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Lo que España necesita

Cómo detectarlo y prevenirlo


Lo que Españanecesita

Una réplica con propuestasalternativas a la política

de recortes del PP

VICENÇ NAVARROJUAN TORRES LÓPEZ

ALBERTO GARZÓN ESPINOSA

Traducción de Adela Padín

EDICIONES DEUSTO


© Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa, 2012

© Centro Libros PAPF, S. L. U., 2012

Deusto es un sello editorial de Centro Libros PAPF, S. L. U.

Grupo Planeta

Av. Diagonal, 662-664

08034 Barcelona

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ISBN: 978-84-234-1283-9

Depósito legal: B-15399-2012

Primera edición: junio de 2012

Preimpresión: Víctor Igual, S. L.

Impreso por Grafos

Impreso en España - Printed in Spain

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Índice

1. Presentación ....................................................... 72. Las propuestas en la oposición, la oferta

electoral y el programa oculto del gobiernodeMariano Rajoy.............................................. 11

3. Una puerta giratoria bien engrasadapara pasar de lo público a lo privado,y viceversa ........................................................... 29

4. Donde dije digo, digo despido: la reformalaboral más agresiva de la democracia......... 43

5. Defender a la familia... haciéndole la vidaimposible............................................................. 61

6. Para las mujeres, la peor parte delos recortes ......................................................... 75

7. Trajes a medida para la banca ........................ 938. La «milonga de la economía sostenible»:

a la orden deMerkel y de las grandeseléctricas ............................................................. 113


6 · Lo que España necesita

9. Presupuestos del Estado que ahondaránen la crisis ........................................................... 129

10. El rescate............................................................. 15711. ¿Por qué se aplican políticas que están

condenadas al fracaso?..................................... 183


1

Presentación

«Ya no estamos en campaña; es momento dedecir lo que de verdad pensamos.»

Jesús Aguirre,

portavoz del PP en el Senado

La nueva llegada al gobierno español del PP, ahorade la mano de Mariano Rajoy, ha supuesto un cam-bio radical en el discurso que hasta hoy venía reali-zando para minar al anterior gobierno de RodríguezZapatero. Mientras este último puso en práctica lasmedidas neoliberales de ayuda a la banca y los recor-tes sociales que le imponían la Unión Europea y losmercados (en realidad los dirigentes de los grandesgrupos empresariales y financieros), los líderes delPartido Popular, con Rajoy a la cabeza, se dedicarona atacarlo sin piedad, proclamándose miembros del«partido de los trabajadores», contrario a las medi-das antisociales que llevaba a cabo Zapatero.

Pero nada más ocupar los sillones del Consejo deMinistros, Rajoy comenzó a desplegar un programade actuaciones, hasta entonces oculto, que no eraigual al anterior de Zapatero sino mucho peor y más



duro para las clases trabajadoras y populares: conge-laba prestaciones básicas, concedía más ventajas alos bancos, a las grandes empresas y a los defraudado-res fiscales, ponía en marcha contra los trabajadoresla reforma laboral más agresiva de nuestra historia yaprobaba unos Presupuestos Generales del Estadocon los mayores recortes de los últimos treinta años.Y todo ello, al margen de las propuestas que habíaofrecido a los ciudadanos para pedirles el voto en laselecciones del 20 de noviembre de 2011, en las queobtuvo mayoría absoluta.

En nuestro libro Hay alternativas. Propuestaspara crear empleo y bienestar social en España (Se-quitur, 2011) hemos analizado con detalle las ra-zones teóricas e ideológicas que esgrimen los neoli-berales para llevar a cabo este tipo de medidas ycreemos haber demostrado tres cuestiones funda-mentales perfectamente aplicables a lo que está ha-ciendo el gobierno del PP: que las medidas no tienensustento científico indiscutible, que no pueden con-seguir ni consiguen lo que se proponen y que hayotras alternativas más sensatas, eficaces y justas parahacer frente a la situación en la que estamos.

No vamos ahora a insistir en ello pero sí hemoscreído que es el momento de analizar lo que está ha-ciendo el PP para desvelar sus verdaderas intencio-nes en los ámbitos de actuación política que afectanmás directamente a los trabajadores y a otros secto-res de las clases populares (incluyendo personas deingresos más reducidos), y también para prever lasconsecuencias que van a tener.


Presentación · 9

Hemos querido hacer este nuevo análisis casi concarácter de urgencia porque creemos que es muy im-portante frenar estas políticas cuanto antes. Y poreso también lo hemos escrito de la forma más claray divulgativa posible, para que puedan entenderlotodo tipo de personas y para que ellas mismas seconviertan así en focos de debate y crítica hacia loque está sucediendo como consecuencia de las medi-das que ahora aplica el gobierno de Rajoy.

No tratamos de analizar profundamente las doc-trinas que las justifican ni los fundamentos más sóli-dos de las críticas que realizamos a estas medidasporque ya están en Hay alternativas... y en otrosmuchos de nuestros textos (los cuales se pueden en-contrar en nuestras páginas web (www.vnavarro.org, www.juantorreslopez.com y www.agrazon.net).Tratamos simplemente de levantar el velo para quese vea lo que en realidad hay debajo de las medidasque se vienen adoptando en los poco más de ciendías de gobierno del PP cuando escribimos estas pá-ginas.

No ocultamos nuestro propósito. Queremos con-tribuir a que la ciudadanía tome conciencia de queeste gobierno actúa en su nombre para tomar medi-das que perjudican a la inmensa mayoría de la socie-dad. No sólo a los trabajadores, sino también a lospequeños y medianos empresarios y a los autónomos—que crean casi el 90 por ciento del empleo en Es-paña—, a los parados, a las personas mayores, a lasmujeres que no acceden al empleo, a los jóvenes, alos estudiantes... es decir, a todos «los de abajo». Y,



sobre todo, queremos llamar la atención sobre unhecho fundamental: todo esto que está pasando es elresultado del excesivo poder político que tienen al-gunos grupos sociales privilegiados, las grandes em-presas y los financieros y banqueros, que constituyenuna minoría muy pequeña de la población. Así quesólo si los de abajo —la mayoría de la ciudadanía—se rebelan contra el privilegio de esta minoría queordena a los gobiernos e impone sus preferencias alresto de la sociedad, sólo si los de abajo son capacesde sabotear pacífica y democráticamente la estrate-gia de los de arriba, será posible evitar el daño queestán sufriendo y que las cosas vayan a peor, comosin duda sucederá si no lo remediamos a tiempo.

Vicenç Navarro, Juan Torres Lópezy Alberto Garzón14 de abril de 2012


2

Las propuestas en la oposición,la oferta electoral y el programa

oculto del gobierno deMariano Rajoy

El 8 de marzo de 2008 se celebraron elecciones ge-nerales en España. En la legislatura que concluía ha-bía continuado la tónica de crecimiento económicofácil, lo que permitió al gobierno de Rodríguez Zapa-tero conseguir registros macroeconómicos bastantefavorables (en gran medida porque hizo lo mismoque el Partido Popular: dejar que avanzara la burbu-ja inmobiliaria y el endeudamiento privado que tan-tos problemas dio más tarde).

Pero sus mejores registros nunca eran reconoci-dos por la oposición de derechas. Cuatro años an-tes, en el primer trimestre de 2004 y cuando gober-naba Aznar, la economía crecía al 2,9 por ciento y latasa de paro se encontraba en el 11,2 por ciento gra-cias a que se habían creado unos dos millones y me-dio de empleos en los últimos cuatro años de bo-nanza. Todo ello era calificado por los dirigentes



populares como el «milagro» que había sido capazde generar su gobierno.

Cuando se convocaban las siguientes elecciones,en el primer trimestre de 2008, y gobernaba Rodrí-guez Zapatero, la economía crecía al 3,8 por ciento,la tasa de paro era del 8 por ciento y se habían creadotres millones de empleos entre 2004 y 2008, a pesarde que el último ejercicio ya fue de crisis. Aunque elcontraste era claramente favorable a la gestión delpresidente socialista (al menos en cuanto a esos indi-cadores convencionales que se suelen tomar comoreferencia de la evolución de la situación económi-ca), Mariano Rajoy era muy duro a la hora de evaluarla situación de la economía española. En enero de2008 decía: «La situación económica está mal». Yotro dirigente de su partido, Ángel Acebes, afirmaba:«El gobierno socialista ha agotado la herencia eco-nómica y deja a España en una crisis económica».

Este doble criterio de medir las cosas ha sido unaconstante en el comportamiento del Partido Popu-lar. Afirmar que todo está bien cuando lo hacemosnosotros y todo mal cuando lo hacen ellos se ha con-vertido en un principio de actuación que marca elcomportamiento del Partido Popular y de sus diri-gentes a la hora de afrontar la situación económicade nuestro país. Un principio que incluso llega, a ve-ces, a situaciones que serían ridículas y hasta gracio-sas si no fuera por la patología política y el cinismoque reflejan. Véase un solo ejemplo de ello: el Parti-do Popular pidió explicaciones en abril de 2011 algobierno socialista por la venta de bombas de racimo


Las propuestas en la oposición, la oferta electoral... · 13

a Libia, acusándolo de los sufrimientos que eso in-fringía a la población civil. Sin embargo, cuando Ma-riano Rajoy formó gobierno nombró ministro de De-fensa a Pedro Morenés, consejero y representante deInstalaza, la empresa que fabricaba esas bombas yque incluso reclama al Estado español 40 millonesde euros por los perjuicios provocados cuando el go-bierno de Zapatero decidió erradicarlas.

Creemos que se trata de una actitud política queno es anecdótica sino que tiene una gran relevanciapara entender lo que está pasando y lo que va a pasarcon la política económica que se va a aplicar en laetapa que estamos viviendo.

¿Quién se percató de la crisis y quién no?

Es sabido que uno de los mayores errores del gobier-no de Rodríguez Zapatero fue empeñarse en negarque una crisis gigantesca se cernía ya sobre nuestraeconomía. No sólo perdió una credibilidad que esesencial para disfrutar de la confianza de la ciudada-nía cuando se gobierna, sino que eso le llevó a aplicarmedidas muy contraproducentes. Porque es eviden-te que no es lo mismo pilotar una economía cuandose encuentra en una fase expansiva, como se empe-ñaba en hacer creer, que en una de auténtica crisis yrecesión, como no se quería ver.

Los dirigentes del Partido Popular han sido ex-traordinariamente duros a la hora de calificar esanegativa del gobierno de Zapatero a reconocer la cri-



sis, y llevan razón en que eso fue muy negativo. Perolo cierto es que ellos mismos negaron lo evidentedesde tiempo atrás, cuando gobernaban y se estabangestando los factores que darían lugar a la crisis, ytambién más tarde, cuando hacían ofertas electora-les en 2008.

La realidad es que numerosos economistas yahabíamos adelantado desde años atrás lo que estabaocurriendo y lo que se iba a producir. Sin embargo,fueron muchos, y desde hacía tiempo, los dirigentespopulares que habían negado, sencillamente porqueentonces eran ellos los que gobernaban, que la eco-nomía española estaba generando una crisis como laque efectivamente se desencadenó después.

El actual ministro de Economía y Competitividad,Luis de Guindos, afirmaba en noviembre de 2003:«No hay burbuja inmobiliaria, sino una evolución deprecios al alza que se va a ir moderando con más vi-viendas en alquiler y más transparencia en los proce-dimientos de urbanismo» (ABC, 2 de noviembre de2003). La misma tesis que sostenía Cristóbal Mon-toro, el actual ministro de Hacienda y Administra-ciones Públicas, que un poco antes también decía:«No existe una burbuja inmobiliaria [...] el conceptode burbuja inmobiliaria es una especulación de laoposición que habla insensatamente de la economíadel ladrillo y olvida que la construcción es un sectorfundamental para la economía del país y en el quetrabajan cerca de un millón de personas» (El Mundo, 2 de octubre de 2003).

Algunos medios se han hecho eco, con motivo de



su reciente nombramiento, de la opinión que el ac-tual ministro de Economía, el citado De Guindos, te-nía en el verano de 2008 sobre la situación de la eco-nomía mundial. En su opinión, el principal problemaque afrontaba entonces la economía mundial era la«tensión inflacionista» y advertía simplemente de una«suave recesión» (Público, 26 de diciembre de 2011).Posiblemente, porque habiendo sido director opera-tivo para Europa de Lehman Brothers, el banco cuyaquiebra se considera el desencadenante material dela crisis, también estaba interesado en ocultar la mag-nitud del desastre que su banco había provocado.

Y hay que tener en cuenta, sobre todo, que el Par-tido Popular tampoco decía absolutamente nada delhorizonte de crisis que se avecinaba ni en su progra-ma electoral de 2008 ni en las ofertas que hacía a losciudadanos, con tal de presentarles un futuro másatractivo que el que pudieran tener si decidían votaral PSOE y éste resultaba ganador de las elecciones.

Buena prueba de ello es que en enero de ese añose celebró la Conferencia Sectorial sobre Economía yEmpleo del Partido Popular y Mariano Rajoy afirmóallí que si vencía en las próximas elecciones, el obje-tivo sería «conseguir el pleno empleo, crear 2,2 mi-llones de puestos de trabajo y elevar la tasa de activi-dad femenina hasta el 68 por ciento en 2011». En elacto de clausura de la conferencia, Rajoy aseguróque impulsaría reformas para que la economía espa-ñola creciera hasta el 3,8 por ciento en 2011 y añadióque ese año preveía que el superávit presupuestariose situaría en el entorno del 3 por ciento del PIB.



¿Seguro que si Mariano Rajoy hubiera resultadoelegido presidente en marzo de 2008 hubiera conse-guido esos objetivos? ¿Sólo porque hubiera goberna-do el PP se hubiera logrado que España fuese el únicopaís del mundo con semejantes registros tan positi-vos? ¿En qué basaba Rajoy sus estimaciones y ofer-tas a la población? ¿Se puede considerar su previsióncomo algo más que humo sin ningún fundamento?¿Se puede criticar a Zapatero porque negaba la crisisy luego estar haciendo esas promesas y pronósticostan aventurados —que sólo se podrían haber alcan-zado sin crisis internacional—, para ganarse la con-fianza del electorado?

¿El PSOE sube impuestos y el PP los baja?

A medida que la situación económica ha ido empeo-rando en los últimos años de crisis, la actitud delPartido Popular ha sido la de quien simplemente es-pera sentado en su puerta que pase el cadáver de suenemigo, bastándole para ello con culpar al gobiernode Zapatero de todos los males que afligían a la eco-nomía mundial.

En muchos de nuestros escritos hemos criticadoreiteradamente lo que nos ha parecido que estabamal de la gestión del gobierno socialista y no cree-mos que seamos sospechosos de mantener hacia éluna posición de simpatía acrítica. Por ello nos pareceque podemos afirmar con autoridad que la actitudde los dirigentes del Partido Popular durante el de-



sarrollo de la crisis ha sido extraordinariamente ne-gativa y contraria incluso a sus propios postuladosideológicos y a las medidas que sus partidos homólo-gos europeos han venido tomando a lo largo de lacrisis. Es decir, que los populares criticaban al ejecu-tivo socialista a sabiendas de que ellos hubieran he-cho exactamente lo mismo, o quizá incluso algo másradical, si la crisis les hubiera cogido, como a otrospartidos conservadores, en el gobierno.

En particular, los dirigentes populares han sidosumamente injustos y poco rigurosos a la hora deevaluar la política fiscal del gobierno socialista. Hanachacado constantemente el incremento del déficit yla deuda a su despilfarro, cuando la realidad es quebajo el mandato de Zapatero se consiguieron alcan-zar los mayores superávits públicos de nuestra histo-ria reciente (algo, por cierto, que nosotros hemoscriticado porque entendíamos que era necesario se-guir aumentando el gasto para reducir el enorme dé-ficit social de nuestra economía con la europea). Tam-bién ha sido algo bastante peor que injusto que losdirigentes populares hayan hecho declaraciones muynegativas sobre la gestión gubernamental y sobre sucapacidad para hacer frente a los problemas internosy externos precisamente cuando la presión de losmercados era más fuerte, coadyuvando así a dañarde una forma muy poco patriótica los intereses detodos los españoles, simplemente para sacar réditoelectoral de ello.

Y si la crítica del PP al gobierno socialista ha al-canzado el paroxismo en algún aspecto ha sido pre-



cisamente en relación con la política impositiva. ElPartido Popular ha criticado todas y cada una de lassubidas de impuestos del gobierno del PSOE olvi-dando que se justificaban por razones extraordina-rias y, sobre todo, que cuando gobernaron los popu-lares, entre 1996 y 2004, aumentó la presión fiscalen España. Aunque, como mostraron diversos infor-mes y estudios oficiales y de investigadores indepen-dientes, fue a costa de las rentas más bajas y favore-ciendo a las altas, a las de capital y principalmente alas inmobiliarias. Valgan algunos ejemplos de su dis-curso:

En febrero de 2009 el actual ministro de Hacien-da decía: «Ya están en su salsa, ya están en donderealmente le gusta estar a un gobierno de estas ca-racterísticas, a un gobierno de izquierda lo que másle gusta es subir los impuestos». La secretaria gene-ral del Partido Popular, María Dolores de Cospedal,afirmaba en septiembre de 2009 que «nunca se hasalido de una crisis subiendo impuestos». La presi-denta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Agui-rre, decía en el verano de 2009: «Subir impuestosme parece un disparate». Y en agosto de 2010 la ac-tual vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez deSantamaría, afirmaba: «Es vergonzoso que planteensubir impuestos». Ya casi en plena campaña de laselecciones generales de 2011 la portavoz del partidoaseguraba: «Si gana Rubalcaba subirán los impues-tos, si gana Rajoy bajarán los impuestos».

El actual presidente del gobierno, Mariano Ra-joy, también ha sido siempre tajante a la hora de cri-



ticar las subidas de impuestos que el ejecutivo deRodríguez Zapatero planteaba para hacer frente a lacrisis:

«En una situación de crisis, donde todo el mun-do lo está pasando mal, donde todo el mundo tienedificultades, donde mucha gente ve cómo no le pagani siquiera la Administración, es un disparate quitarrecursos a los particulares y subir los impuestos [...]este partido se opondrá a cualquier nueva subida deimpuestos que demagógicamente plantee el gobier-no de España» (Mariano Rajoy en Málaga, 11 de ju-lio de 2009).

«Ahora el gobierno habla de que va a subir losimpuestos, incluso ha llegado a decir que es para po-nernos a nivel europeo. Eso es un insulto a los espa-ñoles [...] por tanto, nosotros seremos beligerantescontra las subidas de impuestos que haya hecho elgobierno, como ya lo hemos sido» (Mariano Rajoy,22 de agosto de 2010).

«En principio no voy a tocar ningún impuesto sigano las elecciones, salvo los impuestos a emprende-dores, que ésos sí hay que bajarlos [...]. En el medioy largo plazo, pues según como vaya evolucionandola economía, pero en principio no vamos a tocar nin-gún otro impuesto» (Mariano Rajoy, Cadena Ser,17 de noviembre de 2011).

Ninguna de estas diatribas contra «el gusto» so-cialista por subir impuestos fue tenida en cuentacuando el PP llegó al gobierno: ya en el primer Conse-jo de Ministros del nuevo ejecutivo de Rajoy se apro-bó una subida del Impuesto sobre la Renta y del IBI.



Y lo mismo ocurrió en relación con la amnistíafiscal que introdujo el gobierno de Rajoy en sus pri-meros Presupuestos Generales del Estado. CuandoRodríguez Zapatero dijo en 2010 que estudiaba unapropuesta semejante, la secretaria general del PP locriticó duramente diciendo que era una medida im-presentable, injusta y antisocial, y que sólo era unaparadoja porque significaba que «a los que paganimpuestos se les suben y a los que no, se les perdo-na». Y el ahora presidente le dijo con desprecio: «Yoespero que ésta sea la última ocurrencia».

Zapatero no llevó finalmente a cabo esa idea,mientras que Rajoy la adoptó en seguida que tuvoocasión y, como en el caso de la subida de impuestos,también en relación con la amnistía fiscal hizo locontrario de lo que antes pregonaba.

¿Quién recorta derechos a quién?

Durante la etapa de amplios recortes sociales que elanterior gobierno realizó para tratar de frenar el dé-ficit público, en nuestra opinión equivocadamentecomo hemos demostrado en nuestro libro Hay alternativas... ya citado, los dirigentes del Partido Po-pular se erigieron en los grandes defensores de losderechos de los trabajadores. Su secretaria general,María Dolores de Cospedal, llegó a decir en una in-tervención pública en la Escuela de Verano del PPcatalán: «Los trabajadores, que estén tranquilos,que aquí está el PP para defenderles».



De hecho, el grupo parlamentario de su partidono apoyó prácticamente en ninguna ocasión las me-didas propuestas por el gobierno socialista, aun cuan-do la inmensa mayoría de ellas venían recomendadasy saludadas por la Unión Europea y eran práctica-mente las mismas que las que iban adoptando otrospartidos conservadores europeos socios del PartidoPopular español.

Cuando el presidente Zapatero compareció en elParlamento en mayo de 2010 para presentar su pri-mer gran programa de recortes, Mariano Rajoy selimitó a criticarlo y a lamentar que lo fuesen a pagar«los funcionarios, los pensionistas y las futuras ma-dres».

Sin embargo, también nada más llegar, en el pri-mero de sus consejos de ministros, otras de las medi-das adoptadas, además de la subida de impuestos yacomentada (que en sus dos terceras partes recayó so-bre las rentas del trabajo), fueron congelar el salariomínimo interprofesional, aumentar la jornada basede los empleados públicos de 35 a 37,5 horas sema-nales y congelar su salario, eliminar la posibilidad deconvocar plazas de promoción, reducir en términosreales las pensiones (puesto que se aprobó una subi-da del 1 por ciento por debajo de la inflación), dismi-nuir las ayudas a los jóvenes para el alquiler, congelarlas ayudas a la dependencia, no renovar la renta deemancipación y aplazar una vez más la ampliacióndel permiso de paternidad, en perjuicio principal, ló-gicamente, de las futuras madres a las que defendíaRajoy cuando estaba en la oposición. Y para más inri



de estas últimas, en el decreto de reforma laboralque se aprobó semanas más tarde se volvieron a adop-tar medidas claramente perjudiciales para las ma-dres, como analizaremos más adelante.

Por otro lado, cuando los dirigentes del PartidoPopular se iban negando a asumir los sucesivos re-cortes realizados por el gobierno de Zapatero lo ha-cían argumentando que recaían sobre los más débi-les y que, de esa manera, se perdían derechos. Perolo cierto es que han sido esas mismas políticas de re-cortes, o incluso otras aún más directamente agresi-vas, las que sus propios dirigentes han llevado a caboen las comunidades donde gobiernan (además depor el ejecutivo de la Nación, como acabamos de se-ñalar).

En Galicia se han recortado más de 240 millonesde euros en educación y otros tantos en sanidad, seha suprimido la gratuidad de los libros de texto parael 40 por ciento de las familias, se ha reducido el nú-mero de empleados públicos en esos servicios, sehan privatizado hospitales, 40.000 personas depen-dientes se han quedado sin ayudas y se han recorta-do las políticas activas de empleo. El actual presi-dente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo,ofreció en las elecciones la promesa de «acabar conla crisis y el paro en 45 días». No consiguió lo prime-ro y el paro ahora es más elevado que con el gobiernoanterior.

En Castilla-La Mancha, a pesar de que su presi-denta, María Dolores de Cospedal, ha declarado endiversas ocasiones que «las prestaciones sociales no



se van a recortar» y que su gobierno «no privatiza-rá la sanidad, ni la educación» (RNE, 10 de marzode 2011), el Ejecutivo ha eliminado la ayuda extra de400 euros a 32.000 viudas, ha disminuido los do-centes y empleados de la sanidad pública, ha supri-mido viajes sociales de la tercera edad, ha paraliza-do la construcción de un hospital y del campusuniversitario en Guadalajara, no ha convocado be-cas de diferentes clases, ha bloqueado ayudas a de-pendientes, ha cancelado los convenios con las casasde acogida a maltratadas, ha privatizado buena par-te del sistema de salud pública y ha ampliado la edu-cación concertada, mientras que ha aumentado un15 por ciento los sueldos de los miembros del go-bierno.

En la Comunidad de Madrid se ha recortado lafinanciación de la educación pública mientras que sehan aumentado las ayudas, mediante desgravacio-nes fiscales, a las personas de rentas más elevadasque utilizan la privada. Se han eliminado profesoresy empleados de sanidad, se han reducido o elimina-do ayudas sociales en muchos ayuntamientos y supresidenta cuestiona directamente la universaliza-ción de derechos como el de la educación, en contrade lo que afirman otros dirigentes de su partido o delo que todos ellos habían criticado para enfrentarseelectoralmente al Partido Socialista: «Si la educa-ción es obligatoria y gratuita en una fase a lo mejorno tiene que ser obligatoria y gratuita en todas lasdemás fases» (El Mundo, 19 de septiembre de 2011).

En la Comunidad Valenciana los recortes que



aplica el Partido Popular son aún más amplios y oca-sionados por la política de despilfarro que ha llevadoa cabo en los últimos años, destinando cifras millo-narias y sin apenas control a grandes fastos como lascarreras de Fórmula 1, la visita del papa u otros mega-proyectos que ahora tiene que suprimir. Se ha dismi-nuido la financiación de educación, sanidad, univer-sidades y centros de investigación de excelencia, hayuna grave falta de personal en muchos centros hos-pitalarios, lo que puede obligar a cerrar miles de ca-mas, y el gobierno se plantea aprobar el copago (quea la larga implica mayor gasto y un acceso menosequitativo a los servicios) y el aumento de diversosimpuestos y tasas.

También han sido muy cuantiosos los recortessociales en la Región de Murcia que, sin embargo,renunció a recaudar ingresos mediante impuestoscomo el de patrimonio. En Baleares, el gobierno in-cluso se subió el sueldo entre el 10 y el 20 por ciento.

Se podría argumentar que lo que están haciendolos gobiernos del Partido Popular no es sino lo quehan hecho y hacen casi todos los del mundo que tie-nen su misma inspiración ideológica: recortar gastossociales y evitar subir impuestos a las rentas más ele-vadas. O incluso se podría aceptar, como sus propiosdirigentes afirman, que tienen que llevar a cabo es-tos recortes porque se han encontrado una herenciaenvenenada del anterior gobierno (aunque, comohemos dicho antes, esto sería en gran parte injustotoda vez que también el PP tiene gran responsabili-dad por haber fomentado y consolidado cuando go-



bernaba un modelo productivo tan poco sólido comoel que ha estallado ante nuestros ojos coincidiendocon la crisis internacional). Podrían aceptarse esetipo de argumentos, pero lo que no parece de ningu-na manera aceptable es que los partidos políticosoculten a la ciudadanía lo que saben perfectamenteque van a hacer cuando gobiernen.

Así, y a pesar de las prisas europeas y de la emer-gencia de la situación a la que el propio Partido Popu-lar se refiere, sus dirigentes no presentaron a los espa-ñoles los Presupuestos Generales del Estado hasta queno se celebraron las elecciones en Andalucía y Astu-rias, evidentemente, con la simple pretensión de evitarque la población de estas comunidades se diera cuentade lo que podría sucederle si el PP ganaba allí las elec-ciones. Lo que, por cierto, no le sirvió de mucho.

Al actuar de esta manera, los partidos —y en con-creto el Partido Popular— se presentan a las eleccio-nes con auténticos programas ocultos y eso, a nues-tro juicio, es un engaño y un fraude democrático quenuestras leyes no deberían permitir para que pu-diéramos decir con fundamento que vivimos en unaauténtica democracia.

El Barómetro del Centro de Investigaciones So-ciológicas de diciembre de 2011 señalaba que el 52,4por ciento de la población está de acuerdo en que enla situación de actual crisis económica se debe in-vertir en obras públicas y servicios sociales aunquehaya que aumentar los impuestos, y sólo el 23,2 porciento opina que hay que reducir el déficit y la deudapública, aunque esto pueda generar más desempleo.



A nuestro juicio, no puede decirse que existe demo-cracia cuando los partidos que gobiernan ofrecen unacosa en periodo electoral y luego, en el gobierno, ha-cen lo contrario de lo ofrecido y de lo que, como refle-ja esta encuesta, desean los ciudadanos.


• La teoría económica enseña que el sector pú-blico funciona bien cuando las preferencias delos ciudadanos se revelan adecuadamente. Sieso no ocurre, los burócratas o los grupos depresión toman decisiones que no se correspon-den con lo que desea la mayoría de la sociedad.No sólo se impide así que exista una auténticademocracia, sino que la vida económica se per-vierte y resulta menos eficiente y equitativa.

Para evitarlo es necesario que los servidorespúblicos y los operadores de todo tipo que tie-nen que ver con los intereses sociales, y muyparticularmente los partidos políticos, estén so-metidos a un rígido sistema de rendición decuentas: en una sociedad moderna, justa y segu-ra no puede valer todo con tal de conseguir lospropios intereses o de ganar unos votos más.

• Es preciso evitar y condenar la mentira, la opa-cidad y el ocultamiento deliberado que practi-can los partidos para tratar de ganar eleccio-nes. Por eso,nosparece tambiénimprescindibleque exista un mecanismo adecuado que san-



cione el incumplimiento de las promesas elec-torales porque cuando esto se produce se falseala voluntad de los electores y la propia demo-cracia.

Es cierto que ello ocurre con excesiva fre-cuencia en la mayoría de los partidos pero laexperiencia en España es que el PP y otros par-tidos de derechas, como CiU, se llevan la palma,pues han engañado al electorado a sabiendas:llevaron a cabo medidas contrarias a las que ha-bían prometido casi al día siguiente de salir ele-gidos. Este comportamiento deslegitima la de-mocracia y la desacredita enormemente.

Para que la ciudadanía pueda actuar enconsecuencia es fundamental que se la informede la falta de aplicación de los programas elec-torales de los partidos por organismos y agen-cias creíbles, de financiación pública, que go-cen de plena independencia y que evalúen lasopciones políticas por su credibilidad.


3

Una puerta giratoria bien engrasadapara pasar de lo público a lo privado,

y viceversa

Una de las principales características que está te-niendo la actual crisis es que los poderes financie-ros, personas que forman parte de ellos o que losrepresentan directamente, se están implicando mu-cho más directamente en la actividad gubernamen-tal y no sólo tratan de influir en ella, como habíaocurrido siempre, entre bambalinas, detrás de latramoya.

La larga mano de las finanzas

Este fenómeno comenzó posiblemente con el gobier-no de Bill Clinton, que dejó que personas directa-mente vinculadas con Wall Street se encargasen dellevar a cabo las transformaciones legales desregula-doras necesarias para facilitar las operaciones espe-



culativas que dieron alas a la actividad bancaria queterminó provocando la crisis.

En la Administración de Clinton estuvo Lawren-ce Summers, antiguo director del Banco Mundial,que se encargó directamente de poner en marcha ladesregulación financiera y también Robert Rubin,que pasó directamente de Goldman Sachs a la Se-cretaría del Tesoro (equivalente al Ministerio deHacienda en España). Igual que Henry Paulson,que procedía de Goldman Sachs, fue secretario delTesoro con Georg W. Busch y tuvo una actuacióndecisiva para permitir la quiebra de Lehman Bro-ther.

Uno de los propios ministros de Clinton, RobertReich, reconoció más adelante que fue esa proximi-dad a los intereses de Wall Street la causa principalde que no se llevaran a cabo la mayoría de sus pro-mesas progresistas electorales.

Pero ha sido sin duda con el presidente Obamacuando la presencia de financieros y antiguos di-rectivos del sector bancario ha resultado más deci-siva en la política gubernamental estadounidense.De hecho, el ya mencionado Summers y Tim Geith-ner, de la rama neoyorquina del Banco Central es-tadounidense, The Federal Reserve Board, y tam-bién muy próximo a Wall Street, fueron los quehicieron que Obama cambiara de posición a la horade decidir lo que se debía hacer con la banca.

Antes de ser elegido, el candidato Obama creíaque para resolver la enorme crisis financiera de Esta-dos Unidos debía seguirse el modelo sueco, en lugar


Una puerta giratoria bien engrasada... · 31

del modelo japonés.* Obama creía que para ello ne-cesitaba «buenos» economistas que conocieran bienel funcionamiento de Wall Street y que él ya les diri-giría las pautas a seguir, pero ocurrió lo contrario:los economistas vinculados a las finanzas le impu-sieron la solución política a él y optó por el modelojaponés, ayudando sin límite a los bancos. Obamaignoró que no hay buenos o malos economistas, sinoeconomistas con una u otra ideología y defensores deunos intereses sociales u otros. Aunque, algunos quie-ren presentar sus posturas como puramente científi-cas, como les suele ocurrir a los economistas neolibe-rales de Fedea, la fundación financiada por grandesbancos y empresas transnacionales, que nunca se re-fieren a sí mismos como neoliberales sino como téc-nicos y «buenos» economistas.

* En Suecia se había desregulado mucho el sector financieroa principios de los años ochenta, lo que provocó un auténtico de-sastre en su economía porque la banca se dedicó a la especula-ción y fomentó una enorme burbuja inmobiliaria que, al explotaren 1991, creó una crisis financiera enorme. Tras dos años de in-tentar «salvar» a la banca mediante inyecciones de ayuda públicaque sólo alargaron la resolución del problema, el gobierno suecodecidió nacionalizarla: los directores de la banca fueron despe-didos, los accionistas tuvieron que absorber las pérdidas y el Es-tado adquirió la mayoría de sus activos imponiendo directivos ynuevas formas de gestión. Gracias a ello se recuperó la banca y elcrédito e incluso el Estado sueco recuperó con creces el gasto rea-lizado para ello. El modelo japonés consistió, por el contrario, endar gran cantidad de ayudas a la banca sin exigirle nada a cam-bio, lo que no permitió recuperar el crédito y la estabilidad finan-ciera como en Suecia, tal y como ahora está pasando en Europa.



La prueba de la incorporación a los gobiernos depersonas «contaminadas» por grandes intereses em-presariales es que muy a menudo, cuando se publi-can oficialmente sus biografías, tratan de ocultar suprocedencia y no muestran los grupos a los que hanservido.

Las puertas giratorias

La llegada a los gobiernos de representantes directosde intereses financieros en esta etapa de crisis haido de la mano de otro fenómeno más antiguo que seconoce como el de la «puerta giratoria», es decir, eltrasvase continuo entre la actividad pública y la pri-vada de quienes tienen o han tenido responsabilida-des ejecutivas.

En España se ha dado muy abundantemente y entodos los ámbitos: antiguos gobernadores del Bancode España terminan en muy bien remunerados con-sejos de administración de la banca privada y subgo-bernadores, como portavoces de la patronal bancaria.Responsables de la oficina del presidente Zapateropasaron directamente a la patronal del sector de laconstrucción e incluso antiguos presidentes de go-bierno, como José María Aznar y Felipe González,además de otros innumerables ministros, recibengenerosas retribuciones como asesores o miembrosde consejos de grandes empresas privadas, general-mente, de las que más necesitan estar bien relacio-nadas con las autoridades reguladoras (eléctricas,



petroleras, telecomunicaciones). Y, a veces, se pasapor la puerta haciendo piruetas, como en el caso dela anterior ministra de Economía, Elena Salgado,que para evitar el conflicto de intereses fue contrata-da casi inmediatamente después de concluir su man-dato por Endesa Chile, como si fuese completamenteajena a la sección española. Cuando fue ministra,Elena Salgado indicó que no había ningún inconve-niente en que el economista David Taguas, que ha-bía sido director de la Oficina Económica de la Mon-cloa y cuyo trabajo incluía aconsejar al presidenteZapatero sobre la economía inmobiliaria, entre otrasáreas, dejara la Moncloa para integrarse inmediata-mente como director de la patronal inmobiliaria enEspaña. No es de extrañar que la señora Salgado seintegrara casi inmediatamente después de dejar elgobierno a la empresa Endesa, a fin de utilizar la in-formación privilegiada que consiguió mientras ejer-cía su responsabilidad pública para favorecer los in-tereses de tal transnacional.

Según los datos que las propias empresas presen-tan en sus memorias anuales, en 2010 un 10 por cien-to de los consejeros de las 35 empresas más grandesde la bolsa española eran ex políticos.

El profesor estadounidense Simon Johnson hadocumentado perfectamente la extensión y la grantrascendencia que tiene este constante ir y venir en-tre lo público y lo privado en su libro 13 bankers. TheWall Stret Takeover and the Next Financial Meltdown (Pantheon, 2010). Y el periodista francés MarcRoche ha demostrado cómo ese procedimiento es



especialmente utilizado por el todopoderoso bancoGoldman Sachs en su libro El Banco. CómoGoldmanSachs dirige el mundo (Deusto, 2011).

El proceso se ha agudizado últimamente en Eu-ropa, donde conocidos representantes del capital fi-nanciero privado se han hecho cargo de los principa-les centros políticos de decisión económica.

Concretamente, son antiguos directivos de Gold-man Sachs y de otros grandes bancos los que ahoraocupan la dirección del Banco Central Europeo, ladivisión del Fondo Monetario Internacional (FMI)para Europa y la Agencia Griega de Deuda Pública,además de las presidencias de Grecia e Italia, y de losministros y segundos espadas españoles a los quenos referiremos más adelante.

La circunstancia no es casual, puesto que se tratade dirigir y tomar decisiones que tienen mucho quever con los intereses inmediatos y futuros de la bancay, en particular, con actividades nada claras queGoldman Sachs había llevado a cabo en Europa añosatrás. En concreto, las consecuencias de los acuerdosque en su día se alcanzaron entre ese banco y Grecia.Esos acuerdos son los que, en gran parte, dieron lugara los graves problemas de deuda que ahora sufre elpaís heleno y por los que va a ser castigado, precisa-mente por los mismos que llevaron a cabo las tram-pas en connvivencia con el anterior gobierno conser-vador.

Pero el viaje no ha sido sólo desde el gran bancohacia las instituciones europeas sino que, como bue-na puerta giratoria, también ha permitido que se dé



en dirección contraria. El que se encuentra ahora ala cabeza de Goldman Sachs Internacional es el ir-landés Peter Shuterland, que en su día fue comisariode Competencia. Como también se incorporaron albanco privado diversos economistas procedentes delBanco Central Europeo, donde tuvieron responsabi-lidades de alto nivel.

Y con ese tipo de interrelaciones a nadie puedeextrañar ya que el Banco Central Europeo y las auto-ridades europeas se estén negando a proporcionar lainformación que podría desvelar con todo detallela operación que se produjo entre Goldman Sachs yel Estado griego y los datos sobre la legitimidad de ladeuda que ahora se le reclama a los ciudadanos deese país. O que el Banco Central Europeo y otras ins-tituciones hayan asumido como principal objetivosalvar a los bancos.

¿Biografías de excelencia o conflictos deintereses en el gobierno deMariano Rajoy?

Hasta el momento, y salvando algunos casos másbien excepcionales como el de la anterior ministra deCiencia y Tecnología, Cristina Garmendia, que pro-cedía de grupos empresariales vinculados a la indus-tria biotecnológica, lo que en España se venía dandoera que, como hemos señalado, los políticos se incor-porasen a la defensa de intereses privados al concluirsus funciones. Pero con el actual gobierno de Maria-no Rajoy se han invertido totalmente los papeles y,



por primera vez, se ha producido un desembarcomuy extendido y significativo de representantes delcapital privado en la función pública y en áreas igual-mente significativas. Algo que muestra una genero-sidad encomiable por parte de las personas que seincorporan ahora a los ministerios, que renuncian acientos de miles de euros de sueldo anual, pero quepuede ocultar, si no hay plena transparencia, un evi-dente conflicto de intereses cuando esas personasvan a tener que regular o tomar decisiones de gastosobre sus antiguos sectores o empresas.

El caso más llamativo es el del nuevo ministro deDefensa, Pedro Morenés, que no es simplemente unempresario del ramo de las bombas de racimo, comoya hemos señalado, sino uno de los promotores y eje-cutores directos del incremento del gasto militarvinculado a la industria privada. En su anterior ges-tión en el mismo ministerio, en el de Interior o en elde Ciencia y Tecnología, impulsó los mayores pro-gramas de gasto militar de la historia de España quedejaron tras de sí una deuda de más de 30.000 mi-llones de euros, no claramente justificada en funciónde los intereses nacionales, sino más bien por el de-seo de aumentar las ganancias de las empresas pro-ductoras de armamento. De hecho, fue el anteriorsecretario de Estado de Defensa quien declaró en oc-tubre de 2010 en relación con la deuda heredada dela gestión del actual ministro-empresario: «No de-beríamos haber adquirido sistemas de armas que novamos a usar, para escenarios de confrontación queno existen y con un dinero que no teníamos entonces



ni ahora» («Defensa renegocia 26.000 millones enarmamento que no puede pagar», El País, 13 deagosto de 2011).

Se trata, pues, de un caso paradigmático depuerta giratoria: un responsable de recursos públi-cos que multiplica el gasto en beneficio de empresasprivadas, que pasa a ocupar cargos de responsabi-lidad muy bien retribuidos en ese sector privadocuando deja su función pública, y que vuelve a ges-tionar de nuevo dinero público justamente en unperíodo de recortes y en el que la empresa privadaestá lógicamente más interesada que nunca en quese mantenga un nivel de gasto que le siga reportan-do beneficios.

La prueba de que todo ello puede resultar algosospechoso es que el nuevo ministro llegue al despa-cho después de haber sido presidente en España deMBDA, uno de los mayores fabricantes de misilesdel mundo; de Segur Ibérica, una empresa de segu-ridad privada contratista de su nuevo ministerio; ytambién de Kuitber, una consultora del sector de ladefensa y la seguridad. Que haya sido igualmenteconsejero de Aritex, una empresa de componentespara el A400M; de Instalaza, como hemos señaladomás arriba; de Gamo Outdoor, un fabricante de ri-fles de aire comprimido, entre otras empresas; y due-ño de I-Sec Ibérica, una consultora en materias deseguridad. Pero que, sorprendentemente, de nadade eso se haga mención en la biografía oficial que semuestra en la web del Palacio de la Moncloa. Si esalgo normal y natural, ¿qué interés hay en ocultarlo?



Otro caso de la misma naturaleza, de uso depuerta giratoria y de ida y vuelta entre la actividadprivada y la pública que ha de regularla, es el de Luisde Guindos, ministro de Economía y Competitivi-dad. Antiguo director general y secretario general dePolítica Económica y Defensa de la Competencia, se-cretario de Estado de Economía y secretario de laComisión Delegada de Asuntos Económicos del Go-bierno y vicepresidente del Comité de Política Eco-nómica (EPC) de la Unión Europea, el actual minis-tro dio el salto a la iniciativa privada en cuanto supartido dejó el gobierno. Entonces fue presidenteejecutivo para España y Portugal de Lehman Bro-thers, el banco cuya quiebra se suele considerar elúltimo detonante de la crisis, y de Nomura SecuritiesBrothers. Luego, pasó a ser responsable de ServiciosFinancieros de PricewaterhouseCoopers. Ahora ten-drá en sus manos la regulación y la toma de decisio-nes de un buen número de asuntos vinculados consus anteriores actividades, entre ellas el futuro de laCaja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), una enti-dad en la que Lehman Brothers intervino en su díacon resultados muy discutibles.

Pero este desembarco se produce no sólo en laprimera fila del ejecutivo de Mariano Rajoy sino queincluso es más significativo aún el que se ha dado enlos segundos escalones de la Administración. Así, elsecretario de Estado de Defensa dejó nada más ynada menos que la presidencia de Boeing Españay la vicepresidencia de Boeing Internacional, si bienes verdad que allí llegó después de haber sido direc-



tor de gabinete del anterior ministro del PP EduardoSerra. El nuevo subsecretario de la Presidencia dejóde ser el director general de la asesoría jurídica delBanco de Santander y vicesecretario del consejodel banco, pasando así de ganar, según afirmaba eldiario ABC, de entre 300.000 euros y un millón alaño a unos 70.000. El secretario de Estado de Ha-cienda era socio de fiscalidad internacional de Pri-cewaterhouseCoopers, donde llegó a ser directorfinanciero. Y el nuevo secretario General del Tesoro,que anteriormente fue subdirector general de ese or-ganismo, proviene inicialmente, como el ministro deEconomía, de Lehman Brothers, donde era responsa-ble de financiación del sector público. Más tarde, des-pués de su quiebra, fuemanaging directorde BarclaysCapital. La directora general de Seguros y Fondosde Pensiones era directora de Estudios y Reaseguro dela Mutua Madrileña, y el nuevo presidente del Insti-tuto de Crédito Oficial proviene del BBVA, dondeera director de relaciones institucionales.

La prensa que simpatiza con el PP suele valorarmuy positivamente la presencia en la Administraciónde personas con este tipo de currículum. La considerauna muestra de la preparación y valía de quienes de-fienden los intereses públicos y una garantía de quelos recursos serán utilizados con solvencia y eficacia.

Sin embargo, la experiencia histórica no demues-tra que sea eso lo que siempre ocurra. Lo normal esque quien lleva toda su vida defendiendo, gestionan-do y cobrando del capital privado sirva a los mismosintereses cuando, eventualmente, ocupa cargos en la



Administración. Y al revés, que cuando las grandesempresas privadas incorporan a sus consejos a anti-guos responsables públicos no lo hagan porque se-pan que allí van a actuar con independencia de crite-rio o incluso con plena dedicación, sino porque vanbuscando su permanente influencia en los centros dedecisión con los que suelen seguir manteniendo es-trechas relaciones.

De hecho, lo cierto es que los mayores y más gra-ves casos de corrupción se vienen produciendo allídonde la confusión entre intereses privados y públi-cos es mayor, cuando no están bien deslindadas lasresponsabilidades y cuando se deja que quienes sir-ven al interés privado definan a su antojo las necesi-dades públicas.


• No se puede poner en duda la buena voluntadde personas que en una etapa de su vida deci-den renunciar a buenos sueldos y comodidadespor espíritu de servicio y amor a la patria pero,como la experiencia muestra que, a veces, estosúltimos son tan sutiles que se entremezclancon el amor al beneficio privado, lo mejor quepuede hacerse es crear normas que establezcanmuy claramente la incompatibilidad y la fron-tera entre ambos.

• Si lo que prima es el espíritu de servicio, nadahay que pueda objetarse a dilatar los plazos



para poder incorporarse a otro tipo de activida-des o el que la función pública, por ejemplo, nopueda ejercerse en campos colindantes con laactividad privada realizada anteriormente, y vi-ceversa. Y eso, desgraciadamente, no está sufi-cientemente garantizado en nuestra legislación,tal y como demuestran los numerosos casos deconflictos mal resueltos, la desconfianza gene-ralizada entre los ciudadanos y, sobre todo, laextensa corrupción en la gestión de los interesespúblicos, que la inmensa mayoría de la socie-dad contempla con frustración y deplora.

• Por eso sería necesario reforzar la normativade incompatibilidades y dificultar que quieneshan ejercido responsabilidades públicas tras-pasen sus relaciones y conocimientos al servi-cio del interés privado, o que quienes sirven aeste último utilicen la función pública para sa-tisfacerlo. Cuanto más estricta sea esta legisla-ción, más confianza tendrán los ciudadanos ensus representantes, menos corrupción habrá ymás transparente, eficiente y justa será la acti-vidad económica.


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Donde dije digo, digo despido:la reforma laboral más agresiva

de la democracia

El 9 de febrero de 2012, el ministro de Economía yCompetitividad, Luis de Guindos, se encontraba enuna reunión del Eurogrupo, en Bruselas, charlandocon el comisario europeo de Economía, Olli Rehn y,sin percatarse de que estaba siendo grabado, o quizáprecisamente por ello, le comentó a este último quela reforma laboral de su gobierno iba a ser «extrema-damente agresiva» y que iba a «reducir las indemni-zaciones por despido» y «flexibilizar la negociacióncolectiva». La prensa señaló al día siguiente que elcomisario respondió: «Eso sería estupendo. Muybien» (El Mundo, 10 de febrero de 2012).

Se desvelaba así una contradicción más entre loque el Partido Popular había afirmado durante suetapa en la oposición y lo que haría estando en el go-bierno, entre lo que criticaba al gobierno socialistaanterior y lo que él mismo hacía después de ganar las



elecciones. Y, por supuesto, en seguida se confirmóque la agresividad a la que se refería el ministro noera simple retórica, porque la reforma resultó ser elataque más fuerte a los derechos laborales y socialesde toda la reciente etapa democrática española.

Demagogia y mentiras sobre el despido

Mientras estuvo en la oposición, el Partido Popularafirmó por los cuatro puntos cardinales que una delas cosas que no haría si gobernaba sería abaratar eldespido y criticó al gobierno de Rodríguez Zapaterocuando lo hizo.

El 20 de octubre de 2011, el entonces portavozdel PP, Esteban González Pons, afirmaba en «LosDesayunos de TVE»: «En un mercado laboral queestá perdiendo trabajadores sólo falta que a los em-presarios se les facilite el despido».

Anteriormente, en el debate del mes de junio de2011 sobre la reforma laboral del anterior gobierno,la actual vicepresidenta del ejecutivo y entonces por-tavoz del Grupo Popular en el Congreso, SorayaSáenz de Santamaría, afirmaba que «lo que necesitaEspaña no es facilitar el despido, no es fomentar lasalida, sino la contratación».

El actual ministro de Hacienda, Cristóbal Mon-toro, que entonces actuaba como portavoz econó-mico del PP, afirmaba en junio de 2010 que «el pro-blema económico de España no se soluciona con elabaratamiento del despido». En su intervención en


Donde dije digo, digo despido: la reforma laboral más agresiva... · 45

el Congreso de los Diputados del 16 de junio de 2010denunciaba al gobierno por tomar decisiones «queponen el foco sobre el despido y su abaratamiento enun momento en el que necesitamos trasladar con-fianza y seguridad a millones de personas que sien-ten amenazado su puesto de trabajo».

El actual presidente del gobierno ya había carga-do contra Zapatero en el Congreso de los Diputadosel 15 de diciembre de 2010: «Ha hecho una reformalaboral para el despido y no para el empleo». Y ennoviembre de 2011 seguía manteniendo la misma te-sis: «Hicieron una reforma laboral que ha provocadomás paro y ha abaratado el despido. Son maestros endecir una cosa y hacer la contraria».

Sin embargo, el 10 de febrero de 2012, el Consejode Ministros que preside Mariano Rajoy aprobó unReal Decreto de Reforma Laboral que, además defacilitar el despido por otras vías, reduce la indemni-zación de 45 días por año con un límite de 42 men-sualidades en el despido improcedente, y a 33 díascon un límite de 24 mensualidades en todos los con-tratos indefinidos.

Lo que pretende la reforma laboral,según el gobierno

Como en ocasiones anteriores, el gobierno de Rajoypresenta la reforma laboral como el camino impres-cindible y seguro para solucionar el problema delparo, que es el que más preocupa desde hace años a



los españoles. Ahora, en el documento con el que lareforma ha sido presentada en sociedad, se dice tex-tualmente que gracias a ella habrá más empleo, másestable, más flexibilidad interna en la empresa, má-seficacia del mercado de trabajo, más control y luchacontra el fraude...

Muy buenas palabras para que la opinión públicasienta confianza y acepte sin rechistar la nueva refor-ma. Nadie puede negarse, desde luego, a apoyar unasmedidas que pretenden estos objetivos tan desea-bles. Pero el problema radica en que, aunque se ocul-te, ya disponemos de suficiente experiencia sobre loque de verdad se consigue con el tipo de medidas fle-xibilizadoras, de recorte de derechos laborales y deabaratamiento del trabajo que, de nuevo, se vuelvena imponer.

Los datos históricos nos permiten saber que laestrategia general que persigue esta reforma y lasmedidas concretas más relevantes que contiene, queno son nuevas, no han permitido nunca alcanzar losobjetivos que dice el gobierno (más empleo, más em-pleo de calidad y mejores condiciones de la econo-mía en general). Por tanto, no hay razones para es-perar que ahora puedan lograrlo.

La estrategia de la reforma

Las grandes líneas de las medidas que contiene la re-forma no comportan, una a una, grandes novedades(salvo las referidas a la negociación colectiva, que co-



mentamos más abajo) y podrían incluirse fácilmenteen las de las reformas laborales que se vienen llevan-do a cabo desde los años ochenta:

• Abaratar el despido. Como hemos dicho, lanueva reforma reduce la indemnización de 45días por año con un límite de 42 mensualida-des en el despido improcedente y a 33 días conun límite de 24 mensualidades en todos loscontratos indefinidos. Pero, además, modificalas causas de despido para evitar el control ju-dicial, elimina la autorización administrativaen los despidos colectivos y facilita el despidopor absentismo, el debido a enfermedad o porresultados económicos.

• Flexibilizar el marco general de las relacioneslaborales. La nueva reforma amplía las posibi-lidades de movilidad geográfica, facilita al em-presario la posibilidad de modificar las condi-ciones de trabajo y permite suspender o reducirtemporalmente la jornada de trabajo, sin auto-rización administrativa.

• Promover la negociación individual de las con-diciones de trabajo acabando con la colectiva.La nueva reforma permite la inaplicación delos convenios mediante el arbitraje obligato-rio, acaba con la prórroga automática de losconvenios colectivos a los dos años de la termi-nación de su vigencia inicial y da preferenciasiempre al convenio de empresa respecto alsectorial.



• Abaratar el empleo (especialmente de los jóve-nes) permitiendo la existencia de auténticoscontratos basura y la intensificación del trabajofemenino. La nueva reforma crea un nuevo tipode contrato indefinido que podrá utilizar el 95por ciento de las empresas españolas y que podráextinguirse durante su primer año sin indemni-zación alguna por la simple voluntad del empre-sario. También contempla otro contrato para laformación y el aprendizaje que se desvincula dela formación del trabajador. Al mismo tiempo,modifica el contrato a tiempo parcial para per-mitir la realización de horas extraordinarias,algo que es intrínsecamente contradictorio.

Además de todo ello, conlleva otras medidas,como las de bonificaciones y subvenciones, cambiosinstitucionales significativos (como acabar con elmonopolio de la formación de patronales y sindica-tos, lo que aún es pronto para saber el efecto prácticoque pueda tener) y la posibilidad de que los organis-mos públicos lleven a cabo expedientes de regula-ción de empleo. La reforma conlleva más privilegiosa las grandes empresas de trabajo temporal y, comocorolario de todo lo anterior, facilita la reducción delos costes laborales y la moderación salarial.

Lo que esta reforma busca no es, como en otrasocasiones, que el mercado de trabajo español res-ponda en mayor medida a los principios que vienensosteniendo los economistas neoliberales: que todoél sea más flexible para facilitar un mejor ajuste en-



tre oferta y demanda de trabajo. No. Lo que creemosque el gobierno ha buscado ahora es limitarse a pro-teger y ampliar el poder de decisión de las empresasespañolas a costa de los derechos de los trabajadores,posiblemente en la previsión de que no va a ser capazde mejorar las condiciones del entorno económico acorto y medio plazo y que lo que se avecina es, portanto, muchos más y peores nubarrones en el pano-rama económico.

Por eso la reforma ha sido tan bien recibida porla patronal y en menor medida por los analistas eco-nómicos neoliberales que, en realidad, han vistofrustradas sus propuestas de los últimos años (sobretodo, la del contrato único) orientadas a desregularla totalidad del mercado y no sólo la actividad en elinterior de la empresa (aunque valoren positivamen-te lo que la reforma propone en este campo).

La reforma es efectivamente tímida desde elpunto de vista neoliberal en lo que se refiere a la ma-cro regulación del mercado laboral, pero es la refor-ma más profunda y radical de los últimos treintaaños desde el punto de vista de la desaparición dederechos de los trabajadores y de la distribuciónde los poderes de decisión entre los propietarios delcapital y los trabajadores. Es una reforma decisivano sólo por lo que va a conseguir a corto plazo (másdespidos), sino por las condiciones que establecepara el futuro de la economía española que, con elnuevo diseño del marco laboral que se le impone, nopodrá especializarse sino en el suministro de servi-cios de baja calidad y valor añadido para ponerse a la



altura, en todo caso, de las economías más empobre-cidas de nuestro entorno.

El gobierno no ha planteado una reforma paracrear empleo, ni para crearlo de calidad, ni para dis-minuir la temporalidad, ni la dualidad, ni para mejo-rar la formación o facilitar la conciliación, sino paraproteger a los empresarios cuando sabe que la eco-nomía no se va a recuperar y que, como consecuen-cia de las políticas de austeridad que aplica y de lasconcesiones que hace a la banca, sus negocios ten-drán menos demanda y menos actividad productivay, por tanto, menos necesidad de empleo.

De hecho, las medidas verdaderamente relevantesde la reforma y las que han sido más aplaudidas porsus defensores son las encaminadas a dar prioridad alos convenios de empresa, a permitir que los empresa-rios puedan modificar unilateralmente las condicio-nes individuales de los trabajadores (con control ju-dicial solo posterior), las condiciones laborales ysalariales de los convenios colectivos, especialmentelas relativas a jornada, y eliminar la prórroga automá-tica indefinida de los convenios.

Así, el artículo 12 del proyecto modifica el Esta-tuto de los Trabajadores estableciendo que a partirde ahora «la dirección de la empresa podrá acordarmodificaciones sustanciales de las condiciones detrabajo cuando existan probadas razones económi-cas, técnicas, organizativas o de producción. Se con-sideraran tales las que estén relacionadas con la com-petitividad, productividad u organización técnica odel trabajo en la empresa». Y esas modificaciones se



considerarán sustanciales cuando afecten a materiascomo jornada de trabajo, horario y distribución deltiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sis-tema de remuneración y cuantía salarial, sistema detrabajo y rendimiento y, en algunos casos, funciones.Es decir, a la práctica totalidad de las que tienen quever con las condiciones de trabajo.

Éste es el cambio radical que comporta la refor-ma. Radical pues lo que hace en la práctica es unaauténtica voladura controlada de los derechos labora-les y de los principios que dieron lugar al Derecho delTrabajo. En lugar de que el legislador admita que enla relación laboral hay una asimetría profunda por-que empresarios y trabajadores parten de situacionesdiferentes y disponen de un poder de negociaciónmuy desigual, y que, por tanto, los segundos necesita-ron normas que los protejan, se concede ahora todo elpoder de decisión a quien lo tiene de partida por ser elpropietario del capital frente a quien sólo dispone desu fuerza de trabajo. Esto es una puerta abierta a laarbitrariedad, tratando de imponer por la fuerza unadocilidad que es todo lo contrario de lo que necesitauna empresa para ser cooperadora y eficiente.

A nuestro juicio, la nueva reforma laboral se basaen el principio más reaccionario e injusto que puedetener una norma: tratar igual a los desiguales. Ponien-do al empresario frente al trabajador individual, sinque a éste le pueda apoyar un convenio que es el resul-tado del poder colectivo mucho mayor que el suyopropio, la consecuencia inevitable no va a ser otra quela degradación de las condiciones laborales.



Y lo cínicamente paradójico es que el gobierno ylos economistas neoliberales llamen a eso «moderni-zación de la negociación colectiva» cuando lo quehace la reforma, en realidad, es retroceder a la formaen que se contrataba a los trabajadores a finales delsiglo xix.

A medio y largo plazo, como queda dicho, no va atraer otra consecuencia que la degeneración de lascondiciones de trabajo, el deterioro del mercado la-boral y, con ello, el de toda la economía. Y está pordeterminar cuál va a ser su efecto definitivo a cortoplazo teniendo en cuenta que el gobierno ha pues-to al alcance de los empresarios dos vías de respuestaante la mala coyuntura en la que estamos y que pro-vocarán efectos diferentes según se use preferente-mente una u otra: el despido más barato para aliviarplantillas y el reajuste interno, ahora más cómodo,para evitarlo.

¿Qué podemos esperar de la reforma?

Las preguntas que se hacen los ciudadanos normalesy corrientes ante una reforma de esta magnitud sonelementales, y a ellas sería a las que habría que res-ponder con rigor:

¿Llevarán razón los neoliberales y el gobierno yserá verdad que con el despido más barato las em-presas contratarán a partir de ahora más empleo in-definido que temporal? ¿O, por el contrario, optaránla mayoría de las empresas por aprovecharse en los



próximos meses del despido más barato para desem-barazarse de contratos indefinidos y sustituirlos portemporales o por los más precarios que crea la refor-ma? ¿Es cierto, como creen los dirigentes empresa-riales, que lo que se necesita para salvar a las empre-sas españolas en esta coyuntura crítica es dar máspoder a los empresarios y reducir los derechos labo-rales y el coste del trabajo? ¿Será suficiente con esopara evitar que sigan cerrando miles de empresas yperdiéndose cientos de miles de empleo?

Naturalmente, nadie tiene una bola de cristalpara saber lo que ocurrirá en el futuro. Pero resulta,como decíamos al principio, que hoy día sabemos loque ha ocurrido en España y en otros países cuandose han tomado este tipo de medidas y que, en conse-cuencia, se puede predecir lo que va a volver a suce-der con las que se van a aprobar ahora.

La evidencia empírica nos dice con bastante cla-ridad lo que suele suceder cuando se reduce el costedel despido, que es lo que viene haciéndose desde losaños ochenta, y en España en mayor medida que enningún otro país de la OCDE. A saber:

• No se crea empleo neto porque facilita muchosu destrucción en etapas de recesión como laactual.

• No disminuye el nivel de desempleo porquetambién se ha demostrado hace tiempo que lasdecisiones sobre contratación de los empresa-rios dependen de otros factores distintos a loscostes del despido.



• No reduce la temporalidad ni se produce unincremento sustantivo de la contratación inde-finida.

Por tanto, ahora, en una coyuntura recesiva comola actual, lo que con toda probabilidad cabe esperarde las medidas laborales que ha tomado el gobiernoes que produzcan el mismo efecto que se consiguiócon las sucesivas reducciones del coste del despido:que aumenten los despidos.

Por otro lado, la evidencia empírica también de-muestra justamente lo contrario de lo que afirmanquienes defienden este tipo de reformas. La mayorflexibilidad interna en las empresas puede ser gene-radora de empleo en algunas. En realidad, casi ex-clusivamente en las que no resulten muy afectadaspor la caída en la demanda que, inevitablemente, lle-va consigo la reducción de los ingresos que producela mayor precarización del empleo cuando se recor-tan los derechos y el poder de negociación de los tra-bajadores.

Y es fácil constatar que ha sido precisamente laprogresiva flexibilización de las relaciones laboralesque se viene produciendo en los últimos treinta añosla que ha traído consigo el empleo de baja calidad,los salarios más bajos y el fenómeno de la «dualidad»en el mercado de trabajo. Esto es, la existencia, porun lado, de trabajadores con contratos indefinidos,alto grado de seguridad y aceptables condiciones detrabajo y, por otro, de otros con empleo temporal, in-seguro y mal pagado. Y, como resultado de todo ello,



una menor demanda y ritmos más bajos de creci-miento de la actividad económica y de la creación deempleo.

Es por eso que se puede adelantar que si las em-presas españolas optan por el reajuste interno ha-ciendo uso de la mayor flexibilidad interna que ofrecela nueva reforma, quizá podría mantenerse el em-pleo siempre que existiese suficiente demanda efec-tiva. Pero, incluso en ese caso, lo que ocurriría seríaque empeoraría la situación de los trabajadores conmejores empleos sin mejorar la de los precarioscon contratos temporales. Una vía retrógrada de«luchar» contra la dualidad.

Pero sin mejorar las condiciones de entorno delmercado de trabajo, manteniendo las políticas derestricción del gasto y de moderación salarial, lo queinevitablemente va a ocurrir es que habrá menos de-manda y que la inmensa mayoría de las empresas(las que no disponen de gran poder de mercado o deyacimientos de actividad en el mercado global) novan a poder sobrevivir ni mantener el empleo actualpor mucho poder de decisión que acumulen los em-presarios. Imponiendo salarios cada vez más bajos yreduciendo el gasto en la economía, ese poder no lesva a servir de mucho. Nadie puede salir de un hoyotirándose de los pelos, que es lo que en realidad ofre-ce el gobierno a los empresarios con este nuevo mar-co de legislación laboral tan favorable para ellos.



Una reforma basada en errores y mentiras

En definitiva, esta nueva reforma sigue dejando so-bre el cuello de las empresas y los trabajadores espa-ñoles la misma espada de Damocles que se obstinanen no tener en cuenta ni la patronal ni los economis-tas neoliberales: la falta de actividad y las malas con-diciones macroeconómicas.

Un gran número de análisis empíricos han mos-trado que, incluso si se pudiera aceptar que actuarsobre algunas de las variables institucionales que lastesis ortodoxas consideran causa del desempleo tu-viera un efecto significativo sobre el nivel de empleoo sobre su calidad cuando se analizan aisladamente,lo que generalizadamente ocurre cuando se tomanen consideración otras variables es que o no lo tieneno es mucho menos determinante que otros factoresrelativos a las condiciones macroeconómicas en quese desenvuelve el mercado de trabajo (Navarro, V., J.Torres y A. Garzón, Hay alternativas. Propuestaspara crear empleo y bienestar social en España, cit.,pp. 83 y siguientes).

Dicho de otra forma: incluso si ocurriera que lasempresas españolas optan en esta situación recesivaque va a ir a peor por reajustar internamente sus plan-tillas y no por despedir con menos coste a sus trabaja-dores, lo fundamental está sin resolver: en la economíaespañola no hay demanda suficiente ni la financiaciónnecesaria para que las empresas puedan crear o inclu-so mantener el empleo, por muy protectoras del em-presariado que fuesen las nuevas normas laborales.



En lugar de abordar este asunto, que es el priori-tario y del que realmente depende que se mejore elmercado laboral y que se salven miles de empresas ymillones de empleos, el gobierno del Partido Popu-lar ha preferido ir por la vía más fácil de concedermás poder a los empresarios, ya de por sí más pode-rosos, y quitar derechos y capacidad de decisión a lostrabajadores. Pero ni siquiera a la inmensa mayoríade los empresarios les va a compensar disponer deestos privilegios decimonónicos, porque empobrecera los trabajadores es empobrecer a la sociedad y, a lalarga, a los propios empresarios que realmente se de-dican a crear riqueza y empleo.

La actual reforma se basa, una vez más, en unpresupuesto neoliberal falso consistente en afirmarque la causa de que no se cree suficiente empleo seencuentra en el mercado de trabajo, en la existenciade salarios demasiado elevados y de supuestas rigi-deces que impiden que los trabajadores se coloquenallí donde hay empleos. Es falso porque la realidades otra: las empresas destruyen empleos y no los creanporque no tienen financiación ni demanda suficien-te para sus productos. Si los tuvieran no les supon-dría un problema la legislación laboral vigente. Asílo prueba el hecho de que con las mismas normas yderechos laborales España fuese el país europeo quemás puestos de trabajo creó en la anterior etapa deexpansión económica.

Tampoco es verdad que las dificultades para lacreación de empleo provengan del «excesivo» gastopúblico porque España es el país con un gasto públi-



co como porcentaje del PIB más bajo de la UE-15; nidel exceso de empleados públicos, porque nuestronúmero también está por debajo de la media euro-pea de los 15; ni de la «inflada» protección social,porque España tiene el gasto público social por habi-tante más bajo de la UE-15. Suecia (por cierto, go-bernada por conservadores durante estos años) tieneuno de los mercados laborales más regulados, mayorempleo público, mayor gasto en sus servicios ytransferencias del Estado del bienestar, uno de losdesempleos menores y un mayor crecimiento eco-nómico entre los países de la UE-15 (Navarro, V. ElSubdesarrollo Social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama, 2006).

España es el país que tiene menos puestos de tra-bajo por cada 1.000 habitantes de la UE-15 (396), jun-to con Grecia (373) e Italia (380). Y donde se ve quehay un gran déficit es en el sector público. En Españasólo un 9 por ciento de la población adulta trabaja enel sector público mientras que el promedio de la UE-15 es un 15 por ciento, y en Suecia, un 25. Si en Españatuviéramos las mismas tasas de empleo público quetiene Suecia, tendríamos cinco millones más de pues-tos de trabajo (que es prácticamente el mismo númerode desempleados que existen hoy en nuestro país).


• España necesita mayor impulso a la actividad,garantizar la financiación de las empresas y



consumidores, como ya hemos expuesto, y másgasto público y privado para que las empresaspuedan contratar a más trabajadores.

• La escasa capacidad de creación de empleo enEspaña también tiene mucho que ver con ladiscriminación que sufren las mujeres. Si se fa-cilitara su integración en el mercado de trabajo(mediante el desarrollo de infraestructuras deservicios tales como escuelas de infancia y ser-vicios domiciliarios) habría en España tres mi-llones más de trabajadores creando riqueza eingresos, tanto privados como públicos. De he-cho, se calcula que por cada entrada de unamujer en el mercado de trabajo se genera la ne-cesidad de crear 0,4 nuevos puestos de trabajoen los servicios de carácter personal que pro-veen las amas de casa (en limpieza, restauran-tes y otros). Trabajo crea trabajo y no al revés,como pretenden las reformas laborales comola que aprobó el Partido Popular o antes el so-cialista.

• La creación de estos empleos se podría finan-ciar con programas de fuerte impacto utilizandofondos públicos, aunque para ello es impres-cindible incrementar los ingresos al Estado,que hoy en día son, en España (35 por ciento),los más bajos de la UE-15 (44 por ciento) y, porsupuesto, de países más avanzados como Sue-cia (54 por ciento). Para ello, como veremosmás adelante, es fundamental combatir el enor-me fraude fiscal, que en España se cifra en



unos 75.000 millones de euros y que en sustres cuartas partes se concentra en las grandesfortunas, en las grandes empresas que facturanmás de 150 millones de euros al año y en labanca. El problema no es, como dicen los neo-liberales que inspiran al gobierno del PP, queEspaña no tenga fondos. Lo que ocurre esque el Estado no los recoge y, por lo tanto, nopuede crear empleo. Ahí está el problema si-lenciado en los mayores medios de difusión ypersuasión del país, los mismos medios quecontinúan machacando con el sambenito delas rigideces del mercado laboral y culpabili-zando a los sindicatos por el elevado desem-pleo. Y así se falta a la verdad y se esconden losdatos reales en un país que se autodefine comodemocrático.


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Defender a la familia...haciéndole la vida imposible

Una característica común a los políticos de derechasespañoles es que se presentan siempre como los gran-des defensores de la familia. Pero es una paradojamuy significativa que, a pesar de ello, los países don-de ha habido más influencia de la jerarquía de laIglesia Católica, que tanto dice defender a la familia,y también dictaduras de derechas que han contadocon su apoyo y simpatía, como España, sean los quededican menos gasto social a protegerla y donde laspolíticas familiares son más pobres e ineficaces. Unafamilia española, por ejemplo, tendría que teneronce hijos y unos ingresos inferiores a 9.500 euros alaño para disfrutar de las mismas prestaciones queuna familia en Alemania, con dos hijos e indepen-dientemente de sus ingresos.

Los líderes del Partido Popular han hecho siem-pre de la defensa de la familia una de sus grandes



banderas políticas. Han salido a la calle cuando hangobernado los socialistas para defenderla y siempreconsideran que está en peligro si no son ellos los quegobiernan. El propio Mariano Rajoy ha hecho abun-dantes y combativas declaraciones en defensa de lafamilia y los valores familiares: «Apoyar a la familiaes la mejor inversión en tiempos difíciles [...]. Noso-tros nos comprometemos a trazar una perspectivafamiliar en todas las políticas públicas, de forma quelas familias sean tenidas en cuenta de manera trans-versal en todos los ámbitos» (Todo papás, http://bit.ly/vcUmjH, noviembre de 2011).

Dejando aparte que cuando defienden a la fami-lia, la mayoría de los dirigentes del PP se refierensólo a la de composición más tradicional y que hoydía no es la única expresión institucional del com-promiso mutuo entre las parejas y del amor, lo ciertoes que esta defensa tan ardiente de la institución fa-miliar resulta en realidad muy vacía y contradictoriasi se tiene en cuenta lo que de verdad hace el PartidoPopular cuando gobierna. La mayoría de sus diri-gentes, por ejemplo, se niegan a investigar y conde-nar el robo de niños durante el franquismo, quizáuno de los crímenes más abyectos que se han come-tido contra la familia a lo largo de la historia. Y en laetapa de gobierno de José María Aznar, que tantasveces se presenta como la del «milagro» español, re-sultó que no sólo no se hicieron avances sustancialesen política de ayuda a las familias, sino que empeoróla situación económica de las que tenían rentas másbajas, como veremos en seguida.


Defender a la familia... haciéndole la vida imposible · 63

Si se atiende a lo que ha ocurrido cuando en Espa-ña ha gobernado el PP se comprueba fácilmente queuna cosa es defender a la familia de boquilla y otramejorar de verdad sus condiciones de vida, aumentarsus ingresos, proporcionarle empleo de calidad y es-table, viviendas dignas y asequibles, o aumentar laprovisión de bienes sociales a su disposición.

Los efectos sobre las familias de las políticasdel PP

Según la Encuesta Financiera de las Familias delBanco de España (Boletín Económico nº 37 diciem-bre de 2007) entre 2002 y 2005, cuando Aznar decíaque nuestra economía iba mejor que nunca, la rentamedia correspondiente al 20 por ciento más pobrede los hogares de España se redujo en un 23,6 porciento, mientras que la renta media del 10 por cientomás rico se incrementó más de un 15 por ciento, y ladiferencia de renta media entre el 10 por ciento másrico y el 20 por ciento más pobre de los hogares espa-ñoles pasó de 12,03 veces a 17,4. De hecho, única-mente el tramo de renta más elevada registró subidade ingresos. Está claro, pues que el PP defendió mu-cho más a unas familias que a otras

Sólo la política liberalizadora del suelo del Parti-do Popular, que provocó la burbuja inmobiliaria, yarepresentó una «tajada» impresionante en los ingre-sos familiares a favor de los bancos y de los promoto-res: según esa misma encuesta, en 2002 había un



42,5 por ciento de las familias que tenía que dedicarmás del 40 por ciento de su renta a las deudas con-traídas para pagar su vivienda mientras que en 2005ese porcentaje había subido al 70,9 por ciento de loshogares. Algo que era lógico que ocurriera porque laspolíticas del PP dieron lugar a que el precio de la vi-vienda libre en España creciera entre 1996 y 2004 aun ritmo superior al 10,6 por ciento anual y a que elmetro cuadrado de suelo urbano subiera un 28,3 porciento anual entre 1998 y 2004. Con esos precios erainevitable que se disparase el endeudamiento fami-liar. Además, el Partido Popular también redujo sus-tancialmente, en un 30 por ciento y a pesar del boominmobiliario al que dio lugar, la construcción de vi-viendas de protección oficial para las personas de ni-veles de ingresos modestos: pasaron de 67.000 en elaño 1995 a menos de 42.000 en 2003. Y muy en con-tra, por cierto, de la promesa de construir 400.000viviendas que incluía su programa electoral para elsegundo mandato.

Según los datos de la OCDE (Growing Unequal?Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OCDE, 2008), la desigualdad fue reduciéndoseen España durante la etapa de gobierno de FelipeGonzález, mientras que aumentó de mediados de losnoventa a mediados de la primera década del si-glo xxi, coincidiendo con el gobierno de Aznar. Y lomismo ocurrió con el porcentaje de pobres.

A pesar de la caída en los ingresos de la inmensamayoría de las familias, y desde luego de las de rentaya de por sí más baja, los dirigentes del PP suelen mos-



trar a su favor el descenso del desempleo durante elperíodo 1996-2004. Sin embargo, olvidan señalar quela calidad de la mayoría de los puestos de trabajo crea-dos fue baja, desaprovechando la oportunidad de crearmejores puestos de trabajo si se hubieran seguido po-líticas públicas distintas. Las políticas liberalizadorasdel mercado de trabajo y de crecimiento, basadas en laburbuja inmobiliaria que alentó el gobierno, llevaron aque el sector de la construcción absorbiera uno de cadacinco empleos creados, a que tres de cada diez fuesentemporales y a que casi uno de cada tres puestos fueseprecario, con todo lo que ello supone en términos deestrés para los trabajadores y para las familias.

La consecuencia de esa precarización y de la pér-dida de derechos laborales y sociales fue que de 1996a 2004 descendió la masa salarial, es decir, que a pe-sar de que hubo muchos más empleos, el peso de lasrentas del trabajo (que son las que alimentan los in-gresos de la inmensa mayoría de las familias españo-las) se redujo espectacularmente en el total de lasrentas del país: pasaron de representar el 66 porciento de la renta nacional al 61, el mayor descenso(después de Alemania) de las rentas del trabajo encualquier país de la UE-15.

Los datos muestran claramente que las políticasdel PP no favorecieron a la mayoría de las familias ya la clase trabajadora, sino mucho más a la clase em-presarial. Los beneficios empresariales netos aumen-taron un 73 por ciento (más del doble de la media dela UE-15, que fue de un 33 por ciento), mientras quelos costes laborales aumentaron durante el mismo



período un 3,7 por ciento (cinco veces menos que enla UE-15, un 18 por ciento).

Pero no sólo se deterioran los ingresos salarialesde las familias, sino también los que reciben de modoindirecto (en servicios de salud, educativos, de cui-dados, becas, etc.) o diferido (pensiones).

El gasto público social, que es el que más directa-mente atiende las necesidades de educación, salud,cuidados, etc., también redujo su alcance entre 1996y 2004, cuando gobernó Aznar. Según los datos delEurostat, en 1996 en España se gastaban 1.904 eurosestandarizados (es decir, euros modificados para quepueda homologarse su capacidad de compra con lade los países de la UE-15) por habitante, menos queel promedio de la UE-15. Al final del mandato delPP, en 2004, tal déficit social aumentó a 2.243, elmayor que cualquier país tenía con el promedio de laUE-15.

En 1996, cuando se inició el mandato del PP, elPIB per cápita de España era el 79,8 por ciento delpromedio de la UE-15, mientras que el gasto públicosocial (que cubre todos los gastos del Estado delbienestar) era sólo un 64 por ciento del promedio dela UE-15. Es decir, había una diferencia entre ambosque podría considerarse como déficit social de 15,8puntos. En 2004, cuando el mandato del PP termi-nó, el PIB per cápita era ya el 89,4 por ciento del pro-medio de la UE-15, mientras que el gasto públicosocial continuaba estancado en sólo un 65 por ciento.O sea, que el déficit había pasado a ser de 24,4 pun-tos, es decir, 8,6 puntos más.



Es difícil concluir de estos datos que la tradiciónconservadora y católica haya sido la mayor sostenedo-ra del Estado del bienestar en España y que el PP pue-da presentarse como el partido de los trabajadores yde las familias, como le gusta decir a sus dirigentes.

Por el contrario, el resultado real de su anterioretapa de gobierno fue la pérdida de ingresos directosy de gasto social y que las familias tuvieron que en-deudarse mucho: el porcentaje de su deuda respectoa su renta disponible pasó del 62 por ciento que seregistraba cuando comenzó a gobernar en 1996 a casiel 110 por ciento en 2004, cuando dejó el gobierno.Los bancos, gracias a la política del Partido Popular,fueron los principales beneficiarios de este cambio.

Todas estas circunstancias se tradujeron en unincremento notable de la pobreza, como ya señala-mos más arriba, que detectó la OCDE. Bajo el man-dato de Aznar, el porcentaje de población pobre pasódel 18 en 1996 al 20 por ciento a finales de 2003. Ysobre todo aumentó la pobreza que más deteriora yduele a las familias. Tanto la de los ancianos, que su-bió del 14 al 30 por ciento, según los datos que pro-porciona Eurostat, como la de los niños, aunque éstaen porcentajes algo más bajos, según los informes deUNICEF. Algo natural si se tiene en cuenta que alacabar la anterior etapa de gobierno del PP, Españase situaba en el último lugar de la Unión Europea,junto a Grecia, en gasto del Estado hacia la familia yla infancia. Mucha palabra, pero poco apoyo real.

El efecto menos favorable hacia las clases traba-jadoras y para las familias de menos renta de las po-



líticas que llevó a cabo el PP cuando gobernó entre1996 y 2004 se puede comprobar igualmente enotros muchos aspectos y en comparación con las delgobierno posterior de Rodríguez Zapatero, a pesarde que éste se enfrentó en la segunda legislatura auna coyuntura mucho más difícil. Así, el salario mí-nimo interprofesional (SMI) sólo aumentó un 18 porciento en la etapa de Aznar, frente al aumento del 40por ciento en la de Zapatero; y las pensiones míni-mas subieron un 30 por ciento en la etapa del PP yun 51 en términos nominales en la última del PSOE.

Ni siquiera del lado de los ingresos se dieron lasaparentes ventajas fiscales que el Partido Popular de-cía conceder a las familias reduciendo impuestos. Lastres reformas fiscales que llevó a cabo rebajaron lostipos impositivos, pero como las tarifas del Impuestosobre la Renta de la Personas Físicas no se actualiza-ron resultó que la subida de precios hizo que la cargafiscal aumentara en 2,3 puntos. Y, además, esas refor-mas rebajaron en realidad la carga fiscal de las rentasdel capital y especialmente inmobiliarias, y aumenta-ron las más bajas del trabajo, que son la principalfuente de ingresos de la inmensa mayoría de las fami-lias españolas, tal y como señalaron diversos informesde investigadores del Instituto de Estudios Fiscales.

También es significativo que en una época detanta bonanza económica como la que disfrutó Az-nar no se reconocieran nuevos derechos sociales. Yun capítulo aparte merecería la política migratoriadel Partido Popular, que también afectó muy negati-vamente a miles de familias, pues no supo o no deseó



(para favorecer la rebaja generalizada de salarios)gestionar el impresionante incremento del númerode inmigrantes. A pesar de las cuatro reformas quellevó a cabo, o por culpa de ellas, al finalizar su man-dato se alcanzaba la vergonzosa cifra de 900.000 in-migrantes clandestinos o irregulares pero a los quese empleaba casi sin excepción y a veces en condicio-nes infrahumanas.

En definitiva, cuando gobernó el PP de 1996 a2004 se habló mucho de familias pero no se las ayu-dó en realidad, o al menos lo suficiente, puesto quese dedicaron pocos recursos a apoyarlas. Y, además, segastó mal, sin favorecer a las más necesitadas y re-distribuyendo a favor de las más ricas y no de su par-te más débil, como las mujeres.

Distintos estudios de la economista María Pazosdemostraron, efectivamente, que las reformas fisca-les de Aznar mantuvieron, en caso de matrimonio,un exceso de gravamen sobre el trabajo de las muje-res que claramente desincentiva su participación enel mercado de trabajo, especialmente cuando tienenhijos. Según otro informe de 2009 de la ComisiónEuropea, España era el país europeo de los 27, juntocon Grecia, cuya política de transferencias tuvo unmenor impacto reductor de la pobreza infantil en losaños que coinciden con el gobierno del Partido Po-pular. Y diversos estudios han mostrado que el IRPFtambién redujo su alcance redistributivo (es decir, sucapacidad para mejorar a las rentas más bajas) apartir de las reformas fiscales que llevó a cabo.



Rajoy, por el mismo camino que Aznar

Las medidas de recortes que ha ido tomando el nuevogobierno del PP presidido por Mariano Rajoy se enca-minan en la misma dirección de las del anterior go-bierno de Aznar, con la diferencia de que en esta legis-latura es posible que terminen siendo mucho másdolorosas debido a la crisis y a la recesión posteriorque provocan las políticas de austeridad y el gran re-corte presupuestario que analizamos en otro capítulo.

El gobierno de Rajoy, siguiendo la estela que yaavanzaron otros gobiernos de la derecha en Valenciao Cataluña, ha recortado el derecho universal a la sa-lud por diversas vías. Una de ellas es la del copago deservicios farmacéuticos o sanitarios. Se trata de unamedida muy lesiva para las familias de rentas másbajas y, además, que los estudios empíricos han de-mostrado que finalmente no permite ahorrar gastosanitario.

Efectivamente, multitud de estudios científicosindican que generalmente producen un menor usode servicios sanitarios en las personas de renta másbaja, mientras que no lo disminuyen en las de rentaalta, lo que termina incrementando la desigualdad eincluso el gasto. Y, además, suele producir una in-frautilización de servicios que a la postre genera gas-tos más elevados porque disminuye el alcance pre-ventivo de los sistemas sanitarios. En realidad, elcopago es simplemente una manera de dificultarel acceso a la provisión pública y de derivar el consu-mo de servicios sanitarios hacia la privada.



A estos recortes se unen también los previstos eneducación, becas o entrega de libros gratuitos, queincrementan los presupuestos de gasto familiar enmomentos de disminución de ingresos.

El gobierno de Rajoy también recortó derechosa las familias en su primer paquete de medidas derestricción presupuestaria en relación con los servi-cios a las personas dependientes. Se anunció queredefinirá las personas que tienen derecho a recibirprestaciones y las cuantías, que reducirá los bare-mos que definen los diferentes grados de dependen-cia y que endurecerá las condiciones de acceso a ladependencia severa o gran dependencia. Tambiénse anunció que se revisarán las ayudas a los cuida-dores no profesionales, a las que están acogidas el57 por ciento de los dependientes y, en general, todala red de atención familiar.

Se trata de medidas que no sólo van en menos-cabo de la universalidad de un derecho social bási-co, del cuarto pilar de los Estados del bienestar mo-dernos, sino del empleo, puesto que el progresivoenvejecimiento de la población hace que este sectorsea un auténtico yacimiento de puestos de trabajo.E incluso se estima que el gasto en cuidados no su-pone una idéntica merma de los recursos públicosporque cada euro dedicado a este tipo de serviciosconlleva un retorno de entre 0,6 y 0,7 euros.

En el primer paquete de recortes, el gobiernotambién puso fin a las ayudas de 210 euros mensua-les al alquiler destinadas a los jóvenes de entre vein-tidós y treinta años durante cuatro años y con el re-



quisito de que estuviesen trabajando. La suspensiónde esta ayuda, que hasta ese momento habían recibi-do unos 300.000 jóvenes, resulta bastante injustifi-cada y muy contraria a los intereses de las familias derentas más bajas. Por un lado, no supone una grancuantía. Por otro, ha sido bastante eficaz, pues hahecho posible la independencia familiar de grancantidad de jóvenes (el porcentaje de jóvenes de en-tre dieciocho y treinta y cuatro años que se ha eman-cipado pasó del 36 por ciento al 46,8 en el período devigencia de la ayuda) y además ha permitido aumen-tar el parque de viviendas de alquiler, que pasó del7 al 13,2 por ciento en ese mismo período.

También han sido muy lesivos para las familiaslos Presupuestos Generales del Estado de 2012, queanalizamos más adelante; valga como ejemplo deello que allí se contempla recortar la partida destina-da a la gratuidad o a la reducción del precio de lamatrícula universitaria para familias numerosas detres hijos y eliminar los programas de escolarizaciónde los niños y niñas de cero a tres años, que el pro-pio PP había considerado necesario en su programaelectoral para satisfacer las necesidades de concilia-ción de las familias. ¿Cómo se puede decir que se daprioridad a la defensa de las familias cuando se ela-boran Presupuestos del Estado que contemplan unareducción del 42,6 por ciento en los fondos destina-dos a familia e infancia, del 38,6 en los que atiendena personas mayores, o del 21,3 en los destinados aprevenir la violencia machista?

Si a estas medidas añadimos la pérdida de ingre-



sos que va a producir la disminución de las rentassalariales que ocasionará la reforma laboral, se pue-de aventurar que las familias trabajadoras, las derentas más bajas, van a sufrir en este nuevo períodode gobierno del PP las mismas consecuencias que enel anterior de Aznar: nuevas pérdidas de ingresos yempeoramiento de las condiciones de vida.


• La defensa de la familia no puede limitarse aser una simple retórica, como tampoco puedelimitarse a defender un único modelo cuandolas sociedades se hacen cada vez más comple-jas y dispuestas a considerar legítimas cual-quier forma de institucionalizar el amor y elcuidado entre las personas. Su auténtica de-fensa es la que les proporciona ingresos su-ficientes, vivienda digna y asequible, bienes yservicios de bienestar que permitan a susmiembros desarrollar todas sus capacidades yun clima social de libertad, pluralismo, respetoa la diversidad y cosmopolitismo.

• España necesita incrementar el gasto socialdedicado a las familias para igualar a los paí-ses más avanzados de nuestro entorno. No esaceptable el criterio mantenido por Rajoy queconsiste en afirmar que los niveles de bienestarsocial se deben ajustar a lo «que permitan losingresos», sin considerar que se está refiriendo



a las posibilidades que proporciona un Estadocon un altísimo fraude fiscal, con una inefi-ciente e injusta política de ingresos públicos yen el que las grandes fortunas, grandes empre-sas y bancos prácticamente no contribuyen a lahacienda pública.

• El desarrollo del cuarto pilar del Estado debienestar (servicios a las personas dependien-tes y el establecimiento de escuelas de infan-cia) no es solamente un gasto sino una inver-sión de gran ayuda a las familias, una garantíade desarrollo, una fuente de empleo y tam-bién de ingresos adicionales. En lugar de re-cortar los gastos en estos servicios es impres-cindible ampliarlos y garantizar su coberturauniversal.

• Son imprescindibles políticas destinadas a re-ducir los costes de los hijos a los hogares y, sobretodo, centradas en la prevención de la pobreza yen el fomento del bienestar infantil.


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Para las mujeres, la peor partede los recortes

Los dirigentes del Partido Popular, como en generalsuele ocurrir con las ideologías de derechas y con-servadoras, también suelen presentarse como losgrandes defensores de las mujeres y protectores dela maternidad. Pero en realidad, eso suele traducirseexclusivamente en un rechazo del derecho al aborto(que, a veces, incluso les lleva a defender normasque la experiencia muestra que dan lugar a un ma-yor número de ellos y en peores condiciones). Unbuen ejemplo de ello fue la etapa de Aznar, cuandose adoptaron algunas medidas relativas a igualdad yconciliación que fueron pioneras pero cuya filosofíay resultados efectivos dejaron mucho que desear.



La conciliación conservadora

La Ley para la Conciliación de la Vida Familiar y La-boral de 1999 fue posiblemente el hito más impor-tante en este aspecto de la etapa de gobierno de Az-nar, puesto que vino a configurar un marco novedosode apoyo a las familias. Planteó, por primera vez, lanecesidad de un enfoque integrado de la conciliaciónde la vida familiar y laboral, aunque lo hiciera por laobligada aplicación de directivas europeas que no te-nían reflejo hasta entonces en nuestra legislación.

La ley se proponía un doble objetivo: la transposi-ción de la legislación europea a la española, superan-do los mínimos indispensables exigidos, y el fomentode la coparticipación de los hombres en las responsa-bilidades familiares. Pero ambos fueron realmenteincumplidos. El primero, porque la nueva ley ni si-quiera alcanzaba en muchos de sus contenidos losmínimos europeos. El segundo, porque no incluía niuna sola medida de acción positiva al respecto.

No obstante, y en aplicación de las normas euro-peas, es cierto que consagró mejores condiciones la-borales relativas a la conciliación en algunos aspec-tos. Se concedía una hora de reducción de jornada alas trabajadoras por lactancia de un hijo o hija me-nor de nueve meses. Pero este permiso se entendíamás como atención de la criatura que como lactanciaestricta, y no como un derecho individual e intrans-ferible del padre y de la madre, con independenciade su situación laboral, como ya se reconocía en otrospaíses europeos.


Para las mujeres, la peor parte de los recortes · 77

Se ampliaba la suspensión del contrato por par-to, aunque la ley seguía considerando «interesada»en ello sólo a la madre y se negaba a los padres, comoen el caso anterior, el disfrute de este permiso si lamadre no trabajaba.

Se incorporaban notables mejoras en las con-diciones relativas a las situaciones de adopción o aco-gimiento, aunque tampoco se contemplaba en estoscasos el reparto del permiso entre la madre y el padre.

Se permitían reducciones de jornada y exceden-cias no sólo para atender a hijos, sino también aotros familiares. Y también se reconocía el derecho aun período de excedencia de hasta tres años paraatender al cuidado de cada hijo o hija, y de hasta unaño para otros familiares.

Además, la ley recogía una nueva figura de riesgodurante el embarazo y diversas garantías frente a lasposibles represalias que pudieran producirse poracogerse a los derechos de conciliación, aunque estasgarantías se referían sólo al despido y no a otro tipode represalias como el cambio a puestos de trabajo deinferior categoría, de movilidad geográfica, etcétera.

A pesar de estas novedades positivas (incluidaspor mandato de la directiva europea), la ley conteníauna filosofía conservadora que no le iba a permitirmejorar sustancialmente la condición de las mujeresespañolas: seguía considerándolas como las exclusi-vamente «interesadas» en las circunstancias de lavida familiar que requerían conciliación con la labo-ral. Además, el momento del ejercicio de algunos de-rechos, como los relativos al tiempo de lactancia,



quedaban sometidos a la discrecional temporal delempresario, lo que restaba eficacia. Y finalmentepartía de establecer un tratamiento igual a mujeres yhombres cuando la realidad era, y es, que ambos noestaban en la misma situación. Eso supuso un incen-tivo para la discriminación, sobre todo a la hora deasumir responsabilidades, toda vez que la ley, comohemos dicho, no contemplaba medidas de acciónpositiva que, al mismo tiempo que facilitaran la in-corporación de las mujeres a la vida laboral, incenti-varan la de los hombres al trabajo familiar.

Las reformas fiscales del PP

En la anterior etapa de gobierno del Partido Popularse llevaron a cabo grandes reformas fiscales que con-templaban, entre otras cosas, distintas medidas diri-gidas a facilitar o incentivar la incorporación de lasmujeres al trabajo. Según dijo al presentar la últimade 2002 el también entonces ministro de Hacienda,Cristóbal Montoro, se pretendía «mejorar la fiscali-dad de las familias».

Sin embargo, los expertos y expertas que estudia-ron posteriormente los efectos reales de estas reformaspara tratar de dilucidar las consecuencias sobre las mu-jeres y las familias pusieron de relieve otros resultados.

Así, María Pazos y Teresa Pérez, investigadorasdel Instituto de Estudios Fiscales, parten de subra-yar que la familia de la que hablaban las leyes fiscalesde esa época y a la que potencia el sistema de im-



puestos y prestaciones español (como en la mayoríade los países) «es aquella en la que hay un sustentador principal que gana el pan y una mujer encarga-da de las tareas domésticas. La esposa dependientepuede trabajar o no, pero si lo hace será a tiempoparcial o en trabajos secundarios y peor pagados y,cuando tenga hijos, probablemente se retirará delmercado de trabajo mientras éstos son pequeños».Igualmente afirman que, en consecuencia de lo ante-rior, «las reformas fiscales de los últimos años van enel sentido de incentivar la permanencia de las muje-res en el hogar» (María Pazos y Teresa Pérez, Política familiar, imposición efectiva e incentivos al trabajo en la reforma de la imposición sobre la rentapersonal (IRPF) de 2003 en España, IEF, 2004).

Esa razón es la que explica, dicen, que el sistemade impuestos y prestaciones español siga caracteri-zándose «por un bajísimo nivel de ayudas a los hijosy por la práctica inexistencia de servicios de guarde-rías y/o mecanismos para compensar los gastos porcuidado de los niños». De hecho, en España la piezacuantitativamente más importante de la política fa-miliar es la declaración conjunta de los matrimoniosporque es la que implica un mayor gasto fiscal.***

Pero resulta que ese sistema de declaración con-junta y la pérdida de prestaciones y desgravacionesbasadas en el ingreso familiar, cuando dicho ingreso

* En relación con los impuestos se entiende por gasto fiscal lacantidad que deja de recibir el Estado como consecuencia de las dis-tintas deducciones o desgravaciones que lleve consigo cada impuesto.



se ve aumentado por la incorporación de la esposa almercado de trabajo, son las dos circunstancias queprovocan que los ingresos de las mujeres que tra-bajan estén sometidos a un «sobreimpuesto» que,como han demostrado numerosos estudios empíri-cos, desincentiva poderosamente que las mujeres seincorporen al empleo remunerado.

También María Pazos y Teresa Pérez han analiza-do la gran novedad que presentó la reforma de Aznarde 2003 en cuanto a la política familiar al introduciren el IRPF una ayuda para las madres que trabajaranfuera del hogar en forma de deducción por materni-dad. Una ayuda consistente en una deducción en cuo-ta de 1.200 euros por cada hijo menor de tres años. Ensu opinión lo que se presentó como un gran avance deprotección a las mujeres madres y a la familias era enrealidad otra cosa: puesto que la ayuda se destinabano al padre o a la madre como cuidador o cuidadorade los niños, sino sólo a las madres, lo que estaba di-ciendo la ley era que ese cuidado era algo exclusivo deellas. Y, además, señalan estas investigadoras, «aunsiendo importante en comparación a las demás cifrasde prestaciones y desgravaciones familiares, la medi-da es insuficiente en relación con los gastos de guar-derías y a las prestaciones por este concepto existentesen los países de nuestro entorno».

Junto a estos cambios, las reformas fiscales deAznar incluyeron otras medidas orientadas, comolas anteriores, a proteger a mujeres y familias pero,en opinión de estas investigadoras, todas ellas no de-jaban de ser «un cajón de sastre de muchas iniciati-



vas encomiables pero de escasísima incidencia» yque, unidas a la ley de conciliación que comentamosanteriormente, no hacían sino establecer «mecanis-mos para que las mujeres, en su mayoría, continúendesarrollando las tareas domésticas».

Los recortes de Rajoy

Las primeras medidas de la etapa de gobierno deMariano Rajoy vuelven a señalar que la igualdad, enla línea en la que generalmente se suelen manifestarlos líderes de la patronal, no es nunca un bien de pri-mera necesidad y que, en épocas de crisis como laactual, es un lujo al que hay que renunciar. De he-cho, como ya ocurriera al final de la etapa del ante-rior gobierno de Rodríguez Zapatero, el de Rajoy hacomenzado volviendo a incumplir la Ley de Igual-dad aprobada por el anterior gobierno socialista, alpresentar sus medidas de política económica sinel preceptivo informe sobre su impacto de género.Evidentemente, porque no iba a ser muy favorable.

El paquete de recortes que aprobó en su primerconsejo de ministros ya llevaba consigo un evidentesesgo discriminador en contra de las mujeres espa-ñolas, pues repartía sus cargas de modo muy desi-gual y en perjuicio de ellas.

La congelación del salario mínimo (por primeravez desde 1967) cuando es uno de los más bajos denuestro entorno europeo (sólo por debajo del de Eslo-vaquia o Portugal) perjudica considerablemente más



a las mujeres trabajadoras que a los hombres porquehay un 15,5 por ciento de ellas que ganan menos delsalario mínimo frente a sólo un 5,6 por ciento de loshombres, según la última Encuesta de Estructura Sa-larial (2010).

Además, esta medida afecta de forma más negati-va a las mujeres que a los hombres porque las prime-ras suelen estar empleadas en puestos de trabajo peorretribuidos, que son los que «tiran a la baja» los sala-rios mínimos más reducidos. El salario de las mujeresespañolas es mucho más bajo que el de los hombres—como media un 78 por ciento del masculino— y laretribución media por hora trabajada que reciben esel 76,1 por ciento de la de los hombres. Según la men-cionada encuesta, mientras que el 9,81 por ciento delos hombres ocupa empleos con salarios más de cincoveces el salario mínimo, ese porcentaje es de sólo el4,77 por ciento en el caso de las mujeres.

En particular, la congelación del salario mínimoes especialmente perjudicial para algunos colectivosde mujeres, como las dedicadas al servicio domésti-co (que emplea a 686.000 personas de las cuales el90 por ciento son mujeres), ya que su retribución sefija tomándolo directamente como referencia.

Al disfrutar de menor renta, las mujeres serántambién especialmente perjudicadas por la reformadel IRPF cuyo coste, como han demostrado los téc-nicos del Ministerio de Hacienda, va a recaer princi-palmente sobre los trabajadores con menores nivelesde ingresos.

El aplazamiento de la mejora en la pensión de



viudedad también lo van a sentir muchas más muje-res que hombres, puesto que hay un 44,5 por cientode ellas que son viudas frente a sólo un 12,2 por cien-to de los hombres. Y también el de la ampliación acuatro semanas del permiso de paternidad, que ade-más supone un nuevo y vergonzoso incumplimientode la ley a pesar de que su coste es ínfimo (entre 200y 250 millones de euros), puesto que debería haberentrado ya en vigor en 2011.

La pérdida de poder adquisitivo que van a seguirsufriendo las pensiones perjudica especialmente a lasmujeres ya que, como media, la pensión que reciben esmás baja que la de los hombres (aproximadamente el61 por ciento de la que perciben como media los pen-sionistas masculinos) y porque hay muchas más muje-res pensionistas en situación precaria, de pobreza o ex-clusión: algo más del 70 por ciento de quienes recibenlas más bajas pensiones no contributivas son mujeres.

La moratoria en la puesta en marcha de la Ley deDependencia supone asimismo un perjuicio y unacarga adicional principalmente para las mujeres,puesto que son mujeres la inmensa mayoría de quie-nes asumen la tarea de cuidar a las personas depen-dientes fuera (casi el 95 por ciento en el caso de lasauxiliares de las residencias) o dentro de sus domici-lios o familias (en más o menos la misma proporción).

La congelación de plantillas en el sector públicotambién perjudica especialmente a las mujeres por va-rias razones. Primero, porque las mujeres son las queen mayor número se vienen incorporando a él y, sobretodo, en ámbitos más feminizados (sanidad y educa-



ción), en los que los recortes están siendo más amplioscomo consecuencia de que, en realidad, no se buscaahorrar gasto sino privatizar servicios públicos paraponerlos a disposición de las grandes empresas y ban-cos. Y además, porque las mujeres ocupan en el sectorpúblico los puestos más precarios y por tanto más afec-tados por los recortes en número y gasto de personal.Representan el 30,05 por ciento de los funcionariospero el 51,09 de los contratados laborales y el 55,64 delpersonal eventual. Y son mujeres también la inmensamayoría (70 por ciento) del cuerpo y categoría más ba-jos —C2— mientras que sólo representan el 29,13 delpersonal del cuerpo de mayor rango —A1—, según elúltimo informe del Ministerio de Hacienda sobre Per-sonal al Servicio del Sector Público Estatal de 2009.

En consecuencia, la menor entrada de personal yla amortización de plazas, además de la congelaciónde sueldos, afectará principalmente a los empleadospúblicos de sexo femenino.

Finalmente, y en términos más generales, no po-demos olvidar que la disminución del gasto social, nosólo en los campos a los que acabamos de hacer refe-rencia, está perjudicando también de modo particulara las mujeres porque los recortes, como está pasandoespecialmente en las comunidades gobernadas por elPP, se están aplicando más o menos subrepticiamen-te a muchos servicios específicamente destinados acubrir necesidades o intereses de las mujeres, comolos institutos de la mujer y los servicios de ayuda jurí-dica o destinados a luchar contra la violencia de géne-ro. Y todos esos recortes, como siempre que disminuye



el gasto social dedicado a familias y por tanto a la pro-visión de bienes para satisfacer las demandas de tra-bajo en el seno de las familias, repercuten en mayornúmero de horas de trabajo de las mujeres. Porqueéstas son, como bien se sabe, las que en mayor medidaasumen esas tareas dada la falta de corresponsabili-dad de los hombres, algo que ningún gobierno se hapropuesto combatir en firme en nuestro país.

La derecha recalcitrante del PP, junto a la granpatronal, ha insistido siempre en la inconvenienciade dar prioridad a las medidas contra la discrimina-ción entre mujeres y hombres y a favor de la igual-dad. De hecho, el Ministerio de Igualdad de Zapate-ro, la propia persona de la ministra y sus políticasfueron objeto de sus principales y más crueles diatri-bas cuando estaban en la oposición. Y se han olvida-do pronto de la igualdad cuando han empezado agobernar. Pero no pueden evitar que se haga patentela tozudez de los hechos: en ausencia de estas medi-das y mientras no se adopten prevenciones específi-cas para evitar la desigualdad, ésta aumenta sin ce-sar, intensificándose la discriminación salarial, lafuncional y la personal entre ambos sexos y la cargade trabajo que han de soportar las mujeres.

La reforma laboral y las mujeres: perjuiciosañadidos

Ya hemos señalado en otro capítulo los efectos tannegativos que va a tener sobre el conjunto de la clase



trabajadora la reforma laboral del gobierno de Ra-joy. Pero, además de ello, va a resultar especialmenteperjudicial para las mujeres.

En relación expresa con la conciliación, la refor-ma pasa muy por encima de ella, a pesar de que cabríaesperar que una modificación tan profunda («agre-siva», según diría el ministro de Economía y Compe-titividad) del mercado laboral va a afectar a las con-diciones en que hombres y mujeres abordan susobligaciones laborales y personales. De hecho, ape-nas si presenta algunas pequeñas modificaciones delEstatuto de los Trabajadores en relación con el per-miso de lactancia, la reducción de jornada y las vaca-ciones no disfrutadas por maternidad.

En relación con el derecho a la lactancia, la reformaestablece, en primer lugar, el permiso de lactancia has-ta que el menor cumpla nueve meses también en casode adopción o acogimiento. A partir de ahora el permi-so sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores,a diferencia de lo que ocurría antes, que podía ser dis-frutado indistintamente por el padre o la madre si am-bos trabajasen. Además, tras la reforma, los conveniospodrán regular el horario en que tiene que producirseel permiso «independientemente de las necesidadesconcretas de conciliación que tenga cada trabajador ytrabajadora» y se eliminará la prioridad de la madre aescoger horario en las reducciones de jornada.

Por otro lado, la reforma deroga las bonificacio-nes a las mujeres trabajadoras que se reincorporanal mercado laboral tras tener un hijo, dos años des-pués de su permiso de maternidad.



Pero los perjuicios más graves que van a sufrirespecialmente las mujeres como resultado de la apli-cación de esta reforma vienen de otro lado.

En primer lugar porque, como ya hemos señala-do, se les concede un poder mucho mayor a los em-presarios para imponer horarios, movilidad y con-diciones de trabajo en general, lo que naturalmenteva a dificultar aún más la compatibilización entre lavida laboral y las obligaciones personales y fami-liares.

En segundo lugar, porque el nuevo contrato in-definido con un período de prueba de un año paraempresas con menos de 50 trabajadores, después delcual el trabajador puede ser despedido sin indemni-zación, va a servir muy posiblemente para ocuparcon él a las mujeres, como de hecho ya ocurre, puesla mayoría de las mujeres están empleadas en em-presas de menos de 50 trabajadores y con contratostemporales. Y esa facilidad de despido se utilizarápara crear plantillas volantes, muy precarias y femi-nizadas. Algo muy contrario a lo que interesa a lasmujeres, pues cuando se les pregunta en las encues-tas una gran mayoría de las que ocupan empleos atiempo parcial afirman que les gustaría estar em-pleadas a tiempo completo y, además, que tienenmás cualificación que la que se precisa para el em-pleo en el que se encuentran ocupadas.

En tercer lugar, la reforma hace desaparecer elsistema de categorías y modifica la movilidad fun-cional, permitiendo que la empresa pueda asignarfunciones a los trabajadores inferiores a su categoría



profesional. Una circunstancia que va a hacer mu-cho más difícil identificar las causas que provocansegregación por razón de género en las empresas yque, por tanto, hará también más dificultoso corre-gir las discriminaciones que se puedan estar produ-ciendo y que, de hecho, se producen muy habitual-mente en nuestras empresas. Y la mayor capacidadque se le concede a la empresa para cambiar unila-teralmente el lugar de residencia de su plantilla ame-naza mucho más a quienes asumen en mayor medi-da las responsabilidades del trabajo familiar, quesuelen ser las mujeres, como es bien sabido.

Por otro lado, en el supuesto de los trabajadoresque deseen ejercer el derecho a reducir el tiempode trabajo que conlleva una reducción de ingresos,como contempla la reforma, lo lógico será que loasuma quien reciba el menor sueldo, es decir, lasmujeres. Por eso, la mayor precarización, la pérdidade ingresos en los contratos ya de por sí más bajos, elincremento de la temporalidad, de la inseguridad yde la sumisión respecto a la voluntad unilateral delempresario y las mayores dificultades para la pro-moción de las mujeres, generan una mayor depen-dencia no sólo económica y laboral sino tambiénpersonal y en el ámbito de la familia en perjuicio delas mujeres, pues disminuirá su estima y su capaci-dad de negociación.

Finalmente, pero no es lo menos importante, lasmujeres van a resultar muy perjudicadas porque unade las principales pretensiones de la reforma es lapromoción del empleo a tiempo parcial, lo que explí-



citamente se indica que se hace para lograr compa-tibilizar mejor el empleo con la vida familiar y per-sonal.

Pero cuando el fomento del empleo a tiempoparcial se hace coincidir con políticas que deprimenla actividad y el ingreso, con la disminución del gastosocial y de las infraestructuras del bienestar colecti-vo y con un silencio casi total sobre la necesidad depromover medidas que avancen hacia la correspon-sabilidad entre mujeres y hombres, lo que es inevita-ble que se produzca es que sean las mujeres las quese especialicen en estos trabajos de tiempo parcialpara que, en el resto de su tiempo, se hagan cargo delas tareas domésticas. Necesitarán más horas no re-tribuidas ante la disminución prevista del gasto so-cial o de la privatización de los servicios, que lógica-mente van a impedir que puedan disfrutar de estasprestaciones un alto número de familias de menorrenta.

No se puede olvidar que el empleo a tiempo par-cial que se pretende consolidar aún más de lo que estáahora, como el empleo de las mujeres, es también elsalario a tiempo parcial, la prestación de desempleoa tiempo parcial, la jubilación a tiempo parcial, etc.Es decir, peores condiciones de ingresos y de auto-nomía financiera, supeditación, inferioridad y, endefinitiva, mayor dependencia económica de las mu-jeres respecto a los hombres. Además, la posibilidadde hacer horas extra en los contratos a tiempo par-cial (algo realmente contrario a la naturaleza que sesupone que tiene este tipo de contratación, que es



para hacer frente a demandas de trabajo temporal-mente limitadas) va a convertirlo en un auténticocomodín: se usará como vía más barata y cómoda decontratar a tiempo completo y se burlará más fácil-mente el control administrativo del fraude en la con-tratación. Teniendo en cuenta que las mujeres yarepresentan el 76 por ciento de los contratos a tiem-po parcial resultará que ellas serán las más afecta-das. Y dado que la reforma permite que los empresa-rios impongan la realización de horas extraordinariasresultará mucho más difícil compatibilizar la vida la-boral y familiar.

En definitiva, lo que cabe esperar con toda pro-babilidad de estas medidas es el fortalecimiento delos esquemas patriarcales que implican especializara las mujeres en una doble tarea laboral, la no retri-buida en su familia y la puntual y mal pagada en elmercado de trabajo. O lo que es lo mismo, una ver-sión posmoderna pero incluso más precaria aún dela consigna franquista: «La mujer, con la pata que-brada y en casa». Aunque ahora, en muchos casos deempleadas fuera del hogar y con rentas más bajas,incluso trabajando en total más horas que entonces.

En su último programa electoral, el Partido Popu-lar prometía promover «las medidas de conciliaciónde la vida laboral, personal y familiar de todos los tra-bajadores». También en este aspecto, hay una grandistancia entro lo dicho y lo hecho, al menos, hasta elmomento de escribir estas líneas.




• Necesitamos, antes que nada, que se cumplanlas leyes. Y esto significa, en el caso concretode las medidas económicas, que se evalúe,antes de ponerlas en marcha, su impacto sobremujeres y hombres que se haga público paraque la sociedad tenga la posibilidad de saber elgrado de discriminación existente y pueda de-cidir sobre si lo acepta o no y por qué.

• Es imprescindible que se cumpla íntegramentela Ley de Igualdad y que se garantice su aplica-ción en las empresas y administraciones públi-cas. Para lograrlo, es imperativo que se refuer-ce la inspección de trabajo, que ésta puedahacerse cargo de los incumplimientos y que sedoten presupuestariamente las políticas y losorganismos que se ponen en marcha en cum-plimiento de las normas aprobadas.

• Para favorecer de verdad la igualdad entre mu-jeres y hombres no basta con grandes palabrasen su defensa, sino que es imprescindible re-mover de hecho las barreras materiales queimpiden que se dé porque las mujeres siguendedicando una parte mayor de sus vidas a ta-reas que debieran ser compartidas. Eso signifi-ca que son imprescindibles, sobre todo, unamayor inversión en servicios sociales que creenempleo y mejoren la empleabilidad femenina,y más políticas que incentiven a los hombres acompartir el trabajo doméstico y a ser corres-



ponsables con las mujeres de las tareas del ho-gar. Y eso se debe hacer mediante la educacióny promoviendo referentes culturales igualita-rios en lugar de los estereotipos machistas. Perotambién estableciendo medidas fiscales queimpidan la sobreimposición del trabajo de lasmujeres, permisos de paternidad no transferi-bles y otras medidas activas que favorezcan laconciliación, pero de las mujeres y los hombresy no sólo de las primeras.

• Entre las medidas más concretas para favore-cer la presencia de las mujeres en pie de igual-dad con los hombres en el mercado laboral serequiere aumentar el gasto social, facilitar laprovisión de servicios de cuidados y de trabajodoméstico, extender la escolarización infantil yestablecer ayudas y medidas de apoyo muchomás proactivas en las políticas de empleo. Por-que mientras mujeres y hombres no se encuen-tren en igualdad de condiciones, proporcionarun tratamiento igual será injusto y seguirásiendo discriminatorio.


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Trajes a medida para la banca

La reforma financiera fue una de las primeras nor-mas de gran calado del nuevo gobierno de Rajoy,muy esperada y necesaria sabiendo que la falta decrédito (junto a la de demanda) es lo que principal-mente impide a las empresas recuperar la actividady el empleo.

Según la referencia oficial del Consejo de Minis-tros, con la nueva reforma se persigue «mejorar laconfianza y la credibilidad del conjunto del sector»disipando «las dudas del mercado sobre la valo-ración de los activos inmobiliarios [suelo, promo-ciones y viviendas] que tienen las entidades en susbalances». Según el gobierno, de esa manera se «in-centivará la salida al mercado de viviendas a preciosmás asequibles» y también que el sector financiero«recupere su función principal, que es proporcionara empresas y familias el crédito necesario para vol-



ver al crecimiento económico y a la creación de em-pleo».

En nuestra opinión, sin embargo, con esta nuevareforma no se van a conseguir esos objetivos porque(aunque tenga algún elemento positivo) lo que enrealidad busca es otra cosa: poner el mercado banca-rio español a disposición de unos grandes bancospara que, absorbiendo a los demás, puedan enjugarla descapitalización que sufrieron por su conductairresponsable.

La situación patrimonial de los bancosespañoles

Lo que le ha ocurrido, en los últimos años, a la bancainternacional y a la española en particular es quemultiplicó hasta la extenuación su negocio de conce-sión de crédito y llegó un momento en que los depó-sitos que recibía y su capital disponible ya no eransuficientes para seguir dándolos. Entonces recurrióa dos vías de obtención de más liquidez: el aumentode su propio endeudamiento y las operaciones lla-madas de «titulización», que consisten en vender loscontratos de crédito a los inversores especulativos,que los compran para apostar sobre ellos o para vol-ver a venderlos y así sucesivamente. Gracias a eseprocedimiento los bancos cambiaban «papel» (loscontratos de préstamos ya concedidos) por dinero ypodían seguir dando créditos a sus clientes. Peroambas vías terminaron siendo letales.


Trajes a medida para la banca · 95

El incremento del endeudamiento (en el caso es-pañol principalmente con los bancos europeos) hallevado a una situación límite cuando la crisis ha he-cho su aparición. Y la titulización ha provocado uncaos general cuando los contratos de préstamo ini-ciales a partir de los cuales se desarrolló la pirámide(muchos ya eran de por sí de muy baja calidad, comolas hipotecas basura) comenzaron a perder valorporque aumentaban la morosidad y los impagos.

Cuando esto sucedió, los bancos quedaron descapi-talizados: sus activos valían mucho menos (algunos in-cluso nada porque no se iban a cobrar nunca) y teníanun altísimo nivel de deuda. Los gobiernos y los bancoscentrales les inyectaron billones de euros y dólares deliquidez, pero su agujero eran tan grande que inclusoesos recursos multimillonarios fueron insuficientes. Laconsecuencia fue que cerraron el crédito y eso hundióla economía real, las empresas y el empleo.

La banca española tuvo unos años de solidez ybeneficios extraordinarios, pero ahora se encuentracon que una buena parte de sus activos no valen loque en realidad dicen sus balances porque se trata deactivos relativos a la actividad inmobiliaria, que seha venido completamente abajo. En consecuencia,necesita gran cantidad de liquidez y capital que no leresulta fácil de encontrar y dedica sus recursos a losdestinos más rentables y seguros (como compra de ladeuda soberana con el dinero del Banco Central Eu-ropeo) en lugar de dedicarlos a financiar a las em-presas que crean empleo, lo que provoca que la eco-nomía se deteriore continuamente.



En esta situación, a los bancos acreedores, prin-cipalmente alemanes, lo único que les interesa es sal-var sus muebles, es decir, que se garantice que losbancos españoles van a pagar su deuda con ellos. Poreso, con el apoyo de sus gobiernos, presionan al es-pañol para que tome medidas que garanticen el sa-neamiento de sus balances y el pago de la deuda. Yno les importa que, dando prioridad a esto, se dete-riore cada día más la economía, porque ésa es la ex-cusa perfecta que tendrían para intervenir y «resca-tar» a España, es decir, para obligarla a suscribirpréstamos cuantiosos que se dedicarían directamen-te a refinanciar a los bancos españoles para que éstosdevolvieran a su vez la deuda a sus acreedores.

Las pretensiones del gobierno

La nueva reforma del gobierno parte de plantear lasituación en la que se encuentra la banca española.Según el Ministerio de Economía, con datos del Ban-co de España, el sector financiero acumulaba en ju-nio de 2011, 323.000 millones de euros en activosinmobiliarios ligados al crédito promotor. De ellos,175.000 millones entrarían en la categoría de pro-blemáticos (88.000 millones en suelo y promociónen curso y 87.000 millones en promoción terminaday viviendas adjudicadas).

Los niveles de cobertura de esos activos proble-máticos (es decir, las provisiones que las entidadeshan ido haciendo por si esos activos «fallaban» o



perdían valor) es muy baja: 31 por ciento para losvinculados al suelo, 27 para los de promoción en cur-so y 25 para los de promoción terminada y viviendas.

El Ministerio de Economía afirma que esa bajaprovisión y el valor no realista que se le asigna enbalance «dificultan a las entidades acudir a los mer-cados de financiación mayorista» y que eso impidefinanciar adecuadamente el sector privado de la eco-nomía. Por esa razón, dice el ministerio, «es impres-cindible clarificar el panorama y situar la valoraciónde activos en una posición más acorde con la delmercado».

Para evitar ese problema, la reforma se encami-na a «sanear» activos problemáticos por valor de50.000 millones de euros. Y para sanearlos se impu-so a las entidades financieras una serie de medidasdirigidas a crear dotaciones, «colchones» de capitaly provisiones que cubran esos valores hasta ahora nocubiertos.

Sin embargo, la reforma va más lejos porque, almismo tiempo que se obliga a crear esas provisiones,se establecen condiciones para las fusiones entre en-tidades y se incentiva que se lleven a cabo.

Además, el decreto-ley de reforma aborda otrasdos cuestiones: la modificación del régimen jurídicode las cajas de ahorro y el establecimiento de límitesen las retribuciones de consejeros y directivos de lasentidades de crédito que han recibido apoyos públi-cos. No obstante, el gobierno cedió posteriormenteante las entidades financieras y, en la orden ministe-rial que desarrolla este aspecto de la reforma, se fle-



xibilizó el límite de 600.000 euros en la retribuciónfija aprobado inicialmente, precisamente para favo-recer las concentraciones, aunque imponiendo quela retribución variable no pueda exceder a la fija.

Con esas medidas, el gobierno afirma, como se-ñalamos al principio, que «se conseguirá un mejoracceso de las entidades de crédito a los mercados decapitales y una mejora del flujo de crédito a la econo-mía real, con un impacto positivo sobre la produc-ción y el empleo». Además, «se facilitará la salida almercado de los activos inmobiliarios en poder de labanca, con el consiguiente abaratamiento de la vi-vienda». Pero no va ser así.

Lo que realmente se puede esperar de la nuevareforma financiera

Es verdad que todo lo que sea cubrir mediante provi-siones el daño patrimonial de las entidades financie-ras es deseable. Pero el problema es que no hay segu-ridad ninguna de que la evaluación del total deactivos problemáticos del sector financiero realizadapor el Banco de España y el gobierno sea realista. Portanto, no se puede saber si realmente se está gene-rando un saneamiento suficiente o si es sólo muy li-mitado.

Sin establecer antes que nada normas claras ytaxativas que permitan reflejar con total transparen-cia la realidad del sector, no se puede afirmar que lacantidad de 50.000 millones de euros en provisiones



vaya a ser suficiente para mejorar el acceso de labanca española a los mercados financieros. Sobretodo, cuando los mercados financieros ya han ma-nifestado que el montante de esos activos proble-máticos puede ser mucho mayor. Concretamente,Standard & Poors estimó que su valor se sitúa entre296.000 y 313.000 millones de euros.

Si esta agencia y las demás, y en general los fi-nancieros que las utilizan, hacen esta estimación ¿sesentirán satisfechos con un saneamiento que no al-canza siquiera su sexta parte?

Si fuese así, resultaría que la operación de sanea-miento que propone esta reforma es en realidad unsuperficial lavado de cara porque el aumento de lasprovisiones previsto es, casi con toda seguridad, in-suficiente y por tanto no resuelve el auténtico aguje-ro que tiene el conjunto de las entidades financierasespañolas

Por otro lado, la medida resulta bastante contra-dictoria con la situación original que se dice que sequiere resolver. Por un lado, se parte de reconocer quelas entidades financieras españolas no pueden finan-ciar la economía porque no están suficientementesaneadas. Pero se recurre como fórmula de sanea-miento a que ellas mismas dispongan de los recursosnecesarios para hacer las provisiones. Cabría pre-guntarse, entonces, si disponen de esos recursos ono. Si los tienen, el problema radica en por qué nolos dedican a financiar la economía, que es lo quecon extraordinaria urgencia conviene resolver. Y sino los tienen, no tiene sentido pedirles que se saneen



poniendo ellas mismas los recursos que se precisanpara ello. Una contradicción que lleva a pensar quelo que persigue de verdad la reforma es otra cosa,como veremos en seguida.

También se puede poner en duda que el gobier-no afirme que la reforma no costará dinero a loscontribuyentes en principio, si las entidades se li-mitan a hacer esas provisiones. Pero lo que suce-de es que, como acabamos de señalar, eso será casiimposible que ocurra si es que las entidades se en-cuentran efectivamente en necesidad de ser sanea-das. Además, la reforma establece incentivos y con-diciones que hacen inevitable la fusión de entidadesy es en estos casos cuando el gobierno sí pondrádinero. En forma de créditos, es cierto, pero sin quenada asegure que no terminen siendo a fondo per-dido como en tantas otras ocasiones. De hecho,después de aprobar la reforma se ampliaron losfondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), quedebería comprometer recursos para que la reformasalga adelante.

Efectivamente, la reforma incentiva claramentela fusión y la absorción de entidades, tal y como veni-mos diciendo. Por un lado, amplía el plazo a dosaños para aplicar las provisiones cuando se trata deentidades fusionadas. Por otro, establece que paradisfrutar de las ventajas concedidas a quienes se fu-sionen será necesario, además de otros requisitosque más adelante comentamos, que la integracióneleve el balance de la entidad que compra en un 20 oen un 10 por ciento en casos excepcionales. Lo que



claramente abre la puerta a que las entidades gran-des sean las que puedan aprovecharse de las ventajasde la fusión absorbiendo a las más pequeñas que, asu vez, estarán condenadas a dejarse absorber por laperentoriedad de las provisiones y por la dificultadpara obtener por sí mismas más recursos de capital.Y, finalmente, se permite que cuando se hagan fusio-nes las provisiones se hagan a cuenta de capital y node resultados, lo que permitirá registrar beneficios yno entrar en pérdidas.

El gobierno dice que con esta reforma será posi-ble que el crédito vuelva a fluir a la economía, pero locierto es que eso no es nada seguro. Aunque las pro-visiones sean necesarias, representan cantidades in-movilizadas. Por tanto, 50.000 millones más de pro-visiones significan una idéntica cantidad de menosrecursos para conceder financiación. Por tanto, nohay garantía ninguna de que se vaya a cumplir laprevisión tan optimista que hace el gobierno.

La duda en este sentido también proviene de sa-ber que no es verdad que la falta de crédito provengade que la banca tenga dificultades para acceder a losmercados mayoristas, como dice el gobierno. Losbancos españoles tienen barra libre en el Banco Cen-tral Europeo para recibir todo el dinero que necesi-ten al 1 por ciento y, de hecho, han recibido cientosde miles de millones de euros. A pesar de ello, no loshan dedicado a financiar la economía porque se lespermite usar estos recursos para cubrir al máximo sudescuadre patrimonial y colocarlos en destinos másrentables, como la deuda soberana, o en inversiones



en los mercados donde se están produciendo burbu-jas especulativas de momento muy rentables. Es de-cir, para que resuelvan su descapitalización y siganobteniendo beneficios extraordinarios.

Para colmo, y en contra de lo que circuló en lasprimeras versiones del texto de la reforma, el gobier-no ha renunciado a obligar a que las entidades fusio-nadas y que van a gozar de ayuda pública concedanmás crédito a las pequeñas y medianas empresas y alos hogares. El decreto sólo obliga a fijar un «objeti-vo cuantificado», pero es evidente que esto no tienepor qué significar que vaya a aumentarse.

El gobierno también afirma que gracias a este sa-neamiento podrán bajar los precios de la vivienda.En principio, cabría pensar que eso sí se podría con-seguir en alguna medida, pues les podría interesarvender los pisos de los que disponen al menor valoractual con tal de no tener que inmovilizar el dinerode las provisiones. También ayudaría a eso que el de-creto de reforma obligue a las entidades fusionadas allevar a cabo un plan de desinversión de activos rela-cionados con riesgos inmobiliarios durante los tresejercicios siguientes a la integración.

Pero eso posiblemente es la teoría. Lo más realis-ta es esperar que salgan al mercado las viviendas deentidades en situaciones muy delicadas, pero no lasde los grandes bancos que son, en realidad, los quedisponen de un mayor número de ellas y, por tanto,de la capacidad efectiva para producir variaciones enel precio de mercado.

Además, aunque baje el precio de la vivienda no



quiere decir que vayan a aumentar las compras depisos porque el altísimo nivel de paro, la caída en losingresos y la falta de crédito hipotecario no permiti-rían que aumentara sustancialmente la demanda deviviendas.

Y, finalmente, incluso cabría plantear, en contrade esta otra visión optimista del gobierno, que si lasentidades con activos inmobiliarios no los pusieron ala venta cuando no estaban provisionados —lo queafectaba negativamente a su solvencia y presencia enel mercado, como dice el ministerio—, quizá ahoraque ya están provisionados tengan menor interésaún y les convenga esperar a que lleguen tiemposmejores en el sector.

En conclusión, por tanto, se puede afirmar queno hay nada que garantice que se vayan a cumplir losobjetivos que el gobierno dice perseguir con esta re-forma financiera y eso lleva a sostener que, en reali-dad, su propósito real es otro. Se trata más bien deacelerar el proceso de fusiones de entidades porquees de esa forma como se quiere «salvar» al sistemafinanciero español: concentrándolo en dos o tresgrandes entidades que, al abarcar ahora todo el mer-cado, podrían disponer ya del capital que han idoperdiendo en los últimos años por su política irres-ponsable.

Pero ese nuevo mapa de entidades financieras alque se pretende llegar con esta nueva reforma tienemuchos inconvenientes y producirá efectos muy ne-gativos sobre nuestra economía:



• Disminuirá el empleo en el sector.• Alejará las fuentes de financiación de la activi-

dad económica a la que se supone que sirve, loque dificultará su apego al terreno y perjudica-rá al servicio que debe prestar.

• Al crearse entidades mucho más grandes, de-dicarán su actividad preferente a los grandesmercados y negocios bancarios, desprendién-dose o prestando menos atención a la deman-da minorista, que es la que realizan las empre-sas que crean empleo y los hogares que másnecesidades de crédito tienen. Es previsible,por tanto, que aumente el racionamiento delcrédito y la exclusión financiera de partes cadavez más grandes de la población.

• Al obligar a las cajas de ahorros que aún que-dan a ir fusionándose con bancos cada vez másgrandes será muy difícil o imposible que supe-ren una participación mayor al 25 por cientode estos últimos y entonces, según establece eldecreto de reforma, tendrán forzosamente queconstituirse en fundaciones de régimen espe-cial. De esa manera la reforma culminará conun expolio vergonzoso llevado a cabo por estegobierno y el anterior para salvar a los banque-ros que han provocado la crisis a costa del aho-rro, de los ingresos y del sufrimiento del restode la sociedad.

Esta reforma no es, por lo tanto, lo que afirma elgobierno del PP que es. La reforma es en realidad un



capítulo más de la historia de mentiras y fraudes conque se viene desarrollando la crisis de la mano de lospoderes financieros que han conseguido doblegar lavoluntad de la mayoría de los gobiernos, como estáocurriendo en España.

Otros trajes a medida

El Real Decreto de Reforma Financiera no ha sido elúnico traje a medida preparado por el gobierno parasatisfacer las demandas de la banca y fortalecer amedio plazo la posición de las entidades más gran-des para que acaben quedándose con todo el merca-do financiero español. Otras dos normas muestranque, sea cual sea el asunto que se trata de resolver,los intereses de los bancos son lo primero y que esohipoteca la solución que se le pueda dar a los proble-mas de nuestra economía.

El primero de ellos establece un Código de Bue-nas Prácticas bancarias para la reestructuración delas deudas con garantía hipotecaria sobre la viviendahabitual ante el impresionante y dramático incre-mento de los desahucios hipotecarios que afectan adecenas de miles de familias. Sin embargo, un pro-pósito tan loable se queda finalmente en agua de bo-rrajas.

La norma establece los baremos de los hipoteca-dos a proteger en función del importe de compra desu vivienda habitual y siempre que estén en el de-sempleo y sin ingresos. Pero, en lugar de tener con



las familias con problemas la misma generosidadque se suele tener con los bancos, se han fijado unosimportes muy bajos, lo que significa que, para evitarque las entidades financieras resulten muy perjudi-cadas, a la postre sólo se va a proteger a quienes ten-gan la suerte de haber comprado muy por debajo delos precios de mercado.

Es verdad que este decreto establece por fin unlímite máximo a los intereses que se pueden repercu-tir sobre las cantidades debidas en los casos de pro-blemas familiares (sólo 2,5 puntos más de los intere-ses pactados en el préstamo). Pero es que los casosde problemas que se contemplan son los ya muy ex-tremos y, mientras tanto, lo que está ocurriendo esque miles de familias están haciendo frente a intere-ses leoninos de entre el 18 y el 29 por ciento, algo quedebería considerarse sencillamente como usura yque los gobiernos no se atreven a evitar.

Por otro lado, el decreto trata de proteger a loshipotecados con problemas de ingresos y riesgo deexclusión pero, como se mantiene al avalista comogarante del préstamo, resulta que si éste tiene in-gresos o propiedades (que es lo que suele ocurrir enel 95 por ciento de los casos), el crédito no entra enriesgo de exclusión y la norma no tiene ningún efec-to. Los padres, abuelos, hermanos u otros avalistasque suelen tener una vivienda a su nombre e ingre-sos (si no la tuvieran, lógicamente no hubieran sidoavalistas válidos para el préstamo) tendrán que se-guir pagando el préstamo y bloquean así la aplica-ción del decreto.



La aportación más novedosa de este decreto de«buenas prácticas» es que permite que los deudoresen situación de exclusión podrán solicitar a la enti-dad una reestructuración de su deuda hipotecariaque haga viable su pago y si, pese a ello, la refinan-ciación sigue haciendo inviable el pago de la deuda(cuando tenga que hacer frente a una cuota hipo-tecaria superior al 60 por ciento de sus ingresos), elcódigo contempla la posibilidad de que el deudor so-licite una quita en el capital pendiente de amortiza-ción. Si finalmente estos pasos anteriores fracasan,el deudor podrá solicitar la dación en pago de la vi-vienda y cancelar completamente la deuda y las res-ponsabilidades personales del deudor y avalistas.También se contempla que el deudor hipotecariopueda permanecer un plazo mínimo de dos añoscomo arrendatario pagando una renta anual equiva-lente al 3 por ciento del importe de la deuda pen-diente, pero durante dicho plazo el impago de la ren-ta devengará un interés de demora del 20 por ciento.

En comparación con el infierno hasta este mo-mento existente en España, con una casi completaindefensión de los deudores frente a la voracidad delas entidades financieras, el establecimiento de uncódigo con estos principios de actuación puede con-siderarse un avance, pero la prueba de que es com-pletamente insuficiente es que los propios bancosque lo han suscrito (ya es sintomático que exista unsector económico en el que las buenas prácticas seande asunción voluntaria) han ido incluso más lejosque lo contemplado en la norma a la hora de aplicar-



la. Por eso se puede afirmar que este decreto del go-bierno del PP, por muy buena intención que puedahaber tenido originalmente, no va a ser suficientepara evitar que siga dándose el drama de los desahu-cios ni que el derecho a la vivienda que reconoce laConstitución española siga siendo una declaraciónde humo que se lleva el viento de los beneficios ban-carios en un país donde existen 3,5 millones de vi-viendas vacías.

Y el otro traje a medida de la banca que ha tejidoel gobierno es el de la financiación de la deuda conproveedores que mantienen las administracionespúblicas. Se trata de una propuesta muy importanteque hizo el gobierno y que en principio habría queaplaudir porque la Ley de Morosidad, que se adelan-tó a la directiva europea sobre el mismo tema, no hasido capaz de resolver un problema que es muy im-portante, sobre todo, porque la morosidad afectamuy directamente a las pequeñas y medianas em-presas (unos 35.000 millones de euros de deuda) y alos trabajadores autónomos (15.000 millones), queson los responsables de casi el 90 por ciento del em-pleo que se crea en nuestra economía.

Era, pues, muy positivo y había que felicitarse deque por fin un gobierno abordase esta situación paraevitar que continúen cerrando pequeñas y medianasempresas y la sangría del desempleo que eso conlle-va. Pero el procedimiento establecido ha resultadoser tan deficiente que al final va a resultar que su pri-mer beneficiado será, una vez más, el sector finan-ciero, y que el gobierno de Rajoy va a aprovecharlo



para obligar a las administraciones locales a despe-dir a trabajadores y reducir sus prestaciones a losciudadanos.

El mecanismo sólo se destina, de momento, a ha-cer frente a la deuda de entidades locales que, si bienes la más importante, quizá sólo represente la mitadde la deuda total de las administraciones públicas, demodo que no va a resolver el problema de la morosi-dad. Sería necesario ampliar su alcance y tambiéntomar medidas para evitar la morosidad de las gran-des empresas.

Por otro lado, el procedimiento de liquidaciónestablece que las empresas deberán realizar un des-cuento a la Administración, lo que supone una mer-ma tan cuantiosa que puede provocar que las empre-sas sucumban en el intento de cobrar. Y además esuna exigencia doblemente injusta porque las empre-sas más pequeñas ya han tenido que rebajar sus ofer-tas para poder competir con las grandes y porque lasgrandes tienen ahora muchas más facilidades y po-der para no tener que descontar ni un euro, como yaha anunciado, por ejemplo, Fomento de Construc-ciones y Contratas (FCC). Para colmo, el mecanismoprevisto por el gobierno no contempla como parte dela deuda los intereses que las empresas habrán teni-do que pagar en el tiempo en que se ha ido produ-ciendo el retraso en el cobro.

Estas dos últimas circunstancias obligan a quelas empresas que se acojan al plan lleven a pérdi-das las cantidades del descuento y de los intereses.Y eso puede originar un grave problema a muchas



de ellas. Imaginemos una empresa no muy grandeque tenga una deuda pendiente de cobrar con admi-nistraciones públicas de 2,5 millones de euros. Si seacoge al plan del Ministerio de Hacienda y Admi-nistraciones Públicas debe abonar los intereses apli-cados a la deuda (que serían de unos 200.000 euros)y llevarlos ya a pérdidas (puesto que al entrar en elplan ya no se van a recuperar). Y a esa cantidad ha-brá que añadir el descuento. Si se hace uno no muyalto del 25 por ciento, habría que sumar a las pérdi-das otros 625.000 euros. En total 825.000 eurosque casi con toda seguridad obligarían a la empresaa recurrir al concurso y a liquidar.

Para rizar el rizo, el mecanismo establecido por elgobierno se basa en la financiación de la deuda a tra-vés de la banca privada y ésta ha encontrado prontoel procedimiento para hacer de ello otro suculentonegocio. Lo que hacen los bancos es ofrecer a las em-presas acreedoras comprar sus facturas con un des-cuento al que éstas renuncian para cobrar cuantoantes sus deudas, lo que hace que los bancos ganenen torno a un 8-10 por ciento de beneficio adicional.Más tarde, los bancos cobrarán las deudas del fondocreado por el gobierno para pagar a los proveedores.Un fondo que se nutre de los créditos de los propiosbancos, de manera que éstos ganan dos veces, pues loque entregan con una mano (el crédito al 5 por cien-to al fondo) lo están recogiendo sobradamente con laotra (facturas compradas al 8-10 por ciento).

Además, la banca impuso al gobierno que loscréditos que concedan para financiar a los ayunta-



mientos lleven el aval del Estado para que así pue-dan ser descontables ante el Banco Central Europeoy conseguir liquidez al 1 por ciento con la que pro-porcionarlos luego, como hemos dicho, o al 5 o al8-10 por ciento. Y, por supuesto, los bancos cobra-rán adicionalmente las correspondientes comisio-nes por llevar a cabo estas operaciones (en torno al2 por ciento) que, en realidad, son tan beneficiosaspara ellos. Otro negocio redondo para la banca.


• Es imprescindible imponer un régimen decompleta transparencia contable para detectarlos engaños actuales en la situación patrimo-nial de la banca.

• Habría que dejar caer a los bancos que real-mente estén quebrados como consecuencia desu irresponsable o mala gestión en los años an-teriores a la crisis y obligar a que sus gerenteshagan frente a sus responsabilidades económi-cas y legales.

• Es imprescindible modificar el marco legal eu-ropeo e implicar al Banco Central Europeo y anuevos bancos públicos en la financiación delos gobiernos para evitar la voracidad y los pri-vilegios de la banca privada que paralizan laactividad económica. El ahorro sería gigantes-co y se garantizaría que las empresas comenza-ran a crear actividad y empleo de inmediato.



• Hay que considerar que la financiación a lasempresas y los consumidores es un servicioesencial que hay que garantizar para que laeconomía funcione. Para ello es imprescindi-ble nacionalizar el sector bancario deteriorado,recuperar el sector de cajas de ahorro y su pri-migenio espíritu de servicio social e imponeruna lógica de servicio público al conjunto de laactividad bancaria para garantizar el flujo decrédito a la actividad productiva.

• Hay que acabar con el régimen de supervisiónlight que existe en Europa sobre la banca y queha permitido llegar a la situación actual. Enconcreto, hay que avanzar hacia la eliminacióndel privilegio de creación de dinero bancariomediante la emisión de deuda.

• Debe imponerse a la actividad bancaria un se-vero conjunto de principios éticos que impidanque se vuelvan a cometer las irregularidades,los engaños y las malas prácticas que se hanllevado a cabo y que ya han producido en Espa-ña alrededor de 600 sentencias condenatoriasde bancos. Por cierto, sin que ningún gobiernotome nota y actúe frente a esta auténtica pan-demia.


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La «milonga de la economíasostenible»: a la orden deMerkel

y de las grandes eléctricas

En el discurso de su investidura como presidente delgobierno, Mariano Rajoy se refirió al llamado déficitde las tarifas eléctricas como «uno de los más com-plejos que hereda el próximo gobierno».

Olvidó matizar que lo hereda del anterior gobier-no del Partido Popular, presidido entonces por JoséMaría Aznar y del que él formaba parte, y no delPSOE, que en realidad trató de poner fin al favor in-menso que, como veremos en seguida, concedió Az-nar a las compañías eléctricas (aunque esto tampocosignifica que el gobierno de Zapatero dejara de con-cederles otros muchos bajo su mandato).

Y también se olvidó de señalar en aquel discursoque él mismo se disponía a dejar en muy pocas se-manas una herencia energética quizá mucho másonerosa al pueblo español, imponiendo una morato-ria al desarrollo de la energía verde. Porque ahora no



se iba a tratar sólo de hacerle pagar una facturacuantiosa, sino de hipotecar posiblemente para siem-pre nuestra independencia energética y el futuro deun sector tan valioso como el de las energías reno-vables.

El déficit de tarifa

Mariano Rajoy lleva razón en que lo relativo a las ta-rifas eléctricas es algo bastante complejo, pero es asíporque durante años se ha utilizado esa complejidadpara ocultar los privilegios y los beneficios extraordi-narios de las compañías eléctricas.

A la opinión pública se le suele decir lo siguiente:los costes que soportan estas empresas desde que ob-tienen la electricidad hasta que la llevan a nuestrosdomicilios o a los de las empresas son muy elevados y,como se considera que el recibo de la luz es algo de in-terés social, resulta que los gobiernos deben fijar unastarifas por debajo de las que corresponden a esos cos-tes. De este modo, se produce un «déficit de tarifa»,es decir, unos ingresos insuficientes para que las em-presas puedan compensar sus cortes en su totalidad.

Según los datos que maneja el gobierno, ese déficitacumulado se cifraría actualmente en unos 22.000 mi-llones de euros y en 23.000 millones, según las compa-ñías eléctricas.

Con la excusa de esa diferencia entre la tarifa quese cobra a los consumidores y los costes que soportanlas compañías eléctricas, el anterior gobierno de José


La «milonga de la economía sostenible»: a la orden de Merkel... · 115

María Aznar reconoció legalmente ese «déficit» comouna deuda del gobierno y se comprometió a devol-verlo a las empresas. Pero esa operación se hizo des-de el primer momento con una trampa fatal que desdeentonces pagamos todos los consumidores.

El quid de la cuestión radica fundamentalmenteen que en virtud de la ley aprobada por el gobiernode Aznar el déficit no es la diferencia entre lo que lasempresas ingresan por tarifas y sus costes reales,sino entre lo que ingresan (la tarifa) y los costes muysobrevalorados que presentan al gobierno y que ésteacepta sin rechistar.

La realidad es que la tarifa de la electricidad norefleja los costes reales de la producción de energíasegún las diferentes tecnologías o fuentes que utiliza,sino que se tiene en cuenta el más caro. Así, a centra-les ya completamente amortizadas y que producenmucho más barato, se les aplica el coste de otras nue-vas que producen más caro. Y lo mismo ocurre cuan-do se ajusta la oferta con la demanda prevista paracada hora del día: el precio de la electricidad en cadafranja horaria que se asigna es el coste de la unidadgeneradora más cara. De esa manera, por ejemplo,se paga lo mismo el kilovatio de las hidráulicas o lasnucleares que el generado con gas o con viento, quees hasta tres y cuatro veces más barato. Finalmente,para contabilizar los costes que se toman en cuen-ta para calcular el déficit, se registra un valor de lasinversiones realizadas o de otros gastos muy por en-cima del real.

Lo que en definitiva hizo el gobierno de Aznar



fue legalizar la práctica privilegiada de las compa-ñías eléctricas que les permite tener unas retribucio-nes elevadísimas y beneficios, por tanto, extraordi-narios: sobrevalorar constantemente los costes paraobtener artificialmente el supuesto déficit de tarifaque luego deben abonar los consumidores, directa-mente en los recibos o por la vía de los PresupuestosGenerales del Estado.

En contra de lo que dejó caer Mariano Rajoy ensu discurso de investidura cuando dijo que heredabaun déficit anual de 3.000 millones de euros y unadeuda de 22.000 millones por este concepto, lo quehizo el gobierno de Zapatero fue aprobar una ley en2009 que estipulaba que el déficit de tarifa debía sercero en 2013. Aun así, eso no quería decir que iban adejar de recibirlo las eléctricas, pues repartió su cos-te en tres partes: una que pagarían las propias eléc-tricas, otra de la que se haría cargo el Estado a travésde los Presupuestos Generales asumiendo el coste dellevar la energía eléctrica a Canarias y Baleares, yuna tercera que se incorporaría al recibo.

Privilegios a las eléctricas en perjuiciode los consumidores

La prueba evidente de que en realidad las empresaseléctricas no ingresan menos de los costes que sopor-tan por obtener y distribuir la electricidad es que enlos últimos años, desde que el gobierno de Aznar lesreconoció el déficit, han obtenido miles de millones



de euros de beneficios. En 2011, un año en que cayónotablemente la demanda y la facturación, la de lasgrandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Gas Natural-Fenosa) fue de 6.341 millones; en 2010, de 8.200millones e incluso más elevado en años anteriores; ydesde 2005 hasta 2011 han repartido entre sus ac-cionistas 28.123 millones de euros en dividendos.Unos beneficios cuya magnitud no es de extrañar sise tiene en cuenta que el precio de la electricidad enEspaña es el tercero más alto de Europa (sólo pordebajo del de Malta y Chipre), que se produce máscantidad de la que realmente se necesita y que estasempresas disfrutan además de otras vías auténtica-mente irregulares para aumentar beneficios, en granparte provenientes también de lo aprobado por elgobierno de Aznar. Entre otras, las siguientes:

• Alrededor de 5.000 millones facturados a losconsumidores por tener el derecho a conectarla potencia contratada cuando las compañíaseléctricas no están en condiciones de garanti-zarla, sobre todo, por el inadecuado diseño dela red de distribución, por la existencia de unos2.000 puntos críticos y por el colapso del siste-ma que se produce si la potencia conectada lle-ga al tercio de la potencia contratada.

• Alrededor de 23.000 millones de euros anua-les facturados aplicando una tarifa eléctrica fi-jada por el gobierno que no tiene en cuenta laopinión de la Comisión Nacional de la Energíay aplicando métodos contables que dan lugar a



una sobrevaloración de las inversiones realiza-das por dichas compañías en las actividadesreguladas.

• Algo más de 200 millones de euros facturadosa los consumidores en concepto de impuestosobre la electricidad, un concepto inadecuadoporque el simple hecho de ser cliente de unacompañía eléctrica no justifica soportar un im-puesto sobre la fabricación.

• Unos 9.000 millones de euros facturados a losconsumidores en concepto de costes de transi-ción a la competencia (CTC), otra concesióndel gobierno de Aznar al dictado de las grandescompañías eléctricas que sólo benefició a éstasy a algunos grandes consumidores, y que per-judicó a la inmensa mayoría de éstos.

Desgraciadamente, y para colmo, la influencia enel gobierno no es el único apoyo que tienen las eléc-tricas a la hora de salvaguardar sus intereses por en-cima de los de los consumidores. A veces, tambiénlos jueces toman decisiones bastante incomprensi-bles para apoyar sus reivindicaciones cuando hanperdido ante el ejecutivo. Así, las compañías Endesae Iberdrola presentaron en su día dos demandasante el Tribunal Supremo contra la congelación deprecios que había decretado el anterior gobierno, fi-jando una rebaja del 12 por ciento en los llamadospeajes de acceso a las redes que compensaba la subi-da en el precio de las subastas.

El Tribunal sentenció que había que anular esa



rebaja, lo que implicó una subida con carácter re-troactivo del 6 por ciento en las facturas que se co-braron a los consumidores a lo largo del invierno,justo cuando el consumo es más elevado. Se trata deuna sentencia sorprendentemente favorable al oligo-polio eléctrico porque la legislación establece clara-mente que es la Secretaría de Estado de Energíaquien fija los precios máximos de la subasta y que elMinisterio de Industria, Turismo y Comercio esquien tiene la facultad de establecer los peajes de ac-ceso. Por tanto, el gobierno tiene libertad para fijartanto los precios máximos de la subasta como lospeajes de acceso y su método de cálculo. Es por elloque resulta cuanto menos surrealista que los juecesdel Tribunal Supremo den la razón a las eléctricas enuna reclamación en contra de lo que en su día deter-minó el gobierno en uso de sus competencias.

Varapalo a las energías renovables

Como dijimos anteriormente, el sector energético esuno de los que interfiere más directa y constante-mente en las autoridades para lograr que la regula-ción del negocio sea lo más favorable posible a susintereses. Todas sus empresas disponen de gabinetesdedicados expresamente a influir sobre la actividadregulatoria y es habitual que logren que las normaslegales se elaboren literalmente al dictado de sus in-formes.

Y eso, como dijimos, no es ajeno a la presencia



muy bien retribuida en sus consejos o como asesoresde ex políticos de alto rango, entre los que incluso seencuentran antiguos presidentes del gobierno comoJosé María Aznar o Felipe González.

El sector ha conseguido siempre mantener unosaltos beneficios gracias, como acabamos de señalar, aque los gobiernos han regulado las tarifas y su funcio-namiento de acuerdo a sus preferencias e interesescomerciales. Pero en los últimos años han cambiadoalgunas cosas. Sobre todo, porque está naciendo unnuevo sector de energías renovables y limpias, mu-cho más baratas y sostenibles que las actuales. Aunasí, el modelo vigente sigue presentándose como másbarato, pero no lo es si se tienen en cuenta los costesmedioambientales o asociados al riesgo que llevanconsigo las energías basadas en los materiales fósileso en la fusión nuclear.

El nuevo sector de energías renovables se ha con-vertido en un verdadero competidor y enemigo delos sectores tradicionales y por eso éstos han dirigidobuena parte de sus actuaciones a tratar de dinamitarsu desarrollo, lo que ha supuesto una presión cons-tante a los gobiernos para que legislen de forma queles siga siendo favorable. El ejecutivo de Rajoy no hatardado en mostrar su debilidad al respecto realizan-do una doble y simultánea cesión: frente a la presiónde los grupos energéticos españoles más poderosos ytambién ante los intereses del capital extranjero; enambos casos en perjuicio de los intereses generalesde España y de las empresas nacionales de energíasrenovables.



Como es sabido, en nuestro país se ha desarrolla-do en los últimos años un potente sector de empre-sas dedicadas a la obtención de este nuevo tipo deenergías con tecnologías que les están permitiendocompetir en el mercado internacional, además de ircreando mucha actividad, ingresos y empleo en nues-tra economía.

Como acostumbra a ocurrir también en otrossectores económicos cuando comienzan a desarro-llarse, en los primeros años de despegue tecnológicosuele ser necesaria la ayuda estatal para consolidarlas nuevas industrias. Eso es lo que ha justificadoque en los últimos años se hayan concedido diferen-tes tipos de líneas de apoyo a las empresas y explota-ciones de energías renovables (por cierto, no siemprede forma acertada, aunque esto es algo que no pode-mos desarrollar aquí). Sin ellas, esta nueva industria,como se ha demostrado muchas veces en otras acti-vidades en su día innovadoras y en muy diferentespaíses, estaría condenada al fracaso.

Y mucho más si se tiene en cuenta que los espa-ñoles no somos los únicos interesados en explotarestas nuevas energías y en hacer negocio con ellas.Todo lo contrario: en los últimos años se viene desa-rrollando un proyecto energético muy ambicioso queconsiste en sembrar el Sáhara de paneles solarespara suministrar energía eléctrica a Europa. El pro-yecto está encabezado políticamente por el gobiernode Alemania (el mismo, por cierto, que por interésnacional controla a sus grandes empresas energéti-cas pero que suele oponerse a que hagan lo mismo



otros gobiernos, como el de España, afirmando queentonces sí se altera la dinámica del mercado). Ade-más, cuenta con la presencia de muchas de las gran-des empresas de aquel país como E.ON, Siemens o elDeutsche Bank.

Naturalmente, es lógico que a este proyecto ale-mán no le interese para nada que empresas espa-ñolas desarrollen sus propias tecnologías y que al-cancen la envergadura suficiente como para hacerinnecesario el suministro de electricidad que los ale-manes pudieran hacernos desde África. Pues bien,no sabemos si fue por casualidad o no, pero lo ciertoes que el presidente Mariano Rajoy se entrevistó conla presidenta Merkel el 26 de enero de 2012 y quejusto al día siguiente su Consejo de Ministros aprobóun Real Decreto que elimina las primas a las renova-bles, lo que supone una auténtica moratoria a la ge-neración verde en España.

Fuese casualidad o no, lo cierto es que gracias aesa decisión del gobierno de Rajoy, los intereses ale-manes están servidos. Como lo han estado casi si-multáneamente los de las eléctricas y nucleares queconforman el gran grupo de presión energético espa-ñol (el propio ministro de Economía y Competitivi-dad era miembro del Consejo de Administración deEndesa): además de la suspensión de las ayudas a lasrenovables que acabamos de señalar, el gobierno deRajoy anunció que no se cerrará la central nuclearde Garoña y decidió contentar a las empresas tras-ladando a la tarifa los costes de los sistemas de fue-ra de la Península, aunque a cambio estableció de



nuevo el recibo bimensual y la obligación de que lasfacturas se refieran al consumo efectivo y no al esti-mado.

Por lo tanto, mientras que Rajoy no se enfrente ydé solución a estos verdaderos obstáculos no estaráresolviendo el complejo problema de la tarifa eléctri-ca, como se comprometió en su investidura, sino quesimplemente estará consintiendo que su gobiernosiga concediendo privilegios a las empresas que for-man el oligopolio eléctrico para que sigan obtenien-do beneficios extraordinarios a costa del bolsillo delos españoles.

Lo que hay detrás: la «milonga de la economíasostenible»

La política energética que hizo en su día el gobiernode José María Aznar, y que tan rápidamente está ha-ciendo suya para volver a reproducirla con más ím-petu si cabe el de Rajoy, no se caracteriza sólo porser muy servil respecto de los grandes grupos de po-der (y en esto, ésa es la verdad, no se ha distinguidomucho la que ha realizado el socialista Miguel Se-bastián y sus antecesores en el Ministerio de Indus-tria). El auténtico problema que lleva consigo es queese servilismo implica asumir un modelo productivobasado en un uso intensivo de recursos caros e inefi-cientes.

Con tal de salvaguardar los intereses comercialesde las grandes empresas eléctricas y de las energéti-



cas en general se está incentivando la utilización delas fuentes que suponen mayores costes para el con-junto de nuestra economía, pues son las que tienenprecios que vienen impuestos desde el exterior, lasque generan elevadas emisiones de CO2 y no aportanya nada a la innovación y competitividad que precisanuestro aparato productivo. Todo lo contrario de loque ocurre con la mayor innovación tecnológica yeficiencia que aportan las energías renovables, queademás permiten una mayor participación y controlde los consumidores a través de la generación distri-buida y del autoconsumo.

Es verdaderamente muy contradictorio que ungobierno que se jacta de su patriotismo y de defendera los empresarios sea el que frene en seco el desarro-llo de un sector empresarial auténticamente españolcomo el de las renovables (prácticamente el único denuestra economía que hoy día está a la vanguardiamundial y que ha sido capaz de crear una auténtica«marca España»), sólo para defender los beneficiosde empresas oligopólicas que en gran parte son pro-piedad de capital extranjero.

La excusa gubernamental para disimular el servi-lismo frente al capital oligopólico y ajeno a los intere-ses nacionales es la de reducir gastos, pero se trata deuna razón sin mucho fundamento económico al me-nos a medio y largo plazo. Lo que representa una fac-tura auténticamente insoportable para nuestra eco-nomía es la dependencia energética, los costes de lasimportaciones de gas, petróleo y uranio y que podríanreducirse justo en la medida en que aumentara el uso



de otras fuentes de energía: sólo la subida del preciodel barril de petróleo en los dos primeros meses de2012 ha supuesto ya un coste (unos 9.000 millonesde euros) equivalente a las primas a las renovables.

Lo que posiblemente late detrás del despreciohacia el desarrollo de las energías renovables quemanifiestan las medidas de apoyo privilegiado a lasconvencionales es la falta de conciencia sobre la in-sostenibilidad de nuestro modelo de uso de los re-cursos naturales. Los partidos sometidos a los gran-des poderes económicos y financieros han sido losartífices de la burbuja inmobiliaria aprobando medi-das de liberalización del suelo, en la anterior etapade gobierno del Partido Popular, que permitían co-locar en el mercado hasta el último centímetro denuestro territorio, estuviese en donde estuviese. Yalgo parecido ocurre en relación con las fuentes deenergía. Los partidos gobernantes no son conscien-tes de que es imposible mantener de por vida nues-tros actuales niveles de contaminación y los costes detodo tipo asociados a su utilización, y por eso siguenmanteniéndolas en lugar de pasar a utilizar otrasenergías limpias y sostenibles.

Pero lo que sucede es que resulta imposible serconsciente de ello si se opina como el destacado líderdel Partido Popular Javier Arenas, quien afirmó, nadamás y nada menos que en una convención programá-tica de su partido: «Estoy harto de la milonga de laeconomía sostenible, harto de la milonga, de la mi-longa» (El País, 15 de enero de 2012). Efectivamente,éste es el verdadero problema: no creen en la necesi-



dad de establecer principios de actuación que asegu-ren que el uso que hagamos de los recursos naturalesrespete los equilibrios básicos del planeta y garanticeel futuro de la vida. Por eso apuestan sin dudar por suutilización intensiva, por la construcción, una vezmás, como motor de la actividad económica, por elbeneficio especulativo o, como hemos visto en este ca-pítulo, por fuentes de energía muy costosas, peligro-sas y que sólo son rentables para las grandes empresasa costa de abusar de los consumidores.


• Es imprescindible abrir un auténtico debatesocial sobre la insostenibilidad e ineficienciadel actual modelo energético español, del siste-ma de remuneración y la fiscalidad de las fuen-tes y de las tecnologías de generación de elec-tricidad. Conceder una semana, como hizo elgobierno de Mariano Rajoy, para que los suje-tos interesados hicieran propuestas sobre laforma de abordar el déficit de tarifa es un ver-dadero insulto a la democracia.

• Hay que evitar que las grandes empresas oligo-pólicas manipulen a su conveniencia el preciodel kilovatio/hora y los costes que se tienen encuenta para luego recibir ingresos suplementa-rios en concepto del déficit de tarifa. Hay queacabar con sus beneficios extraordinarios y conla influencia política que sus directivos y pro-



pietarios ejercen sobre las administracionespúblicas.

• Los mercados donde se produce y distribuyela energía eléctrica en régimen de oligopoliofuncionan inevitablemente de modo muy im-perfecto, como demuestra el caso español, pro-porcionando una cantidad inadecuada y a unprecio excesivo. Eso significa que el mejormodo de atender a los intereses de los consu-midores y de ahorrarles costes innecesarios yfacturas más caras de la energía es la naciona-lización de las empresas suministradoras, con-siderándolas de estricto y esencial servicio pú-blico.

• Tal y como demuestran diversos estudios e in-formes, es posible ir hacia un modelo basadoen su totalidad en las energías renovables en elhorizonte de 2030. Hay que aspirar a ello pe-nalizando el uso de energías convencionalesque nos hacen más dependientes del capitalextranjero, reconociendo e incorporando en suprecio la totalidad de los costes medioambien-tales que provocan —su deuda ecológica— y, almismo tiempo, incentivar el uso de otras ener-gías limpias y sostenibles.

• Hay que fomentar el autoconsumo en lugar dedesincentivarlo, como hizo una norma del an-terior gobierno que por un lado permitía la co-nexión de pequeñas instalaciones a la red, peropor otro obligaba a los autoproductores a rega-lar al sistema la energía excedentaria y a pagar



por el servicio, con lo que autoproducir laelectricidad puede llegar a ser más caro quecomprarla a la eléctrica. En Alemania, porejemplo, el 50 por ciento de las renovables estáen manos de los ciudadanos y eso puede gene-rar un sistema mucho más limpio, eficiente ysostenible.


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Presupuestos del Estadoque ahondarán en la crisis

Las derechas son muy dadas a alardear siempre deun gran patriotismo. A poco que tengan ocasióndespliegan grandes banderas, como le gustaba ha-cer a Aznar incluso en su residencia veraniega deMarbella, y hacen discursos altisonantes prego-nando su compromiso con la nación y su gran amora la patria. Pero cuando gobiernan, como hemosvisto en los capítulos anteriores, en seguida se des-vela que tienen un concepto del patriotismo untanto singular, puesto que tratan a unas personas ogrupos sociales españoles (los más ricos y afines)como más parte de la patria que otros, y los benefi-cian privilegiadamente con las medidas que adop-tan. Y también se puede comprobar entonces que,cuando les conviene, sitúan sus intereses particula-res por encima de los de la nación a la que dicendefender.



Lo que ha hecho el PP con los Presupuestos Ge-nerales del Estado es una buena prueba de esto últi-mo. Siendo el principal instrumento de política eco-nómica y especialmente urgente en una coyunturacomo la que se estaba viviendo cuando llegó al go-bierno, Mariano Rajoy decidió posponer su pre-sentación sólo para tratar de beneficiar a su partido,evitando que los electores de Andalucía y Asturiascomprobaran que los presupuestos contenían nue-vos y más severos recortes sociales y medidas clara-mente contrarias a las que el PP había prometido enla campaña electoral.

El engaño no les reportó ventajas en ninguna delas dos comunidades, más bien todo lo contrario,pero permitió que muchos más españoles compro-baran que el patriotismo del Partido Popular, dis-puesto a dañar los intereses generales de España contal de obtener ventajas electorales, es sólo de bande-rola y hojalata.

Con independencia de ello, los primeros Presu-puestos Generales presentados en esta nueva etapade gobierno del PP comportan otro tipo de proble-mas aún más graves. Rajoy propuso a las autorida-des europeas alcanzar en 2012 un déficit público del5,8 por ciento del PIB, un compromiso ya de por símuy elevado y dañino para nuestra economía, comoveremos en seguida, frente al 4,4 por ciento impues-to y que representaba una barbaridad tan grande ytan difícil de alcanzar que fue criticado hasta por lospropios economistas liberales. No consiguió que selo aceptaran y finalmente tuvo que admitir el com-


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promiso de ajustar el presupuesto hasta lograr eneste año un déficit del 5,3 por ciento.

El ajuste presupuestario de Rajoy

Para alcanzar ese déficit público en 2012 había quereducirlo en 3,2 puntos respecto al del año pasado,que fue de 8,5 (8,5-5,3 = 3,2), y eso se conseguiríarepartiendo esos 3,2 puntos entre la AdministraciónCentral (1,6), la autonómica (1,4), la local (0,1) y laSeguridad Social (0,1).

Para bajar el déficit en esos 1,6 puntos, el go-bierno tiene que tener en cuenta que en 2012 hayalgunos gastos que van a aumentar (intereses de ladeuda, pensiones...) y se calcula que ese aumento re-presentará unos 0,9 puntos del PIB. Por tanto, paraalcanzar la disminución de 1,6, tendría que hacerunos presupuestos con un ajuste aún mayor, de 2,5puntos (2,5-0,9 = 1,6). Y como el PIB total españolestimado en 2012 es de 1,1 billones de euros, resultaque esos 2,5 puntos porcentuales representan unos27.300 millones de euros. Una cifra que se proponealcanzar reduciendo gastos y aumentando ingresos.

Se trata de un ajuste extraordinariamente gran-de que supone un auténtico hachazo al bienestar y alos principales motores de la economía y que, a nues-tro juicio, es tan grande que va a ser imposible quecontribuya a que desaparezcan los problemas de ladeuda que pesan sobre nuestra economía.



Por el mal camino: renunciar a los ingresosy consentir el fraude

El Partido Popular afirma que tiene una voluntadmuy firme de reducir el déficit público, pero eso con-trasta con su timidez a la hora de proponerse recau-dar más ingresos cuando en este aspecto estamosmuy por debajo de los niveles potenciales de recau-dación que permitirían tener mucho más desahogoen los gastos, tan necesarios para crear empresas,empleo y bienestar.

Según los datos de la oficina de estadística de laUnión Europea (Eurostat) los ingresos fiscales deEspaña representaban en 2010 el 32,9 por cientode nuestro PIB, cuando la media europea es del 40,2(UE-15) o del 39,6 por ciento (UE-27), según losmiembros de la Unión Europea que se consideren,aunque España se debe comparar con la de los 15porque éstos son los países más parecidos a nosotrosen cuanto a nivel de desarrollo.

Esa diferencia respecto a la media europea signi-fica claramente que España está lejos de alcanzar supotencial recaudatorio y mucho más cuando sabemosque el fraude fiscal en España es elevadísimo. Segúnlos técnicos del Ministerio de Hacienda la bolsa defraude se multiplicó por cuatro entre 1980 y 2008hasta alcanzar un volumen de 245.000 millones deeuros anuales. Esto representa un impago de impues-tos de unos 89.000 millones de euros, una cantidadque si se consiguiera recaudar haría posiblemente in-necesario cualquier tipo de recorte de gasto público.



Pues bien, a pesar de ello, los presupuestos de2012 siguen sin recobrar la capacidad recaudato-ria potencial que se podría alcanzar con impuestos ytipos impositivos más eficaces y justos. No contem-plan subidas en el IRPF porque ya se adoptaron en elpaquete de medidas del 30 de diciembre, e inclusoel alza recaudatoria prevista se va a compensar engran parte con la desgravación por vivienda, que esmuy costosa e injusta. Tampoco se toca el IVA, aun-que no cabe descartar que lo hagan a lo largo del año,cuando se compruebe que lo proyectado ahora por elgobierno es muy poco realista. Tampoco se contem-plan subidas en impuestos como el de la gasolina,que además de mayor capacidad recaudatoria ayudaa modificar pautas de consumo y a incentivar el usode otro tipo de transportes, ni por supuesto la recu-peración de impuestos injusta y equivocadamenteeliminados como el del patrimonio.

Los presupuestos sí incorporan una serie de mo-dificaciones en el Impuesto de Sociedades orientadasa aumentar su recaudación: limitando las deduccio-nes y reformando el sistema de pagos fraccionados.Iniciar la reforma de este impuesto se puede conside-rar positivo aunque, lamentablemente, las medidasque se proponen son tímidas e insuficientes y puedenterminar por perjudicar a las pequeñas y medianasempresas cuando son las grandes y las entidades fi-nancieras las que evitan pagarlo en mucha mayorproporción.

El problema de este impuesto tan importante es-triba en que presenta lo que los técnicos del Ministe-



rio de Hacienda califican como «vías de escape», esdecir, una serie de deducciones y excepciones quepermiten que las grandes empresas reduzcan el tiponominal del 30 hasta el 17 por ciento. O incluso al16,08, que es lo pagan de media las 105 mayores en-tidades de crédito, frente al 22 por ciento que paganla mayor parte de las microempresas o el 20 porciento de las pequeñas empresas.

Y la prueba de la timidez de la reforma propuestapor el gobierno es que si se hubiera adoptado unamedida alternativa, como la que proponen los técni-cos del ministerio (un tipo inicial del 30 por cientopara el primer millón de euros de beneficios y un se-gundo del 35 por ciento para los superiores al millónque afectaría a las 5.740 empresas que tienen unafacturación superior a los 45 millones), se podría in-crementar su recaudación en unos 13.900 millonesde euros. Eso simplemente significaría que las gran-des empresas soportarían una carga fiscal semejantea la que soportan las pequeñas y medianas. Y sólocon esta medida se podrían aumentar los ingresos enmayor cantidad de la que supone la reforma que hahecho el gobierno del IRPF, del Impuesto de Socie-dades y de otros especiales (que pretenden incre-mentar la recaudación en 12.314 millones de euros,según los presupuestos).

Otra de las vías aprobadas para aumentar ingre-sos y reducir gastos es la subida y generalización delas tasas judiciales. Una medida que en términos re-lativos no va a tener un gran efecto recaudatorio yque, desde luego, será mucho menor que el que ten-



dría una reforma fiscal que mejorase la equidad delos grandes impuestos, como acabamos de señalar.Como todos los mecanismos de copago, lo que va aproducir ese aumento es un menor acceso a la Admi-nistración de Justicia de las rentas más bajas, lo quees manifiestamente injusto. E incluso puede generargasto adicional si impulsa la recurrencia al sistemade justicia gratuita, puesto que éste presenta muchasimperfecciones y lagunas que deberían ser revisadaspara garantizar que se aplique con auténtico sentidode la justicia.

Finalmente, en el capítulo de ingresos, el gobier-no aprobó una regularización que es una auténticaamnistía fiscal. Una medida del mismo tipo que lapropuesta en 2010 por Rodríguez Zapatero, que nollegó a poner en marcha y que Rajoy y otros dirigen-tes del PP, con su habitual modo de comportarsecuando no gobiernan, descalificaron radicalmenteen su día, tal y como comentamos anteriormente.

Lo que se persigue con esta amnistía, según elministro de Hacienda, es que afloren capitales hastaahora no declarados por valor de unos 25.000 millo-nes de euros y para ello contempla dos vías o procedi-mientos. Una, destinada a las sociedades de mayortamaño que hasta ahora viniesen tributando (o me-jor dicho, que vinieran no tributando) en los llama-dos «países de reducida tributación», es decir, en losparaísos fiscales, o que han obtenido allí dividendos orendimientos del capital. El gobierno ha aprobadoque si se repatrían esos rendimientos sólo tendrán quetributar al 8 por ciento.



La otra vía ofrece a las personas físicas o jurídicasque afloren rentas, bienes o derechos hasta ahora nodeclarados en el IRPF, Impuesto de Sociedades oImpuesto sobre la Renta de no residentes, una tribu-tación al 10 por ciento y, además, que los puedan de-clarar con confidencialidad y discreción.

Es cierto que estas amnistías puedan traer ingre-sos antes evadidos al fisco, pero la experiencia (éstaes la cuarta que se hace en España en la reciente eta-pa democrática) enseña que no suelen ser grandescantidades porque generalmente recurren a ellas losdefraudadores minoristas y no los grandes defrauda-dores. Sin embargo, representan siempre una terri-ble injusticia, una rendición de los gobiernos ante losdelincuentes, una falta de patriotismo y, en el planoeconómico y financiero, la renuncia a perseguir comose debe a quienes estafan a la sociedad e incumplenlas leyes. Este tipo de medidas simplemente significanque el gobierno que las aprueba acepta como princi-pio que unos ciudadanos hayan de cumplir con susobligaciones fiscales y otros no.

En general, con los cambios en todas estas parti-das de ingresos y con los aprobados en diciembre de2011, el gobierno del PP pretende incrementar la re-caudación en 12.314 millones de euros, como ya he-mos señalado. Pero esta previsión nos parece excesi-vamente optimista y exagerada. Primero, porque sebasa en hipótesis poco realistas sobre la evolución delas rentas de las personas y de los beneficios de lassociedades, cuando el propio gobierno prevé que elparo aumente en 600.000 personas. Y segundo, por-



que también está sobrevalorada la previsión del cre-cimiento del PIB sobre la que se calcula la recau-dación. A nuestro parecer, lo más previsible es queempeore nuestra fase recesiva precisamente comoconsecuencia de las medidas presupuestarias que seestán tomando, tal y como comentaremos más ade-lante.

Recortes de derechos sociales que ni siquieraahorrarán lo que se dice

En el capítulo de gastos es donde se contemplan lasmedidas más drásticas de los primeros presupuestosdel PP, que incluso fueron calificados como «presu-puestos de guerra» por el ministro de Asuntos Exte-riores.

Sólo en los presupuestos de los ministerios secontempla un recorte de 13.406 millones de euros, loque significa que algunas líneas de actuación políticatan significativas como la cooperación al desarrollo(disminuye el 71 por ciento), el apoyo a la automo-ción y el coche eléctrico (disminuye un 87,5 por cien-to) o las actuaciones de desarrollo rural (disminuyenel 85,9 por ciento) quedan en mínimos de mínimos.Y que otras tan decisivas como la atención a la de-pendencia o las políticas activas de empleo desapare-cen por completo al disminuir el ciento por ciento,como ha sucedido en otras partidas significativas quesuponen un gasto muy reducido en relación con elconjunto del presupuesto, como el Fondo de Integra-



ción de Inmigrantes o el Plan Nacional sobre el Sida,que se han quedado sin presupuesto alguno. Recor-tes a los que habría que añadir el hachazo a otras par-tidas que son motores, guste o no, de la actividad eco-nómica y el empleo, como las inversiones públicas,que se reducen un 36,1 por ciento, o la inversión enciencia e investigación, que baja en un 35 por ciento.

De la magnitud de los recortes en los recursos des-tinados a garantizar el ejercicio de los derechos socia-les dan cuenta datos como los siguientes: el Ministe-rio de Sanidad baja un 6,8 por ciento su presupuesto;el de Educación, un 21,9, los fondos para becas se re-cortan un 11,6 por ciento de media y las universita-rias, un 62,5 (también en contra de todas las prome-sas previas y electorales de los dirigentes del PP). Elfomento del empleo se recorta un 21,3 por ciento, lasprestaciones por desempleo bajan un 5,5 por ciento apesar de que el gobierno pronostica el incremento yamencionado en el número de parados, y los fondospara la gestión y administración de la Seguridad So-cial bajan un 62,7 por ciento (2.901,12 millones).

La justificación de algunos de los recortes másimportantes muestra la filosofía que ha impulsado laconfección de estos presupuestos del PP.

Para justificar la gran disminución en los fondosde las políticas activas de empleo, el ministro de Ha-cienda afirmó que no funcionan. Una excusa real-mente inaceptable. Si las políticas dedicadas a la for-mación de parados y a mejorar las estrategias debúsqueda de empleo de los parados funcionan enotros lugares de Europa, donde con menos paro que



nosotros se gasta más en ello y se incrementan estaspartidas, lo que habría que hacer sería descubrir quéimpide que aquí funcionen y mejorar su utilización,pero no eliminar esos fondos.

El gasto en formación por persona desempleadaen España es la tercera parte del que se realiza enFrancia o Alemania y en lugar de aumentarlo para lo-grar que aquí tengamos niveles de desempleo tan ba-jos como allí, lo que hace el gobierno del PP es redu-cirlo. Un error que, entre otras cosas, impide combatiry compensar el daño terrible que en España produceel fracaso escolar y nuestro retraso educativo acumu-lado durante décadas de subdesarrollo social, genera-do, precisamente, por la falta de recursos dedicados algasto social que ahora se quiere seguir reduciendo.

De hecho, esta actitud es general en toda la polí-tica presupuestaria. Si de verdad se buscase la auste-ridad y la racionalización del gasto público, lo lógicosería que se establecieran mecanismos orientados aoptimizar el que se realiza, en lugar de recurrir sim-plemente a la tijera, sabiendo que esos recursos sonlos que hacen que otros países, que gastan más quenosotros, sean más avanzados, más competitivos ymás justos e igualitarios.

En definitiva, los primeros presupuestos del PPsuponen unos recortes de gasto excepcionales quevan a afectar principalmente a las partidas que bene-fician a las rentas más bajas y a la promoción de laactividad empresarial y la actividad económica. Loque significa que el gobierno avanza por la vía justa-mente contraria a la que debería utilizar para lograr



que la economía española se recupere y que, además,nos aleja de lo que hacen los demás países de nuestroentorno.

Como hemos dicho, el gobierno pretende realizarun ajuste total de 2,5 puntos porcentuales del PIBpara rebajar el déficit, de los que 0,8 puntos corres-ponden al incremento previsto de ingresos que aca-bamos de comentar y el resto, 1,7 puntos, a la reduc-ción del gasto público. Esto muestra que la estrategiapredominante es la de aplicar la tijera al gasto, a pe-sar de que el peso de nuestro gasto público en el con-junto de la actividad económica (en el PIB) está pordebajo de la media europea. En 2010, nuestro gastopúblico representó el 45,6 por ciento del PIB mien-tras que la media europea fue del 51,1 por ciento en laUE-15 y del 50,6, en la UE-27. El peso de los ingresos,por el contrario, está por debajo y debería ser lo queaumentase, como hemos comentado anteriormente.

Lo más lamentable de todo esto es que un sacri-ficio tan enorme como el que suponen los presu-puestos de 2012 ni siquiera va a poder reducir el dé-ficit en las cifras que se propone el ejecutivo. Laevidencia empírica ha demostrado claramente quetoda reducción del gasto público conlleva una caídadel PIB. Así, si baja 10 euros, el PIB puede caer, se-gún las circunstancias de cada economía, entre 5 y8 euros.

Al caer el PIB se producen a su vez dos efectos:sobre los ingresos y sobre los gastos. Los ingresos delEstado también se reducen porque hay menos activi-dad, menos ingresos, menos beneficios... y disminu-



ye la recaudación tributaria. No es fácil calcular enqué magnitud caen los ingresos, pero no es descabe-llado pensar que por cada 10 euros que baje el PIBlos ingresos pueden caer en la mitad. Y, por otrolado, cuando cae el PIB también aumentan los gas-tos: en prestaciones sociales y subsidios al desem-pleo.

A nuestro juicio, los presupuestos no contemplancon realismo estas mermas y eso significa que lo úni-co que va a terminar produciendo el recorte gigan-tesco que ha realizado el PP es la pérdida de bienes-tar, la disminución de la actividad económica y unefecto mucho menor del previsto sobre la disminu-ción del déficit. En realidad, estos presupuestos y losrecortes que conllevan no se imponen a España paraque mejore su situación económica y pueda hacerfrente más fácilmente a la deuda. Son un paso másen la estrategia que los grandes poderes financierosquieren imponer a España y a otros países de laUnión Europea: forzar su «rescate» en las condicio-nes y con los objetivos que más adelante comentare-mos y generar presión para forzar la aplicación dereformas que les proporcionen más poder y condi-ciones más ventajosas para sus negocios. Ya hanaplicado la reforma laboral y los primeros pasos de lafinanciera y pronto empezarán con la que realmenteles interesa más desde hace tiempo: la de los servi-cios públicos para privatizarlos en la medida de loposible.



Un objetivo suicida que sólo nos pone a los piesde Bruselas y al borde del abismo

Para justificar la estrategia a la que nos acabamos dereferir los grandes poderes financieros utilizan la ex-cusa de la deuda de los gobiernos, afirmando que esel principal problema que hay que resolver y quepara ello hay que recortar gastos mediante estrictaspolíticas de austeridad, además de reducir salariospara que las economías sean más competitivas y ob-tengan así más ingresos.

Como también hemos comentado, se trata deuna vía doblemente equivocada. Si de verdad se qui-siera evitar el incremento de la deuda habría que ac-tuar sobre los tres grandes factores que la están ge-nerando en los últimos tiempos.

El primero, la pérdida de ingresos públicos comoconsecuencia de la crisis y de las reformas fiscalesque han estado orientadas a que las grandes empre-sas, los grandes patrimonios y los dueños del grancapital paguen cada vez menos impuestos. El segun-do, los gastos extraordinarios que ha habido que rea-lizar para crear fondos de ayuda a los bancos queprovocaron la crisis y para paliar sus efectos (subsi-dios de desempleo, ayudas a empresas, etc.). Y, final-mente, el incremento de los intereses que vienenproduciendo los especuladores que actúan con plenalibertad para aprovecharse del mar revuelto de la cri-sis (España, por ejemplo, ha pagado ya tres veces ladeuda pública que tenía en 2000).

Ahora, las medidas que impone Europa y que el



PP hace suyas para resolver la situación en la que es-tamos por esas tres razones, son completamenteinadecuadas. Porque en lugar de hacer frente a todoello se imponen recortes en el gasto que paralizan laeconomía aún más y se renuncia a proporcionar fi-nanciación adecuada, permitiendo que la deuda quedicen querer combatir se incremente constantemen-te, sencillamente para que así aumenten los benefi-cios de los bancos privados que se lucran con ello.Son, en definitiva, unos recortes de gasto públicosuicidas porque significan reducir el ya de por sípoco combustible que tiene la actividad empresarialy el consumo en nuestras economías.

Y decimos que estos presupuestos nos colocanal borde del abismo porque, al seguir deteriorandonuestra situación económica, van a proporcionar laexcusa que van buscando para «rescatar» a Es-paña.

El problema real que tiene la economía españolano es la deuda pública (y mucho menos lo sería si elBanco Central Europeo actuara como debiera) sinola privada. Y ésta es la consecuencia de dos circuns-tancias. Una, la escasez de ingresos como efecto delas políticas neoliberales de los últimos años, quehan producido grandes beneficios para el gran capi-tal en perjuicio de las rentas del trabajo y de la pe-queña y mediana empresa. Otra, el endeudamientode la banca española con bancos extranjeros para fi-nanciar el boom especulativo en la actividad inmobi-liaria de los últimos años y el incremento de la de-manda de crédito familiar por la razón anterior.



Lo que van buscando no es que España hagafrente a esa deuda privada mediante el incrementode sus propios ingresos, puesto que para ello ten-drían que cambiar el modelo de producción y repartoque proporciona grandes beneficios al gran capital.Lo que buscan principalmente es que los bancos espa-ñoles paguen la deuda contraída con los extranjerosy que es la causa de su descapitalización actual. Poreso el «rescate» de España no es tal sino que es, enrealidad, el rescate de los bancos. Y el procedimientosería el que ya han adoptado en muchos otros paí-ses: con la excusa de la deuda pública se adoptanmedidas que deterioran aún más la economía y en-tonces se obliga a que el país en cuestión pida unpréstamo que va directamente a tapar los agujerosde la banca. En este caso, a los bancos españoles paraque éstos paguen su deuda con los extranjeros, pa-sando la factura, por supuesto, a toda la ciudadaníaen forma de recortes y sacrificios aún mayores parapoder pagarlos.

Ésta es la cuestión y está por ver si el PP va a sercapaz de evitarla o si, por el contrario, se va a plegara los intereses financieros que están tratando de im-ponerla desde hace tiempo (aunque con cierta resis-tencia de la Unión Europea y del Fondo MonetarioInternacional porque tendrían que movilizar unagran cantidad de recursos, ya que España tiene untamaño mucho mayor que Grecia o Irlanda).



Más recortes, menos derechos, España de nuevoen recesión

Era sabido que el gobierno del PP haría nuevas re-formas, pero parecía lógico pensar que los Presu-puestos, como principal instrumento de política eco-nómica que son, cerrarían las más importantes.

Al menos durante unos meses, puesto que enellos es donde se definen los recursos disponiblespara llevar a cabo esa política económica. Pero no fueasí. Casi inmediatamente después de presentarlos, yposiblemente para tratar de paliar el efecto tan nega-tivo que había supuesto la amnistía fiscal concedidaa los defraudadores, el gobierno presentó las líneasgenerales de un plan contra el fraude fiscal. Sus prin-cipales medidas fueron, por un lado, limitar a 2.500euros la cantidad que se permitirá pagar en efectivoen operaciones donde participen empresarios o pro-fesionales, imponiendo multas del 25 por ciento aquienes lo incumplan, y el perdón de la sanción a laparte que denuncie los hechos a la Agencia Tributa-ria. Por otro lado, el gobierno obliga a que los contri-buyentes informen sobre las cuentas y los valoresque tengan en el extranjero y adopta otras medidas,en principio, dedicadas a facilitar el cobro de deudastributarias. En opinión de la mayoría de los expertos,como ocurre con el Sindicato de Técnicos del Minis-terio de Hacienda, son medidas muy poco efectivaspara combatir de verdad el enorme fraude fiscal quesufrimos en España, que en sus tres cuartas partescometen, como hemos dicho, las grandes empresas y



los titulares de las mayores fortunas. Los técnicos delministerio opinan, por ejemplo, que el máximo esta-blecido para el pago en efectivo no va a ser tan eficazcomo sería necesario porque es demasiado alto, dadoel gran alcance de la economía sumergida en Espa-ña. También creen que no va a afectar a operacionesen las que habitualmente se produce el fraude, comola venta de pisos entre particulares. E igualmentehan señalado que la obligación de informar sobre lascuentas se referirá solamente a las «blancas» y no alas opacas, que realmente son las que sirven para lle-var a cabo los fraudes. Si se hubiese querido comba-tirlo realmente, se debería haber obligado a los ban-cos a proporcionar la información que tienen sobretodas ellas, teniendo en cuenta que las entidades fi-nancieras son las que sirven de instrumento paraque se lleven a cabo los fraudes y el blanqueo del di-nero. Pero la novedad más sorprendente e importan-te que se produjo después de haber aprobado ya losPresupuestos fue el anuncio de que los recortes degasto social que ya se incluían en ellos se iban a in-crementar con una tajada adicional de 10.000 millo-nes de euros, 7.000 en sanidad y 3.000 en educa-ción, es decir, en los dos servicios más sensibles yposiblemente más decisivos para el bienestar de lapoblación.

Fue una decisión sorprendente porque modificarlos presupuestos apenas una semana después de ha-berlos presentado sólo podía significar dos cosas.Que los presupuestos se habían realizado con una li-gereza e improvisación realmente irresponsable, o



bien que el gobierno, en contra de lo que siempre ha-bía prometido Rajoy cuando estaba en la oposición(«como español, no me gusta que desde fuera me di-gan lo que tengo que hacer»), se había sometido, sinmás, al dictado de poderes extranjeros que le dijeronque recortase aún más los gastos sociales que ya ha-bía presentado a la nación. Y, desde luego, suponíanotro incumplimiento más de Mariano Rajoy, quienpocos días antes de las elecciones había declaradoenfáticamente: «Voy a meter la tijera a todo, salvo alas pensiones públicas y, aunque sea competenciade las comunidades autónomas, a la sanidad y la edu-cación, donde no quiero recortar los derechos de losciudadanos» (Expansión, 4 de noviembre de 2011).En contra de lo prometido por Rajoy, el Consejo deMinistros aprobó sendos reales decretos (recurrien-do, además, al modo de legislar que también habíacriticado a Zapatero cuando éste lo utilizó) para po-ner en marcha el mayor recorte de derechos a losciudadanos desde la muerte del dictador. El primerode ellos se justificaba en la necesidad de garantizar la«sostenibilidad» del sistema de salud español. Unaexpresión verdaderamente inapropiada porque sos-tener algo no es disminuir su entidad o, en este caso,la cobertura del sistema. Es como si alguien dice queva a mantener el peso adelgazando. Efectivamente,las medidas que propone el real decreto se destinana reducir la cobertura universal del derecho a laatención sanitaria, pero el ahorro que se pueda con-seguir de esa forma va a ser menor que el que se po-dría obtener si se aplicaran otras fórmulas que la



Organización Mundial de la Salud y multitud de es-tudios científicos indican que son los más apropia-dos para racionalizar el gasto y ahorrar recursos. Elgobierno ha establecido, como ya adelantamos másarriba, el copago casi prácticamente generalizado alobligar a que los pacientes tengan que pagar por pró-tesis, por productos sanitarios o por transporte si noes urgente. Un mecanismo que no es el que permitereducir el gasto en mayor medida. Para este objetivosería mucho más eficaz, por ejemplo, reducir el con-sumo inadecuado de medicamentos, el ingreso hos-pitalario por efectos adversos de su consumo, la fre-cuencia de uso de las urgencias mejorando el sistemade atención pre-hospitalaria, o la mejora de la ges-tión hospitalaria para reducir la estancia, que sonmedidas que pueden generar un ahorro tres, cuatroo cinco veces mayor, según los casos, que el copago.Como ya hemos señalado anteriormente, con este úl-timo sólo se consigue reducir el uso de los serviciossanitarios de la población de menor renta e inclusoproducir un efecto rebote de mayor gasto como con-secuencia de que esta menor atención produce, alfinal, demandas más caras de servicios sanitarios.Algo parecido sucede con la decisión de acabar conla tarjeta sanitaria de los inmigrantes irregulares. Noatenderlos mientras se encuentran en nuestro terri-torio simplemente puede dar lugar a costes más ele-vados a la larga porque esa falta de atención puedellevar consigo la propagación de enfermedades y elcolapso, aún mayor, de los servicios de urgencias. Entodo caso, también supone un ahorro inmediato (po-



siblemente menos de 1.000 millones de euros), quees relativamente escaso: unos cien millones inferioral que, según los expertos, se podría lograr reducien-do un 50 por ciento el consumo de medicamentosinadecuados, que son uno de cada tres de los que to-man las personas mayores de sesenta y cinco años. Yeso sin considerar los aspectos éticos que implica de-jar sin atención sanitaria a estas personas cuando segastan tantos miles de millones en armamento, enayudas a los multimillonarios, a los bancos, a los clu-bes de fútbol... o cuando se perdona la deuda de losdefraudadores fiscales.

Estas medidas de disminución de la cobertura denuestro sistema de salud quizá podrían disimular suverdadero objetivo y engañar a la gente si vinieranmejor «envueltas». Pero resulta que muchos diri-gentes de la derecha o responsables de salud de lascomunidades autónomas que ya habían aplicadomedidas de este tipo, y defensores de la sanidad pri-vada, han sido bien expresivos y han mostrado muyclaramente lo que piensan y sus verdaderas intencio-nes. El consejero catalán de Salud (y antes presiden-te de la patronal de empresas sanitarias privadas deCataluña) afirmó que «la salud es un bien privadoque depende de uno mismo y no del Estado», y laviceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comuni-dad de Madrid se preguntó si tiene sentido que unenfermo crónico viva «gratis» del sistema, porque«lo sanitario tiene un límite».

Es evidente, pues, que este gobierno no trata sólode ahorrar en gasto sanitario (lo que en cualquier



caso habría que cuestionar puesto que el nuestro esaún menor que el de otros países de nuestro entor-no), porque entonces adoptaría medidas como lasque acabamos de señalar, que suponen una mejorgestión de los recursos. Lo que hace es aplicar pro-puestas ideológicas que defienden que el sector pri-vado es más eficiente y que, lógicamente, están pro-movidas por las grandes empresas privadas y por laindustria farmacéutica con el simple propósito dehacer más negocio con nuestra salud, como han de-mostrado recientemente Joan Benach, Carles Mun-taner, Gemma Tarafa y Clara Valverde en su libro Lasanidad está en venta (Icaria, 2012). En contra de loque dicen los dirigentes del PP, el sistema de saludespañol es de los más baratos del mundo si se tieneen cuenta que proporciona uno de los abanicos deservicios más amplio con cobertura universal, queestá a la vanguardia en resultados como la esperanzade vida o los trasplantes, y que eso lo consigue con ungasto por habitante o en relación con el PIB más ba-jos que los países más ricos de su entorno.

Algo parecido puede decirse del otro decreto de-dicado a «racionalizar» el gasto educativo pero queen realidad supone un simple recorte de recursos aun sistema que si precisa de algo es de más atenciónpresupuestaria.

Las medidas se adoptan queriendo reducir costessin tener en cuenta que los de la ignorancia y la faltade formación son mucho mayores. Aumentar las ta-sas mientras se reducen las becas, limitar el acceso ala universidad cuando se recortan al mismo tiempo



los recursos destinados a la formación superior nouniversitaria (la formación profesional) sólo puedeconseguir que se deteriore el capital humano y el co-nocimiento acumulado en nuestra sociedad, lo queinevitablemente dificulta el progreso social e inclusola competitividad que tanto dicen necesitar. Sobretodo, si al mismo tiempo se reducen en más de latercera parte los recursos destinados a la investiga-ción o aumenta la dedicación a la docencia, en detri-mento de la investigación de los profesores universi-tarios. O si aumenta el precio de los estudios detercer ciclo (que son la puerta de entrada a la activi-dad investigadora) cuando también disminuye laoferta de becas, lo que sin duda dará lugar a que nose puedan dedicar a la investigación los mejores ce-rebros sino aquellas personas que dispongan de ren-tas propias para pagarse la carrera.

Aumentar el número de alumnos por aula en lasfases iniciales de la educación, intensificar el horariode trabajo de los maestros al mismo tiempo que serecortan sus salarios y dificultar la asistencia de lasmadres y padres a sus hijos, al poner trabas a la con-ciliación, tampoco puede conseguir lo que dicen per-seguir los responsables educativos. La realidad es quesólo se va a lograr que los centros públicos estén másmasificados, dispongan de menos recursos y cuentencon maestros y maestras más ocupados, mientrasque se dan todo tipo de facilidades a los colegios pri-vados y concertados. Ningún país de nuestro entornoha logrado los máximos niveles de progreso social nide éxito escolar que ansiamos conseguir adoptando



las medidas de recortes que por la puerta de atrás delos Presupuestos está adoptando cada viernes el go-bierno del PP.

En definitiva, este último recorte, producidocuando ya habíamos terminado de escribir este libro,viene a reforzar aún más la equivocada política de«austeridad» que el gobierno viene aplicando, segúndice, contra la crisis. Su fracaso total también se hizoaún más evidente cuando, casi al mismo tiempo, seconfirmaba que España entraba de nuevo en rece-sión y, por tanto, que las medidas que el ejecutivo seempeña en adoptar no son en realidad «contra» lacrisis, sino justo todo lo contrario.


• España necesita generar más ingresos públi-cos y para ello es imprescindible, en primerlugar, incrementar la actividad económica y elempleo, lo que obliga, como también hemosseñalado, a garantizar demanda solvente a lasempresas y suficiente financiación. Y, en segun-do lugar, reformar nuestro sistema fiscal parahacerlo más justo y acorde con la globaliza-ción y la abundancia de movimientos y tran-sacciones financieras en las que se desenvuel-ven las economías.

• Para evitar gastos extraordinarios lo que ha-bría que hacer no es recortar los que hacen quela economía y la sociedad funcionen mejor, que



son los que ha recortado el PP (educación, in-vestigación, salud, dependencia, formación la-boral, apoyo a empresas que crean empleo),sino optimizar su gestión (algo que no contem-plan los presupuestos) y evitar las causas quelos originan: el paro, la pobreza... y el poder po-lítico de la banca, que obliga a destinar doce-nas de miles de millones de euros a salvar a loscausantes de la crisis en lugar de encarcelarlos.

• Para evitar que los especuladores estén encare-ciendo continuamente la financiación que ne-cesitan los gobiernos, lo que hay que hacer esimponer controles a los movimientos especu-lativos de capital y obligar a que el Banco Cen-tral Europeo actúe como lo que debería ser: unauténtico banco central que financie a los go-biernos europeos para que éstos no tengan queser devorados por los mercados.

• Es cierto que medidas tan necesarias como éstasrequieren el apoyo de la Unión Europea y quehoy en día parece inconcebible que se puedanllevar a cabo en el seno de la zona euro, dadoel encorsetamiento neoliberal que imponen lostratados y las demás normas que regulan sufuncionamiento. Pero eso no puede implicarque España deba asistir pasivamente a la des-trucción de su economía y a un «rescate» artifi-cialmente provocado que llevaría, como ya nosllevan los recortes de gasto, a años de depresióny atraso económico. Por eso es necesario tam-bién que los españoles y nuestro gobierno ac-



túen con dignidad y resolución en defensa delos auténticos intereses nacionales y que denun golpe en la mesa de la Unión Europea pararecabar políticas diferentes que salven a Euro-pa de la actual deriva neoliberal que está hun-diendo las economías y rompiendo nuestrassociedades. Y tener presente que si eso no esposible y si dentro del euro sólo nos queda su-frir un infierno, tenemos el derecho y tambiénla obligación de erigirnos en dueños de nuestrodestino optando por otras vías que lo eviten, sa-liéndonos de esta misión monetaria tan maldiseñada, tan injusta y tan sometida a los pode-res financieros.

• Lo que España necesita, por tanto, son políti-cas que le den la vuelta a esta marcha hacia elfracaso y la depresión en la que nos encontra-mos y, para ello, nada mejor que obligarse arespetar la voluntad de la gran mayoría de lapoblación. Coincidiendo con los recortes apro-bados poco después de poner en marcha losPresupuestos de 2011 que hemos analizado seconocieron los resultados de una encuesta deMetroscopia para el diario El País que mostra-ba que la gran mayoría de los españoles (el73 por ciento) rechaza la reducción de las pres-taciones sanitarias, incluyendo los recortesde gasto sanitario (un porcentaje que incluyetambién el 58 por ciento de los votantes delpartido gobernante, el PP). Y que la mayoría dela población (con mayoría también entre los



votantes del PP) apoya medidas como el esta-blecimiento de bancas públicas (el 52 por cien-to de la población está muy o bastante a favorfrente al 27, que está poco o nada a favor), quenosotros venimos defendiendo. Nos parece, portanto, que está muy claro lo que España nece-sita antes que nada: más democracia para quelos gobiernos cumplan con la voluntad de lamayoría de la población y para que no obedez-can sólo a la de los banqueros y los grandespropietarios.


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El rescate

Aunque cada vez que el gobierno de Rajoy tomabamedidas o planteaba reformas afirmaba que conellas se solucionaban ya definitivamente la subida dela prima de riesgo, la carencia de crédito, o el desem-pleo, lo cierto fue, como habíamos advertido en estelibro y en otros artículos publicados en los últimosmeses, que nada de eso sucedía.

La presión de los mercados se hizo cada vez másfuerte, ante el estupor de los propios ministros y de loselectores del Partido Popular, que veían que la seguri-dad en que las cosas cambiarían inmediatamente designo en cuanto Rajoy ocupara la Moncloa no teníanada que ver con lo que estaba pasando. Y las autori-dades europeas, muy influenciadas por los bancos ale-manes que tenían prisa en asegurarse el cobro de ladeuda que los bancos españoles tienen con ellos, pusie-ron directamente sobre la mesa la palabra que Rajoy



quería evitar de cualquier forma: el rescate (de la ban-ca revestido de rescate de la economía española o deEspaña en su conjunto). Por mucho que se quiso evi-tar, en los primeros días de junio se anunció lo inevita-ble y lo que también había negado el presidente Rajoyque fuese a suceder: «no va a haber ningún rescate dela banca española», dijo el 28 de mayo. Los ministrosde la zona euro acordaron conceder un préstamos dehasta 100.000 millones de euros a España, a través delFROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Banca-ria), para recapitalizar a los bancos españoles.

Sorprendentemente, todos los ministros del go-bierno, con Rajoy a la cabeza, en lugar de tomarlocomo lo que era, el reconocimiento del fracaso al quenos había llevado la irresponsabilidad de nuestrosector financiero, mostraron una alegría desborda-da ante la noticia. El Ministro de Economía decía alos periodistas, cuando empezaba la rueda de pren-sa que dio para anunciar el rescate, que «Las noticiasque traemos hoy son positivas», y el presidente se fueesa misma tarde a Polonia a ver un partido de la se-lección española de fútbol porque, dijo, el problema«ya está resuelto». Incluso el Rey Juan Carlos le diola enhorabuena por haberlo conseguido.

Los documentos sobre el rescate que el gobiernode Rajoy ocultó a los ciudadanos

Uno de los aspectos más lamentables que ha tenidoel rescate del sector bancario español a costa del di-


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nero de todos los españoles es que el gobierno delPartido Popular ha hurtado a la sociedad española eldebate sobre sus contenidos concretos. No sólo hadado una versión edulcorada de lo que en realidadsupone, evitando llamarlo por su nombre y soslayan-do sus costes reales, sino que ha ocultado delibera-damente los documentos en donde se establecen lascondiciones que deberá cumplir España para recibirel préstamo que atará de pies y manos a los españo-les en los años futuros.

A diferencia de lo ocurrido en otros países, en Es-paña ni siquiera se han debatido en el Parlamento,por no hablar de que el Partido Popular se ha opues-to siempre a que se investiguen las causas reales dela crisis en nuestro país y a que se establezcan lasresponsabilidades que han producido el daño tantremendo que venimos sufriendo.

El gobierno no ha hecho públicos documentosesenciales relativos al rescate, de cuyo contenido sólohan podido saber los españoles por informaciones demedios de comunicación que los han obtenido, para-dójicamente, cuando los han hecho públicos parla-mentos o gobiernos de otros países.

El primero es el denominado Memorandum deEntendimiento en el que se fijan las condiciones y losplazos que España debe cumplir en relación no sólocon el sector financiero sino también con la políticaeconómica general, lo que demuestra que medidascomo la subida del IVA, la supresión de la deducciónpor compra de vivienda o la reforma financiera deseptiembre, aplicadas ya por el gobierno, son autén-



ticas imposiciones vinculadas al rescate, a diferenciade lo que se dijo.

El gobierno español tampoco ha hecho públicootro documento que difundió el holandés sobre laidoneidad de España para recibir el rescate y en elque se infiere que la opinión de las autoridades eu-ropeas es que nuestro país se enfrentaría a un graveproblema de sostenibilidad de deuda si los intere-ses financieros no cayeran de «los altos niveles ac-tuales».

El otro documento que tampoco se ha dado a co-nocer a la sociedad española que ha de cargar con elcoste de rescatar a una banca irresponsable es unodel Fondo Europeo de Estabilidad Financiera quecontiene la propuesta de rescate que hace dicho fon-do y que, entre otras cosas, prevé las etapas en lasque se dispondrá del dinero del préstamo o que elbanco malo que debía crear el gobierno dispondrá de25.000 millones de euros.

Finalmente, ni siquiera se hizo público inicial-mente (sólo cuando lo difundió el gobierno de Fin-landia) que este país había exigido a España unagarantía de 770 millones sobre la devolución delrescate.

Y si el gobierno ni siquiera se ha preocupado dedifundir estos documentos, mucho menos ha hechopara garantizar que la sociedad española sepa cuál esla situación real en la que nos encontramos, el precioque habremos de pagar por este rescate y sus conse-cuencias, es decir, lo que debería ser elemental enuna sociedad mínimamente democrática.


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Analizaremos a continuación los efectos más im-portantes que ya ha empezado a tener el rescate quese plasma en esos documentos.

Las condiciones reales del rescate: más subida deimpuestos y nuevos recortes de derechos sociales

Para evitar que el recorte fuese percibido por la opi-nión pública como lo que efectivamente es, Rajoy yel Ministro de Economía afirmaron repetidamenteque no llevaría consigo condiciones añadidas que nofueran las que habría que aplicar al sector bancario.La realidad, como acabamos de adelantar, se encar-gó de demostrar muy pronto que ésta era otra false-dad más y que incluso contradecía lo escrito en elpropio documento del Eurogrupo, en donde se ma-nifiesta textualmente: «El Eurogrupo confía en queEspaña cumplirá sus compromisos en virtud delprocedimiento de déficit recesivo y con respecto a lasreformas estructurales, con el fin de corregir los de-sequilibrios macroeconómicos en el marco de laUnión Europea. Los progresos en estas áreas seránrevisados de cerca y con regularidad, también para-lelamente con la ayuda financiera».

Negando una vez más lo que había afirmado se-manas o incluso días antes, el presidente Rajoyanunció el 11 de julio de 2012 una nueva batería demedidas destinadas a lograr un gigantesco ajuste degasto de 65.000 millones de euros en los años 2012 y2013, aunque, como veremos enseguida, detrás de



ellas había más recortes de derechos sociales y peo-res condiciones de vida para la mayoría de los espa-ñoles que la posibilidad real de conseguir que se pro-dujese realmente una disminución del gasto y deldéficit de esa magnitud.

Las principales medidas adoptadas fueron el au-mento del IVA a partir del 1 de septiembre con laidea de obtener un incremento de 22.000 millonesen la recaudación (subiendo el tipo general del 18 al21 % y el reducido del 8 al 10 % y haciendo que unagran número de productos que hasta ahora soporta-ban el reducido pasen al normal); la suspensión, enprincipio sólo durante 2012, de la paga extra de Na-vidad, lo que supone una rebaja del salario brutoanual de los funcionarios de entre el 5 y el 7 % paraconseguir un ahorro de unos 4.000 millones de euros;la reducción de los días libres de los empleados pú-blicos para ahorrar hasta 6.315 millones al quedarsesólo en tres, la reducción también del número defuncionarios, del sueldo a percibir por los empleadospúblicos cuando se encuentren de baja, y de la tasade reposición de las prestaciones de desempleo del60 al 50 % a partir del primer medio año en que unparado esté percibiendo el subsidio por desempleo;la reordenación de la Administración haciendo quelas diputaciones provinciales se hagan cargo de la ges-tión de los servicios de los municipios de menos de20.000 habitantes que no los presten adecuadamen-te; la creación de un fondo de 18.000 millones deeuros para la financiación de las autonomías con di-nero procedente de Loterías y Apuestas del Estado


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(un tercio) y del Tesoro Público (el resto); la reduc-ción salarial mediante la disminución de las coti-zaciones sociales en un punto durante 2013 y 2014 yel aumento de la cotización a altos sueldos y autóno-mos; la limitación de las deducciones a las grandesempresas en el impuesto de Sociedades impidiendoque se apunten las pérdidas como créditos fiscalesdurante 2012 y 2013 y aumentando en un 10 % latributación de los beneficios obtenidos en el extran-jero; el incremento de las retenciones a profesiona-les del 15 al 21 % para mejorar la liquidez del Estado;la liberalización del periodo de rebajas comercialespara que puedan realizarse durante todo el año; lasubida de cuotas en la enseñanza concertada; y el re-corte a la ayuda al alquiler que pasa a 147 euros men-suales.

Además de todo esto, el Ejecutivo también anun-ció la puesta en marcha de otras veinte leyes a lo lar-go del segundo semestre de 2012 principalmentecon el objetivo de liberalizar al transporte terrestre,ferroviario, la actividad aeroportuaria, el mercado dealquiler, la actividad de los colegios profesionales opara eliminar las barreras entre las comunidades au-tonónomas, entre otras.

Se trata en todos los casos de medidas que siguenel principio de recortar déficit como forma de incen-tivar el crecimiento económico, algo que la experien-cia ha demostrado que en ningún caso funciona ensituaciones como las que ha planteado la crisis ac-tual, de insuficiencia de demanda y de racionamien-to de crédito.



Por mucho que se racionalice el gasto (suponien-do que pueda considerarse que estos recortes tenganesta naturaleza) es imposible que eso ocurra, es de-cir, que aumente la actividad productiva y el empleoademás del bienestar social, si no se ponen en mar-cha políticas encaminadas a recobrar el tejido pro-ductivo, la industria, la actividad agraria y ganaderao los servicios de alto valor añadido, si no se corrigenlas desigualdades que lastran la demanda efectiva, sien lugar de impulsar la dotación de capital social yprivado se destruye disminuyendo el alcance del sec-tor público o la inversión en I+D+i, en educación oen economía del cuidado, si no se dispone de bancosde servicio público que aseguren la financiación delas empresas y consumidores, si no se establecen me-didas para incentivar actividades productivas dife-rentes a las que simplemente generan burbujas y ex-traversión de rentas... Pero nada de eso hay en estabatería de medidas. Ni siquiera hay una sola orienta-da en positivo a fomentar el empleo, el drama núme-ro uno de nuestra economía, o las que realmente po-drían conseguir que la deuda disminuya de formaefectiva y adecuada que son las que incrementan elingreso de los sujetos económicos y no las que lo dis-minuyen.

Por eso se puede afirmar sin miedo que con estasmedidas no se va a conseguir el aumento de recauda-ción previsto y cuando lo ocurrido con las alzas delIVA en otros países de nuestro entorno es muy reve-lador al respecto. En Portugal, por ejemplo, se elevóasegurando que así subiría la recaudación un 16% en


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2012 pero lo cierto es que, a 31 de julio, ha bajado un1,1 %. La razón es clara: en condiciones de actividade ingresos deprimidos como la actual, la subida delIVA supone un encarecimiento de bienes y servicios,muchos de ellos básicos, que dejan de consumirse enuna buena proporción, de modo que no sube la re-caudación.

Además, la conveniencia de esa subida, que paracolmo la aplican los mismos que hace unos mesesllevaron a cabo una radical campaña de acoso y de-rribo del anterior Gobierno basándose en la necesi-dad de no subir este impuesto, no es discutible sólopor esa razón. Se trata, además, de una medida muyregresiva e injusta.

Si el sistema fiscal está bien diseñado y la canti-dad de impuestos directos es mayor a la de indirec-tos y además son lo más proporcionales posibles, losmecanismos de redistribución de la renta del Estadopueden funcionar con éxito porque éste obtiene in-gresos fundamentalmente debidos a los más ricos ylos utiliza para financiar servicios públicos de los quese benefician sobre todo los más pobres. Es una for-ma de hacer justicia a través de un sistema fiscal so-lidario.

Sin embargo y desgraciadamente en la prácticaesto no funciona así en España. En las últimas déca-das, tanto el Partido Popular como el Partido Socia-lista han bajado los impuestos directos, reduciendola fuerza solidaria del sistema e introduciendo debili-dades graves que han hecho que el Estado esté subfi-nanciado. Como ya hemos mencionado en este libro



y analizamos con más extensión en Hay alternati-vas. Propuestas para crear empleo y bienestar socialen España el interés de los grupos de rentas más al-tas por dejar de pagar impuestos ha incrementado elfraude fiscal y la economía sumergida en España, ha-ciendo que por esa vía se pierdan entre 70.000 y90.000 millones de euros en ingresos públicos po-tenciales. Por eso, impulsar subidas de la imposiciónindirecta supone renunciar a avanzar hacia el siste-ma fiscal justo, eficiente y suficiente que sería im-prescindible para que nuestra economía esté a la al-tura de las más avanzadas y competitivas.

Incluso será muy difícil que el gobierno puedalograr reducir efectivamente el gasto y el déficit enla medida en que se propone porque, además de en-contrarse con una fuerte respuesta social, se va aenfrentar a la frontera seguramente insalvable quesupone partir de una situación inicial de mínimosen muchos casos, y que no va a poder reducirse sinpeligro de provocar nuevos desequilibrios y proble-mas sociales que van a obligarle a realizar gastospor otro lado. Concretamente, al provocar una dis-minución importante del consumo privado y delgasto general en la economía, la recaudación globalseguirá bajando y será muy difícil lograr el ajusteprevisto. Y eso, sin contar con el daño social que vana producir estos recortes que, para colmo, no van aser los últimos, como se podrá comprobar en lospróximos meses.


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El banco malo, otra oportunidad perdida

Al hecho de que las medidas de consolidación fiscalno funcionen hay que sumar que los recursos queprovienen de las instituciones europeas se están de-dicando íntegramente a rescatar a la banca y no a losciudadanos. En efecto, todo el dinero que entra como«ayuda» es realmente destinado a salvar las cuentasde los grandes bancos y a agrandar las pérdidas delEstado. Y el caso más paradigmático en este sentidoes precisamente el del banco malo.

Como es conocido, actualmente estamos vivien-do la resaca de la burbuja inmobiliaria, durante lacual se construyeron entre 2002 y 2007 más vivien-das que en los grandes países europeos juntos. Eseproceso de construcción desaforada permitió enor-mes ganancias al sector de la construcción-inmobi-liario, que en alianza con los poderes políticos localespudo utilizar mecanismos como las reclasificacionesy recalificaciones de suelo para añadir unos cuantosceros a sus ganancias habituales. La conocida y prác-tica habitual del «pelotazo urbanístico».

Pero en ese proceso no se utilizaba sólo dineroahorrado sino también dinero prestado, así que du-rante todos esos años la economía española vio cómosu endeudamiento privado se disparaba. Las gran-des empresas de la construcción se regaban con deu-das y también los hogares (especialmente los másricos) multiplicaban su endeudamiento para com-prar varias viviendas y poder participar en la orgíaespeculativa. El acceso a la Unión Europea había su-



puesto el desmantelamiento del sector industrial yagrario de España, así que el binomio construcción-inmobiliarias se convirtió en el motor del crecimien-to español y de la creación de empleo. Cuando lapatata caliente estalló y ya nadie quería comprar vi-viendas todo se vino abajo. Las constructoras tuvie-ron que cerrar tras despedir a miles de trabajadoresy sus activos (viviendas, suelo, préstamos, etc.) pasa-ron a formar parte de los bancos y cajas que les ha-bían prestado el dinero.

Pero estos bancos y cajas tenían a su vez deudascontraídas con los bancos extranjeros, y ahora las vi-viendas, suelo y otros activos que recibían ya no va-lían lo mismo que antes. Incluso muchos de ellos yacasi no valían nada.

Para tratar de que los bancos españoles se desha-gan de todos esos activos «malos» la Troika imponecrear un «banco malo» que se haga con ellos.

En realidad, lo que se crea no es un banco sino unfondo, con capital del Estado y privado, que lo quehará será comprar los activos de los bancos que hoydía son de difícil o imposible cobro o que los bancosno consiguen colocar en el mercado (inmuebles, so-lares, etc.) para tratar de ir vendiéndolos a lo largo delos próximos diez años.

Se supone que gracias a ello, y sin que la opera-ción le cueste dinero a los contribuyentes, los bancostendrán ya «limpios» sus balances y que, por tanto,podrán empezar a prestar a empresas y consumido-res. De hecho, eso es lo que ocurrió en algún país,como Suecia, pero, a tenor de cómo se ha creado en


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España, no nos parece seguro que las cosas vayan aser así.

No nos parece seguro ni mucho menos que con lasimple puesta en marcha de un banco malo en Espa-ña vaya a abrirse de nuevo el flujo del crédito; porquelo que ocurre en el sector bancario español es másgrave. Además de acumular unos 176.000 millonesde euros en activos tóxicos (según Morgan Stanley,pero quizá mucho más), que tendrían que colocar enel banco malo, y eso será muy difícil que ocurra, tie-nen una deuda de unos 400.000 millones de euroscon otros bancos extranjeros, que les exigen que sal-den antes que nada. Así que lo que harán los bancosespañoles con el dinero que recauden cuando le ven-dan sus activos al banco malo, y con el que puedavenir después, será pagar a sus acreedores extranje-ros y no abrir el grifo a las empresas y consumidoresespañoles.

Tampoco es seguro que el banco malo nos vaya asalir gratis a los contribuyentes, como asegura el go-bierno. Para ello tendría que comprar los activostóxicos a bajo precio y venderlo a precio más elevadoy en cantidad suficiente. Pero entonces los bancostendrán que registrar pérdidas elevadas y no será fá-cil que dejen que eso ocurra. Y si los compra a precioelevado para facilitar que los bancos respiren mejory comiencen cuanto antes a financiar le resultarámucho más difícil vender los activos con beneficio ypagaremos más los contribuyentes.

Como demostró el caso sueco para que un bancomalo sea exitoso limpiando de verdad al sector ban-



cario y propiciando que vuelva a financiar correcta-mente a la economía se deberían dar condicionesque no se contemplan ni en el Memorandum ni en lareforma española. Entre ellas, partir de considerarresponsables a los bancos y no darles ventajas ni pri-vilegios de salida, evaluar muy rigurosamente la car-tera de activos tóxicos de cada uno, crear un bancomalo por cada banco afectado y no uno solo para to-dos, procurar que el banco malo sea dirigido porbuenos profesionales y no por personas influidas porintereses corporativos, nacionalizar los bancos quese «limpian» mientras existe el banco malo («porcada corona que metamos en el banco, queremos lamisma influencia», dijo el ministro responsable).Ninguna de ellas se ha dado en España. Como tam-poco son iguales las condiciones macroeconómicas ypolíticas que fueron muy importantes en Suecia paraque el banco malo cumpliera bien su labor: el go-bierno disponía de gran capacidad de maniobra paraapoyar la estrategia de rescate del sector financiero ytenía a su disposición a un banco central que actuabacomo tal financiando las operaciones del gobiernocuando hacían falta sin que éste tuviera que pagarintereses colosales en los mercados para financiarse.

Un rescate de la banca que no salva a laeconomía española

Lógicamente, de todos los documentos relativos alrescate el más importante es el llamado Memorán-


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dum en el que se establece la estrategia de la Troikaque lo ha concebido y que va a aplicarlo, el FondoMonetario Internacional, el Banco Central Europeoy las autoridades de la eurozona.

En él se definen un objetivo, dos principios fun-damentales y las medidas para alcanzarlos. El objeti-vo declarado es recuperar el crecimiento económicopara poder volver a generar empleo a cualquier pre-cio y los principios son la austeridad y las reformasestructurales. A su vez todas las medidas económicasse pueden estructurar en tres ejes: la consolidaciónpresupuestaria, la confianza en los mercados inter-nacionales de deuda y la restructuración de los fun-damentos económicos.

El gobierno español no sólo lo acepta sino que, atenor de las declaraciones, tanto del Presidente delEjecutivo como del Ministro de Economía, los asu-men todos como si fuesen suyos y en nuestra opi-nión ahí se encuentra el principal problema queplantea este rescate para la economía y la sociedadespañolas.

El objetivo es consecuente con las preocupacio-nes de la población española, ya que sufrimos unatasa de paro de casi el 25%. No podía decirse que sepersigue otro objetivo (como en realidad ocurre) si sequiere convencer a la gente de la conveniencia de lossacrificios y sufrimientos que conlleva. Lo que ocurrees que detrás de la formulación de estrategias, objeti-vos y medidas que hace el Memorándum hay princi-pios teóricos que la realidad ha demostrado que es-tán equivocados y, sobre todo, que, en contra de lo



que afirman, no funcionan como se dice, lo hacen enetapas recesivas como la que estamos pasando.

La Troika sostiene que el desempleo se deriva deun mal funcionamiento del mercado de trabajo ymás concretamente de la existencia de salarios de-masiado elevados. Sostienen que por esa razón lasempresas no contratan a más trabajadores y que espor ello también que las economías no son competi-tivas ni registran entonces suficiente crecimientoeconómico. Y, por otro lado, afirman que los proble-mas de confianza de los mercados que dan lugar a lasgrandes dificultades de financiación de la economíareal que padecen economías como la española se de-ben a que hay un exceso de gasto público y deudapública.

Estas ideas pueden calificarse como auténticosdogmas, puesto que se sostienen sin fundamentoempírico alguno, mientras que lo contrario se ha po-dido demostrar en muchas ocasiones. Lo que sabe-mos que ocurre, a diferencia de lo que dicen las auto-ridades europeas y los economistas neoliberales engeneral, es que el desempleo se produce más bienpor insuficiencia de demanda en los mercados debienes y servicios (desde luego eso es lo que ocurreahora) o, al menos, como resultado de la combina-ción de problemas en ambos mercados —laboral y debienes y servicios—, y no sólo en el primero (en Es-paña desde luego no ha ocurrido lo que dicen losneoliberales: con la misma estructura material e ins-titucional de mercado laboral unas comunidades au-tónomas logran mucho más empleo que otras, o se


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registran mejores tasas de empleo y paro en unasetapas o en otras).

Es por ello que las políticas de recorte de gastoque se están imponiendo al aplicar estos principiosideológicos no pueden ser sino fatales. Sus efectoslos estamos observando desde hace tiempo en los paí-ses que ya han sido «rescatados» y que van a peor, oen nuestra propia economía. Hasta 2011 la locomo-tora de débil crecimiento había sido la inversión pú-blica, y desde el inicio de los recortes la economía vaen picado hacia la depresión.

La creencia en que la solución a la crisis pasa porreducir los salarios produce efectos igual de letales.Creen que bajando los salarios las empresas podránbajar el precio de sus productos y que entonces Es-paña será más competitiva, lo que le permitirá volveral crecimiento económico, pero lo cierto es que estatáctica hace aguas por todas partes. Ni los costes sondeterminantes de la competitividad ni el desempleo,como acabamos de señalar, es un problema salarial.En realidad, en la medida en que la demanda caecomo resultado de las políticas que se están aplican-do se deterioran las empresas de la economía nacio-nal y sólo se salvan, si acaso, las grandes empresasexportadoras; al menos mientras la demanda inter-nacional se mantiene.

Es por eso que creemos que tratar de dar con-fianza a los mercados por esta vía es infructuoso. És-tos descuentan que, con estas medidas, en poco tiem-po habrá menos crecimiento e ingresos y, por tanto,más necesidad aún de endeudarse y menos capaci-



dad para hacer frente a los compromisos de la deuda.A los mercados (los acreedores de la deuda privada ypública) no les interesa otra cosa que la rentabilidad,y ésta sólo es posible mientras la actividad económi-ca se mantenga. Dado que la austeridad y las refor-mas estructurales fracasan y empeoran la capacidaddel Estado y sujetos económicos privados de devol-ver sus deudas, los mercados acentúan su presión.Algo que además se agrava por el hecho de que no secontrolan las actividades especulativas en los merca-dos de deuda pública. Por eso la prima de riesgo nodisminuye, sino que sigue creciendo a pesar de losrecortes sucesivos que se hacen.

Para colmo, es muy difícil pensar que el rescate,tal y como se ha diseñado, contribuya efectivamentea sanear al sistema bancario español y que logre queel crédito vuelva a fluir a la economía.

Puesto que ya se han hecho operaciones de estetipo en otros países, se sabe que ese tipo de présta-mos de rescate se orientan a salvar los muebles de losbanqueros, y en este caso de los centroeuropeos quehabían financiado la burbuja inmobiliaria española,pero no de salvar a la economía o, ni mucho menos,a las personas.

Como advertimos en su día, y eso fue lo que ocu-rrió, el anuncio del rescate ni siquiera iba a frenar laescalada de la prima de riesgo, que encarecía fatal-mente la financiación de nuestra economía, y tam-poco podría garantizar que el sector bancario pasaraa ser solvente ni que las empresas y consumidoresvolvieran a disponer de financiación suficiente.


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La cuantía del crédito se estableció a partir deuna estimación realizada del Fondo Monetario In-ternacional sobre las necesidades de capital del sec-tor bancario español que estaba hecha (como casisiempre hace el Fondo) ad hoc, para justificar la can-tidad con la que se pensaba jugar de antemano. Así esporque ni en ese informe ni en ningún otro se realizóuna evaluación estricta y rigurosa de las necesidadesde financiación de la banca española para conocercon exactitud su verdadera situación patrimonial,algo que los banqueros no desean que se haga paraevitar que se ponga sobre la mesa la auténtica magni-tud de su irresponsabilidad y del quebranto que hangenerado al conjunto de la sociedad española. Pero esfácil deducir que ningún tipo de medidas de sanea-miento de la banca pueden ser eficaces mientras nose conozca con toda certeza el daño exacto que tienenque resolver.

El Fondo fijaba esas necesidades con gran im-precisión en un abanico muy amplio (entre 45.000 y119.000 millones de euros) y las deducía a partir deestablecer escenarios futuros sumamente discutiblespor lo que resultaban bastante alejadas de las queofrecían otras instituciones. De hecho, se sabe que ladeuda inmobiliaria con los bancos europeos no eramenor de 400.000 millones de euros, así que los100.000 millones previstos como techo más alto delrescate serán seguramente insuficientes incluso enlos escenarios más optimistas de su recuperación, ypor muy altas que hubiesen sido las provisiones con-tenidas en los balances de los bancos.



Tal y como estaba inicialmente concebido, el res-cate tampoco podía garantizar que vuelva a generar-se crédito a la actividad productiva no sólo porque lacapitalización será insuficiente sino, además, por-que, como veremos enseguida, estaba unido a laobligación de mantener las políticas de austeridadque, como ya hemos comentado en páginas anterio-res, generan inevitablemente efectos recesivos queimpiden que haya demanda solvente que compensaa la banca dejar de dedicar los recursos a donde ob-tiene mayor rentabilidad.

Y, para colmo, el gobierno español ni siquiera es-taba dispuesto a asumir los aspectos de vigilancia ytransparencia más positivos que podía haber en lascondiciones pactadas para el rescate. Así, no esperó adisponer del dinero del préstamos para seguir reca-pitalizando a Bankia sino que a primeros de sep-tiembre decidió proporcionarle entre 4.000 y 5.000millones de euros más para aumentar sus reservas decapital. Lo hizo para evitar la supervisión más estric-ta derivada del acuerdo del rescate y que se aplicarauna de sus condiciones: que las pérdidas se asumandirectamente por los titulares de deuda subordinaday acciones preferentes. En lugar de ello, al usar dine-ro del propio gobierno y no del préstamo que tanbien había sido recibido, el gobierno se protegía de laira de sus votantes y evitaba que se siguieran descu-briendo más trapos sucios de la gestión de los diri-gentes de su partido.


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Los parados, «¡Que se jodan!»

El grito que entre comillas encabeza este epígrafe, lodio en el hemiciclo de las Cortes la diputada del Par-tido Popular Andrea Fabra el 13 de julio de 2012cuando el presidente Rajoy acababa de anunciar elrecorte en las prestaciones de desempleo. Es un buenreflejo del sentido que le dan a las reformas muchosdirigentes de la derecha española.

En lugar de entender los problemas sociales delos de abajo como el reflejo de una sociedad injusta ydesigual, que admite demasiados privilegios a los ri-cos y poderosos, cuando le niega derechos básicos alos más humildes, demoniza a estos últimos y lospresenta como culpables, no sólo de su situaciónpersonal, sino de todas las calamidades sociales. Ymás concretamente, los acusan de no desear trabajarporque, según ellos, muchos parados prefieren vivirde los subsidios en lugar de buscar empleo, o de co-meter fraudes a la hora de recibirlos.

Así, resulta paradójico que el gobierno que nadamás llegar desmanteló la unidad de lucha contra elfraude, que puso en marcha una amnistía fiscal conla excusa de que aumentaría la recaudación peroque al final sólo recauda un 2 % de lo previsto, queindulta constantemente a condenados por delitosque han sido muy onerosos para la hacienda pú-blica, y que nada hace para acabar con el lastre dela evasión fiscal en España (más bien al contrario),se disponga a luchar contra el fraude a la Seguri-dad Social, haciendo creer que éste es el fraude más



importante y al que principalmente hay que com-batir.

Defendemos desde luego que se combatan todotipo de fraudes, pero no podemos dejar de señalar loparadójica e inaceptable que resulta esa doble varade medir por parte del gobierno de Mariano Rajoy.

Como es sabido, cuando un trabajador se quedaen el paro en España tiene derecho a recibir unaprestación social por parte del Estado como com-pensación. Esa prestación social tiene dos fines, unode carácter estrictamente social y otro económico. Elsocial es que impide que esa persona se quede siningresos mientras no encuentra otro trabajo, de for-ma que puede entenderse como una compensaciónque el Estado hace por no garantizar la existencia deempleo. El económico es que gracias a que se impideque esa persona se quede sin ingresos el consumo enuna economía no se reduce tan drásticamente. Poreso se dice que son prestaciones que funcionan deforma anticíclica.

En la actualidad el sistema productivo español esincapaz de ofrecer trabajo a todos los trabajadores,de forma que muchos millones de personas quequieren trabajar no pueden hacerlo. No es una deci-sión personal, como pretenden hacer creer los go-biernos incapaces de generar empleo suficiente, sinoque se debe a que la propia economía tiene un mode-lo de funcionamiento muy ineficaz y desigualitario.

La carencia de estas prestaciones o su disminu-ción provocarían un mayor desastre social y econó-mico, pero parece que ésa es la línea elegida por el


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gobierno del Partido Popular al reducir las presta-ciones de esta naturaleza y aumentar los requisitosde acceso a ellas.

Tras el decreto que aprobó en agosto de 2012,por ejemplo, muchos miles de jóvenes que tienenque vivir en sus casas porque la prestación no lesdaba para vivir fuera perderán la prestación y, paradecorar ese endurecimiento, el gobierno ha incre-mentado hasta 450 euros una prestación que antesera de 400, es decir, en apenas 50 euros en un mo-mento histórico en el que es más que evidente queestamos hablando de cantidades pequeñísimas que nopermiten sobrevivir con dignidad a nadie y muchomenos a una familia al completo.

En esa misma línea de demonizar a los parados eincluso de criminalizar su conducta se podría incluirla forma en que se ha planteado una alternativa que,en otros términos, podría ser aceptable: que los pa-rados que reciben subsidios del Estado realicen ta-reas sociales. Pero una cosa es eso y otra plantear quecualquier parado que sea llamado para ello deberácontribuir a la limpieza de los montes o a actuar entareas de lucha contra el fuego. Algo que parece olvi-dar que la mayoría de las veces esa llamada no hacefalta porque cuando hay fuegos son cientos las per-sonas que se ofrecen voluntarias. O, simplemente,que supone una solución chapucera a un problematan grave porque un gobierno serio afrontaría de unmodo mucho más serio este problema tan grave (li-mitando la construcción y no liberando suelo o per-mitiendo construcciones ilegales, adoptando políti-



cas medioambientales más firmes y sanas, dedicandomás recursos a la prevención y no recortándolos,como se está haciendo, etc.).


• Como ya hemos señalado, para salir lo más in-mediatamente de la crisis es imprescindible re-cuperar la demanda efectiva y el crédito. Paraello hay que recuperar al sector público comomotor de gasto y de los ingresos de pequeños ymedianos empresarios, de autónomos y de lostrabajadores en general.

• En lugar de dedicar dinero a salvar bancos queson realmente entidades zombis, ahora que lastasas de paro son más altas que nunca es cuan-do los recursos deberían aplicarse con más in-tensidad a poner en marcha políticas de em-pleo.

• El empleo se podría recuperar hoy en día, aligual que ocurrió en otras situaciones históri-cas anteriores en países en depresión, financia-do públicamente infraestructuras sociales (sóloun adulto de cada diez trabaja en los serviciospúblicos del Estado del Bienestar en España,comparado con uno de cada cuatro, en el casode Suecia), creando cinco millones de nuevospuestos de trabajo, en muchas áreas producti-vas como los sectores verdes —tanto en mante-nimiento como en creación de nuevas formas


El rescate · 181

de energía— con lo que deberían crearse otrosnuevos cinco millones de puestos de trabajo.

• Estos gastos podrían financiarse fácilmente,asegurándose de que los ingresos al Estado al-cancen los porcentajes del PIB que tienen lospaíses más avanzados económica y socialmen-te, como los países nórdicos de Europa (en Es-paña es el 35 %, en Suecia es el 51 %), sin que elmayor incremento impositivo recayera en laciudadanía normal y corriente.

• La mayor aportación de recursos para salir dela crisis debería venir de quien la ha causado,es decir, el capital financiero. Y hay que teneren cuenta que no es cierto que la Banca no ten-ga liquidez. La tiene, y mucha. Lo que ocurre esque la tiene guardada, entre otros lugares, en elBanco Central Europeo o la emplea en com-prar deuda pública a intereses elevados quedebería financiar el banco central sin intereses.El BCE ha prestado a la banca europea desdefinales del año pasado, a unos intereses bajísi-mos de menos del 1 %, un billón de euros. Yde esta cantidad, la mitad (500.000 millones deeuros) a la Banca española e italiana. Peronuestros bancos depositaron gran parte de es-tos fondos en el BCE, sin utilizarlos para cum-plir su función social, que es la provisión decrédito.

• Por lo tanto, la alternativa sería que el Estadonacionalizara la banca o permitiera la existen-cia de la privada sólo con la condición de que



ofreciera crédito a unos intereses regulados pú-blicamente que garantizaran su accesibilidad ydisponibilidad. Y, sobre todo, que se gravaramasivamente, intentando reducir su tamaño yeliminar su comportamiento especulativo, cen-trándose en su función social, que es la únicaque justifica su existencia.

• La creación de un banco malo en las condicio-nes en que lo ha hecho el gobierno no es la ade-cuada. Hay que nacionalizar bancos, hacer res-ponsables a los accionistas y llegar a acuerdosrealistas con los acreedores que han de asumirigualmente las pérdidas asociadas a sus malosnegocios, y proporcionar enseguida financia-ción suficiente y económica a las empresas quecrean riqueza y valor para recobrar la produc-ción de bienes y servicios y para sacar adelantelo único que puede hoy día salvar a España:más actividad empresarial y productiva denuevo tipo.

• Naturalmente, para que todo eso sea posible,España necesita hacerse más fuerte en Europallamando a constituir un bloque de nacionesdispuestas a regenerar el proyecto europeodesde principios de solidaridad, cooperación yjusticia.


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¿Por qué se aplican políticasque están condenadas al fracaso?

Tanto el actual gobierno de Mariano Rajoy como losdemás gobiernos europeos reiteran que adoptan lasmedidas de recortes de derechos sociales para afron-tar la crisis. Pero es fácil comprobar que eso no es así,que esas medidas, en lugar de sacarnos de ella, nosllevan a una nueva recesión y a empeorar las condi-ciones de vida de la mayoría de la población.

La causa de que sigan cerrando empresas y per-diéndose empleos está clara: las empresas no tienenclientes, no venden lo suficiente y los bancos no lesproporcionan financiación (o se la dan racionada, enmuy pequeñas cantidades, por ejemplo, obligando alos pequeños y medianos empresarios a que se finan-cien mediante tarjetas de crédito a intereses cerca-nos al 30 por ciento). Y no hace falta ser un premioNobel de Economía para darse cuenta de que las me-didas de reducción del gasto que está imponiendo



Europa agravan la situación, porque al recortar esegasto reducen la demanda que necesitan las empre-sas y, al dar dinero a los bancos sin imponerles obli-gaciones de financiación, sólo logran que sigan espe-culando sin parar y ganando muchos más millonesde euros sin solucionar problema alguno.

Eso es lo que explica el fracaso de las políticaseuropeas y que ahora aplica el Partido Popular. Perolo importante es preguntarse qué circunstancias sonlas que permiten que puedan seguir aplicando unaspolíticas que producen el efecto contrario del que di-cen que van a producir cuando, además, esos efectosson perjudiciales para la gran mayoría de la pobla-ción.

El fracaso de las políticas neoliberales

La prueba de que estas políticas equivocadas de losgobiernos europeos no sirven para salir de la crisis esque los últimos datos de la oficina de estadística euro-pea (Eurostat) disponibles cuando escribimos estaslíneas muestran que la Europa que las está aplicandoavanza de nuevo hacia la recesión. Sólo Francia, Eslo-vaquia, Bulgaria, Hungría y Letonia se salvan de losregistros negativos. Y algunas ya empiezan a estartécnicamente en recesión (dos trimestres con creci-miento negativo). Entre ellas Bélgica, Países Bajos,Italia, República Checa, Dinamarca y Eslovenia. Y,por supuesto, Grecia, Portugal e Irlanda.

Y lo que está pasando en Europa no es solamente


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que bajan unas décimas los registros de la actividadeconómica y que eso se resolverá pronto. Si se entraen los detalles de esta caída, las siguientes circuns-tancias permiten deducir que la situación es másgrave de lo que parece y que va a empeorar a lo largodel año 2012:

• El deterioro se está produciendo en práctica-mente todos los países europeos (Francia segu-ramente se añadirá a los de registro negativoen este primer trimestre de 2012 e incluso esmuy posible que también Alemania), lo quequiere decir que es el conjunto de las políticas,su impulso y diseño general lo que falla y nosólo su mala aplicación por algunos países.

• Se viene produciendo una considerable dismi-nución del consumo privado como consecuen-cia de la moderación salarial y de la subida deimpuestos indirectos que están deteriorando lacapacidad adquisitiva de la inmensa mayoríade la población europea. Esto significa que au-mentará la pobreza y la exclusión social, dandolugar al círculo perverso que siempre origina eldeterioro de las condiciones de vida, que a lapostre lleva consigo el cierre de empresas, másdesempleo y peor rendimiento económico.

• La caída en la utilización de la capacidad pro-ductiva adelanta que la inversión no se va a re-cuperar en bastantes meses.

• Nada indica que se esté dispuesto a cambiar laspolíticas de recorte del gasto público, de modo



que se va a seguir provocando el aumento deldesempleo y del cierre de empresas como con-secuencia de la menor demanda y de la pérdidade estímulos esenciales a la inversión y la inno-vación.

• Aunque algunos países mejoran el saldo exte-rior (como España) es más bien como efecto dela caída de las compras al extranjero que de lasubida de exportaciones, lo que indica que re-ducir salarios no ha conseguido en realidadmejorar la competitividad global en Europa,tal y como dicen los defensores de las políticasque se están imponiendo. Ocurre, como hemoscomentado en otros artículos, todo lo contra-rio: el empobrecimiento general.

• Los indicadores de confianza económica hanbajado a los niveles de 2009.

• Los diferenciales de deuda entre los países hanaumentado en los últimos meses, a pesar de quelos diferentes países han ido aplicando las re-comendaciones de las autoridades europeas yde que el Banco Central Europeo ha interve-nido masivamente. Lo que hace prever que elproblema de la deuda no sólo no está solucio-nado sino que va a aumentar o incluso a esta-llar en los próximos meses. Téngase en cuentaque los recursos disponibles del Fondo Euro-peo de Estabilidad Financiera y del Mecanis-mo Europeo de Estabilidad son insuficientespara hacer frente a las necesidades de financia-ción de España e Italia en los próximos tres



años. Con la aportación del FMI llegaría justopero, a poco que la situación en estos o en otrospaíses se agrave, se producirá una crisis gene-ralizada.

• Las encuestas de los bancos centrales apuntana que empeoran las condiciones de acceso alcrédito y esto es, muy posiblemente, lo que va amarcar el tipo de crisis asociada a la nueva eta-pa de recesión: un nuevo racionamiento delcrédito que, al añadirse al que ya se viene pro-duciendo, puede llegar a paralizar toda la eco-nomía europea provocando con ello otra deba-cle mundial. Hasta el Banco Mundial acaba deseñalar en un reciente informe que hay riesgode «una crisis global de dimensiones iguales osuperiores a la crisis de Lehman Brothers, en2008» (Global Economic Prospects 2012: Uncertainties and Vulnerabilities, The WorldBank, 2012).

Un empeño suicida sólo para salvara los bancos

Lo que esos datos muestran de forma clamorosa es elfracaso indisimulable de las políticas que se vienenaplicando en Europa.

Se trata de un fracaso largamente anunciadoporque nace de no querer reconocer ni enfrentarse ala situación real de partida: tratando de aumentarhasta el infinito su negocio (la generación de deuda),



la banca ha destrozado el sistema financiero hacién-dolo saltar en mil pedazos. Y como consecuencia deello ahora nos encontramos con dos problemas en-trecruzados. Por un lado, con una necesidad extraor-dinaria de financiación para hacer frente tanto ala deuda privada, auspiciada por la banca, como a lapública, acelerada por la crisis. Y, por otro, conun sistema financiero que no está en condiciones deproporcionar el crédito que necesita la economíasencillamente porque la banca está quebrada. Por-que, por mucho que se permita que se manipulen susbalances con artimañas contables, lo cierto es que haconsumido su capital propio y el ajeno en las opera-ciones de altísimo riesgo y completamente impro-ductivas que lleva realizando desde hace años. Y por-que, para colmo, en lugar de disciplinar a la banca,las autoridades le permiten que utilice los billones deeuros que pone en sus manos para que siga especu-lando y para que, en lugar de financiar la economía,se lave la cara y siga disimulando la magnitud deldestrozo que ha provocado.

Y es además un fracaso previsible porque estaspolíticas se han aplicado ya en otros lugares y sabe-mos los efectos que han tenido. En América Latinase hizo frente a un problema semejante de deuda conpolíticas como las que ahora se imponen en Europade recorte salarial y de gasto público, de privatizacio-nes y de reformas laborales orientadas a precarizar eltrabajo, dando plenas facilidades para la concentra-ción de capitales y dejando que los bancos impusie-ran su ley. Es decir, «rescatando» a las economías de



la manera que comentamos en el capítulo anterior.El resultado fue una década perdida por la destruc-ción de tejido productivo y la caída del ingreso, queprovocó el incremento extraordinario de la desigual-dad, la pobreza y la marginación, y que sólo se ha po-dido empezar a superar cuando se han aplicado polí-ticas de signo contrario.

Pero ¿por qué se empeñan Mariano Rajoy y otrasautoridades en adoptar estas medidas si se está com-probando claramente que no sirven para salir de lacrisis, sino que la agudizan?

La respuesta es clara. En lugar de hacer frente aesta situación con realismo (dejando caer a la bancaarruinada y garantizando la financiación como unservicio público esencial a través del Banco CentralEuropeo y de bancos nacionalizados), las autorida-des europeas han decidido ponerse al lado de losbanqueros para darles todo tipo de facilidades y ayu-darles a salir adelante.

Para justificarlo están mintiendo a los ciudada-nos sobre el origen y naturaleza de la deuda. Les di-cen una y otra vez que es fruto de que hemos vivido«por encima de nuestras posibilidades» y que, porello, lo urgente es aliviar la deuda y moderar la de-manda adicional de financiación. Y, sobre todo, queeso sólo se puede conseguir reduciendo los salarios yrecortando el gasto público, porque con salarios másbajos las economías serán más competitivas y obten-drán más ingresos para pagar la deuda y porque conmenos gasto público habrá más recursos para pa-garla.



Se trata de una política completamente errónea yfalsa y la mejor prueba de ello son los datos quemuestran, como vimos al comienzo, que la economíaeuropea se viene de nuevo abajo cuando esa políticase pone en marcha.

Si los banqueros han conseguido poner a sus ór-denes a los gobiernos con tanta disciplina, y espe-cialmente en España, también es por algo. Por unaparte, por el enorme poder político que han acumu-lado. Y, por otra, porque han conseguido imponer ala sociedad la doctrina neoliberal, según la cual laeconomía sale adelante sólo si se dan alas al sectorprivado. Y eso es lo que lleva a los gobiernos a priva-tizar el capital público, a aplicar reformas laborales yfinancieras que permitan multiplicar rápidamentelos beneficios empresariales, y a poner cada vez másrecursos en manos de los bancos y de los grandesfondos de inversión mediante el salvamento banca-rio o la privatización de las pensiones y del ahorropúblico.

El problema es que esto no sólo es una formasumamente injusta de repartir la riqueza, sino tam-bién una fórmula que no funciona para garantizar elfuncionamiento global de la economía: lo que con-sigue es deteriorar la demanda y sin ella sólo pue-den salir adelante las empresas que tengan muchopoder de mercado y una clientela completamentefidelizada. Para éstas y para los bancos que siguenteniendo barra libre en el Banco Central Europeo ycopiosas ayudas de los gobiernos es una jugada per-fecta. Pero es letal para las pequeñas y medianas



empresas, para los trabajadores y para la economíaen general.

El trasfondo político de los asuntoseconómicos

La enorme influencia de los banqueros y de los gran-des grupos empresariales, que han conseguido dictara los gobiernos estas políticas que tanto les convie-nen e incluso hacer que sus representantes se sien-ten en los consejos de ministros u ocupen altos car-gos en la Administración, pone sobre la mesa unacuestión fundamental y que es imprescindible teneren cuenta para entender lo que pasa en la vida eco-nómica y, en particular, en la de nuestro país.

Nos referimos a que los problemas económicosno son asuntos técnicos, como el funcionamiento deuna maquinaria, que se resuelven objetiva y neutral-mente, sino que en realidad son problemas políticos.Eso significa simplemente que resolver cualquiertipo de problema económico implica siempre, sin ex-cepción, repartir los recursos a un bolsillo o a otro. Yes evidente que esta decisión sobre quién va a ser elafortunado no es algo técnico sino puramente políti-co, es decir, que se resuelve en función de los intere-ses o las preferencias dominantes.

De ahí se deduce, por tanto, que los problemaseconómicos se resuelven de una forma u otra en fun-ción del poder que tengan los diferentes grupos so-ciales, esto es, de su capacidad para conseguir que



sus intereses o preferencias se impongan sobre los delos demás.

Si en una sociedad hubiera un régimen realmentedemocrático (que permitiera que todos los individuosdispusieran exacta y verdaderamente de la misma ca-pacidad de decisión) entonces las decisiones sobre losproblemas económicos se tomarían en función delos intereses mayoritarios de la población. Pero si lademocracia es imperfecta y no permite que todas laspersonas influyan con la misma fuerza en las decisio-nes, las decisiones sobre los problemas económicos setomarán, como vemos que ocurre en España, en Eu-ropa y en tantos otros lugares, en favor de quienestengan más poder o capacidad para decidir.

¿Acaso hay una razón técnica que obligue a queun banco cobre un 30 por ciento de interés a un pe-queño empresario que se excede en un crédito, cuan-do ese crédito se lo da el banco con dinero que recibeal 1 por ciento del Banco Central Europeo? ¿No esevidente que si eso es así es sencillamente porque losbancos tienen mucho poder y obligan a los gobiernosa que no hagan nada para evitarlo, simplemente conuna ley que prohíba la usura o que les obligue a utili-zar sus recursos para financiar la economía? ¿Hayalguna razón técnica para que el recibo de la luz seaen España un 25 por ciento más caro que la mediaeuropea? ¿No es evidente que si eso es así es porque,como hemos visto, las grandes eléctricas tienen undesmesurado poder político en nuestro país?

Lo que desgraciadamente está ocurriendo en Es-paña —las dificultades que tenemos para llevar a



cabo políticas más eficaces para salir de la crisis y laesclavitud con la que tenemos que seguir aplicandolas que comprobamos que empeoran nuestra situa-ción— tiene que ver con nuestra limitada democra-cia y esto, a su vez, con nuestra historia reciente.

La dictadura de Franco fue un régimen políticodestinado principalmente a consolidar los interesesy privilegios de los grandes propietarios que, al am-paro del régimen, crearon grandes grupos empresa-riales y financieros. Fue una etapa de gran atrasosocial que, al contrario de lo que pasaba en Europa,frenó la creación del Estado del Bienestar, como de-muestra que al morir Franco nuestro gasto social enrelación con el PIB (y, por tanto, la provisión de bie-nes y servicios a las familias y a las clases trabajado-ras) fuera el más bajo de Europa, junto al de los paí-ses que también habían sufrido dictaduras. Y así seformó entonces un poder oligárquico muy potenteque no sólo no ha desaparecido en la democracia,sino que incluso se ha fortalecido en los últimos años(Mariano Sánchez,Ricos por la patria. Grandesmagnates de la dictadura, altos financieros de la democracia, Plaza y Janés, Madrid, 2001).

Y esto ha sido posible porque, aunque dentro yfuera de España se quiere presentar la transicióndesde la dictadura como algo ejemplar y modélico, locierto es que no lo fue porque dejó en condicionesmuy desiguales a los distintos grupos sociales: man-tuvo el poder de los sectores que habían apoyado ysoportado la dictadura y apenas si compensó a losque perdieron la guerra civil por los crímenes y expo-



lios que habían sufrido. Y dejó en manos de los pri-meros no sólo la base material de la economía sinolos medios de comunicación o su influencia en insti-tuciones decisivas como la judicatura. Eso les permi-tió establecer leyes electorales muy injustas para ga-rantizar el privilegio de los partidos comprometidoscon el sistema, frente a los que representaban alter-nativas más a la izquierda, por ejemplo, dándole unpoder de negociación desmesurado a los nacionalis-tas de derechas, tradicionalmente aliados de los gran-des grupos de poder económico español, e impidiendoque pudiera consolidarse una fuerza política impor-tante a la izquierda del PSOE.

La etapa del gobierno socialista permitió regis-trar avances muy importantes en la consolidación deestructuras de bienestar, pero su ala más liberal (lade Boyer, Solchaga, Solbes o Sebastián en los sucesi-vos gobiernos), sometida al poder oligárquico y ab-ducida por la ideología económica del neoliberalis-mo, frenó constantemente los intentos de avanzar yde ir más lejos en la transformación democráticay social de España.

Para garantizar su dominio, las fuerzas conser-vadoras dominantes en la transición han limitadoenormemente la representatividad y el modus ope-randi de sus instituciones políticas y eso ha dado lu-gar, entre otras cosas, a que la ciudadanía tengaescasísimas oportunidades de participación en la go-bernanza del país, mientras que los grupos oligár-quicos disfrutan de una gran influencia por vías in-formales y derivadas de su gran poder económico y



mediático. La democracia en España se limita a vo-tar cada tantos años, delegando el poder en un es-tamento político que ha desarrollado un corporati-vismo profesional que se resiste a la democraciadirecta, participativa y basada en el debate plural ytransparente de las distintas opciones políticas enjuego. Cuando grupos de indignados preguntaron aArtur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña,cómo podían manifestar su protesta contra las polí-ticas de recortes de gasto público social que su go-bierno estaba realizando en contra de lo que habíaprometido y en contra, también, de los deseos de lamayoría de la población catalana, su respuesta fueque lo expresaran en las urnas dentro de cuatro años.

Y estas carencias democráticas aparecen con es-pecial claridad en los medios de información de ma-yor difusión, tanto públicos como privados. Su faltade diversidad ideológica, con clara discriminación delas voces críticas de izquierdas, dificulta la expresióndemocrática de las preferencias plurales y hace do-minantes las de los grupos económicos y financierosmás poderosos que, directa o indirectamente, con-trolan esos medios. Un claro ejemplo de ello ha sidoel debate mediático sobre la respuesta a la crisis, quese ha centrado en cómo realizar los recortes del gastopúblico social aceptando que no hay alternativa po-sible a tales recortes, y ello a pesar de la evidenciaexistente que cuestiona la eficacia y la inevitabilidadde tales medidas. Las propuestas alternativas, comolas que hemos venido defendiendo los autores deeste libro y que incluyen desde la reversión de la ba-



jada de impuestos (mayor causa del déficit estructu-ral del Estado) hasta el establecimiento de bancospúblicos que garanticen el crédito, apenas han sidoconsideradas en tales debates. Y ello a pesar de que,como indican las encuestas, la mayoría de la ciuda-danía apoyaría tales medidas.

Los poderes fácticos como la banca gozan de laexcesiva influencia que tienen sobre todas las insti-tuciones del Estado gracias a todo ello. Algo, porcierto, que la mayoría de la ciudadanía percibe, pueslas encuestas de opinión popular muestran que laamplia mayoría de ciudadanos cree que la banca enEspaña es más poderosa que el gobierno (según elbarómetro de opinión de noviembre de 2010 del Cen-tro de Investigaciones Sociológicas).

Ese poder político de la banca (y de otras grandesempresas en sectores estratégicos) es lo que le per-mite influir decisivamente en las medidas que tomanlos gobiernos y obligar a que se sigan adoptando siles convienen, a pesar, como está sucediendo, de quesean completamente contraproducentes para el res-to de la sociedad.

La prueba definitiva de que eso es así es que sonsus ingresos y beneficios los que aumentan sin cesarmientras que disminuyen los de las clases trabajado-ras, los de los pensionistas e incluso los de los peque-ños empresarios.

Según los últimos datos disponibles sobre la dis-tribución de las rentas y de la riqueza en los paísesdesarrollados, España es uno de los países con ma-yores desigualdades. Se mire como se mire, las desi-



gualdades de renta son de las mayores existentes enla UE-15. Por ejemplo, si se divide la población es-pañola en grupos de diez según niveles de ingresos,resulta que la renta disponible del grupo superior(del 10 por ciento más rico) es 10,3 veces mayor quelas rentas del 10 por ciento de menor renta. Unade las desigualdades más altas de la OCDE (el club depaíses más ricos del mundo). En Finlandia es 5,6 ve-ces; en Suecia, 6,2; en Alemania, 6,9, y así una largalista de países que son menos desiguales que Espa-ña. Más desiguales son Estados Unidos, 15 veces, yReino Unido, 13,8. Y esta desigualdad ha aumenta-do espectacularmente en estos últimos años de cri-sis, entre 2006 y 2010, como ha demostrado el Primer Informe de Exclusión yDesarrollo Social (2012)elaborado por la Fundación FOESSA para Cáritas.

Si en lugar de renta hablamos de propiedad, la si-tuación es incluso peor. La concentración de la rique-za en España es de las más acentuadas en la OCDE.Así, el 10 por ciento de las familias posee el 58 porciento de toda la propiedad y el 1 por ciento de la po-blación de renta superior, el 18 por ciento, mientrasque la gran mayoría de la población tiene escasísimapropiedad (como máximo: casa y coche). Como pun-to de comparación, en Finlandia el 1 por ciento de lapoblación más rica posee el 10 por ciento de la pro-piedad, y el 10 por ciento posee el 45 por ciento de lapropiedad. Estados Unidos, por el contrario, es inclu-so más desigual: el 1 por ciento de la población másrica posee el 33 por ciento y el 10 por ciento más ricoposee el 71 por ciento de la propiedad.



Una consecuencia de estas desigualdades es quea mayor desigualdad, mayor nivel de pobreza. Y deahí que España sea también uno de los países conmayor pobreza en la OCDE.

Y no se debe caer en el error de creer que estasdesigualdades son consecuencia, primordialmen-te, de factores económicos y demográficos (tales comola globalización económica, la estructura demográ-fica, los distintos niveles de formación y educación,entre otros) que, aun cuando son útiles para entenderla evolución de la estructura económica y social, soninsuficientes. Las causas reales de estas desigualda-des son políticas (porque los problemas económicos,como dijimos anteriormente, también lo son), en-tendiendo como tales las relaciones de poder, entrelas cuales, el poder y el conflicto de clases sociales sondeterminantes.

La relación entre los propietarios del capital y lostrabajadores continúa siendo central en el análisisde nuestras sociedades. Y su expresión a través delEstado es clave para entender cómo estas relacionesde poder se reproducen, es decir, para que siga ocu-rriendo lo que hemos tratado de analizar en este li-bro. El profesor sueco Walter Korpi, del InstitutoKarolinska de Suecia, demostró en su libro The Democratic Class Struggle (Routledge & Kegan, 1983)que la lucha de clases es la variable más importantepara entender nuestras sociedades, incluyendo nues-tras economías, y mostró que existen momentos his-tóricos en que el poder del capital, y especialmente elfinanciero, interviene obstaculizando el pleno desa-



rrollo del enorme potencial que tiene la raza huma-na. Es sintomático que los países que están siendomás afectados por la crisis actual en la Eurozona(Portugal, Irlanda, Grecia y España) sean los que tie-nen enormes desigualdades como consecuencia dehaber estado gobernados durante más tiempo des-de la segunda guerra mundial por regímenes fascis-tas o fascistoides (España y Portugal) y regímenesautoritarios de la derecha más reaccionaria (Grecia eIrlanda).


Hemos tratado de demostrar en este libro que laspolíticas que está llevando a cabo el gobierno de Ma-riano Rajoy son inadecuadas porque en lugar de sa-carnos de la crisis nos van a llevar a una situaciónpeor durante años. Son injustas porque benefician alos más poderosos y perjudican a los más débiles(como ocurrió en la anterior etapa de gobierno delPartido Popular) y son contrarias a lo que la mayoríade la gente desea. E, incluso, no fueron las refrenda-das electoralmente en las elecciones generales de no-viembre de 2011 porque el PP engañó a los electoresal ofrecerles un programa electoral que luego no hasido el oculto que ha puesto en marcha.

A nuestro juicio, se trata de políticas que vacíande contenido la actual Constitución porque impidenque se cumplan los preceptos que declaran los dere-chos sociales mientras se sigan aplicando. Que incre-



mentan continuamente las desigualdades y que porello hacen imposible que todos los españoles y espa-ñolas seamos realmente iguales y dispongamos delas mismas oportunidades y capacidades para vivirdignamente y en libertad. Además, suponen unaservidumbre antidemocrática e innecesaria hacialos poderes financieros europeos ante los que ya eshora de reclamar políticas, instituciones y procedi-mientos de decisión diferentes.

De ahí mismo se deduce lo que España necesitaen nuestra opinión, además de lo que hemos señala-do en capítulos anteriores, para hacer frente a la si-tuación en la que estamos:

• Un amplio debate social auténticamente plu-ral y democrático que lleve a un plebiscito vin-culante para que sea la ciudadanía quien deci-da las políticas que ha de aplicar el gobierno yno los grandes poderes económicos y finan-cieros.

• Una segunda transición que libere a la socie-dad española de los rescoldos de la dictadura yelimine el poder que los grandes grupos oligár-quicos mantienen desde entonces. Comités depersonalidades independientes con el apoyo yla salvaguarda de las instituciones deberían di-lucidar en régimen de puertas abiertas la posi-ble intervención espuria de los grupos de poder(políticos, económicos y financieros, mediáti-cos, religiosos o de cualquier otro tipo) en laagenda de los grandes problemas nacionales, y



proponer la aprobación de medidas de controly responsabilidad que la eviten en el futuro.

• Sería deseable que todo ello se materializara enuna nueva Constitución. Por un lado liberadade la esclavitud que ha supuesto la última re-forma de la actual y que ha vaciado completa-mente de contenido el principio de soberaníapopular. Y por otro, con medidas efectivas paragarantizar el ejercicio pleno de los derechoshumanos y sociales y, como hemos dicho, paraevitar que la voluntad popular pueda ser su-plantada por la de los grupos sociales privile-giados.


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