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Antonio Márquez S.
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IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía Autor: Antonio Márquez S.Writing: 2011Edition Copyright 2011: Antonio Márquez S.Dirección General y Diseño de Portada: Cesar Leo Marcus
Windmills International Editions Inc.www.windmillsedition.comwindmills@clmarcus.com
ISBN 978-1-105-27002-4
Renuncia de Responsabilidad:International Windmills Edition, sus directores, empleados y
colaboradores, no se responsabilizan del contenido de este libro. Los puntos de vista, opiniones y creencias, expresados en el mismo, representan exclusivamente, el pensamiento del autor, y propietario del Copyright.
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IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
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IDEAS LIBRES SOBRE EL DESARROLLO
Y LA SOCIOECONOMÍA
Venezuela
y los nuevos paradigmas
del ciudadano del siglo XXI
Antonio Márquez S.
Windmills International Editions Inc.California - USA – 2012
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
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A mis hijas, Alejandra, Valentina y CamilaA mis hijos Eduardo y Fernando;
A mi nieta Valeria,Juntos han arraigado más en mí, los
infinitos valores del amor y la lucha porla vida que en esencia continúa por ustedes.
A Clory mi esposa, tenaz, solidaria e invariableen su amor de colores tan original, cruzado a
mis nervios y nucleado como el acero almás recóndito lugar de mi corazón.
A Josefa y Antonio, mis amados padres quienesen vida tuvieron un constante y desinteresadoempeño por mi realización como hombre útil.
A mis padres de hoy,María del Buono y Mario Maiuri
A Jesusita, CristóbalA mis hermanos y al resto de misfamiliares idos en su hora hacia el
valle eterno de las flores y el silencio.
A los compañeros prisionerosPolíticos y presos comunes del Sebin,quienes irreductibles esperan su hora
de justicia y libertad.
Antonio Márquez S.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
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Antonio Márquez Sánchez, es venezolano nacido en Cantaura, Edo.
Anzoátegui, es Economista, egresado de la Universidad Central de
Venezuela en 1973 con post-grado en Economía y Finanzas de Iowa State
University USA (1976-1978).
Ha asistido a diversos cursos y seminarios nacionales e
internacionales sobre economía, en organismos como Cendes (UCV), IESA;
Banco Mundial; Bndes de Brasil e Instituto Iberoamericano de Mercado de
Valores y a Cuba, Chile, Colombia y Rusia en Foros sobre Auditoria,
Control y Regulación financiera.
Ha publicado diversos artículos en la prensa nacional desde hace 30
años sobre diferentes tópicos del área de economía, agricultura, planificación
industrial y finanzas y es autor de varias obras:
Una Exploración en la Naturaleza y Características del Proceso de
Distribución del Ingreso en Venezuela (tesis inédita de post-grado 1978)
Pensares y Escritos de la Socioeconomía Venezolana (2010)
Desarrollo Socioeconómico Productivo (inédito)
Poesía de Morral (2011).
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Ha ejercido los cargos de Director de Ingresos y Egresos Fiscales en
la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y fue Gerente de análisis de
operaciones del Banco Interamericano de Ahorro y Préstamo (BIAPE).
Ha sido Director General de Planificación del Ministerio de
Desarrollo Urbano (MINDUR) y es fundador de Econométrica (1986),
empresa consultora de proyectos agrícolas e industriales.
Fue Gerente General del Fondo de Crédito Agropecuario (FCA),
institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Cría.
Ha ejercido también los cargos de Contralor por concurso del
Ministerio de Salud y luego se desempeñó como Auditor Interno del Banco
de Desarrollo Económico y Social (BANDES) durante seis años.
Fue Presidente de la Comisión Nacional de Valores, órgano
regulador del mercado de capitales de Venezuela, el cual es un organismo
adscrito al Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas.
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PREÁMBULO
Este es un libro escrito desde la cárcel de la policía política del
gobierno del presidente Hugo Chávez, donde permanezco recluido desde el
año 2009 sin que se me haya celebrado juicio alguno en Tribunales,
violándose mis derechos constitucionales al privarme de libertad por tanto
tiempo siendo inocente y desdeñando mi derecho a la libertad condicional
bajo la presunción de inocencia que establece taxativamente la ley. Mi
condición se adhiere a la calificación de preso político, dado que no existe
sostén jurídico en las imputaciones que, sin soporte investigativo alguno,
hizo, dentro de un montaje judicial, la Fiscalía General de la República de
Venezuela. La iniciativa provino del gobierno financiero de la época para
oscurecer fallas graves de control y supervisión bancaria del órgano
regulador, imbricado éste en juegos de intereses económicos y centrífugas
financieras reñidas con la ética de la administración pública. El descontrol en
la supervisión bancaria dio pie a que se declarara una supuesta “mini-crisis”
que sólo afectó –no casualmente por cierto- a 11 pequeños bancos donde
predominaban los depósitos del sector oficial. La “minicrisis” derivó en un
proceso de intervenciones bancarias, que culminó con la decisión política de
liquidar esos bancos y aumentar el espacio financiero de la banca del Estado,
que era la línea general pre-concebida por el Ministro de Planificación. Esa
decisión se amparó en incriminaciones inescrupulosas por razones políticas
en muchos casos, hacia personas y funcionarios del sector bursátil sin
relación alguna con la dinámica de la gestión bancaria, pero que
representaban una importante “prueba” fabricada de que estábamos en
presencia de una “crisis” que exigía tomar control de los bancos, así como
castigos ejemplarizantes y condenas carcelarias. Y así le fue prolijamente
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presentada como “la solución” ante el presidente de la República Hugo
Chávez.
En rumbo hacia los tres años de reclusión forzada que han
transcurrido, no ha habido forma ni manera de que mis derechos, de acuerdo
a lo establecido en la Constitución Nacional, hayan sido respetados. En
consecuencia, sigo secuestrado en prisión, mientras los órganos del poder
público nacional se solazan en su desidia y en su obra, aun inconclusa en
tanto planifican el golpe final a través de una condena fabricada que exculpe
a los verdaderos responsables de crímenes financieros contra la sociedad y
permita al gobierno acudir al proceso electoral del 2012 presentando como
“trofeos convincentes” del “acierto” de sus políticas, las cabezas inocentes
de los inculpados víctimas del montaje judicial como es mi caso y el de otros.
Esta distorsión con saña del curso normal de lo que antes constituía
mi vida profesional como Economista y de mi entorno familiar, junto a mis
otros desempeños como ser social con derechos y responsabilidades, no
ocurre de manera fortuita o casual. Todo se concatena en una acción
solapada, coordinada desde la alta dirección del órgano nacional de
regulación bancaria, al cual le hizo crisis en 2009 la supervisión y el control
que ejercía sobre el universo de pequeños bancos nacionales. Estos jerarcas,
actuando en contubernio de sevicia con el gobierno financiero y funcionarios
de la Fiscalía General de la República asociados en complot, fraguaron un
tinglado de culpas que con astucia las supieron achacar hacia otros órganos
del sector financiero como lo era el regulador del mercado de capitales o
Comisión Nacional de Valores (CNV) de la cual era yo su presidente.
En el tiempo transcurrido desde esta prisión no ha resplandecido la
justicia y los verdaderos culpables siguen libres en la calle, integrados a su
red operativa de manipulación del control de la institucionalidad en función
de sus más oscuros intereses ligados a una vida particular “feliz” y segura
para ellos. Desde esta óptica se facilita colegir que, está privando en el país
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un ánimo transgresor infesto, el cual choca flagrantemente con los principios
y valores propios de la democracia que como sistema socio político acogimos
desde hace cincuenta años.
Es precisamente en la refundación de estos valores y en el
cuestionamiento al estado general de cosas que lesionan el patrimonio y
oscurecen el futuro del país en lo que la cárcel ha significado un tiempo útil,
aprovechado para pensar en contribuciones desinteresadas que desde mi
óptica como profesional de la economía, pueda yo legar al país y su gente.
De manera que, con propiedad puedo decir, que si de algo sirven las
ergástulas de la cárcel, es para templar los nervios y fortalecer los principios
en los hombres que son inocentes. Pero también para proseguir la lucha sin la
bulla, por la conquista socioeconómica real de la democracia y sus valores;
por el trabajo suficiente y digno; por la familia estructurada; por los derechos
humanos, la disidencia y la libertad.
Sirve también la cárcel para entender mejor el amor humano,
complejo y misterioso pero oportuno, vigoroso y capaz de iluminar como un
haz la materia oscura de la cual también se compone la vida.
Sirve asimismo esta aciaga circunstancia para dibujar con serenidad
obligada el país que queremos y sus contornos más decisivos, ponderando en
toda su relevancia la importancia del factor social imbricado estrechamente al
proceso de producción y al disfrute de la técnica y la ciencia misma como
indicadores milenarios de progreso y bienestar.
Hoy por hoy en Venezuela está planteado un rescate urgente de la
institucionalidad democrática. El sistema socioeconómico y político ha sido
desestructurado mediante la imposición al país de un falso dilema,
extemporáneo y fundamentalmente dirigista, entre el Estado, supuestamente
benefactor pero realmente transgresor y dueño progresivo de todos los
recursos económicos, financieros, tecnológicos, productivos, mediáticos, etc.,
versus las fuerzas productivas privadas, los ciudadanos organizados, los
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partidos políticos, las academias, los trabajadores, los militares
institucionalistas, los estudiantes, los profesionales y la disidencia en general
de las mayorías ciudadanas.
Estamos a favor de la inclusión social como fin y como medio del
proceso del desarrollo económico que tiene lugar dentro del orden jurídico de
la democracia. La sociopolítica mundial está hoy inmersa en un gran vórtice
de cambios, donde el problema de la distribución del ingreso y la lucha por el
excedente económico siguen siendo el ´agujero negro´ de los nacionalismos y
la globalización.
Las necesidades de transformación en lo social, jurídico, económico,
político y cultural son ya convicciones que han calado hondo en la conciencia
ciudadana. Ahora sin embargo, no se trata de resplandecimientos teóricos
puestos en sintaxis epistemológica para ´entender´ curiosidades intelectuales
de la sociología moderna. Ahora se trata verdaderamente de entender la
época de las crisis y su larga onda sistémica así como su impacto sobre la
trascendencia real de grupos humanos del planeta.
Y es precisamente ahora, cuando la condición socioeconómica de los
ciudadanos; su calidad, su nivel y su cobertura, marcan la pauta y la urgencia
de hacer para transformar la realidad, aprovechando sus recursos hasta
realzar una condición de país realmente soberana, desarrollado en sus
potencialidades y democráticamente sustentable sobre todo.
Venezuela hoy ha tomado conciencia del grave riesgo que para el
desarrollo humano representan los modelos sociopolíticos de concepción
totalitaria, los cuales, bajo una pretendida estrategia revolucionaria, fabrican
un tinglado de privilegios y burladeros que luego se erigen justamente en la
antípoda de los cambios. En el país, y en general en el mundo, se han
desatado las corrientes de acción y pensamiento que insurgen de manera
audáz contra viejos paradigmas que antes inspiraban las luchas por el cambio
social y que hoy han devenido en adefesios nepóticos indignos hasta de la
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propia historia. La historia y la práctica de vida, cotejada en el baremo que es
hoy la condición socioeconómica de las mayorías ciudadanas, no deja lugar a
conclusiones diferentes respecto a la necesidad de transformar la realidad,
mejorando la institucionalidad hasta hacerla de dominio público general y
expansivo. Ello implica, esencialmente, fortalecer el sistema de democracia
participativa a través de una institucionalidad fluida y eficiente que logre
concretar los objetivos y las metas del desarrollo social y económico; pero,
que también logre blindar la propia sostenibilidad de la democracia mediante
el establecimiento de límites y normas a factores de orden principalmente
económico y político que pudiesen amenazar su permanencia y autenticidad.
El ejercicio de la democracia, basado en la división de los poderes
del Estado, respetando la autonomía en la práctica de sus respectivas
competencias, es el requisito básico y fundamental por excelencia el cual
garantiza las mejoras de la condición socioeconómica de los ciudadanos. Se
logra por esta vía, un curso cierto hacia el desarrollo social y el cambio sin el
costo épico, innecesario por demás, que implica desnaturalizar la instintiva
propensión humana hacia la libertad, la solidaridad, la creatividad, la
prosperidad, las mejoras en las condiciones de existencia material, el
desarrollo cultural y la espiritualidad. Y se logra también, con el avance real
y significativo en estas conquistas, contener las posibles amenazas, a veces
invisibles pero actuantes de los factores entrópicos que siempre están
presentes en todo sistema.
Hacia estas urgencias del que hacer, ante la realidad socioeconómica
de Venezuela, se orientan principalmente los propósitos contributivos del
escrito que se presenta. La inclusión social de las mayorías ciudadanas es
considerada aquí como el problema básico de fondo a resolver, en alguna
medida acreciente. En esencia se trata de la vieja problemática del desarrollo
productivo con equidad en la distribución del ingreso. El progreso general del
mundo sigue mostrando gigantescas asimetrías que no logran ser subsanadas
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por los adelantos tecnológicos, la rentabilidad de las inversiones y la mayor o
menor eficiencia burocrática que puedan mostrar los gobiernos en su gestión.
Persisten dos dinámicas con velocidades diferentes en el mundo de la
economía real y en el financiero; pero hay un solo resultado: la crisis y el
consecuente deterioro de las condiciones materiales de existencia de la
población. La filosofía y los parámetros convencionales, así como los
conceptos y la propia institucionalidad inmersa en los procesos de gestión del
Estado y del mundo global de la economía y las finanzas, se hallan hoy bajo
fuertes cuestionamientos y debates. En el fondo sin embargo, subyace la
histórica e insustituible demanda del componente social que representan las
mayorías populares y la necesidad de su empoderamiento real, dentro de las
normativas del marco institucional democrático, para acceder de forma viable
a esa pieza angular que es la equidad, como única garantía firme de un
desarrollo sociopolítico y productivo, suficientemente integral y sustentable.
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ÍNDICE
INTRODUCCIONPag. 17
I.Las Nuevas Realidades del siglo XXI
y el Sentido de los CambiosPag. 23
II.Morfología y Desempeños de la
Socioeconomía VenezolanaPag. 33
III.Hacia una Política Económica Integral
Pag. 59
IV.La Constitución Nacional como
Marco Fundacional del DesarrolloPag. 81
V.Economía, Desarrollo Institucional
y GobernabilidadPag. 105
VI.Consideraciones finales
Pag. 137
Citas Pag.149
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
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INTRODUCCIÓN
Democracia, socioeconomía y desarrollo son hoy día conceptos
inextricablemente unidos, no solo por la densidad especifica de los
principios y valores que encierran sus contenidos para la sustentabilidad del
mundo en sociedad, sino porque juntos conforman un núcleo de procesos
cuyo genuino desenvolvimiento asegura la producción suficiente de riqueza y
su distribución equitativa en un clima de libertades individuales, de
participación ciudadana y de reconocimiento pleno de los derechos humanos
y la división de los poderes en el ejercicio de las competencias del Estado.
Las nuevas realidades del siglo XXI, han determinado a su vez, un
nuevo perfil al sentido de los cambios y nuevos paradigmas emergen
amparados en una conciencia sistémica más crítica sobre el Estado y la
política, las crisis financieras, la democracia real, la equidad y las
condiciones de vida de los ciudadanos.
Después de la estruendosa caída del modelo estatista soviético hacia
finales del siglo pasado y la crisis financiera desatada desde el 2008 en USA
con la “burbuja hipotecaria”, los cuales representan los detonantes de mayor
impacto entre los fenómenos sociopolíticos y económicos ocurridos en el
pasado reciente desde hace cuatro lustros, el mundo global aun se debate en
las contradicciones propias que desde siempre ha generado la lucha por el
excedente económico y su distribución.
Hoy, la importancia de ´lo social´ ha trascendido los límites ya
estrechos, de la academia, del convencional lobby político y del
economicismo, en un contexto donde hasta los propios árbitros de evaluación
se han vuelto tradicionales y ya expresan su agotamiento a la hora de aportar
soluciones efectivas al viejo problema de la distribución de la riqueza, a los
limites al poder del Estado y a la inclusión social verdadera.
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Ahora la practica social, como proceso concatenado en todo lo que
atañe a la vida, es quien emite las señales hacia donde hay que dirigir el
sentido de los cambios y acerca de la naturaleza y las características de la
institucionalidad necesaria para garantizar el desarrollo sistémico de la
democracia y la consolidación de las condiciones socioeconómicas
indicativas de la calidad de vida de los ciudadanos.
USA y la Unión Europea de países, siguen sin superar los escollos de
la crisis financiera que se inició hace cuatro años y que se propagó a todo el
sistema capitalista del mundo desarrollado del G-8 y está latente la amenaza
futura de que se extienda al grupo de países emergentes del Bric´s y otros de
menor relevancia, como influjos propios de la escena económica global.-
El cuadro de problemas económicos, financieros y fiscales se
presenta con cierta uniformidad cuando se observa el desempeño de algunos
indicadores en países como Grecia, Irlanda y Portugal, con tendencia al
contagio en economías como la italiana y española.
En el contexto de la Eurozona , los problemas, a grandes rasgos,
podrían resumirse en los siguientes:
- Rigideces en el funcionamiento de las economías de
mercado, merma de competitividad externa y aumento del desempleo.
- Presencia operativa interna de economías paralelas ó
sumergidas, cuyo funcionamiento informal alienta la evasión de impuestos y
deprime los ingresos fiscales.
- Merma en la confiabilidad de las cuentas públicas por la
expansión de las alteraciones contables en el sector privado, afectándose la
transparencia en la gestión.
- Rebasamiento de los pactos de estabilidad en la gestión de
los gobiernos medidos por el techo del 60% en la relación deuda / PIB.
- La experiencia derivada de los planes de rescates y
salvatages en los casos más críticos de países en general ha tomado un
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tiempo más largo que el previsto y persisten las amenazas de contagio
progresivo que amenaza a todo el sistema financiero de la Unión.
- Los beneficios derivados de la política del Welfare State
hacia los ciudadanos, se ven seriamente afectados por los cortes
presupuestarios para salud, educación, pensión de vejez, paro forzoso, etc.,
ocasionando con ello la fermentación de las protestas públicas generales para
preservar calidad de vida e ingreso real y consumo.
En USA la situación general no parece ser particularmente diferente,
por cuanto la economía muestra un desempeño de poco vigor en el
crecimiento del PIB, con un desempleo superior al 9% y bajos índices en la
construcción y venta de viviendas nuevas y usadas; junto con el cierre de
empresas pequeñas y un movimiento altamente errático en el mundo
financiero de los bancos y el sector bursátil.
A esta critica panorámica de la economía real norteamericana se
agrega la grave situación financiera y fiscal generada por el extremado
endeudamiento del gobierno el cual ya alcanzó una relación de más del 94%
del PIB, lo cual obliga a que se desmejore aun más el cuadro social, por los
recortes presupuestarios que lo afectan y que luce como la vía más
pragmática para lograr cierto ordenamiento fiscal.
En los países de Latinoamérica, el comportamiento económico y
social muestra un contexto diferenciado de acuerdo a los factores políticos
que desde diversas posiciones y convergencias operan en la región.
Por un lado está, el bloque de países del Alba, liderados por Cuba y
Venezuela, junto a Nicaragua, Ecuador y Bolivia, los cuales enfatizan una
línea de desarrollo en la onda de la estatización progresiva de los sectores
claves de la economía (agro, producción de las industrias grandes y
medianas, sector financiero y servicios), junto a reformas constitucionales
que tocan principalmente a las funciones del Poder Legislativo, el Poder
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Judicial y el Poder Electoral hasta alinearlos con el modelo de supra Estado
que se proyecta desde el Poder Ejecutivo y los partidos políticos de apoyo.
Por otro lado está el conjunto de países de desempeño independiente
que han logrado en el marco de la región celebrar convenios de
comercialización, uniones, pactos y tratados entre algunos de ellos y con
otras zonas del mundo. Estos se desenvuelven básicamente dentro de una
política económica mixta de desarrollo, donde el Estado y el mercado operan
de forma concertada para apuntalar el desarrollo endógeno, la diversificación
y el fomento de las exportaciones.
En el caso particular de Venezuela, las condiciones objetivas que
existen en el país, no permiten un clima de normalidad y ello se expresa en lo
económico, social, político, judicial e incluso en lo cultural. El discurso
político predominante en el gobierno no logra enlazar el planteamiento que
constituye el orden jurídico de la Constitución Nacional con la vida practica
en que se desenvuelven los ciudadanos. Bien por el contrario, ese discurso,
puesto en acción, ha logrado escindir las fuerzas productivas del país al
particionar el aparato productivo Nacional, despojar a los ciudadanos de los
derechos económicos que tienen a la libre asociación para dedicarse a la
actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las que
establecen las normas constitucionales referidas a la convivencia y al interés
colectivo. Del mismo modo ese discurso ha logrado, a nivel sistémico,
inhibir la iniciativa privada como recurso de apoyo para promover la
producción de bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de la
población, el comercio y la industria y en su lugar ha dado pie para la
conformación de unidades productivas difusas, sin una organización
productiva apta para desarrollar procesos alineados con los criterios
elementales de rentabilidad y viabilidad.
En este contexto, si el ciudadano conoce la naturaleza y el alcance de
sus derechos constitucionales para ejercerlos y si el Estado cumple sus
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obligaciones, las cuales ordinariamente están en déficit, entonces el sistema
republicano democrático adquiere vigencia y la economía tiene más
posibilidades de fortalecerse, dando lugar a que se afiance la gobernabilidad
junto a un mejoramiento en las condiciones socioeconómicas de vida del
ciudadano. Sin embargo, aún así, solo se estaría apenas en el umbral posible
de tener un país moderno, de avanzada, con presencia mundial, productivo,
soberano y alineado a los criterios de la racionalidad económica.
Desde esta perspectiva, como primer aspecto, en el presente escrito
se aborda parte de esta problemática a partir del uso de una concepción del
desarrollo que destaca el rol de las organizaciones políticas y sociales en la
determinación de los fenómenos económicos. (1) En este sentido, en segundo
término, en [el libro] se tocan aspectos esenciales referidos a la morfología y
el desempeño de la socioeconomía venezolana, como: son algunos elementos
sobre la capacidad real de producción que tiene el país y sus posibilidades
ciertas de generación de empleo productivo; la estructura de la distribución
del ingreso y la movilidad social que el modelo actual de desarrollo ha
propiciado; el comportamiento del gasto público y sus debilidades, y la
situación del negocio petrolero junto a la performance de las industrias
básicas localizadas en Guayana.
En el capítulo tercero, se discute sobre los elementos básicos que hay
que tener en cuenta a la hora de aplicar una política económica en algún
grado integral, para enfrentar los retos y rezagos que plantean tanto los
antecedentes históricos del desarrollo económico venezolano como los
ensayos ideológico-politicos y sociales ocurridos en esta primera década del
tercer milenio y que afectan tanto al país y su acervo histórico – político
fundacional como a la condición socioeconómica de sus ciudadanos.
Hacia adelante, en el capítulo cuarto, se analiza desde una
perspectiva amplia, el potencial de desarrollo contenido en el documento de
la actual Constitución Nacional Venezolana, resaltando el hecho de que la
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institucionalidad plasmada en su articulado, establece por si misma la
viabilidad de los procesos que en el orden económico, social, político,
cultural y jurídico deben concertarse en la práctica para consolidar un
desarrollo productivo, diversificado y sostenible del país.
Por último en el capítulo quinto, se abarca el tema crucial de la
necesaria sindéresis, que como condición, debe prevalecer en el orden
democrático constitucional, para lograr una armonía funcional entre la
economía y sus factores determinantes, el desarrollo de la institucionalidad
autorizada por referendo popular y la gobernabilidad, que como clima óptimo
político – social se amplíe hacia todos los campos de la vida nacional.
Aquí también se destaca la importancia que para la sostenibilidad y
la calidad de vida del ciudadano y los intereses mayores del país tiene la paz
social, que se pueda lograr a través del blindaje del circuito socioeconómico
democrático, su consolidación y su desarrollo ampliado a través de un control
de la actuación del Estado y sus poderes que lo integran, ejercidos éstos con
autonomía, tal cual lo demanda de forma explícita el concepto de República.
Al final, como agregado de valor y contribución de orden práctico se
presentan unas conclusiones dirigidas a focalizar la atención del país hacia lo
que significa el texto constitucional y la importancia de que su contenido sea
digerido –o mejorado en su bondad- por los ciudadanos tal como fue
autorizado por el pueblo en Diciembre de 1.999. Solo a partir de esta
metabolización de los principios y valores contenidos en la Constitución se
podrá por las vías que permite la institucionalidad allí contenida, enfrentar las
regresiones que pretende imponer un gobierno trasgresor del orden jurídico y
la convivencia ciudadana que como norma esencial ordena la Constitución.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
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I. LAS NUEVAS REALIDADES DEL SIGLO XXI
Y EL SENTIDO DE LOS CAMBIOS
La gran depresión de 1929 en USA, la terminación de la segunda
guerra mundial en 1945 y la caída de la URSS en 1989, fueron los eventos
más determinantes que actuaron como propiciadores de cambios estructurales
en la socioeconomía y la geo–política del mundo en el transcurso del siglo
pasado.
Durante la gran crisis del año 1929 la propagación de la caída de las
cotizaciones de títulos en la bolsa de valores de New York distorsionó con
amplio efecto, el comportamiento de todas las variables tanto financieras
como reales de la economía en su conjunto y con ella, se impactó de manera
directa y plena a la condición de vida ciudadana, la cual sufrió deprivaciones
de todo tipo, empezando por la pérdida masiva de empleos e ingresos como
medios ordinarios de vida y consumo, hasta el efecto psicológico que implicó
el impacto sobre la población, de la incertidumbre y la angustia ante el caos
general y el descalabro del ´orden´ y la sensatez que durante una década,
después del fin de la I guerra mundial el país habría disfrutado bajo un clima
de crecimiento económico sostenido y relativa paz social.
Dominar la crisis del 29 en un lapso de cuatro a cinco años, implicó
en USA la adopción de medidas y políticas de amplio espectro cuyo alcance
tocaba el funcionamiento global del circuito económico financiero bajo
nuevas regulaciones y normas amparadas en reformas legales impulsadas
por el gobierno, como lo fueron la política del “New Deal” y la famosa Ley
Glass–Steagal donde se deslindaba la nueva institucionalidad que permitiría
el rescate de la normalidad en la economía. Ello por vía de establecer una
serie de requisitos operacionales para la cotización de los títulos valores así
como un deslinde de áreas donde los agentes económicos y financieros
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podrían operar sin que se favorecieran solapamientos, acaparamientos,
concentraciones de poder y especulaciones exageradas en el funcionamiento
del principio de la racionalidad económica del sistema en general y la
necesidad de estabilizar el crecimiento económico del país como objetivo
capital.
Cuando sobrevino el acontecimiento de la II segunda guerra, el
mundo se vio colocado ante una nueva disyuntiva de cambios, reacomodos
del poder y redivisiones, inducidos por los resultados y posiciones que
derivaron del conflicto mundial. Esa disyuntiva emergió como respuesta
adversa ante los avances del Nacionalsocialismo alemán y que luego de su
derrota ganó espacio con el advenimiento de “la guerra fría” y el riesgoso
equilibrio de vivir un clima de confrontación permanente de valores, contra
“valores” y categorías económicas elevadas con frecuencia al plano concreto
de los conflictos militares entre países, con el propósito de lograr posiciones
de dominio y ampliaciones de influencias políticas y económicas que
apoyaran la expansión geo–política de los países, bloques o alianzas más
fuertes y dominantes.
La convivencia obligada y prolongada del triunfo aliado surfeando
las olas de un mar lleno de confrontaciones de variada intensidad, arribó a la
maduración de complejas contradicciones en el plano interno, de países que
integraban el llamado “bloque soviético” y que hicieron crisis hacia finales
de los años 80´s a través de procesos sociopolíticos de gran profundidad y
alcance como el Glasnost y la Perestroika, los cuales irradiaron con fuerza y
fluidéz, hacia todas las estructuras de soporte del complicado andamiaje del
sistema socio económico y político que conformaba la URSS desde los años
30´S cuando Stalin consolidó la fractura y conducción total de la Unión.
Con la Perestroika en 1989, se puso en marcha la reforma que
implicaba la renovación de los dirigentes, la mayor eficacia en la economía y
la democratización de las instituciones, con la cual se dio la disolución
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estructural (1991) necesaria para emprender, con autonomía, nuevos caminos
hacia el desarrollo de las naciones ex integrantes de la Unión, asumiendo los
criterios moderados del comercio globalizado, la eficiencia económica en la
producción y la racionalidad implícita en la economía de mercado.
El advenimiento del siglo XXI se hizo presente en un clima general
de cuestionamiento a los iconos referenciales y paradigmas que hasta ahora
habían servido como acicate de la dinámica social para el logro de “los
objetivos del desarrollo” y el desempeño de los gobiernos. Los nuevos
horizontes permitían ahora coordinar exigencias en pro de una
gobernabilidad positiva y útil que elevara la condición de vida de los
ciudadanos y que auspiciara un direccionamiento de la gestión de esos
gobiernos hacia el logro de cierta prosperidad y bienestar social.
El fin de la guerra fría y el balance de los magros logros alcanzados
por los países ex integrantes de la disuelta URSS después de 70 años de
ejecutoria bajo los preceptos del socialismo marxista (socialismo real), no
dejaba otra opción a los ciudadanos y a las dirigencias políticas que plegarse
a formas operativas de gestión, amparadas bajo términos de mayor
racionalidad y pragmatismo, con respaldo palpable en un crecimiento
sostenido de la economía, la existencia de oportunidades de movilidad social
y la apertura democrática para el disenso y el reclamo de derechos de los
ciudadanos.
Tres países grandes, con alta presencia poblacional y significación
geo-política relevante cono China, Rusia y la India iniciaron - con las
peculiaridades de cada caso – un proceso ascendente de reformas y
relanzamiento de programas y políticas de desarrollo económico y social bajo
ópticas de mayor aprovechamiento de los recursos naturales, humanos,
financieros, comerciales y tecnológicos, establecidas en función de los
parámetros conocidos de rentabilidad, eficiencia en el alcance de las metas, y
generación de excedente económico suficiente para rescatar, en el tiempo, la
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inmensa brecha de atraso que se había consolidado como rasgo dramático de
la deprimida condición socioeconómica de vida de las mayorías ciudadanas.
Un valioso tiempo se habría consumido bajo las prácticas de un
penoso ensayo histórico con un altísimo costo humano en vidas, tiempo y
recursos para, al final, culminar en la gran decepción social que significó el
retiro abrupto de la escena de lo que antes constituyó un cuerpo “consistente
e histórico” de las llamadas categorías del preceptor, ahora desautorizadas
por el ímpetu de los cambios, los incentivos a las fuerzas creadoras de la
individualidad productiva, la práctica útil de lo cotidiano y la natural
aspiración por la prosperidad y el aseguramiento tangible del futuro. Esas
“sencillas” conquistas se arraigaron en los pueblos ´nuevos´ y prevalecieron
como expresión de continuas mejoras de la participación ciudadana, las
reivindicaciones sociales y los derechos constitucionales en cada país.
Hacia finales del año 2008 sobrevino la implosión de la crisis de las
hipotecas inmobiliarias en USA, la cual se había estado incubando al
resguardo de una legalidad regulatoria difusa y laxa en el mercado financiero
que, de nuevo como en 1929, permitían niveles especulativos exorbitantes en
las cotizaciones de las hipotecas sin asidero correspondiente en los valores
reales de mercado de los títulos, sumado ésto a la debilidad que significaba la
desactivación desde 1999, del Acta Glass–Steagal puesta en práctica desde
1934, cuando la gran depresión, para regular separadamente las actividades
de la banca comercial y la banca de inversión en USA.
Hoy, la economía mundial gravita bajo la dinámica que dicta la crisis
en sus múltiples manifestaciones y efectos sobre los países; principalmente
los del mundo desarrollado, conformado por aquellos que integran la OECD;
pero también sobre los países del grupo denominado “Bric´s”, los cuales, en
conjunto, tienen una presencia real significante a la hora de influenciar el
sentido y las tendencias del comercio, la producción y la demanda de bienes
y servicios transables a nivel global.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
27
En balance, la economía mundial exhibe niveles bajos en el
desempeño de sus indicadores principales como el empleo, la inversión y el
consumo y persisten los desajustes y déficit fiscales con altos niveles de
endeudamiento, cuestionamientos a la gobernabilidad y una actitud social
muy cercana a la desconfianza y al cuestionamiento de las políticas públicas
tanto en lo que se refiere a su efectividad y alcances como en lo que atañe a
su sostenibilidad en el tiempo para remediar el deterioro de las condiciones
socioeconómicas de vida de las mayorías ciudadanas.
Dentro de la temporalidad concurrente de la crisis mundial presente,
emergen en el mundo árabe del Magreb y Medio Oriente principalmente y
por ahora, una ola continua y creciente de protestas populares
verdaderamente pluralistas en el sentido de que están conformadas por gente
de clase media, estudiantes, campesinos, artesanos, profesionales,
comerciantes y obreros, etc., todos con un reclamo central como ciudadanos:
inclusión social y reformas políticas orientadas hacia el logro de un sistema
de democracia participativa y equidad en la distribución del inmenso
excedente económico que genera la explotación de sus recursos por parte de
un Estado autocrático que junto a las minorías privilegiadas del poder, funge
como administrador “insustituible” del país y sus proventos durante el
tiempo histórico que fuese necesario.
Es ahora cuando el Glasnot de la transparencia y la necesidad vital
de reformas cala en el continente árabe con mayor fuerza y determinación.
Ello quizás represente un tránsito intermedio en la onda democratizadora
expansiva que se propaga en el mundo y que promete constituirse en el
requisito sine qua non del crecimiento con equidad y del desarrollo
económico productivo; componente sin el cual los intentos de los gobiernos
por ordenar el gasto fiscal, aumentar el ingreso per capita, manejar la deuda
pública y generar empleo, pierden sentido y suficiencia como pretendido
resumen último de los propósitos de gobernabilidad con justicia. Plasmar en
Antonio Márquez S.
28
hechos y conquistas de esas mayorías populares, un cuerpo organizado de
derechos, garantizados por normas supremas y un ordenamiento jurídico de
obligatorio cumplimiento tanto para los gobiernos emergidos de comicios
libres, como para los ciudadanos, será el marco de acción mínimo necesario
para encauzar acciones integradas con el fortalecimiento y sostenibilidad de
las condiciones socioeconómicas de vida de las mayorías, representadas estas
condiciones por los referentes conocidos de: empleo productivo; acceso a la
salud, servicios medico - asistenciales y alimentación calórica adecuada;
oportunidad de vivienda digna y derecho a recibir educación, capacitación y
cultura, según los parámetros referenciales mundiales.
Hasta ahora, la sustitución de las elites que por largo tiempo han
usufructuado el poder de gobernar, sigue siendo un objetivo que está en la
mira directa e inmediata de las protestas del pueblo árabe, así como la
instauración de sistemas de gobierno enraizados con los fundamentos y la
operacionalidad de los regímenes democráticos en alguna manera.
Las nuevas realidades del siglo XXI han derivado en un aumento de
la presión social por lograr cambios de distinta naturaleza y alcances según
las condiciones de vida material de los ciudadanos y de acuerdo al grado de
maduración de la conciencia existente para explicar y resolver las
contradicciones entre una afluencia de recursos económicos suficientes y la
inequidad manifiesta en su distribución entre los factores de la producción.
En el fondo, subyace la vieja diatriba humana por la distribución del
excedente económico entre los factores que concomitan para generarlo desde
distintas posiciones en la estructura real del poder en la sociedad. En los
países viejos desarrollados, las mayorías ciudadanas protestan y defienden en
forma decidida su parcela socioeconómica y exigen a los gobiernos aciertos y
transparencia en las decisiones y eficacia en las políticas públicas para
propiciar mejoras del confort y sostenibilidad en el crecimiento de la
economía y en el perfeccionamiento de la democracia.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
29
En los países que se desenvuelven dentro del subdesarrollo y algunos
emergentes ahora, las mayorías organizan y despliegan sus luchas por lograr
una estructura social que garantice oportunidades, empleo, seguridad social,
confianza en una justicia transparente, estabilidad económica y gobiernos
democráticos autenticados en la práctica por una mayor equidad distributiva
y movilidad social de sus ciudadanos hacia las mejoras.
Desde ambos contextos, la convergencia de los hechos ha llevado a
que el cuestionamiento de la realidad presente se exprese en un cuadro
general de acciones y exigencias que abarcan de forma sistémica todos los
planos societales.
El sentido de los cambios como rasgo común en todos los escenarios,
tiene la urgencia masiva por superar los intríngulis de la crisis económico
financiera actual, la cual parece haber colocado – de nuevo pero en un ámbito
más amplio – al mundo en un grave riesgo de recuperación sostenible de
acuerdo a la exigua efectividad lograda a través de las medidas que se han
aplicado en general para recuperar el empleo y el crecimiento y en el plano
especifico para superar los desequilibrios fiscales y de deuda que tienen
países como los de la Unión Europea y en la propia USA.
Junto a estas urgencias se desarrolla y adquiere cada vez mayor perfil
en el mundo una creciente necesidad por lograr una efectiva transparencia en
las ejecutorias que a nombre de El Estado, hacen los gobiernos. La
desconfianza respecto al acierto y el verdadero sentido de la gestión de los
gobiernos, se ha incubado como elemento de criterio en el juicio de los
ciudadanos. Ello, en parte por la dificultad palpable de obtener impactos
positivos de cierta permanencia de las políticas públicas, las cuales
supuestamente están diseñadas para resolver problemas socioeconómicos de
los ciudadanos pero que al final no logran corregir las fallas y menos aun
prevenir su nueva ocurrencia ni empujar mejoras concretas del bienestar ni
colectivo ni individual. Por otra parte, la gestión de los gobiernos con
Antonio Márquez S.
30
frecuencia tiende a concentrarse en su propio sostén per–se, y se desarticula
funcionalmente de aquellos objetivos ligados a la dinámica cotidiana de los
ciudadanos, quienes sobreviven en un clima de frágil equilibrio social
marcado por la frustración, la precariedad y la incertidumbre del futuro.
A la urgencia que dicta la crisis financiera y de valores que asola al
mundo y la búsqueda de aciertos y transparencias en la gestión de los
gobiernos, se agrega una tercera tendencia en el sentido de los grandes
cambios en curso, como es la exigencia primaria de las mayorías ciudadanas
para obtener beneficios materiales a partir de los proventos del desarrollo, de
manera tal que configuren un prospecto básico de patrimonio familiar
creciente y sustentable en el tiempo, suficiente como para garantizar
seguridad y consolidación de su condición socioeconómica.
Finalmente emerge como referente fundamental de los cambios
globales, el sistema de valores democráticos, el cual como aspiración
máxima y recurrente de los pueblos, se propaga hoy con fuerza contundente
y continuidad expansiva hacia todas las regiones del mundo. Ello responde a
la profunda búsqueda de libertad y justicia en que se apoya la naturaleza
humana, de sus principios radicados sobre la equidad y el realismo de sus
valores junto a las expresiones concretas del éxito de la democracia como
sistema socio político que concilia los fines del desarrollo económico con las
oportunidades de la participación ciudadana, actuando en un marco jurídico
de garantía plena de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y de
regulación y control de los límites del Estado y sus competencias, así como
de la ética y la co-responsabilidad social en la gestión del sector privado
empresarial.
En verdad esta aspiración general de los ciudadanos del mundo tiene
hoy más que nunca arraigo como bandera de lucha y resistencia en el
contexto venezolano, ya que, por una parte hay una amenaza real de
´quiebre´ sistémico de la constitucionalidad, por la incapacidad de los
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
31
gobiernos y de la organización ciudadana para regular y controlar los
agentes y los flujos de la socioeconomía y la política y preservar así una
operancia satisfactoria del circuito convivencial entre el Estado y los
ciudadanos. Por otra parte, los grandes eventos de impacto sociopolítico
ocurridos en el mundo durante el siglo XX, aunados a un precioso tiempo
histórico perdido, debido al fracaso por implantar sistemas que respalden la
equidad distributiva del excedente económico, han consolidado una
conciencia ciudadana que mueve, con sentido de cambio, a los agentes
sociales respecto al acervo material que está a fin de cuentas en riesgo junto
con el patrimonio nacional y el “estado actual del arte” y las cosas.
Como señala Touraine (2), existe una pérdida de control de los
agentes sociales respecto a la economía… y los ciudadanos no participan; y
las instituciones sociales (escuelas, sindicatos, familias) ya no tienen la
función de control del poder económico.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
33
II. MORFOLOGIA Y DESEMPEÑOS DE LA
SOCIOECONOMIA VENEZOLANA.
Un perfil aproximado de la realidad adscrita a la socioeconomía
venezolana puede ser visualizado a través de algunos de sus componentes
básicos más relevantes como son: la capacidad real de producción y de
generación de empleo productivo; la estructura de distribución del ingreso y
la movilidad social concurrente; el comportamiento del gasto público como
palanca de desarrollo y administración que usa el Estado; y la situación del
negocio petrolero junto al desempeño y perspectivas de las industrias básicas
de Guayana. La articulación apropiada de estos componentes, plasmados en
un mapa utilitario de apoyo, permite obtener un cuadro descriptivo
aproximado de los principales rasgos morfológicos de la socioeconomía del
país, así como de la manera agregada en que se mueven ´los flujos´ y se
interconexionan las variables determinantes de su desempeño.
• La Capacidad Real de Producción
Estimar de alguna forma la capacidad de producción de un país como
Venezuela, pasa por el propósito de que el resultado sirva como base objetiva
para hacer una prospectiva situacional de nuestro futuro en el mediano y
largo plazo. Este propósito – en sí mismo difícil dada su naturaleza –
analíticamente parte de la consideración de que la dimensión y el modo
operacional que históricamente ha asumido el gasto público a partir de su
principal tributario directo, el petróleo, ha determinado de manera importante
toda la dinámica general del país. Las características del empleo y su
calificación como productivo o parasitario y su localización espacial así
como su estabilidad, de alguna manera han estado adheridas a la dinámica
del negocio petrolero desde su aparición a comienzos del siglo pasado. De
Antonio Márquez S.
34
igual modo, la manifestación que ha asumido la distribución del ingreso, bien
sea factorial o personal, y la movilidad social que ésta, de una forma u otra
reproduce, son rasgos que responden de forma directa al modo ejecutorio del
gasto público que han adoptado los gobiernos, dependientes para su gestión
de los ingresos fiscales petroleros. Y por último, como consideración
medular que explica en mayor proporción la morfología y la dinámica de la
realidad socioeconómica venezolana, se llega al componente clave (3) de
todo ese proceso paradigmático que ha logrado estructurar una verdadera
cultura de la renta en base a un solo producto y a un solo negocio: el
petróleo. (4)
Colocando estos elementos en esa perspectiva, el gasto público como
herramienta fundamental de la acción fiscal inercial, se ha visto fortalecido
sustancialmente desde la aparición del petróleo hacia la segunda década del
siglo XX; y desde allí hasta hoy, ha marchado pari-passu con el éxito y los
fracasos de las políticas públicas. Al hecho de que el Estado como institución
ampliara progresivamente su espacio de acción en la economía contribuyó
decisivamente la relevancia mundial que adquirió el petróleo como producto
energético multidiverso en sus usos hasta el tiempo de hoy.
El Estado venezolano adquirió, como único propietario del recurso
fósil, jerarquía y decisión sobre el negocio y su total administración,
convirtiéndose en un factor económico de gran poder a la hora de actuar
como agente de intervención volitivo en las actividades económicas y
financieras determinantes para el desempeño general del país.
Ese mismo Estado, erigido en pivote central fáctico del curso del
desarrollo económico financiero nacional, dio lugar a la conformación
progresiva de un sistema satelital de actividades, empresas, negocios y
actitudes cuyo desempeño y características estaban de una u otra manera
ligadas al ámbito de “lo público” expresado éste a través del gasto y sus
ejecutorias desde el gobierno.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
35
Pero estas ejecutorias de los gobiernos, con contadas excepciones en
ciertos periodos históricos, adolecían del síndrome inicial del
deslumbramiento cuantitativo que irradian los ingresos petroleros al fisco. Ha
predominado, en consecuencia, una realización del gasto sin mayor apego a
objetivos básicos del desarrollo económico como son, la expansión sostenida
de un crecimiento diversificado en las industrias y los agroalimentos; el
aumento progresivo de las inversiones en la formación bruta de capital fijo
como entorno concomitante de esa expansión; y mejoras tangibles en la
equidad distributiva expresadas a través del empleo productivo y de mejoras
constantes de las condiciones socioeconómicas de vida del ciudadano común.
A pesar que, desde el siglo XX hasta el presente han concurrido 17
presidentes para ejercer gobierno en Venezuela y que, 7 han sido militares y
han gobernado por más de 60 años y 10 han sido civiles habiendo gobernado
durante casi 50 años, los cambios fundamentales en la estructura económica
que pudieron haber significado un despegue hacia el desarrollo ó al menos un
inicio viable en la ruta de la industrialización, sencillamente no ocurrieron.
No logró ensancharse el circuito económico en actividades
preponderadamente productivas y con ello se mantuvo una estrecha
dimensión del mercado interno que arrojaban poco incentivo al sector
privado agroproductor y manufacturero para aumentar sus componentes de
oferta al mercado. Con ello se hubiese aumentado el empleo hasta absorber
los incrementales de la mano de obra económicamente activa y hubiese
subido el ingreso per–cápita hasta niveles adecuados por encima de la tasa
anual de crecimiento demográfico. No hubo la continuidad y preservación de
una política del gasto público que tomara en cuenta el riesgo que significa
disponer sólo de un recurso de capital que además no es renovable como el
petróleo, cuyo comercio en los mercados internacionales es negociado en su
fase de “crudo” con poco valor agregado nacional y además sujeto
Antonio Márquez S.
36
preponderantemente a factores externos de mercado en cuanto a precios y
demanda.
Teniendo este hándicap como punto de partida, la política de gasto
público en el país tampoco se enganchó a objetivos que empujaran una
expansión del ingreso familiar de la población por vía de crear empleos
mediante el acometimiento de aquellas actividades deficitarias ligadas a la
brecha que siempre ha existido en los llamados servicios públicos, los cuales
está obligado a proveer el Estado a sus ciudadanos según los preceptos que
durante todo el periodo democrático se forjaron y están plasmados en el
articulado de la Constitución Nacional. No cabe dudas qué el déficit de obras
públicas destinadas a atender la salud, la educación, la vialidad urbana y
rural, la electricidad, la infraestructura de las industrias básicas de Guayana,
los sistemas de riego para la agricultura, la vivienda y sus servicios conexos
y la ampliación de la capacidad productiva petrolera, conforma un
extraordinario motivo de inversión productiva asumible por el poder público
nacional, regional y local en concertación con el sector privado a través del
gasto público global y una política integral del Estado hacia el desarrollo.
Ejecutar ese gasto va en dirección lineal con el objetivo de
ampliación del mercado interno y con la absorción del gasto en la estructura
económica y productiva a través del aumento de la formación bruta de capital
fijo. Ambos son un componente necesario y obligado tanto para impactar las
variables del desarrollo en el sentido sugerido como para desencadenar
cambios cuantitativos y cualitativos en la estructura económica y social del
país. Este impacto puede aumentar su efecto positivo cuando se integra en
una política económica de amplio espectro que logre incorporar también el
factor cambiario, reversando la sobrevaluación de nuestro signo monetario
hasta adecuarlo a su verdadero valor comparativo con otras monedas y
beneficiar con ello la competitividad de productos nacionales en los
mercados foráneos – o por lo menos regionales de Latinoamérica – y
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
37
desalentar el creciente flujo de las importaciones de bienes finales y de todo
tipo hasta racionalizar su contribución y su uso de acuerdo a metas.
Dos elementos adicionales ayudan a completar una visión consistente
sobre los factores que han privado para debilitar un empuje sostenido en el
país hacia una acumulación de capital autónoma; a saber, el manejo austero
del concepto de gasto publico equilibrado sin la pertináz recurrencia al déficit
como ha quedado registrado en los anales de la historia fiscal venezolana,
donde lo “tradicional” ha sido una gestión pública deficitaria por excelencia
para aumentar el componente corriente del gasto, en desmedro del gasto de
inversión en capital y el gasto social. Más aun, hasta la sistemática
recurrencia al endeudamiento externo e interno, junto al compromiso
soberano del país hubiese estado plenamente justificado si el creciente gasto
fiscal se hubiera destinado, en grado importante, a ofrecer al ciudadano
venezolano, contribuyente ó no como mínimo el caudal de obras públicas y
mejoras de los servicios públicos arriba mencionados.
De seguro, también se hubiesen obtenido otros beneficios
concomitantes para el país de haberse logrado expandir la base del ingreso
nacional y con ello la demanda agregada interna y el mercado;
configurándose una base productiva más amplia de la economía con efectos
positivos sostenidos hacia el consumo y la inversión.
El otro elemento que amplía la visión sobre las debilidades del
desarrollo nacional, es la modalidad de involucración lejana y a veces
omisiva que ha asumido el sector privado empresarial en los momentos
apremiantes de vacío en el subdesarrollo venezolano. En términos generales,
el sector se ha adocenado en una actitud básicamente pasiva y de
aprovechamiento selectivo de las circunstancias ante los retos y las
dificultades que se han presentado a lo largo de la historia económica y
política nacional.
Antonio Márquez S.
38
La ´propuesta´ del sector privado ha permanecido sustancialmente
amparada en la inercia derivada del modo de gestión pública petrofiscal,
desarticulada y desprovista de objetivos transformadores de largo alcance. Ya
desde 1936 cuando tuvo lugar la célebre diatriba de Alberto Adriani del lado
oficial y los banqueros, se percibía la anarquía de criterios respecto al cauce
que debía tener el desarrollo (5). La fijación del tipo de cambio en 3.09
bolívares por dólar ya definía el perfil de una dificultad que, como lo
comprueba la historia se hizo difícil de superar en términos de lograr
competitividad para las exportaciones de productos no–petroleros
venezolanos. Aun hoy esa falla básica –y genética- de la sobrevaluación del
tipo de cambio continua presencial como una traba estructural funesta de las
capacidades del desarrollo posible.
El proteccionismo como política conexa de apoyo al potencial de la
industria y el comercio, lejos de haberse constituido en un aliciente temporal
al desarrollo, la productividad y la racionalización de los costos, se
transformó en una muleta definitiva que ocultaba un desempeño empresarial
ineficiente, dotado ahora con ventajas altas y seguras ganancias, pero con
ineficacias flagrantes que a la larga se resguardaron bajo controles indebidos
del mercado y una calidad espuria de los productos con el consecuente daño
al perfil del consumo y a la condición de vida de los ciudadanos como
consumidores.
En la consolidación de esta debilidad, como elemento que en buena
parte explica la sedimentación del subdesarrollo venezolano, hay que asignar
la debida responsabilidad no solo a la ejecutoria del propio sector privado
empresarial, el cual es sabido que no sacrificó la temporalidad en el reparto
de beneficios en lugar de invertir en capacitación y formación del recurso
humano usado como factor productivo así como en tecnología, investigación
y organización para aumentar la productividad, sino que el propio Estado,
visto como gran administrador de la gestión pública del país y de sus
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
39
inmensos recursos, tampoco instrumentó políticas viables integrales y de
alcance mas allá de la coyuntura circunstancial de ejercer un gobierno dotado
de riqueza petrolera. No hubo una política comercial concebida para
destrancar la falla estructural de nuestro comercio exterior. Pocos productos
y poca competitividad, lo que hace deficitario siempre el balance de bienes
diferentes del petróleo por la imponencia además, cuantitativa y cualitativa
de las importaciones como parte del consumo aparente. No se articuló así,
una política arancelaria realista y alineada con las tendencias mundiales,
concebida como instrumento para desmontar progresivamente el nocivo
proteccionismo perpetuo que operaba como amparo paternal de ineficiencias
y privilegios que estaban fuera de las exigencias de la racionalidad
económica capitalista convencional. Se configuró así un anclaje fijo a
parámetros y circunstancias lejos de las borrascas del riesgo pero también
lejos de los cambios necesarios para avanzar.
Para ambos agentes, el público y el privado, privó la seguridad del
corto plazo y la preservación de cuotas de poder en un mercado estrecho pero
cautivo, adaptado al manejo clientelar de los resortes políticos por los
partidos de turno en el gobierno. Se creó una complicidad equilibrada en la
administración y el ejercicio real del poder económico, usando la política
´autorizada´ por la Constitución Nacional como palanca hercúlea de sostén
del “establishment” democrático. El gran perdedor seguía siendo la
comunidad de ciudadanos y la subvaloración de sus intereses como escuálido
balance dentro del orden democrático.
Su condición socioeconómica de vida dejo de mejorar después de los
inicios del segundo periodo democrático hacia los 70´s y se fue estructurando
un patrón de agotamiento de iniciativas económicas emergidas con apoyo de
los gobiernos pero diseñadas tímidamente para ampliar algunos segmentos de
la economía aunque sin transformar la esencia del núcleo medular de la
pobreza. Crecieron los estratos pobres de la población y se fue concentrando
Antonio Márquez S.
40
la riqueza y el ingreso nacional en reducidos sectores, salidos tanto de la
acumulación privada de capitales como de los grandes negocios públicos de
contratos y la manipulación burocrática de medidas y normas en favor de
grupos organizados vinculados a los gobiernos.
Operaba una bilateralidad de beneficio mutuo correspondiente en que
hasta la gran caja de los recursos financieros del gobierno petrofiscal fueron
direccionados hacia supuestos esfuerzos “serios” en favor del crecimiento, la
diversificación industrial y el desarrollo mediante la formación por decreto
de corporaciones públicas de financiamiento a los sectores empresariales
(CVF; FCA; BIV etc.) que con el tiempo tampoco concurrieron a ofrecer
resultados esencialmente diferentes a los que hasta esa época existían como
realidad económica menguada y bien pudo el país haberse ahorrado el riesgo
de pérdida en los préstamos a juzgar por los valores agregados netos
obtenidos de escaso sentido económico colectivo o nacional, y más bien de
un alto costo de oportunidad.
Varias crisis y desajustes de índole económica y política
sobrevinieron como consecuencia de la contención de los cambios necesarios
para propiciar la equidad distributiva del ingreso y la movilidad social del
sector laboral, concebidos éstos como componentes indispensables del curso
del proceso de acumulación de capitales y del reparto del excedente
económico.
En balance, la estructura económica del país no ha variado en
proporción significativa después de 60 años y se mantiene la regresividad
como rasgo distintivo de la distribución factorial del ingreso.
A diez años de adentramiento en las modernidades y las crisis del
siglo XXI y doce años transcurridos del gobierno de Hugo Chávez, el
balance situacional de la economía y su contraparte social representado por la
condición socioeconómica del ciudadano común, se ha agrietado aún más,
alcanzando niveles preocupantes de riesgo en variables como la deuda
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
41
pública y su ritmo anual de crecimiento acelerado junto al déficit fiscal; la
paralización de las inversiones en la industria privada; el aumento de los
grupos humanos que se adhieren al sector informal de la economía y al sector
público fundamentalmente administrativo en lugar del empresarial y la
persistencia del fenómeno inflacionario en niveles anuales promedio del 28%
al 30% junto a una distribución del ingreso familiar que agrupa al 75% de
las familias devengando salarios nominales inferiores al techo de dos salarios
mínimos al mes (Bs. 3.000), y que en términos reales representan 300 dólares
al mes. (6) A este cuadro crítico hay que agregar una fuga de capitales que
promedia alrededor de 15.000 US$ millones cada año (7) y un
congelamiento casi absoluto de la inversión extranjera privada directa por
razones de riesgo debido a las expropiaciones como recurso intervencionista
del Estado.
El riesgo se acentúa cada vez más con la acción contradictoria y
desarticulada del gobierno y las tendencias hacia la mayor conflictividad
social que invade casi todos los espacios de la socioeconomía en que se
desenvuelve el ciudadano común.
La acción de gobierno se organiza cada vez más en torno a un
modelo estatista que emula con programada obstinación el llamado
socialismo real soviético, defenestrado por las reformas que tuvieron lugar en
la URSS a comienzos de los 90´s. Este socialismo real criollo trata
forzosamente de imponerse a contrapelo de numerosas experiencias
históricas fallidas en todo el mundo y cuyos ejemplos más resaltantes están
representados por la propia URSS y toda la Europa del Este que fue anexada
como satélite obligado de esa burbuja ideológica que explotó después de 70
años de pérdidas en cuanto a tiempo, recursos, vidas e ilusiones. Le sigue en
la fila de fracasos los harto conocidos experimentos realizados en Cambodia;
Albania; Korea del Norte; Perú con Velazco Alvarado; y Cuba.
Antonio Márquez S.
42
El estado actual de los indicadores económicos financieros y sociales
en Venezuela debería ser hoy un alerta oportuno quizás, para motivar una
exhaustiva evaluación de los objetivos y las políticas puestos en práctica por
el gobierno y en la medida de lo posible rectificar el sentido de los cambios
hasta favorecer un orden de la economía alineado con el rescate del
patrimonio nacional, con los valores económicos y con la realidad que
aconseja la práctica y los resultados hoy a la vista. El ´dirigismo´ estatista
sesgado de acuerdo a un modelo político autocrático ya está agotado
históricamente en el mundo. Los pueblos reclaman hoy participación activa
en el desarrollo de la sociedad a nivel tanto individual como colectivo;
protestan por obtener mejoras concretas en las oportunidades y tener
derechos políticos en la práctica, amparados por la carta de derechos
constitucionales y justificados por la historia. La gente exige respeto a lo que
fue aprobado bajo las reglas del sistema democrático dentro de un marco de
libre expresión de las ideas y el pensamiento. Los ciudadanos aspiran a la
separación expresa de los poderes que integran el poder público nacional
señalado expresamente en la Constitución y lucharán por preservar un clima
de transparencia, libertad, control y límites en la acción pública del Estado.
• Las Variables Relevantes y las Dimensiones del Riesgo
Después del derrocamiento de Pérez Jiménez en enero del 58, en
Venezuela el curso “normal” de la economía jamás implicó amenazas tan
grandes que pudieran significar una ´epirogénesis´ nacional. El gran
salvavidas que era el petróleo siempre funcionó como un recurso elástico que
por la suerte del propio negocio a nivel mundial y los mecanismos del crédito
público y el endeudamiento – que siempre mostró proporciones más o menos
manejables dentro de la estructura del PIB – solventaron situaciones de
premura que se presentaron principalmente en el ámbito cambiario (1983) y
financiero (1994) y menos en el campo de la economía real.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
43
Desde el año 2000 en adelante, en Venezuela se ha venido
configurando un ensayo económico que a troti mochi pretende emular el
modelo soviético estatista que instauró Stalin en Rusia y los países de Europa
del Este desde la muerte de Lenin en 1924 las medidas convergentes en tal
sentido, plasmadas en el llamado Plan Bolívar20007-2013, no pueden menos
que ocasionar un mayor obstruccionismo operativo en el ya bastante
deformado cauce de funcionamiento de la economía. Ello ocurre cuando se
trata, desde las imposiciones autocráticas del poder, de direccionar practicas
en la economía desvinculadas de la realidad, las cuales, en el corto y mediano
plazo causan asfixia en el desempeño de las variables que articulan el circuito
básico de la socioeconomía a la circulatoriedad financiera necesaria para
garantizar un determinado nivel de operacionalidad productiva.
En el esfuerzo por dimensionar de alguna forma, la situación de
riesgo generalizado en que se encuentra actualmente Venezuela, hay que
tratar de interpretar en red algunas variables y conceptos claves de la
socioeconomía y la política para visualizar las tendencias que explican el
modus operandi del ´nuevo´ sistema estatista y la ´rationale´, esencialmente
ideológica, subyacente en el sentido oculto del lenguaje de los cambios. Ello
ayuda a interpretar y comprender los resultados que se obtienen del
embotellamiento económico logrado así como sus razones esenciales de
ocurrencia. La comprensión permite explicarle al colectivo afectado, que son
en primera y última instancia los ciudadanos, y su condición de vida, la
medida de los daños sociales causados por el uso de esa lógica económica en
per contra del sentido común. La comprensión permite asimismo
dimensionar el riesgo al que se enfrenta hoy tanto el país como las futuras
generaciones y, el deterioro en curso del patrimonio no sólo nacional sino
familiar y hasta personal del venezolano común.
• El Gasto Público, El Déficit Fiscal y La Deuda.
Antonio Márquez S.
44
En Venezuela es suficientemente conocido el hecho de que el gasto
público constituye una muy poderosa palanca movilizadora de todas las
actividades, ligadas o no directamente a la economía. Su poder como
orientador decisivo del curso económico nacional adquiere mayor perfil
cuando se examinan las proporciones altas y recurrentes del déficit, el cual es
sufragado en forma cada vez más cuantiosa por vía extraordinaria mediante
la contratación de deuda externa e interna. De manera que el recurso del
déficit fiscal para financiar el gasto público ha comportado un efecto
importante en las expectativas de la sociedad en cuanto al logro de objetivos
se refiere, puesto que el endeudamiento implica compromisos de pago e
intereses que a determinado plazo tienen que ser sufragados con recursos
cuyo uso alternativo hubiese sido un mayor aporte al bienestar de los
ciudadanos. Por tanto la justificación y la eficacia de su uso debieran estar
garantizadas bajo una responsabilidad específica. Pero, con bastante
frecuencia – y casi como una ley – en el curso de la historia de la gestión
pública nacional, no han estado presentes ninguno de éstos requisitos. Si se
evalúan los registros históricos de crecimiento del presupuesto anual se
observan comportamientos a veces paradójicos donde convergen altos
ingresos fiscales, aumento del gasto y alto déficit con aceleración del ritmo
del endeudamiento sin que haya una concomitancia halagüeña en el
desempeño.
Después de la muerte de J.V. Gómez, el nuevo gobierno asumió al
país con un presupuesto público equilibrado y con una deuda saneada desde
el año 1930. Lejos, a comienzos del siglo XX, había quedado aquel escuálido
nivel del gasto público de extremada rigidez por su atadura tributaria a la
agricultura y al comercio como actividades económicas casi únicas y que en
cierta forma, ante el crecimiento demográfico y las necesidades de la
población, pudieron justificar una ampliación del gasto social mediante
empréstitos externos y deuda interna. Pero los ingresos públicos fueron
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
45
sobradamente satisfechos hacia la segunda década del siglo por la aparición
del petróleo como recurso fiscal. Y hay que decir también que, durante el
mandato de Gómez se contó con una eficiente hacienda pública, que con
disciplina y un criterio aldeano pero eficaz de austeridad, logró cumplir con
las obligaciones financieras del Estado y a su muerte, el saldo de la deuda
(8) era de Bs. 3.7 millones en el sector interno.
Es claro que, haber saneado la hacienda pública no eximió a su
gobierno de ser el responsable de un saqueo consistente del patrimonio
nacional ni tampoco de no haber auspiciado un clima de crecimiento y
desarrollo económico más acorde con el portentoso orden de los recursos
fiscales que se manejaron bajo una autoridad férrea que imponía inmediata
obediencia. Pero, al menos en materia fiscal se logró arraigar la práctica
institucional de no subestimar el principio general del equilibrio en las
cuentas públicas. En los gobiernos subsiguientes – militares y civiles – con
algunas excepciones por supuesto, este principio mínimo de gestión en
general, se resquebrajó y justo se instituyó, hasta el presente, la práctica de lo
contrario en la gestión pública.
Desde 1936 en adelante hasta las postrimerías del gobierno de Pérez
Jiménez, la importancia de la renta petrolera del suelo como componente
fundamental del presupuesto del gobierno creció a un ritmo relativamente
rápido como se observa en el cuadro N° 1 anexo. En 1938 ese porcentaje era
de un 26% y en 1956, año en el que comenzó el desorden fiscal del gobierno
y el deterioro económico junto al endeudamiento, ese porcentaje de
contribución alcanzó al 73%. A partir de allí comenzó un descenso
progresivo hasta 1964 cuando el gobierno de Betancourt decretó otra
devaluación del bolívar con respecto al dólar como recurso de acopio
extremo de ingresos fiscales dada la vigencia del decreto del Dr. Sanabria
(60-40) que puso cierto tope a los ingresos por tributación a las compañías
petroleras.
Antonio Márquez S.
46
Fuente: Tomado de: “Las ganancias extraordinarias y la soberanía
nacional (1.977) Comisión Ideológica de Ruptura. Cuadro N° 7. Tomo II.
Pág. 149.
Fuente: ONAPRE. Leyes del presupuesto años respectivos.
Documento: “Información Estadística” Exposición de motivos 2010.
De acuerdo al cuadro N° 1, desde 1950 y hasta 1972, los porcentajes
de participación de la renta petrolera en el presupuesto oscilaron en un rango
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
47
siempre superior a 50% lo cual da idea de su significación como
componente del gasto público.
En el lapso 2005-2011 del cuadro N° 2 las proporciones de
participación de la renta petrolera en los ingresos ordinarios del presupuesto
descienden desde un 53% en el año inicial, hasta casi un 28% en el último
año; ello debido a la creciente importancia con que sufragan al presupuesto,
la tributación a la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA) que en
conjunto como fuentes internas aportan un 58% del presupuesto en 2011. Sin
embargo, en la real significación del negocio petrolero en el ámbito de la
dinámica económica, está el hecho de que solo por las ventas del crudo en los
mercados internacionales se aporta al país el 95% de los ingresos por divisas;
evento el cual define tanto ingresos extrapresupuestarios superiores a los
montos totales del presupuesto nacional anual, como el nivel de nuestras
reservas internacionales y por ende la cualidad del tipo de cambio, así como
las características del sector financiero nacional y las políticas públicas en
general.
Pero, el gasto público como palanca financiera ha sido el gran motor
forjador del capitalismo venezolano por vía de la traslación de la proventos
internacionales del petróleo a la economía interna usando como recurso la
fijación sobrevaluada del tipo de cambio por el Estado lo cual dotó de un
gran poder de compra en el mercado mundial a los empresarios nacionales,
quienes hicieron sus inversiones de acuerdo a las ventajas que proveía esta
realidad y además contaron con una estructura arancelaria siempre
proteccionista. Asdrúbal Baptista (9) señala para Venezuela, como la
acumulación de capital que ha ocurrido hasta ahora, está en relación directa
con la renta petrolera (Ref: ídem pág. 66).
Y agrega que, en el lapso de 1920 a 1960 “la acumulación de capital
en Venezuela,…rigió un patrón muy acelerado, transformando de raíz la
escena material de la sociedad, tras ese lapso económico, no debe dudarse, se
Antonio Márquez S.
48
halla el petróleo en toda su integra significación. De no haber estado éste
presente cabe preguntarse, ¿Cómo podía la economía venezolana haber
llevado a cabo el descomunal esfuerzo acumulativo que la hizo duplicar su
acervo de capital por habitante en apenas 16 años, ó a triplicarlo en solo 27
años, ó a multiplicarlo por 7.5 veces en 40 años?”.
Durante los 12 años de gobierno de Hugo Chávez la vieja práctica
del uso del gasto público ampliado, con énfasis en el gasto corriente, ha
continuado sin mayor variación en un país donde la estructura de la economía
que se configuró desde la aparición del petróleo en los años 20´s del siglo
pasado, a grandes rasgos permanece inmanente. Persisten, y ahora con mayor
grado de complicación por el creciente avance de la estatización, los
componentes básicos, característicos de todo país subdesarrollado: i) la falta
de diversificación en la economía; ii) economía altamente vulnerable por la
monoproducción; iii) incertidumbre en cuanto a un crecimiento y desarrollo
económico sostenible; y iv) bajo nivel en la calidad de vida ciudadana.
Bajo el gobierno de Chávez el nivel del gasto público se ha ampliado
sustancialmente a través del endeudamiento fiscal externo e interno y además
por el manejo discrecional y sin control fiscal del llamado ingreso
exorbitante y del gasto paralelo extrapresupuestario. Y con el mayor gasto ha
crecido también la desarticulación en su ejecutoria, la cual no logra
concatenar los objetivos esenciales que demanda el desarrollo, con las metas
plasmadas en las formulaciones del presupuesto anual (10)
También han crecido los precios del crudo petrolero que negocia la
OPEP en los tres últimos años; y eso ha motivado una expansión de los
recursos en manos del gobierno venezolano el cual estableció un techo de 40
dólares el barril para las estimaciones del presupuesto sujetas al control fiscal
de los organismos contralores competentes por Ley. El resto “está eximido”
de control y regulación y, siendo cuantiosos (hasta abril del 2011 cerca de los
60 dólares por cada barril negociado) se usan a la libre por el gobierno sin
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
49
consulta ni autorización de los poderes públicos ni sus instituciones, llegando
a conformar un presupuesto paralelo que es utilizado para incidir de forma
determinante en toda la economía nacional y sobre el avance controlado del
modelo socio-político autocrático en que se apoya el gobierno.
Según declaraciones de la firma consultora Ecoanalítica (Diario El
Nacional de fecha: 20/02/11) diez fondos estructuran la institucionalidad del
llamado gasto paralelo que se configuró a partir de 2004 cuando se
aumentaron sostenidamente los ingresos fiscales. Entre ellos destacan, el
Fondo de Desarrollo Nacional, (FONDEN) y el Fondo Pesado Chino. El
primero ha recibido entre 2005 y 2010 recursos por el orden de los 67
millardos de dólares, conformados a partir de reservas excedentarias del
BCV y remanentes de PDVSA.
El Fondo Chino, que centraliza los préstamos del Banco de
Desarrollo de China, recursos del Bandes y del propio Fonden, ha dispuesto
hasta la fecha de recursos financieros por el orden de los 18 millardos de
dólares.
Se agregan al universo de los fondos, el Fondo ALLAN que engloba
los reintegros de los entes oficiales y el Fondo Renot, el cual acopia los
ingresos que se reciben de notarias y registros. También existen los
mecanismos de financiamiento que se canalizan desde los Fondos MAO y
Simón Bolívar que administran los intereses que provienen de las
colocaciones del Fonden y Fondo Chino; y el primero también recibe
recursos de PDVSA para incrementar sus disponibilidades y aplicar en los
gastos de reconstrucción del país causados por los desastres de las lluvias que
ocurrieron a finales de ese año. Hasta enero del 2010 el gasto paralelo
representaba un 71% del presupuesto del año y sus disponibilidades estaban
en el orden de los 34.7 US $ millardos.
Esta inmensa suma de recursos debería tener una expresión
verificable – por vía de la supervisión y el control – en obras y servicios, o en
Antonio Márquez S.
50
todo caso mensurable a través de la adición hecha al acervo nacional no
residencial o como parte de otros componentes que aseguran la calidad y el
disfrute de la condición de vida de los ciudadanos. Pero no pueden estos
fondos seguir siendo parte de un destino poco transparente y menos aun
exentos del control institucional necesario que pueda dificultar algún grado
de exigibilidad por la sociedad.
A este respecto del presupuesto paralelo del cual dispone el gobierno
de Chávez, el Dr. Maza Zavala (11) señala con acierto que en verdad existen
tres presupuestos que maneja el Estado: un presupuesto formal de Ley, un
presupuesto adicional donde deliberadamente se subestiman los ingresos
fiscales para luego tener un margen de maniobra que se maneja por vía de los
créditos adicionales y, un tercer presupuesto sin control fiscal, ni
parlamentario, ni social que es aquel conformado por los recursos que se
administran a través de los fondos anteriormente mencionados (Fonden,
Fondo Chino etc.) y que constituyen la base objetiva del poder real de gasto,
tanto interno como externo, que tiene el gobierno nacional para direccionar
su gestión, atada ésta – como antes – al solo negocio petrolero y sus
complejas derivaciones en el sector financiero nacional e internacional.
Algunas cifras son ilustrativas de la magnitud de los recursos y del
poder efectivo que se maneja a través de los instrumentos fiscales del
presupuesto por parte del gobierno a nivel global (Poder Público).
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
51
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto. Leyes de Presupuesto respectivas.
Analizando en comparativo algunas de la proporciones en el cuadro
N° 3 se tiene que, desde el año 2009 hasta el 2011 los ingresos totales se
incrementaron en 19% mientras que los ingresos corrientes ordinarios
crecieron en un 28%; no obstante los ingresos obtenidos de otras fuentes de
financiamiento (deuda), se incrementaron en 5% en los dos años extremos. El
gasto corriente aumentó un 9.4% y el gasto de capital e inversión no se
movió en términos porcentuales. Evaluando las participaciones
proporcionales en cada año, la recurrencia a las fuentes de financiamiento
distintas a los ingresos ordinarios disminuyeron poco, de 22.6% en el 2009
al 20% en 2011; siendo que el gasto corriente, en proporción se mantuvo
entre 85 y 78% mientras que el gasto en capital e inversión varió su
proporción en los dos años comparados al bajar de 24% al 20% durante los
dos años referenciados.
Ya desde la perspectiva de este somero análisis, se perciben serias
inconsistencias reñidas con las reglas de la sanidad fiscal en la formulación
de estas ´Leyes´ del presupuesto regular de la nación para esos años; y es que
ni siquiera amparándose en el crecimiento de los gastos corrientes (25%) se
Antonio Márquez S.
52
justifica recurrir a un endeudamiento de más de Bs. 40.000 millones en
2011como se reseña en el cuadro.
Y estos parámetros son los que inicialmente convergen hacia lo que
se denomina el presupuesto formal de ley. Hay que agregar ahora los flujos
que configuran el llamado por Maza Zavala (Ref. citada Revista Nueva
Economía N° 28) presupuesto adicional, donde los créditos adicionales
definen otro perfil del gasto público todavía más desarticulado –por lo
improvisado, abrupto y la poca objetividad existente en su justificación– de
objetivos acordes con los requisitos del crecimiento armónico productivo que
reclama el desarrollo del país.
Fuente: MIN Economía y Finanzas. Gacetas oficiales. ONAPRE.
Información Estadística. Exposición de Motivos 2010 Comparativos de
Créditos Adicionales y Presupuesto: Cálculos Propios.
En el cuadro N-° 4 se observa que, el recurso del crédito adicional es
un componente recurrente del gasto público después de haber sido formulado
el presupuesto anual. En la serie de años reseñada la proporción del gasto
desprogramado – o no planificado – siempre superó 1/5 del presupuesto; y
durante los años 2008 y 2010 alcanzó proporciones más elevadas del 28 y
44% respectivamente.
Los créditos adicionales agregados durante los cuatro años completos
sumaron un monto total de Bs.F 187.428 millones, lo cual representó casi un
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
53
30% de la sumatoria de los presupuestos en esos años que fue de Bs.F
655.255 millones.
Con respecto al cuatrimestre Enero – Abril de 2011 destaca el hecho
de que comenzando el año ya se autorizó gasto adicional por un monto
superior a los Bs.F 10 mil millones, concentrado paradójicamente en un 76%
solo en los Ministerios de Planificación y Finanzas; Min. Salud e Interior y
Justicia (Ref. gaceta Oficial 2011referenciadas en Diario: Reporte Diario de
la economía, del 13/05/2011: pág. 5).
Con relación al presupuesto paralelo, la firma consultora
Ecoanalítica (Ref. Diario El Nacional del 28/04/11) señala que la industria
petrolera, entre 2004 y 2010 destinó a los llamados fondos de gasto del
gobierno 44 millardos de dólares, de los cuales 28 millardos fueron al
Fonden. La ejecución de estos recursos, como se sabe no es detallada por los
organismos a cargo de su ejecución y tampoco están sujetos a control fiscal
alguno (ni por la Contraloría General de la República, ni por la Asamblea
Nacional y menos por Contraloría Social) ni tampoco se adhieren a alguna
rendición de última instancia ante representantes de esa figura coloidal que es
el llamado poder ciudadano, señalado en el artículo 272 de la Constitución
Nacional. En verdad, la Fiscalía General de la República debe investigar las
denuncias de hechos pertinentes para determinar la omisión de
responsabilidades y las presuntas transgresiones y daños al patrimonio
público por parte de funcionarios en ejercicio indebido de sus funciones.
Similarmente la Contraloría General tiene que fiscalizar todos los
componentes y usos del gasto del Estado, sin privilegios dentro del poder
público establecido. Todo el gasto público tiene que ser integralmente
auditable en aras de la transparencia en la gestión.
Para precisar un mayor orden de magnitudes, durante el lapso de
2005 al 2010, el Fonden recibió 67 millardos de dólares provenientes de los
recursos excedentarios del BCV y los remanentes de PDVSA (Ref.
Antonio Márquez S.
54
Ecoanalítica Diario El Universal del 20/02/11, pág. 10). El destino genérico
de esos fondos de gastos del alto gobierno para proyectos y otros pagos, es
difuso e inauditable, con lo cual se mantiene una discrecionalidad perversa
en el uso de los recursos y se burla la restricción regulatoria y de control
establecida en la ley de presupuesto cuando señala la prohibición de ´usos
distintos´ a los previstos en las partidas establecidas en la ley.
Otros movimientos de fondos por esta tercera vía del presupuesto
paralelo, que se extraen de algunos informes y documentos de ejecución
hechos para consumo intra–gobierno (Ref. Diario El Universal, 14/05/2011;
pág. 8) refieren del otorgamiento pródigo dado a las llamadas Empresas
Socialistas ó de producción Social, por un orden de 2.900 millones de dólares
desde el año 2007 hasta el cierre del 2010. De ese monto el Fondo Chino
asignó 1.500 millones; pero en total para el país, por este mecanismo, desde
su constitución en 2008 se han ejecutado hacia destinos diversos cerca de
12.000 millones de dólares mediante préstamos del Banco de Desarrollo de
China con resultados inescrutables en la práctica a la hora de medir aportes
en términos de producto. En agosto de 2010 se tramitó una extensión de
20.000 millones de dólares adicionales (Ref. diario El Nacional, 26/03/11,
pág. 4), con ello la deuda externa nacional se incrementa sustancialmente por
esta vía sin que hasta ahora se haya logrado algún éxito burocrático como por
ejemplo, morigerar la inflación y darle sostenibilidad a las tasas de
crecimiento de la economía real ni activar un aporte concreto del sector
“productivo” socialista que supere siquiera un 2% de PIB total.
Haciendo un breve resumen conclusivo previo, sobre el típico modus
operandi del gasto público vía el presupuesto regular, los créditos adicionales
y el gasto paralelo como herramientas que se manejan desde el alto gobierno,
puede señalarse como gran colofón que, el ciudadano común sigue siendo el
gran afectado en sus intereses por ese desorden público prevaleciente en el
manejo de las finanzas, atadas como están a un solo recurso primario que son
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
55
los proventos que derivan de la renta internacional del petróleo. Existe una
considerable falta de apego y desidia por parte del gobierno hacia los
estudios técnicos a la hora de medir factibilidad en los proyectos del Estado
donde se gastan con dispendio indolente los recursos del país. Existe así
mismo una apremiante falta de regulación y control legal (constitucional) y
social (gremios, sindicatos, ciudadanos etc.) para enmarcar la
institucionalidad que orienta la ejecución del gasto de manera que se obligue
al Estado a mantener la transparencia en el uso de los fondos y la
inalterabilidad de las normas y principios del control en la administración, la
gestión fiscal del aparato público y la eficiencia del gasto. Ello constituye un
principio elemental de propósito hacia un desarrollo que auspicie y fomente
la acumulación de capital y la formación de excedente económico alineado
con una distribución del ingreso con más equidad que actúe como
condicionante para apoyar un modelo productivo viable.
De manera que, el ciudadano tiene que crecer en el dominio de su
espacio como sujeto y objeto que es del desarrollo y, en esa medida elevar su
nivel de exigencia en cuanto a obtener el grueso de las mejoras posibles a su
condición de vida y el aseguramiento de una sostenibilidad que le permita
trascender como ser humano.
La condición socioeconómica de vida de los ciudadanos se hace
sostenible en la medida que se logre superar en el país el riesgo y la
vulnerabilidad en la economía y cuando se afirme una institucionalidad que
concite la realización en la práctica de los preceptos contenidos en la
Constitución Nacional y éstos logren ser asimilados y concientizados como
fuerza movilizadora de sus derechos, luchas y reivindicaciones.
El diagrama N-° 1 (página 57) intenta reflejar de manera grafica, la
dinámica de las relaciones esenciales que tienen lugar dentro del circuito
socioeconómico de la realidad nacional venezolana de acuerdo al marco
establecido en la Constitución Nacional, y cuya institucionalidad establece
Antonio Márquez S.
56
los instrumentos y recursos para activar procesos transformadores de una
situación presente hasta lograr los objetivos referenciales de un desarrollo
factible.
En principio hay tres grandes bloques interactuando: i) Los
instrumentos/medios/recursos, que comprenden dos sub- componentes
definitorios y de gran envergadura como son el gasto público y la inversión
privada. Ambos en conjunto o por separado, son factores decisivos a la hora
de movilizar recursos (financieros, tecnológicos, materiales, etc.) y medios
de producción hasta obtener un determinado nivel de oferta de bienes y
servicios. De una concurrencia armónica de ambos componentes en el
proceso productivo, derivará una mayor fuerza conectiva actuando en la
economía, propendiéndose a la mayor eficiencia en su desempeño y a la
obtención de mejores resultados en el crecimiento. ii) como efecto inducido
del bloque conformado por el gasto público y la inversión privada, tiene
lugar la configuración de una situación expresada en procesos de ocurrencia
transversal y simultánea como son: el grado de diversificación de la
economía; el logro en el esfuerzo por reducir la vulnerabilidad del país
(monodependencia petrolera sobrevaluación cambiaria por ejemplo); el
avance en asegurar un crecimiento y desarrollo sostenible; y, la
consolidación de un nivel aceptable y de calidad en la condición de vida
ciudadana. iii) por último está un tercer bloque que representa el objetivo
/producto de la interacción de los instrumentos/recursos en el desarrollo de
los procesos/situación de la economía. Este bloque final pero interactivo con
los dos bloques precedentes, reproduce en resultados mensurables los logros
del ciudadano común, en materias básicas y vitales como el empleo /ingreso;
la salud (condición y acceso); la ingesta alimentaria; el progreso educativo y,
la dotación de viviendas dentro de un estándar aceptable.
Desde la perspectiva descrita, se observa entonces, por una parte, el
referencial obligado que es la Constitución Nacional y su cuerpo ético –
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
57
moral de principios y valores que constituyen los preceptos fundacionales
que regulan el funcionamiento de los poderes públicos en el marco de las
relaciones entre los preceptores que son los órganos del Poder Público
Nacional y los receptores que son los ciudadanos; ambos con derechos y
obligaciones. Y por otra parte, de acuerdo a las condiciones y circunstancias
en que se desenvuelvan los procesos ligados a la economía (p. ej. La
diversificación; la vulnerabilidad; sostenibilidad etc.), está el logro de los
objetivos que se vinculan con el fin último del desarrollo que es, el
afianzamiento de una condición de vida sostenible en los ciudadanos, quienes
son realmente el factor activo que debe estar empoderado para la exigencia
continua de cumplimiento pleno y suficiente de las obligaciones asignadas
por Ley al Estado bajo el orden democrático.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
59
III. HACIA UNA POLÍTICA ECONÓMICA INTEGRAL
Las exigencias que plantean las nuevas realidades económicas,
políticas, sociales y culturales, manifiestas en esta primera década del siglo
XXI en el mundo y particularmente en Venezuela, justifican reflexionar y
actuar con mayor responsabilidad ante la diversidad y la envergadura de las
amenazas que afectan hoy la condición de vida de los ciudadanos y asegurar
ahora, mejoras sostenibles para el caso venezolano según los preceptos
establecidos en la Constitución Nacional de la República.
Ello es una condición sine-qua-non para avanzar hacia la
estructuración de una política económica suficientemente comprehensiva en
lo que se refiere a transformar aquellos aspectos que son esenciales para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en un verdadero recurso de la
fuerza productiva nacional.
El efecto de una política así concebida hacia lo social, auspicia en
buena parte su viabilidad junto a la incorporación de otros requisitos como el
de la voluntad política hacia los cambios y otros ubicados en el campo de la
racionalidad económica implícita en las propias medidas para impulsar la
movilización de recursos materiales y financieros y del factor humano y las
tecnologías.
El diagnóstico de la realidad del país ya ha sido descrito y difundido
su perfil por numerosos autores, gremios y organizaciones desde distintos
ángulos y perspectivas. Algunos con mayor alcance y profundidad que otros
pero, en todos afortunadamente ha privado la voluntad de contribuir a superar
fallas y carencias aplicando correctivos para lograr un mejor desempeño en la
gestión global del país. Sin embargo, cierta garantía, al propósito de diseñar
una política integral sobre la economía del país, le confiere el hecho de
exponer las causas interconectadas de los fenómenos que en mayor
Antonio Márquez S.
60
proporción explican los resultados actuales, a los efectos de propiciar
soluciones integrales alineadas con el desarrollo.
• Potencial, Oportunidades y Trabas.
A grandes rasgos, Venezuela dispone de un inmenso potencial en
cuanto a recursos se refiere, el cual de manera relevante capitaliza el petróleo
desde hace casi 100 años, pero que lastimosamente aún se negocia en los
mercados mundiales como una materia prima (crudo) sin mayor agregado de
valor nacional. Dispone también el país como activo valioso, un recurso
humano que, aunque de escasa capacitación promedio por ahora, en el plano
productivo tiene que ser provisto de oportunidades de empleo,
adiestramiento, formación técnica y educación formal suficiente para elevar
sus niveles de calificación y la productividad necesaria hasta estructurar una
fuerza productiva robusta que sirva de respaldo al esfuerzo nacional por el
desarrollo y a las mejoras en las condiciones socioeconómicas de vida del
propio ciudadano.
En tercer lugar, como pieza relevante de ese potencial están las
industrias básicas de Guayana, cuya importancia a la hora de establecer las
fronteras de lo posible en lo que respecta a la industrialización diversificada,
tienen que ser incorporadas como una pieza angular de fondo, toda vez que
la inmensa formación de capital fijo y tecnología que se ha consolidado allí
desde la década de los 50’s junto a la experticia desarrollada en sus procesos
técnicos y operativos, aparte de las ventajas comparativas disponibles para
sus productos tan diversos y la existencia real de mercados, son factores que
configuran una potencialidad cierta y factible.
A pesar de la dotación o acervo que en grado importante tiene el país
de ciertos componentes y recursos cuya explotación ya dispone de un
recorrido a través de una curva de aprendizaje, han emergido numerosas
trabas de dificultad variada que han logrado obstruir – y a veces distorsionar
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
61
– un aprovechamiento socioeconómico concreto de mayor alcance y
profundidad. Y ello ha derivado en la pérdida de oportunidades para impulsar
procesos tecnológicos básicos encadenados directamente al propósito de
alcanzar un desarrollo económico suficientemente diversificado.
• Se Avanza Hacia la Epirogénesis de la Economía.
Desde cualquier ángulo importante en que se analicen las tendencias
de la economía venezolana en los últimos 25 años se llega a la casi unánime
conclusión formal de que en el país se ha incubado el riesgo, la pérdida de
oportunidades y la incertidumbre en lo que se refiere a impulsar las
transformaciones necesarias que permitan superar el status del subdesarrollo.
Siguen presentes las ausencias y el yerro en la aplicación de políticas
que por su naturaleza y debilidad conceptual teórico-práctica, no han logrado
llegar al fondo del problema. Al menos en lo que respecta a alterar en
positivo y con sentido de cambio, sus rasgos más esenciales y el circuito
dispendioso y errático de su funcionamiento.
Diversificar la economía, reducir su vulnerabilidad, asegurar un
crecimiento y desarrollo sostenible y consolidar un nivel aceptable y con
calidad en la condición de vida de los ciudadanos son, desde una perspectiva
general, los objetivos estratégicamente necesarios, los cuales son factibles,
dado el acervo y potencial de recursos – y factores – existentes. Al menos ha
sido así desde la segunda mitad del siglo pasado cuando se comenzaron a
sentar las bases de la Corporación Venezolana de Guayana y SIDOR como
industrias básicas pioneras de un desarrollo posible que se avizoraba viable.
También lo era porque ya el recurso petrolero como nutriente ordinario del
erario público se había consolidado suficientemente en cuantías de alto
contorno que rondaban – nominalmente – las proporciones del impuesto
“fifty – fifty”. Eso desde el punto de vista económico, pero del lado
sociopolítico crecían las expectativas ciudadanas por la participación real, en
Antonio Márquez S.
62
la bonanza global ligada a la construcción masiva de obras públicas y a la
presión al máximo de la renta petrolera por el gobierno para aumentar el
gasto fiscal.
A partir de 1958 se desencadenó el período democrático formal del
país y con ello el factor humano avanzó y llegó a consolidar en su conciencia
regular, las costumbres democráticas de la convivencia y de las luchas civiles
por sus derechos constitucionales.
La presencia simultánea aunque dispersa de estos requisitos no fue
suficiente para abrir cauces más amplios en el desarrollo y aun hoy perviven
las trabas con nuevas fachadas, barnizadas ahora tras interpretaciones
ideologizadas de la realidad que para nada ayudan en las transformaciones
necesarias para sortear las dificultades que plantea el desarrollo real posible.
El intrincado numérico esencial del subdesarrollo venezolano
colocado hoy peligrosamente frente al umbral de una epirogénesis
económica, según nuestra óptica, puede ser visualizado a través de los
siguientes componentes adscritos a sus respectivas variables al tiempo de hoy
(12).
1. Gasto Público Improductivo.
En general, la exageración en el gasto público improductivo o
corriente, es un rasgo típico de las economías de países subdesarrollados. En
Venezuela esta característica ha adquirido una naturaleza estructural con el
correr de los años y su orden relativo creciente va desde un 65% del gasto
público total en el año 2000 hasta un 72% en 2010 (Ref: BCV, cuadro de
ingresos y gastos fiscales, informes anuales, referidos por el Dr. Maza
Zavala. Revista Zeta, número 1769 del 27/08/10). Dentro del campo
normativo, el gasto corriente debiera ser financiado a través de la tributación
interna principalmente, mientras que los proventos de la liquidación
progresiva de un activo patrimonial nacional como el petróleo debiera
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
63
´transmutarse´ en otros activos, más permanentes, como la ampliación de la
capacidad productiva de la propia industria petrolera y la del resto del país
por vía de la formación de capital fijo junto al desarrollo y capacitación de la
fuerza productiva laboral. En el presupuesto público anual reseñado en el
cuadro abajo, durante un período de 10 años, el gasto de capital se mantuvo,
casi fijo en un 20% del gasto total y el gasto social bajó de un 15% en el
2000 a casi la mitad en el 2010.
Fuente: BCV (citado en Revista Zeta N” 1769 del 27/08/10)
Desde esta perspectiva en el funcionamiento y modus operandi del
gasto público, es difícil esperar un impacto de significación para tratar de
diversificar la economía, al menos en su componente más dinámico como
generador de empleo productivo, que es la industria manufacturera,
abarcando en este propósito de manera directa a las industrias básicas de
Guayana, colocadas hoy en el umbral de un serio y definitivo declive de no
tomarse medidas apropiadas para su rescate. Según cifras del BCV (13),
desde el año 1999 hasta el 2010, la participación de la industria
manufacturera en el PIB total se ha mantenido en una proporción
relativamente estable del 14% sin mayor variación, generando un empleo que
ha permanecido en el orden de 1.200.000 trabajadores. Durante este período
de años relativamente largo, los precios del crudo petrolero venezolano
Antonio Márquez S.
64
mejoraron sustancialmente desde un nivel de 26 US$/barril en el año 2000
hasta alcanzar en diciembre de 2010 un promedio de 73 US$/barril (BCV) y
de casi 100 US$ barril en 2011, lo cual significó ingentes recursos como
ingresos del erario público (14) . Junto a los precios del petróleo, los ingresos
fiscales aumentaron también por el endeudamiento externo e interno total, el
cual incluyendo la deuda de PDVSA y la adquirida a través del Fondo Chino
se montó en el orden de los 112.000 US$ millones. Y ello configura un nivel
de deuda representativo como compromiso de recursos que tienen que ser
cancelados en el futuro prudencial y que implican asignaciones periódicas del
presupuesto anual por concepto de servicio de la deuda para amortización e
intereses.
Con lo señalado se quiere destacar que, las proporciones de
participación relativa de los sectores que conforman la estructura económica
del país no han cambiado esencialmente a pesar de las inmensas
proporciones que ha adquirido el ingreso fiscal. Es decir, que las aplicaciones
del gasto público no se han focalizado sobre aquellos componentes del
circuito económico que son cruciales y determinantes para activar el
desarrollo concatenado de estructuras productivas enlazadas a un crecimiento
diversificado, con poder propio para auspiciar su sostenibilidad. Escasamente
el gasto ha servido para atender de forma inercial el crecimiento de algunas
necesidades públicas advenidas por el aumento demográfico y para atender el
funcionamiento de la burocracia del Estado, estructurado hoy día este
componente sobre una base del 40% en exceso de lo necesario.
La agregación de algunos cálculos al análisis, agravan más las
conclusiones previas cuando entran al juego político del presupuesto anual la
consideración de estipular para los ingresos fiscales un precio del barril de
crudo petrolero calculado a razón de 40 dólares; mientras que el resto, o
diferencia con respecto al precio actual de cotización en los mercados
internacionales de crudo (60 dólares promedio), se asigna a un presupuesto
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
65
paralelo de manejo discrecional de la presidencia de la República, sin ningún
sistema de control y fuera del ámbito regular supervisorio de la Asamblea
Nacional (Poder Legislativo); la Contraloría General de la República o
cualquier otro mecanismo permanente de control
Algunas estimaciones proveen una idea bastante cierta, del orden de
recursos tan poderosos que maneja el gobierno nacional a la hora de
coordinar sus acciones solo en lo económico, político y en lo financiero por
señalar algunos.
• Algunas Estimaciones Relevantes del 2011.
Partiendo de una producción diaria de crudo petrolero de 2.300.000
barriles y venta segura a USA de 1.200.000 barriles/día al precio de venta
promedio (prudencial) de 90 US$/barril, se obtiene un interesante perfil de la
frágil coyuntura actual de Venezuela según los siguientes algoritmos:
Estos recursos portentosos (108 millones de dólares diarios) para un
país pequeño como Venezuela se conforman para el Estado por vía de la
liquidación del activo petrolero; pero a los recursos totales hay que agregar
los que ingresan anualmente por vía de la tributación interna (ISR e IVA,
etc.) que del ingreso fiscal presupuestario en el año 2011 estuvo en el orden
de BsF. 118.051 millones que representan 27.453 US$ millones
(convirtiéndolos a dólar = 4.30 bolívares), lo que representó un 58% del total
Antonio Márquez S.
66
de los ingresos expresados en la ley de presupuesto por un monto de BsF.
204.208 millones (Ref. ONAPRE. Ley de presupuesto 2011). Haciendo la
conversión, los ingresos totales de la ley de presupuesto conforman un
equivalente en dólares de 47.490 millones de dólares. (sin incluir los créditos
adicionales) que sumados al ingreso extra-fiscal anual de 21.900 US$
millones, conduce a un gran total real de 69.390 US$ millones.
Esta modalidad suí-géneris que tiene el Estado venezolano de
manejar tales volúmenes de los ingresos públicos se puede representar con
fines de ilustración de la siguiente manera.
El diagrama, con cierta síntesis, expresa el mecanismo
aparentemente simple pero perverso a través del cual se recrudecen las
rigideces de las trabas al desarrollo las cuales favorecen resultados en contra
de la creación de empleo productivo; impulsan la inflación existente por la
escasa producción interna de bienes y servicios; aumentan la voracidad fiscal
dependiente del factor precios del petróleo en los mercados internacionales;
acentúa la regresividad de la estructura de distribución del ingreso; impulsan
el afianzamiento del centralismo planificador; el endeudamiento exagerado
como vía nutriente del gasto público y la balanza comercial deficitaria
recurrente.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
67
2. Estancamiento de la Propensión a Invertir.
El sector privado venezolano ha visto mermadas sus expectativas de
crecimiento en el espacio económico que permite el mercado y también en lo
que se refiere a integrarse a los planes de desarrollo que desde el Ministerio
de Planificación Centralizada auspicia el gobierno.
Varios factores conspiran contra el propósito del sector privado
industrial y agropecuario de contribuir con la producción interna de bienes y
servicios; entre los más relevantes destacan:
� El carácter errático y desarticulado de las acciones y
políticas públicas sectoriales.
� La competencia desorganizada aunque compulsiva como
productor y como comercializador que hace el Estado contra el sector
privado productivo.
� Las expropiaciones y confiscaciones de activos (empresas,
máquinas, equipos, terrenos, fundos productores, etc.) que como práctica
recurrente asume el Estado para acentuar su ´dirigismo´ económico.
� La administración selectiva y tardía del control cambiario
para asignar cuotas de divisas que son marcadamente insuficientes para
adquirir en el extranjero materias primas, bienes intermedios y de capital
necesarios para mantener el ciclo productivo empresarial y cubrir el mercado.
� El riesgo propiamente dicho de invertir en ampliaciones de
la capacidad productiva si prevalecen circunstancias de incertidumbre que
magnifican los “cuellos de botellas” que de por si coexisten dentro del
circuito vicioso del subdesarrollo como son: baja productividad laboral, altos
costos de la producción, insuficiencia de insumos, sobrevaluación del tipo de
cambio, burocracia portuaria excesiva, etc.
Antonio Márquez S.
68
Desde esta perspectiva, auspiciar un clima atractivo a la inversión pasa por
superar esta hilera de obstáculos cuya permanencia impide concretizar las
bondades clásicas de un desarrollo económico alineado con el desarrollo
social. El diagrama arriba, muestra como, a partir del aumento de la
propensión a invertir se activarían en cadena algunos nodos del desarrollo
considerados como medulares en el circuito socioeconómico del sub
desarrollo bajo el supuesto de que se auspicie un proceso de crecimiento
económico incluyente del sector privado, tal como está establecido en la
Constitución Nacional.
Las bondades resultantes, en verdad representarían logros
estratégicos, los cuales se autorefuerzan como tales, concretando un clima
propicio indispensable para el desarrollo socioeconómico productivo y
diversificado. El aumento de la propensión a invertir está referido en el
contexto de acuerdo a su acepción keynesiana (15) como la tendencia de los
empresarios privados a gastar sus ingresos en bienes de capital; y será mayor
en la medida en que la rentabilidad de las inversiones supere con creces a las
tasas de interés prevalecientes. Esta propensión a invertir se verá a su vez
animada también por el rescate de la confianza en cuanto a la marcha general
de la economía. A partir de allí, en un contexto como el venezolano influido
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
69
a todo nivel por la monoproducción petrolera, tienen que auspiciarse
objetivos como el superávit en el comercio exterior; el desarrollo de la
industrialización en la producción; el crecimiento del PIB per-capita en tasas
aceptables; y la más importante de todas: las mejoras progresivas de la
condición de vida ciudadana. Como requisitos necesarios para la consecución
de estos objetivos deberá avanzarse en el crecimiento de la producción no-
petrolera a un nivel con suficiente diversificación y con aumentos
significativos en la oferta interna de bienes y servicios acompañada de mayor
empleo formal productivo. En base a ello, pueden obtenerse cambios en la
estructura de la composición sectorial de la economía acompañados de una
baja en su vulnerabilidad por la disminución de la dependencia petrolera, con
un mayor y creciente uso de la capacidad instalada y con más equidad en la
distribución del ingreso.
3. Planificación Centralizada.
La planificación nacional del uso de los recursos nacionales, físicos,
humanos, financieros, tecnológicos, etc. y su organización y
aprovechamiento, emana hoy de una oficina ministerial, dotada
incondicionalmente de todo el poder político inmediato, requerido para trazar
objetivos, metas, disponer medios, instrumentos y fines a nivel multidiverso
en el plano localizacional territorial e institucional. Ello constituye toda una
panorámica de ensayo holística, operando como una tenaza de acción
progresiva que avanza sin coto bajo la premisa general de estatizar todo el
espacio económico disponible y controlar desde un nivel político superior y
omnipresente la propiedad de los bienes de uso, los medios de producción y
la disposición y disfrute del excedente económico durante un período de
tiempo anexo al largo plazo.
Estas potestades autoasumidas por el gobierno bajo el pretexto de
honrar la función resguardatoria del interés general que tiene el Estado, se
Antonio Márquez S.
70
ejercen bajo circunstancias generales de transgresión a lo establecido en el
articulado de la Constitución Nacional, por cuanto esa interpretación –y
ejecutoría – supone la no existencia de una separación de los poderes que
conforman el llamado Poder Público Nacional (artículo 136), señalado en la
Constitución Nacional.
Además, en el plano económico, hay convergencia mundial en que,
el Estado no sabe más que los individuos acerca de lo que les conviene y,
está comprobado que no es un buen localizador –ni asignador– de los
recursos de la sociedad. El mercado no puede ser sustituido por los
planificadores centrales (Carlos Blanco, Mayo 2011, El Nacional).
Adicionalmente, asumir –y desempolvar desde el más oscuro closet–
la planificación centralista de la economía después del estruendoso fracaso
socioeconómico y político que significó el desmontaje de la URSS, es
realmente un capricho senil de la más supina connotación e ignorancia
histórica. Aparte, hay una gran dosis de irresponsabilidad y obsesión lúdica
cuando el destino socioeconómico de un país es arriesgado a través de un
ensayo cuyos resultados son ya conocidos como hechos históricos de fracaso
e inoperancia práctica en un conjunto importante de países de Europa del
Este y Asia.
En Venezuela, los decretos de respaldo a la planificación centralista
ministerial, junto a las expresiones institucionales prácticas de ese propósito,
han dado lugar a algunos conflictos operativos importantes en la gestión
pública como son: i) la sobrecarga de funciones adscritas a PDVSA, lo cual
ha colocado su control administrativo fuera de lugar, incidiendo
negativamente en la ampliación y rescate de su anterior capacidad productiva
y operativa. ii) ese mismo tipo de planificación genérica y centralista desde la
capital del país, ha ocasionado una restricción férrea a la autonomía
administrativa y gestión en las industrias básicas de Guayana incluyendo en
ese paquete al Sistema Eléctrico Nacional (SEN,) a la industria petroquímica
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
71
y también a los niveles regionales y locales de gobierno (gobernaciones y
alcaldías).
Los resultados están a la vista cuando se aprecia la imprevisión en
cuanto a las inversiones necesarias para mantener los indicadores operativos
dentro de un rango que permita la producción y comercialización de los
productos de estas empresas con márgenes aceptables de rentabilidad.
Todavía está presente y en plena acción, el impacto del lamentable olvido en
la asignación de los fondos para ejecutar las inversiones necesarias desde el
2009, para mantener y ampliar la oferta de fluido eléctrico que provee el
SEN. Para los ministerios responsables respectivos – aparentemente no fue
una prioridad con respecto a otros objetivos generales del conjunto. iii) A
pesar de la parálisis y contracción que se ha manifestado en el aparato
productivo privado, por efecto del clima económico hostil y conflictivo para
el sector privado, las inversiones substitutivas del Estado no han logrado
llenar el vacío en producto como oferta dentro del circuito económico. Los
aportes al PIB, tanto sectorial (agrícola e industrial) como nacional que
arriman las organizaciones empresariales del Estado (cooperativas, EPS,
comunas, etc.) se mantienen en proporciones exiguas que apenas rozan el
techo del 2%. Ello supone, desde cualquier perspectiva de análisis, un
horizonte contractivo de la oferta interna de bienes y servicios y el
establecimiento de las bases de una economía de puertos, sustentada en flujos
crecientes de importaciones que, al final, operan como mecanismos espurios
de trasegar el excedente económico nacional hacia otros países. iv) Por
último, hay que señalar como un serio factor de atraso para el propósito de
estructurar una política económica integral que logre activar el desarrollo, el
impacto que ha significado la acción planificada del gobierno en reversar el
proceso de descentralización presupuestaria y administrativa que tanto
esfuerzo costó cuando se articuló desde la Copre y cuyos logros significaron
Antonio Márquez S.
72
un importante realce en la gestión de los gobiernos regionales y locales del
país.
Varios conjuntos poblacionales del interior del país acusan hoy los
embates en detrimento de su condición socioeconómica de vida, de una
acción central de control desde Caracas para la asignación de los fondos
presupuestarios según la dinámica y posicionamiento de las fuerzas políticas
articuladas con ciertas alcaldías y gobernaciones de Estado. Ese control, se
acrecienta aún más a la luz del poder político-económico que representa la
existencia del presupuesto paralelo que con recursos del Fonden (Pdvsa-Bcv)
principalmente, maneja el alto gobierno con total discrecionalidad y
propósito programado hacia sus fines de control y autocracia.
4. Relevancias Sobre el Perfil del Empleo.
La significación del empleo, concebida como aquella actividad que
despliega un ciudadano en el proceso de la producción en procura de un
ingreso acorde con su aporte o contribución a la oferta de bienes y servicios,
tiene que ser entronizada en la conciencia ciudadana moderna, no solo en su
acepción como actividad creativa material para la sociedad, sino en su
relevancia como derecho civil y componente primario de la condición de
vida de los ciudadanos. Ello reafirma la preservación y el desarrollo de vida
social por parte de los grupos familiares interactuando en un entorno
complejo signado por los factores políticos, culturales, económicos, etc., que
en general, promueve todo orden humano en sociedad.
El empleo de la fuerza laboral como factor de la producción,
garantiza la reproducción vital del ciclo humano, donde el hombre participa
activamente en la transformación de los recursos físico-materiales para su
aprovechamiento de acuerdo a sus necesidades. Y es a la vez una obligación
constitucional del Estado fomentar el empleo (artículo 87 de la Constitución
Nacional) y garantizar la generación continua y ampliada de puestos de
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
73
trabajo a la población con motivo de preservar que se cumpla con la
responsabilidad de que toda persona pueda obtener una ocupación productiva
que le proporcione seguridad en cuanto a tener una existencia digna y acceso
continuo a los componentes básicos de la condición socioeconómica de vida
como son la salud, la alimentación, la vivienda y la educación.
• La Economía de las Sombras y la Desocupación Real.
A la hora de hablar de las esencialidades que subyacen detrás de las
cifras convencionales que se difunden sobre el empleo, es necesario exhibir
con claridad algunas “sombras” usuales que por costumbre, la amplitud de lo
cotidiano no permite mayor deductiva.
Según las cifras del BCV (Revista Zeta n° 1775 del
08/10/10) la fuerza de trabajo del país en 2006 estaba en el orden de
12.270.000 personas, de las cuales 11.105.000 estaban ocupadas y el 9.3%
estaban desempleadas. En 2009, la fuerza de trabajo aumentó a 12.957.000
personas de las cuales 11.982.000 estaban trabajando y el 8.9% estaba
desocupada. En 2010 el 7.8% de la fuerza de trabajo de 13.200.000 personas
no tenia empleo.
Según el Dr. Maza Zavala (Revista ZETA n° 1763 del
16/07/10) en la composición sectorial de la actividad económica venezolana,
en la categoría de “ocupados”, se agrupan el 10% para el sector público
administrativo (finanzas públicas y administración); el 15% para el sector
público empresarial (petróleo, gas, metalurgia, electricidad agua, distribución
de productos, servicios en general y comunicaciones, etc.); el 35% para el
sector privado empresarial (manufactura, construcción, transporte,
agricultura, etc.); y el 40% para el sector informal (venta ambulante de
bienes, construcción irregular, oficios por su cuenta, transporte, servicio
domestico, etc.).
Antonio Márquez S.
74
Estimando por aritmética simple, en el año 2010, un mínimo
de 5.280.000 personas (el 40% de la fuerza de trabajo) estaban trabajando
´por cuenta propia´ en el llamado sector informal del país; lo cual significa
que un grueso componente poblacional está dependiendo de estas actividades
para la satisfacción de sus condiciones socioeconómicas de vida mínimas
(salud, alimentos, vivienda y educación) y en consecuencia no está articulada
a la dinámica formal o institucionalizada de la economía nacional, por un
lado; pero, desde otro ángulo, estos grupos sociales están lejos de tener
seguridad de su permanencia en el tiempo como grupo familiar estructurado
y más aún, lejos de asegurarse un ingreso diario que les permita trascender
como factor social o fuerza productiva que motorice el llamado crecimiento
productivo y el desarrollo diversificado.
Pero la seguridad y certidumbre con respecto al futuro se
aleja todavía más cuando se observa que este sector informal crece cuando se
examina a través del cuadro general de distribución del ingreso por estratos
sociales. Las cifras que provee el Instituto Nacional de Estadisticas (INE)
(16) a este respecto indican que, de los 5 estratos sociales que integran la
clasificación distributiva del ingreso nacional, durante 2010, el estrato social
IV pasó de representar el 51% de la población en el primer semestre de 2009
a 54.85% al final de los primeros 6 meses de 2010. Hubo una movilidad del
sector pobre hasta el más pobre. En el mismo reporte del INE se señala que,
en conjunto, los sectores I, II, y III agrupaban 31.68% de las familias a
mediados de 2009 y hacia la mitad de 2010 representaban 30.52%, merma la
cual necesariamente derivó hacia los estratos IV y V de la población.
A la hora de estructurar una política económica y social
hacia el empleo necesariamente hay que detenerse a evaluar este aspecto de
la condición de vida precaria de los trabajadores. La tendencia – como se
observa en la data – es a que las carencias, se fortalezcan y ello lleva a
concluir en previo que, si cada año se agregan alrededor de 500.000 personas
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
75
a la población del país (1.7% es la tasa de crecimiento demográfico), las
tendencias de la movilidad social hacia abajo en los estratos de la población,
tiene que ser detenida y el crecimiento del sector informal de la economía
debe ser reversado mediante la adopción de medidas que por un lado realcen
la inversión privada y por otro lado canalicen el inmenso gasto público hacia
la inversión y el gasto social reproductivo.
Según las cifras anteriormente señaladas sobre la
composición sectorial de la actividad económica venezolana, entre el sector
público empresarial y el sector privado agrupan el 50% de la fuerza de
trabajo ocupada, mientras que el sector informal agrupa un 40%. Ello es
indicador de una estructura perversa del empleo, en tanto que, si el país
adolece de una afección inflacionaria que promedia un 30% cada año la cual
tiene una base estructural firme, conformada por una oferta interna deprimida
ante la presencia de una gran demanda estimulada por un creciente gasto
público, no puede menos que colegirse en que se ha consolidado en el país
una dificultad o traba sólida para generar puestos de trabajo formal ligados a
la producción interna de bienes y servicios. Ese proceso menguado en cuanto
al uso de la fuerza de trabajo existente, propulsa como efecto negativo, el
crecimiento del sector informal de la economía, nutrido no precisamente por
emprendedores sino por trabajadores excluidos del proceso formal de la
producción y que se han visto en la obligatoria necesidad de resolver sus
vidas a través de la generación incierta e imprevisible de ingresos ´por cuenta
propia´, dada la escasez de opciones y oportunidades para sostener los
parámetros mínimos de su condición de vida.
De manera que, el propósito de instrumentar una política
hacia el empleo necesariamente tiene que pasar por entender su dimensión e
identificar sus manifestaciones dentro del proceso general de la vida
socioeconómica del país. La circunstancia actual de expectativas negativas de
la inversión privada ante las confiscaciones de activos ya consolidados por
Antonio Márquez S.
76
las empresas privadas, torna aún más difícil promover la creación de puestos
de trabajo.
Aún más, crear empleo, desde una perspectiva de desarrollo
no puede auspiciarse que ocurra sólo por efectos del gasto público
desbordado que alienta un aumento de la demanda efectiva. Se necesita una
sinérgia más compacta que propulse un aumento en la utilización de una
capacidad instalada del sector privado que está en uso sólo un 54% según las
últimas referencias de Conindustria (17).
Fomentar el empleo en última instancia responde a una
integración de políticas y medidas concertadas bajo una gobernabilidad
confiable que restituya al circuito económico del desarrollo, la estabilidad
macroeconómica, la propensión a la inversión, el aprovechamiento de las
ventajas comparativas y el apoyo al desarrollo endógeno, la selectividad de
las importaciones, el fomento de la producción no petrolera, la corrección de
la sobrevaluación del bolívar y, la nivelación de la inflación, para asegurar
aumentos tangibles y permanentes en el ingreso real de los trabajadores.
5. Sobre las Condiciones Socioeconómicas de Vida del
Ciudadano Común.
Aunadas a la dificultad estructural que tiene la economía venezolana
por las limitaciones productivas que derivan del rentismo petrolero, la
adhesión al déficit fiscal de los gobiernos y la monoproducción, están las
dificultades complementarias de orden coyuntural que emanan del modo sui-
géneris con que opera el gobierno de Hugo Chávez, subordinando todos los
órdenes de la vida socioeconómica del país al tamíz ideológico y político. Y
entre ellas destaca el de la racionalidad económica que debe privar en toda
sociedad como garantía fundamental de su continuidad y progreso como tal.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
77
El ciudadano venezolano común de hoy se enfrenta
desguarnecido a los impactos de un conjunto de medidas, conflictivas entre
sí, desarticuladas de objetivos prácticos y auspiciadas desde laboratorios
ministeriales desconectados de la realidad económica que es donde discurre
la vida real de los ciudadanos. El gobierno exhibe cada vez con mayor
flagrancia una conciencia disociada de la realidad nacional.
El ejecutivo nacional ha erigido una peculiar estructura
adventicia de metas y objetivos que supuestamente entraña el perfil de las
aspiraciones ciudadanas y su enlace conectivo con una nueva sociedad,
construida con ligereza de acuerdo a las circunstancias programadas de un
proceso socioeconómico y político dirigido desde un Estado autocrático y
hegemónico.
Esta intrincada red de medidas gubernamentales no ha
logrado modificar de forma alguna el cuadro general del subdesarrollo
venezolano; muy por el contrario la situación se ha agravado según los
indicadores más representativos de lo social que es donde confluye
ulteriormente el impacto de las medidas. Son los ciudadanos al final los
recipientarios directos de los errores y aciertos de las políticas públicas
cuando actúan sobre los componentes principales que constituyen su
condición de vida: el empleo/ingreso, la salud/alimentación, la vivienda y la
educación.
De acuerdo a los factores y a su manera y proporciones de
incorporación al proceso de la producción así se configura la distribución de
las remuneraciones factoriales (salario y capital) y por tanto del excedente
económico resultante.
En el país, sobre todo en los últimos años, ha recrudecido
sobre la precariedad de las condiciones de vida de las mayorías, el efecto
persistente de una elevada inflación sobre el escuálido nivel de los salarios
Antonio Márquez S.
78
medios de la población y el propio patrón perverso de distribución del
ingreso.
Según información al 30 de enero de 2011 del Centro de
Documentación y Análisis Social (18), dos referenciales importantes dentro
de la estructura del gasto familiar son, la denominada Cesta Básica y la
llamada Cesta Alimentaria. En diciembre de 2010 el costo de la primera se
ubicó en BsF. 6.310 y la cesta alimentaria estuvo en el orden de los BsF.
2.798. Ello plantea una seria restricción al patrón de consumo de los estratos
más pobres III, IV y V, quienes en general dedican un 45% de su ingreso al
consumo de alimentos y un 65% en promedio al gasto conjunto de alimentos
y medicinas (J.V. León, Declaraciones a El Universal del 03/01/11. Pág. 7).
El efecto es mayor cuando se mide el impacto que tendrá sobre ambos rubros
la devaluación del tipo de cambio de 2.30 a 4.30 bolívares por dólar,
instrumentada desde enero de 2011 por el Gobierno, dado que los alimentos
se importan en más de un 70% y las medicinas y otros productos
farmacéuticos, en más de un 50%, son procedentes de países industrializados.
Estimando que, el 75% de las familias venezolanas devengan
un ingreso menor a dos salarios mínimos se tiene que, esos grupos familiares,
para esa fecha, solo podían acceder a un 90% de la Canasta Alimentaria y
sólo con 5.2 veces el salario mínimo de BsF. 1.224 podían acceder al costo
de la Canasta Básica para comienzos del año 2011. Ello también implica que
el 75% de las familias que trabajan y devengan menos de dos salarios, solo
podían acceder al 40% del costo de la Cesta Básica familiar. Esto acontece en
plena primera década del siglo XXI cuando el gasto público previsto en el
presupuesto anual está en el orden de los BsF. 204.000 millones, el nivel de
la deuda se montó en los 112.000 US$ millones, el PIB nacional alcanza a
233.000 US$ millones y el precio promedio del petróleo supera los 90 US$ el
barril.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
79
Contextualizando aun más el marco de la deprivación de los
trabajadores venezolanos, se hacen útiles los resultados del informe de la
UCAB (19) el cual forma parte del Proyecto Pobreza puesto en marcha como
iniciativa de investigación desde 1997. Allí se señala, entre otros hallazgos,
que el 82.6% de la población ocupada tiene un empleo precario y un 63.6%
de los trabajadores está mal pagado y 21.4% subutilizado. En términos
absolutos esto significa que, 9.5% millones de trabajadores labora bajo
términos de precariedad. De allí se concluyó que 21% de los empleos es
precario por la ausencia de beneficios y 20% por la duración de la jornada
laboral. Se destaca del estudio que el nivel de precariedad ha crecido durante
el actual gobierno por cuanto en 1997 habían 4.52 millones de trabajadores
laborando en condiciones alta o medianamente precarias, mientras que en
2008 se aumentó a 7.36 millones.
Esa panorámica de la condición socioeconómica de vida del
ciudadano promedio venezolano obliga a algunas conclusiones preliminares
las cuales todas se enmarcan en el reconocimiento de que existe una
institucionalidad difusa y manipulada politicamente que no logra conectar
con eficacia los nodos del circuito económico del país con los agentes
sociales que en última instancia son quienes lo motorizan. El sistema no
fluye con eficiencia y persisten los estrangulamientos y obstáculos que
desinflan los impactos que pudieran ejercer las medidas tomadas para
promover desarrollo y crecimiento. El baremo de la viabilidad en las políticas
públicas sigue estando ligado al clima de inversión en el sector privado, al
orden y disciplina del gasto público, al rescate del nivel adecuado y la calidad
del bienestar público y a la superación de la crisis de justicia y de los
derechos humanos que afecta a la mayoría de los ciudadanos venezolanos de
hoy, quienes no se sienten representados para el ejercicio de la democracia,
en las instituciones actuales que conforman el Poder Público Nacional.
Antonio Márquez S.
80
La intensificación de las acciones temerarias del Gobierno
Nacional a favor del desmantelamiento del aparato productivo industrial
manufacturero y agropecuario -acción que está guiada por una interpretación
distorsionada y extraña de la realidad- da pie a vaticinar un conflictivo clima
social donde se enfrentarán los intereses ubicados en el campo de la
racionalidad económica y el sentido práctico/constructivo de la vida versus el
´dirigismo hoy, y autocrático´ que como concepción arcaica del desarrollo
domina, desde el poder, el rumbo y la gestión del país (20).
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
81
IV. LA CONSTITUCIÓN NACIONAL COMO
MARCO FUNDAMENTAL DE UN DESARROLLO VIABLE.
En diciembre de 1999, mediante referendo la constitución Nacional
de Venezuela fue aprobada por el pueblo y proclamada por la Asamblea
Nacional como un acto soberano de afirmación y avance del proceso
democrático iniciado formalmente en la década de los 60’s, pero que venía
emergiendo desde la constancia y tenacidad con que líderes políticos de
vanguardia, junto a los trabajadores petroleros organizados, supieron
introducir factores del cambio hacia la representación democrática de los
ciudadanos en el engranaje de la nueva estructura del poder conformada con
posterioridad a la muerte de Gómez en 1935.
El proceso fundacional de las bases democráticas y el desarrollo
sustentable del país aún no ha concluido su fase quizás más importante:
conciliar la teoría del ´deber ser´ inmersa en los preceptos, con la práctica
real, de acuerdo a lo que derivan para su vida los perceptores. Esto significa
consolidar un nivel y ámbito de ejercicio de gobernabilidad eficáz, incluyente
y eficiente desde el punto de vista de sus beneficiarios directos que son los
ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones como individuos y en
sociedad.
En Venezuela ese proceso de elevación progresiva en las conquistas
democráticas ha tenido fases críticas que significaron reacomodos
importantes en la estructura socioeconómica y política del poder en cuanto
que se fueron concatenando los efectos multiplicadores de cambio que
empujaban hacia la modernización política. Las ventajas y el avance social
que representaban valores humanos como la participación política en las
decisiones nacionales, la equidad distributiva del ingreso, la cooperación en
el fomento de la prosperidad, el aseguramiento de mejoras sostenibles en las
Antonio Márquez S.
82
condiciones de vida, etc., ya habían asegurado en las luchas un espacio
crucial como consignas emblemáticas y políticamente oportunas en
momentos en que se resquebrajaban y retrocedían los controles de una
dictadura fundamentalmente feudal como la de J. V. Gómez pero que
contradictoriamente disponía con suficiencia de altísimos proventos que al
erario público convergían por los canales de la renta petrolera; factor éste que
integraba, por las ventas del crudo, la dinámica socioeconómica rentista del
país a la de los grandes mercados capitalistas del mundo.
A partir del momento en que comenzó la extinción del régimen
Gomecista, y sus fundamentos principales de atraso y dominación, se han
configurado en el país cuatro momentos históricos que, desde nuestra
perspectiva, han sido cruciales a la hora de marcar hechos trascendentales
que han afectado el curso histórico de los acontecimientos nacionales; a
saber, la huelga petrolera de 1936; los sucesos del 23 de enero de 1958 que
culminaron con el derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez
Jiménez; la explosión social del “Caracazo” en 1989; y, la aprobación
popular en la Asamblea Constituyente, de la Constitución Nacional de 1999
que sustituyó a la Constitución de 1961.
• Con la huelga petrolera del 36 ocurrió el primer
enfrentamiento de envergadura entre las fuerzas progresistas democráticas
del país liderada por luchadores sociales de la “generación del 28” y por los
obreros petroleros de Zulia y Falcón principalmente, contra el nuevo
gobierno del General López Contreras el cual había heredado de Gómez una
angosta base de sostén conformada principalmente por acólitos, militares
gomecistas y medradores plegados al gran gasto público que emergía del
poder enganchado al negocio petrolero con las multinacionales.
El ánimo político a la muerte de Gómez era conflictivo y de
retaliación como bien lo reseña la Comisión Ideológica del Movimiento
Ruptura del PRV (21) cuando refiere que “el mismo congreso, cuyos
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
83
miembros habían sido “elegidos” por Gómez, decidió proceder a la
confiscación de las extensas tierras de la familia Gómez, así como de sus
fábricas. A los opositores del viejo régimen, expropiados en vida del tirano,
les fueron restituidos sus bienes”. Y más adelante agrega: (pág. 90)
“Con esta huelga… (1936)… el proletariado petrolero se puso a la
vanguardia del movimiento democrático. Despertó una ola de solidaridad en
todo el país… alrededor de esta huelga se formó un vasto movimiento
nacionalista, anti-imperialista que incluía hasta pequeños terratenientes y
representantes de la burguesía nacional”.
La presión de la huelga motivó reacciones del régimen que
significaron respuestas formales ante un factor político que iba en ascenso y
adquiriendo peso específico en la escena política posterior a Gómez, como
fueron: el reconocimiento a los sindicatos y su papel en el nuevo juego
político en curso, la paralización de nuevas concesiones petroleras a las
compañías extranjeras junto al reclamo de mayor soberanía impositiva y, la
ampliación con demócratas en el gabinete del Gobierno como por ejemplo el
Dr. Alberto Adriani, Néstor Pérez y luego Manuel Egaña como ministros.
De tal forma que, la iniciativa de una huelga como la del 36, que se
concretó bajo un clima político signado por una estructura de control férreo
del poder, en sí misma representó un reto y una convicción determinada a
insurgir contra un estado de cosas que anclaban al atraso el destino del país y
que culminó con una apertura diversificada del régimen en favor de medidas
que favorecían mejoras en la condición de vida de los trabajadores y la
receptividad hacia nuevos planteamientos de contenido democrático en el
orden político y social.
Antonio Márquez S.
84
• Los Sucesos del 23 de enero de 1958, durante el régimen
de Pérez Jiménez.
Durante el régimen de Pérez Jiménez (1952-58) se volvió a estrechar
el cerco a las fuerzas democráticas que habían logrado cierto fortalecimiento
en su ideario, su organización y sus conquistas en el breve transcurso del
gobierno de Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos (1945-48). La lucha
clandestina ganó de nuevo las calles liderada por un movimiento amplio de
fuerzas progresistas que propulsaban el derrocamiento de la dictadura por la
vía del desgaste político y las protestas sociales. Las luchas obreras
reivindicativas fueron fuertemente reprimidas militar y policialmente con
tenáz hostigamiento y persecución. Es en este periodo dictatorial, sin
embargo, cuando el auge económico auspiciado por la alta renta petrolera –
con la voracidad fiscal del gobierno incluida – y la acometida fastuosa de un
inmenso programa de obras públicas dio pie a la consolidación, en grado
importante, de la industria manufacturera, la agroindustria y el sector
bancario. Esta circunstancia, junto al intervencionismo de Estado en la
economía como gran propulsor de obras y un clima de proscripción decretada
del gobierno a las organizaciones sindicales y a sus direcciones internas
partidistas, (AD, PCV, URD principalmente), provocó que pudieran
agruparse estas fuerzas democráticas en un gran movimiento de resistencia y
lucha de masas contra el gobierno, el cual, hacia finales de la década se
debatía entre sus propias contradicciones y las persecuciones sistemáticas
contra la lucha de los movimientos políticos clandestinos a favor de la
democracia y la participación creciente de los ciudadanos en los asuntos
nacionales. A tales efectos, en la reseñada obra (22) se refiere:
“Hacia 1957, el PCV, URD y AD, Integran la famosa Junta
Patriótica a la que se adhiere además el partido Copei. Esta junta, que asume
la dirección de todas las luchas contra Pérez Jiménez, incluyendo la
actividad en el propio seno de las Fuerzas Armadas, es, en gran parte
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
85
producto de una táctica correcta…Esta táctica permite romper con el
sectarismo y trazar una correcta política de alianzas contra las dictaduras”.
La intensidad de la las luchas asumidas por las masas trabajadoras
tuvieron el doble carácter de ser tanto por la superación de la precariedad y
carestías presentes en su condición material de vida cotidiana, como por su
determinación a asumir el riesgo que implicaba avanzar en la lucha dentro de
un peligroso contexto político, policial y militar para el ciudadano y la total
conculcación de los derechos civiles.
El derrocamiento de Pérez Jiménez concretó un paso agigantado en
el accidentado camino del avance democrático nacional, el cual tomó un
nuevo impulso, de mayor espectro y perspectivas que aquellas iníciales
expresiones solidarias politizadas en las luchas obreras petroleras del año 36
y que significaron la gémula del proceso por la consolidación democrática
que hasta hoy sigue inconclusa y distante aun de sufragar los reparos
políticos y sociales que se adeudan al ciudadano común que en verdad ha
luchado por un destino más justo.
• “El Caracazo” En febrero de 1989.
El proceso democrático que se inicio a comienzo de los 60´s como
solución política moderna y de avanzada a favor de las libertades civiles, los
derechos ciudadanos y la participación socioeconómica de las masas
trabajadoras en el desarrollo, comenzó de manera drástica a mostrar signos
de agotamiento y crisis hacia la década de los 80´s. El cuadro de dificultades
para el sostenimiento de las condiciones de vida ciudadana había llegado a
constituirse en un factor diario de hostigamiento que amenazaba con explotar
a una escala social considerable. Hacia finales de los 80´s las protestas en
Guarenas por la crisis del transporte y el aumento del precio de la gasolina y
los pasajes, fueron el catalizador principal de una explosión social con
Antonio Márquez S.
86
rápida propagación y violencia por saqueos generalizados en toda la Gran
Caracas la cual fue sofocada con represión militar y saldos de muerte.
A este agravamiento en las condiciones de vida de la población había
contribuido, en buena parte, el punto de inflexión que en la calidad del
crecimiento económico representó la adopción del control cambiario en
febrero de 1983 por parte del gobierno en fase final, de Luis Herrera
Campins pero que en su primera fase hasta 1981 había entronizado en el país
una política económica de fuerte corte liberal con reducida intervención del
Estado y estímulos consistentes económicos y fiscales direccionados con
excesiva prodigalidad hacia la iniciativa privada.
En este contexto creció la deuda, las presiones inflacionarias por la
liberación de los precios y creció también el déficit fiscal lo cual propició el
advenimiento de la recesión, la desconfianza para la inversión y las reiteradas
fugas de capitales que hasta hoy perduran, por cierto a un promedio anual
devastador para el país dados los requerimientos de transformación que éste
reclama por vía de la inversión privada y pública.
La caída de los precios petroleros y la merma cuantiosa del ingreso
fiscal hacia 1986 recrudeció el desempeño critico de la economía el cual se
suavizó durante el lapso de gobierno de Jaime Lusinchi hasta 1989 cuando el
gobierno de CAP adoptó la receta económica neo – liberal del Fondo
Monetario Internacional y con ella se acentuaron los perfiles más agudos de
la crisis social donde la inflación jugó un papel fundamental en la afectación
del nivel de vida de los trabajadores al alcanzar niveles del 80%, y el
desempleo superó el 14%, constriñendo sustancialmente el menguado salario
de las familias y su acceso a bienes y servicios básicos típicos de su consumo
ordinario.
Bajo estas circunstancias se abonó el clima de descreimiento,
decepción y desconfianza ciudadana hacia el sistema socioeconómico y
político que hasta los 90´s había venido sirviendo de marco para el ejercicio
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
87
de las libertades económicas y civiles donde los derechos de los ciudadanos y
las obligaciones y responsabilidades del Estado debieron propiciar una
conjunción productiva que transmitiera para la vida práctica de los actores
sociales, seguridad, sostenibilidad, equidad y certidumbre en línea con los
principios del crecimiento y el desarrollo que se había expresamente
convenido desde la Constitución Nacional de 1961.
Según Maza Zavala (23) en las dos últimas décadas del siglo XX
hubo predominancia en el país de las políticas neo-liberales que preconizaban
los organismos internacionales como el FMI. Y ello, desde nuestra
perspectiva, contribuyó grandemente a acentuar en forma crítica las
distorsiones estructurales del aparato productivo del subdesarrollo
venezolano que, a pesar del alto ingreso fiscal, los ingresos adicionales
obtenidos por endeudamiento público y el anclaje permanente a otras
expansiones del gasto público ligadas a la renta petrolera, no permitió
trasegar con sostenibilidad e impacto productivo, las bondades de ese gasto
público exorbitante hacia los conjuntos sociales más necesitados de la
población, eximiendo al país de haber colocado una pieza fundamental en el
apuntalamiento del sistema democrático al propiciarse la equidad como
principio guía en la distribución del excedente económico y el ingreso.
• El Referendo y la Constitución de 1999
Ambos eventos llegan a significar la superación, en el papel, de un
gran vacío de representación y participación ciudadana, cuya expresión la
atajaba una institucionalidad difusa y de limitado alcance – presente en la
constitución del 61 – a la hora de expandir los espacios para la acción civil en
función de la transformaciones vinculadas al desarrollo socioeconómico que
reclama el país, a tono con las nuevas tendencias mundiales de exigir plena
vigencia de los derechos fundamentales y el mayor ascenso social y bienestar
del género humano.
Antonio Márquez S.
88
La Constitución de 1999, vigente hoy a duras penas, marca un hito
crucial en lo que se refiere tanto a su preservación como documento magno
para la acción ciudadana como a la consistencia presente en la
institucionalidad para la realización de su contenido. Sobre todo porque para
las fuerzas sociales organizadas de distintas maneras (Sindicatos,
Cooperativas, Empresas, Gremios, ONG’s, partidos políticos, centros de
estudiantes, academias, etc.) la Constitución Nacional acusa hoy los embates
de una acción orquestada a través del poder público nacional para tergiversar
en el terreno de la práctica, el sentido y alcances de aquellos aspectos más
relevantes para el sostén de la vida ciudadana bajo un orden democrático de
convivencia.
La adopción de esta nueva Constitución pretende darle una expresión
más concreta y objetiva a las aspiraciones ciudadanas materiales y
espirituales como son: empleo, salud, vivienda, alimento, educación, cultura,
seguridad, sostenibilidad, participación y futuro cierto. Pero también tiene
como propósito ulterior de mayor alcance, establecer, canales institucionales
más precisos que permitan una mayor viabilidad al proceso de la democracia
y que propendan a convertir en realidad el ´deber ser´.
La gran capacidad de que fue dotada la Constitución Nacional para
garantizar la organización productiva del país, el aprovechamiento racional
de sus recursos naturales y humanos, la distribución equitativa de la riqueza,
el uso reproductivo del excedente económico y la convivencia ciudadana
dentro de un sistema de justicia con plena separación de los poderes públicos,
la convierten en un instrumento esencial del desenvolvimiento democrático
nacional. Ahora se trata de preservar, como un activo histórico, su carácter de
marco referencial constitucional del país, donde están contenidas sus bases
fundacionales que orientan y norman a los actores sociales en su desempeño
como sujetos del desarrollo. Se trata así mismo de canalizar hacia hechos
concretos, la potencialidad disponible a escala nacional, mediante el recurso
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
89
de una institucionalidad que conecte las metas de la transformación
socioeconómica y política con la factibilidad real de hechos y logros sociales
cada vez más elevados.
La Constitución Nacional vigente está concebida como un
documento de principios, orientaciones y normas (preceptos) convergentes
hacia el objetivo central de lograr un desarrollo nacional integral e integrado,
productivo y sostenido en el tiempo.
Sin embargo en el poco tiempo transcurrido desde su vigencia de
más de una década, no se han concretado logros socioeconómicos y del
sistema de justicia importantes que hayan logrado apuntalar, en grado
apreciable nuestros indicadores de progreso de acuerdo a los referenciales
internacionales convencionalmente aceptados por la comunidad mundial.
Con suficiente claridad en el Titulo IV de la Constitución se halla
plasmado de manera sistémica la fundamentación principista y los fines del
régimen socioeconómico de la República. Desde allí se destaca en primer
lugar (artículo 299) el rol del Estado actuando en conjunto con la iniciativa
privada para promover el desarrollo de la economía nacional con el fin de
elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica
del país a través de la generación de fuentes de trabajo y alto valor agregado
nacional, garantizando solidez, sustentabilidad, permanencia y equidad en el
crecimiento de la economía para acercar una justa distribución de la riqueza
mediante una planificación democrática y de consulta abierta bajo los
principios políticos y administrativos de la descentralización.
Este macro - objetivo estratégico, en la práctica nacional actual, se
haya considerablemente debilitado tanto en su interpretación como ideario-
guía para la acción de gobierno en ejercicio del Poder Ejecutivo como en sus
alcances para garantizar la elevación del nivel de vida de la población y la
soberanía económica del país. A este debilitamiento de la fuerza
transformadora contenida en el documento constitucional del país, aprobado
Antonio Márquez S.
90
en referendo constituyente hace once años, ha contribuido principalmente la
adulteración sistemática del marco institucional ejecutorio que establece la
Constitución en su articulado para normar el país y la creación perversa de
una completa estructura de burladeros y artificios que funciona de manera
superpuesta al cuerpo legal nacional.
El ensanchamiento progresivo del espacio económico del Estado,
especialmente en términos de nomina sin correspondencia con aumentos de
alguna importancia en la producción, es una expresión flagrante de distorsión
de objetivos y propósitos previamente aceptados y concertados en consulta
popular. Pero este dominio creciente del Estado en la economía, ocurre a
costa del declive obligado en la contribución y aporte del sector privado a
la generación del producto real para la economía. Extrapolando al límite, la
planificación centralista de largo plazo que priva desde el gobierno es la de
desarticular primero, mediante estrangulamiento y asfixia, el aparato
productivo del sector privado y su red de aprovisionamiento de insumos y
materias primas, así como el mercado de realización de sus ventas a fin de
romper el circuito que racionalmente lo sustenta. En segundo término,
sustituirlo mediante el procedimiento de las expropiaciones y confiscaciones,
por unidades de producción del Estado (EPS, Cooperativas, comunas,
corporaciones oficiales comercializadoras, asociaciones mixtas con empresas
extranjeras de gobiernos afines etc.) hasta estructurar un circuito estatal con
control político y clientelar que logre el manejo y dominio de todas las fases
de la producción, incluyendo hasta la venta directa de bienes finales traídos
desde el extranjero a cualquier costo y con criterio militar de oportunidad.
Finalmente el propósito ulterior es erradicar al sector privado y la prevalencia
de sus iniciativas hasta extinguirlo como factor necesario de la producción
de riqueza, excedente económico y bienestar.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
91
En términos concretos, los registros de información disponibles dan
fe de estas acciones concertadas desde el sector oficial para excluir a la
gestión privada de la producción.
Por vía de ejemplo conviene resaltar la contracción recurrente de la
inversión privada nacional en los últimos años, no como un hecho aislado
estacional ó que declina por insuficiencia de recursos financieros, sino como
un indicador clave del distorsionado crecimiento económico que se obtiene
ante un escenario cada vez más desfavorable a su dinamización.
El comportamiento del sector privado venezolano, desde su
consolidación en la década de los 50´s, ha reaccionado de forma casi directa
de acuerdo a las sinuosidades del gasto fiscal y a los efectos derivados de las
políticas cambiarias asumidas por los gobiernos para enfrentar tendencias
perturbadoras en la economía así como al mayor o menor acierto en el rumbo
adoptado por el factor político como vía para alcanzar los objetivos del
desarrollo.
En la década de los 80´s, cuando se adoptó el control cambiario en
febrero de 1983, en el país se incubó bajo diversas formas el virus de la
desconfianza hacia la efectividad de las políticas públicas para garantizar un
manejo estable para la economía, un control eficáz de sus tendencias y una
gobernabilidad arraigada y segura. Comenzó así el transito creciente hacia la
migración recurrente de capitales como un rasgo típico que permanece hasta
los diez primeros años del gobierno de Hugo Chávez y aún hoy. El
economista García Larralde (24) analizando cinco periodos que abarcan 50
años desde 1957 hasta 2007, señala que en el lapso de 1979 – 88 hubo fuga
de capitales desde Venezuela por el orden de US$ 22.874 millones, a razón
de un promedio anual de US$ 2.287 millones. Durante el lapso de 1989 – 98
la salida de capitales estuvo en US% 39.291 millones a un promedio de
US$ 3.900 millones; y en el periodo desde 1999 hasta 2007 hubo una fuga de
capitales por el orden de US$ 138.924 millones, promediando US$ 15.436
Antonio Márquez S.
92
millones cada año. Del primero al segundo lapso el crecimiento de las salidas
de capital anual promedio fue del 72%; pero, entre el segundo lapso y el
periodo de Hugo Chávez operó un brinco incremental de 293%, lo cual ubica
de manera concluyente a la economía en el campo de la creciente
desconfianza y la cautela en cuanto a inversión privada se refiere. Si a las
conocidas señales de alerta vinculadas a los propósitos de control mayoritario
y estratégico de la economía por parte del Estado se agregan el conjunto de
medidas y acciones concomitantes que obstruyen el circuito de
desenvolvimiento socioeconómico y ´entuban´ el uso de los recursos y los
medios hacia las metas de organizar una ´nueva´ manera de producir y
generar acumulación de capital y riqueza social, entonces estaríamos en
presencia de un traspaso forzoso de propiedad de medios de producción
(tierra, plantas, maquinas, equipos, infraestructura etc.) a través de
expropiaciones y confiscaciones que logran desarticular las cadenas
productivas existentes y articular la oferta de bienes con importaciones que
hace el Estado y que compiten con la recesiva producción interna del sector
privado.
La simple contrastación del deber ser plasmado en el artículo 299-°
de la Constitución Nacional, con el resultado práctico que dramáticamente
reproduce la realidad observable, sin duda conduce a la conclusión que el
gobierno y la nueva institucionalidad forjada al calor de otros fines políticos,
no satisfacen los requisitos necesarios para que se cumpla el precepto de
“promover el desarrollo de la economía nacional, con el fin de elevar el nivel
de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país” (art.
299-°).
Lo que se ha promovido ha sido justo lo contrario. El Estado creó en
la práctica, un clima de obstrucción y distorsión en el sistema productivo al
romper la sinergia para el desarrollo convergente con el sector privado que ya
tiene el acervo tecnológico y el aprendizaje, así como el dominio de los
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
93
procesos productivos y dispone de las líneas de acopio de materias primas e
insumos y el recurso humano capacitado sin contar el ´arrime´ contributivo
periódico que hace a la oferta de bienes y servicios ó PIB así como al
mercado. Por supuesto que la aplicación por parte del Estado de todo un
engranaje coercitivo, orientando a desmembrar buena parte de la capacidad
productiva existente privada, la cual representa hoy un 62%
aproximadamente del PIB total venezolano, tiene que tener un efecto
negativo impactante sobre las disponibilidades de producto para satisfacer la
demanda nacional y las presiones inflacionarias no pueden hacerse esperar. Y
ese impacto no contribuye, por supuesto a “elevar el nivel de vida de la
población ni a “fortalecer la soberanía económica del país a través de la
generación de fuentes de trabajo” como lo establece el mismo artículo 299-°
de la Constitución. Bien por el contrario como estrategia para combatir la
inflación, el Estado ha optado por crear en la práctica un Ministerio de
Importación de Alimentos con lo cual se degrada la importancia de la
producción interna y el mismo modelo de desarrollo endógeno que el
gobierno promovió como bandera política en el año 2006 a través de todos
los organismos públicos vinculados al financiamiento del desarrollo (P.Ej.
Bandes; BIV; Foncrei; etc.). A ésto se agrega que este Ministerio de
Alimentación aplica un criterio estrictamente militar a la hora de asegurar la
disponibilidad de los bienes, sin apego a criterios de mercados disponibles y
sus tendencias, negociaciones oportunas y economías en los precios,
lográndose así adquisiciones apresuradas, inconvenientes y sin control
sanitario del estado de los alimentos, con los riesgos que ello conlleva en lo
que se refiere al respeto a la confianza de la población y daños al presupuesto
público que es, a fin de cuentas, patrimonio de los ciudadanos. Aun ondea
por el país la vergonzosa gestión importadora de alimentos que por el orden
de las 130.000 toneladas métricas realizó la empresa del Estado PDVAL y
que representó una pérdida de 2.480 US$ millones por haberse importado
Antonio Márquez S.
94
alimentos en estado de descomposición bajo un control tercerizado de
empresas cubanas beneficiadas para realizar la centrífuga importadora.
Para concluir es necesario señalar el contrasentido que representa
querer afianzar la soberanía económica del país, desmantelando el aparato
productivo nacional privado (62% del PIB) para satisfacer el consumo con
importaciones masivas de bienes finales de alto valor agregado extranjero,
las cuales en el año 2010 mostraron un incremento del 4.515% con respecto
al año 1998 al pasar las compras del gobierno de 65 US$ millones en 1998 a
3.000 US$ en 2010. La compra de bienes de capital aumentó en el 912% y la
de productos intermedios 317% según el BCV (Ref. El Nacional 08/03/11
pág. 4). Es grave que esta tendencia se reafirme cuando hay un sector privado
que mantiene en uso solo el 54% de su capacidad instalada ante el clima de
irracionalidad económica preponderante.
En general los contenidos plasmados en la carta constitucional
venezolana, referidos a la materia económica que comprende todo el Titulo
VI (Del Sistema Socioeconómico) desde el articulo 299-° hasta el artículo
321-° formalmente expresan de manera estructurada y consistente una
institucionalidad socioeconómica y política amparada en un cuerpo jurídico
emergido de una Asamblea Constituyente convocada por referendo popular,
la cual tuvo a bien incluir como acto conclusivo, el artículo 350-° donde
claramente se establece que el propio pueblo de Venezuela “desconocerá
cualquier régimen, legislación ó autoridad que contraríe los valores,
principios y garantías democráticos ó menoscabe los derechos humanos”.
En el texto de la Constitución, dentro del mismo Título VI referido al
régimen socioeconómico y la función del Estado en la economía, se destacan
otros artículos cuyo contenido medular llevado a la práctica en términos
concretos, aseguraría mejoras sustanciales en las condiciones de vida del
ciudadano común. Así, el artículo 300-° destaca la importancia de “asegurar
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
95
la razonable productividad económica y social de los recursos públicos”
mediante la creación de entidades funcionalmente descentralizadas.
La práctica del gobierno exhibe justo el opósito cuando se manipula
la ejecución del presupuesto nacional y se hace una distribución sesgada
hacia las instancias del poder público estadal (gobernaciones) y el poder
público municipal (alcaldías), obstruyendo por razones políticas de
conveniencia cupular, el derecho civil a la participación de las masas de
ciudadanos localizados en sus entidades geográficas.
El articulo 302-° expresa que “el Estado promoverá la manufactura
nacional de materias primas proveniente de los recursos naturales no
renovables con el fin de crear tecnologías, generar empleos, y crecimiento
económico, y crear riqueza”. A este respecto, la realidad actual es elocuente
cuando se analiza a las industrias básicas de Guayana. Su desempeño choca
estrepitosamente contra este propósito por cuanto desde 2009 – 2010 hicieron
crisis en ellas aspectos cruciales de la gestión como son: los niveles de
producción declinantes, la falta de planes de inversión para reposición y
ampliación de la capacidad instalada, la falta de control administrativo, la
pérdida de rentabilidad y el trasegamiento de sus ingresos por ventas hacia el
nivel central de gobierno, dejando a las empresas sin autonomía gerencial; y
por último, el exagerado incremento de la nómina y sus compromisos
concomitantes por razones principalmente políticas y de clientelismo. Del
crítico desempeño reciente de estas industrias se deriva más bien un cuadro
de frustración creciente que coloca en un peligroso riesgo un respaldo
neurálgico y fundamental de potencial apoyo a una política económica
integral que se diseñe para realmente atender un desarrollo productivo y
diversificado. En el corto plazo se hace urgente el saneamiento
administrativo de estas empresas, el financiamiento de sus inversiones para
apuntalar sus capacidades productivas, rescatar una operacionalidad
eficiente, y el afianzamiento formal de su autonomía gerencial y comercial.
Antonio Márquez S.
96
El artículo 305° establece que “El Estado promoverá la agricultura
sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de
garantizar la seguridad alimentaria de la población”. Actuando a contrapelo
de este propósito el Gobierno de Hugo Chávez no ha promulgado para el país
una política nacional integral hacia la agricultura como no sea la
expropiación y la confiscación indiscriminada de fundos y fincas ya
consolidados, muchos de los cuales operaban en niveles de desempeño de
aceptable eficiencia y organización, en cuanto a experiencia y planificación
de sus actividades. A este respecto el Estado ha podido concertar alianzas de
gestión que permitieran un aprovechamiento sinergético dirigido a aumentar
los niveles de la oferta agroalimentaria nacional mediante mejoras de la
vialidad agrícola, mecanizaciones necesarias, financiamiento crediticio y
acompañamiento de su ejecución, riego y mejoras de suelos, capacitación
técnica operaria, dotación de semillas, ensilaje y seguros, seguridad en las
compras, etc. Todo ello era factible y conveniente en lugar del brutal
desmantelamiento que tuvo lugar en unidades productivas emblemáticas del
país como por ejemplo, Agroisleña, Hato el Frio, El Charcote, fincas de la
zona Sur del Lago, etc.
Por otra parte, la política de seguridad alimentaria de la cual habla
expresamente el artículo constitucional en comento, ésta se ha enganchado
directamente – y cada vez más – con las importaciones de alimentos ya
industrializados, y de materias primas (ganado en pie, maíz, lácteos),
principalmente desde Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Nicaragua,
USA y Colombia, habiéndose abandonado prácticamente en su totalidad un
esfuerzo por el desarrollo endógeno que tanto proclamó el gobierno hasta
hace seis años, cuando al final en clara conciliación con la cultura del
“rentísmo petrolero”, optó por la creación de un ministerio para coordinar el
funcionamiento de todo un aparato para importar alimentos y
comercializarlos a nivel nacional.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
97
Ni que hablar del concepto de sustentabilidad involucrado en el
mismo artículo 305° en lo que a logros estratégicos se refiere del supuesto
desarrollo integral que trata de explicar el gobierno nacional. Como muestra
de inconsistencia en la acción y en los resultados baste citar el hallazgo que
mostró el VII Censo Agrícola, recién finalizado en 2011, cuando registró un
descenso de 1.390.000 hectáreas desforestadas de bosques naturales desde
1998, lo que significa un 15.46% en la reducción de la sustentabilidad para
avanzar en la producción rural, donde también se registró un descenso de
8.18% en la superficie agrícola y un 19.7% en la superficie dedicada a
pastizales (Ref. VII Censo Agrícola INE 2011 Doc. Pedro Piñate B, Diario El
Universal fecha 21/06/11 cuerpo 3, página 8).
Desde otro ángulo en la evaluación del componente económico,
inmerso en el contenido normativo de la Constitución Nacional, emerge lo
relativo al régimen fiscal y monetario donde el artículo 311 establece que “La
gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de…
transparencia y equilibrio fiscal”.
En principio, la gestión del gobierno nacional desde hace un cúmulo
de años (2003 en adelante) ni es equilibrada, presupuestariamente hablando,
ni es transparente. Las pruebas son evidentes y de alto perfil: el déficit fiscal
es recurrente y crece paradójicamente en “pari passu” con el ritmo de ascenso
en los precios de realización del crudo petrolero. En cuanto a la transparencia
en la ejecución de la gestión fiscal, la existencia de un presupuesto paralelo
conformado con fondos de gastos extrapresupuestarios -también de origen
petrolero por supuesto- que se manejan a través del Fonden y el Fondo Chino
principalmente, abonan en favor de una sombría opacidad fiscal.
En general los indicadores de deuda de un país se sitúan en el mismo
contexto fiscal en que germinan las políticas públicas deficitarias. Pero de
acuerdo a las cifras que se reseñan, la situación fiscal de Venezuela luce
agravada desde la perspectiva del gasto fiscal deficitario alineada al ritmo
Antonio Márquez S.
98
creciente del endeudamiento a pesar del auge de los precios del petróleo en
los mercados internacionales.
Algunas relaciones relevantes destacan este perfil de la situación
fiscal del país:
Fuente: BCV extraídas de Revista ZETA N° 1769 del 27/08/10
La relación de deuda pública/exportaciones es alta y reflejan que el
crecimiento de la deuda durante el lapso de los nueve años casi copa la total
capacidad de los ingresos por exportaciones para atender esos compromisos;
en el año 2000 fue del 75% y en el año 2009 alcanzó al 97% de los ingresos
fiscales. De forma similar, si los ingresos internos del fisco se adjudicaran al
pago de la deuda interna, ésta absorbería, en promedio, cerca de un 40% de
los recursos, exceptuando el año 2003.
Respecto al déficit, hay que destacar su importancia como recurso
usual de los gobiernos a la hora de formular propósitos más allá de sus
capacidades. A este respecto resulta emblemático el caso de Grecia dentro de
la Unión Europea, país que exhibe desde hace casi dos años unas
proporciones de déficit fiscal que le desajustaron el comportamiento
macroeconómico de todas las variables relevantes del equilibrio fiscal y del
presupuesto, obligando a entrar al país en un régimen de rescate financiero y
ajustes del gasto que han mermado la gobernabilidad y exacerbado las
protestas ciudadanas para preservar sus condiciones socio económicas de
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
99
vida en cuanto a diversidad y calidad. La calificación de riesgo de Grecia está
en el orden de los 965 puntos, mientras que la de Venezuela está en 1192
puntos con respecto a los bonos de USA (Ref: Figueroa, Augusto. España.
Dec., al semanario La Razón del 26/06/2011. Página A-4). La política de
ajuste en Grecia implicó reducir el déficit fiscal de 10% a 5% y aumentar el
IVA en 23% durante el primer semestre de 2011 y además tuvo que despedir
del gobierno a 8.200 trabajadores, cerrar 1.976 escuelas y privatizar activos
del Estado para recaudar fondos para tratar de equilibrar las finanzas
públicas. En el contexto fiscal griego la deuda había alcanzado al 50% del
PIB, y en Venezuela ya éste indicador se acerca peligrosamente al 55%.
En Venezuela el déficit crece rápido a pesar de los ingentes ingresos
petroleros. Desde 2008 al 2010 su evolución en términos absolutos de
ingresos ordinarios fue la siguiente:
Fuente: Semanario Reporte de la Economía del 15/04/11 página 3
De ello se infiere que, tomando como base el PIB del 2011 cercano a
Bs 1.0 billones, (232 US$ millones), la relación déficit/PIB hasta abril de
2011 está ya en el orden del 1%, a escasos 4 meses del año y contando con
ingresos exorbitantes que provienen de mejores precios del crudo (US$ 100
por barril) y que bajo criterios convencionales de disciplina en el gasto
deberían conducir a situaciones de superávit fiscal con todas las bondades
subsiguientes que de allí se derivan por razón de una austera gestión de
gobierno y mejoras en cuanto al riesgo país.
Antonio Márquez S.
100
En cuanto a los perfiles de la deuda, según información del 10/06/11
(Guerra, José; Reporte de la Economía). Se tiene lo siguiente:
La importancia de esta magnitud del endeudamiento deriva en que,
en escasos 11 años la misma se ha hecho también exorbitante. En 1998 ese
monto de la deuda total estaba en el orden de US$ 34.138 millones, lo que
representa un incremento proporcional del 300% a una razón escalada del
28% anual y a ritmo alineado casi con la inflación promedio anual que ha
sido cercana al 30% en los últimos años.
Al acelerado ritmo de crecimiento del endeudamiento del país,
incluyendo la única empresa nacional que surte el 95% de los ingresos en
divisas, hay que agregar dos limitantes que constriñen la holgura del
desempeño fiscal tanto por la ley de presupuesto como por la vía del gasto
paralelo, y es la cobertura de deuda por parte de las reservas internacionales,
las cuales están amarradas en su provisionamiento a variables exógenas del
mercado mundial que son por su naturaleza difíciles de predecir. Ello agrega
al cuadro descrito, vulnerabilidad y riesgo creciente si no se logra ordenar el
gasto público hasta equilibrar estas tendencias propiciadoras del desequilibrio
y la incertidumbre.
En cuanto al requisito de la transparencia que como exigencia señala
en su texto el artículo 311° de la Constitución Nacional, no hay manera de
que al gasto extrapresupuestario o paralelo se le pueda practicar algún control
fiscal por parte del órgano contralor de la República ni alguna supervisión a
su ejecución por parte del órgano Legislativo que es la Asamblea Nacional
como lo establece el artículo 314° de la Constitución Nacional cuando señala
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
101
que: “No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de
presupuesto”. Según Ecoanalítica (Ref: Diario El Universal del 28/04/11), lo
disponible en los llamados fondos de gasto paralelo, que son diez
instituciones para 2011, representan el 49% del presupuesto nacional (US$
49 millardos). El mecanismo creado por el gobierno para manejar buena
parte de los ingresos públicos por fuera del presupuesto y sin control le ha
permitido una ostentosa discrecionalidad de carácter pernicioso en cuanto a
lograr economías en el gasto y su eficiencia.
Por vía de ejemplo, al relacionar las reservas internacionales con las
importaciones totales del año 2004, se cubrían 16.3 meses de autonomía; en
el año 2010 esta cobertura bajó a 9.7 meses cuando los estándares
convencionales recomiendan entre 18 y 24 meses como previsión sensata.
(Ref: Ecoanalítica. Diario El Universal, fecha: 21/06/03). Según cifras del
Ministerio de Planificación y Finanzas (Ref. El Universal del 06/06/11)
desde 2005 a 2010 se erogaron US$ 106 millardos a través de los “fondos
paralelos” de los cuales FONDEN – Fondo Pesado Chino, erogó US$ 73.7
millardos. Sobre estos recursos aún no se conocen detalles de su ejecución en
las contrataciones de los proyectos y sus liquidaciones según las
proporciones de obra ejecutada. La Asamblea Nacional aún espera por el
informe auditado de los fondos, de los cuales el Ministerio de Economía y
Finanzas no presenta cifras desde hace cuatro años. (Ref. Diario El Mundo,
fecha: 22/02/11 página 19; declaración de Diputados de la Asamblea
Nacional).
• Hacia un Balance del Potencial Constitucional
Sobre la Constitución Nacional Venezolana son solo unos cuantos
los elementos de su contenido que han sido evaluados de alguna forma en el
presente escrito y hechas las interconexiones necesarias con la práctica
cotidiana que vive el ciudadano común.
Antonio Márquez S.
102
Sin embargo, aún siendo contados estos elementos relacionados en el
análisis, ha quedado expuesto, con la veracidad posible, el inmenso caudal de
consistencia institucional que radica en el texto magno bajo consideración.
Ha quedado así mismo reseñado mediante algunos reportes
cuantitativos junto a ciertas relaciones cualitativas, las profundas
divergencias existentes entre el contenido de los preceptos constitucionales
que representan el ´deber ser´, y lo que materialmente obtiene el ciudadano
común como “quid pro quo” eventual de bondades. En la práctica no se
plasma una conciliación entre las aspiraciones democráticas del ciudadano de
a pie, imbuido en sus derechos civiles, y la oferta de país que dispensa un
Estado totalmente desmarcado del propósito constitucional que aprobó el
pueblo en la Asamblea Constituyente de 1999 mediante referendo. Allí
fueron incorporados de manera consensual los valores del orden
socioeconómico y civil, que en esencia, son la concepción real de vida que se
tiene en un país como garantía de un futuro cierto y sustentable.
También allí fue establecido un cuerpo de principios que representan
los arraigos culturales y antecedentes sociológicos e históricos a los que el
ciudadano recurre como individuo ó grupo para discernir sobre su presente y
su futuro.
Hacia esa conciliación fundamental tienen necesariamente que
converger el Estado y el Ciudadano, desarrollando una interrelación positiva
como los dos grandes factores que debieran desenvolverse en un marco de
justicia, libertad, responsabilidad social, preeminencia de los derechos
humanos, pluralismo político y democracia plena y tangible en todos los
planos de la vida de manera permanente.
El potencial de desarrollo contenido en la Constitución Nacional,
debe concretarse como hecho real a través de la institucionalidad prevista y
concertada como vía autorizada por el pueblo en asamblea fundacional para
alcanzar los objetivos del desarrollo endógeno, productivo y diversificado,
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
103
que logre eficientemente, distribuir el acervo de riqueza con equidad y
suficiencia entre la población trabajadora. La digestión ciudadana de lo
posible ahora según la Constitución y el dominio eficáz de los procesos para
poner a buen resguardo sus capacidades para proveer bienestar, son, junto al
empoderamiento real del ciudadano y una vigilancia civil dinámica, la única
garantía de consolidar un progreso democrático autosustentable.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
105
V. ECONOMÍA, DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y GOBERNABILIDAD
El desenvolvimiento socioeconómico actual del país, tiene lugar por
vía de una institucionalidad adversa a la que, esta prevista como norma
suprema en La Constitución para viabilizar la transformación nacional según
los valores y principios del entorno democrático, en la práctica se ha ido
consolidando una brecha que pretende desinflar a la teoría contenida en los
preceptos allí instituidos desde 1999.
El ciudadano común, conforme a sus derechos, no ha logrado
articular su realidad de vida con los fines –obligatorios- esenciales que tiene
el Estado (artículo 3° de la CRBV) de garantizar la defensa de “la
constitución de una sociedad justa… la promoción de la prosperidad y
bienestar del pueblo”; bien por el contrario, como se comentó en capítulos
anteriores a partir de cifras del propio sector oficial (INE y BCV), en los
últimos diez años se ha acentuado el patrón de desmejoramiento en las
condiciones socioeconómicas de vida de las mayorías de venezolanos,
quienes de manera regresiva, discurren en su movilidad hacia estratos
sociales cada vez más pobres, aumentando así una precariedad de vida que
merma dramáticamente sus expectativas y su condición económica y política
de ciudadanos incluidos en el desarrollo social, en franca contradicción con
los principios y derechos por los que debe velar el Estado venezolano
conforme a la carta magna (C.R.B.V).
Alineada con este proceso perverso de ´justicia´, crece una
estigmática forma social de ingobernabilidad, la cual como efluvio
sistemático actitudinal, ha ido permeando –de manera negativa- hacia todas
las formas e instancias del desempeño público del ciudadano. El diagrama
que sigue ilustra en forma muy general el planteamiento.
Antonio Márquez S.
106
De la ilustración se desprende que, en el plano general, nacional, existen dos
grandes factores de la sociedad como son el Estado y el colectivo de
ciudadanos, los cuales interactúan en dos circuitos esenciales: i) el circuito
económico productivo, donde ocurre el uso de factores, medios y recursos
para generar bienes y servicios¬; y ii) el circuito social, donde tiene lugar el
consumo y usufructo de lo producido. Ambos circuitos de forma concurrente
se interconectan a través una institucionalidad, concebida ésta como el
conjunto normativo de procesos, leyes, procedimientos, costumbres valores,
principios y prácticas que privan y encauzan la dinámica socioeconómica con
motivo de la producción y distribución de bienes y servicios en la sociedad.
De la mayor o menor funcionalidad, dominio, profundidad, alcance y
viabilidad con que esté dotada esta institucionalidad creada, dependerá en
mayor parte el logro de una gobernabilidad más activa, que auspicie que los
estratos más distantes alcancen los beneficios del desarrollo global de la
sociedad. De forma contraria, la inoperancia institucional normativa conduce
por múltiples vías a la merma del bienestar ciudadano, y a la distorsión en
cuanto a las expectativas de movilidad social, a la inequidad y como
respuesta social masiva, a la autodeterminación anárquica del modo de vida
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
107
de los grupos sociales, manifiesta a través del autogobierno como único
recurso tangible ante la exclusión, la cual dentro del proceso social siempre
genera resultados impredecibles que hacen difícil aplicar medidas
preventivas de resguardo para una convivencia útil y productiva.
• Alteración Institucional, Riesgo y Crisis.
El cuerpo normativo supremo contenido en la Constitución Nacional
tal como fue aprobado, guarda una consistencia integral de todos los
elementos que en el orden socioeconómico, financiero, político y judicial
deben relacionarse. Este marco, en general, tiene funcionalidad operativa y es
un modelo viable para alcanzar los objetivos del desarrollo de la sociedad de
acuerdo a los principios de soberanía, justicia, libertad y democracia real para
los ciudadanos.
Sin embargo, la práctica política y el ejercicio de gobierno
propiamente dicho desde la promulgación de la Constitución hace doce años
ha devenido en un cuadro ostensiblemente diferente el cual ha sido llevado a
la practica por vía de alteraciones y desacomodos relevantes a la
institucionalidad, adherida a tres componentes fundamentales: i) El poder
judicial, por su significancia global en toda la estructura institucional del
poder público concebido como entidad esencialmente amplia donde se
resguarda el cumplimiento del orden jurídico; ii) el sistema socioeconómico,
visualizado como sostén básico que sirve de marco a la producción material
de bienes y servicios de la sociedad; y iii) el sector financiero, responsable de
la intermediación de fondos y de proveer la circulatoriedad necesaria para la
distribución del producto en el sistema socioeconómico a través del consumo
y la inversión.
Bajo esta óptica de análisis, la realidad nacional concreta, ha
derivado en el escaso tiempo de doce años, en una extraña formación
socioeconómica -extemporánea por demás- que se desenvuelve con
Antonio Márquez S.
108
dificultades prácticas de graves consecuencias, bajo la ilusión -entrópica en
su esencia- de una nueva ´racionalidad´ económica, que impide la
sostenibilidad del modelo estatizador que se aplica hoy.
Esa ´nueva´ racionalidad se apoya paradójicamente en la vieja base
referencial histórica del llamado socialismo real, que imperó en Eurasia hasta
las postrimerías del siglo XX con la URSS y sus países satélites actuando
como puntera y vanguardia de ese sistema político que concluyó después de
70 años, en un desmoronamiento generalizado y crisis.
Es dentro de este propósito general subyacente en que el Poder
Ejecutivo, integrante formal del Poder Público Nacional, desarrolla de
manera paulatina, una estrategia envolvente que consiste en desempeñarse
tomando el lugar de la entidad general que es el Estado y bajo las
implicaciones radicadas en lo que comprende la personalidad jurídica de éste,
para establecer una relación simple, directa, única y global con el cuerpo
ciudadano, quien desde la perspectiva confusa de un supuesto ´proceso´
revolucionario identifica sus ideales con los mismos de ese Estado que a su
vez son también los propios de un fabricado lider único y permanente del
“proceso”.
En torno a esa relación unilateral y superlativa del Poder Ejecutivo
hacia el cuerpo ciudadano, el gobierno trata de ejercer linealmente todo el
poder que emana del Estado, para imponer un modelo de país concebido
fuera de los límites del orden jurídico constitucional. En la materialización de
este propósito no priva la concurrencia autónoma de los demás órganos o
ramas que conforman el Poder Público Nacional; es decir, el Poder Judicial
(TSJ, los Tribunales, la Fiscalía General de la República, la Defensoría
Pública, los Órganos de Investigación Penal, el Sistema Penitenciario y
otros); el Poder Legislativo Nacional (la Asamblea Nacional y los diputados);
el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. La desnaturalización de la relación
entre el poder Ejecutivo y los Ciudadanos a que se alude aquí, emerge
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
109
cuando se fabrica una identidad espuria entre la figura del Estado y el Poder
Ejecutivo o gobierno nacional, la cual pretende desarrollar una sola acción
global del Estado conforme con el modelo de país que proclama
unilateralmente el Poder Ejecutivo.
De acuerdo a ello y actuando abiertamente en contra de lo
establecido en la Constitución vigente, que es el elemento integrador de la
Republica o Nación, el Poder Ejecutivo prevalece por encima del resto de los
cuatro poderes constituidos, los cuales tienen establecidas sus funciones
propias y las deben ejercer de forma autónoma dentro de sus competencias,
pudiendo haber colaboración -de acuerdo a sus atribuciones- para la
realización de los fines amplios del Estado (art. 136°).
A partir de la transmutación del poder ejecutivo en una entidad de
rango tan elevado y global como es la figura del Estado, y contando ahora
con una sumisión real del resto de los poderes públicos a las directrices
únicas de esa nueva entidad, procede en consecuencia la instauración
regresiva de un modelo sociopolítico sustentado sobre una base económica
material convergente con unas líneas maestras, que de forma gradual
aseguren al Estado un dominio mayor y creciente del espacio
socioeconómico y financiero del país, para luego cerrar el círculo hacia otros
ámbitos de la superestructura, asociados a lo jurídico, lo cultural, la seguridad
del ciudadano, la movilidad publica, los derechos económicos y de
asociación, y también hacia otros aspectos relevantes del desarrollo humano,
integrados a un sentido más general de lo que es el país.
A este nivel de la exposición resulta útil citar al jurista venezolano
Alfonso Rivas Quintero (25) quien refiriéndose al tópico de la separación de
los poderes señala:
“Como cuestión preliminar ha de enfatizase que el poder del Estado
es uno solo y por lo tanto la indivisibilidad del mismo es su nota resaltante.
El Estado realiza su actividad a través de sus órganos, que cumplen funciones
Antonio Márquez S.
110
especificas, que están determinadas dentro de los respectivos marcos
competenciales que les asigna la constitución”. Subrayado propio (Rivas,
2007)
En línea con la cita, se hace oportuno señalar que, en Venezuela -
como en otros países del continente, y del mundo- la noción formal de lo
que es una Republica se halla intrínsecamente asociada a la división de los
poderes públicos, como garantía de vigencia plena y de ejercicio de los
derechos ciudadanos; a este respecto continua Rivas Quintero (26):
“Es importante que en la estructura organizativa del Estado
moderno, se diseñe la forma como está concebido el poder del Estado, y se
habla de la división de los poderes, que es un medio a través del cual se
persigue garantizar el Estado de Derecho, a fin de mantener a cada rama del
poder dentro de su propia esfera de acción, y asegurar los derechos y
garantías ciudadanos”. (Rivas, 2007)
Desde esta óptica entonces, en Venezuela está planteada una
contradicción teórico- práctica entre el deber ser del Estado y lo que
representan los ciudadanos como componentes elementales del orden jurídico
de la democracia. Es decir, entre la verdadera naturaleza del Estado, su
origen y su significancia como expresión del orden jurídico y como garante
del derecho y el sustento legal integrador de la República. Sobre esta materia,
la opinión de Rivas Quintero y de otros autores también vinculados al campo
de lo jurídico son bastante esclarecedoras. El Estado “aun siendo una
abstracción representa una realidad jurídica” (27) Y en el mismo sentido,
(Kelsen, 1949) (28) refiere que:
“El ´Poder´ del Estado tiene que ser la validez y eficacia del orden
jurídico Nacional… cuando por otra parte, se habla de los tres poderes del
Estado la palabra ´Poder´ es entendida en el sentido de una función del
Estado, y entonces se admite la existencia de funciones estatales distintas”.
Más adelante Kelsen, agrega que, la personalidad jurídica del Estado
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
111
representa el Orden Jurídico total, el cual personificado, constituye la
voluntad colectiva”
En este contexto, en el cual se están planteando materias relativas al
Poder del Estado, las competencias de los órganos que lo integran, el Orden
Jurídico que inviste de poder al Estado, el Orden Constitucional que
fundamenta la relación entre los poderes públicos y los ciudadanos en ellos
representados etc., se hace impostergable retornar al tema relevante del
“Estado de Derecho” a fin de insistir en la necesidad de que exista un
equilibrio en el ejercicio de las competencias de los poderes que confluyen
para lograr los fines del Estado, los cuales a su vez debieran estar
perfectamente alineados con los intereses colectivos del cuerpo de
ciudadanos y sus derechos. La Constitución contiene las normas legales para
salvaguardar y proteger los derechos de los ciudadanos a obtener bienestar,
dirigir su destino socioeconómico etc., y evitar riesgos e incertidumbres en el
curso que se adopte para el desarrollo nacional. Y estas aspiraciones,
exigibles al Estado por los ciudadanos, deben ser garantizadas y provistas por
el propio Orden Jurídico autorizado por el colectivo de ciudadanos, dado que
existe una institucionalidad y una competencia adscrita a cada rama del poder
del Estado con distintos ámbitos de acción para activar las funciones del
Estado en su totalidad, de acuerdo a la naturaleza compleja de lo que se
denomina el modelo de sociedad política.
El empoderamiento real de los ciudadanos en la estructura orgánica
del poder constituido no opera solo por la simple vía de las definiciones
preceptuales plasmadas en el órgano jurídico que es la Constitución
Nacional; así, la institucionalidad prevista en las normas tiene que estar
dotada del suficiente alcance y amplitud para asegurar el cumplimiento pleno
y satisfactorio de las aspiraciones ciudadanas y el resguardo de sus intereses
sin desvíos ni tergiversaciones.
Antonio Márquez S.
112
El Poder Ejecutivo, como integrante del cuerpo normativo
constitucional, pone en actividad la función administrativa del Estado
referida al uso de los recursos. Ello sin injerencia ni coartación de las
competencias de los otros órganos del Poder Publico Nacional. El Poder
Legislativo a través de la Asamblea Nacional tiene la obligación de crear los
cuerpos normativos que a bien tengan promover los demás órganos del poder
nacional o que sean necesarias para garantizar la vigencia de las leyes
conforme a lo que demande la dinámica de la realidad social. La Asamblea
Nacional tiene la facultad potestativa y autónoma de discutir y sancionar las
normativas pertinentes que permitan controlar y poner en actividad al Estado
en la prosecución de los intereses de la República que no son otros que los
que benefician al mismo cuerpo Ciudadano y al país en general. En cuanto al
Poder Judicial y su necesaria imbricación con el sistema de justicia, interesa
aquí destacar su carácter laxo actual con respecto a las prácticas del sistema
venezolano a la hora de preservar el debido proceso en los juicios y a la hora
de actuar ante las reiteradas y persistentes contravenciones al Artículo 256 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela referido a la
imparcialidad e independencia de los Magistrados y Jueces cuando sea
necesario impartir decisiones. Opaca así mismo la acción de justicia la
omisión frecuente de las necesarias investigaciones que debe realizar el
Ministerio Público para fundar las imputaciones a los ciudadanos
presuntamente incursos en criminalidad. De igual forma el sistema de justicia
nacional ostenta la ocurrencia de fallas interpretativas de la norma Jurídica
Constitucional por parte del TSJ, lesionando derechos ciudadanos al provocar
tipificaciones erróneas de delitos por el Ministerio Público. A ello se junta la
contravención recurrente a la normativa que regula los llamados lapsos
procesales en los tribunales recluyendo indebidamente en centros
penitenciarios a ciudadanos que se presumen inocentes, colocando -como
hasta ahora ocurre- en riesgo sus vidas y excluyéndolos ilegalmente de su
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
113
entorno familiar, además de lesionar gravemente su reputación ciudadana,
laboral y/o profesional. Todas éstas, son fracturas al Estado de Derecho y a la
debida justicia que el poder judicial del país, como órgano adherido al
Estado, debe garantizarle al ciudadano común, sin interferencia de otros
poderes.
Desde esta perspectiva, la titularidad conferida al Estado por el
pueblo a través de una asamblea constituyente para ejercer el poder y que
está plasmada en la norma suprema que es la Constitución, se tornó espuria y
por lo tanto desnaturalizada y fuera de contexto en su propósito de hacer
justicia de forma imparcial, diligente y eficiente, dejando con ello al
ciudadano desguarnecido de sus capacidades constitucionales y sus derechos,
y por lo tanto, habilitado para declararse en desobediencia civil ante la norma
jurídica que impone el Estado, supuesto defensor de sus derechos y
demandante de sus obligaciones tal y como lo señalan los principios
establecidos en el artículo 350° de la C.R.B.V.
• Economía, Valores y Normas Constitucionales.
En los títulos III y VI del Texto constitucional venezolano, están
plasmados coherentemente dos grandes componentes fundacionales de lo que
constituye la República, concebida ésta como la personificación jurídica del
orden democrático autorizado en referendo popular. Estos dos componentes
están representados, por un lado, en los principios y valores que como ideales
fundamentales sirven de base, de guía y de conducta a los ciudadanos para su
desempeño en sociedad, según sus derechos económicos que les reconoce el
orden jurídico (Título III, capítulo VII de la C.R.B.V.) Por otro lado, y en
concordancia positiva, están las reglas y normas que como mandatos
establecen las formas en que se ordenan las relaciones sociales, dentro del
sistema complejo que es el país (Título VI). El primer componente emula
un formato anatómico o mapa, donde se establecen linderos referenciales,
Antonio Márquez S.
114
que son los límites para la acción de los ciudadanos. El segundo componente
está más referido a la fisiología o régimen que activa el sistema
socioeconómico de acuerdo a los principios y condiciones que permitan un
desempeño armónico de la economía dentro de un marco democrático.
En el referido capítulo VII, que comprende desde el artículo 112
hasta el artículo 118, se establecen los irrenunciables deberes y las garantías
que tienen los ciudadanos, para ejercer los derechos económicos de que
disponen. Estas disposiciones les permiten a los ciudadanos desempeñar
actividades económicas en un clima de libertad, acotado por leyes y
principios que promuevan la iniciativa privada, la justicia en la distribución
de la riqueza, la regulación ordenada de la economía, el combate a las
prácticas monopólicas y las centralizaciones que propician ilícitos
económicos y especulación. Así mismo se garantiza como un valor socio-
cultural el derecho de propiedad y el derecho a uso y disposición de los
bienes por los ciudadanos y se regimentan las confiscaciones y
expropiaciones de bienes. También como derechos económicos se reconocen,
la exigencia de los ciudadanos en cuanto a la calidad de bienes y servicios y
su libertad para desarrollar asociaciones para el desempeño de actividades
económicas de conformidad con la ley.
El Titulo VI referido al sistema socioeconómico, se desarrolla desde
el artículo 299 hasta el 321 de la Constitución Nacional y comprende el
funcionamiento de cuatro sub-sistemas que deben estar perfectamente
articulados, a través de los cuales se conectan la esfera real de la producción
y la esfera circulatoria o financiera de la economía. Estos sub-sistemas,
desagregados especifican las normativas de comportamiento de los actores
que se desenvuelven en la sociedad de acuerdo a las siguientes áreas: el área
de la socioeconomía propiamente dicha, el área tributaria, el área monetaria
de la economía y la coordinación macroeconómica; ello para afirmar
bondades como la estabilidad económica y el bienestar social sustentable.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
115
Al área socioeconómica corresponde a su vez, en su sistema, un
régimen o conjunto de condiciones regulares que prescriben
comportamientos en torno a la descentralización, el Estado y las actividades
y espacios económicos reservados a su potestad como tal (p. ej. petróleo y
hierro), la promoción de una agricultura sustentable, la producción de
alimentos que permita el autoabastecimiento, el fomento a las PYMES,
actividad artesanal, los oficios populares, turismo, etc.
Abarca también el área socio-económica, un régimen fiscal cuyo
equilibrio está previsto que se preserve a través del presupuesto y su
ejecución eficiente, previendo que los ingresos sufraguen los gastos
ordinarios.
En ese régimen fiscal se requiere establecer límites legales para el
endeudamiento público, y se señalan pautas indicativas de la inversión
reproductiva y social necesaria en comparación con el gasto corriente. Se
establece así mismo toda una institucionalidad densa y suficientemente
organizada para proveer una ejecutoria del gasto público disciplinada y
alineada con los objetivos previstos para el desarrollo, de acuerdo a los
principios y valores referenciales en que se apoyan los derechos económicos
de los ciudadanos y de acuerdo también a las normativas establecidas para
condicionar los parámetros de funcionamiento del sistema socioeconómico
del país. La coordinación macroeconómica del sistema en general prevé la
armonización de la política fiscal con la política monetaria; esta última será
formulada y ejecutada por el Banco Central de Venezuela (artículo 318°
C.R.B.V.) de acuerdo al objetivo básico de lograr estabilidad de precios y
preservar el valor interno y externo del signo monetario, que es el bolívar, a
través de controles como la política cambiaria, la regulación del crédito, las
tasas de interés y la dinámica y el nivel de las reservas internacionales. A este
respecto, sin embargo, es pertinente estar prevenido en que desde el año 2005
el gobierno nacional abolió mediante una reforma legal impropia, la facultad
Antonio Márquez S.
116
autonómica que tenía el BCV de decidir el uso de las reservas internacionales
de acuerdo a objetivos ligados a la estabilidad económica del país, pero no
para financiar las políticas públicas y el gasto del poder ejecutivo.
• Vulneración Institucional y Colapso Socioeconómico
El conjunto de elementos de orden económico, social, políticos y
jurídicos antes señalados, configuran un cauce institucional dotado de total
consistencia, transparencia, especificidad y funcionalidad como para
garantizar al Estado y al Ciudadano una relación armónica y provechosa
donde progresivamente se desarrolle y perfeccione la propia
institucionalidad, acercando mayor eficiencia y logros concretos de avance
social.
Sin embargo, a principios del presente capítulo se enunció como
tópico relevante el riesgo estratégico que implica para el país, el
favorecimiento inconsecuente de alteraciones a la institucionalidad, con el
propósito alternativo de instaurar un modelo sociopolítico que como ya se
señaló, no se ampara en la práctica democrática autorizada en el referendo
originario de la Constitución Nacional actual, y que además carece de
viabilidad socioeconómica.
A este respecto se señaló, que La Constitución vigente, como
producto de estas alteraciones, ha devenido en un cuadro anatómico y
funcional del país distorsionado, de acuerdo a la vigencia de los principios,
valores y deberes establecidos como guía conductual en el despliegue de las
actividades económicas; y trabado, en lo que se refiere al funcionamiento de
la socioeconomía nacional, sin apoyo a los principios de la racionalidad
económica.
Desde esta perspectiva, apartada de los objetivos originales de la
Constitución, es notable –y lamentable- que el gobierno nacional ha
avanzado significativamente en la instrumentación de tres líneas importantes:
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
117
i) el control del sistema judicial, ii) el control del aparato productivo y de
distribución en la economía, y iii) el control del sector financiero
principalmente bancario y de capitales. Los cambios en la institucionalidad,
según las tendencias, estarán en curso continuo hasta configurar una
estructura orgánica auto-sostenida que funcione con ritmo propio en
sindéresis con el modelo político estatista, donde el Poder Ejecutivo,
administrador de los medios económicos, se ha transfigurado en un poder
integral, más general, (El Estado) donde funge como único titular de la
República, concebida ahora dentro de términos totalitarios.
El resto de los poderes, distintos al Ejecutivo, corren la suerte de
convertirse en satélites de un poder omnímodo, superior, total, único e
indivisible –como es el propio Estado– que gobierna sin alternancia hasta
consolidar, en tiempo prolongado, un proyecto de país donde los intereses del
Estado sean idénticos a los intereses del Gobierno o poder Ejecutivo, el cual
cuenta además con el respaldo ´constitucional´ de su anverso que, en este
contexto obviamente, es el mismo Estado. Como premisa de esta forma
anómala de cumplir con la Constitución se parte del hecho presunto de que se
tiene la aquiescencia anónima de todos los ciudadanos.
El control político del poder judicial induce paulatinamente -y a
veces abruptamente- a un comportamiento jurídico avieso y sesgado en la
práctica con respecto a los intereses de la ciudadanía. Se direcciona el poder
hacia áreas claves directamente vinculadas con los propósitos e intereses, del
Estado así concebido. De igual forma, el dominio de la base material
productiva del sistema económico, es un objetivo de orden estratégico
superlativo para el gobierno. Sobre este aspecto es emblemática la forma
peculiar que adopta el gobierno a la hora de interpretar el artículo 115 de la
CRBV cuando se refiere a las expropiaciones y su justificación cuando sean
por causa de utilidad pública o interés social. En el artículo mencionado se
garantiza el derecho de propiedad de los bienes o activos de un ciudadano;
Antonio Márquez S.
118
pero, podrá ser declarada la expropiación de éstos en razón del interés
general, “mediante una sentencia firme” como soporte del acto y “mediante
pago oportuno de justa indemnización” (art. 115). En Venezuela, desde el
año 2006 cuando el gobierno nacional silenció la consigna de promover el
“desarrollo endógeno”, ha venido intensificando el ritmo de las
expropiaciones en los sectores agropecuario, industrial y de servicios
públicos como la electricidad y la telefonía. Por vía de ejemplo,
recientemente un grupo de economistas del IESA refieren que el monto
acordado por el Estado para adquirir grandes empresas durante el período
2007-2009 fue de un total de 23.267 US$ millones, lo cual representa el 82%
de las reservas internacionales del país al nivel de julio de 2011. Entre estas
empresas están: Banco de Venezuela, CANTV, La Electricidad de Caracas,
Sidor, Seneca, Cemex, Lácteos Los Andes, LAFARGE y Café Madrid, sin
hablar de Venoco y Exxon Mobil actualmente en litigios que podrían causar
resarcimientos de Venezuela por un orden cercano a los US$ 10.000 millones
(29).
La insistencia del gobierno nacional por imponer cambios en el
orden jurídico constitucional ha sido pertináz. Ya en diciembre del año 2007
el gobierno propuso una modificación en la estructura del territorio que
contemplaba la creación de distritos y comunas; y en esos espacios serían
desarrolladas nuevas formas de propiedad según su óptica. A pesar de que la
propuesta fue objetada, el gobierno a través de sucesivas y abusivas leyes
habilitantes, ha logrado aprobar instrumentos legales que han estimulado la
conformación de unidades ´socialistas´ de comercialización, y logró ampliar
de manera importante el dominio del Estado en la distribución de alimentos
con un control de más del 70% de las importaciones. Durante el año 2008 el
gobierno requirió de la Asamblea Nacional la redacción y aprobación de más
leyes para afianzar el régimen estatizador de las reformas y en diciembre del
2010 logró la aprobación de otra ley habilitante, a los supuestos efectos de
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
119
atender emergencias por causa de las lluvias, pero se redireccionó su sentido
para “fortalecer y profundizar la legalidad revolucionaria…. Y revertir los
desequilibrios macrosociales que son propios del capitalismo” (Ref. Las
Líneas de Chávez, domingo 02/01/2011. Citadas en el Universal del
03/01/2011. Pág. 1-6).
De las citas y registros señalados se puede derivar con certeza que
hay un propósito gubernamental definido y objetivizado hacia la
modificación de la estructura del texto constitucional por vía de hecho y
hacia el desplazamiento de los principios, valores y derechos económicos y
civiles allí contenidos sobre los cuales hay consenso ciudadano para su
preservación y defensa activa, de acuerdo a como fueron aprobados en el
referendo de 1999.
Otras leyes avanzan para ´legalizar´ el proceso de estatización en el
país, entre las cuales destacan; la Ley de Planificación pública, de las
comunas, del Sistema Económico Comunal, y contraloría Social y Leyes
Orgánicas del Poder Popular entre otras. Las propias “Líneas Generales del
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013”
formuladas desde el Ministerio de Planificación y Finanzas como guía
centralizadora del proceso de estatización socioeconómica se proponen
´dirigir´ un modelo productivo socialista donde el Estado asigna los recursos
y fija los precios. Allí, según sus consideraciones, el mercado se convierte en
un referencial impropio en términos de eficiencia, oportunidad y localización
de las inversiones (30). Ello deja sin garantía de factibilidad técnica,
económica y financiera a sus propios proyectos por hacerse éstos aún más
inviables dentro del disperso marco estructural del rentismo petrolero.
En el sector financiero, conformado por el Banco Central de
Venezuela, el subsector bancario público y privado, el mercado de valores y
el subsector de los seguros, las reformas de la legalidad también se han hecho
presentes; especialmente desde finales del año 2009 cuando tuvo lugar una
Antonio Márquez S.
120
supuesta mini crisis, (31) causada principalmente por las deficiencias
supervisorias y fiscalizadoras de la Superintendencia de Bancos junto al
escaso dominio de esa institución con respecto a la comprensión de la
institucionalidad establecida en la ley de Bancos que estuvo vigente hasta el
28/12/2010. A este respecto la tergiversación interpretativa de su ámbito
prudencial así como una super visión sesgada según un tinglado de intereses
creados ya existentes, son factores que marcaron e incidieron en la quiebra de
numerosos bancos pequeños (11 bancos) los cuales venían presentando
dificultades en su gestión desde 2007 según un conocido informe técnico-
financiero elaborado por la DISIP (32) a solicitud del Ministerio Público.
Dentro de los lineamientos o “líneas maestras” trazadas desde el
Ministerio de Planificación y Finanzas, estaba señalada como una prioridad
la toma de un mayor espacio bancario por parte del Estado y la eliminación
practica del mercado de capitales que funcionaba por una parte, como
canalizador importante de fondos de ahorro para la inversión privada y
pública, como es la concepción mundialmente manejada para este tipo de
mercados. Por otra parte el mercado de capitales operaba como importante
aliviadero de la presión a la escasa oferta de divisas en el mercado cambiario,
a través del Mercado Alterno de títulos (swap) el cual significaba, para
numerosos empresarios y agentes económicos, una alternativa para efectuar
pagos p.ej. nómina e importaciones en moneda extranjera. Este descomunal
error de eliminar ese mercado alternativo se tradujo en efectos negativos para
la inversión privada extranjera en el país, quienes vieron desmejorar aún más
el clima de inversiones por las restricciones a la repatriación de utilidades de
las empresas extranjeras aparte del exiguo monto que recién ahora,
comienzan a tramitar las empresas ante un CADIVI que tiene serias
limitaciones en la oferta de divisas (US$ 30 millones) y una creciente presión
de su demanda que supera los US$ 80 millones diarios según fuentes del
propio sector financiero.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
121
• Inviabilidad Actual del Desarrollo Productivo y Crisis de
Gobernabilidad
El propósito estatizador de la economía venezolana llevó al gobierno
a plantear un reordenamiento jurídico de La Constitución vigente no solo en
su esencia formal, su contenido y sus alcances, sino en el nuevo tipo de
relaciones que ahora se plantean hacia los ciudadanos, imbuidos en sus
derechos y obligaciones que les otorga la ley. Y el Estado, identificado
entonces con el nuevo Poder Ejecutivo que –bajo esta nueva práctica- es
quien activa ahora toda la capacidad administrativa de la cual es titular,
asume su autocrática forma de gobierno, bajo el supuesto consentimiento de
los ciudadanos y bajo el marco legal de una institucionalidad desnaturalizada.
El gobierno –como una sola identidad- ejerce ahora funciones más
complejas debido a su nueva condición asimilada a una tergiversación de lo
que en esencia es la personalidad única e indivisible del Estado. Y en ese
mismo sentido, el nuevo poder Ejecutivo exige obediencia uniforme a los
ciudadanos, quienes verán estrecharse cada vez más sus espacios para
acometer con libertad actividades ligadas a la economía, sus derechos
humanos plenos, de acuerdo a la división de los poderes, sus exigencias en
cuanto a la calidad de los bienes y servicios y sus iniciativas para mejorar sus
condiciones socioeconómicas de vida según la movilidad social que permite
la democracia.
En este contexto de alineamiento forzado de la dinámica
socioeconómica y política con los intereses de una clase política dirigente
que busca afianzar de manera definitiva y permanente su empoderamiento
real dentro de la estructura orgánica del Estado, se desatan procesos sociales
contradictorios los cuales oponen resistencia a las tendencias totalizadoras y
autocráticas de concentración del poder. Estos procesos logran expresión
creciente a través de la elevación manifiesta del grado de conflictividad
social y se percibe por la evolución que muestran los indicadores relevantes
Antonio Márquez S.
122
de la socioeconomía, así como por las manifestaciones cada vez más
frecuentes de la ingobernabilidad. Todo ello configura un núcleo de riesgo
de naturaleza compleja e impredecible en sus resultados si es que continúa su
activación bajo ese clima de desacomodo continuo y de transgresión oficial
expansiva. En principio, la viabilidad de un desarrollo productivo,
diversificado y sostenible para el país no está garantizada como lo establece
el propósito constitucional de procurar la superación del subdesarrollo y
afirmar la diversificación productiva nacional..
En segundo término, la ingobernabilidad se ha incubado ya en la
estructura socioeconómica del país, atizada para comenzar, desde la
impunidad del sistema de justicia que discrimina y privilegia entre
ciudadanos cuando debería privar la igualdad de derechos y el respeto al
debido proceso en los tribunales de control y de juicio, junto a una
fundamentación sustancial, apoyada en investigaciones reales, cuando tengan
lugar las investigaciones que a los ciudadanos hace el Ministerio Público. De
allí derivan tipificaciones espurias de delitos que logran incriminar inocentes
condenándolos injustamente a sobrevivir de cualquier manera en penales
donde se han consolidado estructuras paralelas al poder constitucional como
una forma de “gobierno” interno (liderada por los llamados “pranes”) que se
sostiene por los proventos de las actividades marginales del delito real tales
como el tráfico de armas y de influencias, protección de la vida, drogas,
sicariatos y secuestros coordinados desde la cárcel. La ingobernabilidad se
manifiesta asímismo desde la informalidad del comercio nómada que
deambula por las calles de ciudades grandes del país (Caracas, Maracaibo y
Barquisimeto) sin seguridad en los ingresos y sin protección social
preventiva para la vejéz y sobre todo sin expectativas ciertas de cubrir con
certeza el desempeño de su grupo familiar.
Integrando el efecto de estas tendencias con las cifras reales de
desempleo (15,1%) y pobreza (53%) reseñadas por el Dr. Werner Corrales,
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
123
(Ref: Cit. http://elecciones.net/archivos2010) junto al porcentaje de la
población económicamente activa que absorbe el ahora llamado grupo de
“trabajadores por cuenta propia” que ronda el 43,26%, se obtiene un cuadro
bastante crítico de privación social y exclusión el cual afecta a densos grupos
poblacionales. La sobrevivencia de estos grupos sociales, localizados en un
submundo que tiene una ubicación espacial concreta, moviliza recursos
diversos (humanos, materiales, financieros, tiempo, etc.) cuando despliega
sus actividades, pero no usa, sino eventualmente, sus derechos ciudadanos
para exigir al gobierno atención pública, formación educacional, vivienda y
acceso al consumo. Su desempeño, discurre en un circuito socioeconómico
que dispone de leyes sui generis o propias, apartadas del llamado orden
jurídico formal donde ordinariamente se desenvuelve la relación entre el
poder Ejecutivo/Estado y los ciudadanos. En estas circunstancias se dificulta
diseñar políticas públicas que con algún grado de efectividad atiendan el
problema de la exclusión social y el recrudecimiento de la pobreza, dado que
coexisten en la práctica ´leyes´ y costumbres –así como referencias de
principios y valores- que operan desde compartimientos estancos, contando
cada uno con su propio equilibrio de autosostén.
En el fondo de todo subyace el curso frustrado del desarrollo
socioeconómico del país y la profunda distorsión política del proyecto
constitucional. El funcionamiento de la economía ha devenido en un
inextricable amasijo de fuerzas y variables que actúan en sentido
contradictorio y el resultado, como producto de la irracionalidad económica,
se expresa en las tendencias perversas del desempleo, la paralización de las
inversiones del sector privado, la inflación sostenida en niveles altos, el
ensanchamiento del sector informal de la economía, la vulnerabilidad de la
soberanía alimentaria, la sobrevaluación del tipo de cambio sin apego a
parámetros de productividad y sobre todo la amenaza de riesgo máximo de
que al final prevalezca el omnipresente Estado como único y exclusivo
Antonio Márquez S.
124
productor escaso de bienes y servicios. La expectación de las mayorías
ciudadanas ante la incertidumbre de la economía y sus tendencias junto al
deterioro del cuadro social y la escaséz de oportunidades de progreso y
movilidad social, induce a respuestas económicas ligadas más a la
informalidad y a la solución propia de su modo de vida que a las propuestas
burocráticas del gobierno, descontextualizadas de la realidad y de escasa
trascendencia para proveer soluciones efectivas e integrales. La
ingobernabilidad se refuerza por esta vía e irradia hacia otros contextos del
tejido social vulnerados también por la carencia de medios de vida, la falta de
logros y mejoras en las condiciones materiales de existencia, la desconfianza
soterrada hacia los actores políticos y la intangibilidad de un patrimonio que
asegure desarrollo y sostenibilidad al grupo familiar y a sus descendientes.
Todas estas carencias tienen el rasgo común de haberse ido arraigando
durante un periodo de tiempo prolongado en el cual se fue agotando la
efectividad de las políticas públicas para superar las trabas estructurales del
subdesarrollo.
Hubo periodos de crecimiento, estancamiento y crisis, hubo bonanza
y declives, hubo aciertos y errores, pero en toda la historia de la
socioeconomía venezolana desde los años veinte del siglo pasado jamás se ha
podido trascender mas allá del modelo rentista petrolero y sus efectos
colaterales ligados a la monoproducción, la balanza comercial deficitaria y el
desequilibrio del gasto publico.
Ello ha evidenciado la impotencia formal de los gobiernos para
convertir la renta petrolera en inversión reproductiva por vía del gasto
público orientado principalmente hacia el gasto de capital y el gasto social,
junto a la depuración del gasto corriente en el presupuesto.
Tampoco las políticas públicas han tenido efectividad en ensanchar
las dimensiones del mercado interno a través de la ejecución de las obras de
infraestructura que son causa de un alto déficit de servicios, acumulado en lo
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
125
que se refiere a obras del sector salud, educacionales, recreacionales, y del
sector vivienda y sus servicios conexos. Ello sin mencionar las necesidades
de inversión del sector eléctrico, de las industrias básicas de Guayana y del
propio sector petrolero que muestra contracción en su capacidad productiva,
junto a las impostergables inversiones en capital humano que demanda hoy el
país con urgencia.
El escaso éxito obtenido y más aun, las abundantes frustraciones
para dotar el país de una base económica material fundada en la
diversificación productiva, en una alta productividad, un mercado atomizado,
ampliado y eficiente y tasas de crecimiento sostenible, contribuyeron de
manera determinante al desacomodo progresivo de las condiciones
socioeconómicas de vida en los estratos sociales de mayor densidad y se
formó una brecha diferenciadora de los intereses, los valores y los principios
que por un lado manejan los representantes del poder Ejecutivo/Estado,
versus los intereses de las mayorías populares del resto de la república. Los
primeros actúan como si estuvieran titularizados para ejercer el gobierno sólo
por virtud del orden jurídico constitucional, con prescindencia de la
legitimación que da la eficiencia social de las políticas públicas sobre los
ciudadanos. Del otro lado están los ciudadanos gobernados quienes
responden en su lucha desde posiciones debilitadas por el desdoblaje
autoritario ocurrido bajo la nueva concepción del Estado, quien actúa ahora
con todo su poder desde un marco difuso y arbitrario con respecto a la
institucionalidad originalmente inserta en el cuerpo constitucional.
En las circunstancias descritas, la ingobernabilidad se acrece por
distintas vías, las cuales a veces se tornan complementarias, dependiendo
todas de la propia dinámica social y política del país, y la acentuación de
resultados aun más críticos en la economía que culminan en resoluciones de
vida y acciones cada vez más temerarias y al margen de la legalidad civil.
Antonio Márquez S.
126
De acuerdo a lo expresado, y considerando que, el orden jurídico
implícito en la Constitución Nacional de la Republica, se adhiere al Estado
según la diferenciación y autonomía de los poderes establecidos; y
considerando además, que así, bajo esta concepción, fue aprobado por el
pueblo en la Asamblea Constituyente en Diciembre de1999, todos los
ciudadanos venezolanos, investidos de los derechos y obligaciones
plasmados en la ley, deben actuar de manera diligente y consecuente para
preservar la armonía funcional del Estado, tal y como fue originalmente
concebida y aprobada en su oportunidad.
Este planteamiento se torna una materia pendiente en base a varias
razones, entre las cuales vale la pena resaltar: primero, Venezuela, desde el
punto de vista situacional económico se halla en una circunstancia de riesgo
mayúsculo en su desempeño como país, dado el empeoramiento que exhiben
sus indicadores más relevantes entre los cuales destacan, el aislamiento
regional y el desencaje integracionista, el deterioro reputacional por las
estatizaciones que ha afectado su percepción internacional de riesgo lo cual
conduce a efectuar emisiones de deuda con cupones de rentabilidad
exageradamente altos; etc.; segundo, el cuadro de desacomodo económico
severo, presente en el país, ha influido de manera determinante en la
acentuación del deterioro social en las grandes mayorías de ciudadanos,
quienes han visto recrudecer el clima de precariedad y carencias en que
discurre el normal desempeño de sus actividades, habiéndose empobrecido
en mayor grado sin haber asegurado un modo cierto de vida y un futuro de
progreso y bienestar, a pesar de los ingentes recursos fiscales que derivan
hacia el gasto público a través del ingreso petrolero exorbitante; tercero, está
presente una circunstancia constitucional en el país la cual reduce el ámbito
previsto para el desenvolvimiento de los ciudadanos nominalmente
investidos de todos sus derechos civiles, sociales, económicos y políticos.
Ello acontece a pesar de que, el orden jurídico contenido en la Constitución
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
127
Nacional establece el despliegue de la actividad del Estado, a través de los
poderes autónomos diferenciados y preservando la plena vigencia de los
principios y valores fundacionales que nutrieron el espíritu de la legalidad
presente en su texto. Ese orden establece asimismo, las normas y reglas que
demarcaron el ámbito y el modo funcional en que se activa el Estado y sus
órganos conformantes. Los desajustes actuales, presentes en la acción del
Estado y la falta de equilibrio en el ejercicio de los poderes obligan a los
ciudadanos a coordinar acciones civiles, políticas y sociales encaminadas a
restablecer el orden jurídico original y el cumplimiento obligado de las
funciones del Estado, de acuerdo a la normativa existente y los principios y
valores que, son garantía de los derechos ciudadanos.
A todo evento, es útil señalar que, dentro del campo de la política y
en el plano jurídico, existen recursos y alternativas los cuales prevén salidas
ante situaciones de dificultad que pongan en riesgo la vigencia de las normas
constitucionales y la preservación genuina de la acción del Estado en su
relación con los ciudadanos. Los textos jurídicos mencionan la existencia del
llamado derecho a la desobediencia y derecho a la revolución, para referirse a
la facultad inmanente a toda sociedad política organizada y/o a todo pueblo,
de rebelarse ante un régimen autoritario negador de los derechos y garantías
ciudadanas, que quebrante las orientaciones políticas del cuerpo electoral que
lo escogió para la conducción del país. Por lo tanto el pueblo debe recurrir a
todos los medios jurídicos a su alcance para restituir el orden infringido (33).
Sin embargo, en cuanto al derecho a la revolución, se advierte que como
derecho natural que pertenece al pueblo, esta fuera del ámbito formal
jurídico, pero, bajo ciertas circunstancias de apremio y dificultad oprobiosa
se justificaría recurrir a una revolución que rescate la sindéresis, la
economía, la seguridad ciudadana y la convivencia democrática.
En la Constitución Nacional están señalados en su articulado,
previsiones de salvaguarda acerca de la plena vigencia que tiene que
Antonio Márquez S.
128
prevalecer en el funcionamiento de la República en cuanto al Estado de
derecho en todas sus manifestaciones, las reglas democráticas y la división de
los poderes como garantías de buen accionar del Estado y como garante
titular del poder jurídico establecido.
Por vía de ejemplo, se destacan las obligaciones constitucionales que
contempla el artículo 232 cuando establecen al presidente de la república su
obligación de procurar la garantía de los derechos y libertades de los
venezolanos así como la integridad de la República.
En una perspectiva amplia, que funge como red de protección al
orden medular del sistema republicano que está contenido en la Constitución,
otros artículos de la ley establecen expresamente esa facultad ciudadana de
cuestionar de forma y de derecho, el funcionamiento desviado del Estado
cuando quiera que éste opere sin apego al orden jurídico aprobado en el
referendo constituyente. El artículo 333 señala que, ante la eventualidad de
que dejare de observarse el contenido de la Constitución… “todo ciudadano
investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el
restablecimiento de su efectiva vigencia” (ejusdem); y el artículo 334 agrega
y complementa que, todos los jueces de la República, en el ámbito de sus
competencias… “están en la obligación de asegurar la integridad de esta
Constitución” (ejusdem).
En teoría, el buen ejercicio del poder por parte del Estado no debería
dar lugar a los llamados Estados de Excepción por circunstancias de orden
social, económico y/o político como lo señala el artículo 337 de la CRBV,
por cuanto la practica real del orden constitucional debería siempre funcionar
de acuerdo al equilibrio democrático entre los poderes diferenciados y
autónomos y según los principios y valores que respaldan los derechos
civiles y económicos del ciudadano.
También el artículo 138, establece un espacio jurídico formal al
ciudadano para aplicar correctivos contra los excesos en que pudiera incurrir
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
129
el Estado por la mala práctica del orden jurídico constitucional. Así, ante una
descalificación de la autoridad como genuina e ineficaz se calificaran a sus
actos como nulos.
Al respecto es oportuna a la cita de Rivas quintero (34) cuando
señala que:
“la Constitución no puede ser instrumento acomodaticio de las
pretensiones de los gobernantes de turno; sino que por el contrario ella ha de
impedir la impunidad de quienes al abrigo del poder, se ponen de espaldas a
los grandes intereses Nacionales. La legitimidad de un gobierno se pierde
cuando pretende regular los sentimientos de un pueblo sobre su
democracia… sobre el respeto de sus creencias religiosas o políticas
deslindando sectores de la sociedad para enfrentarlos en una lucha económica
y política… inspirada quizás en viejas… formulas extranjeras de concebir al
Estado y organizar una sociedad política para sumirla a la voluntad
autárquica de un jefe” (Rivas, 2007)
Faltaría aun por agrupar entre las previsiones que establece la
Constitución para su protección y blindaje contra cualquier propósito que
lesione su naturaleza y consistencia jurídica, el denominado derecho a la
desobediencia civil, el cual emerge como un recurso ciudadano implícito en
el contenido de los artículos 138, 333, 334, 337 y especialmente el artículo
350 el cual señala que: “el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición
republicana…desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que
contraríe los valores, los principios y las garantías democráticas o menoscabe
los derechos humanos” (ejusdem). La interconexión explicita en los
señalados artículos del texto constitucional vigente, robustecen de manera
articulada y coherente la capacidad de vigilancia de los ciudadanos acerca
del funcionamiento equilibrado del orden jurídico constitucional, vigilancia
la cual nunca será suficiente si no va acompañada de acciones concretas de
Antonio Márquez S.
130
lucha política y civil que fuercen al cumplimiento del orden jurídico
establecido.
• La Socioeconomía y Los Nuevos Paradigmas del Ciudadano.
Las tendencias mundiales hacia la reafirmación democrática y la
equidad distributiva explican una gruesa proporción del sentido y la
naturaleza de la lucha hoy de los pueblos por tener un acceso justo al
excedente económico y con ello, a la libertad. La propia dinámica
socioeconómica en los países y zonas del mundo, refuerzan la asunción de
nuevos paradigmas en los ciudadanos, impulsados principalmente por el
combate a unas condiciones de existencia material precarias, una rigidéz
extrema en el sistema de distribución de producto y renta y una paralización
de la movilidad política y social necesaria para garantizar la participación
popular representativa.
Al menos en cuatro contextos emblemáticos en el mundo, concurren
hoy procesos sociopolíticos y económicos vinculados a la refundación y
validación de los principios de la democracia. Estos procesos exhiben, un
rasgo común uniforme y general: la lucha por adoptar y/o reafirmar el
sistema democrático como modelo político positivo que logra canalizar las
aspiraciones populares de progreso económico, justicia social y participación
política.
Estos procesos, ubicados en contextos regionales representativos y
distintos, están hoy en curso, algunos como recursos normales en prueba por
los actores sociales; otros como un objetivo de conquista para la fundación de
un nuevo orden social. En los primeros están USA y la Eurozona; y en los
otros están Latinoamérica y el Magreb del norte de África junto a los países
árabes del cercano oriente. En todos, a diferente ritmo y con diferentes
características específicas, avanzan los procesos de lucha por afirmar la
democracia como sistema histórico político de aspiración humana moderna.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
131
En USA, la crisis inmobiliaria (subprime), desatada desde el 2008,
ha obligado a importantes reflexiones en torno a la relevancia decisiva que a
favor del equilibrio socioeconómico general del país tiene el sistema de
controles y regulaciones económicas y financieras que puede aplicar el
Estado. La crisis hipotecaria que como una burbuja detonó en el Estado de la
Florida, desencadenó, por contagio a escala nacional, una verdadera crisis
financiera de magnitud considerable en todo el país, afectando de manera
decisiva los indicadores de la economía real como el PIB, las exportaciones,
la inversión, el empleo y el consumo; con efectos directos e inmediatos de
gran envergadura sobre el gasto fiscal y el déficit presupuestario del
gobierno, amenazando la propia cobertura de la política social (medicare,
educación, paro forzoso, becas escolares, pensiones de vejéz, hospicios etc.)
El impacto de los ajustes fiscales y el gasto sobre la socioeconomía, ha
instalado el debate político y la protesta social en el parlamento y en las
calles, exigiendo orden, control fiscal y transparencia en la gestión pública y
privada no solo a nivel interno sino en la política exterior que comprende los
gastos militares y la política de cooperación hacia los países. Después de
cuatro años de la crisis, aun no logran restablecerse en la economía niveles
de empleo y de inversión que rescaten la producción de bienes y servicios
hasta hacerla sostenible y reforzada con exportaciones hacia nuevos
mercados.
La respuesta organizada del gobierno ha sido asimilativa de las
dificultades y de apertura ante la presión social, así como de reordenamiento
focalizado sobre los problemas claves, de índole fundamentalmente
socioeconómicos y financieros que afectan la recuperación. En general priva
y funciona la institucionalidad democrática como recurso inmediato de las
mayorías ciudadanas para exigir atención y solución a través de las políticas
públicas para desarrollar acciones concertadas con el sector privado que
Antonio Márquez S.
132
incluyan mayor control, regulación y orden para rescatar el equilibrio en
función del interés general del país y de los ciudadanos.
En Europa, la propagación de la crisis hipotecaria iniciada en USA, a
todo el sistema financiero internacional de los países, desató un cuadro
generalizado de desequilibrios fiscales y deuda exagerada en los
presupuestos de algunos de los países integrantes de la Eurozona. Tales
desajustes se hicieron particularmente notables en Grecia, Irlanda y Portugal,
mientras que otros como España e Italia se hallan bajo amenaza de incurrir
en insolvencias y defaults por los crecientes déficits y la sustentabilidad del
endeudamiento. Igual que en América en la mayoría de los países de la
Unión, las exigencias de moderación y equilibrio del gasto público a los
gobiernos por parte de los ciudadanos han ido progresivamente generando los
espacios de diálogo que prevé la institucionalidad democrática establecida y
consolidada. Las demandas de los ciudadanos afectados en sus condiciones
de vida socioeconómica por los impactos de los desequilibrios fiscales y la
insuficiencias en los ingresos públicos para sufragar el gasto corriente y la
seguridad social, hallan receptividad y obtienen respuestas que tanto la
discusión parlamentaria como las propias manifestaciones de calle se
encargan de concertar bajo algunos esquemas de viabilidad para
instrumentar medidas que propicien algún grado de estabilidad y control de
la economía.
En Latinoamérica, el cuadro sociopolítico para el posicionamiento de
las tendencias a favor de la democracia, se muestra favorable desde el punto
de vista sistémico formal. Todos los gobiernos actuales existentes en la
región suramericana y caribeña –con excepción de Cuba– han llegado al
poder por vía de la elección democrática y se ha promovido la creación de
mecanismos institucionales que en el marco interamericano propenden a
preservar como sistema el funcionamiento y la vigencia de los principios y
los valores de la democracia sobre la base de la división y autonomía de los
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
133
poderes respaldados por un orden jurídico constitucional. Aunque ello sea así
solo en en el plano de la formalidad, de por sí representa un gigantesco paso
de avance cuando se compara con el mapa de dictaduras militares totalitarias
que anegaban antes la región y que se caracterizaban por la supresión de las
garantías ciudadanas y la sumisión de los poderes a las directrices únicas del
poder Ejecutivo/Estado, concentradas en la voluntad de un líder/jefe que se
autoasumía como gobernante indefinido en el poder.
Hoy, desde el punto de vista de la praxis política, la esencialidad
operativa de la democracia es otra. En aquellos países donde gana espacio el
modelo del capitalismo de Estado, como son en el caso de Venezuela,
Ecuador, Bolivia y Nicaragua, la fisiología de la democracia adquiere un
perfil sui–generis, donde ´la novedad´ consiste en aprovechar el propio
recurso del referendo y las facultades de que están provistas por definición
las asambleas constituyentes, para la modificación legal de un importante
aspecto de las condiciones para el ejercicio democrático electoral: la
reelección indefinida del presidente de la República. Ello permitiría, en una
expectativa de tiempo prolongada, instaurar un proyecto político de país,
controlado ad-infinitum desde un nivel central, de gran alcance, cuya
implementación necesariamente desencadena un proceso de cambios y
ajustes en la institucionalidad; principalmente en el orden social, político,
económico y financiero a través de adaptaciones progresivas del orden
jurídico hasta alinearlo con los objetivos y metas trazados en un proyecto
autocrático de largo plazo. En esencia es una programación de la sociedad de
acuerdo a bloques claves de control estratégico.
Aquí se hace perceptible claramente la coincidencia operacional
entre esta modalidad ´novedosa´ de subvertir buena parte de la esencia del
modelo político de la democracia, representada por la alternabilidad y la
reelección acotada hasta sólo por un periodo al presidente en turno y la
permanencia también indefinida en el poder de los gobiernos de facto. En
Antonio Márquez S.
134
ambos casos de la versión autocrática de gobierno, se suprime de hecho y de
derecho, la facultad del pueblo ciudadano a cuestionar la gestión pública
responsabilizada en el órgano ejecutivo del Estado que, bajo esta modalidad,
es sencillamente, el gobierno. Se suprimen así mismo por esta vía solapada y
de bajo perfil, las posibilidades de expresión de la voluntad popular cuando
quiera que ésta concluya en que está en riesgo el destino cierto del país y que
se ha hecho vulnerable la seguridad material de sus ciudadanos y que los
asiste ahora el derecho a rebelarse y actuar contra el estado de cosas. Aquí
rige el derecho a desconocer la legislación usurpada o la autoridad, por
contrariarse los principios, valores y garantías democráticos y por
menoscabarse el perfil de los derechos humanos que han sido expresamente
señalados en una Constitución aprobada por el pueblo.
En los países árabes del Magreb y del cercano Oriente, los recientes
acontecimientos sociales y políticos marcan el inicio de cambios profundos y
trascendentales en los modelos de mando totalitario enraizados allí desde
siempre en su historia. Libia, Siria, Yemen, Bahrein, Marruecos, Egipto y
otros han presenciado las turbulencias de movimientos políticos que en masa
propugnan el derrocamiento de regímenes tiránicos que han mantenido
asfixiados los derechos civiles, políticos y económicos de las mayorías
populares, durante el tiempo suficiente para haber fabricado una sólida
estructura de poder basada en concepciones monárquicas en todas sus
variantes (califatos, emiratos, tribus, reinos, etc.). Son regímenes poco
diversificados donde la figura del Estado se adhiere a un presidente de facto
de máxima jerarquía y con poderes plenipotenciarios para poner en actividad
toda la función administrativa del Estado, representada y resumida en él
como jefe permanente del gobierno/Estado y resguardada su permanencia en
el poder por un fuerte aparato de inteligencia política y militar que controla
de manera efectiva las ideas, movilizaciones de los ciudadanos y su
organización. En este contexto el uso y disfrute del espacio socioeconómico
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
135
y político tiene que ser logrado a través de una rebeldía organizada para
derrocar del poder a la elite política gobernante y marcar un terreno donde
los principios y valores democráticos adquieran vigencia bajo un orden
jurídico nuevo de justicia social y libertad. Los avances diarios en este
sentido son una conquista crucial para el pueblo árabe, y los acontecimientos
se hallan hoy en pleno desarrollo. Solo con el afianzamiento de un orden
democrático en la realidad milenaria de los países árabes de hoy pueden ellos
aspirar a construir un contexto general de desarrollo económico más
productivo, apoyado en una institucionalidad moderna y funcional que
auspicie la participación ciudadana, la equidad distributiva y una
gobernabilidad progresista y democrática real.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
137
VI. CONSIDERACIONES FINALES
El siglo XXI significa, aparte de la circunstancia de ser un tiempo
nuevo que registralmente comienza, también un tiempo anterior, donde
convergen eventos multidiversos cuyo patrón de desarrollo, visto desde su
esencialidad, demarcan un rumbo posible a la perspectiva humana. Ese
rumbo, tendrá uno u otro sentido –o un sentido– dependiendo de las
capacidades humanas desarrolladas para entender con mayor o menor
aproximación la realidad en que vivimos; interpretar su morfología, su
dinámica y orientar de manera conveniente y útil una relación social
armónica, productiva y sustentable.
Durante el acontecer del siglo pasado, no se llegaron a resolver
innumerables problemas de corte social, político, económico, cultural etc, así
como tampoco muchísimas de las diversas contradicciones que desataron las
iniciativas del hombre en cuanto a tecnologías, procesos de producción,
conquista de mercados, generación de ganancias, luchas políticas, calidad de
vida, preservación de intereses creados etc.
Hubo y continúa la acción del hombre y el desarrollo de procesos
que procuran equilibrio y estabilidad a nivel tanto particular de países como
sistémico global, hasta asegurar la mayor elevación posible en los niveles del
desarrollo humano, adherida ésta a una sostenibilidad sinergéticamente firme
y con sentido de renovada continuidad.
El desenvolvimiento de la socioeconomía y la política, de acuerdo a
las metas del milenio, a pesar de destacados e importantes avances en
algunos cauces específicos relacionados más que todo a una oferta atomizada
de bienes y servicios ligados al confort, el acceso de las muchedumbres
ciudadanas, en general, ha sido magro. La frustración en cuanto a mejoras en
las condiciones de vida se ha incubado como un rasgo típico en las
Antonio Márquez S.
138
sociedades de hoy a nivel de los países de economías satelitales ó menos
desarrolladas.
La gran crisis del 2008 debutó con el siglo y con el tiempo adquirió
diferentes manifestaciones fenomenológicas, ligadas por supuesto a lo
económico y financiero que constituyen su patrón central sintomatológico en
la história, aunque la prescripción de la equidad como justo baremo del
progreso social, sea a la larga su propia espada a la hora de explicar la
esencia de las depresiones económicas.
El decurso y antecedentes que ha tenido el modo de distribución del
ingreso y la concentración acumulada de la ganancia en un reducido
segmento poblacional del planeta, ha consolidado un patrón de inequidad el
cual se ha tornado en un factor de influencia disruptiva de gran significación
a la hora de mantener el funcionamiento armónico de la esfera real y
financiera de la economía global como un objetivo del desarrollo ideal ligado
a lo social.
La envergadura del tema, es obvio que escapa al propósito que
animó el presente trabajo; sin embargo, sin pretender anexar propuestas a la
asimetría global que se resume en la inequidad distributiva del ingreso,
conviene adjuntar algunas ideas libres que sobre la socioeconomía y el
desarrollo se manejan cada vez con más frecuencia en el propósito de
explicar el comportamiento de algunos componentes de la crisis severa que
asola al mundo. Por Ejemplo, es un objetivo primordial hoy con la crisis, en
las economías del mundo desarrollado, lograr que el propio circuito de la
economía real refuerce su capacidad alternativa de generar empleos (puestos
de trabajo), la cual se ha visto debilitada ante el uso creciente de tecnologías
ahorrativas de trabajo humano como factor productivo por una parte; a lo
cual se suma el exorbitante crecimiento del sector financiero de la economía
altamente móvil y especulativo pero con autonomía y vigor para configurar
y sostener un dinámico mercado que logra extraer ingentes recursos de
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
139
liquidez de la esfera real productiva de la economía, provocando un
subconsumo que obliga a acudir al auxilio de demanda desde el gobierno y
desde otros mercados en el exterior. Sin referencial sólido en cuanto a
precios y/o valor real de los títulos acciones, en el mercado financiero se
cotizan valores especulativos que distorsionan cada vez más la relación del
factor financiero con la economía real haciéndola opaca y engañosa como
signo de tendencias.
En este sentido, focalizando la economía de USA, el gobierno ha
desplegado una verdadera política exterior “tentacular”, buscando en el fondo
suplir ó agregar más demanda para los productos de USA en el mundo y
restablecer en algún grado importante el desequilibrio estructural que se ha
ido consolidando en el tiempo y que se ha agravado más con la crisis.
Las mayores regulaciones implantadas desde 2008 en el sector
financiero restringiendo el campo de acción a la banca de inversión, han
conjurado algunas manifestaciones de las fallas; pero en esencia solo han
corrido la arruga en el proceso de la crisis, el cual se apega a causas más
profundas incubadas desde hace tiempo en su naturaleza socioeconómica,
histórica y política fundamentalmente.
Sobre el patrón tecnológico es inevitable su desarrollo y su
expansión ligado a la investigación, la eficiencia en las cadenas productivas y
la búsqueda de mayor penetración en los mercados por el logro de ventajas
en la competitividad de los paises.
De manera que éste es un factor del problema, de la crisis a la hora
de pensar en su solución y en sus causas. Solo un cambio en los llamados por
Baptista (35) “arreglos sociales” a que conducen conflictos de los llamados
“intereses creados” de Benavente (36) pudieran arrojar luces sobre las
grandes implicaciones subyacentes en el entendimiento del problema y esos
cambios pasan por el sacrificio de ganancias en aras del interés general
inclusivo de todos en el proceso global de producción, distribución y
Antonio Márquez S.
140
consumo. Y es allí donde el sistema socio-político democrático adquiere una
vigencia extrema. En la medida que el gobierno sea autentico y genuino
representante de los intereses ciudadanos, el propio Estado, preservando los
intereses nacionales debe imponer normas a los mecanismos distributivos y a
las conductas relativas al consumo y a la inversión que alejen riesgos y
perturbaciones del sistema socioeconómico.
En los países desarrollados, que son las naciones en minoría más
favorecidas, la opulencia de los grupos y su sostenimiento se hace cada vez
más costosa medida en términos de la eficiencia socioeconómica del sistema
en general.
En este contexto las mayorías ciudadanas pujan cada vez con menos
éxito y más defraudación, por los beneficios derivados del excedente
económico y por un espacio económico para la convivencia que en términos
relativos se hace cada vez más reducido y menos diverso en cuanto a
recursos que proporcionen sostén a sus condiciones socioeconómicas de
vida; sobre todo en cuanto a una calidad que objetivamente se deshace en un
clima general de incertidumbre y crisis.
En los países de menor desarrollo, con economías históricamente
articuladas al sistema capitalista mundial, la circunstancia de la crisis
globalizada también coloca su status en una situación de riesgo compartido
con lo que pudiera sobrevenir por la crisis en las economías desarrolladas
capitalistas. Aquellos, aun no han completado el ciclo industrializador de sus
economías y muchos aun están rezagados como monoproductores ó rentistas
de materia primas de amplia demanda en los mercados, rasgo el cual les
asigna el doble riesgo de no contar con una economía diversificada y a la vez
depender de lo exógeno –y volátil – de los mercados externos para asegurar
sus ingresos fiscales y su acopio de divisas.
En ambos contextos, de desarrollados y no desarrollados, acontece la
circunstancia que se torna cada vez más grave y apremiante, de afectarse en
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
141
grado creciente la condición de vida de las mayorías ciudadanas,
consideradas definitivamente desde todos los ángulos del desarrollo, como el
sujeto y objeto de la economía y la sociopolítica. Solo que, en la actual
circunstancia de la crisis global, la incertidumbre y las carencias presagian
también, de forma más envolvente, un recrudecimiento de penurias y más
escaséz, aparte de disfunciones de la institucionalidad garante de la
operatividad en la economía.
En el caso particular de Venezuela, la agenda política del gobierno
en turno ha asumido la grave responsabilidad de interpretar la realidad
socioeconómica de acuerdo a una óptica que prescinde a todo evento de
importantes factores históricos, sociológicos y económicos presentes a la
hora de diseñar objetivos y proyectar tendencias.
De acuerdo a la lógica objetiva de las ciencias sociales, algunas
relaciones básicas que caracterizan el desarrollo del país señalan, desde una
perspectiva general que, la inequidad del proceso en que ha discurrido y se
ha conformado el patrón de la distribución del ingreso, junto a la debilidad en
los flujos de la institucionalidad democrática, ambos han determinado un
concluyente resultado: la deprivación en las condiciones socioeconómicas de
vida de las mayorías ciudadanas. Rasgos claros de esta deprivación lo
constituyen la marginalización creciente de vastos sectores sociales, el
crecimiento del sector informal de la economía, la configuración de varios
mundos de pobreza sin enlaces, funcionando como compartimientos estancos
y con diferenciales difusos hacia lo que pueden esperar del futuro; y junto a
estas tendencias se ha configurado –o más bien está en gestación– una
nomenklatura (o elite político–militar–burocrática) relacionada directamente
con los resortes del poder político. Esta élite es recipientaria del usufructo de
negociados y está vinculada con la gestión del Estado totalitario, actuando
ahora en el espacio económico más rentable que antes explotaba bajo
normas imperfectas de la democracia, el sector privado. En este torneo
Antonio Márquez S.
142
cíclico por los proventos del excedente económico, históricamente la
mayorías populares han ido derivando hacia una decreciente participación
relativa como se ha hecho evidente estadísticamente al examinar la movilidad
social hacia abajo que agrede a los estratos más pobres de la población.
Avanza el siglo y avanza su pobreza y no se adivinan formulas ni siquiera
parciales, que enfrenten esta injusta tendencia. Las políticas públicas que a
duras penas escapan de la inercia, adolecen de una acendrada presbicia que
no toca el fondo del problema, el cual especialmente hoy se ha acentuado por
la desestructuración del circuito socioeconómico y su racionalidad.
Ello hace apremiante una refundación que como proceso sinergético
acometa el rescate socioeconómico y político del país hasta lograr conformar
una gran ola de empuje que direccione hacia el desarrollo y la cohesión
social productiva.
Esa refundación deberá estar dotada de esencialidad y emerger
precisamente de propuestas críticas hacia el Estado actual del componente
social con valoración especial hacia los aspectos prácticos del desarrollo que
acerquen la viabilidad y unifiquen un cuadro clave de objetivos factibles.
La temática y la crítica así como las propuestas ante la Venezuela de
hoy, no pueden escapar del análisis sobre la naturaleza y las tendencias de la
crisis mundial que explotó en 2008, así como de la frágil correspondencia
que existe entre el sector financiero y la economía real del país, pasando por
evaluar el verdadero potencial de producción y las dimensiones del excedente
económico; los aspectos de generación de empleo productivo y la equidad
distributiva del ingreso; el rol del Estado como palanca fundamental del
desarrollo a través de la calidad en las políticas públicas y el formato de
decisiones ejercidas en un clima de democracia real de promoción de valores
sociológicos propios con énfasis en la participación social cohesiva de las
mayorías ciudadanas asimiladas como factor básico y autónomo del
desarrollo integral.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
143
La gran ola de empuje hacia el desarrollo y la consolidación social,
deberá concertar el esfuerzo para acoplar los objetivos de la propuesta con el
propósito general de la refundación en lo económico y en lo político a fin de
engrasar la institucionalidad prevista en la democracia hasta hacerla fluida y
preservarla como garantía única de favorecimiento de enlaces sociales fuertes
que se apoyen en la movilidad social hacia la participación política en la
toma de decisiones y en la distribución del excedente.
Las circunstancias descritas, vistas a través de varios de sus
componentes y otras relaciones básicas del desarrollo, indudablemente que
configuran un cuadro critico para el país en aéreas medulares ligadas al
baremo de lo social cuyo status es a fin de cuentas el tamíz donde se cuela el
éxito o el fracaso de un orden posible de alcance nacional.
Desde la perspectiva del deber ser, referida al cuadro de relaciones
arriba señaladas, pudiera concluirse para el país en que, la mayor equidad en
la distribución del ingreso y la madurez política aplicada a mejorar y
fortalecer la institucionalidad democrática, ambas, debieran converger en el
logro de una mejor calidad en las condiciones de vida ciudadana; con el
consiguiente afianzamiento de las bases societales de la nación, contando
con una economía productiva y sostenible adherida a un proceso renovado de
reafirmación política democrática, facilitadora de reforzamientos sociales que
reproduzcan mayor inclusión con equidad y una representatividad soberana
en el plano internacional.
Pero el cuadro real de la socioeconomía y la política exhibe un perfil
que cada vez se aleja más de las posibilidades de alcanzar siquiera un recodo
del camino que conduce a las metas del milenio mencionadas por la ONU
como referenciales necesarias a la hora de evaluar la calidad de vida en los
países, medida por ejemplo en términos del índice de desarrollo humano y
otros indicadores.
Antonio Márquez S.
144
Venezuela sigue rezagada y obstruido su desarrollo ante una
interferencia decisiva del factor político, el cual desde una opción faláz
concibe la agenda del desarrollo a partir del distribucionismo de la renta
petrolera sin concatenación real con las capacidades productivas instaladas y
la dotación de recursos conocidos y los intereses de las mayorías populares
apreciados desde una óptica productiva.
Se ha configurado una acción sistemática del funcionariado, dirigida
con eficacia hacia la desestructuración de los componentes institucionales
medulares de la vida nacional, expresados en el texto magno constitucional.
En lo económico, la practica actual expone de manera flagrante el
uso dispendioso de los proventos del negocio petrolero a través de un gasto
publico marcado fuertemente por el gasto corriente y el endeudamiento, con
reiterado desapego al gasto de capital y social reproductivo. El aparato real
de la economía privada, desconectado progresivamente de la producción
interna de bienes y servicios por la intervención del Estado en todos los
segmentos del circuito económico (producción, distribución y consumo)
contribuye de manera discontinua y regresiva a la conformación de la oferta,
mientras que el mismo asume la sufragación del consumo aparente con
importaciones masivas y crecientes de bienes finales que como escape al
fulminante impacto de una inflación desbordada, el gobierno controla cada
vez con mayor dificultad, desviando impulso a la economía interna para
generar empleo productivo estable y mejorar la regresiva distribución de
ingreso. El sector financiero de la economía por su parte, muestra tendencias
concretas hacia la insolvencia, dada la articulación perversa que instrumenta
el gobierno de compensar el subconsumo que proviene de la vía salarial con
gasto fiscal suplementario y crédito bancario, presionándolo hasta
recalentarlo cuando se le adiciona el efecto de las gavetas crediticias
obligatorias hacia sectores de la economía de escasa respuesta y rentabilidad.
La extrema dependencia neurálgica del sector financiero bancario de la
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
145
provisión de divisas en 95% provenientes del petróleo, logra configurar un
cuadro aun más crítico para las instituciones financieras las cuales bajo
ningún respecto concitan a la capitalización patrimonial. Hasta el corriente
año 2011 no existen muestras de que el gabinete financiero haga examen
realista de tendencias e incorpore estos elementos al ámbito de sus
decisiones.
En lo que respecta a lo social, al menos cuatro elementos conspiran
en favor del recrudecimiento de la pobreza; a saber, i) la alta y persistente
inflación la cual se ha tornado imbatible ante la concepción miope del sector
oficial que no logra discernir entre sus causas, las que son estructurales,
como la escasa producción interna de bienes y servicios, y las coyunturales
que se generan por presiones de demanda ante la escaséz de bienes y
servicios y que el gobierno atribuye a la supuesta especulación que proviene
del acaparamiento y la conspiración contra la acción oficial del control de
precios. ii) La concentración de hasta dos salarios mínimos como ingreso en
el 75% de las familias venezolanas. Tal nivel de ingreso (hasta Bs. 2.800,00
al mes) apenas permite acceder al 88% del costo de una cesta alimentaria que
tiene un valor de Bs. 3.194,00 y menos aun de la llamada cesta básica que
tiene un costo aproximado de Bs. 7.400,00 por mes, hasta julio de 2011
según cifras del CENDAS. iii) el engrosamiento creciente de los estratos
sociales III, IV y V a costa de los sectores I y II (clase media) de la población
como lo referencian las propias cifras del INE. iv) el clientelismo oficial, el
cual actúa sin reparo formulando programas con fachadas de supuesto
resarcimiento y compensación social pero cuya intención ulterior persigue
ganar adeptos por vía de la gratificación y el aprovechamiento proselista
político.
En el plano político, los señalamientos más críticos confluyen hacia
el terreno minado de la constitucionalidad y la propagación de un clima
transgresor instalado ya en el sistema de justicia y en el ejercicio del poder
Antonio Márquez S.
146
del Estado. El Poder Ejecutivo, una de las ramas de Poder Público donde
reside el gobierno para activar la administración de recursos, actúa de forma
desviada absorbiendo las funciones y facultades atribuidas al resto de los
poderes (legislativo y judicial principalmente) según la Constitución
Nacional. En consecuencia priva en la práctica un solo poder, el del Estado,
igualado ahora, por identidad biunívoca, al del Poder Ejecutivo o gobierno
Nacional. De esta forma, la institucionalidad, prevista como procedimientos,
formas, mecanismos y procesos para practicar el orden jurídico que es en
esencia el Estado, se desnaturaliza en su contenido. Visto de otra forma por
demás coincidente, la República queda así trastocada o en franco
desacomodo de acuerdo a su base de sustentación original según a lo
aprobado en 1.999 donde se estableció un orden jurídico para la democracia,
apoyado en la división de los poderes públicos y el ejercicio autónomo de sus
competencias respectivas. Desde esta panorámica del gobierno fabricada
desde una base simplista, aleatoria y temporal pero que es al mismo tiempo
profundamente lesiva a los intereses más genuinos del país y a su potencial
económico, resulta pertinente concluir que hay un desencaje mayúsculo del
marco Constitucional genuino bajo el cual está concebido el proyecto
nacional del país, fundamentalmente amparado en los principios y valores de
la democracia.
Ese desencaje ha ocasionado, por una parte un desajuste estructural
en la conceptualización del modelo sociopolítico democrático que se plasmó
inicialmente en el texto jurídico magno, habiéndose por tanto desvirtuado el
patrón de comportamiento del sistema socioeconómico y del régimen
normativo en que se fundamentan sus principios, que son los de justicia
social, democracia, libre competencia, productividad etc. y de la propia
función del Estado en la economía.
Ese desencaje, analizado al traslúz de la situación de riesgo nacional
que vive el país actualmente y que coloca en entredicho su futuro para
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
147
consternación de las generaciones vendieras de venezolanos, arroja a la arena
sociopolítica la necesidad de una urgente conquista y reasignación de los
espacios económicos y una recomposición del espacio social y político para
las mayorías ciudadanas, empoderadas realmente bajo el sistema de valores
que auspicia una gobernabilidad justa y extendida a todos los estratos
conformantes de la sociedad venezolana.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
149
Citas
(1) Respecto a este enfoque, el cual compartimos, algunos autores lo identifican con la llamada Economía Institucional, la cual se aboca a un tipo de análisis económico que destaca especialmente el rol de las organizaciones políticas y sociales en la determinación de los fenómenos económicos. Esta óptica integra en sus proposiciones un espectro más amplio de las motivaciones humanas (históricas, políticas, sociales etc.) y no solo aquellas referidas a la explicación de los procesos que se orientan a la búsqueda de ganancias. Otros autores, en esta misma línea identifican este enfoque con la llamada socioeconomía.
(2) El Nuevo Paradigma de la Economía Mundial, por Alain Touraine. Zaragoza 2006. Transcripción de Antonio Tausiet.
(3) BAPTISTA, Asdrubal (2008) “La Economía Venezolana entre Siglos” Revista Nueva Economía Volumen No. 28. Caracas, 15/12/08. Págs. 64-65 “La irrupción del petróleo va a transformar desde su misma raíz la vida económica de Venezuela. El desenvolvimiento económico, a partir de 1920, adquirirá en efecto un ritmo del todo diferente. Las seis décadas que siguen…, son de una frenética expansión en todos los órdenes económicos importantes.”
(4) BETANCOURT, Rómulo. “Venezuela Política y Petróleo” edición 2007, Caracas. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. “En 1928, el boom petrolero alcanzó el primer tramo espectacular; la exportación de aceite mineral alcanzó los 100 millones de barriles… los ingresos fiscales también, alcanzando a Bs. 230 millones… en el quinquenio 18-23, la exportación total del país alcanzó a Bs 945 millones, de los cuales Bs 56 millones, o sea 5.5% correspondieron a petróleo y sus derivados. En el lapso 28-36, sobre un valor total de las exportaciones de Bs 6,16 millardos, Bs 5,26 millardos, que representaban el 85%, correspondieron a petróleo” (Págs. 60-61).
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(5) Betancourt, Rómulo, op.cit págs. 119 – 120 refiriéndose al periodo 1936 – 41 en Venezuela, Betancourt señala: “El por qué permanecía estacionario el desarrollo industrial se vincula a la miope…o mejor a la ausencia de una política en tal sentido, la privada, restringida en sus actos a la rápida operación comercial y al préstamo hipotecario con préstamos de usura no demostraban ningún interés en la industrialización del país”. El propio Banco Industrial del Estado, de 207 peticiones de créditos industriales recibidas apenas aprobó 4.
(6) Chirino, Orlando. Coordinador de CECURA, Corriente Clasista, Unitaria Revolucionaria y Autónoma. Dec. El Nacional. 05/02/11. “políticas del gobierno estancan las ofertas de empleo formal”. Pág. 4
(7) García Larralde, Humberto. “La Vulnerabilidad extrema de la Economía Venezolana Actual”. (2008). Revista Nueva Economía. Volumen N°- 28. 15/12/08. Cuadro N°- 4, página 94.
(8) Hernández Delfino, Carlos. Revista: El Desafío de la Historia.2010; pág. 81-85. A fines de 1898 la deuda pública total era de Bs. 197.5 millones (62% era externa). En 1908 la deuda era de Bs. 210.3 millones (70% era externa). En 1929 el monto de la deuda pública se había reducido en 75% y en 1935 su saldo era de Bs. 3.7 millones.
(9) Baptista, Asdrúbal. La Economía Venezolana Entre Siglos. Revista Nueva Economía N°- 28, diciembre 2008. Páginas 59-60 y pág. 69.Desde la perspectiva de los ingresos públicos totales que incluyen, además de los ingresos presupuestarios, a los ingresos exorbitantes por concepto de precios del barril petrolero superiores a US$ 40, estas proporciones logran cierta equiparación en torno al 50%.
(10) Márquez S., Antonio. (2011). Desarrollo Socioeconómico Productivo. El gasto Público como Problema. Imprenta Miguel Ángel García e Hijos. páginas 116 a 125.
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(11) Maza Zavala. Diagnostico Critico de la Economía Venezolana en el periodo 1982 – 2007. Nueva Economía N-° 28. Diciembre 2008. Pág. 41.
(12) El Diagrama N-° 1 ya referenciado en página N-° 57 también sirve aquí como guía útil del sistema explicativo.
(13) BCV, Informes Económicos. Ref. Revista Zeta N° 1773 del 24/09/10 pág. 19.
(14) A agosto de 2011 los precios del barril de crudo petrolero venezolano se mueven en un entorno superior a los US$ 100 el barril.
(15) Sabino, Carlos. (1991). Diccionario de Economía y Finanzas. Editorial Panapo. Caracas.
(16) Diario El Universal del 21/01/11 pág. 1- 8
(17) Encuesta de Coyuntura Industrial. Año 2010. CONINDUSTRIA. Diario El Mundo Economía y Negocios. 06/04/11 pág. 9.
(18) CENDAS. Semanario La Razón del 30/01/11. Página A – 5.
(19) Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Diario El Nacional del 08/05/11 página 08. La data utilizada por el estudio fue la encuesta de hogares por muestreo 2008 del INE.
(20) El Dr. Luis Mata Mollejas (2009), en su discurso de incorporación como individuo de número a la Academia Nacional de Ciencias Económicas (02/06/09) refiere una interesante hipótesis sobre el comportamiento esquizofrénico en economía: caso Venezuela. Allí refiere que, gran parte de los errores políticos se derivan de la escasa comprensión de la compleja interacción entre los factores que inciden en la problemática en un momento dado, y que hoy ello es atribuible a la especialización que, en exceso, predomina
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en el tratamiento habitual de las cuestiones sociales, por inducir una visión incompleta o falsa conciencia de la realidad al obviar la unicidad del hecho social (pág. 9 del discurso)
(21) El Imperialismo Petrolero y la Revolución Venezolana Tomo II. Caracas 1977. Pág. 86 y pág. 90. Comisión Ideológica de Ruptura.
(22) Opus cit.pág.287.
(23) Diagnóstico Crítico de la Economía Venezolana en el período 1982 – 2007. Revista Nueva Economía N° 28 Diciembre 2008. Pág. 33.
(24) García Larralde, Humberto. (2008). “La Vulnerabilidad Externa de la Economía Venezolana Actual”. Revista Nueva Economía N-° 28. Caracas. Cuadro N-° 4 página 94.
(25) Rivas Quintero, Alfonso. (2007). El Estado. Estructura y valor de sus Instituciones. Editorial Clemente Editores, C.A. Valencia. Venezuela. 2007. Pág. 106.
(26) Op.cit. pág. 106.
(27) Rivas Quintero, Opus. Cit. Pág. 94Cita a Fayt, Carlos, Derecho Político. Pág. 331 y 337.
(28) Opus. Cit. Pág. 81 Cita a Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado. Mex. 1949. Pág. 268.
(29) Richard Obuchi, Anabella Abadí y Barbara Lira. “Gestión en Rojo”. IESA. 2011. Caracas. Ref. El Universal 03/07/11 pág. 1-8.
(30) El discurso que declarativamente maneja el Ministerio de Planificación y Finanzas respecto al mercado, se aparta de la lógica económica convencional, pero en la práctica, es el mercado capitalista mundial del petróleo y su lógica netamente capitalista, el que permite que el crudo petrolero venezolano, cuyo costo de producción es de 15 dólares el barril, se pueda vender percibiendo el
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Estado una plusvalía de 90 dólares por la venta de cada barril. Del mismo Ministerio emana la instrucción permanente, oportuna y pragmática de evaluar el mercado para decidir en torno a las emisiones de bonos y otros instrumentos recurrentes en la acelerada política de endeudamiento público.
(31) A este respecto sobre la corrupción y sevicia presentes como rasgos actuales del sistema de justicia venezolano es extraordinaria la reseña de la obra “2009. De cómo fue fabricada una crisis bancaria y endosada su responsabilidad a un inocente”, de la autora Clorinda Maiuri del Buono. Editorial Rojo Negro. 2011. Caracas Venezuela.
(32) www.antoniomarquez.com.ve
(33) Rivas Quintero, Alberto. Op. Cit. Pág. 350(34) Rivas Quintero, Alberto. Op. Cit. Pág. 359 – 360.
(35) Baptista, Asdrúbal. (2008) Presentación hecha al Dr., Armando Córdova profesor invitado en la conferencia anual de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. 26 Noviembre de 2008. Pág. 8.
(36) Benavente, Jacinto. (premio nobel 1922) “Los Intereses Creados”. España.
IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía
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IDEAS LIBRES SOBRE EL DESARROLLO
Y LA SOCIOECONOMÍA
Venezuela
y los nuevos paradigmas
del ciudadano del siglo XXI
Antonio Márquez S.
International Windmills EditionCalifornia - USA – 2012