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En una declaración que se extendió por dos horas, el exfinancista Leonardo Fariña aportó ayer datos a la Justicia platense sobre presuntas irregularidades en el reparto de la obra pública durante la gestión del exgobernador Daniel Scioli. Fariña, que hoy se encuentra bajo el Programa de Protección de Testigos, denunció ante el fiscal platense Alvaro Garganta que la obra pública se “cartelizó” entre los años 2008 y 2015, entre lo que se extendió la gestión de Scioli, hoy bajo la lupa de la Justicia. “Había modelos de asignaciones irregulares”, dijo el testigo, que además aseguró tener conocimiento de un “plan sistemático de vaciamiento de las arcas públicas” que involucró tanto al gobierno de Santa Cruz, al de la Nación y al de la provincia de Buenos Aires durante esos años. El testigo arrepentido prestó declaración a partir de un pedido puntual de Elisa Carrió, la denunciante que activó la causa En la declaración, a la que tuvo acceso EL DIA, el ex “valijero” que actuó para el grupo del empresario Lázaro Báez también denunció la existencia de un supuesto sistema de retornos en la City porteña que se habría canalizado a través de cooperativas y mutuales registradas en el Grupo Bapro. Fariña fue convocado a declarar en la UFI 1 a cargo de Alvaro Garganta en el marco de la causa abierta a partir de la denuncia de Elisa Carrió por supuesto lavado de activos en la gestión Scioli y por pedido expreso de la diputada nacional. “Lilita” entendía que el testigo arrepentido de la denominada “ruta del dinero K” podía aportar datos relevantes que ayuden a la investigación sobre las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante la gestión de Scioli, fundamentalmente vinculadas con la adjudicación de obras públicas en la Provincia. En esta misma causa, al exjefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, le fue prohibida la salida del país, ya que está imputado por supuesta administración fraudulenta mediante la utilización de facturas apócrifas durante 2014 y 2015, por un monto estimado en los 10.720.347 pesos. Fariña llegó ayer poco antes de las diez a las oficinas de la UFI 1 ubicadas en la calle 54 entre 6 y 7 acompañado por agentes del Servicio Penitenciario Federal y por dos custodios, ya que se encuentra bajo el Programa de Protección de Testigos (Ver aparte). La audiencia, que se extendió por unas dos horas, contó con la presencia de los abogados Alfredo Gascón, en representación de Daniel Scioli, y Alejandro Montone, por el extitular de Absa Guillermo Scarcella, apuntado en la denuncia de Carrió como supuesto testaferro del exgobernador. Sobre este aspecto en particular, el testigo arrepentido negó haber dicho que Scarcella era “prestanombre de Scioli” y desmintió también haber pronunciado la frase “Scarcella es el De Vido de Scioli”.

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REPARTO IRREGULAR La declaración de Fariña se centró en lo que calificó como una “cartelización” de la obra pública durante la gestión de Scioli. “Este contexto yo lo viví por mi estrecha vinculación con el grupo de Lázaro Báez”, explicó. Según detalló ante Garganta, el hoy detenido empresario santacruceño estaba molesto porque, dijo Fariña, nunca pudo entrar en el grupo” de firmas a las que se le adjudicaba obra en la Provincia. Concretamente, dijo que Báez intentó que le fuera adjudicada en el año 2010 las obra del denominado Corredor Vial del Atlántico, una serie de trabajos sobre las rutas provinciales que van a la Costa a cambio de la explotación de los peajes que finalmente fue para el Grupo Eurnekián. “Por dichos de Báez, la obra pública en la Provincia se manejaba entre (el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos) Wagner, Scioli y (el ex titular de Infraestructura) Julio De Vido”, disparó Fariña. Además, en su declaración ante Garganta, Fariña dijo que en la “City porteña”, “se puede comprobar la irregularidad en la obra pública de la Provincia”. “Es de conocimiento que existen cooperativas, mutuales, cerealeras recaudadoras, que el Banco Provincia dotaba de cuentas exentas, las cuales se utilizaban para el descuento de valores en negro”, denunció.

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En los “picos” térmicos de este anticipo del verano, miles de usuarios de Absa pasaron el día entero sin agua en sus domicilios. Las zonas más afectadas fueron Tolosa, Ringuelet y el barrio Hipódromo, donde, según señalaron voceros de la distribuidora, se registró “baja presión” debido a las maniobras que debió realizar la empresa para reparar un daño en la planta potabilizadora de Punta Lara. También faltó el suministro en Los Hornos y Villa del Plata, Ensenada. A las tres de la tarde de ayer, el termómetro trepó en la Región a los 32 grados y la sensación térmica a los 33. A esa hora, familias enteras de las localidades del norte platense manifestaron su agobio a raíz de la falta de agua en sus hogares. Concretamente, según las quejas recibidas en este diario, no hubo agua en 523 entre 5 y 6; 519 entre 6 y 7; 528 de 116 a 118; 2 y 529; 531 entre 115 bis y 115; 116 entre 529 y 530; 124 entre 39 y 40; 141 de 63 a 65; y Villa del Plata, Punta Lara, a corta distancia de la planta “Donato Gerardi”, desde donde se trata y se envía el agua por red a una amplia zona de la Región. Por las penurias que le causó al vecino la interrupción de la provisión de agua potable, en 519 entre 6 y 7 un usuario de Absa puntualizó que “tenemos que usar una bomba” y en ese sentido contó que “hoy - por ayer- cuando nos levantamos, alrededor de las 7, no había nada presión, y después el corte fue total”. También vecinos de 528 de 116 a 118 expresaron su disgusto por la carencia del suministro. En ese caso remarcaron, con desesperación: “Estamos sin una gota desde esta mañana”. “ESTAMOS CANSADOS” En Tolosa, Ringuelet y barrio Hipódromo, estiman los vecinos que padecen desde hace un mes escasez o falta de agua, que son unos 100 mil usuarios los que se encuentran “sin una gota” en sus canillas. “Estamos cansados de que nadie se haga cargo. Hemos juntado unas 800 firmas que llevaremos a Absa, pero también a todos los órganos del Estado que evidentemente se están desentendiendo del problema”, señaló Pablo Pérez, impulsor de un petitorio en donde se advierte que “de continuar esta situación no se pagará más el servicio”. A su vez, una jubilada de 124 entre 39 y 40 aseguró que “no tenemos agua desde hace una semana, y los bidones salen 50 pesos cada uno”. En tanto, desde 141 de 63 a 65, en Los Hornos, expusieron que mientras llegan las temperaturas más altas del año “seguimos pasando situaciones lamentables por la falta de agua”. Recordaron, en esa línea, que padecen baja presión en la red que alimenta sus domicilios desde el año pasado, pero puntualizaron, al mismo tiempo, que el problema se agudizó en las últimas semanas porque ahora directamente no sale agua de las canillas. DAÑO IMPORTANTE

Voceros de Absa explicaron que la empresa tuvo que llevar adelante la reparación de “una importante avería” en el acueducto de 1.200 milímetros que alimenta a la zona norte de la Ciudad.

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Para realizar las tareas tuvo que reducir el bombeo, motivo por el cual “puede observarse baja presión y/o falta de suministro en los barrios de Tolosa y Ringuelet”. Puntualizaron, además, que “a primera hora de la mañana, y con la ayuda de la maquinaria necesaria, comenzaron los trabajos de excavación de la zona en la que se encuentra la rotura del caño de plástico esforzado con fibra de vidrio (PRFV), ubicada en el interior del predio de la empresa Siderar, en Ensenada”. UN CASO ESPECIAL Guillermo Arce, de la calle 140 entre 50 y 52, vive un calvario desde 2014. “No tenemos nada de agua desde entonces -remarcó-, y eso que hicimos muchísimos reclamos y presentamos el caso,

incluso, al Ocaba”. El usuario lamentó que pese a todas las gestiones que realizó, la situación, que involucra a todo el barrio, no mejora. “Lo peor es que sigo pegando los 400 pesos por mes que me sale el servicio. Estoy bien al día”, destacó. Arce fue con toda su documentación al ente que controla a Absa. Consiguió que el organismo envíe a su hogar - 140 Nº 937- una cuadrilla de técnicos que verificó -acta de comprobación mediante- la presión cero y la falta “total” de agua. Intimó, asimismo, a la prestataria a reparar el problema. “Deberá arbitrar de manera urgente todos los medios necesarios para solucionar el desabastecimiento comprobado en el domicilio del usuario”, le ordenó a la firma estatal.

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Con la intención de desactivar la conflictiva toma de terrenos privados que desde hace cuatro meses mantiene en vilo un barrio de Villa Elvira, la Provincia entregará lotes a los usurpadores. Se trata del mismo mecanismo que se utilizó días atrás en Melchor Romero, ante una situación similar, y se traducirá en la postergación por más de dos meses del desalojo previsto en 92 y 116, para indignación de buena parte de los vecinos del lugar. El jueves pasado, las parcelas situadas en la ribera del arroyo Maldonado -que corre a la altura de calle 93-, entre 115 y 117, fueron campo de batalla para una puja entre dos bandos de usurpadores. Las violentas refriegas terminaron con intervención policial y varios aprehendidos. Sobre esas tierras pende una orden judicial de desalojo, que superó dos instancias de apelación pero por el momento no será ejecutada. “Fuimos hasta el Juzgado de Garantías Nº3 de Pablo Raele para plantear nuestra preocupación ante lo que está pasando” señaló una de las referentes del grupo autoconvocado que promueve la devolución de los lotes a sus dueños. “Hablamos con un secretario y nos confirmó que el juez, por pedido de un organismo oficial (que

sería la Dirección Provincial de Escrituración Social de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura), “había solicitado un plazo de 70 días corridos para reubicar a la gente” informó la portavoz, quien prefirió preservar su anonimato. La mujer agregó que “es una gran frustración; acá hay dos manzanas con intrusos, una ocupada y otra vacía; no hay mucha gente, pero aparentemente ya se anotaron para los terrenos 40 familias del Palihue, Altos de San Lorenzo, Los Hornos, y también de esta zona que tiene camionetas de alta gama y casas de dos pisos”. “Nosotros no nos podemos ir de vacaciones tranquilos por la inseguridad, ya que vivimos amenazados”, se señaló, “y a ellos los premian con un lote para que vendan o alquilen o traigan a sus parientes, porque la mayoría no sufre falta de vivienda. Además tienen la pretensión de no irse a muchas cuadras de distancia”. RESTITUCION EN ROMERO Después de cinco meses de toma, polémica y una reubicación de usurpadores, las tierras comprendidas entre 526, 528 -arroyo El Gato-, 159 y 161 fueron restituidas ayer a sus propietarios. “Fui con la policía, y retomamos posesión” explicó Patricio Mendy, quien integra el grupo de inversores que comercializará el lugar en carácter de condominio: “en el campo quedaron diez pozos ciegos, que hay que rellenar cuanto antes por que son trampas para los pibes, y cinco autos a medio desguazar; tengo que alquilar una pala mecánica y dejarlos en algún sector; con eso, el alambrado y el relleno ya llevamos más de cien mil pesos gastados, sin contar el alambrado y el sereno”.

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Cuando semanas atrás, el presidente Mauricio Macri y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, anunciaron con bombos y platillos la llegada del tren a Mar del Plata para diciembre, los futuros usuarios se ilusionaron con la idea de dar comienzo a la temporada de verano viajando sobre las vías del tren. Si bien aún no hay precisiones sobre cuándo se reanudará el servicio, desde Trenes Argentinos y la terminal ferroautomotora de Mar del Plata aseguraron que las pruebas realizadas hasta el momento arrojan un balance positivo, por lo que la llegada del tren podría ser inminente. Fuente fidedignas sostuvieron, en este sentido, que todas las condiciones estarían dadas para comenzar este jueves a realizar las llamadas “marchas blancas”. Las pruebas consisten en hacer correr a los trenes vacíos, cumpliendo las frecuencias previstas, para chequear el funcionamiento del sistema en su totalidad. Las formaciones ya estuvieron circulando durante noviembre, en el marco de las pruebas que realizó Trenes Argentinos para verificar la infraestructura de las vías, puentes, alcantarillas y el tiempo de viaje. El único inconveniente que trascendió se registró el pasado 24 de noviembre, cuando el blog especializado Crónica Ferroviaria informó que como consecuencia del desplazamiento de una vía en el kilómetro 240, entre estaciones Parravicini y General Guido, se debieron suspender momentáneamente las pruebas. No obstante, los ansiosos por emprender viaje en el ramal deberán esperar a los anuncios oficiales, ya que desde la boletería de la ferroautomotora de Mar del Plata aseguraron que, a pesar de las reiteradas consultas por parte de pasajeros, aun no hay indicaciones para comenzar a vender los boletos. Oportunamente se anunció que el recorrido tendrá paradas en las localidades de Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli, Sevigné, Dolores, General Guido, Maipú, Las Armas, General Pirán, Coronel Vidal y Vivoratá. De esta manera, Mar del Plata volverá a contar con el servicio de tren que había dejado de funcionar por la caída de un puente sobre el Río Salado, cerca de la localidad de Guerrero, en la provincia de Buenos Aires. Las obras necesarias para recomponer el servicio fueron abandonadas al mes siguiente, y desde el inicio de este año fueron retomadas para posibilitar la rehabilitación del ramal, incluyendo la construcción de un nuevo puente y la renovación de 208 kilómetros de vías. Detalle de las obras Se renovaron 208 kilómetros de vías en la traza, lo que incluyó la colocación de rieles, 250.000 durmientes de hormigón y 600.000 toneladas de balasto, que son las piedras que actúan de base de los rieles y el balasto. Todos estos componentes son completamente nuevos y permiten que el tren circule en forma confortable y segura. También se construyó un puente nuevo sobre el Río Salado de 250 metros de longitud y con una estructura formada por 10 segmentos de hormigón de 25 metros cada uno. Con este nuevo puente

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de hormigón armado, apoyado sobre columnas enterradas a más de 20 metros de profundidad, se reemplazó una estructura de hierro centenaria que estaba apoyada sobre columnas de ladrillos. Sobre la nueva estructura de hormigón se colocó luego la estructura de vías, compuesta por balasto, rieles y durmientes. A diferencia del puente anterior, este es más resistente y requiere menor mantenimiento, y además se adapta al régimen de crecidas del Río Salado y de lluvias previstas para los próximos años. Además, permite que los trenes puedan circular en forma segura, sin tener que aminorar la velocidad como debían hacerlo hasta el año pasado, cuando pasaban sobre el puente viejo.

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El Ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, presentó el Plan de Bioeconomía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del “Simposio de Bioeconomía Región Centro Pampeana Sur” que se desarrollará hasta mañana martes en la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Se trata de la primera provincia en tener su propio programa de la materia en todo el país. En la oportunidad, el titular de la cartera bonaerense brindó un pormenorizado detalle de las acciones diseñadas para lograr un desarrollo agroindustrial sustentable buscando alcanzar el máximo potencial productivo a partir del trabajo conjunto con todos los actores de las diferentes cadenas productivas.} Sarquís señaló que "la bioeconomía es, estratégicamente, un nuevo motor de desarrollo de la economía provincial, clave para potenciar la agroindustria; el desafío es lograr mejores productividades en un marco de mayor sostenibilidad económica, social y ambiental, pilares fundamentales de la gestión de gobierno de la Gobernadora María Eugenia Vidal". El titular de Agroindustria estuvo acompañado por su par de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Elustondo. Cabe destacar que en la región pampeana, y en Buenos Aires en particular, es donde confluyen cantidad/calidad de recursos, capacidades científicos-tecnológicas e infraestructura con importantes desarrollos relacionados a la agregación de valor en las cadenas agroindustriales y los biocombustibles. En un concepto dinámico de generación de bionegocios en el territorio bonaerense, el Ministro desarrolló una serie de objetivos específicos haciendo foco en la innovación, capacitación y comunicación a fin de facilitar nuevos bioemprendimientos en el territorio bonaerense que permitan generar agregado de valor en origen y con ello mayor generación de empleo con arraigo. Sarquís señaló que "el programa, en los hechos, se puso en marcha durante 2016 con acciones como la realización de un mapa regionalizado de disponibilidad de biomasa, el relevamiento de los establecimientos procesadores de biomasa e insumos provinciales y la cuantificación económica de la bioeconomía bonaerense". En el mediano plazo (2019), el plan prevé lograr financiamientos específicos, la determinación de la huella ambiental de la Provincia, una promoción de aquellas Pymes vinculadas a la Bioeconomía, el manejo de Recursos Genéticos Productivos animales y vegetales y la biorremediación de zonas contaminadas bajo el lema de “Agricultura Sustentable + Industrialización Inteligente”. "El Plan es dinámico y se trabajará en toda la provincia, en cada una de las 6 regiones bien diferenciadas desde lo agroclimatológico y geopolítico y, por ende, en los 135 municipios. Es una iniciativa realista que consta de tres etapas con el objetivo central de darles nuevas herramientas a los bonaerenses, mejorando la sustentabilidad", concluyó Sarquís.

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Un incendio de grandes dimensiones afectó desde el mediodía de ayer a más de 50 de las 70 hectáreas de bosques de la reserva de Valeria del Mar, en el partido bonaerense de Pinamar, donde no se registraron víctimas pero sí algunos daños materiales, mientras que autoridades nacionales y locales confirmaron que unas 25 dotaciones de bomberos continuarán trabajando durante la noche para extinguir las llamas, que “ya fueron controladas”. El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, precisó que los trabajos se hacían “de manera coordinada con todas las jurisdicciones de la zona” para combatir el incendio que según el secretario de Seguridad de Pinamar, Matías Yeannes, “es el más grande de la historia del lugar” (ver aparte). El titular de la cartera de Ambiente enfatizó que “no hay mejor medida que la prevención”, y llamó a la comunidad y a los turistas a colaborar. CALOR Y SEQUIA “Con este calor y la sequía vamos a necesitar de la colaboración de todos para evitar este tipo de situaciones”, completó. Desde la cartera nacional de Ambiente señalaron que trabajaba también en el lugar una Unidad de Incendios Forestales y que el fuego es “de característica interfase, es decir que afecta a la forestación de la zona, donde también hay presencia de casas y pobladores”. En tanto, la directora provincial de Gestión de Riesgo, Virginia Laino, afirmó que el incendio “está controlado”, y señaló que en el lugar trabajaban además dos aviones hidrantes. “El fuego está controlado, pero todavía trabajan los bomberos y los aviones para extinguirlo”, precisó la funcionaria. Durante toda la tarde, bomberos y unos 2.000 vecinos de la zona combatieron las llamas, que llegaron cerca de una estación de servicio de gas, por lo que hubo dos dotaciones que custodiaron la zona para evitar daños mayores. “El incendio puede llegar tanto a la zona residencial como a una estación de servicio de gas”, había alertado horas antes el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien informó además que para facilitar las tareas, los bomberos mantuvieron cortada la ruta interbalnearia 11, entre Valeria del Mar y Cariló. Las autoridades también pidieron a los vecinos que pongan en funcionamiento los sistemas de riego automático de sus viviendas, pese a que en algunos lugares hubo cortes de luz por los focos ígneos. CON LO PUESTO PARA AYUDAR El intendente de Pinamar, Martín Yeza, afirmó por su parte que “no es común a esta altura del año tanta sequía y vientos” y pidió “despejar la zona” para permitir el trabajo de los bomberos. Ni bien se había declarado el siniestro, el intendente había pedido que “el que quiera colaborar que se dirija a la delegación de bomberos de Valeria del Mar”.

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Y así lo hicieron José y Juan Rodríguez, dos hermanos que se acercaron desde Pinamar para ayudar a los bomberos. “Nos despertamos de la siesta y vimos las llamas, por eso vinimos con lo puesto a dar una mano”, dijo José, que sofocaba en bermudas y alpargatas las llamas que envolvían a uno de los arbustos. Desde adentro del bosque se escuchaban además aplausos y palabras de aliento entre los lugareños, que habían armado cadenas humanas para pasarse bidones, baldes y cuanto recipiente encontraban cargado con agua. Las altas temperaturas y los fuertes vientos complicaban las tareas, pero eso no amedrentó a la gente, que coincidió en que se trató del incendio “más grande del que tienen memoria”. “Una de las autobombas quedó trabada entre las ramas de un árbol y las llamas la alcanzaron, pero los bomberos salieron y están fuera de peligro”, contó otro de los vecinos que estaba ayudando en el lugar. Alrededor de las 20, los bomberos pidieron a los lugareños que se retiraran del bosque, cuyo paisaje se asemejaba al de la superficie lunar, gris y cubierto de cenizas, para evitar que alguno se accidentara o se perdiera. La reserva, de unas 70 hectáreas, es uno de los atractivos naturales más visitados de Valeria del Mar, donde vecinos y turistas se acercan a hacer cabalgatas, caminatas y otras actividades al aire libre.

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El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, reiteró ayer que habrá un “clima de tranquilidad” para fin de año, ya que se está trabajando socialmente con “los grupos vulnerables” para que no haya desbordes. “El año pasado ya tuvimos un diciembre que se sobrellevó en paz. Diciembre tiene que ser un mes festivo, de encuentro de la familia y amigos, y poder terminar un año tranquilo”, señaló Ritondo tras participar de la compactación de 1500 autos secuestrados en la localidad bonaerense de San Miguel, junto a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. “Estamos trabajando en la provincia, con Desarrollo Social de la Nación con los grupos más vulnerables, y con los intendentes”, agregó. “Nosotros encontramos un clima de tranquilidad, diciembre tiene que ser festivo para los argentinos y que no haya grupos violentos”, expresó. Cabe señalar que Bullrich señaló que presentará mañana una denuncia ante la justicia por “incitación a la violencia” contra grupos que convocan “a saquear y voltear” al Gobierno antes de fin de año, tras advertir sobre la persistencia de esos sectores que en las redes sociales de internet convocan a generar incidentes. COMPACTACION La compactación de los 1507 vehículos se realizó en la Reserva Natural Urbana “El Corredor” y del acto participaron además el ministro de Gobierno provincial, Joaquín de la Torre y el intendente de San Miguel, Jaime Méndez. El procedimiento, llevado a cabo dentro del Polideportivo de San Miguel, se realiza en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores, que ejecuta la Dirección de Fiscalización de Desarmaderos.

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Frente a la denuncia realizada por médicos de distintas agremiaciones, federaciones y centros que agrupan a unos 10.000 profesionales sobre posibles recortes de los padrones de médicos que puedan atender por la obra social bonaerense y ponen en riesgo la libertad de elección de los afiliados a la hora de hacer consultas y estudios, desde el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), dijeron que “se desmiente que sea intención de esta obra social recortar el padrón profesional, imponer cláusulas abusivas y, muchísimo menos, limitar la libertad de los afiliados a la hora de elegir con quién atenderse”. Ayer, incluso, hubo una reunión entre funcionarios del IOMA, y los titulares de las agremiaciones médicas de La Plata y Ensenada, y del Frente Médico Bonaerense, para tratar ese planteo y el pedido de aumento de honorarios a los profesionales. Según fuentes de ambos sectores, la reunión terminó con el compromiso de arribar a un acuerdo sobre ambos temas: convenios futuros y pagos a los profesionales. Desde el IOMA se indicó ayer que “lejos de pretender una disminución de la cartilla profesional, IOMA ha instrumentado distintas políticas tendientes a incrementarla en todo aspecto, como la incorporación de unos 1.000 psicólogos al padrón, entre otras medidas. “Salvo, claro está, que estas entidades consideren abusivo que IOMA mantenga irreductible su política de combatir al cobro indebido, que golpea el bolsillo de nuestros afiliados, vulnera la competencia leal entre prestadores y constituye una clara evasión impositiva”, agregan desde la obra social. Martín Pedersoli, titular de la Agremiación Médica Platense dijo que “tras la reunión se comprometieron desde la obra social a revisar distintas cláusulas del convenio, por lo que aceptarían el padrón que enviaremos las distintas agremiaciones, círculos, federaciones y centros de médicos. HONORARIOS En lo que hace a la actualización de los honorarios médicos, desde la obra social se indicó que “es una preocupación permanente, ya que se acortó los plazos de los pagos, hay reuniones constantes con las distintas entidades y, con la prudencia y responsabilidad que le compete, se mantendrá políticas tendientes a mejorar dichas retribuciones en el marco de una adecuada gestión presupuestaria. Los profesionales médicos habían pedido un reajuste de honorarios porque hasta el momento aumentaron un 25 por ciento, cuando los empleados estatales tuvieron mejoras que rondaron entre el 34 y 35 por ciento”, dijo Pedersoli en diálogo con este diario.

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El Instituto de Previsión Social (IPS), informó que los jubilados y pensionados de la Provincia de Buenos Aires percibirán el medio aguinaldo de diciembre desde el próximo lunes. Según el cronograma que dio a conocer el organismo bonaerense, el cronograma de pagos será el siguiente: Lunes 19 de diciembre: pensiones sociales y beneficiarios con documentos terminados en 1, 2 y 3. Martes 20 de diciembre: beneficiarios con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquellos beneficiarios que cobran por cajero automático, se encuentran incluidos en la fechas de pago según terminación del número de documento, agregaron en el IPS. Aún no se dieron a conocer las fechas de pago de los haberes de diciembre, por lo que se estima que en los próximos días se dará a conocer el cronograma. En los últimos días hubo numerosos llamados a este diario de jubilados y pensionados del IPS para averiguar las fechas de ambos cobros: haberes y aguinaldos.

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Con la mirada puesta en el reequipamiento militar y el reforzamiento de los controles en la frontera norte, el ministro de Defensa, Julio Martínez, proyecta comprar el año próximo aviones para la Fuerza Aérea, patrulleros para la Armada y blindados y fusiles de combate para el Ejército, entre otros equipos. Las compras supondrán, entre el 2018 y el 2019, un gasto total de más de 40 mil millones de pesos, aunque todavía no hay una cifra precisa. Luego de la pérdida de equipos militares durante el kirchnerismo por la falta de compras o de mantenimiento, Martínez reveló a Clarín que consiguió, la semana pasada, la aprobación del presidente Maurcio Macri para poner en marcha una serie de licitaciones o acuerdos estado a estado financiados con créditos externos. Con ese visto bueno, Martínez y sus principales asesores concurrirán mañana a la residencia presidencial de Olivos para ajustar los detalles de este plan de reequipamiento. Como primer paso, Martínez consiguió que en el presupuesto del 2017 se destine unos 95 mil millones de pesos para Defensa pero también logró que la compra de equipos “quede afuera”, al igual que los pagos por jerarquización salarial, en el marco de un plan de blanqueo de las cifras no remunerativas que dejó el kirchnerismo y crearon un caos salarial. Como contrapartida, el compromiso que asumió el ministro de Defensa ante sus colegas del gabinete es, como contraparte, seguir disminuyendo los llamados Personal Civil de Inteligencia (PCI) que se desempeña en las tres armas. La idea es bajar de 2.000 a 1.500 en la primera etapa y a 400 en una segunda. Durante la gestión del general (RE) César Milani al frente del Ejército había habido un pequeño aumento de PCIs. El ministro dijo a Clarín que las compras de equipos militares “no impactarán en este presupuesto, sino recién en el 2018 y 2019”. La más beneficiada con las primeras compras será la Fuerza Aérea, que se quedó sin aviones de combate supersónicos tras las baja de los Mirage, el año pasado. “Durante la guerra de Malvinas la Fuerza Aérea perdió 72 aviones y durante el kirchnerismo casi 100 por falta de repuestos, canibalización o renovación”, comentó un brigadier a Martínez para explicarle la crisis en que se encuentra la aeronáutica militar y pedir por las compras. Los pilotos llaman canibalización cuando a un avión parado se le sacan respuestos para que vuelen otros. Será la primera compra de aviones nuevos de los últimos 40 años. Durante la presidencia de Carlos Menem se compraron 36 cazabombarderos A4 pero eran aviones de la época de la guerra de Vietnam que fueron reequipados en EE.UU. En principio, para la Fuerza Aérea se comprarán 12 aviones de entrenamiento básico nuevos. La Fuerza Aé- rea así por lo menos podrá que suslos pilotos tengan las horas de vuelo necesarios para mantener sus licencias al día. Además del entrenamiento, con estos aviones de entrenamiento se quiere reforzar el control del espacio aéreo en las fronteras con Bolivia y Paraguay por donde pasan más vuelos ilegales con drogas o contrabando.

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La mayoría de los aviones de este tipo son subsónicos por eso podría ser interceptados por los de entrenamiento. “No se trata de que los militares participen de la lucha contra el narcotráfico, solo que den más apoyo logístico a las fuerzas de seguridad”, subrayaron las fuentes. En Defensa se analizan propuestas de los aviones Texan T-6 de EE.UU o los Tucanos de Brasil, entre ofertas de otros países. Para la Fuerza Aérea, también se comprarán cuatro aviones de transporte mediano para reforzar el trabajo que hacen los 3 Hércules que quedaron en funcionamiento y hoy son el recurso logístico principal de la campaña antártica. Se piensa en los Espartan de Italia o los Airbus C 295 con la idea de que pueden desde llevar cargas o transportar paracaidistas con sistemas “más versátiles” que los de los Hércules. En tanto, para la Armada el Gobierno proyecta comprar cuatro patrulleras oceánicas multipropósito. La idea es comprar dos terminadas y otras dos terminarán de armar en los astilleros Tandanor para tomar mano de obra local. A su vez, para el Ejército se prevee comprar entre 10 y 30 vehículos blindados a rueda para transporte de tropas que puedan servir para actuar, dentro de las tropas de paz de la ONU, en zonas desminadas. Otro proyecto que servirá no solo al Ejércitosino también a las otras fuerzas es un acuerdo con la fábrica italiana Beretta para coproducir un fusil de combate, que vaya reemplazando año a año al FAL calibre 7,62mm, y una pistola cuyo modelo tampoco se decidió aún. El plan del ministro de Defnesa, Julio Martínez, incluye la puesta en servicio de dos radares 3 D que la empresa estatal INVAP -que dirige Cacho Otheguyle entregó a Defensa. Los 3 D son solo de uso militar porque puede visualizar aviones que no coloboran con los radares. Uno ya está en funcionamiento y los otros dos entregados y “embalados” en cajas. El problema fue que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, no construyó la obra civil para emplazar uno en la localidad de Pipané. Martínez discutió recientemente con Insfrán quien debería haberse hecho cargo de las obras y ponía “reparos inaceptables”. Finalmente, Defensa construirá una base allí y otra en Corrientes para de esa forma, sumando a los radares que ya están en funcionamiento en el llamado Operativo Escudo Norte, tener un control de casi todo el espacio aé- reo norte que hoy en día es un colador. Martínez estaba entusiasmado, la semana pasada, porque había logrado que los actuales radares pasaran de funcionar de 6 a 12 horas por día y así identificarán más “Tráficos Aéreos Ilegales (TAI)”, aunque por ahora no tenga aviones para interceptarlos.

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Aunque postergaron para hoy la reunión en la que ayer debían tratar de definir una posición homogénea, una enorme mayoría de la bancada del FpV del Senado ya tiene definido sancionar sin cambios el proyecto de impuesto a las Ganancias que aprobó la semana pasada Diputados, según pudo saber Clarín. La posición mayoritaria en el bloque, incluso, es dar dictamen a la iniciativa hoy mismo en la comisión de Presupuesto y realizar recién después la reunión de la bancada. Anoche, sin embargo, se mantenía el suspenso en si el FpV logrará votar mañana la ley en el recinto. Para hacerlo, necesita reunir los dos tercios de los senadores presentes: el reglamento exige esa mayoría para tratar una iniciativa cuando no pasaron siete días desde su dictamen. La estrategia legislativa del oficialismo es evitar que la bancada del PJ sume los dos tercios. De lograr postergar el tratamiento de la ley hasta el miércoles 21, el Gobierno ganaría tiempo para seguir en conversaciones con gobernadores y restar votos favorables a la iniciativa. La Casa Rosada sigue sin darse por vencida. Hoy enviará al Senado al titular de la AFIP, Alberto Abad, y a la subsecretaria de Ingresos Públicos, para "mostrar el alto costo fiscal" del proyecto. En la misma línea, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hará un último intento con los ministros de Economía y de Hacienda de todas las provincias, a los que convocó para esta tarde. Pese a las presiones oficiales, en la bancada del PJ aseguraban ayer que la ley será nomás aprobada. "No podemos votar en contra de la CGT ni de lo que aprobó la mayoría de Diputados", explicó un senador. Otro agregó: "¿Por qué vamos a hacernos cargo nosotros de la impericia del Gobierno, que metió el tema en Extraordinarias y permitió que se aprobara en Diputados?". Sin adelantar su postura, Miguel Pichetto, líder del FpV, sostuvo ayer: "El Gobierno se auto infligió una derrota que la verdad no es comprensible". Un poroteo hecho ayer en un despacho de un senador del FpV indicaba que el oficialismo podía llegar a sumar 24 votos, es decir un tercio exacto de los 72 senadores. De ser así, al peronismo se le complicaría su pretensión de sancionar la ley mañana. Es cierto que el número es demasiado justo. Pero ante inesperados faltazos de algunos senadores del FpV y la presencia garantizada del interbloque oficialista más sus aliados, el oficialismo podría reunir algo más del tercio que necesita para trabar el tratamiento del proyecto. También puede ocurrir que lo único que consiga es prolongar una semana más la agonía. Quizá el FpV pierda votos, pero hoy al menos asoma improbable que tantos como para que la ley se caiga. Otra posibilidad que se baraja es que más allá de los números, la principal bancada opositora le proponga al oficialismo en la reunión de hoy de Labor Parlamentaria que el proyecto se trate sin dilaciones. "¿Qué sentido tiene esperar? Además si ellos nos complican, nosotros también los podemos complicar después a ellos", advirtieron. Y recordaron que en febrero próximo deben elegirse a las

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autoridades del Senado: "En un escenario de endurecimiento mutuo podría complicarse la continuidad de (Federico) Pinedo como presidente provisional del Senado", apuntaron. El proyecto opositor aprobado en Diputados eleva a $44.000 el mínimo no imponible para los casados con dos hijos y a $34.500 pesos para los solteros. También contempla una actualización de escalas y compensa la pérdida de recaudación con un impuesto a la renta financiera, una nueva imposición a los juegos de azar y la reposición de la retenciones a la minería. Todos los gobernadores fueron formalmente invitados a presentarse hoy en el Senado para opinar sobre la ley de reforma del impuesto a las Ganancias, pero anoche apenas tres tenían confirmada sus asistencias: el salteño Juan Manuel Urtubey, el rionegrino Alberto Wereltinek y el neuquino Omar Gutierréz. Los tres juegan cerca de la Casa Rosasa y critican el proyecto. Wereltinek no tiene ningún senador que le responda y Gutiérrez podría aportar el voto de una senadora. El salteño, en cambio, podría sumar tres senadores, entre ellos su propio hermano, Rodolfo Urtubey, quien ayer dijo sobre el proyecto: "En general lo podría aprobar, pero creo que hay que modificarlo. Hay que introducirle modificaciones". Hoy al atarceder el bloque debe definir una posición común. Se dice que se buscará tomar una postura unificada y que no haya libertad de acción. De ser así, los senadores del PJ que igual sean funcionales al oficialismo podrían más adelante sufrir represalias. Podrían quitárseles, por ejemplo, presidencias de comisiones. Lo curioso es que el proyecto aprobado en Diputados el martes de la semana pasada ingresó recién el lunes a la noche en el Senado.

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Mauricio Macri se reunió hoy con la mesa de coordinación por la mañana y allí analizó seriamente la posibilidad de no vetar la propuesta opositora de Ganancias, en caso de que el Congreso la convierta en ley sin introducirle modificaciones. El mandatario escuchó las opiniones de los diferentes funcionarios y legisladores con los que repasó el caso, entre los que estaban Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Federico Pinedo, Francisco Cabrera, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, entre otros. Allí, el jefe de Estado privilegió las conversaciones que se llevan adelante desde el Gobierno nacional con los mandatarios peronistas, ya que varios manifestaron, hasta hoy, un apoyo a la posición oficial sobre el Impuesto a las Ganancias y a las complicaciones que significarían para las arcas de varias provincias. Los números que se barajaron en ese encuentro fueron los siguientes: que en caso de que se avanzará la sanción por parte del Senado de la iniciativa que aprobaron el FpV más el Frente Renovador y el bloque Justicialista, la Jefatura de Gabinete nacional procedería a reasignar los 15 mil millones previstos de transferencia directa a las provincias y los 15 mil de obras que están en el Presupuesto 2017. Eso, sumado a los casi 30 mil millones previstos por el Gobierno nacional en la propuesta de reforma de Ganancias, permitirían cumplir con los montos previstos en el proyecto opositor. Luego de esto, el "esfuerzo" será de los gobernadores, para explicar en sus territorios por qué no hay obras ni fondos para lo necesario. Tal vez el ejemplo más claro es el de de Alicia Kirchner, quien asiste al Ministerio del Interior para pedir fondos y luego acompaña la posición opositora de Ganancias. De todos modos, los funcionarios siguen punteando y se esperanzan en lograr el apoyo de 16 senadores del PJ y los partidos provinciales más los de 15 Cambiemos. Y siguen estando en el rubro de la "incertidumbre" los sensores de Entre Ríos, Santiago del Estero y los pejotistas Miguel Pichetto y Omar Perotti.

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Se recrudece la pelea salarial de los bancarios: el plenario de la Asociación Bancaria resolvió esta tarde convocar a un paro total, para este miércoles 14, en los bancos extranjeros nucleados en ABA (Asociación Bancaria Extranjera), en las entidades asociadas a la Asociación de Bancos Especializados (ABE) y el Banco Central. El jueves, en tanto, la medida de fuerza se extenderá todos los bancos. De no haber avances en la negociación, la Asamblea facultó al secretariado general, cuya cabeza es Sergio Palazzo, a convocar a un nuevo paro de 48 horas para la semana que va del 19 al 23 de diciembre. La resolución para llegar a estas medidas de fuerza viene a cuenta de que el miércoles pasado fracasó la reunión en el Ministerio de Trabajo entre el gremio y la cámara ABA que se negó a sumarse al acuerdo que ya habían alcanzado las otras dos cámaras del sector. Abappra y Adeba había acordado, con la anuencia de Trabajo, el pago de un bono que va de $ 8.000 (para quienes cobran hasta $ 25.000) a $ 12.000 (para los que cobran por encima de $ 35.000). Pero por otro lado, establece sumas fijas, con vistas a la paritaria 2017, de 2.000 pesos cada una a pagarse en enero, febrero, marzo y abril más un 10% de las remuneraciones promedio (para el trabajador inicial son $4130). Finalmente se fijaron dos compensaciones a pagarse en enero con el fin de ajustar la paritaria 2016 (un 4% a pagarse el 1 de enero más un anticipo fijo a cobrar el 5 de enero). Pero ABA "ofreció reconocer a partir del 1 de enero de 2017 un incremento del 4% del salario mínimo inicial (elevándolo a $ 20.416,16), siendo dicho porcentaje aplicable a todos los trabajadores". Y también agregan que están dispuestos a arrancar la negociación paritaria el 1 de enero (el 31 de diciembre vence la paritaria 2016). El Gobierno no quiere que se rediscutan sueldos de 2016 y mucho menos reabriendo paritarias ("para eso se paga el bono compensatorio", justifican desde Trabajo). Tampoco le gustan valores que piden los bancarios para 2017 ya que están poniendo la vara de discusión salarial muy alta. De acuerdo al gremio "Abappra y Adeba representan el 80% del sistema financiero" y a entender de La Bancaria "este acuerdo, que contó con la activa participación del Sr. Ministro de Trabajo Dr. Jorge Triaca, debe extenderse al resto de la actividad, tal como establece la normativa vigente".

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La pregunta aplica al argentino en general y al porteño en particular que sufre los cortes a diario: ¿Por qué sigue habiendo piquetes en la Ciudad por parte de movimientos populares con todas las concesiones que obtuvieron por parte del Gobierno de Mauricio Macri? Un repaso por la situación indica que el 23 de noviembre se firmó una tregua entre los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Carolina Stanley (Desarrollo Social) con las “orga”, como se las llama entre sus militantes, al incluir una cláusula que garantiza la no conflictividad hasta 2019. A su vez, el Senado, mañana, convertirá en ley la Emergencia Social que establece una inyección de 30.000 millones de pesos hasta el final del Gobierno de Mauricio Macri y establece un Consejo consultivo. Y una más: en la Superintendencia de Servicios de Salud avanza el trámite que creará la primera obra social que buscará captar afiliados de estas organizaciones, la Obra Social de los Trabajadores de la Economía Popular (OSTEP). Todos los puntos mencionados fueron logros de Barrios de Pie (BP), de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y de la Corriente Clasista Combativa (CCC), el tridente que saltó al estrellato de popularidad cuando realizaron la multitudinaria marcha de San Cayetano, el 7 de agosto pasado. Además de ser los interlocutores que eligió el Gobierno a través de Emilio Pérsico, y porque además tienen poder territorial y de movilización importante, también lo son de la Iglesia y de la CGT. De la Iglesia porque Juan Grabois, quien forma parte de la CTEP, es un hombre de diálogo permanente con el Papa Francisco, con el agregado de que lo nombró consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. De la CGT, por decantación natural. Entonces, la respuesta para entender por qué continúan los cortes es que decenas y decenas de organizaciones quedaron afuera y quieren ser escuchados. Van ejemplos de estas diferencias: la Federación de Organizaciones de Base (FOB), con presencia en barrios carenciados de Rosario, graficó la situación: “Es muy grave lo que hicieron ya que pusieron sus intereses políticos por sobre los de la gente, relegando al interior: nosotros ni percibimos el programa Argentina Trabaja, sino otros programas de empleo, por lo que estamos fuera de toda discusión de mejora salarial”. Para la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas (AGTC), espacio con presencia en nueve provincias y el conurbano, “es preocupante la cláusula de conciliación social ya que es un costo demasiado alto por lo conseguido, dejando a esas organizaciones atadas a un compromiso que el Gobierno habrá de reclamar a cada paso, como un fuerte condicionante”. Desde el combativo Polo Obrero describieron ese acuerdo como “una capitulación” a la que “no nos interesa ser invitados”. Hablan de un intento de estatización de los movimientos sociales y a los tres firmantes los tildan de haber sido “cooptados por la CGT y el Vaticano”. Aunque el propio Mauricio Macri haya dicho, al finalizar el retiro espiritual ministerial en Chapadmalal a principios de este mes, que “somos el Gobierno con el mayor presupuesto social de la historia de la Argentina”, nada parece detener esta temporada de piquetes por excelencia que es diciembre. Es que palabras más, palabras menos, todos los que quedaron marginados de estos acuerdos coinciden en que su espacio de reclamo es la calle.

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La respuesta demoró cuatro días y llegó en forma de carta abierta. Sergio Massa, a quien Mauricio Macri había calificado el jueves como un "impostor", hizo público ayer un texto dirigido al Presidente, en el que lo llamó "a la reflexión", lo acusó por haber "quebrado" el diálogo en el Congreso y lo conminó a "gobernar para todos". Con registro institucional y sin agresiones personales, el diputado sostuvo que el jefe del Estado había "quebrado" la dinámica de "diálogo y consenso legislativo", al haberle "ordenado" al bloque oficialista rechazar una negociación con la oposición para alcanzar un acuerdo en el debate de Ganancias. "Usted y sus diputados saben que ésta es la verdad", dice la carta, que Massa leyó anoche en el Congreso, parado detrás de un atril, minutos después de entregarla en la mesa de entradas de la Casa Rosada. El tono moderado del texto se diferenció de las respuestas que ya habían dado al Presidente en los últimos días dirigentes del Frente Renovador. "A Macri esta situación lo desnudó, y ante el tropiezo mostró sus miserabilidades", había dicho Graciela Camaño, una de las más enojadas, en diálogo con Clarín. El Presidente había sido muy duro con Massa. Le había recordado su paso por la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Cristina Kirchner y había dicho: "A la larga, cuando uno es impostor, sale a luz porque no hay manera de engañar a mucha gente mucho tiempo". El diputado evitó responder puntualmente a ese calificativo. La herramienta elegida para la respuesta tiene que ver con lo que Massa quería comunicar. Sin entrar en el juego de chicanas, procuró asumirse una vez más en el papel de jefe de la oposición y hablarle de igual a igual al Presidente. "Ahora resulta que los que estamos zen somos nosotros", bromeó un diputado massista, después de la conferencia de su jefe. La carta, su lectura pública en realidad, también es una forma de colocar en el álbum legislativo del Frente Renovador una foto diferente a la que mostró a sus principales referentes, aunque no a Massa, con dirigentes de bloques opositores, incluido el kirchnerismo. La estrategia parlamentaria común sigue, sin embargo, sin alteraciones. Ayer mismo, el diputado massista Marco Lavagna y el diputado kirchnerista Axel Kicillof se reunieron en la sede de la CGT con Héctor Daer y Carlos Acuña, dos de los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera. Los proveyeron de argumentos para convencer a los senadores, en la exposición que harán hoy en la Cámara alta, de que el proyecto aprobado en Diputados no afectará las finanzas de las provincias. El enojo del Gobierno con el ex intendente de Tigre es tal que el oficialismo decidió suspender antes de tiempo las sesiones extraordinarias en Diputados y dejar sin tratamiento la agenda que el propio Macri había enviado al Congreso. En el frente Cambiemos prefieren que la distancia con Massa quede bien marcada. En el texto difundido ayer por Massa, el diputado prometió seguir aportando a la "gobernabilidad", le recordó al Presidente que el bloque del Frente Renovador había acompañado la sanción de "leyes fundamentales para el funcionamiento" del Gobierno y le recriminó que no lo hubiese llamado personalmente, como, según Massa, Macri hizo en "otras oportunidades y por otros temas". Y agregó: "No se trata, señor presidente, de que usted o yo ganemos o perdamos. Se trata de que ganen todos los argentinos. No queremos, porque ya lo hemos vivido, que nos encerremos en el error, en relatos o en diferencias personales". Sobre el final de la carta, Massa aprovechó para marcar distancia respecto del Gobierno. "Los problemas de los argentinos están en el presente. Ni en el pasado ni en el futuro. Por eso le vuelvo a hacer un llamado a la reflexión", dijo. Y enseguida agregó: "Su responsabilidad es gobernar para todos, también para los que no lo votaron. Hay que respetar a las instituciones si queremos un verdadero cambio. Las leyes se discuten y se aprueban en el Congreso".

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Con un decreto que contiene un anexo de 440 páginas, el Gobierno reconoció ayer gran parte del déficit fiscal con el que terminará el primer año de gestión del presidente Mauricio Macri. Los miles de números que contiene la norma muestran que la administración central aumentó los gastos en 122.327 millones de pesos para un presupuesto inicial de 1,4 billones de pesos. De ese monto, sólo 23.885 millones se pagarán con recursos tributarios propios. El resto, casi 100.000 millones de pesos, se sumarán en la columna que anota el déficit. Cuando estos números se asienten en las cuentas nacionales, el déficit financiero trepará a alrededor de 544.000 millones de pesos, lejos de aquella meta de 396.000 millones que se había previsto inicialmente. Además, aquel déficit fiscal del 4,9% sobre el producto bruto interno que se anotó como tolerable bien podría quedar atrás. "Con los números que se conocieron hoy [por ayer], es probable que el déficit esté por encima de los seis puntos" del producto, dijo Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). La historia presupuestaria reciente ha consagrado la aparición de un poderoso decreto sobre fin de año para sincerar las cuentas nacionales. Este diciembre no fue la excepción, más aún por tratarse de una administración, la de Cambiemos, que gobernó con un presupuesto que confeccionaron los funcionarios del kirchnerismo. De hecho, varios economistas coincidieron en que se esperaba este sinceramiento, ya que muchas variables estaban subestimadas. Esta vez no fueron los subsidios los actores protagónicos de los ceros acumulados. La Anses, la principal destinataria de esta modificación, recibió 72.500 millones de pesos de los 72.692 millones que fueron al Ministerio de Trabajo. El peso del gasto social también se percibe en el decreto de ayer. El Ministerio de Desarrollo Social, con 12.813 millones de pesos, se quedó con el segundo lugar entre los beneficiados con el aumento. Las pensiones no contributivas sumaron 10.478 millones de pesos. Justamente, ésta es una de las herramientas para hacer frente a gran parte de los reclamos de las organizaciones sociales, ya que son pagos a personas sin amparo previsional o no contributivo, que no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y que no tengan parientes obligados a proporcionarles alimentos. Casi todo el movimiento de dinero dentro del Estado esta vez tiene que ver con cumplir con los mayores costos laborales. Dentro del Ministerio de Seguridad, la recomposición salarial de las diferentes fuerzas dominó las partidas. De los $ 7228,5 millones que fueron a esa repartición, la Policía Federal tendrá un cheque de $ 2799 millones adicionales; Gendarmería, otro de 2606 millones; Prefectura, uno de 1469 millones, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), 285 millones. El Ministerio de Educación también tuvo lo suyo. Los programas de fortalecimiento de la educación superior sumaron $ 4902 millones de los 5754 millones que tuvo el ministerio que conduce Esteban Bullrich.

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Las empresas del Estado, históricas destinatarias de fondos extras, recibieron su porción. Las energéticas Enarsa y Yacyretá tuvieron ampliaciones de sus presupuestos por 3268 millones de pesos, de los cuales casi la totalidad fue para la primera, que ya tenía un crédito por poco más de 11.000 millones. Tandanor, el astillero que está a punto de terminar el rompehielos Almirante Irízar, recibió 86,5 millones. Los trenes y los colectivos también estuvieron incluidos en el decreto. La Operadora Ferroviaria sumó 136,7 millones de pesos, y la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, encargada de pagar los sueldos de los empleados del sector, tendrá 1712,5 millones de pesos adicionales. Las partidas para pagar los subsidios a los colectivos se engrosaron en 1688 millones de pesos, y la de trenes, en 1863 millones. Vialidad Nacional tuvo un incremento de 912 millones de pesos; la mayoría de ese dinero irá para pagar mayores costos de obras iniciadas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología adicionó unos 1467,2 millones de pesos a su caja, de los cuales 1064 millones terminaron en el Conicet. Todas las carteras tuvieron su premio de fin de año. Y hasta Fútbol para Todos terminó por ganar algo en el reparto. Para el fútbol gratis de cada semana se destinaron 259 millones de pesos.

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La imagen de Raúl Alfonsín con su sonrisa gardeliana y el saludo característico de aquella campaña de 1983 resaltaba en la entrada del viejo comité, atestado de viejos militantes del ex presidente. Mezclados con la nostalgia estaban varias decenas de jóvenes, atraídos en parecidas proporciones por el fallecido líder y esa figura espigada y enrulada que se abrió paso, a eso de las 18, para encabezar el homenaje. "¡Recién bajé del avión! ¿Cómo andan?", les dijo Martín Lousteau a los periodistas pocos minutos antes de encabezar, en la sede de la UCR Capital, el homenaje al ex presidente al cumplirse 33 años de su asunción como primer presidente luego de la larga noche de la dictadura militar en el país. "Empecé el secundario en el 84, soy de la primera camada que empezó y terminó en democracia. Este período democrático, el más extenso en la historia del país, se lo debemos a Alfonsín", afirmó Lousteau a los medios en el segundo piso del comité que encabeza Emiliano Yacobitti. Una frase que luego repetiría a los radicales y militantes de ECO, la fuerza con la que puso en aprietos a Horacio Rodríguez Larreta en el ballottage porteño del año pasado. Sin abandonar el equilibrismo político, el embajador en Washington afirmó que no ve "ninguna contradicción" entre su pertenencia al Gobierno y su intención de derrotar a Pro en las próximas citas electorales. "ECO va a estar presente en la pelea por valores. Veremos el mejor formato", fue la respuesta elegida cuando lo consultaron sobre si jugará o no el año próximo. "En 2019 estamos decididos a pelear por la jefatura de gobierno", agregó Lousteau, luego de que los periodistas disfrutaron pizza gourmet y agua mineral. De los socios de ECO, Lousteau tiene en cuenta a Confianza Pública, de Graciela Ocaña, y al Partido Socialista, pero por sobre todo a la CC-ARI de Elisa Carrió. ¿Influirá en su decisión la presentación o no de la diputada de la CC-ARI como candidata? "Son decisiones independientes. ECO va a estar presente", contestó Lousteau a LA NACION con una sonrisa pícara. Dejando a salvo al presidente Mauricio Macri, Lousteau lanzó dardos contra la gestión de Rodríguez Larreta. "El principal motivo de preocupación de Larreta debería ser la gestión", afirmó el embajador, y resaltó "la salud y la educación" como puntos flojos de la administración Pro. No descartó competir en internas dentro de un "paraguas" partidario, aunque aclaró: "Se lo propusimos el año pasado y no quisieron". Después de unos minutos, Lousteau bajó al atestado e irrespirable salón del primer piso para encabezar el acto. La vieja guardia, representada por el auditor Jesús Rodríguez, Rafael Pascual y el actual embajador en Colombia, Marcelo Stubrin, se mezcló con los nuevos dirigentes radicales porteños, como Juan Nosiglia (hijo de Enrique) y Hernán Rossi. Sólo, a un costado del escenario, al ex director nacional electoral Alejandro Tullio. Unas 200 personas siguieron el acto desde la puerta del comité, a través de pantallas gigantes. Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que elogió vía video a Alfonsín y a Lousteau en iguales proporciones, antes de otro video con imágenes del ex presidente en su histórico discurso en la 9 de Julio. "En la Argentina hay hambre porque sobra inmoralidad", fue la frase de Alfonsín que motivó más aplausos, entre ellos el del ex jefe de gabinete y hoy empresario Crystian Colombo, uno de los sostenes de Lousteau. Hablaron Ocaña, Paula Olivetto (CC-ARI), Roy Cortina (PS) y Yacobitti, antes de que Lousteau cerrara bajo el grito de los militantes: "Volveremos a ser gobierno, como en el 83".

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Tras el fin de semana largo, el dólar continúo con tendencia alcista: avanzó nueve centavos este lunes a $ 16,28 y anotó un nuevo récord histórico, en agencias y bancos de la city porteña. Fue en sintonía con el mercado mayorista, donde la divisa avanzó tres centavos y medio a $ 16,05 y cerró por segunda vez consecutiva por encima de los $ 16. De esta forma, la moneda anotó su tercera suba en fila en una rueda con moderado volumen (bajó un 26% a u$s 274 millones) pero con una demanda activa. Los mínimos se anotaron en el inicio de la rueda en torno a los $ 15,985 pero, con el avance de la rueda, surgieron pedidos de compra que impulsaron el tipo de cambio hasta tocar los $ 16,10 a media mañana ante una oferta con poca consistencia. Ese repunte provocó la aparición de vendedores de oportunidad que provocaron un repliegue de la cotización con un descenso hasta los valores de cierre. Durante la rueda, se conoció que la liquidación de divisas fue de u$s 214 millones durante la semana pasada con un promedio diario de u$s 71,3 millones, lo que representa una baja de casi el 20% con respecto a los cuatro días previos cuando se habían liquidado u$s 89 millones. Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "una mayor aversión al riesgo local ha provocado un incipiente proceso de dolarización de portafolios de inversión que tiene su correlato en los precios del dólar". Enfatizaron que "el cambio de tendencia en la evolución del tipo de cambio se explica por un viraje importante en el clima de negocios que intuye que en el primer semestre las perspectivas de inversión en activos domésticos no se presentarán tan atractivas como hasta hace pocos días atrás". En sintonía, el analista de ABC Mercado de Cambios, Fernando Izzo, comentó que "los bancos, empresas e inversores prefirieron el dólar y otros activos dolarizados antes que el peso debido a los últimos acontecimientos políticos, sociales y económicos, y de cómo se resolverán en el futuro". Añadió que a estas dudas se suma la licitación del martes de Lebac, donde la expectativa de los inversores está puesta tanto en el nivel en que quedarán las tasas como el dinero que quedará disponible a partir de ese momento. En tanto, el blue ascendió cuatro centavos a $ 16,34, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. Además, el "contado con liqui" aumentó cinco centavos a $ 16,12, mientras que el dólar Bolsa trepó tres centavos a $ 16,10. En el mercado de futuros Rofex, donde se pactaron u$s 230 millones, casi el 50% fue en el plazo de diciembre ($ 16,26), mientras que un 20% se operó en "roll-over" hasta enero ($ 16,60) con una tasa implícita de 24,6%TNA. El mes más largo operado fue junio, que cerró a $ 18 (22,4%TNA). En tanto, las reservas del Banco Central se hundieron u$s 1.016 millones a u$s 36.801 millones luego de que la autoridad monetaria cancelara un pase pasivo con bancos del exterior - concertado el 29 de julio pasado - por u$s 1.000 millones.

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En una semana signada por la incertidumbre en la arena política a nivel local, el impacto del efecto Trump y la expectativa por una nueva suba de tasas de la Fed golpearon a los títulos argentinos en dólares, que se hundieron hasta 3,4%, en una rueda donde el riesgo país saltó más del 4% hasta los 513 puntos. La bolsa porteña volvió a operar luego de dos días de inactividad por los feriados de la semana pasada y la suba de la tasa del bono de Estados Unidos a 10 años marcó la jornada. Ayer, la prima americana subió a 2,87%, por encima de los 2,5, algo que no ocurría desde 2014. Los ojos del mercado están puestos en la decisión que pueda tomar la Reserva Federal en su reunión a partir de mañana. Los inversores dan por descontado que la Fed retomará su ciclo de suba de tasas con un ajuste de 0,25% y la incógnita es cuáles serán las siguientes subas en 2017. "Aún cuando Wall Street sigue a tiro de los máximos históricos, ya que está descontado el inminente hike de la Fed, la tasa estadounidense a 10 años continuó escalando hasta 2,50% anual, y ello despierta serias preocupaciones en la renta fija global y en especial en los emergentes", explicó el economista Gustavo Ber. No sólo las tasas de referencia de Estados Unidos están en ascenso. A nivel regional, la prima de riesgo de los países se expande en forma progresiva desde el triunfo de Trump. Ayer el riesgo país, se disparó en Argentina un 4,29%: en Panamá trepó 3,88% y en Perú 3,59%. En Brasil el riesgo aumentó un 0,3%, hacia los 330 puntos. En promedio, los bonos en dólares locales perdieron 1,2%. Aquellos más largos fueron los que más sufrieron este efecto. De hecho, las bajas fueron lideradas por el Bonar 2046 que perdió 3,4%. En el tramo corto, el Bonar 2018 retrocedió 1,8%. "El mercado se acomodó a los nuevos precios post feriado. Pero además, a nivel local las noticias fueron negativas: el debate por Ganancias genera dudas sobre la capacidad de maniobra política del Gobierno y sobre la potencial continuidad de Mauricio Macri en el poder a partir de las elecciones de 2017", explicó Alejo Costa, jefe de estrategia de Puente. Ante este escenario, los inversores deciden posicionarse en instrumentos en dólares más cortos, ya que además ofrecen cobertura cambiaria. "Si bien es cierto que la prima de riesgo emergente se disparó con la noticia de Trump, Argentina desde mediados de septiembre que no logra una compresión de sus tasas", señaló Nery Persichini, de Inversor Global. "Bonos de larga duración como el Bonar 2046, que fue uno de los preferidos por los que entraron al blanqueo, perdieron más del 14% desde ese momento". Los analistas coinciden en que el escenario de tasas de referencia en ascenso se mantendrá a la vez que en el plano local seguirá la incertidumbre lo que presionará al costo del financiamieto. "El mercado espera noticias positivas a nivel político para evaluar si mantiene sus posiciones en Argentina, que todavía no llegan", dijo Costa.

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En medio de las duras negociaciones entre el oficialismo y la oposición en el Senado por el proyecto de Ganancias que ya tiene media sanción en la Cámara baja, los empresarios volvieron a la carga para advertir que si la iniciativa es convertida en ley tal cual salió de Diputados, se afectarán el empleo y la tan deseada llegada de inversiones. "La Argentina viene de muchos años de barquinazos y cambios muy bruscos en su política, y concretamente en temas impositivos, donde se requiere que haya consensos. Necesitamos estabilidad porque eso le da tranquilidad a los que quieran invertir", afirmó el presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos. El directivo enfatizó que el país "tiene una alta carga tributaria" y que si bien "hay que tratar de bajar gradualmente los impuestos, empezando por los distorsivos", no se puede desfinanciar al país y ponerlo en riesgo". El proyecto que consensuó la oposición y que logró aprobar en Diputados es resistido por los empresarios porque, por un lado, genera mayores impuestos para hacer frente a la baja de Ganancias pero esos nuevos gravámenes no llegan a compensar lo que se deja de recaudar por la otra vía y, por ende, atenta contra el ya comprometido escenario fiscal. También genera malestar el permanente cambio en las reglas de juego el Gobierno eliminó el 5% de retenciones a la minería y el proyecto de ley las reinstala, como parte de las fuentes de financiamiento de la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la imprevisibilidad que genera para decidir nuevas inversiones. Por último, reclaman los sectores que se verían afectados por mayores impuestos, como la minería, el rubro financiero y los empresarios del juego. En una rueda de prensa realizada en San Juan, la Cámara Minera y de Proveedores Mineros, la Unión Industrial y la Cámara Argentina de la Construcción hicieron causa común y se manifestaron en contra de que la rebaja de Ganancias se haga a costa de la minería. "Aumentar la carga impositiva es hacer que se caiga la producción y el desarrollo. Hay que reactivar las minas y que la gente con buenos sueldos pague sus impuestos, porque esto es una cadena", afirmó el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé. Además, pidió que "no se compare la minería con el juego". Los empresarios cordobeses también alertaron por el impacto en los negocios, si llegara a aprobarse la iniciativa, en una clara señal de apoyo al gobernador Juan Schiaretti, que se manifestó en contra por los menores ingresos que recibiría la provincia por la coparticipación de Ganancias. El Grupo de los 6 (G6) de la provincia, que nuclea a las principales cámaras locales, cuestionó el proyecto y sostuvo que así se "promueven medidas para un aplauso popular de corto plazo". En un comunicado, la entidad afirmó que se plantea el proyecto "sin prever ni cuantificar los perjuicios de fondo que generará verdaderamente al país; y lo que es aún más preocupante: la imprevisión e inseguridad que esto genera para el sistema económico que está buscando reactivarse y crecer nuevamente". El déficit fiscal, que alcanza al 7% del PBI, es una de las mayores preocupaciones de los empresarios, así como también cómo será financiado. Desde el G6 cordobés, afirmaron que el proyecto de ley genera una "peligrosa incertidumbre" respecto de cómo se cubrirá este rojo y, por

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otro lado, "se desenfoca la verdadera tarea del Estado: dirigir eficazmente los recursos y gerenciar eficientemente la estructura de la administración e inversión pública". Desde la UIA, el textil Jorge Sorabilla consideró que el proyecto "es una pinza que aprieta en forma desarticulada, ya que por un lado es bueno porque da más poder adquisitivo que se debería reflejar en mayor consumo, pero por el otro aumenta el déficit, que se traduce en mayor presión impositiva o aumento de deuda y que después termina impactando negativamente". La junta directiva de la central industrial tendrá hoy su última reunión del año y se espera algún pronunciamiento al respecto.

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Antes de que finalice el año, el Gobierno normalizará el mercado de las telecomunicaciones a partir de un decreto presidencial que obligará a los organismos oficiales a tomar decisiones que favorecerán los reclamos de los principales jugadores del sector. En especial a los grupos Clarín y Telefónica, que en la actualidad vienen llevando a cabo fuertes lobbies para imponer sus visiones sobre lo que el Gobierno debería encarar en el sector con el fin de transparentar la competencia y favorecer a los usuarios tanto de la televisión por cable como de las comunicaciones móviles. En concreto, el decreto habilitará al Ministerio de Comunicaciones y al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a, por ejemplo, autorizar a Nextel a que se convierta en el cuarto operador de telefonía celular del país; reducir el plazo de tres a dos años para que las operadoras de telefonía puedan ofrecer TV por cable, y permitir el desembarco de DirecTV en los sectores de Internet y televisión. Las medidas no estarán incluidas de esta forma en el decreto que verá la luz antes del 31 de diciembre sino que se adoptarán una vez publicado el documento que llevará la firma del presidente Mauricio Macri y serán el Ministerio de Comunicaciones y el Enacom los organismos encargados de redactar las resoluciones que apuntarán a regularizar las relaciones entre todos los actores del mercado. Según fuentes del sector consultadas por El Cronista, el decreto presidencial ordenará a los organismos oficiales a poner en marcha las medidas necesarias para el reordenamiento del espectro. A partir de esta determinación, el ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el titular del Enacom, Miguel De Godoy, redactarán las resoluciones tendientes a cumplir con la orden presidencial. Esto llevará a resolver reclamos que vienen impulsando Clarín y Telefónica. En el primer caso, para convertir a Nextel en el cuarto operador de telefonía celular con frecuencias de 4G. La empresa fue adquirida por su controlada Cablevisión, en abril pasado por u$s 180 millones. Luego, compró una serie de firmas más pequeñas por u$s 150 millones que le permitieron sumar frecuencias necesarias para ofrecer 4G. Sin embargo, tras estos nueve meses, Nextel sigue sin el aval del Enacom para poder iniciar sus actividades. Según fuentes del holding, una vez que lo tengan, deberán invertir otros u$s 500 millones para dotar a Nextel de la tecnología necesaria para competir con Personal; Movistar y Claro, ya que debe cambiar totalmente su parque de equipos y agregar antenas. En el caso de Telefónica, el lobbie que viene haciendo el holding español se orienta a que se reduzca de tres a dos años el plazo para competir con Cablevisión. Es que una medida incluida en el anterior DNU 267 que, entre otros aspectos, le permite a la telcos ofrecer TV por cable a partir del primer día de enero de 2018 pero con la salvedad de poder estirar ese lapso un año más. El nuevo decreto eliminará ese período de gracia. Y en el caso de DirecTV, la decisión será que la empresa satelital pueda desembarcar en los servicios de Internet y televisión paga. Según las fuentes, DirecTV ya tiene licencias para poder operar en ambos sectores, con lo cual la medida oficial solamente ordenará o transparentará lo que otros decretos o resoluciones no pudieron concretar dejando ciertos aspectos reglamentarios en una nebulosa. De esta forma, la compañía podría ofrecer ambos servicios a través del uso de su satélite sin la necesidad de invertir en el desarrollo del tendido de fibra óptica, tal como el resto.

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La ANSeS busca que el programa Procrear, que subsidia una parte de la compra de una vivienda nueva o usada, vuelva a incluir créditos a la construcción de la casa propia. Ya estarían interesados cuatro bancos y la intención del organismo es que esta opción esté disponible desde el sorteo de enero próximo, pero todavía se están gestionando los riesgos. Por lo pronto, el lunes que viene se anunciaría el resultado del segundo sorteo del año, donde se seleccionarán entre 15 y 20 mil personas de las 60.633 que se inscribieron hasta el 30 de noviembre pasado, para comenzar a tramitar su crédito hipotecario y el subsidio del Estado, como resultado de un cruce de datos entre las bases de AFIP, el BCRA y la propia ANSeS. En el sorteo anterior, realizado a fines de septiembre, fueron seleccionadas unas 25.000 familias. Pero de ellas, sólo 8000 avanzaron con la precalificación del crédito en los bancos hasta la primera semana de este mes (lo que incluye presentar recibos de sueldo, informes de dominio, etc. en los primeros 60 días). En tanto, unas cien personas presentaron los papeles de la propiedad y otras 25 tienen prevista una fecha de escrituración para este año. El resto, unas 17.000 familias, quedaron rezagadas por diversos motivos: porque pensaban que podían obtener el subsidio para construcción de la vivienda, porque no contaban con el ahorro o están en proceso de conseguirlo, también porque contaban con una propiedad (que excluye a la persona del subsidio). La ANSeS busca agregar el financiamiento a la construcción de la vivienda en el tercer sorteo, el de enero próximo. Pero aún se está trabajando con los bancos porque resulta más riesgoso. El Banco Hipotecario, el Provincia de Buenos Aires, el de Córdoba y el Credicoop estarían interesados en incorporar el subsidio de la ANSeS para complementar su oferta de hipotecarios para construcción. "Trabajamos en conjunto con los bancos. La idea es sumar a los demás", dijo la directora General de Programas Especiales, María Eugenia López Isnardi, en una reunión con la prensa. Luego, en abril, la idea es actualizar el monto del subsidio (hasta $ 300.000) y de la propiedad (hasta $ 1,5 millón). El plan se complementa con un ahorro propio y un crédito hipotecario atado a la inflación por un plazo de hasta 20 años de cualquiera de los 15 bancos participantes. La ANSeS quiere hacer sorteos en forma trimestral. "La próxima selección será en enero y la otra en marzo", dijo López Isnardi. La cantidad de familias seleccionadas dependerá del presupuesto, de cuántas personas avanzan con el proceso y los ritmos de escrituración, ya que el lapso es de seis meses hasta que se realizan los desembolsos. La idea es que en el puntaje también incida la antigüedad en las inscripciones. Para el año que viene el presupuesto para Procrear Solución Casa Propia y continuar con las obras iniciadas anteriormente asciende a $ 10.500 millones. Sobre ese monto se agregaría un préstamo del Banco Mundial de por lo menos el 20% del presupuesto para aplicar a los subsidios de capital de los compradores de viviendas. Para 2016 se habían presupuestado $ 9000 millones a los que se agregaron $ 2000 millones más por medio de reasignación de partidas, un total de $ 11.000 millones.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó ayer un financiamiento por u$s 40 millones para facilitar la licitaación de las obras de construcción del túnel binacional Agua Negra, considerado como clave por los gobiernos de ambos lados de la cordillera para la integración comercial en la región y fundamental com parte de un corredor bioceánico hasta Brasil. La decisión del organismo multitaleral se conoció en la previa a una reunión binacional de gobernadores y funcionarios de las zonas de frontera cordillerana, que se realizará este viernes en Buenos Aires. El encuentro será presidido por el presidente Mauricio Macri y su colega chilena, Michele Bachelet. El proyecto de Agua Negra está en etapa de preclasificación de las empresas interesadas en intervenir en la construcción de la megaobra que demandará trabajos ininterrumpidos de 8 años y medio. Cuando esté terminado, serán dos túneles paralelos, con dos carriles cada uno, y permitirá acortar la distancia en 40 kilómetros y en 3 horas el tiempo de viaje entre la provincia de San Juan y el departamento chileno de Coquimbo. El organismo de crédito autorizó la asistencia financiera para ambos gobiernos en el marco del Programa de Estructuración del Túnel Internacional Paso de Agua Negra (Petan), en dos préstamos de u$s 20 millones para cada país, con un período de ejecución de dos años. El desembolso será el primero de una serie de créditos para poner en marcha la obra, cuyo costo total se estima en u$s 1600 millones. A través del Petan, se asesorará actividades de estructuración y preparación del proyecto, asistencia a las autoridades de ambos países incluyendo asesorías legales, técnicas, ambientales y de fortalecimiento institucional, se informó. La importancia de la obra y las necesidades que surjan para concretarla serán uno de los ejes de análisis de la VIII reunión binacional de ministros de ambos países y la VI reunión de gobernadores argentinos e intendentes chilenos de la frontera común, que se desarrollará este viernes en el Palacio San Martín. La canciller argentina, Susana Malcorra, y su par cileno, Heraldo Muñoz, abrirá el encuentro, cuyo cierre estará a cargo de Macri y Bachelet. También estarán funcionarios de las carteras de Defensa, Energía, Medio Ambiente, Obras Públicas y Transportes de ambos países. El intendente de la chilena Coquimbo, Claudio Ibánez, remarcó la necesidad de que en esta reunión se ponga en análisis la necesidad de contar con un proyecto paralelo para abastecer de energía suficiente a la zona de obra. Además del túnel Agua Negra, la agenda bilateral de gobernadores e intendentes se focalizará en la atracción de inversiones, generación de servicios para la minería y el estímulo a un mayor flujo de turismo en ambos lados de la cordillera.

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El general César Milani fue procesado ayer por enriquecimiento ilícito a raíz de la compra de una casa en La Horqueta, en San Isidro. El militar argumentó que compró la vivienda con un préstamo de 200 mil dólares que le dio un amigo, el también militar Eduardo Barreiro, un veterano de Malvinas que está imputado en causas de lesa humanidad. En una extensa resolución de 500 páginas, el juez federal Daniel Rafecas sostiene que se trató de una maniobra y que el préstamo no existió. Por ejemplo, Milani supuestamente le dio a Barreiro un departamento de la calle Moldes, en Belgrano, a cambio del préstamo, pero desde 2010 Barreiro no presenta declaraciones de bienes ni de ganancias, por lo que no figura ni el dinero prestado ni el departamento. Una vez que se vendió el inmueble de Belgrano, Milani dice que Barreiro se quedó con el dinero, pero eso no se condice –según el juez– con el acta realizada ante escribano. Fuentes cercanas al general reiteraron ayer a este diario que la compra de la casa se hizo con el préstamo de Barreiro, aunque admitieron que no se declaró porque fue “un préstamo entre amigos, muy habitual entre ambos”. Milani compró la casa de La Horqueta en 2010 en 1.500.000 pesos. Pero como todo su patrimonio rondaba 1.300.000 pesos debía explicar cómo hizo para concretar la compra. En el expediente se presentó lo que se llama un mutuo, es decir un préstamo de Barreiro a Milani a cambio del departamento que Milani dejaría en la calle Moldes para luego mudarse a La Horqueta. “Yo necesitaba el dinero hasta vender el departamento. Barreiro me había prestado dinero 20 veces y yo le preste a él otras 20 veces en los 45 años que nos conocemos”, argumentó Milani. Lo que dice Rafecas es que para justificar el dinero de la compra, Barreiro y Milani suscribieron un préstamo con fecha anterior, diciembre de 2009, pero que ese préstamo nunca existió. A tal punto que ninguno de los dos declararon ni el préstamo ni el traspaso del departamento de la calle Moldes. Milani argumenta que toda la transacción se hizo como él dice: Barreiro le dio los 200.000 dólares y se quedó con el inmueble de Belgrano. El tema es que ese departamento después se vendió a una mujer, María Santulián, y supuestamente con eso quedaba devuelto el préstamo. Sobre eso sí se hizo un acta ante escribano, pero el escribano puso en el texto que presenció el movimiento de dinero, cuando en verdad no debía moverse ni un dólar, porque Barreiro recuperó la plata vendiéndole a Santulián. Para Rafecas otra evidencia contra Milani fue que su defensa ofreció a la escribana como testigo, pero después retiró ese ofrecimiento. En su momento, Milani dijo que toda la transacción se hizo porque le faltaba el efectivo necesario, pero que su capacidad de compra estaba demostrada ya que heredó propiedades de su padre, ex intendente y referente peronista de Cosquín. César Milani padre fue, además, un próspero constructor. Sin embargo, para Rafecas las cuentas no cerraron. Ni Milani ni Barreiro inscribieron el préstamo en sus declaraciones juradas, ni Barreiro dio cuenta de que el departamento de la calle Moldes le pertenecía. En el escrito, el juez también deja entrever que el valor de la casa de San Isidro era mayor que el declarado, a lo que se suman las idas y vueltas con la declaración de la escribana. En la defensa de Milani adelantaban ayer que apelarán la decisión de Rafecas antes del fin de semana.

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La inflación de noviembre fue del 2,16 por ciento, según el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la Confederación General del Trabajo (CGT). El dato se ubicó por encima del promedio de las consultoras nucleadas en el IPC Congreso, que había marcado para noviembre una suba del 1,9 por ciento. Con esta cifra, para la CGT los precios minoristas aumentaron 42,31 por ciento en los últimos doce meses, en sintonía con el 43,4 por ciento del IPC Congreso. Hoy se conocerá el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que arrojaría entre un 1,9 y 2 por ciento, pero con un incremento interanual mayor al 44 por ciento. De acuerdo con los números de la central obrera, la canasta de pobreza en noviembre para una familia tipo, de dos adultos y dos hijos menores, se ubicó en 13.502,47 pesos, mientras que sólo para alimentarse y no caer en la indigencia se necesitaron 5896,28 pesos. Desde la CGT remarcan que la suba de precios golpea más a los sectores de menores ingresos. Con estas mediciones, este año se cerrará con una importante pérdida en el poder de compra de salarios y jubilaciones, ya que las paritarias rondaron entre 30 y 36 por ciento, en 2 o 3 cuotas, y el aumento de las jubilaciones fue del 31,7 por ciento. Esa pérdida no se compensa con los bonos de fin de año que van de 1000 a 4000 pesos.

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que tras la intervención a la distribuidora de juguetes Kreisel y la incautación de unos cuatro millones de objetos lúdicos hay que dar un nuevo "paso" y consideró pertinente fundar en sus instalaciones una fábrica juguetera administrada por el "pueblo". "¿Qué va a pasar con esta empresa? Al gabinete económico se lo dejo, al buró político se lo dejo, este gran capital, tiene 200 tiendas, los dueños salieron huyendo del país, cometieron graves delitos en el país. ¿Qué va a pasar?", se preguntó el presidente en su programa "En contacto con Maduro". El gobernante consideró que "es una buena idea" fundar con los artesanos jugueteros venezolanos "una empresa de producción y distribución de juguetes nacionales con el apoyo de tecnología internacional china". El superintendente de Precios de Justos, William Contreras, que se ha encargado personalmente de las intervenciones y decomisos, propuso que uno de los principales almacenes de la empresa, ubicado en las afueras de Caracas, se convierta en la fábrica de juguetes. "Yo recomendaría como primer paso la ocupación temporal de esta empresa con todos sus activos y acto seguido entregarle esto al pueblo organizado para la producción de juguetes hechos en Venezuela", dijo Contreras una propuesta que recibió el visto bueno de Maduro. La intervención de Kreisel se produjo, según Contreras y Maduro, después de que el Estado recibiera varias denuncias del acaparamiento de juguetes y especulación con los precios. Los cuatro millones de juguetes incautados serán distribuidos por los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) un sistema creado por el Gobierno a principios de año para vender los alimentos escasos en las zonas populares del país. "Yo había anunciado que teníamos listos los juguetes para nuestros niños y en estas batallas de estos días de repente me llama un día William Contreras, director de Sundde (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos) y me dice: 'Mire presidente lo que estoy encontrando aquí'", dijo Maduro. El presidente se refirió así a los juguetes incautados entre el viernes y el sábado que ahora serán distribuidos por el Gobierno "a los niños de las comunidades, de los barrios". Dijo que gracias a este operativo "vino un repuesto del Niño Jesús (...) y los Reyes", un "San Nicolás sin barba, San Nicolás con bigote". La intervención a Kreisel se inició el viernes pasado y días antes ya se habían producido intervenciones a comercios de ropa y calzado a los que se les exigió una bajada de los precios hasta en 50 %.

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Al presidente del Senado brasileño Renan Calheiros no le dan respiro. Recayó sobre este parlamentario una nueva denuncia, esta vez vinculada al caso Lava Jato que investiga las coimas a políticos con dinero de Petrobras. Fue presentada ayer lunes en la Corte Suprema por el procurador general Rodrigo Janot y en ella pide que el Alto Tribunal decrete la pérdida del mandato de senador del acusado Calheiros. También reclama el pago de una multa de 242.000 dólares para los “daños” ocasionados por la corrupción. Señala que el titular de la Cámara Alt a también “violó los deberes del cargo público con el Estado y la sociedad”. Janot fue uno de los hombres de la justicia que se opuso a que Calheiros continuara en la presidencia del Senado. Y apoyó explícitamente la orden dada por el magistrado de la Corte, Marco Aurelio Mello, para apartar al político de esa función. Después fue revisada por el plenario del Supremo Tribunal, que finalmente decidió mantener al líder de los senadores en el lugar que ocupaba. En su nueva embestida Janot es concreto: afirma que el acusado usó intermediarios para pedir y recibir dinero de una constructora llamada Serveng a cambio de contratos que esta empresa firmaba con Petrobras. Como se sabe, ese dinero no salía de la caja de las empresas sino de las arcas de la petrolera estatal, cuyos directores firmaban contratos sobrefacturados a fin de quedarse también ellos con una parte de los sobornos. Para el procurador general el parlamentario incurrió en el delito de corrupción pasiva y lavado de dinero. Relata en su acusación que los valores aportados por la Serveng eran direccionados al directorio nacional del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y de allí salía rumbo al comité financiero de esa agrupación en el estado provincial de Alagoas, de donde es Calheiros. De este comité pasaba luego a las manos del senador. Añade, en el texto de la causa, que el modus operandi de esa empresa Serveng, que celebró contratos con la petrolera pública, fue posible gracias a la facilitación del negocio por parte del ex director de Petrobras, Paulo Roberto Costa. Este ejecutivo se asoció directamente, para los “beneficios” delictivos, con Calheiros y parte de la dirección del PMDB. Pero Janot avanza un paso más al describir al actual presidente brasileño, Michel Temer, que entonces ejercía la presidencia del PMDB, como “notorio aliado” de Calheiros. Esto se refiere al año 2010. Desde luego, el senador Renan negó el contenido de la denuncia realizada nada menos que por el procurador. Afirma en una nota hecha pública que “jamás autorizó a nadie a hablar en su nombre”. El presidente Temer cuestionó directamente a Rodrigo Janot, a quien envió una carta con su rechazo.