15.ª SESIÓN (Vespertina) MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DE 2012 … · 2015-08-24 · Primera Le gsi L...

1395Primera LegisLatura Ordinaria de 2012 - tOmO ii - Diario de los Debates

15.a sesión (vesPertina) 3-10-2012 - Diario de los Debates

15.ª SESIÓN (Vespertina)

MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DE 2012

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES VÍCTOR ISLA ROJAS

Y

JOSÉ LEÓN LUNA GALVÉZ

SUMARIOSe pasa lista.— Se abre la sesión.— Se aprueba en primera vo-tación el texto sustitutorio del proyecto de ley que modifica el Decreto Ley 25475 (Decreto ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investiga-ción, la instrucción y el juicio) con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento del terrorismo.— Se aprueba la cuestión previa planteada por el congresista Diez Canseco Cisneros para que se postergue el debate del proyecto de ley mediante el cual se propone modificar diversos artículos del Código Civil.— Se aprueba una moción de saludo a la Corte Superior de Justicia de Puno.— Se aprueba el proyecto de resolución legislativa por el que se propone aprobar el Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el Establecimien-to de Sistemas de Control Integrado en los Pasos de Frontera de Perú y Brasil.— Se aprueba en primera votación y se acuerda exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley por el que se propone modificar la Ley 29588, Ley que Complementa las Facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).— Se aprueba en primera votación y se acuerda exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley que declara el 7 de octubre de cada año como el Día de la Marinera.— Se aprueba el texto sustitutorio del proyecto de ley mediante el cual se deroga el artículo 7 de la Ley 29914, Ley que Establece Medidas en Materia de Gasto Público.— Se rechaza el pedido de reconsideración del congresista Apaza Condori con respecto a la votación del Informe Final N.° 5 de la Comisión de Ética Parlamentaria.— Se rechaza el pedido

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de reconsideración del congresista Yovera Flores con respecto a la votación del Informe Final N.° 6 de la Comisión de Ética Parlamentaria.— Se rechaza el pedido de reconsideración de la congresista Chávez Cossío con respecto a la votación del In-forme Final N.° 10 de la Comisión de Ética Parlamentaria.— Se rechaza el pedido de reconsideración del congresista Pariona Galindo con respecto a la votación del Informe Final N.° 9 de la Comisión de Ética Parlamentaria.— Se aprueban mociones de saludo al Partido Nacionalista Peruano y a los campeones na-cionales de marinera.— Se aprueban modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias y a la composición de una comisión investigadora.— Se levanta la sesión.

—A las 17 horas y 7 minutos, bajo la Presidencia del señor Víctor Isla Rojas, el Relator pasa lista, a la que contestan los señores Miguel Grau Seminario1, Acuña Núñez, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coa Aguilar, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Diez Canseco Cisneros, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, Lescano Ancieta, López Córdova, Mavila León, Merino De Lama, Molina Martínez, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tapia Bernal, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valqui Matos, Wong Pujada, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar. (Los señores congresistas precitados, además de contestar a la lista, registran su asistencia por medio del sistema digital.)

Con licencia oficial, los señores Falconí Picardo, Eguren Neuenschwander, Andrade Carmona,

Angulo Álvarez, Díaz Dios, Espinoza Cruz, Galarreta Velarde, García Belaunde, Inga Vásquez, Jara Velásquez (ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), Nayap Kinin, Otárola Peñaranda, Rivas Teixeira y Rodríguez Zavaleta.

Con licencia por enfermedad, el señor Abugattás Majluf.

Ausentes, los señores Luna Gálvez, Acuña Peralta, Anicama Ñañez, Becerril Rodríguez, Cabrera Ganoza, Chihuán Ramos, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, Espinoza Rosales, Gamarra Saldívar, Huaire Chuquichaico, Julca Jara, León Rivera, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Monterola Abregú, Mora Zevallos, Neyra Olaychea, Omonte Durand de Dyer, Oseda Soto, Pari Choquecota, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Sarmiento Betancourt, Simon Munaro, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tejada Galindo, Valle Ramírez, Velásquez Quesquén y Zamudio Briceño.

Suspendido, el señor Acha Romaní.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— El quórum para la presente sesión es de 59 representantes.

Han registrado su asistencia 74 congresistas.

Con el quórum reglamentario, se abre la sesión.

1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!



La Presidencia expresa el saludo de la Representación Nacional a la delegación del Club Libertad de Trujillo, presidido por el señor Fernando Burmester Landauro, así como a los campeones nacionales y mundiales de diversas categorías de marinera que se encuentran en la galería diplomática.

Señores congresistas, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces, el tiempo de intervenciones para expresar puntos de vista en aspectos de interés para el Pleno será a razón de diez minutos por grupo parlamentario.

De ser el caso, los voceros de los grupos parlamentarios se servirán alcanzar a la Mesa la relación de los congresistas que harán uso de la palabra y el tiempo que corresponderá a cada orador.

Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley que modi-fica el Decreto Ley 25475 (Decreto ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio) con la finalidad de sancionar el delito de

financiamiento del terrorismo

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Primer proyecto.

El RELATOR da lectura:

Dictamen por unanimidad de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del período anual de sesiones 20112012, recaído en el Proyecto de Ley N.° 783/2011CR, con una fórmula mediante la cual se propone modificar el Decreto Ley N.° 25475 (Decreto ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio) con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento del terrorismo.*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Justicia del período anual de sesiones 20112012, recaído en el Proyecto de Ley N.° 783, con una fórmula sustitutoria que propone modificar el Decreto Ley N.° 25475 (Decreto ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio) con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento al terrorismo.

Tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, hasta por diez minutos.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Muy buenas tardes.

Vamos a sustentar el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 783/2011-CR, que se refiere al delito

de financiamiento del terrorismo, con el objeto de establecer sanciones para toda persona que proporcione fuentes —lícitas o ilícitas, nacionales o internacionales— de financiamiento del terrorismo.

La finalidad del proyecto es garantizar la seguridad ciudadana y el orden público a través de la lucha frontal contra el terrorismo. Lo que se pretende es sancionar no solo a los ejecutores materiales, sino también a aquellos que presten colaboración financiera.

Lo relativo a la colaboración financiera ya se encuentra regulado en el artículo 4.° de la ley que se pretende modificar, del Decreto Ley N.° 25475; sin embargo, hay una interpretación equivocada de parte de los operadores de justicia en el sentido de restringirla a la comisión de un hecho terrorista, no a su colaboración.

Señor Presidente, con el debido respeto, ¿pide usted silencio o lo pido yo?

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Continúe, señora congresista.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Señor Presidente, si bien es cierto que el proyecto se ha aprobado por unanimidad, es menester señalar que su autor tiene algunas preocupaciones, y paso a explicarlas.

Hay un informe del Ministerio de Justicia en el sentido de que es importante aclarar cuáles son los verbos rectores en el tema del financiamiento. Por ello, se ha contemplado que los verbos rectores son proveer, aportar, recolectar, y que la actuación debe de ser voluntaria. Quiere decir que el que voluntariamente provea, aporte o recolecte fondos, recursos financieros o económicos, servicios financieros o servicios conexos con la finalidad de la comisión de cualquier delito de terrorismo incorporado en el Decreto Ley N.° 25475 será reprimido con pena privativa de libertad entre veinte y veinticinco años.

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.



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Es importante recalcar dos hechos.

El primero es que el congresista Salazar, autor del proyecto, señala que esto debiera ser un tipo autónomo recogido como tal en el artículo 7.° del decreto ley mencionado. Sin embargo, en ese decreto ley estaba incorporado el tipo penal de apología del terrorismo, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Si nosotros incorporáramos este tipo de financiamiento en el artículo 7.°, se generarían confusiones en la administración de justicia. Por ello, insistimos en que se incorpore en el artículo 4.° y se aclare, en una interpretación, en otro artículo, que este sería entendido como un delito autónomo.

De otro lado, este tipo penal responde a una obligación internacional asumida por el Perú en tratados relativos a combatir el terrorismo y reprimir el financiamiento del terrorismo. Entre estos tratados, quiero citar dos convenciones internacionales que recogen la necesidad de que el Perú establezca un tipo penal claro en su legislación nacional. Una de ellas es la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que no ha sido implementada en el derecho nacional o ha sido implementada de manera equivocada por los operadores de justicia. Y la otra es la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, que tiene por objeto prevenir, sancionar y eliminar las actividades terroristas.

Por estas razones, esta Comisión ha hecho suyos los planteamientos del congresista Octavio Salazar, autor del proyecto, y propone un texto sustitutorio en el sentido de adoptar como un tipo penal autónomo el financiamiento, sumados los verbos rectores a los que se ha hecho referencia y un criterio de interpretación que señalaría lo siguiente:

“El delito de financiamiento de terrorismo es un delito autónomo que para su consumación no requiere que, los delitos previstos en el Decreto Ley 25475, los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte o los fines de un grupo terrorista, se perpetren con ocasión del comportamiento típico del delito de financiamiento del terrorismo”.

Con esto se estaría superando el problema real en la aplicación del tipo penal por los operadores de justicia.

Al respecto, se ha señalado la omisión de los operadores de justicia por falta de claridad en la redacción. Aunque el tipo penal es claro y

podría considerarse un adelanto de punibilidad, la situación nacional que enfrenta el país hace necesaria esta mayor precisión y que se abunde en la descripción del tipo penal y de la norma.

El congresista Salazar, autor del proyecto, manifiesta su preocupación por que no se haya tratado como un tipo autónomo, y la única manera de superar eso no es tratándolo en un artículo separado sino haciendo la precisión en un segundo artículo de la norma que se pretende modificar.

Finalmente, es importante no restringir al tipo penal incorporado en la ley, porque el tipo penal original que nosotros incluíamos hacía referencia expresa al Decreto Ley 25475, que, lamentablemente, es restrictivo, porque el terrorismo se materializa con diferentes conductas que no estarían tipificadas en este decreto ley.

Por eso, la referencia —bien acotada por parte del congresista Salazar— de incorporar también lo reconocido en tratados vinculados nos parece que podría adelantarse a conductas terroristas que no han sido previstas en el decreto ley y evitaría que por un vacío legal no se sancionen.

Por esas razones, se incorpora un artículo que establece una penalidad para quienes voluntariamente provean, aporten o recolecten fondos con la finalidad de cometer cualquiera de los delitos previstos en el Decreto Ley 25475, los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte o los fines de un grupo terrorista.

Presidente, con eso he terminado. No sé si el congresista Salazar quiere hacer alguna precisión para corregir el texto sustitutorio, repartirlo y proceder a su votación.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Concluida la sustentación, se da inicio al debate.

Como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá, en aplicación del tercer párrafo del inciso b) del artículo 55.° del Reglamento, un máximo de dos minutos para exponer su posición.

Tiene el uso de la palabra, como autor del proyecto, el congresista Octavio Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPF).— Señor Presidente, en primer término quiero saludar a las campeonas de marinera de Trujillo, quienes siempre resaltan y enalte



cen a la mujer peruana. La marinera es parte de nuestro quehacer, sobre todo de los que llevamos en el alma al país. Un saludo cordial.

(Aplausos).

Presidente, este proyecto de ley que establece sanciones para el delito de financiamiento del terrorismo es de suma importancia. En el mundo de hoy ya existe una definición de lo que es el delito de financiamiento del terrorismo. El GAFI [Grupo de Acción Financiera Internacional] y el Gafisud [Grupo de Acción Financiera de Sudamérica] manifiestan que los países deben tipificar el financiamiento del terrorismo en base a la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo; y que se debe tipificar no solo el financiamiento de los actos terroristas, sino también el financiamiento de la organización terrorista y de los terroristas individuales, aun en ausencia de un vínculo con acto o actos terroristas específicos. Los países deben asegurar que tales delitos sean designados como delito determinante de lavado de activos.

Presidente, nosotros hemos estado desfasados en materia de legislación, por ello es que estamos dando cumplimiento a este asunto tan importante.

El GAFI es la organización que agrupa a treinta y seis países del orbe que le han declarado la guerra al terrorismo y al financiamiento del terrorismo a través del lavado de activos.

Esta norma…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Continúe, congresista.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPF).— … va a permitir que los operadores de justicia tengan una herramienta importante para perseguir de oficio este delito.

Este delito no puede ir dentro de la legislación como algo complementario, tiene que ser un delito autónomo.

Por eso, Presidente, como bien lo ha explicado la señora presidenta de la Comisión de Justicia, solicitamos la incorporación de este artículo para que nuestras organizaciones —la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial— puedan perseguir de oficio a estas bandas de criminales que están haciendo su dinero en base al narcotráfico y a otras fuentes de financiamiento.

El Grupo de Acción Financiera Internacional, del que el Perú forma parte, es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos.

Requerimos de toda una acción que nos permita avanzar en la tarea de perseguir a esta criminalidad que, a través del lavado de activos, crea fuentes de financiamiento para que el terrorismo pueda avanzar.

Tenemos los casos del Movadef y del Conare, que están utilizando el lavado de activos proveniente del narcotráfico para organizar una serie de acciones tendientes a desestabilizar el país.

Este es un tema en el que no podemos quedarnos a la espera de que estos grupos criminales sigan avanzando; por el contrario, tenemos que salirles al frente rápidamente con la finalidad de cortarles las alas a…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Concluya, congresista.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPF).— De ahí, Presidente, la importancia de que podamos nosotros definir estos actos terroristas, estos actos criminales de quienes voluntariamente ayudan a promover o facilitar la realización de actos terroristas o a financiar actividades, personas u organizaciones dedicadas a la práctica del terrorismo dentro o fuera del territorio nacional.

Para efectos del presente artículo, se consideran actos terroristas o actos de terrorismo a aquellos previstos en el presente decreto ley de la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, de 1999, y otros tratados internacionales suscritos por el Perú.

El financiamiento del terrorismo, como ya lo he manifestado, es un delito autónomo; por lo tanto, para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades de las personas u organizaciones terroristas se hayan hecho efectivas.

Presidente, esto es muy importante, porque estamos cubriendo un vacío de nuestra legislación.

Yo les voy a agradecer que en su debido momento aprobemos esta norma, para que las autoridades, la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial puedan actuar de llano y cortarles las alas a estos criminales.

Gracias, señor Presidente.



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El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Puede hacer uso de la palabra el congresista Omar Chehade.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Presidente, felicito al autor del proyecto, a Octavio Salazar, por esta norma que ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia.

Es cierto que Sendero Luminoso está en una etapa de reclutamiento enseñando el famoso pensamiento Gonzalo, reorganizando sus cuadros, copando comités vecinales, universidades públicas, frentes de defensa, con una estrategia a largo plazo.

Es evidente que el Estado peruano, en este caso el Congreso de la República, no puede quedar en una actitud incólume, impertérrita, ante este despropósito. Este proyecto de ley busca incorporar como delitos autónomos en nuestra legislación la recolección de fondos y el financiamiento del terrorismo.

En este caso es importante señalar que el sujeto activo puede ser cualquier persona que dolosamente provea o recolecte fondos. El verbo rector en este injusto penal es proveer de fondos para el financiamiento, pero también recolectar fondos para cometer actos de terrorismo o financiar a una organización terrorista.

La fuente de financiamiento puede ser lícita o ilícita. Eso resulta irrelevante. No es exigible, entonces, para su consumación, que los fondos sean utilizados para determinadas causas.

Por ello, Presidente, consideramos que esto significa un delito doloso, pues el agente sabe que esos fondos constituyen fuentes de financiamiento para una organización terrorista.

El beneficio de este proyecto de ley es que, a diferencia de lo que ya está normado, regula esta conducta no solo como un acto de colaboración, sino como un delito absolutamente autónomo, por lo que establece sanciones para el autor.

Asimismo, esta es una respuesta del Estado peruano ante el financiamiento que recibe el terrorismo, en especial Sendero Luminoso, no solo del narcotráfico sino también de otras fuentes, que pueden ser nacionales o internacionales.

Por esas razones, Presidente, se ha avalado, se ha suscrito y se ha aprobado este proyecto de ley

bien elaborado por el congresista Octavio Salazar. Y la respuesta de la bancada Nacionalista es apoyar los proyectos que traten de erradicar todo tipo de financiamiento al terrorismo y todo acto de subversión.

Muchas gracias, Presidente.

—Asume la Presidencia el señor José León Luna Gálvez.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— En vista de que ningún otro parlamentario pide el uso de la palabra, va a intervenir la congresista Marisol Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, el texto final incorpora los aportes que ha tenido a bien desarrollar el congresista Octavio Salazar y que hemos tratado en las últimas semanas.

Estaría compuesto por tres artículos:

En el primero de ellos, se incorporaría el artículo 4A al Decreto Ley 25475 con la fórmula que he señalado: “El que por cualquier medio, directa o indirectamente, al interior o fuera del territorio nacional, voluntariamente —y acá está la acción dolosa, en cualquiera de estas cuatro acciones— provea, aporte o recolecte fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos con la finalidad de cometer cualquiera de los delitos previstos en este decreto ley —y se añade la sugerencia del congresista autor del proyecto de incorporar adicionalmente—, cualquier acto terrorista definido en tratados de los cuales el Perú es parte o la realización de los fines de un grupo terrorista (…)”.

No nos circunscribamos a la conducta típica del terrorismo. Entendamos que el accionar de los terroristas evoluciona y sale a veces de los tipos descritos. Eso es algo que los tratados internacionales han anticipado mejor que la legislación nacional.

La sanción penal es de no menos de veinte ni más de veinticinco años.

Me pide una interrupción el congresista Martín Belaunde.



El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Puede hacer uso de la interrupción el congresista Martín Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Presidente, sobre esta remisión que se hace en la tipificación del delito tengo dos objeciones.

La primera de ellas se refiere a lo que se llaman leyes penales en blanco o leyes remitidas a otras leyes, las cuales, en cierta forma, vulneran un poco el principio de tipificación de ley estricta, porque hay que ir a otro documento, a otro instrumento jurídico, del que el Perú indiscutiblemente es parte, pero que propiamente no tipifica un delito. Los delitos no se tipifican por tratado internacional, salvo situaciones excepcionales, como la del Estatuto de Roma.

Esa es una observación, una interrogante.

La otra es que este delito que incluye actividades fuera del Perú puede ser posible en la medida que la acción terrorista se cometa en el Perú, y eso conlleva a algunas dificultades técnicas en cuanto a la persecución, represión, investigación y sanción del delito. Habría que aprehender a la persona fuera del Perú, y eso no es fácil, porque habría que extraditarla. Quien ha vivido un proceso de extradición como el que yo tuve la oportunidad de vivir en Argentina, alguno muy importante para el Perú, entiende que extraditar a una persona por un delito cometido fuera del país es algo difícil. Mi experiencia práctica con la extradición me dice que eso es algo difícil, y eso debería ser contemplado.

Otra pregunta es: ¿por qué se lleva la pena a treinta y cinco años en el caso del financiamiento del terrorismo? Yo creo que el financiamiento del terrorismo debe ser sancionado, pero treinta y cinco años de privación de libertad es la pena máxima que hay en el Perú.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Concluya, congresista.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Por muy grave que sea el delito que se cometa a consecuencia del financiamiento, el financiamiento de un delito no merece la pena máxima, porque se trata, desde mi modesto concepto, de un acto preparatorio de otro delito mayor.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Continúe, congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Señor Presidente, el congresista Beingolea me pide una interrupción.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Puede hacer uso de la interrupción el congresista Alberto Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGA-DO (APGC).— Presidente, para hacer frente a las objeciones que acaba de poner el congresista Belaunde, las cuales respeto mucho, pero no comparto.

Él se ha referido a la posibilidad de que una ley penal en blanco vaya en contra de la tipicidad —ese debe haber sido un error—. Luego dijo que iba en contra del principio de legalidad en el extremo de la ley estricta; pero permítame discrepar: sería en el extremo de la lex certa, más bien.

Más allá de eso, la posibilidad de una ley penal en blanco —y lo saben todos los penalistas— está abierta, existe, y es precisamente para que, remitidos a otra norma, podamos encontrar la tipificación en su conjunto, porque hay algunas circunstancias en las cuales el legislador no puede entrar en detalle.

Lo que exige el principio de legalidad en este extremo que usted señala, congresista —a través de la Presidencia—, es que haya dos precisiones en la norma:

La primera es que el núcleo de lo prohibido esté claramente establecido. En este caso, con toda claridad la norma prohíbe financiar. Ese es el núcleo de lo prohibido.

La segunda, que la pena esté claramente establecida. En efecto, la pena también está claramente establecida. Usted discrepa de la cantidad de penas que acá se están previendo, de manera tal que se cumple plenamente con el principio de legalidad.

Lo que se remite son circunstancias adicionales para completar el tipo, y esa es una estrategia absolutamente válida y aceptada en la doctrina internacional.

Lo segundo es que, discúlpeme usted, el hecho de que sea difícil perseguir un delito no quiere decir



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que no deba ser tipificado. Ese no me parece un argumento para no legislar: “Oiga, ¡qué difícil es perseguir este delito! Mejor no hagamos la ley”. Al contrario, hagamos la ley. Es tarea del Ministerio Público o de la Policía la persecución, pero la ley tenemos que darla de todas maneras.

Y con respecto a lo último, se puede discrepar de si es muy grande o no es muy grande la pena. Ahora es un acto perverso al cual se le están previendo los treinta y cinco años como tope —hay veinte, me parece, como mínimo—, pero es el acto perverso de no solo financiar, sino además ofrecer recompensa si termina dándose el acto terrorista. Ese es un acto perverso. O que quien financia sea un funcionario público o un servidor del Estado.

Entonces, estamos frente a situaciones realmente graves para la Nación.

Creo que se puede discutir si la pena de treinta cinco años es muy alta, pero me parece que sí son actos particularmente perversos.

Y en el tema de fondo —de alguna manera ya lo plantearon los congresistas Salazar y Chehade—, en teoría pura usted dice que en el desarrollo de los tipos penales esto sería un acto preparatorio; pero yo creo que no. Sería, más bien, una instigación. El que financia está instigando a que se realice un delito. No lo está preparando; lo está instigando.

Pero ocurre que hay determinadas circunstancias en las cuales hay actos preparatorios que, por política criminal, se consideran —como ya lo ha hecho este Congreso con la Ley de Marcaje, en la que, como en este caso, habría una instigación— en sí mismos un tipo autónomo, porque necesitamos combatir directamente acciones que le están haciendo daño a la Nación.

Esos serían mis comentarios al respecto, señor Presidente, y agradezco la interrupción concedida por la presidenta de la Comisión de Justicia.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Continúe, congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, le he alcanzado un texto sustitutorio que, como he señalado, incorpora sugerencias formuladas en las últimas reuniones y hoy, con mayor precisión, en el Pleno por el

congresista proponente del proyecto. Sin embargo, también es conveniente aclarar algunos de los señalamientos que ha hecho el congresista.

El texto sustitutorio plantea tres artículos.

El primero es incorporar el tipo de financiamiento del terrorismo en estos cuatros verbos rectores, y lo que hace es ampliar la finalidad —la finalidad, no los verbos rectores— a dos cosas: una, la que ya estaba contemplada, es decir, cualquiera de los delitos previstos en el Decreto Ley N.° 25475; y dos, la que no estaba contemplada en el Decreto Ley N.° 25475: cualquiera de los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte o la realización de los fines de un grupo terrorista. No sabemos cómo irán cambiando su accionar los grupos terroristas; por ello, las sanciones que se establecen para quienes financien las acciones contempladas en el Decreto Ley N.° 25475 son insuficientes para enfrentar la realidad.

Sin embargo, respecto a lo que él señala, la Convención Interamericana Contra el Terrorismo y la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo sí incorporan un tipo penal en este caso puntual, muy puntual. Como usted señala, normalmente no lo hacen, pero es en este supuesto en el que sí hablan de la definición del financiamiento del terrorismo en los siguientes términos:

“Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio que fuese, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que…”, etcétera.

Es decir, el tipo penal propuesto por el…

Ya he otorgado dos interrupciones. No sé si me permite hacer una excepción con la congresista Mavila, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Por excepción, puede interrumpir la congresista Rosa Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Este proyecto de ley tiene que ver no solo con la definición del tipo autónomo, sino también con la coherencia sistémica que hay en este tipo penal. Estamos ante un tipo penal abierto; pero además estamos

ante una propuesta penal que no distingue la conducta tentada de la conducta comisiva.



En el texto originario del proyecto se incrimina a quien recolecta fondos a sabiendas de que serán utilizados, aun cuando los actos no se hayan realizado.

Entonces, una cosa es recolectar fondos y que haya nexo causal con un acto terrorista; y otra, recolectar fondos aun cuando los actos no se hayan realizado.

Y en segundo lugar, a quien aporta o provee fondos se le sobrecriminaliza con una pena de veinte a treinta y cinco años privativos de libertad, cuando el que recolecta tiene una pena de quince a treinta años. Eso viola, como bien lo sabe la congresista Pérez Tello, el principio de proporcionalidad.

En el derecho penal de garantía rige el principio de determinación, y el principio de determinación en un Estado de derecho tiene que ver con la definición inequívoca de la conducta penal. Entonces, como bien lo ha señalado el congresista Martín Belaunde, no se puede hacer una criminalización por referencia de un tipo penal.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Puede usted continuar, congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, con relación a ambas observaciones, señalar solamente que la pena ya existe y está contemplada en el artículo 4.°, inciso f), que se va a derogar en el tercer artículo de la norma que se propone.

Hoy está regulada en el artículo 4.°, inciso f), con el siguiente texto: “Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas. La pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años si el agente ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto terrorista”.

Eso ya está recogido en la norma hoy; sin embargo, es importante resaltar el informe que se incorpora en el Plan Nacional de la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que señala que el delito de financiamiento de terrorismo se encuentra tipificado como un acto de colaboración con la comisión de un acto terrorista.

A raíz de ello, se ha interpretado que para que se configure la conducta de financiamiento al

terrorismo resulta necesario que los fondos sean efectivamente utilizados para cometer o intentar cometer un acto terrorista.

En la misma lógica de lo señalado por la congresista Rosa Mavila, debo manifestar que dicha exigencia, además de ser contraria a los requerimientos de las normas y estándares internacionales, ha tornado la norma extremadamente difícil de aplicar, tal como lo revela la falta de condenas. La redacción actual ha generado la necesaria corrección de un tipo penal, de modo que se entienda que se combate el financiamiento, que no es otra cosa que combatir el narcotráfico, porque el narcotráfico financia al terrorismo para que este distraiga la acción del Gobierno con actuaciones aisladas, como las que se dan en el Vraem, y permita un narcotráfico libre de persecución penal, de asignación logística y de unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional que tienen que combatir un delito mayor que significa la vida de peruanos y peruanas en todo el país, máxime en zonas como el Vraem.

Lo que estamos enfrentando es un problema para el cual no estábamos preparados y no estaba preparado el derecho penal. Por ello, ciertamente, habrá que sacrificar algo de dogmática por un bien mucho mayor: la tranquilidad de nuestro pueblo.

En ese sentido, señor Presidente, lo que hacemos es plantear dos artículos.

En el 1.°, se incorporarían los delitos reconocidos como tales en el decreto ley y cualquier otro que se describa como conducta terrorista en tratados internacionales, instrumentos que se están adecuando constantemente.

El artículo 2.° establecería un criterio de interpretación y aplicación para que se trate como un delito autónomo y no se repita lo que sucede actualmente.

Y el artículo 3.° derogaría el inciso f) del artículo 4.° del Decreto Ley N.° 25475, que ha impedido una correcta persecución.

Ese es el texto que planteamos a su consideración, señor Presidente; y si ya se han distribuido las copias correspondientes, solicito que se vote en este momento.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Se va a dar lectura al texto final remi



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tido por la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.


Texto Sustitutorio del Proyecto de Ley 783/2011CR, presentado el 3 de octubre de 2012 a las 17 horas con 54 minutos:

“Ley que Modifica el Decreto Ley 25475, Decreto Ley que Establece la Penalidad para los Delitos de Terrorismo y los Procedimientos para la Investigación, la Instrucción y el Juicio, con la Finalidad de Sancionar el Delito de Financiamiento del

Terrorismo

Artículo 1. Incorporación del artículo 4A al Decreto Ley 25475, Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para investigación, la instrucción y el juicio

Incorpórase el artículo 4A al Decreto Ley 25475, Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, en los términos siguientes:

‘Artículo 4A. Financiamiento del terrorismo

El que por cualquier medio, directa o indirectamente, al interior o fuera del territorio nacional, voluntariamente provea, aporte o recolecte fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos con la finalidad de cometer cualquiera de los delitos previstos en este decreto ley, cualquiera de los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte o la realización de los fines de un grupo terrorista, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veinticinco años.

La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años si el agente ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto terrorista o tiene la calidad de funcionario o servidor público. En este último caso además se impondrá la inhabilitación prevista en los numerales 1, 2, 6 y 8 del artículo 36 del Código Penal.’

Artículo 2. Interpretación y aplicación del delito de financiamiento del terrorismo

El delito de financiamiento de terrorismo es un delito autónomo que para su consumación no requiere que, los delitos previstos en el Decreto Ley 25475, los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte o los fines

de un grupo terrorista, se perpetren con ocasión del comportamiento típico del delito de financiamiento del terrorismo.

Artículo 3. Derogación

Derógase el literal f) del artículo 4 del Decreto Ley 25475, por el que se establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 985.

María Soledad Pérez Tello de rodríguez,

Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.”

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Pido a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Han registrado su asistencia 100 congresistas.

Se deja constancia, además, de la presencia de los congresistas Aguinaga Recuenco y Mulder Bedoya.

En total se encuentran presentes 102 congresistas.

Al voto.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la consulta, se aprueba en pri-mera votación, por 97 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, el texto susti-tutorio del Proyecto de Ley que Modifica el Decreto Ley 25475, Decreto Ley que Establece la Penalidad para los Delitos de Terrorismo y los Procedimientos para la Investigación, la Instrucción y el Juicio, con la Finalidad de Sancionar el Delito de Financiamiento del Terrorismo.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Ha sido aprobado.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Mulder Bedoya, Aguinaga Recuenco, Tan de Inafuko, Cordero Jon Tay y Oseda Soto.



Total: 102 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 783/2011CR.2

“Primera votación del nuevo texto sustitutorio del Proyecto 783

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Alcorta Suero, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Diez Canseco Cisneros, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Rivera, León Romero, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mora Zevallos, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand de Dyer, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tapia Bernal, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Velásquez Quesquén, Wong Pujada, Yovera Flores, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que se abstuvieron: Benítez Rivas y Rimarachín Cabrera.”

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— De conformidad con el artículo 78.° del Reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos siete días calendario.

Se aprueba la cuestión previa planteada por el congresista Diez Canseco Cisneros para que se postergue el debate del proyecto de ley mediante el cual se propone modificar

diversos artículos del Código Civil

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Se va a dar lectura a la sumilla del siguiente proyecto.


Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recaído en el Proyecto de Ley N.° 582/2011CR, mediante el cual se propone modificar diversos artículos del Código Civil.*

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Justicia del período anual de sesiones 20112012, recaído en el Proyecto de Ley N.° 582, que propone modificar diversos artículos del Código Civil.

Tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia, hasta por diez minutos.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, por la complejidad de la propuesta de modificación de varios artículos del Código Civil, me parece más adecuado informarles del procedimiento para la presentación

del proyecto y el debate en la Comisión. Luego pasaré a hacer una mención de los artículos que se pretenden modificar, derogar o añadir, de modo que podamos discutirlos en particular.

Este Proyecto de Ley N.° 582 fue planteado por el congresista Beingolea y algunos otros congresistas, y se refiere, en realidad, a una comisión que se forma en el año 1996.

¿Qué cosa sucede? Se conforma una comisión, a la que finalmente se suman miembros del Ejecutivo y representantes del Legislativo, para presentar un conjunto de modificaciones al Código Civil.

Por Ley N.° 26394, que se publica el 22 de noviembre de 1994 y se modifica en 1996, el Congreso constituye una comisión encargada de elaborar un anteproyecto, la cual sufre algunos cambios en su composición. Posteriormente, el Poder Ejecutivo, mediante el Proyecto de Ley N.° 14040, con fecha

2 El texto es modificado y aprobado en una nueva primera votación en la 16.ª sesión, del 11 de octubre de 2012.* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.



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9 de noviembre de 2005, solicita la delegación de facultades para incorporar todas las modificaciones a las que había llegado esta comisión y reformar el Código Civil vía decreto legislativo. Sin embargo, el Congreso, lejos de delegar las facultades, constituye una comisión especial de estudio de ese anteproyecto de la ley de reforma del Código Civil.

La comisión original estuvo conformada por destacados juristas en la materia: Carlos Cárdenas Quirós, Juan Alejandro Espinoza Espinoza, Augusto Ferrero Costa, Guillermo Lohmann Luca de Tena, Roberto MacLean, Aníbal Torres Vásquez, Enrique Antonio Varsi Rospigliosi y Fernando Vidal Ramírez.

En representación del Poder Legislativo estuvieron: Jorge Avendaño Valdez, quien termina presidiendo la Comisión, Pedro Arnillas Gamio, Camilo Carrillo Gómez, Manuel Reátegui Tomatis y Marcial Rubio Correa.

El Congreso constituyó una comisión especial de estudio de este anteproyecto de reforma del Código Civil, y su decisión se materializó con una nueva ley, la 28776, que se publica en El Peruano en el año 2006.

En ambos caso, fueron muchas las reuniones que se llevaron a cabo, y se arribó a una serie de conclusiones. Terminada la legislatura, Mario Castillo Freyre nos hizo llegar una serie de sugerencias para incorporar solamente aquellos artículos en los que había habido acuerdo por parte de todos los miembros de esta comisión; es decir, solamente aquellos en los cuales no había problema entre los defensores de distintas doctrinas en la comisión que estaba revisando el anteproyecto.

Se señaló que se tomarían en cuenta aquellas modificaciones que fueran urgentes y que no cambiaran el sentido del Código Civil, que no alteraran lo que con el paso del tiempo se había venido dando en la realidad.

Lo que se incorpora son aquellas medidas que en la práctica se vienen empleando y las que modifican lo que obstaculiza el normal desarrollo comercial o el trato sucesorio.

El Proyecto 582 recoge los acuerdos que en su momento Víctor Sousa y Raúl Castro, en su calidad de presidentes de la Comisión de Justicia, trataron de sacar adelante. Sin embargo, con el término de la legislatura esto no pudieron llevarlo a cabo.

La Comisión hizo suyo el proyecto y señaló que traería al Pleno las preocupaciones que pudieran surgir respecto de algunos artículos en particular o de todos.

Del estudio de 141 artículos que constituyeron la denominada reforma urgente, se decide por unanimidad aceptar 58, y esos son los que se recogen en el proyecto. Se objetan 79 y se propone una objeción parcial de cuatro artículos, para los que se sugiere un nuevo texto.

Este proyecto de reforma del Código Civil recoge aquellas modificaciones en las cuales hubo unanimidad. Lo que hacen es viabilizar el tráfico comercial, corregir algunas deficiencias con relación a la legítima y la porción disponible, y también al domicilio internacional.

Hay, sin embargo, cuatro artículos que sí son innovados: el 816, el 1512, el 2008 y el 2032, los que se suman a los 54 artículos mencionados. Por lo tanto, lo que hay en total son 59 artículos del Código Civil con sus correspondientes modificaciones.

Se elimina también, porque no hubo unanimidad, una propuesta original de un artículo 4 que se refería a embriones o fetos humanos. Ese es el único artículo que se incorporaba en Derecho de Personas, además del artículo 17.°.

La propuesta modifica una serie de artículos. Su principal objetivo es actualizar y revitalizar la norma, por lo que asume reformas urgentes en propuestas aceptadas por la Comisión Revisora de acuerdo con su informe final del 14 de abril de 2011, presentado con fecha 20 de abril de 2011.

¿Cuáles son las modificaciones que se hacen? Las correspondientes a derecho de personas, acto jurídico, renuncia a la herencia, representación, legítima y porción disponible, albacea, sucesión del cónyuge, masa hereditaria, partición, derechos reales, hipoteca, cesión de derechos, inejecución de obligaciones, contratos preparatorios, saneamiento por vicios ocultos, responsabilidad extracontractual, registros públicos, registro de personas jurídicas (se incorporan nuevas formas), registro de personas naturales, derecho internacional privado y otros.

La Comisión aprueba este texto sustitutorio por unanimidad, pero hay algunas objeciones que es importante resaltar.

Una de ellas es la observación formulada por la congresista Chávez en el sentido de que se había eliminado la definición de la legítima. Supongo



que ahora ella va a sustentar su observación, y esta sería tomada en cuenta, porque, en efecto, la redacción actual señala cómo se determina la legítima sin definirla, lo cual podría llevar a equivocaciones cuando ya la fórmula tradicional, con todas sus limitaciones, ha tenido eficacia jurídica. Por ello, se incorporaría la definición anterior y se establecería cómo debe ser determinada, para mayor claridad de los operadores jurídicos, notarios y demás.

Si me lo permite, Presidente, quiero hacer una breve referencia de los artículos en los que se plantean modificaciones.

Se plantea la modificación de los artículos 17, respecto de la amenaza o vulneración de derechos inherentes a la persona; 148, 150, 153, 157, 219 y 226, con relación al acto jurídico; 295 y 329, sobre régimen patrimonial; 673, respecto de la aceptación o renuncia de la herencia; 682 y 683, respecto de la representación; 723, con relación a la legítima y la porción disponible, en el que, como he señalado, hay una omisión que sería importante superar ahora; 729, sobre la aplicación de normas del derecho de sucesión; 788, con relación a albaceas; 824, respecto de sucesión del cónyuge; 833, sobre la forma de colacionar; 835, respecto del reajuste del valor; 865, sobre la partición; 882 y 988, con relación a derechos reales; 1101, 1106 y 1107, respecto de la hipoteca; 1207, 1209 y 1210, relativos a la cesión de derechos; 1322, sobre daño moral; 1399, sobre la ineficacia de estipulaciones en los contratos; 1433, sobre imposibilidad parcial; 1511 y 1523, relativos a saneamiento por vicios ocultos; 1987, sobre responsabilidad extracontractual; 2008 y 2009, con relación a registros públicos; 2024 y 2025, respecto de registros de personas jurídicas; 2030, 2033 y 2034, sobre el registro de personas naturales. Además, en lo que se refiere al derecho internacional privado, se incorpora el artículo 2056-A y se modifica el artículo 2082.

Los artículos que se derogan son el 771, 834, 840, 1417, 1424, 2026, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041 y 2042.

Nosotros hemos hecho hipervínculos en el Power-Point para que en el Pleno podamos discutir, con el texto que hoy tienen y el texto que ha sido modificado, los artículos que ustedes quieran. De esa manera ya no se tendría que pasar al debate de los cincuenta y seis artículos, que, por lo demás, han tenido ustedes en el orden del día desde la legislatura pasada.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Se va a dar lectura a un documento remitido por el señor vicepresidente de la Comisión Agraria.


“Lima, 3 de octubre de 2012

Oficio 165-2012-2013-CA-CR

Señor Víctor Isla Rojas Presidente del Congreso de la República Presente.—

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, comunicarle que la Comisión Agraria se encuentra en estos momentos sesionando en la Sala 1 ‘Carlos Torres y Torres Lara’, motivo por el cual el suscrito y los demás integrantes de la Comisión que se encuentran presentes en dicha sesión solicitan licencia para la sesión del Pleno del Congreso que está programada a las 17 horas del día de hoy.

Sin otro particular, le expreso los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

ToMáS MarTín zaMudio Briceño, Vicepresidente de la Comisión Agraria.”

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Concluida la sustentación, se da inicio al debate.

En vista de que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá, en aplicación del tercer párrafo del inciso b) del artículo 55.° del Reglamento, un máximo de dos minutos para que exponga su posición.

Puede intervenir el congresista Martín Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Por intermedio de usted, señor Presidente, manifiesto mi sorpresa por la metodología.

No entro a discutir si estas modificaciones de más de cincuenta artículos

del Código Civil son buenas o malas. Puede que tengan sustento, puede que tengan fundamento; pero la inmensa mayoría de los congresistas aquí presentes recién se entera de este proyecto.



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Yo me pregunto: una norma tan importante como el Código Civil, que afecta profundamente el orden jurídico del Perú y la vida de personas, de familias, de grupos, de colectividades, ¿puede ser debatida y modificada en una sola sesión sin que los congresistas, más allá de los miembros de la Comisión, la conozcan en detalle, como es nuestra obligación?

Yo solo quisiera poner dos o tres ejemplos.

En Chile, el código civil es el código de Andrés Bello de 1855; en Argentina, es el código de Vélez Sársfield.

El ejemplo más notable de todos es que el código civil francés de Napoleón, de 1804, sigue en vigencia. Se ha ido modificando paulatinamente a través de la interpretación jurisprudencial.

En Alemania, es el código del año 1900 que promulgó el emperador Guillermo ii, con algunas modificaciones, porque nadie es eterno, evidentemente, ni inmutable.

En el Perú, hemos tenido la legislación española que rigió hasta el año 1852; luego el código civil de 1852, que duró hasta el año 1936 y fue materia de una comisión reformadora que se demoró doce o más años en reformarlo; luego el código que duró de 1967 a 1984 en una forma algo accidentada. Después ha sido reformado puntualmente en muchísimas ocasiones, tan es así que no se puede utilizar para efectos jurídicos prácticos el código civil inicialmente promulgado el año 1980, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

Entonces, yo diría que una modificación de este alcance…

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Continúe, congresista Martín Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— … no puede ser debatida en diez minutos por los congresistas aquí presentes, la mayoría de los cuales no están enterados del tema, salvo aquellos que han participado en las comisiones.

Sería un acto de imprudencia, señor Presidente, porque deberíamos tener una o varias sesiones extraordinarias en las que solo se discuta este asunto, con un período para digerir los cambios, de modo que no solo se trate del alcance de quienes han trabajado en las comisiones.

En el antiguo derecho romano, en su fase primitiva, los días jurídicos se debatían en fastos y no fastos. En los días fastos, los sacerdotes —los únicos que conocían el derecho— celebraban fiestas. Parecían la mayor parte del calendario anual. Y los días en los que se aplicaba el derecho eran los días nefastos. De ahí viene el nombre nefasto.

Esto requiere algo más de paciencia y prudencia, señor Presidente: jurisprudencia. Esa sería mi exhortación.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra el congresista Javier Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO CIS-NEROS (APFA).— Señor Presidente, por intermedio de usted, yo quisiera plantear que este debate sea postergado.

A mí me parece que se trata de un texto muy complejo que comprende cincuenta y ocho artículos —si no me equivoco— y temas muy diversos. Algunos se refieren a la tutela, por ejemplo, tema también contemplado en el Proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad, que, dicho sea de paso, hasta ahora no se ve, a pesar de que afecta, según las Naciones Unidas, al 15% de la población del país.

Ese proyecto de ley plantea una modificación del Código Civil en el mecanismo de la tutela, de forma tal que quien ejerza la tutoría sobre la persona con discapacidad tenga que interpretar la voluntad de la persona cuya representación ejerce y no pueda decidir unívoca y unilateralmente. Es un tema complicado y difícil de procesar.

El proyecto en debate se refiere a diversos asuntos, como los registros, las formas de manejo de la propiedad marital, y muchos otros. Como esto ha sido dictaminado —según se nos informa— por unanimidad, se nos coloca en una situación en la que hay dos minutos por bancada para tratar temas que son absolutamente diversos.

Entonces, yo pediría más bien que, con un intermedio, con una postergación, la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo vean, ante una norma que tiene tal variedad, un procedimiento que permita organizar el debate alrededor de ejes temáticos…

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Continúe, congresista Javier Diez Canseco.



El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (APFA).— … e intervenir de forma más ordenada.

Yo entiendo que la Comisión puede estar muy empapada del tema, pero muchos no somos abogados y aquí no tenemos un seguimiento del detalle de cada uno de los casos.

Propongo que se postergue esta discusión para encontrar un mecanismo que permita identificar las dificultades y discutirlas en orden, de modo que se recojan los aportes que tiene la Comisión respecto a este conjunto de temas.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra el congresista Alberto Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGA-DO (APGC).— Presidente, yo, en general, y como no puede ser de otra manera, saludo el pedido de prudencia que hacen los congresistas Belaunde y Diez Canseco, porque, efectivamente, se trata de una nor

ma importante y son muchas de las propuestas que contiene.

No me lo tomen a mal, queridos colegas —a través de la Presidencia—, pero este no es un proyecto que venga al debate y se pretenda aprobar en diez minutos, como alguien planteó.

Si no me fallan las matemáticas, el debate de este proyecto se inició hace doce años más o menos. De manera que este es un tema viejísimo. Quienes están en Derecho, lo conocen desde sus inicios; y quienes no lo están, tendrán que irse informando.

Fue en el año 1994 que se planteó por primera vez la necesidad de una comisión reformadora del Código Civil. Esta comenzó sus tareas en 1996 y transcurrieron nueve años en debates y en trabajos hasta llegar a una propuesta final.

El Congreso de la República decidió no dar las facultades y, en lugar de eso, formar una comisión revisora. La famosa comisión revisora iba a revisar la tarea que había hecho, a su vez, la comisión reformadora. Ese viejo estilo peruano de pasar años de años investigando y debatiendo y nunca producir nada, porque siempre nos parece que no estamos listos. Entonces surgen las propuestas de continuar los debates.

Esta comisión revisora de la comisión reformadora del Código Civil terminó entregando un producto después de que los civilistas más reputados del país pasaron por ambas comisiones. Dicho producto fue trabajado por la Comisión de Justicia y, en su momento, fue entregado a través de diferentes borradores para los estudios pertinentes.

Recuerdo que en estos debates, la congresista Chávez, por ejemplo, alcanzó una muy buena observación que yo creo debiera atenderse en el producto final. Evidentemente, había la posibilidad de recibir alguna otra observación, que no se recibió, en el entendido, además, de que el texto propuesto era el resultado de dieciséis años de estudios y debates de los abogados más prestigiosos del país. Después de dieciséis años de estudio y debate de los más prestigiosos abogados del país, este era el documento final.

Algunos no estaban de acuerdo; otros, sí. En fin, era producto de un debate, y, como se ha apuntado ya, este documento final traía los consensos, no aquellos artículos en los que había divergencias profundas. Ese era el producto que se puso al alcance de nosotros y que finalmente recibió, con la observación de la congresista Chávez, la aprobación en la Comisión de Justicia.

¿Y cuándo se aprobó esto en la Comisión de Justicia? En el mes de marzo. Hace meses, Presidente.

El tema fue puesto a disposición de los congresistas bastantes meses atrás y finalmente fue aprobado el 30 de marzo, según me indican. Este dictamen ha sido colgado hace seis meses para que puedan tomar conocimiento de él los congresistas que ahora reclaman mayor tiempo de estudio. Yo les pregunto, ¿qué hicieron seis meses que no estudiaron un tema delicado? Con todo respeto, Presidente.

Atendiendo esta decisión, yo no sé si hoy se llegue al voto o no. Me parecería perfecto que en un momento determinado del debate se vea que hay temas delicados que tratar y se pida alguna postergación; pero el drama frente a estas situaciones es que siempre decimos: “vamos a postergar porque no lo hemos estudiado”, y al final no lo estudian nunca.

Entonces, yo rogaría, con el mayor de los respetos, un poco más de atención al tema. Si de verdad se considera tan importante, hay que atenderlo y estudiarlo. Desde hace seis meses ha estado a disposición de todo el mundo para ser estudiado. Si recién hoy algunos toman conocimiento, estú



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dienlo un poquito más, pero no podemos seguir postergando esto una y otra vez.

Es cierto, posterguémoslo todo lo que haga falta para dictar una buena norma, Presidente, pero a propósito de esta solicitud viene bien al cuento contar cómo son las historias de la legislación en el Perú. Y no me extrañaría que el final de este debate sea que este Congreso de la República, como ocurrió seis años atrás, forme otra comisión para revisar lo revisado por la comisión que revisó lo de la comisión reformadora. Vamos a seguir formando comisiones, Presidente, ¿cuánto tiempo más? ¿Cincuenta años más? Y cuando le toque al próximo Congreso, este dirá: “No estamos listos. Mejor formemos otra comisión de investigación”.

Por Dios, no podemos seguir limpiándonos de nuestra responsabilidad, Presidente.

Tenemos un documento final, un documento elaborado por juristas de talla. Algunos juristas de talla han expresado su desacuerdo en un extremo u otro, pero este es el producto final, el resultado de una decantación democrática que ha permitido llegar a consensos. Esto es lo consensuado, esto es lo que ofrecemos, esto es lo que conversamos, esto es lo que recibimos. Lo que les presentamos a ustedes es producto del consenso, Presidente.

Ahí donde hay demasiado debate no nos metemos. Estas propuestas son producto del consenso.

Hay acá abogados prestigiosos que estimo que después de una lectura no requerirán más de una semana para llegar a conclusiones finales. Otros congresistas sí se han dado el trabajo de estudiar el texto que se propone y estoy seguro de que hoy día mismo pueden hacer algunos aportes para terminar de enriquecer el trabajo y no buscar una nueva comisión revisora de la revisora que revisó lo reformado.

Presidente, tenemos que ir llegando a las definiciones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra el congresista Vicente Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— Señor Presidente, el Código Civil data de 1984 y tiene cerca de 2200 artículos, ¿cuál sería nuestra circunstancia si tuviéramos que

aprobar en este Pleno el Código Civil? Sería un imposible jurídico y político para nosotros.

Cuando se alude a cierta normativa del derecho comparado, se habla de su larga vigencia, de su larga data histórica, pero no se alude a las modificaciones, reformas o actualizaciones a las que ha estado sujeta.

Aquí lo que se intenta es modestamente modificar cincuenta y ocho artículos, y el escenario actual nos permite revisar dos aspectos importantes: el procedimiento legislativo y la metodología más idónea para aprobar una norma de esta envergadura. Tenemos que ser constructivos.

Señor Presidente, cuando hizo uso de la palabra la presidenta de la Comisión, con mucha claridad sugirió que se vean los antecedentes. Y yo me voy a atrever a leerlos porque no he trabajado el tema.

El primer antecedente es la Ley N.° 26394, que data del año 1994. Desde hace casi veinte años, mediante esta norma dada por el Parlamento, se constituye la primera comisión.

El 7 de julio de 2006, diez años después, se da la Ley N.° 28776, por la que también el Parlamento constituye una comisión especial —especial, entiendo yo, por la especialidad de la materia— integrada por representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo para que aborden la responsabilidad de este estudio.

Presidente, lo normal en este tipo de normas es que la potestad de regularlas se le entregue al Poder Ejecutivo. Revisemos el Código Penal, el Código Civil, los códigos de procedimientos civiles, los códigos de procedimientos penales: todos son dados mediante facultades que, por la especialidad y la coherencia que debe tener el trabajo, señalan al Poder Ejecutivo. Si los sometemos a un escenario político, como el que finalmente es este Parlamento, quizás no tengamos Código Civil ni Código Penal ni códigos de procedimientos.

El congresista Alberto Beingolea ya ha explicado que este proyecto de ley está agendado desde hace siete sesiones, tiempo más que suficiente para que toda la representación parlamentaria lo revise con la asesoría de especialistas y profundice en su contenido. Son cincuenta y ocho artículos perfectamente a nuestro alcance para acudir a una aprobación el día de hoy.

Si se insiste en que por la complejidad de su contenido no estamos en capacidad de aprobarlo



hoy, tendríamos que preguntarnos: ¿cuándo lo haríamos?, ¿quién tendría que orientarnos?, ¿cómo armonizar esta complejidad de materias diversas que tiene este proyecto de reforma del Código Civil? El Código Civil, si no me equivoco, tiene diez libros y materias diferentes, ¿cuál sería la metodología?

Tenemos que darles el beneficio de la duda a quienes han trabajado con seriedad y responsabilidad en esta comisión y nos han entregado un producto final para que la majestad de este Parlamento pueda aprobarlo.

Sugiero que se proceda a la votación de este proyecto, señor Presidente; y si el caso ameritara que hoy día no se diese la segunda votación, el plazo prudente y reglamentario de siete días es más que suficiente para que quienes no estemos debidamente informados podamos leer bien la propuesta.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene el uso de la palabra la congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPF).— Presidente, expreso mi conformidad respecto a que este asunto se decida el día de hoy, porque este es un trabajo que, como bien lo han señalado la presidenta de la Comisión y algunos congre

sistas que me han antecedido en el uso de la palabra, lleva muchos años. Este dictamen viene de la anterior legislatura y ha estado colgado en la página web del Congreso de la República a disposición de todos los congresistas. Si hasta el momento no ha habido aportes, debe de ser porque algunas personas no tienen mayor interés en hacerlo o entienden que esa no es su especialidad. Entonces, hay que respetar la especialidad de los grupos de trabajo.

Las comisiones, de acuerdo con el Reglamento del Congreso, son grupos especializados de trabajo; por lo tanto, son los grupos que se encargan de dictaminar por materias específicas.

Como lo anunciara la presidenta de la Comisión, solicito que en la propuesta se incorpore, en el artículo 723.°, lo que actualmente trae el propio Código Civil: la definición de lo que se considera legítima.

Tal como está propuesto en el dictamen, el artículo pasaría de frente al cálculo sin precisar el concepto de legítima, que muy bien define el

Código Civil como aquella parte de la herencia de la cual no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos.

Entonces, no hay sentido alguno para eliminar esta definición de lo que es la legítima si se va a determinar cómo se calcula.

Insisto en ello para que la presidenta de la Comisión de Justicia rescate la definición de legítima que actualmente trae el Código Civil.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Señor Presidente, es cierto que hay un discurso histórico en el debate de la codificación civil; pero también es cierto que los que estamos aquí no hemos participado directamente en ese debate histórico.

Algunos congresistas tenemos la profesión de abogado, pero no es el caso de todos los parlamentarios, y con el ánimo no de obstaculizar sino de hacer un trabajo coherente tendríamos que preparar una sesión para debatir la redacción anterior y la redacción de las cincuenta y cinco modificaciones que se proponen, artículo por artículo. Aunque sea trabajoso, serán cincuenta y cinco artículos que tendremos que revisar oportunamente. Eso es lo que me parece serio.

La otra cara de la medalla es simplemente aprobar este proyecto de ley sin saber lo que estamos aprobando, y eso no es responsable.

Esta propuesta de reforma del Código Civil se aprobó cuando yo era miembro de la Comisión de Justicia y debo recordar que el proyecto se debatió a propuesta de un dictamen elaborado por la comisión asesora, y creo que en dos reuniones, no más. Entonces, fue un tratamiento, incluso en la Comisión de Justicia, de naturaleza célere.

El último argumento es por la connotación patrimonial en el ámbito de las relaciones familiares que tiene la codificación civil.

Yo he sido miembro de la Comisión Revisora del Código Penal y hemos trabajado casi un año en esa propuesta. Entonces, hay dos líneas madres de normatividad: la codificación civil y la codificación penal.



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Sin ánimo de obstaculizar, sino al contrario, con el ánimo de facilitar una decisión razonada, organicemos una sesión de este Pleno en que se vayan planteando por paquetes —de repente por títulos— las modificaciones, porque venir y decir que se modifican cincuenta y cinco artículos… Ni yo misma me sentiría en la responsabilidad de aprobar los cincuenta y cinco artículos, porque no los he racionalizado como creo que responsablemente debe hacerse.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene el uso de la palabra la congresista Natalie Condori.

La señora CONDORI JAHUI-RA (NGP).— Presidente, saludo, por intermedio de usted, a toda la Representación Nacional.

No tengo la especialidad del derecho, sin embargo, me permito hacer

algunas sugerencias a este importante proyecto de ley.

La propuesta de modificación del artículo 1207, sobre cesión de derechos, establece que la cesión debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad. Aquí yo sugeriría, a efectos de otorgar mayor seguridad jurídica, que se diga: “La cesión debe constar por escrito con fecha cierta, bajo sanción de nulidad”. Sugiero que en este artículo se añada la frase “con fecha cierta”.

Por otro lado, en el inciso m) de la propuesta de modificación del artículo 2034 dice: “Los convenios y resoluciones judiciales o arbitrales sobre indivisión y partición”. Aquí parece se aprecia un error material, porque debería decir “división”. Eso lo dejo a consideración de la Comisión, porque yo puedo estar equivocada.

Y en la propuesta de modificación del artículo 2082, sugiero que, en la parte que dice: “Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someten a la ley del domicilio conyugal”, se diga: “Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someten a la ley del último domicilio conyugal”. La palabra último determina la competencia el juez.

Por otro lado, con respecto a la propuesta de modificación del artículo 2056-A, sobre el domicilio internacional, yo pregunto a la Comisión si el Perú es parte de la Convención Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado en materia de domicilio. Hago esta pregunta porque,

por regla general del derecho internacional privado, en este caso la ley aplicable es la del último domicilio del cónyuge a emplazar o demandar.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— En vista de que ningún otro congresista ha pedido el uso de la palabra, va a intervenir la congresista Marisol Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Previamente, va a hacer uso de una interrupción el congresista Martín Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Yo quisiera decir dos o tres cositas.

Yo estoy de acuerdo con lo que propone la congresista Mavila y comparto con el Pleno esta impresión de que el

hecho de colgar un proyecto en el portal no significa que automáticamente todos lo conozcan.

Evidentemente, el proceso de conocimiento de un proyecto de ley requiere un esfuerzo de internalización que va mucho más allá de colgarlo en el portal. Está muy bien que esté colgado en el portal, pero eso no basta. El conocimiento lo estamos teniendo recién ahora. Ya hemos tenido un proyecto de enmienda de la congresista Chávez y otro parecido de la congresista Condori. Esto no puede discutirse de forma inarticulada.

Yo creo que podría haber una o dos sesiones extraordinarias en las que se debatan los cincuenta o cincuenta y nueve artículos. Por último, yo no discuto si son buenos o son malos. De repente son maravillosos. La verdad es que no los he leído, no los conozco, no los he internalizado, y creo que aparte de los señores de la comisión y de uno que otro, la inmensa mayoría de los congresistas está en una situación parecida a la mía en lo que se refiere a la falta de conocimiento de estas propuestas.

Nunca hay apuro para modificar el Código Civil, y estas cosas no se hacen a trompicones. Si se demoran, en buena hora.

Yo creo que sí podríamos tener una o dos sesiones para tratar solo este tema y discutir metodológicamente las modificaciones. Por último, si tenemos que invertir más tiempo en esta discusión, en buena hora, porque para eso estamos aquí, para eso nos paga el pueblo.




El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Puede iniciar su intervención, congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, me solicitan interrupciones los congresistas Diez Canseco y Beingolea.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Puede interrumpir el congresista Javier Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO CIS-NEROS (APFA).— Señor Presidente, el dictamen que estamos discutiendo dice en la página 7:

“4.3 Análisis Técnico:

[…]

A partir del estudio y análisis la Comisión Especial ha aceptado alrededor del cuarenta por ciento (40%) de las reformas planteadas por la Comisión Reformadora (…)”.

La comisión especial que ha funcionado desde el año 2008 hasta el año 2011 ha demorado cuatro años en resolver qué acepta, y ha rechazado el 60% de las modificaciones propuestas por la comisión reformadora. ¿Por qué razón no lo explica el dictamen? El dictamen no deja claro qué estaba en discusión, por qué se rechazó, por qué se aceptó. Eso no nos queda claro a los que no hemos seguido el tema como tal; pero revela que la mayor parte de los cambios no fueron aceptados, porque solo se aceptó un 40%.

De ese 40%, hay una redacción que fue revisada por dos doctores y que luego fue presentada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

No es que se esté criticando el trabajo de la Comisión, sino que hay limitaciones de tiempo. La Comisión de Justicia ha cumplido con lo que tenía como responsabilidad, pero no todos pueden encarar los problemas al mismo ritmo en esta circunstancia. Tratándose de un tema de esta complejidad y de la decisión de una comisión especializada en el sentido de no aceptar parte importante de las propuestas, lo más lógico sería utilizar un mecanismo que permita ordenar el debate.

En el debate que se ha abierto solo ha habido dos propuestas de dos congresistas, lo cual revela un

límite de cuán empapado está el Pleno respecto al tema. Y limitar el debate a intervenciones de dos minutos, que es lo que el Reglamento establece cuando el proyecto ha sido dictaminado por unanimidad, dejará el tema con esas observaciones para pasar al voto.

Si esa fuera la circunstancia, a varios no les quedaría otra alternativa que abstenerse, porque no están claros de qué se está votando.

¿Que esto es una limitación que corresponde a la capacidad de cada cual para estar al día en la cantidad de temas que están en el Congreso? Es cierto. La pregunta es si el apuro está meditado, y creo que el Congreso no pierde con una decisión más informada y un debate mejor organizado que el del día de hoy.

Sin emitir ninguna crítica a la Comisión, que ha trabajado con toda su capacidad, considero que lo más conveniente sería dar ese espacio para revisar el tema y organizar el debate de otra manera.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Por excepción, puede interrumpir el congresista Alberto Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGA-DO (APGC).— Presidente, quiero volver a llamar la atención sobre lo mismo. Discúlpeme usted la terquedad; pero está bastante claro, por lo menos para mí, después de haber escuchado a la congresista Chávez

y a la congresista Condori, que al menos hay dos congresistas en este Hemiciclo que se preocupan por hacer la tarea.

Y he sentido vergüenza ajena cuando algún congresista ha dicho: “Sí, pues, está seis meses colgado, pero eso no garantiza. Yo recién me entero hoy”. La pregunta que se puede hacer la población es: “¿Y qué haces ahí?”.

Es parte del trabajo de un congresista enterarse de las materias que van a ser debatidas. Y si alguno no lo hace por la complejidad de su tarea, pues al menos que tenga el pudor de no decirlo, porque la imagen que emitimos a la población es pésima.

Acá se viene a trabajar, y parte del trabajo es estudiar los proyectos y tener un voto en un sentido o en otro.

Discúlpeme usted, Presidente, si me indigno, pero acá hay que venir a trabajar. Hay que ir



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cambiando la imagen que la población tiene de este Congreso.

Aparte de eso, lo que me parece cierto, más allá de mi crítica a la intervención, es lo que acabo de escuchar: probablemente haya muchos congresistas que no sepan muy bien cuál es el sentido del voto.

No hay ningún apuro, me parece a mí, y eso lo tendrá que decir la presidenta de la Comisión.

Mi pedido era que no pasáramos dieciocho años más. Si han tenido seis meses el documento y no lo han visto, ¿qué nos garantiza que en una, dos o tres semanas lo verán? Les damos un mes. Le he garantizado, Presidente, que no lo van a ver.

Entonces, Presidente, me parece que acá hay un tema de fondo que tratar, y tiene que ver, efectivamente, con el mirar o no el proyecto.

Esto también me sirve como reflexión, porque a propósito de esto hay que reflexionar sobre el funcionamiento del Congreso de la República. Fíjese cuán ineficientes somos…

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Continúe, congresista Alberto Beingolea.

El señor BEINGOLEA DEL-GADO (APGC).— Decía con toda corrección alguien que me antecedió en el uso de la palabra que una comisión del Congreso es precisamente un grupo especializado.

Fíjese usted, Presidente, se trae acá un tema delicado, como es la modificación del Código Civil, y sería un absurdo si se trajese al Pleno para comenzar el debate. No se trae al Pleno, se lleva a una comisión especializada para que en esta se produzca o no el debate.

Es verdad lo que cuenta la congresista Mavila, no hubo un debate amplio sobre esta materia; pero luego me referiré a ello si me alcanza el tiempo.

Lo primero que quiero decir es que hay una Comisión que con su firma —y en este caso fue unánime, me parece— trae al Pleno una posición. Pretender, después de eso, continuar con comisiones especiales es no hacer la tarea nunca.

Y quiero aquí dar respuesta a una reflexión que planteaba el congresista Zeballos sobre algo que

no es culpa de este Congreso, sino en general, probablemente, de la dinámica parlamentaria. ¿Por qué las grandes leyes de la República no nacen del Congreso? ¿Por qué las grandes leyes del país no salen del Congreso si este tiene la facultad legislativa? ¿Por qué siempre tiene que claudicar de ella y entregársela al Poder Ejecutivo? Le voy a explicar por qué, Presidente: porque el Poder Ejecutivo, de una manera más ejecutiva —disculpe la redundancia—, entrega el trabajo a una, dos o a tres personas conocedoras de la materia y lo aprueban sin más ni más.

Aquí, cuando se ha hecho algo similar —en este caso concreto, con un grupo de juristas especializados—, entramos a un prolongado debate en el que la mayoría reconoce no tener el grado de especialidad de quienes han presentado el trabajo final.

Yo no tengo el nivel de especialidad de quienes han hecho este trabajo. No sé cuántos aquí lo puedan tener. ¿No nos falta un poco más de humildad intelectual a todos?

Me está pidiendo una interrupción la congresista Mavila; pero me parece que me dio la palabra de manera excepcional y tengo derecho a ceder la interrupción a la congresista Mavila, si a usted le parece, Presidente.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Está en una interrupción excepcional, congresista Alberto Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Le entendí, Presidente, que me estaba dando la palabra en forma excepcional.

Le pido mil disculpas a la congresista Mavila. Probablemente le darán la interrupción después.

Con respecto al tema concreto, ahora no sé cuál sea la decisión de la presidenta de la Comisión de Justicia. Yo estoy listo para votar…


El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Si se decide que hay que votar ahora, estoy listo para votar. Si se decide que no porque la mayoría no está lista, perfecto. Solo pediría, Presidente, que no nos demoremos dieciocho años más. Esa es mi única solicitud.

Si se da un tiempo para estudiar el proyecto —lo digo con la mayor humildad—, ruego que mis



colegas lo utilicen para estudiar el proyecto y tener una posición formada.

Siendo un tema tan delicado, me permitiría sugerir que se alcancen las propuestas antes del debate y no entremos a un debate demoledor en el que no vamos a llegar a una conclusión final, sino a un trabajo con calma que nos permita contar con un texto consensuado, que es la mejor manera de arribar a una buena solución.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Señor Presidente, me pide una interrupción la congresista Martha Chávez.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Ya ha dado tres interrupciones, congresista.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Por alusión.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Por alusión, puede intervenir la congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPF).— Presidente, muchas veces hemos visto proyectos con una serie de artículos, como el de la Ley General de Personas con Discapacidad, por ejemplo, y acá se han modificado. Hemos visto tratados internaciona

les y los congresistas hemos confiado en la labor de las comisiones especializadas y en la participación de los miembros de nuestro grupo político que están en conocimiento de los temas. Por último, también vemos la página web.

Este dictamen, señor Presidente, fue objeto de debate el día 20 de marzo de este año y corresponde al año legislativo pasado. Está más de cinco meses en la página web. Si las personas no se han formado una opinión ni han leído la introducción de este dictamen ni han estado atentas a lo que la señora presidenta de la Comisión ha fundamentado, ¿por qué queremos traer argumentos que de alguna manera anulan o hacen que este Congreso deje de tener alguna intervención?

Aquí se darán cuenta de que este proyecto recoge el trabajo de años de especialistas. El Congreso tiene el derecho de hacer las modificaciones aquí en el Pleno, como sucede siempre. ¿No vamos a poder modificar normas en el Pleno? ¿A santo de qué, Presidente?

Por lo tanto, no veo mucha coherencia en las personas que protestan porque no conocen el tema cuando la responsabilidad es conocerlo. Además, no todos tienen que intervenir en todo, sino de acuerdo a sus voluntades, a sus capacidades y a la confianza que se pueda tener en los propios miembros de las bancadas que van encargados a grupos especializados de trabajo, a las comisiones ordinarias del Congreso.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Por alusión, tiene la palabra la congresista Rosa Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Presidente, el congresista Beingolea me alude cuando reconoce que el debate en la Comisión de Justicia fue más o menos célere.

Me extraña en la acuciosa congresista Martha Chávez, que con toda puntillosidad es erudita en el debate de cada artículo, su argumento de la confianza, porque no son lo mismo una codificación y una ley como la que acabamos de discutir y votar.

En esa codificación hay una modificación de más de cincuenta artículos, señor Presidente, como la del Código de los Niños y Adolescentes, la del Código Penal, la del Código Procesal Penal.

Se alude a la Ley General de Personas con Discapacidad. Por si acaso, cuando se debatió en este Pleno, hicimos —y lo recordará la congresista Salgado— un resumen capítulo por capítulo de esa propuesta.

Lo que ha venido hoy día, en cambio, es —por lo menos en la fundamentación aquí planteada— una descripción genérica de artículos que van a ser modificados sin que se sepa el contenido que se va a modificar. Eso es lo que a mí no me parece serio, respetando la buena práctica que tienen congresistas como la señora Chávez, que es juiciosa con la normatividad que aprueba este Congreso de la República.

Por eso, yo planteo una metodología. Mi opinión no es que el proyecto regrese a la Comisión, sino



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que para estas codificaciones organicemos por temáticas el debate en este Pleno y les dediquemos dos o tres sesiones del Pleno del Congreso. Esta propuesta de codificación civil es una normatividad sustancial para el país.

Es todo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Por alusión, tiene la palabra la congresista Luz Salgado.

La señora SALGADO RUBIA-NES (GPF).— Presidente, recordará la congresista Mavila que nosotros, cuando ella tenía la presidencia de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, dividimos el debate del proyecto de

ley por capítulos. Es más, nos quedamos en cada artículo; pero cuando vinimos aquí a exponer hicimos un resumen. No todos los congresistas intervinieron, porque no todos estaban en pleno conocimiento de la materia. Tampoco se puede pedir que todos estén en el detalle.

Nuestro trabajo fue muy fuerte en la Comisión que ella presidió. Le dedicamos semanas tras semanas. A esta tarea le han dedicado meses y meses y no hay necesidad de que todos intervengamos. Nosotros confiamos en los congresistas de nuestra bancada que pertenecen a la Comisión de Justicia. A ellos les hemos formulado nuestras preguntas y han hecho su tarea, han hecho un trabajo técnico que nos da confianza para decir que este debate no se tiene que dilatar más.

Yo más bien invoco a que de una vez esas observaciones que puso el Ejecutivo a la Ley General de Personas con Discapacidad puedan ser levantadas lo más pronto posible por la Comisión pertinente, porque aquí se aprobó por unanimidad…


La señora SALGADO RUBIANES (GPF).— Solamente quiero añadir que no todos intervinieron en esa discusión y el proyecto se aprobó por unanimidad, señor Presidente.

Tengamos confianza también en el trabajo técnico que hacen nuestras comisiones y que ha demorado varias semanas.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Se recuerda a los señores congresistas que en caso se apruebe el proyecto podrá ser debatido nuevamente antes de la segunda votación, pasados los siete días.

Continúa en el uso de la palabra la congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Señor Presidente, si me solicitan una interrupción para precisar algún artículo, yo creo que este es el momento de hacerlo antes de pedir el voto o la postergación.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Por excepción, puede interrumpir el congresista Rolando Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPF).— Señor Presidente, en el Congreso se formó una Comisión Revisora del Código Civil con especialistas excepcionales. De parte del Ejecutivo y de parte del Congreso de la República se emitió

un informe que se debatió en varias sesiones extraordinarias.

El informe ha estado colgado más de seis meses en la página web del Congreso y los congresistas y la sociedad en general hemos tenido la oportunidad de hacer todo tipo de lineamientos sobre esta materia. Ni un solo ciudadano ni una institución han dicho algo sobre esto ni han pedido que se modifique un ápice, una coma, un punto. Pues ahora “hay que debatir más”, “hay que conversar más”, cuando ya se debatió. ¿Eso quiere decir que los anteriores legisladores han sido irresponsables? ¿Y esto no es serio?

Lo que no es serio es que se pretenda dilatar algo que, en base a buenas calidades y capacidades humanas para la revisión y el cambio de parte de un Código obsoleto, fue extremadamente debatido.

Esto debe ir al voto hoy día, señor Presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Prosiga, congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Señor Presidente, yo aprecio las reco



mendaciones de las congresistas Martha Chávez y Natalie Condori.

La redacción del artículo relativo a la legítima incorporará la definición como se encuentra actualmente.

En el caso de la congresista Condori, se toman las dos sugerencias relativas a la indivisión y al último domicilio. La del domicilio internacional no se va a tomar en cuenta; sin embargo, dado que este proyecto, como todos los que se discutan bajo mi presidencia, no será exonerado de segunda votación, evaluaré lo correspondiente para dicha fecha.

En cuanto al debate que se ha suscitado no respecto del fondo sino de la forma, los cincuenta y nueve artículos que se proponen están aquí con hipervínculos para que se pueda discutir cada uno de ellos.

Comprendo que no todos los que estamos acá —y me incluyo— somos especialistas en la materia. No hablo de derecho civil, sino de sucesiones, de personas, de actos jurídicos, de registros públicos. De ahí que la conformación de los grupos de trabajo incluía expertos en cada uno de los temas: expertos en acto jurídico, expertos en personas, expertos en sucesiones, expertos en contratos, expertos en registros públicos. Todos ellos sugirieron ciento cuarenta y una modificaciones.

Sin embargo, en el derecho, como en todo, hay puntos de vista distintos respecto de un mismo tema. Esos puntos de vista distintos —no contradictorios, sino distintos— no fueron tomados en cuenta. Solo se incorporaron los artículos en los cuales hubo unanimidad de pareceres, los artículos en los que nadie señaló una doctrina distinta, una corriente distinta o un punto de vista distinto. Eso es lo que se ha recogido en este proyecto.

Por eso es por lo que no se incorporan las ciento cuarenta y una modificaciones de la Comisión constituida hace dieciséis años, sino aquellas que fueron aprobadas por unanimidad en el seno de la Comisión que el Congreso anterior creó para no delegar facultades.

Yo no voy a cuestionar los mecanismos que cada quien usa en su preparación para el Pleno. Existe, además, la dificultad de prepararse en todos los temas con agendas recibidas con cuarenta y ocho horas de anticipación. Sin embargo, en este tema del Código Civil ha habido siete sesiones en las cuales el tema ha pasado de cuarto a tercero, de tercero a segundo, y hoy ha estado en segundo

lugar. Cada uno de los artículos puede ser discutido el día de hoy si así ustedes lo consideran conveniente; pero si no hay una preparación previa, dudo mucho de que podamos hacer un debate sustantivo —y me incluyo—.

Por ello, recogiendo las sugerencias de los congresistas que han tenido a bien hacerlas, quiero plantear dos cosas:

Primero, explicar que durante el debate de la Comisión tampoco se estudió el proyecto durante tres meses, pese a haber estado en el Orden del Día, y ese fue el argumento que se utilizó para que, poniendo sobre el tapete nuestras discrepancias —lo hizo la congresista Chávez—, lo trajéramos al Pleno.

La congresista Mavila, en su momento, hizo sugerencias muy interesantes y podría coincidir con algunas de ellas: la necesidad de incluir temas como el divorcio unilateral, la tenencia compartida, la protección de la maternidad precoz. Sin embargo, se le dijo que, por la naturaleza de las modificaciones que se planteaban, la idea era no generar debate sino presentar al Pleno solo aquello que estaba debidamente consensuado.

No niego, Presidente, que eso ha podido cambiar en los últimos meses y que algún experto en derecho civil pudiera tener una posición distinta respecto a alguno de los cincuenta y nueve artículos, lo cual no solo es legítimo, sino necesario.

Por ello, Presidente, he informado ya en la Comisión, durante mi presidencia, que, en la medida en que yo sustente el proyecto, no voy a pedir exoneración de segunda votación, para que en esta semana los expertos puedan ayudarnos y hacernos llegar cualquier sugerencia.

Presidente, ¿usted cree que los expertos en derecho civil están pendientes de la agenda del Pleno y de lo que se va a debatir cuando esto tiene ya en el Pleno más o menos cinco meses? ¿Usted cree que después de once años los expertos en derecho civil están pendientes del debate del proyecto? Si nosotros lo sometemos a votación hoy día —incorporando, por supuesto, las modificaciones—, habrá la certeza de que la próxima semana el tema se va a discutir. Entonces podremos discutir artícu lo por artículo, y yo planteo que solo se discutan aquellos en los cuales haya sugerencias concretas. Se entiende que no será necesario debatir los artículos en los que no hay sugerencias.

De ser así, todos sabemos que el proyecto también tendría que ir a segunda votación, porque sería un nuevo texto.



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Lo que no puedo aceptar es que los proyectos de la Comisión de Justicia —este o cualquier otro— se dilaten, porque mi deber como presidenta es traerlos al Pleno y discutirlos.

Estos no son dictámenes que se hayan llevado a cabo durante mi presidencia, sino durante la presidencia del congresista Beingolea; pero yo no puedo eludir mi responsabilidad, Presidente. Mi responsabilidad es traerlo y someterlo al voto, y la responsabilidad de todos y de cada uno de ustedes es asumir si se van a preparar para la próxima semana o van a respetar la posición de los miembros de sus bancadas que conocían de este proyecto y sabían que venía al Pleno.

Con las modificaciones sugeridas por los congresistas que me han antecedido en el uso de la palabra, pido que se someta al voto este proyecto luego de que se consulte, como manda el Reglamento, la cuestión previa planteada por el congresista Diez Canseco.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Señores congresistas, sírvanse registrar su asistencia.



Se va a votar la cuestión previa planteada por el congresista Javier Diez Canseco para que se postergue el debate.


—Efectuada la votación, se aprueba, por 50 votos a favor, 45 en contra y cuatro absten-ciones, la cuestión previa planteada.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Ha sido aprobada.

Se deja constancia del voto a favor de la congresista Omonte Durand de Dyer.

Resultado final: 51 votos a favor, 45 en contra y cuatro abstenciones.

La cuestión previa ha sido aprobada. En consecuencia, se posterga el debate del proyecto.

“Votación de la cuestión previa del con-gresista Diez Canseco

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Diez Canseco Cisneros, Gastañadui Ramírez, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, León Rivera, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mora Zevallos, Oseda Soto, Pari Choquecota, Portugal Catacora, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Solórzano Flores, Tejada Galindo, Teves Quispe, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en con-tra: Acuña Núñez, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Ccama Layme, Chávez Cossío, Cordero Jon Tay, Cuculiza Torre, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Valqui Matos, Wong Pujada y Zeballos Salinas.

Señores congresistas que se abstuvieron: Benítez Rivas, Capuñay Quispe, Rondón Fudinaga y Urtecho Medina.”

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene el uso de la palabra el congresista Javier Bedoya.

El señor BEDOYA DE VIVAN-CO (APGC).— Señor Presidente, quería sugerirle a la presidenta de la Comisión que introdujera un artículo adicional para que crease una vacatio legis, de modo que la ley no entre en vigencia al día siguiente



de su publicación sino por lo menos a los sesenta días, toda vez que se modifican varios artículos del Código Civil. Pero como este debate ha sido postergado, lo plantearé la semana entrante.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, respetando la decisión del Pleno, pido que este proyecto lo agende para el próximo jueves, de manera que todos se preparen y podamos debatir artículo por artículo.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Así lo haremos, congresista.

Se aprueba una moción de saludo a la Corte Superior de Justicia de Puno

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Se va a dar cuenta de una moción.


Moción de Saludo

Del congresista Portugal Catacora a la Corte Superior de Justicia de Puno por el tercer aniversario de la aplicación del nuevo modelo del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Puno.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando el brazo. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la consulta, se aprueba la moción de saludo.

—El texto de la moción aprobada es el siguiente:

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su justo reconocimiento y saludo a la Corte Superior de Justicia de Puno, con motivo de cumplirse, el 1 de octubre de 2012,

el tercer aniversario de la aplicación del nuevo modelo del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Puno.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Rómulo Carcausto Calla, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno; y, por su intermedio, a los magistrados, jueces, auxiliares y operadores del Poder Judicial de Puno.

Lima, 3 de octubre de 2012.”

Se aprueba el proyecto de resolución le-gislativa por el que se propone aprobar el Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el Establecimiento de Sistemas de Control Integrado en los Pasos de Frontera de Perú

y Brasil

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— El Relator va a dar lectura a la sumilla del siguiente proyecto de ley.


Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa N.° 9597/2011PE, mediante el cual se propone aprobar el Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el Establecimiento de Sistemas de Control Integrado en los Pasos de Frontera de Perú y Brasil, suscrito el 11 de diciembre de 2009 en la ciudad de Lima, República del Perú.*

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Se va a iniciar la sustentación del proyecto de Resolución Legislativa N.° 959, contenido en el dictamen por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se propone aprobar el Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el Establecimiento de Sistemas de Control Integrado en los Pasos de Frontera de Perú y Brasil.

Tiene la palabra el congresista Javier Diez Canseco, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, hasta por diez minutos.

El señor DIEZ CANSECO CIS-NEROS (APFA).— Señor Presidente, como ha sido señalado por usted, se trata de proponer al Pleno la aprobación del Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el




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Establecimiento de Sistemas de Control Integrado en los Pasos de Frontera de Perú y Brasil.

Este acuerdo fue suscrito el 11 de diciembre del año 2009, es decir, hace casi tres años, y el presente dictamen se enmarca dentro del procedimiento establecido en el artículo 56.° de la Constitución Política del Perú y en el literal f), numeral 1), del artículo 76.° del Reglamento del Congreso de la República.

Los aspectos más importantes de este convenio son los siguientes:

En primer lugar, este es un convenio que tiene cincuenta y nueve artículos y establece las normas que regulan el funcionamiento de las áreas de control integrado en la zona de frontera.

El convenio tiene por objeto agilizar y simplificar los procedimientos de control fronterizo en el tránsito internacional de personas, equipajes, vehículos y mercancías; y básicamente regula las áreas de control integrado en los pasos fronterizos entre Perú y Brasil.

En realidad, lo que el convenio hace es extender a la relación entre Perú y Brasil un convenio sobre manejo de personas y mercancías en las zonas fronterizas que tenemos con varios países de la Comunidad Andina.

Como lo señala el convenio, se trata de áreas en las que se realizan actividades de control integrado a cargo de funcionarios nacionales de ambos países. En consecuencia, en una sola área ejercen una función de control fronterizo funcionarios peruanos y funcionarios brasileños. El pasajero que lleva la mercadería pasa por un solo control que tiene un carácter binacional y, por lo tanto, se reducen los trámites y se facilita el procedimiento.

Al referirse a control integrado, el tratado alude al acto de verificación y supervisión del cumplimiento de los requisitos legales de salida y de entrada de personas, equipajes, mercancías y vehículos que realizan los funcionarios nacionales competentes de los organismos de frontera.

Las partes acuerdan iniciar estas agencias de control, estas áreas de control integrado fronterizo, en el paso carretero de frontera de Iñapari en relación con Assis, en el Brasil.

Por lo tanto, en el eje de la carretera Interoceánica Sur se instalaría el primer mecanismo de control carretero bajo el sistema de área de control integrado fronterizo.

Los Estados partes podrán extender los beneficios de este control a otros pasos de frontera, en tanto el tratado les confiere, en el artículo 2, esa prerrogativa.

Un control integrado supone, como he señalado, que existirá un solo control de persona, mercancías y vehículos, lo que evitará que en cada lado de la frontera se tenga que pasar por un control distinto. Autoridades de ambos países operarán en el área integrada.

A veces se advierten varios controles de salida y de ingreso, porque también hay controles de sanidad, de protección al ambiente, de tráfico ilícito de drogas o recursos, de detenidos, etcétera.

El ingreso al país solamente quedará autorizado cuando todas las entidades del país de origen y del país de destino hayan agotado, en la misma área integrada, todas las verificaciones y las constataciones correspondientes, como lo establece el artículo 3 del convenio.

El convenio tiene la peculiaridad adicional de facultar a los Estados partes a suscribir o adoptar procedimientos simplificados y similares en los denominados acuerdos operativos y buscar la estandarización u homogenización de los procedimientos administrativos en la frontera.

Según el artículo 6 del convenio, se pueden estandarizar, por los funcionarios de ambos países, los mecanismos de control sanitario, fitosanitario o zoosanitario en los casos se salud pública, como está en los artículos 32 y 36 del convenio. Se pueden estandarizar los procesos de identificación y búsqueda de delincuentes, como está en el artículo 30 del convenio. Se pueden estandarizar los procesos de control de evasión de impuestos. Se estandarizarían los procesos de control del contrabando o de la minería informal. Se podrían estandarizar los mecanismos de control de los vehículos de pasajeros y de carga, como lo dice el artículo 34; y el control de mercancías no permitidas, como lo establece el artículo 41. Se pondrían estandarizar los procesos de control de comercialización de especímenes de flora y fauna silvestre, vivos o muertos, y de especies amenazadas, como lo dice el artículo 50. Se estandarizaría el control de los procesos de plagas o epidemias de recursos naturales, como la madera, y de personas. Y se estandarizaría el control de residuos sólidos, sean peligrosos o no, como lo establece el artículo 51 del convenio.

Todo ello, señor Presidente, conduce a una mayor predictibilidad, a una mayor eficiencia, a



una reducción del gasto en recursos, a un mejor aprovechamiento del tiempo. Se espera que todo ello beneficie, además, a los Estados en su acción de control a los ciudadanos que constantemente transitan por dichas áreas.

De esta forma, ambos países no solo controlan, sino que cooperan entre sí y acceden a la información. Se apoyan de manera efectiva y no lírica, como se objeta a muchos convenios de integración.

Este tratado tiene sus antecedentes en la Comunidad Andina. En la Comunidad Andina existen también ya establecidas y firmadas modalidades de desarrollo fronterizo que permiten básicamente dos estructuras: los llamados centros binacio-nales de atención de frontera y las llamadas zonas de integración fronteriza. Estas dos modalidades son similares a las áreas de control integrado fronterizo con el Brasil.

Los centros binacionales de atención de frontera son conjuntos de instalaciones que se localizan en una porción de territorio colindante de uno o de los dos países miembros de la Comunidad Andina. Es un paso de frontera donde funcionarios de ambos países prestan el servicio de control integrado.

Estos casos existen entre Perú y Bolivia, y se iniciarán el estudio y la factibilidad del diseño final del centro binacional de atención de frontera en Desaguadero.

Entre Colombia y Ecuador se han identificado también las necesidades técnicas y de inversiones necesarias para el funcionamiento de este centro yuxtapuesto en las adyacentes del puente Rumichaca, sobre las bases de los Cenaf [centros nacionales de atención en frontera] existentes en Colombia y Ecuador.

Y Ecuador y Perú vienen trabajando conjuntamente para definir el lugar dónde establecer este centro binacional de atención de frontera en Huaquillas y Aguas Verdes, con estudios que cuentan con financiamiento de la Unión Europea.

El acuerdo con el Brasil extiende un mecanismo que está ya establecido en acuerdos previos con los países andinos. De esta manera, Presidente, se homogenizará un mecanismo de funcionamiento en este terreno.

Las instituciones peruanas que participarían en este control fronterizo integrado que se plantea en este tratado serían el Ministerio del Interior (con la Policía Nacional y la Dirección General

de Migraciones y Naturalización), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Senasa [Servicio Nacional de Sanidad Agraria], el Instituto Tecnológico Pesquero y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

Y en el mismo espacio, en el mismo local, funcionarían las instituciones brasileñas que son la contraparte: la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del Brasil, el Departamento de la Policía Federal Brasileña, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Pesquería y Abastecimiento, el Departamento de Policía Rodoviária Federal y la Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Este acuerdo que integra en una sola entidad de control fronterizo a las autoridades binacionales cuenta con las opiniones favorables de la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores; de la Dirección General de la Oficina General de Cooperación Internacional del Ministerio de Salud; de la Dirección General de Migraciones y Naturalización; de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura; de la Dirección General del Ministerio de Justicia del Perú; de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria; del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; del Gobierno Regional de Madre de Dios; de la Dirección General de Defensa Nacional y Control de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores; del Ministerio de Ambiente; del Ministerio de Energía y Minas; del Ministerio de Defensa; y de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El convenio es importante porque hará más fácil que en estos espacios haya celeridad, eficiencia y cooperación, lo que permitirá una atención de mejor calidad a quienes cruzan las mercaderías y desarrollan la actividad comercial y a todas las personas. Debemos de tener presente, además, que estamos ad portas del campeonato mundial de fútbol y de los juegos olímpicos, torneos que se desarrollarán en los años venideros en Brasil; y que se incrementará el movimiento de pasajeros y mercancías por estas carreteras.

Por las razones expuestas, la Comisión solicita a la Representación Nacional su voto favorable del dictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa 959/2011PE.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— En vista de que el presente dicta



1422

men ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá, en aplicación del tercer párrafo del inciso b) del artículo 55.° del Reglamento, un máximo de dos minutos para que exponga su posición.

Tiene la palabra la congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPF).— Presidente, curiosa la lección que nos da la vida. Hace unos instantes: los mismos congresistas que hoy solicitan que este dictamen se apruebe, decían que se necesitaba más tiempo para

la aprobación del proyecto de modificación del Código Civil porque comprendía cincuenta y nueve artículos.

Bueno, este tratado también contiene cincuenta y nueve artículos. Aunque el presidente de la Comisión se ha demorado en hacer una exposición casi leyendo textualmente el dictamen, tampoco podríamos decir que la propuesta no sirve y que habría que pedir otra semana. ¿Cuántas personas están involucradas en este tratado? Mucho menos de las que están involucradas en el Código Civil, que se aplica a millones de personas en el Perú. Sin embargo, por decisión respetable del Pleno, vamos a demorar una semana respecto de un trabajo que tiene doce años.

Si leemos bien el dictamen —como tenemos que hacerlo—, vemos que hay un trabajo concienzudo, profesional, y que han participado nuestros representantes en la comisión especializada de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, no vamos a tener el temor que se ha tenido hace unos instantes y vamos a aprobar este proyecto, porque es un proyecto necesario que recoge decisiones políticas que han tomado anteriores gobiernos, entre ellos el gobierno encabezado por el presidente Alberto Fujimori.

Hemos hecho nuestra tarea, hemos leído la propuesta y confiamos en el trabajo de nuestros representantes en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Vamos a apoyar este proyecto, Presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra el congresista Rolando Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPF).— Presidente, claro, cuando al Brasil le conviene: “Hagamos una frontera única y una sola garita binacional para que ambos funcionarios puedan decidir qué mercaderías entran y salen”.

Como usted debe saber, Presidente, Brasil es un país eminentemente proteccionista. Brasil crece protegiéndose, Brasil crece no dejando que muchos productos peruanos ingresen a su país; pero ellos sí pueden traer todos sus productos al Perú. Brasil crece en base a un mercado cerrado, no a un mercado abierto.

Presidente, nosotros tampoco vamos a argumentar que los cincuenta y nueve artículos no son válidos y hay que esperar una semana más. Creemos que acá hay responsabilidad; y cuando uno viene al Congreso a ser responsable en todo, hay que aceptar las responsabilidades, pero no poner argumentos tontos para postergar una semana el tratamiento de un tema. Y fíjese, vamos a aprobar un proyecto de ley que favorece más a los brasileños que a los peruanos.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Señor Presidente, se trata de presentar aquí un cotejo de normas que tienen muy distinta naturaleza. A contrario sensu del raciocinio de la congresista Martha Chávez, yo deberé decir que la codificación civil,

que gravita sobre millones de peruanos, requiere un tratamiento mucho más acucioso que una ley de control de relaciones bifrontera entre nuestro país y Brasil.

La naturaleza entre estas normas es diversa. Una intenta aplicar al control de fronteras el mismo carácter que nuestro país ya viene aplicando con otros países fronterizos. La otra tiene que ver con las relaciones familiares y patrimoniales que gravitan sobre millones de peruanos. Entonces, es forzado, es arbitrario querer cotejar distintas normas.

Y en lo que corresponde al proyecto de resolución legislativa que está en debate, debo decir que la relación con Brasil es transcendente desde la perspectiva del turismo, la economía, el comercio, la



política vial y el desarrollo. En este caso no hay de por medio una relación paternalista o proteccionista en el mal sentido de la palabra, sino una relación de equidad en las dos instituciones que representan los Estados con el fin de evitar una burocracia que repita el trámite y facilitar la mejor relación entre las poblaciones de los distintos países.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Señor Presidente, en principio, yo estoy en favor de la integración.

En efecto, la naturaleza de un convenio internacional bilateral sobre

integración aduanera e integración fronteriza es algo distinta de la naturaleza de la modificación del Código Civil. Se trata de materias de una naturaleza jurídica marcadamente distinta.

Pero hay un tema que ha mencionado el congresista Reátegui y que, honestamente, me preocupa. Es evidente que entre el Perú y Brasil hay una asimetría: 8 000 000 de kilómetros cuadrados frente a un millón doscientos mil y pico de kilómetros cuadrados; 200 000 000 de habitantes frente a 30 000 000 de habitantes. Es una economía quizá entre cinco y diez veces mayor que la nuestra; y, en efecto, el Brasil ha sido tradicionalmente un país expansionista.

Este convenio debe haber sido escrupulosamente revisado por la Cancillería y escrupulosamente negociado por la Cancillería peruana con Itamaraty —o sea, la Cancillería brasileña—; pero si contuviera disposiciones que no fueran favorables al Perú o que fueran desfavorables al Perú o que establecieran una inferioridad jurídica del Perú con respecto al Brasil, pediría que el congresista Reátegui, que ha mencionado esa hipotética eventualidad…


El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Pediría que el congresista Reátegui nos precisara en qué consisten esas desventajas del Perú, de modo que podamos dar otra mirada —‘La otra mirada’ es el título de una columna periodística que de vez en cuando recibo por internet— a este convenio.

Por lo tanto, yo exhorto al señor Reátegui a que nos diga cuáles son esas partes, esos artículos, esas excepciones de este convenio que serían hipotéticamente más favorables al Brasil que al Perú.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra el congresista Amado Romero.

El señor ROMERO RODRÍ-GUEZ (NGP).— Señor Presidente, como representante de la región Madre de Dios, no me queda más que saludar a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República por esta propuesta

legislativa de aprobación del Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa de Brasil para el Establecimiento de Sistemas de Control Integrado en los Pasos de Frontera de Perú y Brasil, suscrito el 11 de diciembre del año 2009 en la ciudad de Lima.

Esta norma va a traer enorme desarrollo a la población de Madre de Dios, donde la convivencia entre el Perú y Brasil se viene dando desde hace mucho tiempo. Prueba de ello es que Iñapari, capital de la provincia del Tahuamanu, convive con Vila Assis, del hermano país del Brasil. Y hay tanta relación que incluso el 20% de los alumnos de nuestro querido Perú estudian en la República Federativa de Brasil. Hay intercambio turístico y comercial, y esta norma ayudaría a regular el paso de vehículos y mercancías.

Cuando hablamos de los 200 000 000 de brasileros, cuánto quisiéramos que vengan por turismo al Perú a conocer Machu Picchu, el Parque Nacional del Manu y tantas zonas importantes que tenemos en el país.

En nombre del pueblo de Madre de Dios felicito esta decisión, y estoy seguro de que la Representación Nacional no va a dudar en apoyar este proyecto de resolución legislativa que va a traer nuevos niveles de vida en nuestra región.

Por lo tanto, creo que es muy importante la promulgación de esta norma.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra la congresista Julia Teves.



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La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, estoy feliz de reencontrarme con mis colegas después de varios días de representación en nuestra regiones.

Referirnos a la carretera Interoceánica del Sur, señor Presidente, invoca un sincero compromiso con el sur del país.

Como remarcaba mi colega de bancada, ya hay una convivencia entre Vila Assis e Iñapari y las demás zonas de Madre de Dios. Los materdeitanos y los cusqueños van a sentirse felices, porque hay compromisos de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo de defensa nacional. Hay que ver a Brasil como un país que concatena esfuerzos no solamente económicos, sino también de defensa nacional.

En Sudamérica tenemos a ciudadanos argentinos, bolivianos y brasileños que muy bien se regocijan durante ocho, diez o quince días en la ciudad del Cusco. El Cusco recibe a todos los hermanos de los países sudamericanos que quieren visitar Machu Picchu.

Cuando hay una carretera, hay inclusión social; cuando se desarrolla una carretera, también los hermanos más olvidados van a tener, con carácter resplandeciente, un desarrollo, un insumo para mejorar en salud, educación y una infinidad de cosas.

Felicito al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores por insistir en este tema. Naturalmente, mi bancada va a apoyar este proyecto de resolución legislativa, porque integrar países es conseguir desarrollo, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— En vista de que ningún otro congresista ha pedido el uso de la palabra, va a intervenir el congresista Javier Diez Canseco, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El señor DIEZ CANSECO CIS-NEROS (APFA).— Señor Presidente, como es evidente, esta es una resolución que aprueba un acuerdo marco entre dos países y tiene en la mira los intereses de los dos países.

Este no es un tratado para beneficiar a Brasil; este es un tratado para establecer un mecanis

mo que ya tenemos establecido y acordado con Bolivia, Ecuador y Colombia, como parte de los países de la Comunidad Andina, para facilitar el tránsito fronterizo y establecer un puesto único que combine los diferentes mecanismos de control, que van desde los policiales y migratorios hasta los tributarios, sanitarios y otros.

Por la importancia y la significación de este tema, pido que la Representación Nacional vote el artículo único, materia de la resolución, con el fin de aprobar este Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el establecimiento de sistemas de control integrado en los pasos de frontera de Perú y Brasil, suscrito el 11 de diciembre de 2009 en la ciudad de Lima, República del Perú.

Un congresista tenía una preocupación respecto al ingreso de transgénicos como producto de este convenio, por lo que debo manifestar que este convenio sujeta el ingreso de las mercancías o los productos que entran a uno u otro país a la legislación de cada uno de esos países. Es decir, si en el Perú está prohibido el comercio de transgénicos, estará prohibido, en este mecanismo único fronterizo, el pase de transgénicos.

De acuerdo con la legislación y la autorización que cada país otorga para el ingreso y salida de productos es que operará este acuerdo binacional que estamos sometiendo a aprobación.

Pido, señor Presidente, que se someta al voto este proyecto de resolución legislativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Pido a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia.



Al voto.


—Efectuada la votación, se aprueba, por 92 votos a favor, ninguno en contra y una absten-ción, el proyecto de resolución legislativa por



el que se propone aprobar el Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el establecimiento de Sistemas de Control Integrado en los Pasos de Frontera de Perú y Brasil.

—Reasume la Presidencia el señor Víctor Isla Rojas.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido aprobado.

Se deja constancia, además, del voto a favor de los congresistas Lescano Ancieta y Pérez Tello de Rodríguez.

Resultado final: 94 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Ha sido aprobado el Proyecto de Resolución Legislativa N.° 959, por el que se propone aprobar el Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa de Brasil para el Establecimiento de Sistemas de Control Integrado en los Pasos de Frontera de Perú y Brasil.

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78.° del Reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de doble votación.

—El texto aprobado es el siguiente:

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa siguien-te:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE APRUE-BA EL ACUERDO MARCO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLI-CA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO EN LOS PASOS

DE FRONTERA DE PERÚ Y BRASIL

Artículo único. Objeto de la Resolución Legislativa

Apruébase el Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el Establecimiento de Sistemas de Control Integrado en los Pasos de Frontera de Perú y Brasil, suscrito el 11 de diciembre de 2009, en la ciudad de Lima, República del Perú.

Comuníquese, etc.”

“Votación del Proyecto de Resolución Legislativa 959

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Núñez, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Diez Canseco Cisneros, Fujimori Higuchi, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Rivera, León Romero, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Molina Martínez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand de Dyer, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Señor congresista que se abstuvo: Reátegui Flores.”

Se aprueba en primera votación y se acuer-da exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley por el que se propone modificar la Ley 29588, Ley que Complementa las Facultades de la Super-intendencia Nacional de Bienes Estatales

(SBN)

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— El Relator va a dar lectura a la sumilla del siguiente punto.


Dictamen por unanimidad de la Comisión de Vivienda y Construcción, recaído en el Proyecto



1426

de Ley N.° 1141/2011CR, con un texto sustitutorio mediante el cual se propone modificar la Ley 29588, Ley que Complementa las Facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Vivienda y Construcción del período anual de sesiones 20112012, recaído en el Proyecto de Ley 1141, con un texto sustitutorio que propone modificar la Ley 29588, Ley que Complementa las Facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el congresista Manuel Merino, presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción.

El señor MERINO DE LAMA (APFA).— Señor Presidente, el Proyecto de Ley 1141, que ha sido presentado por el grupo parlamentario Alianza Parlamentaria a iniciativa del señor congresista Falconí Picardo, propone modificar

los artículos 1.°, 5.°, y 7.° e incorporar los artículos 8.° y 9.° en la Ley 29588, Ley que Complementa las Facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Este proyecto de ley fue dictaminado favorablemente por unanimidad con un texto sustitutorio el día 13 de junio de 2012.

El 29 de setiembre del año 2010 se publicó la Ley 29588, Ley que Complementa las Facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, norma que autoriza a que las personas jurídicas sin fines de lucro beneficiadas con la adjudicación de inmuebles de propiedad estatal puedan transferir dichos bienes siempre que el producto económico se utilice para adquirir otro inmueble destinado a local institucional.

La venta autorizada debe entenderse como excepcional, por cuanto la adjudicación se realiza luego de constatar que la beneficiaria tiene la necesidad de contar con un inmueble para implementar o instalar su local institucional. En consecuencia, lo regular es que el inmueble adjudicado no se transfiera, sino que se conserve y destine al fin que motivó la adjudicación.

El artículo 1.° de la citada ley no establece condición alguna para autorizar la venta de los

citados inmuebles, lo cual constituye una omisión que consideramos oportuno corregir. Por ello, se propone establecer que para la venta de los inmuebles adjudicados a título gratuito a favor de determinadas personas jurídicas sin fines de lucro debe concurrir una situación excepcional o de fuerza mayor debidamente constatada por el órgano estatal.

Con el fin de evitar que las personas jurídicas beneficiadas con adjudicaciones inmobiliarias de propiedad estatal transfieran esos inmuebles en forma arbitraria e injustificada a terceras personas, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales es la que debe autorizar la venta.

La ley establece una condición de postventa en el sentido de que el producto económico obtenido por las transferencias debe utilizarse para la compra de un inmueble destinado al local institucional y para dotar a este de la infraestructura necesaria, condición que opera desde efectuada la venta, por lo que resulta incompatible con las modificaciones propuestas.

La aplicación del artículo 1.° de la Ley 25988 ha generado algunos problemas operativos que deben ser resueltos.

En primer lugar, existen personas jurídicas que por su naturaleza de extensión deben contar con sedes institucionales en la ciudad de Lima y otros departamentos del país, por lo que necesitan contar con más de un inmueble para cumplir con los fines institucionales. Eso es algo que no prevé la norma vigente.

En segundo lugar, existen casos en los que, dada la ubicación del inmueble adjudicado, el producto de la venta supera en exceso el costo del nuevo inmueble o inmuebles que serán adquiridos, e incluso el costo de la dotación de su infraestructura. En estos casos, según la interpretación literal de la norma vigente, el adjudicatario vendedor solo podría adquirir un inmueble y se quedaría con un saldo que no podría gastar según su libre discrecionalidad, lo cual no se condice con el espíritu de las adjudicaciones que realiza el Estado a título gratuito.

Por ello, se propone la modificación de los artículos 1.° y 7.° de la Ley 29588 a fin de resolver dichos problemas y establecer que, con el producto económico que las personas jurídicas sin fines de lucro obtienen por la transferencia de los inmuebles que les fueron adjudicados, se puede adquirir uno o más inmuebles.




Se modifica el numeral 7.1 del artículo 7.° para elevar el porcentaje que debe corresponder a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales por su participación en la actividad que señala la Ley 29588. Se fija dicho porcentaje en 3%, de modo que guarde coherencia con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 071-2001 en lo que se refiere a la participación de dicha entidad en otras actividades similares. En el proyecto anterior mantenía un 1,5%; pero aquí se le está dando el 3%.

Por otro lado, para que se cumpla con la finalidad específica, estas adjudicaciones se ejecutan bajo las reglas del derecho administrativo, bajo la sanción de que reviertan a favor del Estado en caso se incumplan las condiciones establecidas en el acto de adjudicación.

Resulta pertinente que la venta de bienes adjudicados a personas jurídicas sin fines de lucro se efectúe mediante un procedimiento que otorga la mayor garantía de transparencia. En tal sentido, se propone modificar el artículo 5.° de la Ley 29588 para establecer que, en caso de adjudicatarios que deseen transferir o vender el inmueble adjudicado, dicho acto se realice mediante subasta pública con participación de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. De esta manera se garantizará no solo la transparencia, sino también la optimización del valor del inmueble.

Finalmente, en salvaguarda de la finalidad que inspira a toda adjudicación inmobiliaria ejecutada por el Estado, se propone la inclusión de los artículos 8.° y 9.° de la Ley 29588.

En el primero, se establece que el bien o bienes adquiridos con el producto económico de la transferencia del bien adjudicado deben mantener las mismas cargas que se impusieron al bien adjudicado, y estas se deben cumplir bajo sanción de reversión en favor del Estado.

En el segundo, se sanciona con nulidad y reversión a favor del Estado en caso se incumplan las disposiciones de la Ley 25988.

De esta manera se cautelan la finalidad y el buen uso de los bienes públicos trasladados a la esfera patrimonial de las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, dado que a la fecha el Congreso de la República ha expedido ciento cincuenta y nueve leyes de adjudicación —y, en consecuencia, ha adjudicado ciento cincuenta y nueve inmuebles—.

Por estas consideraciones, señor Presidente, pido recomendar la aprobación del Proyecto de

Ley 1141/2011CR con el texto sustitutorio que tienen a la vista los congresistas:

“Artículo 1. Modificación de los artículos 1, 5 y 7 de la Ley 29588, Ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)

Modifícanse los artículos 1, 5 y 7 de la Ley 29588, Ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), en los siguientes términos:

Artículo 1. Objeto de la ley

Autorízase a realizar la venta de bienes inmuebles adjudicados por ley a título gratuito a favor de personas jurídicas sin fines de lucro, a fin de que el producto económico obtenido se utilice para la adquisición de uno o más inmuebles destinados a local institucional y al equipamiento de su infraestructura.

La venta se realiza solo por causa excepcional o de fuerza mayor y es autorizada por la Superinten-dencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

Artículo 5. Ejecución de la venta

La venta de los inmuebles adjudicados se efectúa vía subasta pública a través de la Superinten-dencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), aplicando, en lo que fuere pertinente, las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Artículo 7. Recursos

Los recursos que se obtengan son depositados en una cuenta especial abierta por la SBN y se dis-tribuyen previa deducción de los gastos operativos y administrativos de la siguiente forma:

Noventa y siete por ciento (97%) para la entidad adjudicataria.

Tres por ciento (3%) para la SBN.

(…)

7.3 Los ingresos que corresponden a la entidad adjudicataria se utilizan, en el plazo máximo de seis meses de ejecutada la venta, para la ad-quisición de uno o más inmuebles destinados a local institucional y para el equipamiento de su infraestructura.

(…)



1428

Artículo 2. Incorporación de los artículos 8 y 9 de la Ley 29588, Ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)

Incorpóranse los artículos 8 y 9 de la Ley 29588, Ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, con el siguiente texto:

Artículo 8. Carga de los bienes adquiridos

El inmueble o inmuebles de las personas ju-rídicas adquieren en aplicación del artículo 1 mantienen la misma carga o cargas que se es-tablecieron en la ley de adjudicación, las cuales deben cumplirse bajo sanción de reversión a favor del Estado, sin la obligación de reembolso alguno por las mejoras que pudieran haberse ejecutado en el bien.

Artículo 9. Causal de la nulidad y reversión a favor del Estado

El incumplimiento de las normas contenidas en la presente Ley constituye causal de nulidad de los actos jurídicos realizados respecto a los inmuebles adjudicados o adquiridos y de reversión de los mismos a favor del Estado.”

Señor Presidente, este es un proyecto que fue dictaminado favorablemente por unanimidad y esperamos que el Pleno del Congreso lo pueda ratificar el día de hoy.

Eso es todo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene el uso de la palabra la congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPF).— Presidente, el dictamen mantiene un texto oscuro que contiene la ley que se está modificando, porque la ley y el dictamen dicen; “Autorízase a realizar la venta de bienes inmuebles adjudicados por

ley (…)”. ¿A quién se autoriza realizar la venta? Se autoriza realizar la venta a las entidades que fueron beneficiarias de una adjudicación gratuita e inmobiliaria por mandato de una ley. Por lo tanto, habría que hacer un pequeño esfuerzo para corregir esta redacción.

Yo propongo que se diga lo siguiente:

“Autorízase a las personas jurídicas sin fines de lucro a realizar la venta de bienes inmuebles adjudicados por ley a título gratuito a su favor, a fin de que el producto económico obtenido se utilice para la adquisición de uno o más inmuebles destinados como local institucional y al equipamiento de su infraestructura”.

Ahora, ¿qué significa esto de causa excepcional, Presidente? En el dictamen, al artículo 1 de la Ley 29588 se añade un segundo párrafo que dice: “La venta se realiza solo por causa excepcional (…)”. ¿Qué se entiende por causa excepcional? Yo creo que sería bueno que se hiciera un esfuerzo por definir qué se entiende por causa excepcional.

De otro lado, Presidente, el miedo de que la ley vigente produzca una suerte de efervescencia en la venta de los locales inmobiliarios que se han cedido a título gratuito a personas jurídicas sin fines de lucro no se justifica, porque de acuerdo con la ley vigente, tal como se mantiene en el dictamen, tiene que intervenir en la venta, bajo condición de no validez, la propia Superintendenta Nacional de Bienes Estatales. Por lo tanto, no sé cuál es el riesgo que se nos plantea para señalar la urgencia de esta norma.

En todo caso, Presidente, sí estoy de acuerdo con los agregados que se plantean en los artículos 5.° y 7.° y en los artículos 8.° y 9.°. Pero que quede muy claro que actualmente, con la Ley 29588, se obliga a que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales intervenga, de conformidad con el artículo 4.° de la Ley, con una opinión técnica y legal. Dice: “La opinión emitida por la SBN constituye un requisito de validez del acto final de disposición”.

Quizás habría también aquí —y propongo esto, Presidente— que señalar que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales no solo tiene que emitir una opinión, porque esta podría ser negativa y, sin embargo, haberse cumplido con el requisito de que emita opinión. Tendría que ser una opinión favorable. Por lo tanto, sugiero que en el dictamen se corrija el artículo 4.° de la Ley 29588 y se señale que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales debe emitir una opinión técnica legal aprobatoria. En el título del artículo 4.°…


La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPF).— Presidente, en el título del artículo 4.° se habla de aprobación de la Superintendencia Nacional de



Bienes Estatales. Sin embargo, no se menciona que haya una aprobación, sino simplemente una opinión técnicolegal.

Sabemos que a veces el Congreso pide opinión sobre temas tributarios temporales al Ministerio de Economía y Finanzas y queda habilitado para pronunciarse así esa opinión no sea favorable.

Igualmente en este caso, si no se precisa que la opinión técnicolegal tiene que ser favorable a la venta, esta se podría producir incluso en contra de la opinión de la Superintendencia, cosa que se tiene que corregir.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, congresista Manuel Merino.

El señor MERINO DE LAMA (APFA).— Presidente, nosotros recogeríamos la sugerencia hecha por la congresista en lo que corresponde a la modificación del artículo 1 de la Ley 29588 en el sentido de eliminar la parte de la venta por

causas excepcionales. Creo que es un agregado que sin ningún problema podemos retirar.

Entonces, retiraríamos la parte que dice: “La venta se realiza solo por causa excepcional o de fuerza mayor y es autorizada por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)”.

Consecuentemente, la propuesta de modificación del artículo 1.° de la Ley 29588 quedaría con la siguiente redacción:

“Artículo 1. Objeto de la ley

Autorízase a las personas jurídicas sin fines de lucro a realizar la venta de bienes inmuebles adjudicados por ley a título gratuito a su favor, a fin de que el producto económico obtenido se utilice para la adquisición de uno o más inmuebles destinados como local institucional y al equipamiento de su infraestructura.”

Los artículos siguientes quedarían conforme han sido expuestos, señor Presidente.

Y en el artículo 4.°, que no había sido contemplado por la Comisión, se incorporaría, en el numeral 4.1, que la aprobación de la venta se remite con

opinión favorable de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

El resto sigue igual como ha estado en la redacción.

Alcanzo inmediatamente el texto que ha sido modificado para que podamos proceder a la aprobación correspondiente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Señor Relator, dé lectura, por favor.


Modificaciones al texto sustitutorio

“Artículo 1. Objeto de la Ley

Autorízase a las personas jurídicas sin fines de lucro a realizar la venta de bienes inmuebles adjudicados por ley a título gratuito a su favor, a fin de que el producto económico obtenido se utilice para la adquisición de uno o más inmuebles destinados como local institucional y al equipamiento de su infraestructura.

Artículo 4. Aprobación de la SBN y posibilidad de permuta de bienes

4.1 Aprobada la venta se remite la documentación sustentada a la SBN, a fin de que emita opinión técnica y legal. La opinión favorable emitida por la SBN constituye un requisito de validez del acto final de disposición.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Pido a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia para proceder a votar.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Han registrado su asistencia 95 congresistas.

Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba en primera votación, por 94 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio del proyecto de ley por el que se propone modificar la Ley 29588, Ley que Complementa las Facultades de



1430

la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Ha sido aprobado.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Belaunde Moreyra y Rimarachín Cabrera.

Resultado final: 96 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Ha sido aprobado por unanimidad, en primera votación, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 1141.



Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 29588, LEY QUE COMPLEMENTA LAS FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES (SBN)

Artículo 1. Modificación de los artículos 1, 4, 5 y 7 de la Ley 29588, Ley que complementa las facultades de la Superintendencia Na-cional de Bienes Estatales (SBN)

Modifícanse los artículos 1, 4, 5 y 7 de la Ley 29588, Ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), en los siguientes términos:

‘Artículo 1°. Objeto de la Ley

Autorízase a las personas jurídicas sin fines de lucro a realizar la venta de bienes inmuebles adjudicados por ley a título gratuito a su favor, a fin de que el producto económico obtenido se utilice para la adquisición de uno o más inmuebles destinados como local institucional y al equipamiento de su infraestructura.

Artículo 4°. Aprobación de la SBN y posibilidad de permuta de bienes

4.1 Aprobada la venta se remite la documentación sustentada a la SBN, a fin de que emita opinión técnica y legal. La opinión favorable emitida por la SBN constituye un requisito de validez del acto final de disposición.

(…)

Artículo 5°. Ejecución de la venta

La venta de los inmuebles adjudicados se efectúa vía subasta pública a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), aplicando, en lo que fuere pertinente, las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Artículo 7°. Recursos

7.1 Los recursos que se obtengan son depositados en una cuenta especial abierta por la SBN y se distribuyen previa deducción de los gastos operativos y administrativos de la siguiente forma:

a) Noventa y siete por ciento (97%) para la entidad adjudicataria.

b) Tres por ciento (3%) para la SBN.

(…)

7.3 Los ingresos que corresponden a la entidad adjudicataria se utilizan, en el plazo máximo de seis meses de ejecutada la venta, para la adquisición de uno o más inmuebles destinados a local institucional y para el equipamiento de su infraestructura.

(…)’

Artículo 2. Incorporación de los artículos 8 y 9 a la Ley 29588, Ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)

Incorpóranse los artículos 8 y 9 a la Ley 29588, Ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), con los siguientes textos:

‘Artículo 8°. Carga de los bienes adquiridos

El inmueble o inmuebles que las personas jurídicas adquieren en aplicación del artículo 1 mantienen la misma carga o cargas que se establecieron en la ley de adjudicación, las cuales deben cumplirse bajo sanción de reversión a favor del Estado, sin la obligación de reembolso alguno por las mejoras que pudieran haberse efectuado en el bien.

Artículo 9°. Causal de nulidad y de reversión a favor del Estado

El incumplimiento de las normas contenidas en la presente Ley constituye causal de nulidad de los actos jurídicos realizados respecto a los inmuebles



adjudicados o adquiridos y de reversión de los mismos a favor del Estado.’


“Primera votación del texto sustitutorio del Proyecto 1141

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Diez Canseco Cisneros, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Rivera, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Molina Martínez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand de Dyer, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra el congresista Manuel Merino, presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción.

El señor MERINO DE LAMA (APFA).— Presidente, conforme al procedimiento, solicito que se exonere de segunda votación este proyecto.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— En atención a lo solicitado por el presidente de la Comisión dictaminadora, se va a

consultar, con la misma asistencia, la dispensa de segunda votación.

Al voto.


—Efectuada la consulta, se acuerda, por 58 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones, exonerar de segunda votación el texto sustitu-torio del proyecto de ley por el que se propone modificar la Ley 29588, Ley que Complementa las Facultades de la Superintendencia Na-cional de Bienes Estatales (SBN).

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido acordado.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Alcorta Suero, Belaunde Moreyra, Rimarachín Cabrera y Simon Munaro.

Resultado final: 62 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones.

Ha sido acordada la dispensa de segunda votación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 1141.

“Votación de la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio del

Proyecto 1141

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Gastañadui Ramírez, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Iberico Núñez, Lay Sun, León Rivera, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Molina Martínez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Omonte Durand de Dyer, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Solórzano Flores, Tejada Galindo, Teves Quispe, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Aguinaga Recuenco, Bardález Cochagne, Bece



1432

rril Rodríguez, Ccama Layme, Chávez Cossío, Cordero Jon Tay, Cuculiza Torre, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Pariona Galindo, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Valqui Matos y Zeballos Salinas.

Señores congresistas que se abstuvieron: Benítez Rivas, Diez Canseco Cisneros y Pérez Tello de Rodríguez.”

Se aprueba en primera votación y se acuer-da exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley que declara el 7 de octubre de cada año como el Día de

la Marinera



Dictamen por unanimidad de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, recaído en el Proyecto de Ley N.° 1508/2012PE, con un texto sustitutorio en virtud del cual se propone declarar el 7 de octubre de cada año como el Día de la Marinera.*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Cultura del período anual de sesiones 20112012, recaído en el Proyecto de Ley 1508, que propone declarar, el 7 de octubre de cada año, el Día de la Marinera.

Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el congresista Aldo Bardález, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural.

El señor BARDÁLEZ COCHAG-NE (GPF).— Señor Presidente, ha ingresado para dictamen de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el Proyecto de Ley N.° 1508/2012PE, presentado con carácter de urgente por el Poder

Ejecutivo, con el fin de declarar Día de la Marinera el 7 de octubre de cada año.

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria del 19 de setiembre del año en curso.

Antes de continuar, quiero saludar a la delegación de marinera de la ciudad de Trujillo que hoy día nos visita.

(Aplausos).

Señor Presidente, la marinera es un género musical peruano que adquiere su nombre después de la guerra con Chile y en homenaje a la marinera peruana. El nombre fue propuesto por don Abelardo Gamarra, el Tunante, connotado escritor y periodista.

Diversas literaturas definen a la marinera como un género musical tradicional que se practica en gran parte de nuestro territorio y que comprende danza, poesía y tañido de instrumentos. Este género musical tiene una gran trascendencia para la identidad nacional, debido a que es la continuación de una práctica musical anterior denominada zamacueca. En efecto, su origen se atribuye a dicho baile colonial, que era muy popular en el siglo xix.

En su baile, la marinera muestra el mestizaje hispanoindioafricano. Existen diversas teorías o corrientes sobre su origen y evolución. Su variante más antigua es la marinera limeña, ejecutada con guitarra y cajón e interpretada como canto en contrapunto.

A lo largo del siglo xx se desarrollaron distintas variantes de marinera en todo el territorio nacional, siendo las más conocidas la norteña, la puneña, la ayacuchana, la cusqueña y la arequipeña.

El Congreso de la República dio la Ley 24447, que declara la ciudad de Trujillo como Capital Nacional de la Marinera. La norma se promulgó el 16 de diciembre de 1985, cuando el doctor Luis Alberto Sánchez era presidente del Congreso. En dicha ley se encargaba al Instituto Nacional de Cultura (INC) y al Fondo de Promoción Turística (Foptur) coordinar acciones para la organización y promoción del concurso nacional de marinera.

La presente propuesta legislativa busca que el 7 de octubre de cada año se declare Día de la Marinera, debido a que es el día en que nació don Augusto Ascuez Villanueva, conocido también como el Señor de las Jaranas, considerado uno de los mayores conocedores de este género musical y referente de las tradiciones populares limeñas en general.




Don Augusto Ascuez Villanueva es un personaje emblemático de la marinera y se ha tomado el día de su nacimiento como referencia para el Día de la Marinera. Asimismo, se considera apropiada esa fecha debido a que es previa al Día de la Marina de Guerra del Perú y a la conmemoración del Combate de Angamos.

En dicho contexto, la presente iniciativa legislativa enviada al Congreso de la República por el Poder Ejecutivo con carácter urgente tiene como propósito darle un alcance nacional a este género musical y reconocerlo en los distintos festivales del país como parte de las danzas típicas del país.

La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, después de haber realizado el estudio y análisis de la iniciativa materia del presente dictamen, recomienda, de conformidad con el artículo 70.° del Reglamento del Congreso de la República, la aprobación de esta norma con la siguiente fórmula legal sustitutoria:

“Texto Sustitutorio

Ley que Declara el 7 de Octubre de Cada Año Día de la Marinera

Artículo único. Día de la Marinera

Declárase a nivel nacional el 7 de octubre de cada año Día de la Marinera.”

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Concluida la sustentación, se da inicio al debate.

Tiene la palabra la congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPF).— Presidente, solamente para señalar mi complacencia de que el Congreso de la República apruebe este proyecto que ha sido remitido por el Poder Ejecutivo y reconoce la labor tesonera de generaciones.

Yo he tenido la ocasión de apreciar el trabajo esforzado de un grupo de personas que en el departamento de La Libertad han hecho que la marinera tenga un desarrollo tan grande, que se haya realizado la quincuagésima segunda edición del Campeonato Nacional de Marinera y la segunda edición del Campeonato Mundial de Marinera, Presidente.

Quiero expresar mi saludo a quien representa ese esfuerzo de todo el pueblo liberteño en la persona del presidente del Club Libertad, quien se encuentra presente y nos acompaña con un grupo numeroso de campeonas y campeones nacionales y mundiales de marinera.

Creo que es un momento muy especial para el Congreso. Me emociona muchísimo señalarlo, y quiero felicitar al señor Fernando Burmester Landauro, presidente del Club Libertad.

(Aplausos).

Por intermedio de usted, señor Presidente, pido a los colegas de todos los departamentos que están representados aquí en el Parlamento Nacional, que se apruebe esta norma que, además, honra a aquel ilustre peruano al que todos recordamos en cada sesión del Pleno: el diputado por Paita, el héroe nacional Miguel Grau Seminario.

Me pide una interrupción el congresista Héctor Becerril, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede hacer uso de la interrupción el congresista Héctor Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍ-GUEZ (GPF).— Presidente, en la señorial ciudad de Trujillo se realiza, desde hace cincuenta y dos años, el concurso nacional de marinera.

Al comienzo no fue fácil y no había los miles de participantes que ahora tiene. No había los procesos selectivos nacionales en cada departamento, como hoy ocurre. Al inicio tampoco venían parejas de todo el mundo a esta emocionante fiesta que se lleva a cabo año a año en el mes de enero en la ciudad de Trujillo.

Me aúno a la felicitación del presidente del Club Libertad, de Trujillo, en la persona de don Fernando Burmester Landauro, quien está ligado año a año a este gran concurso. Trujillo le debe a él todo este concurso que ahora es patrimonio de Trujillo, y también para decir que el Club Libertad…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Está en uso de una interrupción, congresista Becerril. El Reglamento señala que la interrupción es por un minuto, y el tiempo de cada bancada es de dos minutos.

Concluya, congresista.



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El señor BECERRIL RODRÍ-GUEZ (GPF).— Pido a todos los colegas que nos sumemos a este proyecto para declarar el 7 de octubre de cada año como el Día de la Marinera.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Puede continuar, congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPF).— Sé que esta es una fiesta familiar. La marinera, además de distraer y unir a las familias, es, por supuesto, un elemento de pacificación y honor, Presidente.

Pido a los congresistas que aprueben esta norma.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista José León.

El señor LEÓN RIVERA (PP).— Señor Presidente, quienes hemos vivido hace más de cincuenta y tres años el Concurso Nacional de Marinera tenemos que celebrar con la Representación Nacional que esta expresión de peruanidad no solo esté

en dieciocho regiones del Perú sino también en el extranjero.

El Club Libertad ha hecho concursos de marinera en Italia, España, Japón, Suiza, Francia, Bélgica, Suecia, Estados Unidos, Argentina, Chile y Bolivia.

Solicito a la Representación Nacional apoyar este gran proyecto; y luego, ¡a bailar marinera!


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra el congresista Michael Urtecho.

El señor URTECHO MEDINA (SN).— Presidente, como trujillano también me siento muy emocionado y felicito la iniciativa del Poder Ejecutivo para decretar el 7 de octubre como Día de la Marinera.

Quiero compartir con mis colegas parlamentarios que, desde el año 2008, en el Festival Internacional de la Marinera también bailan personas con discapacidad. Jóvenes y niños con diferentes tipos de discapacidad disfrutan también de este baile, lo que hace que este proyecto de ley sea de suma importancia para todos los sectores de la población.

Nosotros respaldamos esta iniciativa y felicitamos por todo el trabajo que se viene realizando con el Festival Internacional de la Marinera en Trujillo.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Finalmente, tiene la palabra el congresista Roberto Angulo.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Señor Presidente, como trujillano, como liberteño, como natural de la Capital Nacional de la Marinera, debo manifestar que nuestra bancada da su pleno y total apoyo a esta iniciativa de nuestro presidente de la República Ollanta Humala Tasso y el Ejecutivo.

La marinera es el baile nacional que más nos identifica. Indudablemente, tenemos otros bailes, como el huaino, pero lo que nos identifica como oriundos de la costa o de la sierra es precisamente la marinera. Y la marinera representa el sentir nacional y el sentir del héroe máximo de la Marina, Miguel Grau.

Saludamos también a la delegación trujillana, a la delegación del Club Libertad, porque durante cincuenta y dos años han mantenido incólume este baile y lo han difundido a nivel nacional e internacional; y todos los congresistas unánimemente queremos rendir tributo a este baile y votar a favor de este proyecto ley.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha concluido el debate.

Tiene el uso de la palabra el congresista Aldo Bardález, presidente de la Comisión de Cultura.

El señor BARDÁLEZ COCHAG-NE (GPF).— Señor Presidente, solicito ir al voto.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Correcto.



Pido a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia.



Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba en pri-mera votación, por 87 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone declarar el 7 de octubre de cada año como el Día de la Marinera.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Ha sido aprobado.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Crisólogo Espejo, Omonte Durand de Dyer, Solórzano Flores y Aguinaga Recuenco.


Ha sido aprobado por unanimidad, en primera votación, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 1508, por el que se propone declarar a nivel nacional, el 7 de octubre de cada año, el Día de la Marinera.




LEY QUE DECLARA EL 7 DE OCTUBRE DE CADA AÑO DÍA DE LA MARINERA

Artículo único. Día de la Marinera

Declárase a nivel nacional el 7 de octubre de cada año Día de la Marinera.


“Primera votación del texto sustitutorio del Proyecto 1508

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez,

Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Diez Canseco Cisneros, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Rivera, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Molina Martínez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene el uso de la palabra el congresista Aldo Bardález, presidente de la Comisión de Cultura.

El señor BARDÁLEZ COCHAGNE (GPF).— Presidente, agradezco a la Representación Nacional por haber votado unánimemente a favor de este proyecto de ley y solicito la dispensa de la segunda votación, pues la fecha fijada para la celebración del Día de la Marinera, el 7 de octubre, ya está cerca.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En atención a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Cultura, se va a consultar, con la misma asistencia, la dispensa de segunda votación.


—Efectuada la consulta, se acuerda, por 87 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley que



1436

declara el 7 de octubre de cada año como el Día de la Marinera.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Ha sido acordada la exoneración de segunda votación.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Beingolea Delgado, Omonte Durand de Dyer, Crisólogo Espejo, Aguinaga Recuenco, Iberico Núñez y Solórzano Flores.


Ha sido acordada la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 1508, por el que se propone declarar a nivel nacional, el 7 de octubre de cada año, el Día de la Marinera.

“Votación de la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio del

Proyecto 1508

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Diez Canseco Cisneros, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Rivera, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Molina Martínez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.”

Se aprueba el texto sustitutorio del proyecto de ley mediante el cual se deroga el artículo 7 de la Ley 29914, Ley que Establece Medidas

en Materia de Gasto Público

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— El Relator va a dar lectura a la sumilla del siguiente proyecto de ley.


Dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, recaído en los Proyectos de Ley Núms. 1509/2012CR y 1522/2012CR, por el cual se propone derogar el artículo 7 de la Ley N.° 29914, Ley que Establece Medidas en Materia de Gasto Público.*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto, recaído en los Proyectos de Ley Núms. 1509 y 1522, con un texto sustitutorio que propone derogar el artículo 7 de la Ley N.° 29914, Ley que Establece Medidas en Materia de Gasto Público.

Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el congresista Josué Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Señor Presidente, felicito a la Representación Nacional por haber aprobado un importante reconocimiento a la marinera.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por mayoría el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 1509/2012CR y 1522/2012CR, presentados por los grupos parlamentarios Acción PopularFrente Amplio y Nacionalista Gana Perú, respectivamente.

Ambos proyectos de ley sustentan la derogación del artículo 7 de la Ley 29914, norma aprobada en este Congreso de la República, a fin de que los recursos directamente recaudados se sigan destinando a la investigación y a otros fines que la Ley Universitaria precisa.

El 11 de setiembre del 2012 se promulgó la Ley 29914, Ley que Establece Medidas en Materia de Gasto Público, la que, entre otras medidas, dispone, en el artículo 7, el uso de los recursos directamente recaudados para financiar el as




censo del personal docente de las universidades públicas.

La propuesta de este artículo se debió, según la exposición de motivos que reza en el Proyecto de Ley 1400/2012PE, que dio origen a la Ley 29914, a que “los oficios 224A-2012-OUP/UNAS, 208SRUNSAAC2012 y 0892012UNASAM/OPGPLJ, los pliegos 513, Universidad Nacional de San Agustín, 511 Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y 532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo señalan que requieren utilizar presupuesto proveniente de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados para financiar el pago de las planillas de docentes ascendidos”.

Esta mención es necesario precisarla, habida cuenta que es el Consejo de Ministros quien, adoptando lo formulado por estos señores representantes y rectores de las universidades, ha canalizado, como parte integrante del Proyecto de Ley N.° 1400/2012, la presente petición.

Por su parte, la Asamblea Nacional de Rectores, en un pronunciamiento publicado en la página 15 del diario La República, manifiesta, en los puntos 2 y 3, que los recursos propios que generan deben ser orientados exclusivamente a la investigación, a la renovación de equipos de laboratorio y bibliotecas y a otros fines que se refieren en la misma Ley Universitaria.

Los ascensos de una categoría a otra están sujetos a la existencia de vacantes presupuestadas y se ejecutan en el ejercicio presupuestal siguiente, tal como lo establece el último párrafo del artículo 48.° de la Ley 23733, Ley Universitaria.

Por su parte, las universidades públicas tienen, en los recursos directamente recaudados, una fuente importante de sus presupuestos. En el año 2012, asciende a S/. 818 000 000,00, que financian prácticamente el 28,2% del presupuesto institucional de apertura, cuyo monto total asciende a S/. 2 906 000 000,00.

El 67,8% de los recursos directamente recaudados ya se encuentra destinado a la redistribución y complementos en efectivo entregados a los docentes universitarios y trabajadores administrativos y a la contratación de docentes y trabajadores administrativos por contrato de servicios.

Destinar el 32,2% restante de los recursos directamente recaudados a los ascensos de los docentes universitarios restaría los pocos recursos que aún se destinan a la investigación, a la renovación y

al equipamiento de laboratorios y bibliotecas, así como a la extensión universitaria.

En tal razón, señor Presidente, se recomienda la aprobación del presente proyecto de ley, habida cuenta que lo que se pretende es restituir el statu quo que hasta la fecha se venía dando.

En consecuencia, se propone como artículo único la derogación del artículo 7 de la Ley 29914, Ley que Establece Medidas en Materia de Gasto Público.

Señor Presidente, rogamos que se debata este proyecto y se proceda al voto para su respectiva aprobación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene el uso de la palabra el congresista De la Torre Dueñas.

El señor DE LA TORRE DUE-ÑAS (NGP).— Presidente, esta preocupación por el artículo 7 que aprobamos a propuesta del Ejecutivo la han manifestado los rectores, los docentes y los propios estudiantes de las diferentes universidades.

Es muy importante que esta iniciativa que hemos suscrito los de Gana Perú a propuesta de la congresista Marisol Espinoza para que se reconsidere y se derogue este artículo 7 que perjudica a nuestras universidades, en razón de que, como lo ha manifestado el presidente de la Comisión de Presupuesto, afecta directamente la implementación de laboratorios y bibliotecas y la investigación.

Sabemos que la mayoría de nuestras universidades está en una situación crítica y que no podemos asumir, con los recursos directamente recaudados, muchas veces pagados por los estudiantes, situaciones de ascenso de los señores docentes. Lo que corresponde es que eso lo asuma directamente el Ministerio de Economía y Finanzas.

Creo que es lo correcto —y así lo hemos entendido— rectificar el error y derogar este artículo 7, de modo que pueda regresar la tranquilidad y la paz social a nuestras universidades, muchas de las cuales se encuentran, en este momento, en movilizaciones y paros.




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El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra el congresista Leonidas Huayama.

El señor HUAYAMA NEIRA (NGP).— Presidente, el 11 de setiembre se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 29914, cuyo artículo 7 faculta a las universidades a pagar el ascenso de los docentes con recursos directamente

recaudados. Esto se hizo debido a un pedido de algunas universidades que habían ascendido a docentes sin consulta del tema presupuestal con el Ministerio de Economía.

Se resolvió un problema en ese momento, pero este artículo, a la larga, va a traer muchas consecuencias desfavorables para la universidad pública, especialmente para los estudiantes, porque se puede dar el caso de que las autoridades universitarias, por la autonomía de la universidad, puedan elevar las tasas a los estudiantes en el costo del examen de admisión, el costo de la matrícula, el costo del certificado de estudios. Los perjudicados, al final, van a ser los estudiantes.

Por ese motivo, Presidente, la bancada Nacionalista, a iniciativa de la congresista Marisol Espinoza, presentó, el 17 de setiembre, un proyecto de ley para derogar este artículo 7 que en el futuro podría ser perjudicial para la universidad pública, especialmente para los estudiantes.

Este proyecto se aprobó casi por unanimidad el día de hoy por la mañana, y responde a un justo pedido de las universidades públicas.

Hay que recordar a los colegas parlamentarios que la universidad pública se encuentra realizando un paro de cuarenta y ocho horas para que se derogue este artículo.

En la Universidad Nacional de Piura, en mi región, están en paro los estudiantes, los docentes y el personal administrativo.

Entonces, hago un llamado a la Representación Parlamentaria para que apoye la derogación del artículo 7 de la Ley 29914 y devuelva la tranquilidad a los estudiantes universitarios y a la universidad pública en general.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra el congresista Javier Bedoya.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (APGC).— Señor Presidente, estamos ante un proyecto que no deja de llamar la atención y que me recuerda un poco lo de Vidaurre contra Vidaurre, famosa expresión de las primera épocas del Parlamento en

el siglo xix. ¿Cuál es la historia de lo que estamos tratando, señor Presidente? Tres universidades del país, la del Cusco, la de Arequipa y la de Áncash, sin tener presupuestado el aumento de plazas, procedieron…

El señor Aguinaga está haciendo declaraciones para la prensa, y es mejor que el Hemiciclo se calle para que no le interrumpan.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Pido al congresista Aguinaga que baje un poco el tono de su voz.

Puede continuar, congresista Javier Bedoya.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (APGC).— Señor Presidente, estaba expresando que hay tres universidades en el país que sin tener la habilitación presupuestal correspondiente decidieron hacer ascensos a personal de sus respectivas entidades con el consiguiente incremento de sueldos. Eso, evidentemente, era irregular, porque no tenían las partidas para esos mayores pagos.

Frente a esa situación, el Ejecutivo conviene en regularizar esos pagos y es la gente de la propia bancada del Gobierno quien presenta un proyecto de ley a efectos de que, por excepción, se faculte a esas universidades para que con sus recursos propios atiendan ese mayor pago.

En su momento se dijo, como acabamos de escuchar a uno de los señores congresistas del Cusco, que se aquietaba así el problema social que se venía presentando.

Ahora, exactamente con los mismos argumentos, quienes votaron a favor del proyecto que hoy pretenden derogar piden que se apruebe la presente iniciativa para mantener el clima de paz social y académico en las universidades. Son las mismas razones y argumentos que dieron para aprobar la norma que hoy quieren derogar, y aducen que se está violando la autonomía universitaria al establecer, mediante ley, en qué deben gastar los recursos que recaudan.

Entonces, señor Presidente, que la bancada de gobierno actúe con más serenidad y seriedad. ¿En dónde estamos? La vez pasada a alguien de



la bancada de gobierno le ardió que se lo dijera, pero es una tomadura de pelo. Vidaurre contra Vidaurre, pues.

Argumentando las razones que he expuesto aprobaron el proyecto de ley para facultar a las universidades a que con sus recursos pagaran esto. De esa manera convalidaban una situación de facto que había sido creada ilegalmente por las propias universidades, porque no tenían los recursos. Todos corrieron a avalar y a dar el visto bueno en busca de la paz social; pero hoy, cuando las universidades protestan porque se está disponiendo de sus recursos, todos utilizan esos mismos argumentos para sustentar la tesis contraria.

Esto, señor Presidente, me parece muy poco serio de parte de la bancada de gobierno y del propio Ejecutivo, que ha venido convalidando esta situación.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene el uso de la palabra la congresista Luz Salgado.

La señora SALGADO RUBIA-NES (GPF).— Presidente, saludo que se rectifiquen, porque han cometido un grave error al ir no solo contra la Ley Universitaria sino también contra la cuarta disposición final de la Ley Ge

neral del Sistema Nacional de Presupuesto, que prohíbe que esos excedentes vayan para remuneraciones.

Quiere decir que nos estamos yendo contra dos normas y que los asesores de la bancada y del Ejecutivo no están trabajando bien. Hay que hacerles aquí un llamado de atención a los asesores, porque esto no ha tenido que pasar. El Ministerio de Economía y Finanzas no puede desligarse de esta gran responsabilidad de ver las previsiones, incluso para la CTS, para la cesantía, para la jubilación. Eso no va a salir de los recursos propios de una universidad.

Yo he trabajado en universidades, sobre todo en la Universidad Nacional Agraria, de la cual me siento muy orgullosa. Ahí los excedentes iban para los laboratorios, para que a los muchachos no les faltaran los tubos de ensayo, para la biblioteca, para investigación en diferentes áreas de las que ahora nos preocupamos por falta de estudio en nuestras universidades.

Esta es una rectificación que debemos de apoyar. Nosotros no podemos atentar contra nuestras propias normas.

Así como ha sucedido con algunas otras normas en las cuales nosotros hemos hecho un llamado de atención, hay que rectificar; y en este caso hay que hacerlo por el bien de las universidades.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede hacer uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidente, la norma que propone este proyecto es inconstitucional, porque establece gastos por parte del Parlamento con cargo al Presupuesto, y encima no están presupuestados.

Es incoherente que, cuando en la Comisión de Presupuesto se está debatiendo la nueva ley de Presupuesto, se presente un proyecto para asignar, con cargo al Presupuesto 2012, gastos no presupuestados.

Esta ley, de hecho, va a tener la oposición del Ejecutivo. De todas maneras va a ser observada. Pero la gran pregunta es: ¿cómo es que la bancada de gobierno presenta un proyecto que va en contra de la propia línea del Gobierno?

No es cierto, como se ha dicho aquí, que este proyecto es una iniciativa del Ejecutivo. Aquí dice que es un proyecto que es iniciativa de la bancada Nacionalista y de la bancada del frente de Acción Popular.

De manera que, en primer lugar, Presidente, estamos discutiendo un tema que no tiene financiamiento y tiene iniciativa de gasto.

En segundo lugar, me sorprende que este tema no haya pasado por la Comisión. Cuando a mí se me hizo la consulta para la dispensa de dictamen, me negué a firmar. Yo he sido el único; pero no hay lógica para que este tema no vaya a la Comisión.

La verdad, Presidente, que no hay lógica para que este tema no vaya a la comisión. ¿Cuál es la urgencia? Evitar un paro.

Este Gobierno, que está soportando y enfrentando valientemente, sin echarse, un paro absoluta



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mente antidemocrático manejado por sectores radicales vinculados a Sendero Luminoso, como los que están empujando el asunto del Sutep, ahora nos está pidiendo que todo el Congreso de la República emita una ley para que no haya paro en dos universidades. Eso a mí me parece un chantaje político; y los parlamentarios no estamos para someternos a chantajes.

Esto no tiene ni pies ni cabeza. Aquí se está estableciendo la posibilidad de la derogación de un decreto, que era lo que se había solicitado, como correctamente ha dicho el congresista Bedoya. Todo el argumento cronológico llevó a una situación en la que ya había cierta complicación, porque estábamos autorizando a que con gastos no presupuestados que podrían ser destinados a infraestructura, a investigación, se pudieran pagar sueldos.

Pero ahora resulta que no debe ser para eso porque justamente lo van a destinar a investigación, a infraestructura; y entonces quieren que el Tesoro Público financie los ascensos. ¿Y el Tesoro Público por qué tiene que financiar eso? Ahora las universidades, a diferencia de lo que ocurría en anterior oportunidad, pueden generarse incluso recursos propios. Hacen servicios a terceros y se generan recursos propios. Hay universidades que están empezando a tener éxito en eso.

No tiene ninguna lógica tratar este proyecto sin que haya pasado previamente por un debate de comisión, y creo que una norma como la que se propone chocaría con observaciones del Ejecutivo.

A mí me preocupan estas cosas, porque la bancada oficialista tiene que ser coherente con su Gobierno. No hay gobernabilidad si la bancada oficialista es la que presenta proyectos de ley que están en contra de la línea política y económica que maneja el Gobierno. Si somos los de la oposición los que vamos a tener que hacer mención de la forma de trabajo del Gobierno para que la bancada oficialista tome nota de eso, la gobernabilidad del Perú se va a sentir completamente debilitada.

Seamos claros en que aquí hay un problema de descoordinación. Yo no me quiero meter en cómo se maneja otra bancada, pero si una bancada representa la posición del Gobierno, quiéranlo o no, no son oposición, son gobierno y deben tener coherencia y diálogo con el Presidente de la República y los ministros.

Si están en desacuerdo, exprésenlo de esa manera en las discusiones internas; pero si vienen a traer proyectos de ley para que los de la oposición también se los respaldemos, va a haber un alto índice de ingobernabilidad, y a mí me parece que esa es una profunda incoherencia que está reflejada en este proyecto, Presidente.

En el caso nuestro, el voto no va a servir para acompañar un proyecto como este.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Yonhy Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (APFA).— Señor Presidente, la norma que propone el proyecto no es inconstitucional. Lo que hace es volver al estado anterior de la aprobación de la Ley N.° 29914 y de su artículo 7. En ese artículo 7, el

Ejecutivo les sopla la pluma a las universidades nacionales para que paguen sueldos por ascensos, obligación que nunca han tenido las universidades nacionales.

Entonces, aquí no se está haciendo un proyecto por iniciativa de gasto, lo que se está haciendo es rectificar un artículo que un poco de contrabando entró en esta Ley N.° 29914 y se aprobó en el Pleno del Congreso.

Debo de aclarar que no estamos exigiendo que el Ejecutivo saque plata del bolsillo; lo que hacemos es decir que las universidades nacionales no se pueden privatizar. Si se da este primer paso, se va a obligar a que las universidades nacionales paguen sueldos con recursos propios. Después se les autorizará a otras cosas y se va a eximir al Estado de gastar en educación. Ese es un primer asunto, señor Presidente.

En segundo lugar, las universidades no han pedido que se les autorice a pagar sueldos con recursos propios que recaudan de una serie de actividades para financiar los comedores o el transporte de sus alumnos. El Ejecutivo pidió que las universidades hagan la consulta por escrito, y las universidades hicieron la consulta, no el pedido; pero eso ahora se quiere utilizar para decir: Como ustedes lo pidieron, nosotros les dimos el artículo 7 de la Ley N.° 29914 y ustedes pueden pagar sueldos con recursos propios.

No es así, señor Presidente, han sorprendido a las universidades nacionales para luego eximir



al Estado de invertir en la educación, que es su primera obligación.

Entonces, no ha habido ningún pedido ni se trata de excedentes sino de recursos propios que cubren otras necesidades de la universidad, y el Estado no les da a las universidades para financiar esas actividades.

Entonces, quizás ha habido un problema y una descoordinación del Ejecutivo; pero si hay cosas que resolver y rectificar, sobre todo en educación, hay que hacerlo, porque hay una justificación suficiente para derogar este artículo 7 de la Ley N.° 29914.

No se les ha autorizado por excepción, como decía el congresista Bedoya, pagar sueldos con recursos propios, se les ha autorizado en general. ¿Y qué supone eso? Que la universidad pague sueldos con sus recursos propios. Se sopla la pluma y un poco se privatiza o se da un primer paso para la privatización de las universidades nacionales.

De manera tal, señor Presidente, que hay una serie de razones para aprobar la derogación de ese artículo.

Tres colegas de la bancada Nacionalista me han pedido interrupciones. Si usted me lo autoriza, yo las concedo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Puede hacer uso de la interrupción, congresista Elsa Anicama.

La señora ANICAMA ÑAÑEZ (NGP).— Señor Presidente, este artículo 7.° de la Ley N.° 29914 podría considerarse que ha sido un error o una falacia. Los recursos propios de una universidad incluyen los costos variables, porque

no se puede precisar qué ingresos puede tener fijamente en todo un período, y el pago por planillas obedece a un costo fijo. Son ingresos fijos los que se van a establecer para pagar —en este caso— planillas, que representan un costo fijo.

No puede utilizarse un costo variable para convertirlo en fijo. Por ahí entonces la lógica de que es una ley anticonstitucional. La norma no conjuga con los principios de un acuerdo de ley que tenga que respetarse. ¿Qué sucedería en un mes si los costos variables…?

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Concluya su interrupción, congresista.

La señora ANICAMA ÑAÑEZ (NGP).— ¿Qué sucedería si en un mes no se acumulase la cantidad necesaria para poder cubrir estos costos fijos por planillas? Se quedaría al debe y se generarían un problema de pagos y un reclamo legal del docente que no ve cubierto su sueldo.

Tenemos que anular este artículo 7 de la Ley N.° 29914.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede hacer uso de la segunda interrupción, congresista Leonidas Huayama.

El señor HUAYAMA NEIRA (NGP).— Presidente, quiero aclararle al congresista Mulder que el proyecto de ley se ha debatido y se ha votado en la Comisión de Presupuesto justamente el día de hoy en la mañana. El proyecto ha sido

dictaminado favorablemente por mayoría y con un solo voto en contra, no es que no haya pasado por la Comisión.

Si bien es cierto que el proyecto que dio origen a la Ley 29914 fue presentado por el Ejecutivo, nosotros tenemos parte de la culpa porque lo hemos aprobado en el Congreso de la República. Hay que hacer una mea culpa también.

Para evitar futuros errores, deberíamos priorizar el debate de la bicameralidad, ¿no?

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Yonhy Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (APFA).— Obviamente, si vemos que se puede complicar la situación social en el Perú —tenemos la huelga de los profesores y una serie de cosas—, es obligación del Parlamento hacer una especie de intermediación para evitar problemas entre la sociedad civil —las universidades, en este caso— y el Gobierno Central.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene el uso de la palabra el congresista Alberto Beingolea.



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El señor BEINGOLEA DEL-GADO (APGC).— Presidente, lo primero que queda establecido —ya lo han dicho algunos parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra— es que hay una incoherencia muy notoria, ¿no es cierto?

El Gobierno, a través de los órganos respectivos, nos presenta una ley que no tiene ni treinta días de vigencia; y el propio Gobierno, a iniciativa de la vicepresidenta de la República —nada menos— y con el mismo presidente de la Comisión de Presupuesto, nos dice que hay que derogarlo.

Yo también saludo la rectificación. Me parece correcto rectificarse cuando uno se está equivocando, pero no puedo dejar de decir que esto muestra, una vez más, la enorme incoherencia que hay al interior del Gobierno y, lo que es más grave, que el Gobierno no tiene idea de qué hacer con la educación. No tienen claridad con respecto a la materia educativa, no hay un proyecto educativo, y eso sí es profundamente lamentable, Presidente.

Ahora, en cuanto a lo que nos están alcanzando, hay que fijar un problema que se está generando. Estoy de acuerdo con que se derogue el artículo 7 y creo que debe derogarse, pero quedará, pues, el vacío. ¿Cómo va a hacerse para resolver el problema que trataron ustedes de resolver treinta días atrás cuando propusieron la ley? Hay un presupuesto que fue generado y no habrá quién lo cubra. Entonces, vamos a tener todavía el problema abierto: ¿cómo se va a cubrir ese pago faltante?

Si usted lo considera a bien, Presidente, permítame conceder una interrupción.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Juan Pari.

El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Escucho que estamos de acuerdo, que hay que rectificarse, que dentro del marco de la coherencia están de acuerdo; pero ustedes son incoherentes. O sea, no hay lógica. ¿Estamos de acuerdo o no lo

estamos? Si queremos rectificarnos como poder del Estado, tenemos que hacerlo.

Además, creo que rectificarse viendo los problemas en concreto es algo lícito, es avanzar, es aprender a escuchar. Eso es coherencia.

Yo saludo más bien su concordancia y su acuerdo en que esto tenga que rectificarse, y creo que la bancada está totalmente de acuerdo. Pero no creo que haya que buscar un aprovechamiento para decir “ustedes son incoherentes, pero yo soy coherente porque saludo la rectificación”. En todo caso, seamos coherentes, saludemos la rectificación y avancemos hacia adelante.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Puede continuar, congresista Alberto Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Ante tal claridad de argumento, Presidente, creo que ni siquiera hay que responder. Estamos en esas manos del Gobierno, ¡Dios nos ampare! Pero bueno, ya está, se van a rectificar y saludo la rectificación.

Ojalá algún día tengan una idea clara de hacia dónde debe ir el Gobierno. De eso se trata, señor congresista, de tener una idea clara. Ustedes gobiernan, no nosotros. Ustedes deben tener una línea, un norte, saber a dónde ir. No puede ser que a cada rato estén cambiando de opinión.

Pero saludo la rectificación, cómo no. Me parece que cuando uno se equivoca tiene que rectificarse.

Quiero llamar la atención sobre el problema que se está generando…

Le ruego al Presidente que me devuelva el tiempo, porque yo estaba sobre los cuatro minutos y ahora, por arte de magia, estoy en dos.

Señor Presidente, se está generando un vacío presupuestal muy serio. Al derogarse este artículo, alguien va a tener que cubrir esos fondos. Se trata de un problema serio, Presidente, de manera que debería abocarse la Comisión de Presupuesto a ver cómo lo resuelve.

Primero habría que enviar a los entes fiscalizadores para determinar por qué se crearon estos aumentos o estos ascensos si no estaban presupuestados. Ahí hay una responsabilidad de quienes crearon esos ascensos. No sé si dentro de la universidad o dentro del sistema, pero alguien tiene que responder. No puede ser posible que una persona decrete un aumento sin tener los fondos y luego le pida la plata al Gobierno. No es así como tiene que trabajarse.

Al mismo tiempo, Presidente, hay que resolver la falta de recursos. Es cierto que no puede ser que



así se generen los aumentos, pero este problema pone al desnudo la falta de recursos. La universidad peruana necesita mantener a sus mejores profesores, y lo que está ocurriendo es que sus mejores profesores se van porque no hay cómo pagarles ni cómo promocionarlos.

Esto nos lleva inmediatamente a otro problema que alguien ya esbozó: la universidad pública peruana debe ser pública, y nosotros nos estamos yendo a privatizarla. Con eso de que ahora con tus recursos públicos paga por aquí, por allá y por más allá, lo que se genera es la lógica de la universidad privada. No, señor Presidente, la universidad pública peruana tiene que ser financiada por el Estado. Esa es la obligación del Estado, y eso hay que decirlo con claridad, Presidente.

El Gobierno tiene que tener claro qué quiere hacer con la educación. La educación debe tener prioridad para el país; pero eso es lo que tampoco existe, porque, lamentablemente, no es un tema prioritario la educación en el Perú.

Si queremos inclusión social en serio, tendríamos que atacar el tema educativo; y si tenemos que invertir recursos, hay que invertirlos en el sistema educativo peruano. La universidad peruana reclama recursos, recursos que tienen que salir del Estado, Presidente.

Le digo más, para que entienda el problema. En la actualidad, de estos recursos propios de la universidad estatal —como bien lo dice, además, el proyecto que nos alcanzan—, el 67% está destinado a pagar planillas, las remuneraciones de personal auxiliar, de profesores. Estamos hablando, más o menos, de S/. 500 000 000,00 que hoy la universidad pública peruana asume de sus propios recursos. Eso es absurdo, Presidente. La universidad peruana debería utilizar ese dinero —como yo le decía a la congresista Salgado— para temas de investigación, para sus bibliotecas, para el bienestar universitario, para la práctica del deporte, que es una actividad que yo defiendo siempre.

¿Ustedes saben cuánto invierte el Estado en el IPD? Por supuesto, en el IPD, S/. 190 000 000,00. No llega a S/. 200 000 000,00.

Bueno, aquí en las universidades tenemos S/. 500 000 000,00. Si no se quiere dedicarlos a la investigación, a infraestructura o a laboratorios, hay que dedicarlos al deporte y verán cómo no vamos a estar llorando después porque no aparecemos en competencias internacionales. Si la universidad peruana pudiese invertir ese dinero

en el deporte, otra sería la realidad. Y hablo del deporte por poner un ejemplo solamente.

Presidente, me pide una interrupción el congresista Diez Canseco.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede hacer uso de la interrupción, congresista Javier Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO CIS-NEROS (APFA).— Señor Presidente, concuerdo con el congresista Beingolea en el sentido de que hay un proceso de creciente privatización de la universidad pública; pero hay un asunto que tiene que ser materia clara

de reflexión, y es que la investigación no puede ser un gasto variable de la universidad sino un gasto permanente. La investigación en equipos no puede ser variable, tiene que ser permanente; y la investigación en maestros tiene que ser permanente.

Lo que podría generar una posibilidad de utilizar extras en el ingreso son aquellos elementos que tienen que ver con obligaciones no permanentes. La investigación es una obligación permanente de la universidad —una obligación permanente, no un gasto—. La capacitación y garantizar la calidad de los profesores también lo es.

Entonces, en realidad se requiere más presupuesto, y este es un país que tiene un excedente fiscal anual gigantesco que no lo usa. Entonces, debiera encararse de esa manera.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Puede continuar, congresista Alberto Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Presidente, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir el congresista Diez Canseco, le doy toda la razón. Sin embargo, si atendemos razones presupuestales y tenemos que priorizar, primero hay que poner el pago a los maestros y el pago al personal administrativo; y, aunque es lamentable decirlo, en un segundo nivel tendría que estar el proceso de investigación.

Y esa sería la razón por la cual la primera exigencia al Estado es decirle: Oiga usted, cubra la planilla, pero cúbrala completa. No es posible que me deje el 60% a mi propio presupuesto, porque ese es un acto de privatización de la universidad.

Eso para comenzar, porque si vamos a más, estoy de acuerdo con el congresista: tendríamos que



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pedirle al Estado peruano que financie absolutamente todo. Pero demos al menos un primer paso, Presidente, precisamente ese que estoy planteando.

Acá hay un problema de fondo que no estamos resolviendo. Quisimos solucionarlo con la norma que aprobamos, y ahora la derogamos para solucionar otro problema que se estaba generando. Lo cierto es que ese problema de fondo se esboza recién en las intervenciones de los congresistas Diez Canseco y Salgado.

¿Cómo es que no nos sentamos de una vez a tener un gran debate por la educación peruana? Hace falta el gran debate de cómo debe ser la universidad peruana, de cómo debe invertir el Estado en la educación peruana. Ese es un debate trascendental que no tenemos. Estamos con parchecitos para ver si sacamos los fondos de recursos de la universidad, y sabe Dios quién va a cubrir el presupuesto faltante.

Entonces, Presidente, para ir a este tema puntual que se nos está planteando, primero, considero que hay que derogar la norma, porque no es correcta; y segundo, tendríamos que determinar algún tipo de fiscalización, porque a pesar de que hay un problema real que tiene que resolverse, tampoco podemos permitir que las universidades generen aumentos sin presupuesto.

Si vamos a atender el problema de fondo, con urgencia hay que decirle al Gobierno que estas situaciones se generan porque la universidad pública peruana no tiene los recursos. Es una obligación del Estado asignar esos recursos, y la asignación de esos recursos sería la solución de fondo y la solución real.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Puede hacer uso de la palabra el congresista Rubén Condori.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Señor Presidente, me alegra que este proyecto haya tenido un rápido trámite.

Presidente, me pide una interrupción la congresista Anicama.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la interrupción la congresista Elsa Anicama.

La señora ANICAMA ÑAÑEZ (NGP).— Por lo que plantea el congresista Beingolea, parece ser que no tiene la visión de lo que significa inversión en educación. El problema no es que se tenga que exigir más gasto, el problema es que no se pla

nifica un costo variable para el fijo. No podemos confundir la distribución de los recursos que genera la universidad para algo que exige una estabilidad de gasto, como las planillas, por ejemplo.

Por otro lado, la inversión no genera ningún problema de gasto en materia de educación; al contrario, es una inversión para los profesionales que van a aportar al desarrollo del país.

El problema es que no se generan fuentes productivas. Si tuviéramos mayor proporción de centros productivos, como parques industriales, a nivel de todo el país, habría mayor demanda de egresados universitarios de todas las carreras. Creo que ese sería el secreto para que se eleve la economía de todo el país y se genere mayor inversión en laboratorios y profesionales con más calidad.

Entonces, tenemos que pensarlo bien y dar todas las facilidades presupuestales a las universidades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Rubén Condori.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Señor Presidente, se argumenta que se generaría un vacío con la dación de esta ley; pero no lo creo, porque en realidad ya está prohibido que el Estado haga gastos sin el crédito presupuestario respectivo. La norma vigente, la Ley 23733, dice en el último párrafo de su artículo 48.°: “Toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de vacante y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente”.

Esto significa que ninguna autoridad —ni nadie— puede firmar una resolución de ascenso si previamente este no ha sido autorizado presupuestalmente. Aquella autoridad que sin contemplar eso genera un ascenso y hace uso de sus recursos está actuando contra la fe pública y merece algún tipo de sanción.

Las universidades tienen necesidad de promover a sus docentes. Ya en las universidades nacionales hay bastantes profesionales que tienen los grados y los títulos que ameritan un ascenso, y correspon



de al Ministerio de Economía y Finanzas prever los recursos respectivos.

Señor Presidente, me pide una interrupción el congresista Becerril.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Puede hacer uso de la interrupción, congresista Héctor Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍ-GUEZ (GPF).— Presidente, no podemos permitir que con recursos directamente recaudados las universidades públicas paguen a los docentes ascendidos en el transcurso del año. Esa obligación le corresponde al Estado, no a la universidad.

Bastantes dificultades tienen ya las universidades con un presupuesto que no es acorde con la necesidad de comenzar a trabajar en investigación. Muy pocas universidades se dedican a ello no porque sus docentes no tengan la capacidad o la voluntad, sino por falta de presupuesto.

Estuvimos reunidos con el presidente de la ANR y con los docentes, y ellos nos manifestaron que este artículo 7 de la Ley 29914 debe derogarse.

Nuestra bancada va a apoyar la derogación de ese artículo que nada bien hace a la universidad nacional pública en el país.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Rubén Condori.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Coincidimos en la necesidad de derogar inmediatamente este artículo; sin embargo, corresponde aclarar que la norma se dio para atender un pedido de tres universidades y que esto no debería quedar ahí, no debería haber merienda gratis. En Puno ha habido movilizaciones y conflictos sociales y han apedreado el local de la gobernación, y eso no es correcto. Les corresponde algún procedimiento administrativo a las autoridades que han generado una ilegalidad al interior de cada universidad.

Señor Presidente, en las universidades hay corrupción, y eso se visualiza de una u otra forma cuando se asciende a docentes por situación política y luego se pide que el Estado financie el aumento. ¿Quién le va a pagar a alguien que ya fue ascendido? Ese docente va a exigir el pago,

porque ya hay un acto administrativo. A fin de cuentas, le van a exigir al Estado que pague con una sentencia judicial en primera, en segunda instancia, etcétera.

Entonces, corresponde un poco limpiar la casa, y limpiar la casa significaría tratar en este Pleno lo que se refiere a las elecciones universales al interior del sistema universitario, porque cada rector, cada autoridad universitaria está acomodando a su interés las piezas del personal docente, y no corresponde así.

Se necesita democratizar la universidad, y solicito que discutamos ese asunto en este Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Le corresponde hacer uso de la palabra al congresista Mariano Portugal, a quien la congresista Verónika Mendoza le solicita una interrupción.

El señor PORTUGAL CATACO-RA (PP).— Con todo gusto se la concedo, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede hacer uso de la interrupción, congresista Verónika Mendoza.

La señora MENDOZA FRISCH (APFA).— Presidente, solamente para hacer una precisión.

En efecto, si determinadas autoridades universitarias hubiesen establecido ascensos sin haber sido

previamente presupuestados habrían incurrido en un error. Pero muchísimo más grave me parece que el Ministerio de Economía y Finanzas haya enviado a este Congreso un proyecto de ley que tiene un artículo abiertamente inconstitucional.

El artículo 16.° de nuestra Constitución señala clarísimamente que se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la República. Asimismo, en la ley a la que se ha referido el congresista Condori, la 23733, se establece como responsabilidad del Estado proveer de recursos adecuados a los fines de la educación universitaria de calidad.

Presidente, habiendo estado también en reunión con el rectorado de la Universidad Nacional San



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Antonio Abad del Cusco, quiero precisar que cuando se vino a plantear esta problemática, en ningún momento ninguna universidad le pidió al Ministerio de Economía y Finanzas que institucionalizara un mecanismo para utilizar recursos directamente recaudados para los ascensos. Esto ha sido iniciativa…

—Reasume la Presidencia el señor José León Luna Gálvez.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Se cumplió su tiempo, congresista. Gracias.

Puede iniciar su intervención el congresista Mariano Portugal.

El señor PORTUGAL CATACO-RA (PP).— Presidente, este es un tema que no necesita de mucha redundancia, y saludo que la mayoría de los colegas congresistas que han intervenido estén de acuerdo con la derogación del artículo 7 de la Ley 29914.

De las exposiciones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra queda claro que la norma que se propone no es inconstitucional. Por lo tanto, jurídicamente hablando, es legal esta derogación.

Hablando políticamente, Presidente, la educación pública es una obligación del Estado, y el Estado tiene que proveer los recursos necesarios en todos los niveles de la educación pública. Para las universidades está establecido que los ascensos de una categoría a otra están sujetos a la experiencia de vacante presupuestada, y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente, como lo establece el último párrafo del artículo 48.° de la Ley 23733.

Al no utilizarse los dineros de los recursos directamente recaudados, se tiene que cumplir la convocatoria de los ascensos con un presupuesto que el Estado otorga a las universidades nacionales, puesto que la ley dice que toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de vacante y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente.

Los concursos de ascenso no se pueden llevar a cabo sin que previamente exista la plaza vacante en el presupuesto analítico de personal de las universidades convocantes. Si ha habido un error, debemos saludar que se rectifique y se corrija con la derogación del artículo 7. No es que recién se vayan a utilizar los recursos directamente

recaudados, porque ya se han venido utilizando en una serie de actividades que benefician al estudiantado y, consecuentemente, a la buena calidad de la educación.

Los recursos propios que generen las universidades públicas deben orientarse exclusivamente a la investigación, que tiene como resultado la capacitación, y esta es una de las finalidades que tienen las universidades públicas.

Los recursos directamente recaudados deben estar destinados a la renovación y al equipamiento de laboratorios y bibliotecas y a la extensión universitaria. La extensión universitaria es un trabajo que poco se desarrolla en la universidad pública y requiere de recursos, Presidente.

Por estas razones, Presidente, los representantes de mi bancada consideramos pertinente la derogación de este artículo.

Y hablando políticamente, Presidente, la derogación de este artículo 7 significa atender la petición de los señores de la Asamblea Nacional de Rectores, quienes antes de la promulgación de la ley previnieron al Congreso y al Ejecutivo de que este artículo atentaba contra la autonomía universitaria y afectaba los recursos económicos que debían servir para dar mejor educación, mejor calidad y mejores oportunidades al estudiantado y a los estamentos de las universidades públicas.

Por lo tanto, Presidente, estamos de acuerdo con que se derogue el artículo 7 de la Ley 29914.

Y saludo de manera especial a los señores voceros, que hoy han permitido, en un acto de contrición, de conciencia y de justicia, exonerar del plazo de publicación el dictamen de la Comisión de Presupuesto que ampliamente se ha debatido el día de hoy. Los señores voceros han puesto su firma en representación de 88 votos que ahora estarían confirmándose para darles la razón a las universidades que han pedido que se derogue este artículo 7 de la Ley 29914.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra la congresista Julia Teves.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, me pide una interrupción mi colega.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Puede hacer uso de la interrupción, congresista Roberto Angulo.



El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Señor Presidente, en la Universidad Nacional de Ingeniería, los alumnos pueden tomar desayuno, almorzar y cenar totalmente gratis, y esto gracias a los recursos directamente recaudados. No sé si

en otras universidades pasa lo mismo, pero podemos estar seguros de que en la UNI pasa esto para que miles de estudiantes pobres puedan alimentarse y estudiar bien.

Es necesario que eso se extienda a todas las universidades; por consiguiente, necesitamos más recursos. Si les quitáramos los recursos, como se pretende, muchos alumnos se van a quedar sin alimento. Es por eso por lo que es imperativo…

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Continúe, congresista.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Es imperativo que deroguemos el artículo 7 de la Ley 29914.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Puede continuar, congresista Julia Teves.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, me pide una segunda interrupción el congresista Tejada.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Puede hacer uso de la interrupción el congresista Sergio Tejada.

El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Presidente, si bien este artículo 7 quiso solucionar un problema que ha señalado ya el congresista Bedoya, identificamos, como bancada oficialista, que el remedio podía traer más problemas

que la enfermedad. Lo conversamos con dirigentes estudiantiles y con docentes, y el problema es que se abre una serie de escenarios posibles.

En el Decreto Legislativo 739, de inicios de la década de los noventa, se establece que la educación es gratuita pero con ciertos condicionantes. A partir de ahí se empiezan a establecer cobros a los alumnos.

En lo que respecta a la norma que se propone derogar, los propios docentes nos decían: “Está bien, nosotros podemos tener aumentos con los

recursos directamente recaudados, pero esto va a significar la posibilidad de que se les cobre más a los alumnos”. Entonces, se ha establecido una solidaridad bastante positiva entre docentes y alumnos, porque ¿de qué otra manera se va a buscar mayor recaudación si no es a través de un mayor cobro a los alumnos?

Y coincido plenamente con varios congresistas. Con el congresista Beingolea, por ejemplo, que ha dicho que la educación pública tiene que mantenerse pública y contar con un presupuesto otorgado por el Estado.

De manera que es sumamente positivo que como bancada oficialista tengamos esos reflejos y esa capacidad de respuesta rápida para derogar este artículo 7 de la Ley 29914.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Prosiga, congresista Julia Teves.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, en el mismo sentido de la línea de la bancada Nacionalista, la respuesta ya está dada. Los estudiantes y los docentes universitarios saben perfectamente que siempre vamos a trabajar por lo que es el gobierno universitario.

Darle mayor sostenibilidad a la universidad es importante, y si en el trabajo de ascenso y promoción docente no podemos contemplar lo que se recauda directamente de los ingresos propios, no podemos pagar nosotros a los docentes universitarios con ese presupuesto.

De ahí viene un dicho: El que no hace nada, nunca se equivoca. Aquí nosotros estamos trabajando, y es muestra de que estamos avanzando. De inmediato también rectificamos las cosas; por eso hemos presentado el Proyecto de Ley 1522.

El artículo 7 de la Ley 29914 debe ser derogado, porque con los recursos directamente recaudados de las universidades públicas no podemos financiar el pago de las remuneraciones. No se puede atropellar a un docente universitario al que le cuesta ascender, al que le cuesta obtener una promoción, porque se trata de un concurso. No es nada que de la noche a la mañana le den al docente universitario.

Entonces, las personas tenemos que reconocer cuando nos equivocamos. No podemos estar de



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acuerdo tampoco con privatizar las universidades, con privatizar la educación. La educación es un servicio, no es un negocio.

En ese sentido, nosotros apoyamos a los estudiantes, y ellos no pueden correr el riesgo de un incremento de la tasa educativa por matrícula ni el de un pago mayor por la alimentación que les garantiza sus estudios. Por lo tanto, no se le puede pagar a un docente universitario con recursos ordinarios.

El artículo 76.° de la Ley Universitaria dice:

“La comunidad nacional —el Estado peruano— sostiene económicamente a las universidades. Ellas corresponden a ese esfuerzo con la calidad de sus servicios.

Todas las Universidades tienen derecho a la contribución pública de acuerdo con sus méritos y necesidades. Es responsabilidad del Estado proporcionársela con magnitud adecuada para mantener y promover los niveles alcanzados por la educación universitaria.”

Más claro que el agua. Ante la Ley Universitaria no podemos taparnos el sol con un dedo. Es con recursos del Estado que se tiene que pagar a los maestros, mas no con los ingresos que obtenga una universidad.

No creo que algún colega se oponga al trabajo de la universidad pública. Hablamos de una revolución educativa, como el presidente Ollanta lo ha contemplado en todo momento, y de un mejoramiento continuo de la educación. Hablamos de un mejoramiento de la educación rural, tan olvidada por todos los gobiernos. Hablamos de un proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa con licitaciones adecuadas y transparentes. Hablando de capacitación a los maestros.

Señor Presidente, tenemos diez mil becas; es decir, estamos trabajando con mayor inclusión social. Y los ascensos y las promociones son un derecho ganado en la Ley Universitaria, en la Ley 23733, y no debemos amenazar a los miles de maestros.

Siempre hemos trabajado en bien de los estudiantes y en bien de los docentes universitarios, y por eso hablamos de una nueva ley universitaria que garantice la calidad, la idoneidad. Trabajamos de manera limpia y transparente, y este Gobierno realiza un buen trabajo educativo no solo en la educación básica regular, sino también en la educación universitaria, de donde vienen los pregrados, grados y postgrados.

Aquí la inquietud de cada congresista o de cada profesional son finalmente los logros, y uno los alcanza con esfuerzo, con sacrificio, con interés, con la voluntad de hacer bien las cosas, como lo hace el presidente Ollanta Humala.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Puede hacer uso de la palabra el congresista Rubén Coa.

El señor COA AGUILAR (NG -P).— Señor Presidente, lo democrático es rectificar aquello que estaba mal, y ya no habría que hacer más aspaviento en torno a este tema. Hay consenso, y este artículo 7 tiene que ser debidamente corregido en

virtud al amplio debate que se ha ido impulsando estos últimos días en la comunidad universitaria nacional.

Estamos de acuerdo con ello, y una bancada democrática tiene que expresar también estos gestos de corregir lo que ha sido mal implementado. Por lo demás, la Ley 29914, Ley que Establece Medidas en Materia de Gasto Público, contiene importantes alcances que han sido ampliamente debatidos en el seno de nuestro Congreso y que están orientados a optimizar el gasto público.

El tema de la universidad pública y privada, que el día de hoy está siendo tocado de manera parcial, debe impulsarnos de una buena vez a un gran debate nacional.

Y quienes estamos en la vera de la defensa de la universidad pública solicitaremos que este debate continúe y que de una buena vez generemos una nueva ley universitaria, un nuevo marco jurídico acorde a los nuevos desafíos y a las vicisitudes que aún sopesa y contempla nuestra patria.

Tenemos que ver también que se cumpla el artículo 53.° de la Ley Universitaria, que define la homologación de las remuneraciones de los docentes con las remuneraciones de los magistrados.

Entonces, no veamos solo temas coyunturales y empecemos a reflexionar de una buena vez con relación a la problemática universitaria.

En su momento sabremos expresar esta demanda de muchos sectores del Perú profundo. El proyecto de ley de moratoria temporal de creación de universidades amerita un debate objetivo y sereno en el seno de nuestro Congreso, porque muchas



regiones necesitan de una universidad nacional y pública, como hay también, en la otra orilla, muchas universidades que han sido creadas en un proceso bastante sinuoso y complejo.

Esta rectificación es importante y ya está sentada la opinión de nuestra bancada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Puede hacer uso de la palabra el congresista Rolando Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPF).— Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que este proyecto de ley no fue aprobado por unanimidad. Yo voté en contra, y le voy a dar las razones.

La primera es que ni siquiera se tiene un informe. Solo hay un pedido de la Asamblea Nacional de Rectores. No hay un informe del MEF ni del ente rector de la educación, que es el Ministerio de Educación. Y lo peor es que se quiere eliminar un artículo que por primera vez da la posibilidad de que las universidades públicas exitosas —como por ejemplo la UNI, que tiene recursos directamente recaudados con servicios de calidad por los que empresas grandes van y pagan, y que al estudiante no le cobra ni un solo sol de más— paguen a sus profesores. Se puede contar con una parte fija, que es de acuerdo con los recursos ordinarios; y una parte variable, que permite dar algo variable a los profesores para nivelarlos.

Si los entes rectores decimos que ha habido un error y eliminamos ese artículo para que el Estado ponga todo, ¿de dónde va a salir el dinero si el ministro de Economía ha venido al Pleno del Congreso a sustentar el Proyecto de Ley de Presupuesto y no ha incorporado ni un solo sol de recursos ordinarios a los profesores universitarios?

Dicen que hay que derogar, pero mañana tendremos una huelga porque no habrá cómo pagar a los profesores universitarios. Si les gusta el tumulto, la protesta, el desorden, bueno pues, procedamos.

¿De dónde va a salir el dinero para pagar a todos estos profesores si en el propio presupuesto que el partido de gobierno ha presentado no se incorpora un sol más a los maestros?

El artículo 7 que quieren derogar les permite a universidades como la de Tingo María, la de

Iquitos y muchas otras obtener algunos recursos que no les van a cobrar a los alumnos, porque ellas prestan servicios a empresas privadas y otros servicios por los que obtienen mayor cantidad de recursos.

Si queremos cerrar todo atisbo de poder utilizar estos recursos para pagar a los profesores, ¿de dónde les van a pagar?

Me opuse a este proyecto de ley porque no tiene esa posibilidad. Le están cargando todo al Ejecutivo con el impuesto de todos los peruanos, cuando no hay más para pagar a los profesores. Es un acto de demagogia, por eso me opuse.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra el congresista Yehude Simon.

El señor SIMON MUNARO (APGC).— Presidente, me parece bien que comience a hablarse de la universidad. Durante año y medio ni siquiera la habíamos mencionado.

Más allá del debate de ahora, entendamos qué significa el día de hoy la universidad pública.

Señor Presidente, he estado en Apurímac, he estado en el Cusco, he visitado la Universidad Pedro Ruiz Gallo, y el denominador común: bibliotecas completamente desfasadas de la época; catedráticos que dictan cursos como si estuviéramos en los años 1970, 1980; estudiantes que se pelean por las raciones en comedores universitarios que ni siquiera abarcan un cuarto por ciento de las necesidades —en mi región Lambayeque se requieren tres mil raciones, pero falta presupuesto y solo hay novecientas—; hay muy poca o no hay investigación.

Dijo muy bien un congresista del Cusco que existe una ley, la Ley N.° 23733, que no se cumple; entonces, desde hace muchos años —no desde hace uno o dos años, sino desde hace muchos años—, los docentes en las universidades y los programas académicos dictan diplomados y hacen eventos por los que cobran para en algo mejorar el pobre presupuesto que tienen como salario.

Yo no sé para qué en este país se dan leyes si estas no se van a cumplir. La Ley N.° 23733 habla de cómo van a ser los salarios de los docentes. Algo se mejoró durante la época del presidente Toledo



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y durante la época del presidente García, pero aún no se cumple con la ley.

Si vamos a hablar de la universidad, hablemos de los problemas de fondo de la universidad.

Esta Ley N.° 23733 está totalmente desfasada en el tiempo, y con el presidente y los miembros de la Comisión de Educación del año pasado no hubo voluntad política para hablar del tema de la universidad. Si hoy día estamos diciendo que hay que eliminar este artículo porque de mala manera las autoridades de tres universidades decidieron pagarles el ascenso a los profesores, esto significa un delito, como bien lo ha dicho el congresista Mulder. ¿Cómo de manera autónoma nosotros vamos a decir que los ascensos de los profesores universitarios se pagan con ingresos propios? Les crearíamos un problema al Ministerio de Economía y al Ejecutivo.

Yo, como presidente regional, nunca me atreví a hacer eso, porque sabía que hubiera estado en falta. Pero que a los profesores les corresponde el pago, por supuesto, pues.

Entonces, hay un olvido histórico del Estado con respecto a las universidades.

Presidente, yo voy a votar a favor de que se elimine este artículo, porque quiero que se normalice la situación. Pero bien se ha preguntado acá: ¿qué va a pasar con los ascensos de los profesores universitarios?, ¿cuándo vamos a resolver el problema de las raciones universitarias?

El problema de la falta de raciones genera conflictos en los que se impone la fuerza, se impone el que va con la pistola, no se impone la democracia. Los alumnos se ven obligados a pertenecer a tal o cual organización política, porque es la única manera —poco democrática— de llegar al comedor universitario.

El gobierno del presidente Humala tiene la enorme obligación de cumplir sus compromisos con el electorado y la universidad. Eso significa, Presidente, más fondos para la universidad.

¿Han visto los ómnibus en que se movilizan los alumnos, sobre todo en las provincias? Los ómnibus de la Universidad Pedro Ruiz Gallo tienen entre cuarenta y cuarenta y cinco años; los laboratorios, entre treinta y cuarenta, y tienen que pedirles limosna a los gobiernos y hacer alianza con ellos para que puedan funcionar. Y ni hablar de las bibliotecas.

Entonces, Presidente, yo les pido a usted y al nuevo presidente de la Comisión de Educación que comencemos a debatir la Ley Universitaria y hablemos del voto universal, para que no sean los grupos de los partidos políticos quienes se aprovechen y siempre ganen las elecciones, porque no hay una elección universal para que el rector sea elegido por los gremios que corresponden.

Me pide una interrupción el congresista Zeballos, Presidente.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Puede hacer uso de la interrupción, congresista Vicente Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— Presidente, bien ha dicho el congresista que acá hay un tema de fondo que está pasando inadvertido: la universidad. Estamos abordando el tema de la educación básica, pero casi nada el de la educación superior universitaria.

En mayo de este año la Comisión de Educación aprobó un proyecto de ley denominado Moratoria Temporal de Creación de Universidades, que intenta adentrarnos en la gran problemática que tiene el sistema universitario.

En estos momentos hay ciento treinta y cuatro universidades, entre públicas y privadas. Son doscientas las profesiones que el sistema universitario oferta a los jóvenes. Hay quince proyectos de ley para crear nuevas universidades públicas en lo que es la Comisión de Educación. Hay tres cabezas diferentes que velan por el sistema universitario: la ANR [Asamblea Nacional de Rectores], el CONAFU [Consejo Nacional para la Autorización de Universidades] y el CONEAU [Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria].

La propia Contraloría General de la República ha sugerido que se cree una superintendencia de universidades que centralice el manejo del sistema universitario.

Es importante que se empiece a pensar en una visión de país. ¿Qué hacemos por la universidad? Ya tenemos un instrumento normativo, que es el Proyecto de Ley de Moratoria Temporal de Creación de Universidades. A través de este espacio que nos está permitiendo poner en el debate público nacional lo que es la universidad, pido que también se priorice ese proyecto de ley en la agenda de este Pleno.

Gracias.



El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Puede usted continuar, congresista Yehude Simon.

El señor SIMON MUNARO (APGC).— Me pide una segunda interrupción el congresista Huayama, Presidente.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Puede hacer uso de la segunda interrupción, congresista Leonidas Huayama.

El señor HUAYAMA NEIRA (NGP).— Presidente, las diferentes universidades públicas han pedido ampliación presupuestal para cubrir los ascensos de los docentes y creo que la pelota está en nuestra cancha, porque estamos debatiendo

el presupuesto del 2013 y tiene que haber un compromiso de los colegas congresistas por que se considere un presupuesto para los ascensos en la universidad pública.

Y bueno, ya que hablamos de la universidad pública, debo precisar que desde hace meses la Comisión de Educación ha aprobado el debate del voto universal para elegir a las autoridades universitarias. Eso está agendado desde hace meses, y yo pido a la Mesa Directiva que priorice su debate.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Puede continuar, congresista Yehude Simon.

El señor SIMON MUNARO (APGC).— Presidente, me alegro muchísimo de la intervención del congresista de la mayoría, y Dios quiera que así como hoy día hemos tenido un grupo de treinta representantes de La Libertad y de la

marinera, podamos tener completamente lleno el auditorio de profesores y estudiantes universitarios y demostrar que este Congreso, que creo que es un Congreso serio, se preocupa de temas de fondo, porque la universidad sí es un problema de fondo, porque la educación primaria, secundaria y tecnológica sí son un problema de fondo.

En ese sentido, Presidente, yo reafirmo que vamos a votar —por lo menos yo— por la eliminación de este artículo 7 de la Ley 29914, para corregir el error —o el horror— que se ha cometido.

Presidente, yo suplicaría que comencemos a debatir temas de fondo. La nueva ley universitaria ya

es un tema de fondo que le va a dar calidad a este Congreso y va a exigir al Ministerio de Economía —la palabra es exigir, y con letras mayúsculas— mayores fondos para la investigación y los sueldos de los maestros universitarios.

Hay universidades que tienen canon, y ese canon es exclusivo para la investigación. No se ha estado dando uso a ese canon para investigación.

Y hay universidades, como la Pedro Ruiz Gallo y la de Apurímac, que no tienen un centavo para investigación.

Creo que las universidades deben tener un presupuesto especial para hacer investigación, que es la única manera de elevar el nivel científico y tecnológico de nuestro país.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra el congresista Jorge Rimarachín.

El señor RIMARACHÍN CA-BRERA (APFA).— Presidente, las intervenciones, en forma mayoritaria, reconocen el error del artículo 7 de la Ley 29914 y la necesidad de eliminarlo.

Sin embargo, a quienes han sustentado una posición en minoría a favor de que se mantenga ese artículo se les hace un llamado a la reflexión porque no hacen más que enarbolar las ideas del neoliberalismo, que pretende privatizar la educación. Un ejemplo de ello es el modelo chileno, que en ese hermano país ha dado lugar a protestas de estudiantes, padres de familia y docentes que reclaman la gratuidad de la enseñanza. Esta privatización vía la municipalización de la educación básica regular en Chile ha ocasionado problemas que son observados a nivel mundial a través de las noticias. Es un conflicto que no hay cuando se solucione en este hermano país.

Los voceros del ministro Castilla, los defensores no hacen más que dejar antecedentes negativos dentro del manejo del Presupuesto de la República. Uno de ellos fue cuando en este Congreso se aprobó un proyecto de ley para que se pague el sueldo de los profesores de la región Madre de Dios con presupuesto del Gobierno Regional de Madre de Dios. Entonces, el ministro Castilla dirá: Muy bien, ayúdenme de esa forma si no quieren utilizar sus presupuestos en obras de inversión pública.

Por la consulta que hicieron tres universidades para ver si podían coger recursos directamente



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recaudados, inmediatamente se generalizó la norma en una ley que acá se nos pasó por alto a todos los congresistas. Sin embargo, sería oportuno enmendar este error el día de hoy.

Finalmente, me acojo al pedido que han hecho los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra en el sentido de priorizar en la agenda del Pleno la discusión del dictamen del Proyecto de Ley 154, sobre la elección universal de autoridades universitarias, iniciativa que está pendiente. Se va a cumplir un año de la decisión de la Comisión de Educación del Congreso de la República.


El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra el congresista Jhon Reynaga.

El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Presidente, nos hemos salido ya del contexto y no aportamos puntualmente sobre el tema.

Es cierto que hay temas latentes, como el del voto universal y el de

la creación de las vicerrectorías de investigación, ciencia y demás, que hasta la fecha desconocemos por qué no lo presenta la Comisión de Educación si tiene un dictamen en mayoría del anterior período legislativo. Son temas de raíz que ya debemos discutir.

Acá, Presidente, la Comisión de Presupuesto ipso facto ha puesto en debate este proyecto luego de haberlo dictaminado en horas de la mañana el día de hoy para remediar algo que de repente en un exabrupto colocaron. De manera que acá se está tomando al toro por las astas.

Como muy bien lo han dicho el congresista Yehude Simon y otros congresistas, lo que se refiere al voto universal es otro asunto que debemos priorizar, porque hay rectores, vicerrectores y decanos que se aferran con uñas y dientes a sus cargos, trafican con el tercio estudiantil y perjudican lo que concierne al pregrado. Esos son temas de fondo que se deben reestructurar mediante la reforma de la Ley Universitaria.

En este caso, Presidente, se está presentando este artículo único para la derogación del artículo 7 de la Ley 29914; pero por protagonismo y por tratar de dañar sistemáticamente al Gobierno, se dilata una decisión, cuando también tenemos que tomar un acuerdo con respecto al voto universal y a reformas en la ley general.

Pido que se dé por agotado el debate y procedamos a la votación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (José León Luna Gálvez).— Tiene la palabra el congresista Virgilio Acuña.

El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Presidente, en efecto, llevamos ya buen rato discutiendo la propuesta de derogación del artículo 7 de la Ley 29914 y debemos ir al voto.

Me adhiero al pedido de muchos congresistas en el sentido de que es importante que entremos a un debate sobre el sistema universitario. Todos estamos en la obligación de armar una cruzada nacional sobre esta materia, porque tenemos leyes que no están adecuadas a la normatividad.

Tenemos más de ochocientos mil alumnos universitarios y cerca de cuarenta universidades nacionales; por lo tanto, es importante abrir un debate sobre la Ley Universitaria.

Presidente, le ruego que vayamos al voto de la propuesta de nulidad del artículo 7 de la Ley 29914.

Muchas gracias.

—Reasume la Presidencia el señor Víctor Isla Rojas.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se da por agotado el debate.

Tiene el uso de la palabra el congresista Josué Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidente, preferiría no aludir al congresista Rimarachín para que no haga uso de la palabra ahora que el debate se ha agotado, pero tengo que hacerlo —con todo respeto y con las disculpas del caso— porque me da la impresión de que cada vez que él habla…

No sé si él puede venir o si le pueden pasar la voz, pero tanta falsedad tampoco se puede tolerar.

Aquí en el Parlamento hemos aprobado la transferencia del Ministerio de Educación al Gobierno



Regional de Madre de Dios, específicamente para la Dirección Regional de Educación, a efectos de cubrir ciento setenta y seis plazas proyectadas para el sector Educación. No es verdad que el gobierno regional haya dispuesto eso con fondos de la sede central u otros fondos.

Es bueno aclararlo oportunamente, porque a veces se miente tanto que la gente puede creer que lo que se dice es verdad.

Lo que ha graficado el señor congresista Bedoya de Vivanco es el resumen de todo esto. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y este caso es una prueba de ello.

Me correspondió sustentar este proyecto del Ejecutivo y tengo que asumir el día de hoy ese cuestionamiento serio que han hecho ustedes respecto al tema, pero hay que ser precisos y hay que fundamentar las propuestas en honor a la verdad y no en honor al maquillaje.

La verdad es que se han utilizado los recursos de manera indebida, y hemos tratado de dar de alguna forma ese marco jurídico que no tenían para salvaguardar el interés… Ojalá no se dé, pero no faltan operadores, no faltan personas que tienen la misión de destruir cualquier buen gobierno y hablan de que la educación universitaria está en pos de una privatización. Para que no quede duda de que eso no es verdad, proponemos que esta norma se derogue.

Entonces, Presidente, no quiero profundizar en el debate, porque ya todo se ha dicho. Hago un mea culpa a través de la presidencia de esta Comisión, pero hemos obrado de buena fe pensando en que por encima de nosotros están la paz social y la tranquilidad que atraen y fomentan la inversión y la estabilidad de la democracia. Lastimosamente, muchos votan el veneno que corroe la democracia, y eso no hay que permitirlo. Hablemos claro con seriedad y muchísima responsabilidad: ahí no hay ni oposición ni mayoría, sino la unión de todos por el país.

Presidente, solicito que se someta al voto este proyecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Pido a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia.



Al voto.


—Efectuada la votación, se aprueba, por 84 votos a favor, cinco en contra y dos absten-ciones, el texto sustitutorio del proyecto de ley mediante el cual se deroga el artículo 7 de la Ley 29914, Ley que Establece Medidas en Materia de Gasto Público.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido aprobado.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Gutiérrez Cóndor y Pérez Tello de Rodríguez.

Resultado final: 86 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

Ha sido aprobado el texto sustitutorio de los Proyectos de Ley Núms. 1509 y 1522, que no requiere de segunda votación.




LEY QUE DEROGA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 29914, LEY QUE ESTABLECE MEDI-DAS EN MATERIA DE GASTO PÚBLICO

Artículo único. Derógase el artículo 7 de la Ley 29914

Derógase el artículo 7 de la Ley 29914, Ley que establece medidas en materia de gasto público.


“Votación del texto sustitutorio de los Proyectos 1509 Y 1522

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani,



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Condori Cusi, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Diez Canseco Cisneros, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Grandez Saldaña, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, López Córdova, Luna Gálvez, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Mora Zevallos, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Bedoya de Vivanco, Bruce Montes de Oca, Chacón De Vettori, Mulder Bedoya y Reggiardo Barreto.

Señoras congresistas que se abstuvieron: Chávez Cossío y Pérez del Solar Cuculiza.”

Se rechaza el pedido de reconsideración del congresista Apaza Condori con respecto a la votación del Informe Final N.° 5 de la

Comisión de Ética Parlamentaria



Reconsideración

Del congresista Apaza Condori respecto de la votación realizada en la sesión especial del Pleno del Congreso del 10 de setiembre de 2012, en la que se aprobó el Informe Final N.° 5 de la Comisión de Ética Parlamentaria, que recomienda la suspensión del citado congresista por ciento veinte días de legislatura. (Presentada el 10 de setiembre de 2012 a las 23:08 horas.)*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el congresista Emiliano Apaza.

El señor APAZA CONDORI (NGP).— Señor Presidente, por intermedio de usted quiero hacer llegar un saludo a todos los colegas congresistas de la Representación Nacional.

En vista de que en el Pleno pasado he sido sancionado por ciento veinte días y no he tenido la oportunidad de dar en persona las explicaciones correspondientes a mis colegas; y de que el abogado que me ha asistido solamente ha hecho el detalle técnicojurídico, yo quisiera que se me dé esta oportunidad para poder dar a conocer a la Representación Nacional por qué recomienda mi sanción la Comisión de Ética.

Por consiguiente, señor Presidente, pido que se someta al voto esta reconsideración.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede hacer uso de la palabra el congresista Heriberto Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Señor Presidente, creo que estamos llegando a una etapa importante para el fortalecimiento del Congreso de la República. En ese sentido, deberíamos tener en cuenta una situación que, al parecer, no está muy clara.

La reconsideración que presentan los congresistas cuando se trata de estos temas debe entenderse, en primer lugar, que es una reconsideración al acuerdo tomado y no a la votación, porque la votación se puede rectificar, pero no se puede reconsiderar. Ha habido un acuerdo que tomó el Congreso de la República y entendemos que quienes piden reconsideración lo hacen respecto al acuerdo.

En segundo lugar, señor Presidente, el Reglamento del Congreso y el propio Código de Ética establecen que cuando la Comisión de Ética aplica sanciones de amonestación, recomendación o multa, estas pueden ser apeladas ante el Pleno del Congreso. Sin embargo, conforme al Reglamento del Congreso, cuando se trata de suspensiones no hay ningún ente que pueda revisar esa situación.

Entonces, estaríamos ante la figura de una resolución en instancia única, y todos sabemos que hay el derecho de la instancia plural a través de un ente superior; y si no lo hay, a través de la reconsideración.




En diversas instituciones del Estado, como el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se resuelven en instancia única determinados temas, han ocurrido casos en los que se ha destituido a vocales y ha habido una revisión mediante una reconsideración. Luego de la revisión, se puede confirmar la pena, se puede reducir la pena o se puede archivar el caso. Ese es el espíritu de fondo de una reconsideración.

De acuerdo con la Constitución, hay materias en las que el Jurado Nacional de Elecciones resuelve en instancia única y sus fallos son inapelables, irrevisables, invariables e inmodificables; sin embargo, el propio Jurado Nacional de Elecciones ha establecido lo que se conoce como recurso extraordinario para permitir que se pueda revisar la situación de una persona que es vacada, sancionada o tiene algún reclamo electoral.

Yo creo que aquí el Congreso, como se trata de sanciones a parlamentarios, debe admitir la reconsideración no como un tema de impunidad ni de protección, sino como el derecho de un congresista de pedir que la sanción que le han aplicado sea revisada.

Esa revisión tiene que proceder, y me permito respaldar el pedido de reconsideración de todos aquellos casos que se han presentado, de modo que puedan ser revisados, discutidos y resueltos. Un congresista sancionado tiene derecho a que nuevamente se vea su caso para que este sea analizado con mayor reflexión, porque podrían haberse cometido excesos o irregularidades.

Me pide una interrupción el colega Mauricio Mulder.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la interrupción, congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidente, aunque es —sin duda— incorrecto trasladar las prerrogativas del fuero judicial al ámbito parlamentario, debo señalar que en el Parlamento sí se sigue el tema de la doble instancia, porque

las sanciones que se traen al Pleno son previamente votadas en la Comisión. En esa Comisión se hace todo el procedimiento de formular la acusación, escuchar la defensa, debatir y votar; y se determina la sanción que viene después al Pleno, el que, como segunda instancia, puede revocar o confirmar esa sanción.

De manera que ya se cumplió ese requisito. Aquí lo que se está solicitando es una nueva revisión del propio Pleno, que no es una instancia superior. No se trata, por lo tanto, de una pluralidad de instancias, que es el concepto que tiene el Poder Judicial, sino de una especie de revisión similar a la del Jurado Nacional de Elecciones, porque es la propia Sala la que hace una revisión. La del Jurado Nacional de Elecciones se basa exclusivamente en términos constitucionales —es decir, si ha habido violación de proceso—, pero no entra al fondo del asunto.

En este caso, una reconsideración es simplemente una oportunidad de un voto adicional, un voto nuevo; pero no es, en definitiva, una segunda instancia de la misma instancia que el propio Pleno ha establecido.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Puede continuar, congresista Heriberto Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Presidente, discrepo de mi colega Mauricio Mulder y lamento que él, siendo miembro de la Comisión de Ética, no tenga claro lo que dice el Reglamento, porque el Reglamento es claro cuando dice que

si se aplica una recomendación, una amonestación pública o una amonestación pública con multa, en segunda instancia resuelve el Pleno. Y cuando se trata de suspensiones, dice que la Comisión recomienda al Pleno que suspenda.

El que suspende es el Pleno, el Pleno es el que aplica la sanción, y el Pleno ha aplicado una sanción en los diversos casos que se han dado. Ahora la reconsideración tiene que entenderse como el derecho del afectado a que se pueda revisar su caso.

La Constitución dice que el Consejo resuelve en instancia única. Hace muchos años, un vocal superior fue encontrado en un acto de corrupción, el presidente del Poder Judicial pidió su destitución y el Consejo Nacional de la Magistratura lo destituyó. Ese magistrado presentó una reconsideración, y producto de ello el Consejo anuló su sanción y le permitió a ese juez que vuelva a ocupar una plaza.

Igual sucedió en el Jurado Nacional de Elecciones. Todos recordamos que en el año 1995, cuando Susana Higuchi intentaba postular a una elección presidencial, sacaron una ley que prohibía que la esposa del Presidente de la República postulara a la Presidencia.



1456

Como no la dejaban ser candidata a la Presidencia, Susana Higuchi decidió postular al Congreso. El Jurado le descalificó la lista, y todos recordamos que en esa época Susana Higuchi se tendió en el suelo e hizo huelga de hambre en defensa de sus derechos políticos y de los derechos políticos de la mujer.

El Jurado Nacional de Elecciones, en instancia única, le impidió postular, y Susana Higuchi logró, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le recomendaran al Jurado…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Concluya, congresista.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Presidente, a raíz de eso, el Jurado Nacional de Elecciones implementó el recurso extraordinario para poder revisar sus propios fallos.

Si lo hacen el Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Nacional de la Magistratura, que resuelven en instancia única, ¿por qué el Congreso no puede considerar esa reconsideración?

Yo creo que es el derecho del parlamentario a que se revise, como también el derecho de quienes creen que una absolución o archivo debe revisarse.

Entonces, esa atribución tiene que ser interpretada en ese sentido, y además debe quedar claro que las reconsideraciones no son sobre la votación, sino sobre los acuerdos del Congreso.

Me permito opinar y pedirles a los miembros del Congreso de la República que los casos de reconsideración puedan ser aprobados y que uno por uno se vea si se ratifica o no la sanción, si se disminuye la sanción, si se cambia la sanción o se anula, porque el derecho de reconsiderar forma parte del debido proceso legal, forma parte de las garantías constitucionales, está incorporado como parte de los derechos humanos y está en la Constitución y en diversos tratados internacionales. No es que solo se vea en el Poder Judicial, porque el debido proceso se respeta en todas las instancias.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra la congresista Elsa Anicama.

La señora ANICAMA ÑAÑEZ (NGP).— Señor Presidente, respecto a lo que está sucediendo con una Comisión de Ética, ya hemos visto anteriormente los detalles y la experiencia vivida con mi participación por primera vez en política.

Una cosa es acusar, pero tenemos que ir más al fondo de lo que significan una acusación y su procedencia. Estamos viendo vacíos de credibilidad de una comisión, dado que una cosa es persuadir a la equivocación, como fue mi caso, ahora con otro colega.

Los humanos tendemos a equivocarnos, y no lo culpo, señor Lay, tampoco, pero para ello existe en la vía legal el recurso de reconsiderar para una nueva revisión, por si acaso se haya equivocado. Se puede persuadir a la equivocación también, y es lo que ha obedecido el Pleno al votar en contra de una persona inocente cuando ha venido la acusación de una comisión.

¿Por qué no reconsiderarla?, ¿cuál es el temor? De acuerdo a ley, procede una reconsideración.

Se debe reconsiderar el caso para una nueva revisión, y con derecho a la defensa, por si acaso. En mi caso, no lo tuve. Por eso, hay que reconsiderar para poder enmendar muchos errores.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Emiliano Apaza.

El señor APAZA CONDORI (NGP).— Señor Presidente, quiero empezar por el tema de fondo.

Yo creo que he sido acusado por los medios televisivos y escritos como contrabandista. Específicamente

esto se refiere a la compra de un vehículo de segundo uso. Yo hice esa compra viendo una tarjeta de propiedad vehicular y he asistido a una notaría pública. Allí ha sido la transferencia y se han hecho todos los trámites correspondientes.

He sido denunciado por contrabando, pero el proceso se ha archivado por sobreseimiento; y me han sancionado por receptación, cosa que tampoco es correcta, porque ha habido un descuido en el proceso.

Señor Presidente, me piden una interrupción.



El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Puede interrumpir, congresista Roberto Angulo.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Señor Presidente, yo quisiera decir que una persona que comete un delito de ninguna forma va a ir a una notaría para realizar una transacción.

Lo hizo de buena fe. Él fue a una notaría, obtuvo el vehículo, pagó US$ 30 000,00 por el vehículo y lo tiene. No sabía que había sido estafado, no sabía que ese vehículo había sido obtenido de forma ilegal, por eso él fue condenado y después fue absuelto.

Entonces, el congresista Apaza considera que eso no debería estar registrado en el informe que tiene que dar el Congreso, en su hoja de vida. Yo creo que debemos reconsiderar este asunto y absolver al congresista Apaza, porque el congresista Apaza no tiene la culpa de nada, salvo de una buena fe, salvo de cierta inocencia…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra el congresista Humberto Lay, presidente de la Comisión de Ética.

El señor LAY SUN (APGC).— Señor Presidente, yo no pensé que como Parlamento podríamos revisar un fallo del juzgado, porque el juzgado sentenció al ahora congresista Apaza por un delito de contrabando o receptación aduanera agravada, y

luego confirmó la sentencia y la declaró consentida. Sabiendo eso, el congresista Apaza no lo consignó en su hoja de vida, que es una declaración jurada en la que estaba obligado a consignar una sentencia firme. No lo hizo, y por extrañas razones, por una causa muy extraña, el juzgado de Puno no comunica la sentencia al centro de informaciones del Poder Judicial, y por eso el Jurado Nacional de Elecciones no pudo enterarse de que había esa sentencia y permitió que fuera candidato y que fuera elegido.

Sin embargo, la Constitución Política del Perú prohíbe expresamente que un ciudadano con una sentencia firme, con una condena privativa de la libertad pueda ejercer un cargo público, porque sus derechos ciudadanos están suspendidos. El Jurado Nacional de Elecciones ha confirmado a la Comisión que una sentencia privativa de libertad, efectiva o suspendida, impide a ese ciudadano a postular, y por eso hay una denuncia presentada ya contra el congresista Apaza.

Constitucionalmente y de acuerdo a la propia Ley de Elecciones [Ley Orgánica de Elecciones], el congresista Apaza está ejerciendo un cargo que no puede ejercer, porque tiene esta sentencia privativa de libertad suspendida. Hay sentencias vinculantes del mismo Poder Judicial que dicen que una sentencia, aunque esté suspendida, sigue siendo válida, sigue estando vigente. Por lo tanto, pido al Pleno que no se acepte esta reconsideración.

Por otro lado, tiene que venir el desafuero del congresista Apaza, lamentablemente. Yo no me alegro de decir esto, pero la ley es la ley. Y repito: nosotros como Parlamento no vamos a revisar en este momento un fallo del Poder Judicial. Eso me parece absurdo.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a votar la reconsideración.

De conformidad con el artículo 58.° del Reglamento, la aprobación de una reconsideración requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas.




Al voto.


—Efectuada la consulta, con 65 votos a favor, 17 en contra y nueve abstenciones, el pedido de reconsideración del congresista Apaza Condori no alcanza el número de votos necesario para su aprobación.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido rechazado.

Se deja constancia, además, de la abstención del congresista Tapia Bernal.

Resultado final: 65 votos a favor, 17 en contra y 10 abstenciones.

La reconsideración ha sido rechazada.



1458

“Votación del pedido de reconsideración del congresista Apaza Condori

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Benítez Rivas, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Grandez Saldaña, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neyra, Kobashigawa Kobashigawa, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, López Córdova, Luna Gálvez, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Mora Zevallos, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Ramírez Gamarra, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Teves Quispe, Uribe Medina, Vacchelli Corbetto, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Bruce Montes de Oca, Díaz Dios, Iberico Núñez, Lay Sun, Mulder Bedoya, Omonte Durand de Dyer, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Reggiardo Barreto, Rosas Huaranga, Simon Munaro, Tubino Arias Schreiber, Urtecho Medina y Velásquez Quesquén.

Señores congresistas que se abstuvieron: Chávez Cossío, Hurtado Zamudio, Julca Jara, Lewis Del Alcázar, Portugal Catacora, Schaefer Cuculiza, Tejada Galindo, Valencia Quiroz y Zeballos Salinas.”

Se rechaza el pedido de reconsideración del congresista Yovera Flores con respecto a la votación del Informe Final N.° 6 de la


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— El Relator va a dar lectura a la sumilla del siguiente punto de la agenda.


Reconsideración

Del congresista Yovera Flores respecto de la votación realizada en la Sesión Especial de Pleno del Congreso del 17 de setiembre de 2012 en la que se aprobó el Informe Final N.° 6 de la Comisión de Ética Parlamentaria, por el que se suspende al citado congresista por ciento veinte días de legislatura. (Presentada el 17 de setiembre de 2012 a las 16:36 horas.)*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el congresista Alejandro Yovera, autor del pedido de reconsideración.

El señor YOVERA FLORES (APFA).— Señor Presidente, estimados colegas congresistas, oportunamente he presentado el recurso de reconsideración del Informe Final N.° 6, por el que se me sanciona con ciento veinte días de suspensión.

Considero que el recurso presentado se sustenta en el hecho de que la máxima sanción administrativa impuesta es excesiva y vulnera el principio de proporcionalidad, el cual se aplica a todo ordenamiento jurídico por tratarse de un principio de constitucionalidad fundamental, tal y conforme se ha pronunciado el Tribunal Constitucional.

Señor Presidente, pido a este Pleno que tome en cuenta esta reconsideración y vote a favor.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene el uso de la palabra el congresista Humberto Lay.

El señor LAY SUN (APGC).— Con relación al pedido de reconsideración del congresista Yovera, quiero hacer presente a la Mesa que la dispensa del trámite de sanción del acta se aprobó a las 16 horas y 35 minutos y que la reconsideración so

licitada por el congresista Yovera ha sido recibida a las 16 horas y 36 minutos, después de haberse levantado la sesión y de haberse dispensado de la aprobación del acta.

No procede la reconsideración del congresista Yovera.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— El Relator va a dar lectura a un acuerdo existente en esta materia.





“Informe de la Comisión de Constitución y Reglamento

(Parte pertinente.)

Es discrecionalidad del señor Presidente del Congreso de la República la determinación de la oportunidad de la votación de las reconsideraciones a los acuerdos adoptados, pudiendo diferirlas hasta antes de la aprobación del acta en la sesión inmediata siguiente.

El límite temporal efectivo para la presentación de las reconsideraciones por escrito a los acuerdos adoptados es la ejecución misma del acuerdo. Luego, en la medida que el Presidente de la República advierta la necesidad de conceder reconsideraciones, podrá concederlas de manera extraordinaria siempre que no haya ejecución del acuerdo.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se va a votar la reconsideración.

De conformidad con el artículo 58 del Reglamento, la aprobación de la reconsideración requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas.



El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Han registrado su asistencia 94 congresistas.

Al voto.


—Efectuada la consulta, se rechaza, por 41 votos a favor, 42 en contra y ocho abstencio-nes, la reconsideración planteada por el señor Yovera Flores respecto de la votación del Informe Final N.° 6 de la Comisión de Ética Parlamentaria realizada en la sesión especial del Pleno del Congreso del 17 de setiembre de 2012.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— La reconsideración ha sido rechazada.

“Votación del pedido de reconsideración del congresista Yovera Flores

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Benítez Rivas, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Luna Gálvez, Molina Martínez, Mora Zevallos, Omonte Durand de Dyer, Oseda Soto, Pari Choquecota, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Solórzano Flores, Teves Quispe, Uribe Medina, Valle Ramírez, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Aguinaga Recuenco, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Cordero Jon Tay, Díaz Dios, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Reggiardo Barreto, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto y Velásquez Quesquén.

Señores congresistas que se abstuvieron: Ccama Layme, Julca Jara, Lewis Del Alcázar, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Tejada Galindo, Valencia Quiroz y Zeballos Salinas.”

Se rechaza el pedido de reconsideración de la congresista Chávez Cossío con respecto a la votación del Informe Final N.° 10 de la


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— La siguiente reconsideración.


De la congresista Chávez Cossío respecto de la votación realizada en la sesión especial del Pleno del Congreso del 17 de setiembre de 2012 y mediante la cual se rechazó el Informe Final N.° 10 de la Comisión de Ética Parlamentaria, que recomienda



1460

suspender al congresista Wilder Ruiz Loayza por ciento veinte días de legislatura. (Presentada el 17 de setiembre de 2012 a las 20:27 horas.)*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra la congresista Martha Chávez, autora del pedido de reconsideración.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPF).— Presidente, el día que se decidió la sanción al congresista Ruiz, yo solicité oportunamente que se pasara este video de un programa de televisión emitido en marzo de este año. Se observa, precisamente,

al congresista Ruiz, y se deja constancia de la existencia de documentos que probarían que el congresista sí utilizaba indebidamente la falsa condición de licenciado en Economía.

Se transmitían en el programa periodístico de Panamericana Televisión algunas versiones que involucraban al congresista Ruiz en conversaciones y ofrecimientos para que se hicieran desaparecer estas pruebas. Sin embargo, no se cumplió con presentar este video y se sometió el caso a votación con el resultado que ya sabemos: se rechazó el informe de la Comisión de Ética.

Con posterioridad a esa decisión del Congreso de la República, el día 19 de setiembre del año en curso, un periódico ha hecho públicas nuevas evidencias de estos documentos que probarían esta usurpación de un cargo académicoprofesional que no tiene el congresista. Son pruebas que yo creo que el Congreso tiene derecho a conocer para que pueda tomar la decisión del caso.

Entonces, yo presenté esta reconsideración porque no se había cumplido con mostrar a los congresistas estas pruebas pertinentes, pruebas que, además, han sido corroboradas con otras que se han presentado en los medios de comunicación.

Esa es la razón por la cual solicito que se proceda a la reconsideración de la votación.

Discrepo de lo que señala el congresista Benítez, porque el artículo referido a la reconsideración está previsto específicamente en la sección segunda, cuyo título es Votaciones. Entonces, en el artículo 58.° se habla de reconsideración de votaciones, no de acuerdos.

Sea como fuere, Presidente, ha habido una votación apresurada, porque no se ha considerado una prueba que se ofreció oportunamente.

Como reitero, hay nuevas pruebas que obligan al Congreso a tomar una decisión mejor pensada que la que tuvo cuando desaprobó el informe de la Comisión de Ética.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Pido a la congresista Martha Chávez que remita el video.

Tiene la palabra el congresista Heriberto Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Presidente, el artículo que ha mencionado la colega Martha Chávez expresa sin lugar a dudas que cuando la votación se realiza a mano alzada y no es clara, procede la rectificación. Una cosa es rectificar

la votación; y la reconsideración tiene que darse sobre el acuerdo.

¿Cómo vamos a reconsiderar una votación? ¿Hubo un voto más que otro? ¿Vamos a reconsiderar que no estuvo clara la votación? Cuando se vota a mano alzada, se rectifica. Cuando se vota por tablero, el resultado es definitivo. La reconsideración es sobre el acuerdo, no es sobre la votación. Y el artículo que ha leído la congresista Martha Chávez es clarísimo, señor Presidente. ¿Cómo se va a reconsiderar una votación?

A mí me da mucha pena que la señora Chávez, que ha sido presidenta del Congreso y ha presidido la Comisión de Fiscalización, venga ahora con una “interpretación auténtica” a querer hacernos creer que la reconsideración es sobre la votación. Pido un poco más de respeto y seriedad, señor Presidente.

Así como las reconsideraciones deben aceptarse y ser planteadas —en este caso por la congresista Chávez, que no es la sancionada, pero tiene el derecho de plantearla—, igual debió ser en los casos anteriores.

He dicho que voy a votar a favor de todas las reconsideraciones, porque creo que el congresista tiene derecho a que revisen el acuerdo y a que se vuelva a pronunciar el Congreso.

Discrepo de la congresista Martha Chávez. Me parece que ella le está dando una lectura sesgada y parcial al Reglamento del Congreso, y eso no lo podemos aceptar.

Gracias.




El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Por alusión, tiene la palabra la congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPF).— No hay peor ciego que el que no quiere ver, Presidente. Además, se hacen cargos absolutamente tendenciosos.

El señor que ha intervenido es el que no ha leído el Reglamento completo y quiere hacernos confundir con rectificación y mano alzada, que no tienen nada que ver, señor Presidente.

El artículo 58.° tiene varios párrafos. El primer párrafo se refiere a la rectificación, que no es el caso. El segundo párrafo lo leo: “Las reconsideraciones…”. Nada de rectificaciones. Si bien acá no se necesita saber leer ni escribir, imaginaba que el congresista, por el título de abogado, por lo menos tendría que saber leer; pero parece que no es así.

Dice el segundo párrafo: “Las reconsideraciones se presentan por escrito luego de las votaciones y su aprobación requiere el voto de más de la mitad

del número legal de Congresistas. No proceden los pedidos de reconsideración sobre una reconsideración previamente votada, con excepción del pedido que presenten por una sola vez los voceros de los grupos parlamentarios que representen a los 3/5 del número legal de Congresistas…”


La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPF).— Por lo tanto, basta ya de estas… no son discrepancias, sino malintencionadas manipulaciones de un texto.

Si eso se hace con un texto que está a la vista y paciencia de todos, ¿qué no se hará con las cosas que no lo están?

Por favor, Presidente, hay que ser leal con los demás congresistas y no tratar de sorprenderlos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a pasar el video.

La periodista MELISSA PESCHIERA.— Nuevos audios hundirían aún más al congresista Wilder Ruiz. Las grabaciones confirmarían que el parlamentario mintió en su hoja de vida.

El señor GRECO QUIROZ.— Lo que me ofrecen son S/. 20 000,00 y trabajo en el Congreso.

ENTREVISTADOR.— S/. 20 000,00 que eran parte de la deuda que le tenían a usted.

El señor GRECO QUIROZ.— Claro, como gerente general y, además, como vicepresi-dente del directorio, que eran mis dietas, ¿no? Y me dijeron: “Perfecto, te pagamos los S/. 20 000,00 que te estamos debiendo, pero entréganos los documentos”.

NARRADOR.— Greco Quiroz confesó que Wilder Ruiz le hizo este ofrecimiento a cambio de que le entregue las órdenes de trabajo de Andahuasi, las que el congresista firmaba como licenciado en Economía sin serlo, además de otros documentos que lo involucrarían con la cuestionada venta de acciones de la azucarera.

—Se inicia la proyección del video.



1462

En el siguiente audio se escucha a Ángel Cas-tillo Melgar, otro trabajador de Andahuasi, informándole al congresista Ruiz sobre el ofrecimiento a Greco Quiroz. En este audio se escucha al congresista aceptando pagar por los papeles. Según Greco Quiroz, solo quería que le paguen lo que le debían por su labor de gerente de la empresa.

El señor ÁNGEL CASTILLO.— … Y eso es lo que me ha dicho ahorita. Le dije “te voy a llamar”. ¿Y qué le digo ahorita?

El señor WILDER RUIZ.— Ya pues, dile que traiga todo, pues, entonces.

El señor ÁNGEL CASTILLO.— Que traiga todo, ¿no? ¿Y cómo hacemos con el billete? ¿Lo vas a depositar dentro de una hora, dos horas?, porque eso va a demorar, Wilder.

El señor WILDER RUIZ.— Serán dos horas. Le depositamos su… No hay problema.

Veintitrés mil, ¿no?

El señor ÁNGEL CASTILLO.— Sí.

El señor WILDER RUIZ.— Ya, dile que no hay problema.

NARRADOR.— En este otro audio Ángel Castillo Melgar le cuenta a Quiroz que el congresista Ruiz fue a pedir el dinero a Andahuasi para realizar ese pago por los documentos, pero no pidió S/. 20 000,00, sino US$ 70 000,00.

El señor ÁNGEL CASTILLO.— … En este momento él ha ido una reunión del sindi-cato…

El señor GRECO QUIROZ.— Ya.

El señor ÁNGEL CASTILLO.— [Ininteli-gible] … que quiere mucha plata, que ha cobrado US$ 70 000,00.

El señor GRECO QUIROZ.— ¡¿Qué cosa?!

El señor ÁNGEL CASTILLO.— Y que tienen que darle esa cantidad a él para que él te pague a ti.



NARRADOR.— El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Andahuasi, Greco Quiroz, llegó hasta la Comisión de Ética del Congreso para presentar estos audios y otros documentos que probarían que en el congre-sista Wilder Ruiz mintió en su hoja de vida. También dijo esperar que el congresista Ruiz sea sancionado severamente.

—Finaliza la proyección del video.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Pido a los congresistas que se sirvan registrar su asistencia.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— De conformidad con el artículo 58.° del Reglamento, la aprobación de la reconsideración requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Wilder Ruiz.

El señor RUIZ LOAYZA (NGP).— Señor Presidente, la Comisión de Ética conoce este tema de Greco Quiroz. Él, de una u otra manera, fue también director de la empresa agraria azucarera Andahuasi. Él ha sido vicepresidente del direc

torio y ha sido gerente general de la empresa Andahuasi.

Lo que quieren, aparentemente, es demostrarle al Pleno del Congreso que acá ha habido un delito. Señor Presidente, yo he demostrado a la Comisión de Ética lo que ha ocurrido en el caso de Andahuasi, y eso lo podría explicar el presidente de la Comisión. Incluso yo he denunciado al señor Greco Quiroz ante el Colegio de Abogados de La Libertad, porque él ha sido mi abogado. Él ha sido mi abogado, y lo demuestro y se lo he demostrado a la Comisión de Ética.

Entonces, ahora pretenden sacar un reportaje de esa naturaleza, en el que sale Greco Quiroz, que ha sido mi abogado, denunciándome.

Este caso de Andahuasi ha traído bastante perjuicio y también ha traído muertos. Acá hay mucha gente que tendrá que responder; pero lo que sí quiero dejar en claro es que jamás mentí, señor Presidente.

Muchas gracias.


Al voto.


—Efectuada la consulta, con 47 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, la re-consideración solicitada por la congresista Chávez Cossío no alcanza el número de votos necesario para su aprobación.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se deja constancia, además, del voto en contra de los congresistas Rimarachín Cabrera, Valle Ramírez y Lewis Del Alcázar.

Resultado final: 47 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones.


“Votación del pedido de reconsideración de la congresista Chávez Cossío

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío,



1464

Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Díaz Dios, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, López Córdova, Luna Gálvez, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Ramírez Gamarra, Reggiardo Barreto, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber y Vacchelli Corbetto.

Señores congresistas que votaron en con-tra: Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Julca Jara, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Molina Martínez, Oseda Soto, Pari Choquecota, Reynaga Soto, Romero Rodríguez, Saavedra Vela, Solórzano Flores, Tejada Galindo, Teves Quispe, Uribe Medina, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que se abstuvieron: Portugal Catacora y Zeballos Salinas.”

Se rechaza el pedido de reconsideración del congresista Pariona Galindo con respecto a la votación del Informe Final N.° 9 de la


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— La siguiente reconsideración.


Del congresista Pariona Galindo, respecto de la votación realizada en la sesión especial del Pleno del Congreso del 17 de setiembre de 2012 y mediante la cual se aprobó el Informe Final N.° 9 de la Comisión de Ética Parlamentaria, por el que se suspende al citado congresista por ciento veinte días de legislatura. (Presentada el 17 de setiembre de 2012 a las 22:13 horas.)*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra el congresista Pariona Galindo, autor del pedido de reconsideración.

El señor PARIONA GALINDO (GPF).— Señor Presidente, he solicitado esta reconsideración para que se analice y se evalúe un poco más la propuesta que hizo la Comisión de Ética, porque a mí no me han sancionado ni el Ministerio Publico ni el Poder Judicial ni el mismo Jurado.

Y yo reconocí el error no solamente antes de las elecciones. He pedido disculpas en reiteradas oportunidades por ese error. Lo único que quiero es que esta votación sea a conciencia de cada uno de mis colegas, porque el mío es un caso distinto, es un caso investigado por todas las instancias a las que les correspondía una investigación.

A este Pleno del Congreso le pido que evalúe y haga un voto de conciencia. Ninguna de las instancias me ha sancionado. He sido absuelto en todas ellas y no se ha encontrado delito. Sí se ha encontrado un error, y yo pediría que la sanción sea la que corresponda a ese error, porque, como siempre lo hecho, asumo mis errores, pero las sanciones deben ser proporcionales.

He visto que todas las sanciones son iguales, y muchos medios de comunicación y el Perú saben que mi caso es el único que se ha investigado en todas las instancias. En ese sentido, yo pido el voto de conciencia; y que si se diera alguna sanción —si lo permitieran mis colegas parlamentarios en base a lo que estoy comentando, porque la resolución que ha sido emitida por la Tercera Sala Penal no encuentra ningún delito—, esa sanción sea proporcional.

En algún momento, mi colega Mulder hablaba de un diploma. La Comisión de Ética es la única que no ha solicitado a la municipalidad el currículum vítae que está en mi file. El Ministerio Público, el Poder Judicial y el Jurado sí lo solicitaron y nunca encontraron un diploma falso, como en algún momento lo dijeron.

Entonces, lo dejo a conciencia de cada uno de ustedes, mis queridos colegas parlamentarios.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a votar la reconsideración de conformidad con el artículo 58.° del Reglamento. La aprobación de una reconsideración requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas.

Pido a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia para poder votar.






Al voto.


—Efectuada la consulta, con 52 votos a favor, 26 en contra y siete abstenciones, la reconsideración solicitada por el congresis-ta Pariona Galindo no alcanza el número de votos necesario para su aprobación.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se deja constancia, además, del voto a favor de los congresistas López Córdova y Gutiérrez Cóndor; y del voto en contra de la congresista Coari Mamani.

Resultado final: 54 votos a favor, 27 en contra y siete abstenciones.


“Votación del pedido de reconsideración del congresista Pariona Galindo

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Benítez Rivas, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Grandez Saldaña, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, Luna Gálvez, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mora Zevallos, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Ramírez Gamarra, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Vacchelli Corbetto, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yrupailla Montes y Zamudio Briceño.

Señores congresistas que votaron en con-tra: Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Bruce Montes de Oca, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Condori Jahuira, Iberico Núñez, Julca Jara, Lay

Sun, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mulder Bedoya, Omonte Durand de Dyer, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pérez Tello de Rodríguez, Reggiardo Barreto, Simon Munaro, Solórzano Flores, Tejada Galindo, Teves Quispe, Uribe Medina, Urtecho Medina, Valencia Quiroz y Yovera Flores.

Señores congresistas que se abstuvieron: Molina Martínez, Portugal Catacora, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Saavedra Vela, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.”

Se aprueban mociones de saludo al Partido Nacionalista Peruano y a los campeones

nacionales de marinera

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— El señor Relator va a dar cuenta de dos mociones de saludo.


Mociones de Saludo

De los congresistas Isla Rojas, Solórzano Flores, Apaza Ordóñez, Zamudio Briceño, Reynaga Soto, Apaza Condori, Chehade Moya, Anicama Ñañez, Carrillo Cavero, Canches Guzmán, Valencia Quiroz, Condori Cusi, Tejada Galindo, Zerillo Bazalar, Angulo Álvarez, Molina Martínez, Coa Aguilar, Delgado Zegarra, Oseda Soto, Gutiérrez Cóndor y Condori Jahuira al Partido Nacionalista Peruano con ocasión del séptimo aniversario de la suscripción de su acta fundacional.

Del congresista Acuña Núñez a los campeones nacionales de marinera.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando el brazo. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la consulta, se aprueban las mociones de saludo.

—Los textos de las mociones aprobadas son los siguientes:


Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo a los fundadores, dirigentes nacionales y militancia del Partido Nacionalista Peruano, con ocasión de cumplirse el



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3 de octubre de 2012 el séptimo aniversario de la suscripción de su acta fundacional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Ollanta Moisés Humala Tasso, Presidente Constitucional de la República y Presidente del Partido Nacionalista Peruano.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y efusivo saludo a los campeones nacionales de marinera, evento organizado por el Club Libertad de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Fernando Burmester Landauro, presidente del Club Libertad de Trujillo, para que continúe con sus objetivos de excelencia, apoyando el desarrollo y participación en los eventos culturales para el fomento de las artes.


Se aprueban modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias y a la composición

de una comisión investigadora

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se va a dar cuenta de unas modificaciones al Cuadro de Comisiones.


Modificaciones al Cuadro de Comisiones correspondiente al período anual de sesiones 20122013 y a la Comisión encargada de investigar supuestas irregularidades en la venta de acciones de

empresas azucareras

—Comisión de Cultura: Sale como titular la congresista Omonte Durand, del grupo parlamentario Perú Posible.

—Comisión de Defensa Nacional: Sale como titular e ingresa como accesitario el congresista Velásquez Quesquén, del grupo parlamentario Concertación Parlamentaria. Ingresa como titular el congresista Reggiardo Barreto, del grupo parlamentario Concertación Parlamentaria.

—Comisión Investigadora encargada de investigar supuestas irregularidades en la venta de

acciones de las empresas azucareras Cartavio, Casa Grande, Laredo, Chucarapi Pampa Blanca S.A. y Andahuasi: Sale como titular el congresista Inga Vásquez, del grupo parlamentario Acción PopularFrente Amplio.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a votar a mano alzada.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando el brazo. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se aprueban las modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias del período anual de sesiones 2012-2013 y a la Comisión encargada de investigar supuestas irregularidades en la venta de acciones de empresas azucareras.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Han sido aprobadas.


—Las modificaciones en el Cuadro de Co-misiones Ordinarias y en la composición de una comisión investigadora son los siguientes:

En la Comisión de Cultura: Sale de titular la congresista Omonte Durand de Dyer.

En la Comisión de Defensa Nacional: Sale de titular e ingresa como accesitario el congresista Velásquez Quesquén. Ingresa como titular el congresista Reggiardo Barreto.

En la Comisión investigadora encargada de investigar las supuestas irregularidades en la venta de acciones en las empresas azucareras: Sale de titular el congresista Inga Vásquez.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando el brazo. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la consulta, se acuerda trami-tar los asuntos tratados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta.



El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Ha sido acordada la dispensa.

Se recuerda a los señores congresistas que el día de mañana, 4 de octubre, se llevará a cabo la sesión ordinaria a partir de las nueve de la mañana; y que a las cuatro de la tarde se ha convocado a la sesión solemne para conmemorar el centésimo aniversario del nacimiento del ex presidente Fernando Belaúnde Terry. La Presidencia reitera la citación previamente cursada y hace presente a la Representación Nacional que, por tratarse de una sesión solemne, se debe concurrir con la medalla que distingue la condición de congresista.

“Registro de asistencia a la última votación digital de la sesión (23 horas 25

minutos)

Presentes: Los congresistas Isla Rojas, Luna Gálvez, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Grandez Saldaña, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand de Dyer, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado

Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Con licencia oficial: Los congresistas Falconí Picardo, Eguren Neuenschwander, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Capuñay Quispe, Chihuán Ramos, Cuculiza Torre, Espinoza Cruz, Galarreta Velarde, García Belaunde, Guevara Amasifuen, Inga Vásquez, Jara Velásquez (ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), León Romero, Merino De Lama, Nayap Kinin, Otárola Peñaranda, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta y Urquizo Maggia.

Con licencia por enfermedad: Los congresistas Abugattás Majluf, Gamarra Saldívar y León Rivera.

Ausentes: Los congresistas Acuña Núñez, Anicama Ñañez, Castagnino Lema, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Diez Canseco Cisneros, Espinoza Rosales, Gastañadui Ramírez, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, López Córdova, Mavila León, Mendoza Frisch, Monterola Abregú, Reátegui Flores, Tait Villacorta, Velásquez Quesquén y Wong Pujada.

Suspendido: El congresista Acha Romaní.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se levanta la sesión.

—A las 23 horas y 29 minutos, se levanta la sesión.

Por la redacción: Fernando caSado calderón



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