Post on 17-Nov-2020
1
Producto 7
Mapeo de actores para SESA Diseño y preparación de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental ( SESA), el
Marco de Gestión Social y Ambiental (ESMF) y el Mecanismo de Atención a Reclamos
(MAR)
Con el financiamiento de:
2
Contenido Acrónimos ........................................................................................................................................... 3
Resumen ejecutivo .............................................................................................................................. 5
Introducción: ....................................................................................................................................... 6
Objetivos: ............................................................................................................................................ 7
Metodología: ....................................................................................................................................... 8
Partes interesadas ............................................................................................................................. 10
Enlace de los actores dentro de las plataformas de participación y consulta .................................. 13
Gobierno central ............................................................................................................................... 14
Gobierno local ................................................................................................................................... 16
Academia ........................................................................................................................................... 19
Asociaciones y organizaciones de base comunitaria ........................................................................ 21
Organizaciones no gubernamentales (ONG’S) .................................................................................. 25
Organizaciones comunitarias indígenas ............................................................................................ 27
Sector privado ................................................................................................................................... 30
Grupos de apoyo que acompañan el proceso REDD+ ....................................................................... 33
Representación gráfica de actores a nivel nacional .......................................................................... 35
Desafíos relacionados con las salvaguardas establecidas por el BID ................................................ 36
Anexos I – Organizaciones que pertenecen a asociaciones .............................................................. 39
Anexo II – Análisis de la Tenencia de la Tierra en Guatemala ........................................................... 42
Referencias: ....................................................................................................................................... 70
3
Acrónimos
ALMG Academia de Lenguas Mayas de Guatemala
CC Cambio Climático
CITES De las siglas en inglés Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
CLP Climate Law & Policy
CODISRA Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo
CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas
DEMI Defensoría de la Mujer Indígena
DIPRONA División de Protección de la Naturaleza
DMM Dirección Municipal de la Mujer
ER-PIN De las siglas en inglés Programa de Reducción de Emisiones
ESMF De las siglas en inglés Marco de Gestión ambiental y Social
FONTIERRAS Fondo de Tierras
INAB Instituto Nacional de Bosques
MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MEM Ministerio de Energía y Minas
MINTRAB Ministerio de Trabajo
MP Ministerio Público
OCRET Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONGs Organizaciones No Gubernamentales
PDH Procuraduría de los Derechos Humanos
PI Pueblos Indígenas
PINPEP Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Extensiones de Tierra de
Vocación Forestal y Agroforestal
PNPDIM Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres
PROBOSQUE Ley PROBOSQUE
4
REDD+
Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques,
Conservación y Manejo Sostenible de Bosques e Incremento de las reservas de
carbono
RIC Registro de Información Catastral
RN Recursos Naturales
R-PACKAGE Paquete de preparación
SAA Secretaría de Asunto Agrarios de la Presidencia de la República de Guatemala
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturales
WI Winrock
5
Resumen ejecutivo
A continuación, se presenta un mapeo de actores para la evaluación estratégica social y
ambiental dentro de la preparación de la estrategia REDD+ en Guatemala. Dicho mapeo
tiene por objetivo determinar de qué manera los actores relacionados en las opciones
REDD+ propuestas, deben ser involucrados y consultados para identificar y abordar
potenciales impactos derivados de su implementación. Para tal efecto, se realizó una
identificación a nivel regional y nacional de las plataformas, instituciones, asociaciones y
organizaciones que tuvieran en común las actividades forestales a lo largo del país. Esta
primera identificación y visibilización de las entidades tiene el potencial de generar enlaces
clave para llevar a cabo las opciones estratégicas previamente definidas dentro de REDD+,
mismas que se enmarcan en el fortalecimiento de los instrumentos económicos de la Ley
Forestal. (Esto implica la Ley PINPEP, Ley PROBOSQUE y las estrategias institucionales de
INAB) y el Fortalecimiento del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). El
proceso del mapeo de actores representa una actividad constante, en la que, con el paso
del tiempo en la preparación e implementación de la estrategia nacional, la base de datos
irá aumentando.
A nivel metodológico, el mapeo se llevó a cabo utilizando la técnica de investigación
cualitativa constructivista, “mapeo de actores”, misma que parte de un trabajo de
investigación que, con base en entrevistas, información de escritorio e información
generada en los talleres regionales, y tiene el potencial generar afirmaciones a partir de un
análisis que pueden explicar en términos generales, los desafíos e intereses de los actores.
Esta información es construida en conjunto con los interesados, y a partir del principio de
investigación de saturación, se sistematiza y se generan aproximaciones de los papeles que
cada actor tiene en la estrategia.
El documento cuenta también con seis matrices en los que se engloba a los actores por
sector, es decir, gobierno central y local, academia, organizaciones de base comunitaria,
ONG’S, organizaciones comunitarias indígenas y sector privado. Cada actor tiene una
descripción específica de sus acciones e intereses, lo que da indicios de su relación directa
con la estrategia. Así mismo, cada matriz de sectores está acompañada por un análisis de
intereses y desafíos, misma que se realizó a partir de la información generada.
Por otra parte, hay toda una sección dedicada a un análisis de los aspectos relacionados a
la situación de derechos y gestión de tierras, particularmente para los actores rurales
campesino e indígena: acceso a la titularidad de la tierra de hombres y mujeres, dificultades
para mantener y gestionar las concesiones comunitarias, entre otros. Así como una
Identificación de los desafíos que son importantes en relación a las salvaguardas del BID
aplicables.
6
Se espera que el presente trabajo sea la pauta para que en un futuro se realicen
acercamientos más profundos con cada una de las regiones REDD+, y que pueda generarse
información acerca de oportunidades, relaciones de poder, incidencia y demás factores que
hagan de la estrategia, una realidad para Guatemala y los pequeños poseedores de la tierra.
Introducción:
Durante las últimas dos décadas Guatemala inició un proceso de reformas profundas en el
marco de su gobernanza forestal. La Ley 4-89 dio vida al Sistema Guatemalteco de Áreas
Protegidas (SIGAP) bajo la administración del Consejo Nacional de Áreas Protegidas
(CONAP) el cual incorpora a la fecha más de 330 áreas, equivalente al 32% del territorio
nacional. Por otra parte, nace la Ley Forestal 101-96 que trae consigo la creación del
Instituto Nacional de Bosques (INAB). Estas leyes son los dos pilares sobre los cuales el país
ha desarrollado la gobernanza de los bosques, y han sido reforzadas con las leyes del
Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) y Programa de Incentivos para Pequeños
Poseedores (PINPEP), a través de las cuales se ha incentivado más de 300,000 áreas de
bosque natural, plantaciones y sistemas agroforestales (SAF) y apoyado a más de 900,000
beneficiarios directos. Estas políticas se enfocan en promover la participación y beneficio
de las comunidades, convirtiéndolas en herramientas no solo de protección y manejo del
bosque sino también para desarrollo económico y social de grupos sociales más vulnerables
del país, incluyendo población indígena y grupos de mujeres1.
Es bajo este marco que Guatemala está preparando su estrategia nacional REDD+ con el fin
de apoyar en la labor de mitigar el cambio climático, a través de reducir la deforestación y
degradación de los bosques y, a la vez, apoyar la gestión sostenible de los bosques
mediante el fortalecimiento del marco de políticas del sector, lo que permitiría además un
gran avance en el marco de la gobernanza forestal dentro del país.
Al implementarse una estrategia como REDD+, los patrones de uso y transformación de los
bosques pueden verse alterados, repercutiendo en impactos ambientales, sociales y
económicos que deben ser considerados. Las acciones y proyectos REDD+ deben basarse
en un sólido entendimiento de estos impactos, por lo que una evaluación y análisis
profundo de éstos, constituye un área prioritaria de esfuerzos de investigación haciendo
énfasis en quienes serán los encargados de dar a conocer e implementar la iniciativa2. En
ese sentido, debe efectuarse un análisis para determinar de qué manera los involucrados o
partes interesadas en las opciones REDD+ propuestas, deben ser involucrados y consultados
para identificar y abordar potenciales impactos derivados de su implementación. Por lo
tanto, los intereses y desafíos de estos grupos se deben identificar considerando el
potencial impacto que podría tener en sus intereses. A partir de esto, metodológicamente,
1 Extraído del sub portal REDD+ de la página virtual del ministerio de ambiente y recursos naturales. 2 Basado en los datos del documento, “implementadores REDD+ Guatemala” (2011).
7
un mapeo de actores es la manera más eficiente para identificar a los involucrados dentro
del proceso SESA.
La vinculación de los actores con las opciones REDD+ previamente establecidas permite
describir el rol de los actores para la implementación de las acciones de Estrategia REDD+
en Guatemala, entre dichas opciones se encuentra: La Armonización del marco de la
política, planes e instrumentos para todos los sectores vinculados al uso de la tierra, el
cambio en el uso de la tierra y gestión forestal-ambiental.
La Promoción y fortalecimiento del ordenamiento territorial nacional, fortalecimiento de
capacidades institucionales para el monitoreo y protección de los bosques, el cumplimiento
de las operaciones y el control de la tala ilegal. Fortalecimiento de programas existentes y
creación de nuevos mecanismos para incentivar la conservación y protección forestal y
agroforestal, gestión de actividades, (económicas y no económicas) y para la producción de
energía a base de madera. Desarrollo del marco normativo e institucional para el
reconocimiento de la importancia económica de bienes y servicios forestales, incluyendo el
carbono forestal. Estímulo de actividades productivas y medios de sustento compatibles
con la conservación y gestión sostenible de paisajes forestales y agroforestales y Desarrollo
e implementación de una estrategia para el uso sostenible del combustible a base de
madera.
Objetivos:
I. Identificación de las partes interesadas de las opciones de la Estrategia REDD+ en Guatemala.
II. Identificación de las partes interesadas a nivel regional, de acuerdo a las regiones REDD+ establecidas.
III. Describir el rol de los actores para la implementación de las acciones de Estrategia REDD+ en Guatemala
IV. Identificar los intereses y desafíos que enfrentan los actores en el contexto de REDD+.
V. Identificar actores enlace clave para desarrollar el proceso y consulta (líderes y lideresas.
Tal como lo requiere el TDR de la consultoría, se incluye en anexo por separado:
Documento con análisis de los aspectos relacionados a la situación de derechos y gestión
de tierras, y un análisis de los derechos consuetudinarios y formales a la tierra y recursos,
especialmente de las comunidades rurales y pueblos indígenas.
8
Metodología:
Como parte del proceso de la evaluación estratégica social y ambiental, se hizo necesario
realizar un mapeo de actores involucrados o interesados en la estrategia nacional REDD+,
para así determinar de qué manera los involucrados en las opciones REDD+ propuestas,
deben ser involucrados y consultados para identificar y abordar potenciales impactos
derivados de su implementación.
Para la recolección de información se procedió a realizar un análisis de redes, es decir, a
partir de una identificación previa de actores clave, se diseñó un instrumento de entrevista
que nos permitiera caracterizar a las instituciones, ahondar en los desafíos que enfrenta
dentro del proyecto, sus posibles socios y los intereses que presentan de acuerdo a las siete
opciones estratégicas que Guatemala ha definido para una Estrategia Nacional REDD+,
mismas que se enlistan en la Tabla 1 a continuación. En el caso de la identificación de
instituciones a nivel regional, se realizó un mapeo con la técnica de “bola de nieve”3 lo que
permitió que fueran las organizaciones locales quienes indicaran la incidencia de
determinados actores en el área. CONAP e INAB nos proporcionaron su apoyo en la
generación de dichos datos.
La técnica de investigación cualitativa constructivista, “mapeo de actores”4 parte de un
trabajo de investigación que, con base en entrevistas, información de escritorio y talleres a
nivel regional y nacional, se cuenta con la información suficiente para poder analizar y
generar afirmaciones que pueden explicar en términos generales los desafíos e intereses
de los actores. Esta información es construida en conjunto con los interesados, y a partir
del principio de investigación de saturación, se sistematiza y se generan aproximaciones de
los papeles que cada actor tiene en la estrategia.
Es importante mencionar que dentro de las limitaciones del mapeo de actores se encuentra
que a pesar de que REDD+ es un mecanismo para reducir la deforestación, no están
consideradas todas las organizaciones que trabajan en torno al uso del suelo, esto debido a
que su nivel de involucramiento hasta la fecha no es significativo, no obstante se han
considerado ya que las actividades que implementan en los territorios cuentan con
potencial para el mecanismo REDD+ y a futuro podrían incluirse formalmente dentro del
esquema REDD+ que el país está construyendo.
3 Técnica de muestreo cualitativo no probabilístico que permite que el tamaño de la muestra vaya creciendo a medida que los individuos seleccionados sugieren a otros actores conocidos de acuerdo al perfil solicitado. 4 Etnographers toolkit Mapping Social Networks, Spatial Data, and Hidden Populations. volumen 4 Altamira press, 1999.
9
Así mismo, cabe aclarar que el alcance del presente mapeo es exploratorio, es decir un
primer acercamiento que posteriormente puede ser la plataforma para profundizaciones
más amplias.
Es importante aclarar que los resultados se vieron limitados por el amplio espacio
geográfico que está en cuestión, ya que, al realizarse un mapeo regional, lo óptimo sería
visitar todos los lugares y llevar a cabo entrevistas con cada uno de los actores involucrados
en el proceso, y triangular esta información con datos etnográficos.5 sin embargo, en el
escenario presente y dado que la consultoría está en una etapa avanzada, esto no fue
posible.
También se destaca lo complejo de abordar el tema REDD+ con diversos actores de distintos
sectores ya que aún no se tiene un conocimiento pleno del tema, y los procesos de
socialización de información aún no han abarcado los territorios en su totalidad.
En el presente documento, se enlistan los actores de cada sector que fueron identificados,
su descripción y nombre de contacto. Posteriormente se presentan los desafíos e intereses
que tiene dicho sector.
Tabla 1: Las opciones estratégicas definidas para la Estrategia Nacional REDD+ en
Guatemala
Es importante resaltar que las opciones REDD+ a continuación, se enmarcan
principalmente en el Fortalecimiento de los instrumentos económicos de la Ley
Forestal. (Esto implica la Ley PINPEP, Ley PROBOSQUE y las estrategias institucionales
de INAB) y el Fortalecimiento del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP).
Las Opciones REDD+ son:
1. Armonización del marco de la política, planes e instrumentos para todos los
sectores vinculados al uso de la tierra, el cambio en el uso de la tierra y gestión
forestal-ambiental.
2. Promoción y fortalecimiento del ordenamiento territorial nacional.
3. Fortalecimiento de capacidades institucionales para el monitoreo y protección
de los bosques, el cumplimiento de las operaciones y el control de la tala ilegal.
5 Etnografía: Método de investigación cualitativa que surge a partir de la observación participante y la generación de notas de campo, entrevistas e imágenes.
10
4. Fortalecimiento de programas existentes y creación de nuevos mecanismos
para incentivar la conservación y protección forestal y agroforestal, gestión de
actividades, (económicas y no económicas) y para la producción de energía a
base de madera.
5. Desarrollo del marco normativo e institucional para el reconocimiento de la
importancia económica de bienes y servicios forestales, incluyendo el carbono
forestal
6. Estímulo de actividades productivas y medios de sustento compatibles con la
conservación y gestión sostenible de paisajes forestales y agroforestales.
7. Desarrollo e implementación de una estrategia para el uso sostenible del
combustible a base de madera.
Partes interesadas
A continuación, se presenta a los actores vinculados al proceso SESA clasificados por sector donde
interactúan, es decir, gobierno central, academia, asociaciones y organizaciones de base
comunitaria, organizaciones no gubernamentales
(ONG’S), organizaciones comunitarias indígenas y
sector privado. Así mismo, se especifica que
organizaciones pertenecen a las entidades que
integran las diferentes Plataformas de coordinación
que figuran como ejecutores o implementadores de la
estrategia REDD+ en Guatemala.
La estrategia se enfoca en cinco regiones definidas por
aspectos biofísicos, socioeconómicos y por agentes y
causas de deforestación que varían en las diferentes
áreas del país. El siguiente mapa muestra dichas
regiones y los nombres que les fueron asignados.
Los actores regionales se caracterizan por ser
organizaciones, asociaciones o delegaciones
institucionales locales que han estado vinculadas a procesos de reforestación y manejo forestal por
un largo tiempo. Es imprescindible que en el caso de implementar la estrategia, sean ellos quienes
ejerzan el rol de mediadores entre los organismos ejecutores y las comunidades, puesto que al
haber trabajado estos temas relacionados a la estrategia REDD+, tener pleno conocimiento de la
zona tanto biológica como socialmente y al tener vinculación, convenios y temas de interés en
común con grupos comunitarios o de gobierno, cuentan con la capacidad de identificar a potenciales
11
beneficiarios y de iniciar procesos de diálogo y socialización que son necesarios antes de una
implementación general
Figura 1: Mapa Regiones REDD+ Fuente: Ministerio de Ambiente y recursos naturales de Guatemala
(2015).
Tras generar información con algunos de los actores que a continuación se mencionan, es un hecho
que todas las instancias que se encuentran en las matrices de este documento, tienen un papel
importante en el desarrollo de los objetivos en la estrategia REDD+; tales como Armonización del
marco de la política, planes e instrumentos para todos los sectores vinculados al uso de la tierra, el
cambio en el uso de la tierra y gestión forestal-ambiental. La Promoción y fortalecimiento del
ordenamiento territorial nacional, el fortalecimiento de capacidades institucionales para el
monitoreo y protección de los bosques, el cumplimiento de las operaciones y el control de la tala
ilegal. Uno de sus roles más fuertes se muestra en el fortalecimiento de programas existentes y la
creación de nuevos mecanismos para incentivar la conservación y protección forestal y agroforestal,
así como la gestión de actividades, (económicas y no económicas) para la producción de energía a
base de madera. Trabajar en el reconocimiento de la importancia económica de bienes y servicios
forestales, incluyendo el carbono forestal, estimular actividades productivas y medios de sustento
compatibles con la conservación y gestión sostenible de paisajes forestales y agroforestales y la
implementación de una estrategia para el uso sostenible del combustible a base de madera.
También es importante mencionar que todos los actores cuentan con interés y capacidad de
incidencia en las actividades REDD+ relacionadas al fortalecimiento de los incentivos y mecanismos
financieros para mejorar el almacenamiento de carbono, fortalecimiento de los incentivos para la
conservación y manejo sostenible de bosque natural, fortalecimiento de los Incentivos para pueblos
indígenas y pequeños propietarios comunitarios, fortalecimiento de la ley en tierras forestales y
mejoramiento del manejo forestal y desarrollo de la competitividad y legalidad en la cadena de valor
de productos forestales (mercado).
Sin embargo, a pesar de ser socios y actores clave, hace falta proporcionar más información sobre
el proceso a nivel regional ya que existen muchas dudas y la sensación de que es un proceso
sumamente burocrático que provoca el estancamiento. De hecho, en los talleres realizados en las
regiones REDD+ (10 en total entre los meses de febrero y agosto del 2017) los actores comunitarios
afirmaron que el tema aún es desconocido en muchas áreas geográficas, que la información no ha
sido socializada lo suficiente y que existen diversos problemas de pertinencia cultural para la
completa comprensión de la estrategia. Así mismo, dado que REDD+ ha sido un tema mencionado
desde hace ya varios años, que únicamente ha sido percibido en la teoría, una materialización es
difícil de concebir.
Por otro lado, desde las regiones, los comunitarios perciben una fuerte debilidad institucional en lo
que concierne al sector gubernamental tanto central como local. Esto dificulta el diálogo y por lo
tanto la capacidad de ambas partes para lograr acuerdos.
12
Para fortalecer la identificación y el análisis de actores regionales y el rol de los mismos en la
implementación de la estrategia, se tomaron en consideración ciertos factores que pueden influir
en la correcta ejecución de los objetivos previamente planteados.
• Poder-interés-influencia:
Los grupos que se mencionan tienen una elevada influencia en las determinadas zonas, las
Mancomunidades tienen poder adquirido por medios políticos, y al mismo tiempo mantienen
conexiones con los dueños y arrendatarios de las tierras. Las organizaciones y asociaciones se
presentan interesadas en el proceso, siempre y cuando el mismo se agilice y la información sea
compartida en todos los niveles.
• Colaboración-conflicto:
La conflictividad nace generalmente de la falta de información proporcionada a todos los sectores
vinculados en los procesos o de la suposición de que en todos los contextos la información se
entiende de la misma forma. Las instituciones regionales cuentan con un amplio historial de
colaboración en sus respectivas zonas, y generando procesos adecuados para romper el aislamiento
respecto a la información, las actividades pueden ser manejadas de una forma beneficiosa.
Otros conflictos que pueden suscitarse podrían tener bases territoriales y/o de tenencia de tierras,
regularidad en el pago de incentivos y ejecución de los socios implementadores, por lo que los
procesos de diálogo deben estar abiertos siempre.
Es necesario que los organismos del Estado o GCI se involucren en un primer nivel con la
socialización de la estrategia.
• Legitimidad:
La legitimidad en este contexto, haría referencia al reconocimiento a nivel local de las instituciones
mencionadas como autoridades en temas forestales, y potenciales facilitadores de las actividades
REDD+. Hasta esta fase del mapeo, no puede asegurarse que todas las instituciones tengan este
reconocimiento en sus áreas, pero si puede afirmarse que tienen una amplia experiencia en
proyectos e implementaciones acordes a los intereses de la estrategia.
Nuevamente se hace la salvedad de que pese al acercamiento que se tuvo con los actores, no puede
asegurarse una cobertura total de todas las instituciones, asociaciones u organizaciones vinculadas
al proceso, dadas ciertas limitaciones geográficas. Esta limitante también hace imposible un análisis
aún más profundo dado que la información generada vía telefónica no es equiparable a la que puede
obtenerse en entrevistas presenciales o en una etnografía. Sin embargo, puede asegurarse que los
actores que se enlistan a continuación tienen intereses y vinculación en la estrategia y dada su vasta
experiencia en temas forestales y sociales, pueden proveer insumos de experiencias y convertirse
en multiplicadores de información.
13
Enlace de los actores dentro de las plataformas de participación y
consulta
Una parte vital para los mecanismos de participación y consulta radica en estructurar desde lo local,
es decir, considerar lo que los pequeños propietarios visibilizan como necesidades y escucharlos
mediante procesos constructivos para así, crear puentes de traslado de información que aseguren
una plena comprensión en todas las partes involucradas. Esto podría evitar temas de confusión que,
a su vez, deriven en conflictos que amenacen la ejecución de la estrategia y a los beneficiados
mismos.
El MAGA y MARN han sido identificados previamente como los facilitadores inmediatos de
plataformas de consulta, trabajando en la divulgación de sus portales y en la divulgación de
documentos adaptados para la fácil comprensión de todo público. Por otro lado, la Dirección de
comunicación social de las instituciones involucradas y el Sector académico podrían facilitar el
acceso a la información de una forma mediada. Es importante considerar que cuando se tiene pleno
entendimiento de los temas a nivel comunitario y se llenan los vacíos que generan dudas, la
participación se vuelve más activa.
A nivel regional, las instituciones pueden jugar un papel clave, ya que como se mencionó
anteriormente, fungen como mediadores entre la institucionalidad y lo comunitario. Cabe resaltar
que los actores anteriormente llegaron al consenso de que el tema REDD+ es complejo, incluso para
los involucrados por lo que se deben fortalecer los puentes epistemológicos.
Vacíos dentro de las plataformas:
Uno de los vacíos identificados es la falta de estrategias para generar interés a nivel comunitario,
misma acción en la que las instituciones regionales serían clave. Al mismo tiempo, es importante
escuchar las opiniones y propuestas de organizaciones locales para tratar el abordaje de REDD+.
Dado esto, el involucramiento de todos los actores regionales es vital. Sin embargo, previo a
implementar las plataformas, hay que asegurar una máxima comprensión de los temas a abordar y
una cobertura que asegure plena comunicación para así generar vías de consulta y participación
mediante puentes epistémicos, es decir, hacer que la información sea accesible, que todos la
manejen, que se hagan consideraciones de género y de pertinencia cultural y que, sobre todo, los
procesos no imposibiliten la fluidez en las plataformas de comunicación entre los interesados.
14
Gobierno central
Dentro del espectro gubernamental, los líderes de la iniciativa y ejecutores conforman el GCI (grupo de coordinación interinstitucional para la
conservación y manejo sustentable de los recursos naturales). El grupo está compuesto por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Consejo Nacional de Áreas Protegidas e Instituto Nacional de Bosques
(INAB).
Actor Descripción Nombre de contacto
Número de contacto
Ministerio de Ambiente y recursos naturales (MARN)
Institución del Estado especializada en materia ambiental y de bienes y servicios naturales del Sector Público, al cual le corresponde proteger los sistemas naturales que desarrollen y dan sustento a la vida en todas sus manifestaciones y expresiones, fomentando una cultura de respeto y armonía con la naturaleza y protegiendo, preservando y utilizando racionalmente los recursos naturales, con el fin de lograr un desarrollo transgeneracional, articulando el quehacer institucional, económico, social y ambiental.
Silvia Zúñiga
4001-1516
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la sostenibilidad de los recursos naturales.
Edwin Rojas
5895-6954
Consejo nacional de áreas protegidas (CONAP)
El CONAP es una entidad pública, que busca asegurar la conservación y el uso sostenible de las áreas protegidas y la diversidad biológica de Guatemala. La misión del consejo es que el patrimonio natural y cultural del país se conserva en armonía con el desarrollo social y económico, donde se valora la conexión entre los sistemas naturales y la calidad de vida humana y en donde las áreas que sostienen todas las formas de vida persisten para las futuras generaciones.
Juan Carlos Funes
3271-9495
15
Instituto nacional de bosques (INAB)
El INAB es una entidad estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, y es el órgano de dirección y autoridad competente del Sector Público Agrícola en materia Forestal.
Jacobo Cotto 4203-9109
Autoridad para el Manejo Sustentable del lago de Atitlán y su Entorno; (AMSCLAE)
Tiene como mandato planificar, coordinar y ejecutar todas las medidas y acciones del sector público y privado que sean necesarias para conservar, preservar y resguardar el ecosistema del lago de Atitlán y sus áreas circunvecinas. AMSCLAE participa en la Mesa Departamental de Cambio Climático.
Iván Azurdia 7961-6464 ext. 116 amsclae.science@gmail.com
• Nivel de interés y desafíos dentro del gobierno central
Como se mencionó, los actores identificados del gobierno central forman parte del GCI político, por lo tanto, son los líderes de la iniciativa. Así
mismo, cada institución cuenta con enlaces REDD+. El interés radica en que la estrategia cuenta con el potencial de mitigar el cambio climático,
detener la deforestación y degradación de los bosques y apoyar la gestión sostenible de los bosques, lo que permitiría un gran avance en el marco
de la gobernanza forestal dentro del país, siendo todos estos objetivos principales de las cuatro entidades descritas anteriormente. Por otro lado,
al ser las entidades estatales encargadas de los temas ambientales y de recursos ambientales, es su obligación velar por el cumplimiento de normas
y estrategias que mitiguen las problemáticas tanto ambientales como sociales que amenacen la protección, conservación y uso sostenible de los
recursos.
En cuanto a los desafíos identificados dentro del gobierno central, cabe destacar que en todas las aproximaciones locales, tanto en entrevistas como en talleres, se identificó que existe una gran debilidad institucional en varias áreas que incluyen falta de comunicación con las áreas rurales, rotación y falta de capacitación en el personal en los municipios, corrupción, poca visibilidad en las comunidades, sistemas ineficientes de consultas y quejas, y una gran percepción de la centralización del gobierno. Asimismo, uno de los desafíos del gobierno central es propiciar un mayor liderazgo y participación de las autoridades institucionales del GCI en los territorios. Una de las medidas principales para poder solucionar estos problemas, es mejorar las vías de comunicación en las entidades gubernativas,
consensuar entre todos, las áreas y espectros de trabajo necesarios para la estrategia. Crear o modificar sistemas que permitan a los pobladores
tener certeza de sus tierras, impulsar aún más políticas de inclusión y hacerse visibles en los territorios mismos en los que la estrategia quiere ser
implementada.
16
Gobierno local
Actor Descripción Nombre de contacto
Número de contacto
Municipalidades La Municipalidad es el ente del Estado responsable del gobierno del municipio. Se encarga de realizar y administrar los servicios que necesita una ciudad o un pueblo. Una función importante de la Municipalidad es la planificación, el control y la evaluación del desarrollo y crecimiento de su territorio. También se presta especial atención a los aspectos sociales y a buscar contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Avocarse a la municipalidad específica del lugar de interés
___________________
Mancomunidad del sur de Petén (MANMUNISURP)
Mancomunidad de Municipios del Sur de Petén (Melchor de Mencos, Dolores, Poptún y San Luis Petén) Guatemala que coordina y gestiona acciones conjuntas de desarrollo sostenible (social-cultural, económico y ecológico) con el fin de mejorar la calidad de vida de la población en su área de influencia.
Donald Pérez 58205078
Mancomunidad de municipios de la región Kaqchikel (MANKAQCHIKEL)
La Mancomunidad de Municipios de la Región Kaqchikel –MANKAQCHIKEL-, está integrada por los municipios de: Zaragoza, San Juan Comalapa, San Martín Jilotepéque, San José Poaquil, Santa Apolonia, Tecpán Guatemala, Patzicía Patzún, Santa Cruz Balanyá y Acatenango. Todos del departamento de Chimaltenango. Su función es ser una Entidad sin fines de lucro y de beneficio social y promover políticas de desarrollo de carácter social, económico, cultural y de ambiente.
Mynor Caté (director)
56967010
Oficinas municipales forestales
Las oficinas planifican y proponen acciones municipales en las líneas ambiental y forestal. Buscan formular y gestionar proyectos agroforestales y ambientales, así como mantener actualizada una base de datos de
Avocarse a la oficina específica del lugar de interés
______________________
17
productores organizados y ONG que trabajen en el municipio en el campo agrícola forestal. Promueven la integración de comisiones de trabajo para el seguimiento de los proyectos priorizados y promueven la coordinación entre las organizaciones del municipio, conformando una red de cooperación técnica y financiera.
Mancomunidad Montaña el Gigante
Agrupación política y administrativa de once municipios de la región III o Nororiental de Guatemala gestiona el desarrollo social, cultural, político, económico y ambiental a través del impulso de la participación ciudadana de los diversos sectores locales, que permita brindar calidad de vida integral a los habitantes. En Chiquimula incluye los municipios de Esquipulas, Chiquimula, Quetzaltepeque, Concepción las minas y San Jacinto. En el progreso, San Cristobal Acasaguastlán y en Zacapa, Zacapa, Estanzuela, Río Hondo, Teculután y Usumatlán.
Luis Roche 5616-2870
Mancomunidad Tzolojya
Mancomunidad conformada por tres municipios del departamento de Sololá, San José Chacayá, Santa Lucía Utatlán y Sololá. Instancia autónoma y solidaria con capacidad técnica y política que contribuye al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de sus municipios, a través del fomento de la organización y participación ciudadana, para promover un desarrollo sostenible y sustentable de la región mancomunada.
Martha Julia Cuxulic
7762-1775
Alcaldías indígenas La Constitución de 1985, en su artículo 66, reconoce que Guatemala está formado por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los indígenas de ascendencia maya. Este reconocimiento está retomado en el artículo 55 del Código Municipal que obliga al gobierno del municipio a reconocer, respetar y promover dichas instituciones, incluyendo sus propias formas de funcionamiento administrativo. Deben considerarse como entidades representativas de las comunidades, en especial para la toma de decisiones y como vínculo de relación con el gobierno municipal.
Avocarse a la alcaldía específica del lugar de interés
_____________________
Mancomunidad Frontera del Norte Huehuetenango
Incluye los municipios de San Mateo Ixtatán y San Sebastián Coatán del Departamento de Huehuetenango e Ixcán del Departamento de Quiché, y tienen como uno de sus objetivos promover la recuperación, protección y conservación del territorio de la Mancomunidad Frontera del Norte, sus ecosistemas, diversidad biológica y zonas de recarga hídrica, asegurando que
Amilcar Rivas Monzón
5529-4004
18
se respete el derecho de los pueblos originarios a administrar su territorio, incidiendo en el cumplimiento de la legislación nacional e internacional existente, en materia de recursos naturales desde niveles municipales y comunitarios, en coordinación con los entes del Estado y no gubernamentales que tiene influencia en el territorio.
• Nivel de interés y desafíos dentro del gobierno local:
Los gobiernos locales, han sido fortalecidos de diversas maneras en materia ambiental, prueba de esto son las oficinas forestales municipales y
todas las iniciativas en la materia que existen en las mancomunidades. Al ser una de las preocupaciones principales de estas últimas, el apoyo y la
vinculación con una estrategia nacional, puede significar la materialización de diversos proyectos de mitigación en cuanto a cambio climático. Así
mismo, un programa de incentivos forestales para las poblaciones de determinada área geográfica, puede representar una ventaja financiera para
muchas familias, lo que puede tener el potencial de representar una posible mejora en la calidad de vida de las personas.
Las dificultades varían de acuerdo al sector del gobierno local al que se haga referencia. Por un lado, las municipalidades pueden no tener los
fondos suficientes para ejecutar programas ambientales o forestales, los funcionarios pueden estar desligados del tema, o pueden generarse
situaciones de intereses y corrupción que atenten contra estos programas. En el caso de las alcaldías indígenas, pueden no tener una
representatividad adecuada, ya que de hecho no se encuentran en todos los municipios del país, y su incidencia puede ser mediada por estructuras
de poder más amplias y con un espacio más amplio de acción. En cuanto a las mancomunidades, se presentan como espacios potenciales para el
diálogo, ya que aglutinan a diversos municipios con intereses en común. El desafío se presenta cuando el tema no es accesible para todos los
representantes de las localidades, se dan conflictos de intereses respecto a temas específicos, y los espacios de diálogo se reducen.
Es necesario que todas estas entidades tengan más y mejor comunicación con el gobierno central, ya que los gobiernos locales pueden representar
ese puente entre gobierno central y población tan necesario para la implementación de una estrategia nacional.
19
Academia
Actor
Descripción Nombre de contacto
Número de contacto
Instituto de Investigación y Proyección sobre ambiente Natural y Sociedad (IARNA)
El Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) es uno de los seis institutos de investigación y proyección establecidos en la Universidad Rafael Landívar (URL), para impulsar procesos de generación de conocimientos acerca del funcionamiento del subsistema natural y las interacciones entre este y las actividades económicas, las dinámicas sociales y las decisiones de política en el ámbito institucional.
Raúl Maas (Director)
2426-2626
Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad (CEAB) de la Universidad del Valle de Guatemala
El Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad –CEAB- tiene como objetivo buscar soluciones a la problemática ambiental de Guatemala con un enfoque integral e interdisciplinario, bajo un concepto de equidad y respeto a la vida. El CEAB tiene amplia experiencia en ejecutar proyectos conjuntos con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el tema de manejo de recursos naturales.
Gabriela Fuentes
41542269
programa de investigación en Recursos Naturales y Ambiente (PUIRNA)
Es la unidad estructural y conceptual del sistema Universitario de Investigación, responsable de planificar y coordinar la ejecución de la investigación en Recursos Naturales y Ambiente. Contribuye a dar respuesta al compromiso de la Universidad San Carlos de Guatemala con la sociedad. Es el programa encargado de coordinar la investigación científica universitaria sobre el patrimonio natural de la nación. De forma imparcial, independiente y con un sentido de interés público.
Saúl Guerra (Coordinador)
2418-7950
Facultad de agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala
La Facultad de Agronomía es una Unidad Académica que contribuye al desarrollo sostenible en la producción agrícola y al manejo de los recursos naturales del país, con la finalidad de elevar la calidad de vida de los guatemaltecos. Algunos de sus objetivos son, generar, conservar y divulgar conocimiento científico-tecnológico para el avance de la ciencia agronómica. Formar capital humano a nivel de educación superior universitaria y Vincularse permanentemente con los sectores involucrados en la actividad agrícola y el manejo de los recursos naturales renovables.
Alberto Méndez 2418-9309 mariom@usac.edu.gt
20
• Nivel de interés y desafíos dentro de la Academia:
La Academia es el espacio potencial en el que se pueden generar investigaciones y estudios pertinentes a la mitigación de la deforestación y del
cambio climático, de hecho, en los últimos años se ha generado mucha información que es de gran utilidad para la estrategia. Así mismo, puede
ser el espacio propicio para facilitar esta información a instituciones gubernamentales, asociaciones y organizaciones que pueden darle uso como
evidencia de determinado evento, o para acercar el tema a los locales. Esto no solo a nivel central sino también tomando en cuenta a las sedes regionales.
A pesar de que esta información es generada, muchas veces los resultados son compartidos únicamente en publicaciones científicas o con pares
de la Academia, dejando así de lado, la importancia de incidir con estos resultados en programas e incluso en políticas públicas del tema. Así mismo,
se presentan conflictos de poderes en los que no se quiere hacer uso de determinada información por pertenecer a una institución académica en
específico, lo que reduce la capacidad de los programas para formularse a partir de la evidencia científica.
Es de suma importancia que el gobierno central y los gobiernos locales tengan una clara vinculación con la información generada en la Academia,
y que esta última sea realmente utilizada como la plataforma de diversos aspectos socio ambientales. Esto permitiría complementar la información
generada por técnicos expertos en la materia a nivel municipal o departamental, con los estudios realizados en el mismo espectro. Esta información
no debe ser percibida como divergente, más bien, como par con la capacidad de informar, divulgar y evidenciar.
21
Asociaciones y organizaciones de base comunitaria
Actor
Descripción Nombre de contacto
Número de contacto
Asociación de comunidades forestales de Petén (ACOFOP)
Asociación de base comunitaria, conformada por veinticuatro organizaciones campesinas e indígenas, que mediante el Buen Manejo Forestal Comunitario garantizamos la perpetuidad de los bosques de la Zona de Uso Múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya. Bajo la figura de ACOFOP, está representado el sector empresarial forestal comunitario. El objetivo principal es lograr el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, mediante el manejo forestal integral y los servicios ambientales, promoviendo de esta forma la sostenibilidad; social, ecológica, económica y política. Total de beneficiados directos: 3, 024.
Teresita Chinchilla Ana Centeno
52043630 tchinchilla@acofop.org 57797249 a.centeno@acofop.org
Coordinadora de asociaciones campesinas de sistemas agroforestales. (COACAP)
Coordinadora de asociaciones y comités campesinos agropecuarios del sur del departamento de Petén, legalmente constituida, que promueve mejorar la calidad de vida de las bases de sus asociadas, mediante la producción, diversificación y comercialización organizada de productos agro-ecológicos.
Donald Pérez 58205078 info@coacap.org
Asociación Balam Asociación Balam ha consolidado su trabajo en Petén en la Reserva de Biosfera Maya y en el sur de Petén, promoviendo alianzas estratégicas multisectoriales entre gobierno, sociedad civil, grupos comunitarios, concesionarios forestales comunitarios, Alcaldes Municipales y el sector privado. Ha contribuido a mejorar la gestión pública ambiental, fortalecer la gobernabilidad, promover alternativas económicas y el manejo de los recursos naturales y culturales.
Francisco Guzmán
56477226 bcastellanos@asociacionbalam.org.gt
Empresa comunitaria de servicios del bosque (FORESCOM)
En el año 2003, la Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque fue fundada como resultado del esfuerzo conjunto de once concesiones forestales comunitarias de la Reserva de la Biosfera Maya en Petén. Estas concesiones forestales fueron establecidas en el marco de la política gubernamental de la gestión sostenible de los recursos naturales.
Spencer Ortiz Glyde Márquez
5517-1575 4038-0358
22
La empresa ofrece productos de madera certificada, así como servicios técnicos y de comercialización a las organizaciones comunitarias locales.
Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA)
La Federación de Cooperativas de las Verapaces, es autónoma, integrada por treinta y seis cooperativas de primer grado, que incluye una población estimada de 60,000 personas; asimismo, atiende a 33 grupos de pequeños agricultores organizados con una población estimada de 80,000 personas; cuyos miembros en su totalidad son indígenas del pueblo maya q´eqchi’ y pocomchí, siendo la principal actividad económica de sus afiliadas los cultivos de Café, Cardamomo, Té Negro y el Desarrollo Forestal Sostenible. Total de beneficiarios directos: 6,901.
Hugo Morán 53047467 hmoran@fedecovera.com
Asociación de organizaciones de los Cuchumatanes (ASOCUCH)
Trabajan como una red fuerte de organizaciones locales, involucrando y empoderando a pequeños productores, mujeres rurales y jóvenes; logramos nuevos modelos de empresarialidad rural y de buenas prácticas con el ambiente, mediante la incidencia, gestión y administración de proyectos. Total de beneficiarios directos: 10,811.
Sergio Alonso 50069165 alonzo.sergio@gmail.com
Asociación Sotz’il organización indígena constituida bajo un modelo organizativo fundamentado en la participación comunitaria, lo que le permite generar propuestas alternativas en el ámbito social, económico, ambiental y cultural, en búsqueda del utz k’aslemal o “buen vivir” asociado al bienestar colectivo en armonía y equilibrio, con un desarrollo integral.
Ramiro Batzín 78394477
Asociación para el desarrollo rural integral (ADRI)
Asociación Civil sin fines de lucro, que facilita el desarrollo integral comunitario, fortaleciendo las capacidades locales e invertir en la juventud para romper el ciclo de pobreza que por muchos años ha afectado a las familias de la zona.
Diego Och 51579311
Asociación Tikonel La Asociación Tikonel es una organización comunitaria actualmente facilita acciones de desarrollo en cadenas de valor, gestión y conservación de los recursos naturales con 6,739 familias distribuidas en 24 municipios de 12 departamentos: Alta Verapaz, Zacapa, Chiquimula, Escuintla, Suchitepéquez, Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá, Totonicapán, El Quiché Quetzaltenango, Huehuetenango.
Amarilis Yoc Pérez
4573-1631 amarilisyoc@hotmail.com
23
AVEPIFOR Organización de productores, reforestadores, regentes y transportistas de productos de la madera que trabajan por el manejo forestal en el área de Sarstún Motagua.
Luis Roberto Estrada
53010442 afotesa@gmail.com
Utz’Che’ Asociación civil de segundo nivel formada por organizaciones comunitarias dedicadas al manejo sostenible de sus bosques, plantaciones forestales, fuentes de agua, otros han iniciado a generar valor agregado a los recursos maderables y no maderables con presencia y liderazgo de algunos productos y servicios en el mercado local y nacional, todos hacia un mismo objetivo al manejo sostenible de la biodiversidad y demás recursos naturales. Total de beneficiarios directos: 29,169.
Yovani Alvarado
5050-1126
Asociación regional campesina Chortí (ASORECH)
La Asociación Regional Campesina Ch'orti' está constituida como Asociación Civil de segundo nivel conformada por instituciones legalmente constituidas, donde sus socias son personas jurídicas que representan a las organizaciones municipales de productores; que por más de 14 años han realizado acciones para el Fortalecimiento de la Organización Comunitaria, promoviendo la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, La Participación Ciudadana, el Desarrollo Económico Local, la Seguridad Alimentaria y la Adaptación al Cambio Climático. Total de beneficiarios directos: 4,002.
Edgar Lemus 40105800 Edgarolopa@gmail.com
Asociación de comunidad indígena de Palín
Asociación no lucrativa de los campesinos indígenas del Municipio de Palín, departamento de Escuintla, conformada por hombres y mujeres de la Cultura Maya Poqomam. Tienen el objetivo de promover el mejoramiento cultural, social, económico y sanitario de sus miembros, así mismo la protección y cooperación mutua. Actualmente cuenta con una gran extensión de Bosque natural de 1,537.72 hectáreas.
Cruz Gonzalo Raguay Pérez
4980-3303 comunidadindigenadepalin@hotmail.com
Asociación de Jóvenes para el Desarrollo y Rescate Social (AJODER)
Grupo de jóvenes organizados que buscan incidir en el desarrollo social y rural desde sus comunidades.
Josué Coy 42748797 ajoderrebelde@gmail.com
24
Asociación de desarrollo indígena por la paz (ADIPAZ)
Es una ONG de carácter social que ejecuta acciones tendientes a fortalecer a las familias, comunidades y a la sociedad para la gestión, autogestión y cogestión del desarrollo integral y de promoción humana. Buscan ejecutar programas y proyectos en coordinación con las organizaciones comunitarias de desarrollo, atacando así las causas de la pobreza que limita el bienestar y el desarrollo integral sostenible de las familias y comunidades que anhelan mejorar las condiciones de vida.
Martha Julia Barahona
45570032 grupoadipaz@gmail.com
Alianza de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala (OFCG)
La Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala tiene el objetivo de aunar esfuerzos e impulsar el manejo responsable y conservación de los bosques de gestión colectiva en el país, así como constituirse en un espacio de dialogo comunitario que facilite el accionar propositivo de las organizaciones forestales comunitarias en materia de gobernanza forestal; promover un enfoque de competitividad y emprendimiento forestal. Así mismo, busca contribuir con la mejora de calidad de vida de las familias que conforman las organizaciones de base. La Alianza trabaja en 4 regiones de Guatemala: Norte, oriente, Occidente, Costa sur. Total de beneficiarios directos: 938, 176.
Eusebio Tomas 32109560 tomaseusebio.et@gmail.com
Red de Organizaciones de Mujeres de Ixcán (ROMI)
Incorpora 103 comités y organizaciones de mujeres del municipio de Ixcán que buscan estar en los espacios de toma de decisión, que incluye el manejo de los bosques.
__________ _________________________
Asociación amigos del lago
Es una organización no lucrativa integrada por vecinos, científicos e investigadores que desde 1990 nos hemos comprometido a luchar por la conservación y rescate de lago Atitlán.
__________ 233-44685 info@amigosatitlan.org
• Nivel de interés y desafíos dentro de las Asociaciones y organizaciones de base comunitaria:
La mayoría de estas organizaciones basan sus objetivos, misión y visión en temas ambientales que al mismo tiempo se ligan a calidad de vida de
las personas y acceso a recursos, bienes y servicios. Cuentan con organizaciones y redes fuertes, múltiples contactos, así como con líderes y
lideresas con el potencial de vincular a sus comunidades con las actividades de la estrategia. Han trabajado y vivido en las áreas específicas por
25
muchos años, y conocen a fondo los intereses y necesidades de la población. Dado todo lo anterior, es importante para estas organizaciones y
asociaciones vincularse con programas de talla nacional que les permita acercarse a sus objetivos, y visibilizar sus propias estrategias ambientales.
Al mismo tiempo, su vinculación con REDD+ es clave dado el alcance de las organizaciones en sus localidades.
Los desafíos principales que pueden enfrentar las organizaciones y asociaciones de base comunitaria son la falta de interés de quienes ejecutan la
estrategia o de los pequeños propietarios de las tierras, conflictos de intereses entre sus miembros, falta de socialización o alteración de la
información y perder la credibilidad de sus miembros en caso de que algo fallara en relación al funcionamiento de REDD+ y la distribución de
incentivos en determinada área.
Organizaciones no gubernamentales (ONGs)
Actor Descripción Nombre de contacto
Número de contacto
Ak´tenamit organización que trabaja en el desarrollo basado en el respeto a la identidad cultural, la equidad de género, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental de los pueblos originarios y otros grupos étnicos. En Guatemala, la entidad se ubica en la Aldea Barra de Lámpara, Livingston, Izabal. trabaja con 45 comunidades predominantemente Q’eqchi, con quienes se trabaja en las áreas de salud, educación, incidencia política y turismo comunitario.
Lola Cabnal 41490521, 40162351
CALMECAC organización no lucrativa que trabaja conjuntamente con sectores públicos, privados, locales y comunales para encontrar soluciones al desarrollo integral del hombre y la protección de la naturaleza. Su enfoque es el desarrollo social y económico de las comunidades, ya que a través de ello podremos hacer cambios positivos para la conservación de la biodiversidad. Total de beneficiarios directos: 1,727.
Marta Ayala Marta Molina
calmecacguate@gmail.com 42182484
FUNDAECO FUNDAECO es una organización ecologista de carácter privado sin fines de lucro, dedicada a la creación, manejo, protección y conservación de Áreas Protegidas. En sus 25 años de trabajo a buscado diversas alternativas socio-económicas para alcanzar un desarrollo sostenible de las AP incorporando, como política
Emilio Pitán 45622359
26
institucional, a las comunidades anfitrionas de las AP en procesos de desarrollo sostenible y conferirles instrumentos de generación de ingresos propios para aminorar las presiones de depredación biológica en las Áreas Protegidas.
Defensores de la Naturaleza
La organización busca conservar la diversidad biológica y cultural de importantes ecosistemas de Guatemala, a través del uso sostenible de los recursos naturales con la participación activa de la sociedad.
Carlos Cifuentes 30633367 ccifuentes@defensores.org.gt
Fundación Lachuá (Fundalachuá)
Alianza estratégica de organizaciones locales que trabaja para contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, próspera, democrática y en armonía con el medio ambiente, a través de la implementación de programas de desarrollo sostenible, para mejorar los medios de vida de la población y resguardar los recursos naturales de la región. Total de beneficiarios directos: 2,500.
Jimmy Chub 53314205 Jimyivan011@hotmail.com
GIZ GIZ ofrece soluciones personalizadas de acuerdo al contexto de los países para desafíos complejos. Son proveedores experimentado de servicios y apoyan al Gobierno alemán en el logro de sus objetivos en el campo de la cooperación internacional. Sus servicios son orientados a la demanda, hechos a la medida y eficaces para el desarrollo sostenible.
Raúl López 52062182 raul.recinosj@gmail.com
Rainforest Alliance Es una organización no gubernamental internacional que trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar medios sostenibles en alianza con comunidades y organizaciones para mitigar el cambio climático, enfocando su trabajo en los bosques. Dentro de sus programas están la educación ambiental y las Comunidades forestales y desarrollo empresarial
Genoveva Martínez
2300-6800 Ext. 1036 gbmartinez@ra.org
Defensoría Indígena Wajxaqib Noj
Organización que trabaja en el fortalecimiento organizativo de las autoridades indígenas, fortalecimiento del sistema jurídico indígena, formación de nuevo liderazgo con mujeres y jóvenes, promoción del desarrollo productivo comunal (producción de alimentos), capacitación y formación política/jurídica indígena.
Higinio Pu 50411821 d.ajpu@yahoo.com
The nature conservancy (TNC)
Organización ambiental global dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las cuales depende la vida. Basados en hechos científicos crean soluciones
Victor Rodas Ramos
vrodas@tnc.org
27
innovadoras y prácticas a los desafíos más urgentes para que la naturaleza y las personas puedan prosperar juntos.
Wildlife Conservation Society (WCS)
Es una ONG internacional que tiene como fin, conservar la RBM, dentro de sus ejes de trabajo están el desarrollo social y el manejo sostenible de recursos naturales de comunidades rurales; la protección y prevención de incendios forestales. Ha logrado la celebración de acuerdos de conservación con las comunidades de Uaxactún y Paso Caballos.
América Rodríguez López
arodriguez@wcs.org
• Nivel de interés y desafíos dentro de las organizaciones no gubernamentales (ONG’S)
Las ONG’S identificadas dentro de este mapeo específico tienen una amplia relación con temas de materia forestal y ambiental. Esto los ubica
como un potencial apoyo a la estrategia, sobre todo en zonas en las que han trabajado previamente, contando con información de las dinámicas
de dichos lugares, locales aliados potenciales, líderes y lideresas. Así mismo, pueden facilitar una gran cantidad de información en cuanto a la
temática y posibilitar así más espacios de diálogo y consulta.
Un desafío para las organizaciones es que sus objetivos específicos en las áreas no estén directamente ligados a los de REDD+, y aceptar esta
vinculación podría implicar reenfocar sus metas y estrategias de acción en las zonas de trabajo.
Organizaciones y redes comunitarias indígenas
Actor
Descripción Nombre de contacto
Número de contacto
Red de beneficiarios del PINPEP
programa de Incentivos Forestales para poseedores de pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal o agroforestal, conocido como PINPEP, el cual está dirigido a personas que poseen terrenos menores a 15 Hectáreas, pagándoles por sembrar árboles o dar manejo a los bosques naturales.
Juanita Sisimit 57007-433
28
Cuenta con presencia en 158 municipios
48 cantones Cuentan con una forma comunitaria de manejo del bosque, y comisiones que se encargan del ambiente y los recursos naturales. Son parte de la Mesa Indígena de Cambio Climático y han participado en la preparación de la ENREDD+.
Junta Directiva de Bienes Naturales
59075611 (Germán García)
Mesa indígena del cambio climático (MICCG)
La Mesa Indígena sobre Cambio Climático –MICCG-, es una instancia civil no lucrativa, de carácter técnico político, integrada por organizaciones y comunidades indígenas de Guatemala, de incidencia en las leyes y políticas públicas relacionada con madre tierra y los cambios climáticos, con énfasis en los derechos de los pueblos indígenas.
Ramiro Batzín 52066705 batzinr@gmail.com
Mesa intersectorial de tierras y ambiente (MITA)
Es una red permanente, constituida como espacio público de participación que promueve el diálogo, el análisis y la reflexión, para la incidencia, la cooperación entre instituciones y organizaciones, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los socios, así como el respaldo a la gestión y ejecución, que eleven nuestra capacidad propositiva, ante la problemática agraria y ambiental de la Zona Sur del Petén.
Donald Pérez 58205078 mesadetierrayambiente@gmail.com
Mesa Departamental Cambio Climático Huehuetenango
Su interés se debe al trabajo que desarrollan, relacionado con la mitigación y adaptación del cambio climático. Es una entidad mixta ya que está integrada por instituciones de gobierno, sociedad civil y cooperación internacional.
Amilcar Herrera 5967-9085
Mesa Técnica para la reducción de la tala ilícita de Totonicapán
Grupo organizado que vela por la protección de los bosques en el área de Totonicapán.
Fernando Recancoj
5709-2075 frecancoj@ecologic.org
Parlamento Garífuna Es una organización de segundo nivel en donde confluyen varias organizaciones garífunas que se dedican a promover la identidad del pueblo garífuna, derechos de las mujeres y el medio ambiente. Se le considera como parte secundaria porque se dedica más a promoción cultural.
__________ __________________________
Mesa Mancomunada de Cambio Climático
Es un espacio que reúne a universidades, ONGs, Instituciones Gubernamentales, Mancomunidades y asociaciones, derivada de la Mesa
__________ __________________________
29
y Género, Región Oriente
Nacional de Cambio Climático, por lo que trabajan en la búsqueda de estrategias para la adaptación al cambio climático.
Parlamento del Pueblo Xinka
Es una organización de segundo nivel que aglutina a comunidades Xinkas de la región, que administran tierras y bosques comunales. Además, acompaña y asesora jurídicamente a comunidades que se encuentran ventilando juicios para la restitución de tierras. 3 comunidades parte de esta organización son propietarias de más de 300 km2 que están dentro de la región que abarca la ENREDD+
__________ _________________________
• Nivel de interés y desafíos dentro de las organizaciones comunitarias indígenas:
Las organizaciones comunitarias indígenas indican tener un gran interés respecto a su vinculación con la estrategia. Esto, dado que los incentivos
forestales se perciben como una forma aplicable y con potencial efectividad para motivar el cuidado de los bosques y la reducción de la tala en las
comunidades. Así mismo, el ingreso es favorable para las familias. Por otro lado, desde la cosmovisión indígena, la relación con la naturaleza es
esencial para el bienestar general de los pueblos, una relación horizontal con la tierra y lo que ella provea, asegura estabilidad material y espiritual.
En cuanto a los desafíos, uno de los principales es el problema existente en el país respecto al reconocimiento de derechos de tenencia de la tierra,
situación que se percibe como primaria antes de abordar temas de incentivos. Así mismo, en ocasiones el tema ambiental no es percibido como
una prioridad cuando las comunidades se enfrentan al inacceso de servicios básicos y a poca o nula identificación y sentido de amparo por parte
del Estado debido a temas de distancias geográficas y acontecimientos históricos que han marcado las percepciones. Así mismo, hay muchas dudas
respecto a la escala mínima del territorio forestal en cuanto a compensaciones. Se hace vital que se tengan marcos legales de base y procesos de
participación y consulta, así como de monitoreo y verificación que garanticen las compensaciones. Es importante para los implementadores,
entender los procesos ambientales desde la localidad y así, construir las mejores estrategias para dar paso al mecanismo REDD+.
30
Sector privado
Actor Descripción Nombre de contacto
Número de contacto
AGEXPORT La Asociación Guatemalteca de Exportadores, es una institución privada, sin fines de lucro, que promueve el crecimiento de las exportaciones guatemaltecas. Asimismo, trabaja en el fortalecimiento del desarrollo rural sostenible, a través de cadenas de valor que incrementan la oferta exportable, las capacidades locales, con un enfoque de sostenibilidad empresarial y ambiental.
Ivan Buitrón
Interforest Interforest S.A es una compañía dedicada a la conservación y a la producción forestal con énfasis en plantaciones forestales en Guatemala. Actualmente, manejan bosques naturales y plantaciones en Alta Verapaz, Izabal y Santa Rosa.
José Interiano 40448225
Instituto privado de investigación sobre cambio climático (ICC)
El Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático cuenta con personal calificado, que realizan investigaciones, actividades y proyectos que la institución promueve en la vertiente del Pacífico del país, desde los volcanes hasta los manglares. El instituto cuenta con cinco programas que tienen como objetivo la investigación y desarrollo de proyectos para la mitigación y la adaptación al Cambio Climático en las comunidades, los procesos productivos y la infraestructura de la región.
Gonzalo López 56325588 glopez@icc.org.gt
Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala (FCG)
Organización ubicada en Quetzaltenango no gubernamental de carácter privado, no lucrativa, sin afiliación política y con fines de conservación, ecológicos, científicos, educativos, tecnológicos y culturales, con personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y para realizar las actividades necesarias para el logro de sus fines.
2365-8985
Gremial Forestal La Gremial Forestal de Guatemala, adscrita a la Cámara de Industria, es una organización sin fines de lucro, fundada en 1950, que promueve el cultivo y el manejo sostenible de los bosques de Guatemala. Está integrada por personas individuales o jurídicas y asociaciones forestales de diferentes regiones del país.
31
Fundación PACUNAM La Fundación PACUNAM es una fundación integrada por diversas empresas que buscan el desarrollo sostenible de Guatemala por medio de la preservación del patrimonio cultural y natural.6 Su labor se enfoca en facilitar la investigación científica y arqueológica, impulsar el desarrollo de actividades productivas, contribuir a la conservación del medio ambiente y acompañar el nombramiento de bienes culturales y/o naturales de Guatemala como Patrimonio Mundial.
2388-6902
• Nivel de interés y desafíos dentro del sector privado:
Dentro de la responsabilidad social empresarial y diversos programas sociales de las empresas, uno de los ejes de trabajo gira en torno a la temática
ambiental y forestal. Dado esto existen financiamientos específicos para proyectos relacionados al tema, e incluso departamentos, grupos y
organizaciones dentro del sector privado destinados a dicha temática. Algunas de estas organizaciones, (enlistadas en la matriz anterior) han
mostrado interés directo en la estrategia REDD+.
Algunos de los desafíos que enfrenta el sector privado es la falta de comunicación directa con otros sectores, la diversidad de intereses que se
generan al operar con capital privado y la falta de participación en temas de socialización y talleres de preparación para la estrategia.
Nota:
Algunas instituciones u organizaciones no cuentan con un contacto específico y un número que pueda proporcionarse, sin embargo, es importante
tenerlos presentes dada su vinculación con el tema ambiental, de género y de inclusión.
6 Referencia: Fundación patrimonio cultural y natural Maya. http://www.pacunam.org/index/quienes_somos. [consultado el 19 de octubre 2017]
32
33
Grupos de apoyo que acompañan el proceso REDD+
A continuación, se presentan grupos y comités que apoyan el proceso REDD+. Los mismos están
integrados por organizaciones y asociaciones previamente identificadas en el documento, por lo
que únicamente se hace mención de las mismas con el fin de visibilizar su posición en la estrategia
REDD+
Grupo de implementadores: (GIREDD+) Grupo de trabajo específico conformado por ONG nacionales, internacionales y asociaciones comunitarias que poseen la capacidad de implementar acciones REDD+ en sus territorios.
ACOFOP
UT’ZCHE
AGEXPORT
FUNDALACHUA
Defensores de la naturaleza
Oro Verde
CALMECAC
Rainforest Alliance
UICN
GUATECARBON
Comité Nacional de Salvaguardas REDD+ Grupo encargado de velar por la mitigación del riesgo de los impactos sociales y ambientales de las medidas REDD+
BID
UICN
Rainforest Alliance
CARE
Sotz’il
Unidad ejecutora (MARN, INAB, CONAP, MAGA)
Pueblos indígenas
Academia
Mujeres
Alianza Nacional de Organizaciones Forestales
Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático Iniciativa del MARN que tiene como objetivo, ser un foro de discusión y de formulación de propuestas técnicas, tanto de los avances en la preparación nacional, como en los progresos de las negociaciones internacionales, implicaciones y posiciones de país en los temas REDD+ y Uso del suelo.
Utz’ Che
FCG
AGEXPORT
FAUSAC
CEMAT
AKTENAMIT
FDN
SOTZ’IL
Alianza Nacional Forestal Comunitaria
PNUD
BID
Rainforest Alliance
CATIE
Fundación Solar
34
PACUNAM
Unidades de Género (MARN, MAGA, INAB, CONAP)
Unidad ejecutora
Academia
ANAM
Gremial Forestal
GAO
UNAC
Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra (GIMBUT) Encargados de consensuar y oficializar definiciones operativas para las categorías de cobertura forestal compatibles con las metodologías utilizadas para elaborar inventarios de gases de efecto invernadero, inventario nacional forestal en el marco de la Estrategia Nacional REDD+.
URL
UVG
CONAP
MARN
MAGA
INAB
35
Representación gráfica de actores a nivel nacional A continuación, se presenta de manera gráfica a los actores identificados separados por región y por
sector
36
Desafíos relacionados con las salvaguardas establecidas por el BID
El Comité de Participantes del FCPF ha resuelto el ‘Enfoque Común de las Salvaguardas Sociales y
Ambientales para los Socios Implementadores Múltiples bajo el FCPF’7 el cual constituye el marco
común a ser implementado por los Socios Implementadores (el BID en este caso) a través del cual se
alcanzará equivalencia sustantiva de las Políticas Operativas de Salvaguardas Sociales y Ambientales
establecidas bajo el Banco Mundial, como entidad fiduciaria del FCPF8.
las Políticas Operativas de Salvaguardas Sociales y Ambientales del Banco Mundial aplicables para el
enfoque común del FCPF incluyen:
a. Evaluación Ambiental: promueve la robustez socio ambiental y la sostenibilidad de proyectos
de inversión y/o estrategias, y respalda la integración de aspectos socio ambientales en la toma de
decisiones sobre dichos proyectos / estrategias
b. Hábitats naturales: promueve el desarrollo sostenible en armonía con el ambiente, a través
de la protección, conservación, mantenimiento y rehabilitación de hábitats naturales y sus funciones
c. Bosques: reconocimiento del potencial de los bosques en la reducción de la pobreza de
manera sostenible, así como la efectiva integración de los bosques en el desarrollo económico de
manera sostenible, así como la protección de los servicios ambientales y el valor de los bosques,
d. Reasentamiento involuntario: busca aplicar los estándares más altos de compromiso entre los
DP para evitar o minimizar el reasentamiento involuntario y, de no ser posible, ayudar a las personas
desplazadas en la mejora o restablecimiento de sus formas de sustento y niveles de vida, con respecto
a los niveles previos al reasentamiento o al comienzo de la implementación del proyecto/estrategia
e. Pueblos Indígenas: promover el diseño de proyectos/estrategias con la participación plena y
efectiva de Pueblo Indígenas de manera que fomente el respeto pleno de la dignidad de pueblos
indígenas, derechos humanos, conocimiento tradicional, singularidad cultural y diversidad de manera
que se promuevan beneficios sociales y económicos y se eviten efectos adversos;
f. Recursos físicos y culturales: promover la preservación de los recursos culturales físicos y
evitar daños o su destrucción.
El documento del Enfoque Común precisa que los DP deben alcanzar la “equivalencia sustancial”, que
significa equivalencia con las políticas los procedimientos de salvaguardas ambientales y sociales del
BM aplicables al Fondo Readiness del FCPF, y que, si las políticas y los procedimientos de salvaguarda
del DP son más rigurosos y/u ofrecen más protección que los del BM, el DP aplicará sus políticas y
procedimientos a las actividades realizadas en el marco del Fondo Readiness del FCPF.
7 Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), Fondo Readiness Enfoque Común para las Salvaguardas Ambientales y
Sociales. 8 Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), Fondo Readiness Enfoque Común para las Salvaguardas Ambientales y Sociales https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Sp.%20FCPF%20Enfoque%20Comun_060611.pdf
37
En Guatemala, el socio implementador es el BID. De acuerdo al BIC9 y a un estudio independiente
hecho para el FCPF10, la mayoría de los requisitos de las políticas de salvaguardas del BID, son
semejantes (o menos rigurosos) a los del Banco Mundial.
En el caso de Guatemala, el socio implementador es el BID). De acuerdo al BIC11 y a un estudio
independiente hecho para el FCPF12 , la mayoría de los requisitos de las políticas de salvaguardas del
BID, son semejantes (o menos rigurosos) a los del Banco Mundial. La conclusión es que siempre aplican
las salvaguardas del BID, y en adición algunos elementos de las salvaguardas del BM
De acuerdo con estos estudios13, en ciertas áreas clave, las diferencias entre las salvaguardas del BM
y las del BID, necesitan ser abordadas bajo el Enfoque Común.
En relación a este documento de mapeo, varios desafíos sobre actores se pueden resaltar en relación
a las salvaguardas del Enfoque Común.
Para empezar, es importante que el Comité Nacional de Salvaguardas REDD+ y el Estado vinculen sus
acciones, para así facilitar la implementación de los procesos de sensibilización y fortalecer el sistema
de gobernanza. Esto quiere decir que debe haber plena comunicación y acciones estructuradas entre
ambas partes para que, de esa manera la información fluya y los procesos seas viables.
En cuanto a la necesidad de que Guatemala asegure que las actividades REDD+ sean compatibles con
los programas forestales nacionales, así como con los convenios y acuerdos internacionales sobre la
materia, es el GCI quien debe velar porque el contexto del país esté preparado para la implementación
de una estrategia a nivel nacional. Así mismo se debe garantizar el derecho al acceso a la información
y a la rendición de cuentas; y las estructuras de gobernanza deben ser evaluadas a través de la
existencia de un marco jurídico e institucional sólido que garantice los derechos de acceso, la
coordinación intersectorial y la integración de elementos económicos y sociales en las decisiones
ambientales14, el Estado debe garantizar la creación de un entorno propicio para que las personas
ejerzan sus derechos de participación.
En ciertas áreas clave, las diferencias entre las salvaguardas del Banco Mundial y las del BID, necesitan
ser abordadas bajo el Enfoque Común que precisa que los procedimientos de salvaguarda sean más
rigurosos y ofrezcan más protección que los del BM. Bajo este enfoque se encuentran:
9 Políticas de Salvaguardia Socio Ambiental y Enfoque Común del FCPF, Bank Information Center, Agosto 2013. http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Politicas-de-Salvaguardia-Socio-Ambiental-y-Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf 10 Independent Assessment of IDB’s Background Information for the FCPF Common Approach to Environmental and Social Safeguards, 2011. https://www.forestcarbonpartnership.org//sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Summary%20Memo%20and%20Gap%20Analysis%20of%20IDB%20Background%20Info%20110603.pdf http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Summary%20Memo%20and%20Gap%20Analysis%20of%20IDB%20Background%20Info%20110603.pdf 11 Políticas de Salvaguardia Socio Ambiental y Enfoque Común del FCPF, Bank Information Center, agosto 2013.
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Politicas-de-Salvaguardia-Socio-Ambiental-y-Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf 12 Independent Assessment of IDB’s Background Information for the FCPF Common Approach to Environmental and Social Safeguards,
2011.
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Summary%20Memo%20and%
20Gap%20Analysis%20of%20IDB%20Background%20Info%20110603.pdf
13 página 35, Políticas de Salvaguardia Socio Ambiental y Enfoque Común del FCPF, Bank Information Center, Agosto 2013.
Paginas 2-4, Independent Assessment of IDB’s Background Information for the FCPF Common Approach to Environmental and Social Safeguards, 2011. 14 Ministerio de ambiente y recursos naturales
38
• Reasentamiento involuntario:
El Banco Mundial requiere que los pueblos indígenas provean amplio apoyo para cualquier
reubicación, a través de un proceso de consulta libre, previa e informada. El BID requiere que los
pueblos indígenas provean su “consentimiento informado”, y que sus derechos consuetudinarios sean
plenamente reconocidos y compensados.
• Pueblos indígenas:
El BID requiere acuerdos verificados con los pueblos indígenas afectados, antes de que puedan
proceder, lo cual es un estándar más riguroso que el que aplica el BM (“amplio apoyo comunitario”).
El velar por el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades
locales es un desafío a nivel regional considerando que a partir de la zona del país en la que nos
ubiquemos, las necesidades sociales cambian, al igual que las cosmovisiones, demandas y carga
histórica con respecto a el cumplimento de los derechos de la población.
• Evaluación Ambiental:
El compromiso socio ambiental debe ser general al igual que el velar por la sostenibilidad de o los
proyectos a implementar. El crear estrategias socio ambientales debe ser una prioridad en la que se
vean involucrados todos los actores de la estrategia, siempre contando con el respaldo de la unidad
ejecutora.
• Hábitats naturales:
Las medidas REDD+ deben ser compatibles con la conservación de los bosques naturales y con la
diversidad biológica, por lo que deberá incentivarse la protección de los bosques naturales y sus
servicios ambientales, tarea que concierne a todos los actores.
• Bosques:
Los bosques deben ser reconocidos por las comunidades y los pequeños propietarios como una
potencial medida en la reducción de la pobreza. El papel de los actores regionales es de suma
importancia en brindar información necesaria en cuanto a la efectiva integración de los bosques en el
proceso de un desarrollo sostenible.
• Recursos físicos y culturales:
Alrededor del país se encuentra una fuerte riqueza cultural tanto material como intangible, la relación
con los recursos naturales es de suma importancia y su relevancia en el proceso puede ser la diferencia
entre una gestión exitosa y un posible rechazo. El cuidar los vestigios culturales materiales, debe ser
una prioridad de los actores regionales.
Es así como la aplicación del enfoque común busca asegurar la aplicación de las salvaguardas sociales
y ambientales, así como de sus políticas asociadas, de manera que se promueva la prevención y
mitigación de daños potenciales asociados para las personas y el ambiente al mismo tiempo promueve
beneficios, asociados a las intervenciones en el marco del FCPF.
Al igual que en los puntos anteriores, el desafío más grande radica en la falta de comunicación que se
ha generado entre las partes, lo que ha traído desconfianza y desencanto por la estrategia. Agilizar los
procesos y facilitar la información en todos los sectores puede ser un punto clave en la correcta
implementación. Las redes a nivel regional se encuentran conformadas por iniciativas anteriores, el
39
siguiente paso es generar actividades concretas que inicien los procesos de gobernanza de la tierra
desde lo local en el marco de la estrategia nacional REDD+.
Anexos I – Organizaciones que pertenecen a asociaciones
A continuación, se detallan las organizaciones que pertenecen a las asociaciones correspondientes:
Asociación de Comunidades Forestales de Péten (ACOFOP)
Sociedad Civil Impulsores Suchitecos
Manuel de Jesús Recinos
79265431
Sociedad Civil Laborantes del Bosque
Ángel Gabriel Morales Barrera
79265932
Custodios de La Selva Sociedad Civil
Julio Cesar Escalante 53420976
Sociedad Civil El Esfuerzo
Raúl Ortiz 79204175
Sociedad Civil árbol verde
Juan Funes 43501805
Asociación Forestal Integral de San Andres, El Peten
Jorge Soza Chi 78231902
Cooperativa Técnica Agropecuaria
Mario Abrego 53664495
Cooperativa La Lucha Florencio Escobar 45961238
Cooperativa Unión Maya Itza
Pascual Cristobal Pablo 77833846
Cooperativa Carmelita Carlos Crasborn 77833856
Asociación Forestal Integral Cruce La Colorada
Leonel Artiga Marroquin
77833851
Asociación de Productores de La Pasadita
Manuel de Jesús Recinos Casasola
77833931
Cooperativa Bethel Jose Dolores Villeda Matta
Sociedad Civil Amigos del Bosque
Julio Reyes 59962625
Cooperativa Los Laureles
Aristides Cruz 58215122
ACIMARNAL Pedro Contreras 53449500
Cooperativa Monte Sinai
Fundación Para La Protección de La Laguna Lachua
Asociación Para El Desarrollo Integral de Mujeres Indígenas de Lachua
Viviana Mac 40998081
40
(Fundalachua)
Asociación de Desarrollo Comunitario Santa Lucia
Ricardo Ichich Morales
Asociación de Consejo Comunitario De Desarrollo de Salacuín
Bartolomé Choc Luc 58816633
Asociación de Desarrollo Integral Regional Peyan Lachua
Melinton Israel Ruiz 49484923
Asociación de Desarrollo Integral Agua Salada
Lorenzo Jalal chiquin 51927846
Asociación de Desarrollo Selva del Norte
Nazario Botzoc 40294050
Asociación de Productores de Chile Cobanero
Manuel Choc Juarez, Rufino Caal
51642983
Asociación de Desarrollo Integra Roha Pomtila
Asociación de Desarrollo Integral Regional Peyan Lachua
Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes (ASOCUCH)
Cooperativa Integral Agrícola Joya Hermosa de Las Tres Cruces R.L
Juan Chum vicente 57619481
Cooperativa Agropecuaria de Servicios Varios San Bartolo R. L
Tomás Figueroa Velásquez
45290456
Asociación de Agricultores Tinecos
Ovidio Gómez 57722899
Asociación de Mujeres Eulalenses
Francisco Pacual Franacisco
77665901
Asociación Asilvo Chancol
Lucio Fabián 40841700
Asociación de Campesinos Forestales
Rafael Ramírez 56990360
Asociación de Desarrollo Integral Comunitario de La Región Norte de Huehuetenango
Juan Figueroa 55279385
Alianza de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala (OFCG)*
Asociación Comunidad Indígena de Palín
Gonzalo Raguay Pérez 4980-3303
Asociación Agropecuaria y Artesanal Para el Desarrollo la Guadalupana
Gerónimo Miguel Ángel Cochoy Yac
51784522
Asociación Xinca Fe y Esperanza
Mauro Ordoñez 59999051
Empresa Campesina Asociativa La Bendición
41
Asociación de vecinos de Pacalaj
Rigoberto Rodríguez 45631551
Empresa Campesina Asociativa Nuevo Todos Santos
Anacleto Pablo Basilio Chávez
45752670
Asociación No Lucrativa de la Comunidad de Quesada
Miguel Ángel García 57403873
Asociación Comunidad Indígena de Cubulco
porfilio López
Cooperativa Integral Agrícola San Nicolás R.L.
Adán Hernández Monterroso PROSPERO GUZMAN
A5151287
Cooperativa Integral Agrícola Nuevo México R.L.
Gonzalo Espital Cana 53213987
Asociación para el Desarrollo Integral de la Gloria
obidio yat sacul 58838862
Asociación para el Desarrollo Integral de Chimel
Alejandro López huz 53406109
Parcialidad Baquiax Rubén miguel Velásquez Pérez
40801423
Cooperativa Integral Agrícola San José el Asintal R.L.
Nelson Sinto
Asociación para el Desarrollo San Idelfonso Ixtahuacán
Andrés López 53451014
Asociación de Desarrollo Empresarial Comunitario El Rodeo
Asociación Parcialidad Caxaj
Asociación de Desarrollo Etno-turismo en Conservación del Medio Ambiente de la Comunidad de Pamuc
Asociación de Desarrollo Productivo y de Servicios Tikonel
Luis Francisco Hernández Díaz
45857823
42
Anexo II – Análisis de la Tenencia de la Tierra en Guatemala
Análisis de la Tenencia de la Tierra en Guatemala: Situación de Derechos y Gestión de las Tierras y Recursos Relevantes a la Aplicación de Acciones REDD+
43
Tabla de Contenidos Acrónimos ............................................................................................................................................... 3
Resumen ejecutivo .................................................................................................................................. 5
Introducción: ........................................................................................................................................... 6
Objetivos: ................................................................................................................................................ 7
Metodología: ........................................................................................................................................... 8
Tabla 1: Las opciones estratégicas definidas para la Estrategia Nacional REDD+ en Guatemala ... 9
Partes interesadas ................................................................................................................................. 10
Enlace de los actores dentro de las plataformas de participación y consulta ...................................... 13
Gobierno central ................................................................................................................................... 14
Gobierno local ....................................................................................................................................... 16
Academia .............................................................................................................................................. 19
• Nivel de interés y desafíos dentro de la Academia: .................................................................... 20
Asociaciones y organizaciones de base comunitaria ............................................................................ 21
Organizaciones no gubernamentales (ONG’S)...................................................................................... 25
Organizaciones comunitarias indígenas ............................................................................................... 27
Sector privado ....................................................................................................................................... 30
Grupos de apoyo que acompañan el proceso REDD+ .......................................................................... 33
Representación gráfica de actores a nivel nacional .............................................................................. 35
Desafíos relacionados con las salvaguardas establecidas por el BID .................................................... 36
Anexos I ................................................................................................................................................. 39
Anexo II ................................................................................................................................................. 42
Objetivos y estructura del documento ................................................................................................. 44
Metodología .......................................................................................................................................... 45
Marco Jurídico e institucional relevante a la tenencia de la tierra ....................................................... 46
Análisis de la tenencia de la tierra en Guatemala: situación de derechos y gestión de las tierras y
recursos relevantes para REDD+ ........................................................................................................... 57
a) Falta de certeza jurídica y requisitos de elegibilidad para acceder a programas de incentivos
forestales .......................................................................................................................................... 58
b) Superposición de derechos en áreas protegidas .................................................................... 63
c) Conflictos relativos a los asentamientos humanos dentro de las áreas protegidas .............. 65
d) Conflictos relativos al reconocimiento de los derechos de carbono ..................................... 65
Conclusiones ......................................................................................................................................... 69
Referencias: .......................................................................................................................................... 70
44
Objetivos y estructura del documento
Las metodologías y los documentos de orientación para la reducción de emisiones derivadas de la
deforestación y la degradación forestal (REDD+, por sus siglas en inglés), desde el Marco Metodológico
del Fondo de Carbono del FCPF hasta el Estándar de Verificación de Carbono (VCS, por sus siglas en
inglés), incluyen requisitos para realizar evaluaciones sobre la tenencia de recursos, demostrando así
que las preocupaciones subyacentes al respecto no irán en detrimento de su ejecución. A pesar de
este reconocimiento, y debido a que la tenencia de la tierra es un tema sensible con connotaciones
sociales y políticas, muchos países siguen enfrentando los siguientes retos:
• Identificar la amplia variedad de formas en que la seguridad de la tenencia repercute en el
éxito de las intervenciones para la mitigación y la adaptación,
• Evaluar los marcos legales y sociales que fundamentan la seguridad de la tenencia, y
• Identificar y ejecutar pasos graduales para mejorar la seguridad de la tenencia, ya que esto se relaciona con la ejecución exitosa de los programas sobre el cambio climático (incluyendo
REDD+).
El presente documento tiene por objetivo presentar un análisis de la situación de derechos y gestión
de tierras en Guatemala en relación a enfoque REDD+ propuesto en el país, el cual se enmarca
principalmente en el Fortalecimiento de los instrumentos económicos de la Ley Forestal. (Esto implica
la Ley PINPEP, Ley PROBOSQUE y las estrategias institucionales de INAB) y el Fortalecimiento del
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP).
Las opciones son las siguientes, y en las cuales se denota su vinculación a las opciones:
1. Armonización del marco de políticas, planes e instrumentos de sectores vinculados al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la gestión forestal-ambiental. (Vinculado a las opciones A y B)
2. Promoción y fortalecimiento del ordenamiento territorial en Guatemala. (A,B) 3. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el monitoreo y protección de los
bosques, el cumplimiento de las operaciones y control de la tala ilegal. (A,B) 4. Fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos mecanismos para
incentivar la conservación y protección forestal y agroforestal, gestión de actividades (económicas y no económicas) y para la producción de energía a base de madera. (A,B)
5. Desarrollo del marco normativo e institucional para el reconocimiento económico de los bienes y servicios ambientales, incluyendo el carbono forestal. (A,B)
6. Fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de paisajes forestales y agroforestales. (A,B)
7. Desarrollo e implementación de una Estrategia para el uso sostenible del combustible a base de madera. (A)
Por lo tanto, este documento centrará su análisis en los derechos y las consideraciones relativas a la
tenencia de la tierra en relación a las opciones REDD+ propuestas.
Se destaca que este reporte abarca los derechos consuetudinarios y formales a la tierra y recursos, y
con énfasis en las comunidades rurales y pueblos indígenas, el cual pretende servir como insumo clave
45
para confirmar la relevancia, los intereses y los desafíos sobre los derechos a la tierra y recursos en
relación a las opciones REDD+, y constituye un insumo clave para la Evaluación Estratégica Social y
Ambiental (SESA, por sus siglas en inglés) en Guatemala.
El documento se estructura de la siguiente manera:
➢ La primera sección: presenta el marco legal e institucional relevante a la tenencia de la tierra en Guatemala
➢ La segunda sección: presenta el análisis de la tenencia de la tierra en Guatemala, con un énfasis en la situación de derechos y gestión de las tierras y recursos de las comunidades rurales y pueblos indígenas en relación a las opciones estratégicas REDD+ propuestas.
➢ Conclusiones: se presentan las conclusiones del análisis.
Metodología
El documento fue preparado con base a la siguiente metodología:
1. Investigación y análisis de gabinete: Se llevó a cabo una identificación y revisión de los estudios existentes y relevantes, y lo que dio lugar a la elaboración de un borrador de reporte. Ver anexo I con la bibliografía empleada.
2. Entrevistas y consultas con actores relevantes: El borrador de reporte estará sujeto a la revisión y retroalimentación por parte de los actores relevantes. La retroalimentación recogida será integrada en el reporte final.
46
Marco Jurídico e institucional relevante a la tenencia de la tierra
La legislación nacional pertinente a la tenencia de la tierra es la siguiente15:
1) Constitución Política de la República de Guatemala
Constitución Política de la República de Guatemala, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente
el 31 de mayo de 1985, entró en vigencia el 14 de enero de 1986 y fue reformada por el Congreso de
la República, y aprobada su reforma a través de referéndum en 1993.
Los principios constitucionales relativos a ambiente y recursos naturales se enfocan en promover una
acción conjunta entre el Estado, las municipalidades y la población a manera de impulsar un desarrollo
que considere el equilibrio ecológico y se enfoque en acciones para reducir la contaminación. La
Constitución incorpora principios sobre asuntos forestales, áreas protegidas, agua, tierras propiedad
de la nación, y resalta elementos fundamentales que rigen el régimen jurídico del país. Así, el Artículo
64, declara de interés nacional la protección del patrimonio natural, el 126 declara de interés nacional
la reforestación del país, en el 127 se declara a las aguas como bienes de dominio público, inalienables
e imprescriptibles y su uso y aprovechamiento se otorga en función social. Las áreas de reserva
territoriales del Estado gozan de protección de una ley específica especial: la Constitución. La
estructura administrativa del Estado, el rol de las municipalidades y las facultades de los organismos
del Estado se incluyen dentro de estos principios.
La Carta Magna guatemalteca protege el derecho a la tenencia de la tierra y hace un reconocimiento
de distintas formas de tenencia de la tierra. El Artículo 39, señala que “Se garantiza la propiedad
privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente
de sus bienes de acuerdo con la Ley...”. La Corte de Constitucionalidad ha señalado, al respecto, que
“El Derecho de propiedad de bienes inmuebles se perfecciona con su inscripción en el Registro de la
Propiedad...”16 Es decir, que se configura la propiedad al momento en que el derecho sea inscrito
formalmente en la institución que fue creada para darle certeza jurídica a la propiedad.
Continúa regulando el mismo Artículo 19 que: “El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y
deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que
se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos”.
Una interpretación importante que ha realizado el máximo órgano constitucional guatemalteco es lo
relativo al beneficio social que debe prevalecer sobre el particular, materializando el fin supremo del
Estado que es la realización, precisamente del bien común. La Corte de Constitucionalidad ha
expresado que “La propiedad privada se reconoce como un derecho inherente a la persona, por
concurrir al desarrollo de la persona y, por ende, de su familia, a quienes el Estado dispensa protección
primaria; ello sin perjuicio, claro está, de que por ley, pueda ser limitada su disposición cuando sea
15 Información extraída de Diagnóstico del Marco Jurídico ambiental guatemalteco en los temas de derechos de propiedad sobre bienes y servicios ambientales y elementos de cambio climático vinculados a REDD+ en el marco del Decreto 7-2013 (2015), Gobierno de Guatemala, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 16 Gaceta 57, Expediente 275-2000, Sentencia de fecha 09/08/2000, Corte de Constitucionalidad, Constitución Política de la República con
notas de jurisprudencia, pág. 108.
47
contraria a los fines sociales o necesaria la realización del bien común o interés social, que se erige en
prevalente como especialmente lo señala el artículo 44 constitucional”.17
Dentro de los derechos sociales que garantiza la Constitución se incluye una sección destinada
específicamente al reconocimiento de las comunidades indígenas, señalándose que “Guatemala está
formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya”,
y al respecto, se declara que “El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres,
tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y
dialectos.”18
Asimismo, se destacan dos disposiciones19 relevantes para el derecho a la propiedad indígena: se
consagran obligaciones relativas al deber estatal de brindar una “protección especial” a “las tierras de
las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva
de propiedad agraria”; y el deber estatal de mantener la pertenencia a las comunidades indígenas de
tierras ocupadas históricamente, así como la administración de las mismas; y, a la obligación de
proveer “tierras estatales” a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo.
2) Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, La Adaptación Obligatoria ante
los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero-LMCC-
Aprobada por Decreto 7-2013. La normativa tiene como fin principal, que “el Estado de Guatemala a
través del Gobierno Central, entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades, la sociedad
civil organizada y la población en general, adopte prácticas que propicien condiciones para reducir la
vulnerabilidad, mejoren las capacidades de adaptación y permitan desarrollar propuestas de
mitigación de los efectos del cambio climático producidos por las emisiones de gases de efecto
invernadero”.
Por su parte, el Artículo 3 de la Ley establece que: “La presente Ley y sus Reglamentos, contendrán
las garantías mínimas de cumplimiento al derecho aplicable y de las salvaguardas específicas en el
desarrollo de programas y proyectos que se implementen a nivel nacional”.
3) Ley de Áreas Protegidas
17 Gaceta 41, Expediente 305-95, Sentencia de fecha 26/09/1996, Corte de Constitucionalidad, Constitución Política de la República con
notas de jurisprudencia, pág. 109.
18 Artículo 66, Constitución Política de la República de Guatemala.
19 Artículo 67.- Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o
cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular,
gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de
asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les
pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema. Artículo 68. Tierras para comunidades
indígenas. Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que
las necesiten para su desarrollo.
48
La Ley está contenida en el Decreto 4-89 del Congreso de la República, el cual ya ha sido reformado
por el Decreto 110-96 y publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 1989, estableciendo el
Consejo Nacional de Áreas Protegidas, como órgano director del Sistema Guatemalteco de Áreas
Protegidas. El Consejo, que es presidido por el MARN e integra a representantes de diversos sectores,
incluyendo a la academia, gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales, adopta legalmente
las decisiones institucionales. Referente al tema, el CONAP ha desarrollado diversos instrumentos de
aplicación de la ley, entre ellos, el Reglamento para el otorgamiento de concesiones forestales
comunitarias e industriales, el Reglamento de coadministración de áreas protegidas y el propio
reglamento de aplicación de ley. Asimismo, implementa una política de Diversidad biológica que
incorpora un eje de cambio climático.
4) Ley Forestal, Decreto 101-96 del Congreso de la República
La Ley Forestal, aprobada por el Congreso de la República el 2 de diciembre de 1996 mediante el
Decreto 101-96 fue publicada en el Diario Oficial el 4 de diciembre del mismo año y entró en vigencia
el 12 de diciembre de 1996. La ley parte de considerar que los recursos forestales deben constituir la
base fundamental del desarrollo económico y social de Guatemala y que mediante el manejo
sostenido pueden producirse bienes que coadyuven a satisfacer las necesidades de energía, vivienda
y alimentos para contribuir a elevar la calidad de vida, el nivel económico, educación y recreación de
las poblaciones, la protección de los recursos naturales y la fijación de carbono.
Para tal efecto, la Ley crea el Instituto Nacional de Bosques (INAB), como entidad estatal autónoma
descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, como
órgano de dirección y autoridad competente del sector Público Agrícola y adopta sus decisiones a
través de una junta directiva que incorpora multi-sectores a la gestión forestal. La Ley Forestal otorga
facultades al INAB para elaborar sus reglamentos específicos y de las materias de su competencia20,
como fortaleza institucional, crea el fondo forestal privativo, al tiempo que descentraliza la gestión
forestal a través de las municipalidades a quienes otorga competencias específicas.
Por otra parte, la ley establece el programa de incentivos forestales para propietarios de tierras21. La
ley también incorpora el régimen legal de tipificación de delitos y faltas forestales. Y entre las
prohibiciones, limita la autorización de licencias en las partes altas de las cuencas hidrográficas
cubiertas de bosque por su importancia en el proceso de captación y recarga hídrica. Adicionalmente
20 Reglamentos vigentes: Reglamento de la Ley Forestal (Resolución de Junta Directiva 1.43.2005), Reglamento del Programa de Incentivos Forestales (Resolución JD 03.31.2014), Reglamento del Programa de Incentivos Forestales para poseedores de pequeñas extensiones de
tierras con vocación forestal o agroforestal (Resolución 01.14.2011), Reglamento para e Transporte de Productos Forestales y su Procedencia Licita (Resolución JD 03.12.2004), Reglamento del Registro Nacional Forestal (Resolución 02.43.2005), Reglamento para la Protección, Conservación, uso y Aprovechamiento de los Arboles del Ecosistema Manglar (Resolución 01.25.98) y Reglamento de Regentes Forestales (Resolución 03.43.2005). 21 Artículo 71 de la Ley Forestal: “Incentivos. El Estado otorgará incentivos por medio del Instituto Nacional de Bosques, INAB, en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas conforme esta ley; a los propietarios de tierras, incluyendo a las municipalidades, que se dediquen a proyectos de reforestación y mantenimiento en tierras de vocación forestal des- provistas de bosque, así como al manejo de bosques naturales; y a las agrupaciones sociales con personería jurídica, que virtud a arreglo legal, ocupan terreno de propiedad de los municipios. Estos incentivos no se aplicarán a la reforestación derivada de los compromisos contraídos según los casos indicados en esta
ley. Las plantaciones derivadas de programas de incentivos forestales se conceptúan como bosques plantados voluntarios.
49
se incorporó normativa específica prohibiendo el cambio de uso sin autorización22 y la protección de
los bosques de manglar23.
El INAB tiene como objetivo institucional, reducir la deforestación de tierras de vocación forestal y el
avance de la frontera agrícola, a través del incremento del uso de la tierra de acuerdo con su vocación
y sin omitir las propias, así como también, conservar los ecosistemas forestales del país, a través del
desarrollo de programas y estrategias que promuevan el cumplimiento de la legislación respectiva; y
propiciar el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades al aumentar la provisión de bienes y
servicios provenientes del bosque para satisfacer las necesidades de leña, vivienda, infraestructura
rural y alimentos.
5) Ley de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP)
El PINPEP que fue adoptado por Decreto 51-2010 del Congreso de la República, es un programa que
aplica a poseedores de pequeñas extensiones de tierras (menos de 15 ha) que no estén inscritas en el
Registro General de la Propiedad y que tengan vocación forestal y agroforestal, con o sin cobertura
forestal, en cualquier parte del territorio nacional. Su objetivo es facilitar el acceso a programas de
incentivos forestales a los pequeños poseedores de tierra que se manejan de forma comunitaria, con
el propósito de beneficiar a usuarios en extrema pobreza y garantizar el uso y manejo sostenible de
los recursos naturales a nivel comunitario.
Este mecanismo incentiva el establecimiento de plantaciones y el manejo sostenible de bosques
naturales tanto de protección como de producción, y estimula el cultivo de árboles en sistemas
agroforestales. Al permitir que los poseedores de pequeñas tierras tengan acceso a incentivos
forestales, la Ley brinda la oportunidad para que los sectores más vulnerables de la población,
incluidas las mujeres, puedan contribuir a la conservación de los bosques y la reforestación de
Guatemala, además de acceder a empleos y llevar el desarrollo a las áreas más pobres del país.
El incentivo es otorgado a través del INAB, para el manejo de bosques naturales de producción o
protección, y el establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales y sistemas
agroforestales, a favor de grupos organizados, comunidades y personas individuales poseedores de
extensiones de tierra menores a 15 hectáreas.
6) Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala (Ley Probosque)
Esta Ley (Decreto 02-2015) , pretende darle continuidad al Programa de Incentivos Forestales
(PINFOR) que finalizó en 2016, y tiene como objetivo, “contribuir a garantizar el uso sostenible de los
bienes y servicios de los bosques para contribuir a cimentar las bases del desarrollo rural sostenible, la
22 Artículo 98. Cambio del uso de la tierra sin autorización. cubiertas de bosque y registradas como beneficiarias del incentivo forestal, será
sancionado con prisión de dos a seis (2 a 6) años y multa equivalente al valor de la madera conforme al avalúo que realice el INAB.” 23 Artículo 35. Protección del mangle. Se declara de interés nacional la protección, conservación y restauración de los bosques de mangle en el país. El aprovechamiento de árboles de estos ecosistemas será objeto de una reglamentación especial, la cual deberá ser elaborada
por el INAB en un plazo no mayor de un año, luego de la aprobación del apoyo de una ley de protección especial.
50
mitigación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, la reducción del hambre y la pobreza,
el crecimiento económico y el logro de la convivencia pacífica y armónica de la sociedad guatemalteca
en torno a sus bosques”.
La iniciativa aumenta las modalidades de incentivos, incluyendo: a) El manejo de bosques con fines de
producción, b) Las plantaciones forestales con fines comerciales, c) Los bosques energéticos, los
sistemas agroforestales, la restauración de bosques degradados y los sistemas silvopastoriles (que
comprenden bosques y ganadería).
El INAB se constituirá en la entidad que se encargaría de revisar y aprobar los planes de manejo, así
como corroborar que se cumplieron previo a autorizar el pago del incentivo, que sería otorgado una
sola vez para una misma área. Su vigencia está determinada para 30 años y los proyectos que se
manejan deberían alcanzar 1.200,000 mil hectáreas de tierras que generarían 4,000 empleos.
Beneficiarios potenciales podrán incluir: propietarios de tierras, incluyendo a las municipalidades;
agrupaciones sociales con personería jurídica que, en virtud de arreglo legal, ocupan terrenos
propiedad de los municipios; arrendatarios de áreas de reservas de la Nación; y, cooperativas,
comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad
agraria, que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma
especial, siempre que estén debidamente representadas. 24
La aprobación de la Ley Probosque vendría a complementar el régimen normativo e institucional,
hacia un mayor y mejor cumplimiento del mandato constitucional que declara de urgencia nacional y
de interés social, la reforestación del país y la conservación de los bosques.
La iniciativa contempla la creación del Fondo Nacional de Bosques como un mecanismo que permitiría
captar y administrar recursos económicos que se generan de la administración de los incentivos, lo
que fortalecería la institucionalidad forestal.
7) Código Civil (Decreto Ley 106-1964)
Este instrumento fue adoptado el 14 de septiembre de 1963 y entró en vigencia el 1 de julio de 1964.
La ley ordinaria que conceptualiza y delimita el ejercicio del derecho a la propiedad es el Código Civil,
y establece: “La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con
la observancia de las obligaciones que establecen las leyes”.25
En cuanto a los bienes, según el Artículo 445 “Son bienes inmuebles: 1o.- El suelo, el subsuelo, el
espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas, y las aguas que se encuentren en la superficie o
dentro de la tierra; 2o.- Los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra, y los frutos no
cosechados; 3o.- Las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente; ... 7o.- Los
viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el
propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo
permanente a la finca”.
24
25 Artículo 464 del Código Civil.
51
El Artículo 447, señala que “Es parte integrante de un bien lo que no puede ser separado sin destruir,
deteriorar o alterar el mismo bien”. Además, el Código Civil en el artículo 449 establece que: “Es
accesorio del bien todo lo que está aplicado permanentemente a su fin económico y se halla en una
relación que responde a ese fin. La separación temporal de los bienes no les hace perder su calidad”.
La ley ordinaria, sigue regulando en el Artículo 450 que: “Las partes integrantes y los accesorios de un
bien siguen la condición de éste, salvo los casos en que la ley o el contrato permitan su diferenciación”.
Estos aspectos deben considerarse en relación a REDD+, con el objeto de determinar a quién
pertenecen los beneficios que se puedan obtener de dichas iniciativas y cómo deben implementarse.
En cuanto a la acreditación y determinación de la naturaleza del bien, el Código Civil establece en el
Artículo 460 que son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que
tienen título legal.
En cuanto a los bienes nacionales, como los denomina el Código Civil, el Artículo 461, indica: “Los
bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos todos los
habitantes, con las restricciones establecidas por la ley, pero para aprovechamientos especiales se
necesita concesión otorgada con los requisitos que establecen las leyes respectivas”.
Para el caso de las áreas protegidas, por ejemplo, se establece en el Artículo 462 que “Los bienes que
constituyen el patrimonio del Estado, de los municipios y de las entidades estatales descentralizadas,
están sujetos a las leyes especiales y subsidiariamente a lo dispuesto en este Código”.
Es decir, que si se pretende realizar algún proyecto o actividad relacionada con REDD+ y que involucre
bienes que estén protegidos por una ley especial se deberá contar con la participación directa de las
autoridades creadas para el efecto; en este caso para áreas protegidas el Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (CONAP), para bosques, el Instituto Nacional de Bosques (INAB). Además, para determinar
la propiedad o posesión de la tierra se necesita involucrar al Registro de Información Catastral, cuyo
mandato es precisamente establecer la certeza jurídica de la tenencia de la tierra en Guatemala.
8) Acuerdos de Paz de 1996
El 29 de diciembre de 1996, se firmó en el Palacio Nacional de Guatemala, dos Acuerdos: el Acuerdo
cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los Acuerdos de Paz y el Acuerdo
de Paz Firme y Duradera.
Los Acuerdos de Paz de 1996 plantearon un programa de redistribución de tierras en función del
mercado, cuyos elementos principales fueron el registro de títulos de propiedad y procesos catastrales
para determinar los derechos de propiedad y facilitar su intercambio, el establecimiento de un fondo
de tierras para otorgar préstamos a los campesinos para su compra, y la capacitación y la asistencia
necesarias para que pudieran pagar los préstamos.
Con el propósito de cumplir con los acuerdos, se establecieron dos nuevas instituciones, el Registro
de Información Catastral (RIC) para inscribir títulos y los procesos de catastro, y el Fondo Nacional de
Tierras (FONTIERRAS) para facilitar el acceso a éstas.
9) Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas –AIDPI–
52
El 31 de marzo de 1995, en la ciudad de México, el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG– firmaron el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de
los Pueblos Indígenas –AIDPI–, en el marco del proceso de negociación de la paz, para dar fin por
medios políticos a un conflicto armado interno de 36 años. Entró en vigencia, como la mayoría de los
Acuerdos, el 29 de diciembre de 1996, mediante el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. El AIDPI sintetiza
una serie de compromisos y acciones basados en el reconocimiento de la identidad de los pueblos
Maya, Xinka y Garífuna, entendiendo su conjunto como pueblos indígenas, con el fin de desarraigar la
opresión y la discriminación que han padecido históricamente, y que les ha negado el pleno ejercicio
de sus derechos. En ese sentido, se acordaron acciones orientadas a la lucha contra la discriminación
y al ejercicio de los derechos culturales, civiles, políticos, sociales y económicos.
10) Fondo Nacional de Tierras -FONTIERRAS
El Fondo de Tierras de acuerdo al Decreto Ley 24-99 del Congreso de la República es una institución
descentralizada del Estado, participativa y de servicio que cimienta su misión y visión en el marco del
cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Se desarrolla con base a la Agenda Estratégica 2012-2025 que
se fundamenta en cuatro ejes: 1. Acceso a la tierra para el desarrollo integral y sostenible. 2.
Regularización de procesos de adjudicación de tierras del Estado. 3. Desarrollo de Comunidades
Agrarias Sostenible y 4. Fortalecimiento institucional para responder a las aspiraciones sociales y
mandatos legales; apoyados por ejes transversales que fortalecen sus acciones. Se organiza
internamente con base al Acuerdo Gubernativo Número 435-2013 de fecha 7 de noviembre de 2013.
FONTIERRAS cuenta con tres modalidades: compra, arrendamiento y regularización.
• Compra: El propósito inicial de FONTIERRAS fue asumir una función de fondo rotativo. Sin embargo, con frecuencia las propiedades adquiridas con ayuda del Fondo se compraron a precios extremadamente altos y/o eran tierras de mala calidad, y muchas veces también carecían de la inversión necesaria para que los nuevos propietarios pudieran hacer uso productivo de éstas. En consecuencia, el rendimiento financiero de los préstamos del Fondo, que inició con poca capitalización, ha sido muy bajo.26
• Arrendamiento: Para abarcar la demanda de tierras que no se puede satisfacer por medio de una compra, FONTIERRAS recurre al pago de arrendamiento para las familias rurales sin tierras.
• Regularización: La tercera modalidad que utiliza FONTIERRAS para el acceso a la tierra es la regularización de la colonización. FONTIERRAS continúa tramitando una cantidad de solicitudes para la legalización de propiedades que eran terrenos estatales o tierras baldías. Si las tierras están ubicadas dentro de un área protegida FONTIERRAS siempre consulta la opinión del CONAP antes de regularizar cualquier título de una propiedad. En los casos en que la tierra era del Estado y no se encontraba dentro de un área protegida o su ocupación antecedió al establecimiento de ésta, FONTIERRAS puede regularizar la posesión y la
titulación.
26 Kuper, J. (2014). Guatemala Resource Tenure and Sustainable Landscapes Assessment. Washington, D.C.: USAID Tenure and Global Climate Change Program. (Evaluación sobre la tenencia de recursos y paisajes sostenibles en Guatemala. Washington, D.C.: Programa de USAID sobre tenencia y cambio climático mundial). Pg. 50
53
11) Ley del Registro de Información Catastral (RIC) y Reglamento de Reconocimiento de Tierras Comunitarias (Decreto 41/2005)
El 15 de junio de 2005, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley del Registro de
Información Catastral –RIC– mediante el Decreto No. 41-2005, publicado en el Diario Oficial el 20 de
julio de 2005 y en vigencia el 20 de agosto del mismo año. La Ley crea una institución estatal autónoma
y de servicio, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, cuyo objeto es el
establecimiento, mantenimiento y actualización del catastro nacional.
Esta Ley responde a compromisos asumidos en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y
Situación Agraria27, por el cual el gobierno de Guatemala se comprometió a emitir leyes y crear
instituciones que permitan la consolidación de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra para la
aplicación de la justicia agraria y el fomento del desarrollo sostenible en el área rural en condiciones
de igualdad, a través del establecimiento de un sistema de registro y catastro descentralizado,
multiusuario, eficiente, financieramente sostenible y de actualización fácil y obligatoria.
La Ley establece lineamientos para regularizar la tenencia de la tierra al identificar los derechos sobre
ella, así como las situaciones anómalas como la ocupación sin título o alteración de límites, puesto
que han creado conflictos entre vecinos o terceras personas. Respecto de las tierras en áreas rurales
cuya propiedad, posesión o tenencia es comunal, el RIC tiene la obligación de hacer la declaratoria
administrativa para reconocerles la calidad de “tierras comunales” y emitir la certificación respectiva
que la ampare (Artículo 65). En esta actividad, el Registro debe sujetarse especialmente a lo
establecido por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos
indígenas y tribales en países independientes.
El 30 de septiembre de 2008 se aprobó por parte del Consejo Directivo del RIC, el Reglamento
específico para el reconocimiento y declaración de tierras comunales mediante Acuerdo de fecha 30
de septiembre de 2008, publicado el 29 de julio de 2009. El Reglamento regula el procedimiento para
declarar un área como tierra comunal. Asimismo, se contempla la elaboración de un peritaje cultural
para establecer desde cuándo se tiene la posesión y la forma de administración del bien, y se viabiliza
la participación de las comunidades indígenas a través de la consulta.
Lo anterior busca dotar de certeza y seguridad jurídica a los propietarios de la tierra al otorgar un
documento que pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad.
El punto fundamental de partida del RIC es el registro de la propiedad; es decir, títulos inscritos de
propiedad, o a falta de ellos, el ‘derecho’ a un título de propiedad. Posteriormente, el RIC aplica una
serie de pasos sucesivos: el levantamiento catastral por parte de sus subcontratistas, la socialización
de resultados, un proceso de comparación con los datos del registro de la propiedad, y finalmente la
declaración de la propiedad.
En los casos en que coinciden los datos catastrales con los del registro de la propiedad, el RIC
simplemente ratifica la propiedad en su declaración. En los casos en donde la única irregularidad de
la propiedad es que no se encuentra debidamente inscrita, el RIC lo hace mediante un proceso
conocido como titulación especial (Artículo 68). Cuando existen otras irregularidades o conflictos, se
remite el caso a diversas entidades, según sea pertinente: a la Secretaría de Asuntos Agrarios de la
Presidencia (SAA) en caso de una propiedad privada, al CONAP cuando es un área protegida y a la
27 http://www.cnapguatemala.net/wp-content/uploads/2015/07/informe_sap.pdf
54
Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado (OCRET) para las Reservas Territoriales del
Estado.
12) Política de Equidad de Género en el Sector de la Gestión Ambiental y Plan de Acción
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales inició en el año 2012 una revisión y readecuación de
la “Política de equidad de género en el sector de la gestión ambiental y plan de acción 2003-2008”,
evaluando participativamente el cumplimiento de los objetivos y líneas de política a lo interno del
Ministerio, en el marco de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y
Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023. El resultado de este proceso es la presente “Política
Ambiental de Género” del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que busca propiciar la
equidad e inclusión de mujeres y hombres que trabajan por la protección, conservación y
mejoramiento de los bienes y servicios naturales, a través de incorporar más efectivamente el enfoque
de género en las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos e instrumentos ambientales de
este Ministerio. Con la implementación de la Política Ambiental de Género se espera que las
intervenciones y acciones e iniciativas del Ministerio incluyan más efectivamente la dimensión de
género, ya que esto es una condición clave para asegurar una mejor gestión ambiental del país.
13) La Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural de 2002
Los consejos de desarrollo se establecieron en el ámbito comunitario (COCODE), municipal (COMUDE),
departamental (CODEDE), regional y nacional, y se diseñaron para que fueran el principal mecanismo
para la participación en la planificación democrática del desarrollo en cada uno de estos niveles. Los
consejos deben estar compuestos por representantes de los pueblos indígenas y las cooperativas.
Según lo indica la R-PP, se considera que estos consejos son el medio principal para realizar las
consultas públicas sobre REDD+.
14) El Convenio 169 de la OIT
Al haberlo ratificado mediante el Decreto No. 6 de 1996, el Convenio 169 de la OIT es vinculante para
Guatemala. Según el Convenio, se debe consultar a los pueblos tribales e indígenas sobre las medidas
legislativas o administrativas que pudieran afectarlos directamente. Con el fin de lograr un acuerdo,
las consultas deben efectuarse a través de los debidos procesos, de buena fe y mediante las
instituciones que representan a los pueblos consultados.
15) La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(DNUDPI)
Guatemala votó a favor de la resolución de la Asamblea General que estableció una obligación no
vinculante por obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de
tomar medidas legislativas o administrativas que los pudieran afectar, y antes de la aprobación de
proyectos que repercutan en sus tierras, territorios u otros recursos.
55
16) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Aprobado por Decreto Ley 49-82 del Jefe de Estado de Guatemala, de fecha 29/06/1982 y Ratificada
por
Acuerdo Gubernativo 106-82 del 08/07/1982) viene a constituirse como uno de los principales
instrumentos jurídicos internacionales en favor de las mujeres, además ésta convención es
considerado como elemento de incidencia en los procesos de transformación constitucional,
legislativa y administrativa dentro del ámbito de acción política para exigir el disfrute de los derechos
de las mujeres, de esta cuenta, dentro de este trabajo investigativo se exponen los principales avances
que las mujeres guatemaltecas han tenido como consecuencia o bien con la vinculación de la
existencia de la CEDAW, dentro del ordenamiento jurídico de Guatemala.
Cabe destacar que la Constitución prohíbe la discriminación por motivo de sexo (Artículo 4) y establece
que el principio de no discriminación prima frente al derecho consuetudinario cuando éste genera
discriminación por motivo de sexo (Artículo 44).
17) Código Penal
Aprobado por Decreto No. 17-73. En su artículo 257 establece el delito de usurpación agravada que
es relevante al análisis de los aspectos relacionados con la tenencia de la tierra en el país.
Los problemas de invasión de tierras en Guatemala ya son parte de su historia y han generado una
serie de conflictos que se tornan violentos. El delito que se debe denunciar en el Ministerio Público es
el de usurpación, pues corresponde a los casos en los que existan personas que, con fines de
apoderamiento o aprovechamiento ilícito, despojaren o pretendieren despojar a otros de la posesión
o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo o quienes, ilícitamente,
con cualquier propósito, invadan u ocupen un bien inmueble.
La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. De conformidad con la ley, la
policía, el Ministerio Público o el Juez, están obligados a impedir que esos hechos punibles continúen
causando consecuencias ulteriores, por lo que corresponde ordenar y proceder según corresponda al
inmediato desalojo, conforme a lo que establece el código penal. Sin embargo, en la práctica resulta
ser un proceso más tardado y burocrático.
18) Código Municipal
Aprobado por Decreto No. 12-2002. El presente Código tiene por objeto desarrollar los principios
constitucionales referentes a la organización, gobierno, administración, y funcionamiento de los
municipios y demás entidades locales determinadas en el Código y el contenido de las competencias
que correspondan a los municipios en cuanto a las materias que estás regulen.
Destaca que el capítulo IV reconoce las alcaldías indígenas (“El gobierno del municipio debe reconocer,
respetar y promover las alcaldías indígenas, cuando éstas existan, incluyendo sus propias formas de
funcionamiento administrativo”).
56
19) Ley de titulación supletoria
Aprobado por Decreto No. 49-79. Su artículo 1 establece que el poseedor de bienes inmuebles, que
carezca de título inscribible en el Registro de la Propiedad, podrá solicitar su titulación supletoria ante
el Juez de Primera Instancia jurisdiccional del lugar en que se encuentre ubicado el inmueble. El
interesado deberá probar la posesión legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe ya nombre
propio, durante un período no menor de diez años, pudiendo agregar la de sus antecesores, siempre
que reúna los mismos requisitos.
20) Reglamento de Arrendamiento
Aprobado por acuerdo gubernativo 905-2002 (sujeto a reformas por el acuerdo gubernativo No. 377-
2014). El Reglamento tiene por objeto otorgar lo relativo al arrendamiento de bienes inmuebles o
fracciones de éstos que estén registrados a nombre del Estado, Gobierno o Nación, a favor de
personas individuales o jurídicas, entidades del sector público, descentralizadas o autónomas.
57
Análisis de la tenencia de la tierra en Guatemala: situación de derechos
y gestión de las tierras y recursos relevantes para REDD+
Esta sección presenta un análisis de la situación de derechos y gestión de tierras en Guatemala en
relación a enfoque REDD+ propuesto en el país. En particular, la siguiente sección considera las
dimensiones de la tenencia de la tierra en vinculación a los siguientes aspectos de las Opciones y
REDD+ propuestas:
a) Expansión de los programas de incentivos forestales, PINPEP y PINFOR (que se reemplaza con Probosque): Bajo estos programas, el tipo de tenencia de tierra es un criterio específico de elegibilidad.
b) Producción sostenible y el uso eficaz de leña: los incentivos forestales y estrategias
propuestas para alcanzar estos objetivos abarcan los aspectos de tenencia y derechos de
propiedad.
c) Iniciativas tempranas de REDD+ centradas en las áreas protegidas: Los proponentes de proyectos de iniciativas tempranas deben establecer acuerdos con quienes tengan derechos de propiedad y negocien las unidades de reducción de emisiones bajo la LMCC. En muchos casos, éstos se centrarán en acuerdos con el gobierno sobre las áreas protegidas28. En el contexto de las iniciativas tempranas de REDD+, los proponentes de proyectos deben lograr acuerdos con quienes tengan derechos de propiedad y de negociar unidades de reducción de emisiones que provengan del área que abarca ese proyecto, aunque podrían optar por
distribuir los beneficios más ampliamente.
Es importante destacar que este análisis está intrínsecamente vinculado con el marco legal e
institucional vigente y que examinamos en la sección anterior.
La situación de derechos vinculados a la tenencia de la tierra y las cuales tienen relevancia en el marco
de la aplicación de las opciones estratégicas REDD propuestas han sido categorizados de la siguiente
manera y que examinamos a continuación:
a. Falta de certeza jurídica, titulación, delimitación y demarcación de tierras; b. Superposición de derechos en áreas protegidas; c. Conflictos relativos a los asentamientos humanos dentro de las áreas protegidas; y d. Conflictos relativos al reconocimiento de los derechos de carbono.
Destacamos que el análisis trata de manera transversal los derechos formales y consuetudinarios
de la tierra y el tema de género. Hacemos notar que la ley concede el mismo derecho de propiedad
o de control sobre la propiedad tanto a hombres como mujeres29, y el marco legal contiene medidas
28 Código Civil, el Artículo 461, indica: “Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos todos
los habitantes, con las restricciones establecidas por la ley, pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con los
requisitos que establecen las leyes respectivas”. Artículo 462, indica: Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, de los
municipios y de las entidades estatales descentralizadas, están sujetos a las leyes especiales y subsidiariamente a lo dispuesto en este
Código”.
29 Constitución Política de la República de Guatemala, 1993; Código Civil, Artículos 176, 182, 460, 464 y 1794
58
especiales para asegurar que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a la propiedad
y al control de las tierras.30
a) Falta de certeza jurídica y requisitos de elegibilidad para acceder a programas de incentivos forestales
Existen diferentes tipos de tenencia de la tierra en las áreas donde se implementarán las opciones s
REDD+. No existe una sola legislación que establezca diferentes tipos de tenencia de la tierra, pero en
la práctica se reconocen derechos de tenencia privada, comunal, de usufructo, de arrendamiento,
municipal y estatal. De éstos, los derechos comunales y de usufructo son lo que denotan problemas
en su reconocimiento y protección.
Nuestro análisis agrupa a los titulares de derechos de tenencia de la tierra en cuatro grupos
principales, (i) estatales (propiedad pública centralizada); (ii) municipales (propiedad pública
descentralizada); (iii) privadas; y (iv) comunales (incluidos los pueblos indígenas). Se agrupan las
tierras indígenas con otras formas de tenencia comunal, ya que aún no existe un instrumento legal
que defina derechos diferenciados para la propiedad comunal indígena. Estas tierras están sujetas al
mismo régimen legal que las demás propiedades privadas de tenencia comunal.
Para lograr reducir las emisiones provenientes de deforestación y degradación forestal, Guatemala
tiene planificado aumentar la cobertura de sus programas de incentivos forestales y aumentar la
observancia a nivel de los paisajes. La elegibilidad para acceder a cada uno varía dependiendo de la
titularidad sobre la tenencia de la tierra. Ver Tabla 2.
Asimismo, es importante considerar que el aumento de modalidades para acceder a los programas de
incentivos forestales generará efectos diferentes en las distintas categorías de tenencia. Bajo estos
programas, el tipo de tenencia de tierra es un criterio específico de elegibilidad.
En la Tabla 2 se puede observar que los tipos de tenencia que son más idóneos para obtener incentivos
forestales son de los propietarios y los poseedores (algunos ocupantes legales podrían reunir los
requisitos si pueden llegar a certificarse como “poseedores”).
Tabla 2: Elegibilidad para acceder a programas incentivos forestales de acuerdo al tipo de tenencia
Tipo de tenencia de la tierra PINPEP PROBOSQUE
Propietario31 No Si
Poseedor32 Si Algunos:
30 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, 1999 Artículo 22; Política Agraria, 2014 - Prevé una Ley de acceso a activos productivos para las mujeres. 31 El Código Civil no define el “dominio” sobre la propiedad, pero sí se incluye el derecho de gozarla y enajenarla (Artículo 464), defenderla (Artículo 468), reivindicarla (Art 469) e incorporar los frutos de los bienes o elementos que se añadan a ésta por accesión (Artículo 471). La propiedad privada pertenece a la persona natural o jurídica que cuente con su título legal respectivo (Artículo 460) y se define como el derecho de gozar y enajenar el bien en cuestión de acuerdo a la ley (Artículo 464). Si bien no se define el término “propietario”, sí se usa para referirse al titular de ese derecho. 32 Según el Código Civil, un poseedor es alguien que ejerce sobre un bien algunas o todas las facultades inherentes al dominio (Artículo 612). No es poseedor quien ejerce el poder sobre la propiedad en provecho del propietario y en cumplimiento de las instrucciones que recibe de éste (Artículo 614) o si su presencia es tolerada o permitida por el propietario (Artículo 615). La Ley del RIC de 2005 emplea una figura similar de poseedor, pues lo define como “quien sin ser el propietario ejerce sobre un predio todas o algunas de las facultades
59
➢ Cooperativas, grupos indígenas u otras formas históricas de tenencia comunal o colectiva de propiedad rural con
administración tradicional. ➢ Grupos sociales con personería
jurídica que ocupan tierras municipales en virtud de un
acuerdo legal.
Tenedor (se incluye a los inquilinos y a los ocupantes ilegales) 33
No Algunos: ➢ Arrendatarios de reservas
nacionales
Derechos de uso (tales como usufructo, concesiones, uso consuetudinario y extracción ilegal)
No No
El principal obstáculo de ingreso para los titulares de derechos de propiedad comunal
(particularmente los pueblos indígenas) es el hecho de que en muchos casos no podrán cumplir con
los requisitos de elegibilidad (no reconocidos como propietarios ni poseedores- sus derechos
consuetudinarios no les otorga elegibilidad). Ver cuadro 1 para más detalles sobre incongruencias en
la legislación. La desprotección de los derechos relativos a la tierra y recursos naturales de los pueblos
indígenas es parte de una problemática muy amplia que se debe entre otras razones a que los
campesinos indígenas y no indígenas difícilmente han podido legalizar sus derechos mediante
titulación y registro. Cuando excepcionalmente han podido legalizar sus derechos, no han tenido
acceso a los mecanismos legales para defenderlos.34
Asimismo, en cuanto a la gobernanza indígena del bosque, las mujeres parecen tener un rol menos
visible en las estructuras de toma de decisiones, como consecuencia del dominio de los hombres en
esta actividad (aprovechamiento de madera). Esto tiene que ver con la existencia de una
diferenciación sexual del trabajo: las mujeres van al bosque y tienen amplios conocimientos de las
especies que ahí se encuentran; realizan algunas actividades como recolección de frutos silvestres,
plantas medicinales y materia prima para elaborar artesanías y practican la agricultura.35
inherentes al dominio. No es poseedor el que posee en nombre o representación del propietario o quien disfruta del predio por actos puramente facultativos o de simple tolerancia permitida por el propietario” (Artículo 23 p). 33 A diferencia de los términos de “propietario” y “poseedor”, la figura de “tenedor” no aparece en el Código Civil pero sí se incluye en la Ley del RIC, la cual lo define como “la persona que por cualquier circunstancia tiene en su poder un predio, inscrito o no en el Registro de la Propiedad, sin ser el propietario o poseedor legítimo del mismo, y su condición no genera ningún derecho con relación a esta Ley” (Artículo 23 w).
34 Acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. http://www.lacult.unesco.org/docc/oralidad_08_70-79-anales.pdf 35 Política Ambiental de Genero (2003), pg.15
60
Cuadro 1: Incongruencias en la legislación que presentan desafíos en relación a la elegibilidad para acceder a los programas de incentivos forestales PINPEP La Ley del Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP) fue aprobada en 2010. La iniciativa no tiene fecha de vencimiento y está abierta a los poseedores de pequeñas extensiones de tierra de entre 0,1 y 15 hectáreas sin títulos registrados, pero no a aquellos que han invadido o usurpado tierras. Los grupos organizados pueden poseer más de 15 hectáreas, siempre que ningún particular posea más de esa cantidad. El reglamento de la Ley del PINPEP (Artículo 9) permite específicamente la realización de proyectos dentro de las áreas protegidas (sujetos a la aprobación del CONAP). El alcalde de la municipalidad en que se encuentre la propiedad debe certificar la posesión para que el poseedor en cuestión pueda acceder al programa PINPEP. En efecto, la certificación del alcalde actúa en función del “título justo” requerido para demostrar la posesión y no todos los acaldes están preparados para asumir esta responsabilidad. Asimismo, incongruencias entre la Ley del PINPEP y su reglamento de 2011 ha creado problemas con relación a la posesión. La Ley del PINPEP hace referencia a poseedores, y que serían aquellos que no cuentan con el título de propiedad. Sin embargo, el reglamento hace referencia a la propiedad, ya que el Artículo 21 excluye “propiedades con título legal registradas en el Registro de la Propiedad”. Esto efectivamente hace que los poseedores de propiedades registradas sean inelegibles, un problema particularmente para aquellos poseedores de tierras municipales registradas y los poseedores de tierras que llevan muchos (con frecuencia cientos) de años registradas, pero que nunca fueron ocupadas por el propietario inscrito. PROBOSQUE Probosque es una iniciativa de ley que crea un nuevo programa de incentivos forestales con el mismo nombre para reemplazar a PINFOR, la cual amplia la tipología de beneficiarios y modalidades a incentivar. Este programa estaría abierto a: “(a) propietarios de tierras, incluyendo las municipalidades; (b) agrupaciones sociales con personería jurídica que en virtud de un arreglo legal ocupan tierras municipales; (c) arrendatarios de áreas de reservas de la nación; y (d) cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, siempre que estén debidamente representadas” (Artículo 8). La extensión mínima sería de media hectárea y ningún participante podría recibir más del 3 por ciento del monto total del incentivo. Se excluyen de forma específica: (1) las tierras usurpadas u ocupadas sin título justo; (2) plantaciones o plantaciones forestales derivadas de los compromisos de reforestación bajo la Ley Forestal; (3) bosques y tierras con plantaciones forestales que previamente se hayan beneficiado de éste o de cualquier otro mecanismo de incentivos forestales; y (4) bosques otorgados en concesiones forestales o para el uso de recursos naturales. En general, esto representa una expansión considerable en términos de elegibilidad en comparación con PINFOR y su requisito muy estricto de contar con un título legal registrado. El criterio (b) está diseñado para permitir que las comunidades propongan proyectos de Probosque en tierras tradicionales que se han registrado a nombre de alguna municipalidad. Sin embargo, se requeriría del consentimiento escrito de esa municipalidad y las autoridades tradicionales no serían
61
elegibles hasta que hayan formalizado su organización. La figura es similar a la del “poseedor”, pero la iniciativa de ley no establece esto de forma explícita. El criterio (d) está claramente diseñado para favorecer a las organizaciones indígenas y campesinas. Sin embargo, esta disposición no vincula explícitamente la elegibilidad a una categoría de tenencia y al leerse junto con las exclusiones es difícil determinar qué comunidades que no habrían sido elegibles para participar en PINPEP sí se beneficiarían bajo este criterio. Fuente: Kuper, J. (2014). Guatemala Resource Tenure and Sustainable Landscapes Assessment. Washington, D.C.: USAID Tenure and Global Climate Change Program. (Evaluación sobre la tenencia de recursos y paisajes sostenibles en Guatemala. Washington, D.C.: Programa de USAID sobre tenencia y cambio climático mundial).
En vinculación con lo anterior, es importante destacar que las distintas fuentes examinadas indican
que en Guatemala la alta inseguridad jurídica es uno de los principales problemas en cuanto a la
tenencia de la tierra, en general, y de la propiedad indígena, en particular. Guatemala tiene además
una alta tasa de falta de registro de la tierra, además de los que no se encuentran demarcados o
delimitados, ni existe un registro catastral del territorio nacional.
En lo que respecta a los compromisos adquiridos bajo los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas relativos a la tierra, estos constituyen los compromisos más incumplidos, a pesar
de la promulgación de la Ley del Registro de Información Catastral, que crea el Registro de Información
Catastral. El catastro nace con las iniciativas de la Firma de la Paz y la creación de la Comisión
Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra –PROTIERRA– en 1997.
Durante los primeros ocho años se sientan las bases del catastro a partir de experiencias piloto,
financiados por la cooperación internacional, y en 2005 se crea una institución estatal autónoma y de
servicio, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios mediante la aprobación por parte
del Congreso de la República de Guatemala de la Ley del Registro de Información Catastral –RIC–.
Formalmente, se indica que es uno de los instrumentos que permite el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, como la justicia agraria, la seguridad jurídica en la
tenencia de la tierra y el desarrollo sostenible en condiciones de igualdad. En la práctica el Registro de
Información Catastral se ha circunscrito a declarar zonas catastrales, y levantar el censo respectivo,
declarando los predios como regulares e irregulares.
La Ley del RIC establece la obligación de identificar y declarar las tierras en posesión o propiedad de
comunidades indígenas. Asimismo, esta ley contiene disposiciones que reconocen como comunales
aquellas tierras que tradicionalmente han estado bajo regímenes comunales, aunque estén
registradas a nombre del Estado, de municipalidades o de personas individuales. Sin embargo, la
conflictividad agraria que acompaña la desigual distribución de la tierra y la inseguridad jurídica sobre
su tenencia, persisten en la actualidad. A ello se suman la falta de reconocimiento en la legislación de
los sistemas de tenencia y transmisión propios de los pueblos indígenas. Por lo mismo, estos en la
mayoría de casos permanecen en la informalidad.
En Guatemala hay más de 1,5 millones de hectáreas de tierras comunales que incluyen tierras de
pueblos indígenas y comunidades mestizas que durante muchos años han sido protegidas y
manejadas de manera sustentable por los pueblos indígenas y las comunidades locales. La Comisión
62
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)36 considera que no se ha logrado generar cambios
significativos en la situación de la propiedad en Guatemala, ni reconocer y otorgar certeza jurídica
sobre los derechos consuetudinarios e históricos de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus
tierras y territorios.
Se distinguen entre las siguientes formas de tenencia indígenas colectivas que aún tienen problemas
de regularización por la inexistencia de leyes sobre la materia37:
• Tierras comunales y ejidales (formalmente protegidas por los artículos 66, 67 y 70 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT).
• Tierras municipales (consisten en tierras públicas que pertenecen a las municipalidades y que tienen títulos coloniales que no han sido formalmente inscritos, y que muchas veces están en conflicto con las tierras comunales indígenas).
• Tierras asignadas a la población desarraigada, especialmente en El Petén y la Franja Transversal del Norte.
La falta de respuesta adecuada a las demandas de reconocimiento y protección de la propiedad es un
factor importante en el grado de conflictividad, en torno a la aprobación e implementación de
proyectos, y la profundización de la violencia que afecta a numerosas comunidades indígenas en todo
el país.
Cabe destacar, que la CIDH comenta que no se han establecido mecanismos jurídicos para hacer
efectivo el artículo 67 de la Constitución en lo que respecta al carácter colectivo o comunitario de las
tierras y territorios indígenas, y a la protección especial que requieren. Más allá de la disposición
constitucional, sólo algunas normas reconocen tierras comunales indígenas y es casi nula la traducción
de la “protección especial” en disposiciones internas. Se advierte, además, la falta de adopción de
legislación específica que permita hacer efectivo el respeto y garantía del derecho a la propiedad
colectiva, a pesar de que el artículo 70 de la Constitución establece que “[u]na ley regulará lo relativo
a las materias de esta sección”. Tampoco se ha dado cumplimiento a otros mandatos legales, como el
dirigido a la Corte Suprema de Justicia de crear “tribunales agrarios” y presentar ante el Congreso de
la República “en el menor plazo posible, [...] una iniciativa legislativa de ley con la legislación sustantiva
y adjetiva para su aplicación”38.
Dada la advertida inexistencia de un instrumento jurídico que haga efectivo el reconocimiento y
protección de la propiedad indígena consuetudinaria, los diferentes reclamos están siendo resueltos
casuísticamente en el Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, dejando así a discreción y
conocimientos del operador de justicia la resolución de una cuestión tan fundamental. En los procesos
judiciales para la recuperación y reconocimiento de tierras indígenas se advierte la aplicación
formalista del principio “primero en registro primero en derecho” según registrado. De este modo, las
decisiones judiciales suelen estar basadas en la existencia de un título registrado a favor de quien
reclama la propiedad, aplicando una lógica civilista y formalista. De esta manera, si una comunidad
36 CIDH, (2015) Situación de derecho humanos en Guatemala. Disponible en
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guatemala2016.pdf
37 Katja Winkler y Fernando Alonzo (2010) Presiones territoriales e instituciones indígenas en Totonicapán y Alta Verapaz, Instituto de Estudios Agrarios y Rurales (IDEAR) - Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), Guatemala.
38 Ley del Registro de Información Catastral. Artículo 91.
63
indígena carece de un título que reconozca su propiedad, a pesar de haberla ocupado históricamente
– como es común en Guatemala- puede que no vea reconocido su derecho.
b) Superposición de derechos en áreas protegidas
Una porción considerable de la población vive en las áreas protegidas, tanto legal como ilegalmente.
Bajo esta situación, hay tres factores que determinan el tipo de tenencia que tienen los titulares de
derechos de propiedad, al igual que su elegibilidad para acceder a los programas de incentivos y su
participación en otras acciones REDD+:
➢ En qué categoría del ordenamiento territorial se encuentra la propiedad;
➢ Si la propiedad precede la declaración del estatus de área protegida; y ➢ La aplicación de la “Política de Asentamientos Humanos en Areas Protegidas del Petén” del
CONAP.
El marco legal sobre la propiedad privada que precede la declaración de un área protegida es
contradictorio. Por una parte, de acuerdo al marco legal del SIGAP, conformado por la referida Ley de
Áreas Protegidas y su Reglamento, el Acuerdo Gubernativo de 1990, dentro de las áreas protegidas
puede haber propiedad estatal y privada. En este último caso dispone que se mantiene "plenamente
sus derechos sobre la misma y la manejará de acuerdo a las normas y reglamentaciones aplicables”39.
Sin embargo, no se establecen disposiciones específicas destinadas a reconocer y proteger la
propiedad indígena que coincida con un área natural protegida.
Por otro lado, esta misma ley declara que los propietarios deben gestionar sus propiedades de
conformidad con el reglamento del área protegida, mientras que la Ley del Fondo de Tierras de 1999
prohíbe la emisión de títulos de propiedad en el caso de tierras ubicadas dentro de las áreas
protegidas. Por lo tanto, muchas comunidades y propiedades ubicadas en alguna de estas áreas
permanecen en una especie de limbo jurídico.
El CONAP utiliza contratos –acuerdos de cooperación– con comunidades preexistentes para regular
su comportamiento y ha establecido la firma de tal acuerdo como un prerrequisito para poder gozar
de los beneficios de una iniciativa temprana de REDD+.
La tabla 3 ilustra la Elegibilidad de los Asentamientos Humanos en Áreas Protegidas siguiendo una
clasificación simplificada (derivada de las políticas sobre asentamientos humanos del CONAP), a saber:
protección estricta, uso restringido y uso sostenible/área de amortiguamiento.
39 Artículo 10 del Decreto Número 4-89, Ley de Áreas Protegidas.
64
Tabla 3: Elegibilidad para acceder a incentivos forestales considerando la política de Asentamientos
Humanos en Áreas Protegidas
Ordenamiento del área protegida
Asentamiento anterior (o antiguo). El título antecede la declaración. Quien posee el título es el “propietario
Asentamiento anterior (o antiguo) sin título registrado (el CONAP otorga trato preferencial a los poseedores que iniciaron la regularización del título antes de la declaración)
Asentamiento reciente, posterior a la declaración
Protección estricta
Como “propietario” ➢ PINFOR,
Probosque
➢ Si es “poseedor”:
PINPEP ➢ Si es
“tenedor”: la inclusión en la iniciativa temprana depende de la firma de un acuerdo de cooperación
Como “Tenedor”: ➢ Ninguno por
derecho ➢ Inclusión
opcional en la iniciativa temprana si firma el acuerdo de cooperación
Uso restringido
Como “propietario” ➢ PINFOR,
Probosque
➢ Si es “poseedor”:
PINPEP ➢ Si es
“tenedor”: la inclusión en la iniciativa temprana depende de la firma de un acuerdo de cooperación
Como “Tenedor” ➢ Ninguno por
derecho ➢ Inclusión
opcional en la iniciativa temprana si firma el acuerdo de cooperación
Uso sostenible/ área de amortiguamiento
Como “propietario” ➢ PINFOR, Probosque
➢ Si logra llegar a ser propietario: PINFOR, Probosque
Si logra llegar a ser propietario: ➢ PINFOR,
Probosque
65
➢ Si es “poseedor” PINPEP
➢ Si es “poseedor”:
PINPEP
Los tenedores y los titulares de derechos de uso son los menos idóneos pare recibir beneficios directos
derivados de los incentivos. Dentro de un área protegida, los únicos propietarios son aquellos que
tienen títulos de propiedad registrados y que anteceden la declaración. La capacidad de beneficiarse
como poseedor depende mayormente de que el CONAP lo reconozca como tal.
c) Conflictos relativos a los asentamientos humanos dentro de las áreas protegidas
Existen cientos de miles de personas que viven dentro de las áreas protegidas de Guatemala y abarcan
toda la gama de derechos y situaciones de legitimidad. Al igual que hay quienes tienen derechos que
preceden la declaración de las áreas protegidas, existen muchos nuevos casos de usurpación.
El CONAP tiene autoridad para resolver disputas entre hogares en las áreas protegidas y con relación
a las condiciones que deben prevalecer (en coordinación con FONTIERRAS, en aquellos casos que
requieran regularización). La Ley sobre Áreas Protegidas y su reglamento no detalla cómo debe
ejercerse esta autoridad, por lo que el CONAP ha tenido que desarrollar sus propios mecanismos.
Estos incluyen el uso de mesas de negociación, unidades de gestión y acuerdos de cooperación para
la gobernabilidad de la permanencia.
La falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra puede propiciar situaciones de desalojo de
comunidades o pueblos indígenas que no cuentan con un título registrado. A la luz de las normas y
estándares internacionales, una orden de desalojo forzoso de comunidades o pueblos indígenas exige
que su determinación sea hecha a través de un estricto y exhaustivo escrutinio que tenga en cuenta
la más amplia y completa información registral y catastral posible, la determinación de la existencia
de un proceso sobre la tierra en trámite ante una autoridad judicial o administrativa, elementos de
carácter histórico y antropológico sobre la ocupación de la tierra, entre otros.
d) Conflictos relativos al reconocimiento de los derechos de carbono
El Artículo 22 de la Ley Marco sobre el Cambio Climático (LMCC) norma los “proyectos para el mercado
de carbono” y es el principal artículo que aborda la naturaleza de los derechos afines. Por su
importancia para este análisis, a continuación, se cita en su totalidad el artículo en mención:
“Las actividades y proyectos que generen certificados de remociones o reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero, podrán tener acceso a los mercados voluntarios y regulados de carbono, así
como a otros mecanismos bilaterales y multilaterales de compensación y pago por servicios
ambientales.
66
Los derechos, tenencia y negociación de unidades de reducción de emisiones de carbono u otros gases
de efecto invernadero, así como los certificados pertenecerán a los dueños titulares de los proyectos
generadores a que se hace referencia en el párrafo anterior, los cuales para el efecto deberán
inscribirse en el Registro que cree el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Podrán ser dueños titulares de proyectos las personas individuales o jurídicas y el Estado, que sean
propietarios o poseedores legales de las tierras o bienes en que se realizan los proyectos.
En el plazo máximo de dieciocho (18) meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, tomando en cuenta las propuestas del Consejo Nacional
de Cambio Climático creado por esta ley, deberá emitir la normativa necesaria para la creación y
funcionamiento del Registro de Proyectos de Remoción o Reducción de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, para los procedimientos de divulgación, promoción, registro, validación, monitoreo y
verificación de proyectos.”
La LMCC indica claramente que los beneficios se otorgan a los propietarios de proyectos y éstos a su
vez deben ser propietarios o poseedores legales de la tierra. No obstante, una revisión minuciosa del
Artículo 22 presenta las siguientes consideraciones:
• Parece condicionar la propiedad de las unidades de reducción de emisiones a que
sean del propietario de un proyecto inscrito, y
• No hay certeza sobre cuál es la diferencia, de haberla, entre “el poseedor legal” de la
tierra, según el Artículo 22, y el “poseedor”, según se utiliza en otra legislación.
Claramente, el Artículo 22 intenta establecer un vínculo entre la propiedad de la reducción de
emisiones con la propiedad o la posesión de la tierra. No obstante, esto lo hace de una forma
compleja, centrándose más bien en los proyectos: “derechos, tenencia y negociación de unidades de
reducción de emisiones de carbono u otros gases de efecto invernadero, así como los certificados
pertenecerán a los dueños titulares de los proyectos”, quienes, a su vez, deben ser propietarios o
poseedores legales del área del proyecto. En otras palabras, solamente los propietarios de proyectos
tienen un derecho claramente definido de poseer las unidades de reducción de emisiones. Parece que
el hecho de ser propietario o poseedor legal de la tierra no es suficiente.
También, parece que este artículo se redactó con la idea de que los proyectos de REDD+ se presentan
en propiedades individuales por parte del propietario de las tierras. Importante considerar que
iniciativas tempranas, tal como REDD+ Caribe, se componen de diversas propiedades bajo titulares de
derechos municipales, comunales, privados y estatales, en calidad de propietarios, posesores y/o
tenedores.
De acuerdo a lo planteado en el R-PP y el ER-PIN, Guatemala vislumbra la distribución de beneficios
de REDD+ a través de las iniciativas tempranas y los incentivos forestales, y lo que considera el uso de
las áreas sub-nacionales de referencia. El nivel de referencia nacional se está desarrollando
progresivamente sobre la base de la elaboración de sub- niveles de referencia nacionales para las
cinco regiones diferentes de REDD+. La propuesta actual del Programa de RE considerará todo el país
en su área de contabilidad con las actividades diferenciales y tratamiento de las regiones REDD+.
67
Esto quiere decir que, según el Artículo 22, habrá que considerar la propiedad de las unidades de
reducción de emisiones en tres diferentes tipos de áreas: (i) las áreas de las iniciativas tempranas; (ii)
las áreas que reciben incentivos forestales; y (iii) las zonas restantes dentro de un área sub-nacional
de referencia que no forman parte de una iniciativa temprana ni reciben incentivos forestales.
En lo que corresponde a las iniciativas tempranas, parece que esta cláusula puede interpretarse de
dos maneras:
• Los propietarios de los proyectos deben ser los propietarios o poseedores legales del área total de éstos, en cuyo caso cada uno de los propietarios o poseedores legales de las tierras que conforman el área del proyecto de la iniciativa temprana también tendría que ser
copropietario del proyecto, o;
• Los propietarios de proyectos deben ser propietarios o poseedores legales solamente de una parte del área del proyecto, en cuyo caso, el proyecto puede tener una menor cantidad de
propietarios.
• En cualquiera de los casos, surge la pregunta acerca de la forma en que los propietarios de proyectos
pueden adquirir la propiedad de las unidades de reducción de emisiones provenientes del resto del
área del proyecto de la cual no son propietarios o poseedores legales.
Con respecto a los incentivos forestales, parece que es necesario que cada uno de los participantes
en el esquema de incentivos se reconozca como propietario de un proyecto inscrito. Es decir, tendría
que ser bajo alguna de las situaciones siguientes:
o Que se trate a cada participante como copropietario de un solo proyecto inscrito
(por ejemplo, de PINPEP), o bien;
o Que cada participante sea propietario de un proyecto inscrito por separado.
En lo que corresponde a la reducción de emisiones en las áreas restantes que no reciben incentivos
forestales y que se encuentran fuera de las iniciativas tempranas (por ejemplo, como producto de un
mayor control de la deforestación a nivel de los paisajes), el Artículo 22 parece presentar dos
dificultades:
• Que los propietarios o los poseedores legales de tierras no serán propietarios de las unidades
de reducción de emisiones, puesto que no serían los propietarios de proyectos inscritos, y
• Que las unidades de reducción podrían no existir puesto que esas áreas no formarían parte
de un proyecto inscrito.
Estudios relevantes realizados antes de la promulgación de la LMCC40, concluyen que, dentro del
Código Civil, los servicios ambientales constituyen los “frutos naturales” de la tierra y por consiguiente
pasan a ser del propietario o poseedor legítimo de la misma.41 Sin embargo, el Artículo 22 de la LMCC
establece el requisito de ser propietario del proyecto para ser propietario de las unidades de reducción
40 Sobenes y Scoffield (2010): Informe final de la consultoría sobre carbono forestal en la Reserva de la Biósfera Maya, elaborado para Rainforest Alliance en setiembre de 2010. Rainforest Alliance (2013): Análisis jurídico sobre las implicaciones de la LMCC en la R-PP de REDD+, elaborado para Rainforest Alliance en setiembre de 2013. Ideads (2013): Figura legal y mecanismo financiero para el proyecto GuateCarbón de REDD+, elaborado para Rainforest Alliance en octubre de 2013. Sobenes (2013) – Análisis del impacto de la LMCC, elaborado para Rainforest Alliance en octubre de 2013. 41 Código Civil, indica que “el suelo, el subsuelo, los árboles y las plantas mientras estén unidos a la tierra, y los frutos no cosechados” son “bienes inmuebles” (Artículo 445) y que “el propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpora por accesión” (Artículo 471). A su vez, el Artículo 712 confirma esta interpretación, ya que supone que “el usufructo de una heredad se extiende a sus bosques y arboledas, pero el usufructuario debe conservarlos...”
68
de emisiones. Como se examinó, el lenguaje de este articulo presenta ciertas ambigüedades y
dificultades que puede generar impactos adversos en términos de falta de reconocimiento a la
titularidad de los derechos de carbono por parte de propietarios o poseedores legal de las tierras. Será
necesario que el reglamento de la LMCC proporcione las clarificaciones pertinentes.
69
Conclusiones
En el caso de la propiedad o la posesión de tierras indígenas existen grandes vacíos y conflictos no
superados ni regulados por la legislación nacional. Esto contribuye a tensiones e inseguridad por la
tenencia y propiedad de la tierra.
Uno de los temas clave del AIDPI es la tierra y los derechos relacionados, especialmente la
participación en la toma de decisiones y el consentimiento previo en la explotación de los bienes
naturales. Este tema es todo un desafío y un escenario de oportunidades de diverso tipo, dados los
avances que se han registrado en los últimos años.
La puesta en práctica de las opciones estratégicas REDD+ puede contribuir a más tensiones y dar
origen a potenciales impactos adversos. Será importante evaluar los riesgos de que actividades y
acciones REDD+ en un área protegida conlleven el aumento de las medidas de control de las
ocupaciones ilegales que se toleraron hasta ese momento. De igual manera, la atención centrada en
la seguridad de la tenencia como criterio para acceder a los beneficios podría significar que no se
tomen en cuenta otros actores importantes que influyen en la deforestación.
En relación a los incentivos forestales, se destaca que no todos los actores en los que incidirá REDD+
serán elegibles directamente para obtener los beneficios que genere este mecanismo. El principal
obstáculo de ingreso para los titulares de derechos de propiedad comunal (particularmente los
pueblos indígenas) es el hecho de que en muchos casos no podrán cumplir con los requisitos de
elegibilidad (no reconocidos como propietarios ni poseedores). De igual manera, la atención centrada
en la seguridad de la tenencia como criterio para acceso a los incentivos podría significar que no se
tomen en cuenta otros actores importantes que influyen en la deforestación.
Al mismo tiempo, es importante reconocer que las iniciativas tempranas de REDD+ podrían contribuir
a reducir los niveles de conflicto en las áreas protegidas si todas las comunidades afectadas, con o sin
derechos legales, se benefician al reducirse la deforestación.
70
Referencias:
Bernard, R. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches
4ta. Ed. Estados Unidos: AltaMira. 803 págs. 2006.
Etnographers toolkit Mapping Social Networks, Spatial Data, and Hidden Populations. volumen 4
Altamira press, 2015.
Alamilla, Ileana. Alcaldías indígenas. Prensa libre, 2014.
http://www.prensalibre.com/opinion/Alcaldias-indigenas_0_1073892674.html
ACOFOP. http://www.acofop.org/index.php/nosotros/quienes-somos
AGEXPORT.http://export.com.gt/agexport/acerca-
de/?nabe=4963703424548864:0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.gt%2F
Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala.
http://www.alianzamesoamericana.org/alianza-nacional-de-organizaciones-forestales-
comunitarias-de-guatemala-alianza-ofc-guatemala/
Amigos del lago de Atitlán. http://amigosatitlan.org/
AMSCLAE. http://www.amsclae.gob.gt/
Asociación para el desarrollo rural integral. http://adrigt.org/index.php/es/
Asociación Balam. http://asociacionbalam.org.gt/
Asociación de comunidad indígena de Palín.
http://www.utzchecomunitaria.org/index.php/es/region-sur/14-asociacion-civil-comunidad-
indigena-de-palin
ASORECH. http://asorech.org.gt/index.php
Ak’tenamit. https://www.aktenamit.org/
Cámara de industria de Guatemala. http://cig.industriaguate.com/socios/comisiones-de-
trabajo/comision-de-medio-ambiente/
CALMECAC. http://www.fundacioncalmecac.org/dondetrabajamos.php
Centro de Estudios ambientales y de Biodiversidad. http://www.uvg.edu.gt/investigacion/ceab/
COACAP. https://coacappeten.wordpress.com/
Consejo Nacional de áreas protegidas. http://www.conap.gob.gt/
Defensores de la Naturaleza. https://defensores.org.gt/es#areasProtegidas
Enfoque nacional de Salvaguardas. http://www.marn.gob.gt/Multimedios/7573.pdf
Facultad de agronomía. http://fausac.gt/
71
FEDECOVERA. https://www.tecoloco.com.gt/empresas/federacion-de-cooperativas-de-las-
verapaces-fedecovera-r-l_1327.aspx
Fundación para la conservación de los recursos y el ambiente en Guatemala.
http://www.fcg.org.gt/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=49
Fundaeco. http://www.fundaeco.org.gt/about/nosotros.html
Fundalachúa. http://www.fundalachua.org/portal/index.php/es/
Gremial Forestal. http://www.gremialforestal.com/empresas_asociaciones.php
IARNA. http://www.infoiarna.org.gt/
Instituto nacional de bosques. http://www.inab.gob.gt/
Instituto privado sobre cambio climático. http://icc.org.gt/es/icc-2/
Mancomunidad del sur de Petén. https://issuu.com/jimenez.gerardo/docs/manmunisurp.trifoliar
Mankaqchikel.
http://www.contraloria.gob.gt/imagenes/i_docs/i_inf_ENTIDADES_ESPECIALES14/archivos/INDIVI
DUALES/20_47076.pdf
Mancomunidad Tzolojya. http://manctzolojya.org.gt/
Mancomunidad Montaña El Gigante.
http://www.contraloria.gob.gt/imagenes/i_docs/i_inf_ENTIDADES_ESPECIALES14/archivos/INDIVI
DUALES/46_47380.pdf
Mancomunidad Frontera del Norte Huehuetenango.
http://www.mancomunidadfronteradelnorte.org/
Mesa intersectorial de tierra y ambiente. http://asociacionbalam.org.gt/wp/wp-
content/uploads/2016/04/Declaracio%CC%81n-MITA-dia-de-la-teirra-y-caso-de-familia-alvarado-
linea-adyacencia-version-final..pdf
Mesa indígena del cambio climático.
http://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/presscenter/articles/2015/12/08/mesa-
ind-gena-sobre-cambio-clim-tico-en-la-cop21.html
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. http://www.marn.gob.gt/
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. http://web.maga.gob.gt/
PINPEP. http://186.151.231.170/inab/index.php/45-servicios-inab/120-pinpep
PUIRNA. http://digi.usac.edu.gt/sitios/puirna/index.html
Rainforest Alliance. https://www.rainforest-alliance.org/taxonomy/term/31
Sotz’il. http://sotzil-guatemaya.org/
Tikonel. http://tikonel.org/
72
The Nature Conservancy. http://www.mundotnc.org/sobre/quienes-somos/index.htm
Utz’che. http://www.utzchecomunitaria.org/index.php/es/comunidades-asociadas
WCS Guatemala. https://guatemala.wcs.org/es-es/Sobre-nosotros/Personal.aspx
48 cantones. https://tierrablancatotonicapan.blogspot.com/2012/11/organizacion-de-los-48-
cantones-su.html