06-Los Jueces y la Información

8/6/2019 06-Los Jueces y la Informacin

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Sistemas Judiciales

Directores

Juan Enrique Vargas

Alberto Martn Binder

Consejo Editorial

Christina Biebesheimer

Rafael Bielsa

Rafael Blanco

Carlos Cordovz

Mara Dakolias

Florence Ellie

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Alfredo Fuentes

Mara Gonzlez de Ass

Linn Hammergren

Julio Maier

Luis Paulino Mora Mora

Luis Psara

Hernando Pars

Carlos Pea

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Silvina Ramrez

Cristin Riego


2/159

2003 - Ediciones del Instituto

Mxico 1880 (1222)

Ciudad de Buenos Aires - ArgentinaTel.: (54-11) 4381-5640

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www.inecip.org/ediciones

2003 - Centro de Estudios de Justicia de las Amricas, CEJA

Holanda 2023, ProvidenciaSantiago, Chile

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Impreso en:

Verlap S.A. Producciones Grficas

Cte. Spurr 653 - AvellanedaBuenos Aires - Argentina

Impreso en Diciembre de 2003

Hecho el depsito de ley

ISSN 1666-0048

Impreso en Argentina

La revista autoriza la reproduccin o traduccin, total o parcial de los artculos publicados en sus pginas,

toda vez que se seale claramente el autor y se indique la siguiente atribucin: Reproducido con autori-

zacin Revista Sistemas Judiciales, Centro de Estudios de Justicia de las Amricas, CEJA, Instituto de

Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP


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EDITORIAL

TEMA CENTRAL

Los Jueces y la Informacin

4 Pedro Galindo: Indicadores Subjetivos. Estudios, Calificaciones de Riesgo y Encuestas de

Percepcin Pblica sobre los Sistemas de Justicia. Resultados Recientes para las Amricas.

Comentarios

4 Luis Psara: Cmo Evaluar el Estado de la Justicia.

4 Dr. Luis Paulino Mora Mora: Apuntes sobre el Estado de los Sistemas Judiciales

Latinoamericanos.

4 Cristin Riego: Necesidad de Informacin, Contrapunto al Rigor Metodolgico.

4 Alberto Binder, Juan Enrique Vargas, Cristin Riego: Los Jueces y la Informacin.

Sistemas de Informacin e Instituciones Judiciales en el Marco de la Reforma Judicial.

4 Juan Enrique Vargas Viancos: Eficiencia en la Justicia

DEBATE4 Justicia, Informacin Y Polticas Pblicas.

Un debate en torno a los indicadores subjetivos

NOTAS GENERALES

4 Silvina Ramirez: Problemas y Desafios para la Defensa Pblica Penal en America Latina.

4 Steven E. Hendrix and Victor Ferrigno F.: Dispute Settlement and Customary Indigenous

Legal Practice in a Multicultural Guatemala: Empirical Data on Conflict Resolution and

Strategies to Advance Access to Justice in Rural Areas.

Reseas bibliogrficas

Biblioteca Personal

Noticias

Agenda

Documentos

Consejo Editorial de Sistemas Judiciales

Poltica Editorial

[ Las opiniones vertidas en la revista son de responsabilidad de sus autores y no de las instituciones que la editan. ]

I N D I C E

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155

CEJA

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Editor:

Pedro Galindo

Coordinadores de Edicin:

Francisco Godinez Galay, Luciano Hazan,

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Equipo Editorial:

Brbara Mastronardi, Ximena Cataln,

Pilar Avila

Diseo y Diagramacin:

Patricia Peralta

Traducciones:

Kate Goldman

Administracin:

Carolina Cortell, Pamela Varela


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E D I T O R I A L

Fue en una reunin de Ministros de Justiciaen Per en 1999 donde por primera vez sehabl de la posibilidad y el inters de formar un

Centro de Estudios de Justicia de las Amricas. Lo

que en un inicio se vio como un proyecto a muy

largo plazo y complicado de articular, hoy, cuatro

aos despus es una realidad.

Recuerdo la primera sesin en Washington

donde despus de nuestra eleccin en el seno de

la Asamblea de la OEA habamos sido elegidos los

siete miembros del Consejo Directivo. Nos encon-

tramos un grupo de diferentes personas, diferentes

pases y culturas con una tarea por delante que no

sabamos por dnde comenzar. Entre la eleccin de

la sede y poder entendernos entre nosotros se lle-

varon las primeras discusiones.

Hoy CEJA tiene un lugar en el mapa americano

en temas jurdicos, al extremo de que ya los dife-

rentes especialistas del rea no slo conocen a

CEJA sino que lo remiten como fuente de estudios

y foros jurdicos.

Tuve la suerte de ser la primera Presidenta de

CEJA y ver su surgimiento a travs de los aos, esto

ha sido gratificante, sobre todo, cuando en la mayo-

ra de nuestros pases tenemos organizaciones buro-

crticas, poco eficientes y sin mayores proyecciones.

En pocas de cambios como la que actualmen-

te se debate en Amrica Latina, CEJA ha ofrecido

un mbito de discusin y reflexin, entre otras,

sobre la participacin de la sociedad civil en la

toma de decisiones, en la posibilidad de que todos

de alguna manera tengamos la oportunidad, si que-

remos, de ser parte activa de las reformas judicia-les, de la administracin de justicia, de tratar de

hacer ms justa y equitativa nuestra sociedad.

La situacin actual que atraviesa la administra-

cin de justicia, requiere un papel ms estratgico

y protagnico, no slo en la promocin de ideas

sino tambin en la participacin de la sociedad civil

y en su gestin interna.

Parte del desarrollo y la gestin en la adminis-

tracin de justicia tiene que ver con el manejo de

la informacin que los Tribunales de Justicia en la

Regin realicen. Esto es, cmo obtener la informa-

cin, cmo registrarla, cmo procesarla y cmo

luego traspasar esta informacin de una forma ade-

cuada y directa a los usuarios.

Cuando hablo de informacin me refiero a esta-

dsticas, encuestas y en general todo tipo de datos

que se hayan obtenido precisamente como insu-

mos para las reformas judiciales y mecanismo de

modernizacin.

2


5/1593

Definitivamente stas sern decisivas para la

elaboracin y ejecucin de polticas pblicas en el

mbito interno de cada Corte y hacia el usuario en

general. Inclusive, la forma en que se maneje la

informacin judicial repercutir en la credibilidad y

transparencia que un Poder Judicial pueda tener

frente a la sociedad civil.

Por eso, en estos momentos en que como ciu-

dadanos nos cuestionamos en ciertos sistemas, si

realmente la administracin de justicia cumple con

su funcin, este tipo de actividades favorecen la

organizacin, la capacitacin de sus funcionarios y

finalmente genera un beneficio para todos los

actores sociales.

La participacin de la Corte Suprema de Justicia

de Costa Rica en el II Seminario Interamericano

sobre Gestin Judicial, le dio la garanta de exce-

lencia al mismo, no slo porque el presidente de la

Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el licen-

ciado Luis Paulino Mora, es un hombre identifica-

do con la modernizacin del Poder Judicial y su

perfeccionamiento, sino porque a nivel latinoame-

ricano el sistema judicial costarricense se ha carac-

terizado por estar constituido por un grupo de

hombres y mujeres comprometidos con la justicia

pronta y cumplida, y en aras de alcanzar ese prin-

cipio, van encaminados a utilizar todos los esfuer-

zos de especializacin en el mejoramiento de laorganizacin, ejecucin y servicio de una justicia

ms equitativa para todos.

Una vez ms, CEJA le da un aporte trascenden-

tal a los sistemas judiciales de nuestros pases, dn-

doles la oportunidad de aprender, profundizar y

ejecutar medidas que tendrn como resultado una

mejor gestin judicial y, por ende, un mayor acce-

so a la justicia que redundar siempre en el per-

feccionamiento de nuestros sistemas democrticos.

Como miembro del Consejo Directivo de CEJA,

me siento orgullosa de esta iniciativa que hace

varios aos tuvo un grupo de Ministros de Justicia,

con un fin y una motivacin comunes, y que hoy

CEJA ha hecho realidad.

Mnica Ngel

Miembro del Consejo Directivo de CEJA,

ex Ministra de Justicia de Costa Rica

[email protected]( )


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L O S J U E C E S Y L A I N F O R M A C I N

Advertencias preliminares

El siguiente trabajo presenta un conjunto de

evaluaciones y percepciones sobre algunos aspec-

tos del funcionamiento de la justicia incluidos en

informes y estudios de organismos internacionales,

agencias calificadoras de riesgo e instituciones pri-

vadas. Se trata, en su mayora, de indicadores sub-

jetivos. Es decir, de ponderaciones estadsticas o

economtricas derivadas de los resultados de en-cuestas a expertos, abogados, consultores, econo-

mistas, inversionistas, o muestras nacionales de ciu-

dadanos que documentan la percepcin sobre

esos temas. La validez y el grado de error de dichos

estudios son informados sucintamente en cada

caso. Lo mismo ocurre con su grado de cobertura

y su diseo metodolgico. En todo caso, se ha

intentado ofrecer una clara indicacin de las fuen-

tes que permita al lector corroborar o profundizar

por cuenta propia las investigaciones citadas.

El captulo se divide en dos secciones:

G Una sntesis esquemtica de las investigaciones

y reportes consultados.

G Una revisin, por separado, de cada uno de

esos estudios y sus conclusiones especficas

para los pases de las Amricas.

Compete aqu precisar las siguientes precauciones:

i. Este captulo incluye un nmero significa-

tivo pero acotado de investigaciones e informes. Se

ha intentado acudir a las fuentes ms recurrentes y

acreditadas, de amplio uso y legitimacin en la

comunidad internacional, pero se asume que pue-

de haber omisiones posiblemente relevantes, sobre

las que el autor no tuvo conocimiento oportuno.

Futuras versiones de este trabajo deberan corregir

esas virtuales omisiones e incorporar nuevos estu-

dios, si los hubiere.

4

This document presents a set of evaluations, studies, risk ratings, and surveys on selected functional aspects of justice.

The data that forms the center of this analysis was culled from studies carried out by international organizations, risk-assess-

ment agencies, and private institutions. The author focuses on subjective indicators, or survey results that shed light on the

perceptions of justice systems in the Americas that are held by experts, attorneys, consultants, economists, investors, and

the general public. Each section provides a brief description of the validity, margins of error, rate of coverage, and method-

ological design of each study, and clearly identifies the sources cited so that the reader can corroborate or consult the orig-

inal documents. This analysis accompanies and complements the country reports contained in JSCA's recent publication the

Report on the State of Justice in the Americas 2002-2003. The purpose of this document is not to provide evidence that can

be used for academic or scientific endeavors. It is instead an unprecedented effort to provide a general overview of percep-

tions of justice systems in the Americas by bringing together data that was produced in a variety of contexts.

* Agradezco a Catherine Beer, por su aporte en la etapa preliminar de la preparacin de este captulo y a Kathryn Tabone y Sujatha Sebastian, por el tiempo y rigor depositado en la revi-sin de algunas cifras. Sin embargo, en ningn caso ellas son responsables de mis errores, como previsiblemente los habr. A Alexia de Vincentis y Eileen Blessinger, por su colaboracin enel examen de algunas de las fuentes consultadas. A Vctor Hugo Valenzuela y Ben Firschein, quienes, a la distancia y desde especialidades distintas, me aportaron ideas, sugerencias y pun -tos de vista, con igual sentido del rigor, humor sutil y lectura crtica. Una paradoja toda vez que este trabajo excluye el punto de vista explcito. Un especial agradecimiento a los miembrosdel Comit Editorial de Sistemas Judiciales, que leyeron y discutieron el primer borrador de este documento y formularon observaciones claves. He intentado ser fiel a esas observaciones eincorporar buena parte de ellas en esta versin del texto. Agradezco, por ltimo, a todo el equipo profesional de CEJA, por el respaldo, consejo y generosa tolerancia. Y a Juan Enrique Vargas,su Director Ejecutivo y padre intelectual de este informe, por la confianza depositada y las facilidades concedidas para dedicarme sin distraccin a esta tarea. Tambin por la paciencia, suyay de otros interesados en el progreso de este informe, a pesar de mi persistente esfuerzo por provocar lo contrario.

Pedro Galindo*

Asesor de CEJA en temas de informacin y editor

de Sistemas Judiciales. [email protected]

INDICADORES SUBJETIVOSEstudios, Calificaciones de Riesgo y Encuestas dePercepcin Pblica sobre los Sistemas de Justicia.Resultados Recientes para las Amricas

][


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ii. Si bien es frecuente presentar los resulta-

dos de investigaciones en un contexto amplio,

donde la situacin de un continente o subregin es

confrontada a otras regiones, este captulo recoge

exclusivamente los resultados correspondientes a

los pases de las Amricas.

iii. Dada la naturaleza cuantitativa del alto

porcentaje de los datos y a los esquemas metodol-

gicos de las investigaciones consultadas, se presen-

tan aqu los resultados de modo tal que pueda iden-

tificarse fcilmente la calificacin de un pas frente a

los dems de la regin. En varios casos, los informes

presentan sus resultados a modo de rankings entre

pases. El propsito de este captulo es mostrar

dichos resultados. Un riesgo implcito al replicar esa

opcin metodolgica, sin embargo, es plantear a los

sistemas judiciales nacionales en una suerte de com-

petencia o carrera por el mejor puesto. Ese virtualsupuesto se aparta del objetivo de este trabajo y la

informacin presentada no debera interpretarse

bajo ese concepto. El objetivo aqu es exclusiva-

mente reunir la informacin dispersa y ofrecerla al

lector en un plano estrictamente documental.

iv. Se ha hecho una seleccin de los indica-

dores privilegiando aquellos que mayor vincula-

cin o proximidad tienen respecto del funciona-

miento de la justicia. En casi la mayora de los

informes consultados, el componente justicia repre-

senta un tpico parcial de entre otros muchos abor-

dados para explicar, mayoritariamente, temas aso-

ciados al desempeo institucional y desarrollo eco-

nmico de los pases. Sin embargo, se han omitido

de este captulo los resultados globales de dichos

informes pero se indica informacin general sobre

ellos y sus fuentes. El autor considera que tal omi-

sin no afecta la pertinencia y validez de los indi-

cadores seleccionados.

v. Los puntos de vista expresados son de

responsabilidad del autor y no representan ni com-prometen necesariamente los puntos de vista de

CEJA ni de su Consejo Directivo.

5

P E D R O G A L I N D O

Indicador

Confianza en elpoder judicial

Confianza en lajusticia y calidadde la justiciacomo servicio

Calidad, eficiencia eintegridad del sistema

judicial

ndice de la complejidadde los procedimientos

judiciales

Fuente

Latinobarmetro

BarmetroIberoamericanode Gobernabilidad,CIMA

Encuesta Mundialsobre el Ambiente deNegocios - La Vozde las Empresas, BancoMundial, BID y otrasinstituciones, 1999-2000

Djankov, La Porta,Lopez-de-Silanes ySchleifer, Lex MundiProject. Banco Mundial,

Factores(relativos a justicia)

Cunta confianzatiene usted en elpoder judicial?

Tiene usted confianzaen la justicia?Cmo evala lacalidad generaldel servicio?

Encuesta sobre lascaractersticas delsistema de tribunales(imparcialidad, honesti-dad, rapidez, coherenciay capacidad de hacercumplir las sentencias)en las disputas sobreasuntos de negocios.

Tambin el sistema judi-cial como obstculo paralos negocios.Examina el grado de

Mtodo y cobertura

Encuesta ciudadana,sobre muestrasnacionales. 17 paseslatinoamericanos.

Encuesta ciudadanasobre muestrasnacionales. Aborda15 pases de AmricaLatina ms Puerto Rico,

Espaa y Portugal.

Encuesta realizadaa cerca de 10,000empresas en 80 pases.Aborda 22 pasesde las Amricas

Se basa en losresultados de unaencuesta realizada a losmiembros de las firmas

Escala

Porcentaje deciudadanos queexpresan confianzaen la institucin

Porcentaje de ciudadanosque expresan confianzaen la institucin;porcentaje de ciudadanosque evalan el desem-

peo de la justicia (demuy buena a muy mala)

Porcentaje de empresa-rios que responden losgrados de calidad ofrecuencia sobrecaractersticas especfi-cas del sistema detribunales

Un alto nmero indicamayor complejidad(y regulacin) en los

Sinopsis de indicadores consultados y sus fuentes


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L O S J U E C ES Y L A I N F O R M A C I N

6

ndice de la calidadde las InstitucionesPblicas

ndice del Derechoy los Contratos

ndice de la corrupcin

ndice de la claridade imparcialidadde la justicia

Ley y Orden

Universidades deHarvard y Yale.El estudio sirvicomo documento deantecedentes parael World Development

Report 2002.

Foro EconmicoMundial, Subndice delndice del CrecimientoCompetitivo (uno de los

dos componentes delGlobal CompetitivenessReport)

Foro EconmicoMundial, Subndicedel ndice deInstituciones Pblicas(Global CompetitivenessReport)

Foro EconmicoMundial, Subndice delndice de InstitucionesPblicas (GlobalCompetitiveness Report)

IMD (InternationalInstitute forManagementDevelopment, Suiza).Este ndice es uncomponente delWorld CompetitivenessYearbook

International Country

Risk Guide

regulacin de los proce-dimientos en sus distin-tas etapas como medidadel formalismo procesaly su relacin con laeficiencia judicial y la

duracin de los procesosa travs de dos causasciviles (el desalojo deun arrendatario que nopaga, y el cobro de uncheque sin fondos).

Mide la percepcinde la calidad y eficaciade las instituciones endos mbitos: sistema

judicial y cumplimientode los contratos; y nivelde corrupcin.

Se construye a partir delas respuestas a cuatropreguntas: independen-cia judicial; proteccinlegal de los activosfinancieros; neutralidaddel gobierno en la deci-sin sobre los contratos

pblicos, y costo econ-mico de la delincuencia.

Evala tres preguntas:frecuencia con que sepagan sobornos paraobtener permisos deimportacin y exporta-cin; corrupcin institu-cional; y corrupcinvinculada al pago

de impuestos.

Es la justiciaadministrada clarae imparcialmentea toda la sociedad?

La Ley y el Orden son

evaluados separadamen-te, con un puntaje decero a tres puntos (nive-les de riesgo) cada uno.

de abogados dosasociadas a Lex Mundien 109 pases, 25 de lasAmricas. Los datos dela encuesta secontrastaron con

indicadores deotras fuentes.

Encuesta de OpininEjecutiva contestadapor expertos en 80pases, 23 de las

Amricas

Encuesta de OpininEjecutiva contestadapor expertos en 80pases, 23 de lasAmricas

Encuesta de OpininEjecutiva contestadapor expertos en 80pases, 23 de lasAmricas

Encuesta de Opinin aejecutivos de empresaslderes, con experienciainternacional que cubrentodos los campos de laeconoma. Abarca 49pases (8 de lasAmricas)

Encuesta a expertos.

Comprende 140 pases,26 de las Amricas.

procedimientos y menoreficiencia judicial.

Ranking y puntaje.Ranking, a menor nme-ro mejor evaluacin.Puntaje: ponderacin del

peso relativo de cadasubndice en el ndice.

Menor nmeroen el ndice (ranking)equivale a mejorevaluacin.

Menor nmeroen el ndice (ranking)equivale a mejorevaluacin.

Escala original de 1 a 6,adaptada a valores de 0 a10 (para integrar esos va-lores en un ranking globalde la competitividad). Unmayor nmero equivale amayor percepcin de la im-parcialidad de la justicia.

0 a 6, a mayor nmero

menor riesgo y mejorevaluacin.


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7

Calidad de la Burocracia

Riesgo de Corrupcin

ndice de la opacidad

ndice de lasLibertades Civiles

ndice de laproteccin de losderechos de propiedad

Fortaleza del Estado dederecho

International CountryRisk Guide

International CountryRisk Guide

PricewaterhouseCoopers

Freedom House

Heritage Foundationy The Wall StreetJournal.Es un subndice delndice de la LibertadEconmica

Kaufmann y otros, indi-cadores de gobernabili-dad, Instituto del BancoMundial

El componente Ley esuna evaluacin de la for-taleza e imparcialidad delsistema judicial: el com-ponente Orden es unaevaluacin de la obser-

vancia popular de la ley.

Riesgo de que las polti-cas y estabilidad de losoperadores se veanafectados por loscambios de gobierno

Mide el riesgo decorrupcin en el sistemapoltico

Estimaciones de los efec-tos adversos de la opaci-dad sobre el costo y dis-ponibilidad de capital.Incluye cinco reas de laopacidad, entre ellos, laopacidad legal y judicial.

Se construye a partir delas respuestas a catorcepreguntas, un grupo de

ellas relativas al sistemajudicial: independencia dela judicatura; prevalenciadel Estado de Derecho enlos procesos civiles y cri-minales; igualdad detrato, por parte de la justi-cia, para toda la pobla-cin; situacin penitencia-ria; proteccin de losderechos de propiedad; y

control directo del podercivil a la polica.

Eficacia del sistema judi-cial; grado de corrupcine independencia de la

judicatura, respeto por elEstado de Derecho, pro-teccin de los derechosde propiedad

Aplicabilidad de contra-tos privados y guberna-mentales. Crimen y robocomo obstculos a los

Encuesta a expertos.Comprende 140 pases,26 de las Amricas

Encuesta a expertos.Comprende 140 pases,26 de las Amricas

Encuesta a analistasfinancieros, ejecutivos yconsultores. Aborda 35pases, 11 de lasAmricas

Encuesta de Opinin aexpertos internos. Cubre192 pases, entre ellos

la totalidad de lasAmricas

Se basa en diversasfuentes, incluidos losinformes sobre sistema

judicial de The Econo-mist Intelligence Unit, elUS Department of State,y otros. Abarca 161 pa-ses, 28 de las Amricas

Agregado de una varie-dad de 17 fuentes,incluidas WorldEnvironment Business

0 a 4, a mayor nmeromenor riesgo y mejorevaluacin

0 a 6, un nmero mayorimplica menor riesgo

Grado de opacidad de 0a 150, a mayor nmeromenor transparencia ymayor efecto econmiconegativo sobre el merca-do de capitales.

1,0-2,5 libre,3,0-5,5 parcialmentelibre, 5,5-7,0 no libre

Escala 1 a 5,a menor nmeromejor evaluacin

-2,5 a 2,5; a mayornmero mejor evalua-cin. Los valores tam-bin son adaptados a


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INDICADORES SUBJETIVOS:RESULTADOS RECIENTES

1. Percepcin ciudadana de la justicia

1.1 Democracia y confianzaen las instituciones: Latinobarmetro

De acuerdo con la encuesta Latinobarmetro,

un estudio anual de opinin pblica que se realiza

desde 19961 en 17 pases de Amrica Latina, el

poder judicial figura entre las cuatro institucionesen las que menos confan los ciudadanos del con-

tinente. Segn esta encuesta, los ms afectados por

el descrdito por parte de la ciudadana son el

Congreso Nacional, los partidos polticos y los pro-

pios conciudadanos (Grfico 1)2. El poder ejecuti-

vo y el poder judicial, sin embargo, aparecen como

las instituciones de la democracia que ms con-

fianza han perdido en los ltimos aos.

Voz y rendicin decuentas (externa)

Control de la corrupcin

ndice de percepcin dela corrupcin



TransparencyInternational

negocios. Prdidas ycostos relacionadoscon la delincuencia.Independencia de la

judicatura.Imprevisibiidad del

poder judicial. Etc.

Transparencia de las ins-tituciones, posibilidad deque organizaciones de lasociedad civil puedanexpresar sus inquietudes

ante los cambios en lasleyes y polticas.

Corrupcin entre funcio-narios pblicos.Frecuencia de "pagosirregulares" a funciona-rios y jueces.

Percepcin pblica dela corrupcin segn espercibida por acadmi-cos, empresarios y ana-listas de riesgos

Survey, The EconomistIntelligence Unit (EIU),International CountryRisk Guide (ICRG),Freedom House. Cubre175 pases a nivel mun-

dial y los 34 pasesmiembros de la OEA.El nmero de encuestasconsultadas vara encada pas.

Agregado de una varie-dad de fuentes. Cubre175 pases a nivel mun-dial y los 34 pasesmiembros de la OEA.

Agregado de una varie-dad de fuentes. Cubre175 pases a nivel mun-dial y los 34 pasesmiembros de la OEA.

Encuesta de encuestas,en ms de cien pases,22 de las Amricas

rango percentil. El gradode error para cada passe informa mediantevalores de desviacinestndar

-2,5 a 2,5; a mayornmero mejor evalua-cin. Los valores tam-bin son adaptados arango percentil. El grado

de error para cada passe informa mediantevalores de desviacinestndar

-2,5 a 2,5; a mayornmero mejor evalua-cin. Los valores tam-bin son adaptados arango percentil. El gradode error para cada passe informa mediante

valores de desviacinestndar

0 a 10, donde unmayor nmero significamenor percepcinde corrupcin

1 El estudio se inici formalmente en 1995 en ocho pases y se extendi a 17 en 1996. Sin embargo, el origen del proyecto se remonta a 1988 con un estudio piloto sobre las bases socia -les de las nuevas democracias en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. La encuesta se realiza anualmente con muestras representativas de cada pas, aplicando un cuestionario idntico querecoge las opiniones, actitudes, comportamientos y valores de los universos medidos. Su diseo metodolgico integr las experiencias de estudios comparados similares que se haban reali -zado en otras regiones hasta esa fecha, especialmente el Eurobarmetro De acuerdo con la Corporacin Latinobarmetro, organizacin privada responsable del estudio y con sede en Santiagode Chile, la encuesta representa a una poblacin de 400 millones de habitantes. Para ms detalles, vase el sitio web http://www.latinobarometro.org2 Los resultados de esta encuesta a nivel agregado en la regin pueden consultarse en Corporacin Latinobarmetro, Encuesta Latinobarmetro 2002 - Informe de Prensa. Disponible enhttp://www.latinobarometro.org/ano2002.htm Los datos especficos para los pases citados en este captulo son reproducidos con autorizacin de la fuente.


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9

Entre 1996 y 2002, se registr, en promedio, un

descenso de la confianza ciudadana en el poder

judicial en 8,1 puntos porcentuales. En 1996, el 33

por ciento de los ciudadanos de Amrica Latina

declaraba tener mucha y algo de confianza en

el poder judicial de sus pases. En 2002, slo un 25

por ciento de los ms de 18 mil ciudadanos encues-

tados mantena esa respuesta. 3 Sin embargo, existe

una amplia diferencia de esta evolucin entre pa-

ses. En Paraguay, por ejemplo, los datos muestran

que mientras en 1996 un 44,2 por ciento de los ciu-

dadanos confiaba en el poder judicial, en 2002 slo

el 10,3 por ciento de los entrevistados conservaba

esa opinin.4 En Ecuador, Nicaragua, Argentina,

Chile y Uruguay, tambin se registraron descensos

significativos en Ecuador casi el 20 por ciento de

la poblacin que en 1996 confiaba en la institucin

dej de hacerlo en 2002. Otro tanto ocurri en

Colombia, Brasil, Per, El Salvador y Bolivia, donde

los niveles de desconfianza ciudadana en el poder

judicial aumentaron entre 6 y 9 por ciento, tal como

puede observarse en el Grfico 2.

Slo en cuatro pases los poderes judiciales

registraron un incremento en la confianza ciudada-

na. Costa Rica, que aparece como el pas de

Amrica Latina donde los ciudadanos tienen mayor

confianza en el sistema de tribunales, pas de 36,9

por ciento en 1996 a 48,8 por ciento en 2002. En

Honduras, hubo un aumento de 33,4 por ciento a

37,4 por ciento; en Venezuela, de 27,2 por ciento a

30,3 por ciento; y en Panam de 23,8 por ciento a

25,6 por ciento.

Grfico 1

Grfico 2


12/159


10

A la luz de estos datos, y al sumar las respues-

tas de aquellos ciudadanos que declaran tener poca

o nada de confianza en la institucin, es posible

dibujar un ndice de la desconfianza ciudadana

hacia el poder judicial, tal como se muestra en el

Grfico 3. Dicho ndice revela que, en 2002, en

doce de los diecisiete pases contemplados en el

estudio, por lo menos siete de cada diez habitantes

desconfa del poder judicial. Slo en Costa Rica, un

porcentaje cercano a la mitad de la poblacin tiene

una opinin positiva del sistema judicial, seguido

por Uruguay y Honduras, donde aproximadamente

el 37 y 43 por ciento de sus habitantes confa en la

justicia. Para un anlisis ms detallado de las res-

puestas pas por pas vase la Tabla 1.

Grfico 3

ArgentinaBoliviaBrasilColombiaCosta RicaChileEcuador

El SalvadorGuatemalaHondurasMxicoNicaraguaPanamParaguayPerUruguayVenezuelaTOTAL AMERICA LATINA

Mucha / Algo

8.7%19.0%32.5%23.3%48.8%23.1%12.3%

28.8%22.0%37.4%17.3%27.1%25.6%10.3%16.5%43.2%30.3%25.0%

Poca / Nada

90.3%74.6%63.9%71.6%47.3%73.7%84.6%

64.4%74.7%56.9%81.1%69.1%71.3%88.0%78.6%52.7%67.1%71.2%

No sabe / No responde

1.0%6.4%3.6%5.0%3.9%3.1%3.1%

6.8%3.4%5.7%1.6%3.8%3.2%1.6%5.0%4.0%2.6%3.8%

Cunta confianza tiene usted en el Poder Judicial? Fuente: Latinobarmetro 2002

Tabla 1

3 En 2003, la confianza en el poder judicial en Amrica Latina volvi a decrecer, esta vez en cinco puntos porcentuales respecto de 2002. Segn el ms reciente informe de la encuestaLatinobarmetro, en promedio 20 por ciento de los latinoamericanos declara tener mucha y algo de confianza en las judicaturas de sus pases.4 Si bien en el caso de Paraguay, la encuesta tiene un error muestral de alrededor del 4 por ciento y 95 por ciento de confianza, en ese pas el estudio representa slo al 30 por ciento de lapoblacin. No sucede as en los casos de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, Panam y Per, donde la encuesta tiene una representatividaddel 100 por ciento de la poblacin. En Argentina, representa al 73,8 por ciento del total de habitantes; en Brasil, al 65,7 por ciento; en Chile, al 70 por ciento; en Colombia, al 51 por cien -to; y en Uruguay, al 80 por ciento. El Latinobarmetro es uno de los estudios de opinin ms acreditados del continente.


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11

Uno de los temas claves del Latinobarmetro es

medir el grado de satisfaccin de los ciudadanos res-

pecto del funcionamiento de la democracia en sus

pases, aparte el nivel de apoyo que, en promedio,

los latinoamericanos mayoritariamente expresan por

esa forma de gobierno.5 La Tabla 2 muestra el posi-

ble grado de relacin que pudiera existir entre satis-

faccin con la democracia y confianza en el poder

judicial, entendido ste como una de las institucio-

nes esenciales de ese sistema poltico.

ParaguayArgentinaColombiaEcuadorMxico

PerBrasilBoliviaChileGuatemalaEl SalvadorVenezuelaPanamUruguayNicaraguaHondurasCosta Rica

AMERICA LATINA

Satisfaccin con el funcionamiento dela democracia - por ciento

78111618

182124273538404453596275

32

Confianza en el poder judicialpor ciento

109231217

173319232229302643273749

25

Relacin entre satisfaccin con la democracia y confianza en la justicia Fuente: Latinobarmetro 2002

Tabla 2

1.2 Confianza ciudadana y gobernabilidad:semforo de las instituciones

Los datos del Latinobarmetro son coincidentes,

en gran medida, con resultados de otras encuestas

que tambin miden peridicamente el nivel de con-

fianza ciudadana en las instituciones a nivel regio-

nal. Uno de esos estudios es el Barmetro deGobernabilidad, realizado por el Consorcio

Iberoamericano de Empresas de Investigacin de

Mercados y Asesoramiento CIMA. Se trata de un

informe basado en encuestas ciudadanas sobre

muestras nacionales realizado desde 1992 en quin-

ce pases de Amrica Latina, ms Puerto Rico,

Espaa y Portugal.

El estudio plantea que la confianza en las insti-

tuciones es un indicador relevante de gobernabili-

dad toda vez que, adems de las implicaciones

sobre la economa, unas instituciones confiables

elevan la calidad de vida de los ciudadanos. 6

Desde esa perspectiva, el informe propone una

escala de tres niveles de confianza en las institu-

ciones, a modo de semforo intuitivo. As, se ubi-

can en rojo las instituciones en las que confa

menos del 30 por ciento de la poblacin; en ama-

rillo aquellas donde la confianza ciudadana oscila

entre 30 y 50 por ciento; y en verde las institucio-

nes que gozan de una confianza superior al 50 porciento del total de ciudadanos.

De acuerdo con esa escala, a nivel iberoameri-

cano, en enero de 2003 se hallaban en nivel rojo los

partidos polticos, los sindicatos, la justicia y el con-

greso. En amarillo, las fuerzas armadas, las ONGs,

la polica y los bancos. Y en situacin ptima nivel

verde, la Iglesia, la educacin, la empresa privada,

la prensa y los noticieros de televisin.

El informe de CIMA muestra la evolucin de la

confianza en las instituciones en cada pas para un

perodo de diez aos. Considerando los resultados

de la encuesta realizada en 2002, Argentina y Per

5 A nivel agregado, mientras el 56 por ciento de los ciudadanos de Amrica Latina declaraba en 2002 apoyar la democracia como sistema de gobierno, slo el 27 por ciento de ellos opi-naba sentirse satisfecho con la forma en que funcionaba ese sistema en sus pases. Latinobarmetro 2002 -Informe de Prensa. Op. cit.6 Barmetro de Gobernabilidad 2003, Consorcio Iberoamericano de Empresas de Investigacin de Mercados y Asesoramiento, CIMA, 2003.Disponible en http://www.cimaiberoamerica.com/barometro2003.pdf


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12

figuran como los pases donde los ciudadanos con-

fan menos en la justicia, ambos con 19 por ciento,

seguidos por Ecuador, Brasil, Bolivia (20 por cien-

to), Venezuela (21 por ciento), Guatemala, Chile

(22 por ciento), Mxico (24 por ciento) y Panam

(28 por ciento). Tambin Repblica Dominicana

figura en el nivel rojo del semforo (25 por ciento),

pero en este caso, los resultados corresponden a la

encuesta realizada entre diciembre de 2002 y enero

de 2003.7 Todos los dems pases de Amrica

Latina contemplados en el estudio muestran por-

centajes de confianza ciudadana en la justicia infe-

riores a la mitad de la poblacin, es decir, en nivel

amarillo. La nica excepcin es Puerto Rico (54 por

ciento), que no es propiamente un estado inde-

pendiente y su sistema judicial est integrado a los

Estados Unidos de Norteamrica. En Costa Rica,

Uruguay y Colombia, al menos, cuatro de cada diez

ciudadanos declaran confiar en la justicia.

Grfico 4

1.3 La justicia como servicio:evaluacin ciudadana

El Barmetro de Gobernabilidad de CIMA tam-

bin recoge la opinin ciudadana sobre la calidad

de las instituciones en trminos del servicio que

ofrecen. En promedio, dos de cada diez ciudada-

nos de Amrica Latina considera ptimos (es decir

muy bueno y bueno) los servicios prestados por la

justicia a la comunidad, mientras el 54,8 por ciento

de la poblacin evala la calidad de esos servicios

como mala y muy mala. Poco ms del 14 por cien-

to opina que la calidad no es ni buena ni mala.

A nivel de pases, hay diferencias importantes

de la percepcin ciudadana sobre este tema, si bien

en casi la totalidad de ellos se observa una evalua-

cin deficiente, como puede apreciarse en el

Grfico 5.

Grfico 5


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13

2. La justicia vista por las empresas

A fines de 1999 y principios de 2000 el Grupo

del Banco Mundial en conjunto con el Banco

Interamericano de Desarrollo y otros organismos

internacionales, emprendieron un estudio global

de opinin sobre la interaccin del Estado con las

empresas, a partir de un amplio conjunto de tpi-

cos considerados claves en la determinacin del

ambiente de negocios. El estudio fue realizado

mediante entrevistas individuales, cara a cara, a

gerentes y propietarios de cerca de diez mil empre-

sas en ochenta pases, 22 de ellos de las Amricas.

La encuesta, divulgada luego bajo el ttulo de

Encuesta Mundial sobre el Ambiente de Negocios -

La Voz de las Empresas8 (WBES, por su sigla en

ingls), se propuso generar una medicin emprica

en reas como la corrupcin, el sistema judicial, elcomercio de influencias, el clima de inversin y la

calidad del ambiente de negocios.

En lo especficamente relativo al sistema judicial,

la encuesta abord al menos dos grandes reas:

G De qu modo la eficacia (o ineficacia) del siste-

ma judicial y temas vinculados como la delin-

cuencia callejera, el crimen organizado y la

corrupcin representaban un obstculo serio

para los negocios. Y,

G Qu caractersticas especficas del sistema de tri-

bunales imparcialidad, honestidad, rapidez,

costos, coherencia eran identificadas como fre-

cuentes por los empresarios, puntualmente en

relacin con la solucin de disputas relativas a

asuntos de negocios.

2.1 El sistema judicialcomo obstculo para los negocios

De acuerdo con los resultados de la WBES 2000,

en general, el sistema judicial no es identificado

por los empresarios como un obstculo serio para

el desarrollo de los negocios en el continente

(Grfico 6), como s ocurre, en cambio, con pro-

blemas como la falta de financiamiento, los

impuestos y las regulaciones a la actividad empre-

sarial. Tambin la incertidumbre e inestabilidad de

las polticas es identificada como un obstculo de

importancia; y otro tanto ocurre, aunque en menor

medida, con la inflacin y el tipo de cambio. Uninforme del Banco Interamericano de Desarrollo

analiza los datos de esta encuesta y seala que:

Los empresarios son conscientes de los pro-

blemas de naturaleza social e institucional, tales

como la delincuencia, la corrupcin y la inefi-

cacia del sistema judicial. Estos problemas rara

vez son considerados como el principal obstcu-

lo al funcionamiento empresarial, pero s influ-

yen indirectamente a travs de otros factores que

obstaculizan los negocios y que son menciona-

dos con ms frecuencia por los empresarios.9

7 En la encuesta de diciembre 2002-enero 2003, algunos pases mejoraron su calificacin con respecto a la encuesta anterior, como Argentina, que pas de 19 a 22 por ciento; Venezuela,que ascendi de 21 a 30 por ciento; Chile, 22 a 25 por ciento; o Uruguay, 45 a 48 por ciento. En cambio en otros pases, la confianza decreci, como en Panam, que baj de 28 a 21 porciento; Mxico, que descendi de 24 a 19 por ciento; Guatemala, 22 a 17 por ciento; o Ecuador, 20 a 18 por ciento y luego a 16 por ciento. Los datos completos de ambas encuestas, al igualque los resultados de aos precedentes, pueden consultarse en CIMA, 2003, Op. cit.8 Banco Mundial. The World Business Environment Survey - The Voice of the Firms. WBES 2000, The World Bank Group, 2000. http://info.worldbank.org/governance/wbes.En adelante WBES2000. Los puntos de vista sugeridos por la interpretacin de los datos de esta encuesta seleccionados para este captulo, lo mismo los posibles errores al replicar la informacin, son de exclu-siva responsabilidad nuestra.9 Banco Interamericano de Desarrollo. "Los obstculos al desarrollo empresarial en Amrica Latina", en: Informe sobre el Progreso Econmico y Social en Amrica Latina - IPES 2001, BancoInteramericano de Desarrollo, Washington, 2001, p 32.

Grfico 6


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2.2 Caractersticas del sistema judicialsegn las empresas

La encuesta del Banco Mundial permite identifi-

car la percepcin global de gerentes y directores de

empresas sobre un conjunto de caractersticas pun-

tuales del sistema judicial, especficamente sobre el

modo en que los tribunales resuelven las contro-

versias sobre asuntos de negocios.

En promedio, dos de cada diez empresarios de

las Amricas (incluidos el Caribe, Amrica Latina,Canad y Estados Unidos), consideran que el siste-

ma de tribunales es siempre y mayoritariamente

claro e imparcial en sus decisiones. Un 47,3 por

ciento estima que esa cualidad se da frecuente-

mente y algunas veces, en tanto, el 32,1 por ciento

considera que slo raras veces y nunca es claro e

imparcial. En Belice, Canad y Trinidad y Tobago,

ms de 50 por ciento de los empresarios encuesta-

dos afirma que los tribunales son siempre y casi

siempre claros e imparciales en sus decisiones. En

cambio en pases como Per, Bolivia, Nicaragua,

Hait Ecuador, Guatemala, Venezuela y El Salvador

un porcentaje muy bajo de los empresarios (menos

del 10 por ciento) mantiene esa percepcin

(Grfico 8).

Consultados sobre si los tribunales son honestos

e incorruptos para resolver las disputas sobre

negocios, slo el 18,1 por ciento de los empresa-

rios de Amrica Latina y el Caribe estima que esta

caracterstica se da siempre y casi siempre. El 36,2por ciento opina que tal cualidad ocurre raras

veces o nunca. En los casos de Uruguay y Canad

ms de 60 por ciento de los encuestados tiene una

alta opinin positiva sobre sus tribunales en este

aspecto; seguidos, aunque en menor porcentaje,

por Belice y Chile. En catorce de los 22 pases de

las Amricas abordados en el estudio, la gran

mayora de los empresarios manifiesta una impre-

sin negativa en este mbito (Grfico 9).

14


Pero si bien el funcionamiento del sistema judi-

cial, a nivel agregado, no constituye un obstculo de

relevancia para la actividad empresarial (Grfico 7),

un examen a las respuestas nacionales de la encues-

ta indica que, en pases como Ecuador y Mxico, al

menos tres de cada diez directores y propietarios de

empresas s lo consideran un tema preocupante.10 Lo

mismo, aunque en menor medida, en Hait, Vene-

zuela, El Salvador, Bolivia, Nicaragua y Brasil (Gr-

fico 9), donde ms del 20 por ciento de los encues-

tados afirma que el funcionamiento del poder judi-

cial es uno de los obstculos principales.

10 En todo caso, los valores especficos para cada pas slo se mencionan aqu como una referencia indicativa y no deben interpretarse como calificaciones categricas. La encuesta, ade-ms, refleja los puntos de vista correspondientes a un momento especfico y no a una evolucin en el tiempo. Asimismo, los resultados estn sujetos a mrgenes de error que varan de unpas a otro, de modo que stos deben leerse con precaucin.

Grfico 7


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15

La lentitud de los procesos es sin duda uno de

los aspectos crticos del funcionamiento de los tri-bunales en una buena parte de los pases del con-

tinente. Este hecho se ve corroborado por la impre-

sin de los empresarios. Apenas el 3,9 por ciento

de los encuestados en los 22 pases de las Amricas

opina que sus tribunales son siempre y casi siem-

pre rpidos para resolver las controversias, en tanto

que, el 73,6 por ciento opina que raras veces o

nunca los tribunales actan con rapidez (Grfico

10). En este aspecto, Canad aparece como el

nico pas, en trminos comparados, donde al

menos dos de cada diez empresarios estima que

sus tribunales resuelven siempre y casi siempre con

rapidez las controversias, mientras un 40,2 por

ciento afirma que, en ese pas, las controversias se

resuelven frecuentemente o algunas veces con

rapidez. Le siguen Belice y Estados Unidos, donde,

sin embargo, aproximadamente slo uno de cada

diez propietarios y gerentes de empresas dicen quelas disputas se resuelven siempre y casi siempre en

forma rpida.

Si bien la justicia es planteada como un derecho

gratuito en varios pases, necesariamente implica

costos directos o indirectos para los litigantes. En

Belice, Costa Rica, Uruguay, Chile y Honduras, ms

de 30 por ciento de los empresarios (en Belice el

porcentaje es de 42,5) considera que la resolucin

de las disputas de negocios es poco costosa ( affor-

dable) para las partes. En Per, Venezuela, Estados

Unidos, Trinidad y Tobago, Bolivia y Brasil, muy

pocos empresarios (menos del 10 por ciento) man-

tienen esa opinin (Grfico 11).

Grfico 8

Grfico 9


18/159

En todo el continente, incluidos Canad y

Estados Unidos, en promedio, el 44,9 por ciento de

los empresarios estima que el sistema de tribunales

raras veces o nunca es coherente y confiable en su

funcionamiento. Slo el 13 por ciento ve esa cuali-

dad como algo permanente (Grfico 12). En Belice,

cuatro de cada diez empresarios confa en sus tri-

bunales, y pases como Canad, Chile y Uruguay,

ms del 30 por ciento de los empresarios compar-

te esa opinin.

La capacidad del sistema judicial de hacer cumplir

las sentencias, especialmente en el mbito de las

controversias relativas a contratos, es un tpico clave

para determinar la calidad del ambiente de negocios.

En Uruguay, Chile y Canad, ms de la mitad de los

empresarios opina que sus tribunales siempre y casi

siempre son capaces de hacer cumplir sus decisio-

nes, mientras a nivel de todo el continente slo el

20,4 por ciento comparte esa opinin, en tanto el

33,2 por ciento estima que sus tribunales raras veces

o nunca disponen de esta capacidad (Grfico 13).

16


Grfico 10

Grfico 11


19/159

3. Tradicin legal y su influenciaen la calidad de la justicia

Una investigacin realizada en 2001 en ms de

un centenar de pases evidenci que la tradicin

legal en que se basan los sistemas judiciales es un

factor significativamente influyente para determinar

la eficacia y calidad de la justicia.

Dado el tipo de conclusiones de ese estudio,

conviene referir previamente una breve aproxima-

cin panormica a la tradicin legal en que estn

basados los sistemas judiciales del continente. Para

este caso, se ha diferenciado a los pases en los dos

sistemas legales predominantes en la regin: civil

lawo derecho continental europeo, ycommon law

o sistema de precedentes anglosajn.

La distincin convencional seala que el primerocivil law es aquel tipo de sistema donde la justicia

est regulada por cdigos y leyes escritas. En el

segundo, en cambio, las decisiones de los jueces

actan como precedente vinculante para los dems

tribunales con el efecto de que la ley se halla en con-

tinuo desarrollo. Sin embargo, otras visiones enfati-

zan que las diferencias entre uno y otro sistema tie-

nen alcances ms profundos. Existe, por ejemplo,

una visin compartida de que en los pases regidos

por common law, o al menos en un alto porcentaje

de ellos, los jueces han tenido usualmente una inde-

pendencia y poder mucho mayores que sus contra-

partes en muchas naciones que rigen su sistema judi-

cial en la tradicin del derecho continental europeo.

Entre los argumentos que explican estas diferencias

las razones histricas parecen ser significativas.11

17


Grfico 12

Grfico 13


20/159

En sntesis:

G Veinte de los 34 pases de las Amricas12, es

decir, el 58,8 por ciento, basan su sistema judicial

predominantemente en el civil law. Aun cuando

existen similitudes genricas muy significativas, hay

diferencias cualitativas no menores entre este con-

junto de pases, por la diversidad en la combina-

cin de tradiciones romana, francesa, holandesa,

germana, hispana y por la tendencia reformadora

de los sistemas judiciales inquisitivos en las ltimas

dos dcadas. Diecisiete de estos veinte pases con-

forman la subregin latinoamericana.

G El 41,2 por ciento de las naciones de la regin

sustenta su sistema judicial predominantemente en

la tradicin del common law britnico. Ellas son:

Canad, Estados Unidos, y los doce pases del

Caribe angloparlante miembros de la OEA. Los

otros tres pases del hemisferio ubicados en lasubregin caribea basan su sistema judicial pre-

ponderantemente en el civil law: Hait (tradicin

francesa), Repblica Dominicana (tradicin france-

sa) y Surinam (sistema holands, con componentes

de la doctrina penal francesa).

G A pesar de esta clasificacin, la mayora de los

pases muestra algn grado de mixtura o coexistencia

de ambos sistemas. Qubec en Canad, Puerto Rico,

Louisiana en los Estados Unidos, y Guyana en el

Caribe angloparlante, representan casos donde parte

de la tradicin codificadora del derecho continental

europeo coexiste en el contexto de un sistema judi-

cial basado fundamentalmente en el sistema ingls.13

3.1 El ndice de la complejidad de losprocedimientos: formalismo versus eficiencia

El ndice de la complejidad (o regulacin) de los

procedimientos es el resultado de un estudio reali-

zado en 2001 en 109 pases 25 de ellos de la

regin interamericana, llevado adelante por un

equipo de investigadores del Banco Mundial, las

universidades de Harvard y Yale, en cooperacin

con la asociacin internacional de firmas de abo-

gados Lex Mundi.14

Como se indic, el principal hallazgo de la

investigacin fue evidenciar que la tradicin legal

en que se basan los sistemas judiciales es un factor

determinante de la eficiencia judicial, incluso ms

que otros factores tradicionalmente considerados

relevantes como el nivel de ingresos de un pas y

su grado de desarrollo.

El estudio mide y describe los procedimientos

usados en ese conjunto de pases por litigantes y

tribunales en dos causas civiles especficas: el desa-

lojo de un arrendatario por no pago del alquiler y

la recuperacin (cobro) de un cheque sin fondos.15

Los autores clasifican a los pases segn la tradicin

en que basan su sistema judicial y construyen, apartir de los datos recogidos, un ndice de la regu-

lacin de la resolucin de controversias, como

medida del formalismo procesal, en siete aspectos

especficos de los procedimientos, comunes a

todos los pases. A saber, la obligacin de que los

representantes de las partes en el litigio tengan o

no formacin legal; la obligacin o no de hacer

informes escritos en las diversas etapas del proce-

so; la obligacin de justificar legalmente cada una

de las actuaciones de las partes; las limitaciones a

la presentacin de evidencia; la naturaleza de la

revisin de los fallos de primera instancia; el nme-

ro de trmites independientes por realizar para

completar el proceso, entre otros.

El ndice fue elaborado a partir de los resultados

de una encuesta distribuida a los miembros de las

firmas de abogados asociadas a Lex Mundi.16 Los

datos de la encuesta fueron cruzados, adems, con

indicadores de otras fuentes, relativos a eficiencia

judicial, acceso ciudadano a la justicia, ndices de

corrupcin y otros.

18


11 Un informe reciente sobre el tema menciona algunos ejemplos. "En Francia, antes de la Revolucin, los tribunales eran el brazo derecho de la monarqua. stos muchas veces ejercanuna autoridad legislativa y judicial, y llegaron a ser considerados por gran parte del pblico como smbolo de la opresin y la arbitrariedad. Al mismo tiempo, en Inglaterra los jueces muchasveces protegan a terratenientes y ciudadanos de los caprichos del monarca. Estas diferentes historias han causado un impacto en las maneras en que los poderes judiciales y los arreglospara asegurar su independencia se han desarrollado en pases regidos por derecho civil y por common law", IFES-USAID, "Diferencias relevantes entre tradiciones de derecho civil y commo nlaw", Pautas para Promover la Independencia y la Imparcialidad Judicial , Washington, 2002. En cuanto a la evolucin de las judicaturas de Amrica Latina, vase, por ejemplo, Felipe Sez,"La naturaleza de las reformas judiciales en Amrica Latina: algunas consideraciones estratgicas", en Reforma Judicial en Latinoamrica: premisas para el cambio, Corporacin Excelenciaen la Justicia, Serie Debates, Ao II, Nro 4, Bogot, 1998. Sez seala que, pasado el proceso independentista del siglo XIX, "las judicaturas de la regin mantuvieron por completo los prin-cipios, instituciones y procedimientos desarrollados a lo largo del rgimen colonial. Tal y como haba sido usual durante el periodo colonial, el sistema judicial formal no dej espacio para lasformas locales de resolucin de controversias o para las normas y tradiciones consuetudinarias de las comunidades indgenas o criollas. Como en el caso de la metrpoli, los sistemas pro-cedimentales eran supremamente formales, muy dependientes de las presentaciones escritas, las etapas de los procedimientos, las reglas de presentacin de la evidencia y de fallo eran muyestrictas y se basaban en previsiones legales obligatorias, ajenas a su relevancia y consecuencias sobre las condiciones sociales, econmicas y polticas prevalecientes en las colonias".12 Para este informe se consideran exclusivamente los sistemas judiciales de los 34 pases miembros activos de la Organizacin de Estados Americanos (OEA).13 Para el lector hispano no especializado, una referencia sobre la evolucin del sistema ingls en las Amricas, especialmente en Canad y los Estados Unidos, vase Marta Morineau, Unaintroduccin al common law. Serie Estudios Jurdicos Nm. 4, Instituto de Investigaciones Jurdicas, UNAM, Mxico, 2001 (reimpresin). Sobre el actual estado del common law en los EstadosUnidos y cmo la tradicin del derecho continental europeo ha tenido efecto en el sistema legal estadounidense, vase David L. Bosco: "Toward a Civil Law System in the United States? AGlance at Recent Trends", Sistemas Judiciales Nro. 4, 2002, pp 84-87.14 Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lpez-de-Silanes, y Andrei Shleifer. Legal Structure and Judicial Efficiency. The Lex Mundi Project, Banco Mundial, Universidad de Harvard,

Universidad de Yale. Disponible en http://www.worldbank.org/research/pdffiles/lexmundi_paper.pdf. La investigacin sirvi como documento de antecedentes para el captulo sobre el siste-ma judicial en el W orld Development Report 2002. Disponible en: Banco Mundial, "The judicial system", en: World Development Report 2002- Building Institutions for Markets, Ox fordUniversity Press, Washington, 2002. http://econ.worldbank.org/wdr/WDR2002El estudio tambin puede consultarse en Djankov, La Porta, Lpez-de-Silanes y Schleifer. Courts: the Lex MundiProject, National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper number w8890, Cambridge, MA, abril de 2002, http://papers.nber.org/papers/w8890.pdf. (En adelante, Djankov y otros,Lex Mundi Project).15 Los autores del estudio justifican la eleccin de esos dos casos civiles porque dichas disputas, segn ellos, proporcionan tres ventajas principales: a) son situaciones cotidianas en todoslos pases, demuestran la naturaleza de hacer cumplir un derecho de propiedad y contrato privado; b) son susceptibles de ajustarse para hacer los procedimientos comparables en los pasesa pesar de la variacin de tradiciones legales; y c) la resolucin de estas disputas ocurre en las cortes inferiores, las ms relevantes para la mayora de los ciudadanos.16 En la discusin del presente documento, los miembros del Comit Editorial de Sistemas Judiciales formularon una observacin especfica sobre la validez metodolgica de este estudio enrazn de la particularidad de su muestra (un caso por pas).


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Principales conclusiones del estudio

G Los pases basados en civil lawpor lo general

regulan ms la resolucin de disputas que los pases

basados en el sistema ingls de derecho consuetudi-

nario. A nivel global, los procedimientos judiciales

son sistemticamente ms complejos, ms lentos,

menos transparentes y ms propensos a la corrup-

cin en pases donde el sistema judicial est basado

en civil lawque en pases basados en common law.

G La mayor eficiencia y capacidad de los tribuna-

les para impartir justicia est ms asociada a las ca-

ractersticas de los procedimientos que al nivel de

desarrollo de los pases.17 La estructura legal, ms

que el nivel de desarrollo, tiene una mayor influen-

cia en la duracin de los procesos y en la percepcin

de eficiencia judicial entendida como mayor rapidez

en la resolucin de las disputas, mayor calidad delEstado de Derecho, mayor imparcialidad y transpa-

rencia en las decisiones de los tribunales, ausencia

de corrupcin y mayor acceso a la justicia18. Los pa-

ses que ms regulan la resolucin de diputas tienden

a tener niveles menores de eficiencia judicial.

G Si bien el estudio arroja indicios de que la cali-

dad de los tribunales es mayor en los pases ricos,

no se hallaron diferencias significativas entre los

pases de ingreso medio y bajo. Tampoco se

encontr evidencia de que incentivos poco atracti-

vos influyeran en la calidad del sistema. 19

G La mayor dureza en la regulacin de la reso-

lucin de conflictos est asociada a una mayor

duracin ms all de lo esperado de los procedi-

mientos judiciales, y a mayores inspecciones a las

medidas de eficacia judicial y de acceso a la justicia.

La mayor eficiencia judicial, asimismo, est asociada

a una mayor simplificacin de los procesos. Cuando

la complejidad de los procesos judiciales es reduci-

da, disminuyen tambin los costos y la tardanza.

El Grfico 14 muestra los resultados del ndice

agregado del estudio, correspondiente al promedio

de los dos tipos de disputas estudiados, especfica-

mente para los pases de las Amricas. Se puede

observar que, efectivamente, los pases que exhiben

menores grados de complejidad en la resolucin de

sus controversias corresponden a sistemas judicialesbasados en el sistema ingls de common lawBelice,

Canad, Barbados, Jamaica, Estados Unidos, Trinidad

y Tobago, y Granada. Brasil exhibe un grado excep-

cin al situarse en un relativamente bajo nivel de

complejidad procesal. En cambio, Gua-temala,

Venezuela, Costa Rica, Per, Panam, Bolivia y

Argentina, todos pases basados en el sistema dere-

cho continental europeo o civil law, duplican sus

grados de complejidad procesal en relacin con los

pases basados en la tradicin britnica. 20

19


17 Djankov y otros, The Practice of Justice, Op. cit., p. 6.18 Banco Mundial, "The judicial system", en World Development Report 2002- Building Institutions for Markets, Oxford University Press, Washington, 2002, p.11819 Djankov y otros, The Practice of Justice, pp. 5-620 Adems del efecto que, de acuerdo con los resultados de esta investigacin, la tradicin legal evidencia tener sobre el formalismo y la complejidad de los procedimientos, el desarrollode una y otra familia jurdica en los pases que la han heredado o adoptado ha tenido tambin impacto en otras reas, por ejemplo, el buen funcionamiento de las instituciones o el des-arrollo financiero. Segn esos trabajos, el civil law actuara como un factor negativo. Para una discusin sobre el alcance de esos trabajos e hiptesis alternativas, vase: Stphane Straub,Empirical Determinants of Good Institutions: Do We Know Anything? , Banco Interamericano de Desarrollo, Working Paper 423, Washington, junio de 2000.

Grfico 14


22/159

En el conjunto de los pases estudiados, de

acuerdo con el estudio, el tiempo medio para

lograr el desalojo de un arrendatario que no paga

es de 254 das calendario, y para recuperar un che-

que sin fondos, de 234 das.21

El Grfico 15 muestra la duracin total de un

proceso para lograr el desalojo de un arrendatario

que no paga el alquiler, especficamente en los 25

pases de la regin considerados en el estudio. La

Tabla 3 muestra la duracin en das calendario del

procedimiento fragmentado en tres etapas.

20


21 Segn los autores, si a esta cifra se aaden todos los dems gastos del proceso, podra encontrarse all una explicacin sobre por qu los individuos en la mayor parte de los pases deci-den no usar el sistema judicial formal para resolver sus controversias.

BarbadosBeliceCanadGrenadaJamaicaSan Vicente

Trinidad y TobagoEstados UnidosArgentinaBoliviaBrasilChileColombiaCosta RicaRep. DominicanaEcuadorEl SalvadorGuatemala

Honduras

Duracin desde la presentacinde la demanda hasta la comuni-cacin del caso al demandado

4305

15453

546

60143015

1392030384510

15

Duracin desde el avisoal demandado hasta el

dictmen de la sentencia6715219046

302

10333

3006060

20027990904060

180

30

Duracin desde la notificacinde la sentencia hasta la restitu-cin de la propiedad a su dueo

211417751430

351080203025823090304590

30

Duracin de un proceso de desalojo por no pago, segn etapas (en das calendario)

Fuente: Djankov y otros, Lex Mundi project 2001

Tabla 3

Duracintotal

925943

180105335

19249

44094

120240500140210108150280

75

Grfico 15


23/159

4. Competitividad e institucionespblicas: rol y calidad del sistemajudicial

Tal como se mostr en el estudio precedente,

para el mundo empresarial, el sistema judicial

puede jugar un rol importante en el desarrollo de la

actividad productiva pero no necesariamente esidentificado como un obstculo serio por los direc-

tores y propietarios de empresas. Sin embargo, cada

vez ms, la evidencia de mltiples investigaciones

ha impuesto la necesidad de contar con una visin

ms integral de las condiciones adecuadas para

mejorar la capacidad productiva de los pases. Ya

no se habla, entonces, exclusivamente de producti-

vidad econmica y las condiciones para ella. Esa

visin ha cedido paso al concepto de competitivi-

dad22. Con ella, se intenta explicar, y corroborar con

evidencia emprica, de qu modo un conjunto de

factores, adems de las condiciones estrictamente

econmicas, influyen en la capacidad para producir

bienes y servicios de calidad y en forma eficiente, y

mejorar de este modo el crecimiento econmico y

el nivel de ingresos de un pas.

La calidad de las instituciones pblicas, entre

ellas, el sistema judicial, es vista as como un factor

clave, y ms an en la regin interamericana, como

bien lo sintetiza la edicin 2001 delInforme sobre el

Progreso y Econmico y Social de Amrica Latina-

IPES, del Banco Interamericano de Desarrollo:

Las deficiencias de las instituciones pblicas

son posiblemente la principal causa de los pro-

blemas de competitividad de los pases latinoa-

mericanos. Los canales son mltiples. En ausen-

cia de un sistema jurdico-legal estable y respe-

tado, pueden faltar los incentivos para asimilar

tecnologas nuevas que requieren inversiones a

largo plazo, bien sean de infraestructura o de

otros tipos. Las deficiencias del sistema jurdico

elevan los riesgos de incumplimiento de los con-

tratos y, por consiguiente, los costos de transac-

cin. Tambin pueden limitar la capacidad del

sistema financiero para apoyar el desarrollo de

nuevas inversiones, ante la eventualidad de que

sus derechos no sean respetados. La ineficacia

del gobierno o un ambiente propicio a la corrup-

cin puede desalentar la inversin extranjera yla transferencia de tecnologas, y puede desviar

recursos de actividades productivas hacia activi-

dades de bsqueda de rentas.23

Identificar este grado de influencia de las insti-

tuciones pblicas entre otros factores en la pro-

ductividad de los pases es el propsito de los indi-

cadores de competitividad.

4.1 Instituciones Pblicas y Calidaddel Estado de Derecho: el Global

Competitiveness Report

El Informe Mundial de la Competitividad Global

Competitiveness Report es un estudio realizado

anualmente, desde 1979, por el Foro Econmico

Mundial, que evala las ventajas y desventajas com-

parativas para el crecimiento competitivo en ochen-

ta pases, 23 de ellos de las Amricas.24 El informe

establece una escala de los pases competitivos

sobre la base de dos ndices: el Indice de

Crecimiento Competitivo (ICC) y el Indice de

Competitividad Macroeconmica (ICM). El primeroes una valoracin de mediano y largo plazo de las

perspectivas de crecimiento de un pas en lo indivi-

dual; el segundo, mide el potencial de productivi-

dad actual de una economa. El Indice de

Crecimiento Competitivo, a su vez, est conforma-

do por tres categoras: la capacidad de asimilar y

generar nuevas tecnologas, la calidad y eficacia de

las instituciones pblicas y el entorno macroecon-

21


MxicoPanamParaguayPerUruguayVenezuela

20361241

12030

605050

135120300

10048

140709030

180134202246330360

22 Para un anlisis detallado de este tpico, situado en el contexto de la regin interamericana, vase: Banco Interamericano de Desarrollo, Informe sobre el Progreso Econmico y Social de

Amrica Latina 2001, La Competitividad: Motor de Crecimiento, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 2001. Disponible en http://www.iadb.org . Vase tambin: BancoInteramericano de Desarrollo. Competitividad, Documento de Estrategia, BID, Washington, noviembre de 2002. Disponible en: http://www.iadb.org/sds/consulta/sp/p_comp.htmEl informeprecisa que "el mejoramiento de la competitividad es esencial para el logro de tasas elevadas y sustentables de crecimiento econmico, s iempre que se complemente con polticas dirigidasa aumentar la eficiencia del aparato estatal y a fortalecer los canales de integracin de las economas con el resto del mundo. El aumento de la competitividad tambin est estrechamenteligado al objetivo de reduccin de la pobreza. En efecto, dados los bajos niveles de ingreso per cpita de la mayora de los pases de la regin [Amrica Latina], reducir la pobreza en formasignificativa requerir necesariamente aumentos sustanciales en la productividad".23 BID, IPES 2001, Op. cit .24 Peter Cornelius, Klaus Schwab, Michael Porter (editores), The Global Competitiveness Report 2002-2003, Foro Econmico Mundial, Oxford University Press, 696 pp. Los resultados gene-rales del estudio y una seleccin de sus captulos principales estn disponibles en: http://www.weforum.org.Una sntesis de esa versin del reporte fue preparada para CEJA por CatherineBeer, en "Justicia y Competitividad Econmica", Boletn Mensual Nexos , Nro. 18, Ao II, diciembre de 2002. http://www.cejamericas.org


24/159

mico.25 A travs de una Encuesta Ejecutiva de

Opinin, el informe valora la estabilidad de las ins-

tituciones pblicas en la economa sobre dos mbi-

tos: 1) los niveles de corrupcin, y 2) el papel de

los contratos y el derecho.

El informe argumenta que las instituciones

pblicas son altamente responsables de las grandes

deficiencias de competitividad entre los pases.

Asimismo, seala que los retos que enfrentan las

economas de Amrica Latina a largo plazo pueden

ser abordados de mejor manera con la reestructu-

racin de las instituciones pblicas.26

La situacin de las instituciones tiene estrecha

relacin con su competitividad por dos razones.

Primero, porque, segn los autores, las institucio-

nes son cruciales en su papel de asegurar la pro-

teccin de los derechos de propiedad, la resolucin

objetiva de los contratos y otras disputas legales delgobierno. Y segundo, porque la inversin directa

externa es un elemento crtico en el nuevo empuje

a la economa. De cualquier manera, esta inversin

llega de manera lenta si el pas es percibido con

altos niveles de corrupcin y escasa estabilidad de

las instituciones.

En el Global Competitiveness Report de 2002,

slo cuatro pases del continente logran posiciones

destacadas en el ndice de instituciones pblicas:

Canad, que ascendi de la posicin undcima en

2001 al noveno puesto en 2002 entre los 80 pases

considerados ese ao.27 Le sigue Estados Unidos

que descendi cuatro lugares en ese perodo, para

ubicarse en la posicin 16; luego Uruguay, que

logr pasar del lugar 31 en 2001 al 19 en 2002, des-

plazando el tercer puesto obtenido hasta entonces

por Chile. Este ltimo pas, no obstante la mejor

calificacin de Uruguay, mejor su puntaje en un

punto, desde el lugar 21 en 2001 al 20 en 2002.

Todos los dems pases de las Amricas obtienen

posiciones por debajo de la media, entre los 80 pa-

ses incluidos en el estudio. Este bajo puntaje revela

problemas de ineficacia institucional, escasa capaci-

dad de asimilar nuevas tecnologas y dificultades en

el entorno macroeconmico. A pesar de ello, algunas

naciones, especialmente de Centroamrica, si bien se

mantienen en una posicin crtica, lograron mejorar

su calificacin. Panam pas del lugar 59 en 2001 al49 en 2002; El Salvador descendi tres puestos para

ubicarse en la posicin 54; Nicaragua baj del lugar

67 al 64; y Honduras del 73 al 71. Tambin Brasil,

Repblica Dominicana y Paraguay evidenciaron pro-

gresos relativos (Grfico 16). Argentina, Venezuela,

Per, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Trinidad y

Tobago experimentaron un creciente empeoramien-

to en la percepcin de desempeo de sus institucio-

nes pblicas. Lo mismo, aunque en menor medida,

Jamaica, Bolivia, Estados Unidos y Mxico.

22


25 El ndice basa su metodologa en una combinacin de datos duros y los resultados de una Encuesta de Opinin Ejecutiva, respondida por especialistas en los distintos pases. Para calcu-lar la capacidad de crecimiento competitivo, el ndice evala el nivel de asimilacin y generacin de nuevas tecnologas, la eficacia de las instituciones pblicas y el entorno macroeconmi-co de cada pas. En estos dos ltimos casos, todos los valores se obtienen de los resultados de la Encuesta. El informe agrupa a todos los pases en dos grandes grupos: innovadores y noinnovadores. En los pases no innovadores, los tres componentes del Indice de Crecimiento son valorados en un mismo rango de un tercio cada uno. Para los pases innovadores, en cambio,el factor tecnologa es valorado con un 50 por ciento, porque en ellos la innovacin tecnolgica juega un papel de gran influencia en el aumento de la competitividad. Y a los otros ndices(instituciones pblicas y macroeconoma) se les asigna un valor de 25 por ciento cada uno.26 Felipe Larran. "Lights and Shadows of Latin American Competitiveness", en The Global Competitiveness Report 2002-2003, World Economic Forum, Oxford University Press, 2003.27 La edicin de 2001 incluy 75 pases y fue ampliada a 80 en 2002. De la regin slo se agreg a Hait, que figurara en la ltima posicin del ndice para ese ao, con serias deficienciasinstitucionales.

Grfico 16


25/159

Subndice de los contratos y el derecho

Se basa en las respuestas a las siguientes pre-

guntas contenidas en la Encuesta de Opinin

Ejecutiva: Es el Poder Judicial independiente de las

influencias polticas de los miembros de gobierno,

ciudadanos o empresas? Estn los activos finan-

cieros y la riqueza claramente delineados y bien

protegidos por la ley? Adopta el gobierno una acti-

tud neutra en la decisin de las licitaciones de los

contratos pblicos? Impone la actividad criminal

gastos significativos a los negocios?De los ochenta pases considerados en el estu-

dio, Finlandia aparece en primer lugar y Hait en la

ltima posicin. De los pases del continente, slo

cuatro se ubican dentro de las primeras cuarenta

posiciones: Canad (14), Estados Unidos (15),

Uruguay (21) y Chile (24). Trinidad y Tobago des-

cendi dieciocho posiciones con respecto a 2001

hasta ubicarse en la 42. El pas caribeo se ubica

de este modo junto a todos los dems pases por

debajo de la media mundial (Grfico 17). Esto

sugiere la percepcin de dificultades acentuadas en

cuanto a la calidad del Estado de Derecho en casi

la gran mayora de los pases del continente.

Subndice Corrupcin

La corrupcin como componente de la calidad

de las instituciones pblicas es evaluada por medio

de tres preguntas que indagan la frecuencia con

que en el pas se pagan sobornos para la obtencin

de permisos de exportacin e importacin; el gradode corrupcin de las instituciones pblicas, y la

corrupcin vinculada al pago de impuestos.

De los veintitrs pases de las Amricas abordados,

cinco se ubican en las primeras cuarenta posiciones,

en el siguiente orden: Canad, Chile, Estados Unidos,

Uruguay, Per y El Salvador. Los restantes dieciocho

figuran dispersos por debajo de la media entre los

ltimos cuarenta pases del ranking (Grfico 18).

23


ChileBoliviaBrasilCosta RicaRep. DominicanaEl SalvadorJamaicaMxicoPerTrinidad y TobagoArgentina

ColombiaEcuadorGuatemalaHondurasNicaraguaPanamParaguayUruguayVenezuela

ndice de Competitividad

DestacadoNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal

Deficiente

DeficienteDeficienteDeficienteDeficienteDeficienteDeficienteDeficienteDeficienteDeficiente

ndice de entornomacroeconmico

DestacadoDeficienteDestacado

NormalNormalNormal

DeficienteNormalNormal

DestacadoDeficiente

DeficienteNormalNormal

DeficienteDeficiente

NormalDeficienteDeficiente

Normal

ndice de InstitucionesPblicas

DestacadoDestacadoDeficiente

NormalNormalNormal

DestacadoDeficiente

NormalNormal

Deficiente

DeficienteNormal

DeficienteDeficiente

NormalDeficienteDeficiente

NormalDeficiente

Posicin competitiva de los pases segn su nivel de ingresoFuente: Informe sobre el Progreso Econmico y Social 2001, BID 28

Tabla 4

ndicetecnolgico

NormalNormalNormal

DestacadoDestacado

NormalDestacado

NormalDeficienteDeficienteDeficiente

DeficienteDeficienteDeficienteNormalNormal

DeficienteDeficienteDeficienteDeficiente

28 Esta tabla reproduce los clculos del BID basados en los datos de los reportes de competividad del Foro Econmico Mundial. Los autores explican que para clasificar a los pases en lascolumnas "se parti de una regresin mundial de los valores del ndice de competitividad correspondiente contra el logaritmo del ingreso per cpita en dlares de paridad de 1999. Los pa -ses con errores de estimacin entre 0,5 y -0,5 veces el error estndar de la regresin se clasificaron como normales. Aquellos con errores por encima de 0,5 se consideraron como desta-cados, y aquellos con errores por debajo de -0,5 s e clasificaron como deficientes". BID, IPES 2001, Op.cit. p. 20.


26/159

4.2 Competitividad econmica

e imparcialidad de la justicia:el World Competitiveness Yearbook

El International Institute for Management

Development, IMD, es una institucin acadmica con

sede en Suiza que anualmente edita elAnuario de la

Competitividad Mundial (World Competitiveness

Yearbook).29 El informe comprende 49 pases 8 de

las Amricas. La justicia figura entre uno de los ml-

tiples indicadores de este reporte, que tambin eva-

la la capacidad competitiva de las economas. En

este caso, el sistema judicial es evaluado en trminos

de si la justicia es administrada imparcialmente para

toda la sociedad. El indicador es obtenido a travs

de las respuestas de una Encuesta de OpininEjecutiva enviada a ejecutivos de empresas lderes

con experiencia internacional en todos los campos

de la economa.

El informe muestra que, para el caso de los

ocho pases de las Amricas incluidos en la encues-

ta, Canad aparece en una posicin destacada en

2002, con el tercer puesto entre los 49 pases abor-

dados, una posicin de clara mejora respecto de

1997 ese ao se hallaba en la decimoquinta posi-

cin entre el total de pases.30 Estados Unidos y

Chile tambin obtienen posiciones destacadas,

aunque a distancia significativa de Canad, pero

24


Grfico 17

Grfico 18

29 World Competitiveness Yearbook, IMD, Laussane, Suiza. Toda la informacin sobre este reporte y documentos de inters pueden obtenerse en http://www01.imd.ch/wcy30 La escala original de la encuesta es de 1 a 6. Estos valores luego son adaptados a una escala de 0 a 10 puntos (donde un mayor puntaje equivale a mejor evaluacin), con valores dedesviacin estndar para establecer sus mrgenes de error e integrar los datos al ranking integrado de la competitividad.


27/159

siempre por debajo de la media. En ambos pases,

la percepcin sobre la imparcialidad de la justicia

muestra una mejor evaluacin con respecto a 1997.

Los otros seis pases de las Amricas abordados en

el estudio revelan que su sistema judicial es perci-

bido con deficiencias en cuanto a su imparcialidad

y se ubican por debajo del promedio. Salvo el caso

de Argentina, que descendi de 2,4 puntos en 1997

a 0,8 en 2002, todos los dems pases exhiben un

leve mejoramiento en su puntuacin.

5. Libertades civiles

y derechos de propiedad

5.1 ndice de Libertades Civiles

En 1972, la organizacin estadounidense

Freedom House inici un estudio mundial destina-

do a identificar y clasificar a los diversos pases en

una escala que mostrara y calificara el grado de res-

peto y prctica de los derechos polticos y liberta-

des civiles. La escala propone una clasificacin de

los pases en tres categoras: libre, parcialmente

libre, y no libre. Desde entonces, la organizacinha realizado anualmente esta evaluacin y publica

sus resultados en un informe titulado Freedom in

the World.31

La evaluacin de Freedom House se basa en un

ndice integrado de dos componentes: derechos

polticos y libertades civiles, construido a partir de

los resultados de una encuesta distribuida a exper-

tos y analistas en 192 pases entre ellos, los 34

Estados miembros de la OEA y 17 territorios. La

escala contempla una clasificacin de 1 a 7, en la

siguiente gradacin: 1 a 2,5 equivale a un pas libre;

3 a 5,5 a parcialmente libre; y 5,5 a 7 a un pas eva-

luado como no libre.

En el caso de las libertades civiles, la encuesta

incluye catorce preguntas. Una parte de ellas abor-

da tpicos relativos especficamente al desempeo

y funcionamiento del sistema de justicia, a saber:

independencia del poder judicial; prevalencia del

Estado de Derecho en la resolucin de las disputas

civiles y criminales; igualdad de trato, por parte de

la justicia, para toda la poblacin; condiciones en

los recintos penitenciarios; proteccin de los dere-

chos de propiedad; y control directo del poder civil

a la polica.Un puntaje alto en el ndice de libertades civiles

equivale a una evaluacin negativa en ese conjunto

de tpicos. Adems de la calificacin en puntaje, el

informe incluye un reporte narrativo para cada pas,

en el que se documentan las deficiencias o progre-

sos puntuales para cada una de las preguntas.32

Un examen a los resultados de las calificaciones

otorgadas a los pases de las Amricas, muestra

que, en 2001, poco ms de la mitad de los estados

del continente fueron clasificados en el estatus de

libres (Grfico 20). Hait, en tanto, registr las

25


Grfico 19

31 Freedom House, Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties, Rowman & Littlefield Publishers. El informe comenz a editarse bajo ese nombre a partirde 1978. Vase el sitio web http://www.freedomhouse.org . El portal provee, adems de informacin institucional, los informes de aos precedentes y los resultados agregados del estudiopara cada pas.32 Los informes narrativos para los 192 pases y 17 territorios se incluyen en la edicin anual de Freedom in the World.Disponibles tambin en http://www.freedomhouse.org/research/survey2002.htm


28/159

El informe de Freedom House es una de las fuen-

tes de informacin recurrentes empleadas por inves-

tigadores y organismos que desarrollan indicadores

agregados como Transparency International o el

Instituto del Banco Mundial, para los indicadores de

gobernabilidad.

5.2 Calidad de la justicia y libertad econmica:el ndice de los derechos de propiedad

El ndice de los Derechos de Propiedades una

medicin de la capacidad institucional de los pa-

ses para hacer cumplir los contratos y ofrecer unambiente jurdico seguro para el desarrollo de las

inversiones. Plantea que la eficacia y calidad del

sistema judicial juega un papel clave en este con-

texto, por la va de asegurar la ausencia de corrup-

cin en el poder judicial, la rapidez en la resolu-

cin de los procesos, la independencia de la judi-

catura de influencia gubernamental, por ejemplo

y la existencia de cdigos de comercio que definan

adecuadamente los contratos. Tambin evala los

riesgos de expropiacin en el pas.

El informe sobre derechos de propiedad es uno

de los diez factores que componen el Indice de laLibertad Econmica, una medicin anual sobre las

condiciones para el desarrollo de los mercados en

161 pases (28 de las Amricas), desarrollada desde

1995 por la Heritage Foundation y el diario econ-

mico The Wall Street Journal.33

La medicin se basa en la consulta a una amplia

variedad de fuentes, entre ellas, los informes de

Transparency International, Freedom House, The

Economist Intelligence Unit, y los reportes sobre la

situacin de los derechos humanos emitidos anual-

mente por el Departamento de Estado de los

Estados Unidos. Con esos datos, se ponderan las

calificaciones para cada pas en una escala de 1 a

5 equivalente a una escala cualitativa de protec-cin de los derechos de propiedad, en grados de

muy alta a muy baja. As, la mejor calificacin es

1 (muy alta proteccin) que equivale a un sistema

judicial eficiente, independiente y libre de corrup-

cin, donde las disputas comerciales se resuelven

con relativa rapidez y el sistema tiene capacidad

para hacer cumplir los contratos. Una calificacin 3,

o moderada proteccin, equivale a un sistema de

justicia ineficaz y sujeto a demoras, puede existir

corrupcin, el poder judicial puede estar influen-

ciado por los otros poderes del Estado, y se regis-

tran casos aislados de expropiacin. La situacin

extrema lo da la calificacin 5 (muy baja protec-

26


mayores debilidades (con 6 puntos), seguido por

Venezuela y, en menor medida, por Guatemala y

Colombia. Entre 1996 y 2001, diez pases mejoraron

su evaluacin. Bahamas, Uruguay y Grenada logra-

ron sumarse al grupo de nueve pases que exhiben

instituciones considerablemente respetuosas de las

libertades civiles, con judicaturas independientes,

bajos niveles de corrupcin y un sistema judicial

comparativamente ms eficaz que el de los pases

vecinos. Junto a ellos aparecen como los mejor

evaluados Canad, Estados Unidos, Barbados,

Belice, y San Vicente y las Granadinas.

Grfico 20

33 Toda la informacin sobre este Indice disponible en el sitio web de la Heritage Foundation http://www.heritage.org. El sitio dispone de una base de datos que permite la consulta hist-rica de los datos anuales para cada una de las ediciones publicadas del estudio.


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Estos datos pueden verse corroborados con los

infor

06-Los Jueces y la Información

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