Nº 145 Bogotá, ColombiaValor $500 Octubre de 2016

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA EEB

En días pasados, la administración distrital sometió a consideración del Concejo la enajenación del 20 % de la participación accionaria en la Empresa de Energía

de Bogotá. El trámite sigue el ejemplo de Isagén de inter-cambiar activos de alto rendimiento en el sector energético por activos de bajo rendimiento en la infraestructura vial. Asimismo, se repite la experiencia de la privatización de la ETB que se justificó con cifras ficticias y sin los estudios exigidos por la ley 226 de privatizaciones. Luego de un año de haber sido anunciada la operación, no se dispone de un estudio de valoración de la empresa.

SOS POR LA VIDA Y EL TERRITORIO

Muchos rumores han surgido sobre la sus-pensión de la audiencia pública del 29 de septiembre, a realizarse en el municipio

de Pesca (Boyacá). El encuentro, tenía como objetivo socializar la intención de la multinacional francesa Maurel & Prom de explorar y explotar petróleo en inmediaciones de la laguna de Tota. Finalmente esta fue aplazada para el domingo 6 de noviembre. / 14/ 4

Movilización de respaldo a la paz en Bogotá, 5 de octubre de 2016.

Marcha contra la reforma tributaria y por el sí a la paz, Bogotá 27 de octubre de 2016.

17 de noviembre:

2a movilización nacional contra la reforma tributaria y por la paz

2 Nº 145, octubre de 2016

Carlos Saavedra Zafra

Presidente Ascontrol

Ad portas de la discusión y apro-bación de una nueva reforma tributaria, los colombianos de pie, los líderes de opinión, la clase política, los gremios de

la producción, las organizaciones sociales, los trabajadores, los pensionados, el cam-pesinado, el ama de casa; en suma todos los colombianos, debatimos de manera rudimentaria, cargada de emociones o con argumentación técnica la necesidad o no de una nueva reforma tributaria que siempre trae mayores impuestos para la población, mayores tasas impositivas para el trabajo y una visión tecnocrática y neoliberal de suavi-zar el impacto sobre el patrimonio y la renta para mantener “la confianza inversionista”, si nos atenemos a la jerga uribista.

Los trabajadores del control fiscal hacemos un llamado a que profundicemos en el deba-te sobre la reforma tributaria no solo sobre sus impactos individuales o colectivos sino sobre dos fenómenos, que las más de las veces, pasan inadvertidos para el común de los mortales: la evasión y a la corrupción.

La elusión de impuestos es una conducta asumida por los contribuyentes consistente en evitar el pago de sus impuestos mediante acciones que están permitidas por la Ley o por vacíos de la misma. Como, por ejemplo, cuando un empresario para no quedar incur-so en el régimen común divide su empresa en dos, una parte a su nombre y otra a nom-bre de un familiar o de su cónyuge. En este caso se elude el pago de impuestos. Por el contrario, en la evasión el responsable del impuesto utiliza maniobras ilegales para evi-tar el pago del impuesto a su cargo, como, por ejemplo, al no facturar ventas para no sobrepasar los montos establecidos para el régimen simplificado, o si es del régimen común, para no facturar el IVA.1

Si los colombianos obligados a cotizar se-guridad social cancelaran sus obligaciones para salud, pensión, riesgos laborales, ca-jas de compensación familiar, Sena e ICBF se deberían recaudar aproximadamente 56 billones de pesos. Sin embargo, con dificultad llega a los 46 billones de pesos aportados por 12,4 millones de personas. Es decir, se tiene una evasión cercana a los 10 billones de pesos anuales. Y la respon-sabilidad mayor de dicha evasión (el 70%) recae en los trabajadores independientes (orden de prestación de servicios (OPS) o de informalidad laboral. La evasión en materia pensional está cercana al 18% (5 billones de pesos anuales); en salud, el faltante es de 3,87 billones de pesos y en riesgos laborales, 490.000 millones de

pesos (15%); y por aporte para las cajas de compensación familiar, la evasión es del 4,3 por ciento.2

Los estimativos oficiales de evasión, citados por la Comisión de Expertos Tributarios, señalan que en IVA se pierde el 23 por ciento de lo que debería ingresar, aunque el Fondo Monetario Internacional habla del 40 por ciento. En el del impuesto de renta, las empresas estarían evadien-do un 39 por ciento con respecto al apor-te total. Por su parte, el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, calcula que la evasión en Colombia es equivalente a 65 billones de pesos al año.3 Y el ministro de Hacienda plantea que la evasión del IVA y del impuesto a la renta oscila entre el 3% y el 4% del PIB4 (292 mil millones de dólares).

A este monto le sumamos que la corrup-ción pública y privada le cuesta al país en promedio $10 billones de pesos al año5, así lo señalan la Sociedad Colombiana de Economistas y el Consejo Privado de la Competitividad. Se estima que en las últimas dos décadas se estima la perdida por corrupción en 190 billones de pesos6.

En otras palabras, el Estado y la sociedad deberían colocar como un asunto estra-tégico para toda la nación la lucha contra la corrupción y su forma sofisticada en materia tributaria como es la evasión; fun-damentalmente del impuesto a la renta e IVA, con los que se obtendrían los recursos suficientes para atender las ingentes nece-sidades sociales y de infraestructura para el desarrollo económico y social del país. Estamos hablando de unas cifras cercanas a los 25 billones de pesos anuales que es el doble de lo que se aspira a recaudar con la presente reforma tributaria.

La sociedad colombiana debe colocar su centro de atención en la lucha contra la evasión y la corrupción y para ello cuenta con una herramienta fundamental: el con-trol fiscal. Dicha función pública de control es ejercida por la Contraloría General de la República y 63 contralorías territoriales (departamentales y municipales) que han

sido sometidas durante años a la politiza-ción y burocratización de sus direcciones, que ponen por encima de los intereses colectivos y técnicos, los intereses per-sonales y politiqueros, y que han tenido que afrontar las más variadas limitaciones administrativas, legales y presupuestales que no le permiten desplegar con libertad un control fiscal público al servicio de la sociedad y la nación.

Pero, adicionalmente, los órganos de control fiscal deben, con todas las restricciones a las que son sometidos, enfrentar tres fenó-menos que han marcado el diario devenir económico, político y social: el narcotráfico, la violencia política, y la corrupción. Los tres en mayor o menor medida, en términos de Luis Jorge Garay7, han hecho una captura real y permanente de las estructuras del Estado en varias regiones del país y han incursionado con sus carteles en tratar de influir en las decisiones de política pública y hemos asistido, ya no solo al soborno típico sino acompañado de la coerción y de la vio-lencia de individuos o grupos legales e ile-gales, públicos o privados, que interactúan en búsqueda de un beneficio económico, político, penal o fiscal. Garay denomina este actuar como la reconfiguración cooptada del Estado o en otros términos mucho más di-rectos como lo precisa el profesor Fernando Cepeda Ulloa8, es que la corrupción dejo de ser un fenómeno predominantemente individual a ser un fenómeno que ocupa a verdaderas “organizaciones criminales”; y puntualiza Cepeda Ulloa: en un contexto político y económico con presencia de carte-les de la droga, carteles de grupos armados ilegales, carteles de la contratación, carte-les de exportaciones ficticias, carteles de precios. Lo que demanda o mejor exige de toda la sociedad es una verdadera reforma del control fiscal que implique no su debilita-miento sino el fortalecimiento de los actuales órganos de control, de todos: Contraloría General, Auditoría General, contralorías territoriales, Procuraduría General, en térmi-nos jurídicos, de personal, presupuestales, tecnológicos, procedimentales.

Reforma tributariaCorrupción y control fiscal

Por ello, los trabajadores colombianos y la población en general deben rechazar la pro-puesta de Acto Legislativo presentada por el representante Lara Restrepo del partido del vicepresidente Vargas Lleras, Cambio Radical, de liquidar la Contraloría General y la Auditoría General y debilitar, aún más, las contralorías territoriales. Flaco servicio se le presta a la los corruptos y evasores. Como lo planteó el excontralor Alfonso Palacio Rudas en su informe financiero de 1946:

El control es la base fundamental de la estabilidad democrática, y desconocerlo, o subestimarlo u obstaculizarlo con cualquier pretexto, así sea aparentemente el más apropiado, es asestar un peligroso golpe a las instituciones y dar el primer paso para la implantación de situaciones de hecho que no son precisamente las más indicadas dentro de una organización jurídica como la que canaliza la vida de los colombianos.9

La lucha contra la evasión y la corrupción es esencial para la supervivencia de la democracia, del Estado social y de dere-cho. Asumámosla con responsabilidad y con ahínco.

Notas1 http://www.gerencie.com/elucion-y-evasion-

tributaria.html2 http://www.eltiempo.com/economia/sectores/

evasion-en-aportes-de-seguridad-social-en-colombia-2016/16633258

3 http://www.eltiempo.com/economia/sectores/evasion-de-impuestos-metodos-para-no-pagar/16607191

4 http://www.gerencie.com/elucion-y-evasion-tributaria.html

5 http://www.las2orillas.co/mantener-a-los-corruptos-colombianos-cuesta-9-45-billones-al-ano/

6 http://www.elheraldo.co/economia/la-corrupcion-le-cuesta-al-pais-4-del-pib-218319

7 Narcotráfico, Corrupción y Estados. Garay, Luis Jorge y Salcedo-Albarán, Eduardo. Random House Mondadori, 2012.

8 Narcotráf ico, Financiación polí t ica y corrupción. Cepeda Ulloa, Fernando. Ecoe ediciones.2011.

9 Estos primeros ochenta años de la contraloría. Hernandez Gamarra, Antonio. Economía Colombiana. 2003.

ascontrol

Nº 145, octubre de de 2016 3o p i n i ó n

Samuel Camargo

dirigente sociAl

Ahora que el país se apresta a brindar su apoyo al acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc al votar SÍ en el plebiscito, quizá sea útil lanzar una mirada a las

circunstancias que rodearon el nacimiento de ese grupo insurgente. En 1943, durante el segundo gobierno de López Pumarejo, la división del liberalismo en dos fracciones, gaitanista y turbayista, fue determinante para el ascenso a la presidencia en 1946 de Mariano Ospina Pérez, de la ultra de-recha conservadora. Jorge Eliécer Gaitán caía asesinado en 1948. El investigador Salomón Kalmanovitz escribe en los años setenta: “El asesinato de Gaitán es parte de la ofensiva terrorista del gobierno que... en este momento elimina a su máximo aglutina-dor quien se perfilaba como seguro ganador de las elecciones presidenciales de 1950”. Ospina impuso a sangre, fuego y fraude el nombre de Laureano Gomez en cuyo go-bierno el país soportó el escalamiento de la violencia contra liberales “nueveabrileños”, comunistas y opositores.

Guerra de guerrillasDesde 1948 se organizaron guerrillas li-berales en Santander, sur del Tolima (allí combatía Manuel Marulanda), Antioquia, Cundinamarca, zonas de Yacopí y del Sumapaz, Tolima, zonas del norte y oriente, Boyacá, y llanos de Casanare donde tomó forma el gigantesco movimiento de los Llanos Orientales al mando de Guadalupe Salcedo. Enemistado con el poder, Ospina Pérez en 1953 auspicia un golpe de Estado contra Gómez, quien es reemplazado por Gustavo Rojas Pinilla, un general de opaca trayectoria. “Paz, justicia y libertad” fue la divisa que inscribió el dictador en sus bande-ras. Gráficas periodísticas mostraban inter-minables filas de combatientes de los Llanos y de todo el campo colombiano que entre-gaban sus armas al nuevo gobierno. No obstante, en el 57, el cuerpo de Guadalupe Salcedo yacía en una calle bogotana. Había sido asesinado por la policía del régimen.

En 1958 los dos partidos habían pactado la paz sobre la base de alternarse en el poder por 16 años, lo que resultó en desplaza-miento del centro de gravedad político del entramado de la guerra al de la colabora-ción burocrática entre los dos partidos. A su turno, el Partido Liberal, que nunca había impulsado la guerra, negoció a su nombre cuota de poder.

La guerra de VillarricaLa mayoría de los destacamentos guerri-lleros se desmovilizaron y entregaron las

armas a partir del 53 con excepción de los orientados por el Partido Comunista que del sistema de guerrilla móvil pasaron a conformar autodefensas agrarias como quiera que habían quedado solos en la liza. Al tiempo, comenzó un movimiento de sus fuerzas hacia Villarrica, Tolima, con la idea de formar un corredor hacia la región del Sumapaz donde Juan de la Cruz Varela había pactado la paz con el dictador y en-tregado “simbólicamente” las armas. Pero Rojas decidió cortar por lo sano. Envió al coronel Matallana a bombardear e invadir el pueblo tolimense. Por ocho sangrientos meses del año 55 se prolongó la Guerra de Villarrica hasta que al final las guerrillas del Partido Comunista, liquidadas como fuerza militar, iniciaron una “columna de marcha” hacia a las regiones de Marquetalia, El Pato, Guayabero y Riochiquito, zonas en las que, una vez más, establecieron auto-defensas agrarias.

Junto a la población y con las armas al alcance de la mano se cultivaba, se comerciaba, existía un orden civil (se implantó el matrimonio civil) todo ello in-soportable a los ojos de Alvaro Gómez que presionó al gobierno pusilánime de Guillermo León Valencia para que inicia-ra, como en efecto lo hizo, un despeje por la vía militar. Gilberto Vieira, del Partido Comunista, señalaba que, en respuesta a la ofensiva militar, “levantábamos la tesis de que frente a la agresión armada de las clases dominantes... no había ni hay más respuesta que la organización de la lucha armada popular”. (Colombia. Tres Vías a la Revolución, Valverde, 1973). Estamos ya en 1964, cuando las autodefensas, por decisión del partido, se convierten en gue-rrilla móvil. Se crean las Farc.

Por aquella época surgió el Moec 7 de enero, al mando de Antonio Larrota –que en Cuba tenía oficina–, el Eln bajo la in-fluencia de la revolución cubana y el Epl desprendido del Partido Comunista; pero correspondió a Francisco Mosquera, diri-gente del Moec, explicar el porqué del fra-caso de esos grupos en concitar las masas para la revolución: “Se hizo una aplicación esquemática de las principales lecciones

de la revolución cubana. No interpretaron un hecho fundamental: Que Fidel Castro en la Sierra Maestra era el pueblo de Cuba en la Sierra”, sentenció. Mosquera se propuso convertir el Moec 7 de enero en un partido de masas, marxista leninista, y de hecho le dedicó toda su vida a ello.

Las Farc

Desde su formación hasta la 7º Conferencia en 1983 las Farc, alejadas de la tutela del Partido Comunista, prácticamente “vegeta-ron” según expresión del sociólogo Eduardo Pizarro. En este año, fortalecidas en su economía con el producto del secuestro y el narcotráfico iniciaban un proceso de paz fallido con el presidente Betancur, como también lo fue el impulsado por el presi-dente Cesar Gaviria en sedes de Caracas y Tlaxcala. Y ni qué decir del proceso por el que el presidente Andrés Pastrana cedió una Zona de Distensión de 42.000 km2 (dos veces el área de El Salvador) utilizada por las Farc como base de operaciones militares hasta el día de su afanoso retiro.

¿Por qué fracasaron estos procesos? A los líderes de las Farc les asistía el convenci-miento de poder alcanzar el poder por la vía militar. ¿No habían tomado emplazamien-tos militares como Las Delicias, Miraflores, Patascoy y, por demás, una capital, Mitú? Creían vivir el tránsito de la guerra de gue-rrillas a guerra de movimientos razón por la cual nunca jugaron a la paz.

En otra dirección, la asistencia nortea-mericana en armas y tecnología durante los gobiernos de Uribe y Santos produjo un ascenso cualitativo del ejército co-lombiano que se tradujo en golpes histó-ricos como los asaltos que resultaron en muerte de tres hombres del Secretariado, no pocos mandos medios, dispersión y pérdida de fuentes económicas de esa guerrilla. Concluyeron entonces que no existían condiciones para alcanzar el poder por la vía militar, como quiera que un panorama de derrota en el frente y deserción en la retaguardia amenazaba con desplazarlos de la escena política. En pleno la guerrilla entera decidió apostar a la paz.

Durante cuatro años delegados del go-bierno y de la guerrilla encabezados res-pectivamente por Humberto de la Calle y Rodrigo Londoño discutieron acerca de cómo sería la Colombia por la que los desmovilizados cambiarían el fusil por la tribuna pública.

Los acuerdos de paz de La Habana

El resultado fue un documento de 297 páginas que consulta, como telón de fon-do, el Protocolo II de los Convenios de Ginebra para conflictos no internacionales. Establece para el agro, 1. la creación de un fondo de tres millones de Ha destinado a los sin tierra o de poca tierra e introducción del catastro en el campo; 2. especial presencia de la mujer en espacios de participación política, un estatuto de oposición que garan-tice el derecho a la movilización y a la pro-testa, y la creación de 16 Circunscripciones Especiales de Paz para igual número de representantes a la Cámara por dos perío-dos electorales destinado a víctimas de la región o a desplazados; 3. El día en el que se firmó el acuerdo, el 26 de septiembre en Cartagena, comenzó a correr el plazo de los 180 días para la dejación total de las armas, bajo la vigilancia de la ONU. Los desmovilizados podrán construir partidos políticos que actuarán como cualquiera otro para luchar con ideas lo que defendían con el fusil; 4. El acuerdo de paz señala que el fin del conflicto es una oportunidad de resolver el problema de las drogas ilí-citas en base de la sustitución de cultivos y prevención del consumo; 5. Finalmente, se alcanzó una acuerdo sobre las víctimas que en su mayoría han aceptado otorgar perdón sobre la base de verdad, justicia, reparación y no repetición para lo cual se crea una Jurisdicción Especial para la Paz. La impunidad para delitos atroces queda excluida, posición que acepta la Corte Penal Internacional.

¿Es popular la paz? Durante toda la cere-monia de la firma del acuerdo histórico entre el gobierno de Santos y las Farc se escu-chaban voces de mujeres y de hombres que repetían la expresión NUNCA MÁS.

Breve análisis de la guerra en Colombia

¡NUNCA MÁS!

4 Nº 145, octubre de 2016o p i n i ó n

Eduardo Sarmiento

tomAdo de elePesPectAdor.com

En días pasados, la admi-nistración distrital sometió a consideración del Concejo la enajenación del 20 % de la participación accionaria en la

Empresa de Energía de Bogotá.

El trámite sigue el ejemplo de Isagén de intercambiar activos de alto rendimiento en el sector energético por activos de bajo rendimiento en la infraestructura vial. Asimismo, se repite la experiencia de la privatización de la ETB que se justificó con cifras ficticias y sin los estudios exigidos por la ley 226 de privatizaciones. Luego de un año de haber sido anunciada la operación, no se dispone de un estudio de valoración de la empresa.

Los balances de la EEB muestran incre-mentos anuales de más de 30% en los ingresos y utilidades. No es aventurado afirmar que la rentabilidad está cerca de 34%. En términos simples, el Distrito dejaría de recibir esta cifra a cambio de obtener otra de 5% en las obras viales, incurriendo en claro detrimento patrimonial.

Las empresas como Isagén y EEB tienen características que les permiten generar

rentabilidades futuras superiores al resto de las empresas y el promedio de la eco-nomía. Como las evaluaciones se hacen con cifras del pasado, que no siempre captan adecuadamente las posibilidades

La democratización de la EEBdel futuro, tan solo después de 3 o 4 años se advierte el verdadero potencial eco-nómico. Así, la enajenación de Isagén la justificó el ministro de Hacienda sobre la base de que la rentabilidad de la empresa es igual a la de un CDT, algo así como 3,5 %. La afirmación ha sido totalmente controvertida por los hechos: en el último año el precio de la acción aumentó más de 20 %. Lo mismo ocurrió con la venta de la subsidiaria de EEB de gas GTI por US$430 millones. Tan solo recientemente se reconoció que el valor de la empresa se duplicó en tres años.

En el fondo se trata de empresas que valen más que las acciones. La diferencia no se capta en las cotizaciones de mercado ni en los balances del pasado. Solo se observa en el futuro, cuando la empresa se valoriza y obtiene rentabilidades estrafalarias. Este hecho, que es ignorado por el Distrito y el Concejo, lo conocen muy bien los compra-dores y la aplican a la perfección.

Los recursos de la privatización de la EEB, al igual que la privatización de la ETB, se destinaran a la financiación de grandes planes de infraestructura vial. Ni más ni menos, se plantea elevar la inversión anual en 50 % durante los próximos tres años. Sin embargo, nadie sabe quiénes adquirirán o utilizarán esos servicios y, lo más grave, cómo se pagarán. Si se tiene

en cuenta que los grandes beneficiarios de las obras públicas son los sectores de altos ingresos, la operación podría resultar altamente inequitativa.

También se dice que la operación favo-recerá a los ciudadanos de a pie, que podrán obtener grandes valorizaciones en las acciones. La realidad es muy distinta. En general se encuentra que las personas naturales que adquieren esos títulos son una minoría y que la mayor parte queda en los grupos económicos, y en este caso par-ticular, los fondos privados de pensiones.

La exposición de motivos desconoce las condiciones financieras de la empresa y no incluye un análisis de los beneficios para la ciudad. Al igual que ocurrió con la ETB, se incumple la ley 226, que es-tablece como primer requisito para la privatización la valoración de la empresa. Las estimaciones tentativas basadas en las cotizaciones de las acciones y los balances del pasado subvaloran la em-presa. Lamentablemente, la propuesta resquebraja la estructura de las empresas distritales para configurar un programa faraónico de infraestructura vial, cuando lo que se requiere es conservarla y forta-lecerla para mantener un flujo permanente de ingresos que permita ampliar la red de servicios básicos y erradicar la exclusión social de la ciudad.

Tomado de Las2orilla octubre 26, 2016

Sindicatos apoyados por la Escuela Nacional Sindical presentaron 150 querellas al Ministerio del Trabajo por casos de tercerización labo-

ral y utilización de pactos colectivos para quebrar y debilitar las organizaciones sindicales formales. El ministerio del tra-bajo en cabeza de Clara López reconoció cuarenta de los casos denunciados cuyos representantes legales están en proceso de notificación. Aunque los empresarios pueden buscar solucionar sus situaciones para evitarla multa, ya están en firme varias sanciones. En total las multas ascienden a más de $15 mil millones, que por ley debe-rán ser canceladas al Sena.

Las primeras fueron estas firmas acusa-das de tercerización laboral, es decir, de contratar a sus colaboradores a través de terceras empresas mediante un modelo de contratación que nos les permite gozar de todos sus derechos laborales. Entre las sancionadas están: la Clínica Marly y Ocupar Temporal SA, ambas de Bogotá, cada una con multas de $3.185.259;

el Hospital Universitario del Caribe, de Cartagena, y la Temporal Konekca, con mutas por $68´945.400 y $689´454.000 respectivamente; la Drummond y Carbones El Cerrejón, y las contratistas de am-bas Gecolsa y Dimantec, con multa de $2.069.000 millones cada una.

Como se dijo, el sector de la mega minería del carbón es uno de los que más terce-riza en Colombia, y en algunos procesos lo hace ilegalmente, como lo demostró la investigación del Ministerio de Trabajo, que encontró prácticas ilegales en la subcon-tratación del servicio de mantenimiento de equipos en la Drummond y Carbones El Cerrejón, por lo que a cada una sancionó con más de $2.000 millones, al igual que a las contratistas Gecolsa y Dimantec.

Las querellas que originaron la investiga-ción las radicaron entre 2013 y 2014 los

sindicatos Sintraime y Sintracarbón, con la asesoría y apoyo del CAL, el Centro de Solidaridad y la Corporación Justicia y Libertad.

Sintraime querelló a la Drummond por ter-cerización ilegal de la empresa Gecolsa, encargada el servicio de mantenimiento de equipos en la zona minera de La Jagua de Ibirico, Cesar. Y Sintracarbón querelló a Carbones El Cerrejón exactamente por la misma razón.

El caso es que desde hace 6 años ambas multinacionales contratan el mantenimien-to con la empresa Gecolsa, que a su vez lo subcontrata con la empresa Dimantec, configurando así una doble subcontrata-ción, que no solo es ilegal, sino que va en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores tercerizados. Según la aboga-da Palacio, un auxiliar de mantenimiento

de planta en la Drummond gana al mes $1.600.00, mientras en Dimantec solo gana $860.000 por realizar la misma labor. Y en El Cerrejón un técnico de planta gana $2 millones, y uno de Dimantec gana $800 mil,

Es de resaltar que por el mismo motivo: por intermediación laboral ilegal en la Drummond, Sintraime tiene una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, y otra ante el gobierno de Canadá. Asimismo, Sintracarbón tiene 6 querellas más por tercerización ilegal en otras áreas del complejo El Cerrejón, las cuales se espera también resulten favorables a los trabajadores.

Ambos sindicatos esperan que pronto se inicie el proceso de formalización laboral en estas cuatro empresas multadas, a no ser que éstas prefieran pagar la multa y seguir haciendo tercerización ilegal.

El Ministerio no ha entregado los nombres de las demás empresas sancionadas por-que estas están en camino de notificación y algunas están buscando conciliación con los sindicatos y los delegados del ministerio para rectificar los procesos de contratación. Igual situación se vive con el tema de los pactos laborales en el que Avianca y Pacific Rubiales son unos de los demandados.

Triunfo sindical sobre 40 empresariosTrabajadores presentaron 150 querellas por tercerización laboral irregular a MinTrabajo. Cuarenta empresas -Drummond y Cerrejón entre ellas- fueron sancionadas

Nº 145, octubre de de 2016 5o p i n i ó n s i n d i c a l

Comité Ejecutivo CUT Bogotá Cundinamarca

Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Presidente), Luis Fernando Abadía (1a. Vicepresidencia), Bernardo Raúl López Martinez (2a. Vicepresidencia, responsable de Relaciones Internacionales), Alfonso Ahumada B. (Secretario General), Carlos Arturo Rico Godoy (Departamento de Tesorería y Finanzas), Pedro Isidro Yepes López (Fiscalía), Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Celmira Herrera Urrea (Departamento de Organización y Relaciones con Organizaciones Sociales), Jorge Enrique Laverde Herrera (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos), Esperanza Lozano Atencio (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad), Martha Pineda Guío (Departamento de la Juventud y el Menor Trabajador, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad), Manuel Ángel Téllez González (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva), María Victoria Forero Izquierdo (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial), Carlos Alberto Velásquez (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente), Néstor Ramírez Moreno (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos).

CONSEJO EDITORIALMiguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas,

Publicidad y Propaganda), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Presidente) Carlos Arturo Rico Godoy (Tesorero), Jorge E. Charry (asesor editorial).

Avenida Caracas Nº 44-54 Of. 402Teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432

Bogotá D.C. ColombiaEmail:

cutbogotacun@yahoo.es / cutbogotacun@cut.org.coISSN: 1900-0898

Diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558.

Caricaturas: Internet. Fotografías: Jorge Becerra, Dreamstime Manuel A. Mora y tomadas de Internet.

Asistencia editorial: Yolanda Rodríguez / Diego UrreaEdición: 20.000 ejemplares.

Tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.Las opiniones expresadas en Los artícuLos son

de excLusiva responsabiLidad de sus autores.

Carlos Velázquez

Directos Del Depto. De MeDio AMbiente

Preparado en bosques de las más afamadas ciudades del mundo y aprovechando su primer chance, logra embaucar al orbe: es mejor el transporte

con combustible que con electricidad para favorecer el medio ambiente. Mientras las grandes ciudades del mundo en las que nos quiere transformar tienen metro sub-terráneo, él dice que mejor es el aéreo. La pavimentación de un humedal y la venta del patrimonio público de los bogotanos son sus máximos proyectos desde hace 18 años. ¿Quién será?

Del 12 al 15 de octubre pasado se reali-zó en nuestra querida capital, Bogotá, la V Cumbre Mundial de Alcaldes, evento organizado por el Grupo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG, por sus iniciales en inglés). Esta cumbre se realiza cada tres años y Bogotá compitió

con 14 ciudades del mundo para ser sede. La capital colombiana y Estambul fueron finalistas para ser anfitrionas de este en-cuentro. Las acciones tenidas en cuenta para que a Bogotá se le otorgara ese ho-nor son: “la superación de la segregación

social, la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento de lo público”, lo anterior fue decisivo al momento de la elección en 2012 como sede del evento, contrario a todo lo que sucede en la actualidad de nuestra ciudad.

Observamos cómo se beneficia este per-sonaje de un logro pasado y distorsiona el fundamento por el cual se le otorgó a la ciu-dad este evento. Se aprecia desde el Plan Distrital de Desarrollo, el cual fue aprobado a espaldas del pueblo por los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático, de la U y Cambio Radical, a pupitrazo limpio; enga-ñando a sus electores pues de lo consignado para la obtención de recursos no se encuen-tra ni en su propuesta de plan de gobierno, es decir al mejor estilo de los del Centro Democrático, a punta de mentiras logran sus objetivos entreguistas y guerreristas.

Dicho evento se convirtió en una vitrina de negocios para “compactar la ciudad”, térmi-no que no se si lo entienda en su dimensión kike Pañal-hood pues tuvo su crítica por parte del alcalde de Quito (Ecuador). Esta vitrina estuvo muy concurrida por persona-jes que son los encargados del cemento y otros materiales indispensables para con-vertir un humedal, patrimonio biodiverso, en alcancías llamadas apartamentos, o meterse en las políticas del gobernador de Cundinamarca y decir que el municipio de Mosquera es un potrero donde solo se construyen unas bodegas sin valor e inclu-yendo allí a Soacha y desconociendo así los límites de lo que es Bogotá. Ahora bien, al compararnos con ciudades donde uno de los ejes de desarrollo es su rio principal, como en Berlín con el rio Rhin y en Paris con el rio Sena, creemos que se confunde, esto es Cundinamarca y no Dinamarca, primero debe acabar la corrupción exis-tente en la administración y posteriormente pensar en esta ciudad no para implementar cultura extranjera sino para incentivar los valores de nuestra cultura. Es indispensa-ble la recuperación del rio Bogotá, pero no endeudándonos hasta el 2050, o es que

para que la gente no arroje desechos al rio va a ponerle bolardos en todo el curso del rio o hasta puede pavimentarlo y así evitarse esa vista tan deplorable de la na-turaleza al mejor estilo de lo que hizo en la calle 22 entre carreras 3 y 6 donde quitó el pasto y ubicó un producto sintético en torno a los árboles.

Vemos el trabajo arduo de un anti-héroe como lo es kike pañal-hood, es por ello que resalto en este artículo una labor de movilización social en contra de las polí-ticas retrógradas y retardatarias de ese señor por parte de organizaciones socia-les y sindicales como Atelca, Sinaltrainal, USO, Sindiredes, Red de Lucha contra el Hambre, habitantes de Ciudad Bolívar, vendedores informales, quienes se die-ron a la tarea de realizar una protesta el pasado 13 de octubre frente a Corferias y denunciar los atropellos de esta alcaldía, a pesar de no ser un evento directamente por la paz, que es lo que está movilizando ahora a la gente. Porque las políticas del modelo económico continúan sin ninguna talanquera. Sabemos que deben ser más los que participen en estas tareas, pero so-mos conocedores también de los temores y los miedos de la represión que se ciernen sobre los afiliados a sindicatos del Distrito y que en este momento se prefiere la le-gislación que una movilización por parte de nuestros dirigentes.

Si identificaron el personaje, entonces ¿ahora quién podrá ayudarnos? Pues no es el Chapulín Colorado porque ya se murió, es sencillamente (que es a lo único que le tienen miedo estos alcaldes) el pueblo organizado y movilizado en las calles, con claridad política y entendiendo el fondo de las coyunturas para identificar al verdadero enemigo.

“La revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca para

vivir de ella”.

Ernesto Guevara de la Serna “el Che”

Adivine el personaje

Aclaración pertinente de los editoresLas erratas de imprenta, gazapos o

errores son una constante en la historia escrita de la humanidad, siendo la prensa su más notable campo de operaciones. La edición pasada del Informativo CUT Bogotá Cundinamarca, número 144, fue objeto del ataque a mansalva de un “dia-blillo editorial”. En la páginas 4 y 5 sobre el conversatorio a varios dirigentes políticos,

las respuestas de Jaime Caicedo, después de la pregunta tercera, aparecen con las iniciales equivocadas (Y.G.) y lo correcto es J.C., siendo las de Jaime Caicedo, la tercera en su orden. Ofrecemos disculpas a los autores y a los lectores.

Que el fuego perpetuo del infierno consuma para siempre a este maléfico personaje.

6 Nº 145, octubre de 2016s i n d i c a l e s

Manuel Téllez González

dePArtAmento de relAciones lAborAles y negociAción colectivA

Desarrollar acciones con el objetivo de defender lo cons-truido laboralmente en los actuales tiempos, se convier-te en la culminación de un

proceso educativo socialmente, cuando se vincula a todos los actores.

El derecho a la sindicalización, es un de-recho constitucional al tenor de lo estable-cido en el Convenio 87 de la OIT, que fue ratificado por Colombia a través de la Ley 26 de 1976

El derecho a la sindicalización y negocia-ción colectiva se reconoce en Colombia a través de la Ley 27 de 1976 como producto del Convenio 98 de la OIT y se armoniza con el Convenio 151 de la misma OIT, rati-ficado por el Estado colombiano a través de la Ley 524 de 1999; las anteriores normas hacen parte del bloque de constitucionali-dad por lo contemplado en los artículos 25, 26, 38, 39, 55 y en especial el artículo 56 de nuestra Carta Política donde se garantiza el derecho a la huelga.

En el desarrollo de los convenios de la OIT se fundamenta el accionar sindical para plasmar en convenciones colectivas de trabajo los derechos para las y los tra-bajadores con la protección constitucional que nos asiste; el dialogo para los acuer-dos es una premisa, pero cuando no son posibles, no renunciamos a la acción y la movilización.

Ese hecho fue el que se desarrolló en Sintrametal Mosquera en la empresa Bundy Colombia, que hace parte de la Multinacional TI Automotive, empresa lí-der en la elaboración de tubería metálica y plástica para la conducción de líquidos y fluidos para el sector automotriz y maqui-naria industrial especializada.

El pasado 15 de julio 2016 se radicó el respectivo pliego de peticiones ante la empresa Bundy, como continuación de procesos de negociación directa durante 46 años ininterrumpidos, pero la desafor-tunada respuesta de la empresa fue la presentación de un contrapliego, lo cual frustró la instalación de la respectiva mesa de negociación, con un rechazo total por parte del sindicato y de los trabajadores, lo que prolongó por varias semanas el proceso de negociación hasta el día 9 de septiembre en que se inició la etapa de arreglo directo y culminó el 28 de septiem-bre, desafortunadamente sin acuerdos entre las partes.

La nueva modalidad para el desarrollo de procesos de negociación por parte de los

empresarios es la utilización de bufetes de abogados, quienes ejercen la potestad para negociar los pliegos de peticiones, con consecuencias para el movimiento sindical, por lo nefasto de las prácticas que utilizan, como es el caso del abogado empresarial Juan Manuel Guerrero Melo, quien es el artífice de prácticas que con-tradicen las relaciones laborales directas, colocando obstáculo para el dialogo, como fue lo que sucedió en Bundy Colombia con el contrapliego, donde de 22 artículos convencionales y sus parágrafos denunció 19 artículos, lo que conllevo a una pola-rización en las posiciones de las partes; además de las acciones poco santas ante el Ministerio del Trabajo y la jurisdicción ordinaria, al pretender interpretar a su acomodo la legislación vigente, además de utilizar mecanismos persuasivos con-tra el sindicato y los trabajadores gene-rando persecución y acoso laboral con tutelas contra funcionarios del Ministerio del Trabajo, la policía del municipio de Mosquera contra el Sindicato Sintrametal; a su vez la empresa ejerce presión sobre la dirección del sindicato, negando dere-chos convencionales e implementando mecanismos de presión como la obliga-toriedad de trabajar horas extras en fines de semana y festivos, además del acoso laboral con llamado a descargos a más de 30 compañeros y aplicando sanciones disciplinarias.

Las experiencias en procesos de nego-ciación con el abogado Guerrero Melo no son gratificantes por los antecedentes en las empresas Alpla de Colombia y Sintralpla; Crown Colombiana y Sintrametal Tocancipa (empresa productora de enva-ses metalicos; Papeles Familia; Brinsa S.A. (empresa procesadora de sal y productos derivados del cloruro de sodio) con los sindicatos Sinaltrainbec y Sintrabrinsa en Cajica; Serpro y Sintraserpro (empresa de servicios y procesos que recicla vidrio y es

Una acción un propósito una lucha

Seis imágenes del desarrollo de la huelga

Nº 145, octubre de de 2016 7s i n d i c a l e s

En julio, Carlton United Breweries, fabricante de las cervezas más populares de Australia, atentó brutalmente contra las condicio-

nes de empleo de 55 trabajadores de man-tenimiento de máquinas del sindicato en su fábrica de cerveza de Melbourne antes de la inminente adquisición de la empresa matriz de Carlton United, SABMiller, por parte de AB InBev.

Se dijo a los trabajadores, miembros de AMWU, afiliada a la UITA, y del Sindicato de Electricistas ETU, que se iban a terce-rizar sus puestos de trabajo a un nuevo contratista pero que podrían volver a tra-

bajar como empleados del subcontratista ¡con una reducción salarial del 65%!

Ahora, la adquisición fue aprobada oficial-mente, dando lugar a una gigante cervecera global que opera como AB InBev, y los traba-jadores todavía se manifiestan en el piquete.

Los sindicatos exigen que se respeten los acuerdos existentes, con el apoyo de los tra-bajadores de producción de la planta represen-tados por la afiliada de la UITA United Voice, y han mantenido una protesta las veinticuatro horas del día fuera de la fábrica de cerveza.

Para enviar un mensaje de rechazo a la empresa en: ttps://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1027

ACCIÓN URGENTE DE LA UITA

Salvaje represión antisindical en el principal productor

australiano de cerveza

proveedora de Peldar en Zipaquira); Diaco -Gerdau y Sintrametal Tuta, Duitama, Sibate, Yumbo; Pelpak y Sintrapelpak (em-presa de envases plásticos) en Tocancipá; entre otras empresas. El talante del aboga-do Guerrero Melo es disminuir los derechos laborales y minimizar las organizaciones sindicales.

Con los anteriores antecedentes el 9 de septiembre se consultó a los trabajadores el rumbo del conflicto con la decisión de definir por el tribunal o la huelga y la res-puesta fue unánime: los derechos de los trabajadores se respetan, se tomó la opción de la huelga; del ciento por ciento de los trabajadores afiliados el 98% lo decidieron y es así que el 12 de octubre a las 7:00 a.m. se decretó la hora cero.

Fueron seis largos pero productivos días de acción y movilización en medio de noches de lluvia y de días radiantes; luego de los cuales se logró un acuerdo convencional que dejó frutos a favor de los trabajadores y el respeto a los derechos convenciona-les representados en beneficios económi-cos (como el aumento salarial del 9,15% para el primer año y el IPC más 3% para el segundo año), más derechos sociales, sindicales y de bienestar; además de un reconocimiento económico a partir de la fecha de presentación de pliego, pero su vigencia será a partir del primero de sep-tiembre. La aplicabilidad de la convención es extensiva a todos los trabajadores que laboran en la empresa Bundy, además del respeto a los derechos ya existentes para los practicantes estudiantes del Sena. Entre otros beneficios, fundamental para la estabilidad laboral, es el acuerdo de no aplicabilidad y resarcir los derechos eco-nómicos a quienes fueron sancionados du-rante el tiempo del conflicto laboral y de no represalias a presente y futuro; además del retiro de acciones administrativas y ante la justicia ordinaria en todas sus expresiones.

Todo fue posible gracias a la solidaridad sindical, a la decisión de los trabajadores y a la dirección de Sintrametal Mosquera CUT.

Reconocimiento especial a Sintrametal Nacional, Sintraholcim, SNTT CUT, Sub-directiva CUT Bogotá Cundinamarca, Sintraunicol CUT Universidad de América, Sintrairoos CUT (Instituto Roosevelt), Anthoc Cundinamarca CUT, Anthoc Sama-ritana CUT, Cootradecun, Sintrametal CUT Cota, Sintrametal CUT Tuta, Sintragerdau, Industriall (Sindicato Global metalúrgico y afines), Sintranep (Purina), Asotratampa (empresa de carga aérea) y muchos otros como la Escuela Sindical María Cano que brindaron la solidaridad para ser posible el sostenimiento de la huelga.

Lecciones aprendidas • La autonomía de los sindicatos y traba-

jadores para la toma de decisiones. • La educación sindical, social y popular. • Involucrar en la acción a todas y todos

los trabajadores. • Posiciones firmes para la defensa de los

derechos fundamentales. • Se requiere retomar el camino del fondo

pro huelga en los sindicatos. • Desarrollar procesos para el acompa-

ñamiento solidario en conflictos. • Visibilizar y sacar de las “cuatro pa-

redes” de los sindicatos los conflictos colectivos.

Gracias a todos los que hicieron posible el desarrollo, la ejecución y conclusión de esta huelga en Bundy Colombia, ya que hacía 16 años que no se realizaba en el departamento de Cundinamarca un hecho similar, como el que sucedió en Wesmax, empresa productora, comercializadora y exportadora de flores en Puentepiedra vía Mosquera-Facatativa en el año 2000 con Sintrawesmax CUT.

POR PAZ, SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y DERECHOS LABORALES3

Los delegados del Sexto Congreso votando las declaraciones finales. Foto de Arianna Regino.

Felipe Pineda Ruiz

InvestIgador y analIsta polítIco1

En el año 2006, a 20 años de la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores, el fuego de la lucha sindical si-guió manteniéndose vivo. Después de seis años sin

llevar a cabo congresos, la CUT realizó su quinto encuentro en medio de un panorama de incertidumbre social y económica a nivel global. El presente texto abarca cronológi-camente el periodo comprendido entre los años 2006, cuando se realizó el V congreso de la central, y septiembre de 2014, fecha en que tuvo lugar la VI edición.

Bush y Uribe, la lucha contra el terrorismo local y global

El milenio comenzó con la denominada “lucha contra el terrorismo” liderada por el presidente George W Bush, que tuvo como fecha de referencia el 11 de septiembre de 2001, día en que las dos torres gemelas de la ciudad de Nueva York fueron derribadas por dos aviones comerciales. Este hecho marcó el comienzo de una década carac-terizada por el ascenso ininterrumpido del pensamiento conservador y belicista a nivel global.

Las invasiones realizadas por Estados Unidos, a raíz de este atentado terrorista, en Afganistán e Irak, marcaron una época de polarización, radicalización y miedo generalizado de la población, aupada por el influjo de los medios de comunicación a escala planetaria. En el plano local, la lucha contra el “terrorismo de las Farc”, en este contexto de zozobra, le dio a Álvaro Uribe Vélez la posibilidad de lograr la presidencia de Colombia en el año 2002.

Su llegada al poder propició el escalamien-to de la guerra, a sangre y fuego, contra las guerrillas; la conquista del paramilitarismo de posiciones políticas, que se saldó con la investigación y condena de decenas de parlamentarios, en lo que se denominó como la “parapolítica”; un notorio desequi-librio de poderes concentrados en la figura omnipresente de Uribe y la cooptación del Estado por parte de actores ilegales de diversa índole.

Según entidades oficiales, como la Unidad para las Víctimas, las consecuencias de

esta confrontación armada entre la in-surgencia, los paramilitares y el ejército, durante el periodo 2002-2010, generaron un éxodo masivo de aproximadamente 3.300.000 personas1

En el plano económico la apuesta de Uribe, durante sus ocho años de gobier-no, fue clara: apostarle al crecimiento económico; exonerar de impuestos a las transnacionales para incentivar la inver-sión extranjera; desarrollar una dependen-cia de las rentas estatales basada en la extracción de minerales e hidrocarburos; fomentar la concentración de capital y aumentar la brecha de ingresos entre los más acaudalados y las mayorías sociales del país.

En materia laboral la administración Uribe Vélez fue artífice de la Ley 789 de 2002 que oficializó la flexibilización laboral, las cooperativas de trabajo asociado, la supre-sión para los trabajadores de los recargos nocturnos, dominicales, festivos y las horas extras nocturnas y diarias.

2010-2014: el gobierno Santos, la continuidad

neoliberal, el proceso de paz con las Farc

Una vez terminados los dos periodos pre-sidenciales de Álvaro Uribe, su “sucesor”, Juan Manuel Santos, dio un viraje ines-perado en relación a algunos de los ejes programáticos centrales de su antecesor: inició en 2012 un proceso de paz con las Farc, reestableció relaciones económicas y diplomáticas con los países vecinos y acabó con el clima de polarización política reinante en el cuatrienio anterior.

Sin embargo, en materia económica y laboral, el gobierno Santos mantuvo los

pilares económicos y laborales impulsa-dos por el gobierno Uribe, que quebran-tan los intereses de la clase trabajadora. Las únicas novedades fueron la puesta en marcha de la supresión del pago de parafiscales a todo trabajador que gane menos de diez salarios mínimos y la ate-rradora obsesión de Santos por refrendar tratados de libre comercio a diestra y si-niestra: durante su gobierno se firmaron TLC con EE.UU., China, Corea, la Unión Europea y Nueva Zelanda, entre los más significativos.

La antesala al V congreso de la CUT, debate y divergencias,

pilares de la convergenciaComo en congresos anteriores, el pulso político-ideológica en la Central Unitaria de Trabajadores mantuvo vigentes los postulados de las dos vertientes más significativas: de un lado la corriente democrática, liderada en esta ocasión por Carlos Rodríguez, militante del Partido Liberal y procedente de la entra-ña del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (Sintraelecol), y por el otro el sector “clasista”, encabezado por el Partido Comunista y el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (Moir).

Dichas divergencias, en palabras de Gustavo Triana, en aquel entonces secre-tario de Asuntos Energéticos de la Central, miembro del sector clasista y militante del Moir, giraron en torno a: “la afiliación inter-nacional, la estructura organizativa de la

Central, la lucha contra las formas de tercerización o desregulación laboral, la clase de oposición que la central debía convocar y adelantar en contra de Uribe y el imperialismo y el funcionamiento demo-crático de la CUT”2.

La decisión del bloque democrático, de impul-sar la afiliación de la CUT a la recién creada Confederación Sindical Internacional (CSI), naci-

da de la fusión entre la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl) y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), despertó el descontento de los “clasistas” quienes calificaban a esta novel central sindical global como “imperialista” y funcional a los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea. Este sector acusaba a la CSI de suprimir de su plataforma programática toda mención, o alusión, a la lucha de clases3.

V congreso de la CUT: consolidación de la Gran Coalición Democrática

contra el régimen uribistaEn medio de un ambiente colmado de debates sa-ludables para la vida organizativa y el devenir de la CUT, la Central realizó su V Congreso en la ciudad de Bogotá del 22 al 26 de septiembre de 2006. Con la presencia de una cifra cercana a los mil delegados, y la presencia de un nutrido contingente de invitados internacionales encabezados por la CUT de Brasil, la AFL-CIO de EE.UU., la UGT y las Comisiones Obreras (CCOO) de España, la CGT de Francia, la TUC de Gran Bretaña, la LO de Noruega, la FNV de Holanda y la CGIL de Italia, el agrupamiento sindical más importante del país deliberó y trazó su ruta de acción de cara al futuro.

Entre los principales retos, conclusiones y tareas, la Central definió los siguientes: impulsar la creación de sindicatos por rama o área; vincular a la CUT

en la creación y organización de la nue-va Confederación Sindical Internacional (CSI); rechazar los mecanismos de des-regulación laboral tales como las coope-rativas de trabajo asociado y los contratos sindicales; oponerse a la reelección pre-sidencial; promover una solución política negociada al conflicto y el logro de acuer-dos humanitarios y luchar por restablecer los derechos de asociación sindical, de contratación colectiva, y de huelga, diez-mados por la arremetida anti-sindical del gobierno4.

VI congreso de la CUT, respaldo unánime a la unidad

del movimiento sindical Cuatro años después de la arremetida neoliberal y paramilitar, impulsada por el Gobierno encabezado por Álvaro Uribe, la central de trabajadores más importante del país llevó a cabo su sexto congreso. Con la presencia de 1.200 delegados, la CUT deliberó del 24 al 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Santa Marta, para presentar ante la opinión pública las

tesis centrales de una discusión interna sin sobresaltos.

Con respecto a la agenda principal, la CUT ratificó la filiación a la Central Sindical Internacional (CSI), así como “el respaldo de la CUT a los gobiernos democráticos y progresistas de América Latina que se han distanciado de Estados Unidos a la vez que rechazan las agresiones, intromisiones, y desestabilizaciones de toda índole que se hacen contra Venezuela, Cuba, Bolivia, Argentina y demás países de la región.”5.

En materia de reivindicaciones la Central, punta de lanza del movimiento popular co-lombiano estableció, como ejes principales de su lucha por la defensa de las prerro-gativas de los trabajadores, la defensa de las “libertades democráticas (derecho de asociación, negociación y huelga) y el cese de la violencia contra los líderes y las organizaciones sindicales así como la reparación colectiva al movimiento sindical y la construcción de la Mesa de Alto Nivel para la Reparación y el el impulso de una propuesta de Estatuto del Trabajo.”6.

A treinta años de la creación de la Central Unitaria de Trabajadores son muchos los retos que el movimiento social tienen por llevar a cabo. Sin embargo, el curso de los hechos ha sido tozudo al reafirmar la im-portancia de persistir en la defensa de las tesis fundacionales de la Central en 1986: “la defensa incondicional de las conquistas y derechos actuales de los trabajadores buscando el mejoramiento de sus condi-ciones de vida y de trabajo.”7.

Notas1 Colombia es el segundo país con mayor can-

tidad de desplazados en el mundo. Diario El Universal de Cartagena, mayo 8 de 2015. Fuente: http://bit.ly/2ex9Ma5.

2 Triana, Gustavo. Situación del movimien-to sindical colombiano. Revista Deslinde, agosto del 2006, publicación de Cedetrabajo, Bogotá D.C. Fuente: http://bit.ly/2f39uuo.

3 ¡Viva la identidad de clase de los trabajadores! Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares, agosto 22 de 2014. Fuente: http://bit.ly/2eaY3yq.

4 Resoluciones y Conclusiones del V Congreso de la CUT. Escuela Nacional Sindical, septiem-bre 8 de 2006. Fuente: http://bit.ly/2cx7sl7.

5 VI Congreso de la CUT respalda paz con so-beranía, democracia y derechos laborales. Semanario Caja de Herramientas, octubre 3 de 2014. Fuente: http://bit.ly/2ev216L.

6 Central Unitaria de Trabajadores (2014), con-clusiones del VI Congreso Nacional de la CUT, Bogotá. Fuente: http://bit.ly/2dzEtxD.

7 Federación Colombiana de Educadores (1987), congreso constitutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Bogotá, p. 25.

Quinto y sexto Congreso de la CUT:En defensa de los intereses de la clase trabajadora

Quinto Congreso. Foto Manuel Mora (QEPD).

Alejandro Pedraza, presidente nacional de la CUT, en el lanzamiento del Sexto Congreso.

10 Nº 145, octubre de 2016e c o n o m í a

Consuelo Ahumada

Ph.d. en cienciA PolíticA de new york University. ProfesorA UniversitAriA y

miembro de número de lA AcAdemiA colombiAnA

de cienciAs económicAs, Acce cAhUmAdAbg@gmAil.com

El gobierno de Santos presentó con carácter de urgencia esta semana su tercera reforma tributaria al Congreso, con el argumento de que se necesita

recaudar los recursos que se han dejado de percibir en los últimos dos años, debido al derrumbe de los precios del petróleo. Pero esto es solo una explicación parcial del problema. La crisis fiscal del país es producto ante todo de la persistencia en un modelo basado en la llamada confian-za inversionista, en especial en el sector minero-energético, la apertura económica, el endeudamiento externo y el abandono del sector productivo por parte del Estado.

La presente reforma tributaria sobreviene en el peor momento posible, dadas las difí-ciles condiciones políticas del país. Pese a la creciente movilización social para que se concreten por fin los acuerdos de paz con las FARC, dicha reforma se convierte en un obstáculo adicional para la ratificación definitiva de los mismos. No es que la re-forma en sí misma contradiga los acuerdos, por cuanto estos no ponen en cuestión la vigencia del modelo económico vigente, sino más bien que se trata de una reforma altamente impopular. Este proyecto, al igual que las otras doce reformas que se han aprobado en los últimos veinticinco años, incluidas las tres presentadas por el gobierno de Álvaro Uribe durante sus dos mandatos, busca ante todo favorecer a los inversionistas extranjeros y a los empresa-rios nacionales, a costa de los trabajadores y los amplios sectores de la población. Es decir, se pretende afianzar la estrategia neoliberal cuyos efectos han sido tan ne-gativos para el país, en contravía de los vientos de cambio que empezaron a soplar desde las naciones del Sur del continente en el presente siglo.

Las presiones internacionales para que se presentara esta reforma fueron muchas y muy fuertes. La OCDE, el FMI, el Banco Mundial y el BID insistieron en que se hiciera cuanto antes. La muy poderosa agencia calificadora de riesgo Standard & Poors (S&P), después de cambiarle la calificación de riesgo soberano a la econo-mía colombiana de estable a negativa, le advirtió a la administración Santos en tono

perentorio que, de no hacer con prontitud los ajustes que se requerían, el siguiente paso que adoptaría sería anunciar una baja de calificación de la economía del país (Crédito costoso y más impuestos, los efectos de la decisión de S&P”, El Tiempo, domingo 21 de febrero de 2016, p.17).

Para cumplir con dicha orientación, el Gobierno Nacional conformó la Co-misión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria, con el objetivo de que formulara propuestas para hacer más equitativo y eficiente el sistema tri-butario del país. En diciembre de 2015 presentó su informe final, acogiéndose a las recomendaciones de las entidades internacionales. En términos generales, el proyecto de reforma que el ministro de Hacienda acaba de presentar al Congreso recoge los lineamientos de este informe.

Es necesario destacar que la política tribu-taria es un mecanismo fundamental para mejorar la distribución del ingreso, reducir la pobreza y desigualdad y sacar adelante las tareas del desarrollo y la construcción de la sociedad del posconflicto, en el caso de Colombia. Si se parte de una concep-ción que privilegie dichos objetivos, una reforma tributaria estructural es indispen-sable para obtener los recursos financieros con el fin de desarrollar las políticas públi-cas que se requieren.

Por el contrario si, más allá de la retórica del texto y el discurso, el punto de partida y de llegada de la reforma tributaria es el afianzamiento del modelo económico vigente, esta se convierte más bien en un ejercicio tecnocrático, pretendidamente apolítico, cuyo objetivo es alcanzar efi-ciencia en la recaudación de los ingresos fiscales para que el Estado siga cumpliendo

con la función primordial que se le ha asig-nado en las últimas décadas: garantizar las mejores condiciones para la inversión extranjera.

Dentro de esta lógica, los principios básicos que sustentan esta reforma y sus medidas principales son las siguientes:

1. Se parte de que los impuestos no pue-den desestimular la inversión privada, considerada como la base del creci-miento económico. En este respecto, se contempla unificar el impuesto de renta para las empresas y reducirlo gra-dualmente, de manera que en el 2019 sea del 32%. Se plantea la eliminación del CREE, sin afectar los recursos que se asignaban al ICBF, Sena y la salud, por cuanto 9% del impuesto unificado de renta tendrá esta destinación. Se plantea gravar los dividendos en cabeza de las personas naturales, con tarifas diferenciales, según el monto repartido.

2. Se propone bajar el umbral de tributa-ción y ampliar la base tributaria, para incluir a quienes devenguen ingresos mensuales desde $2.750.000. Para el 2019 se estipula el monto gravable a partir de $2,480.000 (1000 UVT, Unidades de Valor Tributario a valores de 2016).

3. Se crea el llamado monotributo, con el cual se pretende gravar a las personas naturales dedicadas al comercio al por menor y a las peluquerías, y se plantea

La nueva reforma tributaria:Tropiezo al acuerdo de paz y

afianzamiento de la estrategia neoliberal

como voluntario, en lugar del impuesto de renta, pretendidamente con el fin de que estos sectores hagan el tránsito hacia la formalización.

4. Se propone incrementar los impues-tos indirectos, en especial el IVA, del 16 al 19%. Aunque se dice que no se afectará la canasta familiar, esto no es cierto, porque efectivamente aparecen incluidos productos básicos de consumo popular.

5. Se crea el llamado “impuesto al carbono”, que recae sobre el contenido de carbono de los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo. Este impuesto tendrá un impacto significativo en el precio del combustible.

6. El proyecto propone algunas medidas de modernización tributaria, en materia de tributación internacional, al tiempo que plantea cárcel y otras medidas pu-nitivas para los evasores de impuestos, No obstante, aunque la modernización tributaria es necesaria, el control de los recursos financieros y de los paraísos fiscales parece un objetivo cada vez más utópico, en un mundo diseñado a la medida de los grandes capitales financieros.

Queda claro, entonces, que la reforma tri-butaria presentada es fundamentalmente regresiva, tanto para los trabajadores y la clase media como para las perspectivas de desarrollo del país.

Nº 145, octubre de de 2016 11e c o n o m í a

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Carlos Julio Díaz

director generAl de lA ens

Colombia se caracteriza por tener elevados índices de pobreza. Dentro del contexto internacional es uno de los países con mayores niveles de

desigualdad en la distribución del ingreso, situación de la que es responsable, en parte, la política de gastos y recaudos públicos.

El gasto público tiene como finalidad dotar a la sociedad de cierta cantidad de bienes colectivos, como la justicia, la seguridad, la defensa nacional, carreteras, parques, servicios públicos domiciliarios, salud, edu-cación, etc., siendo el gasto público social prioritario por mandato constitucional para que tenga un efecto redistributivo.

No obstante, el presupuesto de gasto públi-co dedica casi el 25% al servicio de la deu-da ($50 billones en el 2016) que favorece al capital financiero. También las ayudas y subsidios benefician muchas veces más a los ricos que a los pobres, como se evi-denció con el escandaloso programa Agro Ingreso Seguro. Pero el mayor problema que distorsiona la finalidad del gasto públi-co, es el fenómeno de la corrupción, que, según un informe publicado por la Sociedad Colombiana de Economistas, le costó al país alrededor de $189 billones entre los años 1991 y 2010, equivalentes al 4% del PIB durante esos 19 años.

El sistema tributario a su vez tiene un bajo nivel de recaudo (14,7% del PIB), es profun-damente inequitativo, tiene altos niveles de evasión (del 25% en renta e IVA), no apoya actividades empresariales con mayor im-pacto en la generación de empleo, y su alta dependencia de la producción y exportación de productos minero-energéticos ha causa-do un hueco fiscal de $27,2 billones ante la abrupta caída de sus precios internaciona-les. Por otra parte, tras la caída de la renta petrolera, la devaluación del peso frente al dólar ha encarecido el pago de intereses de la deuda en $ 7,2 billones. En resumen, el faltante en las finanzas públicas de este año asciende a $ 34,4 billones (4,3% del PIB).

Una paz estable y duradera necesita que la política macroeconómica garantice una mejor redistribución del ingreso y promueva el desarrollo industrial y agrícola, que son los sectores que mayor impacto pueden tener en el empleo en cantidad y calidad, lo que a su vez fortalecería la demanda interna como condición necesaria para la sostenibilidad del crecimiento a largo pla-zo. Nos corresponde en esta perspectiva diseñar un sistema tributario que se funda-

mente en los principios establecidos en la Constitución Política de equidad, eficiencia y progresividad.

El proyecto de reforma tributaria presenta-do al Congreso por parte del Gobierno no tiene ese enfoque. No garantiza un mayor recaudo mediante el desarrollo de activida-des empresariales en la economía real, y por tanto de empleos con mejores ingresos. Mantiene la inequidad horizontal y vertical, y les da mayor peso a los impuestos regre-sivos. Veamos:

1. Disminuye el impuesto de renta a las empresas a una tarifa única del 32% y no incorpora el principio de progresivi-dad. Se aumenta la tarifa a las personas naturales que ya declaran renta y se in-corporan 500 mil nuevos contribuyentes, al bajar el ingreso mínimo para declarar de $3,7 millones a $2,65 millones. Sin embargo, el aumento de la base de contribuyentes no compensa la rebaja al impuesto de renta a las empresas, por lo que se espera que en 2017 por este concepto se reduzca el recaudo en casi $2 billones.

2. No elimina los beneficios tributarios (zonas francas, contratos de estabilidad jurídica, otras exenciones) que generan inequidad horizontal.

3. Aumenta la tarifa general del IVA del 16% al 19%, e incorpora servicios del sector de telecomunicaciones. De hecho, el 60% de la canasta familiar ya tiene IVA, por lo que se calcula un impacto en la inflación de un 2%. Por este impuesto, que grava el consumo y es altamente re-gresivo (en términos relativos paga más el que menos gana), el Gobierno espera aumentar el recaudo en $8,2 billones.

4. Aumenta el impuesto a la gasolina. Este es un impuesto indirecto, que también tendrá un impacto regresivo con el incre-

mento de precios de la canasta familiar. Con él espera el Gobierno recaudar casi $1 billón de pesos.

5. De manera general les permitirá a las empresas el descuento del IVA pagado en compras de bienes de capital. No hay un tratamiento diferenciado favorable para los sectores estratégicos en el desarrollo y la generación de empleo.

6. Otros puntos del proyecto proponen: una tarifa del 10% a los dividendos, no pagarán impuestos las pensiones altas, se mantiene el régimen especial de las entidades sin ánimo de lucro, se establece el monotributo a los pequeños negocios, y cárcel para los evasores.

Sigue siendo un reto para nuestro país tener un sistema tributario ajustado a los principios constitucionales, que cumpla no solo las funciones de generar los in-gresos necesarios para el funcionamiento del Estado, sino también alentar las acti-vidades empresariales que benefician el empleo y castigue las especulativas, que

son probadamente nocivas al bienestar general.

La mejor reforma tributaria es un progra-ma de desarrollo económico que amplíe la base tributaria al aumentar la densidad y rentabilidad empresarial del sector real y el empleo estable y bien remunerado. La política tributaria puede contribuir a este propósito si se dan ventajas tributarias solo a las empresas productivas que reinviertan utilidades en modalidades de alto contenido de capital y tecnología, mientras se gravan con altos impuestos a las formas parasita-rias, insanas y rentísticas del ingreso, que está más que probado tienen bajo impacto en el empleo.

¿Tiene presentación política una reforma tributaria que mantiene la inequidad y au-menta la regresividad? ¿Una reforma en la que el mayor recaudo recae en las capas medias, y que es inferior a la plata que se pierde en corrupción, evasión y exagera-dos beneficios tributarios? Publicado 24 de octubre de 2016.

PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA

¿Realmente promueve la inversión, el empleo y la equidad?

12 Nº 145, octubre de 2016i n t e r n a c i o n a l

CSICSICSICSIC O N F E D E R A C I Ó N S I N D I C A L I N T E R N A C I O N A L ( C S I ) E N L Í N E A

La Confederación Sindical Inter-nacional considera que las ga-rantías de calidad por parte de Samsung tras la lenta y caótica

retirada de su teléfono Galaxy Note 7 no tienen en cuenta el historial de la empresa en lo que respecta a los derechos labora-les y las condiciones de trabajo, que es precisamente lo que originó el problema de seguridad de su producto.

“Tan cierto como que el día sigue a la noche, una cultura de la represión contra la voz colectiva de los trabajadores de Samsung ha dado lugar a las catastróficas fallas de calidad en la empresa. Cuando los trabajadores y las trabajadoras tienen mie-do de hablar acerca de los problemas rea-les que existen en la línea de producción a causa de una cultura de gestión arrogante y dominante, tanto trabajadores como consu-midores corren los mismos riesgos para su salud y su seguridad”, afirmó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

Las prioridades de Samsung son total-mente equivocadas. Inicialmente trató de minimizar el problema y evitar las conse-cuencias, y todavía no muestra señales de reconocer los costos humanos y financieros que implica la forma en que tratan a sus trabajadores.

La asamblea general extraordinaria de accionistas del 27 de octubre será una prueba de la sensibilización de Samsung con respecto a lo que está en juego. Aun cuando el orden del día de la reunión de Seúl incluye una redistribución de los eje-cutivos y un enfoque de “aquí no ha pasado nada”, los inversores responsables proba-blemente desearán explicaciones sobre el desastre de los teléfonos que explotan. En los EE.UU. actualmente se ha presentado una demanda colectiva de los consumido-res contra Samsung, y el secretismo del sistema “Chaebol” de conglomerados de empresas de Corea se examinará con lupa.

La CSI ha reunido pruebas de la exis-tencia en la empresa de una cultura de encubrimiento durante las auditorías de inspección, así como la destrucción de los sindicatos entre los proveedores de Samsung en Filipinas.

Accionistas advierten las someras garantías de calidad de Samsung

Massimo Kuhano comentó: “Soy un técnico y no dispongo de gafas de seguridad para trabajar con las máquinas rectificadoras. Si la empresa tiene una visita de los inspec-tores, la empresa nos da una máscara y equipo de seguridad, pero solamente si hay una auditoría de inspección, para que nues-tros visitantes piensen que es una buena empresa.” https://www.youtube.com/watch?v=uRxHF0DCqnA&feature=youtu.be.

La CSI va a escribir a los accionistas para formular preguntas clave acerca de la sos-tenibilidad, la seguridad y la viabilidad de sus inversiones.

“Samsung ha perdido el norte. Se preocu-pa por la seguridad del cliente y la calidad, pero sin preocuparse de sus trabajadores; la codicia corporativa será la responsable de más muertes y lesiones”, señaló Burrow.

Para proporcionar un futuro seguro para sus trabajadores, consumidores e inver-sores, Samsung debe:

1. respetar los derechos de los trabaja-dores y las trabajadoras a formar y afi-liarse a un sindicato, poniendo fin a su política antisindical y reintegrando a los trabajadores despedidos por organizar un sindicato;

2. asumir la responsabilidad de su mano de obra oculta, que representa 1,5 mi-llón de trabajadores, asegurando pues-tos de trabajo seguros y no precarios, un salario mínimo vital, el derecho a la negociación colectiva, a un procedi-miento de quejas y recursos judiciales;

3. y -poner fin a la cultura del miedo, que obliga a los trabajadores a abstenerse de hablar acerca de las prácticas exis-tentes en el lugar de trabajo.

Informe: “Samsung expuesto – Tecnología moderna, condiciones medievales” http://www.ituc-csi.org/samsung-modern-tech-medieval

Vídeo: “El secreto de Samsung” https://youtu.be/fxyiXIBwhHM

Petición para exigir que Samsung ponga fin a su política antisindical: www.samsun-gexposed.org l las apoya firmemente”, afirma Burrow.

La CSI celebra la publicación de un informe sin precedentes de la ONU http://freeassembly.net/wp-con-tent/uploads/2016/10/A.71.385_S.

pdf sobre el derecho de reunión pacífica y asociación, e insta a los gobiernos a tomar medidas respecto a sus conclusiones. El informe, elaborado por el Relator Especial de la ONU, el eminente abogado keniata, Maina Kiai, se presentará a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el 20 de octubre.

En palabras de Kiai, “Nuestro mundo y su economía globalizada están cambiando a la velocidad de la luz y es esencial que las herramientas que utilizamos para proteger los derechos laborales se adapten igual de rápido”. Y añade: “El primer paso hacia este objetivo consiste en borrar la distinción anticuada y artificial entre derechos labo-rales y derechos humanos en general. Los derechos laborales son derechos humanos y la capacidad de ejercerlos en el lugar de trabajo es un requisito indispensable para que los trabajadores disfruten de una amplia gama de otros derechos, ya sean económicos, sociales, culturales, políticos o de otra índole.

Entre las principales conclusiones del in-forme, destacan:

1. Los trabajadores tienen poca fuerza para cambiar las condiciones que blin-dan la pobreza, alimentan la desigual-dad y limitan la democracia;

2. Millones de trabajadores informales trabajan en cadenas mundiales de su-ministro, donde se observan algunos de los peores abusos de la libertad de

reunión pacífica y de asociación y don-de suelen concentrarse trabajadores migrantes; y

3. La discriminación, los abusos y la rele-gación a trabajos en lo más bajo de la economía mundial menoscaban la ca-pacidad de las trabajadoras para unirse y formar organizaciones que defiendan sus intereses.

“Felicitamos a Maina Kiai por este histó-rico informe, que lleva las luchas de los trabajadores y trabajadoras de todo el pla-neta al corazón de las Naciones Unidas. Gobiernos y empleadores, incluidas algu-nas de las más conocidas compañías del mundo, están negando el derecho a sindi-calizarse y a un empleo digno a millones y millones de trabajadores y trabajadoras. Los gobiernos deben tomar cartas en el asunto y velar por el cumplimiento de estos derechos, poner fin al doble escándalo de la pobreza y la explotación en las cadenas de suministro y estructurar el empleo in-formal”, afirma la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

Trabajadores de México, Honduras, Hong Kong y Suazilandia ofrecerán su testi-monio en un evento especial http://www.solidaritycenter.org/special-un-report-wor-ker-rights-key-human-rights/ , copatrocina-do por la CSI, y el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, entre otros, en Nueva York, el día después de la presentación del informe ante la Asamblea General.

La CSI representa a 180 millones de tra-bajadores y trabajadoras en 162 países y territorios y cuenta con 333 afiliadas nacionales.

Informe sin precedentes de la ONU sobre la libertad de reunión y asociación

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Los peligros de la extracción petrolera en la provincia de Sugamuxi

SOS por la vida y el territorioDianna Camila Dávila

diAnnA cAmilA dávilA es integrAnte del colectivo somos ciUdAdAnos.

Muchos rumores han sur-gido sobre la suspensión de la audiencia pública del 29 de septiembre, a realizarse en el municipio

de Pesca (Boyacá). El encuentro, tenía como objetivo socializar la intención de la multinacional francesa Maurel & Prom de explorar y explotar petróleo en inmedia-ciones de la laguna de Tota. Finalmente esta fue aplazada para el domingo 6 de noviembre.

Maurel & Prom lleva más de cinco años intentando extraer crudo del suelo de la Provincia de Sugamuxi. En 2011 esta transnacional anunció la puesta en marcha del proyecto Muisca 3D, que pretendía sa-car petróleo de 6 municipios de la región. En alianza con la Compañía Geofísica Latinoamericana (CGL), en su momento socializaron ante las comunidades de Aquitania, Tota, Pesca, Firavitoba, Iza y Sogamoso un engañoso proyecto de sísmica y extracción petrolera, que atenta gravemente contra la zona adyacente a la cuenca del laguna de Tota.

Recientemente Óscar Vanegas, ingeniero de petróleos y docente de la Universidad Industrial de Santander, en entrevista re-ciente advirtió sobre los peligros de dicho proceso de exploración lo siguiente: “no podemos arriesgar un ecosistema tan frágil como este porque según el mismo Ideam, la zona más débil con el cambio climático es Boyacá y casi toda la cordillera oriental, los páramos no son capaces de adaptarse a este cambio y va a haber menor lluvio-sidad y está propensa a que el cambio climático la convierta en un desierto por lo que no se puede permitir que esta zona sea explotada”. [1]

A un centenar de kilómetros, en el depar-tamento de Casanare, permanecen vivas las imágenes en la retina de miles de com-patriotas del agotamiento de las fuentes hídricas que ese territorio experimentó producto de la extracción de petróleos con la técnica de fractura hidráulica o fracking, la cual requiere de ingentes cantidades de agua para la exploración y explotación.

Los daños ambientales de este método para Casanare, no solo significaron la extin-ción del agua subterránea, el desecamiento de lagos y ríos sino la muerte de miles de aves, babillas, chigüiros, vacas y peces.

No sobra redundar y repetir que la minería y la extracción de hidrocarburos es una actividad que produce millones de dólares en dividendos para las compañías multina-cionales que la llevan a cabo. Lo inverosímil del caso es que dichas empresas pagan impuestos casi nulos al fisco nacional; evaden gravámenes; transfieren miles de millones de dólares sin ningún control tri-butario; desplazan comunidades; amena-zan líderes que se oponen a los proyectos minero-energéticos en las regiones, hasta llegar al punto en que dichas advertencias se traduzcen en asesinatos.

Boyacá no es la excepción a la regla ya que sufre de manera agresiva los efectos devastadores de la minería y los hidrocar-buros. El enfrentamiento de las comunida-des con los proyectos extractivitas se han agudizado y multiplicado en los últimos 10 años.

En el caso del ecosistema que rodea la laguna de Tota, las actividades de sísmica iniciales realizadas por la empresa Maurel & Prom han acabado con 210 cuerpos de agua.

El ejemplo del municipio de Pesca es es-cabroso: la actividad de Maurel & Prom desplazará aproximadamente a 7.000 ha-bitantes del municipio y de las dos veredas de la población de Tota. De las 21 veredas de Pesca, 15 estarán expuestas a la explo-ración y explotación petrolera, salvándose solamente 6.

Todo comenzó 5 años atrás cuando los ingenieros crearon una sinuosa manera de engañar a las comunidades diciéndoles “estos son unos aparaticos que no les van a afectar”.

El tiempo se encargó de corroborar de que dichos “aparaticos” son en realidad

detonadores que han producido fuertes explosiones y el progresivo desecamiento de nacimientos de agua, pozos comunales, múltiples agrietamientos de sus hogares y deslizamientos de tierra continuos.

La dimensión del engaño, contra los cam-pesinos, incluye frases como "nosotros vamos a ingresar a su predio una carga de sismigel, que explota pero no explota". El sismigel es un explosivo de nivel 6 de riesgo, según información obtenida de la ficha técnica suministrada por la Industria Militar Colombiana (Indumil), en la ciudad de Sogamoso.

Muchas viviendas de la región son elabora-das con adobe y tapia pisada, estructuras frágiles que colapsaron como consecuen-cia de las múltiples explosiones. Los afec-tados han recibido respuestas como el ofrecimiento, a manera de indemnización, de 80 mil pesos por cada vivienda dañada así como promesas de vacantes laborales para los habitantes de la zona.

Desde nuestro tejido organizativo local, en defensa de la vida y el territorio, deno-minado Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi, en relación a los tópicos descritos anteriormente, hemos establecido e inferido lo siguiente:

1. Esta afectación sísmica ha generado un impacto directo en el recurso hídri-co que hace parte del rio Chicamocha, afluente de agua que atraviesa gran parte del país y cuya cuenca esta afectando a uno de los municipios en cuestión: Pesca.

2. Inicialmente el territorio otorgado a la multinacional por la ANLA, para la ex-ploración y explotación petrolera, fue de 35.000 hectáreas que se redujeron a 8.033 hectáreas, al hacerse efectivas algunas denuncias en un comunicado emitido por la Contraloría, el cual es-tableció que en esa zona no es posible hacer actividad petrolera por las “irre-versibles afectaciones que se generan en e la laguna de Tota y comunidades aledañas”. Sin embargo, la cuenca del río sigue siendo vulnerada al extenderse el impacto más allá de las comunidades rurales, llegando a afectar a los habitan-tes de la ciudad de Sogamoso, quienes consumen las aguas de esta zona de recarga hídrica.

3. Lo sucedido en la región ha servido de oportunidad perfecta para que personas inescrupulosas, algunas financiadas por agentes políticos locales, y la misma Maurel & Prom, hayan querido usu-fructuar el proceso de lucha ambiental para beneficio propio. Estos “falsos ambientalistas” han intentado tomar la vocería de las comunidades para frenar cualquier tentativa de la población de enfrentar a quienes actúan en contra de sus intereses, en este caso los or-ganismos públicos cooptados por la multinacional.

Notas

1 "La explotación en Boyacá es más grave que en Caño Cristales", entrevista a Óscar Vanegas, periódico Entérese, octubre 23 de 2016.

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16 Nº 145, octubre de 2016

La nación latinoamericana 30Las tareas de las jóvenes repúblicas

RETOMANDO EL HILO: El modelo agroexportador ni desarrolló el mercado interno, ni la industria, ni au-mentó los ingresos salariales.

Pascual Amézquita Zárate

docente UniversitArio Phd. en economíA

El modelo agroexportador: una lotería

Las potencias económicas tienen como pila-res de su fuerza el sólido mercado interno y la baja dependencia del entorno mundial, es decir, su actividad económica tiene como principal punto de apoyo el consumo por parte de sus nacionales. Por el contrario,

los países atrasados dependen en una muy alta medida de lo que suceda en el resto del planeta.

Al no contar con un sólido mercado interno, los países agroexportadores padecen lo que de manera muy atinada se conoce como la lotería de los productos básicos, denominación usada por primera vez, quizá, por el historiador Víctor Thomas-Bulmer. Esa lotería se manifiesta de diversas formas, que, aunque en esta estrega se analizan para el siglo XIX, siguen siendo vá-lidas para la situación de América Latina hoy. Y explican por qué entonces, como hoy, el modelo agroexportador no puede ser la base del desarrollo.

El vaivén de los preciosTodos los precios de la economía están sujetos a su-bidas y bajadas y, a largo plazo, todos los precios tien-den a caer. Pero estos movimientos bruscos son más marcados en los llamados productos básicos (materias primas y productos agropecuarios). Igualmente, la caída en largos períodos es más acelerada para estos.

Las fluctuaciones se ven agravadas por otra circunstan-cia propia de los productos básicos: cuando comienzan a subir los precios un creciente número de inversionistas se vuelca a producir allí. Y cuando llega el momento de saturación del mercado es muy complicado frenar la producción. Es más, cuando los precios empiezan a caer por la saturación, lo usual es que se lancen más producto al mercado para tratar de seguir obteniendo el mismo ingreso que antes de la caída de precios.

Se observa que, a diferencia de lo que ocurre en los productos industriales, cuando empiezan a caer los precios, los productores entran en un círculo vicioso y muy destructivo de aumento de volúmenes ofrecidos y mayor baja de los precios.

Todo auge de precios de los cereales o de las materias primas es seguido por una destructiva sobreoferta de esos productos en los años subsiguientes, con caída incontrolable de los precios.

Trampa de pobrezaPor allá desde 1860 las economías sólidas recurren a toda clase de medidas proteccionistas, en particular los subsidios agrícolas, para evitar que esos ciclos arruinen

a sus agricultores y, sobre todo, pongan en peligro su seguridad alimentaria.

Por el contrario, las economías atrasadas, además de aumentar la producción hasta quebrarse, lo que hacen es disminuir los salarios y las ganancias nacionales para poder seguir compitiendo. Ese fenómeno se conoce como la trampa de pobreza.

Un ejemplo actual sirve para entender esta dinámica destruc-tiva: cuando se discute la razón por la cual el café colombiano va perdiendo espacio en el mercado mundial y es reempla-zado por el vietnamita o el africano, la explicación más fre-cuente es que los salarios de los campesinos colombianos son muy altos en comparación con los de sus competidores.

La solución, así planteado el problema, es disminuir los salarios de los campesinos (que en buena proporción en Colombia son propietarios y a la vez sus propios asalaria-dos), es decir, no permitir que haya riqueza sino pobreza para seguir siendo competitivos.

Igual cosa ocurre con otros pagos asociados a los bienes primarios. Piénsese, por ejemplo, usando otro ejemplo ac-tual, en la presión que están ejerciendo los inversionistas petroleros para que se les rebajen, aún más, los impuestos y regalías que le pagan al Estado colombiano, aduciendo una caída en su ganancia. La historia de América Latina del siglo XIX está llena de ejemplos similares, lo que se traduce en que cuando los precios son altos los inver-sionistas extranjeros obtienen ganancias exorbitantes y cuando caen esos precios piden mayores prebendas.

La causa de la guerra de la Triple Alianza (1864) y de la guerra del Pacífico (1879) fue la voracidad de las empre-sas extranjeras por el reparto de las ganancias mineras, como se verá en próxima entrega.

Es decir, de nuevo se observa que la solución al pro-blema de la caída de los precios es empobrecer más y más al Estado en este caso, lo que implica un problema para toda la sociedad.

La ley de EngelEl economista alemán Ernest Engel, quien vivió entre 1821 y 1896 (no confundir con el marxista Federico Engels, también alemán y quien vivió entre 1820 y 1895) observó que a medida que aumenta el ingreso de los individuos y los países su gasto en alimentos disminuye porcentualmente en relación con los otros gastos. Es decir, a medida que los países avanzan y tienen, por tanto, mayor riqueza, un porcentaje menor de ese total se dedica a los productos agrícolas.

No se escapa el impacto que esto tiene para las eco-nomías que dependen de la exportación de productos agrícolas.

Un hecho similar es que, día por día, para producir una determinada mercancía se emplea menor cantidad de materias primas. Piénsese por ejemplo en la mayor cantidad de acero usado por los carros más antiguos frente a los más modernos.

Esta tendencia también pone en creciente desventaja a los países agroexportadores, y se suma a los pro-blemas de la lotería de los precios.

Pero aún quedan otras manifestaciones que se ana-lizarán en la próxima entrega.