de Europa ilustran elocuentemente los contrastes: en los años 80, las películas norteamericanas ocupaban solo 35% del mercado europeo, a diferencia del 80% que representan ahora. En el año 2000, 844 películas producidas por la Unión Europea fueron vistas por 17% de su público, mientras que 730 películas de los Estados Unidos (114 menos que las estrenadas por el viejo continente) acapararon la atención de 82% de esa audiencia (Sánchez, 2002: 229-30). Otras manifestaciones de la hegemonía estadounidense en el campo de la comunicación pueden verificarse en datos que abrieron las puertas del siglo xxi, reforzados como tendencia en la actualidad:

De las 300 primeras firmas de información y •comunicación, 144 eran norteamericanas, 80 de la Unión Europea y 49 japonesas.De las 75 primeras empresas de prensa, 39 eran •norteamericanas, 25 europeas y 8 japonesas.De las 88 primeras firmas de informática y •telecomunicaciones, 39 eran norteamericanas, 19 europeas y 7 japonesas.De las 158 primeras empresas fabricantes de material •de comunicación, 75 eran norteamericanas, 36 europeas y 33 japonesas (Vázquez Montalbán, 2002: 15).Tales realidades han alimentado, a través del tiempo, la

teoría del imperialismo cultural, representada en autores como Herbert Schiller (1969). Hacia fines de la década de los 60, Schiller comenzó a llamar la atención sobre las


consecuencias que la supremacía estadounidense traía no solo en los planos económico y político, sino también en el terreno simbólico. Los mares de entretenimiento salidos de Hollywood impactaban el gusto de un público cada vez más dispuesto a asimilar los productos de las industrias mediáticas, pero al mismo tiempo cada vez más desconectado con las demandas y responsabilidades de su entorno político. Aunque los postulados de Schiller han sido sometidos a crítica más de una vez2, no hay dudas de que sus investigaciones focalizan un escenario real, advertido también por otros estudiosos. Stuart Hall, por ejemplo, ha señalado cómo el afán dominante de la cultura occidental absorbe y enmarca las diferencias provenientes de otras culturas «dentro de una concepción básicamente norteamericana» (Hall citado en Curran, 2005: 179).

Espectacularización

Sometidas al pragmatismo del mercado dentro de los contextos descritos, tanto la comunicación como la política han encerrado gradualmente sus discursos dentro de los límites de «lo vendible», en un escenario desenfrenado de competencias por conquistar «la voluntad de compra» de los consumidores.

Varios autores (Blumler, 1999; Brants, 1998; Esser, 1999) coinciden en señalar como un proceso bastante extendido la aplicación de los patrones del infoentretenimiento a la cobertura por parte de los medios de los hechos políticos. Como resultado natural de su comercialización, desde los años 80 —y sobre todo a partir de la década siguiente— fueron degradándose determinados estándares periodísticos que caracterizaron históricamente el ejercicio de la profesión. Dentro del nuevo contexto, la seriedad informativa, la capacidad de análisis y el contrapunteo político en los medios como fuente de una mayor discusión a nivel social, cedieron terreno a un entorno de banalidad y sensacionalismo que identificó en los escándalos y los chismes de coyuntura valores noticiables privilegiados. Dicho de otro modo: las hard news (vinculadas a temas políticos y económicos de trascendencia) disminuyeron notablemente su presencia respecto a las soft news (historias de sexo, violencia o corrupción, menos importantes por su contenido informativo, pero más funcionales al propósito de captar audiencias a cualquier costo) (Esser, 1999: 293).

La tendencia a describir los hechos políticos como un juego erigido sobre la base del escándalo, el enfrentamiento entre contrarios y la invasión sin piedad de los espacios privados, es la materia prima con la que John B. Thompson propone incluso una «teoría social del escándalo político» para reconocer, con los Estados

Unidos y Gran Bretaña a la cabeza, un fenómeno que trasciende lo episódico y echa raíces estructurales:

El espacio público creado por los medios se ha visto ocupado por una especie de tertulia generalizada sobre las vidas privadas de los políticos, y la propia política ha ido haciéndose paulatinamente más difícil de distinguir de los programas de entretenimiento. (Thompson, 2001: 330).

Mediatización

Dentro de un contexto marcado por la falta de credibilidad de los partidos, los medios suelen ocupar el lugar que, en rigor, debiera corresponderles a las plataformas políticas de las diferentes organizaciones. Se ha documentado ampliamente la sustitución de un modelo de «partidos pesados» (dominados por fuertes aparatos burocráticos y plataformas programáticas claramente delineadas) por otro de «partidos ligeros» (concentrados en el carisma de sus líderes y en el atractivo de campañas electorales, cuya dramaturgia es encuadrada dentro de códigos mediáticos).

El pragmatismo como brújula de la política ha acercado a partidos tradicionalmente polarizados al espacio del centro, y ha diluido históricas diferencias ideológicas en un ambiente de espectáculo más consagrado a la forma que al contenido de los discursos. «¿La distinción entre izquierda y derecha conserva un significado esencial cuando se aísla del ambiente mundano de la política ortodoxa?», se pregunta, en los nuevos contextos, el británico Anthony Giddens.

Sí, pero solo en un plano muy general. En conjunto, la derecha está más dispuesta a tolerar la existencia de desigualdades que la izquierda y tiende más a apoyar a los poderosos y a los impotentes. Este contraste es real y sigue siendo importante. Pero sería difícil ir mucho más allá, o convertirlo en un principio decisivo. (Giddens, 2001: 260).

Dentro de tales escenarios, no es extraña la desconexión de muchos sujetos respecto a la esfera pública y su inmovilismo como agentes potenciales de cambio. La reproducción ideológica encuentra en los no-ciudadanos cómodos aliados, atrapados dentro de la sensación de que, en política, queda muy poco por hacer. Dicho de otro modo: si la fortaleza de los debates a gran escala sirvió siempre para estimar el grado de salud de las democracias (pero se advierten comúnmente síntomas de dislocación y debilitamiento de las esferas públicas); si la representación dependió habitualmente, entre otras organizaciones, de sindicatos y partidos como agentes movilizadores (pero tales instituciones ven desmoronarse de forma gradual su capacidad de convocatoria); si el ejercicio masivo del voto estimuló en las personas su condición de ciudadanos (pero carece hoy de importancia para un universo creciente


de la población electoral), se entiende que el malestar con la política se haya extendido en los umbrales del siglo xxi.

En el afán de revertir el pesimismo actual, algunos apuntan su brújula, esperanzados, hacia los medios. Para Javier del Rey Morató, por ejemplo, corresponde a la comunicación desempeñar un papel mucho más activo en la revitalización del ejercicio democrático:

Los teóricos volvemos la mirada a la comunicación y a los que la producen —los medios y los periodistas— en busca de una respuesta alternativa: el distanciamiento entre gobernantes y gobernados —no solucionado en la representación— solo puede ser salvado por la categoría de la comunicación. (Morató, 1996: 236).

Las buenas intenciones del autor, sin embargo, descomplejizan el ecosistema económico y político en el que están insertos los medios a nivel global. Como si la prensa y los periodistas desplegaran su encargo social y potencialidades en medio de una «isla feliz».

La herencia de Chomsky y Herman:revisitando el «modelo propaganda»

Probablemente uno de los aportes más fecundos a la comprensión teórica de las relaciones entre los medios y la esfera pública lo hicieron, en 1988, Edward Herman y Noam Chomsky. El libro Manufacturing Consent: the Political Economy of the Mass Media devino un referente esencial para comprender el comportamiento de las grandes corporaciones mediáticas e identificar las rutas estructurantes que modelan sus contenidos. El «modelo propaganda», según palabras de sus propios autores, «traza los caminos a través de los cuales el dinero y el poder se constituyen en filtros de las noticias impresas, marginan el disenso y permiten al gobierno y los intereses privados dominantes que sus mensajes lleguen al público» (1988: 2).

Chomsky y Herman establecen al menos cinco filtros que constituirían mediaciones en torno a lo publicado. El primero de ellos se refiere a la propiedad de los medios y a progresivas fusiones, antes descritas, que han sumergido su misión dentro de un entorno cada vez más corporativo. Si en 1967 —recuerdan Chomsky y Herman— se prohibió que la International Telephone and Telegraph comprara

el canal ABC, invocando potenciales conflictos entre los intereses publicitarios de una empresa y la pretendida neutralidad de una televisora, unos años después se admitía que la General Electric se adueñara de la RCA y la cadena NBC, o que la Westinghouse comprara varias emisoras de televisión. La desregulación de los años 80 —concluyen los autores— abrió las puertas a la legitimación de un orden configurado a imagen y semejanza de los designios del gran capital.

El segundo filtro tiene que ver con la publicidad. Su presumible influencia en el diseño de las políticas editoriales ha sido ratificada por varias investigaciones complementarias al «modelo propaganda». David Edwards (2000), por ejemplo, cita experiencias ilustrativas: en un estudio entre 150 redactores de noticias norteamericanos, 90% de ellos aseguró que los anunciantes interferían en los enfoques editoriales de sus trabajos, mientras que para 70%, esa injerencia podía llegar al punto de imponer la eliminación de noticias completas. De un modo similar han operado empresas consultoras contratadas para «vender», como productos comerciales, determinados enfoques políticos. Que la noción de «democracia de relaciones públicas» haya ganado terreno crecientemente confirma el protagonismo de asesores y profesionales del marketing político en la configuración de los espacios deliberativos.

El tercer filtro al que aluden Herman y Chomsky son las fuentes de noticias.

Los medios de comunicación de masas son conducidos a una relación simbiótica con poderosas fuentes de información por necesidad económica y por la reciprocidad de intereses [...] La economía dicta que ellos concentren sus recursos donde ocurren las noticias más significativas, abundan los rumores más importantes y tienen lugar regulares conferencias de prensa. La Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado son nodos centrales de la actividad noticiosa. (Herman y Chomsky, 1988: 526)

Diez años antes de que viera la luz Manufacturing Consent…, Leon Sigal había publicado Reporteros y funcionarios. La organización y las normas de la elaboración de noticias, probablemente uno de los estudios más trascendentes sobre las relaciones entre los periodistas del The New York Times y The Washington Post, y las fuentes oficiales provenientes de las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos. Los datos

No es extraña la desconexión de muchos sujetos respecto a la esfera pública y su inmovilismo como agentes potenciales de cambio. La reproducción ideológica encuentra en los no-ciudadanos cómodos aliados, atrapados dentro de la sensación de que, en política, queda muy poco por hacer.


recogidos por Sigal fueron concluyentes: casi la mitad de las noticias aparecidas en la primera plana de los dos periódicos nacieron de fuentes gubernamentales norteamericanas y encuadraron las informaciones dentro de lógicas reproductoras de ese discurso. En las historias dependientes de una sola fuente, 56,3% obtuvo la información en bruto de funcionarios oficiales, mientras que ese mismo origen tuvo 53,8% del total de reportes analizados (Sigal, 1978: 155).

Aunque el texto de Sigal es referenciado aún por su notable documentación, las alianzas —declaradas o encubiertas— entre el poder político y la gran prensa son casi una verdad de perogrullo, estimulada por la posición institucional que las fuentes oficiales representan y la prominencia de la información que tributan. Para el inglés Stuart Hall,

el resultado de la preferencia estructurada dada por los medios a las opiniones de los poderosos es que estos «voceros» se convierten en lo que podemos llamar los primary definers de los temas, que permiten establecer la definición inicial o la interpretación primaria del tema en cuestión. Esta interpretación «comanda el campo» en todo el tratamiento informativo subsiguiente y establece los términos de referencia dentro de los cuales tiene lugar la cobertura posterior del debate. (Hall citado en Schlesinger, 1994: 17)

El cuarto y quinto filtros invocados por Herman y Chomsky se vinculan, por un lado, a lo que los investigadores llaman flak (formas de movilización de organizaciones empresariales para presionar a los medios a través de cartas, telegramas, demandas legales, amenazas o leyes presentadas al Congreso) y, por otro, a la demonización del enemigo como recurso simbólico de descrédito contra grupos antisistema o naciones que encarnen desafíos relevantes para la hegemonía norteamericana.

Como se ha dicho, a casi treinta años de su enunciación, el «modelo propaganda» sigue demostrando vitalidad para entender la actuación de las grandes corporaciones mediáticas. Sin embargo, es obvio también que en el proceso de construcción y socialización de ideología intervienen muchas otras variables, además de las económicas, que hacen más imprevisible de lo que pudiera pensarse a primera vista el balance resultante de los contenidos producidos por las instituciones contemporáneas de comunicación masiva. Los británicos Peter Golding y Graham Murdock argumentan que Herman y Chomsky

le pasan por encima a las contradicciones del sistema. Los dueños, los publicistas y los políticos no siempre pueden hacer lo que desearían. Ellos operan dentro de estructuras que lo mismo constriñen que facilitan, imponiendo límites y ofreciendo oportunidades. Analizar la naturaleza y las fuentes de esos límites es una tarea principal de la economía política crítica de la cultura. (Golding y Murdock, 2005: 19).

Uno de los principales cuestionamientos a los autores de Manufacturing Consent… se concentra en la perspectiva funcionalista que desestima el papel de las rutinas y las culturas profesionales de los periodistas norteamericanos en las operaciones de legitimación ideológica.

En su obra La Reproducción, Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron introducen la definición de trabajo pedagógico para designar la labor de inculcación de prácticas conformes a los principios de una cultura dominante. Aunque dicha categoría es circunscrita al entorno del sistema educativo, podría extrapolarse útilmente a otros componentes del sistema de reproducción cultural, como los propios medios de comunicación. El trabajo pedagógico será más efectivo mientras más «a gusto» hayan sido asumidas por el cuerpo social las prácticas, los comportamientos o las disposiciones mentales tendientes a legitimar el orden hegemónico. Mediante el habitus, las instituciones y las personas —los medios y los periodistas, en nuestro caso— interiorizan la «arbitrariedad cultural» que se les pretende imponer, la hacen suya y terminan reproduciéndola con un grado de complicidad que no conseguiría nunca la coacción política (Bourdieu y Passeron, 1979: 73-5).

Es la misma convicción gramsciana de que el poder no descansa solo —ni siquiera esencialmente— sobre la coerción, sino que necesita del consentimiento de los subordinados para imponerse y realizarse en medio de un complejo sistema de relaciones contraactuantes. «El trabajo de reproducción ideológica que realizan los medios —advierte Stuart Hall (1981: 126)— es por definición uno en el que se manifestarán constantemente las tendencias contraactuantes, el equilibrio inestable de Gramsci». De otro modo, difícilmente podrían sobrellevar la contradicción de responder a intereses económicos y políticos dominantes, y, al mismo tiempo, presentarse a sí mismos como un poder independiente, enfrascado en una función de vigilancia o watchdog (perro guardián) del entramado político.

La irrupción de las tecnologías, por otro lado, ha transformado radicalmente el ecosistema comunicativo y derribado las tradicionales asimetrías entre emisores y receptores. Es una cuestión de sobrevivencia para las actuales empresas mediáticas asimilar activamente los criterios de sus audiencias, integrar a sus agendas las corrientes de opinión presentes en las redes sociales y la blogosfera —aun cuando estas disientan de las lógicas de pensamiento del mainstream (corriente principal)—, y dejar a un lado la soberbia que, por mucho tiempo, concibió y diseminó «de arriba hacia abajo» (y casi nunca en sentido inverso) buena parte de los mensajes comunicativos.


¿Tienen futuro los medios alternativos en los Estados Unidos? Epílogo para seguir pensando

El 17 de septiembre de 2011, muy cerca del distrito financiero de Wall Street, en Zucotti Park, cientos de personas comenzaron una protesta que en poco tiempo alcanzaría relevancia mundial. «Somos el 99%», repetían hasta la saciedad los miembros de Occupy Wall Street (OWS), haciendo referencia a los contrastes, en materia de ingresos y distribución de las riquezas, entre el 1% poseedor de las mayores fortunas y el resto de los estadounidenses.

Curiosamente, ocho semanas después, OWS se había extendido a decenas de ciudades en los Estados Unidos. Lo que en la primera mitad del siglo xx habría costado meses, y en el xix probablemente años, ahora crecía como la espuma en un brevísimo lapso. Los ocupas habían logrado interpretar el malestar histórico de una sociedad profundamente afectada por los impactos de su última crisis económica y, al mismo tiempo, cristalizar en torno a sí un movimiento comunicacional suficientemente creativo y audaz. Su propio lema (somos el 99% frente al 1%) encerraba el potencial inclusivo que no tuvieron antes los latinos, los gays, las mujeres o los manifestantes antiguerra, que se pronunciaron muchas veces en defensa de causas específicas, con públicos específicos, a través de métodos muy específicos.

OWS encarnó una concepción de la comunicación que apeló al empleo simultáneo de todos los soportes (los medios tradicionales, Internet, las redes sociales Facebook, Twitter, vocerías cara a cara, perifoneo— para conseguir su objetivo con un mensaje único. Lograban «desde abajo» posicionarse globalmente, desafiar la agenda tradicional de la prensa norteamericana —y penetrarla a través de sus agujeros más vulnerables—, y consolidar una creciente legitimidad a los ojos de la opinión pública de ese país, al punto que, según una encuesta, más de la mitad de los estadounidenses decía ver en las preocupaciones de los ocupas, sus propias preocupaciones.

Se dice fácil, pero en realidad durante varios meses resultó una gran hazaña. Todd Gitlin (2002), investigador norteamericano que por muchas décadas ha documentado cómo la prensa de su país demoniza simbólicamente los movimientos antisistema, registró, desde los años 60, cinco estrategias en función de lograr ese propósito por parte de los grandes medios: la trivialización (o ridiculización de los objetivos del movimiento y del lenguaje de sus integrantes), el énfasis en el disenso interno, la marginación, el menosprecio de la efectividad del movimiento y la desestimación del número de participantes en las manifestaciones (es decir, contar de menos).

Con OWS la prensa norteamericana intentó hacer lo mismo, pero no tuvo más remedio que capitular

por el camino. Sintió en su pellejo la represión contra los manifestantes, en la medida en que los propios periodistas fueron también reprimidos. El activismo de los comunicadores alternativos significó un duro golpe para la credibilidad del discurso mediático dominante. Y la propia voz de los ocupas ganó capital simbólico a medida que resonó en la denuncia de decenas de personalidades del arte, la cultura y el pensamiento, solidarizados intensamente con esa causa.

Michael Moore se pronunció públicamente en estos términos:

Forme parte de nosotros. Comparta sus ideas conmigo u online. Incorpórese (o comience a organizar su movimiento local de Ocupación). Haga ruido. No es necesario instalarse con una carpa en el bajo Manhattan para ser un ocupa. Usted lo es diciendo simplemente que lo es. Este movimiento no tiene líderes individuales ni portavoces, cada uno de los participantes es un líder en su barrio, en su escuela, en su lugar de trabajo. Cada uno de ustedes es un portavoz frente a quienes encuentre en su camino. No hay que pagar nada ni conseguir permisos para desarrollar una acción. (Brooks, 2011)

La experiencia anterior confirma las potencialidades que es posible desatar si los cauces comunicativos de la esfera pública son dotados de proyecto político. Conscientes de que el tejido social de la democracia se construye comunicativamente, los ocupas comprendieron muy pronto que, en el siglo xxi, subvertir el poder implica subvertirlo también en el terreno simbólico. A golpe de originalidad, sus lemas consiguieron debilitar progresivamente el discurso acerado en torno al capital financiero, salido de las redacciones del The New York Times y The Washington Post. «Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir» —se escuchaba decir desde Nueva York hasta Madrid—; «no somos antisistema, el sistema es antinosotros»; «si los de abajo se mueven, los de arriba se caen».

La búsqueda de una comunicación alternativa en este caso se entrelaza con prácticas similares emergidas en América Latina y Europa, cuyas lecciones valdría la pena sistematizar más extensamente. A los efectos de este epílogo, conviene resaltar que:a) Lo alternativo trasciende cada vez más los

grupos o lo comunitario entendido como espacio geográfico, para insertarse en lógicas reticulares de comunicación con alcance potencialmente global. El micrófono de una radio o la columna de un periódico local norteamericano no son hoy solamente portavoces de la denuncia de problemas a escala micro, sino que a través de la web los amplifican y ponen en diálogo con los intereses, las demandas y necesidades de audiencias de otras latitudes. Esa interconexión, esencialmente política, estimula el ejercicio de una ciudadanía progresivamente entrenada en usar la comunicación


como plataforma de construcción de lo público local-nacional-global. Don´t hate the media, become the media reza la consigna de una red de medios alternativos que, sin decirlo, convoca a sus integrantes a apropiarse consistentemente de una conciencia de alternatividad.

b) Lo alternativo supera hoy cierta tentación al espontaneísmo que lo atrapó históricamente. Como nunca antes, se abre paso la comprensión de que no es posible enfrentar las estrategias de reproducción simbólica de los grandes centros de poder desde la improvisación. Desafiar la agenda de los grandes medios, ensanchar los límites dentro de los cuales ellos encuadran el debate público, implica reconocer las astucias del adversario, estudiarlas y, llegado el caso, secuestrar códigos probadamente eficaces de la comunicación dominante para usarlos de un modo radicalmente distinto.

c) Dotar de sentido a lo alternativo significa restituirle la condición deliberativa al espacio público contemporáneo. O, dicho de otra manera, fomentar una cultura deliberativa a todos los niveles, en todos los espacios, a través de todos los soportes y formatos posibles.Es un desafío que encuentra en las tecnologías

un aliado, pero que trasciende los nuevos escenarios tecnológicos para convertirse en una verdadera guerra de guerrillas desde los flancos descubiertos del aparato de reproducción cultural.

Los mismos Estados Unidos que han desarrollado hoy, con alcance transnacional, potentes redes de dominación simbólica, tienen en sus medios públicos, en organizaciones de lucha por la transparencia mediática, en proyectos de alfabetización informacional o en redes articuladas desde la blogosfera y los medios digitales, signos vitales de una comunicación emancipadora. Para ellos, el reto es similar al que enunciara hace varias décadas en América Latina José Antonio López Vigil, un activista por los derechos de las radios comunitarias:

En los próximos años podremos producir con calidad digital, con mil canales simultáneos, navegando en Internet a velocidad de la luz y corriendo por todas las autopistas de la información. Pero lo principal no se habrá logrado con esos adelantos técnicos [...] la mayor originalidad del futuro será devolver los medios a la ciudadanía. (Citado en Sandoval, 2008)

Notas

1. Bajo la administración del presidente Woodrow Wilson, se creó en los Estados Unidos un Comité de Información Pública, conocido también como Comisión Creel, debido al apellido de su director (George Creel). El Comité tenía como propósito esencial ganar el apoyo de la opinión pública norteamericana para la participación

de su país en la Primera guerra mundial. Por la eficacia de sus resultados, la Comisión Creel ha trascendido como uno de los referentes históricos imprescindibles dentro de la propaganda de guerra en Norteamérica.

2. James Curran (2005: 179) sistematiza las críticas principales contra Schiller: a) subestima las respuestas críticas a la subordinación norteamericana en un contexto donde suficientes evidencias hacen suponer que los públicos no son tan pasivos ante la colonización cultural como los describe el teórico norteamericano, sin dudas influenciado por el pensamiento frankfurtiano; b) desconoce el carácter mutidireccional de los flujos globales. Aun cuando sea fácilmente reconocible la dominación cultural de Occidente, una visión más compleja de este asunto tendría que admitir los procesos de interacción entre las culturas globales y locales, generador de una hibridez cuyos impactos se dejan sentir no solo sobre la cultura dominada, sino también sobre la dominante; c) utiliza vagamente, como si fueran intercambiables, los términos occidental, norteamericano y capitalista.

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, 2015

53Apuntes sobre los dilemas de la economía política estadounidense

La economía política estadounidense se enfrenta a una serie de problemas cuya naturaleza plantea diversas exigencias a corto y largo plazos. Una parte sustancial de esos problemas se concentra

en tres grandes campos: consolidar una salida durable de la gran recesión y sus secuelas; detener y revertir de manera sostenible las tendencias estructurales a la desigualdad económica y social; y reestructurar el sistema político-institucional.

Estas tres dimensiones de la realidad estadounidense están bien diferenciadas y cada una exige soluciones específicas, pero también se interrelacionan de manera estrecha y compleja. Igualmente se relacionan con las distintas percepciones existentes sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo del siglo xxi. En este caso, el debate cubre un amplio espectro: desde consideraciones sobre una presunta declinación hegemónica —según el modelo de la decadencia de los grandes imperios— hasta la idea de una posible extensión, en un sistema internacional cambiante, del llamado siglo americano.

Es cierto que los debates a los que da lugar el ciclo actual del «declinismo» se vinculan de manera inevitable con el cúmulo de transformaciones económicas y geopolíticas registradas a escala global en la posguerra fría, pero debe reconocerse que también se alimentan de los cambios experimentados en los últimos tres decenios por los Estados Unidos en la esfera de su sistema económico, político y social.

El objetivo general de este texto es trazar un panorama de algunos de los principales factores internos que explican este proceso en su conjunto, desde una perspectiva particular: la de la economía política.

Apuntes sobre los dilemas de la economía política estadounidense

Víctor M. GodínezEconomista.

Sistema de Información Regional de México (SIREM).

n. 81-82: 53-57, enero-junio de 2015

54 Víctor M. Godínez

No me ocuparé de la acción internacional de los Estados Unidos, pero examinaré ciertos elementos de orden económico que a mi juicio son determinantes en el mantenimiento, el ejercicio y la disponibilidad efectiva de algunos de los más importantes recursos de poder de ese país como potencia mundial. Sostengo que las percepciones sobre su situación como ente hegemónico del sistema internacional, y las perspectivas que de ellas se desprenden, están fuertemente coloreadas por los conflictos económicos y políticos internos. En el mundo de la posguerra fría, sujeto a cambios radicales y frecuentes, la sociedad estadounidense se ha concentrado progresivamente en sus problemas propios, al tiempo que ha perdido, también de forma paulatina, su capacidad de actuar consensualmente en materia de política exterior —como ha ocurrido, casi de la misma manera, con respecto a los grandes temas económicos y políticos internos.

Quizás más que nunca, los Estados Unidos son una potencia mundial ensimismada en sus problemas económicos y políticos. Esta circunstancia no impide su acción internacional, pero sí la limita y en ocasiones la restringe. No es la única nación poderosa que hoy está obligada a verse en el espejo. Casi todas las democracias occidentales tienen ante sí graves problemas de competitividad y gobernanza, y comparten una crisis de bienestar, confianza y credibilidad de sus ciudadanos en el orden institucional.

A pesar de su introspección, quizás sea el único gran poder con capacidad de actuar globalmente en términos militares, de inteligencia, diplomáticos, políticos y económicos. La base de recursos de poder, a partir de la cual ejerce hoy su primacía internacional, es relativamente menor que en el pasado en varios órdenes. Mi planteamiento es que tanto el alcance como las modalidades futuras del papel de los Estados Unidos como potencia mundial no solo dependen de la fortaleza y el ritmo de ascenso de otras potencias (verbigracia China, como ayer se creyó de Japón y Europa), sino, fundamentalmente, de cómo resuelva los dilemas económicos y políticos internos que hoy enfrenta, que son precisamente a los que me voy a referir en lo que sigue. Empezaré con una breve evocación de

los «años dorados de la posguerra»

Es este un período excepcional en la trayectoria de largo plazo de la economía política estadounidense. Lo es en relación con su pasado inmediato, y sobre todo con la experiencia de la Gran Depresión de los años 30 del pasado siglo y con el período inmediatamente posterior, es decir, con el mundo que se configuró desde finales del decenio de los 70.

En la «época dorada» del capitalismo estadounidense, la economía política se distinguió por el predominio de un amplio consenso político y social en torno a una convicción clave: el crecimiento del producto, del empleo y del bienestar era posible para que cada generación viviera mejor, gracias al esfuerzo individual y el desempeño virtuoso del sistema económico y político, y no como resultado exclusivo del privilegio y del poder.

Lo sabemos bien: en el cuarto de siglo comprendido entre 1948 y 1973, el capitalismo estadounidense experimentó un fuerte crecimiento del producto y de la productividad. La pobreza y la desigualdad no desaparecieron durante estos años, en especial para las minorías étnicas; pero el crecimiento económico sostenido y estable fue ampliamente compartido, como lo ejemplifica el incremento rápido y constante de los salarios reales (que solo se retrajeron en un año: 1959). De manera que en la «edad de oro» disminuyó de forma efectiva el grado de desigualdad en la distribución del ingreso.

Todo esto se desvaneció a partir de la década de los 70. Este decenio fue el escenario de un inopinado mal funcionamiento de la economía, de un debilitamiento generalizado de la posición internacional de los Estados Unidos y de un amplio —y para muchos indeseable— proceso de cambio social. Algunos hechos dan cuenta de manera incuestionable del fin de la época dorada: la recesión de 1973-75, que supuso un rompimiento del ciclo expansivo de la posguerra; el inicio de una prolongada declinación de la productividad; la pérdida de estabilidad de la economía, y el agotamiento del remedio tradicional utilizado hasta entonces para controlar los vaivenes cíclicos del régimen de crecimiento —a saber, la gestión de la demanda agregada.

En el transcurso de esos años se debatió ampliamente sobre las causas de estos problemas económicos, así como sobre las posibles opciones para resolverlos. La solución que finalmente se adoptó consistió en lo que hoy se conoce como «neoliberalismo», que yo prefiero denominar «capitalismo de mercado» o «desregulado» (en contraposición al conjunto de regulaciones que dió uno de sus signos de identidad al capitalismo de posguerra).

El ascenso de Ronald Reagan (enero de 1981) selló el fin de esta era al crear las condiciones necesarias para la instauración de un nuevo régimen de política económica. Debe decirse que esto último es una verdad a medias; con anterioridad se llevaron a cabo varias transformaciones institucionales de gran significado en la implantación de ese nuevo régimen:

Entre 1978 y 1980 se desregularon las industrias •aérea y del transporte terrestre, y se adelantaron


ciertos cambios regulatorios —algunos de ellos muy significativos— en el sector bancario. A partir de 1978, los beneficios promedio del •programa social Aid to Families with Dependent Children (AFDC) alcanzaron su pico en términos reales y empezaron su largo camino de descenso, y lo mismo ocurrió con el salario mínimo.La reestructuración que preconizaron estos cambios

regulatorios y de la política de ingresos se profundizó y aceleró en el gobierno de Reagan. Un acto definitorio y altamente simbólico fue el rompimiento de la huelga de los controladores aéreos en agosto de 1981. ¿Simbólico de qué?: de la destrucción, explícita en el nuevo enfoque de política económica, de un componente fundamental del arreglo institucional básico de los «años dorados».

Y esto lleva de manera directa al segundo tema que quiero someter a consideración. Me refiero al

abandono del compromiso político en favor del pleno empleo y la prominencia de las finanzas

Lo que aquí deseo señalar es que el nuevo régimen de política económica reposa en un esquema de arreglos institucionales subordinados a la lógica de los intereses financieros, que pasan a ser predominantes, frente al empleo y los ingresos derivados del trabajo —factores que se degradan como vectores propulsores del crecimiento y del bienestar.

Desde finales de la década de los 80, el crecimiento agregado de la economía quedó atado al endeudamiento de los diferentes agentes (individuos, familias, empresas) cuyas funciones de demanda y de consumo reposaron cada vez más en este recurso. En la siguiente, y en el primer lustro de los años 2000, los Estados Unidos experimentaron dos períodos de euforia (revestidos de una prosperidad frágil, falsa) comandados por el auge del mercado y el «efecto riqueza» ligado al alza incesante del precio de los activos financieros.

Durante casi tres décadas la trayectoria económica descansó en tres pilares: la inflación de los precios de dichos activos, el endeudamiento de empresas y familias, y la «flexibilización del mercado de trabajo»; esto es, en la ruptura del nexo productividad-salario, la precarización laboral y la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos por trabajo.

La crisis de los valores tecnológicos y la ulterior «fuga hacia adelante», basada en los valores hipotecarios, que desembocó en la crisis financiera de 2007-2008 y la gran recesión que se prolongó hasta 2009, pusieron de manifiesto el agotamiento de las fuerzas que condujeron el crecimiento y la acumulación bajo el imperio del

capitalismo desregulado durante un período similar al de los años dorados.

La crisis del régimen de crecimiento y acumulación ligado a la llamada financiarización de la economía se acompaña, además, de una situación en la que algunos ámbitos fundamentales de la economía están restringiendo estructuralmente la capacidad de crecimiento a largo plazo. En casi todos los casos, la remoción de estos cuellos de botella supone reconfigurar los arreglos institucionales construidos desde los años 80 del siglo pasado.

Dada la naturaleza de la gran recesión y de sus secuelas, una simple reconducción de este modelo de acumulación y crecimiento no parece viable. El tamaño y la complejidad de este problema tal vez puedan ilustrarse yendo directamente a

la raíz del malestar estadounidense

Las secuelas de la crisis financiera y de la gran recesión se combinan con el efecto acumulado de factores estructurales y político-institucionales que inciden en la génesis de una transformación mayor en el plano de los resultados sociales del sistema económico estadounidense (una transformación que está en curso con anterioridad al entallamiento de la gran recesión y que es consustancial al modelo de crecimiento pos Reagan): la desigualdad económica y la ampliación de las brechas distributivas del ingreso y la riqueza.

Una perspectiva histórica del último siglo en materia de distribución —como la que han ilustrado empíricamente estudios como los realizados por Atkins (2015) y Piketty (2013), entre otros— desmiente de manera clara un dogma de la economía política del desarrollo que ha perdurado durante casi tres cuartos de siglo: la célebre U invertida de Kuznetz, según la cual el ingreso tiende a concentrarse en las primeras fases del proceso del desarrollo para luego dar lugar a una distribución cada vez más cercana a la equidad gracias a los automatismos del mercado. Sucede que, como lo muestran aquellos estudios, la concentración del ingreso y la riqueza bajó sistemáticamente en los Estados Unidos desde la década de los años 30 hasta mediados de los 70; a partir de ahí la tendencia se revirtió, y los niveles de concentración regresan hoy a los que se registraban hacia 1913 —es decir, un siglo atrás.

La regresión distributiva y patrimonial incumbe a toda la clase media, que ha sido la más afectada por este proceso de reconcentración. El caso del 0,1% más rico de los Estados Unidos (unas 160 mil familias) es hoy muy conocido y paradigmático: mientras que en 1978 detentaba 7% de la riqueza familiar, en 2012 ya controlaba más de una quinta parte, 22% (el nivel de cien años atrás). Entre 1986 y 2012, la riqueza del

56 Víctor M. Godínez

90% de las familias que siguen en la escala al 10% con mayor fortuna, se estancó. Entretanto, la del 0,1% más rico creció a un promedio anual de 5,3% (Saez y Zucman, 2014).

La modificación del patrón distributivo es tremenda, y las brechas se ampliaron a raíz de la gran recesión, lo mismo que algunas de sus causas directas. En especial, la reposición de los puestos de trabajo destruidos por la recesión (8,7 millones de empleos)1 no solo ha sido inusualmente lenta y prolongada, sino que además no ha significado una restitución del poder de compra de los niveles de salario que prevalecían antes de la crisis. En dos sectores de producción muy emblemáticos, en los que el efecto destructivo del empleo de la gran recesión fue en particular fuerte —la construcción y la industria manufacturera—, el salario anual promedio en la prerrecesión era de 62 mil dólares; en el marco de la poco vigorosa recuperación que está en curso desde el segundo semestre de 2009, el promedio del salario anual de los empleos recuperados es de 47 mil dólares (25% menos).

La posrecesión (me refiero a un proceso de casi seis años) consolidó un patrón de incertidumbre sin precedente desde los años del New Deal: para la gran masa, el ingreso proveniente del trabajo se tornó imprevisible e insuficiente. Una consecuencia muy significativa de todo esto es que la movilidad social, ese gran valor que solía ser sobrentendido para cada estadounidense promedio, tiende a desvanecerse como referencia de vida. Diversas encuestas muestran que el futuro de una mejoría para las siguientes generaciones ya no es considerado una garantía para la gran masa en los Estados Unidos.

¿Dejó de ser el país de las oportunidades, en el que el trabajo y las competencias garantizan el éxito y el bienestar de las personas y las familias—según reza una creencia histórica que ha sido clave de su cohesión social y su fortaleza institucional? El tiempo lo dirá.

Lo cierto es que el sueño americano es hoy un camino sombrío que solo empezará a iluminarse en la medida en que los Estados Unidos sean capaces de

recuperar el crecimiento y el bienestar

Las principales alternativas que se debaten en la arena política están encasilladas en combinaciones convencionales de política económica que agotan su

horizonte propositivo en el diseño de esquemas cuya esencia es ser políticas más o menos expansivas, o más o menos austeras.

Hay un problema mayor que no suelen contemplar esas propuestas, y cuando ocurre, lo abordan de manera superficial: las perspectivas poco optimistas del crecimiento a largo plazo. Algunos prestigiosos economistas del stablishment, como Lawrence Summers, han advertido sobre el riesgo de estancamiento secular que según ellos tiene ante sí el sistema económico estadounidense, o bien sobre el peligro de entrar a una etapa prolongada de lento crecimiento, como lo ha hecho notar Robert Gordon, entre otros economistas. Este dilema se resume en la caída del producto potencial, que año tras año, conforme discurre la actual recuperación, presenta una brecha mayor con respecto al producto efectivo.

Un conjunto muy variado de factores de orden estructural restringe el crecimiento a largo plazo de los Estados Unidos. Entre ellos hay tres de enorme importancia y que operan con bastante anterioridad a la gran recesión: la demografía, la desigualdad y el endeudamiento.

En el plano demográfico, hay un proceso conocido •y documentado de envejecimiento de la población estadounidense, que se asocia a la edad de retiro de la generación de los baby-boomers. Hay también un debilitamiento de la economía que proviene del efecto, iniciado treinta años atrás, del ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo, que ha estado determinando, desde principios del siglo xxi la caída de la tasa de participación de la fuerza de trabajo. Diversos estudios empíricos muestran que este hecho demográfico produce una reducción del crecimiento del producto real por habitante para cualquier tasa de crecimiento probable de la productividad laboral.En el contexto económico vigente no se avizora •espacio para el crecimiento efectivo del ingreso disponible (el ingreso real medio de los hogares es hoy menor que en los años 90). A ello se suma el alto grado de apalancamiento de los hogares, cuyo endeudamiento ronda alrededor de 90-95% del PIB. Incluso, en un escenario de desendeudamiento de las familias —por lo demás, improbable en el corto y mediano plazos— no se puede esperar que mantengan el nivel de gastos que sostuvieron gracias al fuerte endeudamiento de los años precedentes. Hay en el horizonte una perspectiva poco estimulante de

¿Dejaron los Estados Unidos de ser el país de las oportunidades, en el que el trabajo y las competencias garantizan el éxito y el bienestar de las personas y las familias—según reza una creencia histórica que ha sido clave de su cohesión social y su fortaleza institucional? El tiempo lo dirá.


la demanda agregada, que seguirá sometida por algunos años a varios contraestímulos.La caída del crecimiento potencial también prefigura •una desaceleración en el crecimiento del ingreso fiscal y, por tanto, un incremento del coeficiente de endeudamiento de todas las administraciones públicas (federal, estatal, local). Estabilizar el coeficiente significa un incremento tributario, una desaceleración de transferencias públicas o una combinación de ambos recursos. En todos los casos, el resultado inmediato sería el de una restricción adicional del crecimiento.Ni las restricciones que se asocian al endeudamiento

público ni la desaceleración demográfica constituyen pruebas irrefutables de una caída inminente en el estancamiento secular, pero sí de su posibilidad. Y esto solo plantea la necesidad de un cambio del régimen de política económica.

Un análisis somero de las plataformas de los dos partidos políticos y de las propuestas de sus principales pretendientes a la candidatura presidencial para las elecciones de 2016, no deja ver alternativas de un replanteamiento a fondo del régimen prevaleciente de política económica. Sí se advierte, en cambio, cierto tecno-optimismo en ambos lados del espectro político: la idea —¿la esperanza?— de que la innovación tecnológica —una esfera indiscutida de liderazgo de los Estados Unidos a escala internacional— es un recurso seguro, casi mágico, al que recurrir para renovar el crecimiento.

Hay varias razones para poner en duda el presupuesto de que dicho recurso renueve por sí solo el crecimiento y permita reeditar una era de pleno empleo: existe una relación desfavorable entre trabajo destruido y trabajo creado que es atribuible al cambio tecnológico; además, la caída de costos que producen las innovaciones tecnológicas por unidad de producto significa que las nuevas tecnologías no solo ahorran trabajo, sino capital. Históricamente, estas dificultades de los procesos de cambio tecnológico han sido superadas, pero en el largo plazo y por medio de una condición sine qua non para el despliegue del potencial de cambio de las innovaciones tecnológicas: la adopción paralela de innovaciones sociales e institucionales —algo que no se otea, en lo inmediato, en el horizonte político de los Estados Unidos.

Otra fuente de optimismo tecnológico es la llamada revolución del esquisto, que tiene varias implicaciones económicas y geoestratégicas. Para efectos económicos es necesario distinguir entre petróleo y gas. Los precios del petróleo se fijan en el mercado internacional y como producto del balance entre oferta y demanda a escala mundial. La crisis del mercado petrolero internacional —sobreoferta y desplome de los precios— ha puesto de

manifiesto ciertos límites, financieramente insuperables en el actual escenario, a la expansión de la industria del petróleo por fracturación en los Estados Unidos.

El gas obtenido con las nuevas tecnologías es otra cosa. No se comercia intercontinentalmente y sus precios se fijan en los mercados continentales, y el mercado de los Estados Unidos tiene esa talla. Su explotación tendrá —de hecho, ya las tiene— una serie de efectos económicos positivos. Una muestra es que, en la presente década, el precio del gas en ese país ha sido dos tercios menor que en la Unión Europea y Japón. El efecto del gas barato y abundante será un importante factor para apuntalar la competitividad de varias industrias estadounidenses, pero no impulsará decisivamente la productividad del sistema económico como sí lo hicieron innovaciones históricas previas (electricidad, aeronáutica, etc.).

Las alternativas reales a los grandes dilemas de la economía política de los Estados Unidos están fuera de los ámbitos de las revoluciones tecnológicas y del esquisto. Los riesgos de bajo crecimiento, inestabilidad laboral, desigualdad económica, caída de expectativas de bienestar, reclaman una renovación de las políticas y los diseños institucionales. Innovar en la esfera de la política es el reclamo y, como parece advertirse en el plano de la lucha política e ideológica, el gran problema.

Nota

1. Las cifras que se ofrecen en este artículo se corresponden con cálculos y estimaciones del autor sobre la base de informes del Departamento de Comercio, el Departamento de Trabajo y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así como del Sistema de Reserva Federal. [N. del E.]

Referencias

Atkins, A. B., (2015) Inequiality. Cambridge, Harvard University Press.

Piketty, T., (2013) Le Capital au XXe siècle. París, Seuil.

Saez, E. y G. Zucman, (2014) «Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence from Capitalized Income Data», en National Bureau of Economic Research, disponible en www.nber.org/papers/w20625 [consultado el 7 de julio de 2015]

, 2015

58 Ariane van Buren

En los Estados Unidos, todo lo que se refiere a la «sostenibilidad»1 gira en torno a un único problema clave: la extrema dependencia de la economía norteamericana respecto a los

combustibles fósiles —petróleo, gas y electricidad (la cual se genera principalmente a partir de la quema del carbón)— y las razones estructurales por las cuales esto persiste como una condición primordial. Cuba y otras naciones que buscan un camino económico alternativo, menos atado a las formas convencionales de energía, tienen que desconfiar de dichos intereses corporativos en el desarrollo de sus relaciones con ese país; tendrán que buscar en otro sitio la reducción de esa insostenible dependencia respecto a los combustibles. Esto se relaciona con el planteamiento de Godínez referido a que los Estados Unidos ya no desempeñan el papel de guía hegemónico que detentaran en el siglo xx.

Es importante que los observadores de la economía política norteamericana sean conscientes de los rasgos distintivos que mantienen su alto nivel de dependencia respecto a los combustibles fósiles:

Los subsidios nacionales promueven la producción 1. de combustibles fósiles y, escasamente, las inversiones en fuentes alternativas de energía. Las corporaciones relacionadas con la energía 2. invierten con fuerza en la actividad de los grupos de presión políticos para conservar esa posición privilegiada.El apoyo al desarrollo de energías renovables ha sido 3. partidario de los biocombustibles (maíz subsidiado para producir etanol), en vez de las energías solar y eólica para reducir el empleo de combustible fósil, y frente a la eficiencia energética para minimizar las necesidades de energía.La dependencia respecto al petróleo ocurrió 4. como resultado de una gestión coordinada de los productores de petróleo, de autos y de neumáticos, para remplazar las vías férreas por las carreteras

Comentario sobre la sostenibilidad en la economía política norteamericana

Ariane van BurenEconomista. Earth Institute.

Universidad de Columbia. Estados Unidos.

n. 81-82: 58-60, enero-junio de 2015

(autos y autobuses) y el transporte aéreo desde el decenio 1920-1929 hasta 1940-1949. Las compañías se resisten a reducir el consumo 5. energético salvo como ahorro de costos, especialmente en sus productos. La confusión respecto al cambio climático y a la 6. ausencia de política climática en los Estados Unidos es el resultado de un deliberado ofuscamiento por parte de los productores de combustibles fósiles, que han contratado a empresas de relaciones públicas para crear dudas sobre la ciencia del clima. Esa estrategia ya había sido usada por la industria del tabaco, frente a argumentos referidos a los perjuicios de su consumo. Se han aplicado medidas extremas para mantener la 7. producción de combustibles fósiles: se ha utilizado el mountain top removal2 para la extracción del carbón y el barreno en alta mar para producir combustibles, se ha extraído petróleo de las arenas de alquitrán, y aplicado el fracking3 para sacar gas del esquisto. Todo ello conlleva onerosos costos económicos, sociales y medioambientales: inversiones financieras masivas, severos riesgos ambientales por los derrames y la contaminación de las reservas de agua; y ha traído consigo la destrucción de puestos de trabajo —el modelo «vacas gordas seguidas de vacas flacas» ha caracterizado la extracción de recursos naturales por cortos períodos. No obstante, se están haciendo valientes y vitales 8. esfuerzos por comercializar formas de energía renovables no basadas en el carbono. Aunque muestran rápidos índices de creación de empleos, son insuficientemente reconocidos por la oportunidad económica y de inversiones que brindan. Los inversionistas están llamando la atención 9. respecto al riesgo del capital de carbono o el riesgo de sobreinversión en los combustibles con base en ese mineral. La explotación de todo el carbono

59Comentario sobre la sostenibilidad en la economía política norteamericana

que ha sido explorado y en el cual se ha invertido, incrementaría las temperaturas globales y las emisiones de gases de invernadero a tal punto que volverían inhabitables muchas regiones del mundo.Los estudiantes han comenzado a presionar a sus 10. universidades para que retiren todas sus acciones de las compañías de combustibles fósiles, con el apoyo de fundaciones e individuos.Por consiguiente, los inversionistas que se 11. preocupan están esbozando un giro en dirección a planteamientos referidos a que el riesgo de proseguir las inversiones en la explotación de carbono resultará en la inmovilización de valores, una vez que se evidencie que no puede consumirse el carbono sin causar un daño irreparable al planeta, a sus habitantes y a sus economías. La complejidad de cada uno de estos factores

requeriría un tratamiento más profundo del que es posible esbozar aquí. No obstante, es importante que los lectores estén conscientes de ellos, en tanto cada uno de estos elementos desempeña un papel en la falta de sostenibilidad de la economía norteamericana. Para este artículo, limitaremos la discusión a aquellas observaciones que provienen de la experiencia de la autora en el ámbito de la resistencia a la sostenibilidad corporativa por parte de los accionistas. Entre los principales retos se encuentran:

La resistencia de los fabricantes de autos a mejorar •el ahorro de combustible en los vehículos, lo cual conduce a pérdidas de una parte de su porción en el mercado a manos de productores extranjeros de carros híbridos.La conversión del carbón al petróleo a raíz del •cambio del transporte por ferrocarril al de carretera, que ingeniaron la General Motors, la Standard Oil y la Firestone. La acción de grupos de presión del petróleo y •la ofensiva de relaciones públicas para negar la ciencia del cambio climático. La protección de los accionistas condujo al colapso de la Coalición del Clima Global en la industria. El cambio climático se convirtió en una de las principales preocupaciones de los accionistas a partir de 2010; pero aumentó el número de votos de los accionistas en la medida en que se arguyó que el cambio climático es un asunto de índole «material».El hecho de que el año pasado los inversionistas se •dirigieran a las corporaciones para tratar —más que cualquier otro asunto— las cuestiones referidas a los grupos de presión y a los gastos políticos.Los accionistas tuvieron éxito en detener el •financiamiento a la extracción de carbón mediante la técnica del mountain top removal.

El riesgo del capital de carbono es ahora un tema •explícito para la defensa de los accionistas.En los Estados Unidos, la presión de los inversionistas

desempeña un papel sustancial en la conformación de las políticas y prácticas respecto a los combustibles fósiles y la sostenibilidad desde el decenio de 1970-1979. Más recientemente, los estudiantes han lanzado un llamamiento nuevo y agresivo para que las universidades retiren totalmente el dinero de sus dotaciones de las inversiones en combustibles fósiles, y algunas fundaciones lo han apoyado (Wallace Global Fund).

Dichas condiciones brindan un contexto para discutir la ponencia de Víctor Godínez sobre la economía política norteamericana desde el ángulo de la sostenibilidad, al tiempo que llenan un vacío en su argumentación y amplían su análisis en tanto constituyen una pieza fundamental del rompecabezas.

Los planteamientos aquí expuestos se basan en la experiencia a lo largo de décadas en la dirección del compromiso de los accionistas4 por parte de los inversionistas institucionales en los fondos de pensiones de Norteamérica,5 los estatales, los de los centros de trabajo y los religiosos. Desde los años 90, esa práctica está bastante difundida en los Estados Unidos como un método, protegido por la ley, para que los inversionistas posean corporaciones en las que son dueños de acciones susceptibles de rendir cuentas por su impacto medioambiental, social y económico. Entonces, desafía la ingeniería genética en los suministros de alimentos.

En el decenio de 2000-2009, se estableció que el cambio climático era un riesgo para las inversiones. Y para la década siguiente, tras la decisión del Tribunal Supremo que permitió las contribuciones políticas ilimitadas por parte de las corporaciones, el movimiento de accionistas volvió su atención a la labor de los grupos de presión y las contribuciones políticas, lo cual es hoy día el tema más sobresaliente del compromiso de los accionistas que está siendo apuntado en dirección al mayor número de compañías a través de todos los sectores de la industria.

El más serio problema de sostenibilidad para los Estados Unidos es la extrema dependencia de su economía respecto a los combustibles fósiles de hidrocarburo, tanto que puede ser descrita como una adicción. Sus causas son resultado directo de la economía política, y sus consecuencias determinan las soluciones disponibles. Configura tanto las acciones que realizan los norteamericanos como la forma en que sus opciones afectan la viabilidad a largo plazo del sistema económico del país.

Siguiendo a Godínez, los Estados Unidos han dejado de ser la tierra de la oportunidad, excepto para los ricos.

60 Ariane van Buren

, 2015

Notas

1. En los Estados Unidos, el término «sostenibilidad» comúnmente se refiere a la sostenibilidad medioambiental, y por ello lo usaremos en ese sentido para la discusión en este trabajo. Se observa, por supuesto, que esa sostenibilidad podría referirse a otros muchos asuntos, en dependencia de lo que se esté sosteniendo: la propia crisis, el modelo económico prevaleciente, las circunstancias económicas o políticas que emanan de ese modelo, o la pobreza de bienestar económico y social que es el resultado para todos, excepto para los acaudalados. Todos esos elementos están demostrando ser sostenibles de un modo sobresaliente, en el sentido en que persisten y se vuelven cada vez más acentuados.

2. Se trata de una forma de minería a cielo abierto que conlleva la eliminación mediante explosivos de la cima de una montaña, una colina o una cresta, para acceder a la veta del mineral. Comenzó en los Estados Unidos en el decenio de 1970-1979 y despertó fuertes controversias entre la industria y los ambientalistas (N. del T.)

3. También llamado Hydraulic fracturing (fracturación hidráulica), hydrofracturing (hidrofracturación) o hydrofracking; en español también se le llama «fractura hidráulica» o «estimulación hidráulica».Luego de perforar un pozo vertical seguido de otro horizontal, se inyecta agua a presión, mezclada con arena y productos químicos, para ampliar las fracturas en la roca y favorecer la aparición de canales que fuercen a los hidrocarburos a fluir hacia la superficie. Está en uso desde hace más de medio siglo, y hoy se aplica en la mayoría de los pozos, especialmente en los Estados Unidos. Los ambientalistas lo combaten porque consume mucha agua, contamina los acuíferos, la atmósfera y la superficie, con posibles afectaciones a la salud humana.

4. Usamos indistintamente los términos «accionistas» y «dueños de acciones», pero este último término es el que prefieren los mayores fondos de pensiones que se ven a sí mismos como inversionistas a largo plazo y dueños universales que han invertido en todo el espectro de la bolsa de valores. Por lo tanto, insisten en su condición de dueños de corporaciones y no solo poseedores de partes de las acciones; se refieren a su actividad como compromiso corporativo, mientras que las compañías que reciben sus propuestas de adueñarse de acciones los contemplan como activistas accionarios.

5. La autora dio inicio al campo de accionistas medioambientales y ocupó el primer cargo oficial en este terreno como Directora de Energía y Programas Medioambientales en el Interfaith Center on Corporate Responsibility, dirigiendo y coordinando la gestión de los accionistas en cien compañías de las quinientas listadas por la revista Fortune. Más adelante, como primera Directora de Compromiso Accionista de Ceres en la formación de la Red de Inversionistas sobre el Riesgo Climático, laboró con los fondos bastante mayores del sector público enfocados en la insuficiencia de la gobernanza corporativa y su falta de rendición de cuentas a los accionistas.

Traducción: David González.

61Estados Unidos: una nación de naciones

Así como a fines del siglo xix los Estados Unidos experimentaron una gran ola migratoria, en las últimas décadas del xx y el inicio del xxi ese país ha sido el destino de uno de cada

cinco migrantes del mundo. Según el Migration Policy Institute, en 2013 los inmigrantes en los Estados Unidos alcanzaron la cifra de casi 42 millones, es decir, 13% de una población de 316 millones de residentes, y 20% de los emigrantes a nivel mundial.

Entre ambos procesos hay similitudes y diferencias; tanto a fines del siglo antepasado, como en el xx, la llegada de millones de migrantes estuvo ligada a profundas transformaciones productivas, sociales y políticas: en el primer caso, al ascenso de la corporación y la urbanización que resultaron de la guerra civil; en el segundo, a la globalización, los cambios productivos, la movilidad, de la fuerza de trabajo y la desigualdad salarial. Desde el punto de vista sociopolítico, en ambos momentos hubo fuertes reacciones en contra de los inmigrantes.

En este artículo señalaremos algunos de los problemas a los que ha dado lugar la última oleada migratoria, y que inciden e incidirán en la sociedad estadounidense. Primeramente, la relación entre la ausencia de una política migratoria federal después de la Ley de Control y Reforma a la Inmigración (Inmigration Reform and Control Act, IRCA), de 1986, y la política migratoria de los estados; en segundo lugar, el tema de la migración bajo la óptica de la seguridad nacional y sus implicaciones; en tercer lugar, la política de presidente Obama y los desarrollos más recientes; y por último, el debate social e ideológico acerca de la migración.

Estados Unidos: una nación de naciones

Patricia de los RíosProfesora. Universidad Iberoamericana.

n. 81-82: 61-66 enero-junio de 2015

62 Patricia de los Ríos

El debate migratorio en los años recientes

Siendo un país de inmigrantes y una potencia mundial, las leyes migratorias de los Estados Unidos han reflejado al menos dos influencias: la de las necesidades de mano de obra de su economía y la de sus intereses político-sociales, tanto internos como externos. Aquí solo hablaremos de las leyes aprobadas después de la IRCA.

Hacia mediados de los 80, existía la percepción de que los Estados Unidos habían perdido el control sobre sus fronteras, particularmente la de México. Ante el aumento del flujo de trabajadores indocumentados y para enfrentar el hecho de que ya habían llegado millones de inmigrantes, el Congreso aprobó, en 1986, la IRCA. Al amparo de dicha ley se amnistió a cerca de tres millones de trabajadores, en su mayoría mexicanos, y se establecieron también sanciones para los empleadores, y diversas medidas para fortalecer el control de la frontera (durand y Massey, 2009: 167).

Después de la amnistía y la reunificación de familias y su crecimiento natural, aumentó en varios millones el número de inmigrantes. Asimismo, el endurecimiento de la vigilancia fronteriza que la misma ley preveía contribuyó a que estos decidieran prolongar su estadía en los Estados Unidos, lo que rompía el patrón migratorio circular que había prevalecido en las décadas previas (Durand, 2015: 15).

Además de los efectos de la IRCA, la demanda de mano de obra de la propia economía estadounidense, sometida al proceso planetario de la globalización, contribuyó a que entre 1990 y el año 2000 entraran al país más de nueve millones de inmigrantes, lo cual, como sucedió un siglo antes, generó un profundo sentimiento antinmigrante en diversas partes de la Unión.

No obstante, y a pesar de la fuerte oposición de muchos sectores, si el fenómeno migratorio se ve en perspectiva histórica, el porcentaje de nacidos en el extranjero no es mayor al de finales del siglo xix y principios del xx.

Sin embargo, el hecho de que los inmigrantes ya no estuvieran solo en los campos agrícolas de California, Texas o Florida, sino en el sector servicios, en las ciudades y en contacto cotidiano con la población nativa, hizo que la migración se concibiera cada vez más como un problema.

En 1994, durante la administración del presidente demócrata William Clinton, los republicanos ganan las elecciones legislativas y se convierten en la fuerza política mayoritaria en el Congreso, en las legislaturas y gubernaturas estatales. En 1996, gracias a esa nueva mayoría, los legisladores aprueban tres leyes que tienen un impacto negativo sobre los migrantes: la Ley de Oportunidad de Trabajo y Responsabilidad Personal

(Personal Responsibility and Work Opportunity Act), la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act) y la Ley de Responsabilidad y Reforma a la Inmigración Ilegal del Inmigrante (Illegal Immigration Reform and Responsability Act, IIRIRA), que aumenta las categorías de actos criminales que merecen deportación, e impone la detención obligatoria de ciertas categorías de migrantes, aun de personas que tienen la green card que acredita su estancia legal en el país.

Ese trío de leyes crea una situación muy difícil para los inmigrantes, pues además de criminalizarlos, reforma el Estado de Bienestar al impedirles el acceso a diversos programas sociales. La Ley incluye la utilización de tecnología militar en la frontera, y otorga más fondos a la Patrulla Fronteriza y al Servicio de Inmigración.

Esas medidas punitivas y criminalizantes para la migración indocumentada, mayoritariamente mexicana, fracasan al no detener el flujo migratorio, pero tienen el efecto perverso de aumentar el número de mexicanos y centroamericanos muertos en la frontera. El contexto punitivo no solo hace crecer la cantidad de víctimas, sino que acentúa la vulnerabilidad de los migrantes frente a los traficantes de personas, y a los empleadores y refuerza la tendencia a quedarse definitivamente, o por períodos más largos, en los Estados Unidos, pues el precio del cruce aumenta.

Migración y seguridad nacional

Además del proceso de criminalización del inmigrante indocumentado, que ya venía ocurriendo desde los 90, a partir del ataque del 11 de septiembre de 2001, el migrante se visualiza como una amenaza para la seguridad nacional y no como un trabajador que quiere mejorar su situación económica y que el mercado laboral demanda. Como respuesta por los ataques, se crea el Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security Department, NSD) en noviembre de 2002, que centraliza las agencias federales relacionadas con la migración (De los Ríos, 2005: 119).

Así, la Dirección de Seguridad Fronteriza y del Transporte (Border and Transportation Security Directorate) del NSD, es responsable de la seguridad fronteriza, de los 350 puertos de entrada, de la conexión de los Estados Unidos con el resto del mundo, y de hacer cumplir las leyes migratorias. Desde el punto de vista institucional, tanto la Patrulla Fronteriza como el Servicio de Inmigración y la Guardia Costera pertenecen hoy a ese departamento.


De manera que a los factores de la opinión pública antinmigrante y a las necesidades del mercado, se agrega ahora una visión del tema migratorio no solo enmarcada en lo económico y lo sociopolítico, sino también en la seguridad nacional.

En 2004, el presidente George W. Bush lanza una propuesta de política migratoria que incluía, para los millones de trabajadores indocumentados que se calculaba vivían en el país, una visa temporal por tres años, renovable y con la posibilidad de llevar a sus familias, que pudiera solicitarse desde los Estados Unidos; derechos laborales; la posibilidad de cambiarse de empleo, y la seguridad de no ser deportados.

Aun antes de la propuesta presidencial en el ámbito legislativo ya se estaban discutiendo diversas propuestas de ley, desde una reforma mínima para un nuevo programa de trabajadores huéspedes hasta otra que incluía una amnistía plena para los indocumentados.

Sin embargo, en diciembre de 2005, la Cámara de Representantes votó mayoritariamente a favor de la Ley de Protección de la Frontera, Anti-Terrorismo e Inmigración Ilegal (Border Protection, Anti-Terrorism, and Illegal Immigration Control Act), conocida como Ley Sensebrenner, propuesta por el legislador del mismo nombre. Esta fue la ley federal más punitiva que hasta entonces se hubiera considerado con posibilidades de pasar (Verea, 2006). En 2006, el Senado aprobó la Ley de Reforma Migratoria Comprensiva (Comprehensive Immigration Reform Act), que contemplaba un camino para que la mayoría de los indocumentados tuviera la posibilidad de acceso a la ciudadanía. Ambas eran tan antitéticas en su orientación que no prosperaron. Sin embargo, la ley Sensebrenner despertó tanta indignación por parte de los millones de inmigrantes que dio lugar a enormes manifestaciones de protesta en las ciudades más importantes de los Estados Unidos.

A pesar de los esfuerzos de los distintos legisladores, en 2007 la reforma migratoria integral fracasa y el gobierno federal profundiza su política de control, redadas y mediante la construcción del muro en la frontera (Immigration Policy Center Special Report, 2009).

El dinero dedicado a todos los aspectos de la protección fronteriza ha aumentado sustancialmente. Sin embargo, la política migratoria ha fracasado rotundamente, desde todos los puntos de vista. Como señala un informe sobre el tema:

Por más de dos décadas, el gobierno de los Estados Unidos ha intentado borrar a los migrantes indocumentados a través de los esfuerzos de control en la frontera y en el interior del país sin éxito y sin reformar un sistema migratorio quebrado que estimula la inmigración indocumentada. Mientras que se han vertido miles y miles de millones de dólares al control, el número de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos se ha incrementado dramáticamente. En vez de reducir la

inmigración indocumentada, la estrategia de control-sin-reforma ha distraído los recursos y la atención de las autoridades federales para perseguir a migrantes indocumentados que no amenazan a nadie y que son atraídos aquí por las necesidades de mano de obra de la economía. (Inmigration Policy..., 2008: 1)

Ese diagnóstico es compartido por muchos grupos y personas involucrados en el tema. Durante la campaña electoral de 2008, el candidato demócrata Barak Obama se acercó a los votantes latinos, prometiendo, entre otras cosas, impulsar una reforma migratoria. Sin embargo, cuando llegó a la Casa Blanca otras fueron las prioridades de la nueva Administración, como la reforma del sector de la salud, la crisis económica y los dilemas del involucramiento militar en Afganistán e Iraq. A pesar de contar con una mayoría demócrata en el Congreso, todos esos temas generaron grandes divisiones dentro de este y el presidente no podía emplear su capital político en el tema migratorio, cuando tenía muchos flancos abiertos.

En esas condiciones, la frustración de la población, acentuada por la crisis económica y la actitud racista de ciertos medios de comunicación, así como de movimientos populistas ultraconservadores que también se oponen a la administración Obama, como el Tea Party, contribuyó a acentuar la tendencia de los estados de hacer su propia política migratoria.

Política migratoria de los estados; ausencia de leyes migratorias

Ante los cambios en la economía y en la situación política y social de los estados, la población migrante se ha dirigido a toda la geografía estadounidense, incluida Alaska. Hay emigrantes, tanto en estados tradicionalmente receptores —como los fronterizos con México—, como otros en los que la población extranjera era muy reducida o casi inexistente. En ese sentido, los estados han enfrentado cambios y problemas educativos, sociales, económicos y políticos ocasionados por la creciente presencia de inmigrantes y la ausencia de leyes federales. En el año 2008, por orden ascendente, los que contaban con mayor cantidad de población nacida en el extranjero eran: Georgia, Washington, Illinois, Arizona, Massachussets, Texas, Florida, Nueva Jersey, Nueva York y California.

Un antecedente importante de la tendencia de los estados a tomar las cosas en sus propias manos fue la Proposición 187, en California, aprobada por mayoría en 1995, aunque después derrotada en los litigios judiciales (García y Griego y Verea, 1998: 111). En el nuevo milenio, las legislaturas y los gobiernos estatales y aun locales, ya habían alcanzado un alto nivel de frustración con la política federal, de manera


que siguiendo la tradición federalista de los Estados Unidos que se remonta al origen de la nación, las decisiones fueron tomadas por ellos mismos (Seghetti, Ester y García, 2009).

Como resultado de los cambios de la política migratoria federal ocurridos desde la década de los 90 con el aumento de efectivos en la Patrulla Fronteriza y la creciente utilización de tecnología militar en la frontera, el cruce por el desierto de Sonora se convirtió en la opción para miles de migrantes mexicanos y centroamericanos, lo cual hizo aumentar mucho el número de muertos.

Además de ese dramático resultado de la política federal, el estado de Arizona se ha caracterizado por la toma de otras medidas, tanto de la legislatura local, como de la policía y de organizaciones de la sociedad civil en contra de los migrantes. Es uno de los estados más antinmigrantes de la Unión Americana. Así, el 19 de abril de 2010, se aprobó la SB1070, que fue firmada por la gobernadora Janet Brewer el día 23. Dicha ley incluye las siguientes medidas:

Convierte la no portación de documentos que acrediten la calidad migratoria en un delito menor (misdemeanor); convierte en un delito el intento por contratar trabajadores por día si el chofer obstaculiza el flujo del tránsito; lo mismo sucede con el trabajador. Señala que es ilegal pedir trabajo en un espacio público y que cualquier persona transporte, mueva, esconda, dé asilo a cualquier indocumentado. Ordena la confiscación de cualquier vehículo que se utilice para los fines antes señalados. Permite que cualquier oficial estatal o local pueda hacer preguntas acerca del estatus migratorio de la persona o bien si esta no enseña documentos que acrediten su calidad migratoria, los agentes de la ley pueden iniciar averiguaciones en ese sentido. También se permite que alguien sea mantenido en custodia hasta que se conozca su situación migratoria. Impide que ciudades y pueblos tengan políticas de refugio; permite que los ciudadanos demanden a las agencias de la ley cuando no cumplan con las leyes migratorias. (Inmigration Policy..., 2010: 4)

Siguiendo el ejemplo de Arizona, muchos estados aprobaron leyes relacionadas con la migración. Por ejemplo, en 2013, 43 legislaturas estatales y el Distrito de Columbia aprobaron 146 leyes y 231 resoluciones relacionadas.

No todas esas leyes fueron antinmigrantes, algunos estados buscaron proteger a las personas que no tienen papeles de las formas más evidentes del abuso. Por ejemplo, hubo estados que reforzaron las medidas tendientes a ampliar algunas oportunidades educativas para jóvenes indocumentados que están en edad escolar. Sin embargo, la proliferación de leyes estatales ha convertido a los Estados Unidos en un rompecabezas legal. Los inmigrantes, sobre todo indocumentados, se introducen en un laberinto legal, político y social, en condiciones de extrema vulnerabilidad, en un clima general represivo, donde las redadas y las deportaciones son amenazas cotidianas.

Si bien la inmigración no está explícitamente incluida en la Constitución, tanto la Suprema Corte como las cortes federales y de apelaciones han señalado en repetidas ocasiones que «de la manera más extensa posible las leyes migratorias deben ser aplicadas de manera uniforme en toda la nación» (Harnett, 2008: 367). De modo que una de las implicaciones más importantes de la insistencia creciente de las legislaturas estatales de aprobar leyes migratorias es que indefectiblemente se ven sometidas a litigios judiciales, caros y largos; en los cuales es muy probable que las leyes estatales sean declaradas inconstitucionales, total o parcialmente, como sucedió en 2012 con la Ley SB1070 de Arizona, cuando la Suprema Corte invalidó tres de las cuatro prohibiciones que dicha ley contemplaba.

Además, muchas de ellas violan el principio del debido proceso que se aplica a todas las personas y no solo a los ciudadanos. Y también involucran violaciones a los derechos a la libertad y la propiedad.

Como era de esperarse, la aprobación de la SB2010 en Arizona y todas las de los demás estados, ha tenido como consecuencia la movilización de muchos sectores de la opinión pública, así como el boicot por parte de diversas ciudades estadounidenses. Otro resultado de la política de los estados ha sido un importante grupo de poderosos empresarios que ha creado la Coalición por una Nueva Economía Americana (Partnership for a New American Economy), la cual incluye, entre sus miembros, al alcalde de Nueva York, Michel Bloomberg —el magnate de los medios de comunicación, e inmigrante él mismo, aunque no indocumentado—, los presidentes del Consejo de algunas de las empresas más poderosas de los Estados Unidos como Boeing, Disney y Hewlett-Packard,

Además del proceso de criminalización del inmigrante indocumentado, que ya venía ocurriendo desde los 90, a partir del ataque del 11 de septiembre de 2001, el migrante se visualiza como una amenaza para la seguridad nacional y no como un trabajador que quiere mejorar su situación económica y que el mercado laboral demanda.


quienes señalaron en voz alta la importancia de los migrantes para la economía estadounidense y la necesidad de buscar una reforma migratoria integral. Hacer otra cosa, señalaron, sería un verdadero suicido económico. Evidentemente, no se trata de defensores desinteresados de los migrantes, pero sí de hombres que con toda frialdad pueden señalar la importancia y el peso de estos para el futuro de la economía estadounidense, y la impostergable necesidad de legalizar a un segmento necesario de la fuerza de trabajo que, en parte, la sostiene.

El problema de fondo es que no se analiza la migración como un asunto de mercados laborales e integración económica, sin dejar de lado los temas culturales, lingüísticos y de derechos humanos e incluso de soberanía. El ejemplo de Arizona apunta hacia la criminalización y la política punitiva que hace de los migrantes indocumentados chivos expiatorios para una opinión pública atemorizada.

Si bien el presidente Obama fue reelecto en 2012 al lograr que los latinos volvieran a votar por él, en las elecciones de medio período de 2014, los republicanos tuvieron un triunfo arrollador, al obtener la mayoría en ambas cámaras del Congreso y en las gobernaturas y legislaturas estatales. Bajo esas condiciones, Obama decidió adoptar medidas ejecutivas que favorecieran a los inmigrantes indocumentados, para frenar temporalmente las deportaciones.

La Acción Ejecutiva consistía principalmente en lo siguiente (Segura, 2014: 56):

Ampliar la población elegible al programa de Acción •Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para los llegados a este país antes de cumplir 16 años de edad y que han estado físicamente presentes desde el 1 de enero de 2010 o antes, y extender el periodo de DACA y autorización de empleo de dos años a tres años.Permitir que los padres de ciudadanos estadounidenses •y de residentes permanentes legales, que hayan estado físicamente en el país desde el 1 de enero de 2010 o antes, soliciten acción diferida y autorización de empleo por un periodo de tres años, a través de un nuevo programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales, siempre y cuando aprueben las verificaciones de antecedentes penales requeridas y cumplan otros criterios.Ampliar el uso de las exenciones provisionales por •presencia ilegal para incluir a los cónyuges e hijos e hijas de los residentes permanentes legales y a los hijos e hijas de ciudadanos estadounidenses.Modernizar, mejorar y clarificar los programas de •inmigrantes y no inmigrantes para lograr crecimiento en nuestra economía y crear empleos.

Promover la educación sobre ciudadanía y •concienciación pública para residentes permanentes y proporcionar una opción para que los solicitantes de naturalización utilicen tarjetas de crédito para pagar las tarifas de presentación de solicitudes. Las medidas adoptadas por el presidente Obama

implican el pago de una deuda con la comunidad latina y suponen un alivio temporal para millones de jóvenes y sus familias. No obstante, eso no resuelve el problema de fondo que es la ausencia de una legislación migratoria amplia.

Los debates identitarios

Si bien, como hemos analizado, las preocupaciones de sectores importantes de la opinión pública frente a la migración surgen desde los años 90, sin embargo, a partir del ataque del 11 de septiembre y ante el flujo incontenible de emigrantes mexicanos y de otras nacionalidades, se desarrolla un fuerte debate entre quienes se oponen a la migración y quienes pugnan por una reforma migratoria humana.

Como en otros momentos históricos, la última oleada migratoria ha generado diversas reacciones por parte de sectores de la sociedad estadounidense. Entre las diferencias entre el siglo xix y el xxi está el uso masivo de los medios de comunicación, sin embargo, las similitudes son sorprendentes. Los nuevos nativistas consideran que los inmigrantes, particularmente los mexicanos, por constituir el grupo mayoritario de la nueva oleada, reúnen características que hacen indeseable su permanencia en los Estados Unidos. Entre ellas están, según sus críticos, las siguientes: no se asimilan; no hablan inglés; corrompen el sistema político; toman el trabajo de los nacionales; sobrecargan los sistemas educativos y de salud, y son portadores de enfermedades. Todos esos diagnósticos se enmarcan en tradiciones muy arraigadas en los Estados Unidos, dentro del marco del populismo y las teorías de la conspiración (Velasco Grajales, 2010: 190). Esto toca cuerdas sensibles, pues mientras se ve al inmigrante como fuente de todos los males, se ataca también a los gobiernos de México y los Estado Unidos, los cuales, según esas teorías, están confabulados para arruinar a este último país y favorecer a las grandes empresas.

Al mismo tiempo, el nativismo moderno es distinto del decimonónico en varios sentidos: actualmente la retórica antinmigrante es mucho más efectiva, pues cuenta con programas televisivos o radiofónicos que a diario llegan a miles de ciudadanos en todo el país, como el del comentarista Lou Dobbs en CNN, Bill O´Reilly de Fox News o los Minutemen y los grupos English Only; Rush Limbaugh merece un lugar aparte por ser uno de


los más extremistas y por su influencia dentro del Partido Republicano (Bromwich, 2010).

Entre las novedades del nativismo del siglo xxi está considerar a los inmigrantes como amenazas tanto al medio ambiente, como a la seguridad nacional.Los excesos retóricos, las mentiras y lo absurdo de muchos de sus planteamientos permiten desechar con cierta facilidad esos argumentos por su simplismo frente a la complejidad del mundo. Hay autores que ya han considerado rasgos paranoides en ese estilo político (Lipset y Raab, 1978).

En las últimas décadas, algunos intelectuales han expresado el mismo tipo de preocupaciones respecto al futuro de los Estados Unidos en la época del multiculturalismo. Entre esas voces están los think tanks antinmigrantes como el Center for Immigration Studies y la Federation for American Immigration Reform. Entre los intelectuales destacan el historiador, biógrafo de John F. Kennedy, Arthur Schlesinger y el politólogo neoconservador Samuel Huntington, quienes cuestionan no las ideas del multiculturalismo, sino la migración mexicana en particular y sus potenciales efectos negativos sobre la vigencia del credo americano, y una futura desunión lingüística, cultural y social. En cuanto a la problemática migratoria en estados como California, se han expresado los mismos temores por parte de otros académicos como Victor David Hanson. Si bien esas opiniones han encontrado respuesta, tanto en México como entre intelectuales méxicoamericanos y otros estudiosos de la migración, no dejan de expresar una corriente política con profundas raíces en la historia estadounidense.

Así como los migrantes que llegaron a principios del siglo xx eventualmente se integraron a la sociedad estadounidense, no sin tensiones e incluso violencia, los que han llegado en las últimas décadas ya están transformando a los Estados Unidos en una nación de naciones en términos lingüísticos, étnicos y culturales. Hasta ahora el sistema político y la educación fueron los medios a través de los cuales encontraron su lugar. En estos momentos el panorama parece más difícil por las tensiones políticas y sociales internas que experimenta la propia sociedad estadounidense.

Referencias

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Seghetti, L. M., K. Ester y M. J. García, (2009), Enforcing Immigration Law: The Role of State and Local Law Enforcement, reporte para el Congreso, disponible en www.crs.gov.

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Verea, M., (2006) «¿Hacia una reforma migratoria?», en Norteamérica, n. 2.

, 2015

67Comentario sobre la cuestión migratoria en los Estados Unidos

Mis comentarios solo intentan ampliar, con una mayor visión demográfica, algunas de las miradas propuestas por Patricia de los Ríos en su excelente presentación. Me

centraré en el tema de la presencia latina en los Estados Unidos.

El crecimiento extraordinario de la población latina representa para la sociedad norteamericana una fuente perenne de mano de obra costeable, calificada o no, que arriba de forma legal o indocumentada y provoca, esta última, serias disfuncionalidades sociales e incluso tragedias humanas, un puente comercial preferencial cada vez más ancho hacia el sur, mejores posibilidades de influir e incidir de diversas formas en la política con los países latinoamericanos, y un aporte enriquecedor a la diversidad lingüística y cultural del país, aunque así no sea reconocido por los representantes de la ideología dominante, de origen anglosajón, protestante y de piel blanca. Para los latinos en la sociedad receptora, la explosión demográfica se traduce en una notable presencia a nivel social, supeditada, claro está, al esquema de estratificación social imperante, y a la relativa prosperidad de negocios de inspiración étnica, como los restaurantes típicos y los medios de comunicación hispanohablantes. A su vez, las corrientes xenófobas, racistas, nativistas y antinmigratorias plantean que el crecimiento latino obstaculizará la integración de estos al mainstream lingüístico y cultural de los Estados Unidos. Exhortan a descartar el idioma materno y hablar y educarse solo en inglés. La realidad es que el país produce cada vez más latinos bilingües y biculturales.

El término hispano se emplea en los Estados Unidos a partir de la traducción del vocablo inglés hispanic. Se les aplica a las personas hispanoparlantes, aunque también a sujetos que no hablan español, pero descienden de familias con apellidos en ese idioma. Es

Comentario sobre la cuestión migratoria en los Estados Unidos

Antonio Aja DíazSociólogo y profesor. Centro de Estudios Demográficos.

Universidad de La Habana.

n. 81-82: 67-72, enero-junio de 2015

utilizado con fines políticos y censales. En la práctica, resulta un intento de anular la diversidad que caracteriza a esa población y las diferencias culturales que existen dentro del grupo. Se presenta como una categoría homogénea, de marcado carácter asimilacionista. Fue creado por el Gobierno federal en los años 70 y los sectores dominantes de la sociedad norteamericana lo impusieron como una etiqueta.

Los hispanos o latinos, en su mayoría, son una población originaria de América Latina, que tiene antecedentes étnicos y raciales mixtos. Las estadísticas censales los reconocen en la existencia de diferentes «razas» y etnias.

En un intento de sintetizar algunas de las principales características de este importante grupo poblacional tomamos los siguientes elementos:

Presentan marcadas diferencias en su interior por •grupos étnicos. Poseen una naturaleza extremadamente heterogénea, con múltiples contradicciones, tensiones, fisuras clasistas y raciales que frecuentemente los separan.Cuentan con indicadores particulares —en comparación •con otros grupos de inmigrantes— de raza, color de la piel, género, estatus socioeconómico, idioma, estatus de inmigración y modo de incorporación.Tienden a ser más jóvenes que la población •blanca-anglo. Protagonizan un incremento de los nacimientos y matrimonios interétnicos e interraciales.Son proclives a un alto nivel de urbanización: •46,4% vive en una ciudad central dentro de un área metropolitana y 45,1% vive fuera de las ciudades centrales, aunque dentro de áreas metropolitanas.Se ubican entre los sectores más deprimidos de los •Estados Unidos, al tener menores ingresos y peores condiciones de vida. Esta situación es también el resultado de su procedencia social y el relativamente

68 Antonio Aja Díaz

bajo nivel de preparación educacional y técnica, lo cual les impide acceder a mejores empleos y los hace más dependientes de los programas sociales estaduales y federales.21,8% vive en condiciones de pobreza. El índice más •alto corresponde a los centroamericanos, con 27,5%, les siguen los puertorriqueños con 26,1%; los mexicanos, 22,8% y los cubanoamericanos, 16,5%.Desde la década de los 90 del siglo pasado, el •poder adquisitivo de los latinos se incrementó de manera relativa (599,5 mil millones de dólares), en la misma medida en que creció el número de firmas y compañías propietarias de latinos (dos millones de firmas). Protagonizan una expansión de mercados en toda la unión; Nueva York, Los Ángeles y Miami marchan a la cabeza. Las tres principales comunidades (mexicana, puertorriqueña y cubana) concentran más de la mitad de sus firmas y 58% de los ingresos totales de ellas. Los cubanos tienen el mejor promedio de empresas por habitantes (diez por cada cien). Se incrementa el sector de clase media, con mejores •oportunidades de acceso a educación, salud, y empleo.Aumentan los núcleos familiares con relativa •prosperidad, en cuanto a la posesión de bienes y cierta estabilidad económica, en comparación con las sociedades latinoamericanas de donde proceden. Sin embargo, ello no es representativo del total de la población: la mayoría se ubica en los estratos más bajos de la sociedad norteamericana. En consecuencia, un núcleo minoritario de los latinos que viven en los Estados Unidos se enriquece, mientras la gran mayoría posee un nivel socioeconómico más bajo que otros sectores sociales.Tienen significativos niveles de subempleo y •desempleo. Sus patrones de empleo condicionan estándares de vida inferiores a los de los estadounidenses blancos de origen europeo. Son objeto de discriminación y son culpados por •los principales males que aquejan a la sociedad norteamericana. Los medios de difusión los responsabilizan por problemas de empleo, medioambientales, insuficiencias del sistema educativo, conductas delictivas y criminalidad. En su contra, utilizan los elementos que los caracterizan como grupo y se presentan como amenazas: idioma español, religión católica, expresiones de religiosidad popular, el vínculo más estrecho con sus países de origen y los rasgos predominantes de sus culturas latinoamericanas.La cultura de la violencia, el racismo y la intolerancia •convierte a los latinos en víctimas sociales. El impacto recae fundamentalmente sobre niños, adolescentes y mujeres.

Su bajo nivel escolar se convierte en obstáculo para •el acceso a ocupaciones y a la asimilación social en general. Tienen una alta tasa de abandono escolar, en particular por situaciones económicas. Se enfrentan a políticas educativas restrictivas y desiguales. Solo los cubanos poseen índices favorables en estos indicadores sociales.Son el grupo más afectado por enfermedades y •problemas de salud. Solo 54% de los nacidos en Latinoamérica posee seguro médico y 17% de los portadores de VIH/SIDA son latinos.La población de origen latino está muy lejos de

ser un grupo homogéneo. Sus diversos orígenes nacionales y las diferentes experiencias de vida, creencias religiosas, educación, valores, actitudes y estilos de vida, condicionan expresiones políticas que les impiden, hasta el momento, tener bases para la unidad.

Los resultados del Censo 2010 ratificaron que los latinos son el motor de crecimiento de la población de los Estados Unidos. Los 50,5 millones de latinos constituyen 16% del total de una población que arribó a los 308,7 millones. Significa 43% de aumento en comparación con el año 2000, lo que representa más de la mitad del crecimiento poblacional en ese país. El comunicado de la Oficina del Censo se refiere específicamente a las poblaciones de Rhode Island, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Michigan, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva York, Maine y el Distrito de Columbia, las que muestran un crecimiento demográfico explosivo de latinos (U.S. Census Bureau, 2011).

En los Estados Unidos, la población infantil registra actualmente el menor nivel demográfico en la historia de este país, aun sí se incluye a las familias inmigrantes, en particular a los latinos, que tienen una mayor proporción de niños con respecto a los adultos. El censo de 2010 señala que 54% de la población infantil es de raza blanca, mientras que 23% es latina, 14% de raza negra, y 4%, asiática. Los niños de los inmigrantes representan una de cada cuatro personas menores de 18 años, y actualmente es el segmento poblacional de más rápido crecimiento entre la juventud del país, un indicio de que los inmigrantes y los nacimientos de grupos minoritarios contribuyen al crecimiento demográfico en los Estados Unidos. Cuando esta generación alcance la madurez, llegará a integrar una fuerza laboral reducida que tendrá que mantener a la creciente población de jubilados, aun cuando el gobierno se esfuerza en reducir los costos de los servicios de salud, pensiones de retiro y otros programas de asistencia pública. En la actualidad, la población infantil representa 24% de los habitantes de los Estados Unidos, menor al 26% que registró en 1990. Se prevé que esa proporción descenderá a 23% en 2050.


Impulsada por una inmigración ligada a las oportunidades laborales en el país del norte, la población de origen mexicano se duplicó en la última década y creció en 11,2 millones. De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Oficina del Censo en 2010, ese grupo pasó de 20,6 millones en 2000 a 31,8 millones en 2010, un aumento de 54%. Actualmente los mexicanos representan 63% de los latinos, 4,5 puntos porcentuales más que en 2000, y siguen siendo el grupo latino más grande en este país. Su crecimiento está basado más en la inmigración que por nacimientos. Eso también podría explicar por qué Arizona es el tercer estado con mayor población mexicana, detrás de California y Texas. El Censo también revela los siguientes datos (U.S. Census Bureau, 2011):

La población de ascendencia mexicana representa •cerca de tres cuartos del incremento total de los hispanos en la última década, es decir, 15,2 millones. Sus orígenes se vinculan directamente con la expansión imperialista de los Estados Unidos, el robo de territorios y el establecimiento de particulares relaciones migratorias entre emisor y receptor, donde los indocumentados mexicanos en los Estados Unidos ocupan un particular espacio económico y social.Por primera vez, tres grupos superaron la marca del •millón de habitantes: salvadoreños (1,6 millones), dominicanos (1,4 millones) y guatemaltecos (1 millón).Pese a que el segmento de los puertorriqueños bajó •—de 10% de la población latina en 2000 a 9% en 2010—, los boricuas siguen siendo el segundo grupo latino más grande del país, al crecer en 36% (3,4 a 4,6 millones) y fue la población latina más grande en seis de los nueve estados del noreste. La condición de colonia de la Isla, aún en el siglo xxi, bajo el estatus de Estado Libre Asociado, favorece el proceso y los flujos migratorios de esta población hacia los Estados Unidos.El tercer grupo latino más grande —los cubanos— •creció en 44%, de 1,2 millones en 2000 a 1,8 millones en 2010. Así, los cubanos siguen representando cerca de 4% de la población latina y en 2010 fueron el grupo mayor en Florida (con 1,2 millones de isleños), donde existe un enclave étnico, económico, cultural y de trascendencia política. Es una inmigración aún favorecida por un acuerdo de extensión de visados de migrantes entre el país receptor y el emisor, que viene marcando la diferencia, en gran medida, con el resto de los países que aportan migración a los Estados Unidos desde América Latina y el Caribe.Otro grupo que tuvo un gran crecimiento fue el de los •guatemaltecos, con 18%, mientras que la población colombiana aumentó 93% y la dominicana 85%. Los

procesos económicos y políticos en esos países han marcado la tendencia creciente de esta inmigración hacia los Estados Unidos.La edad promedio de los inmigrantes cubanos •es 40 años, la de los salvadoreños, 29; la de los mexicanos, 25; la de los guatemaltecos, 27, y la de los dominicanos, 29. En todos los casos, ello es resultado del comportamiento histórico de las tendencias migratorias y la aplicación de políticas diferenciadas por parte de los Estados Unidos.En cuanto al crecimiento por regiones, los latinos •aumentaron su presencia en todo el país a más de 50 millones; uno de cada seis estadounidenses, sobre todo en el sur y la región central. En el sur creció 57%, cuatro veces más que la población general del área, que es de 14%.Según la Oficina del Censo 2010, en la región •central la población hispana creció 49%, más de 12 veces más que la población general del área, que creció 4%. Estos aumentos contrastan con el bajo incremento porcentual del oeste y noreste, que numéricamente crecieron de manera significativa. En el oeste, la población latina creció 34%, mientras que el noreste aumentó 33%. Más de la mitad estuvo concentrada en tres estados: California, Texas y Florida. En California, los latinos representaron 28% (14 millones) de la población nacional de latinos, mientras que en Texas representaron 19% (9,5 millones) y en Florida 8% (4,2 millones). La población latina aumentó en los cincuenta estados y el Distrito de Columbia. En ocho estados del sur (Alabama, Arkansas, Kentucky, Maryland, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee) y Dakota del Sur, este grupo aumentó en más del doble. El estado con mayor concentración porcentual de latinos es Nuevo México, con 46% de hispanos, lo cual obedece a una cuestión histórica, según los expertos.Los resultados del Censo indican que el número de •hispanos que viven por debajo de la línea de pobreza en los Estados Unidos aumentó a 13,2 millones de personas en 2010, superior al crecimiento de 1,3% del año anterior. De acuerdo con el informe «Ingreso, pobreza y cobertura de seguro médico en los Estados Unidos: 2010», 15,1% de los hispanos vivían en 2010 por debajo de la línea de pobreza, equivalente a 46,1 millones de personas a nivel nacional. Se registró un aumento de 0,8% en comparación con 2009. Este es el cuarto incremento anual consecutivo y el número más elevado desde 1959, cuando comenzaron a publicarse las estimaciones de pobreza. Asimismo, las cifras publicadas dan cuenta de una caída de 2,3% en el ingreso promedio de las familias hispanas. En 2010, la media de ingresos anuales en los hogares


latinos fue de 37 759 dólares, comparados con los 38 667 de 2009. A nivel nacional el ingreso promedio fue de 49 445 dólares, una disminución de 2,3% en comparación con 2009. Las estadísticas de 2010 también muestran que 1,1 millones de latinos dejaron de contar con la cobertura de seguro médico, que pasó de 15,4 millones en 2009 a 15,3 millones en 2010.Las cifras del censo revelaron que el crecimiento •de la población blanca se debió a una razón inesperada: muchos latinos se declararon blancos en el recuento oficial. El cambio se debe a que en el último censo, «hispano» aparece como grupo étnico, no como raza. Aunque el gobierno federal hizo esta distinción por primera vez en 1980, muchos latinos siguieron utilizando el recuadro «alguna otra raza» para establecer una identidad hispana. El censo de 2010 introdujo un cambio, al presentar formas que les decían específicamente a los latinos que tener antecedentes hispanos no es una raza, y les pedían elegir una categoría reconocida como blanco o negro. El resultado fue un incremento de 6% en los estadounidenses blancos, según el conteo del censo, a pesar de que hubo pocos cambios entre los blancos no hispanos. En total, la cifra de personas en la categoría «solo blanco» aumentó en 12,1 millones a lo largo de la última década, hasta 223,6 millones. Sobre la base de esa definición, ahora los blancos representan 72% de la población estadounidense y casi la mitad del crecimiento demográfico desde 2000.Al analizarse la información estado por estado, •California y Texas son hogar de casi la mitad de los latinos que se identificaron como blancos, seguidos por Florida y Nueva York. Mientras la totalidad de la población de los Estados •Unidos está envejeciendo, la latina sigue siendo joven; es la primera población que aporta al crecimiento de la fuerza laboral y al nuevo consumo. Más de 60% tiene menos de 35 años y 75% menos de 45. De esta forma, los latinos se concentran en los segmentos más jóvenes y los blancos no latinos en los grupos más viejos. El cuadro de población de los Estados Unidos muestra un crecimiento sostenido en los segmentos tradicionalmente latinos y una dispersión drástica, y nuevos crecimientos, en áreas donde la presencia latina hasta hace poco era desconocida.

Si continúa este comportamiento de la inmigración y la natalidad en cada uno de los grupos étnicos y raciales, para 2050 se producirán cambios de relevancia. Los hispanos o latinos significarían 24,5% del total de la población (97 millones de personas); los asiáticos, 9%; los negros, 14%, y los blancos americanos, 53%, con el consecuente impacto provocado por la inmigración y las etnias. Los Estados Unidos estarían bajo un profundo proceso de latinización, con una población cercana a los cien millones.

Tal pronóstico moviliza la opinión pública norteamericana e incide directamente en la formulación de la política inmigratoria estadounidense, envuelta desde 2006 en un interminable debate sobre el control inmigratorio de indocumentados o no, y la aplicación de una reforma migratoria, donde las tendencias de extrema derecha capitalizan la situación e impiden la adopción de un enfoque justo, humano y coherente con la historia de ese país, que es la historia de la inmigración del principal receptor de migrantes en el mundo. Los inmigrantes, en especial los latinos en los Estados Unidos, son una necesidad para la economía estadounidense, lo que los convierte en una realidad social cada vez más intrínseca del desarrollo de esa sociedad, quiérase o no reconocer por la cultura política dominante, la blanca, anglosajona y protestante.

Visibilidad e invisibilidad de los latinos

El papel que, como minoría étnica demográficamente mayor, desempeñan los latinos dentro del país del norte, y el destino que ellos mismos tienen, conduce a valorar la impronta de su identidad en el territorio. Existe un trasfondo en el discurso gubernamental en el cual la creación de una etnicidad latina es el resultado del objetivo político de tener un bloque «homogéneo» para la maquinaria electoral. Quieren crear un grupo étnico que no lo es en su sentido monolítico.

Este grupo poblacional, en la práctica, participa en dos economías y en dos políticas, debido a las relaciones que establecen, que los presentan como actores de un escenario transnacional, a partir del proceso del traslado de personas, productos, información y símbolos desde y hacia el territorio estadounidense. Se destacan por el vínculo con el país de origen y sus consecuencias en la

Los niños de los inmigrantes representan una de cada cuatro personas menores de 18 años, y actualmente es el segmento poblacional de más rápido crecimiento entre la juventud del país, un indicio de que los inmigrantes y los nacimientos de grupos minoritarios contribuyen al crecimiento demográfico en los Estados Unidos.


conservación de rasgos culturales, tradiciones, valores, estilos de vida e incluso sentimientos nacionalistas.

Sin embargo, están sub-representados en los círculos de toma de decisiones tanto públicos como privados. Presentan relativamente bajos índices de ciudadanía norteamericana, tendencia que se modifica al calor de los impactos de la crisis mundial, el referido debate inmigratorio en la sociedad estadounidense y en particular del peso que asume la ciudadanía para una mejor inserción y funcionamiento en ella.

El crecimiento vertiginoso de la población de origen latinoamericano en los Estados Unidos y su tendencia al rejuvenecimiento, trae aparejado un incremento de su importancia electoral. El electorado hispano o latino representa uno de los segmentos más dinámicos y heterogéneos dentro de los votantes estadounidenses. Comprende individuos de muy diversos orígenes, y de diferentes niveles de bienestar socioeconómico.

Las manifestaciones en contra del proceso de debate acerca de la reforma inmigratoria en los Estados Unidos, en 2006, muestra las potencialidades que podrían tener los inmigrantes y, en particular, los de origen hispano o latino, en los órdenes social y político, refrendados ambos por una real presencia demográfica e inserción en el mercado laboral, como ya se ha visto. Sin embargo, esta conflictiva situación dista mucho de poder ser capitalizada en el orden político, debido a la ausencia de códigos y de la determinación de principios claves para intentar estructurar un movimiento unitario de este grupo.

El análisis se complica si tomamos en cuenta no solo a los inmigrantes, sino también a su descendencia, momento en el que aparece el tema de la identidad étnica y cultural, de los nacidos en territorio estadounidense y tener un origen en cualquier ciudad de Centroamérica, el Caribe o Suramérica. La propia condición de inmigrantes, en tanto solución individual a las contradicciones que afrontan en sus países de origen, la fragmentación a la que se enfrentan en la sociedad que supuestamente los recibe o donde tratan de insertarse, y la ausencia de una defensa real de sus intereses por parte de los países de donde emigran, han significado hasta el momento, entre otros elementos, barreras muy difíciles de salvar para lograr la estructuración de un movimiento de unidad que lleve a la conformación de los hispanos o latinos como una fuerza política en los Estados Unidos.

El crecimiento de la población latina también repercute en la política. En 2012 su representación en el Senado de los Estados Unidos era de solo 3% y en la Cámara de Representantes de 5%. Seis nuevos legisladores latinos se sumaron al Congreso. Solo 4% de los latinos votan en las elecciones estadounidenses. Muchos no veían como una necesidad solicitar la ciudadanía a pesar de haber sido residentes

permanentes durante mucho tiempo. Las explicaciones pueden ser varias, pero sin dudas abren un espacio de análisis en torno al tema de la influencia política de los latinos en los Estados Unidos.

¿Asimilación de lo latino en la literatura de escritores de segunda generación?

El proceso de inserción social de la población de origen latino en los Estados Unidos, que puede abarcar en menor o mayor grado, la adaptación cultural y la reconformación de las identidades, es influido en nuestros días por un grupo de factores, vinculados al auge de los medios de difusión en español y la utilización de las nuevas tecnologías que facilitan las comunicaciones. Los resultados de una encuesta nacional de 2011 sobre los adultos latinos indicó que 37% de estos hablaron inglés cuando eran niños y aprendieron suficiente español para actualmente ser bilingües. Presentan altos índices de desear leer, ver y explorar más canales de comunicación en este idioma en los próximos años. Nueve de cada diez reales y potenciales padres hispanos desean que sus hijos puedan hablar español, aunque también aspiran a que alcancen fluidez en el inglés.

La identidad se vuelve una variable central y pertinente para los estudios que se cuestionan hasta dónde las fronteras espaciales se trasmutan también en aquellas normas y prácticas culturales que son el timón de la vida cotidiana. Repensar esta variable del conocimiento social, desde determinados grupos que se mueven hacia otros espacios geográficos y culturales, ha constituido eje cimero, nada agotado, de la investigación social. La configuración de lo latino como significante físico-temporal-sociocultural en la que se manifiesta la bi, y a veces ya multiculturalidad constituye idea visceral de este análisis. La complejidad radica en que la problemática se centra, no en aquellos que han decidido emigrar, sino en los que lo han hecho de pequeños llevados por los padres, o los que han nacido ya en suelo norteamericano, pero cuyas raíces están en Nuestra América. A este grupo se le ha dado en llamar «la segunda generación» (Portes y Rumbaut, 2001).

Los handicaps fundamentales que diferentes autores han señalado dentro del binomio aculturación-asimilación son aquellos que enfrentan lo que el sujeto ha traído de su contexto familiar inmediato o comunidad étnica, y lo que el centro de la sociedad receptora le ofrece, casi como exámenes culturales que debe pasar para ser asimilado. Muchos son los elementos señalados como factores determinantes de este proceso. Esta perspectiva de análisis parte del entendimiento de lo que denominan segmented assimilation y que


tomaremos como presupuesto teórico: los desafíos para la obtención de una asimilación exitosa varían según las características de las llamadas minorías étnicas inmigrantes (Portes y Rumbaut, 2001: 45).

Un análisis de las principales tendencias migratorias de los latinoamericanos a los Estados Unidos muestra las diferencias entre las comunidades de más alta densidad poblacional: los mexicans americans —chicanos—, y los puertorriqueños, que pertenecen a movimientos migratorios de carácter histórico, con una tradición de siglos; mientras que los que han ocurrido con cubanos y dominicanos, o los casos menos trascendentes en números, pero de conflictividad político-social, como los de bolivianos, peruanos, chilenos, manifiestan diversidad en su tipología pues pueden ser migrantes altamente calificados en situación irregular, refugiados y solicitantes de asilo . ¿Cómo se desenvuelve entonces, en los miembros de esta nueva generación el proceso de reconocimiento, diferenciación y negación del «yo» y del «otro» que de alguna forma podemos denominar identidad? ¿Ocurre siempre de esta manera o transcurre a través de otros fenómenos? ¿Cómo se inclina la balanza en el proceso de negociación de intercambios psicosociales y culturales entre el centro hegemónico en el cual se debe integrar (el mainstream norteamericano) y su comunidad latina? Estas y otras son interrogantes que pudieran guiar el debate sobre otra arista vinculada a la política inmigratoria de los Estados Unidos en el presente siglo.

Referencias

Portes, A. y R. Rumbaut, (2001) Legacies: the Store of the Immigrant Second Generation. California, Russell Sage Foundation.

U. S. Census Bureau, (2011) «Overview of Race and Hispanic Origin: 2010» [En línea], disponible en http://1.usa.gov/1fMrsxg.

, 2015

73¿Qué significan los latinos en los Estados Unidos?

¿Qué significan los latinos en los Estados Unidos?

Carlos Heredia ZubietaProfesor Asociado. Centro de Investigación

y Docencia Económicas (CIDE), México.

Estamos pasando de grandes números (de población) a tener un poquito de poder. Esto es nuevo.

Jorge Ramos, periodista y escritor.

En abril de 2015, los latinos en los Estados Unidos son 57 millones de los 321 millones de habitantes, o sea, 18% de la población total del país. Su peso demográfico casi se ha

cuadruplicado desde 1970, cuando representaban 4,5%; en 2060 serán 29% —119 millones de 417 millones— y pocos años después sobrepasarán un tercio del total de habitantes en esa nación (U.S. Census Bureau, 2014).

En menos de un siglo, los hispanos habrán pasado de ser uno de cada veinticinco habitantes de los Estados Unidos, a uno de cada tres. El país habrá transitado de ser mayoritaria y abrumadoramente blanco, a una nación en la cual la suma de la población latina, afroamericana y asiática, excederá a su población blanca. Esta transformación étnico-demográfico-electoral no tiene precedentes. En 1980, 80% de la población estadounidense era blanca; hoy, ese porcentaje ha caído a 63%, y en 2060 será inferior a 44% (Teixeira et al., 2015).

La transición demográfica de los asiáticos será también muy significativa: luego de haber sido 2% de la población en 1980, serán 15% en 2060. El porcentaje de afroamericanos, en cambio, permanecerá estable (13%) a lo largo del período referido.

n. 81-82: 73-80, enero-junio de 2015

Una versión abreviada de este artículo será publicada por el CIDE y el Center for American Progress (CAP).

74 Carlos Heredia Zubieta

Este cambio de raíz se reflejará también en la composición demográfica de los estados de la Unión. Hoy hay dos estados donde el número de habitantes hispanos o latinos es superior a la población blanca: California y Nuevo México. Actualmente, en Arizona, Colorado, Florida, Illinois, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York y Texas, el porcentaje de población latina es superior al promedio nacional de 18% del total.

Los latinos son el grupo étnico y demográfico más joven de la población estadounidense: su edad promedio es de 27 años, comparada con 42 para los blancos no hispanos y 32 para los no hispanos en general. Su incremento se debe fundamentalmente a su crecimiento natural, y ya no tanto a la inmigración.

Para efectos de este análisis, la definición de hispanos o latinos incluye a las personas de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centroamericano, sudamericano o español, independientemente de su raza o situación migratoria, que viven en los Estados Unidos. Hispano o latino son categorías censales que no corresponden a una raza; así, hay latinos de todas las razas, como puede apreciarse en la Tabla 1.

Puerto Rico), y en otros siete estados: Connecticut, Hawaii, Massachusetts, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York y Pennsylvania. Finalmente, los salvadoreños son los más numerosos en el Distrito de Columbia.

En 2012 la población de origen mexicano alcanzaba 33,7 millones, equivalente a 11% ciento de la población total de los Estados Unidos. De ellos, 11,4 millones eran nacidos en México (casi 10% de la población total del país azteca). Los inmigrantes mexicanos representaban entonces 29% de la población inmigrante estadounidense, que ascendía a 40 millones. Entre 1980 y 2000, la inmigración era la principal causa del crecimiento de esa población en los Estados Unidos; pero a partir del siglo xxi, los nacimientos han sido el factor principal (U.S. Census Bureau, 2012).

Con respecto al estatus migratorio de los mexicanos en los Estados Unidos, 51% de los 11,4 millones son indocumentados, 33% son residentes permanentes y 16% se han naturalizado como ciudadanos (González-Barrera y López, 2013).

Distribución geográfica y preferencias electorales

California, Texas y Florida concentran 55% del total de la población latina. El mapa demográfico concuerda con el electoral, dado que estos estados son los tres de mayor peso en el colegio, con 55, 38 y 29 votos respectivamente, es decir, casi la cuarta parte de los 538 votos que deciden la elección presidencial.

En la elección presidencial de 2012 se registró una participación de 12,2 millones de votantes latinos;

Tabla 1

Tabla 2

En lo que respecta a su país de origen, los principales grupos de población latina se muestran en la Tabla 2.

Históricamente, los mexicanos han representado cerca de dos tercios de la población latina del país. En 40 de los 50 estados de la Unión son el grupo latino mayoritario; en Florida, los cubanos; y en Rhode Island, los dominicanos. Los puertorriqueños son, obviamente, mayoría en su tierra (el Estado Libre Asociado de


sin embargo, existe todavía una brecha muy significativa entre su peso demográfico (18% de la población total), y su peso electoral efectivo (10%). Ese porcentaje resulta extremadamente bajo, considerando que 2,5 millones de electores latinos estaban registrados para votar, pero se abstuvieron de hacerlo en 2012. Otros 8,6 millones son elegibles y podrían ir a las urnas (tienen 18 años de edad o más, y son ciudadanos), pero no están registrados para tal efecto. La suma de estas dos cifras arroja 11,1 millones de potenciales electores que por omisión o abstención no se ven reflejados en el peso electoral de los latinos.

Solo 43% de los latinos es elegible para votar, en contraste con 76% de blancos, 67% de afroamericanos, y 53% de asiáticos. Ello se explica parcialmente por el hecho de que los menores de 18 años representan un porcentaje mayor que en otras poblaciones. Sin embargo, también hay mucho trabajo por hacer para educar a la población respecto a que su capacidad de ser tomada en cuenta por los gobernantes y de incidir crecerá en función de su mayor tasa de registro y de participación electoral (López, 2011).

La participación electoral latina no es homogénea entre todos los grupos allí representados; mientras la concurrencia a las urnas de los ciudadanos de origen cubano alcanza 49% del total, la de los puertorriqueños llega apenas a 30% y la de los mexicanos solo a 29%.

Más de la mitad de los electores latinos viven en cuatro estados cuya preferencia partidista está cuasi-decidida antes de que la elección tenga lugar: California, Nueva York e Illinois son estados «azules» que votan sistemáticamente por los candidatos presidenciales demócratas; mientras que Texas, un estado «rojo», suele optar por los republicanos —la última vez que votó por un demócrata fue por un sureño, el georgiano Jimmy Carter, en 1976. En 2014, la población latina de ese estado era 38,2% del total, por debajo del 44,4% de la blanca; y es previsible que en 2019, la sobrepase (López, 2014).

Sin embargo, a contrapelo de las predicciones que sostienen que Texas se volverá muy pronto un «estado púrpura» —es decir, con alternancia entre republicanos y demócratas—, los resultados de la elección para gobernador del 4 de noviembre de 2014 arrojaron una contundente victoria para el republicano Greg Abbot, quien venció a su oponente demócrata, Wendy Davis, por 21 puntos, y recibió 44% del voto latino, y 50% de entre los hombres. En una entrevista publicada en el diario The Dallas Morning News se sostiene que los electores latinos registraron una alta abstención porque sus temas prioritarios no fueron abordados en la campaña de la candidata demócrata, y también porque el número récord de deportaciones por parte del presidente Barack Obama los descorazonó (Parker, 2014).

Esta subrepresentación en las urnas resta fuerza a los argumentos de quienes sostienen que los latinos ya están en condiciones de decidir el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses en el futuro. Los números no alcanzan para sustentar dicha afirmación. El voto hispano, por sí mismo, no puede determinar la elección presidencial. En todo caso, lo que se desprende de las estadísticas demográficas y electorales es que ningún candidato presidencial, demócrata o republicano, puede ganar sin al menos 33% del apoyo latino. El presidente Obama obtuvo 72% en 2012, mientras que su opositor republicano, Mitt Romney, solo alcanzó 27%. El presidente republicano con mayor apoyo latino en elecciones recientes fue George W. Bush, quien se acercó a 40% cuando ganó en 2004.

La población mexicana o de ese origen se encuentra en los 50 estados de la Unión, y en cada uno de ellos existe una cifra de al menos diez mil. La gran mayoría pertenece a ligas deportivas, asociaciones culturales o religiosas. El Programa de Atención a las Comunidades Mexicanas en el Exterior nació en 1990 y con el tiempo desembocó en lo que hoy es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME); este, a su vez, creó un Consejo Consultivo, integrado por una red nacional de alrededor de 130 dirigentes mexicanos en los Estados Unidos y Canadá, quienes con frecuencia son ciudadanos binacionales que buscan tener impacto en la política de los dos países.

De acuerdo con cifras del IME, los mexicanos en los Estados Unidos han organizado alrededor de 1560 clubes de oriundos y organizaciones comunitarias en ese país; es un movimiento que tiene gran variedad organizativa, liderazgos múltiples y vínculos diversos con migrantes y comunidades de otros países latinoamericanos. Los clubes de oriundos promueven obras materiales apoyadas por los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, a través del programa de cofinanciamiento 3 por 1 —construcción de caminos y puentes, pozos de agua, restauración de iglesias, introducción de agua potable—, así como actividades culturales y el espíritu de solidaridad en sus comunidades de origen, que les permiten a los migrantes sostener vínculos con familiares y amigos. La membresía en los clubes de oriundos representa para los migrantes una identidad transnacional arraigada tanto en el país de origen como en el adoptivo.

Sin embargo, entre las diásporas latinoamericanas, solo 9%, aproximadamente, de quienes envían remesas a sus comunidades de origen pertenecen a algún club de oriundos, y en México son únicamente 4%.

El origen nacional o la etnicidad común no son garantía de una homogeneidad en las preferencias políticas, como se verá en la siguiente sección. Las comunidades mexicanas y méxicoamericanas en los


Estados Unidos no son uniformes; están atravesadas por la diversidad étnica y la pluralidad política.

La agenda política

Los latinos suelen otorgar prioridad a los mismos temas que el resto del electorado: oportunidades en la economía, el empleo, la educación y la salud. El tema que los distingue de otros segmentos del electorado es la política migratoria.

El 27 de junio de 2013, el Senado con mayoría demócrata aprobó la Iniciativa para la Seguridad Fronteriza, las Oportunidades Económicas y la Modernización de la Inmigración, presentada por el senador de Nueva York, Charles Schummer, en el marco de lo que se conoce como una reforma migratoria integral. Sin embargo, esta iniciativa fue obstaculizada en la Cámara de Representantes, que entonces (como hoy en el 114º Congreso) estaba dominada por el Partido Republicano.

En los congresos 113 y 114, los republicanos han obstaculizado cualquier cosa que apunte a una reforma migratoria integral. Aun cuando su candidato Mitt Romney pagó un alto precio por sugerir que los inmigrantes indocumentados siguieran el camino de la «autodeportación», los republicanos no han corregido el rumbo y siguen poniendo barreras a cualquier legislación que busque la regularización de los indocumentados. El 20 de noviembre de 2014, el presidente Barack Obama, tras la contundente derrota demócrata en las elecciones de dos semanas antes, anunció un conjunto de órdenes ejecutivas y medidas administrativas para dar alivio a los inmigrantes indocumentados, que en su mayoría son de origen latinoamericano. Desde entonces, esas medidas han estado bajo fuego republicano; en abril de 2015, es aún incierta la suerte que correrán los indocumentados que han optado por acogerse a ellas.

Un grupo clave que se ha organizado de manera muy dinámica son los llamados dreamers, nacidos fuera de los Estados Unidos, cuyos padres los introdujeron a territorio estadounidense como bebés o muy pequeños, y que crecieron y realizaron estudios superiores en ese país. Cerca de dos millones de ellos están buscando beneficiarse de las medidas administrativas del presidente Obama, aunque uno de cada diez ha sido deportado a México.

Si bien la migración es competencia del ámbito federal, las asambleas y legislaturas estaduales legislan y ejercen sus facultades para regular y expedir normas de aplicación en materia de acceso a la educación, salud, vivienda, y otros ámbitos cruciales para la vida cotidiana de los migrantes mexicanos. Por ello, junto con la presencia e incidencia en Washington, DC, una

operación de defensa de los derechos de los trabajadores de origen latino debe hacerse oír de manera inteligente en Sacramento (California), Austin (Texas), Springfield (Illinois), Albany (Nueva York), y en otras capitales de estados estratégicos para los inmigrantes y trabajadores migrantes.

¿Quiénes son los aliados de los latinos en los Estados Unidos? En principio, otros migrantes y las comunidades mexicanoamericanas; los alcaldes, los gobernadores, y algunos organismos de la sociedad civil; algunos legisladores estaduales y federales, y también sus empleadores.

Los migrantes tendrán la capacidad de influir en la agenda estadounidense en tanto ellos mismos hagan valer su peso demográfico y electoral a nivel territorial, y establezcan alianzas exitosas con otros votantes.

Entre las organizaciones más reconocidas que realizan una labor sistemática en favor de los intereses de los estadounidenses de origen mexicano y/o latino se encuentran:

Labor Council for Latin American Advancement •(LCLAA; Consejo Laboral para el Progreso Latino): Agrupa a 1,7 millones de trabajadores de origen latino en los Estados Unidos y Puerto Rico. Pertenece a la central sindical AFL-CIO. Fundado en 1972, se propone empoderar a las comunidades latinas, apoyar los esfuerzos por alcanzar la justicia económica y social para todos los trabajadores, y promover una mayor diversidad cultural en los sitios de trabajo, más allá de razas o grupos étnicos. Su oficina nacional está en Washington, DC, con oficinas en El Paso y San Antonio (Texas). (www.lclaa.org)League of United Latin American Citizens (LULAC; •Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos): Cumplió 80 años el 17 de febrero de 2009. Es la más antigua y mayor organización de membresía hispana en los Estados Unidos. Su propósito es impulsar las condiciones económicas, los logros educativos, la influencia política, la salud y los derechos civiles de los estadounidenses de origen hispano. Los consulados de México se apoyan en el trabajo de los 700 Consejos locales. Héctor Flores, exdirector de LULAC, fue miembro del Consejo Consultivo del IME; su actual presidenta, Rosa Rosales, ha asistido como observadora a las reuniones del CCIME. Su sede nacional está en Washington, D.C., con oficinas en El Paso y San Antonio. (www.lulac.org) Mexican-American Legal Defense and Education •Fund (MALDEF; Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación): Fue fundado en 1968 en San Antonio, Texas. Desempeña un papel de liderazgo en el litigio por la defensa de los intereses de la comunidad latina y en la promoción de la educación. Su misión es promover políticas


públicas sanas, leyes y programas que salvaguarden los derechos civiles de 45 millones de latinos que viven en los Estados Unidos, así como empoderar a la comunidad latina. Su trabajo se concentra en empleo, educación, inmigración, acceso político, idioma y temas de equidad en torno a recursos públicos. Su sede nacional está en Los Ángeles, con oficinas en Chicago, San Antonio, Washington, D.C., Atlanta, y Houston. (www.maldef.org) National Alliance of Latin American and •Caribbean Communities (NALACC; Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas): Busca mejorar la calidad de vida de las comunidades latinas, tanto en los Estados Unidos como en los países de origen, así como el fortalecimiento de las organizaciones de migrantes, y su participación cívica y democrática, de manera que puedan abogar de forma conjunta y eficaz por las políticas económicas y migratorias para alcanzar condiciones de vida digna y sustentable. Se inauguró en noviembre de 2004, como representación de comunidades de inmigrantes de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Colombia y República Dominicana. Las organizaciones miembros de NALACC tuvieron un papel muy activo en las multitudinarias marchas de la primavera de 2006. En mayo de 2007, NALACC convocó la Primera Cumbre de Comunidades Migrantes Latinoamericanas, un evento que logró reunir más de mil líderes migrantes en Morelia (Michoacán, México). Su sede está en Chicago, Illinois. (www.nalacc.org) National Association of Latino Elected Officials •(NALEO; Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados): Promueve la participación política de la comunidad latina en los Estados Unidos. Más de seis mil funcionarios latinos, afiliados a todos los partidos políticos y en todos los niveles de gobierno están dando pruebas de liderazgo. Se dedica a la difusión de información, la formación de cuadros y la formulación de políticas públicas en temas de interés político para la comunidad latina. Su sede está en Los Ángeles, con oficinas en Houston, Nueva York y Washington, D.C. (www.naleo.org).National Council of La Raza (NCLR; Consejo •Nacional de la Raza): La mayor organización de derechos civiles y de defensa de la comunidad

hispana en los Estados Unidos. Trabaja para mejorar las oportunidades de los estadounidenses de origen hispano. A través de su red de cerca de 300 organizaciones comunitarias de base, llega a millones de hispanos en 41 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia. Lleva a cabo investigaciones aplicadas y análisis de políticas públicas en cinco áreas: inversiones y activos, derechos civiles/migración, educación, empleo y estatus económico, y salud. Fundado en 1968, el Consejo es una organización privada, no lucrativa, no partidista, exenta de impuestos, con oficinas centrales en Washington, D.C., y operaciones en Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Phoenix, Sacramento, San Antonio y San Juan (Puerto Rico). (www.nclr.org)Southwest Voter Registration and Education Project •(SVREP; Proyecto de Registro y Educación de Votantes del Suroeste): Tiene como misión empoderar a los latinos y otras minorías a partir del aumento de su participación en el proceso democrático estadounidense. Apuesta por el fortalecimiento de la capacidad, la experiencia y las habilidades de los líderes latinos, las redes y las organizaciones, por la vía de programas que capacitan, organizan, financian, desarrollan, expanden y movilizan a los líderes latinos y a los votantes en torno a una agenda que refleje sus valores. El lema de SVREP es «Su voto es su voz». Su sede está en San Antonio, con oficinas en Los Ángeles y Miami. (www.svrep.org) La diáspora cubana está representada por una

muy amplia gama de organizaciones. Concentrada en Florida y Nueva Jersey, registra niveles de educación, ingreso monetario, dominio del inglés y asimilación social mucho mayores que el promedio de las otras diásporas, incluida la puertorriqueña. Mediante la Ley de Ajuste Cubano aprobada en 1966, los cubanos que llegan a los Estados Unidos son elegibles para solicitar y alcanzar la residencia por un procedimiento expedito. Más de la mitad de las personas de este origen que viven en los Estados Unidos llegaron después de 1991, y 55% del total son ciudadanos estadounidenses (Brown y Patten, 2013) .

La participación latina a favor de Barack Obama, como aspirante a la Casa Blanca en 2008 y como presidente que buscaba la reelección en 2012, fue muy importante. El discurso de los demócratas está alineado con una postura relativamente más favorable

El crecimiento de la población y del liderazgo latinos es un indicador de su progreso político y de su madurez; pero resulta evidente que necesitan traducir su peso demográfico en mayor participación política para estar en condiciones de ejercer una influencia significativa en el ámbito electoral y de la política pública.


a los inmigrantes que el del Partido Republicano, aun si durante la presidencia de Obama el número de migrantes latinoamericanos deportados superó por mucho el registrado bajo el mandato del presidente republicano George W. Bush. En contraste, cada vez más, el discurso republicano se ciñe a los intereses de los WASP: estadounidenses de raza blanca y de origen anglosajón.

Las elecciones de 2008 fueron un laboratorio electoral para los especializados en la política pública: aproximadamente 10% de la población electoral eran hispanos y, dentro de ese porcentaje, 67% inclinaron su voto a favor de Obama (Kotkin, 2012). La apuesta de Obama era permitir al migrante o al «recién llegado» integrarse al sueño americano sin temor a la deportación siempre y cuando cumpliera con ciertos criterios; era el ejercicio de una política y actitud de tolerancia a los migrantes. Sin embargo, en los cuatro años de su primera administración no propuso una reforma migratoria integral; el Senado, de mayoría demócrata, lo hizo, pero no fue ratificada por parte de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana.

En 2012 la elección presidencial presentaba circunstancias muy diferentes a 2008; en este caso, la estrategia era ganar distritos electorales claves en estados «campos de batalla» como Colorado, Florida y Nevada, de elevada población latina, y otros de reciente inmigración, como Virginia y Carolina del Norte. Con 72% del voto latino, el presidente Obama ganó todos excepto Carolina del Norte (Pace, 2012).

Gráfico 1

Aun cuando en los últimos quince años se produjo un incremento de 53% en el número total de funcionarios latinos a nivel nacional (de 3 743 en 1996 a 5 850 en 2011), con 18% de la población total y 12% de los electores, los latinos solo ocupan 3,3% de los altos cargos de elección popular a nivel nacional, según datos de la Asociación Nacional de Funcionarios

Latinos Electos y Designados (NALEO, 2011). 96% de dichos funcionarios se desempeñan en los estados que tradicionalmente han sido centros neurálgicos de la población latina: California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, Nueva Jersey e Illinois.

Así, el crecimiento de la población y del liderazgo latinos es un indicador de su progreso político y de su madurez; pero resulta evidente que necesitan traducir su peso demográfico en mayor participación política para estar en condiciones de ejercer una influencia significativa en el ámbito electoral y de la política pública.

En el 114º Congreso de los Estados Unidos de América, la representación latina asciende a 33 miembros de la Cámara de Representantes: 21 de origen mexicano, 5 puertorriqueños, 5 cubanos, un guatemalteco, un español. Hay tres senadores de origen latino; todos son de origen cubano.

Las comunidades latinas y el futuro de los Estados Unidos

¿Qué han logrado los latinos en la cuestión política en los Estados Unidos? En primera instancia, una redefinición incipiente del poder político —claramente, los inmigrantes de origen latinoamericano han determinado que si ellos no son incluidos en la agenda pública, los partidos no serán correspondidos en las votaciones— y, en segundo lugar, un creciente papel para moldear el futuro económico, político, social y cultural del país.

Cualquier político estadounidense, tanto en las ciudades, los condados, los estados y a nivel federal, debe cuidar que su discurso no margine al electorado latino. Cada año electoral encontramos un mayor número de líderes latinos que aspiran a algún cargo electo; estamos hablando de una población de 25,2 millones de personas con oportunidad de votar dentro de un padrón electoral total de 230 millones en 2014.

Como ocurre con el resto de la población, tendrán mayor éxito político y electoral entre los latinos las políticas públicas que sean eficaces a la hora de resolver problemas económicos y sociales, que remedien las deficiencias educacionales y del mercado de trabajo, y que provean a la población de oportunidades para la movilidad social ascendente.

Sin embargo, la política migratoria es decisiva a la hora de las elecciones presidenciales. Si los latinos siguen escuchando que el Partido Republicano no quiere que estén en los Estados Unidos, entonces cerrarán sus oídos a lo que diga el Grand Old Party (GOP) sobre educación, empleos o economía. La posición de los republicanos sobre inmigración se ha convertido en la

68

100180160140120100806040200

Representantes estatalesy nacionales electos, 2011

U.S. Senate U.S. House ofRepresentatives

U.S. Senators StateRepresentatives

183

242

Fuente: NALEO 2011 Directory of Latino Elected Officials


«prueba del ácido» para la comunidad latina que, en el camino hacia 2016, va a juzgar si los republicanos los aceptan y reciben como parte integrante de la sociedad estadounidense, o si les cierran la puerta.

Las diásporas de origen latinoamericano en los Estados Unidos tienen sus principales objetivos políticos en ese país, pero en ocasiones también actúan en sus países de origen. Son actores transnacionales que influyen mediante la diplomacia pública y ciudadana. Definida como «la dispersión o el esparcimiento de un grupo étnico en un territorio diferente al de su lugar de origen», la diáspora tiene un peso significativo en tanto se convierta en interlocutora de los problemas y temas públicos.

La visión tradicional de los gobiernos de América Latina hacía de sus diásporas meras correas de trasmisión, cuyo deber era tratar de comunicar en los Estados Unidos el mensaje de su país de origen. Este enfoque fracasó. Una perspectiva innovadora, que en el caso de México se inicia en el año 2000, ve a su diáspora como actor político por derecho propio y se propone como objetivo estratégico su fortalecimiento organizativo y su capacidad de incidencia en los Estados Unidos, con base en una agenda estadounidense.

Las comunidades latinoamericanas han propiciado una mayor y mejor integración de sus nacionales en los Estados Unidos mediante las oportunidades laborales, el acceso al sistema de salud pública, el derecho a escuelas públicas para sus hijos, entre otros beneficios. Steve Vertovec (2005) expresa que estas diásporas intervienen en la toma de decisiones en términos globales muy considerables, en un estilo muy similar al transnacionalismo y también a la diplomacia ciudadana. Estas comunidades tratan de influir en la toma de decisiones de las altas cúpulas o élites gubernamentales mediante la postura pública que expresan.

Las poblaciones de origen mexicano, cubano, salvadoreño, dominicano, guatemalteco, u otro, actúan en función de sus propios intereses, y solo ocasionalmente en función de los del país emisor. Los cubanos son quizás la excepción, en tanto un segmento mayoritario del exilio, a partir de 1959, ha tratado de incidir en la Casa Blanca y en el Capitolio para apoyar acciones en contra del gobierno establecido en La Habana. Ello se tradujo en una lealtad electoral al Partido Republicano, hasta fecha reciente, en que se dio la transición generacional entre quienes nacieron en la Isla y los nacidos en suelo estadounidense.

A contrapelo del voto mayoritario por los republicanos por parte del exilio cubano, el Presidente Barack Obama fue favorecido con el voto del estado de Florida tanto en 2008 como en 2012. Este viraje se vio culminado con el sorpresivo anuncio efectuado por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro

el 17 de diciembre de 2014, por el cual se iniciaron conversaciones para restablecer y normalizar sus relaciones diplomáticas, y elevar sus representaciones de secciones de intereses a embajadas plenipotenciarias.

¿Qué se espera para la elección federal del 8 de noviembre de 2016? Es temprano para hacer pronósticos; pero, evidentemente, ambos partidos deberán considerar a candidatos latinos, incluso para la elección presidencial. El exgobernador de Florida, Jeb Bush, que habla español fluido y está casado con la mexicana Columba Garnica, es uno de los tempranos favoritos para conseguir la nominación republicana; mientras que dos de los tres senadores de origen latino, Ted Cruz (Texas) y Marco Rubio (Florida), han indicado también su interés de convertirse en abanderados del GOP. A su vez, la casi segura candidata presidencial del Partido Demócrata en 2016, Hillary Clinton, cuenta con numerosos colaboradores latinos en su equipo.

La agenda política estadounidense está cada vez más influida por los latinos en la economía, la educación, la seguridad, la cultura y la salud. En un artículo titulado «Latinos in the United States. How to Fire up America», la revista The Economist estima que el futuro del sistema político estadounidense estará cada vez más marcado por el peso de las comunidades latinas. Ello incluye también el fortalecimiento de la competitividad de la economía estadounidense frente a los bloques económicos y comerciales de Europa y del este de Asia: mientras la mayoría de la población mundial está envejeciendo, los latinos están rejuveneciendo la fuerza de trabajo de la economía estadounidense y facilitando el financiamiento de sus pensiones y jubilaciones a largo plazo (The Economist, 2015).

Los latinos tienen más poder que nunca, pero todavía su capacidad de incidencia está por debajo de su peso demográfico. Su capital social es la capacidad que tienen para acceder a recursos adicionales a aquellos de los que disponen de manera directa en virtud de su inserción en redes sociales más amplias. El mundo de relaciones humanas, profesionales y empresariales de los migrantes constituye a veces el capital decisivo con el cual logran asentarse exitosamente o prosperar más tarde en los países de acogida.

Ambos partidos están formando ya cuadros latinos jóvenes que podrían contender en futuras elecciones presidenciales a partir de 2020. Los demócratas tienen a Julián Castro (1974), exalcalde de San Antonio, hoy Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en el gabinete de Obama; los republicanos, a George Prescott Garnica Bush (1976), hijo de Jeb Bush, sobrino del presidente número 43 y nieto del presidente número 41, ambos de la dinastía Bush.

En las próximas décadas se irá cerrando poco a poco la brecha entre el peso demográfico y la incidencia


electoral de los latinos, y al decir de Jorge Ramos, «se confirmará la magia de la democracia estadounidense, que consiste en creer que los de hasta abajo podrán, algún día, llegar hasta arriba. Only in America» (Ramos, 2015).

Referencias

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U. S. Census Bureau, (2010, 2012, 2014) National Population Projections: Summary Tables.

, 2015

81La política de la identidad y el voto latino en los Estados Unidos

El incremento demográfico de la población de origen latinoamericano en los Estados Unidos (de 9,6 millones en 1970, pasó a 22,3 millones en 1990, para llegar a 53.3 millones

en la actualidad) ha dado lugar a una serie de intensos debates en los últimos años sobre su impacto cultural, demográfico, económico, judicial, político, religioso y hasta de salud pública (Gibson y Jung, 2012). Un ámbito particularmente relevante es el electoral, pues este afecta, de manera más o menos directa (a través de representantes populares y presupuestos gubernamentales, por ejemplo), a otras esferas de la vida pública estadounidense1 —de ahí el creciente interés en el llamado «voto latino». Sin embargo, el planteamiento de que este puede tener efectos distintivos asume que los electores hispanos se comportan de manera diferente al votante promedio estadounidense. El comportamiento de este ha correspondido a una sencilla regla, de acuerdo con la cual el mejor indicador del sentido del voto, ya sea por el Partido Demócrata o el Partido Republicano, es el nivel de ingreso: a mayor ingreso, mayor probabilidad de que el elector sufrague a favor del segundo. En esta lógica no hay cabida para filiaciones grupales: es la renta del elector lo que dicta el sentido de su voto; se trata de un argumento basado en la economía política.

La tesis del voto latino refuta este argumento. En su lugar, sugiere que un grupo de personas, por demás disímil no solo en términos de ingreso, sino también de origen nacional y ubicación geográfica dentro de la Unión Americana —para mencionar dos de sus atributos o peculiaridades—, se comportan de manera similar frente a las urnas en virtud de una identidad

Arturo Santa CruzCentro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades,

Universidad de Guadalajara, México.

La política de la identidad y el voto latino en los Estados Unidos

n. 81-82: 81-88 enero-junio de 2015

82 Arturo Santa Cruz

compartida. Al argumento de economía política se contrapone uno de índole cultural, basado en la política de la identidad.

En este trabajo exploro los dos razonamientos y concluyo que la explicación del voto latino en los Estados Unidos —como se apreció en el proceso electoral que concluyó con la reelección del presidente Barack Obama— radica en la complementariedad de ambos. Puesto que el argumento basado en la economía política es la explicación convencional, me centro en el segundo. Así pues, el artículo está estructurado de la siguiente manera: la primera sección trata sobre la zona del razonamiento que radica en la economía política, en ella demuestro que la comunidad latina constituye un grupo socioeconómico identificable; presento lo que esto sugiere respecto al voto de los latinos en los Estados Unidos. La segunda desarrolla la parte de la explicación relacionada con la política de la identidad; en ella se aborda el concepto y la práctica de dicha política en los Estados Unidos. La tercera se encarga de demostrar que los hispanos tienen, en efecto, una identidad común (una de varias que los individuos de dicho grupo pueden tener, pero que es relevante para explicar el fenómeno que nos ocupa). El cuarto apartado aborda específicamente el voto latino en los Estados Unidos. En la quinta sección ilustro la importancia que el respeto y el reconocimiento tienen en la comunidad latina, particularmente en el sentido de su voto, mediante las posiciones que los dos partidos principales de los Estados Unidos han adoptado en relación con la necesaria reforma migratoria. Finalmente, recapitulo los argumentos presentados y enfatizo el sustrato identitario de cuestiones tan aparentemente simples como las de la economía política.

La economía política del voto

Los hogares de origen latino en los Estados Unidos no solo son identificables por su nivel de ingresos, sino que las estadísticas gubernamentales y de centros de investigación los consideran como un grupo definido. De acuerdo con información del Pew Research Center, la riqueza media de las unidades familiares latinas es aproximadamente el 5,55% de la de las caucásicas, y ligeramente superior (10%) de las afroamericanas (Pew Research Center, 2011: 1). En términos de percepciones, el ingreso promedio anual de los hogares latinos es de 38 039 dólares —en comparación con 51 861 para los hogares blancos y 32 584 para los negros (U.S. Census Bureau, 2013). Un factor que incide directamente en los dos indicadores anteriores es el acceso al empleo; en este sentido, los latinos se encuentran en desventaja, como lo evidencia la mayor tasa de desempleo —alrededor de tres puntos porcentuales en 2011— en

este grupo (Latino Fox News, 2012). Estas coincidencias no pasan inadvertidas entre los latinos en los Estados Unidos: alrededor de 70% de ellos reportan tener algo en común, en términos de nivel de vida, con las demás personas del mismo origen (Wallace, 2012: 1361).

Ahora bien, el hecho de que las personas de origen latino en los Estados Unidos conformen un estrato socioeconómico definido, ¿dice algo del sentido de su voto? De acuerdo con la explicación basada en la economía política, sí, y mucho. El ingreso predice el voto —particularmente en los Estados Unidos.2 En ese país la renta está relacionada con el voto partidista de manera clara. Así, la parte del electorado que vota a favor del Partido Republicano ha estado tradicionalmente —al menos desde los años 30 del siglo pasado— entre 5 y 20 puntos porcentuales por encima, entre los votantes del tercio más alto de la distribución del ingreso, comparado con el tercio de menores ingresos (Gelman et al., 2010). Los estadounidenses con un ingreso inferior a los 70 mil dólares tienen más probabilidades de votar por los demócratas, en tanto que aquellos con un ingreso superior al referido es más probable que voten por los republicanos. De ahí lo que se ha denominado la «teoría general del salario y la preferencia electoral» (Thompson, 2012: 1). Esta regla general se vio confirmada en el proceso electoral de 2012: mientras 63% de los electores cuyo ingreso está por debajo de los 30 mil dólares anuales sufragaron por Obama, solo 44% de aquellos con renta superior a los 100 mil lo hicieron.

Existen, sin embargo, matices en este argumento. El bienestar del estado de la Unión en que se encuentren los votantes ha sido un factor crecientemente significativo en las últimas décadas. Así, más que antes, en estados pobres el mayor nivel de ingreso se relaciona con el voto a favor del Partido Republicano, mientras que en los ricos la correlación prácticamente desaparece (Gelman et al., 2007: 349; 2010: 1213). Esto sugiere que, al menos en los años recientes, el ingreso tiene menor importancia en los estados «azules», es decir, tradicionalmente demócratas, que en los «rojos» (republicanos) (Gelman et al., 2007: 345).

Hay señales de que otras variables, además del ingreso, están en juego a la hora en que los electores deciden su voto. Así, por ejemplo, ha quedado claramente establecido en la literatura especializada, que la pronunciada conciencia de grupo en la comunidad negra de los Estados Unidos ha sido un factor determinante de su participación política, independientemente de su nivel de ingreso (Stokes-Brown, 2006: 628). En el caso que nos ocupa, vale la pena destacar que a pesar de que al nivel de ingreso promedio de las familias latinas en 2011 hubiera correspondido 56% de apoyo en las urnas al mandatario que buscaba la reelección en 2012, este recibió 71% del


voto hispano.3 Llama la atención en particular que 62% de los latinos con ingresos superiores a 80 mil anuales votaran por Obama (Fox News Latino, 2012). Así pues, no solo el nivel de ingreso sino también el contexto y la identidad tienen importancia a la hora de emitir el voto.

La política de la identidad

De acuerdo con Paula Moya (citada en Alcoff y Mohanty, 2006), las identidades pueden ser definidas como «constructos ideológicos significativos en contextos específicos, los cuales refieren de manera no arbitraria (aunque parcial) a aspectos verificables del mundo social». Lo que hoy se conoce como «política de la identidad» tiene sus orígenes tanto en las multitudinarias marchas en contra del armamento nuclear en Inglaterra, a finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo pasado, como en el movimiento por los derechos civiles que tuvo lugar en los Estados Unidos también en esos años. En el caso inglés, se trataba de una manifestación novedosa, aglutinada en torno a convicciones y no a intereses económicos. Allí, la política de la identidad de alguna manera vino a desplazar a la ya tradicional contención política aglutinada por las fuerzas de izquierda. En el caso estadounidense, en cambio, los nuevos movimientos fueron vistos como una continuidad de la tradición liberal en favor de los derechos.

De cualquier manera, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos a partir de la década señalada, pero particularmente durante la de los 80, una miríada de grupos florecieron en la plaza pública, aglutinados en torno a diferentes causas, como los derechos sexuales o la igualdad racial, pero todos con un común denominador: la reivindicación tenía que ver, más que con una cuestión de justicia redistributiva (es decir, de economía política), con cuestiones que finalmente giraban alrededor de la identidad (Pritchet, 2005: 33-4; Farred, 2000: 627; Alcoff y Mohanty, 2006: 2). Una de las ideas motoras que compartían los diversos grupos era que el derecho a ser valorado de acuerdo con las múltiples identidades que los ciudadanos pueden adoptar (por ejemplo, homosexual, latino, minusválido) constituye un importante recurso para llevar a cabo la transformación social, a la cual la multiplicidad de grupos oprimidos pueden contribuir desde sus respectivas trincheras (Alcoff y Mohanty, 2006: 2), como le escribiera el líder negro de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, Martin Luther King, al líder hispano César Chávez: desde su perspectiva, ambos eran «hermanos en la lucha por la igualdad» (Alarcón, 2000).

La identidad se volvió así un recurso importante. Los activistas empezaron a encuadrar sus luchas en términos culturales y de la posición que su grupo ocupaba en la sociedad, demandando el derecho a que sus diferencias respecto al resto de la comunidad fueran reconocidas y respetadas. Si bien este tipo de activismo no es per se antitético al que tradicionalmente se había dado en términos de clases sociales, y en muchas ocasiones ambos tipos confluyen, la novedad de los movimientos basados en la identidad radica en su clara diferenciación con las luchas reivindicativas tradicionales, como las sindicales.

En los Estados Unidos, el impacto de la gran cantidad de grupos aglutinados en torno a la política de la identidad creció exponencialmente; de esto es indicativo el título del libro que el influyente historiador estadounidense Arthur Schelinger publicó en 1991: The Disuniting of America: Reflections on a Multicultural Society. Así, como señalan Linda Alcoff y Satya Mohanty (2006: 6), «el debate real ya no se da en términos de si las identidades tienen relevancia política, sino de cuánta y de qué tipo es esta».

No es, pues, de extrañar que la política de la identidad ya forme parte de la currícula de educación superior en los Estados Unidos. En tanto que los primeros departamentos especializados en temas como chicano studies o women’s studies empezaron a surgir en las universidades de ese país en los años 60, el término empezó a aparecer en las revistas académicas especializadas a finales de la siguiente década (Alcoff y Mohanty, 2006: 2; Bernstein, 2005: 47). Filósofos como Charles Taylor y Will Kymlicka elaboraron sofisticados argumentos que mostraban la manera en que las luchas sociales centradas en la política de la identidad pueden contribuir positivamente a la transformación de la sociedad en su conjunto (Taylor, 1994; Kimlicka, 1995).

Las raíces intelectuales de la política de la identidad pueden rastrease, sin embargo, un par de siglos atrás. Johann Gotlieb Ficthe fue el primero en tratar el tema en su obra Fundamentos del Derecho Natural, de 1796 (1994). En ella, el filósofo alemán argumentaba que la auto-conciencia del sujeto tenía un carácter social; para él, son los otros quienes hacen que el sujeto abandone el estado de inconciencia y adopte pleno conocimiento de que es un individuo libre. La base de este proceso de constitución mutua de los individuos que componen la sociedad es el respeto.4

Pero es Georg Wilhelm Friedrich Hegel, con su obra Fenomenología del espíritu, publicada en 1806, quien más ha influido en la literatura sobre la «política del reconocimiento». Por reconocimiento se entiende un acto social que simultáneamente constituye a un actor como sujeto y otorga un significado particular a la diferencia. El reconocimiento permite que los


actores (ya sean unitarios o colectivos) adquieran una identidad estable (Wendt, 2003: 512; Ringmar, 2002). Para Hegel, la autoconciencia es un proceso eminentemente social, pero el reconocimiento dista de ser una condición primigenia de la humanidad; al contrario, lo que existe inicialmente es una «lucha por el reconocimiento»: los individuos están ávidos de obtenerlo, pero no de otorgarlo. De ahí que su falta contribuya a la inestabilidad social; según Hegel (1996; Wendt 2003: 513-14), mientras que una parte niegue su reconocimiento pleno a la otra, la aceptación del orden social por parte de esta última será parcial y contencioso. Su ejemplo del maestro y el esclavo (en el que, paradójicamente, el primero es incapaz de realizarse, pues le es imposible obtenerlo plenamente al no ser su contraparte un individuo libre) devino paradigmático del dilema social planteado por la carencia del mutuo reconocimiento total. Pero cuando este se da, tanto la plena autoconciencia como la identidad colectiva emergen. Este es el sustrato filosófico-político de los movimientos basados en la política de la identidad. Recordemos que para ellos, como observa Nancy Fraser (2000: 19), «pertenecer a un grupo que es menospreciado por la cultura dominante significa no ser reconocido, y por lo tanto sufrir una distorsión en la relación de uno consigo mismo» —en el sentido de que las imágenes negativas son internalizadas por el individuo.

Pasemos, pues, a considerar el caso tanto de la hipotética identidad de la comunidad latina en los Estados Unidos, como de la política de la identidad que esta pudiera haber llevado a cabo.

Los latinos y la política de la identidad

Las personas de origen latinoamericano que viven en los Estados Unidos se identifican principalmente con su país de origen (Lazos, 2012: 19). Sin embargo, la mayoría se percibe a sí misma como parte de un grupo. Así, de acuerdo con la encuesta Latino National Survey (Fraga et al., citado en Wallace, 2012), realizada a mediados de la década pasada, todos respondieron afirmativamente cuando se les preguntó si se consideraban «hispanos» o «latinos»; aún más, 70% dijo tener algo en común con el resto de los latinos en términos de educación, empleo o ingreso. Fraga y sus colaboradores concluyen que algún tipo de

conciencia de grupo «parece haber echado raíces en la identidad individual, la definición del entendimiento de la comunidad y en la expresión intencional de los rasgos políticos y sociales comunes» (1361)

Un factor determinante en la cohesión de los latinos en los Estados Unidos es el idioma. Conservar el dominio de la lengua materna es de primera importancia para el grupo en su conjunto; 75% de los de primera y segunda generación, y más de 50% de los de la tercera coinciden en la importancia de que sus descendientes hablen español (Lazos, 2012: 20).

El lenguaje compartido ha contribuido así a que los hispanos posean cierta conciencia de grupo. Si bien esta tiene varias dimensiones, una fundamental tiene que ver con su percepción de que pertenecen a un grupo marginado, pero la conciencia de un idioma común no se traduce automáticamente en una conciencia política compartida (Lazos, 2012). Para esto hace falta la interacción de otros factores, tales como condiciones socioeconómicas similares o la percepción de pertenecer a una minoría «estigmatizada» (121).

La discriminación es una situación que la mayoría de los hispanos sienten padecer. No de la misma manera en que pueden tolerar, por ejemplo, las condiciones climáticas de los Estados Unidos. Para 61% de ellos (en 2011), la discriminación no es solo un hecho, sino también un «problema mayor» en sus vidas. Las comunidades latinas han canalizado el sentimiento de esta falta de reconocimiento en una mayor participación política enfocada a terminar ese estado de cosas (125).

Tradicionalmente, la literatura estadounidense especializada se concentraba en la comunidad afroamericana, pero en los últimos años han empezado a publicarse estudios sobre la población latina (Sánchez, 2006: 430). Así, tenemos que la conciencia grupal hispana puede observarse en al menos tres dimensiones: la identificación con el grupo, la percepción de discriminación hacia él, y, en menor medida, el deseo de emprender acciones colectivas, particularmente en actividades políticas que impacten directamente en la condición de la comunidad latina. Estas tres dimensiones tienen que ver, por supuesto, con el hecho de que los latinos se encuentran insertos en un país y una cultura diferentes de los que provienen. De otra manera, la especificidad de su conciencia grupal se evaporaría. De este modo, el sentido de la acción a que da lugar la conciencia grupal de los hispanos

Para los latinos, la discriminación no es solo un hecho, sino también un «problema mayor» en sus vidas. Las comunidades latinas han canalizado el sentimiento de esta falta de reconocimiento en una mayor participación política enfocada a terminar ese estado de cosas.


depende del contexto (Sánchez, 2006: 444-5; Hitlin et al., 2007: 592).

Los motivos por los cuales la literatura especializada se centró por tanto tiempo en la minoría negra y no en la hispana se relacionan, por supuesto, con la manera en que el grupo en cuestión es identificado: mientras que el primero es considerado como una «raza» sin mayor discusión (por los rasgos fenotípicos de sus miembros, lo cual no niega que el concepto mismo de «raza» sea un constructo), el segundo difícilmente puede considerarse así, puesto que se trata de un conjunto de personas de diversos orígenes nacionales, e incluso razas, que comparten rasgos culturales. A los hispanos se les categoriza comúnmente bajo el término de grupo étnico (Stokes-Brown, 2006: 628). De hecho, el censo estadounidense define a los hispanos como una etnia, no como una raza (Hitlin et al., 2007: 590). Así pues, el sentido de solidaridad antes descrito entre los hispanos se refiere a una identidad «panétnica» —como pudiera ser el caso de los asiáticos. De ahí, por ejemplo, que los latinos en general sean más proclives a votar por un candidato coétnico; entre los de primera generación esta tendencia se da en alrededor de 80% (en los de segunda generación desciende a 66%). Es evidente que muchos hispanos utilizan la apariencia y/o las características culturales del candidato en cuestión como una especie de «atajo informativo», en el sentido de que las similitudes evidentes suponen otras, en términos de opciones de políticas públicas (Lazos, 2012: 120; Wallace, 2012: 1362; Abrajano et al., 2005: 206).5 En sentido opuesto, la percepción creciente entre los hispanos de que el Partido Republicano no se preocupa (46%) o es abiertamente hostil hacia ellos (27%) como grupo, ha contribuido a su distanciamiento del Grand Old Party (GOP) en las urnas (Wallace, 2012: 1369). Los latinos no son, pues, ajenos a la política de la identidad.

El voto latino

Independientemente de la definición «oficial», con frecuencia los hispanos se perciben a sí mismos en términos de raza —desde el punto de vista cultural, no físico (Hitlin et al., 2007: 596). De cualquier modo, cuando se compara a los tres grupos raciales/étnicos principales de la sociedad estadounidense, es evidente que en tanto los caucásicos poseen un mayor poder de voto (al no estar «casados» con ninguno de los dos partidos dominantes de su país), los afroamericanos son los que menos tienen, pues han estado —al menos desde la era del New Deal— «amarrados» al Partido Demócrata. Los hispanos, en cambio, se ubican en una posición intermedia, pues su voto ha sido relativamente fluctuante entre los dos partidos —de ahí su relativo

poder en ciertos contextos electorales (Griffin y Newman, 2013: 56; Shaw, 1997: 64).

Desde hace varias décadas, sin embargo, los latinos han votado mayoritariamente por el Partido Demócrata (Wallace, 2012: 1362); lo que no es mera casualidad o tendencia inexorable. Habrá que recordar que el senador demócrata John Calhoun (cit. en De Conde, 1992: 34) —defensor de la esclavitud en los tiempos en que los que hoy identificamos como «latinos» eran considerados miembros de una «raza mestiza» inferior— clamaba en la tribuna durante la discusión sobre la anexión de México a los Estados Unidos: «Nunca hemos soñado incorporar a nuestra Unión raza alguna que no sea caucásica —la libre raza blanca [...] Protesto contra la unión con México [...] El nuestro, señor, es el gobierno de la raza blanca».

No fue sino hasta más de un siglo después que el Partido Demócrata comenzó a cultivar abiertamente el voto de los hispanos. Así, durante las elecciones presidenciales de 1960, la campaña de John F. Kennedy estableció clubes «Viva Kennedy», específicamente para el electorado latino, y la esposa del candidato, Jaqueline, grabó anuncios televisivos en español (Wallace, 2012: 1364).

Sin embargo, la participación electoral de los latinos ha sido históricamente baja —ciertamente inferior a la de los blancos o los afroamericanos. Por ejemplo, durante las elecciones intermedias de 2010 solo 31,2% de los electores latinos registrados votó, en tanto que 48,6% de los blancos y 44% de los negros lo hicieron (Lazos, 2012: 125). En la baja participación de los latinos influyen significativamente dos factores: que poco más de una tercera parte de esa población es menor de edad (una proporción mayor que en los otros dos grupos mencionados) y que muchos no sean ciudadanos estadounidenses (en mayor proporción, por supuesto, que los otros grupos étnicos/raciales) (118-9).

Pero combinemos las tendencias demográficas con un tema que está cobrando creciente importancia entre los latinos para ponderar el potencial de la política de la identidad en el voto hispano y en la política estadounidense.

La política de identidad hispana: la reforma migratoria

Más allá del crecimiento demográfico de los hispanos en los Estados Unidos referido en la introducción, importa la actitud que tienen hacia la inmigración en ese país. De acuerdo con una encuesta llevada a cabo un año antes de la reelección del presidente Obama, 80% de los hispanos considera que los inmigrantes contribuyen a la sociedad estadounidense, porcentaje


que también se opone a políticas encaminadas a su deportación (Lazos, 2012: 123). En el rubro de la tolerancia a la inmigración, los latinos se cuecen aparte de los demás grupos étnicos o raciales (Collingwood y Jocim, 2013: 13). Aún más, el tema migratorio se ha vuelto crecientemente prominente en la comunidad latina —cabe recordar que más de once millones de inmigrantes sin papeles viven hoy en los Estados Unidos, la mayoría de ellos de origen latino. De esta manera, si antes de las elecciones de 2012 alrededor de un tercio de ellos consideraba la reforma migratoria como un asunto importante, para febrero de 2013 una mayoría de 58% lo hacía, desplazando un tema fundamental: el estado de la economía (Sabaté, 2013).

En los últimos años, el sentimiento antinmigrante en los Estados Unidos se ha expandido, en buena medida debido a la posición de ciertos sectores, particularmente el Tea Party, del Partido Republicano. Dicho sentimiento no solo se ha traducido en la pérdida de popularidad del GOP entre la comunidad hispana, sino que ha servido también como catalizador para la consolidación de la identidad latina y la conciencia política de dicha comunidad. De particular importancia en este sentido fueron las marchas de 2006 en favor de los derechos de los migrantes (Wallace, 2012: 1362; Lazos, 2012: 124); además de ser significativas para la comunidad hispana en particular, fueron importantes en la escena política y social estadounidense en su conjunto, pues se trató de la mayor movilización en favor de los derechos civiles que se había llevado a cabo —alrededor de cinco millones de personas— en las calles de varias ciudades de la Unión Americana (Lazos, 2012: 121). Los republicanos parecieron no haber captado el significado político de las marchas, y continuaron, tanto a nivel del Congreso como de varios estados por ellos controlados (como el caso emblemático de Arizona y la ley SB-1070, que autorizaba a elementos policiacos a detener a cualquier individuo sobre el que tuvieran alguna duda «razonable» de que pudiera ser indocumentado), con su retórica y práctica antinmigrante. Aun en la campaña presidencial de 012, la sensibilidad republicana en relación con dicho tema, tan importante para la cada vez más influyente comunidad hispana en los Estados Unidos, brilló por su ausencia. Las propuestas del candidato presidencial Mitt Romney respecto a la autodeportación son ilustrativas al respecto.

En contraste, el presidente Obama articuló una propuesta bastante receptiva a las demandas de la comunidad hispana. Si bien el propio candidato reconoció que no había cumplido la promesa hecha en su primera campaña por la Casa Blanca a dicho grupo étnico, prometió que en su segundo término sí lo haría, y acompañó su retórica con medidas simbólicamente importantes para los hispanos. Una de

ellas fue su decisión, por medio de una orden ejecutiva de junio de 2012, de poner en marcha el programa Deferred Action Childhood Arrivals. En virtud de este programa se detuvieron las deportaciones de jóvenes indocumentados que cumplieran con los requisitos de la llamada, pero aún no aprobada, Dream Act (la cual abría el camino a la ciudadanía a aquellas personas que hubieran llegado a los Estados Unidos siendo menores de edad, hubieran residido al menos por cinco años en ese país, y obtuvieran un título universitario o prestaran dos años de servicio militar). De esta manera, el candidato-presidente demostraba su apoyo a una causa que era particularmente importante para la población hispana en los Estados Unidos (Preston, 2011).

Y en la política los dichos y los hechos tienen consecuencias. Así, cuando llegó el día de la verdad en el proceso electoral de 2012, el Partido Republicano tuvo un desempeño deplorable en la elección presidencial entre los hispanos: solo 29% de ellos votó por Romney. Como reconoció el excandidato republicano (en el proceso electoral de 2008), John McCain, poco después de las elecciones: «Si continuamos polarizando el voto latino, nuestras posibilidades de ser mayoría son mínimas. El asunto de la inmigración ilegal obviamente ha sido un importante factor en la decisión del votante hispano» (Barreto, 2013: 1).

De esta manera, no fue sino hasta después de las elecciones que los republicanos empezaron a hacer algo para tratar de reconquistar a la creciente población hispana, pues, como aceptó el Comité Nacional de ese partido: «No importa lo que digamos sobre la educación, los empleos o la economía; si los hispanos creen que no los queremos aquí, cerrarán sus oídos a nuestras propuestas» (Republican National Commitee, 2013: 8).

A finales de enero, el llamado Gang of Eight, conformado por cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos, presentó su propuesta inicial de reforma migratoria (Bipartisan Framework for Inmigration Reform, 2013). Un día después de que esta se hiciera pública, el presidente Obama manifestó que aunque tenía diferencias con la iniciativa del Grupo de los Ocho, la apoyaría por tratarse de un esfuerzo bipartidista (Landler, 2013). A inicios de mayo, durante su visita a México, el presidente estadounidense reiteró su apoyo a la iniciativa bipartidista y se mostró optimista de su futuro en el Congreso de su país (Shear y Archibold, 2013).

Sin embargo, la propuesta de reforma —gracias a la posición republicana— durmió el sueño de los justos. En las elecciones intermedias de 2014, el voto latino se inclinó de nueva cuenta por el Partido Demócrata, con 62% (porcentaje menor al de 2012, pero mayor al de las elecciones intermedias de 2010 [60%]). Pasado el proceso electoral, el presidente Obama promulgó


una acción ejecutiva por medio de la cual cerca de cinco millones de inmigrantes indocumentados podrían obtener estatus legal temporal así como evitar la deportación (Ehrenfreund, 2014). Janet Murguía, presidenta del Centro de la Raza —la más importante organización de hispanos en los Estados Unidos—, elogió enfáticamente la acción ejecutiva (cit. en Miami Herald Staff, 2014).

Al haber sido un presidente demócrata el impulsor de estas medidas a favor de los migrantes —aunque no se trate de la prometida reforma migratoria integral— es de esperarse que su partido cuente con el apoyo de buena parte de los hispanos en el próximo proceso electoral.

Conclusiones: la identidad de la economía política

Como señalé al inicio de este trabajo, el incremento demográfico de la población hispana en el vecino país del norte es una realidad que conlleva una multiplicidad de importantes efectos (actuales y potenciales) para la sociedad estadounidense. En este trabajo me he ocupado de uno de ellos: el sentido del «voto latino». Sin embargo, como he argumentado, el efecto en cuestión no se desprende simplemente del crecimiento demográfico de los latinos por sí mismo, sino que en él influyen de manera particular dos factores, uno material y otro cultural. El primero se refiere a las consecuencias del nivel de ingreso en la orientación del voto (en el caso que nos ocupa, por el Partido Demócrata o por el Republicano) y opera dentro del marco explicativo de la economía política; el segundo tiene que ver con la manera en que la conciencia de los miembros de cierto grupos impacta en el sentido de su voto, y se enmarca en la literatura de la política de la identidad.

Como espero haber demostrado anteriormente, si bien la explicación basada en la economía política es, en términos generales, correcta, también es incompleta. Para tener una idea de por qué los latinos en los Estados Unidos votan de la manera en que lo hacen, hace falta recurrir a la política de la identidad. Es la conciencia de grupo, instilada en buena medida en los hispanos, no solo por su similitud en términos de economía política, sino también, y de manera importante, por el hecho de compartir un idioma, problemáticas e historias (como las experiencias propias o de ancestros referentes a su llegada a los Estados Unidos, o la discriminación de la que frecuentemente son víctimas en ese país), lo que hace que muchos de ellos voten de manera similar.

Las propuestas de política pública de los dos principales partidos políticos en lo concerniente a la migración, como hemos visto, son particularmente

relevantes para la comunidad latina y para el sentido de su voto. Este tema, quizás más que ningún otro, cristaliza el predicamento en que se hallan los latinos en los Estados Unidos, urgidos de un trato digno, de respeto por parte de la sociedad en que se encuentran, a fin de poder incorporarse a ella en condiciones más justas e igualitarias. De eso trata la identidad de la economía política.

Notas

1. Utilizo los términos «hispano» y «latino» como sinónimos, para seguir el modo convencional en los Estados Unidos, tanto en la academia como en el uso popular. El universo al que hace referencia este trabajo, en términos de su potencial político-electoral, no incluye a las personas de origen hispano que por encontrarse en los Estados Unidos legalmente pero de manera irregular no tienen derecho al voto.

2. El efecto del ingreso sobre el sentido del voto parece ser menos pronunciado en la mayoría de los países europeos. (Gelman et al., 2010: 1211).

3. En contraste, si bien el ingreso medio de los afroamericanos predecía un apoyo al presidente Obama de 60%, este fue de poco más de 90%, en tanto que la predicción para la población blanca del Sur era de alrededor de 47%, pero en realidad fue ligeramente inferior a 30%. (Paul Krugman, 2012).

4. Resulta interesante destacar (por los motivos que se verán más adelante) que el idioma desempeñeaba para Fichte (s.f.) un papel central en la formación de la identidad de la nación, específicamente de la alemana.

5. Esto no niega, por supuesto, que en casos en que candidatos hispanos de diferentes orígenes nacionales compitan entre sí, sus votantes también se dividan de acuerdo a su origen, o que algunos grupos de hispanos sean tradicionalmente más cercanos a uno de los dos partidos, como sería el caso de los cubanos de Florida y el Partido Republicano. (Etzioni, 1999: 48).

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, 2015

89Comentario sobre la política de la identidad y el voto latino en los Estados Unidos

El doctor Arturo Santa Cruz nos coloca ante el interesante tema de la influencia de la «identidad» en el comportamiento político de la minoría hispana o latina en los Estados

Unidos, especialmente en lo que se refiere a su conducta electoral, con lo que incorpora la cultura en esta ecuación. (Los términos hispano y latino han sido cuestionados tanto por razones metodológicas como políticas. De todas formas he decidido utilizarlos indistintamente como sinónimos, porque convencionalmente son los utilizados para definir a esta población.)

Como no tengo diferencias relevantes con mi colega en su enfoque sobre este asunto, mis comentarios estarán dirigidos más bien a resaltar su importancia en el contexto político norteamericano, así como lo que estimo son algunas de sus complejidades.

Los hispanos constituyen un grupo social integrado por personas de diversos orígenes nacionales, en ocasiones con conflictos históricos entre sí y en sus fronteras, los de origen mexicano tienen un peso numéricamente decisivo dentro del conjunto, lo que limita la identificación social del resto de los latinos con un grupo específico.

La identidad hispana o latina resulta, por tanto, un fenómeno en formación, que se define a partir de una cultura (idioma) y de ciertas raíces históricas comunes, pero sobre todo por la relación particular de estas personas con el resto de la sociedad en los Estados Unidos.

Una vez que se transita el proceso emigración-inmigración y se consolida el de integración social mediante el asentamiento personal y la emergencia de los descendientes, estamos hablando de norteamericanos de origen latinoamericano, lo que implica una forma nueva de manifestarse su cultura, en un medio social completamente distinto.

Hispanidad o latinidad en los Estados Unidos no significan lo mismo que «latinoamericanismo» en América Latina, pero estos fenómenos pudieran encontrarse en la convergencia de ambos procesos

Jesús ArboleyaInstituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI)

Comentario sobre la política de la identidad y el voto latino en los Estados Unidos

n. 81-82: 89-90, enero-junio de 2015

integradores, debido al carácter transnacional de la migración latinoamericana, como consecuencia de la globalización económica y las facilidades que brindan las nuevas tecnologías de la comunicación.

La importancia de este proceso radica en que puede determinar un mayor interés y, por tanto, una influencia creciente de los hispanos en la política de los Estados Unidos hacia América Latina; un potencial nada despreciable para las relaciones de la región con el poder hegemónico norteamericano.

Un factor de cohesión, que no escapa al análisis de Santa Cruz, son las condiciones de explotación y discriminación que enfrenta la mayoría de los hispanos en los Estados Unidos. Sin embargo, a la hora de analizar su comportamiento político, no podemos olvidar las diferencias clasistas presentes en el tejido social hispano y su impacto en la propia consolidación de esta identidad.

Los sectores hispanos económicamente mejor situados en la escala social norteamericana tienden a rechazar una identidad latina que asumen como demérito de su estatus, lo que dificulta la solidaridad intragrupal, afectando lo que pudiéramos llamar la articulación de un movimiento cultural hispano.

Por otro lado, la conducta política de los hispanos, especialmente a la hora de votar, no puede verse divorciada de la manipulación de la que son objeto por parte de los grupos dominantes en sus comunidades, por lo general orgánicamente vinculados a los sectores de poder estadounidenses y funcionales a ellos.

No obstante, como bien dice Santa Cruz, ya es posible observar manifestaciones políticas que justifican afirmar que la identidad hispana constituye el elemento aglutinador dentro del comportamiento político de esta población; en particular, los cambios de actitud respecto al tratamiento de los indocumentados, hasta ahora preterido o rechazado dentro de importantes expresiones del propio movimiento hispano.

Al margen de las diferencias que podamos tener con el uso de los términos hispano o latino para definir a los inmigrantes latinoamericanos y sus descendientes en

90 Jesús Arboleya

los Estados Unidos, partir del origen para identificarlos ha tenido una importancia relevante en la propia visión que tiene la sociedad norteamericana de sí misma.

Si bien el resto de los grupos de inmigrantes y sus descendientes son también de origen multinacional (europeos, asiáticos, africanos), fueron históricamente asumidos en el ideario social y el discurso oficial estadounidense por sus características raciales (blancos, negros, asiáticos), incluso así lo reflejaron los censos hasta 1970, lo que estableció barreras morfológicas a la integración social en ese país.

La categoría de hispano o latino rompe con este patrón racista y valida la diferencia cultural como una cualidad intrínseca de la sociedad norteamericana, con lo cual anuncia transformaciones en su composición, que impactarán de manera inevitable en su propia naturaleza. Sobre todo, porque los latinos constituyen el componente demográfico relativamente más dinámico de esa sociedad en la actualidad y de cara al futuro predecible.

Por si solo esto no otorga al movimiento hispano una connotación progresista, toda vez que la diferenciación racial y de origen tiende a diluir la homogeneidad del grupo y constituye un mecanismo de dominación en lo interno de la sociedad, confronta con la pretensión de que la cultura blanca europea define a esa nación, debilitando uno de los pilares discriminatorios en que se sustenta el sistema hegemónico doméstico.

Me siento obligado a señalar algunas características que distinguen a la comunidad cubanoamericana dentro de este concepto de comunidad hispana o latina en los Estados Unidos:

Por constituir el sector más privilegiado dentro del •conjunto, los cubanoamericanos son el grupo que menos se identifica con la definición de hispano o latino, aunque la proporción aumenta en el caso de los niños y los nuevos inmigrantes.Son los mejor ubicados en la escala económica latina •y los proporcionalmente mejor representados en la estructura política del país.Constituyen los únicos hispanos mayoritariamente •republicanos, aunque también esto cambia progresivamente en el caso de los más jóvenes, los nacidos en los Estados Unidos y los nuevos inmigrantes. A pesar de que esto constituye una tendencia •de difícil reversión, hasta ahora la maquinaria política cubanoamericana está controlada por la extrema derecha, lo que dificulta su integración en el movimiento político hispano en su conjunto, al menos en sus versiones más progresistas.Tampoco los cubanoamericanos priorizan una •reforma migratoria, toda vez que la actual política, más que perjudicarlos, los favorece respecto a cualquier otro grupo inmigrante.

Aunque por otras razones, al igual que en el caso de los puertorriqueños no hay inmigrantes cubanos indocumentados en los Estados Unidos, lo que limita su interés por este tema. No obstante, existen similitudes en otros aspectos de interés común, como es el caso de las políticas sociales, que favorecen la tendencia hacia la integración con los hispanos en el campo de la política, especialmente en lo relativo a las intenciones de voto. Los cubanoamericanos son los hispanos que más han intervenido en la política de los Estados Unidos hacia su país de origen y el resto de América Latina.

Hasta ahora, ha sido al servicio de los intereses hegemónicos estadounidenses y los sectores más reaccionarios de la oligarquía latinoamericana, pero esto también puede cambiar a la luz de las transformaciones sociales y políticas que se aprecian en esa comunidad y sus relaciones con Cuba, lo que potencialmente pudiera aportar un valiosa experiencia al movimiento hispano en este campo.

, 2015

91La política de los Estados Unidos hacia Cuba: formación, factores y fantasmas

Cuba-Estados Unidos: finalmente diálogos en plural entre paresSoraya M. Castro MariñoCentro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI)

La fecha del 17 de diciembre de 2014, con los anuncios de las decisiones presidenciales de la República de Cuba y los Estados Unidos de iniciar una nueva etapa entre los dos países, marca el más significativo cambio en la política estadounidense hacia Cuba de los últimos 54 años. Es un hecho de relevancia histórica, política y simbólica, así como un punto de inflexión en el cual confluyen, al menos, cuatro planos analíticos multidimensionales: los Estados Unidos de América, la República de Cuba, América Latina y el Caribe y el entorno internacional.

La aceptación pública por parte del Presidente de los Estados Unidos de que la política de hostilidad no brindó los resultados esperados, y había terminado por aislarlos, sirve de eje articulador para exponer el porqué de la necesidad de un «cambio». Obama superó el costo simbólico de negociar con el gobierno cubano y su liderazgo histórico, lo cual es relevante y merece un gran respeto. Las declaraciones tuvieron lugar después de 18 meses de conversaciones secretas, en las cuales el Vaticano y el gobierno canadiense brindaron apoyo. En ellas se aprecia un espíritu de concertación basado en el interés mutuo, que permite aceptar las sinergias futuras que estas disposiciones presidenciales establecen.

Sin embargo, en esta exposición no podré abordar un criterio analítico-holístico, ni abarcaré todas las implicaciones, por lo cual, intentaré explicar —solo a medias— las interacciones a nivel gubernamental que

Las nuevas relaciones Estados Unidos-Cuba: formación, factores,y fantasmas

n. 81-82: 91-109, enero-junio de 2015

Este panel, moderado por Ariane van Buren,

cerró la última sesión del taller de autores «¿Qué son los Estados Unidos?»,

donde nació este número de Temas. Su debate entre los participantes

se prolongó durante más de dos horas. Se ha mantenido el estilo oral

de las intervenciones de los panelistas, añadiendo solo un mínimo

de referencias, y se han integrado al texto sus respuestas y comentarios finales.

92 Soraya M. Castro Mariño, Jorge Mario Sánchez Egozcue, Rafael Hernández

están teniendo lugar, para justamente avanzar el interés nacional de las dos partes en una dinámica orientada a «normalizar» las relaciones. Dicho sea de paso, este término de «normalizar» aspira al ideal weberiano, pero no comparto la opinión de que estas interacciones, incluso en el mejor de los escenarios, lleguen a ser alguna vez «normales».

A pesar del conflicto histórico, la asimetría y la desconfianza, características que dominaron por 54 años las relaciones entre las dos naciones, la apuesta, ahora, es a favor del diálogo, la negociación y la cooperación. Esto convierte el momento histórico en trascendental y señala una etapa cualitativamente diferente. Al mismo tiempo, las peculiaridades enunciadas atemperan y matizan el arduo trayecto a decursar, en el cual hay que construir todo, o casi todo, desde el principio. Este proceso ocurre en diversos planos de una carretera de distintos niveles, en la cual la circulación es a disímiles velocidades y las interpretaciones de señales pueden ser discordes.

El axioma y objetivo estratégico del gobierno estadounidense, sin embargo, se mantiene inalterable: la destrucción del proceso revolucionario cubano. En principio, la esencia del bloqueo económico, comercial y financiero se mantiene debido a la madeja de leyes que lo establecen, entre otras la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, la Ley de Asistencia al Exterior de 1961, la Ley Torricelli y la Ley Helms-Burton. La aplicación del Smart Power y, consecuentemente, la conjunción de los recursos de poderío nacional a favor del cambio de régimen se sumergen en una narrativa más creativa y los métodos e instrumentos evolucionan de acuerdo al escenario nacional cubano y tienden a moverse más en el eje económico-tecnológico.

No obstante, Cuba y los Estados Unidos dialogan sobre «los más diversos temas de forma recíproca y en pie de igualdad soberana», lo cual permite discutir y resolver las discrepancias y controversias mediante negociaciones, mientras que se va aprendiendo «a vivir con nuestras diferencias». La observancia de los principios del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas rigen el proceso de «normalizar las relaciones», cuyo primer paso fue la decisión de restablecer relaciones diplomáticas, lo cual tuvo lugar el 20 de julio, con la apertura de las respectivas embajadas en La Habana y Washington.

De manera esquemática, el proceso, por ahora, se puede visualizar de la siguiente manera: por un lado, están teniendo lugar las negociaciones al más alto nivel, enfocadas, en un primer momento, en el restablecimiento de relaciones diplomáticas y en los temas más importantes y estratégicos para ambos países, mientras que se mantienen las conversaciones que honran acuerdos suscritos, y cuya implementación establece encuentros sistemáticos, como es el caso

migratorio; por otro, tienen lugar encuentros técnicos, que avanzan de manera paralela, especificidades sobre aspectos en los cuales hay precedencia o consenso en cuanto a concretar acciones de interés mutuo para ambos países; ejemplo de esto son las pláticas relacionadas con el correo postal directo, fraude de documentos migratorios, actualización de asuntos migratorios, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, telecomunicaciones, aeronáutica civil, seguridad aérea y marítima, intercambios científicos y educacionales, colaboración en salud —particularmente enfermedades infecciosas—, mapeo de navegación marítima, áreas de marinas protegidas, intercambios sobre el alcance e implementación de las regulaciones administrativas de enero y febrero de 2015, etcétera.

Además, continúan las conversaciones militares en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo, así como los intercambios técnicos y profesionales entre el Servicio de Guardacostas norteamericano y las Tropas Guardafronteras cubanas, y los vinculados al comportamiento de los procedimientos técnicos operacionales en ejecución, a saber el concerniente a dar respuesta a posibles contaminaciones por derrame de hidrocarburos en alta mar, y el de búsqueda y salvamento. En tanto, no hay asunto excluido de la agenda de conversaciones, los asuntos a abordar son disímiles, incluido el diálogo sobre derechos humanos.

Sobre la apertura de las misiones diplomáticas, las mayores dificultades prácticas y burocráticas, pero solubles, radicaban en el problema bancario de la Misión de Cuba en Washington D.C. y la forma de implementar los preceptos establecidos por las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y Relaciones Consulares de 1963.

Si el primer paso fue de por sí complejo, aún más difícil será la extensa y variada agenda para avanzar hacia la «normalización», en la cual, entre otros, estarán presentes temas espinosos como la eliminación total del bloqueo, la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de Guantánamo, el cese de las trasmisiones radiales y televisivas (Radio y TV Martí), la compensación al pueblo cubano por los daños humanos y económicos, las compensaciones a personas naturales y jurídicas estadounidenses por sus propiedades nacionalizadas, etcétera.

Se ha especulado sobre la reversibilidad o irreversibilidad de este proceso, elemento medular en cualquier análisis sobre el particular. Quizás, lo más importante radica en lo que ocurra en Cuba: las transformaciones económicas y sociales, las decisiones que se adopten en materia de política interna y externa, incluidos el comercio exterior, el congreso del Partido Comunista (PCC) en abril de 2016 y el previsto relevo


generacional de la dirección política del país a partir de 2018. Por supuesto que, en el entorno doméstico de la Isla, influyen los acontecimientos que tienen lugar en el sistema de relaciones internacionales, y sobre todo en la región de América Latina y el Caribe.

Al mismo tiempo, en los Estados Unidos hay actores y factores que favorecen su reversibilidad y otros, por el contrario, indican su fortaleza. Entre las variables que pueden mencionarse como aspectos que pueden condicionar un retroceso encontramos, entre otros:

La decisión del presidente Obama es una orden 1. ejecutiva, y, por ende, cualquiera que llegue a la presidencia en el 2016, puede derogarla.El limitado tiempo político que le queda a la 2. Administración no permite su consolidación mediante la aprobación por parte del Congreso de proyectos que varíen la ecuación mediante la aprobación de enmiendas o derogación de leyes. Es decir, es improbable que antes de noviembre del 2016 se logre una modificación sustancial de las leyes que sustentan la política de hostilidad, particularmente la Ley Helms-Burton de 1996, entre otras. Con el dominio republicano en ambos hemiciclos del Congreso federal, el panorama resulta incierto para aventurarnos a pronosticar la posibilidad de que se aprueben modificaciones en las legislaciones vigentes, que regulan las sanciones punitivas económicas más importantes contra Cuba, es decir, el bloqueo económico, comercial y financiero. Esto se conjuga, además, con el mantenimiento de los fondos oficiales para la «promoción de la democracia en Cuba» como parte de la filosofía del cambio de régimen.La fragilidad de las relaciones de seguridad entre 3. los dos países, sujeta a provocaciones que pudieran ser eventos de poca probabilidad, pero de inmenso impacto (por ejemplo, la del 24 de febrero de 1996). Al respecto, incluso el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro Ruz, alertó: Ambos gobiernos debemos adoptar medidas mutuas para prevenir y evitar hechos que puedan afectar los progresos en la relación bilateral, basados en el respeto a las leyes y el ordenamiento constitucional de las partes.

Los oponentes en el Congreso al proceso de 4. «normalización» de relaciones tienen capacidades de impactar y maniobrar en el intento de revertir el proceso. De hecho, los legisladores cubanoamericanos y sus aliados naturales, conservadores de extrema derecha, pueden obstruir la asignación de fondos para las operaciones de la embajada de los Estados Unidos en Cuba, introducir enmiendas o proyectos de ley que intenten revertir las medidas ejecutivas o reducir sustancialmente su alcance, incorporar condicionamientos a los proyectos de

ley de asignaciones de diferentes departamentos y agencias del gobierno, e incluso proponer que se arrecie el bloqueo. En el Senado, la aprobación del nombramiento del embajador de los Estados Unidos en Cuba puede ser obstaculizada. Las acciones legislativas, sin embargo, pueden enfrentar el veto presidencial. Todos los posibles candidatos a la nominación 5. republicana, que se han pronunciado al respecto a tres meses de los anuncios (Jeb Bush, Mike Huckabee, Chris Christie, Rick Perry, Ted Cruz, Marco Rubio, Scott Walker), con excepción de Rand Paul, consideran negativas y erráticas las acciones del Ejecutivo demócrata. Los senadores cubanoamericanos que ya iniciaron sus campañas electorales, Cruz y Rubio, exigen una agenda de carácter agresivo y fundamentos neoconservadores hacia la Isla, pero también tendrán que enfrentar daños a su capital político en el futuro. Es de esperar, entonces, que Cuba devenga en argumento electoral republicano y ejemplo de los fracasos de la política exterior de Obama, sobre todo en relación con América Latina y el Caribe.Las encuestas en el Sur de la Florida reflejan 6. tendencias contradictorias en cuanto al proceso iniciado el 17 de diciembre del 2014. La pesquisa realizada en febrero de 2015 por la firma Bendixen & Amandi International con el patrocinio de El Nuevo Herald, The Miami Herald y The Tampa Bay Times, arrojó que solo 44% de los encuestados de origen cubano estaba de acuerdo con el anuncio del Presidente, mientras que 48% disentía. No obstante, los cubanoamericanos nacidos en los Estados Unidos apoyan en 64% y 53% de los inmigrantes estaban en desacuerdo. Esta misma casa encuestadora realizó un nuevo sondeo en marzo de 2015, a una muestra de 400 cubanoamericanos o personas de origen cubano a nivel nacional, que arrojó que 51% apoyaba el proceso. Al respecto resulta revelador que en la medida en que el proceso prospera, el sostén a la política aumenta. Esto refleja los cambios demográficos y etarios de la comunidad cubana asentada en los Estados Unidos, pero también en el sur de la Florida, particularmente las posturas respecto a las relaciones con la Isla de los migrantes cubanos que llegaron a partir de la década de los años 90 y las actitudes de segunda y tercera generación. Es demostrativo que 60% de los menores de 50 años favorecen las medidas. Sin embargo, el sondeo también proyecta una contradicción singular: la mayoría de los entrevistados favorece el mantenimiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, en contraposición a las encuestas nacionales. Al mismo tiempo, los encuestados en la Florida solo apoyan la política


anunciada por Obama en 41%, mientras que en el resto del país los cubanoamericanos la favorecen en 69%, más a tono con el sentir de los sondeos a nivel federal.Por otra parte, los indicadores de una tendencia a

la irreversibilidad son, entre otros:Todas las encuestas nacionales (ocho después 1. del 17 de diciembre de 2014 hasta el 2 de abril de 2015) muestran que alrededor de 60% de los estadounidenses apoya la «normalización» de las relaciones e incluso el levantamiento del «embargo comercial». Si se analizan los partidos, de acuerdo con un sondeo de la firma Pew, realizado del 7 al 11 de enero de 2015, aproximadamente 74% de los demócratas y 67% de los independientes secunda la decisión, mientras que los republicanos están más divididos con solo 40% a favor. No obstante, según encuesta de la firma Benenson Strategy Group & SKD Knickerbocker, realizada entre el 26-27 de febrero de 2015, y aplicada entre 1 032 votantes registrados, 64% respalda la eliminación del «embargo», cifra que coincide con la posición de los independientes, mientras que 74% de demócratas lo favorece y los republicanos lo aprueba en 51%. Es un escenario que se proyecta positivo para 2. «avanzar hacia el proceso de normalización», apoyado bipartidistamente por miembros del Congreso, sectores sociales progresistas, los grandes medios de comunicación, y por una gran cantidad de personalidades, académicos, tanques pensantes, asociaciones religiosas y grupos empresariales, interesados en el mercado cubano.En el discurso del Estado de la Unión de enero 3. del 2015, lo cual refleja su prioridad política, el presidente Obama instó al Congreso a poner fin al «embargo». Esto ha sido apoyado por legisladores de ambos partidos, que han presentado varios proyectos de ley para la eliminación total o parcial del bloqueo, en particular, la anulación de barreras para el comercio agrícola y la aprobación de créditos privados (H.R. 274, H.R. 403, H.R. 738, H.R. 635, S. 491) y las restricciones de viajes a Cuba (H.R. 634; H.R. 664, S. 299). Además, la representante Betty McCollum propuso un proyecto de ley para eliminar las trasmisiones de Radio y TV Martí (H.R. 570). En el Senado, una coalición de demócratas y algunos republicanos, que representan poderosos intereses empresariales estiman que pueden lograr el voto para la aprobación de algunas de estas propuestas y se estima que el proyecto relativo a la libertad de viajes tiene mayores posibilidades. En la Cámara de Representantes no existe tanta certeza. Los sectores de negocios y empresariales de los 4. Estados Unidos pueden devenir un motor de

cambio a favor del levantamiento del bloqueo dentro de las estructuras de su sistema político. Por ahora, y a solo siete meses de los anuncios del 17D, las industrias más activas son agroindustrial —que estableció la Coalición de Agricultores de los Estados Unidos por Cuba—; telecomunicaciones; viajes (turismo, cruceros, líneas aéreas, vuelos privados, etc.); medio ambiente y energías renovables; construcción y materiales de la construcción; portuaria; entretenimiento; arte; deportiva y farmacéutica. La entrada en acción del nuevo grupo de presión bipartidista Engage Cuba, que representa a colosales sectores de negocios y organizaciones no gubernamentales, es, quizás, el pináculo de la concertación de esfuerzos para ampliar las relaciones con la Isla.En la medida en que poderosos grupos políticos y 5. económicos de los diversos sectores de la sociedad estadounidense, incluidos los «cubanoamericanos de tendencia moderada», consideren que estas acciones favorecen sus heterogéneos intereses se crea un «consenso del establishment», que permite no solo apoyar y cabildear para profundizar en los cambios de política del Ejecutivo, sino que simplemente elevan el costo político a cualquier agrupación o individuos, cuyo programa aliente el retorno a una política que, a decir de ellos mismos, ha resultado fallida.A pesar de que los años electorales a la presidencia 6. se han caracterizado por ser extremadamente negativos para la política hacia Cuba (por solo mencionar los más recientes, recordemos 1992, 1996, 2004), los comicios de 2016 pueden resultar diferentes. El tema Cuba no debe convertirse en centro de polémica, ni es asunto prioritario para los votantes a no ser para un sector específico de cubanoamericanos en el importante estado de la Florida por su peso en el Colegio Electoral. La opinión pública nacional apoya el proceso, y si las diversas agrupaciones, grupos de interés y sectores, que alientan el proceso, emprenden acciones enérgicas de cabildeo, incluida la canalización de fondos, se elevan los costos políticos a quienes propongan la reversión. Sin dudas, los comicios de 2016 tendrán una importancia singular en las relaciones Cuba-Estados Unidos. En estos momentos, cuando faltan aún más de dieciséis meses y reconociendo las complejidades y particularidades de las elecciones, resulta aventurado pronosticar los resultados. En el escenario de que Hillary Clinton u otro demócrata gane los comicios, el avance hacia la «normalización», bajo la doctrina del Smart Power, continuará. La propia exsecretaria de estado Clinton, en su libro Hard Choices aconsejó al presidente Obama a levantar o relajar «el


embargo, pues no estaba alcanzando sus metas». Por otro lado, si gana uno u otro de los candidatos republicanos, el proceso se puede complicar en algunos aspectos, dependiendo de quien resulte electo. Sin embargo, y dado el pragmatismo que los caracteriza, si los republicanos se alzan con la victoria presidencial, pero se logra elevar los costos a quien se atreva a proponer la reversión, una vez terminada la contienda electoral, el proceso de «normalización» debe continuar progresando, aun cuando será más susceptible a límites y obstáculos políticos y de carácter judicial.En esta ecuación, la decisión del Departamento de 7. Justicia de presentar catorce cargos por corrupción y soborno contra el senador Robert Menéndez (NJ) es trascendente, pues lo neutraliza. Menéndez ha dejado, temporalmente, su cargo como demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores. Al ser miembro del partido demócrata, su oposición al diálogo con Cuba era usualmente interpretada como una posición bipartidista a favor de mantener la política de hostilidad y enfrentamiento en toda línea. Aún el presidente Obama tiene facultades ejecutivas 8. para flexibilizar más el bloqueo y los viajes. Entre otras, puede permitir el otorgamiento de créditos privados, el uso del dólar en transacciones financieras internacionales, los viajes individuales bajo la licencia «pueblo a pueblo», los viajes por vía marítima, etc. Además, puede eliminar la prohibición respecto a la adquisición por Cuba en otros mercados de equipos y tecnologías que tengan más de 10% de componentes de los Estados Unidos, a las importaciones de mercancías que contengan materias primas cubanas, y autorizar a otros sectores de la economía de los Estados Unidos todo lo que se permite en el ámbito de las telecomunicaciones, entre otras.Al mismo tiempo, las conversaciones y contactos 9. no gubernamentales, familiares, interpersonales, profesionales, culturales, académicos y científicos, entre otros, se amplían, lo cual también beneficia la mejoría de relaciones entre dos países que comparten no solo un espacio geográfico, sino también la historia y la cultura.A la vez que amplifica el entendimiento, el entorno

permite un marco de cooperación para enfrentar temas bilaterales y multilaterales de interés común en múltiples áreas, y entre los que destacan asuntos de seguridad, vista de manera holística y no circunscrita a la securitización, sino más bien con un enfoque multidisciplinario y estratégico que haga énfasis en la prevención de las causas de incertidumbre. Destacan asuntos como:

La lucha contra el terrorismo.1. La lucha contra el crimen trasnacional organizado, 2. particularmente:

Tráfico de drogas ilícitas, estupefacientes y a. sustancias sicotrópicas y delitos conexos;lavado de dinero;b. trata de personas;c. tráfico ilegal de migrantes;d. falsificación de dinero y documentos;e. tráfico ilícito o el robo de obras de arte y de f. patrimonio y sus delitos conexos.

La lucha contra pandemias y enfermedades 3. infecciosas a favor de la salud.La prevención, protección y conservación ecológico-4. ambiental, de los mares comunes y ecosistemas compartidos. En esta esfera se puede pensar en:

La gestión de prevención, protección, a. conservación y manejo de crisis en la protección marítima y las zonas costeras de manera sostenible para reducir los riesgos y las vulnerabilidades; la prevención, predicción y protección de la b. población y los seres vivos en caso de eventos sísmicos y meteorológicos severos, catástrofes naturales, accidentes para minimizar las consecuencias nocivas y proteger y recuperar la infraestructura;la contribución conjunta en la ciencia y c. tecnología meteorológica y sísmica para apoyar las investigaciones; la prevención, preparación, protección y d. recuperación de los efectos de desastres naturales (huracanes, terremotos, etc.) y accidentes (derrames de hidrocarburos de tanqueros o plataformas de prospección y explotación, químicos, etc.);la gestión de la pesca y la salvaguardia de las e. aves marinas y migratorias; la evaluación y protección de la calidad del f. agua y el tratamiento de aguas contaminadas y residuales en los mares comunes.

Los efectos del cambio climático.5. La seguridad de pasajeros y carga en puertos aéreos 6. y marítimos.La ciberseguridad.7. Este complejo proceso tendrá como telón de fondo,

además, la implementación de las medidas ejecutivas en vigor desde enero y febrero de 2015, las cuales si bien están dirigidas al cambio de régimen cubano, al mismo tiempo constituyen indicadores esenciales para evaluar el alcance de los retos, pero también de las oportunidades que se le presentan a Cuba, enfrascada en la actualización del modelo económico y


la descentralización de facultades desde los ministerios hacia el sistema empresarial.

A pesar del mantenimiento del bloqueo, la posibilidad de un comercio restrictivo y prácticamente unilateral en muy pocos sectores económicos (agroindustrial, medicinas y equipos médicos y las telecomunicaciones), y la intención de promover el cambio de régimen a través del apoyo a sectores de la sociedad cubana, que considera motores a favor de sus intereses, las regulaciones administrativas abren ventanas de oportunidades y consiguientes retos.

Al mismo tiempo, deberán probarse en la vida práctica, y, por ahora, persisten altos niveles de incertidumbre en cuanto a su alcance y forma concreta de implementación, todo lo cual deberá seguir siendo estudiado. Las medidas refieren que el gobierno de los Estados Unidos:

Autoriza la exportación a Cuba de tecnología 1. de telecomunicaciones e Internet y servicios adicionales para las comunicaciones basadas en Internet para el establecimiento de instalaciones comerciales de telecomunicaciones entre Cuba y los Estados Unidos, de Cuba con terceros países y en el interior de la Isla.Aprueba la venta comercial de ciertos artículos 2. que contribuyan a la capacidad del pueblo cubano de comunicarse dentro de Cuba, con los Estados Unidos y con el resto del mundo. Permite las ventas comerciales, así como las 3. donaciones, la exportación y reexportación de dispositivos de comunicaciones software, aplicaciones, hardware, servicios y artículos para el establecimiento y actualización de los sistemas relacionados con las comunicaciones que permiten el flujo de información, tales como computadoras personales, teléfonos móviles, televisores, dispositivos de memoria, dispositivos de grabación y programas de consumo.Autoriza las exportaciones de: a) materiales 4. de construcción, equipos y herramientas para el uso del sector privado en la construcción o renovación de los edificios de propiedad privada, incluyendo residencias, empresas, lugares de culto, y la construcción en el sector privado para uso social o recreativo; b) herramientas y equipos para la actividad agrícola privada; y c) herramientas, equipos, suministros e instrumentos para uso del sector cuentapropista. Las regulaciones no se refieren a la entidad importadora ni implementadora dentro del país, solo hacen alusión a los destinatarios finales.Establece la posibilidad de la exportación 5. y reexportación de artículos donados y su exportación temporal, así como la reexportación de artículos para su uso en actividades científicas,

arqueológicas, culturales, ecológicas, educativas, de preservación histórica, o deportivas. Los viajeros podrán, además, traerlos a Cuba.Permite a los viajeros exportar temporalmente 6. a Cuba artículos para su uso en la investigación profesional a tiempo completo. Las actividades o la investigación no deben estar relacionadas con elementos o artículos controlados en la Lista de Municiones o en la Lista de Control de Comercio de los Estados Unidos.Autoriza la exportación y reexportación de 7. artículos para el uso por parte del personal de los medios de comunicación y agencias de noticias de los Estados Unidos.Formaliza la posibilidad de que se presenten 8. solicitudes para la exportación o reexportación de bienes destinados a la protección del medio ambiente y al mejoramiento de la calidad internacional del aire, agua o costas, incluidos los que tributan a la eficiencia energética. Permite a los ciudadanos y residentes de los 9. Estados Unidos viajar a Cuba, si califican entre las doce categorías existentes, mediante licencia general. Esto posibilita una ampliación sustancial de viajeros provenientes de los Estados Unidos y de los ingresos asociados. Elimina los límites en la cantidad de dinero que los 10. estadounidenses pueden gastar a diario en Cuba, así como en el tipo de mercancías en que pueden invertir su dinero. Autoriza el uso de tarjetas de débito y crédito 11. estadounidenses en la Isla.Permite a las instituciones estadounidenses abrir y 12. mantener cuentas de corresponsalía en entidades financieras de Cuba para facilitar el procesamiento de las transacciones autorizadas.Aprueba que los estadounidenses que visiten Cuba 13. lleven a su retorno hasta 100 dólares en productos de alcohol y tabaco de un total de 400 dólares de bienes importados.Autoriza a que las agencias de viajes y las aerolíneas 14. de los Estados Unidos provean, respectivamente, servicios de viajes y de transporte aéreo a Cuba sin necesidad de una licencia especial.Permite que los viajeros porten con ellos hasta diez 15. mil dólares por concepto de remesas familiares, para instituciones, incluidas las religiosas, y para estudiantes de visita en Cuba (siempre que se disponga de una licencia educativa). El límite en los envíos de remesas a nacionales 16. cubanos, salvo a ciertos funcionarios del gobierno y el Partido Comunista, se eleva de 2 000 a 8 000 dólares anuales (a razón de 2 000 cada trimestre, en lugar de 500).


Permite, sin límite alguno y bajo una licencia 17. general, el envío de remesas a ciudadanos cubanos para proyectos humanitarios, de apoyo al pueblo cubano, o desarrollo de negocios privados. Estas remesas, según las regulaciones, deben estar direccionadas a proyectos humanitarios en Cuba o en relación con el país, que hayan sido diseñados con el fin de

beneficiar directamente al pueblo cubano [...] apoyar al pueblo de Cuba mediante actividades de organizaciones reconocidas de derechos humanos, organizaciones independientes, dirigidas a promover una transición rápida y pacífica a la democracia, a individuos y organizaciones no gubernamentales, que promuevan la actividad independiente como forma de fortalecer a la sociedad civil en la Isla, y a respaldar el desarrollo de empresas privadas, incluidas las de pequeños agricultores.

Se autorizan proyectos de microfinanciamiento de pequeños negocios y operaciones agrícolas privadas, así como de adiestramiento empresarial.Permite a las instituciones bancarias, incluidos los 18. intermediarios o agentes de valores y transmisores de dinero registrados en los Estados Unidos, procesar las remesas autorizadas a Cuba sin tener que solicitar una licencia específica.Permite a las aseguradoras estadounidenses dar 19. cobertura a las pólizas de seguro de viaje. Los servicios relacionados con la salud y los seguros continúan siendo permitidos para los residentes en los Estados Unidos autorizados a viajar a Cuba.Autoriza a las entidades de propiedad estadounidense, 20. o controladas por los Estados Unidos en terceros países, incluidos los bancos, a proveer bienes y servicios a un nacional cubano o persona radicada fuera de Cuba, siempre que la transacción no implique una exportación de bienes o servicios comerciales hacia o desde Cuba.La Oficina de Control de Activos Cubanos del 21. Departamento del Tesoro (OFAC) autoriza, mediante licencia general, las transacciones relacionadas con conferencias y eventos en terceros países, donde asistan nacionales cubanos.Autoriza, mediante licencia general, a los buques 22. extranjeros que han participado en determinadas operaciones comerciales en Cuba a ingresar a los Estados Unidos en el transcurso de los 180 días subsiguientes.

Redefine la interpretación ejecutiva de «efectivo 23. por adelantado» para el pago por la venta de productos agrícolas, que se mantiene como ley. El Departamento de Tesoro cambió la regulación y de «pago en efectivo antes del envío» pasa a ser «pago en efectivo antes de la transferencia de titularidad y control de la propiedad».Autoriza, mediante licencia general, las transacciones 24. relacionadas con Cuba por parte de empleados, beneficiarios y contratistas del gobierno de los Estados Unidos, gobiernos extranjeros y ciertas organizaciones internacionales en sus capacidades oficiales.Actualiza un viejo listado (28 compañías, once 25. embarcaciones y seis individuos) y elimina de la llamada lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) por OFAC, a grupos o individuos controlados o relacionados con países sometidos a sanciones y cuyos activos son bloqueados y se les prohíbe negociar con los Estados Unidos. Sin embargo, más de trescientas entidades y personas relacionadas con Cuba se mantienen en la lista, desde la Empresa Naviera Mambisa, la corporación CIMEX, una sucursal en Londres del Banco Nacional de Cuba, hasta decenas de sitios en Internet de viajes a Cuba y venta de tabaco cubano.Permite que los estadounidenses importen 26. bienes producidos por los pequeños y medianos empresarios cubanos con licencia de cuentapropista, amén de que queda por resolver el asunto de las tarifas. Se incluyen artículos como perfumes, jabones, velas, productos fotográficos, bisutería, artesanía y productos de madera, algunos metales, piel, plástico o goma, algunos textiles, zapatos, productos de cerámica y de vidrio, entre otros. Se mantienen límites para la importación de productos de animales, vegetales, comidas preparadas, minería, tabaco y alcohol (ya regulado solo para los viajeros autorizados), textiles de lana o seda, algunos metales, maquinaria y electrodomésticos, equipos de transporte y armas de fuego, entre otros. Las empresas o personas en los Estados Unidos que importen productos hechos en Cuba deben tener prueba de que la importación procede de un cuentapropista y no de empresas estatales. Un estimado sobre los ingresos de estas importaciones no se ha realizado.

Se ha especulado sobre la reversibilidad o irreversibilidad de este proceso [...] Quizás, lo más importante radica en lo que ocurra en Cuba: las transformaciones económicas y sociales, las decisiones que se adopten en materia de política interna y externa, incluidos el comercio exterior y el relevo generacional de la dirección política del país a partir del 2018.


Autoriza la importación de servicios prestados 27. por cuentapropistas en Cuba, y la persona o empresa estadounidense que importe servicios desde Cuba debe mantener copia de la licencia del cuentapropista que le ofrece el servicio. Aunque no se cuenta aún con un estudio detallado

del impacto de todas las medidas listadas, que las aborde de manera holística y multifactorial y determine con precisión la sinergia que provocaría sobre la economía cubana, sí es posible enunciar algunos elementos que parecen elocuentes:

Algunos cálculos preliminares, muy conservadores, •que parten de la premisa de que no se establecerán los vuelos regulares de inmediato, indican que para 2015 las visitas provenientes de los Estados Unidos aumenten en 50 mil viajeros más que en 2014 (aproximadamente 477 767 cubanoamericanos y estadounidenses), lo cual puede reportar ingresos brutos entre 50 y 100 millones de dólares para el país. Por otro lado, si se restablecen los vuelos regulares y se eliminan las prohibiciones de viajes, se espera un millón y medio de pasajeros estadounidenses anuales. No existen estudios que arrojen un estimado sobre el efecto de la medida que permite que cada viajero porte hasta 10 000 dólares por concepto de remesas, pero esto significa un aumento de dinero para instituciones en Cuba de distintos signos y negocios privados, dirigidos tanto al consumo, al capital y a promover y apoyar acciones de agrupaciones contrarias al gobierno cubano.Se ha estimado que el incremento de las remesas a •nacionales cubanos a 8 000 dólares anuales (antes era 2 000) represente a corto plazo un ingreso de más de 2 500 millones anuales, para consumo y capital.El envío de remesas sin límites a ciudadanos cubanos •para proyectos humanitarios, de apoyo al pueblo cubano, o desarrollo de negocios privados es un reto para Cuba, en tanto está dirigido fundamentalmente a influir a su favor en la sociedad cubana. Aun cuando se pretende beneficiar a sectores que ellos consideran como motores del cambio político y económico en Cuba, esta medida gestionada, convenientemente, pudiera proporcionar un aumento de capital a ser usado positivamente en la economía nacional por el sistema empresarial cubano. Este puede aprovechar a su favor estas oportunidades, de manera que se combinen las ventajas de la empresa estatal socialista con las posibilidades del sector cuentapropista en el país.Al mismo tiempo, el mantenimiento del bloqueo

económico, comercial y financiero de los Estados Unidos y el vigor de las leyes sobre la base del cual se asienta, permite un mayor escrutinio, persecución e imposición de sanciones a entidades financieras de

terceros países con negocios con Cuba, lo cual dificulta las transacciones financieras.

Las medidas de la administración de Barack Obama están tomando en cuenta el contexto doméstico cubano. En cuanto a la economía, es central el proceso de actualización del modelo económico, en el cual resulta estratégica la determinación de normalizar el pago del servicio de la deuda y aumentar los flujos financieros externos, especialmente la inversión extranjera directa. Al mismo tiempo, la decisión del gobierno de Rusia de cancelar 90% de la deuda cubana (31 700 millones de dólares), así como la renegociación con Japón, México y China sobre el particular son variables esenciales. En esta ecuación, la Zona Especial de Desarrollo de Mariel es clave. Todo esto debe incrementar la eficiencia de las organizaciones productivas y del sistema económico en su conjunto. El éxito de este complejo proceso requiere también de una inyección tecnológica. La Ley de la Inversión Extranjera de 2014, los recursos legales que la materializan y la cartera de oportunidades deben conducir a estimular las inversiones de capital provenientes del exterior, incluyendo la promoción del interés de potenciales inversionistas de los Estados Unidos, cuyos sectores económicos, con excepciones como el agroindustrial y las telecomunicaciones, tienen prohibido participar por ley. Resulta demostrativo que el Moody’s Investors Service calificó en febrero de 2015 la nota soberana de Cuba en «Caa2», muy adentro en la categoría especulativa, como un panorama estable.

El nuevo entorno de las relaciones Cuba-Estados Unidos, unido a la decisión de renegociación de la deuda externa (Club de París, Club de Londres, Unión Europea, entre otros), y la atracción de capital extranjero, hace más atractivo el mercado cubano para los inversionistas foráneos. La expectativa de un eventual levantamiento del bloqueo de los Estados Unidos constituye, entre otros factores ya mencionados, otra razón para el impulso de nuevas iniciativas de negocios por empresarios de otros países, así como de instituciones como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), todo lo cual puede calificarse como una suerte de «efecto demostración» de la nueva situación creada.

Un estudio realizado en 2014 por Gary Hufbauer y Barbara Kotschwar, del Instituto Peterson para la Economía Internacional, concluyó que si el bloqueo se eliminara, las exportaciones de los Estados Unidos a la Isla podrían alcanzar los 4 300 millones de dólares al año. Según este informe, titulado «Economic Normalization with Cuba: A Roadmap for U.S. Policymakers», las exportaciones cubanas podrían, a su vez, ser de 5 800 millones de dólares anuales.

El aspecto comercial, financiero e inversionista, se cruza con otras interacciones donde destaca el


proceso de negociación para un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, cuya culminación está prevista para finales de 2015. Esto posibilita la participación y cooperación de instituciones europeas comunitarias o nacionales. Conjuntamente, fortalece el ya mencionado «efecto demostración», por lo cual se prevé un aumento de las relaciones comerciales y de las inversiones en Cuba, tanto del bloque comunitario como de sus países miembros, lo cual se debe potenciar a raíz de la cumbre Unión Europea-CELAC, en junio de 2015.

La visita del Papa Francisco a Cuba, camino a Washington, en septiembre de 2015, tanto desde el punto de vista político como simbólico, y tomando en cuenta el papel del Vaticano durante la diplomacia secreta entre Cuba y los Estados Unidos, es de especial significación como demostración de apoyo a un proceso que debe inclinarse hacia la irreversibilidad.

Al mismo tiempo, tiene lugar un fortalecimiento de la participación de Cuba en procesos políticos, de concertación e integración a escala global, continental y en el área caribeña. Destacan en la región de América Latina y el Caribe, declarada zona de paz, los espacios que proponen objetivos amplios de concertación como la CELAC, los de concertación con dinámicas integracionistas como ALBA-TCP, los de cooperación, como Petrocaribe, y los esquemas integracionistas como CARICOM, así como las relaciones estratégicas de Cuba con MERCOSUR y UNASUR.

En este sentido, es legítimo valorar la triangulación Cuba-Estados Unidos-Venezuela. Por un lado, la orden ejecutiva del presidente Barack Obama del 9 de marzo de 2015, según la cual declara a Venezuela como una «amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional y política exterior estadounidense», escaló innecesariamente las tensiones entre ambos países, y con la mayoría de los países de la región, casi un mes antes de la celebración de la Cumbre de las Américas de Panamá (abril de 2015). La decisión resulta un cálculo equivocado en la ecuación costo-beneficios y ha devenido bumerán. La determinación ejecutiva contra Venezuela afectó su estrategia de arribar a Panamá con el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Como resultado, Estados Unidos no llegó a la Cumbre con la fortaleza prevista, sino más bien vulnerable, lo cual le restó iniciativa y capital político.

Por otro, el manejo de crisis, previo a la magna cita por parte del equipo de política exterior y de seguridad de Obama, fue deficiente, aun cuando en las horas anteriores al inicio de la Cumbre se tomaron medidas y se brindaron explicaciones y argumentaciones que, finalmente, reconocían que Venezuela no era una amenaza. Los Estados Unidos trabajaron esmeradamente para «construir» un consenso y salvar

este cónclave de manera prioritaria, lo cual fue recogido en la Estrategia de Seguridad Nacional del 2015. El gobierno se afanó para que no se frustrara, en peligro si no se emitía una invitación oficial al gobierno cubano. El cálculo era estratégico en tanto su política hacia Cuba había terminado aislándolos en el continente, pero su accionar errático hacia Venezuela y el apoyo continental contra su decisión dañó su interés nacional.

No obstante, la decisión de restablecer relaciones entre Cuba y los Estados Unidos fue valorada, de manera unánime, por todos los países de la región como algo extremadamente positivo, y constituye un parteaguas en las relaciones interamericanas en las cuales la región de América Latina y el Caribe en su diversidad y pluralidad está reacomodando sus posiciones. Sumergida en la búsqueda de soluciones a problemas acuciantes, ha creado espacios regionales y subregionales de diferentes signos y con énfasis diversos y prioridades muy diferentes a las esbozadas por el tradicional sistema panamericano, liderado por Estados Unidos de América.

Por último, Cuba está llamada a implementar su nuevo diseño estratégico ante esta nueva coyuntura, y para aquellos internacionalistas que consideran a Tucídides el padre del realismo político, ojalá que el axioma de que el poderoso hace lo que quiere y el más débil lo que puede, sea roto en esta nueva etapa.

Intercambios bilaterales y modelos de relaciones Cuba-Estados Unidos: la dimensión económicaJorge Mario Sánchez EgozcueCentro de Investigaciones de la Economía Internacional (CIEI), Universidad de La Habana.

Voy a enfocar dos aspectos. El primero se refiere a las dinámicas derivadas de todo el proceso de normalización de relaciones con los Estados Unidos, caracterizada por una expansión de vínculos que no cabían en los modelos precedentes; y sus implicaciones para la sociedad cubana. El segundo se refiere a algunos mecanismos y prácticas establecidas por nuestra parte, que no solo están siendo desbordados, sino que generan nuevas vulnerabilidades. Trataré de hacerlo de la manera más compacta posible.

En cuanto a las remesas, en los años 90 llegaron a constituir la tercera fuente de ingresos de la economía cubana. Según los estimados de diferentes estudios, estos flujos se situaban en el entorno de los dos mil millones de dólares. Su concentración reflejaba el patrón migratorio cubano hacia los Estados Unidos; es decir, mayoría de jóvenes, blancos, con nivel de calificación


profesional universitaria o técnica, generalmente provenientes de familias urbanas. Alrededor de 60% de las remesas, entonces, las recibían los dos deciles de la población cubana de mayores ingresos. Por lo tanto, se manifestaba un factor de exclusión territorial y racial que no podía ser resuelto desde el marco vigente de políticas sociales homogéneas. Estos eran rasgos dominantes en la década de los 90, cuando las remesas, casi en su totalidad, complementaban el consumo de las familias que las recibían, y ayudaban a paliar la escasez y los efectos derivados de la aguda crisis que siguió al desplome del campo socialista. Estaban concentradas en ese entorno sociodemográfico y asociadas a un proceso incipiente de re-estratificación socioeconómica.

A partir del año 2000, cambia drásticamente ese perfil, se amplia y diversifica en cuanto a destinos y estructura social. Se aprecia entonces un aumento en la cantidad de profesionales calificados que van hacia Europa, América Latina o Angola. Las remesas no se limitan a compensar el consumo directo de la familia; aparecen nuevos usos y actores, ahora como capital de inversión en micro-escala, para apoyar negocios privados, el incipiente mercado inmobiliario, operaciones comerciales rudimentarias, o proveedores de insumos y bienes para el creciente sector privado. A manera de muestra: en los últimos dieciocho meses, abrieron trescientos noventa y tantos restaurantes solo en ciudad de La Habana, de los cuales se ha estimado que al menos 65% del capital de inicio proviene de la emigración. Por lo tanto, es un hecho que, antes de los anuncios del 17 de diciembre, ya estaba en marcha esta reorientación hacia la micro-inversión y el capital de inicio de negocios, como respuesta a los cambios internos. Las nuevas medidas adoptadas por Obama en este terreno (extensión de los límites de remesas permitidos, de 500 dólares norteamericanos por persona, cada trimestre, a 2000, no restringidas a cubanoamericanos, sino incluyendo a los otros ciudadanos norteamericanos) han contribuido a acelerar y profundizar estos procesos, con su efecto colateral en la polarización de ingresos y la re-estratificación social.

Otro tópico se refiere a las estimaciones y proyecciones, según algunos ejercicios de simulación, que construyen escenarios de relaciones económicas entre los dos países, basadas en la apreciación técnica, algunas más realistas que otras, a partir de supuestos y enfoque diversos. Desde la década de los 90 ya se comenzó a presentar trabajos como los del Banco Interamericano de Desarrollo y del Centro de Estudios Estratégicos de Washington, que caracterizan las fortalezas y amenazas latentes para una reinserción cubana, comparándolas con las áreas de productos principales y los sectores más dinámicos en el comercio

internacional, es decir, los que impulsan el crecimiento y el desarrollo en las economías.

Para este último estudio, en particular, no se utilizaron los datos del desempeño real de Cuba, en su lugar se hizo una simulación, que utilizaba a tres países de la región, que al agruparse daban un perfil compuesto muy similar al cubano, y permitían identificar referentes sobre las respuestas esperadas sin las restricciones del bloqueo. Primer punto a destacar: la efectividad de las simulaciones (cuando se examina el contraste entre el desempeño real cubano y el de esta simulación), exceptuando el impacto asociado a las exportaciones de la producción azucarera —que después del desplome socialista realmente nunca se ha recuperado—, en el resto de las áreas de comercio se constata que la capacidad de ajuste es notablemente cercana al desempeño real. Solo hay otro factor de discrepancia asociado a las exportaciones de manufacturas, ya que en Centroamérica hay un elemento de diferenciación importante, vinculado a los programas especiales de acceso a inversiones y al mercado norteamericano de tecnologías de la información, área en la que Cuba no tiene ninguna presencia actual ni posibilidades reales a corto plazo, debido al atraso tecnológico de la matriz productiva y otras insuficiencias. De manera que en los precedentes utilizados ahora para construir escenarios, debe considerarse que el margen de error no es tan desafinado como algunos tienden a asumir.

Otro elemento clave sobre las percepciones y reacciones generadas acerca de futuras negociaciones entre los dos países es el bloqueo. Su núcleo duro son cuatro instrumentos legales, además de muchísimas normativas y otros instrumentos —como ya señaló antes Soraya. Limitándonos a las atribuciones del Congreso, son cuatro las leyes que comprenden el núcleo principal: la Ley de Control de Activos Extranjeros, de 1963; la Ley Torricelli, de 1992; la Helms-Burton, de 1996, y la que permite las exportaciones de alimentos, desde los Estados Unidos hacia Cuba, de 2000. Lo esencial —en términos de proyectar con realismo opciones viables— es que no son lo mismo las iniciativas o normas de agencias gubernamentales, que las políticas o las leyes. Lo más importante en el entramado legal, de acuerdo con lo que aseveran los expertos norteamericanos en jurisprudencia, es que no hay precedentes políticos ni técnicos en el Congreso para remover completamente una ley. Lo que se ha hecho con leyes ya institucionalizadas es modificar o transferir secciones o partes de su contenido, en lugar de una acción drástica de desmantelamiento total; menos aún de cuatro leyes. Se trata de una restricción a corto y mediano plazo, lo que significa que ahora resulta determinante lo que se puede avanzar en las conversaciones entre los dos gobiernos, sobre temas específicos, antes de que se desarrolle la


campaña presidencial. Por lo pronto, está muy claro en el documento donde se formaliza el anuncio oficial de la Casa Blanca sobre los cambios; es decir, de la interpretación o aplicación de la ley por la vía de la autoridad ejecutiva, ya que no se ha tratado aún de modificar la legislación, que sigue intacta.

Estamos hablando de más de 1 200 normativas y regulaciones entrecruzadas. Una sola, «Restricciones de viajes», cruza cuatro leyes, por lo menos en dos o tres capítulos, y varias secciones. Ahí hay un trabajo pendiente por parte de la academia cubana —no solo juristas, sino economistas, politólogos— sobre este aspecto, del cual se conoce muy poco.

Si tomamos el tema de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, tenemos el caso de Habana Club. Una de las leyes establece que ninguna institución o ciudadano cubano tiene derecho a presentarse en los tribunales de los Estados Unidos para reclamar sus derechos. En la sección 211 de la ley de 1999 (Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act) se niega a los reclamantes extranjeros la posibilidad de registrar o renovar derechos sobre marcas si estas están asociadas a propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano; mientras que en la notificación de julio de 2008 de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC), se prohíbe a los dueños de las reclamaciones certificadas vender o transferir estas a compradores extranjeros sin un permiso especial.

Quizás sea útil explorar los mecanismos de solución puestos en práctica por los mexicanos, caribeños y otras naciones, que han sido muy efectivos para resolver algunos de esos problemas, entre los cuales están la propiedad intelectual y los derechos de uso, exhibición y distribución. Se trata de un asunto con otras derivaciones, que involucra desde la televisión cubana hasta las aplicaciones médicas. En la TV, la utilización de segmentos o programas enteros norteamericanos, como ocurre en espacios tan populares como «Pasaje a lo desconocido», y en otros muchos, se verá el alcance del problema. Por otro lado, es necesario proteger las marcas y patentes cubanas, desde la biotecnología hasta los productos culturales, porque de hecho resultan depredados. Para poner un ejemplo cercano, cuando especialistas cubanos hacen presentaciones a los grupos de norteamericanos que vienen de visita, muchas veces han sido filmados sin pedir consentimiento, y los encontramos luego en Youtube y otros medios; en algunos casos los mismos contenidos son presentados bajo otro nombre. Para proteger esta propiedad intelectual no se dispone de amparo financiero ni legal.

En cuanto a las percepciones y las encuestas, una de las pioneras es la del Consejo Atlántico. Mucho antes del 17 de diciembre, 56% de la población norteamericana

apoyaba el cambio de la política, 62% entre los latinos y 63% en la Florida; pero lo más significativo era que tres cuartos de la población norteamericana apoyaba procesos de concertación en temas de seguridad como el narcotráfico, el tráfico de personas y la protección medioambiental. Esos temas ya tenían, desde antes de desatarse el proceso, plena aceptación. Como es lógico, tras el anuncio se produce un efecto de reforzamiento y podemos ver en las encuestas sucesivas cómo estos valores ascienden.

Respecto a las sanciones financieras aplicadas a los bancos internacionales que se relacionen con Cuba, no ha habido ningún relajamiento. Está el caso del Banco de Comercio de Alemania, multado recientemente. El más conocido ha sido el de la multa aplicada al Banco BNP Paribas de Francia, la más alta en la historia de las sanciones financieras internacionales: ocho mil millones de dólares, tras haberse negociado, pues inicialmente se demandaban diez mil millones. Si seguimos el rastro desde una perspectiva más amplia, todos los bancos influyentes en las relaciones Europa-América Latina, o triangulares, entre los Estados Unidos y América Latina, que hayan tenido algún vínculo con la Isla, ya han sido amenazados o sancionados. De manera que no importa cuánto turismo o inversión venga por otras vías, este es un factor corrosivo, un ácido que hace muy difícil la reparación de daños, hasta tanto no se desmonte su fundamento político-legal.

En cuanto a los estudios de potencial de relaciones económicas bilaterales, hay algunos que vale la pena referir muy brevemente. La Universidad de Harvard publicó uno a inicios de 2000, hecho desde una perspectiva mixta, combinando la proyección bilateral con algunas consideraciones sobre los efectos en la región del Caribe. Después, los únicos dos estudios oficiales —encargados por el Congreso de los Estados Unidos a la Comisión Internacional de Comercio (USITC)—convergieron en esos resultados. El más reciente es el del Instituto Peterson en Washington, «La normalización de relaciones económicas con Cuba: una guía para los decisores de política», una de cuyas autoras, Barbara Kotschwar ,participó en el taller del CIPI en 2014. El epígrafe de ese estudio titulado «Una guía para los decisores de política» es, en mi opinión, una muestra de la tendencia aún prevaleciente hacia la simplificación. Aunque se trata de un estudio técnicamente impecable, está fundado en supuestos y elementos políticos de referencia ajenos a la realidad cubana, que reflejan un contacto muy limitado con los procesos de cambios internos, de manera que opera más con ideas llamadas en inglés wishful-thinking, es decir, poco realistas. Sin interacción local resulta difícil comprender realmente lo que está pasando en Cuba, para poder adecuar apreciaciones sobre límites y opciones.


Respecto a la matriz de referencia para proyectar percepciones de nuestro lado, veintinueve años después del colapso del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), la inserción internacional cubana es otra. La primera reorientación fue hacia Canadá y la Unión Europea como socios claves, con el turismo y las remesas como soporte de la economía; esta etapa se extendió catorce años. A partir de 2004 se entró en una nueva etapa, en la que, en lugar de relaciones comerciales y de inversión basadas en el mercado internacional, se pasó a una matriz diferente, centrada en acuerdos de gobierno a gobierno con China y Venezuela como socios principales; esta duró otros diez años.

Por otra parte, la población cubana ha seguido cambiando. Hoy, 82% de ella nunca conoció las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos; solo 18% —mayores de 60 años— podría recordar que antes había ferries que iban en la mañana hacia Miami, para regresar en la tarde. De manera que las percepciones de qué debe ser normal entre los dos gobiernos, entre las naciones y los pueblos, es una construcción, desde lo institucional hasta lo subjetivo en la mente de los ciudadanos, que requiere un proceso de adecuaciones recíprocas. Lo mismo ocurre del lado de los Estados Unidos.

En el caso del turismo, que es, junto a las remesas, uno de los canales más importantes que nos conecta actualmente, la capacidad total cubana se ha reportado en tres millones de visitantes. Comentaré algunos datos, aunque son del semestre pasado, pues recién salió el reporte anual, pero los cambios se mantienen sobre la tendencia apuntada. El primer mercado emisor de turismo para Cuba es Canadá, por encima de setecientos mil visitantes. El segundo es el de los cubanos residentes en el exterior, poco más de ciento setenta mil. Les siguen en importancia alemanes, ingleses, italianos, franceses, y los norteamericanos en el séptimo puesto. El año pasado, cuando aún no se veía venir este proceso, nos visitaron más de cien mil norteamericanos y unos trescientos mil cubanoamericanos; esto representó alrededor de 25% de la capacidad de aeropuerto en la Habana, sin hablar de los derrames hacia otros sectores. Según estimados mínimos oficiales de agencias de los Estados Unidos, por ejemplo, la Asociación de Agencias de Viajes, para el primer año (en condiciones de normalización plena,

no parcial, como tenemos ahora, con apenas solo doce categorías autorizadas después del anuncio de Obama), unos 850 mil visitantes. Los estudios de la Comisión Internacional de Comercio —el único estudio oficial encargado por el Congreso hasta ahora— dan como proyección la cifra de un millón cien mil visitantes para el primer año, con un incremento mínimo anual entre doscientos setenta mil y trescientos cincuenta y ocho mil , lo que representa, sin mucho esfuerzo, un tercio del mercado cubano.

Por consiguiente, la primera cuestión es la capacidad de absorción; y la segunda, cómo conectar esta posibilidad, en las nuevas condiciones, con la estrategia de desarrollo cubana. Una visión extrema es preguntarse si es conveniente que todo el mundo, o al menos una buena parte de la población, se convierta bajo esta proyección en «servidores de mojitos y tocadores de “La Guantanamera”». Estos escenarios tienen profundas implicaciones sociopolíticas en el proceso cubano de transformaciones, que no puedo abordar aquí en detalle.

A nivel de percepción, en la sociedad norteamericana el hecho de que el comediante Conan O’Brien hiciera un programa en Cuba, o de que Paris Hilton o Rihana vinieran de visita, parecen tonterías, pero el derrame que tiene hacia el ciudadano promedio, en términos de percepción y de cambios en la narrativa, es fundamental. Quiero resaltar algunos de esos puntos mencionados.

Primero, la dinámica del diálogo y los visitantes que ahora recibimos. Ya no es, en modo alguno, la del turista naif. Cada vez vienen más empresarios, hombres de negocios, personas educadas e informadas, con vínculos activos con organismos internacionales, organizaciones de todo tipo y gente del Congreso norteamericano; además, la demanda de diálogo ha subido mucho entre la población en general. Todo esto tiene un efecto considerable.

La mejor ilustración es la demanda de información sobre Cuba en los Estados Unidos, reflejada en Google. En el momento del anuncio de Raúl Castro y Obama sobre el inicio del acercamiento, las búsquedas sobre Cuba en los Estados Unidos tuvieron un pico brutal. Pero inmediatamente después, cuando las personas empezaron a buscar cómo hacer el contrato de hospedaje o la reserva del vuelo, lo único que recibieron

En las encuestas [...] la razón del éxito de la visita [de los norteamericanos a Cuba] es la interacción con los cubanos, en lugar del paseo, la playa o la música; el diálogo directo con los conferencistas, con la gente en la calle. Esta experiencia cambia drásticamente la percepción de qué es Cuba en un sentido muy favorable, pues sin desmontar mitos y estereotipos es imposible esperar que se establezca un diálogo fructífero.


fue un correo electrónico o debieron esperar a que la agencia los atendiera. Se aprecia cómo la caída inmediata de interés refleja el bache entre demanda y capacidad de respuesta por las insuficiencias internas de infraestructura. A pesar de esas limitaciones, entramos en una zona que yo llamé «el estrés hotelero» (overbooking o sobreventas), que se hizo visible poco después. El impacto de esa demanda sobresaturó la capacidad de los principales hoteles, con sus derivaciones inevitables en términos de habitaciones, transporte, guías, sector cooperativo y privado además del incentivo asociado hacia todos los proveedores mayoristas y los planes de desarrollo.

La característica que atraviesa a todas las agencias que están trayendo visitantes es que en las encuestas que les hacen cuando regresan a los Estados Unidos, la motivación más importante o la razón del éxito de la visita es la interacción con los cubanos, en lugar del paseo, la playa o la música; el diálogo directo con los conferencistas, con la gente en la calle. Esta experiencia cambia drásticamente la percepción de qué es Cuba, en un sentido muy favorable, pues sin desmontar mitos y estereotipos es imposible esperar que se establezca un diálogo fructífero.

El atractivo y el impedimento se ven claramente en el caso del mercado de reservación de viviendas conocido como Airbnb. En tanto Airbnb está conectado automáticamente con la tienda virtual Amazon.com, una vez difundido el anuncio y la aprobación acerca de las visitas a Cuba bajo licencia, cuando el cliente potencial va a Amazon y toca el botón que dice Cuba resulta que está desactivado; y, si estuviera activado, se enteraría de que la regulación sobre transacciones financieras le impide pagar online, porque es ilegal. Airbnb buscó una solución alternativa, mediante servicios intermedios de bancos y notificaciones por correo electrónico; pero eso es solo un parche transitorio; funciona, pero no es lo que debería ser.

Lo que está autorizado ahora es la expansión del límite de remesas, que los ciudadanos norteamericanos puedan usar sus tarjetas de débito y crédito, y que algunos bancos abran cuentas. Sin embargo, salvo en el caso del Stonegate, de Florida, que está respaldando las operaciones consulares cubanas de Washington, el resto aún no está implementado. De manera que es necesario esperar a que el proceso avance un poquito más para emitir una opinión, porque todavía es demasiado temprano. Aunque reconozco que no es correcto presentar la imagen reduccionista de «mojitos y Guantanamera», es cierto que persiste en el imaginario, junto a los autos viejos, como una de las motivaciones más importantes en la publicidad y la prensa, pero en la práctica está claro que no es eso lo que capta el reconocimiento.

Hay una compañía de cruceros que está ahora proponiendo contratos. Según explicó hace poco, en un taller sobre el tema, el colega José Luis Perelló, de la Facultad de Turismo, ese crucero tiene una capacidad de cinco mil pasajeros, más casi dos mil tripulantes, lo que equivale a diecisiete aviones 747, que aterrizaran al mismo tiempo en la plaza de San Francisco. Hay un efecto inmediato, a corto plazo, que no se debe minimizar. La capacidad de absorción cubana está severamente limitada por otros motivos, en particular el transporte, los almacenes y suministros.

Pasando a otro ángulo, la dinámica del sector de negocios y su actitud ante el Congreso cambió drásticamente. Hasta el momento del anuncio, los empresarios no necesitaban hacer lobby, lo que buscaban se podía lograr mediante la concesión de una licencia temporal para comerciar con Cuba, y una vez concedida, había beneficios singulares asociados. Uno de ellos era que el bloqueo los protegía de la competencia de las otras empresas norteamericanas sin licencia, además de que operaban sin riesgo financiero, debido al requerimiento de pagos adelantados en efectivo por el 100% del valor de los envíos. Finalmente, el acceso a mercado era sencillo, una vez firmado el contrato, el Estado cubano garantizaba la demanda en un paquete único, sin las complicaciones de tener que lidiar con múltiples empresas y procesos legales.

A partir de ahora se desata una situación completamente nueva: surge la percepción de que el que llega último pierde en el proceso; se produce, literalmente, una avalancha de propuestas y de visitantes cada semana, que refleja muy bien esa visión cambiada; y aparece con fuerza el factor de la competencia entre ellos por el acceso a Cuba.

Por último, un área de mayor importancia es la de las telecomunicaciones. Internet es uno de los elementos que tiene una profunda implicación social, económica y política. Iroel Sánchez y Raúl Garcés publicaron dos excelentes artículos sobre el tema que me ahorran mucho de lo que se puede decir al respecto, aunque no concuerdo en todo lo que exponen.

Es un hecho que la velocidad de descarga de Cuba es la más baja del Caribe; y la tasa de cobertura, según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas, es de 23%, una de las más bajas a nivel global. A reserva de los aspectos tecnológicos, políticos y de ciberseguridad, en la actualidad el aislamiento en el uso de internet resulta suicida, pues casi no hay esfera de la actividad humana que quede fuera de su alcance, sea sociocultural, sanitaria, medioambiental, educativa, etc. Este déficit se ha reconocido, y está en vías de implementación una política estatal que vaya proveyendo gradualmente infraestructura y acceso en los próximos años, hasta llegar a los niveles de cobertura señalados por el sistema de Naciones Unidas.


Sin embargo, en lo inmediato, la brecha actual puede inducir una apreciación que subvalore algunas reservas insuficientemente utilizadas. En el caso de Cuba, debido a que hay muchos profesionales especializados por una enorme inversión previa en capital humano, lo que prevalece como rasgo es una alta capacidad para filtrar y manejar la información, asociada con un efecto de derrame enorme. De manera que ese 23% es, en cierto sentido, un «falso negativo». Por ejemplo, la difusión que alcanza el «paquete» y otras modalidades de acceso al mercado digital y audiovisual. La percepción de que facilitar el acceso a Internet provoca automáticamente un «efecto Primavera», o de fomento de alternativas políticas alineadas con las visiones de cambio norteamericanas, ignora algunos hechos en pleno desarrollo.

En primer lugar, el dato de los trescientos mil cubanos que vinieron en 2014 procedentes del exterior, y de los que siguen yendo y viniendo, e invirtiendo en negocios o apoyándolos. En segundo, el acceso a la información, desde las películas hasta las publicaciones, ya está legalizado en las calles cubanas, sin necesitar como prerrequisito la inversión en Internet de Netflix. El verdadero fermento para los cambios en el país no depende del acceso a la red, sino del consenso social que sostiene sus formulaciones políticas. No digo que la situación actual deba sostenerse, apenas apunto una observación acerca de las lecturas simplificadas sobre ella, pues es evidente que al cambiar las condiciones actuales, los temas y los medios de estructuración de corrientes de opinión y consenso se multiplicarán, para bien. En este sentido, hay que considerar los componentes de una poderosa cultura estadocentrista heredada, que también está en fase de reestructuración, hacia una mayor horizontalidad y multiplicidad de formas y actores.

Parte de las nuevas medidas comprende la flexibilización de las condiciones para que compañías norteamericanas del sector de las telecomunicaciones puedan vender bienes y servicios. En la prensa se han reportado los primeros pasos por parte de Netflix, Google y otras empresas. En el Congreso ya se presentó una propuesta de ley al respecto, conocida como Cuba DATA Act. Y estos son apenas los primeros pasos.

Es evidente que una sección importante de estos nuevos desarrollos no formaba parte de las proyecciones sobre las cuales se confeccionaron y aprobaron los Lineamientos, que es la agenda estratégica para las transformaciones en curso en el país. De hecho, varios de estos procesos ya desbordan los mecanismos y las concepciones precedentes.

Concuerdo con lo que ha planteado José Luis Rodríguez en el debate de este taller, respecto a que Cuba no reconoce las pequeñas empresas dentro del trabajo por cuenta propia, de manera que no se pueden

asociar con el capital extranjero ni realizar operaciones con él. Comparto su idea de reconocerlas, y resolver su modalidad de relación con el inversionista extranjero, pues como él decía, 18% de los trabajadores por cuenta propia son empleados de otros cuentapropistas, es decir, son pequeñas empresas.

Al respecto, quiero apuntar que la cuestión del sector privado fue en su momento una discusión. En la Ley de Inversiones Extranjeras cubana, solo las cooperativas tienen derecho de asociación. Está pendiente esa discusión doméstica, que es política y social. En mi opinión personal, con toda modestia, algunas dinámicas aquí ya desbordaron los Lineamientos. En ese diálogo interno, los académicos tenemos una función que desempeñar, consistente en concientizar y participar en una reevaluación de esos retos. No es que tengamos la razón de nuestra parte, sino que debemos ser parte del diálogo.

En cuanto al tema de la deuda externa, en particular con el grupo de países incluidos en el Club de París, el efecto de estampida, tras la cancelación de los rusos, fue impresionante, porque se vio enseguida cómo se fueron desbloqueando y resolviéndose otras deudas heredadas con los mexicanos, los japoneses, alemanes y demás. Sin embargo, yo estoy mirando más la evolución, por ejemplo, del mercado secundario, y los llamados bonos Batista, con los que hay ya una sobre-especulación. Ese es un factor que sí puede ser muy dañino para Cuba a mediano plazo, mucho más que la negociación de la deuda anterior, en la que ya estaban fijados los términos y era un poco más realista, en el sentido de fijar hasta dónde llegamos, y cuándo pagamos. Pero en los mercados internacionales Cuba tiene cero influencia. La parte del mercado secundario y los bonos sobre Cuba que se están revendiendo, quiénes los están comprando, y en qué términos, representan un daño potencial muy alto.

Para concluir, entre los desafíos más importantes que Cuba enfrenta se encuentran los siguientes: primero, es necesario un proceso de reevaluación del consenso interno en algunas áreas de políticas en los Lineamientos, donde la práctica ha demostrado que se han quedado cortos; segundo, hay vulnerabilidades recién surgidas, que no se limitan a la capacidad de absorción, sino que incluyen los mecanismos con los que se manejan y vinculan las interacciones sociales, académicas, culturales y de otros campos con los Estados Unidos.

Por último, el cambio evidente en la naturaleza y el contenido del diálogo. Sobre este punto, Rafael y otros colegas hemos advertido muchas veces. Los visitantes no son ya como los que venían a disfrutar del clima y la cultura, tomarse un trago y pasear un poquito. Han crecido visiblemente los empresarios, académicos, funcionarios, gente con información, cultura y experiencia internacional, que además de aprender


cómo somos y cuáles son nuestros problemas y visiones, aportan otras perspectivas a nuestras discusiones; y que cuando regresan, llaman a su congresista, porque son vecinos, o tienen una interacción mucho más cercana y efectiva que la existente antes, por décadas. Esa dinámica nueva, no es solo el diálogo político de los funcionarios y la Cancillería, o el de los técnicos de los dos lados: ocurre ahora a nivel de la sociedad, con una porosidad, un nivel de intercambio muy fuerte. Esa dinámica se va a incrementar, lo que plantea la necesidad de otros mecanismos y enfoques más abiertos para potenciarlos.

Siete tesis en torno a la normalización entre Cuba y los Estados UnidosRafael HernándezPolitólogo. Revista Temas.

Me quiero referir a siete áreas de problemas, que no se analizan a fondo o simplemente se soslayan cuando se aborda el presente y el futuro inmediato de nuestras relaciones con los Estados Unidos.

La primera es que Cuba ha tenido siempre un lugar desproporcionado en la historia y la política norteamericanas, desde que la Florida se gobernaba desde La Habana, y especialmente desde el siglo xix. Esta isla ha sido en muchas ocasiones un tema de su política doméstica, e incluso un test case de las corrientes que la han animado. Cuba fue parte del conflicto entre el Norte y el Sur de la Unión, cuando era imaginada como un estado plantador más de la confederación esclavista, que se iba a anexar de alguna manera. No es posible exagerar el impacto que tuvo aquí el fin de la Guerra Civil y su desenlace a favor del Norte, el nacimiento de la gran potencia, la intervención en los últimos dos meses y pico de nuestra Guerra de independencia, en 1898. La política del Big Stick empezó por aquí, antes de extenderse sobre la Cuenca del Caribe. Y las inversiones en Cuba fueron el inicio, la prueba de la exportación de capital norteamericano hacia el mundo, no solo hacia América Latina.

Se olvida a menudo que, durante la Prohibición o Ley Seca, la isla fue una fuente principal de acumulación originaria para un sector del gran capital que se constituyó precisamente durante esa etapa. Los bares clandestinos conocidos como speak-easies de aquellos rugientes años 20 no se enriquecieron gracias al contrabando de vino chileno, sino de millones de litros de ron cubano. Así que la mafia hizo su acumulación originaria, lo que le permitió convertirse luego en un sector respetable de la industria turística y el entretenimiento, gracias a las roneras de esta isla, que le quedaban a la mano.

La política del Buen Vecino tuvo su test-case por excelencia durante la Revolución del 30 en Cuba, entre los años 33 y 35, cuando el otro Roosevelt (no el del Big Stick) demostró que no iba a desembarcar los marines, sino a cambiar su política, para seguir interviniendo, pero de una manera sustancialmente diferente. Como algunos dirían hoy, sus fines eran los mismos, solo cambió los medios.

Y por último, Cuba en la política de los Estados Unidos hacia la América Latina y el Caribe de la época de la Guerra fría, de la Alianza para el Progreso y la contrainsurgencia. Tampoco es posible exagerar el peso de Cuba en su definición, pues esta no sería otra cosa sino la respuesta ante la Revolución cubana.

La segunda área, a menudo soslayada, es la del diálogo, la negociación y la cooperación en el marco del conflicto. La negociación no empieza ahora; siempre ha estado ahí, pues el conflicto tiene una estructura multidimensional. Las arenas en que se ha dirimido van más allá de Playa Girón, han sido tricontinentales, desde Bolivia hasta el suroeste de África, las revoluciones centroamericanas, además de teatro de enfrentamiento global termonuclear con la URSS. Así como también han sido diversos los instrumentos que los Estados Unidos han aplicado frente a Cuba durante todos estos años. Es un caso ejemplar de diversas políticas aplicadas al mismo tiempo. Esta compleja estructura que ha caracterizado el conflicto de intereses nacionales (ajena a la lógica lineal de un simple diferendo bilateral), ha permitido numerosos escenarios donde Cuba ha negociado con el gobierno norteamericano, una y otra vez. Para una visión calificada sobre el talento negociador cubano, recomiendo las memorias del ex-subsecretario de Estado para Asuntos Africanos, Chester Crocker (High Noon in Southern Africa, 1993), quien describe su impresión ante el desempeño de la delegación cubana en las conversaciones multilaterales para poner fin al conflicto del suroeste de África —Angola, Namibia, Sudáfrica, Cuba y los Estados Unidos.

La tercera área, también sesgada en muchos enfoques, se refiere al factor desencadenante de la normalización y a su naturaleza. Ante todo, es necesario apreciar el cambio fundamental en las circunstancias, veinticinco años después del fin de la Guerra fría. La situación a fines de 2014 estaba madura como nunca antes, gracias a la coincidencia única de factores favorables, que no concurrieron ni en época de Carter ni en ningún otro momento anterior o posterior: el contexto interno de la opinión pública norteamericana, de los gobiernos latinoamericanos y del resto del hemisferio, de la Unión Europea, de la mayor parte de los cubanoamericanos; y finalmente, del proceso de cambio en pleno desarrollo en la propia isla. Nunca habían concurrido antes tantas circunstancias propiciatorias. .


Soraya mencionaba el intercambio de prisioneros como factor desencadenante. En efecto, al decidirse la negociación de los presos, ¿qué costo marginal se requería para sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo? Imaginemos a Obama como un empresario, que está invirtiendo el escaso capital político que le queda, después de haber intentado muchas inversiones que no han logrado cuajar. Paradójicamente, la opción de invertir en Cuba podía ser mucho más rentable, porque al final podía llevarse el gato al agua y producir un resultado exitoso, lo que no ha sido frecuente en su mandato. Piénsese en su proyecto de plan de salud o de reforma migratoria, en sus promesas de salir airosamente de los conflictos en el Asia central. Si se mira como una inversión, el costo marginal de agregarle a la negociación de presos con el gobierno cubano la decisión de sacarlo de la lista negra de estados terroristas, era mínimo, comparativamente hablando. Razonando en estos términos, pudo haber aplicado lo que aconseja Maquiavelo en El Príncipe: «Un cambio siempre deja el camino abierto para el establecimiento de otros.» Y si se ha decidido actuar, lo mejor es hacerlo con determinación y de una vez, no step by step. O para decirlo en términos de póker, sin darle tiempo a pensar a los contrarios, poner todas las fichas en el medio de la mesa, y «subir la parada», como se dice aquí.

La cuarta área de problemas, la más amplia, caracterizada por el cúmulo de trampas ópticas, ideologemas, y predicciones insustanciales, se refiere a la mecánica y complejidades de la nueva relación inaugurada por el 17D. Algunos, dentro y fuera de Cuba, la confunden con otra partida del mismo juego, porque solo miran a la supuesta meta –prevalecer sobre el otro—, sin advertir que las diferencias son tan grandes como las que median entre el boxeo y el ajedrez.

La verdad de que el cambio mantiene los mismos objetivos, haciendo uso solo de diferentes medios, resulta tan autoevidente y simple que apenas nos sirve para entender lo esencial de este proceso. ¿Alguien suponía que los Estados Unidos iban a cambiar su naturaleza e intereses por sentarse a negociar con la Isla? Sería como esperar que los propósitos fundamentales de la política cubana se iban a someter

a negociación. Los que subestiman el significado del cambio en los medios parecen olvidar que la política consiste precisamente en ellos, tan diferentes como pueden serlo las bombas y el diálogo.

¿Qué es lo nuevo en esta dinámica? Aunque se ha negociado y cooperado antes muchas veces, el eje articulador de las relaciones había sido la continuidad del conflicto, mediante recursos como la coacción, el forcejeo y la unilateralidad. A partir de diciembre 2014, ese eje se desplaza hacia la negociación y la búsqueda de acuerdos. Podrán mantenerse los objetivos de cada uno, e incluso el uso eventual de presiones, palancas económicas y estratégicas, esgrimas diplomáticas, escarceos ideológicos; pero la lógica general de la relación tiende a hacer prevalecer el diálogo, y en última instancia, a identificar el acuerdo acerca del desacuerdo, en lugar del diálogo de sordos y la incomunicación.

En contraste con la larga historia de negociaciones ocultas que nos describen Bill LeoGrande y Peter Kornbluh en Back Channel (2014), ahora estas tienen lugar en un front channel. Su contenido no se revela totalmente, desde luego; pero el diálogo mismo no se realiza a escondidas. Esto lo cambia todo, pues las expone al escrutinio público, de tirios y troyanos.

Algunos elementos de esta nueva relación han sido mencionados por Soraya y Jorge Mario en este panel. El más importante de todos para mí es que existe una voluntad política de avanzar. La decisión de implementar esa nueva política desde la Casa Blanca, correspondida desde la Plaza de la Revolución, cambia sustancialmente el campo de fuerzas previamente existente. Esta convoca a intereses que no estaban presentes en ese campo, y que ahora inciden sobre su configuración estratégica respecto a Cuba. Este nuevo juego ocurre dentro de un cierto marco, cuya variable más obvia es el tiempo, lo que ellos llaman el time-frame. En el ajedrez, no se trata de noquear al otro en tres rounds, pero sí se requiere hacer cierto número de movidas en determinado tiempo, para llegar a la jugada cuarenta y uno, antes de sellar la partida. Hay un número de meses desde ahora a la jugada cuarenta y uno, fecha del cambio de administración en los Estados Unidos, durante los cuales es necesario avanzar, sin pausa y sin precipitación, pero con sentido del tiempo, que como se sabe, en política tiene un valor muy especial.

Estamos acostumbrados a ejercer una estrategia, o apenas una táctica defensiva [...]para evitar que el enemigo nos tome la trinchera con algunos movimientos colaterales. No existe una dirigida a encaminarnos hacia la trinchera del otro —si es que se tratara de tomar trincheras. En este nuevo contexto, hay que desarrollar políticas proactivas, en vez de responder a las iniciativas de los otros.


Como parte de una nueva mecánica de relaciones, pasamos de lo que podríamos llamar un canal mono a uno estéreo. En primer lugar, el contacto intergubernamental no se limita a las dos cancillerías, sino involucra a un número creciente de instituciones estatales y políticas de ambas partes. En segundo, se desborda la relación política entre los dos gobiernos, y se extiende a la comunicación entre los dos países.

Ese intercambio people-to-people no se inició el 17D, pues venía ocurriendo desde el fin de la Guerra fría. En los últimos años han estado descendiendo sobre la Isla desde los Estados Unidos más de trescientos mil cubanoamericanos y casi cien mil norteamericanos cada año. La diferencia es que, a partir del día de San Lázaro, la gravitación entre los dos gobiernos facilita este flujo, que tiende a convertirse ahora en una marea. En los primeros meses después de los anuncios, la tasa de visitas se ha disparado, duplicando el estimado de muchos expertos.

La diferencia esencial con los flujos anteriores es que, si bien durante los últimos veinte años han crecido las relaciones sociedad-sociedad, ahora las políticas respectivas no deberían ignorarlas, como ha ocurrido hasta hoy, sino asumirlas, como parte de su construcción y de sus premisas. Por ejemplo, la política cubana debería asumir la realidad de las remesas, no solo por su altísima escala, sino porque no tienden a fluctuar tanto como el ciclo turístico, el precio del níquel, o los escenarios de cooperación internacional. Asumirlas significa tomarlas en cuenta en el diseño de políticas.

Lo mismo ocurre con el intercambio en la educación superior o la cultura. Carecemos de una política, diseñada sobre la base de intereses específicos y objetivos, que lo fomente. Las instituciones cubanas se limitan a aceptar o rechazar propuestas del otro lado, no a generar iniciativas. Estamos acostumbrados a ejercer una estrategia, o apenas una táctica defensiva, limitada a permanecer con el escudo y la espada para evitar que el enemigo nos tome la trinchera con algunos de los movimientos colaterales de sus tropas. No existe una dirigida a encaminarnos hacia la trinchera del otro —si es que se tratara de tomar trincheras. En este nuevo contexto, hay que desarrollar políticas proactivas, en vez de responder a las iniciativas de los otros.

Resulta difícil exagerar lo mucho que este cambio cualitativo transforma la naturaleza de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos en los últimos cincuenta años. Se trata de un nuevo marco de comunicación bilateral, incluida una presencia de actores no gubernamentales muy superior en cantidad, y diferente en calidad, de la que ha existido nunca.

La gran paradoja entre Cuba y los Estados Unidos, dos regímenes que se han mirado como un problema

de seguridad nacional durante más de medio siglo, es que se llevan mejor, en ese terreno, que otros países de la región con el Norte. Actores preeminentes, como los militares, mantienen un diálogo fluido, incluso en sitios impensables en la Guerra fría, como el enclave de la base naval de Guantánamo.

Otros sujetos políticos no gubernamentales también participan de este acercamiento, muy especialmente los gobiernos estatales. Entre los cincuenta estados de la Unión, están especialmente los que tienen industrias como la agrícola, farmacéutica, turística, o con costas en el área del Golfo de México, con intereses portuarios y de transporte marítimo, que los trae a La Habana en misiones de exploración, a pesar del bloqueo.

En efecto, al margen de estados y gobiernos, los principales interlocutores de Cuba son los empresarios, que constituyen legión: industria turística, biomédica, farmacéutica, transporte aéreo y marítimo, entretenimiento, béisbol, tecnologías de informática y telecomunicaciones, educación superior, salud, arte y cultura. Finalmente, ONG, como las universidades, fundaciones, iglesias, y otros grupos y asociaciones de interés especial.

Finalmente, una gama de actores no gubernamentales, con lazos e intereses creados en ambos lados, es la sociedad cubanoamericana, cuya heterogeneidad y cambio de rotación política crecientes resultan inseparables de la nueva relación.

Mi quinta área se refiere a las agendas mutuas y su viabilidad. Esta exige entender la dinámica real de la normalización, no como conjunto de normas diplomáticas y papeleos interburocráticos, sino en sus contenidos reales.

Se trata de un proceso político, que lidia con problemas e intereses mutuos, que se ventilan en un ejercicio negociador real, no con simples ecuaciones jurídicas y paquetes de reglas.

De otra manera, nos podemos perder en un laberinto de modelos formales. ¿Vamos a ser normales como quiénes? ¿Como éramos antes de enero de 1961? ¿Con la normalidad de la relación de Estados Unidos con Canadá, con México, con Rusia, con China, con Venezuela, con Chile? ¿Cuál es el patrón de lo normal con Cuba? Más importante que definir los requisitos formales de una relación normal con los Estados Unidos, de establecer el momento en que alcanzaremos ese cristalino instante de la normalización (que quizás solo existe como utopía, en la imaginación de cada cual), resulta poder caracterizar la dinámica de cambio en esas relaciones.

¿En qué áreas de problemas podría avanzar esta nueva relación negociadora? En comercio y finanzas, la más fluida en la relación de los Estados Unidos con América Latina y el Caribe, es donde más se requiere trabajar para reducir el patrón de exclusión y


enfrentamiento, que representa el bloqueo. En materia de seguridad, sin embargo, en migración y narcotráfico, donde, como ya apunté, existen los puntos de fricción más grandes en esa misma relación hemisférica Norte-Sur, es precisamente donde Cuba y los Estados Unidos cooperan mejor. Lo que esta paradoja hemisférica expresa es que, en esta nueva ecuación de las relaciones, si se redujera el peso de la variable del bloqueo, la de la seguridad se beneficiaría.

En cualquier caso, además de seguridad, en áreas como salud, medio ambiente, educación y cultura, comunicaciones, es posible avanzar, aun antes de que el Congreso considere eliminar la Ley Helms-Burton. De hecho, ya hay negociaciones en curso en estas áreas, incluido el tema más polémico, el de los derechos humanos, sobre el cual ya se ha instalado una Comisión bilateral, que ha empezado a reunirse formalmente.

Al momento de realizarse este panel, Cuba negocia con los Estados Unidos no solo el tema de las embajadas, sino el buen funcionamiento del acuerdo migratorio, así como las coordinaciones entre guardacostas y guardafronteras en operaciones de búsqueda y rescate y en intercepción de narcotráfico. Pero también avanza en otras casi vírgenes, como la cooperación en áreas marinas protegidas, control sanitario, cartas marítimas e hidrográficas, vuelos regulares, correo directo, control de tráfico de personas, de fraude migratorio

De manera que este cambio de relaciones no empezará cuando se quiten los letreros «Sección de Intereses» y en su lugar se coloquen los de «Embajada», en La Habana y Washington DC. No debe olvidarse que la misión extranjera con más personal diplomático acreditada en Cuba se llama «Sección de Intereses de los Estados Unidos». Sin subestimar la importancia de este paso formal y simbólico, las embajadas no han sido una precondición para avanzar en el proceso negociador, ni un mecanismo que, como tal, determine el curso del proceso de comunicación diplomática entre los gobiernos. En muchos aspectos, incluida la diplomacia pública y el discurso mutuo, los dos han empezado a tratarse como estados soberanos con relaciones diplomáticas plenas.

Lo anterior evidencia que la cuestión de la normalización rebasa con mucho el simple restablecimiento de relaciones diplomáticas, la constitución de un régimen formal, o la firma de un grupo de acuerdos. Se trata de un proceso de comunicación, entendimiento y cooperación de carácter político, económico, social y cultural, más complejo, policéntrico y de mayor alcance, entre los dos gobiernos y sociedades.

En la agenda cubana, el tema número uno en la escala de turbulencia es, como se sabe, el mantenimiento del bloqueo. Su levantamiento resultaría más

practicable como un proceso paulatino de liberación de restricciones, que como un acto instantáneo. La libertad de viajar ha sido su eslabón políticamente más débil, porque implica una limitación al ejercicio de la libertad preconizada por la primera enmienda de la Constitución norteamericana. La extensión de las licencias para viajar y para transacciones comerciales en áreas específicas, al alcance del poder del presidente, lo faculta para debilitar el funcionamiento real del embargo multilateral, antes de que el Congreso lo considere. Esta capacidad puede ejercer un efecto disuasivo de carácter práctico sobre los sectores de la derecha que se resisten a levantarlo.

En el plano estrictamente diplomático, las negociaciones deberían facilitar el camino no solo para el levantamiento progresivo del bloqueo, la administración de la política migratoria de «pies secos/pies mojados», la interrupción del Cuban Medical Professional Parole Program (dirigido a sacar a profesionales de salud de la Isla), las normas de funcionamiento de las embajadas, entre otros asuntos puntuales.

Quizás la fuente de mayor desavenencia y eventual conflicto entre las partes es lo que Cuba identifica como doble rasero (double standard). Este determina que la reacción gubernamental norteamericana ante lo que llama «violaciones masivas de los derechos humanos en Cuba» no se corresponda con su actitud ante acontecimientos como Ayotzinapa, la desaparición de periodistas, dirigentes sindicales y activistas en numerosos países de la región, o incluso la violencia policial en las ciudades estadunidenses.

Aunque en su discurso del 17D el presidente Obama apela al argumento de China y Viet Nam, para fundamentar el cambio hacia Cuba, lo cierto es que, típicamente, los Estados Unidos se comportan de una manera mucho más normal con esos dos gobiernos comunistas asiáticos que con la isla. Mantienen su propósito de influir en sus sistemas políticos, pero de manera distinta a la política de cambio de régimen, no financiando, organizando y promoviendo internacionalmente a la disidencia antisocialista, sino mediante los recursos de la política llamada peaceful evolution. Pasar del regime change a la evolución pacífica sería, sin embargo, un paso en la superación del doble rasero, consistente con la lógica de la normalización. En efecto, como apunté antes, la «promesa de libertad y democracia» que el Estado norteamericano construyó como justificación ideológica de su relación con el exilio cubano —ese núcleo duro que ya no representa a la emigración cubana actual en su territorio— y a la disidencia en la isla resulta cada vez más disfuncional a los requerimientos del proceso político de la normalización.


La sexta área, casi siempre ignorada o relegada en el análisis del acercamiento bilateral, y ausente en los discursos respectivos, es la de la cultura compartida, espacio de encuentro que contribuye a dimensionar a Cuba en el contexto norteamericano, y viceversa. En sentido estricto, la isla es un lugar histórico de los Estados Unidos, donde radican la Loma de San Juan, Bahía de Cochinos, el teatro de la Crisis de los Misiles, parte también de la historia del hemisferio y del mundo. De la misma manera que Tampa, Cayo Hueso, New York y otras ciudades son sitios de la lucha por la independencia, José Martí, el Partido Revolucionario Cubano, la industria del tabaco habano, los exilios revolucionarios de los 30 y los 50, la historia de nuestra música y nuestro béisbol, y no por último menos importante, el país adonde han emigrado, antes y después de 1959, centenares de miles, y en que viven más de millón y medio que se llaman a sí mismo cubanos.

A pesar del conflicto y de la polaridad ideológica, Cuba es un país donde se puede tropezar con la huella cultural estadounidense a cada paso, no solo en términos simbólicos, sino físicos, como revela la arquitectura de La Habana, Cienfuegos, Holguín, los bateyes de los ingenios azucareros sobrevivientes, las logias masónicas, las iglesias protestantes, los automóviles norteamericanos viejos (almendrones o Yank tanks) que se han fundido con la identidad urbana de la isla.

Las obras de Louis Perez (On Becoming Cuban, Imagining Cuba) documentan esta relación vaso comunicante entre las dos culturas, obvia en instituciones de la identidad, como el béisbol y el jazz, el son y la salsa, el aprecio por la modernidad incorporada al confort doméstico y a la admiración ante la eficiencia empresarial, la afición al bilingüismo, los patrones de gusto por la cinematografía, la familiaridad con las personalidades de la cultura popular, los hábitos de higiene, la imagen sobrerrepresentada de la isla en las pantallas, las letras de las canciones, la presencia de ídolos cubanos en los halls de la fama deportiva y las luchas por la igualdad racial, la figura icónica del Che Guevara como símbolo transcultural, y hasta la fascinación con Fidel Castro, cuya condición mítica y legendaria ha ido desplazando a la de némesis de los Estados Unidos imperante en la Guerra fría. No por gusto muchos visitantes de la oleada people-to-people confiesan al llegar a Cuba que «querían visitar la isla antes de que muriera Castro, y el país se llenara de McDonalds».

Termino entonces con la séptima área, que Soraya y Jorge Mario mencionaron: nuestro proceso de transición en curso, lo que está pasando en Cuba como factor que impacta dentro de los Estados Unidos, de una manera que no había ocurrido antes. En efecto,

hubo muchos cambios en Cuba desde los 90, que no repercutieron sobre la política norteamericana hacia la isla.

Se avecinan transformaciones de alto impacto para la sociedad y el sistema cubano en los próximos tres años. La agenda ya anunciada incluye llevar a término la descentralización, la actualización legislativa aún pendiente de los Lineamientos (2011), la autonomización de los poderes locales, la renovación del sistema electoral, el balance de un quinquenio con numerosas tareas inacabadas, la extensión del sector no estatal, la reforma constitucional, el relevo de la generación histórica en los puestos clave del Estado y el Partido. Ahora, gracias al espacio abierto por la normalización, ese cambiante contexto doméstico cubano debe irradiar más dentro de los Estados Unidos.

Por primera vez, en la campaña electoral de 2016, Cuba no será un tema maltratado por todo el mundo. Nunca antes ocurrió algo así, desde 1960, cuando Nixon y Kennedy se enzarzaron en un intercambio de golpes políticos, en torno a la «tragedia de Cuba» convertida en «cabeza de playa soviética», y un candidato demócrata tuvo la oportunidad de decirle, nada menos que a un halcón republicano, que había sido débil con el comunismo. Desde entonces, las campañas electorales han sido fatales para Cuba, así como para otros países de América Latina y el Caribe. El año próximo, al menos el candidato demócrata abogará por la relación y la cooperación con el gobierno de la isla, mediante un trato diferente al que esta ha estado acostumbrada en más de medio siglo.

, 2015

CONTRO

¿Por qué y cómo se adoptó la reforma constitucional de 1992 en Cuba? ¿Qué modificaciones supuso? ¿Cuáles fueron sus efectos sobre el ordenamiento de la vida política, económica y social del país?

A poco más de veinte años de aquel proceso, un jurista, un historiador y un artista, junto con un público agudo y conocedor, trascienden la discusión técnico-jurídica y ofrecen un marco analítico posible ante las reformas en curso.

A veinte años de la reforma constitucional

Veinte años: la reforma constitucional (1992-2012) 111

Panel realizado en el Centro Cultural Cinematográfico ICAIC, el 25 de octubre de 2012.

Rafael Hernández: Hoy sabemos que eso de que «veinte años no es nada» es una bella imagen propia de un tango, pero no tiene que ver necesariamente con la realidad histórica. Hoy sabemos que las cosas no son como solían ser, que «si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar», no serían «lo mismo que veinte años atrás». ¿Cómo eran las cosas hace veinte años? Estas tuvieron que ver con el Cuarto Congreso del Partido, en octubre de 1991, uno de cuyos acuerdos fue proponerle a la Asamblea Nacional la elaboración de una reforma —la cual se presentó y se aprobó en junio de 1992— a la Constitución de 1976.

Revisando las estadísticas de entonces encontré que en aquella sesión de la Asamblea Nacional del 10 al 12 de julio de 1992 se produjeron doscientas noventa y seis intervenciones de diputados, que dieron lugar a correcciones en el texto que se aprobó finalmente. La reforma constitucional modificó la Constitución de 1976 al suprimir dieciséis de sus artículos, transformar sesenta y cuatro e introducir trece nuevos; o sea, fue una reforma bastante profunda y extensa.

Mi primera pregunta al panel es por qué y cómo se adoptó la reforma constitucional en 1992.

Julio César Guanche: La reforma ocurrió por una serie de causas relacionadas entre sí, de las cuales mencionaré solo dos: una, relacionada con el agotamiento del modelo institucional del 76; otra, con las condiciones socioeconómicas que Cuba tenía a mediados de los 80.

Dicho agotamiento empieza a ser visible apenas a diez años de haberse aprobado la Constitución. Las promesas del modelo en el 76 eran de mucha entidad; una de ellas era intensificar la participación directa al permitir un mayor control de la población sobre la toma de decisiones estatales, y sobre la elección y la actuación de los líderes locales. Otra era involucrar más a las personas en la toma de decisiones públicas, identificar al individuo en su medio de convivencia a través de la socialización de valores cooperativos, hacer emerger liderazgos de base, con poder de convocatoria social, capaces de descentralizar y desconcentrar el poder estatal.

A mediados de los 80 se empieza a observar el agotamiento de estas promesas. Comenzaron a descubrirse, criticarse y denunciarse problemas del modelo estatista: institucionalidad hipercentralizada, persistencia de verticalismo en la toma de decisiones, designación de cuadros en lugar de elegir los puestos, ausencia de confrontación de

Veinte años: la reforma constitucional (1992-2012)

Ulises AquinoOrlando Cruz

Julio César GuancheRafael Hernández (moderador)

n. 81-82: 111-123, enero-junio de 2015

U. Aquino, O. Cruz, J. C. Guanche, R. Hernández112

alternativas en espacios estatales, control social no organizado de la actividad legislativa y de las labores de gobierno, vigilancia social expresada más como opinión del pueblo que como cauce institucional de control sobre la actividad de gobierno, y un escaso desarrollo de los poderes locales y de las formas asociativas de gestión en la ciudadanía.

Pero hubo un tema fundamental que fue el que más visibilizó estos problemas: la burocracia. El cine de los años 80 lo evidenciaba, así como cuestiones de doble moral; recordemos Plaff, Se permuta, Techo de vidrio, Alicia en el pueblo de Maravillas. Fidel dio cuenta de ello, a la altura de 1986, cuando declaró iniciado el Proceso de Rectificación. Todas estas críticas se recogieron también en el «Llamamiento al Cuarto Congreso del Partido» en 1990, y finalmente, en el Congreso, al año siguiente.

Aquella crisis se compensó porque los años del 73 al 85 fueron los de más desarrollo y bienestar económico en la historia cubana después del 59, como resultado de los vínculos con los soviéticos.

Al mismo tiempo que este modelo institucional generaba agotamiento, había otras señales que sociólogos cubanos como Mayra Espina llamaron «pro-crisis» y que mostraban varios elementos de la que se estaba viviendo: decrecimiento de la productividad del trabajo, estancamiento de la calidad de la producción y de los servicios, y profundización de la dependencia y el endeudamiento externo de la economía cubana. Además, la industrialización con eficiencia no se completó con la amplitud que se requería.

En este escenario de insatisfacción por parte de todas las zonas políticas cubanas —el discurso oficial, el social, la crisis económica, la del modelo institucional, y sumado a ello la de los 90—, la reforma se convirtió en una necesidad impostergable.

¿Qué se modificó? Más de la mitad de los artículos de la Constitución y la cláusula de reforma. Esta última es el mecanismo de protección de la Carta Magna, que establece que puede ser reformada de una manera y no de otras, para proteger el contenido en ella consagrado. La cláusula del 76 dictaba que se podía reformar la Constitución sin referendo, si no resultaban afectados tres elementos: si la reforma no era total; si no se afectaban las atribuciones de la Asamblea Nacional o de su Consejo de Estado; y si no se violentaban los derechos de la ciudadanía. La Asamblea Nacional entendió que lo anterior no sufría cambios, y modificó la Constitución sin referendo. Ese fue el cómo en esta sesión de julio de 1992.

¿Qué se reformó? El régimen de la propiedad. Con esta modificación se aprobó la inversión extranjera; se limitó la propiedad estatal a los medios «fundamentales» de producción, con lo que indirectamente se dejaba un campo de propiedad en manos distintas a las del Estado —es decir, en personas naturales—, y con ello, como afirmó en esa fecha Hugo Azcuy, se creaba técnicamente la figura de propiedad privada ya desde 1992.

También se modificó la base social del Estado tanto como su confesionalidad, al eliminar el carácter clasista de este, en el sentido de que antes era un Estado de obreros y campesinos, y al comprometerse entonces «con todos y para el bien de todos» y con la no discriminación por motivos religiosos, pasó a ser un Estado más amplio en lo social, y laico.

Otro cambio fue la definición ideológica del Partido. En el 76, este era «la vanguardia organizada de la clase obrera», y ahora, «el Partido de la nación cubana», como mismo Martí requería.

Eliminó, a su vez, las referencias a la unidad de poder y al centralismo democrático como claves de la organización funcional del Estado; exigió elecciones directas para las Asambleas provinciales y para la nacional —ya las municipales lo eran—; evitó la lista cerrada de las organizaciones sociales y de masas; eliminó del texto el nombre de estas, lo que, potencialmente, permitiría crear nuevas concertaciones; abandonó la exclusividad del Estado en el comercio exterior, y descentralizó su función. Y el octavo punto que quería mencionar es que estableció, por primera vez desde 1959, el estado de emergencia.

Orlando Cruz: Una Carta Magna o Ley de Leyes es un marco jurídico fundamental que no debe ser cambiado, salvo excepciones. Por eso considero que en el 92 se tomó el camino de reformarla,


porque, a pesar de que había una cláusula que permitía esa reforma, no se cambió toda la Constitución. En el panorama nacional e internacional habían aparecido nuevos actores y existían nuevas condiciones para que se produjera; no solo se trataba de las insuficiencias de la del 76, se puede enumerar muchas cosas más. El propio Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas había dado lugar a algunos pasos, lamentablemente cerrados en septiembre de 1990, cuando empezó el Período especial.

En primer lugar, había que consolidar el carácter socialista de la Revolución cubana, por eso no se tocan los preceptos fundamentales de esa Constitución. Pero sí se hace una apertura, que ya venía realizándose desde el año 84 en los Foros de energía, y en el 85 y 86 ya tiene el carácter de Proceso de rectificación.

Una Constitución tiene un contexto histórico muy concreto; consolida lo que ya está establecido, pero, además, permite que las prácticas que se han ido introduciendo sean tendencias que se puedan consolidar. Al mismo tiempo tiene preceptos intocables, y por eso se habla, en 2002, de algunos elementos que van a dar un cierre más fuerte al proceso de reformas del 92.

En este escenario de cambios hay un factor exógeno fundamental: el derrumbe del campo socialista y la desaparición de la Unión Soviética. Las condiciones externas para Cuba variaron totalmente. Si después del 59 el país había sustituido toda su base tecnológica por la del campo socialista, a partir del 91 había que volver a cambiarla, y por lo tanto, establecer nuevas alianzas a nivel internacional; para ello era necesario flexibilizar la Constitución. Además, se percibía lo que vendría después: ese Período especial en tiempos de paz, como se denominó. Había una crisis evidente, que ya en 1994 toca fondo; por lo que las apuestas a que la Revolución cubana podía desaparecer eran grandes, incluso entre los amigos. Algunos, como Eduardo Galeano, escribieron que podía establecerse en Cuba hasta un régimen militarista y autoritario con la presencia de los Estados Unidos. De ahí que esa Constitución tuviera también muy presente el factor externo. No se podía jugar con ella y de pronto establecer una gran transformación, sino ciertas vías que flexibilizaran algunos problemas económicos, sociales, y, al mismo tiempo, consolidar el país.

Como decía Guanche, el documento, que es el que tenemos ahora, no se propuso un largo plazo. Esas reformas estaban dirigidas, quizás, a una coyuntura muy específica, y en la que tenía que existir un nuevo marco jurídico para permitir, por ejemplo, inversiones extranjeras en sectores no fundamentales. El azucarero, el militar, la esfera educacional, la salud pública, que eran renglones básicos de las conquistas de la Revolución cubana, no debían ser tocados. Dicha reforma tiene cambios esenciales, pero que no permiten, por ningún medio, afectar el sistema político en Cuba y sus subsistemas.

Ulises Aquino: Considero que las reformas que se introdujeron en la Constitución en 1992 estuvieron obligatoriamente marcadas por la caída del campo socialista, por el proceso resultante de la glasnost y la perestroika; y por el cambio del tejido económico nacional, que se volcaba en función de buscar otras fuentes de ingresos para la nación, posibilidad que el anterior texto constitucional inhabilitaba. En esos cambios estructurales que sufrió la Constitución nunca estuvieron los que necesitaba el ciudadano; es decir, ninguno de los artículos de la de 1976, ni los de la reforma de 1992, reconocía determinadas libertades de los ciudadanos, prácticamente obligatorias. Independientemente de eso, sabemos que durante muchísimos años, la Constitución les había otorgado ciertos derechos que en realidad no podían ejercer. Por ejemplo, reconocía que los cubanos tenían derecho a alojarse en los hoteles, a comer en los restaurantes, pero en la práctica no era así; por tanto la Constitución no resultaba un reflejo de la vida jurídica de la nación.

Ni el texto del 76 ni el del 92 reconocen determinados derechos al ciudadano: el individuo no tiene personalidad jurídica, continúa siendo un producto de todo el tejido social. Así, lo que esperaba de la nación con los cambios en la Constitución no se refleja en las modificaciones de 1992. El propósito de estas era tener la posibilidad de cambiar rápidamente el tejido económico nacional, y para ello hubo que sacrificar conceptos y artículos que ya estaban plasmados en la de 1976.


Rafael Hernández: Ulises ha pasado del prólogo de la ópera al primer acto; se ha adentrado en la segunda pregunta, que es exactamente: ¿qué efectos tuvieron las reformas del 92 en el funcionamiento efectivo del sistema, del orden establecido, de su organización económica, de la vida política del país?, ¿en qué medida se modificó ese orden como resultado de la reforma constitucional? Me gustaría darles la palabra a aquellos del público que quieran añadir nuevas preguntas.

Enrique Yo me voy a referir a la religión. Obviamente, hay una diferencia entre la Constitución del 40, la del 76, y la reforma del 92. La primera, en su Artículo 35 decía: «Es libre la profesión de todas las religiones así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y el orden público. La Iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá subvencionar ningún culto».

Por su parte, en la socialista, hay un punto, el Artículo 41, sobre la discriminación, que dice: «La discriminación por motivos de raza, color, sexo, origen nacional, está proscrita y sancionada por la ley». Aquí no hay referencia alguna a las creencias religiosas, que sí se mencionan en la modificación de la Constitución. Este yo lo considero un elemento importante.

A finales de los 80 se produce en Cuba una explosión, una efervescencia religiosa que se extiende a distintos sectores de la sociedad, y que se acrecienta a partir del 89-90 con la crisis del campo socialista, lo cual, obviamente, va a tener un impacto grande en el campo religioso, tanto a nivel nacional como internacional. Esto también está influido por las relaciones con los Estados Unidos, que no se mantienen ajenos al manejo de los asuntos religiosos; muchas de las iglesias cubanas surgieron de misiones estadounidenses en la Isla y han tenido una relación histórica, tanto económica como teológica, con sus iglesias madres en Norteamérica, inclusive en la actualidad.

Ahora bien, ¿qué pasos se van a dar ahora, o en un futuro, sobre este nuevo marco de relaciones entre la Iglesia y el Estado, desde el punto de vista constitucional?, ¿qué reformas habría que introducir en la Constitución para crear un marco jurídico al actual escenario de relaciones en el área religiosa?

Domingo Una pregunta, en particular al doctor Aquino, en relación con lo que él comentaba sobre la necesidad de proceder a la individualización de los derechos. En una sociedad que está en plena transformación, ¿qué direcciones, qué tópicos deberán estar reflejados en un nuevo proyecto constitucional?

Ovidio D’Angelo: Yo no he hecho un estudio comparado de las constituciones, pero por lo que decía Guanche al principio, parece que la Constitución del 76, por lo menos en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la participación directa y el control de la ciudadanía, era bastante explícita. Esto, según creo, tiene seguramente que ver con la entrada de Cuba en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y las relaciones más estrechas con la Unión Soviética; así como con haber asumido el modelo político y económico del socialismo real, cuyas consecuencias aún están presentes.

En relación con este punto, me llama la atención el hecho de que se haya planteado, al menos en la letra, como decía Guanche, un cambio en el estatuto político del Partido, en las acciones propiamente de dirección de la sociedad. Si se manifiesta que el Estado es de todos y que el Partido es de la nación cubana, y el Artículo 5 de la Constitución manifiesta que el Partido es el órgano director fundamental de la sociedad, que está más allá del alcance del control popular, entonces ¿cómo juega la lista con el billete? Si es un Partido de la nación, no puede ser solo de los militantes, y tendría que estar abierto a la nación; esa es una cuestión.

Respecto de lo que decía Ulises de los mecanismos de garantía para el cumplimiento de los derechos —yo sé que Guanche y otros compañeros lo han tratado bastante—, creo que aún nos falta mucho por hacer. Guanche, Julio Fernández y otros han planteado el tema del republicanismo socialista como una alternativa en este sentido; me gustaría que se abundara sobre eso.

Amuchástegui:

López Oliva:


Finalmente, para cualquier garantía de cumplimiento de estos derechos se requiere una apertura a la autorganización social constructiva y no a través de los medios verticales, autoritarios y de control, de manipulación política.

Rafael Hernández: Quisiera reiterarles a los panelistas la pregunta que ya había enunciado: ¿qué efectos tuvieron las reformas del 92 para los siguientes veinte años?, ¿en qué medida cambiaron el funcionamiento del sistema, y hasta dónde este cambio fue significativo?

Julio César Guanche: Hubo muchas transformaciones en el orden institucional, y en la esfera económico-social. En el primero, estas buscaron delimitar Estado, gobierno y administración de justicia, al separar uno del otro, y potenciar mayor participación desde las bases y los gobiernos locales. Aquí aparecieron nuevas medidas; por ejemplo, otros requisitos para la elección de jueces, en busca de dar mayor independencia al poder judicial. Se eliminaron los Comités Ejecutivos de las Asambleas Provinciales y se crearon los Consejos de Administración. En un intento de dar más profesionalización y separar Estado de gobierno, se crearon los Consejos Populares, también para fomentar participación de base y gobierno local, y se instauraron las Comisiones de Candidatura, que no existían en el 76.

En materia económica y social, los cambios fueron también fundamentales. Se extendió y se permitió el trabajo por cuenta propia en el sector de los servicios, que ahora tiene mucho éxito, es decir, mucha prensa, pero está habilitado desde entonces; fueron autorizados los mercados agropecuarios con libre fijación de precios; se modificaron los vínculos entre el Estado y las empresas, con aquellos procesos de redimensionamiento y perfeccionamiento empresarial, que cambiaron la relación Estado-economía; se consagró constitucionalmente la posibilidad de compartir la propiedad estatal con la inversión extranjera. Con ello se salvó un problema constitucional que tenía fecha desde el 82 con el Decreto Ley 50 de inversión extranjera, que no tenía base en la Constitución; la reforma del 92 vino a resolver esto. Se desarrolló, además, un programa de ajuste fiscal amparado en tal reforma; y se hizo una Ley Tributaria en el 94, que buscó compartir con el nivel local el saneamiento de las finanzas.

¿Qué no se modificó esencialmente? Un valor muy presente en la cultura política con la que se maneja el Estado cubano, que está representado en esta cita: «Las constituciones son declaraciones de realidades y no poseen carácter constitutivo [...] Deben reflejar la realidad económico-social cambiante, y partiendo de ella, influir en su transformación». Esto significa que deben consolidar jurídicamente lo ya existente, esa es una manera de comprender el uso de la ley y el del Derecho. Es decir, el cambio se produce, se experimenta como tal, se establecen relaciones de poder y sus distribuciones dentro de él, y la ley solo vendrá después a justificar, a consagrar lo que ya existe: es una visión adjetiva de la ley. Hay otra distinta, sustantiva, en la cual su papel es regular el cambio; este no se produce primero para luego quedar consagrado, sino que tiene lugar cuando se regula por la ley. Creo que ha prevalecido la primera, lo cual trae varios problemas; entre ellos, que se use muy poco la Constitución para lo que esta tiene que servir: como regla de derecho para limitar poderes del Estado; para reivindicar directamente, desde ella misma, derechos ciudadanos; y como mecanismo de relanzar debates, programas y contenidos de más libertad, justicia y dignidad, porque se entiende como una declaración de principios, pero no como algo que sirva para regular permanentemente la vida diaria.

Por otra parte, si bien mencioné los agotamientos que tuvo el modelo del 76, es hora, veinte años después de las reformas, de evitar el narcisismo con que regularmente miramos la Constitución y nuestra historia institucional, diciendo que es la más original y democrática de todas. Hay que ser sinceros y reconocer su origen soviético. En el año 60 se hace la Constitución de Mongolia, así como la de Checoslovaquia, que se reformó en el 68 y en el 70; la de Rumanía es del 65; la de la RDA, del 68; la de Bulgaria, del 71; la de Hungría, del 72; la de Yugoslavia, del 74; la de China, de 1975; y la de la URSS, de 1977; o sea, la nuestra está en el centro de este constitucionalismo de raíz socialista soviética. Toda la literatura que se estudiaba en la Facultad de Derecho, y que se publicaba en Cuba en los 60, decía que la nuestra era un modelo ejemplar de ese constitucionalismo.


La nuestra, por ejemplo, siguió la lógica de corte soviético de que los derechos individuales eran cuestiones burguesas; en cambio, los sociales eran los verdaderamente socialistas. En función de eso, solo el Estado socialista podía hacer el bien; no había necesidad de habilitar mecanismos de garantía frente a él, porque este nunca haría mal a sus ciudadanos, con lo cual se disminuye mucho tanto la consagración de derechos individuales como las garantías de este tipo, y aparece entonces una hiperbolización o un peso mayor en garantías de tipo social y en derechos sociales.

Rafael Hernández: ¿Tú estás afirmando que la reforma del 92 estaba todavía dentro de ese espíritu constitucionalista soviético, que no lo rebasó?

Julio César Guanche: No, lo que digo es que no se reconoció el origen que tenía y que permanece en determinadas prácticas, las cuales, aun cuando no se presentan como tales, se han naturalizado y tienen la influencia de entonces. La reforma del 92 es una gran crítica, una gran impugnación a aquel constitucionalismo, busca fuentes de pensamiento cubano distintas a las del 76; la redacción es bastante diferente; abandona principios que eran muy caros a los soviéticos: unidad de poder, centralismo democrático. En cambio, hay muchas maneras de concebir la institucionalidad del Estado, la relación entre los poderes públicos, entre partido y Estado, que vienen de entonces y que no fueron suficientemente superadas, porque no se asumió su procedencia.

Rafael Hernández: Orlando, ¿qué prácticas posteriores al 92, nuevas en el sistema político, en el orden de las relaciones sociales y económicas, tú podrías mencionar, si existieran, a partir de la reforma?

Orlando Cruz: Hay una frase que se utiliza en Cuba: «La Constitución se acata pero no se cumple». Este no es un problema nacional, sino universal, porque la ley de leyes es general y no cae en detalles. Para eso están las leyes complementarias, o las directivas.

Ahora bien, en el plano social, lo que decía López Oliva es importante: teníamos un discurso incoherente en relación con los religiosos en el territorio nacional, y coherente para el exterior. Se estaba hablando, por parte de la Revolución cubana, de una unión estratégica de los marxistas con los religiosos; sin embargo, en la Isla no había entendimiento con ellos, y no era solo con la élite de la Iglesia católica, apostólica y romana, sino que estábamos fajados con los creyentes de base, que habían dado —y siguen dando— un apoyo enorme a la Revolución. En ese sentido, la reforma introduce un elemento nuevo; propicia otro consenso nacional a la Revolución, un nuevo apoyo, en momento tan decisivo como durante la crisis de los balseros.

Entonces había un sistema de defensa de la Revolución cubana, y se hace de nuevo énfasis en los derechos y en las potestades sociales. Así aparecen agentes sociales y cambios económicos a lo largo de los 90. Incluso, en la Constitución se advierte que diez mil firmas podían propiciar que se discutiera un cambio en la Asamblea Nacional, cosa que no sucedió cuando se presentó el Proyecto Varela, aunque también en ello hubo mucha falsedad.

Toda Constitución tiene grandes contradicciones, pero ciertamente la reforma de la cubana propició cambios: hubo mayor participación democrática, 50% de la Asamblea Nacional se constituyó con los delegados de base; y el Consejo Popular, que hoy ha disminuido su peso, introdujo y permitió un eslabón intermedio que, supuestamente, debía posibilitar que la participación directa del pueblo fuera mejor, más amplia. Pero una cosa son los deseos y otra lo que sucede en la práctica. Un alto dirigente de la Revolución me dijo: «Si nosotros cumpliéramos todo lo que está establecido en el Poder Popular, esto funcionaría perfectamente». La Asamblea Nacional es un régimen parlamentario fuerte, puede hasta revocar al presidente del Consejo de Estado. Sin embargo, el poder ejecutivo domina esa Asamblea, y por la ley debe ser al contrario. Lo mismo sucede con los delegados de base, y ¿a cuántos hemos revocado en la base? Los mecanismos establecidos para instrumentar esto existen, y no se utilizan.

En cuanto al sistema del Poder Popular, el de Cuba difiere de los soviets y de los del campo socialista; es más democrático aunque no lo hacemos funcionar así. Allá te seleccionaban; aquí tú puedes decidir entre varios candidatos.


En relación con el Partido, tenemos que defender la unidad de este país. El Partido es un elemento rector; pero no es todavía el Partido de la nación cubana; no todos se ven representados en él. Ese es otro problema que resolver, porque no se trata de una vanguardia iluminada o proclamada, sino de una que se gana en la práctica.

Cuba tiene tantas leyes que a veces se contradicen entre ellas. Aun así no tenemos todo legislado; por ejemplo, la ley del comercio vigente data de la colonia. Hay cosas que es necesario cambiar, este es un problema de mentalidad.

Considero que ha habido grandes modificaciones, aunque a veces no se perciben. La mecánica, en los años 90, era de supervivencia cotidiana; lamentablemente había cosas que se decidían de forma centralizada, porque estaba en juego el destino del país. No había dinero ni para pagar un barco de petróleo que estaba en el puerto, y había muchos problemas reales para mantener la economía y la electrificación, todo lo cual acota y sesga esa reforma constitucional de los 90; por eso todo tiene que verse en un contexto histórico, y el nuestro, entonces, era que por poco el país se hunde en el mar.

Rafael Hernández: ¿En qué medida se hace necesaria una nueva reforma constitucional y la Constitución tiene un papel que desempeñar dentro del cambio político? ¿En qué consiste ese papel y en qué áreas específicas debe modificarse la Constitución? ¿Qué hacer ahora respecto a ella? Formulo estas preguntas para que el panel las conteste luego, pero quiero darle la oportunidad de referirse al tema a los que han pedido la palabra.

Rosa Álvarez: Es lógico que en este presente haya que hacer reformas, por ejemplo, en nuestro sistema electoral, así como en los mecanismos de participación activa del ciudadano. El concepto de participación está un poco diluido: participar no es asistir, levantar la mano; sino construir, crear políticas en conjunto.

Mi preocupación desde el punto de vista de una educadora es si existen políticas educacionales dirigidas a crear un ciudadano que tenga una participación activa en la política de su país, en la construcción de la nación que deseamos. Y me respondo a mí misma que no, no estamos creando ese individuo.

Amalia Pérez: Creo que un asunto que quedó pendiente en la reforma del 92 —algo que decía Juan Escalona ese año y que se publicó en la Revista Jurídica— es el perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular. Escalona proponía que se perfeccionara la función legislativa de la Asamblea. Entonces había una práctica reiterada de regular relaciones jurídicas de importancia económico-social que debían ser controladas a través de ley, y se hacía mediante decretos-leyes, que es la norma que dicta el Consejo de Estado.

En este sentido, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente se hizo un estudio sobre unas ochenta reservas que la Constitución hace diciendo que son contenidos importantes del proyecto revolucionario que deben ser desarrollados y complementados por la Asamblea. El estudio ofrece un porcentaje de las veces que eso se ha cumplido: la mayoría no ha sido implementada por la Asamblea, sino por el Consejo de Estado.

Por ejemplo, la reciente reforma de la política migratoria es un Decreto Ley, el 306, lo cual implica que la cantidad de decretos-leyes es casi tres veces la de leyes que hay dictadas desde el año 76, que son 113.

Otro asunto que ha sido una práctica reiterada, es que, por ejemplo, la reforma migratoria modifica una ley. ¿Eso qué implica? Que la reforma no se hizo por la Asamblea, que no se discutió cuáles eran los cambios necesarios a la política migratoria; ese al final es el resultado.

Mi pregunta sería: ¿Estas cosas afectan la centralidad legislativa de la Asamblea? Para mí afectan, además, la Constitución, que dice que la Asamblea es el órgano supremo de poder del Estado, el único órgano con potestad constituyente y legislativa.

Raúl Garcés: En el número de la revista Temas dedicado a «Democracia y sociedad», hay un artículo de Guanche en torno a la participación ciudadana en el Estado, que hace referencia a la tradición de nuevos constitucionalismos latinoamericanos y a determinadas tendencias en términos de control a los representantes, de promoción de la participación; habla de maneras de promover la comunicación, e incluso de los medios de comunicación en el


ejercicio del empoderamiento en Bolivia, Venezuela, Ecuador. Si nosotros formamos parte del ALBA, ¿qué influencias tiene ese entorno sobre el Derecho cubano actual? ¿Pudiera el espíritu de las nuevas reformas constitucionales ser heredero también de una tradición democrática extraordinaria que está emergiendo en América Latina y expresándose en términos constitucionales?

Olga Fernández: Quiero apuntar algunas ideas que me parecen importantes para el debate. Primero, quizás por una deformación profesional, creo que estamos obligados a incluir este análisis en el contexto del complejo proceso de la transición socialista en un país subdesarrollado. Segundo, yo, sin ser jurista, incluyo, como parte de dicho proceso, el de la reforma constitucional, e incluso considero que hablar de nuevas reformas no es alocado, como no lo es hablar de una nueva constitución que respete el carácter socialista de la Revolución.

Simpatizo con la idea que Guanche apuntaba de las raíces de esta Constitución, de los puntos importantes de las reformas, del agotamiento del modelo anterior.

Independientemente de que fue acelerada por la crisis resultante del derrumbe del campo socialista, la Constitución reformada, aunque tiene limitaciones, se parece más a los cubanos, a nuestras tradiciones, no solo en lenguaje sino en algunos conceptos. Aquí hay un mayor apego a la tradición marxista cubana, al vínculo de ese marxismo con el pensamiento desarrollado en el proceso de gestación de la República, y de todo el posterior. En la Constitución se rescata el concepto de pueblo, de trabajadores; se elimina el de dictadura del proletariado, al cual le reconozco un valor histórico y teórico extraordinario, pero sabemos las implicaciones políticas que tiene. Esta Constitución fue capaz de revalorizar temas que tienen que ver con ese concepto, y que son actuales, porque la Revolución cubana demostró su viabilidad a partir de un sujeto plural, no de una clase en particular, y ese es el concepto de pueblo de Fidel.

Al respecto, se abre más el tema de la independencia de las organizaciones de masa. En la Constitución del 76 se hablaba de atributos estatales; en la reforma se buscan otros mecanismos un poco más abiertos, incluso también con la UJC. Y hay cuestiones muy importantes en términos de familia y de educación: se rescata el concepto de la familia como célula fundamental de la sociedad, con atributos educacionales y culturales.

Por último, me gustaría que se profundizara un poco en la connotación de la eliminación explícita de la unidad de poderes.

Ailynn Torres: Voy a formular dos preguntas muy concretas. La primera está muy relacionada con la que hacía Garcés. Como se ha dicho, la Constitución del 76 compartía la inspiración soviética y ahora se está pensando en las demandas y los desafíos constitucionales para Cuba en un contexto latinoamericano, con muchos cambios, muy novedosos y necesarios para América Latina y también para Cuba. La pregunta sería: ¿qué podemos aprender desde Cuba de los nuevos constitucionalismos en América Latina?

Mi segunda interrogante es hasta qué punto el panel considera pertinente que lo necesario en Cuba no es una reforma constitucional, sino una asamblea constituyente popular que amplíe los alcances de esos desafíos constitucionales.

Ovidio D’Angelo: Todos, de alguna manera, hemos sido partícipes de la construcción de los modelos de los años 70 y los 80, le doy la razón en eso a Orlando. Ahora, si seguimos con los espejuelos de entonces, valorando la misma situación, estamos perdidos. De ahí que la pregunta que le devuelvo a Orlando sea la siguiente: ¿por qué no funcionan los mecanismos relacionados con los delegados y los Consejos populares, muchos de los cuales están supuestamente en la letra, aunque hay otros que no están? Una cosa es lo legislado y otra los mecanismos reales de poder que se ejercen a través de las estructuras verticales de la sociedad por encima de los gobiernos, y de los Consejos.

Ernesto Abel López: Hoy se habla más claramente de la crisis de institucionalidad que nos asiste, que no es nueva; y en el centro de ella está justamente el estado del Derecho —no el Estado de derecho. Un gran problema, se ha dicho aquí ya, es el de la conexión que debe haber, y tal cual se da, entre la Constitución, como Ley de leyes y el resto de las regulaciones. La profesora que nos antecedió ilustró muy bien su preocupación a este respecto. Entonces,


¿cómo lograr, si hablamos de posibles reformas, que se reconstruya esa relación? Está claro que hay una gran diferencia, un tramo inmenso entre esa gran Ley de leyes y los otros cuerpos jurídicos, pero se supone que nuestra Constitución, la de nuestra sociedad, debe ser distinta, debe funcionar de otra manera en términos de participación.

Hay una arista del análisis que tiene que ver con el diseño y la ejecución de las políticas públicas. Una política de este tipo es un bien público; entonces ¿cómo diseñarlo si no con participación pública? Se sabe cuán poco hacen nuestros centros de investigación en el diseño de políticas culturales, educacionales, a pesar de que los haya con una experticia tremenda; y ese es el primer sesgo a la participación.

El carácter emergente de nuestras políticas públicas, la falta de luz larga, de pensamiento prospectivo, nos ha marcado muchísimo. Toda reforma tiene que llegar a eso, a tocar los presupuestos fundamentales de la manera en que se hace la Constitución, porque esta es, ciertamente, el sistema de declaraciones de principios que encuadra todo lo demás, pero tiene que serlo de facto.

Rafael Hernández: Antes de devolverle la palabra al panel, quisiera hacer un comentario que me suscita la muy interesante intervención de Amalia, y lo voy a hacer desde el punto de vista del abogado del diablo. Desde esa perspectiva, reformularía su pregunta de la manera siguiente: ¿no es lógico que las reformas en un sistema autoritario se generen en un estilo autoritario? Pensar que un animal autoritario se va a autotransformar utilizando un estilo que le es ajeno, sería medio raro, ¿no?

Ulises Aquino: Quiero brevemente aclarar dos puntos. Cuando se menciona la palabra revolución, se habla de un proceso histórico; el propio término implica la necesidad de movimiento y evolución constantes; por tanto, lo que ocurre con la Constitución, a mi modo de ver, pertenece más a los conservadores que a los revolucionarios.

Nosotros no debimos haber ido a buscar las constituciones estalinistas, que no pertenecían a una identidad como la que habíamos cultivado desde la Asamblea Constituyente de Jimaguayú, desde las acciones del 18 y de la Constitución del 40. Teníamos que haber modificado todo lo que este último texto no hacía del obrero, del trabajador, del proletario, lo que necesitaba la sociedad en su momento.

El Artículo 1 de nuestra Constitución actual reza: «Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos». El 1 de la del 40 dice: «Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como República unitaria y democrática para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana». El quinto artículo de la actual es: «El Partido Comunista de Cuba, martiano, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista», y aquí me quiero detener, una vez que enuncie el Artículo 2 de la del 40: «La soberanía reside en el pueblo y de esta dimanan todos los poderes públicos»; por tanto, la actual coloca al Partido Comunista por encima del pueblo, por encima de la sociedad. ¿Quién es ese Partido, quién es esa figura? He ahí la contradicción que a mí me asiste; si tuviéramos un partido plural, aunque fuera único, sería uno participativo, con todas las fuerzas sociales; pero uno excluyente —porque para ser militante históricamente se ha necesitado tener determinados valores conceptuales, éticos, políticos—, no puede ser único, pues no representaría la sociedad cubana en pleno, sino a los militantes de ese partido. A mi juicio, como ciudadano, el poder tiene que emanar del pueblo hacia el Partido; ese es el primer concepto que la Constitución tiene que aclarar. No tengo absolutamente nada en contra de nuestro Partido, pero creo que debería ser plural; si va a ser uno, en él tienen que poder participar todos los que tienen intereses estéticos, políticos, artísticos, educacionales, en nuestra sociedad. No es posible construir una clase política vitalicia sobre los preceptos estalinistas de esa Constitución de 1976, que nos mantienen a una distancia diametral de lo que ocurre desde el punto de vista del derecho en todos los lugares del mundo.


Con respecto a la sociedad y a qué cambios debieran ocurrir, alguien preguntaba sobre los derechos individuales. Pienso que para ser soberanos como nación es obligatorio serlo como individuo. Lo primero no es posible sin lo segundo. Desgraciadamente, por circunstancias políticas, por contextos históricos, hemos perdido nuestra soberanía individual, y hemos hecho muy poco por recuperarla. Cuando me refiero al derecho individual hablo del que tiene el ciudadano de escoger, de elegir, no a los derechos que imbrican a la sociedad en su conjunto; para los generales existen los mecanismos ya sea por consenso, por votación, por elección.

Por último, quiero acotar que Cuba, antes de 1959, no era el país que queríamos, y por eso hicimos una Revolución que nos ha llevado a nuestros días. Todos los cubanos somos partícipes de ella, y tenemos derecho a hacerle tantos cambios como necesite para que siga siendo Revolución.

Orlando Cruz: En relación con algunas reflexiones que se han hecho sobre el totalitarismo, pienso que ese verticalismo establecido, donde las redes horizontales prácticamente no funcionan, no permite el empoderamiento popular. Si la mentalidad de los que están dirigiendo no cambia en ese sentido, cómo sucederá lo otro; si no hay empoderamiento popular, no hay realidad, participación, y no hay socialismo. No juguemos con los términos, el socialismo es democrático o no es socialismo. Por lo tanto, haría falta una mirada no solo a los procesos que están ocurriendo en América Latina, sin duda interesantes. En el caso nuestro tenemos que ganar experiencia de esas prácticas populares, que por vías reformistas y evolucionistas tratan de destronar al capitalismo. En Cuba hoy se están formando redes subjetivas, de movimientos sociales que se están quedando fuera de la mirada de las instituciones y organizaciones políticas, y no es un riesgo, sino una ventaja si aprovechamos esa oportunidad para fortalecer nuestro sistema, para impulsar lo que la propia dirigencia de la Revolución está diciendo que hay que impulsar: un cambio de todo lo que debe ser cambiado.

En los países del ALBA, y en otros, hay redes sociales importantísimas, movimientos políticos y sociales, que, aunque no están articulados, están dando grandes pasos. La educación popular de Paulo Freire en Brasil, que se está aplicando en América Latina, permitiría en Cuba formar ese ciudadano participativo; o sea, no es necesario inventar nada, sino crear nuestras propias condiciones. Podemos recuperar parte de la pedagogía cubana, la anterior, no esta que destruimos y que ya casi no existe, y ajustarla a los condicionamientos de América Latina y otras partes, y formar ese ciudadano. El ciudadano se hace, pero se construye él mismo también. En Cuba se ha perdido la noción del término, a tal punto que el único que lo utiliza para referirse a nosotros es la policía: «Ciudadano, venga acá, deme el carnet de identidad», y la gente se pone brava.

Por otra parte, la división de poderes, esa de Montesquieu, aunque no lo queramos, funciona en nuestro país, a pesar de que en lugar de la triada esté el Partido. István Mészáros, el marxista húngaro, decía que el capitalismo es tan potente, tan dominante, que su lógica se reproduce en los sistemas precapitalistas e inclusive en los socialistas; eso pasó en la Unión Soviética y está pasando aquí. Este país se hizo para que el poder fuera popular, y todavía falta para que lo sea, por lo tanto aquí hay una distorsión.

Roberto Fernández Retamar habla de un «subdesarrollo subdesarrollante». Aquí reproducimos el subdesarrollo, porque es nuestra forma de pensar. Y tenemos dos paradigmas, uno europeo-centrista-norteamericano metido aquí, otro proveniente del modelo soviético. Y para lograr algo tenemos que pensar por cabeza propia.

El ejercicio que ha hecho Ulises es válido, pero la Constitución del 40 no nos sirve ya más que como un referente para una analogía, porque siempre fue letra muerta, y la utilizaron y la violaron cuantas veces quisieron. Yo creo, como dice Ulises, que la del 76, aunque con otro lenguaje, también recupera, y por eso Olguita opina que la del 92 se acerca un poco más a nosotros.

Ahora, nosotros, que estamos en este país, tenemos que propiciar ese cambio desde un empoderamiento de lo popular y no esperar desde arriba todo, sino empujar desde abajo. Esas prácticas verticales siempre van a existir; el poder del Estado es fortísimo, y no puede, como expresó Marx, desaparecer mañana, porque tiene funciones que cumplir,


de defensa de las fronteras. Por mucha ALBA que haya, y mucha solidaridad, todo el mundo defiende el pedacito de tierra donde nace. Martí dijo: «Patria es humanidad», pero a continuación añadió que es «el pedazo de humanidad donde nacimos». Por lo tanto, sin copiar de nuevo, tenemos que mirar de cerca esas prácticas de América Latina, de los movimientos sociales, lo que se están cuestionando algunos de estos gobiernos populares.

Ello es parte de la riqueza del debate. Nosotros tenemos un país uniétnico, aunque sea de riqueza cultural variada, y racialmente plural; y tenemos que lograr que el Partido sea también plural en todo el sentido del término.

Julio César Guanche: «Se acata, pero no se cumple»; todos sabemos que eso viene de la colonia, siglos atrás. Y no es algo anecdótico; en ello reside un problema grave de legitimidad que significa la diferencia entre ley y práctica política, que hay que recortar hasta eliminar. La distancia supone ilegitimidad del comportamiento político; mientras más se recorte esa distancia más legítimo será su comportamiento público, estatal, gubernamental.

Respecto a lo que dijo Ulises, no entendí bien lo referente a los conservadores y los revolucionarios, pero creo que hay una mala prensa sobre el derecho, como cuestión de los conservadores. Históricamente someter el poder al derecho ha sido una demanda revolucionaria.

Lo que decía Olga sobre un proceso de transición me parece fundamental. Es en ese sentido que habría que discutir, como si estuviésemos en un proceso de transición, práctica que se ha perdido en el debate intelectual y político cubano.

En relación con lo que dijo Amalia, la diferencia entre ley y decreto es capital; no solo es jurídica, sino profundamente política. El sujeto de la ley es el soberano, el pueblo, que se expresa a través de ella; y el del Decreto es el gobierno, un instrumento de la soberanía. Mantener esa distinción es conservar la separación entre soberanía y gobierno; la soberanía se expresa como ley y el gobierno no tiene más opción que ejecutar. La ley respecto al decreto tiene tres ventajas principales: una, se delibera, se debate en la Asamblea; en ese debate se representan intereses diferentes que deberían estar presentes en un órgano asambleario; y, por último, circulan liderazgos, que es fundamental para una comprensión democrática que supone circulación y distribución de poder. Todo lo que se haga por decreto contra la ley va contra estos tres valores: la deliberación, la circulación de liderazgo y la representación de intereses.

El estudio de Santiago de Cuba que menciona Amalia habla de ochenta reservas de ley y de sesenta y seis cubiertas mediante instrumentos inferiores en jerarquía a la ley. Hacer que muchas de estas cuestiones estén reservadas de la ley, significa no solo hacer más leyes, sino reformular el funcionamiento de la Asamblea y la calidad de su debate, así como el tiempo en que se reúne. En cuatro días al año de sesiones ordinarias es imposible lograr las leyes necesarias. Eso arrastra una cantidad de redimensionamientos del sistema que tendrían que estar encadenados uno con el otro.

Sobre la unidad de poder, este término es algo distinto de la representación de ese poder. Carlos Marx decía: «No se puede confundir el azúcar con el precio del azúcar». La unidad de poder está en el soberano, el pueblo; se representa de modo múltiple, y por eso puede haber separación de funciones y de poderes, aun cuando hay unidad de poder. Eso es lo que hace, por ejemplo, Ecuador, que llama funciones públicas a lo que para otros son los poderes públicos; se sigue conservando la unidad de poder pero se representa de un modo múltiple. Lo que no se puede hacer es un único poder representado de una única manera. Ello conduce a su concentración absoluta, lo que, por ejemplo, se vio en la Unión Soviética y se ha visto también en el escenario cubano.

La defensa de los derechos individuales y las garantías es, para mí, fundamental. El catálogo de derechos del 76 era amplio para el momento; en él están todos los reconocidos por Naciones Unidas. Actualmente está muy desactualizado respecto a los existentes en el mundo contemporáneo, en relación con las garantías para los derechos individuales y para los sociales, y para aquellos de tercera y cuarta generación. Pero actualizarlo implica varias cosas; una de ellas es pensar de otra manera el tema de los derechos. Nosotros participamos de la tradición estalinista y soviética de la separación de estos: unos eran los


burgueses y los otros, los socialistas. No hay derechos burgueses, sino un uso burgués de ellos, que los limita, los vacía y los formaliza, pero todos los derechos son necesarios para la democracia y para el socialismo.

Quiero leer algo sobre los derechos en Cuba, que pertenece a una tradición que se ha perdido completamente. La Fraternidad Masónica Gran Oriente de Cuba y Las Antillas, aquella que formó el pensamiento de Maceo y el del 68 independentista cubano, defendía: «la libertad del linaje humano, la de pensamiento, la de examen, la religiosa, la personal, la política, la de reunirse, la soberanía de las naciones, la libertad de imprenta, la de cambio de moneda, el habeas corpus, el juicio por jurado, y la igualdad social». Esto es del año 1860.

Carlos Manuel de Céspedes defendía clara y explícitamente el sufragio universal, el gobierno elegido por el pueblo, la enseñanza laica, el derecho al levantamiento armado en defensa de la patria; lo mismo que Ignacio Agramonte y que Antonio Maceo. Este último abogaba por la «democracia republicana, la libertad de conciencia, la libertad de prensa, la tolerancia política y religiosa, y un Estado laico». Eso desapareció por completo de la argumentación sobre los derechos en nuestro pensamiento político y constitucional, y eso hay que unirlo y calzarlo a toda la práctica del siglo xx, que también contribuyó a esto.

Respecto al nuevo constitucionalismo, hay que mirar al mundo entero y específicamente al entorno histórico, político, geográfico, donde uno está más inserto, porque la cultura es una herencia común, y como mismo reivindicamos la Atenas de hace dos mil años, y la historia del siglo xix, no tendremos ningún obstáculo en reivindicar historias que también puedan servir para lo que necesitamos defender.

Ecuador, Bolivia y Venezuela, y antes Colombia y Brasil, han hecho las constituciones que se conocen como «nuevo constitucionalismo latinoamericano», han apostado por un socialismo que califican de Estado constitucional de derecho. Lo han hecho en un escenario de completa beligerancia contra esos procesos, y han armado la defensa de esa versión del socialismo al mismo tiempo que proclaman un Estado constitucional de derecho. Ello significa una relación completamente diferente entre socialismo y democracia, y una negación de toda la tradición socialista del siglo xx, que jamás pensó el socialismo en términos de Estado de derecho, mucho menos de Estado constitucional de derecho.

¿Hace falta una nueva Constitución? Sí. ¿Hace falta una Asamblea Constituyente? Por supuesto, por razones que son quizás obvias con todo lo que aquí se ha dicho.

En relación con la necesidad de reformular la esfera económica, desde el año 1991 el Partido no se pronuncia sobre el Poder Popular; que tiene que ser reformado en profundidad. Hay muchos temas que están en la Constitución, o no están, que habría que enfatizar; por ejemplo, el del control constitucional; el mecanismo existente no se ha usado desde el 76, o sea, hay que elaborarlo completo, hay que buscar otras maneras de colegislación entre la ciudadanía y el Estado, para que la participación no se confunda con asistencia, sino que sea intervención, codecisión, en función de la soberanía del ciudadano.

El texto del 92 establece que una reforma solo puede ser activada por la Asamblea Nacional. Uno de los cambios necesarios es que el primero con derecho de reformar la Constitución es el ciudadano, una cifra cualificada de ellos, porque de lo que se trata es de concentrar en el soberano, que es el pueblo, la capacidad primera de cambiar el sistema institucional que tiene para sí mismo.

La reticencia a esta idea supone que la democracia le hace daño al socialismo, y declara inútil la democracia y el socialismo; y creo que la única manera de defenderlo es profundizar la democracia en Cuba.

Rafael Hernández: Este panel ha sido bueno porque las intervenciones han sido diversas, y eso es lo que hace posible una diferencia de potencial, como diría un físico, que permite un arco de luz para ver mejor, porque si todo el mundo está de acuerdo, no hay luz.

Muchos de los temas tratados tienen que ver con la cuestión de la cultura política. José Martí, que bebió del liberalismo y también de los masónicos, ¿no luchaba contra el autoritarismo?, ¿no son todas las cartas y los debates internos del Partido Revolucionario Cubano el enfrentamiento de las ideas democrático-liberales y el de las corrientes


autoritarias dentro de las filas de la revolución? ¿La deliberación es relevante?, ¿lo es la que tiene lugar dentro de la Asamblea Nacional o también, y en mayor medida, la que ocurre en la esfera pública? ¿Una decisión sobre la Ley migratoria no tiene como antecedente la deliberación en la esfera pública? Esa y muchas otras preguntas podrían incorporarse a la discusión y podrían hacernos transitar hacia otro tema. Los panelistas nos han ayudado mucho a esquivar los peligros que una discusión como esta tiene si la reducimos a los aspectos técnicos-jurídicos.

Agradezco a los panelistas y a todos los que intervinieron. Este ha sido un debate interesante sobre un tema que seguramente enriquecerá, desde la esfera pública, la cuestión clave del papel de la ley en la construcción de un nuevo modelo socialista.

Participantes:

Ulises Aquino: Cantante. Director de la compañía Ópera de la Calle.Orlando Cruz: Historiador e investigador. Instituto de Filosofía.Julio César Guanche: Jurista e investigador.Rafael Hernández: Politólogo. Director de la revista Temas.

, 2015

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ENTR

ETEM

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La sección Entretemas analiza críticamente algunos modelos socialistas del siglo xx, su difícil inserción en el sistema internacional de la Guerra fría, el sentido de sus políticas de comunicación, y el papel de periodistas y sociólogos en su desarrollo.

El primer texto, Premio Temas de Ensayo 2014 en ciencias sociales, analiza la política cultural y de medios de difusión cubanas, y preconiza la participación de especialistas y ciudadanos en el nuevo modelo.

El segundo, Premio Temas 2014 en estudios sobre arte y literatura, examina la evolución literaria e ideológica del periodista y narrador argentino Rodolfo Walsh.

El tercer ensayo recupera la obra del sociólogo norteamericano C. Wright Mills (1917-1962), en particular la dedicada a la naciente Revolución cubana, en medio del enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.

La sección cierra con un estudio sobre la economía soviética, y sus políticas hacia el sistema-mundo.

125Políticas nacionales de comunicación en el nuevo modelo cubano

Todo lo que tocan los hombres se convierte en una mezcla de bueno y malo [...] tal vez Marx no pensó

que también eran hombres aquellos que luego iban a administrar el comu nismo.

Jostein Gaarder, El mundo de Sofía

Cuando se termina de leer los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, plataforma programática para la actualización del modelo económico

cubano, se nota la ausencia de una política dedicada a la comunicación social y su papel en este proceso. Únicamente el Lineamiento 254 se refiere a ella de la siguiente forma: «Proyectar el sistema educativo y los medios de difusión masiva en función de profundizar en la calidad e integralidad de la política enfocada al ahorro y al uso eficiente y sustentable de la energía» (Partido Comunista de Cuba (PCC), 2011: 27).

Resalta aquí no solo el carácter limitado y, por demás, compartido de la función asignada, sino el enfoque difusionista empleado, lo cual presupone la comprensión del proceso de comunicación en un solo sentido (Medina, 2000), propio de modelos conceptualmente superados.

Los acontecimientos posteriores a abril de 2011 —mes en que fueron aprobados los Lineamientos por el VI Congreso del PCC—, han demostrado que su implementación requiere, más allá del imprescindible acompañamiento informativo inherente a toda actividad social compleja y prolongada, la formulación de una política que coloque a la comunicación misma

en el centro de las transformaciones que vive la sociedad cubana.

En esta dirección parece encaminarse el gobierno cubano con los pasos que ha venido dando. Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, se refirió a ello en las conclusiones del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada el 7 de julio del 2013: «Se constituyó el grupo temporal para la elaboración de la propuesta de política comunicacional del gobierno» (PCC, 2013: 12); Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente cubano, también lo hizo durante el IX Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, celebrado los días 13 y 14 de julio del 2013, cuando precisó que desde abril de ese mismo año trabaja una Comisión del Buró Político en una propuesta de política comunicacional para el Gobierno y el Estado (Díaz-Canel Bermúdez, 2013).

Ahora bien, mientras aparecen los primeros resultados, el impasse resulta propicio para realizar algunas precisiones sobre aquellos aspectos que, a nuestro juicio, deberán ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar una Política Nacional de Comunicación (PNC), en el contexto del nuevo modelo económico cubano.

Políticas nacionales de comunicación

en el nuevo modelo cubanoRafael Ángel Salazar Martínez

y colaboradoresCentro Universitario Municipal de Mayarí, Holguín.

n. 81-82: 125-132, enero-junio de 2015

Colaboradores: Rafael Ángel Salazar Diez, Félix Antonio Cabrera Martínez, investigadores de la Estación Integral de Investigaciones de la Montaña, en Mayarí, y Yordanka Ramírez Aguilar y Ángel Juan Otero Méndez, profesores e investigadores del Centro Universitario Municipal de Mayarí, en Holguín.

Premio Temas de ensayo 2014 (CienCias soCiales)

126 Rafael Ángel Salazar Martínez y colaboradores

Coordenadas históricas

La génesis de las PNC se encuentra en los intensos y agudos debates que durante la década de los 70 libraron los países del Tercer Mundo en la UNESCO, en una infructuosa batalla por implantar un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC). En 1970, la Conferencia General de este organismo acordó un programa de ayuda a los Estados miembros para formular sus «políticas nacionales de comunicación, y ya para 1972 se organizaba en París la primera reunión de expertos en este ámbito» (Beltrán, 1976).

Nuestra región, América Latina, fue particularmente activa en el empeño de formular e implementar PNC ajustadas a la realidad de los países que la integran. Las condiciones se revelaban particularmente propicias. Primero, el fracaso del modelo de difusión de innovaciones, que formulado en 1962 por Everett Rogers, sociólogo rural norteamericano, fue asumido como complemento comunicacional del modelo de desarrollo económico que la Organización de Estados Americanos (OEA), siguiendo los postulados de W. W. Rostov, elevó al rango de doctrina oficial durante esta década, y que concebía el desarrollo como «el resultado de una transferencia de recursos de capital y de tecnología desde la Metrópoli hacia los países latinoamericanos» (García, 1980; 247). Segundo, la necesidad de construir un paradigma comunicacional propio, que brindara respuesta al desarrollo integral de nuestros países, y fuera «capaz de trazar un camino autónomo frente al poder coaligado de las transnacionales y de las asociaciones interamericanas de propietarios de medios» (270), cuyos intereses de clase resultaban ajenos a las legítimas aspiraciones de las amplias mayorías. Y tercero, el hecho de contar con una escuela latinoamericana de investigadores sobre comunicación que, portadora de un pensamiento crítico y autóctono, «realizó aportes cruciales» a la conceptualización de tales políticas. Al boliviano Luis Ramiro Beltrán, una de sus voces más destacadas, le correspondió proponer, en París, a finales de 1971, la siguiente definición:

Una política nacional de comunicación es un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general de comunicación de un país. (Beltrán, 2005: 17)

En 1974, la UNESCO organizó en Bogotá la primera reunión regional de expertos en el tema, cuyo informe final serviría de plataforma para las deliberaciones de la Primera Conferencia Intergubernamental sobre PNC, celebrada en San José de Costa Rica en 1976, con la

presencia de representantes de veinte países de América Latina y el Caribe; cita en la que participó por Cuba el profesor Enrique González Manet. Los participantes en San José hicieron treinta recomendaciones a los países de la región, orientadas en cuatro direcciones (García, 1980: 269):

que formularan o establecieran sus políticas al 1. servicio de programas de desarrollo orientados hacia el cambio social;que incluyeran entre los objetivos específicos de 2. sus políticas la eliminación de las relaciones de dependencia que afectan a la mayoría de los países de la región;que se orientara la acción estatal hacia la eliminación 3. de la concentración de la propiedad sobre los medios de comunicación masiva y de la consiguiente centralización geográfica; que se dirigiera la acción del Estado hacia el reajuste 4. de las funciones de la comunicación masiva en relación con los objetivos del desarrollo integral.

Como era de esperarse, semejantes propuestas contaron con la reacción de los grandes propietarios de medios, que organizados en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Interamericana de Radio Difusión (AIR), las hicieron blanco de sus ataques, acusándolas de introducir modelos «estatizantes» y «socializantes» de comunicación. Finalmente, el poder de estos llegó a «acobardar a los gobiernos de la región» (Capriles, S/: 12), lo que hizo abortar, incluso, el tímido intento del presidente Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, de dotar al Consejo Nacional de Cultura (CONAC) con amplias facultades en el campo de las comunicaciones; pálido reflejo de anteriores e igualmente malogradas experiencias como las de Perú (1968-1975) y Chile (1970-1973), países en los que, respectivamente,

los decretos leyes del régimen del General Velasco Alvarado respecto a la socialización de la prensa y la radiodifusión recorrieron el continente, y la política del presidente Salvador Allende frente a los medios de comunicación fue noticia en la prensa mundial. (Schenkel, 1981: 15)

El carácter de letra muerta que tuvieron las declaraciones y recomendaciones de San José parece darle la razón a Elizabeth Fox al calificar de fracaso la reunión celebrada en la capital costarricense (Fox, s/f), que constituyó el presagio de otro mayor, cuando en 1980 la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, constituida por la UNESCO bajo la presidencia del irlandés Sean MacBride, presentara a la XXI Conferencia General, celebrada en Belgrado, un voluminoso documento de quinientas páginas, que pasaría a la historia como


Informe MacBride, resultado de la política de este órgano en apoyo al NOMIC.

Al igual que las recomendaciones emanadas de la Conferencia de San José de Costa Rica, el Informe MacBride contó con la enconada oposición de las potencias que aún hoy controlan los medios de comunicación a escala global, hasta tal punto, que en diciembre de 1983 los Estados Unidos anunciaron su retirada de la UNESCO, lo cual se hizo efectivo un año después, y de paso estimuló la salida del Reino Unido de la organización internacional.

Así pues, s imilar a lo sucedido con las Recomendaciones de San José, el Informe MacBride comenzó a pertenecer al pasado en el mismo momento de ser aprobado por el consenso de los países reunidos en Belgrado. El escenario que sobrevino a su publicación resultó particularmente sombrío para las PNC.

En la década de los 80, tras la publicación del Informe MacBride, el contexto de recesión y reorganización del capitalismo monopolista terminará arrinconando los discursos y formulaciones políticas democratizadoras al fragor de las activas campañas liberalizadoras de la revolución conservadora. No sólo quedaron en papel mojado las propuestas del NOMIC y de las PNC en el seno de la UNESCO, sino que además, a escala global, los mercados experimentarán un intensivo proceso de concentración y liberalización que, en el plano de la teoría, llevará aparejado la derrota de la teoría crítica y toda pretensión reformista en la Academia y las políticas públicas regionales. (Sierra Caballero, 2009: 161)

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los 90 se produjo un rescate del espíritu de MacBride —que volvió a situar en el debate público los problemas estratégicos del Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación— en el contexto del Foro Social Mundial de Porto Alegre, al calor del cual se impulsan iniciativas como la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC), que se complementa con la ya existente Organización Católica Latinoamericana y del Caribe en Comunicación (OCLACC), lo que contribuyó a refundar un proyecto comunicacional emancipador y democrático.

Con todo, la teoría tuvo que esperar por la llegada del siglo xxi para encontrar reflejo en los procesos de integración que experimenta el área latinoamericana, protagonizados por gobiernos progresistas cuyo discurso emancipador ha sido objeto de una abierta y planificada agresión, que ha encontrado su principal y más eficiente herramienta en los medios, toda vez que estos, en nuestra región, siguen estando en manos de una oligarquía conservadora y reaccionaria, poco propicia al cambio social.

Es así como la Venezuela de Chávez, el Ecuador de Correa y la Argentina de Cristina, han implementado legislaciones en materia de comunicación (Ley

de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, 2005; Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, 2009; Ley Orgánica de Comunicación, 2014), que persiguen equiparar la correlación de fuerzas en el que constituye hoy día escenario estratégico de confrontación ideológica contra una derecha que se rehúsa a compartir el «poder de la palabra» con aquellos que nunca lo han tenido.

Cuba: un caso singular

Tras el triunfo revolucionario de 1959, junto a los medios de producción, los de comunicación también pasaron a manos del Estado. Este hecho, por sí solo, comenzó a marcar la diferencia con respecto a los restantes países latinoamericanos, para los que una mayor presencia del Estado en la gestión de sus contenidos constituía un reclamo neurálgico de las PNC.

La enconada oposición que encontraron los países latinoamericanos por parte de propietarios y grandes asociaciones de prensa constituía un problema salvado para Cuba. Sin embargo, la Isla se enfrentaba a uno mayor, proveniente, en este caso, del exterior. El bloqueo económico, financiero y comercial que, desde febrero de 1962, le impusieron los Estados Unidos, derivó inevitablemente en una permanente batalla ideológica, en la que los medios se encontraban llamados a desempeñar un papel fundamental. La hegemonía mediática de los Estados Unidos a nivel internacional los colocaba en una ventajosa situación para generar matrices de opinión contrarias a la Revolución cubana en el exterior, mediante sucesivas campañas que duran hasta la actualidad. Esta realidad, unida a la de una naciente y resentida oposición interna que tempranamente comenzó a utilizar publicaciones periódicas, cine y otras formas de producción simbólica como vehículos para lanzar ataques contra la naciente Revolución, influiría decididamente en el curso de los acontecimientos posteriores.

Es en este contexto que «Palabras a los intelectuales», discurso pronunciado por Fidel Castro en junio de 1961, fija posiciones para la producción artística y literaria, válidas igualmente para los medios de comunicación. Este documento, que recoge la controversial frase «dentro de la Revolución todo, contra la Revolución ningún derecho» (Castro Ruz, 1961) sentaría las bases de la política cultural y comunicacional del Gobierno revolucionario, particularmente clara para aquellos que no fuesen capaces de adaptarse al nuevo escenario social.

Poco a poco se iría entronizando en la sociedad cubana, cual reflejo condicionado, el argumento de que una información polémica o controvertida, el


reconocimiento de un error cometido o una crítica a la gestión gubernamental y/o partidista constituían concesiones que le proporcionaban «armas al enemigo» (Vidal, 1911: 3), situación reconocida por el propio líder histórico de la Revolución (Ramonet, 2006: 603-10).

Esta sería entonces la nota predominante en un contexto en el que la unidad siempre ha estado por encima de toda discusión, y más allá de los matices, de «quinquenios grises» y procesos de rectificación de errores, «en la imagen de nuestro periodismo pareciera haber quedado grabado el rótulo de «apolémico» por los siglos de los siglos» (Muñoz Kiel y Nápoles, 2005: 212).

Como bien señala José Ramón Vidal, esto es el inevitable resultado de una política de larga data que ha constreñido a la prensa a desempeñar un papel defensivo y propagandístico, en detrimento de otros roles sociales y políticos esenciales que debe cumplir.

Por lo quecuando se habla de comunicación, lo más usual en nuestro medio es que se evoque el modelo centrado en el proceso de transmisión, que se concentra en la difusión de informaciones y en el despliegue de campañas dirigidas al convencimiento sobre la bondad de ciertas ideas que parten siempre desde un centro que «sabe» hacia una vasta y supuestamente homogénea periferia que «desconoce»; así, las campañas suelen continuar siendo una distribución masiva de información estructurada desde un mismo punto de vista para cambiar actitudes y conductas, ya que se considera la falta de información como la causa de ciertos comportamientos. (Vidal, 2011: 2)

De lo anterior se desprende que, si bien «la comunicación por sí misma no puede generar el desarrollo, no hay duda de que la comunicación inadecuada frena el proceso de desarrollo e impide la participación popular» (MacBride et al., 1980: 170) que reclama la actualización del modelo económico cubano.

Hoja de ruta para una PNC en el nuevo modelo económico

Para iniciar esta hoja de ruta hacia una PNC que responda a las particularidades de nuestro renovado modelo económico, retomamos una de nuestras ideas iniciales, la cual consideramos medular para encausar el debate: una política comunicacional deberá

colocar la comunicación misma en el centro de las transformaciones que vive la sociedad cubana actual.

El propio proceso que necesariamente debe anteceder a su diseño, constituye una oportunidad única para que el documento resultante cumpla su verdadero papel como fundamento para la actualización de nuestro modelo comunicativo en sus más variados ámbitos.

Si, como apunta Rosa María Alfaro, «cuando la comunicación está ligada al desarrollo, lo hace no solo como aporte auxiliar y metodológico, sino como objeto mismo de transformación de la sociedad y de los sujetos que la componen» (Alfaro, 1993: 11), la participación de dichos sujetos en la formulación de la PNC deviene premisa para su posterior y efectiva aplicación. Por eso, consideramos que la repetición de viejos y gastados esquemas, amparados en comisiones que formulan políticas a puertas cerradas, en condiciones semejantes a las de un laboratorio, no parece la opción más viable y mucho menos el comienzo más afortunado para el diseño de una política sobre algo que nos atañe a todos, «en la medida que el espacio de la comunicación se torna cada día más estratégico, decisivo para el desarrollo o el bloqueo de nuestras sociedades» (Martín Barbero, 1990: 2).

No se trata, como es lógico, de obviar o soslayar el papel conductor que desempeña el Gobierno y el Partido en el diseño e implementación de la PNC. Pero esta conducción deberá descansar en el consenso activo de la sociedad toda, cuya participación puede ser canalizada por diferentes vías y a través de diversos actores, «pues las PNC no implican necesariamente una planeación rígida, centralizada; pueden ser simplemente un marco flexible para la coordinación de las actividades» (MacBride et al., 1980: 170-1). Teniendo en cuenta esto, el papel más activo les corresponderá entonces a periodistas, investigadores y estudiosos de los procesos de la comunicación, cuyos saberes acumulados resultarán decisivos para el trabajo de cualquier comisión, al complementar la visión más pragmática y administrativa aportada por los funcionarios partidistas y gubernamentales. Junto a decisores y especialistas, también formarían parte de la comisión personalidades de la cultura y la intelectualidad, líderes estudiantiles, sindicales y religiosos y representantes de las organizaciones de masas del país, todos los cuales, en su condición de líderes de opinión, representarán a los más variados sectores de la sociedad cubana.

No se trata, como es lógico, de obviar o soslayar el papel conductor que desempeña el Gobierno y el Partido en el diseño e implementación de la PNC. Pero esta conducción deberá descansar en el consenso activo de la sociedad toda.


Ahora bien, los trabajos de la Comisión deberán nutrirse constantemente de los criterios y opiniones emanados del pueblo. Surge aquí la cuestión de cómo canalizar la participación popular en la formulación de la PNC. Al respecto, el proceso de discusión y debate previo a la aprobación de los Lineamientos en el VI Congreso del PCC constituye un valioso precedente que tener en cuenta. Sin embargo, es necesario ir más allá de «la identificación de aspiraciones, deseos y necesidades sentidas por la ciudadanía» (Vidal, 2011: 5), para transitar hacia un diálogo social permanente,

que deje atrás toda forma de paternalismo y de subestimación de la capacidad de los ciudadanos para aportar ideas de alto valor [...] Solo con políticas informativas transparentes y el fomento de espacios públicos de discusión, serios y calificados, donde se escuchen ideas diversas y no un monocorde discurso con una construcción única de la realidad y lleno de verdades inamovibles, es que la comunicación puede hacer una verdadera contribución al cambio necesario en Cuba. (5)

De ahí que no parece descabellado generar foros de discusión (como ya se ha hecho para otros asuntos de interés nacional) en comunidades, centros laborales y estudiantiles y tantos otros espacios aprovechables, para que la población participe activa, directa y decisivamente en el diseño de su PNC. Para encausar este diálogo social, resultan válidos algunos postulados de Paulo Freire, contenidos en su concepción sobre la Educación Popular.

Basándonos en la obra del pedagogo brasileño, sostenemos que estos foros de discusión deben constituir lugares de encuentro, donde no haya «ignorantes absolutos ni sabios absolutos: hay hombres que, en comunicación, buscan saber más» (Freire, 1970: 71). Sobre esta premisa descansará entonces lo que Freire llama «contenido programático», de lo que en nuestro caso sería la PNC. Para llegar a él, habrá que transitar primeramente por revelar el «universo temático», o temas generadores, de los individuos en torno a su particular situación comunicativa, la de su contexto más inmediato y la de su país.

La identificación «de los temas generadores o de la temática significativa del pueblo, al tener como objetivo fundamental la captación de sus temas básicos a partir de cuyo conocimiento es posible la organización del contenido programático para el desarrollo de cualquier acción con él, se instaura como el punto de partida del proceso» (163) conducente al diseño de la PNC.

De esta forma, el contenido programático no constituiría «una donación o una imposición [...] sino la devolución organizada, sistematizada y acrecentada al pueblo de aquellos elementos que este entregó en forma inestructurada» (74).

Tenemos entonces que la participación del pueblo en el diseño de la PNC se concretaría mediante dos

momentos significativos. Un primer momento de captación de los temas generadores y un segundo momento en el que se llevaría a cabo la discusión y debate del contenido programático de la PNC.

Posibles temas generadores para el contenido programático de la PNC

Por supuesto que muchos de los temas generadores emanados del diálogo social no surgirían de la nada, al formar parte ya de matrices de opinión que se han venido construyendo en torno al tema de la comunicación social.

En lo concerniente al ámbito mediático, medulares resultan las siete tesis de Raúl Garcés sobre el papel de la prensa cubana en las circunstancias actuales: «La prensa socialista tiene el desafío de arropar con ideas la nueva época, interpretar creativamente el discurso político, alimentarlo con argumentos, demostraciones, ejemplos concretos y un permanente debate público».

Sobre la prensa y la realidad señala: Hemos suplido, frecuentemente, el juicio razonado por la propaganda, la interpretación por las cifras, la noticia por los eventos, el argumento por el adjetivo, la riqueza de los procesos por la síntesis caricaturesca de sus resultados.

Particularmente incisivas resultan sus ideas en torno al fenómeno del secretismo. Al respecto plantea:

¿Se imaginan que los ministerios del país ofrecieran sistemáticamente conferencias de prensa?, ¿se imaginan que todas las instituciones públicas dispusieran de directivos, cuadros intermedios o funcionarios accesibles, con información y sentido de responsabilidad para comunicar?, ¿se imaginan que pudiéramos analizar frecuentemente, con nombres y apellidos, las fuentes aferradas al secretismo y educarlas —educarnos— en una cultura de la información y la transparencia?La guerra contra el secretismo no pertenece solo a la prensa, sino a toda la sociedad [...] porque un secretista no viene al mundo genéticamente mudo. Enmudece gradualmente, como resultado, a veces, de la desinformación, o la falta de preparación para enfrentar los medios, o la ignorancia, o los regaños, o la defensa enmascarada del beneficio personal, o lo que interpreta como su sentido de la responsabilidad. (Garcés Corra, 2013)

Ya, en otro momento, Sean MacBride et al. habían puesto el dedo en una llaga que no es exclusiva del contexto cubano:

El periodista inquisitivo debe examinar las acciones de quienes tienen el poder y exponer todos los abusos e incompetencias. Su derecho a investigar la mala administración y la corrupción burocráticas tiene una importancia particular porque es una de las pocas formas en que puede asegurarse que la ineficiencia y la deshonestidad no contaminen todo un sistema. Por estas razones, muchos de quienes tienen el poder se


oponen fuertemente a los periodistas que no se contentan con boletines oficiales o las fuentes de información controladas. (MacBride et al., 1980: 193)

Pero como no todo lo comunicacional es mediático, existen otros ámbitos igualmente decisivos, en los que la presencia de sujetos comunicacionalmente activos y responsables, constituye condición sine qua non para articular consensos en torno a esa idea de socialismo próspero y sostenible sobre la que descansa nuestro renovado proyecto de nación.

Aunque pudieran incorporarse otros, consideramos que los principales ámbitos son el institucional, el comunitario, el educacional, el científico y el digital, además del mediático, en los que cubanas y cubanos hacemos uso de nuestro derecho a comunicar, por lo que deberán recibir igual tratamiento en una eventual PNC. En consecuencia, la distancia entre el «ser» y el «deber ser» en cada uno de ellos, también constituye objeto de nuestra atención.

La comunicación institucional, aquella que tiene lugar dentro de las organizaciones laborales y entre estas y sus diferentes públicos, recibió un importante impulso en nuestro país, como resultado del Proceso de perfeccionamiento empresarial que comenzó a gestarse a finales de la década de los 90; impulso que se ha hecho extensivo a otras instituciones del Estado sin fines lucrativos, y que ya ha alcanzado a gobiernos provinciales y locales.

Sin embargo, a estas alturas, muchos de los sistemas de comunicación de las instituciones cubanas no pasan de un conjunto de documentos de poca utilidad práctica que se desempolvan solo en momentos de controles y visitas. Por lo que las palabras de Irene Trelles, escritas en 2008, mantienen plena vigencia:

En muchos casos, la comunicación se asume como un fenómeno de generación espontánea al que no es necesario atender de manera particular, ni integrar en los sistemas de dirección [...] sin concebirla en su dimensión más integral. No se considera la importancia de la gestión de comunicación como elemento que potencia o retarda los restantes procesos organizacionales ni se conoce la utilidad que podría derivarse de una comunicación estratégicamente dirigida, planificada, controlada y evaluada. (Trelles, 2008: 58)

Pero lo que más nos interesa señalar es que la documentación que sustenta los sistemas de comunicación, en el ámbito institucional cubano, obedece fundamentalmente a una lógica instrumental plagada de formalismos, que no favorece la real y efectiva participación de los trabajadores en los asuntos que atañen a la vida de la organización, donde la comunicación deviene recurso de significación estratégica. Cuestiones como sus derechos en materia comunicativa deberían quedar explícitos en una política institucional de este tipo, más allá de la identificación

de los espacios existentes para canalizarlos. Sucede que, en la práctica, aquellos escenarios que suponen un protagonismo comunicacional de los trabajadores han sido secuestrados por la administración, como es el caso de las reuniones de la Sección Sindical, que lastimosamente lo que debería constituir el espacio por antonomasia para la búsqueda de consensos se ha convertido en uno más de los muchos instrumentos a disposición de las direcciones para ejercer un control vertical de los procesos comunicativos.

Por otra parte, si bien es cierto que en los manuales y estrategias de comunicación que hoy proliferan en los estantes de nuestras instituciones, se conceden varios acápites al público externo, la realidad contrasta con lo declarado. En efecto, la ausencia de una información oportuna y un trato, cuando menos, afable constituyen práctica habitual en la atención a los cubanos en buena parte de las instituciones, incluyendo aquellas que cobran por un servicio; sombrío panorama cuya solución transita, entre otros factores, por el aprendizaje de una presunción básica que ha calado muy poco en la cultura organizacional cubana: atender bien al público no constituye atributo de la personalidad de un trabajador, funcionario público o directivo, sino que forma parte inseparable del contenido de trabajo de todos y cada uno de los miembros del colectivo laboral.

Adentrándonos ya en el ámbito de la comunicación comunitaria, destaca una actividad sobre la que descansa nuestro modelo de democracia participativa. Las asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores constituyen, sin dudas, el principal escenario existente para su ejercicio. Sustentadas en la interacción directa de sus participantes, encuentran en la comunicación uno de sus principales componentes, el cual, sin embargo, ha cargado con el pesado lastre de planteamientos acumulados y problemas insolubles; de ahí que la pérdida de confianza en estos espacios se refleje en una progresiva disminución de las intervenciones realizadas por los electores, a la par que el discurso de los delegados se torna cada vez más formal y triunfalista, mientras que las respuestas de los representantes de las instituciones asistentes destacan por su habitual inoperancia. Otro tanto sucede con las reuniones de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), organizaciones de base comunitaria que con el tiempo se han ido anquilosando y perdiendo el vigor y la frescura de antaño, fácilmente observable en la disminución de su capacidad de convocatoria.

Emprendimientos encaminados a revitalizar y recuperar el terreno perdido ya se hacen sentir —fundamentalmente en lo que respecta a las mencionadas asambleas de rendición de cuentas—, evidenciados en un paulatino rescate de ese espíritu crítico y polémico del que nunca debieron desprenderse.


No obstante, el momento se revela propicio para someter a debate la viabilidad de crear nuevos espacios que satisfagan otras necesidades de asociación e intercambio, y sean capaces, al mismo tiempo, de articularse con los ya existentes, en términos de redimensionar el tejido social de nuestras comunidades y fortalecer su papel, de cara a la implementación de los Lineamientos, donde se les concede especial atención a los procesos de desarrollo a escala local

En cuanto al ámbito educacional, cuyo componente comunicativo resulta insoslayable, existen algunas cuestiones que también atañen a una PNC, pues todo modelo o método pedagógico entraña una determinada concepción de la comunicación que, en la mayoría de los casos, terminamos incorporando y reproduciendo en nuestras prácticas comunicativas llegada la adultez. La formación de ciudadanos reflexivos, críticos y, por qué no, contestatarios, transita necesariamente por un proceso de enseñanza-aprendizaje que apele al rigor, pero también a la creatividad y al pleno desarrollo de las potencialidades humanas del educando, sobre la base del diálogo constante y el respeto a la diversidad de criterios, donde el error no sea visto como falla ni sancionado, sino que se asuma «como una etapa necesaria en la búsqueda, en el proceso de acercarse a la verdad» (Kaplún, 1985: 53).

De igual forma, los medios de comunicación pueden y deben hacer también importantes contribuciones a las políticas educacionales y a las de ciencia e innovación tecnológica, en su papel de socializador de conocimientos. Pero requeriría de formas mucho más atractivas para lograrlo. (Vidal, 2011: 7)

En tal sentido, José Ramón Vidal, a quien citamos en extenso, expresa:

Un factor a tener en cuenta, insoslayablemente, en cualquier política de comunicación social, es el uso de las redes digitales como medios que potencialmente son interactivos y, por lo tanto, facilitadores del diálogo.Son recursos que pueden romper el viejo esquema emisor-receptor porque permiten a quien se conecte, en primer lugar, ser un participante activo en la búsqueda de información y, además, porque le da la posibilidad de convertirse en un emisor de información [...] Esto indica la urgencia e importancia de continuar haciendo todos los esfuerzos para lograr el acceso creciente de cubanos y cubanas a estas redes. De lo contrario, se está comprometiendo el crecimiento de uno de los recursos esenciales para el presente y el futuro del país, que es el conocimiento. (7)

Factores de diversa índole, externos y bien tangibles, derivados del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, se asocian a otros internos e intangibles, casi invisibles, resultado de insuficiencias logísticas y subjetividades cuya paranoia por una eventual «fuga de información» y el acceso a determinados «contenidos» por parte de los ciudadanos

excede los límites del sentido común. Lo cierto es que, en este ámbito, el retraso de Cuba con respecto a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe resulta notable, lo cual contrasta con su liderazgo en otras áreas del desarrollo socioeconómico.

Si tomamos como referente el Informe sobre el Desarrollo Mundial de las TIC que cada año emite la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Cuba contaba, al culminar 2013, con 25,7 usuarios de Internet por cada cien habitantes. En nuestra área geográfica solo exhiben cifras inferiores El Salvador, con 23,1; Guatemala con 19,7; Honduras con 17,8; Nicaragua con 15,5 y Haití con 10,6 (Databank). A lo anterior debemos agregar que este servicio en Cuba, además de su mala calidad, resulta bastante precario, y se concentra en medios de comunicación, universidades, centros de salud e investigación y algunas empresas. El 4 de junio de 2013, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) comenzó a ofertar el servicio de Internet, en respuesta a una política que persigue ampliar su uso a otros sectores de la sociedad cubana. Con tal propósito, fueron habilitadas 118 salas de navegación en todo el país. Hasta el 1 de febrero de 2014, ETECSA registró 18 419 usuarios con cuentas en uso, había prestado 187 215 servicios de una hora de navegación y 68 855 de 30 minutos (Oficina Comercial de ETECSA, Mayarí), cuyas tarifas ascienden, respectivamente, a 4,50 y 2,25 pesos convertibles, cifra que representa 11% de los 2,9 millones de usuarios de Internet existentes en la Isla. Y aunque la tendencia es al aumento, el precio del servicio, más allá de su mayor velocidad de navegación, resulta prohibitivo para la inmensa mayoría de los cubanos. Urge entonces que ETECSA y el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MINCOM) de Cuba revisen y flexibilicen su política de precios, al igual que lo ha venido haciendo con el servicio de telefonía móvil.

Final inconcluso para un debate que comienza

Seguramente habrán quedado muchos aspectos que ameritan ser atendidos en una PNC, al igual que otros posibles ámbitos en los que la comunicación social también tiene presencia. Sin embargo, este ensayo no tiene entre sus pretensiones la exhaustividad. Solo pretende brindar algunas coordenadas que serían enriquecidas y ampliadas si llegara a materializarse ese diálogo social que desde aquí proponemos.

Todo lo anterior apunta hacia una definición más compleja de PNC, que la parcial y tentativa de Luis Ramiro Beltrán enunciada inicialmente. En tal sentido, nos parece que la de Antonio García se ajusta mucho más a nuestra propuesta, por lo que pudiera constituir un valioso referente para el caso cubano, a pesar de los años transcurridos desde su formulación:


, 2015

La política nacional de comunicación social se concibe como aquella que se encuadra dentro de una estrategia de desarrollo, que orienta y regula tanto la acción del Estado como la totalidad de estructuras de participación social, que se inspira en una nueva concepción de la cultura (humanismo-social) y que hace posible la articulación y adecuación de los diversos componentes de un sistema nacional de comunicación e información. (García, 1980: 266)

De ahí que una PNC deba alcanzar por igual al Estado, a las instituciones, a las personas, a los grupos profesionales, a la operación de empresas y entidades extranjeras; deberá integrar la comunicación en la planificación general del país y, por añadidura, vincular los problemas de ella con los procesos del desarrollo integral y cambio social (Ordóñez Andrade, 1975).

Solo en este marco podrá hacerse realidad el concepto de comunicación social inherente a la PNC que podemos construir y que ya se avizora en el horizonte; concepto con el cual damos por concluida nuestra propuesta, al tiempo que dejamos abierto el tema para un debate, en el contexto del nuevo modelo económico cubano: «comunicar [...] es hacer posible que unos hombres reconozcan a otros, y ello en «doble sentido»: les reconozcan el derecho a vivir y pensar diferentemente, y se reconozcan como hombres en esa diferencia» (Martín Barbero, 1990: 13).

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133Rodolfo Walsh: en busca de la palabra ajena

La aparición de los sectores populares como actor político opera, aunque sea por posición, como revolucionaria. El otro [...] hace una entrada en escena que la literatura de la década del 60 instala como definitiva. Los sectores populares pasan a ser hablados.

Pablo Alabarces

A fines de 1962, Rodolfo Walsh formula una lista de deseos en su diario. Uno de ellos nos parece particularmente significativo: «Que yo pueda hablar con la gente, entonces

podré hablar de la gente» (Walsh, 1996a). Walsh no era un novato en el diálogo con los sectores populares; los sobrevivientes de los fusilamientos fueron sus principales informantes en la investigación que culminó en el libro Operación Masacre. No se trata entonces de comenzar el diálogo, sino de plantearlo en otros términos. Su experiencia al frente del periódico de la Central General del Trabajo de los Argentinos (CGT) ilustra hasta qué punto este nuevo diálogo con los obreros puso en crisis sus propias certezas.

Cuando Walsh se incorpora a la central sindical, ha acumulado un importante capital en el campo literario. Los principales semanarios culturales reseñan sus libros y lo entrevistan acerca de sus proyectos. Ha firmado un contrato para escribir una novela, y el editor le ha pagado por adelantado, pero la novela quedará inconclusa. En el tiempo destinado a ella, Walsh escribe un relato testimonial: ¿Quién mató a Rosendo? (Walsh, 2003: 31), cuyo tema es el asesinato de dos militantes

Rodolfo Walsh: en busca

de la palabra ajenaCelina Fernanda Ballón Patti

Socióloga. Universidad de Buenos Aires, Argentina.

n. 81-82: 131-140, enero-junio de 2015

Premio Temas de ensayo 2014 (estudios sobre arte y literatura)

antiburocráticos y un jerarca vandorista1 en un tiroteo. El proceso de escritura del libro deja en claro lo difícil que puede ser tender un puente entre los intelectuales y los sectores populares.

Un reportaje concedido a la revista Siete Días, poco después de su publicación, saca el tema a relucir: «¿Cómo consiguió que los implicados hablaran?», le preguntan. La respuesta es contundente: «En eso tiene que ver la gente con la que yo hablo para reconstruir la historia. Esa gente es excepcional» (Walsh, 1996b: 120). Walsh establece aquí un continuum entre la excepcionalidad de los militantes y su disposición a reconocerlo como interlocutor. Se trata de un modo elegante de eludir la pregunta: en realidad, el escritor debió ganarse la confianza de sus informantes.

Así lo recuerda el Indio Allende, un trabajador gráfico que militó en la central combativa:

¿Vos leíste esa obra, Un kilo de oro? Bueno, imaginate que sea durísimamente criticada por nosotros. Entonces cuando él quiere sacar su publicación sobre lo de La Real —toma aire y habla como si volviera a hablarle a Walsh—: No te zarpés, no te vengás a hacer el pelotudo, que esta obra tiene que ser dirigida a nuestra gente, flaco, si no, no te vamos a dar los datos. (Arrosagaray, 2006: 67)

Lo primero que se advierte es la desconfianza inicial de los militantes obreros. Un kilo de oro era el último libro de cuentos publicado por Walsh (Walsh, 1967). Al leerlo, Raimundo Ongaro, máximo dirigente de la Central, formula una pregunta que es una estocada: «No entiendo nada. ¿Escribe para los burgueses?». La pregunta llevaría a Walsh a revisar todos los postulados de su obra anterior y a interrogarse sobre la literatura venidera.

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Primer paso: el examen de conciencia

¿Pero qué es lo más específicamente burgués de lo que yo escribo, lo que más molesta a Raimundo? Creo que puede ser la condensación y el símbolo, la reserva, la anfibología, el guiño permanente al lector culto y entendido [...] Otra cosa que puede —debería— molestarle: la traslación burguesa de un personaje popular, como el de «Corso». (Walsh, 1996a: 134)

Estas anotaciones son de 1969. ¿Quién mató a Rosendo? ya había sido publicado, y Walsh continuaba reflexionando sobre el tema. El párrafo identifica dos problemáticas centrales: la primera de ellas tiene que ver con el abandono del preciosismo formal —al que denominaba «la aventura del lenguaje»— en favor de un código accesible a los sectores subalternos. Este era un reclamo que partía desde las mismas filas de los militantes obreros. Así recuerda Allende las críticas que le hacían a Walsh: «¡¡No, no, no, flaco, a Borges la gente no lo entiende!! Esto era la lucha de clases. Todos se lo decíamos» (Arrosagaray, 2006: 67). El segundo de los puntos tiene que ver con dar cuenta de los sectores populares en términos que no sean los de su enemigo; es decir, no efectuar «traslaciones burguesas». Walsh no aclara por qué «Corso» (Walsh, 2005) debería molestar a Ongaro, pero a la luz de otras declaraciones es posible formular algunas hipótesis.

El cuento narra una broma pesada que dos muchachos hacen en un carnaval. Ilustra un rasgo que, según Michel de Certeau, resulta característico de los sectores populares: la astucia para llevar a cabo jugarretas exitosas.

Se trata, en suma, de buenas pasadas del «débil» en el orden construido por el «fuerte», arte de hacer jugadas en el campo del otro, astucia de cazadores, capacidades maniobreras y polimorfismo, hallazgos jubilosos, poéticos y guerreros. (De Certeau, 2000: 46)

El narrador es uno de los bromistas, cuyo nombre no se nos dice. El cuento está escrito en un lenguaje coloquial, con giros y modismos propios de los sectores populares («un tornillo que te la debo», «unas llamaradas de samputa», «nasta»). En este intento por reconstruir la oralidad de los sectores subalternos encontramos una manifestación de un fenómeno cultural al que hace referencia Pablo Alabarces (2000: 30): «El otro es hablado, tematizado, discutido e incluso simpatizado, seducido. Y en algunos casos [...] también habla». El relato presenta a los jóvenes como portadores de prejuicios, cuya asunción resulta políticamente incorrecta (el machismo y la homofobia): «estas ñatas con tal de andar en bolas hacen cualquier cosa», «el hindú lo tenía entusiasmado, lo miraba de arriba abajo como si fuera Nélida Roca. Ahí supe que iba a hacer una cagada, porque el Ángel será lo que vos quieras, menos eso» (Walsh, 2005: 98).

Creemos que la radicalización de la lucha política impone la necesidad de nuevos modos de narrar. Ya no se pueden contar «las buenas pasadas efímeras del débil» en «el orden constituido por el fuerte» cuando el mismo orden del fuerte está siendo cuestionado desde sus cimientos. En palabras de Walsh:

[l]os hechos producidos en Córdoba y Rosario proveen a la novela de un nuevo «centro» de verdad. Ya no es preciso remontarse al año 19, sino a lo que ha pasado en estos días, a la gente que uno conoce. Cuando cuarenta mil hombres y mujeres salen a la calle, como en Córdoba, un héroe es cualquiera. (Walsh, 1996a: 114-5)

Teoría general de la novela: plan para la literatura por venir

En enero de 1970, Walsh anota tres objetivos de lo que denomina Teoría general de la novela:

Ser absolutamente diáfano. Renunciar a todas las 1. canchereadas, elipsis, guiñadas a los entendidos o a los contemporáneos. Confiar mucho menos en aquella famosa «aventura del lenguaje». Escribir para todos. Confiar en lo que tengo que decir, dando por descontado un mínimo de artesanía. Eludir la elefantiasis literaria, tipo David.Recuperar la verdad, las propias contradicciones. 2. Evitar puerilidades como la de Z, ese personaje impoluto. No hay personajes impolutos.Recuperar la verdad del pueblo, de las masas. Trazar 3. el avance de los héroes, desde la resignación hasta el triunfo que se sabe no-definitivo, porque tampoco es posible ya ser inocente ante la revolución.

Todo esto equivale a aprender de nuevo multitud de cosas. (Walsh, 1996a: 150-1)

Las reflexiones walshianas terminarían por poner en cuestión el concepto mismo de literatura. En una entrevista conjunta con Miguel Briante, concedida en 1972 al diario La Opinión, Walsh se referiría a las instituciones propias del campo artístico como una «trampa cultural» que desactivaba cualquier contenido contestatario de la obra y asignaba al artista el rol de sirviente de los que pagan por ella (Walsh y Briante, 1972: 7). En su diario, avanza en el análisis y llega a la conclusión de que la desactivación del potencial crítico de la denuncia convierte a los artistas que la llevan a cabo dentro de los canales institucionales, en cómplices del sector social que perpetra los hechos que se denuncian:

Si la obra de arte podía ser política, ya era otra cosa, empezaba a tener otra clase de valor, aunque fuera negativo. Podía existir un interés en comprarla en términos políticos, no ya para consumo de una élite, sino para su absorción, su neutralización: incluso porque el literato disconforme podía percibir antes que el aparato político los gérmenes de la insurrección, y en este sentido, los escritores podían ser una especie de alcahuetes o policías. (Walsh y Briante, 1972: 205)


El papel desempeñado por el artista dentro de las instituciones que conforman la «trampa cultural» oscila, por tanto, entre el bufón y el delator. El único camino es la construcción de una hegemonía alternativa:

Pero este es un problema que no lo podés resolver vos solo, y ahí viene lo grave. ¿Por qué fue posible esta experiencia del periódico en CGT? Fue posible, pero no porque la inventara yo, sino porque los trabajadores argentinos se daban en la CGT rebelde y ellos me daban a mí la oportunidad de poner mi instrumento a su servicio. Si ese canal no existe, a mí o a vos, individualmente, nos resulta imposible fabricarlo. De hecho, nuestros principales canales de comunicación con el pueblo están permanentemente obstruidos por el aparato cultural de la burguesía, que no deja correr ni un hilito. (Walsh y Briante, 1972)

Las declaraciones de Walsh no pueden analizarse al margen de un fenómeno clave de principios de la década de los 70: el agotamiento del boom de la literatura latinoamericana. El año en que tiene lugar esta entrevista resulta sintomático: según Ángel Rama, es el año en que varios testimonios coinciden en afirmar su fin. Sin embargo, América Latina seguía produciendo novelas importantes, surgieron nuevos escritores y el interés del público lector no experimentó mermas considerables.

Las declaraciones acerca del ocaso del boom deben ser leídas, dice Rama, como una retirada estratégica de los autores en un momento en que sus rasgos comerciales y publicitarios comenzaban a deteriorarse, a raíz del cambio de las leyes del sistema de mercado que hasta entonces habían regido su funcionamiento. Sus consecuencias más significativas serían las nuevas exigencias impuestas por el fenómeno de la profesionalización del escritor. La primera de ellas es la presión por aumentar la productividad: el escritor deviene un productor semejante a cualquier otro trabajador, con la particularidad de hallarse obligado a correr detrás de la demanda, lo cual impacta negativamente en la obra.

Por otra parte, la necesidad de llegar al público masivo, que había remplazado al de élite, imponía la necesidad de pactar con los medios de comunicación en términos que muchas veces implicaban la banalización del autor y de su obra, ya que dicha relación asumía la forma de un canje de publicidad en el que el autor entregaba detalles de su vida privada y opiniones apresuradas sobre la actualidad a cambio de la difusión de sus libros.

Además, la década de los 70 fue testigo de un estancamiento en las innovaciones literarias. Rama señala que ninguna obra o autor aparecido en el período consiguió imponerse en el mercado internacional, y vincula el hecho con los mecanismos de producción de la industria cultural, que tienden a generar una demanda de repetición de las innovaciones

que han sido exitosas. El resultado, en palabras de Rama (1984), consiste en que la autonomía profesional del escritor «implica una visible restricción de su libertad y una integración dentro de mecanismos cuyas ruedas pueden fácilmente triturarlo». La vinculación con las organizaciones políticas es entonces una estrategia cultural destinada a recuperar las potencialidades de la producción.

Las declaraciones de Walsh se inscriben en este contexto. Al hablar de la trampa cultural, señala que se caracteriza por la impotencia a la que se ve condenado el autor:

A nosotros, aun a los más audaces y los más lúcidos, yo me los represento mentalmente —y a mí mismo— con las manos atadas, los pies atados y una varilla por atrás. Porque así empezás a escribir. Estás condicionado por todo, por quién te lo va a publicar, qué van a decir los críticos, cuánto se va a vender y así [...] Se empieza a escribir desde una atadura completa [...] Hay que empezar a pensar —aunque nosotros no las vayamos a realizar— en otras posibilidades; cómo se pueden romper las ataduras. Empezando por desatarse las manos. (Walsh y Briante, 1972)

En otra entrevista publicada en 1973, Walsh declara la imposibilidad de producir arte fuera de la política, y liga esta situación a la necesidad de considerar que los géneros literarios consagrados podrían estar en vías de tornarse caducos:

Habría que ver hasta qué punto el cuento, la ficción y la novela no son de por sí el arte literario correspondiente a una determinada clase social en un determinado período de desarrollo y en ese sentido y solamente en ese sentido es probable que el arte de ficción esté alcanzando su esplendoroso final, esplendoroso como todos los finales, en el sentido probable que un nuevo tipo de sociedad y nuevas formas de producción exijan un nuevo tipo de arte más documental, mucho más atenido a lo que es mostrable. (Walsh, 1996c)

Walsh reconoce la gravitación que ejercen sobre los escritores ya consagrados las categorías burguesas que postulan a la novela como obra cumbre de la literatura, pero se muestra esperanzado en que las nuevas generaciones formadas en países no capitalistas o en proceso de revolución acepten el estatuto artístico de la denuncia y el testimonio. En definitiva, apuesta por una renovación de los géneros en la que periodismo y literatura tengan vasos comunicantes: «Es decir, evidentemente, en el montaje, la compaginación, en la selección, en el trabajo de investigación, se abren inmensas posibilidades artísticas» (Walsh, 1996c).

La literatura venidera: tradición y horizontes

Las consideraciones de Walsh revelan importantes similitudes con las ideas expresadas por Walter


Benjamin (1998) en «El autor como productor» [1936]. En este texto, el filósofo alemán señala que «no siempre hubo novelas en el pasado, y no siempre tendrá que haberlas»; que lo mismo vale para la tragedia y la épica, y que las formas del comentario, la traducción, e incluso la falsificación, no siempre han sido marginales en la literatura. Géneros y jerarquías son históricos, y Benjamin considera, a mediados de la década de los 30, que estos se hallan en proceso de refundición. Sergei Tretiakov desarrolla la reflexión y acuña el concepto de «factografía» para dar cuenta de un nuevo procedimiento artístico centrado en el montaje de los documentos. La función del autor factográfico, puntualiza Víctor del Río (2010: 33), «pasará a ser la de buscador, compilador y montador de hechos y, en el caso de los factógrafos más radicales, como Tretiakov, parte de la estructura productiva en tanto que “escritores operantes”».

La categoría de escritor operante se refiere a la función de Tretiakov cuando, en ocasión del lanzamiento de la consigna «Escritores a los koljoses», se estableció en una comuna y realizó una serie de trabajos entre los que se contaron la convocatoria a reuniones de masas, la colecta de dinero para el pago de tractores, la inspección de las salas de lectura, la creación de periódicos murales y la dirección del periódico del koljós, así como la introducción del cine ambulante y de la radio.

Tal vez ustedes estimen a Tretiakov y opinen, sin embargo, que su ejemplo no dice demasiado en este contexto. Las tareas a las que se sometió, objetarán quizás, son las de un periodista o propagandista; con la creación literaria no tienen mucho que ver. Pero he entresacado el ejemplo de Tretiakov intencionadamente para señalar cómo, desde un tan amplio horizonte, hay que repensar las ideas sobre formas o géneros de la obra literaria al hilo de los datos técnicos de nuestra situación actual, llegando así a esas formas expresivas que representen el punto de arranque para las energías literarias del presente. (Benjamin, 1998: 120)

Benjamin señala la importancia de la prensa en este proceso de refundición de los géneros literarios. El proyecto factográfico abandona la narrativa ficcional y se organiza en torno a los géneros marginales de la historia de la literatura: la biografía, la epístola, las memorias, las crónicas de viaje y el reportaje. Este proyecto de fusión entre literatura y crónica de los hechos tiene como resultado dos fenómenos indisociables. El primero es la muerte de la novela

como género de ficción, y el segundo, la literaturización del reportaje. La factografía no solo pone en crisis la distinción entre periodismo y literatura, la ciencia y las bellas artes, la crítica y la producción, sino también la existente entre el autor y el lector. La praxis compartida es lo que permitirá forjar un código en común entre ambos. Al respecto, Tretiakov señala, en el relato de su experiencia en el koljós, que el conocimiento exacto del arado era fundamental para entender el humor de los colectivistas y poder avanzar en los discursos y las descripciones. Sin este saber, era imposible ser autor de ninguna obra.

Algunas de las declaraciones de Walsh revelan que su concepto de la literatura futura no era ajeno al ideario y las experiencias de Tretiakov. En el reportaje concedido a Siete Días, afirma que sus notas sobre los frigoríficos o los obrajes implicaban posibilidades literarias futuras (cuando trabajaba en la nota sobre los frigoríficos, estuvo tres meses aprendiendo de los trabajadores, cuando en principio solo había planeado hacerlo durante quince días). En esa misma línea, se plantea incorporar la experiencia realizada en la CGT de los Argentinos —no como tema, sino como visión del mundo y las formas de lucha capaces de configurar una denuncia «clara y diáfana».

Sin embargo, la reflexión temática tampoco está ausente del pensamiento walshiano. En entrevista concedida a Ricardo Piglia, pone bajo la lupa los temas abordados por la literatura argentina y llega a la conclusión que esta refleja los conflictos privados de la clase media. «Nosotros no tenemos una lucha obrera claramente representada», observa Walsh con pesar, mientras pasa revista a la historia de la literatura nacional, al tiempo que se lamenta por dicha carencia y expresa su desconfianza respecto a la capacidad de la literatura burguesa para dar cuenta de los conflictos sociales: «la denuncia traducida al arte de la novela se vuelve inofensiva, no molesta para nada, es decir, se sacraliza como arte» (1996a: 219).

Nos interesa destacar que a partir de su trabajo en la CGT, las ideas de Walsh acerca de la literatura venidera y el rol del escritor experimentan un punto de giro que da lugar a reflexiones inéditas, que no cristalizan en respuestas definitivas. La idea de escribir una novela hecha de cuentos que retomarían personajes y situaciones de Los oficios terrestres y Un kilo de oro también estaba presente al momento de reflexionar sobre el posible final de la novela burguesa y el advenimiento de la literatura de testimonio.

A pesar de que en 1968, Rodolfo Walsh inaugura un camino de lucha que ya no abandonará, sus posicionamientos teóricos estuvieron lejos de ser inmutables. Su pensamiento fue influenciado por la correlación de fuerzas políticas de la coyuntura, lo cual tampoco le impidió pensar a contrapelo.


Dos años después de su conversación con Piglia —publicada en 1973, pero que tuvo lugar en 1970—, Walsh se replantea la relación entre literatura y periodismo: «El periodismo activa para el momento, podía tener una gran fuerza conmocionante, pero no una larga proyección, no alcanza a fijar la experiencia colectiva (que es prolongada) ni la experiencia personal» (1996a: 206).

Aquí no terminan sus consideraciones. Habla también de la posibilidad de una literatura clandestina, anónima o pseudónima, que implica el sacrificio de la autoría y, por consiguiente, el de la figura de la individualidad creadora del escritor. Estamos ante un concepto de literatura que se postula al margen de los circuitos institucionales de producción y circulación de las obras. Estas consideraciones de 1969 establecen un diálogo con dos experiencias que le son contemporáneas.

La primera de ellas es la exhibición clandestina de dos películas documentales: La hora de los hornos, de Fernando «Pino» Solanas (1968), y la versión fílmica de Operación Masacre, dirigida por Jorge Cedrón (1972). Sobre esta última, Walsh dice:

La filmación se realizó en las condiciones de clandestinidad que la dictadura de Lanusse impuso a la mayoría de las actividades políticas y a algunas actividades artísticas. Alrededor de treinta actores profesionales, en su mayoría de primera fila, aceptaron el riesgo de la filmación. La película se terminó en agosto de 1972. Con el concurso de Juventud Peronista, peronismo de base, agrupaciones sindicales y estudiantiles, se exhibió centenares de veces en barrios y villas de Capital e interior, sin que una sola copia cayera en manos de la policía. Se estima que más de cien mil compañeros la habían visto antes del 25 de mayo de 1973. (2001: 139)

El director de la película diría, por su parte, que «lo más importante es haber llegado a hacer una película que se inscribe dentro del peronismo. Es decir, hacer algo que está en el pueblo, no declararse meramente junto a él» (citado en Peña, 2003: 88).

En esta voluntad de hacer películas que los obreros pudieran reclamar como propias, la presencia de Julio Troxler —sobreviviente de la masacre— validaba el filme: quien habla es «uno de ellos». En palabras de Cedrón, «el testimonio sale de la boca de un militante, y eso le da una verdad muy grande» (Peña, 2003: 88). Walsh (2001) concuerda plenamente con Cedrón: «Una militancia de casi veinte años autorizaba a Troxler a resumir la experiencia colectiva del peronismo en los años duros de la resistencia, la proscripción y la lucha armada». Su autoridad dejó asimismo una marca en las imágenes: Víctor Laplace, actor que encarnó uno de los roles protagónicos, relató que Troxler estuvo a cargo de la puesta en escena del fusilamiento. Cedrón declaró que en ocasiones también dirigió a los actores. Su papel político fue

vital en el desarrollo de la película, en la que todo el equipo participó de la investigación previa. «Esta tarea se convirtió, así, en la interpretación de un hecho político», afirmó el cineasta, quien también señalaba que «en la charla política con los actores, su intervención resultó importantísima. Fueron tres meses filmando en compañía de un tipo que era mucho más claro que nosotros en ese momento» (Peña, 2003: 80).

La experiencia del equipo de filmación en la realización de esta trasposición fue un verdadero aprendizaje político que talló en sus subjetividades. Valgan al respecto las declaraciones del director: «El propósito de hacer Operación Masacre fue, primero, entender yo mismo qué era el peronismo y luego entender en profundidad el significado del movimiento y la lucha de clases. Aprendí mucho con la película» (Peña, 2003: 73).

La segunda experiencia contemporánea de las teorizaciones de Walsh es la anti-revista Sobre —fundada por «Pino» Solanas y Octavio Getino, junto con Roberto Jacoby, Beatriz Balvé y Antonio Caparrós. Consistía en un sobre de manila, que incluía una diversidad de materiales para ser utilizados y distribuidos por los lectores. Circulaba de mano en mano, fuera del circuito comercial; las notas no estaban firmadas; los editores eran anónimos e instaban a los lectores a darle un uso colectivo al material, que se concebía como instrumento de la acción política. Así lo indica su primer manifiesto (Longoni, 1995: 140):

A SOBRE no lo queremos intactoqueremos que se deshagaque se gasteque se arroje como una granadaQUE SEA UN ARMA.SOBRE no es solo para leer:es para usarNo lo guarde en un cajón ni lo coleccione en su biblioteca.Lo que SOBRE contiene se puede clavar, colgar,pegar en su casa, en los baños, en la callepuede dejarlo olvidado en lugares específicos, puede repartirlo a sus amigos o enemigos.Si al cabo de una semana SOBRE está intactoy usted no ha discutido, no ha pensado, no se ha reunidoPARA HACER ALGOes que no ha sabido usarloen cuyo caso, por favor, no lo compre más:hay muy pocos ejemplares circulando.

Entre los materiales de Sobre se contaban testimonios de luchadores populares, notas de los editores y del semanario de la CGT, historietas, un informe de los servicios de inteligencia sobre los miembros de la Resistencia Peronista y una proclama de San Martín. Esta experiencia recupera los desarrollos acerca del arte de los medios llevados a cabo por Roberto Jacoby, Eduardo Costa y Raúl Escari durante su paso por


el Instituto Di Tella, que adquieren un nuevo carácter bajo el signo de la clandestinidad: se trata de una vuelta a los circuitos de comunicación que establecen los contactos interpersonales. Jacoby admitiría que en esta opción por la clandestinidad tuvo una gran influencia la clausura de la muestra Tucumán Arde, en tanto

nos ha hecho tomar conciencia de que no es posible, en nuestro país, trabajar en una semilegalidad. Una acción cultural suficientemente agresiva, capaz de esparcirse y orientada a aquellos que pueden hacer mejor uso de ella, cae instantáneamente bajo los golpes de la represión. Es por eso que las nuevas formas culturales que elaboramos deben ser clandestinas. Algunas de nuestras ideas se han esparcido, lo que nos permite constituir a partir de ahora un frente de acción común con otros artistas e intelectuales que acuerden con nosotros. Pensamos reagrupar nuestro punto de vista en una publicación que acabamos de crear: Sobre. Su forma, su concepción, corresponden a nuestra idea de cultura: fuera del sistema cultural neocolonial, fuera de su mercado de consumo, en el corazón de la militancia de liberación. (Jacoby, 2008: 273-4)

Huellas de la Teoría general de la novela en ¿Quién mató a Rosendo?

Yo lo consideré un amigo desde el momento que fue allá, de los huevos que tuvo en venir, cosas en las que él no tuvo un carajo que ver. Yo pensaba los que estamos en el despelote somos nosotros, este se mete de comedido y quién te dice lo van a cagar a balazos a este ¿entendés? Pero era muy compañero, muy camarada. (Arrosagaray, 2006: 95)

El testimonio de Rolando Villaflor, sobreviviente del tiroteo, deja claro que fueron los riesgos compartidos los que estrecharon los lazos entre Walsh y los militantes obreros. La búsqueda de un código común tiene como prerrequisito la conformación de un nosotros. Al respecto, nos parece particularmente reveladora una anotación que Walsh registra en su diario antes de la publicación del libro: «Me fui lleno de congoja, pensando —como otras veces— que estamos derrotados. Pero yo hace poco que ando con ellos, y es la primera vez que escribo espontáneamente la palabra “estamos”» (1996a: 83).

Los compañeros de Walsh recuerdan su celo por registrar las palabras de los trabajadores. Siempre llevaba un grabador de mano cuando se entrevistaba con ellos. Así lo recuerda Ismael Alí, militante gráfico: «Él se iba a la casa de Raimundo y se pasaba horas conversando con él —en Los Polvorines— y lo grababa y lo grababa [...] Lo quería mucho y lo interpretaba mucho a Raimundo», y señala como un mérito el hecho de que Walsh «pescaba perfectamente cuál era el pensamiento de Ongaro» (Arrosagaray, 2006: 95).

El semanario de la CGT (1968: 6), por su parte, instaría a los obreros a convertirse en corresponsales, ya

que «nadie mejor que el trabajador conoce lo que pasa en su lugar de trabajo». Al participar de la redacción del periódico, los trabajadores «verán mejor reflejados sus problemas, podrán defender sus conquistas. Se sentirán más unidos a una causa común».

¿Cómo se plasma la preocupación por el lenguaje de los trabajadores en el libro? En primer lugar, encontramos un uso muy importante del skaz, una estrategia narrativa que cobró gran importancia en la factografía, y que se caracteriza por una transcripción de la oralidad que respeta las imprecisiones y los giros del habla de personajes que sustituyen al autor en la incorporación al relato de contenidos ideológicos. Esta incorporación de la oralidad pura al relato se realiza por medio del monólogo narrativo de un personaje que funciona como figura suplementaria del autor y que traspone, por una vía indirecta, las concepciones de este en el contexto de la narración. Esta técnica permite la infiltración del habla más coloquial y extraliteraria por medio de la dramatización narrativa. El skaz es la estrategia discursiva que da cuenta, en este texto, del carácter de hablante que asumen los sectores populares. En palabras de Mijaíl Bajtín:

Nos parece que, en la mayoría de los casos, el relato oral se introduce precisamente para representar una voz ajena, socialmente determinada, que aporta una serie de puntos de vista y valoraciones que el autor está buscando. Se introduce propiamente el narrador que no es literato y que las más de las veces pertenece a los estratos socialmente bajos, al pueblo (que es lo que le interesa al autor), aportando su habla. (2003)

Los testimonios de los sobrevivientes presentan giros y modismos propios de su manera de hablar y figuran con itálicas, a fin de separar las palabras del autor de las del informante. Sirva, a modo de ejemplo, uno de los testimonios brindados por Rolando Villaflor:

Yo siempre fui un muchacho intranquilo. Andaba sin plata, sin laburo. Después usted ve que los turros hacen ostentación de guita. A usted lo deslumbran, ¿sabe? Usted quiere ser como ellos, empilchar bien, andar rodeado de mujeres, tener un valerio que lo pase a buscar con un auto. Y después le dicen: «Vení que es fácil». Todavía le dan guita a uno. Y uno va, lo convidan a un asaltiño, usted se prendió y después chau, no salió más de ahí. (Walsh, 2003: 31)

Largos párrafos del libro están contados mediante la técnica del skaz. El libro dedica un capítulo a cada uno de los involucrados, pero este recurso solo está presente en el caso de los militantes combativos —que son los únicos que tienen la palabra. Las semblanzas de Domingo Blajaquis y Juan Zalazar, por otra parte, concluyen con una despedida escrita por Raimundo Villaflor. La última palabra acerca de los muertos no es la del autor del libro, sino la de su compañero obrero.

El objetivo de «trazar el avance de los héroes» se verifica en el relato de las historias de vida de Domingo


Blajaquis, «el Griego», y Rolando Villaflor. El primero de ellos era un militante veterano, sobreviviente de innumerables injusticias y persecuciones. Su figura adquiere relieves míticos: Blajaquis deviene el obrero combativo por antonomasia, un luchador demasiado grande y digno, y por esa misma razón, perseguido sucesivamente por todas las agrupaciones políticas del país. En suma, un héroe de la clase obrera: «Si hay un símbolo de la resistencia obrera en estos años, es Domingo Blajaquis y en ese sentido tenía razón al decir que a él no lo podían matar, ni siquiera los bandidos que ahora lo mataron» (Walsh, 1996a: 66). La segunda trayectoria heroica es la de Rolando Villaflor. Pero en este caso se trata de un converso. Exasaltante con condena cumplida, la militancia política es un camino de redención para el menor de los hermanos Villaflor, que abandona las filas del lumpen y un modo predatorio de relacionarse con el mundo:

A través de la acción política, Rolando Villaflor hizo un tratamiento heroico [...] De simpatizante peronista, se hizo militante revolucionario. Un día o una noche, que tal vez fueron una sucesión de días y de noches, el Griego le explicó su vida: Rolando Villaflor había querido salvarse solo, y no hay salvación individual, sino del conjunto [...] Por eso estaba ahí, sin armas, definitivamente incorporado al mundo de los giles que piensan en los otros. El suyo había sido el camino más duro. (Walsh, 2003: 36-7)

¿Quién mató a Rosendo? es un relato que aspira a establecer cómo sucedieron efectivamente los hechos; la disputa por establecer una verdad tiene como correlato la preocupación por afianzar las certidumbres. La noticia preliminar del libro se cierra con una frase tajante: «Las cosas sucedieron así:». Los dos puntos introducen el resto de la obra, en la que se enuncia la intención de dar cuenta de los hechos «como efectivamente han sucedido». Walsh lo dice claramente: «No hay una línea en esta investigación que no esté fundada en testimonios directos o en constancias del expediente judicial», lo cual equivale a decir que en su libro no hay espacio para la ficción. Sin embargo, creemos que la ficcionalización no solo está presente, sino que cumple un rol clave en la construcción de la figura heroica de los militantes de base asesinados. Sirvan de ejemplo estas líneas:

Y se iba cargado de sus libros, folletos, diarios, dejándolos atónitos de que se dignara hablar con ellos, porque todos sabían que Domingo Blajaquis había estado preso tal vez desde que nació, y que era el primer hombre que sufrió la Picana, tal vez el inventor del Gran Sufrimiento de la Picana, que la policía siempre lo buscó y que él contestó a la policía y a todos los explotadores del mundo con bombas que hacían saltar los puentes y las fábricas de los explotadores. (Walsh, 2003: 65)

La intención de Walsh era que «el Rosendo» contribuyera a la lucha que en ese momento libraba

el sector combativo de la clase obrera argentina. Sus adversarios en la puja por establecer la verdad acerca de lo sucedido no eran solo los medios de prensa, sino también, los intelectuales de la burocracia sindical. En la noticia preliminar del libro, declara que «sus destinatarios naturales son los trabajadores de mi país». Poco tiempo después, reconoce que factores estructurales (como el precio) limitan la posibilidad de acceso, lo cual no impide necesariamente que tenga efectos masivos: «Basta con que llegue a las cabezas del movimiento obrero, a los dirigentes, a los militantes más esclarecidos. Ellos son los vehículos de las ideas contenidas en el libro» (Walsh, 2003: 120).

Memoria y balance: vaivenes de un pensamiento sin punto final

Pocos años más tarde, Walsh reflexionaría más profundamente acerca del relato testimonial y de la pretensión de «dar cuenta de los hechos tal como efectivamente han sucedido», y descubriría que el género también comporta su propio sistema de silencios. En su diario escribe:

Repaso mis propios argumentos: el testimonio presenta los hechos, la ficción los representa. La ficción resulta encumbrada porque no tiene filo verdadero, no hiere a nadie, no acusa ni desenmascara [...] Pero el testimonio también está limitado: si yo persigo ciertos fines políticos inmediatos tengo que dar una verdad recortada, no puedo ofender a mis amigos que son mis personajes: recuerdo la reacción de R y su familia cuando conté su pasado de asaltante. (1996a: 186-7)

Walsh reveló el pasado del menor de los Villaflor porque era funcional a la construcción del mosaico de la clase obrera combativa que retrata el libro. Si Domingo Blajaquis es el militante heroico y veterano, Rolando Villaflor encarna una figura de larga vida en la literatura popular: aquel que se pasa al bando correcto. Es comprensible que Walsh no quisiera renunciar a la eficacia retórica que tendría la revelación de esta historia de vida non sancta. El relato de los hechos se ve así tensionado por dos polos difíciles de conciliar: las características de la literatura popular y las lealtades que se deben al propio grupo. ¿Es posible, por lo tanto, aseverar que el género testimonial puede afirmar sin más que «las cosas sucedieron así»?

Como tantas otras interrogantes en la obra de Walsh, esta queda sin respuesta. La desaparición forzada del escritor es en gran parte responsable de ello. A pesar de que en 1968 inaugura un camino de lucha que ya no abandonará, sus posicionamientos teóricos estuvieron lejos de ser inmutables. Su pensamiento fue influenciado por la correlación de fuerzas políticas de la coyuntura, lo cual tampoco le impidió pensar a contrapelo.


Su diario da cuenta de los vaivenes políticos y teóricos de su pensamiento. En plena lucha contra el vandorismo, deja asentado que él es «el primero a convencer de que la revolución es posible». Muy poco después del Cordobazo, dirá que es más importante producir los hechos que escribirlos. Cuatro años más tarde, en el reportaje en el que especula sobre la caducidad de la novela, afirma:

Me he criado dentro de esa concepción burguesa de las categorías artísticas y me resulta difícil convencerme de que la novela no es en el fondo una forma artística superior; de ahí que viva ambicionando tener el tiempo para escribir una novela a la que indudablemente parto del presupuesto de que hay que dedicarle más tiempo que a una denuncia periodística. (Walsh, 1996a: 219)

En esa misma entrevista, dice que «esa novela que uno quiso escribir desde los 15 años no sirve para un carajo y en realidad lo que hay que escribir es otra cosa». Más allá de las contradicciones, creemos que ¿Quién mató a Rosendo? resulta un libro valioso porque cumple uno de los más importantes objetivos de Walsh: «agarrarlos a ellos como tema, sus vidas, su lucha» (Walsh, 1996a: 134). Centrándose en la lucha política de coyuntura, Walsh logró una obra que tiene un lugar relevante en el combate por la escritura del pasado reciente argentino. Esa era, sin duda, una de sus metas mayores:

Para los diarios, para la policía, para los jueces, esta gente no tiene historia, tiene prontuario; no los conocen los escritores ni los poetas; la justicia y el honor que se les debe no cabe en estas líneas; algún día sin embargo resplandecerá la hermosura de sus hechos, y la de tantos otros, ignorados, perseguidos y rebeldes hasta el fin. (Walsh, 2003: 7-8)

Nota

1. Vandorismo: facción sindical hegemónica en la Argentina de finales de la década de los 60, caracterizada por su disposición a negociar con la dictadura de Onganía y por el fortalecimiento del verticalismo y de la estructura burocrática. Su táctica y estrategia políticas —que incluían no solo la voluntad de establecer acuerdos con la dictadura y las patronales, sino también, la persecución y entrega de los militantes que no acataban las directivas de la conducción— obraron como una valla de contención del sector combativo del movimiento obrero. Vandor terminaría por desafiar —sin éxito— la conducción de Perón. Fue asesinado el 30 de junio de 1969.

Referencias

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, 2015

141C. Wright Mills: el profeta olvidado

Se veía a sí mismo como un profeta que sabía que las palabras caerían en oídos sordos. Pero él tenía que hacer lo que tenía que hacer.

Saul Landau

El 20 de marzo de 1962, en Nueva York, a los cuarenta y cinco años de edad, C. Wright Mills sufrió su último, definitivo, infarto cardíaco. Concluía así, con la derrota, su batalla final con

el «maldito corazón» que había durado dieciséis meses.La víspera, en Atlanta, Tom Hayden terminaba lo

que sería la declaración fundacional de Students for a Democratic Society, organización emblemática de la Nueva Izquierda en cuyo origen mucho influyó el sociólogo y escritor, desaparecido en plena juventud. Al despertar esa mañana, Hayden lo descubrió en The New York Times: «Experimenté dolor en el pecho y aún puedo recordar la depresión que comenzó en ese momento [...] no hay duda de que él fue empujado a la muerte por la falta de apoyo en su cruzada unipersonal» (Hayden, 2006).

Más al sur, en La Habana, Fidel Castro y otros amigos recibieron también la noticia con amargura. Hacía meses lo esperaban para continuar el diálogo iniciado en 1960 y para ayudarlo a recuperar su quebrantada salud.

Se ha dicho que no cultivó muchas amistades, pero en México, Inglaterra, Francia, Rusia y otros países, amigos leales lamentaron su pérdida.

Ha pasado medio siglo, un lapso mayor que el de su noble vida, de intensa creación y compromiso. Ya

son pocos los que citan su producción intelectual que antaño tuvo notable influencia y muchos los que ni siquiera saben quién fue.

Murió con la angustia de que el tiempo no le permitiría desarrollar las ideas que aguzaban su mente, su profunda preocupación por el futuro, el legado que se empeñó afanosamente en dejar escrito hasta el último día. Sería vano intentar hacer lo que él no pudo. Porque Mills fue también el profeta que no alcanzó a concluir su profecía. Este ensayo es apenas un esfuerzo por reanudar el diálogo interrumpido hace medio siglo y un modo de expresarle nuestra gratitud a un intelectual verdaderamente heroico que, al decir de Simone de Beauvoir (1964), «estaba enamoradísimo de Cuba».

Listen Yankee

Cuando visitó Cuba en agosto de 1960 ya era un escritor reconocido; había publicado nueve libros —entre ellos,The Sociological Imagination, White Collar y The Power Elite— que cimentaban su prestigio académico y habían hecho comprender a muchos, dentro y fuera de los Estados Unidos, la verdadera naturaleza de la sociedad norteamericana. Sus textos revelaban temprana madurez, sólida información y pensamiento independiente, y provocaron controversia en los círculos académicos.

Su visión era la de un hombre de izquierda, radical, aunque ajeno a cualquier secta o partido; un rebelde. Es notable que fuera así, a mediados del pasado siglo,

C. Wright Mills: el profeta olvidado

Ricardo Alarcón de Quesada Escritor.

n. 81-82: 141-148, enero-junio de 2015

menCión en Premio Temas de ensayo 2013 (CienCias soCiales)

142 Ricardo Alarcón de Quesada

cuando el macartismo y la guerra fría habían lastimado severamente a la intelectualidad norteamericana, en la que dejaron secuelas que aún perduran.

De aquella visita surgió otro libro, Listen Yankee: The Revolution in Cuba, que alcanzó amplia difusión en su país, encendió allá memorable polémica y acarreó sobre su autor presiones y amenazas que mucho tuvieron que ver con el fin de su vida. Publicado en momentos en que el imperio lanzaba contra la Isla una desaforada campaña de mentiras y odio, nutrida por los prejuicios y la ignorancia de un público inerme, incapaz de comprender lo que sucedía, el libro tuvo un impacto sorprendente. Fue reeditado varias veces, con grandes tiradas, sin contar las numerosas reproducciones «piratas» que circularon en este continente.

Concebido como un aldabonazo para despertar la conciencia de ese público, el libro fue una provocación tan noble como eficaz. Evadiendo el estilo y la jerga de los especialistas, redactado cual si fuese un cubano quien se dirigía al pueblo norteamericano, Mills dio voz a una revolución asediada, para que asumiera su propia defensa refutando y esclareciendo punto por punto los elementos principales de una confrontación que entraba entonces en su etapa inicial.

Los términos aparentes y algunas modalidades que han envuelto el llamado «diferendo» entre Cuba y los Estados Unidos han evolucionado, por supuesto, a lo largo de cinco décadas. Ello puede explicar la escasa presencia de la obra de Mills en la infatigable producción de la «cubanología» posterior. Sin embargo, su contribución sigue siendo fundamental, ante todo porque Mills no se perdió en los meandros del «diferendo», prefirió analizar las raíces de la confrontación y supo descubrir en lo que acontecía entonces las claves del futuro. Releyéndolo ahora se puede comprobar la certeza de su profecía.

La revolución iniciada en Cuba no era sino el comienzo de la insurgencia inevitable de los pueblos de América Latina y el Caribe, de África y de Asia; la rebelión de esa parte de la humanidad, el Tercer mundo, de la que poco se hablaba entonces.

No era un resultado del antagonismo entre el bloque soviético y Occidente, encabezado por los Estados Unidos, como repetían, con deliberado propósito reduccionista, los medios informativos norteamericanos incluyendo la casi totalidad de los que allá se consideran liberales.

El antagonismo entre los dos bloques, que habría podido conducir a una guerra devastadora, capaz de aniquilar totalmente a ambos, y a todos los demás, encerraba una paradoja difícil de descubrir aun para los espíritus más lúcidos. La carrera belicista, su dinámica, su perversa lógica interna, generaba una simetría entre el Este y el Oeste que los haría converger a pesar de sus diferencias ideológicas y sociales.

Estas dos sociedades dominantes del mundo se están convirtiendo en hiperdesarrolladas de una forma similar; los términos mismos de su antagonismo mundial están favoreciendo su convergencia [...] Existen muchos otros puntos de convergencia y paralelo entre estos dos países, tanto en el mundo ideal como en la realidad y a medida que crezca el complejo industrial soviético, pueden hacerse más evidentes. En una primera impresión, aparentemente difieren; en la tendencia estructural y la acción oficial ellos se vuelven cada vez más parecidos. No es la ideología, sino la tecnología industrial y militar encaminada a la guerra total, la que bien puede determinar que los sueños de uno aparezcan oportunamente en las realidades del otro. (Mills, 1958)

La teoría de la convergencia, expuesta por Mills un par de años antes de su visita, cuando Cuba vivía el horror del batistato, fue rechazada por tirios y troyanos. En los años 50 del pasado siglo todo el mundo creía en la eterna perdurabilidad del régimen soviético y nadie soñaba con el triunfo de una revolución socialista en Occidente. Aunque entonces no estaba de moda hablar del «fin de la historia» —en el Oeste la intelectualidad promovida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) prefería proclamar el «fin de la ideología» (falacia que Mills supo destruir)—, se asumía generalmente que los dos sistemas permanecerían inmutables y el destino de la humanidad dependería de que ambos coexistieran en paz perpetua o sellaran la partida en un holocausto universal.

Mills, por su parte, soñaba con una «nueva izquierda». Creía en el ideal socialista, pero lo veía lejano en su país, dominado por una cada vez más poderosa élite económico-militar, con el movimiento sindical diezmado, la vieja izquierda dividida y paralizada, y los medios de comunicación generando consumismo y banalidad. Criticó las deformaciones y los graves errores del modelo soviético, sin caer en el anticomunismo vulgar tan en boga entre sus colegas, y supo darse cuenta de que la industrialización acelerada y la lógica del armamentismo y la preparación bélica eran portadoras de una dinámica que llevaría a la restauración capitalista. Muchos años después, Margaret Thatcher reconocería en sus Memorias su acuerdo con Ronald Reagan para llevar la carrera armamentista al espacio extraterrestre —la absurda «guerra de las galaxias»— y obligar así a la URSS a un ilimitado derroche de recursos que conduciría a su bancarrota. Mills no pudo imaginar hasta dónde llegaría el delirio belicista, pero no le fue necesario para prever, medio siglo antes, su letal efecto sobre el proyecto socialista. Probablemente nunca la Dama de Hierro ni su insólito compadre leyeron a Mills ni les hizo falta: ya la burocracia moscovita había engendrado a los gozosos enterradores del «socialismo».

El triunfo de la Revolución cubana lo sorprendió. Había estudiado los problemas de la emigración


puertorriqueña en Nueva York. Conocía México, país hacia el que su madre sentía especial afecto. Pero Cuba no había estado en el centro de su atención.

Preparó su visita minuciosamente. No solo hurgó en su historia y su cultura; leyó también todo lo que sobre ella publicaban los grandes medios, que la habían descubierto en enero de 1959. Habló con amigos y colegas, indagó y elaboró su larga lista de interrogantes. Fueron meses de intensa preparación. Su viaje no fue como el de ciertos arrogantes que visitan la Isla un fin de semana y, ya arropados con el manto de «especialistas», publican textos que suelen repetir lo que antes otros escribieron y en los que no faltan errores e inexactitudes que no pocas veces se codean con el ridículo. Mills hizo exactamente al revés. Tanto estudió el tema que, antes de emprender el viaje, casi había redactado un libro distinto del que resultaría de su visita.

Desde la primera página advierte que el mensaje de Listen Yankee... trasciende el tema específico de Cuba.

Lo que los cubanos están diciendo y haciendo hoy, otros pueblos hambrientos en América Latina lo van a decir y a hacer mañana. Esa perspectiva no es ni un alarde ni una amenaza cubana. Es una obvia probabilidad. En África, en Asia, así como en América Latina, los pueblos detrás de esta voz se están volviendo más fuertes en una especie de furia que no habían conocido nunca antes. Como naciones, son jóvenes: para ellos el mundo es nuevo. (Mills, 1960: 7)

Respecto al contraste entre lo que había leído sobre Cuba antes de su visita y lo que apreció directamente en ella advirtió:

Ese viaje me ha obligado a aceptar la percepción —que por largo tiempo rechacé— de que mucho de lo que uno ha leído recientemente sobre Cuba en la prensa norteamericana está muy alejado de las realidades y del significado de lo que está ocurriendo en Cuba hoy. (9)

Y le permitió decir, hablando como un cubano, ahora estamos tan alejados que existen dos Cubas —la nuestra, y la que ustedes se han imaginado [...] Tal vez esto no importaría tanto si no fuera porque nosotros sabemos que nuestra Cuba se ha convertido en un nuevo comienzo en el hemisferio occidental, y quizás incluso en el mundo. (13)

Esa voz trató ante todo de esclarecer aspectos claves de la realidad cubana respecto a los cuales poco, o nada, se sabía fuera de la Isla.

No podría comprenderse lo que sucedió en Cuba sin una clara apreciación de lo que había sido el régimen batistiano. Sus crímenes, atropellos, la sangrienta y brutal represión que lo caracterizó desde que el 10 de marzo de 1952. De un manotazo, liquidó la Constitución y las instituciones republicanas. Tampoco se podría entender lo ocurrido a partir del 1 de enero de 1959 si no se evaluaba la naturaleza corrupta, mafiosa y gansteril del batistato. Era

este, desde luego, un instrumento servil de los monopolios estadounidenses y de los latifundistas y otros grandes propietarios de una oligarquía criolla cuyos intereses estaban indisolublemente unidos a los norteamericanos.

Pero ese régimen era, además, lo que Mills califica como political-capitalism racket (capitalismo político pandillero), que, entre otras cosas, manejaba mil millones de dólares extraídos de fondos estatales que permitió a los batistianos apoderarse de varios sectores industriales importantes.

Alrededor de 80% del capital de nuestras industrias era dinero gubernamental, y la mayoría de los «dueños» eran esbirros de Batista [...] la mayor parte de la industria cubana que se estableció durante los años 50 fue una variante Batista de capitalismo sin escrúpulos. A partir de nuestro triunfo, algunos negocios han quebrado, así que hemos tenido que encargarnos de ellos para mantenerlos funcionando. Hemos hecho esto para mantener alta la tasa de empleo. La mayoría de las industrias ahora en poder del Gobierno provienen de este grupo y directamente del grupo de Batista. (76)

La fuga de los batistianos desde enero de 1959 colocó al naciente gobierno revolucionario ante la necesidad de asumir una buena parte de producciones y servicios, antes en manos privadas. El Estado debió hacerse cargo de un sinfín de funciones que iban más allá del programa revolucionario original, que luego las asumiría y llevaría a una desmesurada intervención estatal en la economía que la Revolución, en su etapa actual, busca rectificar.

Otra medida radical fue dictada por las circunstancias: el estricto control cambiario y la prohibición de las importaciones suntuarias, decisiones tomadas por el gobierno provisional que presidía Manuel Urrutia a propuesta de Felipe Pazos, primer presidente del Banco Nacional, quien descubrió que los batistianos habían saqueado el tesoro público: se habían llevado valores superiores a los cuatrocientos millones de dólares, lo que colocaba al peso cubano en virtual bancarrota, situación resultante, según el Departamento de Estado (1991),

del hecho de que después de la partida de la administración de Batista se determinó que las reservas de divisas del país estaban diezmadas y sesenta millones por debajo de las exigencias legales [...] Estas dificultades, solo para citar algunos de los problemas, pondrían a prueba las habilidades para gobernar de cualquiera de los mejores líderes, al menos en este hemisferio.

Antes que fuera dictada la Ley de Reforma Agraria y obviamente mucho antes de las nacionalizaciones de 1960, el Gobierno revolucionario provisional creó, desde enero de 1959, un Ministerio para la recuperación de bienes malversados, que se ocuparía de administrar las antiguas propiedades de los batistianos y sus colaboradores. La tarea de mantenerlas recayó sobre sus


propios trabajadores y sobre jóvenes revolucionarios inexpertos, ya que, con los antiguos dueños se habían marchado también sus gerentes y buena parte del personal calificado.

Había empresas importantes que dominaban ramas enteras de la economía —en las construcciones, la química, la producción arrocera— o tenían un peso relevante en el transporte, la prensa escrita, la radio y la televisión, la industria azucarera y la agricultura, que se sumaban al control absoluto que los batistianos, por sí mismos, ejercían sobre el juego, la prostitución, los hoteles, centros nocturnos, bares y cantinas de diversa categoría. El tráfico de drogas, el juego ilícito y la prostitución fueron rápidamente eliminados y los que dominaban estas actividades se sumaron a la diáspora batistiana.

Un universo de tareas recaería sobre las nuevas autoridades, en su gran mayoría jóvenes que no contaban con otra experiencia que la adquirida en la guerrilla rural o en la clandestinidad urbana. Los militantes de la lucha antibatistiana se vieron obligados a desempeñar funciones para las cuales no habían sido adiestrados y debían hacerlo sin abandonar la que sería prioritaria: salvar la victoria frente a las poderosas fuerzas que se movilizaban contra ella dentro y fuera de la Isla.

La situación se complicaba aún más con el empleo por Washington del arma migratoria. La emigración hacia los Estados Unidos, rasgo clave de la sociedad cubana desde la etapa del dominio colonial español, que había alcanzado a comienzos de la Guerra Grande niveles masivos —los más altos en nuestra historia—, continuó hasta el final del siglo xix y más tarde en la República para recuperar características masivas en los años 50, bajo la dictadura de Fulgencio Batista. Los datos oficiales norteamericanos son muy reveladores. En 1958, Cuba ocupaba el segundo lugar, después de México, entre los emisores de migrantes hacia territorio norteamericano; la cifra de cubanos era superior a la suma de la de todos los demás países del hemisferio occidental. Nada hacía pensar que esa tendencia no continuaría cuando se produjo la victoria revolucionaria.

El derrumbe de la tiranía produjo una estampida de batistianos y colaboradores y beneficiarios del régimen derrocado, quienes, sin excepción, recibieron

hospitalidad y apoyo para convertirse en el núcleo central de la contrarrevolución, posición privilegiada que han detentado desde entonces y retienen hoy, en lo fundamental, medio siglo después.

Durante los primeros dos años, además, era fácil emigrar a los Estados Unidos mientras Washington no suspendió los vuelos comerciales diarios entre los dos países. Las dificultades materiales, estimuladas por las acciones encaminadas a dañar nuestra economía, la presión psicológica derivada de la amenaza de intervención militar y las ofertas de empleo y tranquilidad incitaron a no pocos profesionales a juntarse a sus familiares más allá del Estrecho de la Florida.

El «platismo» estaba profundamente enraizado en la sociedad, sobre todo entre sus capas media y alta: la idea de que Cuba nada podía hacer frente a la voluntad imperial, que cualquier intento fracasaría como habían fracasado todos los anteriores a lo largo de la historia. Tal mentalidad, alimentada y manipulada habilidosamente por los gobernantes norteamericanos, tendría efectos únicos, no repetidos después en el enfrentamiento de Washington con otros procesos revolucionarios.

Lo que pudiera haber sido la base social de la contrarrevolución optó por abandonar el terreno y se fue a una emigración de la que, estaba convencida, regresaría pronto cuando, como siempre había sucedido, se impusieran las armas yanquis. Por otra parte, como Washington siempre ha sido «platista», castró desde el primer momento cualquier noción de autonomía contrarrevolucionaria. El Imperio nunca admitió la independencia de Cuba. Tampoco concibió una contrarrevolución independiente. Prefirió «fabricarla», lo que reconoce, como algo natural, en documentos oficiales desclasificados. Los grupos y grupúsculos contrarrevolucionarios asumieron gustosamente el papel asignado.

El anexionismo, derrotado en su tiempo por José Martí, reaparecía, pero ahora como una grotesca caricatura. En el siglo xix ese movimiento contó con figuras notables de los círculos académicos y profesionales y produjo hombres capaces de luchar y morir por un «ideal» bastardo. El renacido en Miami se nutrió con capitales robados al tesoro público, volvió bajo el liderazgo batistiano, nutrió sus filas de

Su visión era la de un hombre de izquierda, radical, aunque ajeno a cualquier secta o partido; un rebelde. Es notable que fuera así, a mediados del pasado siglo, cuando el macartismo y la guerra fría habían lastimado severamente a la intelectualidad norteamericana, en la que dejaron secuelas que aún perduran.


asesinos y torturadores, creció bajo la tutela yanqui, alimentado con el presupuesto federal y ha apostado siempre a una guerra que librarían otros. Es un anexionismo parasitario y vulgar. No busca la quimera imposible y espuria de convertir a Cuba en un estado de la Unión norteamericana. Se contenta con hacer regresar la Isla a su condición de posesión colonial y someterla a un vasallaje. A diferencia del viejo anexionista, semejante destino colmaría la felicidad de la mafia miamense.

La política oficial de los Estados Unidos ha mantenido invariable su orientación platista-batistiana. Del modo más explícito lo han proclamado en leyes —desde la de Ajuste Cubano (1966) hasta la Helms-Burton (1996)— y en los planes de George W. Bush, que determinarían hasta el detalle el futuro de Cuba.

En 1960, cuando Mills visitó la Isla ya se desarrollaba plenamente la estrategia imperialista para destruir la Revolución usando a los batistianos y a otros platistas que Washington había acogido y a los que no solo había brindado apoyo material, económico y diplomático. Eran sus instrumentos. Una colosal y bien orquestada campaña de propaganda era elemento esencial del plan anticubano.

Mills puso al desnudo esa estrategia y más aún: anticipó cómo ella conduciría, al siguiente año, a la invasión mercenaria derrotada en Playa Girón.

Lo que ellos están haciendo debe costar millones de dólares —su propaganda contra nosotros, sus viajes, su mantenimiento mismo, y pensamos también sus compras de armas [...] los batistianos tienen dinero, que se robaron de Cuba [...] y cualquiera que conozca a Batista, como lo conocemos nosotros, sabe que ellos no obtuvieron el dinero de Batista mismo. Así que nos preguntamos ¿de dónde sale ese dinero? ¿De las compañías yanquis perjudicadas por nuestra revolución? ¿De la CIA de ustedes? ¿De su Departamento de Estado? Por supuesto que ninguno de ellos es lo suficientemente popular dentro de las comunidades cubanas en el exterior para recaudar fondos allí. Sabemos que algunos de ellos se reúnen con funcionarios del Departamento de Estado. Así que pensamos que los yanquis deben estar ayudándolos. (Mills, 1960: 56)

Mills analizó las diversas opciones que encaraba entonces el Imperio, algo que en el verano de 1960 era un ejercicio especulativo. Los planes que ya se habían diseñado en Washington eran secretos y lo seguirían siendo por algún tiempo. Mucho menos se sabía cómo habría de ser la invasión. Pero él la anunció:

Así que solo hay un modo: lo más probable es que su gobierno esté pensando en algún tipo de acción militar indirecta, apoyando de forma secreta a mercenarios y esbirros de Batista; algo así como lo que ellos hicieron en Guatemala un tiempo atrás. Esta intervención no saldría de suelo de los Estados Unidos, sino quizás de algún lugar de Centroamérica. (68)

El nuevo comienzo

Aún antes de visitarla, Mills imaginó que en la Isla podría encontrar la esperanza que afanosamente buscaba.

No es en el capitalismo avanzado ni en el bloque soviético, sino en los países subdesarrollados peligrosamente fuera de ambos bloques donde veo las mejores posibilidades para una izquierda independiente [...] No conozco de ningún país que nos haya mostrado un verdadero comienzo —un tercer modelo de industrialización, que, por supuesto, sería la base para una nueva izquierda internacional. Quizás Cuba nos lo muestre. Yo aún no he estado allí. (Mills, 2008)

En Listen Yankee... vislumbró el potencial que se abría para ese otro modelo y trató, con su libro, de crearle condiciones que lo facilitaran. Era posible desarrollar aquí un socialismo autóctono, una sociedad de justicia y libertad si el Imperio no se empeñara en asfixiarla. Listen Yankee... fue un ejemplo insuperable de escritura urgente, comprometida. Su propósito era detener una agresión inminente y la agudización de un conflicto que haría más difícil, quizás imposible, la realización del sueño.

La propaganda oficial de Washington dibujaba a Cuba como un peligro, una amenaza que provocaba alarma en muchos norteamericanos. También en Mills. Pero la suya era otra, completamente diferente: «Yo estoy a favor de la Revolución cubana. No estoy preocupado acerca de ella. Me preocupo por ella y con ella» (Mills, 1960: 179). Le preocupaba que el asedio norteamericano y su aislamiento internacional obligaran a Cuba a depender enteramente de la URSS y que esa dependencia estratégica tuviese un reflejo interno que marchitase su originalidad y frescura, y que impusiera a la sociedad cubana el tipo de «marxismo» anquilosado y burocrático prevaleciente en el este de Europa.

Ciertamente, el curso de la Revolución cubana se vio afectado por esos condicionamientos externos. En lo fundamental, siguió las pautas del modelo soviético y la economía cubana se incorporó al proceso de integración del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME); las consecuencias en la cultura y en las concepciones y los métodos para el trabajo político, la educación y la información fueron profundas y dejaron huellas que aún perduran.

No fue, sin embargo, un proceso lineal y no faltaron flujos y reflujos. Había algo fundamental, salvador, que Mills supo destacar: la nuestra no era una revolución importada, tenía sus propias raíces y estas se afincaban muy hondo en la historia. Precisamente en 1962 y a lo largo de aquel decenio se libraron batallas decisivas contra el sectarismo que ilustraban sobre la complejidad del necesario empeño por unir a todas las fuerzas revolucionarias.


Hubo errores y deformaciones, pero nada parecido a la terrible noche estalinista, como Mills de manera sabia había anticipado. Irónicamente, no alcanzaron dimensiones de mayor gravedad gracias a la asistencia económica y material soviética que permitieron a los cubanos afrontar la cruel guerra económica de los Estados Unidos sin conocer las hambrunas y la miseria que sufrió el pueblo ruso.

Debe subrayarse la importancia decisiva que tuvieron la política y la práctica internacional de la Revolución cubana. En este terreno, la Isla manifestó plena independencia, expresada muchas veces en posiciones solitarias en la ONU y otros organismos, y fue capaz de desplegar una política internacionalista que en no pocas ocasiones contradecía la línea soviética. El internacionalismo cubano fue excepcional. Ninguna otra sociedad socialista hizo algo semejante. Durante más de tres décadas, en la teoría, pero sobre todo en la práctica heroica, varias generaciones de cubanos lucharon junto a sus hermanos en América Latina y en África. El Che sintetiza esa hazaña. Pero se debe recordar que Cuba aportó muchos otros mártires al movimiento revolucionario y que fueron centenares de miles sus combatientes internacionalistas en Angola y otros lugares de África.

Esa voluntad solidaria se expresó más allá de lo militar y continúa haciéndolo. Ningún país ni agencia internacional ha hecho algo comparable para ayudar a otros en áreas vitales como la salud y la educación.

Cuando se produjo la bancarrota del «socialismo real», en Cuba se habían forjado nuevas generaciones de combatientes que habían hecho también la revolución a su manera y en nuevas circunstancias. Ello demuestra, más allá de cualquier otra explicación, la capacidad de la Isla para resistir y reencontrar su propio camino al socialismo.

La historia posterior a la visita de Mills, la práctica del internacionalismo en América Latina y en África, hasta la obstinada resistencia tras la desaparición de la URSS y del campo socialista, y el surgimiento después de procesos latinoamericanos emancipadores autónomos, libres, inspirados en otro socialismo, auténtico, renovado, multicolor, finalmente le dieron la razón.

El valor de la soledad

En cuanto regresó de Cuba, Mills trabajó dieciséis horas diarias y escribió Listen Yankee... en seis semanas. Lo resumió en un artículo para la revista Harpers, que —si bien los editores le agregaron una nota en la que tomaron distancia del texto— lo destacó en su portada.

El éxito de su libro atrajo especialmente la crítica del sector liberal del Partido Demócrata. Americans for Democratic Action (ADA) lo invitó a reunirse con sus principales intelectuales. Mills preparó cuidadosamente su discurso con abundante información, datos irrefutables y argumentos a favor de un cambio de política. Respondió preguntas y rebatió ataques durante varias horas. Pero, según Saul Landau (1965), no convenció a nadie. «Malditos liberales. Son políticamente idiotas» y los bautizó para siempre como «ofuscadores liberales. Ofuscadores» (Mills y Mills, 2000).

La cadena nacional de televisión NBC, con una audiencia de veinte millones, lo invitó a debatir su libro con Adolf A. Berle en un programa especial de una hora, el sábado 10 de diciembre a las 9:30 pm. Berle, especialista en asuntos latinoamericanos del grupo Kennedy, a quien Mills había aludido en su libro, había publicado en 1956 una negativa reseña a The Power Elite; era un adversario cuya fama anticipaba la trascendencia del debate. Para encararlo, Mills se preparó intensamente durante jornadas enteras, acopiando notas e informaciones suficientes para otro libro. La víspera sufrió un infarto que lo llevó al borde de la muerte. La noche del frustrado debate, estaba en un coma profundo que duró cuatro días. Permaneció dos semanas en el hospital donde descubrieron que ya su corazón había sufrido otro ataque años atrás y le aseguraron que no sobreviviría al siguiente.

Meses antes, Mills había hecho su propio diagnóstico:

La presión sobre mí debido a Cuba, la oficial y la extraoficial, es cada vez mayor. Es muy sutil y muy fascinante. Pero también preocupante y hostigante [...] La verdad es que estoy al borde del agotamiento debido a ello. (320)

No enfrentaba solo un grave problema cardiaco ni la polémica diaria en los medios de comunicación o académicos. El asedio le venía de todas partes. Contra él se habían presentado cuatro demandas judiciales reclamándole cincuenta millones de dólares por supuestos daños causados por Listen Yankee... Las promovía Amadeo Barletta, antiguo funcionario del régimen de Benito Mussolini y poderoso empresario vinculado a la mafia, expropiado en Cuba por la Revolución, quien alegaba haber sido objeto de difamación en el libro (Columbia Daily Spectator, 1961).

Documentos desclasificados del FBI (Mills y Mills, 2000: 319-38) muestran los obstáculos que debió encarar Mills para preparar su defensa ante una reclamación que lo habría arruinado completamente. El Departamento de Estado le impidió que enviase a Cuba a un colaborador suyo para reunir datos necesarios


relacionados con el pleito. Un memorándum secreto del FBI, de noviembre 29 de 1960, refiere amenazas de asesinato recibidas por el escritor y señalaba:

Mills señaló que él no se asombraría si esto fuera verdad ya que no tiene ninguna duda de que el Buró Federal de Investigaciones y otras organizaciones similares de los Estados Unidos no aprueban sus actividades. Mills ha hecho averiguaciones con el objetivo de comprar un arma para su auto-protección.

El párrafo escrito inmediatamente después del aquí citado fue tachado por el FBI y nadie puede conocerlo. Mills efectivamente consiguió una pistola que lo acompañó hasta el final desde su mesa de noche.

Curiosamente, el FBI había leído Listen Yankee... un mes antes de su publicación y, de acuerdo con un informe fechado el 24 de octubre de 1960, trató de impedirla y de convencer, infructuosamente, a su editor, Ian Ballantine, de publicar una refutación. Otros documentos desclasificados indican que el FBI mantenía constante vigilancia sobre Mills y sus actividades.

También atrajo el interés de la CIA (1968). En un estudio secreto encomendado por ella, en 1968, seis años después de su muerte, Mills era definido aún como «uno de los tres más influyentes líderes de la izquierda internacional», junto a Franz Fanon y Hebert Marcuse.

Pero, con excepción de su familia y un puñado de amigos cercanos, no encontró muchos aliados en los Estados Unidos; casi nadie entre los intelectuales: «Lo que he aprendido de mi propia experiencia es algo terrible: que la cobardía moral de la intelectualidad norteamericana es virtualmente completa» (Mills y Mills, 2000: 328).

Incluso cuando la muerte lo acechaba en el hospital solo recibió un mensaje formal de un colega de la Universidad de Columbia: una tarjeta postal lamentando su enfermedad. Sin embargo, otros se preocupaban sinceramente por él:

Fidel se mantiene enviándome cables para que vaya y me recupere en Cuba, y mi amigo [René] Vallejo [...] un médico realmente capaz, así como jefe del INRA en Oriente, dice que nada más de poner un pie en la isla me voy a curar! Y que, de todas formas, él tiene algunas cosas que conversar conmigo! (324)

Su segunda visita a Cuba, que pensó hacer durante un mes de su último invierno, nunca pudo realizarse. Por recomendación médica viajó a Europa y trató de hallar cura, infructuosamente, en un sanatorio soviético. Su primera escala fue en Londres, una semana después de la invasión de Playa Girón. Allí habló, el día de su llegada, en un acto de solidaridad con la Revolución cubana.

Permaneció en Europa el resto del año y desoyendo advertencias y consejos siguió trabajando febrilmente. Redactó una ampliación de sesenta páginas de

Listen Yankee..., terminó The Marxists —publicado póstumamente—, continuó su labor en cuatro ambiciosos proyectos que no pudo concluir, y escribió artículos y cartas. Lo movía una angustia irrefrenable que le impedía descansar:

Hay algo que me preocupa grandemente. Temo que están al llegar muy malos tiempos en mi país para las personas que piensan como yo [...] lo que me preocupa es si el maldito corazón va a resistir lo que haya que hacer entonces. (324)

Esa angustia le costó la vida. Un amigo cercano, describiendo el enorme cúmulo de proyectos en que estaba envuelto, recordaba: «Fue capaz de hacerlo todo, y más, pero no fue capaz de hacer lo único que le pudiera haber permitido resistir y hacerlo: descansar» (Wakefield, 2009).

Su compromiso con Cuba lo acompañó hasta el final. Mucho antes de que ocurriera, él había llegado al convencimiento de que los Estados Unidos tratarían de destruir a la Revolución por la fuerza. Esto lo llenó de amargura y vergüenza. De hecho le rompió el corazón. (Milliband, 1962)

La ruptura de relaciones, el bloqueo económico, el aislamiento diplomático, la invasión por Playa Girón y la persistencia en la hostilidad norteamericana a la que ya apenas quedaba otro recurso que la agresión militar directa, fueron acontecimientos que cubrieron, de modo vertiginoso, los meses entre la publicación de Listen Yankee... y la muerte de su autor.

Del lado cubano se proclamaba el carácter socialista de la Revolución, la adhesión al marxismo-leninismo, la alianza con la URSS y sobre esas bases se avanzaba en el proceso de fusión de las principales organizaciones revolucionarias que habían luchado contra Batista.

La situación personal de Mills se hizo mucho más difícil. Él se había empeñado en convencer a los norteamericanos de que la Revolución cubana era algo diferente y ajeno al comunismo soviético y ahora la dirección cubana, de un modo solemne y categórico, parecía desmentirlo.

Entonces, cuando otros intelectuales independientes de izquierda, empujados por el antisovietismo, se apartaron de Cuba, Mills mantuvo su solidaridad intacta, sin queja ni reproche. Confiaba en Fidel y en los hombres que habían hecho aquella revolución que para él era un nuevo comienzo. Hacía tiempo se había acostumbrado a la soledad:

¿Usted piensa que uno debe sentirse muy solo en los Estados Unidos? Sin dudas. Pero no es necesario lamentarse. También existe libertad en ello. Quizás solo en ello. Pienso que después que uno ha estado en soledad y ha tomado conciencia de ella, uno se siente tanto audaz como libre. (Mills y Mills, 2000: 252)

La muerte lo sorprendería en la casa campestre que él ayudó a diseñar y construir, en Nyack, al norte de


Nueva York, desde la que iba cada día en su motocicleta hasta el aula universitaria de Manhattan.

Allá, en una colina, en una esquina del cementerio local, a la sombra de un enorme roble, finalmente, encontró reposo. Un breve epitafio lo acompaña: «He tratado de ser objetivo. No pretendo ser imparcial» (Mills, 1962).

No fue muy numeroso el grupo reunido en el cementerio. Por ello no pasó inadvertida la ofrenda floral que hasta allí hizo llegar Fidel Castro, «porque Mills fue una pérdida de la Revolución cubana y de la revolución de nuestros tiempos» (Milliband, 1962).

Referencias

Columbia Daily Spectator, (1961) v. CV, n. 63, Nueva York, 13 de febrero.

De Beauvoir, S., (1964) La fuerza de las cosas. Buenos Aires, Editorial Suramericana.

Departamento de Estado, (1991) Foreign Relations of the United States, 1958-1960, v. VI, Cuba, publication 9855, Washington, D. C., United States Government Printing Office.

Hayden, T., (2006) Radical Nomad. C. Wright Mills and His Times. Boulder, Paradigm Publishers.

Landau, S., (1965) «C. Wright Mills: The Last Six Months», en Ramparts Magazine, agosto.

Milliband, R., (1962) «Tribute to C. Wright Mills», en New Left Review, v. I, n. 15, mayo-junio.

Mills, C. W., (1958) The Causes of World War Three. Nueva York, Ballantine Books.

_______, (1960) Listen Yankee. The Revolution in Cuba. Nueva York, Ballantine Books.

_______, (2008) «On Latin America, the Left, and the U.S.», en Summers, J. H. (comp.), The Politics of Truth: Selected Writings of C. Wright Mills. Nueva York, Oxford University Press.

_______, (1962) The Marxists. Nueva York, Dell Publishing Co. Inc.

Mills, K. y P. Mills, (comps.), (2000) C. Wright Mills: Letters and Autobiographical Writings. Los Ángeles, University of California Press, Berkeley.

Office of Current Intelligence, Central Intelligence Agency (CIA), (1968) «Restless Youth», n. 0613/68, Washington, D. C., septiembre.

Wakefield, D., (2009) «C. Wright Mills. The Humanist Social Critic Whose Work Helped Lay the Ground Work for the Upheavals of the 1960s», en The Nation, 18 de marzo.

, 2015

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Libro: Pérez, L. F., (1998) La vida leve. Letras Cubanas, La Habana.

Artículo en periódico o revista: Díaz, Z., (1995) «Identidad y cultura», en Temas, a. 5, n. 2, La Habana, abril-junio, disponible en www.temas.cult.cu/revistas/02/diaz.pdf.

Artículo en compilación: Hernández, O., (1987) «Los levantamientos de esclavos», en Carlos Acosta, ed., Movimientos sociales en el siglo xix. México, D. F., Fondo de Cultura Económica.

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149La URSS y el sistema-mundo. Influencia del capitalismo global sobre la formación social soviética

En los estudios sobre las formaciones constitutivas del comunismo histórico,1 los análisis de su interacción con el sistema-mundo capitalista han ocupado un espacio

marginal y el grueso de ellos tuvo lugar durante la década de los 70 del pasado siglo. De ahí las limitaciones del abordaje específico de su impacto en el cambio de régimen en estas formaciones.

Es imposible un acercamiento crítico al colapso de la URSS y el bloque oriental sin considerar la convergencia dialéctica que tuvo lugar, justo desde finales de los años 70, entre las limitaciones estructurales y sistémicas de la formación soviética y los imperativos expansivos del ciclo de acumulación «americano» en su fase decadente o financiera.

Esta relación entre los condicionamientos externos (sistémicos) e internos en el desarrollo y colapso de la URSS, debe ser vista como una unidad, desde el carácter orgánico y concatenado de ambas influencias, al margen de todo sectarismo analítico que excluya uno de los factores. El presente estudio —aunque metodológicamente aborda con más detalle la interrelación de la URSS con el capitalismo global—tiene como premisa el carácter, también decisivo, de los problemas internos de la formación soviética.

Esta línea de investigación tiene una actualidad de primer orden, pues constituye una plataforma de partida ineludible para comprender la «gran involución» que han vivido los pueblos constitutivos del comunismo histórico, tras su colapso. Las serias limitaciones del paracapitalismo ruso2 que sustituyó al estatismo soviético —extensivas a muchas de las formaciones del

espacio postsoviético y Europa del Este— han estado condicionadas por la forma periférica y dependiente en que se insertaron en la dinámica del capitalismo global. Su posibilidad de evolucionar y reproducirse como naciones está sujeta a su capacidad para aplicar políticas que impulsen hacia lo interno tendencias de desarrollo autocentrado y democrático, y prácticas alternativas y no dependientes hacia el exterior.

Crisis de la «desconexión» y el retorno de la URSS al sistema-mundo capitalista

Existe consenso en torno al carácter esencialmente periférico de la estructura social y económica del Imperio zarista entre la segunda mitad del siglo xix y los años previos al ascenso bolchevique.3 La estructura socioeconómica tradicional (agrícola), el limitado desarrollo del capital bancario, la dependencia de la inversión extranjera y la ausencia de un mercado interno que tributara a la acumulación de capital, son algunos de los obstáculos al desarrollo de una sociedad autocentrada en la Rusia prerrevolucionaria.

Entre finales del siglo xix e inicios del xx tuvo lugar el primer intento relativamente estructurado de «modernización» en Rusia, en el sentido del tránsito de una sociedad agraria a una industrial. En el contexto de las mencionadas limitaciones periféricas, este avance de relaciones de tipo capitalista en el campo y en la ciudad solo podía ser resultado de la acción combinada entre la inversión extranjera y la política

La URSS y el sistema-mundo. Influencia del capitalismo global sobre la formación

social soviéticaIván Felixovich León Zhukovskii

Investigador. Centro de Investigación de Política Internacional.

n. 81-82: 149-156, enero-junio de 2015

150 Iván Felixovich León Zhukovskii

económica zarista. El capital europeo, en el contexto del desarrollo imperialista y la crisis de sobreproducción de finales de siglo, encontró en el Imperio ruso uno de los mercados emergentes más atractivos de la época,4 condicionado por su peso en el mercado mundial de productos primarios, el fortalecimiento del rublo y el respaldo de la política económica del gobierno. A pesar de ello, aunque introdujeron rasgos de «modernidad» y establecieron los cimientos básicos de la industrialización, estos procesos no modificaron la matriz periférica de la estructura socioeconómica de la formación zarista.5

Sin embargo, este movimiento histórico hacia la industrialización y la superación de las tradicionales relaciones agrarias se imponía por el grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y las contradicciones interimperialistas, que habían culminado en conflagración mundial. Estos condicionamientos geopolíticos desempeñaron un papel de primer orden en la radicalización del «desarrollismo» ruso. Como se evidenció, sin el «gran salto industrial», la URSS habría sucumbido ante el fascismo. Tanto el ideario bolchevique como —sobre todo— el industrialismo estalinista, fueron explícitos en su vocación de acelerar un proceso de modernización que se producía, justamente, al compás de los intereses específicos del imperialismo europeo.

De esta manera, la «desconexión»6 fue una premisa fundamental para el salto industrial que logró la URSS durante la década de los años 30. El gobierno soviético centralizó el control sobre los recursos productivos y los orientó hacia el desarrollo endógeno; en esencia, este quedó independizado de la lógica impositiva del capitalismo central y la acumulación global.

En la primera etapa de su desarrollo, la «desconexión soviética» no se acompañó de una política de economía cerrada. La tecnología foránea más avanzada7 y los importantes volúmenes de comercio exterior —venta de trigo, pan y semillas, e importación de maquinaria— fueron determinantes para romper la inercia y crear las bases para el posterior desarrollo industrial relativamente autónomo en la URSS. No fue casual que el aumento de la explotación del campo durante los primeros años de esa década coincidiera con un significativo auge del comercio exterior. Las materias primas provenientes del campo fueron, durante mucho tiempo, la fuente casi exclusiva de ingreso de divisas al país, lo cual garantizaba la importación de los medios de producción necesarios para el desarrollo de la industria soviética.

La Gran Depresión desempeñó un rol contradictorio en las relaciones de la URSS con el sistema-mundo capitalista. Por una parte, la brusca disminución de los precios permitió al país adquirir las tecnologías que necesitaba para su desarrollo; por otra, los precios de las

materias primas agrícolas y del pan, garantes de las divisas con las que el país podía sufragar las importaciones de maquinarias, disminuyeron aún más. La solución sería el aumento de la explotación del campesinado y el diseño de una agresiva política exportadora, bajo el lema de no dejar nada en territorio soviético que pudiera ser exportable (Kagarlitskii, 2008: 311).

No obstante, uno de los saldos fundamentales de la crisis económica mundial para la URSS fue la aceleración del proceso de «desconexión», ya con elementos de la «economía cerrada» que caracterizarían este país hasta la década de los 70. La desfavorable correlación de precios en los mercados internacionales, así como la pérdida de posiciones en importantes plazas, como la británica,8 obligó a promover la sustitución de importaciones y el autoabastecimiento de los principales medios de producción y materias primas, lo cual, en gran medida, se lograría a mediados de los años 30.

El intercambio comercial de la URSS disminuyó de 1,03 mil millones de rublos en 1930 (comienzo de la industrialización acelerada) a 0,48 mil millones en 1940. Aunque para 1950 registraba 2,9 mil millones, continuaban siendo valores extremadamente modestos, lo que ponía en evidencia el carácter cerrado y no dependiente de la economía soviética. La década de los 50 marca un importante crecimiento del comercio, pero condicionado por el aumento de los intercambios con las formaciones del comunismo histórico. Este último factor modificó relativamente el carácter cerrado de la economía soviética, aunque no su independencia de los mercados internacionales y de la acumulación en los países desarrollados.

Pero durante los años 60 y, sobre todo, los 70, tuvo lugar una inflexión en las relaciones de la URSS con la economía-mundo. En ese período, el total del intercambio comercial soviético creció de diez mil millones a 94,1 mil millones de rublos. Si en 1950 la URSS realizaba 20% de su intercambio comercial con los países no socialistas, y en 1970, 35%, en 1980 estos participaban de 46,2% del comercio exterior soviético; con los países socialistas creció diez veces en esos años, mientras que con los «desarrollados» y «en desarrollo» creció 26 y 48 veces, respectivamente (Anuario estadístico..., 1956, 1981, 1982, 1988).

En sus últimas dos décadas, la URSS se reinsertó en el mercado mundial de bienes con una participación en el total de las exportaciones mundiales de 4% (1970) y 4,6% (1980). Si bien esto no refleja posiciones de liderazgo internacional en términos absolutos, es similar a la participación que tuvo la Rusia zarista en las exportaciones globales en 1913 (4,5%) y muy superior al que tuvo la Federación Rusa (FR) en 2012 (2,86%) (Blindul, 2009).


Se impone definir, no obstante, las características de esta nueva interacción de la URSS con el capitalismo global. En este sentido, es suficiente un análisis general de las estadísticas para identificar la tendencia hacia la primarización de las exportaciones y de la economía soviética en general. Si en 1940, 17,3% de las exportaciones lo constituyeron hidrocarburos y metales, estos serían 38,8% en 1965, 45,7% en 1975 y 60% en 1985 (Anuario estadístico..., 1957, 1981, 1989). Por primera ocasión en la historia soviética, los recursos naturales, y los energéticos en particular, no actuaban esencialmente como factor de la acumulación interna, sino, en gran medida, de las necesidades de la acumulación en el «centro». Los recursos financieros resultantes no fueron orientados al desarrollo tecnológico y socioeconómico nacional.

El nodo de este proceso lo constituyó el notable crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos a Europa occidental. Durante los años 70, la URSS comenzó a exportar gas a Austria, y en la década siguiente, este proceso se extendió a Finlandia (1971), la República Federal Alemana (1973), Italia (1974) y Francia (1976). En 1982, provenía de la URSS más de un tercio de las importaciones de hidrocarburos de Italia, 15% de las de la RFA y Francia, 67% de las austriacas y el total de las finlandesas (Kagarlitskii, 2008: 418).

Este brusco aumento de la exportación de recursos energéticos tuvo su lógico correlato en la disminución de las exportaciones de productos con alto valor agregado, como maquinarias y algunos bienes de consumo. En 1940, estos representaban 37,5% del total de ventas a otros países, 32,8% en 1965, 20,2% en 1980, y para 1985 había disminuido hasta 17,4% (Anuario estadístico..., 1957, 1981, 1989).

Paralelamente, aumentó el peso de las importaciones para la economía del país. En el campo de la manufactura, a mediados de los 80, la URSS importaba 52% de las maquinarias para las industrias textil y alimentaria, 56% para la poligráfica y la química, y 73% de las requeridas para la producción de calzado y pieles (Khazin, S/A). Además, si bien desde el inicio de la industrialización y hasta la década de los 60 se importaba maquinaria y tecnología de las ramas líderes del paradigma tecnológico dominante, para ser asimilado y reproducido internamente, la dinámica asumió una dirección diferente a partir del «boom» energético.

Igualmente, el peso de los bienes de consumo en el total de las importaciones creció de 16,3% a 36,3% entre 1940 y 1980 (Khazin, S/A). A partir de mediados de los 70, como promedio, la mitad de los ingresos en divisas fue destinada a la importación de calzado, ropa, cárnicos y semillas agrícolas (Slavkina, 2002).

Otra importante tendencia que tuvo lugar en los 70 fue la participación activa de la URSS y las

formaciones del comunismo histórico europeo en los mercados financieros internacionales, condicionada, prima facie, por una favorable coyuntura externa.Como resultado de la crisis de sobreproducción en ese período, grandes volúmenes de capitales del «centro» fueron dirigidos hacia las periferias mediante distintos mecanismos —entre ellos los empréstitos. Para 1981, las deudas asumidas eran: Polonia, 24 mil millones de dólares; URSS y RDA, 12 mil millones; Rumania, 9,8 mil millones, y Hungría, 6,9 mil millones (Kagarlitskii, 2008: 426). Si bien en términos absolutos, la cifra puede parecer moderada para el caso soviético, no lo fue en términos cualitativos.

Los impactos de este endeudamiento fueron profundos, aunque de índole diferente en cada país. Después de la crisis política en Polonia, provocada, en gran medida, por la deuda, muchos de los países del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) se esforzaron por disminuir su dependencia financiera de Occidente.9 Sin embargo, y como antecedente de lo que tuvo lugar en América Latina, el «ciclo de la deuda» coadyuvó a que disminuyeran la inversión y la importación de bienes de consumo y maquinarias para la industria, con el consiguiente deterioro de la situación social en estos países durante la segunda mitad de los 80. Como consecuencia, durante el gobierno de Mijaíl Gorbachov se asumieron empréstitos por un valor superior a los cincuenta mil millones de dólares, al tiempo que fue utilizada la casi totalidad de las reservas en oro del país para el pago de la deuda y el mantenimiento de los niveles de importación (Kagarlitskii, 2008: 431).

Esta paulatina inserción soviética en la dinámica —sobre todo económica— del capitalismo global y la consiguiente profundización del modelo energético-exportador estuvieron condicionados por las contradicciones internas de esta formación. Si bien es preciso tomar en consideración el brusco aumento de los precios del petróleo en el mercado mundial y el descubrimiento de nuevos yacimientos en Siberia occidental, los influjos de la coyuntura internacional coincidieron y actuaron al unísono con otros factores: el agotamiento del estatismo industrialista soviético y su «desarrollo» de tipo extensivo, la necesidad de mantener los niveles de consumo social, y el progresivo debilitamiento del mando político central soviético, así como la consiguiente fragmentación de la burocracia, y la promoción de sus intereses y los de otros actores vinculados al sector externo.

El deterioro de la cohesión entre los países del bloque oriental a partir de los 80 fue otro factor que aceleró el proceso de retorno de la URSS al sistema-mundo capitalista. Por razones tanto históricas como sistémicas, la reinserción de las llamadas «democracias populares» en los flujos comerciales y financieros


internacionales fue anterior a la de la URSS, lo cual minó la integridad del CAME y resquebrajó la cada vez más endeble independencia económica soviética. Por su parte, la política soviética también incidió negativamente en la estabilidad socioeconómica de estos países: primero, en la segunda mitad de los 70, como consecuencia del aumento de los precios del petróleo que ellos importaban de la URSS —hasta ese momento, aproximadamente 17% inferiores a su valor internacional—; en los 80, como resultado de la disminución de la exportación misma de energéticos, a raíz del decrecimiento de su precio en el mercado mundial y la prioridad que la URSS le confirió a sus exportaciones hacia el Occidente europeo (Anuario estadístico..., 1981-1989).

Igualmente, dicha inserción tendría nocivos y contradictorios efectos sobre la formación soviética. En primer lugar, puso fin a toda posibilidad de cambio hacia un vector de desarrollo intensivo, en tanto «primarizó» las directrices energéticas y la distribución de los factores productivos; en segundo, mediante un acomodo simplista y complaciente, permitió aplazar por casi dos décadas el estallido de una crisis estructural y económica, cuya degeneración en crisis social sería difícil evitar.

La inserción de la URSS en el sistema-mundo se produjo en condiciones cercanas a las de las formaciones de las periferias, aunque con una estructura socioeconómica de tipo industrial y rasgos típicos de las formaciones del centro.

Esta aparente paradoja sería apenas el embrión de la sui generis periferización rusa, que cristalizó con toda su fuerza destructiva en las décadas posteriores al cambio de régimen y que actualmente genera una tensión sistémica interna, cuya intensidad es comparable con la que precedió al ascenso bolchevique o al derrumbe de la URSS.

La agenda neoliberal y el cambio de régimen en la URSS

Durante los años 70 y, especialmente a raíz del auge neoliberal de los 80, los procesos internos de la URSS encontraron un fuerte y eficaz complemento en las

tendencias que se desarrollaban en el sistema-mundo capitalista, como condicionantes tanto del aumento de su dependencia de los mercados externos como del posterior cambio de régimen.

Las últimas décadas del siglo xx estuvieron marcadas por la convergencia del derrumbe del comunismo histórico y la entrada del ciclo de acumulación «americano» en su fase financiera, tras el agotamiento de las potencialidades de la reproducción ampliada en los marcos productivos del fordismo. Desde principios de los 70, el capitalismo occidental comenzó a sentir el agotamiento de su largo crecimiento de posguerra. Esta crisis de sobreacumulación y rentabilidad se expresó en una disminución del crecimiento económico y de la tasa de ganancia, así como en una prolongada estanflación, potenciadas por la crisis del petróleo (1973-1974), en la medida en que los capitales de la periferia petrolera —debido a sus deformaciones estructurales y su carácter dependiente— fluyeron masivamente hacia las estructuras financieras estadounidenses.

Este proceso, sumado al crecimiento del desbalance entre la capacidad de consumo y la de producción en los Estados Unidos, al crecimiento vertiginoso de su deuda y al abandono del patrón oro por parte de ese país en 1971, sentaron las bases para la implementación del proyecto neoliberal. Como mecanismo de regulación del proceso de acumulación a escala global, el modelo contenía cuatro macroprocesos estrechamente vinculados, los cuales, esencial y mayoritariamente, encontraban en la URSS y en el bloque oriental una inaceptable barrera de contención.

Un primer elemento estructural del proyecto neoliberal fue la supresión de los «privilegios» que la clase trabajadora había conquistado en la posguerra; un segundo, el ensanchamiento del sistema-mundo capitalista mediante la inclusión de nuevas formaciones sociales de la periferia —muchas de ellas no capitalistas— en su lógica de funcionamiento y a partir de la desindustrialización en el propio seno de las formaciones del centro.

Una tercera dimensión fue la implementación de un grupo de transformaciones políticas, sociales y especialmente económicas, tanto a escala nacional como global, con el fin de garantizar la libre movilidad de los factores de la producción —excepto la mano de obra. Se requería «globalizar» las prácticas económicas

El deterioro de la cohesión entre los países del bloque oriental a partir de los 80 aceleró el proceso de retorno de la URSS al sistema-mundo capitalista. La reinserción de las llamadas «democracias populares» en los flujos comerciales y financieros internacionales fue anterior a la de la URSS, lo cual minó la integridad del CAME y resquebrajó la cada vez más endeble independencia económica soviética.


garantes del restablecimiento de la rentabilidad, utilizando un complejo de instrumentos culturales —«americanización» de los referentes y disolución de los autóctonos—, ideológicos —Consenso de Washington, unipolaridad— y militares —guerra preventiva, capacidad de control militar sobre cualquier espacio del sistema.

De lo anterior se deduce el cuarto elemento: la aplicación extrema del «gendarmismo» estadounidense. Este país debía fungir como el garante político-militar de los intereses de la «tríada»,10 lo cual implicaba, por la propia lógica del sistema, la ausencia de límites al control en esos ámbitos.

En otro orden, la «desconexión» soviética, al tiempo que independizó el desarrollo interno de las barreras que impone la dependencia periférica, permitió una importante evolución económica y social. Al margen de las múltiples limitaciones sistémicas y estructurales de la URSS y de la creciente tendencia a su reinserción en la dinámica desigual del capitalismo global, el desarrollo alcanzado por este país en materia económica y social le fue otorgando rasgos cada vez más cercanos a los que definen el carácter autocentrado de las formaciones del capitalismo central. Fue una de las causas fundamentales de la campaña que promovió el capital global contra el sistema del comunismo histórico desde principios de la década de los 80 del pasado siglo.

Por una parte —haciendo resaltar su carácter vital para cualquier evolución autocentrada—, se debe destacar la tendencia a un relativo equilibrio sectorial de la economía (no ramal), que la alejaba cada vez más de la estructura típica de las periferias, caracterizada por la primacía del sector agrario y el limitado desarrollo de la industria y el sector terciario.11 En la URSS, el peso de los sectores de la producción material en el total de la utilización de la fuerza laboral disminuyó de 76% a 57% entre 1940 y 1989; particularmente notoria es la disminución del aporte de la agricultura (de 54% a 20%) y el aumento del de la industria (de 23% a 39%). Como consecuencia, la participación del sector terciario en el total de la ocupación en la URSS, durante el mismo período, creció de 24% a 46% (Anuario estadístico..., 1957, 1981, 1989), y sería tangible su similitud con las estructuras económicas de países del centro capitalista de matriz industrial, como Alemania (49% en 1981) y Francia (57% en 1981).

Tal disminución de la «brecha» estructural tuvo lugar en la URSS con anterioridad a la industrialización de aquellos países de la periferia que durante la década de los 80 estuvieron mejor posicionados para asimilar la expansión de los capitales del «centro». El caso de la URSS fue distinto, en tanto no se supeditaba a la lógica de la acumulación endógena.

Otro de los núcleos del desarrollo soviético fue el logro de un alto nivel de homogeneización social y el aumento de los ingresos y niveles de vida de la población. Ciertamente, la sociedad industrial soviética, en sus últimas dos décadas, logró acortar de manera considerable las brechas en los ingresos entre diferentes grupos sociales: en 1991, el índice Gini —medidor de la desigualdad— en la URSS era de 0,26, uno de los más bajos a nivel mundial e inferior al de los Estados Unidos (0,37), Francia (0,36), Reino Unido (0,34) y Alemania (0,31) (Atkinson y Morelli, 2014).

En 1989, atendiendo a la estratificación por grupos de ingresos, la diferencia entre el 10% de mayores ingresos y el 10% de menores fue solo de 3,5 veces, cinco veces menor que la del mismo indicador de Rusia en 2009 (16,7). En el plano de la distribución sectorial, en el mismo año los salarios del sector menos retribuido fueron 54% de los del sector más retribuido, diferencia dos veces menor que la del mismo indicador en la Rusia de 2013 (24%).12

Como complemento, fue notorio también el crecimiento (260%) de los ingresos medios de los trabajadores entre 1960 y 1987: ritmo superior al de los países del centro capitalista durante el mismo período. Los ingresos per cápita en la URSS, aunque continuaron distantes de los de los Estados Unidos, pasaron de representar 27% de los de ese país en 1950, a 47% en 1987. Este dato, si bien denota una brecha todavía marcada, debe ser matizado por las diferencias en la distribución del ingreso —favorable a la URSS— y, en general, por el conjunto de facilidades para el consumo social —en especial, de los servicios—, que en la mayoría de los estudios no se contabilizan adecuadamente. De manera general, el desarrollo social alcanzado por este país cristalizó en la posición 28 alcanzada en el Índice de Desarrollo Humano de 1990, que ubicó al país dentro del grupo de los de mayor desarrollo.

Este significativo avance en la estructura social y económica fue el resultado, entre otros factores, del gran desarrollo industrial alcanzado por la URSS y los países de Europa del Este en las décadas posteriores a la Segunda guerra mundial. Si se comparan algunos indicadores de las formaciones del comunismo histórico (excepto China), con los de los Estados Unidos, los datos más elocuentes son los referidos al vertiginoso crecimiento de su peso cuantitativo en la producción industrial mundial y en la cantidad de trabajadores en los sectores de la producción material, indicadores donde, en 1987, superaron al país norteamericano en 6% y 40% respectivamente; y a la comparación entre sus PIB, donde la URSS y sus aliados se acercaron hasta 85% del de los Estados Unidos.

La convergencia entre el desarrollo estructural interno y el peso cuantitativo de su capacidad productiva


a nivel mundial, así como el importante ascendente geopolítico de la URSS y su carácter antisistémico, ubicaron las formaciones del comunismo histórico europeo como un bloque de contención de primer orden ante la ola expansiva del neoliberalismo desde varias perspectivas dialécticamente relacionadas.

En primer lugar, la experiencia de las formaciones europeas autodenominadas socialistas había influido, sin dudas, en la aplicación de las políticas identificadas con el Estado de bienestar en Occidente. El ejemplo soviético —el carácter alternativo de sus políticas sociales— traspasaba la barrera de sus limitaciones y del espacio, y tributó al relativo equilibrio que tuvo lugar en las relaciones capital-trabajo en los Estados Unidos y los países europeos. En el contexto de la embestida neoliberal, el ataque contra la clase trabajadora en las formaciones del centro implicaba profundizar la confrontación con una de las fuentes de legitimidad del movimiento obrero en los países capitalistas.

En segundo lugar, la reproducción ampliada de las tendencias de desarrollo social y económico de los países del bloque oriental, conjugada con una controlada, bien dirigida y competitiva reinserción en los mercados internacionales, hubiera podido resultar un «inaceptable ensanchamiento» del centro capitalista, que provocara un encarecimiento de la mano de obra tanto en el centro como en las periferias, obstaculizara el reajuste en la división global del trabajo y la industrialización «dirigida» de algunas periferias, agudizara la lucha por los mercados, y limitara considerablemente las ganancias de los agentes económicos capitalistas.

Con independencia del carácter concatenado y total de los esfuerzos que llevaron al cambio de régimen, las formas específicas en que podía ser enfrentado el «problema» anterior no podían menos que implicar el desmontaje y la destrucción del poderío industrial del bloque oriental.

En tercer lugar, se requería liberalizar el acceso a los factores productivos, controlados hasta ese momento por las estructuras de poder estatal-nacionales del bloque oriental y enfocados en la reproducción de su acumulación endógena. Si la variable anterior implicaba el desmontaje de la infraestructura económica de la URSS y su matriz altamente industrial, en este caso y como contraparte, se refiere a la apropiación, la puesta de los vastos recursos de esa región en función de la acumulación del centro capitalista.

La desaparición de la URSS permitió ver las múltiples convergencias entre las determinantes internas y externas del cambio de régimen. El bloque oriental debía adecuarse e insertarse en la lógica de la acumulación global, en esencia, mediante el típico diseño depredador de las periferias: liberalización de los factores productivos, potenciación de la explotación

de los recursos de mayor rentabilidad en cada caso —mano de obra en el Este europeo y recursos naturales en las repúblicas exsoviéticas— y, de manera general, la erosión de todos los factores que hubieran podido tributar al fortalecimiento sistémico de estas formaciones.

En este sentido, los hidrocarburos de la URSS adquirieron una trascendencia de primer orden a raíz de la crisis petrolera de 1973, el aumento de los precios de los energéticos y la inestabilidad en Medio Oriente. Además, los intereses económicos de países como Alemania y Francia condicionaron su visión, más moderada, de las transformaciones que se consideraban necesarias en la URSS, contrastando con el fundamentalismo norteamericano que no aceptaba una variable menor que su derrumbe y fragmentación y —como se constató a partir de 1991— de la propia Rusia. Lo anterior, sin embargo, no suprimía el cambio de régimen en la URSS como objetivo primordial y consensuado entre los Estados Unidos y sus aliados europeos.

Un cuarto factor que, atendiendo a su lógica expansiva, el capitalismo global practicaba para la supresión del comunismo histórico, fue la extensión de la fuerza geopolítica de la URSS. En este plano fue, quizás, donde con más claridad se manifestó el carácter contradictorio de las relaciones entre la URSS y el sistema capitalista en su fase neoliberal: en primer lugar, porque fue la confrontación política entre este país y los Estados Unidos su cara más visible y notoria; en segundo, porque fue en la esfera geopolítica donde el sistema soviético logró desarrollar sus mayores fortalezas a nivel internacional.

El libre flujo de la información y los tradicionales factores de la producción, la universalización de los referentes culturales anglosajones y, de manera especial, la necesidad de concentración del control político-militar en los Estados Unidos y la condición imperativa de su alcance global, eran abiertamente incompatibles con la existencia misma de la URSS, con el carácter alternativo de sus proyecciones ideosimbólicas, y la expansión y el despliegue territorial de su influencia político-militar. Esto explica la «segunda guerra fría», iniciada por los norteamericanos contra los soviéticos desde el advenimiento presidencial de Ronald Reagan. Esta se expresó en el aumento de la presión político-diplomática sobre la URSS y otros países, en el más que agresivo fomento de la propaganda antisoviética, la subversión interna y una abierta guerra económica cuyos éxitos fueron notables.13

Conclusiones

La relación de la URSS y los países de Europa del Este con el sistema-mundo contemporáneo, capitalista,


fue un factor de primer orden en la desestructuración y el cambio de régimen en esas formaciones, lo que se manifestó en un orgánico dualismo: desde las determinantes y proyecciones internas soviéticas que condicionaron la crisis de la «desconexión» y la supresión de las barreras antisistémicas, y desde la acción volitiva del capitalismo global, encaminada a promover el cambio de régimen y el «ajuste» estructural en estas formaciones.

Por una parte, las dificultades con que se topó el estatismo soviético encontraron una engañosa salida en una sui generis reinserción de la URSS en el sistema-mundo, la cual debe entenderse, sin embargo, con todos los matices y las peculiaridades que imponía el carácter de la estructura socioeconómica del país —industrial de matriz autocentrada—, de su discurso ideológico y de sus proyecciones e impactos geopolíticos; sobre todo en los países de la periferia y la semiperiferia, donde el capital occidental libraba una batalla de vida o muerte.

Esta compleja tendencia se desarrolló, esencialmente, en el plano económico. A pesar de relativas distensiones y convergencias estratégicas con actores específicos, en el plano político, militar e ideológico, la URSS continuó siendo, hasta la Perestroika, una fuerza alternativa y de contrapeso a las tendencias unipolares promovidas por los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Por otra parte, bajo esta misma premisa, fueron los actores políticos internacionales —en especial los Estados Unidos—los que sintetizaron y canalizaron los intereses estratégicos, económicos en última instancia, del capitalismo global: encontraban en el comunismo histórico un bloque de contención ante el dogma neoliberal y los requerimientos de la nueva fase, decadente y financiera, del ciclo de acumulación «americano». Esto contrasta con la forma de expansión del capital global hacia la periferia no europea —en particular la asiática— desde la década de los 70 del siglo xx, donde los actores económicos —el capital transnacionalizado— sí desempeñaron un papel de primer orden.

Como resultado, la reinserción soviética en el sistema-mundo encontró en el derrumbe de la URSS y en el paracapitalismo ruso su prolongación, si no inevitable, al menos lógica y en correspondencia con el carácter de los procesos internos —agotamiento del modelo económico, fragmentación e intereses de la nomenclatura— y de las determinantes influencias exógenas.

Notas

1. Categoría desarrollada por el historiador ruso Andrei Fursov, para hacer referencia a la experiencia de las formaciones estatistas

y autoproclamadas socialistas, en especial las del Este europeo y la URSS.

2. Forma de denominar el desarrollo de tipo capitalista en las formaciones periféricas, atrofiado y dependiente, lo que las distingue de los países del centro capitalista o «desarrollados».

3. Sin embargo, algunos autores como el importante marxista egipcio Samir Amin y en menor medida el sociólogo ruso Alexander Tarasov ponderan, a principios del siglo xx, a la par de los rasgos periféricos de la Rusia zarista, la tendencia hacia la modernización. Amin, contrario al consenso establecido, caracterizó a la Rusia prerrevolucionaria como una formación en movimiento de la periferia hacia el centro. Valiosos análisis sobre el tema son desarrollados por Alexander Tarasov (2011: 49-109); Boris Kagarlitskii (2008: 320-66) y Samir Amin (1997: 204-16).

4. A modo ilustrativo, en la primera década del siglo xx el capital extranjero controlaba 50% de la producción, 75% del comercio de petróleo y 90% de la producción de platino. La inversión de capital estadounidense se multiplicó por 15 entre 1900 y 1915. Además, entre 1910 y 1914, la inversión de capital extranjero en el sur de Rusia (donde se concentró el peso de la industria de la época) fue de 134,6 millones de rublos, por 9,5 la del capital nacional (Kagarlistskii, 2008: 328-30).

5. Entre 1900 y 1914 —período de esplendor del «desarrollismo» ruso prerrevolucionario—fueron exportados productos agrícolas sin elaboración por valor de 8,6 mil millones de rublos, mientras que durante los treinta años anteriores solo se había logrado exportar por valor de 7,6 mil millones de rublos (Liashenko, 1928: 8).

6. Categoría desarrollada por Samir Amin referida a la necesaria independencia del desarrollo interno de una formación periférica de las condiciones que le impone la acumulación en las formaciones del «centro» (Amin, 1974; 1988).

7. En 1931 las importaciones desde Alemania y los Estados Unidos, que junto con Inglaterra constituían los líderes tecnológicos de la época, se correspondían con 42,8% del total de la importación de medios de producción. En la medida en que las relaciones con la Alemania nazi se fueron deteriorando, aumentó aún más el rol de los Estados Unidos como suministrador de alta tecnología (Kagarlitskii, 2008: 388-92).

8. En 1930 la URSS suministraba 18% de las importaciones de trigo a Inglaterra, mientras que para 1932 esa cifra disminuyó drásticamente, hasta 3% (Kagarlitskii, 2008: 396).

9.En 1984, la URSS disminuyó su deuda hasta 4,2 mil millones de dólares, Rumania hasta 6,5 mil millones, la RDA hasta 6,7 mil millones y Hungría hasta 5,1 mil millones de dólares (Kagarlitskii, 2008: 426).

10.Entiéndase como la confluencia de intereses y el carácter colectivo de la gestión política global por parte de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, principales centros de acumulación global.

11.En las periferias también puede tener lugar un importante crecimiento del sector terciario, aunque condicionado por factores y cumpliendo funciones distintas a las de la tercerización de las formaciones centrales (Amin, 1997).

12. Estos datos se corresponden con informes del Comité Estatal de Estadísticas de Rusia.

13. Como plataformas programáticas de la arremetida antisoviética y en particular de la guerra económica, se asume lo contenido en los dos Proyectos de Harvard y en el Proyecto de Houston, los cuales quedaron plasmados en las directivas NSDD-32, NSDD-72, NSDD-166, firmadas por Ronald Reagan a partir de 1982. Como


resultado, los Estados Unidos lograron influir en la disminución del precio del petróleo y retrasar durante dos años la construcción del gasoducto Urengoi-6. Sumado a la disminución de la cotización del dólar, esto afectó el presupuesto soviético en más de dieciséis mil millones de dólares.

Referencias

Amin, S., (1974) La acumulación a escala mundial. Buenos Aires, Argentina Editores.

______, (1988)La desconexión: hacia un sistema mundial policéntrico. Madrid, IEPALA.

______, (1997) Los desafíos de la mundialización. México D. F., Siglo Veintiuno Editores.

Anuario estadístico de la URSS, (1956, 1957, 1981-1989). Moscú, Editorial Estadística Estatal.

Atkinson, T. y S. Morelli, (2014) «Chartbook of Economic Inequality», en Ecineq WP, [En línea], disponible en http://ssrn.com/abstract=2422269 [consultado el 1 de agosto de 2014].

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Kagarlitskii, B., (2008) El imperio periférico. Ciclos de la historia rusa. Moscú, Eksmo.

Khazin, M., (S/A) «La economía soviética entre 1966 y 1987», [En línea], disponible en http://uchebana5.ru/cont/1530990.html [consultado el 1 de febrero de 2013].

Liashenko, P., (1928) La agricultura rusa en el sistema económico mundial. Moscú.

Slavkina, M., (2002) «El desarrollo del sector de los hidrocarburos entre los años sesenta y ochenta en la URSS. Grandes éxitos y oportunidades perdidas», [En línea], disponible en www.hist.msu.ru/Science/LMNS2002/24.htm [consultado el 3 de septiembre de 2014].

Tarasov, A., (2011) «La “segunda edición del capitalismo” en Rusia», Europa Oriental: del derrumbe al neoliberalismo. La Habana, Ruth Casa Editorial-Nuevo Milenio.

, 2015

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En Cuba

Fuera de Cuba

Economía y literatura:un cuarteto antillano

Dos parejas de textos actualizan problemas del desarrollo, la historia y la literatura en el Caribe.

La polémica sobre los cambios actuales en Cuba y la vuelta al clásico tema caribeño del azúcar son los tópicos del primer par.

El significado de Venezuela en la obra poética de Nicolás Guillén y el discurso crítico creativo de una de las principales ensayistas cubanas se abordan en el segundo.

Slectura

sucesiva

158 Carmelo Mesa-Lago

Entre 1983 y 1985 sostuve un debate con José Luis Rodríguez, entonces miembro del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial del Consejo de Estado de Cuba. Él me presentó

como director, desde la Universidad de Pittsburgh, de la «cubanología» —por primera vez este término era usado en Cuba—, integrada por los académicos cubanoamericanos que desde los Estados Unidos estudian la Isla. Mi respuesta fue publicada en Temas de la Economía Mundial (La Habana), y el artículo de Rodríguez, con mi réplica, apareció en Cuban Studies (Pittsburgh). Esa polémica enriqueció lo político y lo académico, pues permitió un intercambio público de puntos de vista diversos; involucró a un asesor del gobierno cubano, más tarde ministro de Economía y Planificación, y arquitecto de las reformas que sacaron a Cuba de la crisis de los años 90, y divulgó mi obra entre los cubanos. La discusión se amplió con artículos críticos de los economistas Claes Brundenius y Andrew Zimbalist; mi réplica, en coautoría con Jorge Pérez López, apareció en Comparative Economic Systems. Virtualmente, todas las críticas fueron refutadas y quedó claro que el término «cubanología», cargado ideológicamente, era parte de la Guerra fría; los académicos que profesionalmente trabajamos sobre Cuba adoptamos el vocablo neutral de «cubanistas» (Pérez-Stable, 1991: 239-250). Como resultado del debate, muchos de nosotros entablamos o expandimos intercambios con economistas cubanos, logramos consensos y respetamos puntos de discrepancia.

Tres décadas después, Emily Morris revive el estigmatizado término y la emprende contra los «cubanólogos» —«como se definen a sí mismos», afirma erróneamente (Morris, 2014: 5-45).1 De forma indiscriminada y estereotipada, los tilda de «profundamente hostiles al régimen de La Habana» (4).2 Vuelve a colocarme entre los líderes de la «cubanología», según ella asentada en la Universidad de Pittsburgh, aunque el equipo de estudios sobre Cuba de dicha universidad desapareció hace años. Se refiere a un «eje Pittsburgh-Miami» que solo existe en su imaginación, pues ha habido notables diferencias de pensamiento entre los cubanistas de las dos ciudades —al igual que dentro de Miami entre un grupo moderado de cubanistas en la Universidad Internacional de la Florida (que realiza las encuestas a cubanoamericanos, las cuales demuestran que la mayoría rechaza el embargo) y otro muy crítico en la Universidad de Miami. Además, acusa a todos los cubanistas (especialmente a los que escriben con diversos puntos de vista en Cuba in Transition),

8

¿«Cubanólogos»o cubanistas?

n. 81-82: 158-164, enero-junio de 2015

El autor es responsable de lo que aquí se dice, pero agradece los valiosos comentarios de Jorge Pérez López, Omar Everleny Pérez Villanueva y Antonio Santamaría García.

Carmelo Mesa-LagoCatedrático Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos

Universidad de Pittsburgh.

159¿«Cubanólogos» o cubanistas?

de proponentes de la «reestructuración de la economía de la Isla siguiendo patrones capitalistas», neoliberales que apoyan las reformas impuestas en América Latina por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) basados en el Consenso de Washington (5).

La versión en castellano del artículo de Morris ha sido elogiada por el editor del blog La Pupila Insomne como «lo mejor […] sobre la economía cubana en los últimos 25 años» (es obvio que ha leído muy poco):

[Este artículo] demuestra de manera aplastante las enormes debilidades de algunos enfoques sobre la economía cubana que gozan del apoyo de la maquinaria mediática académica cómodamente financiada desde Europa y los Estados Unidos, a través de publicaciones, invitaciones y eventos que incluso han llegado a realizarse en nuestro país [Cuba]. Quienes son puestos en ridículo por la autora fueron tratados entonces como portadores de la palabra divina; un «icono gigante admirado y querido, en la distancia, por muchísimos jóvenes que siguen su obra», se ha dicho del más citado de ellos. (Sánchez, 2014: 1).

Esto último parece mi «retrato» y un claro intento de difamación hacia los académicos que en los Estados Unidos estudiamos Cuba de manera profesional y equilibrada.3

La primera parte del artículo de Morris sobre las políticas anticrisis y posteriores bajo Fidel Castro (1990-2006), tiene veinte páginas incluyendo las notas, mientras que la relativa a las reformas de Raúl Castro (2006-2014) tiene solo siete. La autora pone excesivo énfasis en el pasado y da poco espacio a las reformas claves del presente. El análisis hasta 2006 se basa en un texto suyo publicado en 2007 (Morris, 2007) y la segunda parte actualiza aquel trabajo.4 Su reflexión inicial es mucho más objetiva, equilibrada y documentada que la actual, hace una crítica racional, es menos apologética y no menciona la «cubanología». Luego notaremos otros cambios y contradicciones.

Concuerdo con varios puntos importantes que plantea Morris y que he analizado en muchos de mis libros y artículos: 1) la razón por la que el régimen cubano no colapsó después de la caída de la URSS y el campo socialista; 2) el éxito de las políticas en la primera mitad de los años 90 para detener la caída en picada de la economía, recuperar parcialmente el crecimiento, reducir notablemente el déficit fiscal y apuntalar la moneda; 3) la diferencia entre las políticas de Cuba para enfrentar la crisis y, en general, con las aplicadas en las «economías en transición»; 4) la necesidad de las reformas de Raúl Castro, y 5) el juicio de la autora sobre la unificación monetaria y las divisiones sociales. Aquí rebato varios puntos de la crítica de Morris, identifico distorsiones y ofuscaciones (puntos cruciales que ella omite), incongruencias en su análisis entre los dos

períodos que trata en su artículo, y comparaciones difusas y alternativas estrechas.

Distorsiones y ofuscaciones

Es irónico que Morris me tache de neoliberal, cuando es frecuente que círculos de la derecha me acusen de izquierdista; mi análisis de las reformas de Raúl ha sido tachado de «benigno» o de un «optimismo poco justificado», incluso por economistas moderados. Contrario a sus insinuaciones, en mi obra siempre he dejado claro que deben ser preservados los sistemas públicos de educación, salud y pensiones, pero con cambios que los hagan más eficientes y sostenibles (Mesa-Lago, 2012: 304-6; Mesa-Lago y Pérez López, 2013: 244-96). Por otra parte, mi obra de cincuenta y cinco años sobre protección social en América Latina, Europa y Asia, se ha caracterizado por la crítica a las políticas del Banco Mundial y el FMI. Fui el primero que en libros y prestigiosas revistas internacionales (Revista Internacional de Seguridad Social, World Development, Revista de la CEPAL, Revista Internacional del Trabajo) criticó a fondo la reforma privatizadora de las pensiones por Pinochet en Chile y otras similares en la región. Mis trabajos más recientes analizan el regreso del rol del Estado en las pensiones de seguridad social en el mundo a través de las re-reformas de sistemas antes privatizados. En entrevistas publicadas en varios países, he calificado mi enfoque como neokeynesiano e institucionalista y opuesto a la mayoría de las políticas neoliberales.

Morris afirma que atribuí la crisis de1990-1993 en la Isla a «las características antimercado de la política cubana [...] como una mera extensión de su estrategia de rectificación antimercado de 1986» y que ataqué las reformas de 1994 (de hecho 1993-1996) por ser «a medias» y «medio cocinadas». Alega también que di «importancia secundaria a los factores externos» (Morris, 2014: 5, 8). Mi verdadera interpretación —analizada en los «ciclos ideológico-pragmáticos» citados en el artículo de Morris— es que la crisis fue provocada por una combinación de factores externos e internos (en ese orden). Es cierto que critiqué el Proceso de Rectificación de 1986-1990 porque provocó una recesión justo antes del colapso de la URSS, lo cual debilitó a Cuba para enfrentar la crisis; pero nunca en mis trabajos he mantenido que las reformas de 1993-1996 fuesen una continuación del ciclo idealista de la Rectificación: probé que ellas abrieron un nuevo ciclo pragmatista. Sistemáticamente, mi obra incluye la variable externa para explicar los cambios de ciclos; de modo que en la crisis de los años 90 analizo los mismos factores exógenos que Morris: el fin del comercio con el campo socialista, la ayuda y los subsidios de precios


de la URSS y del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), y las leyes Torricelli y Helms-Burton que endurecieron el embargo norteamericano. Mis textos también saludan las reformas de los años 90 y les atribuyen la recuperación económica parcial; pero identifican sus limitaciones y recomiendan ampliarlas, a la par que lamentan la reversión que se hizo desde 1996 porque causó efectos adversos (Mesa-Lago, 2012: 34-41; Mesa-Lago y Pérez López, 2013: 12-7).

Ignorando la amplia literatura existente, Morris afirma que «es notable que los estudios comparativos [«entre el curso de Cuba y los de las economías de transición»] realmente son relativamente raros», lo cual «refleja una tendencia general entre los cubanólogos para centrarse exclusivamente en su isla natal» (Morris, 2014: 7). Es posible citar más de setenta comparaciones de Cuba con economías en transición, la mayoría hecha por cubanistas.5

Agrega Morris: «Los debates internos sobre la política económica han sido en gran medida invisibles para los observadores externos, incluyendo los cubanólogos», para los cuales no ha existido discusión en absoluto; pero «ha habido debates entre los economistas [cubanos]» (Morris, 2014: 6). En buena medida, como resultado del debate de los años 80, he mantenido relaciones fructíferas con economistas y científicos sociales cubanos, intercambiando publicaciones, enviándoles borradores de mis trabajos a ellos y comentando o reseñando los suyos, escribiendo artículos en común o en compilaciones, participando con ellos en seminarios dentro y fuera de Cuba, y publicando en dos revistas cubanas. En mis libros he analizado los diversos enfoques de las autoridades nacionales y, en los más recientes, el debate público sobre las reformas, lo que constituye el primer resumen integrado del pensamiento de los economistas y otros científicos sociales cubanos, sus posiciones de cara a las reformas y los consensos alcanzados (Mesa-Lago, 2012: 221-36, 169-81; Mesa-Lago y Pérez López, 2013: 172-81).

Según Morris, los cubanólogos consideran a Cuba «una mera dependencia de Venezuela» (Morris, 2014: 5); una seria tergiversación de lo que hemos mantenido no solo los cubanistas y otros expertos extranjeros, sino también los propios dirigentes y académicos cubanos: que Cuba tiene una fuerte dependencia de Venezuela y esto constituye un gran riesgo debido a la crisis económica venezolana. De hecho, ella después reconoce dicha dependencia: «Las ganancias de la venta de servicios profesionales a Venezuela han superado

la de todas las exportaciones de bienes combinados desde 2005»; «la dependencia de un solo socio ha aumentado una vez más: en 2012, Venezuela representó no solo 45% de las exportaciones de bienes debido al petróleo refinado en Cienfuegos, sino también muchos de los servicios no turísticos de Cuba» (17-8). En su texto de 2007, Morris estimó la «enorme contribución [venezolana] a los recursos del gobierno cubano» en 750 millones de dólares (Morris, 2007: 50); mi estimado del total de la relación económica de Cuba con Venezuela ascendió a 12 900 millones de dólares (42% de lo cual fue en compra de servicios profesionales) o 21% del PIB de Cuba en 2010 (Mesa-Lago, 2012: 134-41, 152-4; Mesa-Lago y Pérez López, 2013:98-102, 114-5). Si Venezuela suspendiese esa relación, Cuba sufriría una crisis severa, aunque no tanto como la de los años 90; esto indica la importancia que tiene para La Habana el restablecimiento de relaciones económicas con los Estados Unidos.

En su artículo, Morris sugiere que el sector industrial ha seguido desarrollándose (como antes de la crisis): «la inserción de Cuba en la economía mundial ha sido liderada por un puñado de industrias»; las políticas se han centrado «en el desarrollo de nuevas industrias de exportación, lo que reduce la dependencia de las importaciones de alimentos» (Morris, 2014: 15-6) (lo primero no determina lo segundo). Detalla el proceso de desindustrialización citando una caída de 16% en la producción industrial entre 1989 y 2005 (45). Según estadísticas oficiales, el índice de producción industrial en 2013 estaba 45,4% por debajo de su nivel en 1989. Solo tres de veinticuatro líneas de la industria manufacturera lo superaban (fármacos, muebles y bebidas); el resto estaba muy por debajo: maquinaria y equipos (-99%), equipos de transporte (-96%), fertilizantes (-93%), textiles (-90%), azúcar (-79%). En minería, después de un aumento, la producción de gas y de níquel cayó 18%, y la de petróleo, 12%. La importación de alimentos cubre 70% del consumo interno y creció de 1 000 a 2 057 millones de dólares en 2005-2014; las exportaciones de bienes en 2013 todavía eran 2, 2% inferiores a las de 1989 (ONEI, 2014: cuadros 8. 3, 10. 4, 11. 1, 11. 4; Rodríguez, 2015).

Las políticas alabadas por Morris han tenido a largo plazo un efecto negativo en el crecimiento, un tema al que ella dedica apenas tres líneas: «Desde la crisis financiera global, [el crecimiento anual del PIB] ha sido más débil que lo esperado, con un promedio de menos de 3% […] peor que la media de los países “en transición” desde 2008» (Morris, 2014: 22-3).

Mirando al futuro, lo más valioso no son alabanzas sin adecuada evaluación profunda de las reformas en proceso, sino ofrecer opiniones mesuradas, con respeto y documentación, sobre lo que funciona y lo que debe ser mejorado para el bien de la nación y de su pueblo.


De acuerdo con cifras oficiales, el promedio anual en 2009-2014 fue 2,1% y el cumplimiento de las metas bajó de 90% en 2011 a 54% en 2014; en el último año, la tasa oficial fue de 1,3% (versus una meta de 2,2%) pero la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lo estima en 1,1%, el quinto inferior entre 35 países de la región (ONEI, 2010-2014; CEPAL, 2014: cuadro 1).

Los efectos sociales de dichas políticas tampoco han sido beneficiosos a largo plazo. Morris presenta el «valor de cien [pesos cubanos] como un múltiplo del salario mensual promedio», calculado de manera opaca y sin discusión en el texto. Ella menciona medidas para «restaurar el valor real del salario», pero admite que «los [salarios] nominales estatales no han subido en línea con el costo de la vida» (Morris, 2014: 20, 25). La Figura 1 presenta la evolución del salario medio real (ajustado a la inflación) en el sector estatal en 1989-2013. A pesar de su aumento nominal desde 1990, el salario real en 2013 equivalía a solo 27,3% de su nivel de 1989, o sea, que su poder adquisitivo cayó 72,7%. Algunos autores truncan la figura y parten de 1993 en su punto más bajo (10% del nivel de 1989), lo que crea la ilusión de un aumento salarial real sostenido.

Figura 1. Evolución del salario medio real en el sector estatal en Cuba, 1989-2013

Fuente: Elaboración del autor basado en el salario medio nominal y la tasa de inflación (ONEI, 2012 y 2013; Mesa-Lago y Pérez López, 2013)

Incongruencias

El artículo de Morris carece de una integración y un seguimiento consistentes en temas claves entre los dos períodos históricos, así como un análisis de cómo las políticas anticrisis obligaron después a la reestructuración conducida por Raúl. Ella no evalúa sistemáticamente los costos de esas políticas, aunque incluyó una sección sobre esto en su texto citado (2007: 42-5): el muy bajo nivel de inversión doméstica, el descenso de la productividad, la desaceleración del

crecimiento, la escasa atracción de capital extranjero. En ambos trabajos ella plantea que ocurrió una caída en la inversión debido a que el gobierno no renunció a su control sobre las inversiones extranjeras (por ejemplo, la ley de 1995 autorizaba al inversionista foráneo a tener 100% de la participación; pero en la práctica rara vez sobrepasó 49%), y a que rechazó muchas propuestas inversionistas (Morris, 2014: 15). Añade que «el costo de los subsidios [a empresas y precios] consumió fondos que de otro modo podrían haber sido utilizados para la inversión» (21). Por otra parte, alaba políticas sin discutir sus serias secuelas económicas (13): el impuesto sobre la renta fue rechazado (a pesar de que la estructura tributaria era muy regresiva); no se impuso «un paquete de austeridad de recorte de gastos» (con lo cual se disparó el gasto social); «el compromiso de prevenir el desempleo se mantuvo intacto» (pero esto engrosó el desempleo oculto); y los precios «de los bienes básicos se mantuvieron fijos muy por debajo de su costo, sin tener en cuenta las implicaciones fiscales» (lo que disparó el déficit fiscal). Los efectos de estas políticas obligaron a Raúl a impulsar reformas estructurales: la tributaria, que incluye el impuesto progresivo sobre la renta; el recorte de los servicios sociales (Figura 2); la eliminación del empleo estatal excedente; y una ley de inversión extranjera más laxa que la 1995, aunque aún mantiene limitaciones —algunas de las cuales se han ido desmontando por regulaciones sucesivas del gobierno.

En contraposición con la política social de las economías en transición y la terapia de choque auspiciada por el Banco Mundial y el FMI, Morris sostiene que durante la crisis de los 90, Cuba conservó el estado de bienestar y combinó la protección social con la reducción del déficit fiscal. Ella nota que actualmente

los más pobres son los que dependen de las pensiones del Estado o de asistencia social, sin ayuda familiar [...] las pensiones son apenas suficientes para la subsistencia, por lo que los servicios sociales tienen que completarlos donde no hay familia o la familia es demasiado pobre. (Morris, 2014: 24)

Y reafirma que en «la fase de ajuste de Raúl», la red de protección social «permanece en su lugar» y que los «servicios públicos son sin duda mejores que antes», pues los sistemas de salud y educación siguen incólumes (25, 26). De hecho, la red mínima de protección social se ha contraído, mientras la población vulnerable se ha expandido, en parte por reformas con lógica económica pero que causan efectos sociales adversos: la reducción del gasto social; la extracción de alimentos del racionamiento para su venta a precios de mercado (tres veces superiores al precio subsidiado de las raciones); el aumento de precios en los mercados agropecuarios, en las tiendas

100

80

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20

0

27,3

1989 1991 1993 1997 2002 2006 2013

Salario ajustado a la inflación (1989 = 100)

23,917,614,4

10,1

50,0

100,0


estatales que venden en divisas (con una ganancia de 230%)y en las tarifas de servicios públicos; el incremento del desempleo «abierto» de 1,6% a 3,4% de la fuerza laboral ocupada en 2008-2013 (sigue siendo uno de los menores en la región, pero con matices que veremos más adelante); y la caída en la pensión real a la mitad de su nivel en 1989.

En 2007-2013, el gasto social se recortó de 55% a 51% del presupuesto y de 37% a 27% del PIB. Se han cerrado miles de sedes universitarias municipales, las escuelas secundarias en el campo, los comedores en los centros de trabajo y 42% de los hospitales y clínicas; los médicos de familia han mermado a la mitad por su exportación, y se ha despedido a 16% del personal sanitario (ONEI, 2006-2013; Mesa-Lago, 2014a). También se redujo el presupuesto de educación en 3,3 puntos porcentuales del PIB y el presupuesto para vivienda en 1,6 puntos, así como 72% de la matrícula universitaria. Los beneficiarios de asistencia social disminuyeron de 5,3% a 1,5% de la población total en 2006-2013 y de 2,2% a 0,3% del PIB (Figura 2). En 2011, el Congreso del Partido acordó terminar la asistencia a los beneficiarios con familiares que puedan ayudarlos. Es lógico eliminar del programa a los que no requieren asistencia social, pero la reducción hecha fue desproporcionada y de espaldas a la expansión de la población vulnerable.

Figura 2. Evolución de la asistencia social en Cuba (2006-2013)

Fuente: Elaboración del autor basada en ONEI, 2007-2013.

Morris destaca que no creció el desempleo abierto durante la crisis y que, al contrario, aumentaron los puestos de trabajo. Las estadísticas oficiales ratifican que el desempleo abierto bajó de 7,9% en 1989 a 6,2% de la fuerza laboral en 1993, el peor año de la crisis. Pero lo que ella no dice —o ignora— es que, según estimados de la CEPAL, el desempleo «oculto» (contratación de empleo estatal innecesario para controlar el «abierto» a costa de reducir la productividad laboral y los salarios), saltó de 7, 9% a 34% en el mismo período, o sea, que en 1993 el desempleo total equivalía a 40% de la fuerza laboral (Mesa-Lago y Pérez López, 2013: 119-23). Dos economistas cubanos argumentan que la política de

mantener el pleno empleo a toda costa (el desempleo abierto alcanzó un récord mundial de solo 1,6% en 2008), no cerrar empresas estatales irrentables y aumentarles los subsidios, provocó un déficit fiscal que rebasó 30% del PIB, un alza de precios en nueve veces, y la ya explicada reducción de salarios reales en 70% (Vidal Alejandro y Pérez Villanueva, 2010). Esto hizo más difíciles las políticas de Raúl para despedir el empleo estatal superfluo, que se estima oficialmente en 1,8 millones de trabajadores, 37% de la fuerza laboral.

Comparaciones difusas y alternativas estrechas

Un aspecto importante del artículo de Morris es su comparación, entre 1990 y 2010-2013, de una serie de indicadores (PIB per cápita, mortalidad infantil, esperanza de vida) en los que Cuba se coloca por encima de la mayoría de las economías en transición. Desgraciadamente, esto lo hace solo al comienzo (salvo comparaciones superficiales de políticas), y cae en el mismo defecto que ella imputa a los «cubanólogos»: concentrarse excesivamente en la Isla.

Al final de su trabajo, se pregunta si hay una alternativa a las economías en transición (privatización, liberalización, recortes del gasto social) y cuestiona: «¿por qué debemos suponer que el Estado abandonará su papel dominante en la economía o que el enfoque actual de la política deba conducir a un camino de transición hacia el capitalismo?»(2014: 26). Aparentemente, para ella hay solo dos vías: la neoliberal-capitalista dura, con el Estado en rol de subsidiario, y la de predominio del Estado (planificación central más propiedad dominante estatal) con una función subsidiaria del mercado y el sector privado. En la realidad, que se escapa a Morris, hay muchas vías intermedias entre esos dos polos extremos, como en los países escandinavos, que han logrado combinar óptimamente ambos instrumentos y generar crecimiento sostenido con equidad social. Más aún, ella coloca a todas las economías en transición en una misma categoría; otro enfoque irreal pues hay un amplio abanico entre ellas; por ejemplo, la Comunidad de Países Independientes (CIS) y el resto de los países bálticos de Europa central y del sur (CSB), que ella explica en su capítulo (2007: 56, nota 2). Igualmente, existen notables diferencias entre las economías latinoamericanas: por ejemplo, hay un mayor rol estatal en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela que en Colombia, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. El caso de Chile es ilustrativo: bajo Pinochet, fue el modelo de políticas neoliberales para la región; pero se ha transformado en la sucesión de cuatro gobiernos socialistas que han introducido reformas sustanciales en el sistema

6

5

4

3

2

1

0

5,3

0,4

1,5

2,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gastos como % del PIB Beneficiarios como % de la población


tributario, lo que lo ha hecho más redistributivo, así como en la salud y las pensiones en las que se ha reforzado el papel estatal,6 y ahora se enrumba a una reforma educacional enfocada en el nivel terciario para hacerla más universal y gratuita.

Otra alternativa es la de China y Viet Nam, cuyas reformas estructurales han creado un modelo mixto («socialismo de mercado») en el que el mercado, la inversión extranjera, el sector privado interno y una planificación descentralizada tienen un papel crucial, más avanzado que en las reformas cubanas (comparando períodos similares), al tiempo que mantienen el control del Partido. En cuatro líneas de su artículo, Morris despacha esta alternativa, objeto de un profundo debate dentro y fuera de Cuba que ella pasa por alto. Primero afirma que hay características distintivas entre el camino de Cuba y los de China y Viet Nam, para luego afirmar que la estrategia cubana «tiene comparación con el sistema de China de la «doble vía» en el que se mantiene el camino «planeado», mientras que el camino del «mercado» se desarrolla a su vez» (2014: 26). Al modelo chino-vietnamita dedico una sección en mis dos libros más recientes y lo comparo con las reformas más importantes cubanas, como la agraria; en mi último ensayo, expando las comparaciones a siete de las reformas estructurales claves (Mesa-Lago, 2012: 225-8; 2014b; Mesa-Lago y Pérez López, 2013: 173-5). Sobre esto existe una creciente literatura comparativa de alto nivel escrita por cubanos residentes en la Isla, que ella igualmente ignora (Pérez Villanueva, 2012; 2014; Vidal Alejandro, 2012). Morris se contradice y no aporta nada nuevo al debate.

Termina su artículo con esta frase: «Visto sin ideas preconcebidas, el caso cubano sugiere que otra manera es posible» (2014: 27). ¿Pero cuál de los modelos cubanos es el que ella propone como ideal?: ¿el que se usó en la crisis de los 90 y continuó hasta 2006 (al que evalúa de manera apologética), o el que está forjándose desde entonces por las reformas estructurales de Raúl Castro, que intentan corregir los problemas que se acumularon por casi medio siglo de socialismo así como errores del primer modelo? Esto es fundamental porque los excesos previos generaron a largo plazo desaceleración económica y gasto social financieramente insostenible, una cuestión que tanto los cubanistas como otros estudiosos serios de Cuba plantearon décadas atrás.

Conclusión

Es difícil explicar por qué, después de treinta años, Emily Morris ha resucitado la roída «cubanología»; ella no es José Luis Rodríguez, y el productivo debate de los años 80 ahora se torna estéril y no aporta nada nuevo a la anterior polémica, por lo que se queda en las críticas

infundadas que aquí refuto. La autora podría haber infundido un aire fresco si hubiese analizado de forma sistemática cómo los efectos indeseables de las políticas de los 90 y años siguientes obligaron a las reformas estructurales de Raúl. Su diatriba es contrapuesta por la positiva recepción en Cuba de mis trabajos sobre dichas reformas, varios publicados en la Isla (tres de ellos en Temas) y estudiados por economistas y científicos sociales cubanos. Mirando al futuro, lo más valioso no son alabanzas sin adecuada evaluación profunda de las reformas en proceso, sino ofrecer opiniones mesuradas, con respeto y documentación, sobre lo que funciona y lo que debe ser mejorado para el bien de la nación y de su pueblo.

Notas

1. Traducido al castellano en Cuba como «Cuba inesperada» (La Pupila Insomne, 2014: 1-31).

2. En 2013, Morris me invitó al Instituto de las Américas, Universidad de Londres, a presentar una ponencia sobre re-reformas de pensiones antes privatizadas en América Latina, así como mi libro sobre las reformas de Raúl Castro. Creía que Morris conocía bien mi filosofía y mis dos áreas de estudio, pero su artículo demuestra lo opuesto.

3. Entre 1978 y 1990 viajé cuatro veces a Cuba para participar en debates con académicos y funcionarios; me negaron la visa en 2003 a raíz de publicar un libro en el que comparo las economías de Cuba, Costa Rica y Chile. En 2010, después de veinte años de ausencia, me dieron visa para asistir a un seminario sobre política social auspiciado por la Iglesia católica. En 2013 y 2014, tras publicar mi libro sobre las reformas de Raúl, me negaron la visa para asistir a un evento de la Brookings Institution y la Universidad de La Habana y para un homenaje por mi obra de 55 años sobre Cuba.

4. Raúl recién había remplazado a Fidel y ella no pudo discutir las reformas del primero.

5. Sesenta y cuatro de ellos, publicados en Cuba in Transition entre 1991 y 2014, comparan Cuba con Albania, Bulgaria, Estonia, Hungría, Latvia, Polonia, Rusia, Europa Central-Oriental, China, Viet Nam, economías en transición, etc. (75% escritos por cubanistas). Véanse también Pérez-López, 1994; Brundenius y Weekes, 2001; Radu, 2003; Ratliff, 2004; Burki y Erikson, 2004); y Pérez-Stable, 2007.

6. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, me nombró en 2014 miembro de la Comisión presidencial que estudia una segunda re-reforma de pensiones para corregir fallas que subsisten de la primera, en la cual también participé.

Referencias

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Burki, S. J. y D. Erikson (comps.), (2004) Transforming Socialist Economies: Lessons for Cuba and Beyond.Londres, Palgrave.


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Pérez-Stable, M., (1991) «The Field of Cuban Studies» en Latin American Research Review, n. 26, Albuquerque, pp. 239-50.

Radu, M., (2003) The Cuban Transition: Lessons From the Romanian Experience. Coral Gables, University of Miami (Cuba in Transition Project)

Ratliff, W., (2004) China’s «Lessons» for Cuba´s Transition. Coral Gables, University of Miami (Cuba in Transition Project).

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Vidal Alejandro, P., (2012) Monetary and Exchange Rate Reform in Cuba: Lessons from Vietnam. Tokio, Instituto de Economías en Desarrollo.

, 2015

165La voz venezolana de Nicolás Guillén. Apuntes a su identidad latinoamericana

Porque Nicolás Guillén, gentes de Venezuela,es la voz de lo que no se ha hecho todavía.

Es la voz de lo que espera irredento, en las costassin descubrir del espíritu americano.

Allí están, bien marcados, los límites de su imperio de poeta. De ellos se alza, como el perfume

de las hondas florestas de América, la voz oscura de los últimos.

Andrés Eloy Blanco

Suscribo lo que muchos críticos reconocen: la importancia de El son entero como el más latinoamericano de los libros de Nicolás Guillén, tanto por sus temas como por su relevancia e

influencia en el contexto literario continental. Con el antecedente de sus otros poemarios y de sus relaciones con los escritores y artistas contemporáneos del hemisferio, Guillén se lanza a un largo periplo por el Caribe y Suramérica en los años 40, que constituye el caldo de cultivo de su unción poética: «¡Cante, Juan Bimba,/ yo lo acompaño!». Evoca así al personaje popular de los llanos, que Andrés Eloy Blanco perpetuara en las letras venezolanas, equivalente al Juan Criollo o al Liborio cubanos.

Mariano Picón Salas, un conocedor de nuestra literatura primigenia, consideraba como un desafío de las generaciones por venir, la profundización de los estudios latinoamericanos: «Ya las gentes del siglo xxi pondrán todo su énfasis en asuntos que a nosotros se nos escapan» (Picón-Salas, 1975: 16). Sobre esa vocación del ensayista venezolano de explorar nuestro entramado identitario, Rivera-Rodas escribió: «Picón Salas buscó el desarrollo de las ideas de la descolonización y una ética antimperialista, con una convicción afirmativa orientada al futuro» (Rivera-Rodas, 2008: 20-31).

En consecuencia, algo en lo que hay que continuar profundizando es en la comunidad de origen y en los vasos comunicantes que nos entrelazan y que hacen que: «A pesar de las diferencias y de los contrastes telúricos, desde los días de la colonia la reacción del hispanoamericano ante el mundo tiene una identidad y un parentesco mucho mayor del que se supone» (Picón-Salas, 1975: 17).

Acerca de estos presupuestos iniciales de nuestra cultura Guillén escribiría:

Pensamos en el descubrimiento de América... ¿Fue obra de una sola cultura, de una sola «raza»? ¿Fue obra exclusiva de España? Indudablemente no. Los conocimientos matemáticos indispensables para la navegación —de origen asiático— fueron introducidos en la península ibérica por los árabes muchísimo antes de que Colón naciera. (Guillén, 1975b: 147)

La voz venezolana

de Nicolás Guillén.Apuntes

a su identidad latinoamericana

Norberto Codina Poeta y editor. La Gaceta de Cuba

Texto presentado en el panel «Nicolás Guillén y Venezuela», XXXII Congreso de Latin American Studies Association (LASA), 2014, Chicago, 20-24 de mayo de 2014.

n. 81-82: 163-168, enero-junio de 2015

166 Norberto Codina

Sobre esta mixtura de civilizaciones, que está en el sustrato mismo de la literatura que hoy nos es familiar, se encuentran múltiples ejemplos de ese proceso de imbricación de lo cubano y lo americano. José Antonio Portuondo, en su ensayo «Proyección americana de las letras cubanas», se refiere a la Historia de la música colonial en México de Miguel Saldívar, el cual apunta que

en 1776 comenzaron a circular en México unas coplas escandalosas que habían penetrado por el puerto de La Habana, traídas por las flotas: Qué te puede dar un fraile/ por mucho amor que te tenga/ un polvito de tabaco/ y un responso cuando mueras.

Portuondo, al aludir a alguno de estos ejemplos de la cultura popular tradicional, señala: «Aquí está ya, en germen, nuestra poesía mulata, la gran poesía de Nicolás Guillén: su alegre desenfado, la intención satírica, la musicalidad, la presencia de la muerte» (Portuondo, 1965: 168-9).

Es una de las tantas evidencias de la fusión de elementos españoles y africanos que caracteriza gran parte de nuestra producción literaria, a la que, en el caso de Venezuela, se le añade la mezcla con lo indio. Uno de esos exponentes que ha llegado a nuestros días como música tradicional, en forma de canción anónima, es el golpe oriental conocido como «Pajarillo verde»: «Pajarillo verde, qué te puede dar un indio/ pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras/ pajarillo verde, una ensarta de cangrejos/ pajarillo verde, y eso será cuando llueva».

Esa integración multirracial que distingue la poesía de Guillén es un elemento que ha incentivado la musicalización de muchos de sus textos, con lo que se erige, cuando menos, como el autor caribeño más llevado al pentagrama, tanto en la música popular, como en la llamada «culta», término que, por cierto, al poeta no agradaba. Un ejemplo, que ilustra además su difusión más allá de la Isla, es la versión musical que hizo Amadeo Roldán de los Motivos de son, y que Guillén comenta en sus memorias: «Me parece que los cantó por primera vez la soprano cubana Lydia de Rivera en Caracas, Venezuela» (Guillén, 1982: 84).

La conjugación de esta magnífica soprano cienfueguera, tan celebrada por la crítica en París y solicitada por los compositores y músicos de más prestigio de la época, con el genio de Roldán y Guillén, sin dudas fue un gran regalo para quienes la escucharon.

II

Con Miguel Otero Silva lo une una fuerte amistad. En enero de 1946, en el teatro municipal de Caracas, comparte un recital con él y otros poetas, como Andrés

Eloy Blanco y Vicente Gerbasi. Durante su estadía mexicana de 1937, recuerda lo que tal vez sea su primer contacto personal con intelectuales venezolanos y, en particular, con quien sería su buen amigo, Gerbasi: «En estos días mexicanos encontré allá, por cierto, a tres venezolanos de quienes quedé muy amigo: Oscar Rojas Jiménez, el poeta Vicente Gerbasi y Rolando Anzola» (Guillén, 1982: 116). Es el año en que el autor de Mi padre, el inmigrante, participaría en la fundación del grupo Viernes, al que pertenecen otros amigos del cubano, como el propio Rojas Jiménez.

Gerbasi, en su recordado artículo «Nicolás Guillén, cónsul espiritual de los venezolanos en La Habana», evoca la génesis del viaje del autor de Motivos de son, cuando este «manifestó a Rojas Jiménez y a mí que desea venir a Venezuela. Es decir, que vendrá pronto. Lo esperaremos como a un hermano» (Gerbasi, 1945).

Recordemos que su difundido poema «Son venezolano» estuvo dedicado a Gerbasi; «Barlovento», a Rojas Jiménez; y quedará para siempre en la poesía amorosa latinoamericana su «Glosa a una copla de Andrés Eloy Blanco». En «Tres sonetos en que se habla del Ávila», comparten dedicatorias su cofrade Miguel Otero, Eduardo Mandé, y el reconocido académico Juan Lizcano, gran amigo también de otros cubanos, como el matrimonio Carpentier.

Miguel Otero Silva lo acompaña en sus andanzas caraqueñas y amazónicas; juntos van a Ciudad Bolívar, antigua Angostura, y recorren el Orinoco, viaje que tanto le impresionara. En sus crónicas y en su poesía vemos este encuentro con uno de los ríos madres de Suramérica, de cuyo delta partieron los primeros arahuacos que, subiendo por el rosario de las Antillas menores, fueran los pobladores originales de Cuba.

Su amigo justiprecia el tránsito venezolano de su colega cubano, y sus resonancias, como ciudadano e intelectual de ideales cívicos, en los diferentes contactos con estudiantes, obreros, círculos letrados y campesinos, cuando «se mezcló a la marejada popular y pronto logró ser átomo integrante de la colectividad que lo recibía» (Otero Silva, 1946: 14).

Nicolás es agasajado por sus correligionarios y amigos venezolanos desde los primeros momentos de su llegada. Es simpática la noticia que aparece en El Nacional, con fecha 1 de noviembre de 1945, donde dice que el cortejo incluye una ternera con «el criollísimo aditamento» de casabe, guarapo y otros añadidos de la cocina vernácula. Amén de la música llanera y caribeña.

De estas múltiples atenciones da fe en su correspondencia con su esposa Rosa Portillo:

Llevo tres días aquí, y no puedes imaginarte el calor, la simpatía, con que he sido acogido. Ni una sola vez me ha faltado una invitación para almorzar o comer, ni un solo día los periódicos como verás por los recortes adjuntos


[…] han dejado de referirse con el mayor cariño a mí. El hotel en que vivo, «El Guimerá», está constantemente lleno de personas. Dice Lilia que soy una «vedette». (citado por Rodríguez Manso, 2013: 42)

Comentarios parecidos se replican en todo el epistolario caraqueño con Rosa, tanto en lo referente a los compromisos institucionales, como a la solicitud de las amistades, particularmente de su principal anfitrión y amigo, Otero Silva:

[N]o sé con qué pagar las atenciones, cariños y delicadezas de Miguel Otero, que ha sido un verdadero hermano conmigo, ni el afecto que todo el mundo me ha dispensado y me dispensa a toda hora […] No tienes idea de la bondad, de la simpatía, con la que me tratan todos los venezolanos. Son cosas que nunca olvidaré.

(citado por Rodríguez Manso, 2013: 45)

Y ya desde la vecina Colombia, con fecha 2 de mayo de 1946, escribe uno de sus varios balances epistolares de la estadía en tierras morochas:

Venezuela donde me pasé cerca de cinco meses cuando iba por uno. Desde enero —el 10 fue la primera despedida— hasta muy mediados de marzo, he estado en trance de salir […] para quedarme siempre. En realidad el país es enormemente atractivo, y yo tuve grandes facilidades para recorrerlo desde el Orinoco hasta los Andes, desde Barlovento a Maracaibo.

A Otero Silva le dedicaría uno de sus grandes textos, «Elegía a Emmet Till», pues a la afinidad como grandes amigos se une la de un acercamiento similar a la patria bolivariana y a la literatura… Aunque el autor de Lope de Aguirre, príncipe de la libertad sobresalió más como narrador, resultaron notables también sus incursiones poéticas, sobre todo, como el antillano, en la poesía de temática llamada «negra». Similitudes que podemos encontrar en uno de los textos más antologados del venezolano, «El corrido del Negro Lorenzo» (González y Mansour, 1976: 184-5):

Negra y rebelde es mi mano¡yo soy el Negro Lorenzo! [...] Yo soy el Negro Lorenzonieto y biznieto de esclavo,cruzado de cicatricescomo negro tronco de árbol [...] Noche con alma. Tambordormido bajo mi pecho.

Esto nos recuerda, además, entre otros momentos de la obra guilleniana, el emblemático «El apellido»: «¿No tengo acaso un abuelo nocturno/ con una gran marca negra/ (más negra todavía que la piel)/ una gran marca hecha de un latigazo?». Y más adelante el símbolo común de los ancestros africanos, hechos al sonido de la rebeldía: «¿no veis estos tambores en mis ojos?» (Guillén, 1995a: 255-8).

Otero Silva, que mantuvo hasta su muerte una cordial e intensa relación con su amigo, al que le gustaba llamar, como muestra de afecto, «el Negro», en una de sus cartas, fechada en Caracas el 27 de abril de 1948, le evoca el fin de su gira suramericana, de una parte de la cual sería importante protagonista:

No dudo que esta jira [sic] por América meridional así como tus anteriores migraciones por el viejo continente y por el norte helado te habrán servido para convencerte definitivamente de que Cuba es el mejor lugar del globo terráqueo.

Con bromas y su cariño habitual le anuncia su «arribo a la tierra esplendorosa de Emilito Roig y Rita Montaner» (Guillén, 2002: 159-61).

Miguel lo tuvo de colaborador durante varios años en su periódico El Nacional. Siempre mantuvieron una correspondencia fluida, chispeante y cálida.

El autor de Fiebre (una de las muchas lecturas que hizo Nicolás de su amigo), brinda este retrato del caribeño, no exento de su habitual sentido del humor:

Sonriente, campechano, optimista, pasó por esta tierra el gran poeta cubano Nicolás Guillén. Amaba a Venezuela mucho antes de conocerla, a través de la palabra de los venezolanos desterrados, que fuera, durante largo tiempo, la mejor manera de conocerla y amarla. Y ahora, cuando realizó su antiguo sueño de acercarse a nuestros ríos, a nuestro lago, y a nuestras montañas, duro esfuerzo le costó marcharse. (Otero Silva, 1946: 14)

Otra relación de interés con un intelectual venezolano es la que sostuvo con Andrés Eloy Blanco, a su vez muy permeado de todo lo cubano desde su primer viaje a La Habana, a mediados de los años 20. Ejemplificando, con el habitual tono humorístico de ambos, esa asimilación del cumanense, escribe el camagüeyano:

Acerca de las semejanzas de aquello con esto, hay un poema de Andrés Eloy Blanco que ilustra lo que decimos:2

Coja usted un pedazo de Venezuela, un pocode nuestra dulce tierra con tres matas de coco,unas piñas de Oriente, unas cañas de Aragua,un par de caraqueños, y échelo todo al agua,y tendrá entonces a Cubita la Bella,que es más venezolana que el Pasaje Ramella. (Guillén, 1982: 138)

Así lo resume Andrés Eloy: «¡Ay, no saben lo bueno que es vivir en La Habana,/ o en Caracas, haciendo lo que nos dé la gana».

Al presentar al cubano en Caracas en 1945, el autor de Vargas, albacea de la angustia nos recuerda la conocida frase martiana de que «Bolívar tiene que hacer en América todavía», como desafío de la modernidad, «porque Nicolás Guillén, gentes de Venezuela, es la voz de lo que no se ha hecho todavía. Es la voz de lo que espera irredento, en las costas sin descubrir del espíritu americano» (citado por Morejón, 1974: 329). Este

168 Norberto Codina

reconocimiento al poeta antillano como intérprete de los marginados de nuestras tierras, es algo que reitera su colega venezolano.

Ambos abordan la poesía de temática negra y connotación marcadamente popular. Nicolás lo glosa magistralmente y asume el personaje de Juan Bimba. En defensa del canon de belleza de origen africano, tan presente y sensual en la poesía guilleniana, y en particular la de carácter amoroso, encontramos naturales puntos de coincidencia. Veamos al cubano: «Signo de selva el tuyo,/ con tus callados ojos,/ tus brazaletes de oro curvo,/ y ese caimán oscuro/ nadando en el Zambeze de tus ojos» (Guillén, 1995a: 102-3). Y a Andrés Eloy: «Y todos, al mirarte,/ dirán ¡Santa! tres veces y encenderán sus ojos/ en Noremí, la musa de los contrabandistas/ y enseñará los dientes, espantosa de gracia,/ Noremí, la terrible negra de las Antillas» (Blanco, 1959: 113).

De esa amistad, da fe el caribeño en una conmovedora crónica, «Andrés Eloy Blanco», aparecida en el periódico Hoy, el 20 de enero de 1949, y en la cual recuerda cómo lo acompañó la generosidad del cumanense al abandonar Venezuela: «Todavía, ya en trance de irme, adelantó mi llegada a sus amigos de Mérida y San Cristóbal, junto a los Andes, allá en los lindes de Colombia, donde me recibieron y festejaron su nombre y autoridad» (Guillén, 1975a: 393).

III

Hay un testimonio de Pablo Neruda que data de 1947 y que recoge como pocos lo que la experiencia viajera de 1940 aportó al latinoamericanismo de Guillén:

Ahora, después de tus viajes atlánticos y pacíficos, vas de un lado a otro, por esta gran Patria nuestra absorbiendo la esperanza y la suavidad de nuestra geografía común. En algunos sitios te embriagó el azar o la racha mojada y penetrante del amanecer en el Orinoco, en otras partes salpicaron tu rostro moreno las gotas de sangre que aún saltan del cuerpo martirizado de América.Después, en el alto Perú, recibiste el aire original de nuestro planeta americano, salido del ombligo enterrado, de la cultura del maíz; luego volaste sobre Bolivia, país misterioso, profundo y metalúrgico que asoma las auroras de una conciencia popular. Por fin, llegaste a este áspero país austral, de nieve y océano, en donde ya te queríamos, Nicolás, y en donde te vamos a seguir recordando, con una tenacidad, en el amor que solo nosotros, en nuestra América, conocemos porque somos hasta el final un pueblo de raíces y de yacimientos, una patria de profundidades. (citado por Morejón, 1974: 337)

Lo hemos citado en extenso porque este texto, de prosa tan auténticamente nerudiana, en la que los adjetivos son como océanos, nos conduce a las «Coplas

americanas», en que Guillén años después, ya triunfante la Revolución cubana, hace un recorrido por el continente, por sus penurias, sus signos de explotación y sus símbolos de rebeldía: «¡Padre! a Bolívar, ¡Oh padre!,/ Martí llamó: Era una noche estrellada./ El viento lo repitió» (Guillén, 1995b: 131).

Otro ejemplo de la síntesis caribeña y latinoamericana que distingue su poesía, lo encontramos en lo que para algunos es su obra principal: «Elegía a Jesús Menéndez». La sexta parte de este poema está encabezada por una cita de Rubén Darío, cuya influencia en el cubano es tan notable: «Y alumbrando el camino de la fácil conquista,/ la libertad levanta su antorcha en Nueva York». Estos versos del nicaragüense son repetidos en otras ocasiones por Guillén. El fragmento aludido de la elegía comienza en Cuba: «Anda por su Isla...» (Guillén, 1995b: 94), para salir de ella en un gran barco de fuego y viajar por los sitios que le son familiares: Zulia, Tocopilla, Magdalena, Haití, Río de Janeiro, Centro América, hasta los Estados Unidos. Bastaría revisar sus crónicas, como por ejemplo su encuentro con los pozos de petróleo de Maracaibo, para asociar el pulso de la prosa al ritmo del poema.

Nicolás supo calar la historia, la sociedad y las figuras representativas de la cultura de la patria de Juan Antonio Pérez-Bonalde. Una muestra es su texto «La vida intelectual» (Guillén, 1946a), donde, entre otros, reconoce a ese comentarista imprescindible de la Venezuela del primer tercio del siglo xx: el periodista, humorista y dibujante Leoncio Martínez, sobre todo en las páginas de El Cojo Ilustrado.

Para los cubanos, por lo demás, Venezuela es una prolongación de nuestra sonriente Antilla. Salvo las provincias andinas, ya en los límites de Colombia, el resto es mestizaje atlántico, caribe; mulatez blanquinegra, en fin (Guillén, 1946b).

Tres años antes del natalicio de Nicolás Guillén, escribiría el poeta y publicista Isaac Carrillo y O’Farril en La Habana de 1899: «La intervención americana a la que por una parte debemos numerosos beneficios, ha creado por otra parte un orden de cosas tan anómalo que es fuente de constantes confusiones. Sabemos todo lo que queremos ser; pero ignoramos por completo lo que somos» (citado por Iglesias, 2003: 23).

Y a casi dos décadas de la muerte del autor de Motivos de son, podemos leer el siguiente cable:

caracas, 22 jun, 2008 (IPS). ¿Cuántos somos? Los afrodescendientes en Venezuela quieren dejar de ser estadísticamente invisibles […] y, cifras en mano, proseguir la lucha por sus reivindicaciones y contra el racismo y la exclusión […]. «Para reforzar nuestra demanda de reconocimiento, queremos saber dónde estamos. Quizá somos el 30% de los 27 millones de habitantes de Venezuela», dijo a ips, Jesús García, líder de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas.


Y en sus cartas, como en sus poemas y crónicas, en estos tiempos en que hablar de identidad o utopía puede sonar tonto o trasnochado en el mejor de los casos, el poeta reivindica lo que Andrés Eloy Blanco reconociera en él como «la voz oscura de los últimos»: «[A]l modo del Caribe cuando toca,/ con sus dedos sensuales,/ en nuestras claras islas orquestales/ vientres de musgo y roca» (Guillén, 1958).

En el ámbito de la experiencia morocha, los testimonios de pertenencia aparecen en diferentes textos. Por ejemplo, le escribe desde Caracas a Ángel Augier, el autor de Uno, el día de Nochebuena de 1945:

Me regalaron, al partir, casabe, una fruta deliciosa que se llama jobo (muy parecida al mango) dos pares de alpargatas venezolanas, que son fresquísimas, un pasapalo (como aquí le dicen al saladito nuestro), llamado «Uñaldiablo», amén de unos cuantos bloques de gofio, que a pesar de su nombre, nada tiene que ver con el gofio de Cuba, pues se trata de una pasta hecha con casabe, miel, y otros ingredientes.[...] El venezolano toma mucho, tanto como jugamos nosotros. (Entre paréntesis, el viernes último me saqué 150 bolívares, alrededor de 45 pesos, con unos billetes). La gente de posibles (o más propiamente dicho, la burguesía y la pequeña burguesía) toma whisky, cuyo consumo es enorme. El pueblo toma ron y caña blanca. El ron es inferior al nuestro. El mejor, llamado «Siglo xx» o también carúpano [sic], tiene un marcado sabor a azúcar prieta.He empezado a hacer un son a Caracas,3 que quizá me salga, si trabajo. Lo malo es que ya estoy con el pie en el estribo. (Guillén, 2002: 141)

Tiempo después, Nicolás evoca su salida de la patria de Pérez-Bonalde por tierras del Táchira, en la frontera colombo-venezolana:

En una libreta de viaje donde se revuelven las más diversas apuntaciones, he encontrado la siguiente: «13 de abril de 1946, a las 12 y 10 de la tarde: paso la frontera de San Cristóbal a Cúcuta, acompañado del poeta Ramón Becerra, de Francisco Guerrero Pulido, y del doctor Gutiérrez Prado…», son líneas urgentes, escritas a salto de automóvil, pero que registran mi entrada por primera vez en la majestuosa patria de Santander.Recuerdo que charlando con aquellos amigos, un poco en broma, les hacía reparar en la inalterable unidad del paisaje, aún después de superado largo trecho el Puente Internacional, que une y separa a Colombia y Venezuela. ¿Notábase acaso alguna diferencia entre el nuevo suelo que íbamos atravesando y el de San Cristóbal —el del Táchira—, última presencia venezolana que acabábamos de dejar? No se notaba. La frontera tenía allí un valor político, no geográfico, y mucho menos racial. ¿Quién podrá saber nunca en qué parte está el límite verdadero de dos países contiguos, dónde reside la distinción fundamental entre dos pueblos próximos que se saludan de viva voz a cada instante y se ven las caras de contiguos, como huéspedes de una misma pensión?

(Guillén, 1948)

Y en el soneto «Despedida a Caracas», nos lega estos conmovedores versos: «Vine, a Caracas, de mi amargo suelo,/ para traerte una canción revuelta/ con el azul que Cuba da en su cielo;/ al aire puro en que te ves envuelta/ triste paloma de asustado vuelo/ hoy al partir mi oscura mano suelta» (Guillén, 1995b: 156).

Por esas coincidencias de la vida, regresa a la Isla al triunfo de la Revolución cubana, después de varios años de exilio, justo el 23 de enero de 1959, en el primer aniversario de la victoria de la insurrección popular venezolana contra la dictadura de Pérez Jiménez. Aquellos tiempos que siempre se replican, como nos recuerda el escritor venezolano Luis Brito García al referirse a nuestro «fatalismo geográfico» regional, en que «el modo de vida de Venezuela era, como diría Carlos Monsiváis, «la catástrofe diferida». Si no puedes cambiar tu geografía, prepara tu defensa». El reencuentro de Guillén con Cuba coincidía también, significativamente, con la histórica llegada de Fidel a Caracas, la ciudad que, con calidez, Nicolás llamara «sonora y sentimental».

Tras casi seis años de ausencia, vendría otra etapa de su vida, consecuente, como su poesía, con el ideario antillano y universal.

Hubo otros dos viajes posteriores de Guillén a la tierra de Andrés Bello y Rómulo Gallegos, pero ninguno tuvo la impronta de aquel periplo de los 40. En su segunda visita, en abril de 1975, pudo cumplir la promesa pendiente de que su esposa lo acompañara, algo que se percibe en su añoranza de las misivas caraqueñas del 45 y 46. Fueron quince días intensos, plagados de encuentros y homenajes, como quien recibe después de larga ausencia al hijo pródigo. Con él estuvo su entrañable amigo Miguel Otero, y alguien muy identificado con Cuba y su Revolución, el poeta y autor humorístico Aquiles Nazoa. De esa segunda visita merece destacarse su encuentro con la pequeña ciudad de Río Chico, localidad cercana a Caracas y que, fundada en el siglo xviii, durante su mayor auge en el último tercio del xix acogió al general tunero Vicente García y a varios de su compañeros de armas, que fundaron allí una colonia cubana, siempre fiel al ideario independentista. Al morir el jefe mambí, asesinado por un espía español en 1886, cuenta José Martí [1893] que rodeado por familiares y compañeros, «se alzó sobre el codo moribundo [...] para legarles, con el último rayo de sus ojos, la obligación de pelear por su pueblo» (Martí, 1963: 210).

A más de seis décadas de que Guillén recogiera en la hoy centenaria revista Bohemia, su visión de aquella fructífera y recordada estancia en tierras venezolanas, cruzando el Puente Internacional, nos queda su obra, más allá de los rótulos con que se ha intentado etiquetarla, como una síntesis de la nación cubana y todo el mosaico caribeño y latinoamericano, no ya solo

170 Norberto Codina

por los temas del mestizaje o el sincretismo bien visibles en sus páginas, sino por su lenguaje, el humor, la forma en que se acercó a lo social, su tratamiento del tema amoroso..., la suma de las esencias de nuestra cultura toda, expresada en su más alto nivel artístico y a la vez de manera íntima y orgánica, incluso en textos de prosa como su epistolario. No por gusto fue, desde antes de 1959 —aun cuando la Revolución cubana contribuyó sustancialmente a su difusión—, el poeta cubano más divulgado, y una figura archiconocida en todo el ámbito hispanoparlante y en otras latitudes idiomáticas, donde cosechó numerosos amigos e interlocutores. De esa genuina condición de intelectual consecuente y ciudadano cosmopolita se nutrió su identidad latinoamericana, que, en el caso de su conjunción con Venezuela, integró también todo lo que de «sonoro y sentimental», y raigalmente genuino, encontramos en sus referentes venezolanos.

Notas

1. Lilia es Lilia Esteban, esposa de Alejo Carpentier. Para esa fecha ambos radicaban en Caracas.

2. Se refiere al poema de Andrés Eloy Blanco, «Carta a Udón Pérez» (Poda, Élite, Caracas, 1934), escrito en 1925 a su paso por La Habana.

3. Puede tratarse del que luego tituló «Son venezolano», publicado en 1947 en El son entero; suma poética 1929-1946, Buenos Aires, Pleamar.

Referencias

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Gerbasi, V., (1945) «Nicolás Guillén, cónsul espiritual de los venezolanos en La Habana», en Hoy, La Habana, 22 de abril.

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Guillén, N., (1946a) «La vida intelectual», en El Nacional, Caracas, 23 de abril.

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______, (1948) «Recuerdos colombianos», en Bohemia, La Habana, 26 de septiembre.

______, (1958) «Epístola», La paloma de vuelo popular. Buenos Aires-La Habana, Editorial Losada.

______, (1975a) Prosa de prisa, t. I. La Habana, Editorial Arte y Literatura.

______, (1975b) Prosa de prisa, t. III. La Habana, Editorial Arte y Literatura.

______, (1982) Páginas vueltas. Memorias. La Habana, Ediciones Unión.

______, (1995a) Obra poética, t. I. La Habana, Letras Cubanas.

______, (1995b) Obra poética, t. II. La Habana, Letras Cubanas.

______, (2002) Epistolario (selección, prólogo y notas de Alexander Pérez Heredia). La Habana, Letras Cubanas.

Iglesias, M., (2003) Las metáforas del cambio en la vida cotidiana. Cuba 1898-1902. La Habana, Ediciones Unión.

Martí, J., (1963) «¡Cuba es esta!» [en Patria, 21 de enero de 1893], Obras completas, t. II. Editorial Nacional de Cuba, La Habana.

Morejón, N., (1974) Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén. La Habana, serie Valoración Múltiple, Casa de las Américas.

Otero Silva, M., (1946) «Despedida a Nicolás Guillén». en El Nacional, Caracas, 21 de abril.

Picón-Salas, M., (1975) De la conquista a la Independencia. México, D. F., Fondo de Cultura Económica.

Portuondo, J. A., (1965) Crítica de la época y otros ensayos. Santa Clara, Universidad Central de Las Villas.

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Rodríguez Manso, H., (2013) Guillén y Venezuela. Pinar del Río, Ediciones Cauce.

, 2015

171Las Antillas hispanas y el azúcar

Con Esplendor y decadencia del azúcar en las Antillas hispanas (2012), la más extensa de sus obras, el historiador Oscar Zanetti ha completado una amplia bibliografía sobre

la industria azucarera cubana, y se convierte en el más destacado y abarcador de los investigadores sobre ella (Zanetti Lecuona, 1987, 1989, 2004, 2006, 2009). Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2011, corona su trayectoria con un estudio comparativo de los más de tres siglos de historia social y económica del azúcar en las tres grandes islas hispanas del Caribe: Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.

El autor enfrenta exitosamente este desafío y deja a los historiadores del presente y el futuro un listón difícil de sobrepasar. Su análisis, si bien se basa principalmente en fuentes secundarias,1 se enriquece con un extenso y selecto corpus de referencias y notas, que marca el sendero por el que estarán obligados a transitar los estudios posteriores.

Un reto particular ha estado en la comparación de procesos cuyas cronologías nacionales no siempre coinciden y a veces se superponen. Zanetti ha obviado estas dificultades y se ha concentrado en desentrañar la lógica común a dichos procesos para los cuales los acontecimientos parecen singulares, pero las estructuras que los condicionan son compartidas.

Un lector apresurado podría hallar en la magnífica síntesis del «Epílogo» las principales tesis del libro y pretender ahorrarse el gratificante recorrido por seis fecundos capítulos en los que el autor argumenta sus hipótesis. Cada uno de estos apartados se corresponde con períodos históricos en los cuales Zanetti identifica los ciclos propios de la historia azucarera de las Antillas hispanas, colmados de acontecimientos relevantes, con condicionamientos y procesos comunes, y conectados por hitos compartidos: la Guerra hispano-americana y el dominio norteamericano de las islas, la Primera guerra mundial, la crisis de 1929-30, la coyuntura bélica y posbélica de los años 40, el impacto azucarero de la Revolución cubana en los 60, el auge de la globalización neoliberal a fines del siglo xx y la reconversión de la industria en los 2000.

El examen de la evolución de la economía azucarera de cada isla y de sus contrapartidas sociales —ya sea como entrada o como salida del proceso— ha permitido al autor dar cuenta de las notables semejanzas y diferencias entre los procesos nacionales. Algunos de los rasgos que parecen comunes serían, según Zanetti:

La economía del azúcar —agricultura cañera; •producción de azúcar, mieles y derivados; transportación y embarque; comercialización; servicios financieros; empleo, etc.— tuvo una participación determinante en el PIB de cada isla, en la estructura de su comercio exterior y en su nivel

Juan Valdés PazSociólogo.

Las Antillas hispanas

y el azúcar

n. 81-82: 171-173, enero-junio de 2015

172 Juan Valdés Paz

ocupacional. También han tenido un lugar destacado en sus estrategias de desarrollo.La modernización capitalista de la industria •azucarera en cada isla dependió fundamentalmente del capital foráneo.Tanto los períodos de auge como de crisis indujeron •la creciente participación del Estado: primero, mediante la extensión de su función reguladora, y segundo, con la estatización de la propiedad azucarera.En todos los casos y ciclos, la producción •azucarera estuvo fuertemente condicionada por la comercialización externa del dulce, ya fuese para el mercado mundial o, en mayor medida, para los mercados preferenciales, o una combinación de ambos.Esa dominación del mercado tendió a centrarse en el norteamericano, como uno de los rasgos de su proyección imperialista sobre las islas. En este sentido, la hegemonía de los Estados Unidos se valió de diversos mecanismos: la inversión directa en la producción azucarera de estos países; un mercado preferencial basado en cuotas de importación de azúcar y mieles por países; tratados de comercio recíproco; políticas aduanales, fiscales y de precio; el monopolio de la destilación; y una moderna industria de producción de maquinarias para los centrales y la agricultura, entre otros.El mercado norteamericano y sus variables políticas •comerciales fueron el principal condicionamiento en el desarrollo azucarero de las islas, con la excepción de Cuba a partir de los años 60, cuando suplantó esa dependencia con la del llamado campo socialista.El desarrollo tecnológico se vio fuertemente •restringido, tanto en la industria como en la agricultura cañera, por estrategias de crecimiento extensivo y de disminución de costos, principalmente mediante la reducción de los días de zafra.La evolución de la producción azucarera dio lugar a •una estructura social caracterizada por la presencia de varios sujetos: el hacendado, criollo o foráneo, y sus administradores; los colonos pequeños, medianos y grandes; los trabajadores industriales calificados y manuales; y los obreros agrícolas, operadores y manuales.Si bien el colono resultó, al decir de Zanetti, el actor •absolutamente nuevo en el mundo de la plantación,2 correspondió al obrero agrícola e industrial ser su principal y más numerosa fuerza laboral. Con el tiempo, ambos grupos sociales serían engrosados por la inmigración, con particular intensidad en los ciclos de auge azucarero.Los distintos grupos de intereses implicados en la •economía azucarera tendieron a organizarse y a elevar progresivamente su capacidad negociadora,

mediante modelos de concertación corporativa. El actor que caracterizó la evolución del sector en todos los períodos fue el colonato cañero.Si bien los productores directos pudieron aumentar •su participación en el producto azucarero, mediante luchas sociales y sindicales —«un camino largo y tortuoso», al decir de Zanetti—, nunca lograron una significativa ventaja ante la elevación del costo de la vida. La alta exposición de las islas a los efectos de los •huracanes impactó ocasionalmente sus actividades azucareras.Este resumen bastaría para dar cuenta de la

importancia de Esplendor y decadencia…, pero es preciso incluir en su favor algunos comentarios:

Primero: Como ya nos tiene acostumbrados Zanetti, la claridad y el estilo de su escritura son en sí mismos una contribución a la lectura de materias tenidas como «farragosas».

Segundo: En este libro, además de proponernos un ejemplo de historia comparada, de cuyas dificultades metodológicas y de contenido da cuenta en el «Prólogo», Zanetti se ha impuesto comparar un sector económico determinado en sus dimensiones nacionales y supranacionales, y en casi tres siglos. Notable es también que lo haya extendido hasta la primera década del xxi, visibilizando las tendencias que interpreta en el actual ciclo azucarero.

Tercero: El autor logra, mediante una sólida erudición, dar cuenta de las singularidades de los acontecimientos políticos y sociales que acompañaron cada ciclo azucarero en los tres países y, a la vez, mostrar las determinaciones estructurales comunes a la historia azucarera de «las islas del dulce».

Cuarto: Dichas determinaciones relativizan la excepcionalidad de estas historias nacionales en general y la pretendida excepcionalidad cubana en particular, aun en el período revolucionario.

Sin embargo —más en favor de mi lectura que del libro—, algunos aspectos fueron omitidos en este estudio.

El primero se refiere a la institucionalidad que la regulación estatal fue adquiriendo en los diversos casos nacionales. Parecería que después de 1937 la experiencia cubana había alcanzado, con las funciones otorgadas al Instituto Cubano de Estabilización Azucarera (ICEA) y la Ley de Coordinación Azucarera, un modelo de intervencionismo estatal que no solo sería el más elaborado de entre los casos estudiados en este libro, sino que devendría una experiencia más general en lo externo —por ejemplo, la institucionalidad azucarera brasileña— y en fuente de muchas variantes internas de regulación en otras ramas económicas; de modo que la institución se convertía en un componente inseparable del régimen político instaurado. Este modelo no dejó

173Las Antillas hispanas y el azúcar

de ser un precedente para la posterior experiencia de socialismo de Estado en Cuba (Zanetti Lecuona, 2009). Tal apuesta por un modelo de regulación estatal con economía de mercado merecía, en mi opinión, un estudio comparado más minucioso.

El segundo, a que los dos últimos ciclos, el de la «bifurcación» y el de la «cuesta abajo», coinciden con el período de la Revolución cubana cuya particular evolución hace difícil la comparación en el campo de la industria azucarera. Tengo la impresión de que las particularidades que el proceso revolucionario incorpora al entorno y a la propia actividad azucarera —en gran medida descrita por el autor—, quedan demasiado encubiertas por los aspectos comparados. En este período, las semejanzas estructurales son mínimas y habría que explicar más ampliamente el impacto de las diferencias, el caso de la llamada «reconversión azucarera» y su desempeño.

El tercero, a la ausencia del tema energético en este estudio, comparación que nos parece relevante en el examen de las semejanzas y diferencias entre las islas y para cada ciclo.

Lamento también no encontrar en todo el libro las representaciones ideológicas y culturales con que el autor ilustró sus segundo y tercer capítulos.

Estos comentarios no dejan de ser minucias en relación con la importancia de este libro. Con Esplendor y decadencia del azúcar en las Antillas hispanas, Zanetti corona su obra; ofrece un ejemplo maduro de historia comparada y, a la vez, una base concreta para la discusión de su alcance y método por parte de historiadores cubanos y foráneos.

No quisiera terminar con la manida recomendación de su lectura. Podemos no leerlo y cargar con un importante déficit en la comprensión del lugar del azúcar en la historia de nuestras islas y en la conformación de sus sociedades actuales, de nuestra historia y la del Caribe; y no apreciaríamos plenamente el enorme aporte que Oscar Zanetti ha hecho, con este libro, a la historiografía y a la cultura azucarera cubanas.

Notas

1. Al limitarse este estudio comparado a fuentes secundarias, las fuentes primarias consideradas, e igualmente los testimonios, son los implícitos en esos estudios.

2. Todos los demás eran evoluciones de actores previos, como los dueños de trapiches o de ingenios, los esclavos o semiesclavos de las plantaciones, etc.

Referencias

Zanetti Lecuona, O. y A. García, (1987) Caminos para el azúcar. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.

Zanetti Lecuona, O., (1989) Los cautivos de la reciprocidad. La Habana, ENSPES.

______, (2004) Las manos en el dulce. Estado e intereses en la regulación de la industria azucarera cubana, 1926-1937. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.

______, (2006) La República. Notas sobre economía y sociedad. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.

______, (2009) Economía azucarera cubana. Estudios históricos. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.

______, (2012) Esplendor y decadencia del azúcar en las Antillas hispanas. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.

, 2015

174 Daniel Díaz Mantila

El ensayo —se ha repetido mucho— es uno de los géneros literarios más difíciles: escurridizo, híbrido, inasible, es también uno de los menos susceptibles de ser caracterizado. Sus límites son siempre ambiguos, poco definidos en relación con otras expresiones en prosa, sean o no de ficción. A la vez, como género, ocupa una posición marginal, fuera de la «tríada sagrada» —épica, lírica, drama— que suele ser privilegiada por lectores y críticos literarios.

Con estas palabras comienza Margarita Mateo un texto sobre El hombre discursivo, de Antón Arrufat (Mateo Palmer, 2014: 173). Dramaturgo, poeta, autor de relatos memorables, Arrufat confesaba en ese libro cierta reticencia no solo hacia su propia obra ensayística, sino hacia el ensayo como género, por el que dice sentir —o haber sentido— «un claro escepticismo […] duda continuada y perenne ante su valor y principalmente su eficacia» (Arrufat, 2005: 316). Por su parte, Margarita Mateo pretende con su texto «contribuir a hacerlo variar ese juicio tan severo» (Mateo Palmer, 2014: 175), al tiempo que ofrece algunas consideraciones sobre este género literario que quizás merecen una lectura más atenta, pues, con independencia de su propósito explícito, hay en ellas —creo— varias claves que arrojan luz sobre sus propias estrategias y obsesiones como autora.

La hibridez genérica, esa indefinición o transgresión de los límites del ensayo, su simbiosis con otros géneros, es sin duda una de las características más evidentes en la obra de Margarita Mateo, especialmente en Ella escribía poscrítica (1995), donde confluyen y dialogan la ficción narrativa, el testimonio y el discurso crítico. Aquí la ensayista se desdobla en una serie de personajes que complejizan y en ocasiones subvierten su mirada a la peculiar relación entre la realidad, la literatura y la producción teórico-crítica en torno a ambas durante la segunda mitad del siglo xx, particularmente en la Cuba finisecular, trayendo a un primer plano no solo la crisis socio-económico-política que atravesaba el país por esos años, sino también la profunda crisis del sujeto en tanto centro interpretador y generador de sentidos:1 es la crisis en lo exterior potenciando aquella otra que, en su interior, coloca al intelectual ante el reto de cuestionar su saber, de reconocer sus limitaciones y reconstruirse; la crisis que lo obliga a mirar en derredor y en sí mismo para comprender, comprenderse. Ella escribía poscrítica es «una barroca acumulación de textualidades heterogéneas donde, junto al discurso crítico neutral, impersonal, vamos descubriendo la experiencia subjetiva de la autora» (Castro Morales, 2000: 98); pero esta acumulación no es un mero juego de escritura, vano e injustificado, sin otro fin que invitar al escándalo mediante la ruptura de las normas al uso. Por el contrario, aquí «la ficción es empleada para recuperar elementos esenciales de la realidad en la que se inscribe/genera el discurso»

Daniel Díaz MantillaNarrador y crítico.

Escribir en crisis.

Margarita Mateo

entre el ensayo y la ficción

n. 81-82: 174-176, enero-junio de 2015

175Escribir en crisis: Margarita Mateo entre el ensayo y la ficción

(Morejón Arnáiz, 1998: 87) o, como afirma la propia Margarita Mateo —recurriendo a su heterónima, Ínclita de Mamporro—, «buscando la posibilidad de que su sentir y su razón circularan con mayor libertad, y hallaran una conciliación a través de la escritura» (Mamporro, 1997: 92).

Ese intento de conciliación entre los distintos (y a veces contrapuestos) polos de su ser, el afán integrador que a través de la escritura se esfuerza por restituir su individualidad escindida a la unidad, recuperar el centro, armonizar su relación consigo y con el mundo mediante un ejercicio creador auténtico, que no elude los desgarramientos y la desnudez, mas tampoco el humor y la heterodoxia; ese afrontar la crisis, por grave que sea, para extraer de ella un conocimiento útil para sí y los demás, como una puerta que abra el camino hacia una existencia más plena, es —en mi opinión— uno de los logros más notables de Ella escribía poscrítica, volumen donde el discurso racional y analítico se funde, sin perder claridad, con el encantamiento de la narración, y adquiere así la fuerza, el palpitar emotivo de una aventura sui generis: la aventura del conocimiento. Y ese es también el reto que asume, desde un ángulo acaso opuesto, en su novela Desde los blancos manicomios (2008), que relata el viaje de la demencia a la lucidez de un personaje —Gelsomina: ensayista y profesora de literatura como aquel otro personaje de Ella escribía poscrítica, Surligneur-2, también escindido—; solo que en la novela, como es de esperar, el discurso crítico y la lógica asociativa propios del ensayo están disueltos en la narración e imbricados en el pensamiento delirante de Gelsomina. Hasta cierto punto, Desde los blancos manicomios profundiza en esa crisis —de identidad, de sentido— que se planteaba ya en Ella escribía poscrítica, una crisis más personal en apariencias, pero de raíz colectiva porque, como advierte Ofelia Shutte, «la disfuncionalidad de la vida social de este personaje ofrece oportunidades interpretativas para considerar preguntas acerca de los males sociales y sus posibles curas o soluciones» (Schutte, 2013: 40). La asimilación simbólica entre el individuo y la isla, la recurrente exploración en los recuerdos de la infancia de Gelsomina, tanto como en la complejidad cultural del Caribe —sin desdeñar su religiosidad sincrética, su pluralidad lingüística y étnica, su arte, su historia, su sensualidad, su carácter fuerte y alegre, que le confieren rasgos tan peculiares a la identidad del caribeño—, son aquí significativos aliados en el proceso de curación, que es también un viaje intenso y desgarrador, una aventura de auténtico (auto)conocimiento o, como diría Ínclita de Mamporro: la manera en que «la Mateo confesaba, deliraba, exorcizaba sus demonios en una especie

de recuento del pasado y una asunción del presente inhóspito» (Mamporro, 1997: 92).

La cultura del Caribe es precisamente uno de los temas sobre los que Margarita Mateo vuelve con frecuencia. Dan fe de ello, sobre todo, títulos como Narrativa caribeña: reflexiones y pronósticos (1990), El Caribe en su discurso literario (2003, en coautoría con Luis Álvarez Álvarez), y El palacio del pavo real: el viaje mítico (2007); aunque, en realidad, es visible en toda su obra. La importancia del Caribe y el papel del ensayo como género en la concepción de la novela Desde los blancos manicomios, han sido comentados por la propia autora:

Se produjo un proceso similar al de Ella escribía poscrítica, a través del cual la ficción fue apareciendo en la medida en que escribía un ensayo. En el caso de Desde los blancos manicomios, se trataba de un largo ensayo sobre la imagen de las islas en la poesía caribeña. Ese ensayo, «Mapa insular de la poesía caribeña», apareció en La Revista del Vigía en el año 2000, despojado de las partes de ficción que habían ido creciendo paralelamente a su escritura y dialogando con esta. A partir de ese momento —de la publicación del ensayo de modo independiente—, supe que lo que tenía en las manos era una posible novela. (Machado, 2008)

Esta compleja dinámica entre ficción y ensayo, la transgresión genérica que, de una parte, «pone en evidencia la desjerarquización de los saberes académicos frente a los cotidianos», y del otro, pone a la cultura popular «en el mismo nivel que el discurso literario», permite a la autora mostrar cómo «la crisis que atraviesa la isla cruza el espacio de lo privado, de su vida familiar, y el espacio de lo público, de su vida como investigadora y profesora», al tiempo que se legitima como «sujeto que sigue siendo uno en su multiplicidad y/o pluralidad, [y] adquiere espesor político en el gesto de visibilizar sus diferentes posiciones en la sociedad». (González, 2010). Su condición de mujer e intelectual, ciudadana de esta singular isla del Caribe, gana así relevancia, otorgándole a su obra y a su ser escindido, marginado tanto por un sistema patriarcal de valores que todavía subsiste como por el carácter hegemónico de los centros euro-norteamericanos de la cultura, una organicidad, una coherencia poco común.

Para Margarita Mateo, «[e]scribir un ensayo implica un acto de sinceridad en cuanto el autor expresa no solo lo que piensa sino el proceso mismo en que ese pensamiento va adquiriendo forma a través del lenguaje» (Mateo Palmer, 2014: 178). Pero este acto de sinceridad trae consigo una responsabilidad ineludible: la responsabilidad de salvar, de salvarse. En tal sentido, afirma:

La escritura ensayística testimonial, reflexiva y en parte confesional […] no es pensamiento sin vida, desasido de su circunstancia, ni estéril ejercicio intelectual. Su palabra, por el contrario, tanto la que evoca y reflexiona como la que rompe el silencio y pone el dedo sobre la llaga o mienta la soga en casa del ahorcado, actúa,

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evidentemente, en un plano que no es pasivo sino movilizador y accionante. Forma parte, a la vez, de una ética y una honestidad intelectuales a las que ha sido sostenidamente fiel, y por ello mismo se convierte en acto. […] La responsabilidad y compromiso […] con la palabra escrita es también un ejercicio de fidelidad hacia el oficio asumido como absoluto que, por lo mismo, no puede ser traicionado. De aquí que su palabra forme parte también de esa acción que salva. (179)

Vale la pena recordar aquí ciertos matices semánticos del término crisis, tan socorrido en la actualidad, y que suelen ignorarse en su uso habitual, matices que en la obra de Margarita Mateo son, no obstante, pertinentes: en la crisis, afirmaba José Ferrater Mora,

desaparece el suelo firme de las creencias tradicionales, advertidas o no, y parece, por lo tanto, que el horizonte se estrecha. Pero lo que ocurre más bien en toda crisis […] es que el horizonte se amplía desmesuradamente y que esta ampliación misma desorienta y hace perplejo al hombre. (Ferrater Mora, 1944: 146-8)

El problema, para el filósofo español, no es la crisis en sí, pues esta «es la misma sustancia del vivir humano», sino cómo enfrentarla, y elogia a quienes «con la conciencia de su desorientación, buscan realmente orientarse y no están dispuestos a entregarse a la primera de las muchas soluciones parciales que en las épocas de crisis proliferan» (148). Esta actitud, que distingue al intelectual, convierte las situaciones de crisis en ocasiones para crecer, para comprender su entorno y su propia naturaleza. Cada nuevo libro de Margarita Mateo es ejemplo de este empeño.

Notas

1. En este sentido, afirma Graziella Pogolotti: «Su hibridez genérica […] reconstruye, desde lo más profundo de una subjetividad desconcertada, la atmósfera de un tiempo de crisis económica y de quebrantamientos de certidumbres. […] El sujeto escindido que articula el discurso en Ella escribía poscrítica, apegado en apariencia al modo de un tejido flexible a los fragmentos de una realidad múltiple —social, cultural, literaria— reconstruye la coherencia mediante una pluralidad de acercamientos críticos. Sustituye el autoritarismo de un enfoque teórico impenetrable a las voces de una circunstancia temporal movediza por la exploración de un texto que transita entre las angustias de la cotidianeidad y las variadas manifestaciones de la creación humana». (Pogolotti, 2013)

2. En ediciones posteriores la redacción de este artículo ha sido modificada, aunque no en lo esencial.

Referencias

Arrufat, A., (2005) El hombre discursivo. La Habana, Editorial Letras Cubanas.

Castro Morales, B., (2000) «Crítica y postmodernidad en Cuba: la poscrítica de Margarita Mateo», en Revolución y Cultura, n. 6, La Habana, noviembre-diciembre.

De Mamporro, Í., (1997) «Ella no escribía poscrítica: exorcizaba sus demonios», en Unión, n. 26, La Habana, enero-marzo.

González, M. V., (2010) «La transgresión del ensayo: Ella escribía poscrítica de Margarita Mateo Palmer», en Salto G. (comp.), Memorias en el silencio: literaturas en el Caribe y en Centroamérica. Buenos Aires, Ediciones Corregidor, pp. 216-9.

Machado, M., (2008) «El Premio y el precio de no ser tradicional» (entrevista a Margarita Mateo)», en La Jiribilla [En línea], n. 345, La Habana, 13 al 24 de febrero, disponible en http://bit.ly/1OQAQfn.

Mateo Palmer, M., (1995) Ella escribía poscrítica. La Habana, Casa Editora Abril.

_______, (2008) Desde los blancos manicomios. La Habana, Letras Cubanas.

_______, (2014) Dame el siete, tebano. La prosa de Antón Arrufat. La Habana, Ediciones Unión.

Morejón Arnáiz, I., (1997) «Ella escribía poscrítica: de los márgenes al centro de la polémica», en Unión, n. 26, La Habana, enero-marzo.

Pogolotti, G., (2013) «Pensar desde Cuba», en La Jiribilla [En línea], n. 613, La Habana, 2 al 8 de febrero, disponible en http://bit.ly/1gpRbMF.

Schutte, O., (2013) «La identidad feminista al límite: Desde los blancos manicomios de Margarita Mateo», en Revolución y Cultura, n. 4, La Habana, octubre-diciembre, pp. 41-5, disponible en http://www.ryc.cult.cu/PDFs/2013/4-2013.pdf.

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