Post on 18-Nov-2020
LA MASACRE DE TACANA*
Trabajo forzado y violencia en el mundo
rural bajo el régimen de Jorge Ubico
Edgar Ruano Najarro
Introducción
A mediados de la década de 1930 existía una figura de la burocracia guatemalteca, que
arrastraba ya un largo pasado, pero con la cuasi obsesión que el presidente de la República,
general Jorge Ubico, tenía por militarizar y reglamentar hasta los últimos detalles de la
administración pública y no pocas veces hasta la vida social y política de los guatemaltecos,
la llevó a su plenitud y le concedió un poder en el nivel departamental superado solamente
por el propio Presidente de la República. Se trata de la figura de Jefe Político.
En la división político administrativa del país por departamentos, un Jefe Político
era el delegado en el departamento del Poder Ejecutivo, tanto en el “Orden político o
gubernativo como en el administrativo.”1 Para el cumplimiento de sus funciones los Jefes
Políticos gozaban de las prerrogativas inherentes a un alto funcionario y no podían ser
sometidos a juicio criminal, por razón de delito, sin previa declaratoria de haber lugar a
formación de causa, proferida por un tribunal competente. Los Jefes Políticos tenían una
larga lista de atribuciones y mandatos que cumplir correspondientes a cada una de las
carteras ministeriales del país, pero de hecho gobernaban como un verdadero presidente
departamental en cada ramo administrativo, en Gobernación, Salud, Educación, Fomento,
Agricultura, etcétera. 2
Un artículo correspondiente a Gobernación decía: “El Jefe Político vela por el orden
y tranquilidad de las poblaciones sujetas a su mando, haciendo uso de todo su poder.” Otro,
de mucha importancia para la vida cotidiana de las poblaciones, rezaba: “(El Jefe Político
deberá) Perseguir la vagancia, dando a la Policía órdenes terminantes para la captura de los
que la ejerzan, debiendo poner inmediatamente a los detenidos a la disposición de los
jueves competentes.” Incluso, con la autorización del ministerio de Relaciones Exteriores,
los Jefes Políticos podían extender pasaportes.
* El presente ensayo es una versión resumida de un trabajo de más aliento que el autor tiene en preparación.
En el ramo de Agricultura se establecía para los Jefes Políticos una función cardinal
para la economía guatemalteca, que era la regulación de las relaciones laborales entre los
finqueros y los jornaleros, como se llamaba a los trabajadores de las fincas. Así, el Jefe
Político debería
Conocer directamente de las demandas entre patrones y colonos o jornaleros; y, en
revisión, respecto de las resoluciones que dicten las autoridades inferiores de su
jurisdicción sobre los mismos asuntos; Librar órdenes de captura a solicitud y bajo
la responsabilidad de parte legítima, contra los mozos fraudulentos que se fugaren
de las fincas; y, una vez habidos, si el patrón no quiere tomarlos los enviarán a las
Obras Públicas, para que, con la custodia necesaria, presten su trabajo remunerado
y se les descuente de los haberes que devenguen las cantidades que fija el
reglamento para hacer los pagos correspondientes.3
Para el Estado guatemalteco de aquellos días era crucial regular y administrar la
fuerza de trabajo para las fincas y plantaciones agrícolas y para la construcción y reparación
de caminos y puentes del país. En este último aspecto, en de los caminos y puentes, el Jefe
Político debía “Levantar en la debida oportunidad el censo de las personas obligadas a
prestar el servicio de vialidad, teniendo en cuenta las excepciones establecidas por la ley
respectiva; y remitir a la Secretaría de Agricultura dicho censo; Poner toda su actividad y
empeño en el desarrollo del plan de trabajo de caminos correspondiente al departamento de
su mando, con la cooperación de las Juntas Departamentales de Agricultura y Caminos
cuando tal plan hubiese sido autorizado por el Gobierno.” Larga era la lista de atribuciones
de ese gobernante departamental, todas las cuales le hacían concentrar un enorme poder en
su puesto.
Pero, había otra cosa más en la que realmente residía la clave de ese poder con el
que contaba un Jefe Político en el Departamento a su cargo. De conformidad con un
antiguo Acuerdo Presidencial, todas las personas que fueran nombrados Jefes Políticos o
Comandantes de Armas de los departamentos de la República, que no fueran militares,
debería de asimilárseles al grado de coronel en servicio activo y por ello gozar de las
prerrogativas que les concedían las leyes militares.4 Desde entonces, la fuerza de la
costumbre hizo que casi no se nombraran Jefes Políticos civiles, pues había que asimilarlos,
de modo que generalmente fue designado como Jefe Político de un Departamento un oficial
del ejército con el grado de coronel. Sin embargo, las cosas no terminaban allí, ya que al ser
nombrado un coronel como Jefe Político, a éste se le nombraba también Comandante de
Armas del Departamento y de esa cuenta, un jefe político tenía las atribuciones civiles
establecidas y a la vez era el jefe militar del Departamento. Con ello, el Jefe Político era un
verdadero dictador militar en su departamento.
Con todo ese poder en sus manos, el coronel José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes
(37 años) llegó a San Marcos como Jefe Político y Comandante de Armas. No era un
novato en ese cargo, pues ya había sido Jefe Político y Comandante de Armas de
Retalhuleu en 1921; luego en 1927 con los mismos cargos en Petén y Jalapa y finalmente
en marzo de 1932 cuando arribó a San Marcos e inició un largo mandato. Así, en enero de
1937, a punto de cumplir cinco años al frente de la Jefatura Política san marquense, el
coronel Ydígoras despachaba con la normalidad y tranquilidad acostumbradas leyendo los
telegramas y partes de sus subordinados en todo el departamento, quienes le informaban o
enviaban peticiones sobre los asuntos más variados y a los que les impartía las órdenes
correspondientes para cada caso.
En una carta fechada el 12 de enero, el administrador de la Finca Las Cruces,
ubicada en el municipio de El Tumbador, se dirigía al Jefe Político con una queja contra el
Intendente Municipal de aquel poblado porque este pretendía que toda la gente
(trabajadores) de la finca se fuera a hacer el servicio de vialidad lo cual ponía en riesgo de
grandes pérdidas a la finca, pues era el momento de la cosecha y el grano debía cortarse en
esos día o se echaba a perder.5
Otra misiva, del Intendente Municipal de Comitancillo, fechada el 16 de enero,
informaba que en cumplimiento de las órdenes del Jefe Político, “remitía” (ERN: lo
enviaba custodiado por un agente y amarrado) al mozo “fugo” (ERN: que supuestamente
no había cumplido su contrato con una finca y había huido) Nicolás Gabriel, pero advertía
que había varios mozos con ese nombre, razón por la que no estaba seguro de que el
remitido era el mozo que Ydígoras había ordenado capturar.6 En otro oficio, el Secretario
de la Presidencia de la República, Lisandro de León Manrique, se dirige a Ydígoras y le
dice que acusa recibo de su oficio del 14 de enero y de “Los dos ejemplares de la hoja que
tiene el membrete Frente Revolucionario Guatemalteco, México, D.F. que usted se sirvió
enviar con su citado oficio.” 7 Y así, sucesivamente.
Unos días después, el 6 de febrero, llegó un oficio procedente del municipio de
Tacaná con un contenido fuera de lo común. El Intendente Municipal de esa localidad, el
señor José Amézquita, se dirigía al coronel Ydígoras informándole que el día jueves 28 de
enero desde las diez de la mañana, y a lo largo de todo el día, hasta las seis de la tarde, los
habitantes indígenas de las aldeas vecinas a Tacaná se habían estado presentando por
grupos de aldea con el objeto de “suplicarle” intermediar ante el Comandante Local de
Tacaná en varios puntos, que literalmente decían:
1. Intermediar con el Señor Comandante Local, para que no sean los castigos con tanta
dureza para sus compañeros.
2. Quitarles la tarea de 50 adobes por cada habitante.
3. Quitarles el acarreo de piedra laja.
4. Que no formen en la
5. montada los que tienen solo bestias de carga y que los dueños no saben montar.
6. Que no se les quite el pelo por diez centavos.
7. Que se tome en cuenta sus trabajos de tierra fría para no perseguirles como vagos como
se ha estado haciendo.
8. Que no se les decomise la lana de sus ovejas como lana de Méjico, pues no tienen otro
medio de pasar la vida.
A continuación, en varias hojas de papel sellado aparecían las firmas, mejor dicho
los nombres, de 431 personas, todos campesinos indígenas, agrupados por grupo de aldea,
aparentemente según fueron llegando. El Intendente Amézquita, con un lenguaje
sumamente cuidadoso terminaba su oficio diciendo al coronel Ydígoras que “Les manifesté
a los presentados, cuya lista tengo el honor de adjuntar: que no tenía yo ninguna
incumbencia en los asuntos del Señor Comandante Local quien indudablemente obraba con
orden de la superioridad, pero que lo pondría en conocimiento del Señor Jefe Político y
Comandante de Armas quien puede únicamente dictar lo que convenga.”
Luego, añadía que el Comisionado Militar de la aldea Sanajabá, Juan Gálvez, le
había contado que ocho familias con sus respectivos pases se habían marchado a la vecina
república de México en busca de mejor vida, porque en Tacaná “ya no se puede vivir.” Otra
persona, Zenaida Escobar, informaba al Intendente Municipal que “A los tacanecos en el
otro lado (México) les dan medios de vida, regalándoles tierras y facilitándoles maneras
fáciles para nacionalizarse.”8
La reacción del coronel Ydígoras al leer el oficio enviado por José Amézquita desde
Tacaná no se hizo esperar y fue a partir de entonces que comenzó una larga cadena de
hechos que finalmente dieron por resultado una matanza de campesinos mames, habiéndose
revelado con toda su crudeza, la relación que el Estado oligárquico de aquellos días
mantenía con la población campesina, especialmente con aquella de ascendencia maya.
Dos eran los componentes clave de esa relación Estado-población rural campesina,
a saber: el trabajo forzado a que eran sometidos los campesinos a lo largo y ancho del país,
el cual a su vez seguía dos direcciones, el trabajo en las plantaciones y fincas agrícolas,
especialmente las cafetaleras, y los trabajos en la construcción y reparación de caminos y
puentes de todo el país. El segundo factor era el uso por parte del Estado de la violencia
más extrema como forma de dirimir cualquier tipo de conflicto surgido en el área rural que
tuviera como protagonistas a los campesinos, especialmente si eran indígenas.
Ambos elementos, el trabajo forzado y la violencia, no eran novedosos en el mundo
rural guatemalteco, pues su historia se había incubado y desarrollado durante el período
colonial, y en la era republicana se habían recreado especialmente a partir del triunfo
político de los liberales en 1871. En otras palabras, el trabajo forzado y la violencia en el
ámbito rural han sido dos estructuras de larga duración en la sociedad guatemalteca, pero
obviamente, dependiendo del gran período histórico de que se tratara, así fueron sido las
determinaciones que dieron lugar a formas de trabajo forzado y a la violencia contra el
campesinado.
A la altura de la década de 1930, los mecanismos de control de la población
campesina y las diversas formas de trabajo forzado ya eran parte consustancial del modelo
de desarrollo económico impulsado por el Estado, que no era otra cosa que fortalecer y
desarrollar la economía de agroexportación basada en unos pocos productos agrícolas, que
para la época eran principalmente el café y el banano. De esa cuenta, la política económicaa
estatal era en gran parte la promoción de toda medida que se encaminara a favorecer a la
agricultura de exportación sin detenerse en consideraciones legales o morales.
Por tanto, la cuestión económica crucial del régimen del general Jorge Ubico se
centraba en el trabajo agrícola. Al respecto, en mayo de 1934 fue emitido el Decreto N°
1995 que prohibía los pagos anticipados a los jornaleros y mozos colonos de las fincas con
el objeto de evitar la sujeción forzada al trabajo por medio de deudas del jornalero a los
finqueros. Este decreto fue interpretado como un gran logro en la liberación del trabajo en
el área rural. Sin embargo, al día siguiente fue emitido el Decreto N° 1996, Ley Contra la
Vagancia, con el cual, como se verá unas líneas adelante, la compulsión forzada al trabajo
quedó no solamente vigente, sino que fue recrudecida. Simplemente, lo que sucedió fue que
el Estado les quitó a los patrones la posibilidad de que por medio de un contrato privado
mantuvieran a los trabajadores sujetos a la finca sin que mediaran las autoridades estateales,
pero con la ley contra la vagancia sería el Estado el que administraría la fuerza de trabajo,
tanto para las fincas como para los trabajos de construcción que el mismo Estado llevaba a
adelante.
Ley Contra la Vagancia declaraba vagos a los individuos, entre 14 y 60 años de edad,
que estaban comprendidos en diez categorías, entre las que destaca la novena, que
estipulaba que eran vagos:
Los jornaleros que no tengan comprometidos sus servicios en las fincas, ni cultiven,
con su trabajo personal, por lo menos tres manzanas de café, caña o tabaco, en
cualquier zona; tres manzanas de maíz, con dos cosechas anuales, en zona cálida;
cuatro manzanas de maíz en zona fría; o cuatro manzanas de trigo, patatas,
hortalizas u otros productos, en cualquier zona.9
Vale la pena señalar que por lo menos un 47.5 por ciento del total de las personas
ocupadas en las actividades agrícolas en Guatemala eran propietarias o laboraban en
predios que iban de menos de una manzana a menos de 2 manzanas de extensión, lo cual de
hecho los colocaba en la categoría de vagos, pues no realizaban sus tareas agrícolas en las 3
o 4 manzanas que pedía la ley.10
Las penas a las que se enfrentaban los “vagos”, o los
campesinos que eran calificados como tales, eran de 30 días de prisión simple, con un mes
más si existían circunstancias “agravantes”, o bien otro mes más por cada “reincidencia”.
Dicha pena se podía “conmutar” si hubiera una persona (entiéndase finquero) que se
comprometiera a dar trabajo al reo. Poco más de un año después, en septiembre de 1935,
fue promulgado el Reglamento de la Ley Contra la Vagancia, el cual endureció las penas y
sanciones a los “vagos” y estableció una libreta en la cual debería constar el nombre del
jornalero, su número de cédula, el nombre del propietario de la finca o jurisdicción a que
perteneciera el jornalero y el número de días o jornales trabajados. Estos últimos datos lo
anotaría cada 15 días el propietario o administrador de la finca.
En segundo lugar, estaba el llamado “servicio de vialidad”, establecido en 1933 por
el decreto Nº 1474, por medio del cual se obligaba a todos los individuos “aptos” a trabajar
dos semanas al año en los caminos públicos durante el período comprendido entre junio y
julio de cada año, pudiendo ser exceptuados de dicho trabajo quienes pagaran un quetzal
por cada una de las dos semanas, con lo cual se les extendía el “boleto de vialidad”.11
Pese a que el servicio de vialidad tenía aplicación universal, los verdaderamente
afectados eran los trabajadores rurales indígenas, ya que los habitantes de los núcleos
urbanos en términos generales podían pagar la cantidad necesaria para la conmuta del
servicio de vialidad o de trabajo para obtener el “boleto” que los liberaba del trabajo.
Además, lo que realmente interesaba al Estado era que fueran los llamados “jornaleros”, es
decir, los campesinos, quienes no pudieran pagar las multas para conmutar su pena y de esa
manera obligarlos a trabajar en los caminos y carreteras que se estaban construyendo por
parte del mismo Estado.
Así, por ejemplo, un informe oficial de 1933 dice que durante ese año se
construyeron 238.4 kilómetros de carreteras y caminos y se repararon otros 1,189.3
kilómetros. Dichos trabajos fueron cubiertos, agrega el informe, con 171 mil jornales
pagados y con 729 mil jornales descontados por vialidad, es decir, por jornales gratuitos
realizados por jornaleros que no pagaron la conmuta respectiva para ser liberados del
trabajo.12
En otras palabras, la obra de infraestructura vial llevada a cabo por el gobierno
del general Jorge Ubico se realizaba en un 81 por ciento con trabajo forzado y gratuito. Este
mismo gobierno llevaba anualmente un meticuloso censo de los “afectos” con el fin de
calcular tanto sus ingresos, como el número de jornaleros que serían llevados a trabajar.
En el mensaje del presidente Ubico a la Asamblea Legislativa en marzo de 1936, se
indica que en el año “natural” de 1935 el censo de afectos arrojó los siguientes resultados:
profesionales, 2,268; empleados, 5,406; obreros, 35,050; agricultores, 69,239; jornaleros,
192,176; diversos, 24,315, todo lo cual ofrece un total de 328,454 personas “afectas” al
servicio de vialidad. Los ingresos obtenidos por el Estado en ese año por concepto de
multas y conmutas ascendieron a 244 mil 501 quetzales.13
Cinco años después, en
19401941, el presidente informó al organismo legislativo que ingresaron al fisco 431 mil
139 quetzales por conceptos de multas y conmutas de vialidad, y que el número de
“afectos” era de 441 mil 945 personas.14
Pero, más allá de las cifras y estadísticas oficiales, que daban cuenta de los jornales
trabajados por el “servicio de vialidad” y de las carreteras y caminos construidos o
reparados, y más allá también de las leyes y decretos que obligaban a los campesinos a
trabajar gratuitamente en la red vial, en la cotidianidad de la vida rural la forma en que se
llevaba a la práctica este régimen de trabajo estaba basada en la violencia, en los abusos,
atropellos e incluso crímenes.
Así como durante el período colonial la tiranía de ese régimen sobre los pueblos
indígenas era encarnada localmente por los corregidores o alcaldes mayores, quienes a
costa de castigos y extorsiones a la población india cobraban el tributo y ejercían todo tipo
de exacciones, 15
de ese modo en pleno siglo XX en Guatemala, las autoridades locales
como el Comandante local y el Intendente Municipal eran las encargadas de poner en
marcha la maquinaria del trabajo forzado igualmente con el uso del terror.
Para concluir, se puede señalar que el sistema de imponer multas en trabajo y en
dinero a quienes, tanto en el área rural como en la urbana, eran considerados “afectos” al
servicio de vialidad, así como la prisión para los “vagos” (con todos los atropellos
imaginables en el área rural), el Estado guatemalteco resolvía tres problemas a la vez. Por
un lado, contribuía al abastecimiento de la fuerza de trabajo necesaria para las fincas, viejo
problema que desde el último tercio del siglo XIX fue resuelto con la creación de nuevas
formas de trabajo forzado; por el otro, las multas y “conmutas” se convertían en una fuente
de ingresos monetarios para el Estado. En tercer lugar, el Estado se surtía así mismo de
fuerza de trabajo gratuita para cumplir con sus planes y proyectos de construcción y
mantenimiento de carreteras y caminos, obras que a la vez eran vitales para la actividad
agrícola.16
En un contexto general de esta naturaleza transcurría la vida en el medio rural
guatemalteco y en el mismo se desarrollaba la cotidianidad en el apartado y lejano, frío y
montañoso, poblado de Tacaná y sus aldeas circunvecinas. La apacibilidad del mundo rural
de los tacanecos de pronto fue rota por la queja de los aldeanos de los alrededores de su
municipio y en el plazo de pocos días habría de explotar en una tragedia. ¿Qué pasaba y
qué fue lo que sucedió en esa localidad, que una queja a todas luces inofensiva habría de
culminar en una matanza y cómo ayudan a comprender dichos sucesos la relación entre el
Estado de aquellos años y la sociedad guatemalteca, concretamente los campesinos de
ascendencia maya? Son las dos interrogantes que se espera sean respondidas en las líneas
que siguen.
1. El escenario social y sus actores
Tacaná es un municipio del departamento de San Marcos que está situado a unos 73
kilómetros de distancia de la ciudad de San Marcos, cabecera departamental, buscando el
noroccidente. En su conjunto, el municipio Tacaná cuenta con una extensión territorial de
302 kilómetros cuadrados y comparte una considerable línea territorial con la región del
Soconusco del estado de Chiapas, México. Desde el punto de vista geográfico, el municipio
se asienta en un ramal de la cadena montañosa de la Sierra Madre que penetra desde el
vecino estado de Chiapas, México, quedando el poblado de Tacaná a una altura de 2,410
ms. SNM 17
en medio de un territorio sumamente quebrado y montañoso en el que se
encuentran algunas de las mayores alturas del país, como por ejemplo los dos volcanes,
Tacaná de 4,092 mts. y Tajumulco, de 4,220 mts. y el pico no volcánico Cerro de Cotzic,
de 3,300 metros sobre el nivel del mar.
En la segunda mitad de la década de 1930, el departamento de San Marcos constaba
administrativamente de 29 municipios con una población total de 204,208 habitantes, de los
cuales 150,767 (73.8%) fueron catalogados como población “india”, es decir, población
indígena mayoritariamente perteneciente al grupo étnico lingüístico mam. Tacaná, uno de
esos municipios, estaba conformado por 12 aldeas y 86 caseríos, contaba con un total de 17
mil 394 habitantes, de los cuales 14 mil 756 eran indígenas de la etnia mam (84.8%) y 2 mil
638 (15.1%) eran “blancos y mestizos”. El poblado propiamente de Tacaná, cabecera del
municipio, contaba en ese entonces con unos 700 habitantes.18
Los habitantes del municipio se dedicaban en lo fundamental a las labores agrícolas,
siendo los principales cultivos el maíz, frijol, así como hortalizas y frutas propias de los
climas templados, tales como papas, habas, coles, calabazas, duraznos, ciruelas, peras, etc.
También se practicaba la crianza de ganado lanar, aunque a escala doméstica nada más,
dada la escasez de pasturas. Según un informe del Jefe Político del Departamento, en el
año 1936 fueron cultivadas 10,500 cuerdas de maíz, habiendo obtenido 8 mil quintales del
grano; 8 mil cuerdas de trigo, con una producción de 2,500 quintales; 2,500 cuerdas de
papas, con 2,500 quintales de producción y 4,500 cuerdas de frijol, con una producción de
1,500 quintales.19
Con respecto al régimen de tenencia de la tierra, se puede afirmar que el grueso de
los productores agrícolas del municipio de Tacaná pertenecía a la categoría de
minifundistas, pues del total de las propiedades agrícolas del municipio una importante
mayoría estaba comprendida en esa categoría. Lo anterior significaba que en su mayoría
los campesinos de Tacaná apenas lograban una pequeña producción agrícola destinada al
autoconsumo, mientras que sus necesidades de otros bienes eran compensadas con el
intercambio de otra pequeña parte de su producción en el mercado local y con el ingreso
proveniente de los trabajos en los que se empleaban en las fincas de la bocacosta. Algunos
viajaban a la zona mexicana del Soconusco con el mismo fin, es decir, emplearse en las
haciendas cafetaleras chiapanecas por espacio de una temporada anual.
Un cuadro de esta naturaleza no difería en nada al régimen socioeconómico del
resto del departamento de San Marcos en particular, y del país en general, en lo que a la
población campesina se refiere. Por ejemplo, el régimen de tenencia de la tierra
correspondiente a todo el departamento de San Marcos señalaba que el 67.7 por ciento de
los 34 mil 261 predios agrícolas registrados eran menores de 5 manzanas (3.4 hectáreas).
Así, pues, el minifundismo era la forma predominante del régimen de tenencia de la
tierra.20
Desde el punto de vista de la estructura poblacional, Tacaná seguía el patrón
establecido durante el período colonial para los núcleos poblacionales de las regiones altas
del país, cuyos habitantes eran indígenas de ascendencia maya. Esto es, que en un cuadro
central en el pueblo estaba asentada la población blanca y mestiza, entre la cuales se
encontraban los artesanos del pueblo, los pequeños comerciantes y en general los
propietarios de labores agrícolas de fincas situadas en los alrededores o simplemente en la
jurisdicción del municipio.
Alrededor de Tacaná se encontraban (aún se sigue dicho modelo de asentamiento)
las aldeas de indios, es decir, las aldeas y los caseríos en cuyo territorio residía la población
indígena, situadas, además, al lado o muy cerca de sus sementeras. Estas aldeas de alguna
forma servían de abastecedoras del municipio de Tacaná de los productos agrícolas de
alimentación. Tales aldeas eran Sanabajá, Toacá, El Rosario, Tocheché, Las Majadas,
Tuicoché, Chanjulé, Chequin, Sajquim, Cunlaj, Sujchay y San Rafael.
La estructura política local, como la que regía para todo el país, estaba constituida
por el municipio, el cual, según la Ley Municipal de la República de Guatemala vigente
entonces, era la “Asociación legal de todas las personas que residen en un distrito
municipal.”21
El gobierno o dirección político administrativa del municipio correspondía al
Intendente Municipal, figura que con la nueva ley municipal sustituyó a la de Alcalde. El
Intendente Municipal era nombrado por el Ejecutivo, es decir, por el Presidente de la
República,22
quien podía removerlo de su cargo o bien trasladarlo con el mismo puesto a
otro municipio. Las atribuciones del intendente municipal ocupaban un listado muy largo,
pero lo que interesa destacar en este punto es la relación entre los cargos de Intendente
Municipal y el de Jefe Político.
Según la ley municipal, el Intendente actuaba bajo la dirección del Jefe Político
(Art. 42) y le debía informar detalladamente dentro de los primeros cinco días del mes
sobre los trabajos de su municipalidad. Toda petición del Intendente al gobierno central
tenía que ser enviada por medio de la Jefatura Política. Entre las 44 atribuciones legales del
Intendente había una que no deja de llamar la atención, dada la connotación ideológica
sobre la visión de los habitantes indígenas del país que contiene. El Artículo 12 de la citada
ley municipal señala que el Intendente debe “Procurar, por cuantos medios estén a su
alcance, por el mejoramiento de las condiciones del elemento indígena de su jurisdicción,
particularmente en lo que respecta a su educación moral, física e intelectual, informando
mensualmente a la Jefatura Política de lo que se hubiere hecho en ese sentido.”
Otro artículo, de suma importancia dentro de las atribuciones del Intendente, rezaba
que dicho funcionario debía “Conocer las demandas de reclamación entre patronos y
colonos o jornaleros, admitiéndose contra lo resuelto el recurso de revisión de que conocerá
el Jefe Político.” Así, pues, el Intendente Municipal hacía las veces de juez de trabajo en las
fincas y el Jefe Político era una especie de sala de corte de apelaciones. Con ello, los
jornaleros, como le llamaban en aquella época a los trabajadores de las fincas, quedaban
completamente a merced, tanto de hecho, como frente a la ley, ante las autoridades
gubernamentales locales y los finqueros de la zona.
Al comenzar 1937, el Intendente Municipal de Tacaná era el señor José Amézquita
(42 años de edad), originario de Retalhuleu. Era un telegrafista que ejercía su profesión en
el municipio de Tejutla, pero el 31 de julio de 1936 nombrado por el Presidente de la
República como Intendente Municipal de Tacaná. Amézquita era un funcionario que
cumplía con las órdenes y leyes establecidas. Encarcelaba mozos o jornaleros bajo la
acusación de vagos, por no cumplir su contratos de trabajo, etcétera, pero no los vejaba ni
se aprovechaba de ellos como generalmente sucedía con los intendentes municipales de
todo el país, aun desde tiempos remotos cuando todavía eran llamados alcaldes. El
intendente Amézquita dirigía un pequeño equipo integrado por concejales, síndicos y
regidores y un tesorero municipal.
El otro polo de la estructura política del municipio lo representaba la Comandancia
Local, en la que realmente residía el poder local. Este cargo lo ocupaba un Comandante
Local, quien, como se acostumbraba en la época, generalmente era un oficial medio del
Ejército de Guatemala. En el caso de Tacaná, el Comandante Local a principios de 1937 era
el mayor de artillería, Miguel Vásquez Martínez, de 36 años de edad, originario de Jalapa.
Como el Intendente Amézquita, también tenía poco tiempo de haber llegado a Tacaná, pues
fue nombrado en septiembre de 1936. Era un hombre de tez blanca, típico del oriente de
República, de mediana estatura y complexión fuerte, que usaba un bigote largo, con vuelta
en las puntas al estilo francés. Dado que llegó solo, sin familia, es probable que se haya
hospedado en una pequeña pensión propiedad de la señora Concepción Peralta viuda de
Pivaral.23
En todo caso, lo seguro es que sus tiempos diarios de comida los hacía en la casa
de la viuda Peralta.
La señora Concepción Peralta, madre de siete niños, era dueña también de una labor
agrícola en las cercanías del pueblo, que había heredado de su marido, ya fallecido, y quizá
también el “negocio” de “habilitador” “enganchador” o “contratista”, apelativos con los que
se conocía a las personas que reclutaban jornaleros para las fincas de café de la costa,
especialmente durante la época de la cosecha del grano, pues su esposo se dedicaba en vida
a dicha actividad. Asimismo, la señora ocupaba el cargo de tesorera de la municipalidad de
Tacaná. Sin embargo, lo que destacaba en ella era su hermosura, ya que hay muchas
referencias de que se trataba de una mujer muy guapa. Aparentemente, Miguel Vásquez
Martínez quedó enamorado de Concepción.24
El Comandante Local era un funcionario militar de gran peso e importancia en el
nivel local. Era el jefe de una pequeña tropa del ejército nacional cuyo número estaba en
consonancia con la importancia del municipio, de su extensión territorial, el número de sus
habitantes y otros aspectos colaterales. Para un poblado del tamaño de Tacaná, la tropa
estaba compuesta por 12 soldados. Además, el comandante local era de hecho jefe de la
Guardia de Hacienda y de la Policía Nacional de la localidad, las que en realidad eran
dependientes del Ministerio de Gobernación y por lo tanto en el nivel local deberían de
obedecer las órdenes del Intendente Municipal.
Sin embargo, tratándose de un Estado militarizado, como era el Estado
guatemalteco en aquellos años, en los hechos el Comandante Local detentaba el poder de
mando en los cuerpos armados policiales, que por lo demás en Tacaná no superaban la cifra
de cinco o seis hombres. Por si fuera poco, el Comandante Local estaba obligado por la ley
a entrenar militarmente a los campesinos de las aldeas de su circunscripción en unos
contingentes denominados milicianos, los que deberían estar prestos en caso de emergencia
de guerra en el país.
El Comandante Local era el encargado de cumplir las órdenes provenientes de la
Comandancia de Armas, situada en la cabecera departamental, en algunos aspectos fuera de
lo puramente militar. Por ejemplo, si era necesario reclutar mozos para las fincas o bien
para los trabajos en los caminos, este funcionario apoyaba al Intendente Municipal en esas
tareas, las que en los hechos se convertían en una verdadera pesadilla para los campesinos,
ya que los soldados o los policías bajo el mando del Comandante local todo el tiempo
detenían a los campesinos para exigirles la presentación del libreto de jornaleros en donde
se asentaba el contrato que tenían con alguna finca y así no ser considerados vagos, como
lo tipificaba la ley al respecto.25
Estos procedimientos eran, pues, una fuente de abusos y vejaciones para los
campesinos indígenas de todo el país, dado que con cualquier pretexto eran encarcelados o
enviados a los caminos a trabajar para el Estado sin ninguna remuneración. Con pocas
excepciones (la de Amézquita era una), un intendente municipal y un comandante local
constituían una pareja que se coludía para sacar ventaja personal de su autoridad a costa de
los abusos a los campesinos, ya fuera para hacerlos trabajar en tareas para su provecho
personal o bien para obtener algún dinero a cambio de no enviarlos a los trabajos.
La rutina principal era detener a cuanto varón se encontraban los soldados de la
escolta en los caminos o en los alrededores de las aldeas para exigirles la presentación del
boleto de vialidad y, especialmente, el libreto de jornaleros o libreto de trabajo. El boleto de
vialidad, como ya se sabe, tenía anotados los jornales que el campesino, “mozo”, como se
le llamaba, había trabajado en la construcción o reparación de caminos y puentes de la red
vial del país. El boleto de jornaleros debía tener anotada la cantidad de jornales que el
jornalero había contratado con alguna finca y los jornales que ya había trabajado. Si no
tenía nada de eso, o bien en sus boletos no había anotación de trabajo vigente, era
considerado vago o “fugo”.
El Comandante Local de Tacaná recibía en su pequeño cuartel a los detenidos y a
cambio de algún dinero los liberaba. Si no podían pagar nada los sometía a crueles castigos
que no guardaban ninguna proporción por el delito de “vagancia”. Tacaná es de clima frío y
a los campesinos castigados los sumergía de cabeza en una pila de agua y los enviaba luego
a los calabozos, sino posibilidad de secarse, para que el secado del cabello se hiciera
solamente a la sombra o por la noche. Luego, les cobraba diez centavos por cortárselos. Ese
era el sentido de algunos de los puntos contenidos en de las peticiones que hacían los
aldeanos en sus quejas al Intendente Amézquita.
El mayor Vásquez parecía ser activo en su cargo, razón por la que también realizaba
trabajos de construcción en su cuartel. Este edificio tenía muros, piso y tejados muy
envejecidos, lo que hizo que el comandante local emprendiera algunos trabajos de
reparación. Para ello, tomaba la fuerza de trabajo necesaria entre los campesinos indígenas,
no solamente de los castigados, sino de los que pudiera reclutar para ese fin, además de que
era obligatorio que ciertos materiales los pusieran los indígenas por su propia cuenta. Así,
el mayor Vásquez exigió a cierto número de aldeanos cincuenta adobes cada uno, lo que
significaba que tenían que fabricarlos en su casa y luego acarrearlos hacia el cuartel. Para
darse una idea delo que eso significaba basta señalar que cada adobe pesaba unas 25 libras.
Lo mismo sucedía con las lajas de piedra que servirían para los pisos de las aceras y patios
del cuartel. En fin, cada petición hablaba por sí sola y daba una idea de los abusos del
mayor Vásquez contra la población indígena.
Al parecer, la gota que había derramado el vaso fue la de la exigencia de que debían
realizar trabajos para la señora Peralta. Esa queja no aparece en el escrito de quejas de los
aldeanos, pero quedó en la memoria del pueblo y se menciona en algunos artículos de
prensa publicados muchos años después. Encima de todo, el comandante local Vásquez
Martínez era aficionado a las bebidas alcohólicas, lo cual era un acicate para expoliar a los
indígenas en cualquier forma.26
2. La masacre
El coronel Ydígoras reaccionó al escrito que contenía la queja de los aldeanos de Tacaná
enviada por el Intendente Municipal Amézquita con un telegrama imperativo, de fecha 10
de febrero, dirigido al comandante local de Tacaná, mayor Miguel Vásquez Martínez, que
decía: “Al Comandante Local de Tacaná para que me informe punto por punto lo referido
por el Intendente Municipal de ese lugar en el oficio que antecede.” 27
Vásquez Martínez no perdió tiempo. Convocó a su despacho a los campesinos de
las aldeas circunvecinas de Tacaná para “tomarles declaraciones”. De esa cuenta, el 17 de
febrero se reunió con un grupo de vecinos de las aldeas de Tacaná y de una manera
solemne les preguntó “en calidad de plática” si se habían presentado a la Intendencia
Municipal el día jueves 28 de enero y cuál había sido el objeto de esa visita. Los
campesinos que estuvieron presentes, que en realidad no fueron muchos, dijeron que en
efecto habían llegado a la Intendencia Municipal esa fecha, pero para averiguar y realizar
distintas diligencias, tales como arreglar unos asuntos de límites entre terrenos; que también
le preguntaron al intendente qué para qué era la laja y el adobe que se les pedía y como éste
respondió que eran para el cuartel, entonces estaban conformes; otros respondieron, que
aunque estaba su nombre en la lista no se habían presentado en esa fecha a la Intendencia
Municipal. 28
El acta en la que constan las declaraciones de los campesinos que se retractaban de
lo dicho en el escrito de quejas la envió el Comandante Local al Jefe Político junto con una
carta suya en la que aclaraba punto por punto las acusaciones contenidas en el primer
escrito de quejas. En su misiva personal, Vásquez Martínez decía que era falso que apresara
y castigara a los indios, que solamente cuando había varios de ellos prisioneros por
cualquier falta o delito los ponía a trabajar en el arreglo de las calles de Tacaná, ya que
éstas estaban en un estado lamentable y la municipalidad (es decir, el Intendente
Amézquita) no hacía nada; que era falso lo de pedirles cincuenta adobes, que eso solamente
lo hizo cuando algunos indígenas no cumplían con su cuota de una laja por persona,
entonces les imponía la pena de 25 adobes; que ciertamente sus soldados habían
decomisado lana a varios individuos, pero no en la casas de éstos, sino cuando los
encontraban en extravíos (veredas o atajos) muy cerca de la frontera con México.29
Finalizaba el mayor Vásquez Martínez recomendando al Jefe Político que no diera órdenes
al Intendente Amézquita “Que por su importancia merezcan reservarse, pues en realidad le
desconfío demasiado porque en lugar de vigilar y cumplir las órdenes, antes creo que las
divulga.”30
Mientras tanto, el coronel Ydígoras tenía sus propios planes. En esos días había
pedido autorización al Secretario (ministro) de Guerra para llevar a cabo su recorrido anual
por los pueblos de tierra fría del departamento y pensó que podía aprovechar una visita a
Tacaná con ese propósito, pero también para averiguar personalmente qué era lo que
sucedía entre lo que él consideraba malas relaciones entre el Comandante Local Vásquez
Martínez y el Intendente Municipal Amézquita. Por ello, telegrafió el lunes 22 de febrero al
Intendente de Tacaná con la siguiente orden: “El jueves próximo por la tarde llegaré a esa
población procedente del volcán Tacaná. Como hay varios escritos de quejas firmadas por
vecinos sírvase hacer saber mi llegada para que estén presentes.” 31
Así, pues, fue el propio
Jefe Político quien ordenó la presencia de los vecinos quejosos.
Pero, al mismo tiempo, el coronel Ydígoras telegrafió al comandante local, Miguel
Vásquez, a quien ordenó que fuera a encontrarlo a Canjulá (del municipio de Sivinal) para
recorrer puestos fronterizos. De modo que, el Jefe Político Ydígoras Fuentes arribó a
Tacaná la tarde del jueves 25 acompañado del mayor Vásquez Martínez. Según una
versión, que parece muy factible, el mayor Vásquez habría aprovechado el recorrido que
hizo con Ydígoras para hablar mal del Intendente Amézquita y así predisponer al Jefe
Político contra aquel.32
Cuando llegaron a Tacaná, los esperaba una muchedumbre de campesinos indígenas
en los alrededores de la Intendencia Municipal. Al parecer, al momento de inquirirles
cuáles era sus quejas, fueron muchos los hombres que se quejaron directamente contra el
Comandante Local, con lo cual se venía abajo la defensa del funcionario militar. Uno de los
campesinos, llamado Francisco Díaz, quizá porque dominaba mejor el idioma castellano, o
porque tenía algún liderazgo en las comunidades, fue quien llevó la voz cantante y explicó
mejor las acusaciones y quejas contra el mayor Vásquez. El Jefe Político Ydígoras no dijo
nada, se limitó a escuchar a los aldeanos.
Al día siguiente, Ydígoras pidió a los dos funcionarios, el intendente municipal
Amézquita y el Comandante Local Vásquez, que lo acompañaran de regreso a la cabecera
departamental San Marcos hasta un lugar llamado Cumbre de Cotzic, que limitaba el
municipio de Tacaná con el de Ixchiguán, que sería más o menos a la mitad del camino.
Cada uno en su caballo, cabalgaron hasta la cumbre indicada. Al momento de la despedida,
el Intendente Municipal sacó de una alforja una botella de coñac para obsequiarla al coronel
Ydígoras, pero éste no la aceptó. Y así, ambos funcionarios de Tacaná emprendieron el
regreso al poblado, pero en dicho recorrido, que sería de unos treinta y siete kilómetros,
habrían de precipitarse los acontecimientos que terminarían en la tragedia.
Unos diez minutos después de haberse despedido del coronel Ydígoras, el mayor
Vásquez Martínez, aparentemente amistoso, entabló plática con el Intendente Amézquita y
en determinado momento le dijo que se apearan de los caballos, pues estaba cansado de
cabalgar. Una vez en el suelo, siempre en forma amable, le dijo que se sentaran a descansar
a la sombra de unos matorrales, luego le reclamó a Amézquita por haber citado a los
campesinos indígenas a la reunión con el coronel Ydígoras, a lo que éste respondió que
había sido una orden del Jefe Político. Vásquez insistió en que antes de avisar al Jefe
Político debería haberle dicho a él lo que pasaba y así hubieran podido ponerse de acuerdo
entre los dos.33
La conversación estaba tomando un sesgo que no gustó a Amézquita y por ello le
dijo que continuaran el viaje y se incorporó, pero al momento de hacerlo, Vásquez logró
extraerle la pistola de su cartuchera y le dijo visiblemente furioso: “No lo quiero matar con
su misma pistola; sólo le voy a demostrar quién es Miguel Vásquez Martínez” y lanzó el
revólver hacia el mozotal 34
del lugar. Amézquita intentó montar en su caballo para huir,
pero Vásquez le propinó un puñetazo en una oreja, que lo derribó al suelo. Allí lo golpeó y
pateó repetidas veces, hasta que por fin Amézquita pudo incorporarse; Vásquez logró que
Amézquita quedara hincado, lo tomó con una mano del cuello y con la otra le puso su
pistola en la sien para dispararle, pero Amézquita apenas tuvo tiempo para tomar el arma
por el cañón en el mismo momento que disparaba.
La bala pasó entre dos dedos de Amézquita, pero éste no soltó el arma y así pasaron
varios minutos forcejeando, golpeándose y hasta mordiéndose, intentando cada uno
quedarse con la pistola. En esos momentos, atinó a pasar frente a la escena de los golpes un
vecino del lugar, que resultó llamarse Pedro Pérez, que iba acompañado de su esposa
Cecilia Mejía. Amézquita, quien estaba en desventaja por la mayor complexión física de
Vásquez, pidió auxilio a lo que Pérez pudo arrebatar momentáneamente la pistola.
Amézquita aprovechó la ocasión para lanzare en una carrera en la que se caía y se levantaba
atropelladamente golpeándose aún más con las rocas dispersas en el paraje.
Así llegó Amézquita maltrecho a una pequeña choza en la que un muchacho lo
recibió y dio a aviso al regidor de aldea, Librado González. Luego fue trasladado, en la
misma aldea, a la auxiliatura en donde dio sus primeras declaraciones. Librado González
regresó al lugar de los hechos y comprobó que había un sombrero en el suelo (propiedad de
Amézquita), una botella de coñac sin destapar y señales de lucha en el pasto y matorrales,
así como el caballo del intendente de Tacaná. El Comandante Local Vásquez ya se había
retirado del lugar de los hechos.
En las horas y días siguientes se registró un intenso cruce de telegramas entre
diversos funcionarios municipales y jueces locales de los municipios de Ixchiguán, Tejutla,
Tacaná y Sivinal y el Jefe Político del departamento de San Marcos, coronel Miguel
Ydígoras Fuentes, que le dieron curso legal a la denuncia que presentó Amézquita contra
Vásquez Martínez por lesiones y golpes. Los intendentes de Sivinal y Tejtula ordenaron el
mismo día 26 la captura del mayor Vásquez Martínez, pero un juez de San Marcos
telegrafió al Comandante de Armas, Ydígoras Fuentes, en el que le indicó que las
diligencias judiciales que se estaban llevando a cabo contra Vásquez deberían ser
trasladadas a la Auditoría de Guerra, ya que éste, en su condición de oficial del Ejército,
gozaba del fuero militar. Así, sin ser detenido, Vásquez fue interrogado en la Comandancia
de Armas departamental.
Vásquez negó todo los cargos y más bien relató los hechos al revés, es decir, que el
Intendente Amézquita había sido el iniciador de los golpes porque acusaba al comandante
local de servil frente al Jefe Político. También fueron a declarar las primeras personas que
auxiliaron a Amézquita, entre ellos Pedro Pérez y su esposa Cecilia Mejía. El mismo
Amézquita también fue citado y ratificó todo lo dicho en su primera declaración.
Se tuvo a la vista también los daños físicos que se le infringieron a Amézquita y
resultó, según declaración de Guadalupe Robledo, empírico en medicina, que: “Presenta los
ojos congestionados de sangre, el derecho con un golpe contundente abajo del párpado y
amoratado; el dedo índice de la mano derecha presenta una lesión en la articulación de la
falangeta en la parte superior que solo le interesó la piel y lo tiene dislocado e inflamado; el
antebrazo izquierdo presenta raspones leves. Estos golpes y lesión del dedo índice son de
carácter leves y con cinco días de atención médica puede quedar bien, sin dejarle
impedimento alguno más que solamente la cicatriz en el dedo índice.”35
El resultado de todo el proceso judicial fue la sentencia de la Auditoría de Guerra,
que tan rápidamente como pudo, el 6 de marzo, falló a favor del mayor Miguel Vásquez
Martínez por “no haber mérito suficiente para motivarle auto de prisión.” Este fallo se basó
en el hecho, en el que Ydígoras Fuentes insistió mucho, de que las heridas no eran graves y
que en seis días sanarían por completo.
Por su parte, Ydígoras Fuentes había hecho otro movimiento. Aun estando en
Tacaná había telegrafiado al Presidente de la República recomendando trasladar a
Amézquita de Tacaná al municipio de El Quetzal. Esta sugerencia la amplió el martes 2 de
marzo en los términos siguientes:
Como me permití dar parte a usted, el día viernes 26 hubo una dificultad entre el
Intendente Municipal y el Comandante Local de Tacaná. Contra ambos empleados
se había recibido quejas y al aproximarse mi última visita a ese lugar ordené al C.
Local que me fuera a encontrar a Canjulá (Sivinal) para recorrer puestos fronterizos.
Cuando llegué a Tacaná a los dos días encontré grandes aglomeraciones de
indígenas provocados por el Intendente quien aprovechó la ausencia del C. Local
para citarlos y hacerles ver la conveniencia de quejarse contra el C. Local, pues éste
era el que los obligaba a la vialidad y a la compañía de voluntarios y últimamente al
escuadrón de caballería. Si el C. Local se excede en el cumplimiento, pues está
reconstruyendo el cuartel, ha reparado muchas calles y está arreglando el agua
potable, en cambio el Intendente es pasivo, les tiene miedo a los indígenas que
siempre han mal informado a las autoridades y de ahí que se hayan distanciado. ..
Desde Tacaná y antes de la riña permitíme consultar a usted permuta del intendente
con el del Quetzal José Uluán Vázquez que creo más caracterizado para un
municipio de las peculiaridades de Tacaná.36
Con este telegrama queda perfectamente claro que el Jefe Político Ydígoras
Fuentes, si guardó silencio frente a los indígenas el día en que éstos se quejaron
personalmente del mayor Vásquez frente a él mismo, fue porque ya tenía un criterio
formado de los hechos. Su confianza estaba con el mayor Vásquez y creía a Amézquita
culpable de las quejas de los indios, que era realmente la versión del mayor.
No le importó a Ydígoras escuchar personalmente a decenas de hombres mames
quejarse de su propia voz de los abusos que cometía Vásquez Martínez contra ellos. Para
Ydígoras lo importante era que a los aldeanos se les exigiera la vialidad (es decir, enviarlos
a trabajar sin paga a los caminos) y a prestar servicio en la compañía de voluntarios sin
detenerse a pensar en los daños que se les ocasionaba a los campesinos que debían
abandonar sus cultivos. Habiéndose producido la matanza, Ydígoras, con el fin de eludir
cualquier responsabilidad en los suceso, le miente al Presidente cuando dice que encontró
“grandes aglomeraciones provocados por el Intendente quien aprovechó la ausencia del C.
Local para citarlos y hacerles ver la conveniencia de quejarse contra el C. Local.”, ya que
como que como se vio antes, fue el propio Ydígoras quien ordenó a Amézquita convocar a
los aldeanos el día jueves 22 de febrero en ocasión de su arribo a Tacaná.
Amézquita fue trasladado a El Quetzal y a Tacaná llegó como nuevo Intendente
Municipal el capitán José Uluán Vásquez “más caracterizado para un municipio de las
peculiaridades de Tacaná,” pues como había ordenado Ubico, el nuevo Intendente debería
ser militar.
Absuelto de los cargos por haber agredido al señor José Amézquita, o lo que es lo
mismo, habiendo saldado ya su cuenta con Amézquita, el mayor Vásquez debe haberse
sentido más seguro que de costumbre. Sin Amézquita que reprobara su conducta con los
indios y con un nuevo Intendente que podría ser su cómplice, las cosas parecían estar a
favor suyo como nunca antes. Además, contaba con una aliada en la municipalidad, que
era la viuda Peralta.
Faltaban ahora los indios de Tacaná con quienes creía tener una cuenta pendiente.
Así llegó el domingo 14 de marzo, día de mercado y por eso los habitantes del pueblo y de
las aldeas y caseríos vecinos abarrotaban bulliciosamente la plaza central para hacer sus
compras y ventas de la semana, sin sospechar ni por un instante que estaba en proceso una
tragedia. Aproximadamente al medio día, hora de mayor afluencia de gente en la plaza
central de Tacaná, el mayor Vásquez Martínez ordenó a sus hombres capturar y llevar al
cuartel a cuanto hombre indígena se encontrara en la plaza, especialmente a uno de ellos, a
Francisco Díaz. El edificio del cuartel estaba situado frente a la plaza, a un costado de la
iglesia, por lo que no debió haber sido difícil meter en él a los hombres que se iban
capturando.
Al darse cuenta de las detenciones, los hombres que estaban en la plaza creyeron
que se trataba de exigir el boleto de vialidad o el de jornaleros y muchos de ellos se
escondieron en la iglesia o en las casas cercanas, pero los soldados los sacaban a
empellones, a veces a patadas y tomados del pelo. De la iglesia fue extraído Francisco Díaz.
Mientras los soldados, policías y guardias de hacienda cumplían sus órdenes, el
mayor Vásquez se sentó en un negocio cercano a beber con un amigo suyo, Augusto
Enríquez, hijo del Jefe Político del Departamento de Quetzaltenango.37
Pocos minutos antes
de las tres de la tarde se presentó ante el mayor Vásquez el subteniente Olegario López para
informarle que ya había sido capturado Pancho Díaz, como también era conocido aquel
hombre. Es de imaginarse cómo se levantó el mayor Vásquez para ir al cuartel, con varias
onzas de licor corriendo por sus venas.
Más envalentonado que nunca, el mayor Vásquez penetró al cuartel y a gritos
preguntó “¿Dónde está Pancho Díaz?” Como no obtuvo ninguna respuesta, repitió su grito
quizá un par de veces más “¿Dónde está Pancho Díaz?” De un rincón se incorporó un
hombre que estaba en cuclillas, medio cubierto por sus compañeros. Tenía las manos atrás,
a la cintura. Aquí estoy –dijo– El mayor Vásquez se le fue encima y con la cacha de su
revólver le golpeó la cara, pero Pancho Díaz, en lugar de amilanarse, respondió con un
fuerte golpe en la cabeza de Vásquez con una piedra que tenía en la manos. El mayor
Vásquez murió al instante de aquel golpe y Pancho Díaz fue baleado por uno de los
soldados. 38
El sargento Rutilo Ruiz, al ver lo que pasaba, ordenó al resto de soldados abrir
fuego sobre todos los hombres que estaban detenidos en el cuartel.39
Fue cuando en el
pueblo se escuchó lo que parecía una cohetería. Un niño de diez años de edad, llamado
Benjamín Gálvez, quien vivía muy cerca de la plaza, se encontraba en ella cuando escuchó
las detonaciones y tratándose de que era domingo, pensó que era alguna fiesta que había en
el interior del cuartel. Entusiasmado, corrió hacia el cuartel e ingresó al edificio en plena
carrera sólo para toparse abruptamente con dos hombres tendidos en el piso del patio, uno
sobre el otro. Uno estaba boca arriba y el otro boca abajo encima del primero. El que estaba
arriba era Pancho Díaz y el de abajo era el mayor Miguel Vázquez Martínez, trenzados
ambos en un abrazo mortal.
Los soldados disparaban con sus fusiles reglamentarios y uno de ellos tomó a
Benjamín de la mano y lo arrastró violentamente hacia la calle, desde donde pudo observar
cómo decenas de hombres se saltaban las paredes del cuartel hacia fuera y caían sobre los
techos de paja de los puestos de venta improvisados al pie del paredón del cuartel hasta que
éstos no resistieron y se hundieron con el peso de los hombres que saltaban sobre ellos.40
Uno de los campesinos, que no pudo saltar la pared, pues en el intento se cayó hacia el
interior del cuartel y allí, tirado en el suelo, fue ultimado de un balazo por el guardia de
hacienda Román Herrera.41
Los aldeanos corrían por donde podían y dado que los soldados cubrían la salida, no
solamente saltaron las paredes del cuartel, sino que muchos salieron por una puerta que
daba a la oficina del telegrafista, Everildo Mauricio, quien al ver huir a los indios los
detuvo y les gritó; “No corran, regresen, porque si no, los van a castigar.” Increíblemente,
los campesinos que pasaban por la oficina del telegrafista obedecieron sumisamente la
orden de Mauricio sólo para volver al patio del cuartel, escenario de la balacera.42
Probablemente, la balacera y la matanza hubiera seguido si no es porque un antiguo
teniente, ya de baja, Juan López, que pasaba por la plaza entró al cuartel y ordenó a los
soldados que detuvieran el fuego. Les habría dicho a gritos, que no fueran “bárbaros”, que
por qué mataban indios indefensos.43
En ese instante entró corriendo al cuartel el
subteniente Israel Santizo, quien dormía la siesta en una casa vecina. Alertado por los
disparos corrió al cuartel a sacar la bandera nacional para protegerla, pero el mismo Juan
Gálvez le dijo que era totalmente improcedente, que ya todo había pasado, que no había
enemigos.44
Todo sucedió a las tres de la tarde en uno o dos minutos.
Dentro del cuartel quedaron los cuerpos sin vida de diez campesinos mames, que
por la ubicación en donde quedaron sus cuerpos se puede tener una idea de cómo los
mataron. “En el interior del cuartel” significa que estaban en el patio del mismo. “En una
pieza en el interior del cuartel donde estaba recluido” quiere decir que los mataron a
mansalva dentro de las celdas. 45
Otro de los muertos, Pioquinto Pérez, fue baleado en una
cadera, pero logró llegar a las afueras del cuartel en donde cayó muerto.
Este es el listado de los muertos esa tarde: Fidel Ramírez (35) con herida de bala en
la sien izquierda, en el interior del cuartel; Alejandro Pérez (45), con herida de bala en la
tetilla derecha, en el interior del cuartel; Cipriano Pérez (19), con herida de bala en el
cráneo, en el interior del cuartel; Ambrosio Ramírez (50), con herida de bala en el pulmón
izquierdo, en el interior del cuartel; Gregorio González, con herida de bala en las vértebras
cervicales, en el interior del cuartel; José Pérez (50), con herida de bala en la clavícula
derecha, en el interior del cuartel; Francisco Díaz (40), con herida de bala en la tetilla
izquierda, en el interior del cuartel; Rodrigo López , con herida de bala en la ingle izquierda
con salida en el hueso iliaco, en el interior del cuartel; Pioquinto Pérez (43), con herida de
bala que penetró en la cadera derecha, en la esquina noroeste afuera del cuartel; Antolín
Velásquez (40), con herida de bala en el tórax, en una de las piezas del interior de cuartel
donde estaba recluido; Domingo Ortíz (20), con herida de bala en el cráneo, en una pieza en
el interior del cuartel donde estaba recluido. Murió a las 18 horas.
También quedó tendido el comandante local, mayor Miguel Vásquez Martínez (36),
con “lesiones”. Dos días después, el 16 de marzo, en su casa de habitación, situada en la
aldea El Rosario, falleció Benito Pérez (50), con herida de bala en el abdomen.
Presumiblemente, Benito Pérez habría huido herido del cuartel y muerto en su hogar sin
asistencia médica. 46
Como era su obligación, el telegrafista Everildo Mauricio no cesó de enviar a la
Jefatura Política mensajes telegráficos con los pormenores de lo sucedido. El Jefe Político,
coronel Ydígoras Fuentes, al enterarse de los hechos, no perdió tiempo en la cabecera
departamental. En primer lugar, propuso al Presidente de la República, general Jorge
Ubico, que se nombrara como nuevo Comandante Local de Tacaná al coronel Rómulo
Leonardo, quien tomó posesión del cargo apresuradamente el miércoles 17 de marzo. 47
Luego mandó a capturar a José Amézquita, quien, como se sabe, había sido trasladado a la
Intendencia de El Quetzal, pues Ydígoras lo acusaba de haber “dejado predispuestos los
ánimos de los indios de Tacaná contra el mayor citado (Miguel Vásquez Martínez…)” 48
Acto seguido, organizó una compañía de tropa compuesta tanto por soldados de la
Comandancia de Armas, como por “voluntarios” de Tejutla, San Pedro Sacatepéquez, El
Tumbador y otros poblados. Formó la tropa con un mando integrado de la manera
siguiente: comandante, Teniente Rubén González Siguí; teniente Hugo Mendoza; capitán
José María López; capitán Nicholas Minchez; teniente Rafael Barrios; teniente Justo
Germán Fuentes; teniente Alfonso Domínguez; teniente Leoncio de León; teniente Arnulfo
Santisteban; sargento Valentín Juárez; sargento segundo Rómulo Juárez; sargento Nemesio
González; sargento Pablo Sánchez; sargento Clemente Godínez; sargento Abundio Orozco,
y sargento Simeón González, 49
sargento Gabino González, sargento José María Bámaca y
sargento Félix Navarro
Esta tropa salió rápidamente a Tacaná el mismo domingo 14 por la tarde y el lunes
comenzó a cumplir con las órdenes que se acostumbraban en semejantes casos. Cada vez
que en cualquier lugar del medio rural guatemalteco sucedía algo que las autoridades
consideraban un levantamiento, sublevación o insubordinación de los indios, llegaba una
tropa a “restablecer el orden” y la primera medida que tomaba era siempre capturar a
cuanto sospechoso hubiera de haber participado en los hechos y especialmente buscar a los
“cabecillas” reales o supuestos.
El teniente Rubén González Siguí no se salió del libreto que siempre seguía el
aparato estatal por medio de sus jefes políticos y comandantes de armas. Capturó a los
“cabecillas” que resultaron ser cuatro campesinos indígenas, Víctor Pérez, Patricio Díaz,
Cipriano Matías y Pablo Morales, acusados todo ellos de sedición.
Luego, el teniente Rubén González le ordenó al capitán José María López, jefe de
escolta, que al mando de un grupo compuesto por los sargentos segundos Rómulo Juárez,
Gabino González, José María Bámaca y Félix Navarro y los cabos Aparicio Gómez y
Apolonio Fuentes, condujera a los cuatro campesinos señalados a la cabecera departamental
de San Marcos. Salieron de Tacaná a las tres de la madrugada del martes 17 de marzo hacia
dicha ciudad con los reos caminando sueltos, sospechosamente con las manos libres.50
Luego de haber marchado aproximadamente un kilómetro y medio, cerca del lugar
llamado Tuiscumbaj, en un terreno muy escabroso, los cuatro reos “se pusieron en fuga”.
Según el informe del jefe de la escolta, José María López, los militares marcaron a los reos
en fuga un alto por tres veces, pero al no acatar éstos las voces persiguieron a uno de ellos a
quien le “hicieron blanco”. Otros dos fueron sorprendidos por los disparos porque, como se
dice en el parte, “tomaron el camino de frente.” Sin embargo, el cuarto, que resultó ser
Pablo Morales, logró escabullirse en la oscuridad de la madrugada y en lo escarpado del
terreno, habiendo los soldados encontrado solamente un sombrero estilo “charro” perforado
por una bala. Ese, pues, fue el castigo para los “cabecillas”. Nuevamente, como en
muchísimas ocasiones antes, había sido aplicada la ley fuga a unos mozos, jornaleros o
campesinos indígenas que se habían atrevido a quejarse.
Se siguió el procedimiento de costumbre, que revela descarnadamente los crímenes
contra la población campesina indígena. A las seis horas de ese día, se presentaron el juez
de paz de Tacaná y el Cirujano Militar departamental, doctor Enrique Sarti (quien había
llegado con la columna militar encabezada por el teniente González Siguí) al paraje donde
fueron muertos los tres reos. El testimonio escrito de ambos funcionarios fue éste:
(…) En un pequeño zanjón de un metro de profundidad …se encontró el cuerpo de
un hombre recostado sobre su costado derecho con los pies recogidos estando de
Poniente a Oriente con la mano derecha sobre la cara , la izquierda doblada bajo el
cuerpo, es descalzo viste camisa rayada de manta calzoncillo blanco con una banda
roja ceñida a la cintura, no tiene sombrero por haberlo dejado tirado a orilla del
camino, siendo el primero que se detalla, fue extraído de este lugar colocándolo en
otro sitio que permita su registro para descubrir las lesiones que sufrió
encontrándole las siguientes: que el Doctor dá fé de haber tenido a la vista así como
el infrascrito Juez que se detallan así : Una herida con arma de fuego penetrante en
el tórax, ángulo inferior, con orificio de entrada en la región frontal izquierdo a seis
centímetros hacia fuera y hacia debajo de la Clavícula; otra producida en la misma
forma penetrando en el cráneo con orifico de entrada en la región molar del lado
izquierdo.
Se trataba de Cipriano Matías. Sigue el informe:
(…) Como a 100 metros abajo del lugar donde los primeros se fugaron y como en
medio de este se encontró otro cadáver recostado sobre su costado izquierdo boca
abajo teniendo el pie izquierdo recogido más hacia el derecho, tiene una cobija
rayada bajo la cara un sombrero de palma frente a la cabeza estando de sur a norte,
usa cordón de jerga calzoncillo blanco con mancha de sangre en la rodilla una
banda muy ceñida a la cintura, usa caites enrejados de cinchos y una hebilla…
Tiene una herida producida por arma de fuego penetrante en el abdomen con
agujero de entrada en la región lumbar línea media con orificio de salida en el
hipocondrio derecho otra en el antebrazo derecho con orificio de entrada en la cara
externa tercio medio orificio de salida al mismo nivel de la cara otra en la rodilla
derecha (…) Fue registrado en los bolsillos en los cuales se les encontró una libreta
de trabajo No. 32873 pertenecientes a Víctor Pérez Velásquez quien es el occiso,
once centavos, dos boletos de vialidad, dos de ornato y una constancia de trabajo.
Era Víctor Pérez Velásquez. Del tercero, Patricio Díaz, se dice:
(…) A ocho metros otro cuerpo tendido en el mismo camino y en posición superior
de norte a sur con el brazo derecho extendido y el izquierdo sobre el abdomen, viste
cotón de jerga y banda de hilo rojo, teniendo el pie izquierdo sobre el derecho
recogido, con calzoncillo blanco ensangrentado (…) Tiene una herida producida por
arma de fuego, en la región dorsal, penetrante en el tórax a una línea media a nivel
de la tercera vértebra dorsal con un agujero de salida en el borde anterior del hueco
de la axila, otra lesión producida también con arma de fuego penetrante en el
abdomen (…) Registrándole los bolsillos le fue encontrado un pañuelo morado
guardando en este la cantidad de ochenta y cinco centavos de quetzal y papeles
pertenecientes a Patricio Díaz siendo el occiso, una certificación de haber sembrado
veinticinco cuerdas de Milpa extendida en Tacaná y dos boletos de vialidad y uno
de ornato.
Por las partes del cuerpo en que tenían las heridas de bala los tres cadáveres era muy
probable que les hayan disparado de frente, no en plena carrera, por la espalda, como dicen
los guardias en sus declaraciones. Algo muy dramático era que en sus bolsillos, estos
humildes campesinos portaban siempre sus boletos de vialidad, de ornato, las constancias
de trabajo, la libreta de trabajo, y cuanto documento era requerido por las escoltas, todo ello
para evitar ser considerados vagos y ser objeto de cárcel, castigos y trabajos forzados en
fincas y caminos. Y aun así, ese fue su final.
Informado el Jefe Político del la ejecución de los tres indios y de la fuga de Morales,
Rápidamente envió telegramas con instrucciones para lograr su captura. En primer lugar se
dirigió al nuevo comandante local de Tacaná, coronel Rómulo Leonardo, con estas
palabras: “Queda bajo su responsabilidad la recaptura del reo prófugo Pablo Morales.
Infórmeme qué medidas tomará para lograrlo.” 51
A los pocos minutos le envía a Rómulo
otro: “Averigüe de dónde es Pablo Morales y mande a buscarlo por su casa y la de sus
familiares.”
Luego, le informa al presidente Ubico de la muerte de los tres reos y de la fuga de
Morales. Entonces, recibe un telegrama del Presidente que no puede ser más tenebroso y
que ilustra perfectamente cómo procedía la dictadura militar de aquel tiempo con los
campesinos indígenas o en general contra cualquier ciudadano. Dice así: “Me refiero al
parte de usted contenido en el mensaje Nº 63 de la fecha y es necesario aclarar bien el
asunto y que alcancen al reo fugo Pablo Morales, a quien como sus compañeros debe
imponerse el castigo de ley. (f) Ubico.”
Ydígoras es quien cita esta frase del telegrama del Presidente, pues se la envía a
Rómulo Leonardo en otro telegrama para que éste vea que el propio Presidente está
interesado en la captura de Morales.52
A esas alturas ya es notoria la ansiedad de Ydígoras
provocada por la fuga del reo Morales, pues al parecer es la primera vez que en la
aplicación de la ley fuga se logra escapar una persona. Sin embargo, Pablo Morales nunca
fue encontrado a pesar del cerco que le tendió Ydígoras. Presumiblemente buen conocedor
del terreno, se fue rumbo a la frontera y así salvó su vida. Nunca regresó a Tacaná.53
Mientras tanto, el teniente Rubén González Siguí continuó con la batida de los
“sublevados”. Capturó a 175 hombres, todos campesinos indígenas, para lo cual debió
recorrer con sus soldados las aldeas y caseríos para sacar y detener en sus propias casas a
los inculpados del “levantamiento”, como ya lo calificaba Ydígoras Fuentes. El clima de
terror que impuso González Siguí hizo que familias enteras abandonaran sus aldeas y se
fueran al amparo de la noche hacia la frontera mexicana a quedarse del otro lado para
siempre.
“Restablecido” el orden, dio inicio otra parte del drama, el traslado de los
capturados a la ciudad de San Marcos, cabecera departamental. La orden de Ydígoras fue
que “Lo sanos carguen a las heridos”, pues en la columna de prisioneros, que penosamente
comenzó a caminar los 73 kilómetros que separan Tacaná de San Marcos, venían 14
heridos, es decir, hombres que habían sido lesionados en la balacera del domingo. El
contingente de tropas y prisioneros avanzó por la carretera de terracería, sumamente
fangosa, que de los 2400 metros sobre el nivel del mar en que está Tacaná, había de subir
por ese camino a 3200 ms SNM en donde está ubicado el poblado de Ixchiguán, para luego
bajar a la ciudad de San Marcos que tiene una altitud de 2300 ms SNM.
La larga columna se acercó a la aldea de San Sebastián, a unos 10 kilómetros de la
cabecera de San Marcos. Allí fueron a encontrarla tres pequeños autobuses enviados por
Ydígoras, que se llevaron la cabecera a los 14 heridos y 6 “cansados” y diez miembros de la
tropa más un oficial. Esos vehículos arribaron a San Marcos a las 0: 30 del día 20. Luego, a
las 11 de la mañana llegó la columna de prisioneros y soldados.54
En la cárcel de San
Marcos había 157 prisioneros por otros delitos, de modo que con los campesinos de Tacaná
la población reclusa se dobló y por ello Ydígoras se dirigió nuevamente al Presidente para
solicitar fondos para la manutención de la población detenida.
En las horas que siguieron Ydígoras dio una muestra de un cinismo de altos vuelos.
Telegrafió al nuevo comandante local de Tacaná, Rómulo Leonardo, informándole de la
llegada de las tropas y los prisioneros a San Marcos y le dio instrucciones para que dijera a
las personas que se le “acercaran”, o lo que es lo mismo a los familiares de los prisioneros
que pudieran preguntar por ellos, que los heridos estaban bien tratados en el hospital de San
Marcos y que los presos irían recobrando su libertad con forme fuera resolviendo el Auditor
de Guerra, licenciado Alberto Herrarte, que había llegado apresuradamente a Tacaná y
regresaba con la columna militar.
Seguidamente, agrega en el mensaje: “Con un procedimiento conciliatorio de parte
de Ud. y del Intendente Mpal., así como del Sargento de la policía de Hacienda, Sr.
Castañeda, los indígenas irán entrando en confianza y regresando a sus hogares. Procure
Ud. evitar cualquier atropello y por ahora no vaya Ud. ni las otras autoridades a exigir
libretos, ni citas, etc., para evitar molestias. Así regresarán los que se hayan ido a México
huyendo de la bulla.” 55
En otras palabras, parece haber sido necesario el holocausto de 15
campesinos indígenas y las penalidades que habrían de pasar los 175 prisioneros para que
Ydígoras ordenara aflojar la presión sobre los campesinos en las exigencias sobre los
trabajos forzados a que eran sometidos, aunque se cuidó de decir “por ahora”.
Mientras tanto, en Tacaná siguieron los cambios. Con la muerte del mayor Vásquez
Martínez, la señora Concepción Peralta perdió poder e influencia y lo primero que hizo el
nuevo intendente municipal, Ulúan Velásquez, fue solicitar la remoción del cargo de la
joven viuda por su “evidente incompetencia”. Poco después, en abril, el mismo Uluán
Velásquez fue removido por algunos problemas que tuvo, sin que se sepa cuáles fueron.
El antiguo intendente municipal de Tacaná, José Amézquita, al salir del encierro al
que lo condenó Ydígoras, pidió autorización a éste para ir a Tacaná a recoger parte de los
enseres que dejó en su casa luego de su intempestiva salida de ese pueblo el 16 de marzo,
pues acusaba a Eduardo Laguna, condueño de la casa que habitaba, de haberle robado sus
cosas. 56
Poco tiempo después, Amézquita falleció, según se dice, como consecuencia de
los vejámenes de que habría objeto en la cárcel.57
Parte de las tropas que fueron enviadas a Tacaná quedaron en dicha población con el
objeto de vigilar cualquier otro desorden, pero en julio de ese año el comandante local
Rómulo Leonardo, a pregunta de Ydígoras, responde que ya no es necesaria presencia de
tropas en el pueblo. No se sabe cómo ni cuándo fueron liberados los prisioneros, aunque
quizá no hayan pasado mucho tiempo en la cárcel, pero lo cierto es que los aldeanos de
Tacaná no confiaron en los “procedimientos conciliatorios” de los nuevos funcionarios de
ese pueblo.
Un parte escrito en agosto de ese mismo año enviado al Jefe Político Ydígoras por
un nuevo intendente municipal de Tacaná, Atanasio Barrios, decía: “(…) con motivo a los
sucesos del 14 de marzo del año en curso la mayoría de los indígenas se han ido a la vecina
República (…) los indígenas no han entrado en confianza a pesar de las medidas previsoras
que he tomado para conseguirlo.” 58
La mañana del 7 de abril del mismo año, el Jefe Político Ydígoras Fuentes recibió
una inesperada misiva:
(…) De la manera más atenta, vengo a solicitarle se sirva dar sus órdenes a efecto
de que las cosas pertenecientes a mi marido Miguel Ángel Vásquez Martínez,
muerto cuando desempeñaba la comandancia local de Tacaná el mes pasado, me
sean devueltas a mi costa a Guatemala, ya sea a mi dirección o consignado al
ministerio de Guerra. Hago la solicitud en mi carácter de esposa del mayor Vásquez
Martínez con quien procreé cinco niños a quienes hoy sostengo y por quienes me
urge lo que hubiere dejado de efectos personales. Josefina Villatoro.59
Al año siguiente, el 5 de enero de 1938, el general Miguel Ydígoras Fuentes
mantuvo su cinismo y la personalidad contradictoria que habría de hacerle fama muchos
años después cuando incursionaría en la política y llegara a ser Presidente de la República.
En su “Memoria Anual de la Marcha Administrativa de este Departamento Comprendido a
1937” Ydígoras escribió lo siguiente:
(…) Durante el año fue inalterable (el orden) en el Departamento a excepción de
Tacaná, donde se sublevaron algunos indios el 14 de marzo, cuando estaban
arrestados en el cuartel de aquel lugar y a disposición del entonces comandante
local, Mayor Miguel Vázquez M.; las causas del levantamiento fueron las tropelías
que este comandante cometía con la raza indígena. Dieron muerte al mencionado
comandante y atacaron la guarnición viéndose ésta obligada en su defensa a hacer
fuego, resultando varios muertos y heridos entre los atacantes, que fueron
sometidos al orden, procediéndose a castigar a los culpables (…) 60
Fue la última mención oficial relativa a la tragedia que vivieron los hombres mames
y sus familias de las aldeas de Tacaná aquel año de 1937.
La matanza de campesinos indígenas que se perpetró aquel fatídico día constituyó
un verdadero paradigma de la relación que el Estado oligárquico de aquella época tenía
establecida la población rural campesina, especialmente la indígena, relación que estaba
mediada por procedimientos legales establecidos en una profusa legislación que los
sujetaba a diversas formas de trabajo forzado, así como por medios coercitivos violentos,
ilegales, en los que actuaba todo el aparato represivo estatal, especialmente el Ejército de
Guatemala.
Epílogo
El lunes 15 de marzo de 1937, el Presidente de la República, el general Jorge Ubico
Castañeda, a la sazón de 58 años de edad, tenía suficientes motivos para sentirse satisfecho
y pleno de felicidad. La mañana de ese día presentaría a la Asamblea Legislativa su último
informe como jefe del Ejecutivo correspondiente al período presidencial 1931-1937, pero
hacía un mes, el 14 de febrero, había sido reelecto como Presidente de la República con lo
que de hecho iniciaba con ese informe otros seis años al frente del gobierno guatemalteco.
Por ello, la mañana del 15 iniciaron en todo el país los festejos oficiales en honor a
dicho acontecimiento. A la seis de la mañana se hicieron salvas de artillería en todos los
fuertes de la ciudad, fue izado el pabellón nacional en los edificios públicos de toda la
República, en tanto que los amigos particulares del mandatario, funcionarios de
instituciones públicas, del Partido Liberal Progresista, generales del ejército, etcétera,
fueron a felicitarle y le enviaron “hermosas ofrendas florales que fueron colocadas en los
corredores de la casa presidencial.” 61
También fueron adornados los edificios públicos con
grandes mantas de los colores nacionales, alfombras de pino y flores naturales. “A las seis
de la tarde fue arriada la insignia patria, con los honores de ordenanza.”62
La prensa capitalina no mencionó absolutamente nada de los sucesos de Tacaná
acaecidos la tarde del día anterior. Las páginas de los diarios estuvieron repletas a partir del
15 y días siguientes de informaciones sobre el informe del Señor Presidente a la Asamblea
Legislativa, del inicio de la nueva gestión gubernamental del general Ubico y de las obras
de su gobierno en los seis años anteriores. Ningún medio de prensa estuvo dispuesto a
empañar esa celebración con un sórdido relato de una matanza de indígenas en un
pueblecito lejano y casi desconocido como era Tacaná.
Hubo que esperar ocho años para que en un diario de la ciudad de Guatemala no
sólo hubiera menciones a los sucesos de Tacaná, sino un relato más o menos
pormenorizado de los mismos. Pero no se trataba solamente de tiempo. Para que la matanza
fuera conocida públicamente fue necesario que el general Ubico fuera derrocado y se
abriera un período político de apertura en términos de libertades y derechos ciudadanos. En
otras palabras, había estallado la revolución, la revolución del 20 de octubre de 1944.
En ese nuevo contexto político, un joven llamado César Augusto Díaz escribió un
artículo en el diario La Hora titulado !Pobre San Marcos¡ en el que relató por primera vez
en la prensa la matanza de Tacaná acaecida aquel domingo de plaza de marzo de 1937.63
Es
más, Díaz responsabiliza en su escrito al general Miguel Ydígoras Fuentes, quien, como ya
se sabe, era el Jefe Político de San Marcos en ese año.
Unos días después apareció en el mismo diario una respuesta de una hermana de
Ydígoras, María Ydígoras Fuentes de Francesch, quien en defensa de su hermano
rechazaba los cargos hechos contra él por la masacre de Tacaná. Con esta respuesta se
desarrolló una polémica entre ella y César Augusto Díaz, en la cual terciaron Margarito
Orozco y otras nueve personas, quienes enviaron a La Hora sus propios escritos en los que
ampliaban la información sobre la matanza de Tacaná e igualmente culpaban a Ydígoras
Fuentes. Meses después, en diciembre, otro grupo presentó a la Procuraduría General de la
Nación una denuncia contra el general Ydígoras por los hechos de Tacaná en aquel marzo
de 1937, aunque no ha sido posible averiguar si dicha imputación siguió su curso legal.64
Fue así como el autor de este ensayo tuvo las primeras noticias de los sucesos de
Tacaná en marzo de 1937 cuando leía los periódicos de para otro escrito que tenía en
preparación. A partir de entonces emprendió la investigación dirigida a establecer qué fue
lo que sucedió realmente en Tacaná aquellos días.
La mayor parte de la información fue obtenida de los paquetes de las Jefaturas
Políticas existentes en el Archivo General de Centro América, en los cuales, dicho sea de
paso, son innumerables los documentos que por sí solos acusan a los Jefes Políticos,
Comandantes Locales e Intendentes Municipales de infinidad de abusos y violencias contra
el campesinado guatemalteco. Una visita a Tacaná, en donde se obtuvieron las actas de
defunción de los campesinos muertos aquel día y otras informaciones de gran valor, ayudó
a ampliar y enriquecer la investigación.
Por todo ello, es posible concluir que la colisión de la dictadura militar oligárquica
de aquellos tiempos con la sociedad se registraba cotidianamente en el ámbito rural a
propósito de las presiones que sufría la población rural para convertirla en fuerza de trabajo
para la agricultura de exportación y para la construcción de las obras públicas del gobierno.
Los Jefes Políticos, los comandantes locales y los intendentes municipales, con el Ejército
de Guatemala y las diversas policías existentes bajo su mando, eran el brazo de la
dictadura. Apresaban, conducían y ejecutaban extrajudicialmente a quien fuera necesario
para mantener la maquinaria del trabajo forzado. Era el rostro rural de la dictadura militar
oligárquica.
El trabajo forzado cerró su ciclo durante el proceso de la Revolución de Octubre de
1944, cuando los regímenes revolucionarios emprendieron las primeras medidas para
abolirlo hasta quedar enterrado definitivamente como política económica estatal. Sin
embargo, lo que no parece querer desaparecer es la práctica de la violencia en el mundo
rural.
Desde una perspectiva de grandes períodos históricos, se pueden identificar las
causas de la violencia practicada en el medio rural guatemalteco contra los campesinos,
especialmente los indígenas. Tal como lo señala Severo Martínez Peláez, durante el
período colonial la causa inmediata de las protestas y movimientos fueron las diferentes
exacciones a que eran sometidos, pero de todas, las obligaciones del pago del tributo era la
más importante.65
La violencia colonial era la represión que sufrían los indios
individualmente o en grupo para inhibir esas protestas, que a menudo tomaban la forma de
un motín o un tumulto en la población en donde estaban asentadas las autoridades locales.
En el período republicano, desde su incubación y durante el período pleno del
Estado Oligárquico, la violencia rural tuvo como su causa más importante los abusos y
presiones a la población campesina a propósito del trabajo forzado a que fueron sometidos
los pueblos de ascendencia maya, en particular en las haciendas cafetaleras y en los trabajos
de infraestructura que emprendía el Estado. Una inofensiva protesta como la de Tacaná era
reprimida con el peso de todo el aparato militar estatal, aunque tampoco existieron
solamente tímidas quejas y protestas.
En algunos casos, los campesinos reaccionaron violentamente, como en San Juan
Ixcoy, Huehuetenango, el 17 de julio de 1898, cuando cientos de habitantes kanjobales de
ese poblado asaltaron las viviendas del lugar y fincas cercanas propiedad de los ladinos del
pueblo y luego les dieron fuego, así como al palacio municipal. En medio de la trifulca
dieron muerte a casi la totalidad de los ladinos, que se estiman en una treintena.
Entre los motivos que se conocieron para tan furioso como radical levantamiento
indígena se destacan particularmente las habilitaciones de mozos para las fincas cafetaleras,
las cuales estaban plagadas de un sin fin de fraudes y engaños para los indígenas y los
malos tratos que en general la población ladina le imponía a los indígenas. No es casual que
en el incendio del edificio municipal se hayan encontrado durmiendo varios de esos
habilitadores de las fincas, quienes de esa manera encontraron la muerte a manos de los
pobladores de San Juan Ixcoy.66
En cualquiera de los casos, la represalia estatal siempre fue
brutal y desproporcionada.
De la violencia generada en el mundo rural por las prácticas del trabajo forzado se
transitó a mediados del siglo XX a la violencia por razones agrarias, es decir, a la lucha por
la tierra, causa que no ha desparecido. En el último tercio del siglo XX la violencia se
enseñoreó en el país por razones de orden político, lo cual significó para los habitantes
rurales indígenas una violencia que alcanzó magnitudes insospechadas mucho más graves
que en cualquier período histórico anterior. En el presente, se está configurando una nueva
causa de la violencia en el mundo rural, como lo es la defensa del territorio contra las
empresas mineras y de proyectos hidroeléctricos.
Lejos de desaparecer, la violencia en el agro guatemalteco sigue viva, o lo que es lo
mismo, se sigue utilizando para dirimir los conflictos sociales. Los corregidores y
funcionarios coloniales, los Jefes Políticos y los Comandantes Locales, al lado de los
Intendentes Municipales, siguen rondando por los rincones de las montañas, altiplanos y
costas del mundo rural guatemalteco.
1 Asamblea Legislativa, Decreto 1987, de fecha 24/4/34 de 1937. Recopilación de Leyes Tomo 53, Pág. 43.
2 Ibíd.
3 Ibíd.
4 Acuerdo Presidencial del 18 de junio de 1892, firmado por el Presidente José María Reyna Barrios.
5 Archivo General de Centro América (AGCA), Jefatura Política de San Marcos, año 1937, paquete Nº 3.
6 Ibíd.
7 Ibíd.
8 El oficio de quejas completo se encuentra en AGCA, Jefatura Política de San Marcos, Paquete Nº 3.
9 Decreto N° 1996, de fecha 10 de mayo de 1934, Recopilación de Leyes, Tomo 53.
10 Estas cifras se han extraído de cálculos hechos con base en las estadísticas recopiladas por el Censo
Agropecuario de 1950, las cuales son consideradas por el autor como aceptables en la medida en que la
estructura de la tenencia de la tierra en Guatemala no sufrió ningún cambio drástico entre 1937 y 1950. 11
Decreto Nº 1474, de fecha 31/10/33. Posteriormente, el 19 de diciembre del mismo año fue promulgado el
reglamento de dicho decreto, en el cual se estipula que “Están sujetos al servicio de vialidad, todos los
varones de diez y ocho a sesenta años de edad, que residan en la República; y aun los que pasaren de esa edad
si poseyeran más de cien quetzales de capital”. Asimismo, se señala que “Todos los individuos afectos al
servicio, están obligados a portar el boleto de vialidad, o la constancia de la conmuta o excepción, para
exhibirlos a las autoridades u oficinas públicas en el momento que los soliciten.” 12
Revista Agrícola de la Secretaría de Agricultura, Vol. XII, N° 3, pp.238, Guatemala, 24/4/34. 13
Mensaje del Presidente de la República, general Don Jorge Ubico, a la Asamblea Nacional Legislativa al
abrir sus sesiones ordinarias el 1° de marzo de 1936, Recopilación de Leyes, Tomo 55. 14
Mensaje del Presidente de la República, general Don Jorge Ubico a la Asamblea Nacional Legislativa al
abrir sus sesiones ordinarias el 1° de marzo de 1942, Recopilación de Leyes, Tomo 61. 15
En el conocido libro de Severo Martínez Peláez, La Patria del Criollo, se revela el uso del terror que los
corregidores y alcaldes mayores ejercían sobre la población indígena en el cobro del tributo y otras
exacciones. Severo Martínez Peláez, La Patria del Criollo, Editorial Universitaria, Universidad de San
Carlos, Guatemala, 1970, pp. 522524. 16
En realidad, el servicio de vialidad y las multas o conmutas por el mismo no fueron establecidas con el
decreto 1474, pues antes del gobierno del general Ubico el trabajo forzoso en los caminos ya era una vieja
práctica. Bajo el mismo gobierno de Ubico, por medio de diversos decretos, se fue estructurando todo el
sistema del trabajo forzoso hasta llegar al decreto 1474, que recogió toda la legislación anterior y dio, a la vez,
origen a un complicado sistema de control, recaudación de fondos, etc., vinculado todo con el trabajo impago
en los caminos y carreteras. 17
Gall, Francis e Instituto Geográfico Nacional, Diccionario Geográfico de Guatemala, Tomo IV, Tipografía
Nacional, Guatemala 1978. 18
Dirección General de Estadística, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, V Censo de Población
levantado el 7 de abril de 1940. Tipografía Nacional, Guatemala 1942. 19
Miguel Ydígoras Fuentes, Memoria de los trabajos efectuados en el Ramo de Agricultura en el
Departamento de San Marcos en el año 1936. AGCA gobernación Sig. B Legajo 31168 20
Como en el caso de la cita N° 10, estos datos corresponden al Censo Agropecuario de 1950, pero se estima
que no eran diferentes en 1937, por lo que es válido utilizarlos para los propósitos de la descripción del
régimen agrario en 1937. Véase: Dirección General de Estadística, 1955. 21
Decreto Número 1702, de fecha 9 de agosto de 1935, Ley Municipal de la República de Guatemala. 22
Artículo 18, Ley Municipal de la República de Guatemala. 23
Menchú, Aquilino, Ubiquismo-Ydigorismo-Poncismo, Nuestro Diario, 19 de junio de 1950, Pág. 11,
Guatemala. 24
La versión del enamoramiento del Comandante Local de Concepción Peralta ha quedado en la memoria
colectiva de Tacaná.
25
La ley en mención era la Ley Contra la Vagancia, Decreto Nº 1995 de fecha 10 de mayo de 1934. Más
adelante se volverá en detalle sobre esta ley. 26
Aquilino Menchú, Óp. Cit. 27
Telegrama de la Comandancia de Armas de San Marcos, al Comandante Local de Tacaná, 10 de febrero de
1937. AGCA, Jefatura Política de San Marcos, Paquete Nº 3. 28
Copia del acta de esta reunión se encuentra en AGCA, Jefatura Política de San Marcos, 1937, Paquete Nº 3.
29 Ibíd.
30 Ibíd.
31 A Intendente Municipal, Tacaná Copia de telegrama Nº G 342 fechado el 22/2/37. AGCA, Jefatura Política
de San Marcos, 1937, Paquete Nº 2. 32
Denuncia al Procurador General de la Nación fue presentada el 2 de diciembre de 1945 por Diego López P.;
Bonifilio Pérez R.; Filemón Ramírez; Gonzalo Laparra D.; A.E. Rodríguez; Enecón Pérez; Alberto Reinos; J.
Benjamín García; J. Vidal de León; A. Laparra G. Archivo General de Centro América (AGCA), Ministerio
Público, Leg. 32562. En el documento presentado se hace una narración de los hechos, que aunque contiene
muchas inexactitudes, se apega considerablemente a lo sucedido aquel día, así como también ofrece
información sobre otros sucesos relacionados con el Jefe Político Ydígoras Fuentes. 33
El relato que sigue a continuación es extractado de AGCA, Diligencias instruidas contra el mayor Miguel
Vásquez Martínez, por golpes leves. Sivinal, 28 de febrero de 1937, Juzgado 1º de Instancia de San Marcos,
Ramo Penal, Legajo 10 “L”, pieza 38. 34
Se conoce en Guatemala como mozotal a un campo o espacio abierto cubierto de la planta mozote ((Bidens
pilosa), cuyas semillas pequeñas y largadas se adhieren a la ropa o a la piel de los animales. J. Francisco
Rubio, Diccionario de voces usadas en Guatemala, Editorial Piedra Santa, Guatemala, 1982. 35
Informe de Guadalupe Robledo al Juez Municipal de Tacaná, 27 de febrero de 1937. AGCA Diligencias
instruidas contra el mayor Miguel Vásquez Martínez, por golpes leves. Sivinal, 28 de febrero de 1937,
Juzgado 1º de Instancia de San Marcos, Ramo Penal, Legajo 10 “L”, pieza 38. 36
AGCA, Jefatura Política de 1937, copias del Teniente gamboa, Paquete Nº 3 37
Menchú, 1955. 38
Esta escena, como ha sido relatada, ha sido recogida de numerosos testimonios y versiones que quedan en
la memoria colectiva en la ciudad de Tacaná. La narró así Benjamín Gálvez, el niño que ingresó al cuartel
porque creía que se trataba de una fiesta; el escrito presentado al Procurador de la Nación por Margarito
Orozco y compañeros. Tal vez la única diferencia es que algunos dicen que lo que tenía Pancho Díaz entre las
manos era un leño y no una piedra. 39
En los días siguientes, el coronel Ydígoras Fuentes tenía particular interés por saber quien dio la orden de
abrir fuego y preguntó al teniente Rubén González Siguí, enviado a Tacaná al frente de un contingente de
tropas “a restablecer el orden”. Este oficial averiguó y le comunicó a Ydígoras que había sido Rutilo Ruiz el
que había dado la orden de disparar. 40
Relato hecho por Benjamín Gálvez al autor en entrevista personal en mayo de 2004. 41
Margarito Orozco y compañeros, Óp. Cit. 42
Ibíd. 43
Ibíd. 44
Ibíd. 45
El listado que sigue, la edad de los fallecidos, causa y lugar de la muerte se encuentran anotados con esas
palabras en el Libro de Actas de Defunciones del Registro Civil de la Municipalidad de Tacaná. 46
Ibíd. 47
AGCA, Jefatura Política de San Marcos, 1937, Paquete Nº 3, Telegrama Nº U 236 de la Comandancia de
Armas, 17 de marzo de 1937. Copias del Teniente Gamboa, 48
Telegrama a Ministro de Gobernación del Jefe Político de San Marcos Nº 213, AGCA, Jefatura Política de
San Marcos, 1937, Paquete Nº 3. 49
Aquilino Menchú, Óp. Cit. 50
AGCA, Jefatura Política de San Marcos, 1937, Paquete Nº 3. Informe del capitán jefe de escolta, José
María López al teniente graduado G. Rubén González Siguí. 17 de marzo de 1937. 51
A Comandante Local, Telegrama U 227, 17 de marzo de 1937. Copias del teniente Gamboa. AGCA,
Jefatura Política de San Marcos, 1937, Paquete Nº 3. 52
A Comandante Local, Telegrama U 252, 18 de marzo de 1937. AGCA, Jefatura Política de San Marcos,
1937, Paquete Nº 3. 53
Todas las personas entrevistadas en Tacaná coinciden en que Pablo Morales nunca regresó al pueblo.
Benjamín Gálvez dijo que pasado mucho tiempo desapareció la mujer de Pablo Morales, lo que hace suponer
que se fue a reunir con su esposo a algún lugar, posiblemente de México. 54
Telegrama Nº 74 a Sr. Presidente de la República, Puerto de San José. San Marcos, 20 de marzo de 1937.
AGCA, Jefatura Política de San Marcos, 1937, Paquete Nº 3.
55Telegrama Nº U 301 a Comandante Local, Tacaná, San Marcos, 20 de marzo de 1937. AGCA, Jefatura
Política de San Marcos, 1937, Paquete Nº 2. 56
AGCA, Jefatura Política de San Marcos, paquete N° 2, 1937. 57
Margarito Orozco y compañeros, Óp. Cit. 58
Oficio Nº E 160 al Jefe Político, Tacaná, San Marcos, 6 de agosto de 1937, Atanasio Barrios. AGCA,
Jefatura Política de San Marcos, 1937, Paquete Nº 3. 59
Carta de Josefina Villatoro al Jefe Político de San Marcos, 7 de abril de 1937. AGCA, Jefatura Política de
San Marcos, 1937, Paquete Nº 3. 60
General Miguel Ydígoras Fuentes, Jefe Político y Comandante de Armas de San Marcos, Memoria Anual
de la Marcha Administrativa de este Departamento Comprendido a 1937. AGCA, Gobernación, Signatura B,
Legajo 31331. 61
Diario de Centroamérica, 15 de marzo de 1937, Pág. 3. 62
Ibíd. 63
César Augusto Díaz, ¡Pobre San Marcos!, La Hora, 10/7 /45, Pág. 10 64
La denuncia al Procurador General de la Nación fue presentada el 2 de diciembre de 1945 por Diego López
P.; Bonifilio Pérez R.; Filemón Ramírez; Gonzalo Laparra D.; A.E. Rodríguez; Enecón Pérez; Alberto
Reinos; J. Benjamín García; J. Vidal de León; A. Laparra G. Archivo General de Centro América (AGCA),
Ministerio Público, Leg. 32562. En el documento presentado se hace una narración de los hechos, que aunque
contiene muchas inexactitudes se apega considerablemente a lo sucedido aquel día, así como también ofrece
información sobre otros sucesos relacionados con el Jefe Político Ydígoras Fuentes. 65
Severo Martínez Peláez, Motines de indios. La violencia colonial en Centroamérica y Chiapas. Universidad
Autónoma de Puebla, Puebla, México, 1984. 66
Adrián Recinos, Monografía de Huehuetenango, Editorial del ministerio de Educación, Guatemala, 1954.