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Los planes y programas gubernamentales aplicados en Yucatán en los últimos 30 años
El henequén, eje de la sociedad y de la economía yucatecaLa fibra de henequén, la planta que permitió la consolidación de Yucatán como
entidad autónoma, durante el porfiriato, se convirtió en reserva estratégica para los ejércitos
revolucionarios y para el Estado surgido de la Revolución de 1910-1917. Conviene recordar
que la fase crítica de la Revolución Mexicana coincidió con el desarrollo de la Primera
Guerra Mundial, 1914-1918. El control político-militar logrado por el Gral. Salvador Alvarado
en Yucatán aseguró al naciente Estado disponer de abundantes recursos provenientes del
alto precio que alcanzó el henequén en los mercados mundiales.
Una vez superada la crisis mundial, los precios del henequén entraron a su fase
descendente, convirtiéndose la producción y la comercialización de la fibra en pesada carga
para el erario y para la administración estatal. Así transcurrió hasta 1925, cuando el gobierno
del presidente Obregón aprovechó el sacudimiento político que siguió al asesinato del
gobernador Felipe Carrillo, de tres hermanos y de diez acompañantes más, para intervenir
de manera directa en el manejo de la para-estatal Henequeneros de Yucatán y, a partir de
entonces, en los avatares de la producción henequenera de manera directa y definitoria.
Si la producción henequenera marcó el desarrollo de Yucatán y su devenir social a lo
largo del siglo XX, fue también factor determinante en las relaciones entre la sociedad
yucateca y “el centro” y, en particular, con el gobierno federal.
El Gran Reparto Henequenero de 1937, Cuando el gobierno del Gral. Lázaro
Cárdenas distribuyó las tierras de las haciendas henequeneras, cambió desde la raíz el
esquema de producción de fibra al desaparecer las grandes plantaciones que se habían
constituido al amparo del porfiriato y que los sucesivos gobiernos de la Revolución habían
respetado hasta entonces. Con el reparto de las haciendas los ejidos pasaron a ser el eje de
la producción henequenera, quedando la responsabilidad del respaldo crediticio en el Banco
de Crédito Ejidal. Ser considerado ejido henequenero significaba la seguridad de disponer de
crédito y de respaldo oficial para la comercialización de la fibra.
Pese al cambio en el patrón de productores y a la presencia del Banco Nacional de
Crédito Ejidal (Banjidal), la empresa para-estatal Henequeneros de Yucatán sobrevivió y
El material de este artículo es parte del análisis documental realizado por el autor para fundamentar una propuesta alternativa párale desarrollo de Yucatán. Ver: Sierra, J. L. (2010): Promover el Desarrollo de Yucatán a Partir del Sistema de Ciudades, Poblaciones Suburbanas y Microrregiones. Tesis de Maestría, Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Yucatán. pp. 26-44 y 76-79.
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continuó siendo una poderosa entidad financiera y social ya que, además de controlar la
producción y la comercialización de la fibra y, con ellas su precio, brindaba a los trabajadores
del campo atención hospitalaria y seguridad social. Estas responsabilidades siguieron
atendidas por Henequeneros hasta su liquidación, a mediados de los 50’s, cuando le resultó
imposible enfrentar las demandas sociales de los productores que, en número creciente,
exigían más precio para la fibra. Como parte de la reestructuración financiera, en 1961, el
Banco Agrario de Yucatán1 (BANAGRARIO) asumió el papel y los compromisos que, por
más de 20 años había desempeñado el BANJIDAL2.
La crisis de la actividad henequenera –en los años cincuentas- por la irrupción de las
fibras químicas en el mercado mundial de insumos agro-industriales hizo necesaria la
intervención estatal. Intervención supletoria y concurrente que, al paso de los años, se volvió
estructural, constituyéndose en el principal factor de la dependencia henequenera. De allí
que cualquier cambio que se pensase en Yucatán suponía la acción concertada de los
productores y del Estado, encarnado éste en los aparatos burocráticos de las distintas
instituciones, en sus recursos y en las decisiones políticas de los gobiernos estatal y federal.
La creación del Distrito de Riego 048 (DR). Si bien las zonas de Yucatán con suelos
mecanizables y para uso hortícola fueron consideradas durante la etapa de la creación de
los distritos de riego de fines de los 40’s, al fomentarse el DR 048 en las tierras que
abastecían a los ingenios de Catmís y Tzucacab, el manejo de los recursos quedaron en
manos de los propios productores, que no lograron consolidar, menos aún ampliar, las
superficies irrigadas en explotación. Fue a finales de los 50’s cuando la Secretaría de
Agricultura federal se hizo del control del distrito de riego, incluyendo a la región localizada
entre el límite sur de la geografía estatal (las tierras de Santa Rosa, en el municipio de Peto y
el ejido de Justicia Social) y los municipios de Muna y Sacalum (Rosales y Rejón,1984; 178-
179).
En 1964 dejaron de operar los dos ingenios azucareros y se implementaron como
alternativa, en torno al DR 048, los planes Chaac y Tabi y el proyecto Justicia Social. Con
recursos del Plan Nacional de Irrigación, en un primer término, del PIDER, después y de las
Secretarías de Agricultura y de Recursos Hidráulicos, se mantuvo un esfuerzo continuo, por
1 BANAGRARIO surgió como banco crediticio y comercial, dependiente de la Banca de Fomento Nacional.2 En BANAGRARIO fue sustituido, a su vez, en 1975, por el Banco de Crédito Rural Peninsular, una de las 12 filiales regionales que constituyeron, a partir de ese año el sistema Banco Nacional de Crédito Rural, que implicó la fusión del Banco Nacional de Crédito Ejidal, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Nacional Agropecuario.
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más de 20 años, dirigido a la diversificación productiva en los 13 municipios del sur de la
entidad y a la ampliación de la superficie irrigada para usos agrícolas en Yucatán (Morales,
1984; 166-167).
De manera paralela, entre 1962 y 1964 la intervención estatal en la actividad
henequenera dio un vuelco cuando, además de respaldar la casi totalidad de la producción
de fibra –a través del BANAGRARIO-, el gobierno federal intervino también en la fase de
manufactura y comercialización de productos acabados. Primero, en sociedad con los
cordeleros yucatecos, que habían formado la empresa Cordeleros de Yucatán, S.A. de C.V.
y, dos años después, como propietario único de CORDEMEX S.A. de C.V. El esquema
anterior, que se limitaba al respaldo crediticio al través del BANJIDAL, se aplicó sin mayores
variantes desde finales de los treintas, tras el reparto de las haciendas, decretado y
ejecutado por el presidente Cárdenas.
La adquisición, por parte del gobierno federal de las cordelerías y el inicio de la
construcción de CORDEMEX, el complejo de fibras duras más grande del mundo, marcó el
comienzo de una etapa de intervención y control del gobierno federal de la actividad
henequenera en su conjunto. No sólo como proveedor de crédito vía BANAGRARIO, o como
incipiente promotor de la diversificación productiva de la entidad; a partir de entonces, como
el responsable de financiar a los productores, de comprarles las hojas, desfibrarlas,
industrializarlas y comercializar el producto, en México y en el extranjero. El gobierno federal
se vió obligado a impulsar una incipiente planeación del desarrollo, primero de la zona y de
la actividad henequenera y después, de la economía estatal en su conjunto, mediante
proyectos de diversificación productiva, como ya quedó descrito para el caso del sur del
estado.
La liquidación de los cordeleros privados (93 firmas, pertenecientes a poco más de
sesenta inversionistas) por parte del Estado mexicano representó una importantísima
liberación de recursos financieros, frescos, que se canalizaron a otras ramas económicas
(ganadería, turismo y comercio, de manera preponderante). Como parte de la estrategia
federal de promoción de la diversificación productiva de la entidad, el Gobierno de la
República dedicó recursos extraordinarios para la construcción del Puerto de Abrigo de
Yukalpetén, un viejo proyecto, fundamental para redimensionar la pesca de escama en el
litoral yucateco, además de alentar el establecimiento de industrias en el litoral progreseño.
El Puerto de Abrigo de Yukalpetén fue inaugurado el 1º de junio de 1968.
Pese a las indudables ventajas que representó la integración industrial y comercial
del henequén y sus derivados en un solo mando, la intervención estatal no pudo frenar el
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deterioro de la competitividad del henequén en el mercado mundial de fibras duras. Lo que
sucedió entonces fue que, mientras CORDEMEX se sujetaba a la racionalidad industrial en
busca de la autosuficiencia financiera, el Banco Agrario absorbía los pasivos financieros, que
crecían y se acumulaban, y se encargaba de hacer frente a los costos sociales que
acompañaban a la baja productividad de la actividad henequenera.
Mientras se mantuvo esta duplicidad estructural la cartera vencida del BANAGRARIO
creció de manera geométrica, al tiempo que se acumulaban las presiones políticas. El
padrón de acreditados llegó a rebasar los 96 mil campesinos a finales de los años 70’s, que
veían al Banco de Crédito Rural (BANRURAL)3 como patrón y tomaban el “adelanto
crediticio” como salario; un salario del todo insuficiente y que no implicaba una prestación
laboral en términos de producción o de productividad.
El régimen del seguro social a los campesinos henequeneros. Las movilizaciones
campesinas en reacción al reordenamiento del mercado henequenero, consecuencia de la
entrada en operación de CORDEMEX, recibieron por parte del gobierno del Presidente Luis
Echeverría, una respuesta que habría de impactar en la actividad productiva del estado en
su conjunto. La inscripción de los ejidatarios henequeneros con sus familias en el IMSS, con
derecho a atención médica y pensión, a través de un régimen modificado de cotización fue,
sin duda, una importante reivindicación social para un alto porcentaje de la población
campesina yucateca. Sin embargo, marcó una clara diferenciación entre la población de la
zona henequenera (ZH), dedicada al henequén, y la del resto del estado. Ser ejidatario
henequenero, estar en el padrón del ejido, significó a partir de entonces, el derecho al
Seguro Social, además del crédito que semanalmente se ministraba a través de la red de
Banco Agrario. Pocos años más tarde, se volvió más importante la permanencia en el padrón
ejidal por el IMSS que por el crédito para la actividad agrícola.
Si el padrón de acreditados por el BANAGRARIO/BANRURAL había sido motivo de
fieras disputas políticas, la afiliación al IMSS atizó la hoguera de los conflictos, agregando
nuevos elementos al desorden y la falta de transparencia con que integraban y manejaban
ambos registros. Con todas las reservas del caso, el número de campesinos henequeneros
afiliados al IMSS alcanzó la cifra de 76 mil, a finales de 1977, cuando el Gobierno de la
República decidió efectuar una “depuración de acreditados”, como parte del Programa de
Reestructuración Henequenera, presentado y puesto en marcha en enero de 1978.
3 El Banco Nacional de Crédito Rural se integró como Sistema, con 12 bancos regionales como filiales, el Banco de Crédito Rural Peninsular absorbió al Banco Agrario de Yucatán, a partir de 1978.
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El surgimiento de Cancún. El inicio de la construcción de Cancún, a principios de los
70’s, planeado para constituirse en un polo de atracción turística en la región Caribe, tuvo un
efecto colateral, de enorme significado para Yucatán y su economía. Por una parte, por el
numeroso éxodo de campesinos de distintas regiones de la entidad, incluyendo a
trabajadores henequeneros “acreditados”, para trabajar como albañiles en las empresas
constructoras de infraestructura o como empleados de los primeros hoteles y, por otra, la
migración de capitales yucatecos que vieron en la pujante actividad de Cancún
oportunidades que no les brindaba la economía de Yucatán.
El COPRODE y el inicio del PIDER. La planeación del desarrollo estatal es
relativamente reciente como un ejercicio gubernamental. Las políticas públicas formalmente
derivadas de un plan, formulado por el gobierno y conocido por la sociedad, comienzan a
diseñarse hasta mediados de los años 70’s, cuando a iniciativa de la entonces Secretaría de
la Presidencia, se crearon en las entidades federativas los denominados Comités
Promotores del Desarrollo (COPRODE’s) que, además de realizar la programación regional
del gasto público federal, concertaban proyectos y recursos presupuestarios con los diversos
actores a nivel estatal.
El crédito internacional concedido a México por el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) representó para Yucatán la puesta en operación del
Programa Integral para el Desarrollo Rural (PIDER) en 3 microrregiones (frutícola, en el sur;
ganadera, al norte y oriente, en torno a Tizimín; maicera, también en el oriente, en torno a
Valladolid), todas ellas fuera de la ZH, aunque algunos municipios de su periferia también
fueron incluidos en los programas del PIDER. La elaboración de proyectos productivos,
construcción de infraestructura de apoyo y de desarrollo social, con financiamiento
proveniente de fondos internacionales para su ejecución, marcaron una nueva etapa para la
diversificación productiva de los municipios fuera de la zona henequenera (ZH),
tradicionalmente marginados de las acciones del gobierno federal.
El PIDER operó en el estado hasta finales de los 80, aunque para entonces ya habían
surgido nuevos mecanismos de planeación regional. A nivel federal, la Secretaría de
Programación y Presupuesto sustituyó a la Secretaría de la Presidencia como instancia de
planificación y coordinación del desarrollo y, como consecuencia, se promulgó la Ley de
Planeación que regía al Sistema Nacional de Planeación. Con el entramado de leyes e
instituciones surgieron fórmulas de coordinación con las entidades federativas: primero los
CUC –Convenio Único de Coordinación-, que se transformaron después en CUD –Convenio
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Único de Desarrollo-, que a su vez dieron paso a los distintos “ramos de inversión para el
desarrollo”, que contempla la actual Ley General de Presupuesto Federal (coloquialmente
conocidos como “ramo 33”, “ramo 28”, etc.). La planificación federal-estatal contemplaba y
contempla la participación de organizaciones empresariales y sociales a través de los
comités estatales y municipales de desarrollo (COPLADE’s).
Sería miope decir que mientras la actividad henequenera vivió en situación crítica, es
decir, de finales de los años cincuentas hasta los noventa, no se hicieron intentos por
atender sus causas ni se tomaron decisiones para superar sus efectos nocivos. Hubo
numerosas propuestas y se tomaron decisiones firmes que, por falta de continuidad o de la
necesaria coordinación, resultaron insuficientes. Repasemos los intentos de solución más
importantes.
La creación del Fideicomiso Henequenero y la primera “depuración henequenera”.
Como ya revisamos de manera somera, la gravedad del “problema henequenero” requirió de
ajustes constantes, decisiones subsecuentes que implicaron inyecciones sustanciales de
dinero, por parte del gobierno federal, en buena medida destinadas a la diversificación
productiva. Así sucedió a finales de 1977, cuando el presidente López Portillo decidió revisar
de manera profunda el esquema de financiamiento que imperaba en la actividad
henequenera y, en particular, la operación crediticia del BANRURAL Peninsular, poniendo
bajo la lupa la racionalidad del gasto y el impacto social y productivo de los recursos
entregados sistemáticamente a los campesinos (Diario del Sureste; 21 nov. 1977. Diario de
Yucatán; 21 nov.1977).
Tres fueron los objetivos del Programa de Reestructuración Henequenera, que se
presentó y se puso en marcha en enero de 1978: el primero, establecer con claridad los
recursos de carácter crediticio que se entregaban a los campesinos y que, por tanto, se les
debían cobrar, de aquella parte que constituía un subsidio a las labores del campo. El
segundo objetivo fue “depurar” los padrones de acreditados para eliminar las inconsistencias
y para reducir en 30 mil, el número de campesinos hasta entonces registrados. El tercer
objetivo fue el de reforzar, con proyectos productivos específicos, la diversificación agro-
pecuaria en Yucatán a fin de ofrecer una alternativa productiva a los campesinos
“depurados” (Diario de Yucatán; 3 de enero 1978).
Como parte de esta estrategia de racionalidad financiera y diversificación productiva
se constituyó el Fideicomiso Henequenero, que conjugaba recursos estatales y federales en
proyectos de producción alternativos o complementarios al henequén, al mismo tiempo que
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BANRURAL daba a conocer el “Programa de Diversificación Agroindustrial para la Zona
Henequenera” (Villanueva, 2009; 73). Este Programa planteaba desplazar, en un lapso de 17
años, 71 mil campesinos de la producción de fibra a otros proyectos agropecuarios,
reduciendo hasta 8 mil 871 el número de campesinos dedicados a la producción de fibra, sin
disminuir los volúmenes de producción.
Dando cumplimiento al objetivo de transparentar las partidas de carácter crediticio de
aquéllas que representaban un subsidio al productor, BANRURAL estableció que, a partir de
entonces, en los préstamos refaccionarios, el 70% era subsidio por 30% de crédito a
cobrarse; mientras que en los préstamos de avío la relación era la opuesta: 30% como
subsidio y 70% de crédito. A resulta de la “depuración” de sus padrones BANRURAL redujo
el número de acreditados de 81 mil 843 a 51 mil 5874.
La preocupación programática que campeaba en la administración federal propició la
formación de la Secretaría de Programación y Presupuesto, al iniciarse el gobierno de José
López Portillo. Pero fue hasta finales de ese sexenio que se concluyó el Plan Global de
Desarrollo, una vez que se habían concluido y presentado los 17 programas sectoriales. El
Plan Global de Desarrollo fue el primero de alcances nacionales y con objetivos de largo
plazo, diseñado por el Ejecutivo federal. En consonancia con esta visión, al iniciarse la
administración del presidente de la Madrid se erigió la sub-secretaría de Desarrollo Regional,
encargada precisamente de elaborar y coordinar los planes estatales y los programas
regionales. El Programa para la Reordenación Henequenera y el Desarrollo Integral de
Yucatán fue el primero elaborado con este aliento descentralizador.
El Programa para la Reordenación Henequenera y el Desarrollo Integral de Yucatán.
A principios de 1984, en el marco de esta ebullición planificadora el Programa de
Reordenación Henequenera y Desarrollo Integral de Yucatán (PRHDY; Gobierno
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Gobierno Constitucional del Estado de
Yucatán; 1984), además de establecer la transferencia de la para-estatal CORDEMEX al
gobierno de Yucatán propició un cambio total en el esquema de responsabilidades
institucionales en la actividad henequenera. El PRHDY dio paso a la desaparición del
Fideicomiso Henequenero, mientras que el BANRURAL fue hecho a un lado en el manejo
crediticio y en el control de la producción de fibra. A partir de entonces una empresa estatal,
4 El desorden que imperaba en BANRURAL se mantuvo vigente como se hizo patente en diciembre de 1978, cuando se informó al presidente López Portillo que, gracias a la “reestructuración” el padrón de usuarios del BANRURAL había pasado de 90,763 acreditados a 57,259, habiéndose “depurado” 33,504 campesinos canalizados a programas de diversificación productiva. Ibid. pp. 71-72 y 114.
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Desfibradoras de Yucatán S.A. (DESFIYUSA) se encargó de la compra de hojas y de su
desfibración, mientras que al Fondo de Apoyo a las Actividades Productivas de Yucatán
(FAAPY) correspondió ordenar y refaccionar la producción ejidal de henequén y los diversos
programas de diversificación agropecuaria.
El prurito de racionalidad económica que motivó el diseño y la aplicación del PRHDY
representó una reducción más en el padrón de acreditados del BANRURAL que, para finales
de 1983, ya rebasaba la cifra de 70 mil campesinos. Asunto de trascendental importancia,
también, fue el programa de “compactación de superficies” que conjugó la aplicación de
medidas técnicas dirigidas a la productividad agrícola con tareas de elemental rigor
administrativo a fin de registrar sólo superficies en producción, que cumplieran además con
mínimos de rendimiento, eliminando los predios abandonados o mal atendidos.
El PRHDY contemplaba inversiones multimillonarias en infra-estructura con el firme
propósito de hacer realidad la diversificación productiva. Fue así que se aprobaron 62 mil
millones de pesos para la construcción del Puerto de Altura de Progreso y se aprobó la
modernización de la carretera Mérida-Progreso, así como la construcción de dos
termoeléctricas (la Mérida II y la de Tinum). La conclusión de estas obras dio paso, años
después, a la construcción del oleoducto Mérida-Puerto Progreso y al tendido del gasoducto
Valladolid-Ciudad Pemex.
La venta de Cordemex y la liquidación henequenera. El Programa de Desarrollo
Regional de la Zona Henequenera de Yucatán 1992-1994. Ocho años después, tras
evaluarse los alcances y las deficiencias del Programa de Reordenación Henequenera se
decidió atacar de raíz las relaciones de dependencia que marcaban la producción
henequenera en su conjunto. Esto sucedió en mayo de 1992, cuando fue presentado el
Programa de Desarrollo de la Zona Henequenera 1992-1994 (PRODEZOHE; Gobierno
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Gobierno Constitucional del Estado de
Yucatán; 1992). El PRODEZOHE partía de la venta a particulares de las plantas de
CORDEMEX y la liquidación de sus empleados, así como cancelar toda intervención directa
del Estado en la cadena de financiamiento-producción-manufactura-comercialización del
henequén, confiriéndoseles a los empleados y acreditados, de 49 años o menores, una
liquidación directa y a los mayores de 50, que tuvieran derechos acumulados en el Seguro
Social, una aportación económica, mensual, hasta que alcanzaran la jubilación.
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Como ocurrió con el PRHDY, también el programa de 1992-1994 para la zona
henequenera formó parte de una estrategia nacional que hizo de la planificación regional uno
de sus ejes. En este caso, el Programa SOLIDARIDAD.
Un aspecto relevante del PRODEZOHE fue que en su elaboración participaron
distintos sectores y grupos sociales, así como numerosos especialistas y personalidades
diversas, como respuesta a la convocatoria del Gobierno del Estado. La discusión y la
conformación del Programa se inició meses antes de su presentación formal. El 22 de
noviembre de 1991 en el seno del COPLADE, se conformó una subcomisión encargada de
formular un programa para la zona y para la actividad henequenera con el objetivo declarado
de ser “…instrumento de coordinación entre los distintos sectores de la sociedad para
detonar el crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones sociales de 62
municipios que se encuentran en zona preferente y no preferente” (Diario de Yucatán; 23
nov.1991). Días después, el Gobierno del Estado presentó el documento “Criterios generales
para la orientación del gasto y la inversión pública hacia el desarrollo integral del Estado de
Yucatán” (op. cit.; 30 nov.1991) que hizo las veces de marco regulatorio de las propuestas
presentadas y de su análisis y discusión. Resultado de esta participación fue la integración
de 270 proyectos al Programa referido, 162 de ellos de carácter productivo y 108 de
beneficio social, que fueron respaldados por un presupuesto de 200 mil millones de pesos en
el primer año de ejercicio del PRODEZOHE.
El PRODEZOHE desmanteló las bases institucionales de la improductividad
henequenera y, con ellas, las que sostenían la dependencia económica y social. La sociedad
yucateca se vio liberada del pesado lastre que le impedía avanzar en la diversificación
productiva y en la modernización económica y el gobierno federal estuvo en posibilidad de
destinar recursos frescos a la inversión o para la realización de obras de infra-estructura, al
desaparecer el oneroso subsidio henequenero. Fue así como se construyeron la
supercarretera Kantunil-Cancún, la termoeléctrica Mérida III, el oleoducto Progreso-Mérida y
el gasoducto Valladolid-Mérida-Ciudad PEMEX. En el campo, surgieron proyectos de
agricultura intensiva y la ganadería, en todas sus ramas, experimentó un crecimiento
exponencial gracias a la disponibilidad de granos que aseguraba el Puerto de Progreso y a la
certificación sanitaria internacional, obtenida por la entidad tras años de esfuerzo.
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30 años de planeación estatal y regional
En los 30 años que van de 1977 al 2010 se diseñaron y tuvieron vigencia
constitucional seis diferentes planes estatales de desarrollo, elaborados para el período y por
el Ejecutivo en turno. En ese mismo lapso tuvieron verificativo las cuatro intervenciones del
gobierno federal que reseñamos en páginas anteriores, Intervenciones que, vistas con la
perspectiva del tiempo, constituyeron pasos subsecuentes y acumulativos de un proceso que
tuvo como finalidad desmantelar la estructura de dependencia económica fincada en el
monocultivo henequenero, mancuerna entre la insuficiencia estructural y la dependencia que
se empezó a construir en 1925, con la intervención federal en la para-estatal Henequeneros,
que creció y se hizo permanente tras el reparto agrario de 1937 y la entrada en operación, en
Yucatán, del Banco de Crédito Ejidal, alcanzando su cima con la fundación de Cordemex y la
puesta en marcha de su complejo agro-industrial. Además de recordar el impacto socio-
económico de estas acciones de gobierno, para fines del presente trabajo resulta
fundamental rescatar los criterios de regionalización que supusieron tales ejercicios de
planificación.
En el Plan Estatal de Desarrollo 1977-1982, que fue el primero de esta naturaleza, se
retomó el esquema de 7 regiones establecidas por el Comité Promotor del Desarrollo de
Yucatán (COPRODEY) bajo los auspicios del Programa de Inversiones para el Desarrollo
Rural (PIDER). Necesario es destacar que, debido al peso que la Zona Henequenera
mantenía en los presupuestos y en la operación de dependencias federales y estatales, las
inversiones y los programas del PIDER, que administraba la Secretaría de Programación y
Presupuesto, no abarcaron en un principio las 7 regiones establecidas, limitando sus
alcances al sur y al oriente, la parte de la geografía estatal que escapaba a la producción
henequenera.
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Figura II.1: Regionalización de Yucatán 1976-1988
Elaboración propia con información del Plan de Desarrollo Estatal 82-88. Se cotejó información con el Plan de Desarrollo1980-1982
El esquema de las siete regiones configuradas por el PIDER con criterios agro-
productivos, se ha mantenido, con pequeñas variantes, a lo largo de estos 30 años, en los
seis diferentes planes estatales de desarrollo que se han diseñado y aplicado. El cambio de
mayor relevancia se realizó en los planes 1995-2001 (Gobierno del Estado de Yucatán.
Poder Ejecutivo; 1995), cuando se definieron 9 regiones y en el de 2001-2007 (Gobierno del
Estado de Yucatán. Poder Ejecutivo; 2001) que definió 10 regiones, al dividir la Zona de
Influencia Metropolitana en dos regiones distintas. El principal cambio en los criterios de
regionalización aplicados hasta 1995 consistió en fragmentar el poniente sur de la entidad en
tres regiones, en vez de las dos consideradas anteriormente; una segunda región se agregó
al fragmentar la meseta central del territorio estatal también en tres regiones, consolidando
una nueva región con los municipios del centro sur, localizados en torno a las poblaciones de
Sotuta y Yaxcabá. Un tercer cambio relevante consistió en consolidar la Zona de Influencia
REGIONESLitoral norteOrienteCentroSurLito
ral oesteCentro norteMetropolitana
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Metropolitana, considerando un mayor número de municipios, 13 en total, localizados en
torno a la ciudad y el municipio de Mérida.
Figura II.2: Regionalización para el Estado de Yucatán, 2001-2007.
Tomada del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007.
Para el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 (Gobierno del Estado de Yucatán,
2008), actualmente vigente, se regresó al esquema de siete regiones, aunque distintas a las
que se definieron con el PIDER, en los años 70’s. Los cambios en los criterios de
regionalización con relación a los asumidos por los dos ejercicios anteriores consisten en
desaparecer la Región Centro-Sur del estado, asignando los municipios que se localizan en
torno a las poblaciones de Sotuta y Yaxcabá, a la Región VI, Oriente, la que tiene como
cabecera regional a la ciudad de Valladolid. En este ejercicio de planificación se conservó y
amplió la Zona de Influencia Metropolitana, que consideraron los dos ejercicios anteriores:
mientras la Región de Influencia Metropolitana de los anteriores planes estatales abarcaba
13 municipios, la Región II o Noroeste del Plan actual considera 19 municipios. Para
mantener el esquema en 7 regiones se “disuelve” la región Sur-Poniente de los dos
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ejercicios de planeación anteriores, que correspondía a los municipios en torno a la ciudad
de Ticul, y que el Plan vigente “reparte” entre las tres regiones colindantes: la Región VII o
Sur, la Región I, Poniente y la II o Noroeste.
Figura II.3: Regionalización del Estado de Yucatán 2007-2012.
Imagen e información tomada del documento Regionalización del Estado de Yucatán. Secretaría de Planeación y Presupuesto. Gobierno del Estado de Yucatán, s/f.
Más allá del número de regiones reconocidas o establecidas y de la coincidencia o de
las diferencias de criterios con que se definieron esas regiones y se diferenciaron unas de
otras, los estudios de la realidad socio-económica de Yucatán nos dicen, con toda claridad,
que el anhelado desarrollo no se ha alcanzado, que los sucesivos planes de gobierno no han
logrado frenar el o los procesos de desigualdad que explican la polarización socio-territorial,
que no se ha podido ordenar siquiera el desarrollo urbano y el consiguiente deterioro
ambiental. Las manifestaciones de pobreza y las desigualdades que las causan, siguen
siendo la característica que recubre la realidad del estado, por encima de cualquier distinción
regional.
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Otros ejercicios de planificación, con visión de largo plazoSi bien el gobierno estatal no se ha ocupado en formular planes o programas de largo
aliento, en los últimos años diversas instituciones han realizado ejercicios de planificación del
desarrollo de Yucatán con visión de largo plazo. Conocemos seis estudios de carácter
prospectivo, que satisfacen con amplitud los criterios de rigor metodológico, estudios que si
bien difieren entre ellos por el o los campos que analizan, todos ellos coinciden al determinar
los problemas torales a resolver, presentando cada uno propuestas muy concretas a realizar
en el respectivo campo de estudio5.
Por el carácter de los estudios y por el interés del presente trabajo dos son los
ejercicios de planificación recientes que nos parece pertinente recuperar. El primero es el
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán (POETY), estudio
que bajo los auspicios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) realizó un conjunto de instituciones públicas y académicas de Yucatán y cuya
versión final fue presentada en marzo del 2007. El segundo es un ejercicio muy reciente,
realizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del gobierno
estatal, que se ocupó de retomar la información y los esquemas metodológicos del POETY
para llevar los estudios hasta la conformación de un Sistema de ciudades.
En el POETY, un equipo interinstitucional e interdisciplinario se encargó de captar y
sistematizar la información estadística existente sobre el estado de Yucatán y su territorio,
aprovechando el expertís de los participantes para realizar un ejercicio de evaluación
cualitativa, lo mismo para el territorio y el medio ambiente, que para el desarrollo urbano y
poblacional, sobre las condiciones vigentes de la economía y sus posibilidades futuras. Parte
fundamental del POETY es el ejercicio de prospectiva realizado por sus autores, que
contempla el posible desarrollo en cada variable analizada en el corto plazo (2010), para el
mediano plazo (2020) y para el largo plazo (2030).
El material estadístico disponible al momento de su elaboración permitió formular lo
que denominaron el Subsistema de ciudades Medias para Yucatán, que se ajusta y
complementa con la propuesta que el Consejo Nacional de Población (CONAPO, el
organismo público que integró y ha dado seguimiento al Sistema de ciudades de México,
desde 1982) tiene sobre Yucatán.
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2006);Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE; 2007) Ramírez, L. (coord; 2007); Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno del Estado de Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY, 2007); Banco Mundial (2003); Centro de Estudios Estratégicos, ITESM (Campus Ciudad de México, 2005); Gobierno del Estado de Yucatán, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (2009).
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Subsistema de ciudades MediasDe acuerdo con los autores del POETY, la estructura urbano-regional de Yucatán (ver
Corema) está conformada por dos conjuntos principales, ambos, con alto nivel de
urbanización y consolidación urbana: el primero de ellos se forma en torno al área
metropolitana de Mérida, y el segundo en la zona sur del estado, lo que nosotros hemos
manejado como “corredor Ticul-Oxkutzcab-Tekax-Tzucacab.-Peto” y que coloquialmente se
denomina “el PUUC”. Mientras el POETY considera 12 ciudades en la conformación del
Sistema de ciudades, el CONAPO sólo consideró 106.
En la articulación sub-regional de Mérida –lugar central de rango 2, de acuerdo con la
clasificación del CONAPO-, participan, además, cuatro ciudades de rango 3 (Hunucmá,
Umán, Kanasín y Progreso) y una de rango 4 (Motul). Mérida es el núcleo de dos ejes de
comunicación regional de primera importancia: uno, al poniente, que la vinculan con el centro
del país vía Campeche; y el segundo, hacia el oriente, que la enlazan con la ciudad de
Cancún y con el corredor turístico de Quintana Roo. Esta condición estratégica le confiere a
la capital capacidad para estructurar su área de influencia, la cual se refleja en el alto nivel
de urbanización y la aceptable calidad de la vivienda en los municipios que conjugan esa
influencia.
Existe, además, un eje adicional de importancia sub-regional, que enlaza a Mérida
con Progreso, ciudad esta última que destaca por su actividad portuaria de impacto
comercial, pesquero e industrial, además de la importancia que representa para el turismo.
El segundo punto que identifica el POETY se localiza al sur, en donde un conjunto de
tres ciudades de rango 3 (Ticul, Oxkutzcab y Tekax) conforman una articulación regional
calificada de “incipiente”. Los municipios más cercanos al triple nodo regional tienen un nivel
de urbanización considerado “alto” y aceptable calidad de la vivienda. Sin embargo, al
poniente de esa misma región se localiza una vasta extensión de municipios con alta
dispersión rural y alto grado de marginación. En toda la zona la población indígena es
predominante, y destaca la incipiente formación de un lugar central aislado de rango 4 (Peto)
que, de acuerdo al POETY, puede desempeñar un papel importante en futuros programas de
reestructuración regional.
El resto de los nodos de rangos 3 y 4 diseminados en la entidad que identifica el
POETY son de tres tipos distintos: a) pueden forman parte de algún corredor regional
(Tizimín, Maxcanú), b) funcionan como nodos sub-regionales que articulan a las pequeñas
6 En la versión actualizada del Sistema Urbano Nacional, el CONAPO ya incluye 10 ciudades yucatecas: Mérida, como “ciudad mediana” y Progreso, Tizimín, Valladolid, Ticul, Tekax, Hunucmá, Oxkutzcab, Motul y Peto, como “ciudades pequeñas”. Inexplicablemente, el sistema del CONAPO no considera las ciudades de Umán y de Kanasín.
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localidades de su entorno (Valladolid), o c) son centros dedicados a actividades turísticas
(Peto, Izamal, Ticul). Llama la atención la importancia de la población indígena no sólo en las
áreas más urbanizadas, sino en una proporción importante de la entidad que abarca también
áreas de alta dispersión rural y un alto grado de marginación, particularmente al poniente de
la entidad.
Figura II.4: Sistema Urbano regional propuesto en el POETY (COREMA).
Tomado del Programa para el Ordenamiento Ecológico y Territorial de Yucatán. (POETY, 2007).
Afortunadamente, el “punto ciego” al que llegaron los especialistas que participaron
en la elaboración del POETY en materia de desarrollo urbano fue superado por el empeño
del personal de la SEDUMA, que se impuso la tarea de obtener y actualizar los inventarios y
los registros existentes en cinco renglones: 1) materia de salud y equipamiento hospitalario;
2) educación; 3) infra-estructura material; 4) equipamiento urbano; y 5) comunicaciones y
transportes, a fin de complementar los análisis ya realizados e integrados en el POETY hasta
tener una radiografía actualizada del Sistema de ciudades de Yucatán, con los pormenores
de cada uno de esos campos ligados al territorio.
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El grado de avance que tenían nuestros análisis al momento que se concluyó y dio a
conocer el Atlas para el Desarrollo de las Regiones nos permitió cotejar hipótesis y
postulados, apreciaciones y conclusiones, de manera concreta y sencilla, así como visualizar
de manera clara –casi pudiéramos decir, gráfica- las insuficiencias nuestras y las
insuficiencias de ese estudio, los límites que lo constriñen, además de los muchos e
importantes aportes que contiene.
Figura II.5: Propuesta de entramado urbano territorial propuesto por SEDUMA (2010).
Tomado de SEDUMA (2010) Atlas para el Desarrollo de las Regiones de Yucatán.
¿Cuál es la principal limitación que vemos en la propuesta del sistema de ciudades
de la SEDUMA? El hecho de haber supeditado el estudio de las ciudades y sus relaciones al
marco regional vigente, llevó a los especialistas de la SEDUMA a fracturar procesos de
intercambio y aglutinamiento plenamente consolidados o plantear la existencia de relaciones
de consolidación entre centros de población o entre microrregiones que en realidad no
existen. Expongo los casos de las poblaciones de Peto, Yaxcabá y Sotuta, para ilustrar lo
que se afirma.
De manera un tanto inexplicable, en el esquema de 7 regiones propuesto por el
COPLADE, la región Oriente, la que tiene a Valladolid como centro urbano de mayor
relevancia, se extiende hasta Peto, incluyendo toda la zona sur y central de la geografía
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estatal, la que corresponde a los municipios de Sotuta y Yaxcabá. Los problemas que
conlleva esta regionalización empiezan al cercenar a Peto del encadenamiento urbano que
empieza en Muna, en el norponiente de la geografía estatal, y remata precisamente en Peto,
involucrando a los centros urbanos de Ticul, Oxkutzcab, Tekax y Tzucacab, además de las
dos poblaciones antes mencionadas. Peto, tradicionalmente, ha operado como eslabón de
este conjunto urbano-territorial, que se conoce como “el sur” y que mantiene pocas y
distantes relaciones con el oriente del estado. En buena medida, porque entre Peto y
Valladolid hay 118 kilómetros de distancia que sólo puede ser cubierta por carreteras
vecinales, estrechas, onduladas y con pavimento en mal estado.
Sotuta y Yaxcabá, localizadas en las inmediaciones de Peto y Valladolid, tampoco
cuentan con fácil acceso a Valladolid y, tal vez por eso, no hay entre estas poblaciones
relaciones de intercambio lo suficientemente intensas ni procesos de aglutinamiento que
lleven a considerar su adscripción en una misma región socio-económica o territorial.
Errores similares se cometen en otras regiones, como suponer un elevado grado de
integración entre Hunucmá y las poblaciones de Maxcanú y Halachó, cercanas
geográficamente, sí, pero con pocas relaciones de intercambio y nulas, de aglutinamiento.
Son más graves los casos de exclusión, como el de Tzucacab, con relación al
encadenamiento urbano del PUUC que mencionamos antes; o el de Halachó, en el límite
poniente de la entidad, que guarda estrecha relación con Maxcanú y con Opichén.
Por lo que respecta a las regiones en el oriente de la geografía, el esquema urbano
poblacional de SEDUMA minimiza o ignora la fuerte relación que existe entre Tizimín con los
poblados de San Felipe y Río Lagartos, al norte, o con Temozón, al sur. Sucede algo similar
en el caso de la relación estrecha que opera entre Valladolid y Chichimilá, distantes apenas
7 kilómetros, o entre Valladolid y Tixcacalcupul.
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Cuadro II.1: Nivel jerárquico de las localidades y población en las regiones del Estado de Yucatán, 2008
Región
Nivel jerárquico de la localidad
Metrópoli Centro proveedor de serv. Urb. Centro básico de población
Localidades Población Localidades Población Localidades Población
Total % Total % Total % Total % Total % Total %
I. Poniente 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 12,387 12.30% 18 19.35% 75,432 74.88%
II. Noroeste 1 0.23% 734,153 70.46% 3 0.69% 74,865 7.19% 26 6.00% 145,865 14.00%
III. Centro 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 15,101 19.63% 17 17.53% 50,895 66.14%
IV. Litoral Centro 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 21,508 24.40% 18 12.68% 56,703 64.32%
V. Noreste 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 44,151 38.03% 22 4.01% 54,099 46.60%
VI. Oriente 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% 64,045 30.23% 52 7.45% 107,743 50.85%
VII. Sur 0 0.00% 0 0.00% 3 0.96% 76,012 41.49% 31 9.94% 93,652 51.11%
Yucatán 1 0.04% 734,153 40.36% 12 0.52% 308,069 16.94% 184 7.92% 584,389 32.13%
Tomado de SEDUMA (2010) Atlas para el Desarrollo de las Regiones de Yucatán.
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Planes y programas gubernamentales: ¿en qué se ha fallado?El análisis de la realidad que vive la sociedad yucateca deja saber que si bien se ha
experimentado un desarrollo social y económico en la entidad, éste no ha sido la
suficientemente intenso y tampoco ha sido equilibrado para alcanzar todo el territorial estatal
y a los distintos estratos sociales (ver Anexo 1). La extensión y la profundidad de las
desigualdades sociales que imperan en Yucatán revelan que el desarrollo registrado ha sido
resultado de la agregación de las sinergias, sin la debida coordinación y sin mayor
planificación.
El factor de mayor relevancia socioeconómica en los últimos treinta años ha sido la
transformación de sociedad predominantemente rural, como fue Yucatán hasta mediados de
los 70’s, en sociedad predominantemente urbana, como lo es en la actualidad. Mutación
sociológica que supone, por una parte, un proceso generalizado de concentraciones
poblacionales en “focos regionales” que acompaña y auspicia la dispersión de la población
que se mantiene en el campo, en muchas y pequeñas comunidades, caracterizadas por la
falta de servicios y por la acumulación de otros rezagos sociales (ver Anexo 2).
La incapacidad estructural de las poblaciones pequeñas y de los municipios con
mayores rezagos para retener a su población original determina, por una parte, que la
corriente migratoria no culmine necesariamente en los centros urbanos vecinos, sino que se
agregue a las corrientes migratorias que han operado, por años, entre las poblaciones
yucatecas y los centros turísticos del Caribe o entre el estado de Yucatán y los Estados
Unidos.
Importante resulta reconocer que, con la excepción de la ciudad de Mérida y su zona
de influencia o área metropolitana, no ha sido la dinámica de los centros urbanos el factor
que determina la migración de las familias y pobladores de los municipios aledaños sino, por
el contrario, la razón por la que migran estos grupos se encuentra en la incapacidad de los
municipios más pequeños y más aislados para retener a sus pobladores, al no poder
satisfacer en ellos sus necesidades básicas, mucho menos sus expectativas de mejoría. El
predominio de la “expulsión” sobre la “atracción” se confirma con las corrientes migratorias
que se han ampliado y consolidado en los últimos 15 años, porque un alto porcentaje de los
migrantes dejan a sus familias en sus comunidades de origen, al menos durante la primera
etapa del proceso migratorio.
El deterioro social y económico del campo yucateco es sólo una de las caras del
estancamiento económico que ha experimentado la sociedad yucateca en los últimos treinta
años y con mayor intensidad en los pasados diez años. La primera parte de esta relación de
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iniquidad se expresa por el constante y acelerado descenso del número de familias que
dependen de la producción agropecuaria, el sector primario de la economía. La segunda
parte es que los productores agrícolas cada vez producen menos, cuentan con menos
apoyos y enfrentan peores condiciones de vida.
En términos generales, Yucatán no ha podido sostener el ritmo de crecimiento de los
vecinos estados de Campeche y Quintana Roo aun considerando el enorme flujo de
recursos que representan las divisas enviadas por los yucatecos en los Estados Unidos o el
ingreso de los “trabajadores semaneros” que laboran en las costas de Quintana Roo y que
mantienen vecindad y familia en suelo yucateco, además de las empresas yucatecas que
suministran bienes y servicios a las economías de Campeche y de Quintana Roo.
La insuficiencia del crecimiento y la estrechez del desarrollo son resultado de la falta
de acuerdos que priva en la sociedad yucateca, de la improductividad que ha ganado terreno
en el campo y de la baja competitividad que, salvo contadas excepciones, priva en las
empresas consecuencia de que la “clase empresarial” privilegia las actividades especulativas
sobre las inversiones productivas, la competitividad y el empleo. Los empresarios lo explican
como “falta de incentivos a la inversión”. El pobre crecimiento y el poco desarrollo se explica,
también, por la incapacidad de los poderes públicos para alentar las sinergias existentes,
para atender lo urgente sin desatender los retos del futuro mediante la concertación de
objetivos entre y con los distintos actores sociales, diseñando programas eficaces, con
metas por alcanzar y plazos por cumplir.
Se hace necesario, indispensable, realizar un “alto” para preguntarse por las fallas o
por las insuficiencias de la estrategia o de las estrategias para el desarrollo aplicadas en los
últimos treinta años, el plazo de actividad de una generación. Del conocimiento que confiere
la experiencia de trabajar directamente en el diseño, en la aplicación y en la evaluación de
estas estrategias –o de parte de ellas- y de las acciones y de los programas derivados
podemos señalar nueve razones principales:
Primera) Las sucesivas intervenciones gubernamentales (del gobierno federal y
estatal) en la economía yucateca han sido para atender situaciones de emergencia, para
“desarmar bombas sociales”, y no para atender las causas que generaron los problemas y su
acumulación.
Segunda) Pese a que el henequén, su producción y comercialización, dejó de ser el
eje de la economía yucateca, ésta continúa HENEQUENIZADA, en el sentido que predomina
la REPRODUCCIÓN SIMPLE AMPLIADA de capital (en vez de la REPRODUCCIÓN
ACUMULADA, que es propia del capitalismo moderno). Este bloqueo estructural a la
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reinversión productiva y a la innovación tecnológica es lo que explica el predominio de las
actividades y de los criterios ESPECULATIVOS en la economía yucateca y explica, también,
que el GASTO PÚBLICO (federal + estatal) siga siendo, con mucho, el principal motor de la
economía yucateca, cumpliendo únicamente funciones supletorias en el ciclo de generación
y reproducción de la riqueza.
Tercera) Hasta hoy, se ha privilegiado la utilización del presupuesto como palanca del
desarrollo y/o instrumento de coordinación, a pesar de haber sido utilizado, siempre, en y
para el corto plazo. Consecuencia de esto es que la intervención de los entes públicos se
agota en la mera acción de gobierno o, cuando más, en algunos programas
gubernamentales. El diseño y la aplicación consecuente de Políticas Públicas no ha
alcanzado al desarrollo de Yucatán.
Cuarta) Los sucesivos Planes Estatales de Desarrollo han sido ejercicios de
planificación indicativa (no concertada), con alcance sexenal, elaborados con visión y
enfoques sectoriales –a pesar de incluir criterios de regionalización, que no se conectan con
la aplicación sustantiva de los planes. El hecho de no establecerse, en ninguno de ellos,
objetivos específicos, metas y plazos concretos, además de no contar con las instancias y
los mecanismos de evaluación específicos, ha hecho que tales documentos no pasen de ser
declarativos, ejercicios de planeación realizados para cumplir una exigencia jurídica y no
para ser el instrumento de coordinación de esfuerzos que la sociedad requiere.
Quinta) Por lo que concierne a Yucatán, mientras se siga asumiendo la
SUSTENTABILIDAD del o de los MUNICIPIOS con criterios de costo-beneficio y se sujete su
caracterización a un patrón único, las estrategias de desarrollo seguirán fallando, por estar
fincadas sobre una base falsa. Y esto vale para los municipios con mayores rezagos, que
son estructuralmente insuficientes, pero también para los municipios más desarrollados, que
fincan su SOSTENIBILIDAD en la relación de iniquidad que mantienen con las poblaciones y
los municipios que los rodean (dispersión).
Sexta) Condición fundamental para diseñar y aplicar políticas de desarrollo acordes
con la realidad es desechar la visión de las “regiones” como bloques territoriales
homogéneos. Los criterios de regionalización hasta ahora aplicados en los distintos Planes
Estatales de Desarrollo se han limitado, hasta hoy, a conjugar la cercanía territorial con
factores de fácil identificación como son la red de comunicaciones existentes o la intensidad
de los flujos de intercambios de bienes y servicios. A esta visión escapan factores como la
diversidad de fuentes y el carácter colectivo del ingreso familiar; el complejo entramado
sectorial de las economías locales; los patrones de “uso de suelo” predominantes en las
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comunidades y en los municipios, así como la existencia de relaciones y procesos de
intercambio microrregionales que, en muchos casos, no corresponden a la lógica de
diferenciación de “las” regiones o, en determinadas ocasiones, se sobreponen a las
“fronteras” escogidas.
Séptima) De la consideración anterior deriva la necesidad de identificar e integrar en
todo ejercicio de planificación del desarrollo con visión regional, en la medida de lo posible,
las relaciones microrregionales que existen y operan en la entidad y que, sin lugar a dudas,
han sido una de las sinergias que explican la supervivencia de las comunidades rurales y la
conformación de ese sólido cuanto complejo entramado poblacional que existe en Yucatán,
con los matices, las deficiencias, el ritmo y el rumbo que se conocen.
Octava) Es verdad incuestionable que, en los últimos veinte años, Yucatán perdió el
papel preponderante que mantuvo, por decenios, con relación a la economía y al desarrollo
social de la península, tomada ésta como región. Sin meternos a discutir si existe o no un
polo peninsular alternativo, es claro que el desarrollo turístico de la costa quintanarroense,
de Cancún a la Costa Maya, y el desarrollo urbano-tecnológico que ha experimentado el
corredor Campeche-Ciudad del Carmen-Villahermosa en torno a la extracción y al
procesamiento del petróleo, compiten en importancia con los recursos y las posibilidades de
las que dispone Yucatán.
Novena) Del apartado anterior deriva el imperativo de integrar la “visión peninsular”,
con las particularidades que aporta cada estado, en cualquier ejercicio de planeación del
desarrollo que se haga para Yucatán. Y a la hora de identificar los criterios para la
diferenciación sub-regional, hay que tomar en cuenta las “relaciones fronterizas” que existen
y operan en los municipios y localidades yucatecas que mantienen vecindad territorial, en
principio, con los estados de Campeche y Quintana Roo, que resultan fundamentales para
entender el funcionamiento de esas poblaciones y, por tanto, para delinear una prospectiva
del desarrollo regional y local.
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